La Legislatura porteña aprobó este jueves el proyecto que impulsó el Gobierno de Jorge Macri para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se impulsó la autonomía en la jurisdicción prevista en la reforma constitucional de 1994.

Además, el Cuerpo Legislativo dio luz verde a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, sancionó una extensión de beneficios a excombatientes de Malvinas y la homologación de las condonaciones de deudas tributarias autorizadas de la AGIP.

En sesión ordinaria y con la presencia de los diputados de los distintos bloques que integran el recinto, el Cuerpo Legislativo aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto cuenta con autoría de la Jefatura de Gobierno y obtuvo 36 votos a favor, dos negativos y 20 abstenciones.

El convenio que sustenta esta transferencia había sido firmado el 9 de febrero de 2026 entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Posteriormente, el Congreso de la Nación lo ratificó en el marco de la sanción de la ley nacional 27.802 de reforma laboral. Así, la aprobación por parte de la Legislatura local representa el paso previo para la puesta en marcha del nuevo fuero.

El proyecto formaliza el traspaso de las competencias judiciales laborales desde la órbita nacional al fuero local, un proceso que tiene respaldo en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en disposiciones locales orientadas a garantizar la autonomía plena de la jurisdicción porteña. Las leyes 6.789 y 6.790 habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal. El convenio establece que las causas iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

En cuanto a las obligaciones de cada parte, la Ciudad asume el compromiso de seleccionar jueces y fiscales a través de los mecanismos habituales y de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero. El Estado Nacional, por su parte, se compromete a transferir progresivamente esos recursos y a no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para las competencias cedidas.

“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”, explicó Tapia. El funcionario agregó: “Está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad y dé respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo.” El convenio entrará en vigencia una vez que se apruebe el acuerdo específico posterior sobre la transferencia de recursos para su implementación.

Los otros proyectos aprobados

Otra de las iniciativas clave aprobadas fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. A partir de este cambio, la entidad deberá destinar el total del remanente —luego de cubrir reservas y capital— exclusivamente a la bonificación de tasas de interés o a la reducción de gastos administrativos en créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad. Antes de esta reforma, las utilidades excedentes se transferían al presupuesto central para financiar obras sociales y soluciones habitacionales.

En otro orden, los diputados aprobaron el proyecto que prevé la homologación de las condonaciones de deudas tributarias autorizadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). La iniciativa, también impulsada por la Jefatura de Gobierno, contó con el respaldo unánime del cuerpo, con 56 votos afirmativos. Abarca obligaciones impagas referidas a gravámenes inmobiliarios, patentes de vehículos e Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El texto indica que la AGIP concedió condonaciones durante 2025 y 2026 a un grupo reducido de contribuyentes, con montos variables según el caso. La ley responde al procedimiento anual establecido por el Código Fiscal local, según el cual estas condonaciones deben ser remitidas a la Legislatura para su validación formal.

El Cuerpo Legislativo también aprobó la iniciativa que extiende de forma permanente el subsidio especial para excombatientes de la Guerra de Malvinas, incluyendo a quienes ya están jubilados. El beneficio, hasta ahora limitado a quienes permanecían en actividad, se mantendrá tras el retiro y alcanza a quienes ya se encuentren en esa condición, siempre que acrediten su condición de veterano mediante el certificado oficial. El subsidio conservará sus características actuales: será personal, vitalicio, intransferible y compatible con otras jubilaciones o pensiones, aunque solo podrá percibirlo el titular, sin posibilidad de transferencia a familiares.

Por último, se aprobó el proyecto de ley que elimina los trámites digitales y requisitos adicionales para acceder al pase gratuito de subte destinado a jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde la sanción de la norma, el beneficio se gestiona únicamente de manera presencial, sin necesidad de plataformas digitales, bancos ni documentación extra. Solo se requiere la presentación del DNI y el último recibo de haberes para acreditar domicilio e ingresos, los cuales no deben superar los dos y medio haberes mínimos jubilatorios.

La nueva normativa establece que el pase gratuito se otorga mediante una tarjeta magnética física, sin integración con entidades bancarias ni proveedores de servicios de pago. Además, habilita al Estado local a verificar la condición previsional del solicitante mediante cruces de datos con otros organismos públicos.

En sesión ordinaria y desde las 11, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirá una batería de proyectos y temas relevantes para el ámbito porteño.

En este sentido, el oficialismo discutirá dos proyectos con autoría de la Jefatura de Gobierno. Uno de ellos es el que formaliza el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, los litigios entre trabajadores y empleadores pasarán a resolverse ante la justicia laboral porteña, dejando de depender de los tribunales nacionales.

El proyecto detalla que se implementará un régimen de transición escalonado. Las causas laborales iniciadas antes de la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo fuero continuarán en los tribunales nacionales hasta lograr sentencia definitiva, mientras que todas las nuevas causas deberán radicarse de forma exclusiva en la justicia laboral local.

Además, el acuerdo explicita la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de avanzar sin demoras en la selección de jueces y miembros del Ministerio Público, cumpliendo los mecanismos legales previstos, y de adoptar todas las medidas administrativas y presupuestarias para el pleno funcionamiento del fuero local.

El segundo está referido a la condonación de deudas fiscales de distintos contribuyentes, entre ellos particulares y empresas, por conceptos de gravámenes inmobiliarios, Patentes sobre Vehículos en General e Impuesto sobre los Ingresos Brutos y por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El monto global de las condonaciones contempladas supera los 4 millones de pesos.

El trámite responde a lo estipulado en el artículo 188 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que exige una validación semestral de este tipo de beneficios fiscales ante la Legislatura.

Banco Ciudad, excombatientes de Malvinas, jubilados y deudores alimentarios

Por el lado de La Libertad Avanza (LLA) presentarán la iniciativa que modifica la Carta Orgánica del Banco Ciudad y que redefine el uso de los excedentes financieros de la entidad. En este sentido, los remanentes que superen el resguardo patrimonial obligatorio se destinarán exclusivamente a bonificar tasas y abaratar los costos de los créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad. Hasta el momento, esos fondos nutrían el presupuesto para obras y soluciones habitacionales.

El otro proyecto libertario es el que dispone la instalación de señalética bilingüe español-inglés en el espacio público, el mobiliario urbano y en la red de subte, en el ámbito del microcentro y el casco histórico.

Por el espacio Confianza y Desarrollo, el espacio que conforman Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta, proponen la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados, retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Esto a través de una tarjeta magnética física, que será independiente de bancos o proveedores de pago y que se podrá gestionar únicamente de forma presencial y sin turno previo en estaciones cabecera y sedes comunales.

La Defensoría del Pueblo presentó la iniciativa que concede la extensión y continuidad del subsidio económico a los excombatientes de la Guerra de Malvinas que trabajen, o hayan trabajado, en la administración pública local, y así asegurar su percepción también durante la jubilación.

El texto establece que el subsidio instituido originalmente por la Ordenanza N° 39.827/84 y la Ley N° 2.304 alcanza, en adelante, tanto a personal en actividad como a quienes se jubilen a partir de la promulgación de la nueva norma.

Fuerza por Buenos Aires (FxB) cuenta con la autoría de un proyecto, que se tratará en el recinto y que restringe el acceso a juegos de azar y apuestas en línea a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. La medida prohíbe que estas personas abran, operen o realicen transacciones en plataformas de juego online, y obliga a los operadores a verificar en tiempo real el estado de sus usuarios, suspendiendo de inmediato las cuentas de quienes estén inscriptos en el registro.

De esta manera, el proyecto busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y evitar que recursos destinados al sostén de la infancia se desvíen al juego online. La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) será la autoridad encargada de aplicar sanciones a los operadores que no cumplan con la ley, y la gestión de datos estará sujeta a estrictos resguardos para impedir su uso comercial o publicitario.

El juicio contra Khalid Sheikh Mohammed por los atentados del 11 de septiembre ya tiene fecha definitiva: el 5 de junio de 2028. El magistrado militar, el teniente coronel Michael Schrama, dictó la orden el pasado miércoles en la base de Guantánamo, Cuba, tras rechazar la propuesta de la fiscalía de iniciarlo en enero de 2027, según reportó NBC News.

Este proceso judicial se encamina a juzgar al autoproclamado “cerebro” de la masacre, un hombre que ha permanecido bajo custodia estadounidense desde 2003 y en la base naval desde 2006, tal como consigna ABC News. La resolución busca cerrar un ciclo de impunidad tras un cuarto de siglo de disputas sobre las torturas infligidas por la CIA y las garantías procesales de los acusados.

Quién es Khalid Sheikh Mohammed y cuál es su rol en el 11-S

El acusado, un ingeniero educado en Estados Unidos, es el eje central de este proceso. Según los documentos judiciales citados por la BBC, el detenido confesó haber concebido la idea de entrenar pilotos para estrellar aviones comerciales contra edificios emblemáticos y haber presentado el plan a Osama Bin Laden.

La fiscalía lo acusa de orquestar la operación de principio a fin. El plan resultó en la muerte de 2.976 personas tras impactar las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, conforme detalló ABC News.

Qué sucedió con el acuerdo de culpabilidad

El juicio llega tras una saga legal fallida que intentó evitar un proceso largo. En julio de 2024, Mohammed y dos cómplices firmaron un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte a cambio de cadena perpetua.

No obstante, el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, revocó el trato días después bajo el argumento de que una decisión de tal magnitud debía recaer en él como autoridad superior, según publicó ABC News. La medida fue respaldada por un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., que ratificó la autoridad de Austin para bloquear el pacto, de acuerdo con The Guardian.

Por qué demora el proceso judicial

Entre las principales causas de que el proceso se extienda por más de una década está la controversia sobre las pruebas obtenidas bajo coacción. Los abogados defensores sostienen que el proceso está viciado por las técnicas de interrogatorio aplicadas en prisiones secretas de la CIA.

Un informe del Senado estadounidense de 2014, citado por NBC News, confirmó que Mohammed fue sometido a ahogamientos simulados en 183 ocasiones. The Guardian agrega que el uso de estas prácticas, sumado al aislamiento y abuso, provocó que otro implicado, Ramzi bin al-Shibh, fuera declarado mentalmente incompetente debido a un trastorno de estrés postraumático, por lo que su caso fue separado del principal.

Quiénes son los otros acusados del 11 de septiembre

Junto a Mohammed, otros tres hombres enfrentarán el tribunal en 2028: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed al-Hawsawi. Según The Guardian, Attash es señalado por operar un campo de entrenamiento en Afganistán, mientras que Ali ayudó a financiar la operación y a inscribir a los secuestradores en escuelas de vuelo.

Por su parte, se lo acusa a Al-Hawsawi de proveer efectivo, tarjetas de crédito y vestimenta para los ejecutores del ataque. La fiscalía busca aplicar la pena capital a todos los acusados, en uno de los casos penales más complejos de la historia.

Contexto de Guantánamo y las comisiones militares

El juicio se desarrolla bajo el sistema de comisiones militares, un esquema instaurado tras los ataques que enfrenta constantes desafíos legales. El juez Schrama es el quinto magistrado asignado al caso desde la primera lectura de cargos en 2012, informó The Guardian.

El magistrado calificó la actual orden procesal como “el andamiaje general” necesario para resolver las mociones sobre la admisibilidad de pruebas y el cumplimiento de las normas. Este paso resulta indispensable para llegar al juicio sobre los méritos, según la BBC.

Impacto internacional y futuro del caso

La búsqueda de justicia mantiene dividida a la opinión pública y a las familias de las víctimas. Terry Strada, líder de 9/11 Families United, manifiesta que los familiares están dispuestos a esperar el tiempo necesario para que “el castigo se ajuste al crimen”, y exigen la pena de muerte, de acuerdo con The Guardian.

Este proceso es considerado por el gobierno estadounidense como “el juicio por el acto criminal más grave en suelo americano en la historia moderna”. La resolución final no solo cerrará un capítulo de 25 años para los afectados, sino que definirá el legado de la política antiterrorista y el estándar de justicia internacional ante crímenes de guerra.

La magistrada federal Lauren Louis evalúa este jueves en Miami la solicitud de libertad bajo fianza de Andrew y Tristan Tate, quienes permanecen detenidos mientras enfrentan un proceso de extradición hacia el Reino Unido. Los hermanos, figuras mediáticas con cargos por violación y trata de personas, buscan aguardar en libertad el avance de las causas legales que pesan sobre ellos.

El tribunal estadounidense enfrenta un complejo escenario jurídico. La fiscalía federal insiste en mantener a los hermanos bajo custodia, al argumentar que existe una fuerte presunción contra la libertad en casos de extradición internacional, tal como detalló Reuters. Los representantes del Ministerio Público señalaron el riesgo de fuga, reforzado por el acceso de los acusados a múltiples pasaportes y su capacidad económica global.

Por su parte, la defensa sostiene que la altísima visibilidad pública de los hermanos convierte cualquier intento de fuga en una acción imposible. Los abogados presentaron una propuesta que incluye el pago de una fianza, la entrega de sus documentos de viaje y la aceptación de un sistema de vigilancia mediante monitoreo electrónico, según registros judiciales citados por NBC6.

La situación legal de los Tate resulta un fenómeno de múltiples jurisdicciones. Mientras aguardan la resolución en Florida, las autoridades británicas disponen de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar ante el Departamento de Estado la documentación completa que sustenta la solicitud de extradición. Este proceso podría extenderse durante varios meses.

El historial judicial de los hermanos Tate

Los hermanos Tate, quienes poseen doble ciudadanía estadounidense y británica, arrastran una serie de causas penales y civiles que trascienden los límites de Estados Unidos. En Rumania, donde residieron durante años, enfrentan cargos por trata de personas, violación y explotación sexual. Aunque las autoridades rumanas levantaron recientemente la prohibición de viaje, los procesos judiciales en aquel país continúan activos, reportó la BBC.

Los fiscales estadounidenses subrayaron en sus documentos judiciales que las autoridades rumanas detectaron intentos de los hermanos por influir en testimonios de víctimas. Según la acusación, los Tate habrían ofrecido sobornos y amenazado con divulgar información privada para alterar las declaraciones en su contra. La defensa desmiente estos señalamientos y afirma que las mujeres mencionadas solo deseaban testificar a favor de ellos.

La trayectoria de los hermanos en el ámbito mediático también forma parte del debate. Tras ganar fama en el programa Big Brother hace una década, Andrew Tate construyó un imperio digital enfocado en la promoción de un estilo de vida basado en la riqueza y la masculinidad extrema. Sus plataformas, sin embargo, han sido escenario de constantes controversias por comentarios misóginos que le valieron expulsiones de redes sociales como YouTube, TikTok e Instagram.

La disputa sobre la realidad económica

Uno de los puntos de fricción durante las audiencias en Miami radica en la magnitud de los recursos financieros de los imputados. Mientras la fiscalía sostiene que la riqueza de los hermanos facilita su capacidad de huida, la defensa califica estas afirmaciones como una exageración mediática, según NBC6.

El mismo medio reportó que los abogados aseguraron ante la jueza que la imagen de opulencia proyectada en videos, donde exhiben superyates y vehículos de lujo como un Aston Martin, responde a una estrategia de marketing. Según la defensa, muchos de esos activos eran alquilados y no formaban parte del patrimonio real de los hermanos.

El estatus de los Tate como figuras polarizantes también alcanzó el terreno político. A pesar de su apoyo vocal a Donald Trump, la administración estadounidense aclaró que los hermanos no recibirán asistencia gubernamental. Esta postura marca una distancia clara frente a las especulaciones sobre posibles presiones políticas que habrían facilitado su salida de territorio rumano meses atrás, según la BBC.

El desenlace de la audiencia de este jueves determinará si los hermanos enfrentarán el proceso de extradición desde el centro de detención federal o bajo las condiciones de control propuestas por sus abogados. Por ahora, el tribunal mantiene el enfoque en las garantías de cumplimiento y el riesgo que ambos representan para el desarrollo del juicio en el Reino Unido.

El padre de Francesc Augé, el hombre de 56 años que lleva dos años esperando la muerte digna, ha decidido abandonar la batalla legal contra la eutanasia de su hijo. Según ha adelantado eldiario.es y ha podido confirmar este periódico con su equipo legal, el progenitor, de 96 años, se encuentra cansado y enfermo, por lo que ha decidido no continuar con el recurso en los tribunales.

El cambio en su postura abre la puerta para que Augé logre por fin materializar su deseo. El barcelonés solicitó en 2024 su derecho a la muerte asistida después de sufrir cuatro ictus y dos infartos. Estos accidentes le habían dejado importantes secuelas en el movimiento y el habla.

Pese a que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avaló su petición, el padre no estaba de acuerdo y decidió recurrir la decisión en los tribunales. El caso recibió dos sentencias contradictorias: en primera instancia, la magistrada rechazó que el progenitor estuviera legitimado para cuestionar la decisión de su hijo, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconoció su capacidad para impugnarla.

El derecho de los familiares ante la eutanasia

El caso de Augé llegó hasta el Tribunal Supremo, que el pasado mes de junio reconoció la legitimidad de personas con una “vinculación particularmente estrecha” para recurrir la solicitud de eutanasia de un tercero ante la Justicia.

El fallo llegaba meses después del fallecimiento de Noelia Castillo, la joven de 25 años que batalló contra su padre por su muerte digna. En este caso, el Tribunal Supremo no entró a valorar la legitimidad del padre, sino los argumentos que presentaba para frenarla. Los magistrados concluyeron que el hombre no tenía habilitación legal para oponerse y permitieron a Noelia continuar con la eutanasia.

La decisión del Alto Tribunal de junio implicaba que Augé debía volver a los juzgados a pelear por su muerte. Si el proceso hubiera seguido adelante, el juzgado debía celebrar una vista para que el padre argumentara por qué debía frenarse la muerte digna de su hijo. Después habría llegado una decisión sobre el fondo, recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, más tarde, otra vez ante el Supremo.

Con el paso atrás del padre, el barcelonés debería poder acceder a la eutanasia, esta vez sin barreras legales para lograrlo, si todavía lo desea.

Un embargo fue la señal de alarma. D. Roberto, un ciudadano marroquí propietario de cuatro inmuebles en España y con más de 45.000 euros en el banco, se enteró de que su exmujer le había demandado en los juzgados de Fuengirola cuando las autoridades ya ejecutaban medidas sobre su patrimonio. Solo entonces se personó en el procedimiento de divorcio que Dª. Natividad, su esposa española, había iniciado en junio de 2022. El caso acabó el 7 de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial de Málaga con un fallo que le dio parcialmente la razón al padre: la manutención de sus tres hijos bajó de 1.350 a 900 euros mensuales y la pensión compensatoria que debía abonar a su exmujer quedó suprimida.

La Audiencia reconoció que Roberto presentaba signos evidentes de solvencia: cuatro inmuebles a su nombre y un saldo de 45.461,12 euros detectado en una cuenta de CaixaBank en enero de 2023. Pero el tribunal consideró que fijar una pensión alimenticia basándose solo en esos indicadores, sin conocer sus ingresos reales ni sus cargas, resultaba excesivo. La demanda de Natividad no especificaba a qué se dedicaba el padre ni qué ingresos percibía. La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Málaga, con ponencia de la magistrada Gloria Muñoz Rosell, fijó la pensión en 300 euros por hijo al mes, sin diferencias entre los dos hijos menores y la hija mayor, Evangelina, que convive con su madre y estudia en Cádiz.

Para Natividad, el golpe más duro fue la supresión de la pensión compensatoria de 250 euros mensuales durante tres años que le había reconocido el juzgado de instancia. La Audiencia razonó que ese tipo de pensión debe medirse en el momento en que cesa la convivencia, no años después. Y la convivencia había terminado, como mínimo, en octubre de 2018, cuando un tribunal de Tetuán dictó sentencia de divorcio a instancia del propio Roberto. Cuando Natividad presentó su demanda en España, en junio de 2022, ya llevaba entre cuatro y seis años separada de hecho. Tiempo suficiente, concluyó la Sala, para haberse incorporado al mercado laboral. La pensión compensatoria, añadió el tribunal, debía considerarse tácitamente renunciada.

Un divorcio en Marruecos sin avisar a la esposa

El origen del conflicto arranca en esa maniobra procesal de 2018. Roberto obtuvo el divorcio en Marruecos sin notificar a su esposa, ocultando su domicilio al tribunal marroquí. Natividad lo desconocía cuando presentó su propia demanda en Fuengirola cuatro años después. Roberto volvió a ser declarado en rebeldía al no localizarse su domicilio en España, y solo el embargo de sus bienes le hizo aparecer en el procedimiento. En paralelo, había iniciado un proceso de exequátur para que la sentencia marroquí fuera reconocida en España, que el Juzgado nº 5 de Fuengirola resolvió favorablemente en marzo de 2024, aunque sin firmeza acreditada. La Audiencia no lo consideró obstáculo para continuar con el divorcio español.

El juzgado de primera instancia, en su sentencia de junio de 2024, había declarado el divorcio, atribuido la guarda y custodia de los hijos menores a Natividad con patria potestad compartida y fijado un régimen de visitas para el padre: fines de semana alternos y dos tardes entre semana. Roberto intentó también que se anulara todo el procedimiento alegando defectos en su notificación inicial, pero la Audiencia rechazó esa pretensión: no había solicitado la nulidad en la instancia cuando tuvo oportunidad, y quien no denuncia el defecto en el primer momento posible no puede invocarlo después.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga no es firme. Contra ella cabe recurso de casación en un plazo de 20 días desde su notificación, a resolver por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Mientras tanto, la guarda y custodia, el uso del domicilio familiar y las pensiones de 300 euros por hijo quedan vigentes.

Durante los 16 meses que duró su relación con una mutua, el detective don Nicanor completó más de 120 servicios en la provincia de Sevilla. En marzo de 2019, la empresa le comunicó la rescisión de su contrato. El motivo: dos retrasos en la entrega de informes. En ese momento, tenía abiertas nueve investigaciones simultáneas para ese mismo cliente. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que ese despido fue injustificado y ha obligado a la mutua a indemnizarle con 30.187,20 euros.

Uno de los dos informes que la mutua usó como argumento para romper el vínculo contractual —el más urgente, con plazo marcado por un señalamiento judicial— fue entregado dentro del plazo estipulado en el contrato. El otro registró una demora que el tribunal considera insuficiente para justificar una ruptura de tal magnitud. Y mientras la mutua ponía fin a la relación en Sevilla alegando falta de diligencia, mantenía y ampliaba los contratos con don Nicanor en las provincias de Huelva y Cádiz.

30.187 euros y costas

La Audiencia desestimó el recurso de apelación que la mutua había interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Sevilla, que ya había fallado a favor del detective. Los magistrados confirman que los dos retrasos invocados por la mutua no tuvieron entidad suficiente para frustrar el fin práctico del contrato, que es el criterio que la doctrina del Tribunal Supremo exige para que una resolución unilateral quede justificada. La sala aplica para ello el artículo 1124 del Código Civil y la jurisprudencia desarrollada, entre otras, en la sentencia n.º 1478/2025 del Alto Tribunal.

La decisión tiene un impacto económico directo y cuantificable para ambas partes. Don Nicanor recupera, vía indemnización, los ingresos que habría generado de haber completado su contrato hasta su vencimiento natural en septiembre de 2021: 30.187,20 euros, calculados a partir de la media de lo facturado durante los 16 meses en que el acuerdo estuvo vigente. A esa cifra se suman los intereses legales desde la interposición de la demanda y los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia de primera instancia. La mutua carga además con todas las costas del proceso, tanto de la demanda como de la reconvención que ella misma planteó, y pierde el depósito constituido para recurrir en apelación.

De la licitación al conflicto

El origen del conflicto se remonta al 1 de septiembre de 2017, fecha en que la mutua y don Nicanor suscribieron el Contrato de Servicio de Detectives para el Control de Prestaciones tras un proceso de licitación pública celebrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El detective no se adjudicó un único lote: ganó cinco, correspondientes a las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Huelva. Para lograrlo, presentó una oferta con mejoras sustanciales sobre el pliego base: reducción de los plazos de entrega en tres días naturales, descuentos en precio de entre el 57% y el 70% según el tipo de servicio y disponibilidad para realizar seguimientos en horario nocturno, fines de semana y festivos.

Esas mejoras fueron determinantes para la adjudicación. La mutua las valoró positivamente y las incorporó como anexos al contrato. Fueron también, años después, uno de los argumentos centrales de la mutua para justificar la rescisión: sostendría en el juicio que don Nicanor no había cumplido con los compromisos adquiridos al licitar y que carecía de los medios humanos y materiales necesarios para atender simultáneamente los cinco lotes adjudicados. El detective, por su parte, acreditó haber realizado más de 120 servicios a satisfacción de la mutua a lo largo de 16 meses, y señaló que en las fechas en que se produjeron los dos retrasos cuestionados tenía en curso nueve peticiones abiertas de forma simultánea.

La comunicación de rescisión llegó en marzo de 2019 y hacía referencia explícita a esos dos servicios concretos. Don Nicanor alegó que la propia cláusula 19 de la Ficha Particular de la Contratación establecía una graduación en las consecuencias de los incumplimientos, al indicar que sería “la reiteración de las mismas” la que “pueda conllevar la resolución del contrato”, lo que a su juicio excluía que dos episodios aislados pudieran justificar una medida tan drástica. Señaló además que la mutua había incumplido a su vez la obligación de avisar con suficiente antelación de la celebración de juicios, lo que condicionaba su capacidad de respuesta. Y recordó que en una situación análoga producida en Huelva, la propia mutua había aceptado una adecuación temporal similar sin consecuencias contractuales.

Tras la rescisión, la mutua adjudicó el servicio del lote de Sevilla a VERTEX, la empresa que había quedado clasificada en tercer lugar en la licitación original, al negarse la segunda clasificada a asumir el contrato. Las cifras que afloraron durante el proceso judicial son elocuentes: entre abril de 2019 y enero de 2020, la mutua encargó a VERTEX 18 seguimientos por un total de 14.465,25 euros. Esos mismos servicios, calculados con las tarifas pactadas con don Nicanor, habrían costado 8.895,83 euros. La diferencia, más de 5.500 euros en apenas nueve meses, contradecía el argumento de que la rescisión había sido una decisión económicamente razonable.

Demanda, reconvención y derrota

Don Nicanor interpuso demanda en 2019 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Sevilla, en el marco del juicio ordinario núm. 2472/19. Reclamó en primer lugar que se le abonara la totalidad de lo que habría cobrado de haber completado el contrato hasta su vencimiento en septiembre de 2021, cifra que calculó en 37.468,48 euros —equivalente a 1.170,80 euros mensuales durante 32 meses—. De forma subsidiaria, solicitó una indemnización basada en la extrapolación de la facturación media de los 16 meses de vigencia del contrato a los 32 meses restantes, lo que arrojaba la cantidad de 30.187,20 euros.

La mutua no solo rechazó la demanda, sino que planteó una reconvención: reclamó que se le indemnizara por el mayor coste que le había supuesto contratar a VERTEX, diferencia que cifraba en 18.796,42 euros hasta la fecha de finalización natural del contrato. El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el 16 de septiembre de 2022 estimando la demanda en su petición subsidiaria y desestimando íntegramente la reconvención. Condenó a la mutua a abonar los 30.187,20 euros reclamados, más intereses y costas de ambas acciones.

La mutua recurrió en apelación. En su recurso ante la Audiencia Provincial, articuló tres motivos: error en la aplicación del derecho, error en la valoración de la prueba —con especial énfasis en el testimonio de la empleada de la mutua identificada como la Sra. Flor y en la transcripción de sus conversaciones con el detective— y, por último, impugnación del cálculo de la indemnización, pretendiendo que se tomara como referencia el coste real de los servicios encargados a VERTEX en lugar de la facturación media histórica de don Nicanor. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial rechazó los tres motivos. Sobre el tercero, señaló además que el criterio alternativo de cálculo propuesto por la mutua era una pretensión nueva, introducida por primera vez en apelación, lo que la hacía inadmisible conforme al artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La primera entrevista de Jeff Metcalf después del fallo que rechazó un nuevo juicio para Karmelo Anthony volvió a poner en primer plano uno de los casos más sensibles de Texas por el impacto del crimen, la edad de los involucrados y la discusión pública que se abrió tras el proceso.

En diálogo con ABC News, el padre de Austin Metcalf planteó que la condena no modifica el daño que dejó el asesinato de su hijo en su familia.

Anthony, hoy de 19 años, recibió una condena de 35 años de prisión por apuñalar a Austin durante una discusión en una competencia de atletismo en Frisco, en abril de 2025.

El dolor de la familia y el rechazo a la idea de cierre

Consultado sobre si sentía que había recibido justicia, Metcalf respondió con una frase tajante. “No, no existe tal cosa. A mí me dieron cadena perpetua”, declaró al medio estadounidense.

Extendió esa definición a la madre de Austin, Meghan Metcalf, al hermano gemelo del joven, Hunter Metcalf, y al resto de la familia.

También describió escenas cotidianas que, dijo, quedaron vaciadas desde el crimen.“Hay una silla vacía en Navidad y en Acción de Gracias. Regalos sin abrir. Graduaciones perdidas. Cumpleaños. Ser tía o tío. Todo eso nos lo quitaron”, expresó.

También dijo que perdonó a Anthony desde el primer día. “Lo hice por mi salud mental, por mi bienestar y por mi salud espiritual. Sabía qué tenía que hacer”.

Ese perdón no cambió su postura sobre la pena. Aseguró que siente cierta compasión por el futuro del condenado, aunque mantuvo su reclamo de responsabilidad.

“Me da pena que tenga que estar en prisión. Su vida está prácticamente arruinada. Pero no siento pena por lo que hizo. Tiene que hacerse responsable”, sostuvo.

La apelación de Anthony y la decisión judicial

ABC News informó que los nuevos abogados de Anthony sostuvieron que su cliente fue presionado para renunciar a su derecho a declarar durante el juicio.

El planteo también incluyó objeciones sobre un acuerdo que no había salido a la luz entre la fiscalía y los abogados que llevaron el proceso original. Ese entendimiento limitó cierta evidencia de carácter sobre Anthony y sobre la víctima.

La defensa sumó además cuestionamientos por restricciones dentro de la sala y por la imparcialidad del juez que encabezó el juicio por homicidio.

El juez retirado Michael Chitty quedó al frente del expediente después de que el magistrado John Roach fuera apartado de actuaciones posteriores por una impugnación sobre su imparcialidad.

Tras la negativa al nuevo juicio, el abogado de apelación Russell Wilson II aseguró, tal y como reprodujo ABC News, que el equipo seguirá ante la Quinta Corte de Apelaciones y agotará “todos los recursos legales disponibles”.

El padre de Austin Metcalf también cuestionó a quienes sostienen que Anthony no tuvo un juicio justo. Afirmó que parte de esas lecturas repite argumentos ajenos sin revisar los hechos por cuenta propia.

La dimensión racial y las declaraciones más polémicas

La entrevista abordó además la discusión racial que rodeó el caso. El padre de la víctima dijo que no leyó el crimen en esos términos al principio y atribuyó ese enfoque a la familia del condenado y a su entorno.

En su reconstrucción para ABC News, ubicó ese punto en una conferencia de prensa organizada poco después del asesinato.

“Hasta ese momento, yo nunca lo vi como algo entre blancos y negros. Lo vi como algo entre lo correcto y lo incorrecto”, afirmó.

El abogado de Karmelo Anthony presentó otra mirada. En declaraciones citadas por ABC News, aseguró que la estrategia judicial no busca minimizar la vida de Austin ni el dolor de su familia.

También planteó que las preguntas sobre igualdad de trato, acceso público, parcialidad judicial y garantías constitucionales no pueden descartarse como una simple introducción del factor racial.

Metcalf defendió además comentarios que hizo en un podcast después del veredicto, donde utilizó expresiones de fuerte carga racial y atacó a la familia de Anthony. Dijo que no se retracta, aunque admitió que “no fue su mejor momento”.

La fundación que impulsa en nombre de su hijo

Metcalf explicó que intenta convertir parte de esa experiencia en una iniciativa pública. El mes pasado lanzó la Austin Metcalf Foundation junto con Bruce Carter, organizador comunitario e integrante fundador del proyecto.

La propuesta apunta a la prevención de conflictos y busca enseñar a los jóvenes a alejarse de situaciones que pueden escalar hacia la violencia.

Carter afirmó en ABC News que esa capacidad debe incorporarse antes de que una persona quede atrapada en una situación límite.

Dijo que su objetivo es evitar que otras familias atraviesen una pérdida similar. Mientras la apelación de Anthony sigue su curso, la fundación aparece como el proyecto con el que busca sostener el nombre de su hijo fuera del expediente judicial.

La declaración del psiquiatra forense del FBI, Dr. Gregory Saathoff, ha sido el foco central en la fase final del juicio a Lindsay Clancy en Massachusetts. Su testimonio, presentado ante el Tribunal Superior de Plymouth, puso en duda la explicación de la defensa sobre el estado mental de la acusada y aportó elementos clave para la evaluación de su responsabilidad penal.

El Dr. Saathoff, experto en psiquiatría forense y miembro de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, fue convocado por la fiscalía como último testigo. Expuso, en respuesta a la fiscal Jennifer Sprague, que las elecciones de Clancy durante los hechos evidencian “control” en cada paso realizado.

Saathoff detalló que, aunque la acusada manifestó haber escuchado una voz que le impulsó a actuar, no hubo indicios de que esa supuesta alucinación le indicara detalles sobre el método, el lugar o el orden en que debía proceder. “No hubo instrucciones, pero ella pudo ejecutar todas esas decisiones”, explicó el especialista.

El psiquiatra enfatizó que la rapidez y precisión con la que Clancy actuó, durante el tiempo en que su esposo estaba fuera, refleja capacidad organizativa y dominio de la situación. Los tres niños fueron estrangulados con bandas de ejercicio en el sótano; después, Clancy intentó terminar con su vida. Para Saathoff, esto sugiere que, pese a su estado emocional, mantuvo el control de la secuencia de acciones.

Argumentos de la defensa y cuestionamientos a la versión de Clancy

La defensa sostiene que Clancy padecía psicosis posparto, una afección vinculada a cambios hormonales, estrés y privación de sueño, que afecta la percepción de la realidad. El abogado Kevin Reddington argumenta que la acusada actuó bajo ese cuadro, por lo que no debe ser considerada penalmente responsable.

Sin embargo, el testigo convocado por la fiscalía negó que existieran elementos clínicos que respalden este diagnóstico. Saathoff consideró inusual que la voz desapareciera inmediatamente tras el suceso, como relató Clancy, y precisó: “Cometer el acto no cura la voz. Nunca había visto algo así”. Además, el psiquiatra mencionó que Clancy proporcionó versiones contradictorias sobre el momento en que comenzó a oír esa voz.

Contrainterrogatorio y antecedentes profesionales

Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó poner en tela de juicio la experiencia de Saathoff en psiquiatría materna y su relación con organismos de seguridad. El psiquiatra explicó que atendió a mujeres con psicosis posparto en hospitales estatales durante los años 80 y 90. En la actualidad, su investigación se orienta hacia temas de violencia y seguridad nacional, aunque mantiene su especialidad en salud mental.

Este episodio cerró la fase testimonial, abriendo paso a los alegatos finales, instancia en la que el jurado deberá deliberar sobre la responsabilidad de Clancy.

El veredicto tendrá consecuencias inmediatas: una condena por asesinato en primer grado implica cadena perpetua sin libertad condicional. Si el jurado determina que Clancy padece una enfermedad mental que anula su responsabilidad, la ley prevé su ingreso a un hospital psiquiátrico estatal.

El peso del testimonio de Kirk Heilbrun en la causa

El psicólogo forense Kirk Heilbrun compareció también ante el tribunal y aportó argumentos que debilitaron la defensa. Según Associated Press, Heilbrun afirmó que Lindsay Clancy “conservaba la facultad de distinguir entre el bien y el mal” cuando cometió el crimen. El especialista calificó la supuesta alucinación auditiva como un relato “sin sustento clínico”, señalando que el surgimiento y desaparición puntual de la voz durante el lapso del crimen es un patrón muy inusual en psiquiatría.

Heilbrun sostuvo que, aunque Clancy padece trastorno bipolar tipo 2, este diagnóstico no implica necesariamente la presencia de brotes psicóticos agudos ni la incapacidad de comprender la ilicitud de los actos. El perito de la fiscalía basó sus conclusiones en una evaluación directa realizada en abril y explicó que la acusada actuó movida por deseos suicidas y el temor de dejar solos a sus hijos, lo cual se refleja en la frase que Clancy admitió haber pronunciado: “Ve a Dios, bebé”.

El testimonio de Heilbrun, sumado al de Saathoff, consolidó la posición de la fiscalía: si bien la acusada enfrenta problemas psiquiátricos, estos no borran su responsabilidad penal.

Recursos de ayuda

Quien atraviese momentos de angustia puede comunicarse en Estados Unidos con la línea nacional de prevención del suicidio y crisis 988, o solicitar orientación a la National Alliance on Mental Illness llamando al 1-800-950-NAMI (6264).

Interpol ha detenido en Abu Dabi, donde residía, al empresario vasco que custodia las reservas petroleras del Estado en sus depósitos de Gijón. Alejandro Hamlyn es el dueño de la empresa Haxx (antes conocida como Hafesa) y estaba huido de la justicia por una causa pendiente que tiene en la Audiencia Nacional por fraude al IVA en la venta de hidrocarburos. Una causa que ya tiene sentencia pero en la que él no pudo ser juzgado por no querer regresar a España. Pero ahora ha sido arrestado por otra causa distinta que se instruye en la Audiencia Nacional: el presunto soborno a un policía nacional a cambio de que le suministrase información confidencial extraída de bases de datos policiales. La noticia ha sido adelantada por ‘The Objective’ y confirmada por su entorno a ‘Infobae’

Pero Hamlyn se hizo famoso para la opinión pública cuando ‘El Confidencial’ destapó una grabación en la que él mantenía una comprometida conversación con la bautizada como ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez. Esa reunión, celebrada por videollamada en febrero de 2025, quedó registrada en un audio de unos 53 minutos que después se filtró a la prensa. En ella participaron los actuales imputados en el caso de las cloacas del PSOE: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otras personas desconocidas (algunas de ellas miembros del CNi). Al otro lado de la pantalla estaba Hamlyn desde Dubái.

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Esa reunión se hizo famosa porque en ella Leire Díez le ofreció a Hamlyn un trato especial con la Fiscalía en la causa de fraude al IVA que tenía abierta a cambio de que le diera información sobre el teniente coronel Antonio Balas, uno de los jefes de la UCO: “Necesito a Balas”, fue la famosa frase que pronunció Leire Díez y que ha provocado que se haya abierto una investigación que salpica ya al PSOE. El empresario reclamó garantías sobre su situación procesal y sobre las deudas que mantenía su grupo con las Administraciones: “quiero un papelito”. Fuentes presentes en la reunión siempre han señalado a este diario que esa reunión fue “una especie de partida de mus llena de faroles. Ni Leire Díez podía sentar a Hamlyn con la Fiscalía ni el empresario tenía información contra Balas”.

Su arresto ahora en Abu Dabi se ha producido en el marco de una investigación por el presunto soborno a un policía a cambio de información extraída de bases policiales restringidas. La Audiencia Nacional pedía su detención desde hace un año tras no presentarse a un juicio en el que estaba imputado por este presunto caso de corrupción. Hamlyn tenía que haber declarado en Madrid el pasado 24 de junio de 2025 por haber pagado, presuntamente, contraprestaciones económicas a un policía nacional para que le pasara información obtenida de esas bases de datos oficiales. Se ha llegado a identificar a 42 perjudicados. Hamlyn le pagaba 4.250 euros mensuales.

Fraude al IVA

Alex Hamlyn es nieto del conocido naviero José María López Tapia. Gracias a los contactos de su familia, Hamlyn trabajó para la petrolera estatal venezolana (PDVSA). Luego fundó Elcano Energía, en 2012, y después Hafesa (ahora Haxx). La Fiscalía Anticorrupción le pide casi 60 años de prisión al considerarle el ‘cerebro’ de de una trama que defraudó 154 millones de euros en el pago del IVA por comerciar con combustibles, pero no pudo ser juzgado al irse a residir a Dubái.

Hafesa (que en diciembre de 2025 cambió su nombre por Haxx) tiene una filial que se llama Petróleos Asturianos y que gestiona una planta con seis tanques de almacenamiento en el puerto gijonés de Musel. Esta instalación tiene una capacidad de 240.000 metros cúbicos y alquila estos depósitos para que la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) almacene parte de las reservas estatales. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Sus abogados siempre han argumentado que no podía volar a España porque la legislación de aquel emirato no le permitía salir del país, ya que mantiene allí una deuda económica. El equipo jurídico de Hamlyn asegura que tiene una ‘travel ban’, una prohibición de abandonar el país como consecuencia de una deuda local de 30.000 dirhams, que al cambio actual son unos 7.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso presentado por Mar de Ons y ha dado la razón a la Comisión Gallega de la Competencia, que consideró que la compañía incumplió su compromiso de ofrecer descuentos específicos a las personas con discapacidad. La decisión permite que siga adelante la apertura de un expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

La sentencia no ha impuesto ninguna sanción económica. Será el procedimiento sancionador el que determine después si existe responsabilidad y, en su caso, si corresponde imponer una multa a la operadora marítima. La propia resolución recuerda que abrir ese expediente no equivale a declarar culpable a la empresa.

El conflicto gira en torno a uno de los compromisos que Mar de Ons asumió hace cuatro años: ofrecer una política específica de descuentos a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, cuando correspondiera, también a su acompañante. Competencia concluyó que la empresa no había cumplido esa obligación y el TSXG respalda esa decisión.

El compromiso que asumió Mar de Ons en 2022

El origen del caso está en un acuerdo aprobado en julio de 2022 para cerrar un expediente relacionado con posibles prácticas restrictivas de la competencia en el transporte de pasajeros a las Islas Cíes. Varias empresas del sector aceptaron una serie de compromisos para poner fin a aquel procedimiento, entre ellos mejorar la atención al cliente y establecer medidas específicas para las personas con discapacidad.

En concreto, el acuerdo obligaba a ofrecer descuentos adicionales a cualquier otra rebaja que pudiera aplicarse y a informar de ellos mediante un documento en el que se detallara su porcentaje sobre el precio ordinario. También podían incluirse otras medidas destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el bienestar de estos pasajeros.

Cuando Competencia revisó cómo estaban cumpliendo las empresas esos compromisos, comprobó que en la página web de Mar de Ons no aparecía ninguna política de descuentos para personas con discapacidad y sus acompañantes.

La naviera reconoció que esas rebajas no figuraban publicadas cuando se hizo la comprobación, pero defendió que sí las estaba aplicando a través de su correo electrónico comercial. Para demostrarlo, la empresa aportó una captura de un tarifario interno de 2023 en el que aparecía la referencia a un “colectivo especial”.

Competencia consideró que esa documentación no bastaba para probar que existiera una política clara y general de descuentos para cualquier persona con discapacidad que quisiera viajar con compañía. Tampoco constaba que esas tarifas se hubieran aplicado efectivamente de forma regular.

El tribunal ve descuentos poco claros y diferentes según el caso

El TSXG comparte esa conclusión. La sentencia recoge varios ejemplos de precios que Mar de Ons ofreció a clientes que preguntaron expresamente por descuentos. En un caso, una persona recibió una rebaja de tres euros sobre un billete de 22,50 euros. En otro, relativo a un grupo de unas 30 personas, se ofrecieron tarifas reducidas y gratuidad para los monitores o cuidadores. Además, en otro documento aparecía un descuento del 20% para la persona con discapacidad y su acompañante.

Para el tribunal, esas diferencias muestran que no existía una política suficientemente definida. La Sala habla de una “total falta de concreción e inconsistencia” en las rebajas que la empresa afirma haber aplicado y concluye que eso impide considerar cumplido el compromiso que había asumido.

La sentencia también cuestiona que los descuentos solo pudieran conocerse cuando el propio cliente los solicitaba. Según el TSXG, ofrecer rebajas por discapacidad únicamente a petición del interesado y a través de correo electrónico “difícilmente puede satisfacer” el objetivo de beneficiar de forma efectiva a estas personas. El tribunal recuerda además que la información sobre precios y descuentos debe facilitarse de forma clara, comprensible y accesible.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de Mar de Ons y mantiene la resolución de la Comisión Gallega de la Competencia que declaró incumplido el compromiso y ordenó abrir un procedimiento sancionador. La empresa deberá asumir además las costas judiciales, con un límite de 1.500 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación.

Un joven de 26 años, que había sido denunciado por su ex pareja por ejercer sobre ella distintos tipos de violencia durante la relación, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión en Salta. La Justicia lo halló culpable de abuso sexual, amenazas agravadas por el uso de arma y desobediencia de una orden judicial.

La decisión la tomó este martes el juez Martín Pérez durante una audiencia en el Distrito Centro de Salta. El magistrado declaró al acusado penalmente responsable de los delitos mencionados e indicó que la pena impuesta es de cumplimiento efectivo.

El caso llegó a juicio a partir de la denuncia de la víctima, una mujer con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y tiene una hija en común. Ella describió una convivencia marcada por reiterados episodios de violencia física, verbal y sexual. Según su relato, el hombre llegó a amenazarla con armas, además de humillarla y someterla constantemente, de acuerdo con su relato.

Según informó el Ministerio Público Fiscal la provincia, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke llevó adelante la acusación durante el juicio oral. En la primera etapa del proceso celebrada el lunes con el objetivo de definir la pena, la fiscal argumentó en base a las pruebas producidas durante el debate y solicitó que el condenado recibiera 11 años de prisión. En dicha instancia Pérez emitió el veredicto de culpabilidad y fijó para el día siguiente la audiencia de cesura.

De esta manera, el martes se llevó a cabo la segunda etapa y, tras un cuarto intermedio, el juez fijó la condena en ocho años y seis meses, una pena menor a la requerida por la fiscalía pero que el tribunal consideró proporcional a los hechos probados. Además de la sentencia, el magistrado ordenó la inscripción del sujeto en el Banco de Datos Genéticos donde se almacenan la información biológica de personas condenadas por determinados delitos, entre ellos los delitos sexuales.

Por otro lado, el magistrado revocó el arresto domiciliario que le había sido concedido al acusado durante el proceso. En su reemplazo, dispuso su traslado inmediato a la Alcaidía General, desde donde será derivado a la Unidad Carcelaria 1 de la provincia para cumplir la condena.

Encontraron muerto a un hombre que había sido condenado por el crimen de su esposa

La autopsia practicada este martes sobre el cuerpo de José Eduardo “Jota” Figueroa determinó que murió por asfixia por ahorcamiento, lo que refuerza la hipótesis de suicidio. Lo hallaron el lunes por la tarde en un patio interno del pabellón “F” de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, donde cumplía prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en la vivienda que compartía con el condenado en el barrio privado El Tipal. Kvedaras tenía 37 años cuando fue asesinada.

Figueroa fue trasladado al hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron su muerte, alrededor de las 19 horas del lunes. Los peritos establecieron que los surcos en el cuello del interno fueron producidos por una soga fabricada con vendas.

A pesar del resultado forense, el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene abierta la investigación. El protocolo impuesto por el procurador Pedro García Castiella al inicio de su gestión establece que todo aparente suicidio dentro de una cárcel debe investigarse bajo los mismos estándares que un posible homicidio.

El fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N°2, coordinó las primeras diligencias desde el penal y convocó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Según informó El Tribuno, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios. Con el asesinato descartado por los forenses, la pesquisa apunta ahora a determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia del recluso.

Figueroa había sido condenado el 30 de agosto de 2025 por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans. La sentencia, dictada por unanimidad, aún no estaba firme dado que la defensa había presentado un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar tanto la calificación del crimen como el agravante de violencia de género.

Con entrevistas a jueces, fiscales, abogados y funcionarios, y una propuesta que busca sacar al derecho del lenguaje técnico, El Fallo es Nuestro se consolida desde junio de 2025 como un espacio de divulgación jurídica con foco en la actualidad judicial y en las trayectorias de sus protagonistas. El ciclo fue creado y es conducido por las abogadas Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi.

La primera entrevista fue al juez Mariano Borinsky. Desde entonces, el programa reunió a referentes de distintas áreas del sistema de Justicia argentino y sumó conversaciones sobre temas jurídicos de agenda, ejercicio profesional y recorridos personales. Entre sus públicos principales aparecen estudiantes de derecho y jóvenes abogados interesados en conocer de primera mano experiencias y carreras dentro del ámbito jurídico.

La apuesta del ciclo también apunta a reducir la distancia entre la ciudadanía y la Justicia, a partir de un lenguaje más claro y accesible. Esa búsqueda quedó en el centro del proyecto desde su origen.

“El Fallo es Nuestro nació de algo que veíamos mucho en el mundo jurídico: personas con trayectorias increíbles y discusiones que atraviesan nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces quedan encerradas en un lenguaje demasiado técnico”, comienza explicando Milagros Ruiz a Infobae. “Sentíamos que faltaba un espacio para hablar de Derecho con seriedad, pero sin solemnidad; hacerlo accesible sin perder profundidad”, agrega.

Ruiz también vinculó la consolidación del ciclo con la relación profesional y personal que mantiene con María Agustina Pizzi. “Está construido sobre una enorme amistad y complicidad entre nosotras. Somos socias, pero antes que nada somos amigas”, afirma. “Nos complementamos, nos bancamos y trabajamos espalda con espalda. Cuando una no puede, está la otra; cuando una duda, la otra empuja”, añade Milagros.

Ruiz es abogada especializada en Derecho Penal, Crimen Organizado y Terrorismo. Actualmente se desempeña como asesora de la Dirección de Crimen Organizado y Terrorismo del Ministerio de Seguridad Nacional, es profesora asistente de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y participa desde hace diez años en el International Symposium on Economic Crime de Jesus College, University of Cambridge, donde integra el Secretariado y coordina la delegación argentina, con foco en cooperación jurídica internacional y fortalecimiento institucional.

Pizzi, por su parte, es abogada egresada de la UBA, especializada en Derecho Penal y Compliance por la Universidad Austral, docente universitaria y participante en congresos internacionales en representación de la Argentina.

A lo largo de sus emisiones, El Fallo es Nuestro entrevistó, entre otros, a Ricardo Gil Lavedra, Mariano Cúneo Libarona, Alejandra García, Genoveva Cardinali, Coco Oderigo, José Barbaccia, Fernando Díaz Cantón, Carlos González Guerra y Mariano Llorens. También produjo capítulos centrados en femicidios, narcotráfico, sistema acusatorio y funcionamiento de la Justicia, además de contenidos sobre los cambios que atraviesa hoy el derecho.

Sobre ese desafío de divulgación, Ruiz asegura que “el principal desafío es hacer comprensible lo complejo sin perder su sentido”. Según explica, esa exigencia se vuelve todavía más delicada en asuntos sensibles. “En temas como derecho penal, crimen organizado o terrorismo esto es todavía más importante porque son cuestiones sensibles y muchas veces se utilizan conceptos con demasiada liviandad”, apunta.

Para la abogada, comunicar con claridad no implica resignar profundidad. “Comunicar bien no significa bajar el nivel de la discusión, sino saber traducir la complejidad: explicar por qué algo importa, cuál es su contexto y qué consecuencias tiene”, afirma. “Hacer accesible el Derecho sin sacrificar precisión es también una responsabilidad”, agrega.

El ciclo también puso el foco en la historia personal de cada invitado, más allá del cargo o la función que ocupa. “Detrás de cada cargo, título o trayectoria hay una historia que generalmente no conocemos”, dice Ruiz. “Vemos dónde llegó una persona, pero no necesariamente las dudas, los errores, las decisiones difíciles o los cambios de rumbo que hubo antes”.

Según planteó, ese costado tiene especial valor para quienes recién empiezan. “Eso es especialmente valioso para estudiantes y jóvenes profesionales, porque las carreras casi nunca son tan lineales como parecen”, señala la abogada. “Muchas veces, lo mejor de una entrevista aparece cuando dejamos de hablar del currículum y empezamos a conocer a la persona”.

La recepción de ese público se convirtió en una de las señales más claras del alcance del proyecto. “Fue una de las cosas más lindas que nos dio el proyecto. Encontramos muchísimo interés, especialmente por conocer las distintas posibilidades que existen dentro de la profesión”, sigue Ruiz. Muchas de las inquietudes giran en torno a los primeros pasos dentro del ámbito jurídico: “Se repiten preguntas sobre cómo empezar, cómo insertarse profesionalmente, cómo encontrar un área que realmente te interese o qué hacer cuando todavía no sabés hacia dónde orientar tu carrera”.

En 2026, el ciclo amplió su formato con “Protagonistas del Derecho Argentino”, una serie de encuentros presenciales organizados en el Belgrano Athletic Club. La propuesta consiste en una conversación en vivo con referentes del derecho argentino frente al público y una instancia posterior de intercambio más distendida en el pub del club.

El primer encuentro se realizó en junio de 2026 y tuvo como expositores al Dr. Santiago Marquevich y al Dr. Marcelo Ruiz. El segundo se llevó a cabo en agosto del mismo año, con Mariano Llorens y Coco Oderigo como protagonistas. La convocatoria superó los cupos previstos inicialmente, que debieron ampliarse ante la cantidad de inscriptos.

Ese crecimiento empujó una nueva etapa para el proyecto. “Nos entusiasma que algo que empezó como una idea haya construido una identidad propia”, dice Ruiz. Y agrega: “Los encuentros presenciales, el crecimiento del ciclo y los reconocimientos que recibimos nos demostraron que El Fallo es Nuestro podía trascender el formato con el que nació”.

Sobre el futuro, sostiene que la idea es seguir ampliando el alcance del espacio sin modificar su núcleo original: “Queremos seguir creciendo, sumar voces, generar encuentros y llegar a nuevos espacios, pero sin perder la esencia. Más que simplemente ‘hacer un podcast más grande’, nos gustaría consolidarlo como un espacio de encuentro entre generaciones, experiencias y distintas formas de ejercer y pensar el Derecho”.

Esa expansión también incluye una mirada federal e internacional. “Queremos explorar todos los mundos que conviven dentro del Derecho: la Justicia, la abogacía, la academia, las distintas ramas y las trayectorias menos conocidas que también tienen muchísimo para contar”, dice. “Queremos que ese crecimiento sea también territorial: recorrer las provincias, conocer otras realidades y hacer un programa cada vez más federal”.

Ambas abogadas tienen un sueño: entrevistar a los tres ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, juntos y en la propia Corte. Están convencidas, una conversación de ese tipo podría ayudar a acercar la Justicia a la sociedad desde una dimensión institucional y humana.

Hoy, ambas abogadas ya disfrutan de los reconocimientos. El 10 de agosto Milagros Ruiz y María Agustina Pizzi recibieron en Rosario el Premio Mariano Moreno en la categoría Divulgación y Medios, durante el Cuarto Congreso Nacional de Abogados x Argentina, por la labor desarrollada en El Fallo es Nuestro.

Las entrevistas y contenidos del ciclo se publican en YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn y Spotify.

La Justicia de Santa Fe resolvió imponer una medida de restricción de la libertad ambulatoria a la mujer de 22 años identificada con las iniciales R.A.M., que está bajo investigación por el homicidio de su hijo Izan Aguirre ocurrido en la ciudad de San Justo. La decisión fue adoptada por el juez José Luis García Troiano tras el pedido formulado por las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

La medida restrictiva se mantendrá vigente hasta que una junta médica se expida sobre el estado de salud mental de la acusada. Las conclusiones de la pericia serán clave para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso judicial y si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

Durante la audiencia, las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) atribuyeron a la mujer la presunta autoría de homicidio agravado por el vínculo. Los informes de la causa indican que la muerte del menor se produjo entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada en una vivienda ubicada en calle Cortada 27, barrio Rey.

El resultado preliminar de la autopsia estableció que Izan Aguirre falleció por asfixia provocada por estrangulación manual, lo que generó la oclusión de las vías aéreas superiores. El hallazgo del cuerpo estuvo a cargo del abuelo paterno, quien relató haber recibido la alerta de un vecino por ruidos y una posible situación de violencia durante la madrugada.

Entre las medidas adoptadas, el proceso judicial incluyó el traslado de la acusada desde el hospital psiquiátrico Mira y López a la Unidad N° 4 de la cárcel de mujeres de Santa Fe, luego de recibir asistencia psicológica. La defensa propuso que la imputada permaneciera alojada en un hospital psiquiátrico, pero el juez rechazó ese planteo tras el pedido de las fiscales, quienes argumentaron que la modalidad ambulatoria no resultaba posible en este caso.

La investigación, a cargo de las fiscales Urquiza y Montegrosso, avanza ahora con la recolección de evidencias, entre ellas un teléfono celular, una notebook, ropa de cama y muestras biológicas secuestradas en el domicilio familiar. Los peritajes y la evaluación de la salud mental de la acusada resultan determinantes para la definición de su situación procesal.

Según el testimonio del abuelo y de otros familiares, no existen antecedentes de violencia ni denuncias previas por maltrato infantil en el entorno de la víctima. El expediente continuará en trámite hasta la realización de la junta médica, que definirá los próximos pasos procesales en torno a la imputada.

20 de marzo de 2026. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia anulando la resolución de la Dirección General de la Policía que había declarado “no apto en el reconocimiento médico” a un aspirante al Cuerpo que se había presentado a las oposiciones que el Ministerio del Interior sacó en 2021, cuando se aprobaron 2.218 plazas. Un día antes de pasar ese reconocimiento médico (una de las pruebas de la oposición), Manuel sufrió un mareo en una farmacia, se cayó y sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subaracnoidea aguda.

Tres médicos del hospital madrileño de La Paz señalaron en un informe que todas las heridas detectadas por esa caída “fueron consecuencia puntual del accidente sufrido, se resolvieron completamente y no dejaron secuela alguna que le limite para desempeñar funciones policiales o cualquier otra actividad laboral u ordinaria”. Sin embargo, la Policía Nacional le declaró no apto y le expulsó del proceso selectivo a pesar de que ya había pasado las pruebas previas. Para pertenecer al Cuerpo, los candidatos deben pasar varias pruebas físicas, un examen de conocimientos y ortografía, un reconocimiento médico, una entrevista personal y, finalmente, una serie de test psicotécnicos.

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16 de julio de 2026. El TSJM vuelve a dictar otra sentencia parecida y anuló otra resolución de la Dirección General de la Policía declarando apto a otro aspirante que no había pasado la prueba médica. En este caso, le habían excluido por hipoacusias en ambos oídos (una pérdida parcial de la capacidad auditiva), a pesar de que el afectado presentó el informe de un especialista en otorrinolaringología que señalaba que esta pérdida auditiva “no debe ser incluida como causa de exclusión”, ya que sus problemas de audición “se encuentran dentro del parámetro que fija las bases de la convocatoria”.

23 de abril de 2026. Nueva sentencia del TSJM que estima el recurso interpuesto por otro aspirante de esta promoción policial que fue declarado no apto en la tercera prueba del proceso selectivo también por causa de exclusión médica. En este caso, el candidato fue apartado por “alteraciones de la tensión arterial”. La Policía argumentó entonces que “esta condición es potencialmente peligrosa porque puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Máxime ante una profesión como la policial, que requiere en numerosas ocasiones un esfuerzo físico intenso y prolongado con largos períodos de pie, así como situaciones con alto nivel de estrés y presión”.

Fenómeno de bata blanca

El afectado, por su parte, presentó informes del Servicio de Salud de Extremadura explicando que lo que padece es lo que se conoce como fenómeno de bata blanca, por el cual una persona presenta la presión arterial alta solo cuando se la miden en la consulta médica o en un hospital, mientras que fuera de ese entorno sus valores son normales. Ocurre debido a una respuesta de ansiedad o estrés que activa el sistema nervioso ante el ambiente clínico.

El 13 de abril de 2026, el TSJM dicta una nueva sentencia reconociendo el derecho de otro demandante “a que se declare apto en la prueba de reconocimiento médico establecida en la oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía”. Este aspirante tiene diabetes (que no es causa de exclusión), pero en el reconocimiento le detectaron alteraciones analíticas en los marcadores de glucemia que hacían pensar que su situación de diabetes mellitus no se encontraba controlada. Pero el TSJM estimó que los dictámenes periciales del Hospital Gregorio Marañón y de la Clínica Médico Forense de Madrid estaban “suficientemente motivados” y señalaban que el candidato no “presenta alteraciones analíticas en sangre que dificulten o le incapaciten para las funciones propias de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía”.

Sentencias de este tipo se vienen sucediendo desde 2025. Por ejemplo, el 6 de marzo de ese año el TSJM también estimó el recurso de otro aspirante al Cuerpo y dictaminó que debía “reconocérsele su derecho a que se declare que ha superado la prueba de reconocimiento médico establecida en la oposición libre”. La División de Formación y Perfeccionamiento le había excluido porque en la revisión detectó “osteosíntesis en el tobillo izquierdo. Dos tornillos en maléolo tibial y placa atornillada con 6 tornillos en epífisis distal peronea”, a pesar de que había pasado previamente las pruebas físicas. El joven había sufrido en 2004 una fractura del tobillo, había sido operado y su recuperación había sido la correcta. De hecho, aportó informes médicos que señalaban que nunca había tenido bajas laborales por este motivo, que realizaba “actividad deportiva de alta demanda”.

Pero el TSJM no solo está analizando las exclusiones por reconocimientos médicos. Otra sentencia del 19 de febrero de este año ha estimado el recurso de otro aspirante a la misma promoción de 2021 que había sido excluido por no superar la entrevista personal. En este tipo de prueba, los examinadores policiales valoran la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad y competencias profesionales de los candidatos. Pero en este caso el recurrente no aprobó porque no gustó sus respuestas en el apartado de “orientación hacia las metas”, al haber apreciado los evaluadores que en la entrevista mostró “incongruencia en la justificación de sus manifestaciones, respondiendo de forma contradictoria con el objetivo de ofrecer una imagen que se ajuste al perfil que él piensa que es el requerido para realizar la función policial”.

Muchos años de proceso judicial

El TSJM le ha dado la razón porque entiende que la Policía Nacional no ha argumentado bien estos motivos de exclusión, simplemente se limitaron a realizar “valoraciones genéricas, sin que exista informe alguno detallado y singularizado sobre los distintos factores a tener en cuenta”. Por su parte, el aspirante excluido sí aportó informes de psicólogos forenses con varios tests de personalidad estandarizados que sí “describen, minuciosa y detalladamente, los resultados obtenidos, la valoración concreta de todos y cada uno de ellos, llegando a la conclusión de que no se ha hallado ningún elemento, ni siquiera indicio alguno, que haga predecir un inadecuado desempeño de las características del puesto al que aspira el recurrente como miembro de la Escala Básica de la Policía Nacional”.

Todas las sentencias, además de condenar en costas a la Dirección General de la Policía, obligan al Cuerpo a que estos aspirantes sigan con el proceso de selección que tendrían que haber seguido si hubieran pasado el reconocimiento médico o la entrevista personal. Hay decenas de casos, según fuentes jurídicas consultadas. Sin embargo, el Ministerio del Interior no está cumpliendo las sentencias. Se trata de aspirantes que se presentaron a las oposiciones aprobadas en 2021, que fueron excluidos en 2023 y que, tras recurrir las sentencias que les dan la razón, son de 2025 y 2026. ¿Qué argumenta la Policía para no hacerlo?

No hay hueco en la Escuela Nacional

Simplemente, que no hay hueco en la Escuela Nacional de Ávila, donde estos aspirantes deben hacer las pruebas que les faltan y, si las pasan, completar su formación durante nueve meses. “Aunque este centro formativo pueda absorber a un número muy elevado de policías, alumnos y alumnas, llega un punto en el que se sobrepasa la capacidad organizativa de la misma, y las medidas extraordinarias que pudiera exigir el órgano judicial al objeto de la integración de recurrentes con sentencias favorables afectarían y repercutirían en todas las circunstancias formativas que se han expuesto, afectando directamente a un proceso inicial que es clave para la identidad inicial de los futuros policías nacionales”.

Es decir, ahora en septiembre empieza la formación de la 42.ª promoción (2.764 alumnos) y sencillamente no hay hueco para estos aspirantes de la 39.ª promoción que han ganado en el TSJM su derecho a continuar la formación. “Es inadmisible que la Policía retrase un año más las carreras profesionales de chicos y chicas después de haber esperado tres años de proceso judicial”, explica el abogado Ángel Galindo, que ha representado a muchos de estos candidatos.

“Desde la División de Formación y Perfeccionamiento se apunta a la formación en la Policía Nacional como un pilar esencial sobre el que se asienta la calidad del servicio público, por tanto, no es intención de este órgano directivo eludir responsabilidades en la ejecución de aquellas resoluciones judiciales que nos notifique el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sino ejecutar las mismas con arreglo a los principios esenciales que nos rigen en la cultura formativa de la Policía Nacional”, señalan desde la División de Formación y Perfeccionamiento.

El problema es que no ejecuta las resoluciones judiciales. De hecho, el TSJM ya está recordando al Ministerio del Interior, según recientes autos, que “no se considera ni existente ni invocada causa de imposibilidad de ejecución. Notifíquese a las partes advirtiendo que la convocatoria a la fase de formación habrá de realizarse en cuanto sea posible, y que cualquier cuestión posterior a la firmeza de la sentencia debe tramitarse en incidente de ejecución”, ordena el tribunal. La Policía contesta que “la Jefatura de la División de Formación y Perfeccionamiento ha puesto todos los medios posibles, llevando la capacidad logística de la Escuela Nacional de Policía al límite, con un esfuerzo ímprobo de organización que ha generado la ocupación máxima posible de policías alumnos y alumnas para el curso que próximamente tendrá inicio”.

Lo dicho, no hay sitio. “Por ello, desde la Unidad de Procesos Selectivos de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía se informa a dicho órgano judicial que no es posible actualmente la ejecución de más resoluciones que conlleven el nombramiento de policías alumnos/alumnas y supongan su integración en la fase formativa de la Escuela Nacional de Policía. No obstante lo anterior, es intención de la referida División atender tan pronto como sea posible en las condiciones referidas “ut supra”, aquellas sentencias y autos que supongan nombramientos en esa condición".

A casi diez días del crimen de un adolescente en Mar del Plata en medio de un presunto robo, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario al comerciante que abrió fuego contra el menor. El hombre está imputado por homicidio agravado.

Familiares, comerciantes y vecinos se congregaron desde las 9.30 para seguir de cerca la audiencia que definiría la situación procesal de U.C., quien hasta el momento permanecía arrestado en la cárcel de Batán.

El hecho ocurrió el domingo 16 de agosto en el barrio Regional. La víctima fue identificada como Sebastián Nazareno García.

Según informó el portal del diario La Capital, el fallo del tribunal fue comunicado cerca del mediodía y generó reacciones inmediatas entre los manifestantes. La resolución judicial llegó tras una audiencia en la que se analizaron los argumentos de la defensa, representada por Gonzalo Lamenza e Ibar Sallaz, quienes reclamaron la excarcelación del comerciante. Apelaron a su arraigo familiar y laboral, la ausencia de antecedentes penales y la falta de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. El tribunal, no obstante, optó por concederle el arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

La defensa de U.C. había argumentado desde el inicio de la causa que existían condiciones para que recuperara la libertad o, de manera alternativa, cumpliera una medida cautelar menos gravosa. Tras la audiencia, Lamenza y Sallaz destacaron que la resolución recogió buena parte de sus planteos y manifestaron su intención de insistir en una revisión de la situación procesal en cuanto se incorporen nuevas pruebas.

De esta manera, el comerciante seguirá privado de libertad, pero podrá hacerlo en su domicilio. Entre las condiciones fijadas no se incluyó la necesidad de una custodia especial, aunque se mantiene la protección policial y dispositivos antipánico para la familia. Sobre el control electrónico, los abogados señalaron que podría instalarse una tobillera, medida que por el momento no se considera imprescindible.

De acuerdo a lo expresado por la defensa, la causa mantiene su carátula original y aún restan varias diligencias probatorias. Entre ellas, se destacan el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, tanto las ya incorporadas como aquellas que continúan siendo relevadas por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Para los abogados, estas pruebas serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos y sostener la hipótesis de legítima defensa.

Por su parte, el abogado de la familia de Sebastián Nazareno García, Mauricio Varela, subrayó que aún existen escasos elementos objetivos en el expediente para reconstruir el episodio. Varela explicó que la familia del adolescente decidió no presentarse en la audiencia y calificó la jornada como especialmente difícil para sus representados.

El letrado enfatizó la importancia de incorporar todas las pruebas disponibles antes de definir responsabilidades y solicitó que la reconstrucción de los hechos se base en la investigación formal, descartando versiones no verificadas difundidas en redes sociales. Varela también señaló que las imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sólo registraron los sonidos de los disparos, pero no el lugar exacto del tiroteo.

Todo sucedió cerca de las 5, en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra, y según declaró el amigo del comerciante, la víctima les habían querido abrir la puerta de la Toyota Hilux donde se encontraban ambos custodiando el local, que había sido asaltado el día anterior. Los jóvenes circulaban en bicicleta, dieron la vuelta a la manzana y reaparecieron junto al vehículo momentos después.

El material audiovisual permitió identificar cinco disparos iniciales y luego otros dos, aunque remarcó que la secuencia debe ser contrastada con la evidencia balística y testimonios recogidos. Varela cuestionó el valor de dos testimonios recientes, ya que atribuyeron los últimos disparos a los acompañantes de la víctima pese a que en la escena se hallaron siete vainas servidas de otra arma, lo que, a su criterio, no coincide con la evidencia objetiva.

Uno de las balas impactó en el pecho de un adolescente de 16 años que murió a pocos metros del vehículo; mientras que un menor de 15 resultó herido en la mano y debió ser intervenido quirúrgicamente aunque sufrió la pérdida de tres dedos.

El abogado Lamenza adelantó que su defendido se encuentra anímicamente mejor tras la resolución y manifestó su intención de prestar declaración en los próximos días. Por su parte, la familia de Sebastián Nazareno García reiteró su voluntad de colaborar con la investigación y solicitó que cualquier conclusión se apoye en pruebas incorporadas al expediente.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y la comunidad de barrio Regional permanece atenta a los resultados de las diligencias que determinarán cómo se produjo el enfrentamiento fatal aquella madrugada.

Pasó un año y medio desde que el Aquarium de Mar del Plata cerró sus puertas de forma definitiva. Tras la quiebra de Plunimar S.A., la empresa que gestionaba el complejo durante más de tres décadas, más de 60 animales quedaron bajo la órbita de la Justicia, que tiene la obligación de definir su destino. En ese marco, la sindicatura —el organismo designado por un juez para administrar una empresa en quiebra y liquidar sus bienes— presentó un informe en el que asignó un valor concreto a cuatro de esos animales: los pingüinos saltarines, tasados en USD 40.000.

Los cuatro ejemplares en cuestión son de la especie Eudyptes chrysocome, conocidos popularmente como saltarrocas. La sindicatura, encabezada por Andrea Alejandra Hoff, los valuó en $56,8 millones en pesos, cifra que equivale a USD 40.000 al tipo de cambio de $1.420 utilizado en el documento. Esa tasación los incorpora formalmente al patrimonio que la Justicia deberá liquidar para saldar las deudas de la empresa. Pero hay una condición que el propio informe establece: el valor solo se sostiene si se concreta una venta al exterior. Si no aparece un comprador, la cifra desaparece del cálculo y no hay ingreso que recuperar.

Por ahora, no existe ninguna operación cerrada ni un comprador identificado. Los cuatro pingüinos tienen precio sobre el papel, pero su destino concreto sigue sin resolverse.

Lo que sí está claro es que son los únicos animales del predio con una valuación económica asignada. El resto de los pingüinos que permanecen en las instalaciones —53 magallánicos y dos rey, 59 ejemplares en total— figuran en el inventario sin ningún precio. Están bajo el cuidado del juzgado, pero no forman parte, por el momento, del activo que la sindicatura espera convertir en dinero.

El cierre del Aquarium fue el punto de partida de todo este proceso. En marzo de 2025, The Dolphin Company —la multinacional mexicana que controlaba Plunimar— no logró renovar el contrato de alquiler del terreno donde funcionaba el complejo desde 1993. Los propietarios del predio, ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, decidieron destinar las tierras a otros proyectos y el parque bajó la persiana. Sin ingresos por venta de entradas y con deudas acumuladas, la empresa dejó de pagar salarios y entró en cesación de pagos en enero de 2026. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, a cargo del juez Eduardo Malde, declaró la quiebra directa el 20 de febrero de ese año.

Desde ese momento, todos los animales quedaron bajo la órbita de la Justicia. Ningún traslado ni venta puede realizarse sin autorización del juzgado. Hoy, un grupo de 12 empleados mantiene la rutina de cuidado de los pingüinos que permanecen en el predio: los alimentan, controlan su salud y garantizan la seguridad del lugar. Sostener esa estructura tiene un costo mensual que ronda los $54,8 millones, según las estimaciones presentadas ante el juez Malde.

El único antecedente de venta exitosa dentro del proceso fue el de los delfines. A fines de 2025, diez delfines nariz de botella fueron trasladados a un acuario en Hurghada, Egipto, en una operación cerrada por USD 800.000. Cada ejemplar viajó en cajas especiales con agua y con veterinarios a bordo durante todo el trayecto. Ese dinero se usó para pagar sueldos y sostener el cuidado del resto de los animales. Antes de la quiebra, The Dolphin Company había intentado también colocar ejemplares en instituciones de México, China y San Pablo, pero ninguna de esas negociaciones prosperó: las regulaciones internacionales sobre comercio de fauna marina bloquearon las operaciones.

La posible venta de los cuatro saltarines al exterior es, por ahora, la única fuente de ingresos prevista en el activo vinculada a los animales que quedan en el predio. Para el resto de los pingüinos, la sindicatura había mencionado en presentaciones previas opciones de traslado a instituciones como la Fundación Temaikén, el Bioparque Batán o la Fundación Bubalcó Patagonia, aunque ninguna de esas gestiones tiene resolución definitiva.

Durante los últimos días, la provincia de Chubut se vio envuelta en una polémica jurídica y hasta alimenticia. Es que el juez Marcelo Nieto Di Biase dispuso que el Poder Ejecutivo Provincial realice la compra de carne roja para el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew en un plazo inferior a 72 horas.

Allí los reclusos llevan adelante una protesta pacífica, en reclamo por la calidad de los alimentos que reciben tras las rejas. Sobre todo, la comida que reciben los detenidos que actualmente están bajo tratamientos médicos y requieren una alimentación acorde a sus condiciones particulares. El Ministerio de la Defensa Pública es el organismo que representa el reclamo de los presos.

En este punto, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, repudió el fallo en Radio Rivadavia, y adelantó: “No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura”.

El mandatario provincial vinculó este episodio con antecedentes similares en los que el mismo juez, Nieto Di Biase, adoptó resoluciones polémicas. Por ejemplo, mencionó la demora de un allanamiento por robo de ganado en el pueblo chubutense de Dolavon y la obligación de trasladar presencialmente a un preso peligroso para realizar terapia, lo que derivó en un intento de fuga. “Estos jueces garantistas están enquistados en el Poder Judicial ideologizando la justicia”, denunció Torres.

El gobernador también recordó que tras la decisión del Ejecutivo de retirar los teléfonos celulares a los reclusos, el mismo magistrado presentó un hábeas corpus para revertir la sanción. “Hay jueces que ofician más de sindicato de presos que de jueces”, sostuvo Torres. Entre las situaciones que consideró “absurdas”, mencionó pedidos judiciales para que un interno pudiera llamar a su familia porque tenía dolor abdominal y necesitaba medicamentos.

A su vez, el mandatario se refirió a otro antecedente del juez Nieto Di Biase: en este caso, el magistrado liberó a un condenado por homicidio al considerar que lo había visto “mejorado” en la vía pública, aunque posteriormente el beneficiado reincidió en el delito. “Es de una gravedad muy importante porque pone en riesgo al ciudadano de bien”, enfatizó Torres.

Consultado sobre si el gobierno provincial planea avanzar con alguna acción institucional frente al accionar del juez, Torres confirmó que el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Justicia están evaluando medidas concretas. “Definitivamente tenemos que ponerle un punto final a estos jueces que ponen en riesgo a todos los chubutenses”, declaró.

Y concluyó: “El que está preso es un delincuente. Y estos jueces que se formaron bajo una doctrina zafaroniana y que militan esto, ¿cuál es la lógica de los fallos de este juez?“.

El gobernador también se expresó en redes sociales, donde determinó: “Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”.

“Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento, que dificultan que podamos sacarles los celulares a los presos para terminar con las estafas desde las cárceles y que ahora pretenden decirnos cuánta carne roja tiene que comer por día un delincuente. A ese sector de la Justicia que todavía insiste con una mirada ideologizada que tanto daño le hizo al país, quiero que le quede bien claro: en Chubut, los delincuentes ya no tienen coronita”, finalizó Torres en su misiva.

La fiscalía de Dakota, en Minnesota, acusó a Christopher Boone Crimmins, de 34 años, por homicidio involuntario en segundo grado tras la muerte de su compañero Tyler Anthony Lynch, de 26, durante una jornada de poda en Apple Valley.

El caso tomó relevancia por la forma en que ocurrió el hecho: una maniobra con una garra hidráulica montada sobre un camión, en una escena que los investigadores reconstruyeron a partir de la denuncia penal.

De acuerdo con reportes de NBC News y Fox News, que citaron el expediente presentado ante la Justicia local, los dos empleados retiraban ramas el jueves por la tarde cuando se produjo el episodio. La acusación sostiene que Crimmins era el único integrante de la cuadrilla con licencia comercial para operar el equipo.

Qué dicen los investigadores sobre la secuencia del hecho

El vehículo utilizado en la tarea tenía un brazo mecánico con una garra hidráulica destinada a mover restos de árboles. En ese contexto, la denuncia indicó que ambos hombres empezaron a bromear al advertir las sombras que proyectaban el brazo y el cuerpo de Lynch sobre el asfalto.

A partir de esa secuencia, Crimmins habría movido el implemento para que su sombra pareciera atrapar la de su compañero. NBC News afirmó que el operador observaba el suelo y no el desplazamiento real del dispositivo ni la posición exacta de Lynch.

Esa circunstancia, siempre de acuerdo con la acusación, hizo que no advirtiera que el brazo se acercaba a la víctima. El documento judicial indicó que abrió y cerró la garra en ese instante, una maniobra que provocó una lesión fatal, tal y como quedó asentado en la presentación penal.

Un testigo dijo a los investigadores que vio cómo la máquina golpeó o pellizcó al joven. Fox News reprodujo ese pasaje del expediente y añadió que los agentes encontraron sangre sobre la garra, que permanecía encima del cuerpo cuando llegó la policía.

La escena que encontró la policía y el cargo presentado

Los efectivos que acudieron al lugar hallaron a Lynch en el suelo, con una gran cantidad de sangre alrededor del cuerpo y un trauma severo. Las autoridades lo declararon muerto en la escena, tal y como consignó Fox News a partir de la información oficial.

Para la fiscalía, el accionar de Crimmins implicó negligencia grave. Los investigadores sostuvieron que el trabajador creó “un riesgo irrazonable” y que “asumió conscientemente la posibilidad de causar la muerte o un daño corporal grave a otra persona”, de acuerdo con los pasajes citados por los medios estadounidenses.

Ese encuadre derivó en un cargo por homicidio involuntario en segundo grado, un delito grave bajo la legislación estatal. El expediente no describió un ataque intencional, pero sí una conducta que, a criterio de los fiscales, excedió cualquier margen de seguridad laboral.

NBC News detalló que la pena máxima prevista para ese delito alcanza 10 años de prisión. Fox News agregó que el caso también contempla una multa máxima de USD 20.000 si se produce una condena.

La situación judicial del acusado y lo que viene en el caso

La oficina del fiscal de Dakota fijó una fianza de USD 40.000 sin condiciones o de USD 20.000 con condiciones. Esa información apareció en los reportes publicados el viernes, cuando la acusación tomó estado público.

Fox News indicó que funcionarios locales lo ubicaban bajo custodia en la cárcel. NBC News señaló que no estaba claro si ya contaba con representación legal y que no hubo respuesta inmediata al número telefónico asociado a su nombre.

La próxima comparecencia judicial de Crimmins quedó prevista para el 10 de septiembre, afirmó NBC News al citar a la fiscalía. Ese paso marcará el inicio formal del proceso abierto por este caso.

Pese a que el país mantiene una percepción positiva en algunos indicadores, como lo muestra el nivel de confianza económica de 8,1 sobre 10 a julio de este año, la cautela comienza a ganar terreno entre el sector empresarial.

Es la observación que hace la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) sobre los recientes datos de la confianza económica en Panamá, que según argumenta invitan a una reflexión sobre el papel de las instituciones en la atracción de inversiones.

Un 22% de las empresas prevé aumentar su plantilla, aunque el porcentaje de quienes esperan crecer en ventas disminuyó en el último mes.

Este contraste evidencia que la decisión de invertir no depende solo de las oportunidades de mercado, sino también del entorno institucional.

Para las empresas que evalúan instalarse o expandirse en Panamá, el atractivo geográfico y la economía dolarizada no bastan, asegura el gremio empresarial, en una nota que lleva la firma de su presidente Alberto López Tom.

Afirma que los ejecutivos se preguntan si las leyes serán estables y si los contratos tendrán respaldo institucional en el futuro próximo. Añade que este tipo de preguntas revela que la confianza en las reglas del juego y en la capacidad de respuesta del Estado es tan relevante como las ventajas logísticas o financieras.

Al analizar el panorama institucional, la Apede sostiene que emergen dos caras. Por un lado, la ubicación estratégica y la plataforma logística posicionan a Panamá como un nodo global, mientras que por el otro lado las debilidades en la administración de justicia y en la lucha contra la corrupción frenan el potencial de crecimiento.

El Índice de Estado de Derecho 2025 sitúa al país en el puesto 73 de 143 naciones, con una puntuación de 0,52 sobre 1. El mismo informe muestra una disparidad interna: Panamá figura entre los 50 primeros en gobierno abierto, pero cae al 105 en justicia penal.

La respuesta a por qué el país debe fortalecer sus instituciones radica, de acuerdo con el ente gremial, en la necesidad de garantizar seguridad jurídica y reglas predecibles para quienes desean invertir y generar empleo.

“Cuando las instituciones son sólidas, las compañías apuestan por el crecimiento y la reinversión. Si la confianza decae, el capital opta por alternativas más seguras”, puntualiza.

Para la Apede, la administración de justicia destaca como el principal punto débil. En ausencia de mecanismos efectivos para combatir la corrupción y asegurar una aplicación equitativa de las normas, la percepción de riesgo aumenta.

El Índice de Percepción de la Corrupción otorga a Panamá 33 puntos sobre 100, lejos del promedio continental de 42 y de los registros de Uruguay, Chile o Costa Rica.

El gremio ha impulsado la creación del Observatorio de Transparencia Judicial para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia, buscando cerrar la brecha entre las normas y su cumplimiento. El propósito, asegura, es contribuir a una institucionalidad que inspire confianza tanto a ciudadanos como a inversionistas.

Las recientes investigaciones en la Dirección General de Ingresos y los cambios en el Ministerio de Educación ilustran lo que ocurre cuando las instituciones no logran trascender los ciclos políticos. Los controles internos y la rendición de cuentas se convierten en prioridades, no solo para evitar irregularidades, sino para construir un entorno de estabilidad y previsibilidad.

En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá ocupa el puesto 63 entre 184 economías, una caída respecto al año anterior. El Índice de Calidad Institucional refleja una posición intermedia: 57 en instituciones económicas y 75 en políticas.

Estos resultados, manifiesta la Apede, confirman que, aunque el país se mantiene por encima del promedio latinoamericano en calidad institucional y democracia, la brecha con líderes regionales persiste.

La comparación con Uruguay, Chile y Costa Rica refuerza la idea de que la fortaleza institucional es clave para la competitividad. Países con sistemas más transparentes y predecibles atraen más inversiones y logran mejores resultados en innovación y empleo.

La asociación plantea que las instituciones deben ser más fuertes que las personas que las dirigen, impulsando el fortalecimiento del gobierno corporativo y la rendición de cuentas desde su propia estructura.

El país cuenta con bases sólidas, pero requiere instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y reglas claras que trasciendan los ciclos políticos, de acuerdo con la Apede.

Una fuga con tobilleras electrónicas cortadas, tres hijos abandonados con una nota y una captura final en Montenegro terminó por convertir un fraude con fondos de la pandemia en una nueva bandera política en Washington.

Así quedó planteado el caso de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, la pareja de California condenada por quedarse con USD 18 millones en ayudas públicas, tal y como publicó el New York Post.

Los dos integraron una red que usó identidades robadas para cobrar dinero creado durante la emergencia sanitaria. La maniobra incluyó datos de estudiantes extranjeros, personas mayores y fallecidos, afirmó el New York Post.

A partir de ese episodio, la senadora republicana Joni Ernst presentó una ley para impedir que quienes comparten hogar con personas condenadas por fraude accedan a subvenciones, préstamos, reembolsos y otras asistencias federales.

El diario estadounidense indicó que el texto contempla excepciones para cónyuges que viven separados y para víctimas de violencia doméstica.

El expediente de California que empujó el debate

La causa judicial tuvo como figura central a Ayvazyan, a quien la Justicia señaló como líder del esquema, y a Terabelian, su esposa.

El proceso terminó en 2021 con condenas por el desvío de dinero estatal y federal destinado a aliviar el impacto económico del COVID-19, de acuerdo con el reporte del New York Post.

En la trama también aparecieron Tamara Dadyan, cuñada de Ayvazyan, y su esposo Artur Ayvazyan. La cobertura del New York Post aseguró que ambos participaron del mecanismo que permitió cobrar fondos reservados para personas y empresas afectadas por la crisis sanitaria.

La fuga amplió la repercusión del expediente. La pareja escapó de Estados Unidos pese al monitoreo judicial y fue localizada tiempo después en Montenegro, informó el periódico.

Ayvazyan cumple hoy una pena de 17 años de prisión. Terabelian cumple otra de seis años. El New York Post recordó que un juez definió al principal acusado como un “estafador de sangre fría” que “ve el fraude como un logro”.

La ley que impulsa Joni Ernst

Ernst tomó ese antecedente como base para una nueva ofensiva contra el uso irregular de recursos públicos. La legisladora bautizó su proyecto como No Cash for Cohabitating Kins of Crooks Act, precisó el New York Post.

La republicana de Iowa sostuvo que el problema supera este episodio y alcanza a otros núcleos del país. “Cometer fraude es algo literal en estas familias de delincuentes”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario.

La senadora agregó que su investigación detectó maniobras similares en varios estados. “Mi última investigación encontró esquemas que brotan de árboles familiares de todo el país, con parientes que se unen para despojar a los contribuyentes por USD 50 millones”, aseguró.

Ese cálculo surge de una lista de 15 grupos incluidos en su premio mensual Squeal Award, una distinción con la que busca exponer episodios de despilfarro, abuso y estafa con dinero estatal.

La propuesta forma parte también del trabajo que Ernst desarrolla en el Senate DOGE Caucus, desde donde promovió otras acciones orientadas al control del gasto y a la supervisión de programas federales, detalló el New York Post.

Los otros expedientes que citó como respaldo

La legisladora no limitó su argumento a lo ocurrido en California. En su lista también aparece un grupo de Minnesota vinculado al escándalo de Feeding Our Future, una trama por USD 250 millones asociada al programa federal de nutrición infantil.

Dentro de esa causa, Gandi Yusuf Mohamed y cinco parientes fueron condenados por desviar más de USD 10 millones que debían destinarse a comida para niños necesitados, señaló el New York Post.

La nota agregó que uno de los implicados mantuvo una reunión con el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, hecho que atrajo críticas de legisladores republicanos.

Ernst también mencionó a los Edwards, residentes de Florida cuando presentaron una supuesta organización religiosa para pedir asistencia del programa de protección de salarios durante la pandemia.

El diario afirmó que ese grupo buscó USD 6 millones, aunque recibió USD 8,4 millones tras declarar más de 500 empleados.

Otro expediente citado fue el de cuatro hermanas acusadas de presentar cerca de 200 reclamos falsos para obtener ayudas agrícolas por USD 11,5 millones.

Las autoridades concluyeron que, en la mayoría de los casos, ni siquiera habían intentado explotar campos, aseguró el New York Post.

La lista se completa con allegados del estado de Washington que simularon tareas de cuidado para cobrar USD 1,1 millones de la Administración de Veteranos.

Ernst cerró su ofensiva con una frase que dejó expuesto el tono de su campaña. “La próxima reunión de esta familia de estafadores será en la cárcel”, afirmó, tal y como reprodujo el medio estadounidense.

Una mujer que se cae con frecuencia, que no puede controlar sus esfínteres, que lleva más de dos décadas en tratamiento psiquiátrico y que acumula fracturas por su propia inestabilidad al caminar recibió en julio de este año la misma respuesta que ya le habían dado antes: su situación no es suficientemente grave. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirmó que esta celadora de 67 años debe seguir cobrando una incapacidad permanente total —y no absoluta— pese a que su cuadro clínico se ha agravado desde que le reconocieron esa prestación en 2012.

La diferencia entre una incapacidad permanente total y una absoluta determina si una persona puede o no ser considerada apta para cualquier trabajo en el mercado laboral. La incapacidad permanente absoluta inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio; la total, en cambio, solo le impide ejercer su profesión habitual, pero deja abierta la puerta a otros empleos. Los jueces consideran que esta mujer aún puede desempeñar trabajos sedentarios.

Y eso que el tribunal reconoce expresamente que su situación clínica se ha agravado desde 2012: han aparecido una patología cervical y una patología respiratoria en forma de síndrome de apneas e hipopneas del sueño moderadas. Pero la Sala concluye que “la repercusión funcional no es tan relevante o suficiente para justificar una incapacidad permanente para todo trabajo retribuido, especialmente las labores denominadas livianas o sedentarias”. En el momento de la exploración médica, la mujer presentaba buen estado general, marcha autónoma conservada sin claudicación y pruebas de equilibrio normales. La prestación que seguirá percibiendo tiene una base reguladora de 382,45 euros mensuales.

El historial médico de esta trabajadora incluye más de una docena de enfermedades crónicas, que llevaron al Juzgado Social de Santander a declararla, en 2012, en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de celadora. Desde entonces, su situación ha empeorado con diversas fracturas y con una alteración inmunológica que la expone a riesgo de trombosis y la obliga a extremar precauciones ante cualquier viaje largo, inmovilización o intervención quirúrgica. Pese a todo ese historial, el INSS resolvió en 2023 que no era necesario revisar el grado de invalidez.

Los motivos para ir a juicio

La mujer llevó entonces su caso a los tribunales. El recurso se articuló en dos motivos: uno de revisión de hechos probados, para incorporar un extenso cuadro clínico actualizado que incluía, entre otras patologías, estenosis significativa de canal central, rotura de ambos manguitos rotadores, síndrome del túnel del tarso bilateral, trastorno ansioso-depresivo en tratamiento psiquiátrico desde hace más de 20 años e incontinencia urinaria y fecal; y otro de infracción jurídica.

La Sala rechazó ambos. Sobre la revisión fáctica, consideró que no era posible sumar patologías diagnosticadas en distintas anualidades sin acreditar su situación actual y su trascendencia funcional en la fecha del hecho causante. Sobre el fondo, aplicó la doctrina que exige no solo que el cuadro se haya agravado, sino que esa agravación anule por completo la capacidad laboral para cualquier trabajo, incluidos los sedentarios o livianos.

La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo con la presentación de la empresa en concurso preventivo de acreedores, después de meses marcados por la parálisis productiva, la falta de pago de salarios y el crecimiento de las deudas. La histórica compañía, que cuenta con tres plantas de procesamiento en Santa Fe, declaró un pasivo de $15.945 millones y recurrió a la Justicia comercial con el objetivo de evitar la quiebra.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. La firma, administrada por la familia Espiñeira, expuso un cuadro financiero que incluye obligaciones bancarias por $4.745 millones y más de 2.900 cheques rechazados por un saldo superior a $11.200 millones.

Los compromisos con entidades financieras involucran a Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro. A esa deuda se agregó el volumen de documentos rechazados, que creció durante el conflicto y alcanzó a una extensa red de proveedores y acreedores vinculados con la operatoria de la compañía.

El deterioro financiero se desarrolló en paralelo con una crisis productiva y laboral que afectó a las tres plantas que Lácteos Verónica posee en territorio santafesino: Clason, Lehmann y Suardi. La empresa cesó la producción y dejó de pagar salarios, mientras los trabajadores reclamaron respuestas sobre la continuidad de las fuentes laborales y el cobro de los haberes adeudados.

La situación también impactó sobre unos 150 productores tamberos que suministraron materia prima a la compañía y reclamaron acreencias acumuladas. Las estimaciones ubicaron esa deuda en alrededor de USD 60 millones. De esta manera, la crisis alcanzó no sólo al personal de las fábricas, sino también a una parte de la cadena de proveedores que abastecía de leche a la empresa.

Antes de recurrir al concurso preventivo, Verónica intentó avanzar con un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que contemplaba la desvinculación de alrededor de 200 empleados. La iniciativa no logró resolver el conflicto y la situación continuó con dificultades financieras, interrupciones en la actividad y reclamos de trabajadores y proveedores.

El escenario laboral se agravó con el cese del pago de salarios. Frente a esa situación, el gobierno de Santa Fe otorgó asistencia económica y alimentaria a las familias afectadas y la Municipalidad de Suardi continuó durante un período con el aporte de alimentos. Los trabajadores de las tres plantas también acudieron a legisladores provinciales cuando aumentó el conflicto y persistió la falta de respuestas empresarias.

La presentación judicial no sorprendió a las autoridades santafesinas. Desde el Ministerio de Trabajo provincial, que encabeza Roald Báscolo, señalaron que “era sabido que podría ocurrir”. La provincia siguió la evolución del conflicto durante los meses de parálisis y participó en la asistencia destinada a los operarios afectados por la falta de haberes.

En Lehmann, el delegado del gremio Atilra, Domingo Possetto, describió la incertidumbre que atravesaron los empleados ante la ausencia de definiciones de la empresa. “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”, expresó. La falta de respuestas directas del directorio se mantuvo mientras avanzó la instancia judicial.

El concurso preventivo constituye una instancia con la que la empresa busca evitar la quiebra definitiva en medio de un pasivo que se acercó a los $16.000 millones. La presentación concentró un cuadro de obligaciones compuesto principalmente por deuda bancaria y cheques rechazados, además de los reclamos vinculados con productores tamberos y trabajadores.

En paralelo con el proceso judicial, surgió una alternativa para recuperar parcialmente la actividad en una de las tres instalaciones. La cooperativa cordobesa Copalac, radicada en Morteros e integrada por productores tamberos, acordó con Verónica operar a fasón la planta de Suardi, ubicada en el departamento San Cristóbal.

El esquema contempla el ingreso de leche cruda a la planta para realizar el secado y la posterior elaboración de leche en polvo. La operatoria permite una ocupación provisoria para alrededor de 30 trabajadores, aunque el alcance es parcial frente a la dimensión del conflicto que atraviesa la compañía y a la situación de las otras instalaciones.

Atilra precisó las condiciones laborales vinculadas con esa operatoria. “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, señaló el gremio al referirse al entendimiento para utilizar las instalaciones de Suardi.

El acuerdo interrumpió de manera parcial la parálisis de una compañía con una extensa trayectoria en la industria láctea. Históricamente, la producción de Verónica se orientó a quesos, manteca y leche en polvo, con una parte de sus productos destinada a mercados internacionales. La empresa exportó a Argelia y a otros destinos de África y Medio Oriente.

Entre enero de 2020 y abril de 2025, las ventas externas de la firma superaron los USD 102 millones. Ese antecedente exportador precedió al período en el que la empresa cesó operaciones bajo el argumento de insolvencia financiera y económica, dejó de abonar salarios y otros beneficios y enfrentó protestas en las localidades santafesinas donde funcionan sus plantas.

A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial, que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que está revisando los últimos detalles antes de mandarlo.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.

Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.

“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.

Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.

“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso. Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.

Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.

En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.

La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.

Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.

Dentro de este proceso, de todas formas, hay un capítulo que el Gobierno maneja con cautela: los juzgados con competencia electoral en cada lugar del país, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay presidenciales.

Estos despachos intervienen en cuestiones sensibles para la construcción territorial de poder, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y el calendario de votación.

Por otra parte, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, una iniciativa que quedó trunca por diferencias de criterios entre los propios miembros del oficialismo.

Aunque en la mesa política aseguran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, todavía no hay un consenso respecto del texto que finalmente se presentará.

El proyecto original se presentó a finales del 2025 y fue elaborado por un equipo de especialistas en la materia encabezado por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, Jorge Buompadre.

El grupo estuvo compuesto por los jueces Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez, y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

Los expertos entregaron un primer borrador que consistía en un Código completamente renovado -el que está vigente data de 1921- y que contenía un total de 912 artículos.

Este prototipo había sido autorizado por el entonces ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, pero fue congelado cuando llegó su sucesor, Mahiques, que decidió revisarlo antes de mandarlo al Congreso.

Tan solo unos días después, el funcionario fue a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente y sugerirle postergar el proyecto para trabajar en otro “que contenga más el espíritu libertario”.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“ y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Sin embargo, cuando el proyecto reducido llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no pasó el filtro de María Ibarzábal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se inclina por la modificación total.

A partir de ese momento, entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría circularon varios borradores que fueron revisados y rechazados hasta que se llegó a una última versión que, si bien no es un Código entero, sí es más amplio que el paquete de leyes que pretendía presentar Mahiques.

Se trata de una iniciativa que incluye unos 300 artículos y que ya contaría con consenso por parte de los dos sectores en pugna, aunque cerca del consultor político remarcan que podrían continuar presionando hasta llegar a los 500.

En el oficialismo algunos sospechan que una maniobra similar podría repetirse con la reforma judicial, aunque otras fuentes afirman que esta vez el contenido ya fue acordado y no debería bloquearse.

Durante meses, esta trabajadora de la limpieza fregó suelos, limpió cristales y cargó cubos con las manos inflamadas por una artritis que le recorría el cuerpo de los pies a la cabeza. Cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció en octubre de 2023 que su enfermedad le impedía seguir trabajando como limpiadora, la resolución llegó como un alivio. Duró apenas ocho meses. En junio de 2024, el mismo organismo revisó su caso, consideró que había mejorado y le retiró la pensión de incapacidad. Volvió a fregar suelos, pero la Justicia de Cantabria acaba de decirle que no tenía que haberlo hecho.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha revocado la sentencia que avalaba la decisión del INSS y ha restituido la situación de incapacidad permanente total para esta trabajadora de 50 años. El tribunal concluye que la trabajadora padece un cuadro pluripatológico grave e irreversible que le impide desempeñar las tareas propias de su oficio, caracterizado por esfuerzo moderado constante, bipedestación prolongada y trabajo esencialmente manual.

La decisión condena al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a abonarle una pensión vitalicia equivalente al 55% de una base reguladora mensual de 1.074,15 euros, con efectos desde el momento en que ella cesó en la actividad laboral que retomó tras la extinción de su prestación. El tribunal rechazó, no obstante, la petición principal de su defensa: que se le reconociera una incapacidad permanente absoluta, el grado máximo, que habría inhabilitado a la trabajadora para cualquier tipo de empleo.

Lo que la sala sí tuvo en cuenta fue la combinación de dolencias que arrastra la mujer y que, a juicio de los magistrados, hacen inviable el desempeño de su trabajo. A la artropatía psoriásica —enfermedad inflamatoria crónica que le provoca dolor e inflamación en articulaciones de manos, pies, caderas y rodillas— se suma un deterioro severo de la columna vertebral documentado mediante resonancia magnética.

Una profesión muy exigente

Después de que el INSS le retirara la pensión de incapacidad, la trabajadora llevó su caso a los tribunales. Sin embargo, en primera instancia, los jueces opinaron que la mejoría parcial de la artritis psoriásica y la ausencia de limitaciones funcionales evidentes en la exploración médica eran suficientes para concluir que la trabajadora podía desempeñar su profesión habitual.

Por ello, la defensa de la mujer recurrió en suplicación ante el TSJ de Cantabria, solicitando con carácter principal la declaración de incapacidad permanente absoluta y, subsidiariamente, la restitución de la incapacidad permanente total. La sala rechazó el grado máximo —al entender que la trabajadora conserva capacidad para empleos que no impliquen esfuerzo físico o que permitan alternar posturas de sedestación y bipedestación— pero estimó la petición subsidiaria. En su razonamiento, el tribunal se apoyó en su propia doctrina consolidada, citando sentencias previas de la misma sala de noviembre de 2025 y diciembre de 2023, para concluir que la profesión de limpiadora, lejos de ser sedentaria o liviana, exige esfuerzos físicos contraindicados para el estado de Francisca.

La policía de Vietnam presentó cargos formales por el delito de violación contra un hombre de 23 años, en un proceso penal que avanza tras la firme denuncia de Nguyen Thi Quynh Tam, una estudiante estadounidense de 24 años originaria de Houston, Texas. La acción judicial marca un hito inédito en el país asiático, donde los delitos de agresión sexual suelen ser silenciados, relegados al ámbito estrictamente privado o resueltos mediante arreglos económicos entre las partes, según detalló una investigación periodística publicada por The Associated Press.

La joven denunciante se había trasladado a Vietnam en mayo de 2026 para llevar a cabo una pasantía en el sector bancario. Su viaje tenía también un profundo componente personal: buscaba reconectar con sus raíces y con la historia del país del que su familia emigró hacia Estados Unidos cuando ella tenía apenas cinco años. Sin embargo, su plan académico y personal quedó interrumpido tras sufrir el ataque, cuya persecución penal ahora busca sentar un precedente para la protección de las mujeres en la región.

La secuencia de la agresión en Phu Tho

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de julio de 2026 en un complejo turístico de la provincia de Phu Tho, una zona de descanso ubicada a poca distancia de Hanói, donde la estudiante se encontraba participando de un viaje recreativo junto a un grupo de conocidos.

Durante la noche previa del 4 de julio, los integrantes del grupo permanecieron despiertos hasta altas horas de la madrugada. Al momento de retirarse a descansar, la víctima se encontró con que la puerta de la habitación que le correspondía estaba bloqueada. Ante esta imprevista situación, buscó un dormitorio contiguo que se encontraba desocupado y se quedó dormida sin echar el cerrojo de la puerta.

Según el relato vertido en el expediente judicial, el agresor ingresó a la estancia mientras la joven dormía, la abordó en la cama y comenzó a besarla. Pese a que ella reaccionó inmediatamente exigiendo que se detuviera, golpeándolo, empujándolo y gritando de forma reiterada, el hombre la redujo y le inmovilizó ambos brazos por encima de la cabeza y la sometió sexualmente.

Inmediatamente después del ataque y en estado de shock, la estudiante logró contactar telefónicamente a su pareja en Estados Unidos para relatarle la agresión que acababa de sufrir.

Intentos de soborno y encubrimiento

Días después del hecho, comenzaron las maniobras de ocultamiento. El 9 de julio, el señalado como agresor envió una nota escrita y realizó una llamada telefónica para ofrecer disculpas a la víctima. La situación escaló el 11 de julio, cuando la joven aceptó reunirse con el padre del imputado.

De acuerdo con testimonios y fuentes locales, el sospechoso pertenece a una familia caracterizada por un alto poder adquisitivo y con sólidas conexiones en las esferas políticas del país. En dicho encuentro, el padre del acusado le preguntó directamente a la estudiante qué suma de dinero estaría dispuesta a aceptar para no involucrar a las autoridades judiciales. Cinco días más tarde, la oferta económica para silenciar el hecho fue reiterada de manera explícita.

Asimismo, la estudiante denunció haber enfrentado trabas sistemáticas por parte de los propios efectivos de la policía local a los que acudió. Aseguró que los agentes sugirieron en múltiples oportunidades resolver el incidente mediante un acuerdo confidencial de compensación financiera con la familia del acusado.

La joven sostuvo que la presión policial incluyó solicitudes para que firmara documentos formales en los que aceptaba declinar la realización de exámenes médicos forenses, así como también renunciar al derecho de contar con representación legal. Nguyen Thi Quynh Tam rechazó categóricamente cada una de estas propuestas.

Fricciones diplomáticas y reconstrucción traumática

La denuncia formal ante la policía fue formalizada el 21 de julio. Como parte de la investigación iniciada por la fiscalía, las autoridades condujeron a la víctima de regreso al complejo turístico en Phu Tho para realizar la reconstrucción de los hechos, una diligencia del procedimiento penal vietnamita que la joven calificó como una experiencia “sumamente traumática”.

El recorrido institucional para buscar justicia también estuvo marcado por fricciones en el ámbito diplomático. La estudiante manifestó haber percibido una escasa y fría asistencia inicial por parte de la Embajada de Estados Unidos en Hanói. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos se limitó a señalar públicamente que tenía conocimiento de la situación, evitando brindar explicaciones detalladas al amparo de las leyes de privacidad y las normas de procedimiento consular.

Ante este escenario de desamparo institucional, la víctima decidió contactar a la oficina del senador estadounidense por Texas, Ted Cruz, cuyo equipo intervino para realizar gestiones y brindar apoyo político en el seguimiento del caso.

Reacciones oficiales e investigación en curso

En el ámbito local, el padre del imputado admitió en una comunicación enviada a The Associated Press que entre los involucrados existió un “encuentro íntimo”, pero negó de forma tajante que su familia ejerciera algún tipo de coacción para forzar el retiro de la denuncia. Por su parte, el imputado ha mantenido el silencio frente a las consultas enviadas por medios de comunicación.

Desde el gobierno nacional, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, confirmó la apertura de los procedimientos legales formales conforme a la legislación vigente en el país, si bien optó por no responder a las preguntas sobre el cuestionado accionar de la policía local. Aunque la imputación formal contra el sospechoso representa un paso significativo contra la impunidad en casos de violencia de género en Vietnam, la investigación penal continúa en curso y la resolución definitiva del caso permanece abierta en los tribunales.

El trabajador que protagoniza este caso manejó maquinaria pesada durante más de 30 años, hasta que una lesión en el codo izquierdo contraída dentro de la cabina de un camión le llevó a una baja que se fue alargando. El diagnóstico: epicondilitis, es decir, codo de tenista, una lesión por sobreuso que provoca dolor en la parte externa de esta articulación. Según él, la lesión le impedía trabajar.

Por ello, cuando la Mutua le dio el alta por “curación o mejoría que permite trabajar”. El hombre impugnó la decisión, pero el médico evaluador que lo examinó a continuación confirmó el alta, aunque registró la existencia de dolor en el brazo. El trabajador recibía en ese momento pastillas e inyecciones para tratarse. El empleado llevó entonces el caso a los tribunales, donde solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente. Pero no ha tenido éxito.

La exploración médica practicada por una inspectora del INSS fue la prueba determinante. En ella se constató que el empleado sí sufría dolor al realizar contrarresistencia y en los últimos grados de algunos movimientos del brazo, pero también consideró que la mano no sufre limitación funcional y que la fuerza se conserva en su totalidad. La médica inspectora concluyó que el paciente estaba en activo en el momento de la evaluación, un dato que el tribunal recoge expresamente en su resolución.

La defensa del trabajador argumentó entonces que, dada la epicondilitis acreditada, el hombre solo podría desempeñar actividades que no requirieran sobrecarga del miembro superior izquierdo ni movimientos repetitivos, lo que en su criterio encajaba en la definición legal de incapacidad permanente parcial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias rechazó ese razonamiento, al constatar que la limitación funcional documentada no superaba el umbral del 50% que la jurisprudencia exige para lesiones de codo en profesiones bimanuales, citando precedentes de los TSJ de Murcia, Castilla y León y Madrid, además de sentencias previas de la propia Sala asturiana.

Debe volver al trabajo

Por tanto, el empleado no percibirá la indemnización a tanto alzado de 49.985,52 euros que le habría correspondido de haberse estimado la incapacidad permanente parcial derivada de enfermedad profesional, calculada sobre una base reguladora de 69,42 euros diarios, equivalente a 24.992,76 euros anuales. La Sala advierte, además, que las secuelas que presenta podrían, a lo sumo, dar lugar a las lesiones permanentes no invalidantes previstas en el artículo 201 de la Ley General de la Seguridad Social, figura de menor entidad económica reservada para cuando la contingencia es profesional pero no alcanza el grado de incapacidad.

La vía judicial no está definitivamente cerrada. La sentencia advierte a las partes que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, mediante escrito suscrito por letrado presentado en la Sala de lo Social del TSJ de Asturias en el plazo improrrogable de 10 días hábiles desde la notificación. Al tratarse de un trabajador y beneficiario del sistema público de Seguridad Social, está exento del depósito de 600 euros que la ley exige con carácter general para recurrir en casación.

El Poder Judicial de República Dominicana reconoció en lo que va del mes a dos departamentos judiciales por eliminar el retardo judicial y mantener sus tribunales al día dentro de los plazos procesales. Los departamentos judiciales de San Juan de la Maguana y Barahona recibieron distinciones oficiales en actos encabezados por autoridades del sistema de justicia, según reportes del propio Poder Judicial.

El primer reconocimiento correspondió al Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, integrado por los distritos judiciales de Las Matas de Farfán y Elías Piña.

Según informó el Poder Judicial, este departamento alcanzó la eliminación total de la mora judicial y mantiene la totalidad de sus salas sin atrasos, con 544 asuntos gestionados dentro de los plazos previstos.

El juez coordinador departamental, Manuel A. Ramírez Suzaña, recibió el galardón durante la conformación de la Mesa de Gestión Participativa, en una ceremonia en la que participaron jueces y servidores judiciales de la región.

El documento de reconocimiento, entregado por las magistradas consejeras Karen Josefina Mejía Pérez, Keila Elizabeth González Belén y Katherine Rubio Matos, subraya el “compromiso con la eficiencia y la calidad en la administración de justicia” demostrado por el departamento, de acuerdo con el texto oficial citado por el Poder Judicial.

El reconocimiento a Barahona

Días después, el Departamento Judicial de Barahona recibió un reconocimiento similar por la erradicación del retardo judicial. En este caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, otorgó la distinción al juez coordinador departamental Joselín Moreta, como parte del proceso de integración de la Mesa de Gestión Participativa, con presencia de servidores y jueces de los distritos judiciales de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

El pergamino entregado expresa el reconocimiento al departamento por su “compromiso con la eficiencia y la calidad en la administración de justicia, logrando mantener un Justicia al Día”.

Datos proporcionados por el Poder Judicial indican que Barahona mantiene 47 salas judiciales sin mora y 790 asuntos procesales dentro de los plazos legales.

Entre los factores identificados para alcanzar ese resultado figuran la implementación de la firma digital, el expediente electrónico y el Sistema de Gestión de Casos.

Infraestructura y mesas de gestión

En materia de infraestructura, el reporte oficial detalla la ejecución de intervenciones para mejorar el acceso a la justicia y la calidad de los servicios, como la construcción y readecuación de juzgados de paz en Vicente Noble, Cabral, El Peñón, Villa Jaragua, Los Ríos y Uvilla.

Ambos reconocimientos se entregaron en el contexto de la conformación de las Mesas de Gestión Participativa, instrumentos diseñados para fortalecer la coordinación y la eficiencia en los procesos judiciales de cada departamento.

Vale mencionar que en julio República Dominicana presentó los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta, una evaluación del World Justice Project con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la apertura y el desempeño de instituciones judiciales del país. El informe ubicó a la transparencia como la dimensión más consolidada, de acuerdo al Poder Judicial.

El informe del WJP señala que, detrás de la transparencia, se ubican la colaboración interinstitucional y la participación social. La organización indicó además que la rendición de cuentas es el ámbito con más oportunidades de mejora.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado el despido de un trabajador acusado de utilizar sus horas sindicales —era el representante sindical de la empresa— para realizar actividades personales en vez de laborales. La decisión, dada a conocer este verano en A Coruña, ratifica el criterio de que solo los incumplimientos graves y reiterados justifican un despido inmediato.

La empresa despidió al empleado tras un expediente disciplinario en el que afirmó que el trabajador utilizó licencias gremiales —un derecho de los delegados para cumplir con sus funciones sindicales— para tareas particulares. La compañía contrató un detective privado para seguir al empleado durante un par de semanas: según su informe, las actividades que realizó durante esas horas incluyeron permanecer en su domicilio, llevar y buscar menores al colegio, trabajar en un chiringuito, acudir a la playa y hacer compras personales. La resolución subraya que “el actor empleó el crédito de horas para beneficio propio y de forma reiterada”.

La defensa cuestionó la validez del informe de los detectives privados ordenado por la empresa. Alegó que tal seguimiento vulneraba derechos fundamentales, como la intimidad y la libertad sindical, y pidió la anulación del despido. Pero los jueces se remitieron a los criterios del Tribunal Supremo, que permiten este tipo de vigilancia solo de forma “proporcional, razonable y limitada”, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales ni implique un control abusivo sobre la función sindical. Y el tribunal señaló: “La vigilancia mediante detectives fue proporcionada, pues se limitó a los seis días en que la empresa sospechaba que la ausencia anunciada estaba motivada por intereses propios del trabajador”.

La sentencia enfatizó que solo un “incumplimiento grave y culpable” justifica el despido. Aquí, según los magistrados, existió un uso reiterado y sin justificación de las horas sindicales para fines personales, lo que resultó incompatible con la buena fe exigida por la ley laboral española.

La revisión del caso

Tras la sentencia de primera instancia, el delegado sindical presentó un recurso ante el Tribunal Superior que buscaba, principalmente, que se dejara sin efecto el informe de los detectives y, por tanto, se cambiaran los hechos considerados probados. Pero los jueces de la Sala de lo Social recordaron que no es su función revalorar pruebas generales, sino únicamente rectificar hechos en casos de error evidente documentado, lo que no ocurrió en este caso.

El crédito horario sindical es una herramienta esencial para que los representantes gremiales realicen tareas de defensa colectiva sin perder salario. Sin embargo, el fallo remarca que este derecho debe utilizarse con un “uso correcto y de buena fe”, y la empresa solo puede sancionar con despido en supuestos excepcionales, cuando hay un aprovechamiento personal “manifiesto y habitual”. La sentencia fue notificada a ambas partes y admite, como última instancia, la posibilidad de presentar un recurso de casación. La empresa no deberá reincorporar al trabajador ni abonar indemnización por despido injustificado.

El caso refuerza un criterio central en la jurisprudencia española: la protección de la labor sindical no ampara conductas personales repetidas bajo cobertura de horas gremiales, pero exige pruebas específicas y limitadas, como las aquí acreditadas por el informe de detectives.

Esta es la historia de un intento de cita que terminó mal. Su protagonista es un empleado de Navarra de Suelo y Vivienda (Navusinsa) —una compañía de promoción y gestión inmobiliaria en esa comunidad, especialmente de vivienda protegida— que un día se puso a charlar con otra persona en “una red social de relaciones íntimas”, como cuenta la sentencia del caso, que terminó en los tribunales.

Durante la charla, ambos debieron darse cuenta de que tenían un conocido en común, porque tuvieron la siguiente conversación (que se filtró y que acabó siendo fundamental en el juicio):

—Cómo sabes que está forrado?

-Por mi curro me toca ver declaraciones de la renta.

-Ah!?

-Y viste la suya?

-Me la tuvo que traer, sí. Currando en Francia no se cobra igual que aquí.

-Cuánto gana ese cabrón?

-Y en ese sentido es bastante rata... Trabaja todos los turnos de noche para cobrar más. Y luego cuando libra curra en la residencia de aquí. Pues la declaración que le vi yo, tenía casi 90.000 de ingresos. Te apetece ir a tomar algo?

No se sabe si al final tomaron algo, pero sí que esta conversación terminó revelándose a la persona aludida, que entonces envió el siguiente correo electrónico a Navusinsa: “Hace un año y medio pedí los servicios de Nasuvinsa Santesteban para una ayuda estatal para reformar mi casa que compré en Gartzain en agosto de 2022. Tuve que dar mi declaración de renta. (...) He tenido conocimiento certero, y por escrito confirmado, de que ese trabajador ha trasladado información sobre mi declaración de la renta, habiendo éste accedido a dicha información por su trabajo. La persona que me ha contado esta información (y que me gustaría mantener en el anonimato) me ha mostrado los mensajes escritos y en ellos claramente muestra que yo cobro 90.000 euros y además reconoce que lo sabe por el trabajo que tiene en Nasuvinsa”.

Como consecuencia, el empleado fue despedido. La empresa justificó el despido como “falta muy grave”. Se apoyó en el convenio del sector, que penaliza el uso indebido de información interna y la difusión de “datos de reserva obligada”.

“Ha abusado de la confianza de la empresa”

El trabajador impugnó el despido en los tribunales, tratando de minimizar la gravedad de los hechos al señalar que, en el chat, no se identificó a la empresa ni se mencionaron datos precisos sobre el trabajo. Pero el tribunal fue terminante: lo relevante es la transmisión no autorizada de información interna a extraños.

La conducta quedó tipificada como violación de la “buena fe contractual”, concepto central en el ámbito laboral. En estos casos, cuando el trabajador abusa de su puesto y rompe la confianza, la ley lo considera justificación suficiente para el despido sin indemnización. La misma sentencia también enfatiza que si la persona afectada hubiera acudido a la Agencia Española de Protección de Datos, la empresa habría estado expuesta a sanciones importantes.

En una de las citas centrales del fallo, el tribunal ratificó que “la declaración de procedencia del despido se produce porque [...] se ha probado que el trabajador ha trasgredido la buena fe contractual y que ha abusado de la confianza de la empresa”. De esta forma, la sentencia confirmó, sin lugar a dudas, que el despido fue ajustado a derecho.

Una nueva empresa textil solicitó su concurso preventivo, la herramienta judicial que suspende las ejecuciones de los acreedores y le permite a una compañía negociar su deuda mientras busca una salida a su crisis productiva.

Se trata de IGT33 S.A., la sociedad detrás de las marcas de indumentaria para hombres Rever Pass y Be Rebel, que recurrió a la Justicia con un pasivo de más de $7.000 millones (con el fisco y con bancos) y pérdidas que casi se multiplicaron en un año.

La compañía tiene más de cuatro décadas de presencia en el mercado argentino de indumentaria. Desde 2007 integra en su estructura las tareas de corte, confección, estampería y bordado, además de las áreas comerciales, administrativas y logísticas. Cuenta con más de 100 trabajadores, 13 locales en centros comerciales y una planta industrial propia ubicada en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre.

Según reveló la compañía en su presentación judicial, las ventas cayeron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante entre los ejercicios 2024 y 2025, una baja de casi 24%. La ganancia bruta se redujo de $8.962 millones a $5.678 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones. El resultado financiero aportó otros $1.200 millones negativos, y el ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con un rojo de $4.365 millones, frente a una pérdida de $515 millones en el período anterior.

Según consta en el expediente judicial, la empresa describe un proceso acumulado desde 2024 que combinó varios factores: la retracción del consumo interno de indumentaria, el avance de las importaciones a través de plataformas digitales internacionales —principalmente de origen oriental—, el aumento de los costos de producción y el encarecimiento del crédito, que llegó a niveles cercanos al 100% anual durante 2025. “Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado. Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional”, explicó a Infobae Pablo Sonne, CEO de la compañía.

Uno de los argumentos centrales del escrito presentado ante la Justicia apunta a la asimetría competitiva con las plataformas de venta directa desde el exterior, como Shein y Temu. La empresa sostiene que esas plataformas pueden llegar al consumidor sin mantener una estructura física en el país, mientras que las marcas locales deben absorber gastos de locales, personal, cargas sociales, impuestos y logística. “Empezás a ver que hay una invasión de plataformas internacionales. Se vuelve desequilibrante. Cuando cambian las reglas de juego, tenés que competir contra quienes están más armados que vos hace años. Es una carrera muy desventajosa”, sostuvo Sonne.

En el sector hay una lectura crítica sobre cómo se gestionó la apertura del mercado a las plataformas extranjeras. La visión de muchas firmas es que el problema no es la transformación en sí —que asumen como inevitable— sino la falta de un programa que la acompañe. La comparación que se hace puertas adentro es con sectores como la minería, el agro o el petróleo, que recibieron planes específicos y reducción de retenciones. Para la industria textil y el comercio, según esa lectura, esa atención no llegó: se les pide reconvertirse sin reforma laboral vigente, sin reforma impositiva concretada y sin acceso a financiamiento.

Shoppings, e-commerce y una reconversión pendiente

El cambio en los hábitos de compra también presionó sobre el modelo de negocio. El avance del comercio electrónico fue erosionando la rentabilidad de los locales en shoppings, cuyos alquileres, expensas, fondos de publicidad y costos laborales asociados ya no podían cubrirse con las ventas generadas. Eso llevó a la empresa a cerrar puntos de venta en centros comerciales y en la Costa Atlántica, con el objetivo de concentrar la actividad en canales que considera más eficientes. En ese marco, la empresa se plantea pasar de una matriz predominantemente productiva a otra que combine producción local con importación de productos terminados, una estrategia que, según el escrito, permitiría reducir costos y competir en precio con las prendas importadas.

Para sostener la operación, la firma recurrió en los últimos tres años a créditos bancarios destinados a cubrir remuneraciones, indemnizaciones, renovación de locales e incorporación de nuevas líneas de productos. Los propios accionistas y socios fundadores realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios, según consta en el expediente. “Te encontrás con ese escenario y con baja de ventas. Vas teniendo un déficit, necesidades financieras. Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores”, describió el ejecutivo, quien admitió, por otro lado, que todo este plan tiene como objetivo continuar con la marca en el mercado.

El pasivo tiene como principal componente la deuda bancaria, que alcanza unos $3.276 millones. El Banco de la Nación Argentina concentra alrededor de $2.264 millones y el Banco Provincia aparece con unos $866 millones. A eso se suman $975 millones de deuda fiscal, $1.725 millones de obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores. Al 31 de mayo, la empresa registraba unos $262 millones en cheques diferidos a proveedores, mientras que en el mercado ya figuraban 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones. Esos incumplimientos derivaron en embargos sobre las cuentas de la sociedad, que amenazaban con paralizar la operación. “Si bien el escenario sigue siendo muy competitivo, estamos siendo muy optimistas con la colección de verano. Fuimos optimizando proveedores y la propuesta será muy buena, con precios muy competitivos”, cerró Sonne.

Primero hace falta separar dos cosas que el sentido común tiende a fundir, y conviene empezar precisando qué es y qué no es una absolución. Cuando un tribunal absuelve, la persona no queda con un antecedente penal, porque los antecedentes nacen de las condenas y no de las sospechas ni de los procesos que terminaron sin ellas, de modo que, en términos jurídicos, quien fue absuelto es inocente de ese hecho y el Estado no puede tratarlo como un culpable encubierto que espera una segunda oportunidad. Por eso aquel fallo de 2018 no puede exhibirse hoy como una mancha que precede a Sosa, ni funcionar como un atajo que dé por probado, en la causa por la muerte de Isabella, aquello que deberá acreditarse con la prueba propia de esta causa.

Y sin embargo (aquí aparece la otra cara del problema) la información que se reunió entonces no desaparece ni debe destruirse, porque las autopsias, las historias clínicas, los peritajes y las actuaciones de los organismos que intervinieron existen, forman parte del registro de lo que ocurrió y pueden consultarse. La Justicia, en ese sentido, no puede ni debe olvidar, ya que olvidar sería renunciar a comprender un contexto que quizás resulte relevante para investigar un hecho nuevo, y el verdadero dilema no es que esa memoria exista, sino qué se hace con ella.

Ahí está, justamente, la línea que la pregunta busca trazar. Usar la información anterior para orientar la investigación, es decir, para decidir qué peritajes pedir, qué hipótesis descartar, cómo leer una escena o a quién convocar, es investigación legítima e incluso diligente, porque frente a una muerte que hay que esclarecer sería negligente ignorar un patrón que quizás importe; pero usar esa misma información como si fuera la prueba que falta es, en cambio, prejuicio, porque supone invertir la carga y pedirle a la persona que demuestre su inocencia “ya que la conocemos”, en lugar de exigirle al Estado que pruebe, con la evidencia del caso actual, aquello que afirma. La diferencia, entonces, no está en mirar o no el pasado, sino en si ese pasado orienta la búsqueda de prueba o pretende reemplazarla.

Este es, quizá, el punto más difícil de aceptar cuando un caso duele tanto, y es que el derecho penal juzga por el hecho y no por el autor, de manera que no condena a alguien por lo que es, por su historia o por la sospecha acumulada a su alrededor, sino por lo que se prueba que hizo en un hecho concreto y determinado. La regla puede sonar fría frente a la muerte de tres niñas, pero es exactamente la misma que impide que a cualquiera de nosotros se lo condene por su reputación, por su pasado o por la convicción que otros se hayan formado sobre nuestra persona, y esa universalidad es la que la vuelve valiosa incluso, y sobre todo, cuando cuesta sostenerla.

De modo que el hecho de que la absolución de 2018 no pueda usarse como prueba automática no significa que la investigación actual deba empezar a ciegas, y que la información previa pueda consultarse tampoco significa que la persona ya esté condenada, porque entre esos dos extremos (el olvido, por un lado, y la condena por memoria, por el otro) transcurre precisamente el trabajo serio de la Justicia, que consiste en reunir la prueba del hecho nuevo, tratarla con rigor, sostener la presunción de inocencia mientras el proceso no concluya y decidir en función de lo que esa prueba, y no el peso del pasado, permite afirmar.

Porque, al final, la memoria del sistema y sus garantías no se contraponen, sino que se ordenan una respecto de la otra: la Justicia puede recordar todo lo que sabe, y de hecho debe hacerlo, pero solo puede condenar por lo que logra probar, y confundir una cosa con la otra, dejando que la memoria haga el trabajo que le corresponde a la prueba, no es impartir justicia con más información, sino renunciar a la única forma de justicia que termina protegiéndonos a todos.

El Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano creado en la reforma constitucional de 1994, y entre sus principales atribuciones está la de seleccionar jueces nacionales, armar una terna y enviársela al primer mandatario para que éste proceda a designar a uno de ellos, con previo acuerdo del Senado.

La Constitución Nacional dispone que este órgano debe estar integrado por jueces de todas las instancias, abogados, legisladores, representantes del Poder Ejecutivo y del ámbito académico y científico. Lo que, en cambio, la Constitución Nacional omite definir, es la cantidad de miembros que dicho órgano debe tener, limitándose a señalar que debe haber un “equilibrio” entre los diferentes estamentos señalados.

La ley que reglamenta al Consejo de la Magistratura (Nro. 26.080) dispone que el mismo debe contar con trece miembros, pero la Corte Suprema de Justicia, en el año 2021, declaró la inconstitucionalidad de dicha integración (considerando que no existía el referido “equilibrio” entre estamentos), e intimó al Congreso de la Nación para que sancione una nueva ley que respete tal equilibrio, aunque sin darle un tiempo definido para ello. Mientras tanto, decidió que debe aplicarse la ley que originariamente se había sancionado (Nro. 24.937), que disponía una integración de veinte consejeros.

La ley también sostiene que a los cuatro consejeros diputados los elije la Cámara de Diputados; que a los cuatro consejeros senadores los elige el Senado; que a los cuatro abogados los designa el Colegio Público de Abogados mediante el voto de los matriculados; que al representante del Poder Ejecutivo lo designa el presidente de la Nación; que a los dos integrantes del ámbito académico los elige el Consejo Interuniversitario Nacional, y que a los cuatro jueces los designa la Asociación de Magistrados, también por el voto de sus asociados. Mientras tanto, la ley prevé que la presidencia del órgano corresponde a quien preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, la ley prevé que los consejeros duran en sus cargos cuatro años.

Diego Barroetaveña es uno de los cuatro jueces que actualmente integran al Consejo de la Magistratura, terminando su mandato en noviembre de este año 2026, y pretende ser reelecto durante cuatro años más. ¿Puede? La respuesta es definitiva y claramente negativa: no puede. Veamos por qué.

Si bien la primera ley regulatoria del Consejo de la Magistratura (la Nro. 24.937 sancionada por el Congreso de la Nación en 1997) establecía que sus integrantes podían ser reelectos por un solo período inmediato, en el año 2006 se sancionó la ley 26.080, según la cual los consejeros, al cabo de los cuatro años de mandato, debían esperar otros cuatro para poder ser reelectos como tales.

Si bien es cierto que esta última ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2021, dicho pronunciamiento alcanzó a tan sólo cuatro artículos de la misma, y no al que establece la duración y reelección de los miembros del Consejo. Por lo tanto, en esa cuestión puntual sigue estando vigente la ley 26.080, que prohíbe la reelección inmediata de los consejeros.

Sin embargo, el consejero-juez Diego Barroetaveña, tuvo la osadía de presentarse ante la Justicia para pedir que se le permita participar de la próxima elección en la Asociación de Magistrados, a fin de poder obtener su reelección como consejero.

El juez Enrique Lavié Pico que interviene en la causa, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión (que por cierto no requiere demasiado ni complejo análisis), le concedió una medida cautelar suspendiendo los efectos de la prohibición legal, y permitiéndole a su colega participar de la elección. Dicha medida cautelar, claro está, rige hasta tanto el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El Estado Nacional apeló la medida cautelar referida, y el juez Lavié Pico concedió la apelación “sin efecto suspensivo”, es decir, dejando a salvo su decisión provisoria de permitir la participación de Barroetaveña en la elección de consejeros para lograr su reelección. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal modificó el efecto con el que el juez Lavié Pico concedió la apelación del Estado a dicha medida cautelar, asignándole, tal como corresponde según la ley que regula las medidas cautelares contra el Estado, efecto suspensivo. Significa entonces que, hasta tanto se defina el fondo de la cuestión (es decir, si Barroetaveña puede, o no, acceder a una reelección como consejero), la medida cautelar de Lavié Pico, que se lo permitía provisoriamente, ha quedado suspendida.

En esto momento, por lo tanto, Diego Barroetaveña no puede presentarse en noviembre próximo para lograr su reelección como consejero de la Magistratura.

Él lo sabe porque la interpretación legal es muy sencilla, pero parece importarle más su ambición de repetir un mandato como consejero, que la aplicación correcta de la ley 26.080, que claramente le impide hacerlo. Lavié Pico también sabe que la resolución del fondo de la cuestión es sencilla y que no le puede demandar mucho tiempo hacerlo, pero también prefiere demorarla y permitir que su colega pueda participar de la elección.

Demás está poner de relieve el daño que actitudes como éstas provocan en un Estado de Derecho, y sobre todo cuando quienes participan de ellas, son nada menos que jueces de la Nación.

La rápida propagación de las llamas alcanzó tres vehículos más —dos Renault (modelos Clio y Logan) y un Volkswagen Fox— que estaban estacionados en la misma cuadra, además de dos comercios y una vivienda particular. Dos mujeres residentes en la propiedad afectada debieron recibir asistencia del SAME debido a la inhalación de humo, según detalló el organismo de emergencia.

El sospechoso, identificado por fuentes judiciales y con una condena previa de cuatro meses de prisión en suspenso por tentativa de robo, fue capturado por un oficial de la Policía de la Ciudad que patrullaba la zona. El agente intervino al observar el inicio del fuego y logró detener al imputado a una cuadra del lugar.

De acuerdo con información oficial, el sospechoso intentó escapar al advertir la llegada de los efectivos, dirigiéndose hacia las vías del Ferrocarril Sarmiento. Sin embargo, fue interceptado en la esquina de Donato Álvarez y Yerbal. Paralelamente, se alertó a los Bomberos de la Ciudad, que trabajaron para controlar el incendio y evitar daños mayores.

El caso quedó a cargo del auxiliar fiscal Federico Gotusso, quien solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°10, a cargo de Pablo Casas. La medida fue convalidada debido a la magnitud de los daños y los antecedentes del acusado. Las autoridades ahora investigan si el acusado puso en riesgo la vida de las dos vecinas, dado que ambas necesitaron atención médica tras la inhalación de humo.

La UFLA Oeste coordina nuevas pericias junto a la Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y los bomberos para determinar el grado de peligro al que fueron expuestas las víctimas. Según la investigación, el imputado había sido declarado en rebeldía en su causa anterior y no cumplió con las obligaciones impuestas por la justicia nacional.

El acusado permanece detenido bajo prisión preventiva por el delito de incendio doloso, mientras avanza la investigación para esclarecer el alcance del daño causado a las personas y bienes afectados en el barrio de Caballito.

Juanma Serrano llegó a la Audiencia Nacional este martes con algo más que una cita judicial. Llevaba consigo una pieza que puede ayudar a reconstruir buena parte de la relación que mantuvo durante años con Leire Díez: su teléfono móvil. El juez Santiago Pedraz ha ordenado repetir el clonado del dispositivo después de que la defensa cuestionara las garantías con las que se realizó el primer volcado. Y mientras los investigadores esperan poder analizar su contenido, el nombre de Serrano vuelve a ocupar un lugar destacado en una investigación que ha ido acercándose, poco a poco, al entorno más próximo de Pedro Sánchez.

No es un recién llegado a los pasillos del poder. Tampoco uno de esos dirigentes que han construido su carrera a golpe de micrófono. Serrano ha cultivado durante años un perfil mucho más discreto, pero su trayectoria está pegada a la de Sánchez desde que el actual presidente comenzó a hacerse un hueco en la cúpula del PSOE. Fue uno de los hombres que permanecieron a su lado cuando perdió Ferraz, viajó con él por España durante la campaña interna que acabó devolviéndolo a la Secretaría General y, apenas unos meses después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, se puso al frente de Correos.

Ahora, el teléfono de aquel colaborador de confianza se ha convertido en una de las piezas que la Justicia quiere examinar. La UCO ha contabilizado 9.355 mensajes de WhatsApp intercambiados entre Serrano y Leire Díez entre 2020 y 2024 y otros 1.487 mensajes a través de Signal hasta noviembre de 2025. Más de 10.000 comunicaciones que explican por qué el contenido del dispositivo interesa especialmente a Pedraz y por qué el pasado profesional de su propietario vuelve a cobrar importancia.

Del despacho de la FEMP al coche que acompañó a Sánchez en su remontada

Juan Manuel Serrano Quintana nació en Madrid en 1974 y estudió Ingeniería Técnica en Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca antes de licenciarse en Derecho por la UNED. Su carrera empezó lejos de los focos, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ocupó distintos puestos de responsabilidad y llegó a ser gerente.

Fue allí donde comenzó a tejer buena parte de las relaciones que acabarían acompañándolo durante su carrera. En la FEMP coincidió con Isaura Leal, actual secretaria segunda del Congreso y su pareja, y también con Leire Díez, con quien años después volvería a cruzarse en Correos. Por entonces, sin embargo, Serrano todavía estaba lejos de ser un nombre conocido fuera de los círculos socialistas.

El salto llegó en 2014. Pedro Sánchez acababa de conquistar la Secretaría General del PSOE y escogió a Serrano como jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal. Desde ese momento, su carrera quedó estrechamente ligada a la del dirigente socialista.

La relación se puso a prueba dos años después. En 2016, Sánchez perdió el liderazgo del partido tras el enfrentamiento interno que terminó con su dimisión. Serrano no se apartó. Cuando el exsecretario general comenzó a recorrer España para reconstruir su candidatura y buscar el respaldo de la militancia, él estaba allí.

Hay un detalle aparentemente menor que retrata bien aquella etapa. El coche con el que Sánchez recorrió España durante aquella travesía no era realmente el Peugeot que acabó bautizando a la conocida como ‘banda del Peugeot’. Era un Mercedes blanco de Serrano. Aquel vehículo se convirtió en una pequeña pieza de la historia de la remontada que devolvió a Sánchez a Ferraz en 2017.

Serrano estuvo allí cuando perdió el poder interno y también cuando lo recuperó. El propio Sánchez ha reconocido en ‘Manual de resistencia’ la importancia de quienes permanecieron a su lado durante aquellos años y ha situado a Serrano entre sus amigos y colaboradores más cercanos.

La victoria de Sánchez en las primarias socialistas no tardaría en tener una consecuencia política mayor. En 2018, la moción de censura contra Mariano Rajoy lo llevó a La Moncloa. Serrano, sin embargo, no entró en el equipo presidencial. El puesto de jefe de gabinete del presidente fue para Iván Redondo. A Serrano le esperaba otro despacho, esta vez mucho más grande: el de presidente de Correos.

De hombre de confianza de Sánchez a presidente de Correos

En julio de 2018, pocas semanas después de la llegada del PSOE al Gobierno, Serrano fue nombrado presidente de Correos. El hombre que había acompañado a Sánchez en su travesía por las carreteras españolas pasaba a dirigir una de las grandes empresas públicas del país. Allí permaneció hasta diciembre de 2023. Su paso por la compañía estuvo marcado por una profunda transformación, pero también por las críticas a su gestión y por el deterioro de las cuentas. Los sindicatos cuestionaron sus decisiones y diferentes informaciones cifraron en torno a 1.200 millones de euros las pérdidas acumuladas durante su etapa, aunque las cantidades varían en función del periodo que se tome como referencia.

Fue también durante aquellos años cuando Leire Díez entró en escena. En 2021 se incorporó a Correos y fue ocupando diferentes responsabilidades hasta llegar a áreas relacionadas con Relaciones Institucionales y Filatelia. La UCO sostiene que Serrano participó activamente en su nombramiento y considera que aquella incorporación tenía un carácter “estratégico” dentro de las actuaciones que ahora investiga.

Una conversación de mayo de 2021 forma parte de los indicios recabados por la Guardia Civil. Díez preguntó al entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, si Serrano le había respondido. “No te preocupes que lo tuyo sale”, fue la contestación. La UCO utiliza ese intercambio para reconstruir las gestiones que rodearon la llegada de Díez a Correos. Pero es el volumen de comunicaciones entre ambos lo que ha terminado colocando el teléfono de Serrano en el centro de la investigación. Los investigadores contabilizan 9.355 mensajes de WhatsApp entre 2020 y 2024 y otros 1.487 intercambios por Signal hasta noviembre de 2025.

Entre esos mensajes hay una secuencia especialmente llamativa. Ocurre en abril de 2024, después de que Sánchez publicara su carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaría unos días para decidir si continuaba como presidente. Al día siguiente, según la investigación de la UCO, Díez contactó con Serrano con carácter urgente y le pidió que acudiera a Ferraz. El 26 de abril ambos participaron en una reunión en la sede socialista con Santos Cerdán.

Para entonces, Serrano ya había dejado la presidencia de Correos. Pero tampoco había desaparecido del sector público. En enero de 2024 había sido nombrado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), dependiente del Ministerio de Transportes, un puesto que ocupó hasta 2025 antes de incorporarse al sector privado.

Su recorrido, de la FEMP a Ferraz y de allí a las grandes empresas públicas, explica buena parte del interés que ahora despierta su figura. Pero es la relación con Díez la que ha colocado definitivamente el foco sobre él. La UCO sostiene que ambos mantuvieron una comunicación habitual y que Serrano tuvo una participación relevante en determinadas actuaciones que forman parte de la investigación. Por eso el teléfono importa tanto. El primer volcado, realizado por la Guardia Civil en julio, fue cuestionado por su defensa, que reclamó que se repitiera con las garantías correspondientes. Pedraz ha ordenado ahora un nuevo clonado, con Serrano y su abogado presentes.

El juez quiere acceder a una conversación que se prolongó durante años y que reúne miles de mensajes entre dos personas que compartieron primero un espacio profesional en la FEMP y después una etapa decisiva en Correos. Qué se dijeron, qué gestiones conoció Serrano y qué papel tuvo en ellas es precisamente lo que la investigación trata ahora de reconstruir a partir de un teléfono que, durante unas horas, ha vuelto a convertirse en el protagonista de su historia.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó el 17 de agosto a 131 miembros de la estructura criminal Teclas Locos Salvatruchos a severas penas de prisión por delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, fabricación y comercio de explosivos, así como por agrupaciones ilícitas.

Según informó Corte Suprema de Justicia la sentencia alcanza hasta 75 años de cárcel para los principales líderes de la organización, que operaba en el departamento de La Libertad.

El fallo judicial identificó a Ángel Gabriel Martínez Guzmán como uno de los principales responsables, condenado a 75 años de prisión por los delitos de:

• Tráfico ilícito
• Fabricación, portación y comercio ilegal de armas de fuego
• Explosivos caseros
• Agrupaciones ilícitas.

Martínez Guzmán ostentaba el rango de observación dentro de la estructura. Otros miembros con cargos de observación, Alex Vladimir Rivas Caballero y Jonathan Samuel Canales, recibieron penas de 60 años de prisión, vinculados a delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

La jueza responsable del caso también señaló a Daniel Ernesto Pineda Aragón, alias Wite, identificado como corredor de clica de la base central El Pino. Junto a Abraham Cornejo Hernández, alias Anona, y Melvin Josué Chávez Quintanilla, alias Tamal, ambos homeboys con funciones de mando, recibieron sentencias de 45 años de prisión.

La resolución detalla que 19 homeboys, ocho chequeos, ocho observaciones, 26 paros y 65 colaboradores fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión. La jueza enfatizó que parte de los sentenciados intentó huir del país, aunque todos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. Según la magistrada, los ahora condenados no continuarán afectando a la población del departamento de La Libertad.

Condena reciente a la clica Park View Locos Salvatruchos

El pasado 13 de agosto, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, también condenó a 54 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaba en diferentes distritos del departamento de Ahuachapán, entre ellos El Refugio, Atiquizaya, Concepción de Ataco y Guaymango.

La pena más elevada, de 45 años de cárcel, fue impuesta a Edgar Antonio Santamaría Ramos, alias Conejo, y Hermes Antonio Cerritos García, alias Ratón, ambos capturados en 2022 y señalados como corredores de clica. El proceso determinó que ejercían funciones de liderazgo dentro de la estructura.

Por otra parte, José Eduardo Lima Menéndez, alias Gatonejo, fue condenado a 44 años de prisión por agrupaciones ilícitas y tenencia y portación ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia de sustancias prohibidas. Lima Menéndez fue capturado el 17 de julio de 2024 en la finca La Reforma, en Atiquizaya, donde las autoridades le incautaron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación legal y una porción de material vegetal que, tras pruebas de campo, resultó ser marihuana valorada en aproximadamente 300 dólares.

En el mismo proceso, Pedro Ángel Vindel Rivera recibió una pena de 27 años de prisión por robo agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Su detención ocurrió el 9 de abril de 2022, tras una alerta policial sobre la privación de libertad de dos trabajadores en el distrito de Ahuachapán. Los agentes lograron rescatar a las víctimas, quienes permanecieron con vida, y capturaron a Vindel Rivera, perfilado como homeboy de la MS-13.

Donald Antonio Barahona Quiñonez fue condenado a 26 años por posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas. Otros 16 procesados, identificados como homeboys y con tatuajes alusivos a la estructura criminal, recibieron sentencias de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

El Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que el cambio de sexo no sirve para eludir el agravante de género tras una sentencia por la violencia. No obstante, la ley trans ya especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género.

El Tribunal ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por violencia de género, que argumentó que su reciente cambio registral de sexo invalidaba la condena. La sentencia, que se ha hecho pública este martes, marca un precedente sobre el alcance de los cambios de sexo en el Registro Civil en causas penales.

La causa se originó después de que D.R. (hombre) y M.J.E. (mujer) fueran condenados en junio de 2022 por el Juzgado de lo Penal N° 3 de Castellón. El fallo consideró probado que el 20 de abril de 2022, tras una situación de tensión en el domicilio de la ex pareja de D.R., ambos agredieron a la mujer y a la hija menor de ocho años de la expareja.

D.R. fue sentenciado a nueve meses y un día de prisión por violencia de género, además de otras sanciones como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y su hija por un año y un día. También se le impuso la privación del derecho a portar armas por dos años y la responsabilidad civil de pagar 350 euros a la expareja y 180 euros por las lesiones a la hija. Por su parte, M.J.E. fue condenada a un mes y quince días de multa por un delito leve de lesiones.

La Audiencia Provincial de Castellón confirmó la sentencia en junio de 2023 y impuso además el pago del 50% de las costas procesales a cada uno de los condenados, pero ambos acusados recurrieron ante el Tribunal Supremo.

Sus defensas alegaron que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, planteando cuestiones constitucionales para intentar revertir la condena. Pero, además, el hombre, que después de la condena tramitó y obtuvo el 1 de junio de 2023 el cambio registral de sexo ante el Registro Civil de Castellón, argumentó que ya no podía ser considerado autor de violencia de género, por tratarse actualmente de una mujer.

El cambio no es retroactivo

El Tribunal Supremo ha rechazado todos los argumentos. “No puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por delito correspondiente a la violencia de género, en los dos casos siguientes: a) Cuando los hechos hayan ocurrido cuando el autor del delito era varón, a tenor de sus datos registrales, en el momento de los hechos, pues el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos. b) Cuando el cambio de sexo sea una operación registral civil previa al delito, llevada a efecto con la intencionalidad de defraudar la ley”, recuerda en la sentencia.

Esto significa que la justicia mantiene la condena original, al considerar el género según figuraba en el registro civil en el momento de los hechos juzgados, sin admitir que una modificación posterior pueda afectar la calificación penal de lo ocurrido, ni en este caso, ni en ningún otro.

Como todos los días, Lucía Calvete caminaba por el barrio Piedras Blancas, en la periferia de Montevideo, junto a su madre y su padrastro. Los tres se dirigían hacia la parada de ómnibus, donde la joven de 24 años esperaría su transporte hasta el trabajo. Tenía que ir acompañada porque tenía miedo: su ex pareja –que está presa por homicidio– llevaba meses hostigándola. Ella quería una custodia para no tener un final que parecía tan previsible como evitable.

Mientras caminaba, un hombre llegó hasta ella, sacó un arma y la hirió en su pelvis. Su padrastro estaba armado y se enfrentó a los tiros con el agresor, pero recibió un disparo en el pie. Los dos fueron trasladados a un centro de salud, aunque la peor parte se la llevó Lucía. A las pocas horas, la noticia en Uruguay era que había fallecido.

La joven no tenía antecedentes penales.

Lucía trabajaba en la Aguada, un barrio céntrico de Montevideo, muy cerca del Palacio Legislativo, la sede del congreso uruguayo.

Hacía casi tres años que Lucía había decidido cortar el vínculo con este hombre condenado por homicidio y, desde entonces, había comenzado sobre toda la familia una serie de hostigamientos, según informó este jueves el noticiero Telemundo de Canal 12. Las formas de violencia sobre ellos eran diversas: les dejaron balas en el buzón de la casa, dispararon contra la fachada de la casa, les enviaron mensajes, le pegaron a algunos de ellos, arrojaron una bomba molotov contra el vehículo de una de las hermanas.

Una vez, llegaron a disparar desde un taxi; otro día, en bicicleta. Para el asesinato, llegaron caminando.

En la casa de la familia todavía se ven varios de los impactos de las balas.

El caso es investigado como un femicidio por encargo ordenado desde la cárcel por Jonathan, la ex pareja de la fallecida. Sin embargo, todavía no se ha podido comprobar quién es el autor intelectual del ataque ni tampoco el autor material.

El llanto de la hermana: “Me la mataron como un perro”

La familia de Lucía había respondido a los constantes hostigamientos con un pedido de protección por parte de la Justicia, pero nunca hubo una respuesta, según denuncian.

El último antecedente violento sobre ellos ocurrió pocos días antes del femicidio: el viernes, cuando Lucía estaba llegando a trabajar, intentaron balearla por dos hombres que la esperaban. Faltaban pocos días para que sea asesinada.

“Ayer (por el miércoles) sale a trabajar, como todos los días con mi madre, camina media cuadra y me la matan como un perro. Nadie hace nada. ¿Qué más pruebas quiere la fiscal? ¿Que le lleve el cuerpo de mi hermana? ¿Eso quiere?”, relató Agustina Calvete, la hermana de la víctima, en su entrevista con el noticiero Telemundo.

Calvete relató que hubo más de una denuncia formal.

Otro episodio de violencia fue una agresión que hubo contra su pareja y su hermana. Cuando terminaron de pegarles, les dijeron: “Esto viene del Jonita”, como se llamaba el hombre que está en la cárcel. Desde ese día, Calvete empezó a denunciar este tipo de situaciones.

“Estaban todas las denuncias correspondientes hechas y nadie hizo nada. La fiscal quiere más pruebas. Yo entiendo que la Policía haga su trabajo y si la fiscal suelta el caso ya no es problema de ellos. ¿Pero dónde está la Fiscalía?”, volvió a cuestionar la mujer.

Calvete dijo que siente “rabia e impotencia” por lo que vivió. Y ahora toma fuerzas por el deseo que tiene de que se haga Justicia. Que su hermana descanse en paz.

La advertencia que quedó registrada en televisión

El pedido de custodia policial había quedado registrado en la televisión uruguaya. El 24 de julio, el noticiero Telenoche de Canal 4 había hablado con otra de las hermanas de Lucía. “Estamos viviendo una situación hace dos meses con una persona que nos está acosando y agrediendo”, dijo la mujer ante las cámaras.

Sin mencionarlo, se refería a la ex pareja de su hermana, quien dijo que estaba “privado de su libertad”. “Nos agrede, nos ha prendido fuego el auto. Me intentó prender fuego la casa”, expresó. En esa nota televisiva, la mujer pidió a la Justicia que intervenga.

La mujer dijo que la vida de la casa había cambiado: estaba todo el día encerrada y ya no podía dormir en su cuarto, que daba hacia el frente de la casa. “No podemos vivir tranquilos. Salimos del almacén controlándonos el uno al otro”, expresó, preocupada.

¿Qué pasó con las denuncias?

Las denuncias que había presentado la familia Calvete nunca llegaron a ser investigadas por la Fiscalía porque fueron archivadas en la oficina que se encarga de derivar los casos, informó Telemundo.

La investigación que ahora está abierta es la del homicidio que, posiblemente, tenga la carátula de un nuevo femicidio en Uruguay.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la adopción del Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, e instó a las fiscalías en México a impulsar una difusión y capacitación para su correcta aplicación.

Con ello, las autoridades ministeriales deberán aplicar lineamientos especializados, cuyo objetivo es fortalecer la persecución de delitos y garantizar el acceso a la justicia de quienes defienden derechos fundamentales. El instrumento legal responde a una exigencia de organismos nacionales e internacionales y busca cerrar vacíos que han permitido la impunidad en agresiones contra este sector en México.

En el periodo comprendido entre 2016 y 2025, se documenta que 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y 43 más desaparecieron en circunstancias presuntamente relacionadas con su labor. Estas cifras confirman la gravedad de la violencia que enfrentan quienes impulsan causas sociales en el país y justifican la urgencia de herramientas enfocadas en su protección.

Protocolo obliga a fiscalías a priorizar líneas de investigación vinculadas con la defensa de derechos

El protocolo establece la aplicación obligatoria en todo el país cuando existan indicios que relacionen la actividad de defensa de derechos humanos con la comisión de un delito. Las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República deberán agotar prioritariamente todas las líneas de investigación que tengan vínculo con la labor de la víctima. Este enfoque pretende evitar la desestimación temprana de móviles relacionados con la defensa de derechos y garantizar investigaciones exhaustivas.

Entre los elementos clave del protocolo, destaca la definición formal de persona defensora de derechos humanos, alineada con los estándares internacionales. El documento también reconoce el principio de no criminalización de la labor de defensa y establece la obligación de crear un registro nacional de denuncias por delitos cometidos contra personas defensoras. Además, la participación activa de las víctimas, sus familiares y redes sociales en las investigaciones queda reafirmada como parte central del procedimiento.

Creación y adopción del instrumento surge de proceso participativo

El nuevo mecanismo es resultado de un proceso iniciado en 2022, cuando la Fiscalía General de la República y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México acordaron desarrollar una herramienta especializada. Durante 2023 y 2024, el contenido del protocolo fue enriquecido con aportaciones técnicas de fiscalías locales, instituciones públicas, organizaciones civiles, personas expertas y mecanismos internacionales.

La validación del protocolo en la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia representa el cierre de una etapa de diálogo y colaboración entre el Estado mexicano y actores sociales.

“Celebro la adopción de este importante Protocolo, que espero contribuya significativamente a fortalecer los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en México. Aliento a las autoridades a adoptar medidas inmediatas para asegurar su implementación decidida”, declaró por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México en abril de 2026.

La entrada en vigor del protocolo exige la capacitación inmediata del personal ministerial en todo el país. Las fiscalías deberán impulsar campañas de difusión para informar a la sociedad y establecer mecanismos que permitan evaluar periódicamente los resultados de la nueva herramienta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera la disposición de su oficina para brindar asistencia técnica durante la implementación y fortalecer capacidades institucionales.

La adopción de este protocolo responde a la persistencia de ataques graves y sistemáticos contra quienes defienden derechos humanos en México. El registro institucional obligatorio y la especialización de las investigaciones aparecen como herramientas fundamentales para combatir la impunidad y atender recomendaciones internacionales.

La segunda edición de los Premios Quorum 2026 se puso en marcha con la definición de las ternas que competirán en las 15 categorías correspondientes, que comenzaron a ser delineadas por el Consejo de Notables, compuesto por 12 decanos de reconocidas facultades de Derecho del país.

El primer período de selección continuará abierto hasta el 25 de agosto. Una vez que ese plazo concluya, la decisión sobre los ganadores estará en manos de más de 150 especialistas del ámbito jurídico.

Bajo un sistema que utiliza como criterios la ética, el mérito profesional, la innovación y el impacto institucional, se lleva adelante el proceso. Se evaluarán solamente los aportes y logros realizados entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Las 15 categorías

• Trayectoria Judicial Destacada
• Revelación Judicial Joven
• Innovación en la Gestión Judicial (AMBA)
• Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa
• Excelencia en Educación Jurídica
• Excelencia en Derecho Penal y Penal Económico
• Excelencia en Derecho Administrativo
• Excelencia en Derecho Laboral
• Excelencia en Derecho Civil y Comercial
• Excelencia en Derecho Corporativo
• Estudio Boutique del Año
• Mejor Proyecto Judicial Impulsado por las Provincias
• Tribunal o Juzgado Destacado del Año
• Ministerio Público Fiscal Destacado
• Estudio Jurídico del Año

Además, habrá menciones de honor para personalidades e instituciones destacadas y la ceremonia concluirá con un homenaje especial dedicado a una figura relevante para la justicia argentina.

La noche de la Justicia argentina

El martes 6 de octubre, el gran evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Desde las 18 se ofrecerá un cóctel, y a las 19 comenzará la ceremonia de entrega de premios.

En su segunda edición, el evento sumará una presencia internacional relevante. Entre quienes asistirán se encuentran magistrados federales en funciones de Estados Unidos; la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España; un Fiscal de la Corte español; el Procurador de Justicia Criminal de San Pablo, Brasil; jueces de Uruguay; integrantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya y un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias, además de otras figuras jurídicas del exterior.

La jornada será consagrada como la noche de la Justicia argentina, concebida para reconocer trayectorias, distinguir la innovación, valorar nuevas generaciones y rendir homenaje al trabajo de actores clave para una Justicia de mayor calidad desde la abogacía, la academia, el sistema judicial y las distintas instituciones.

El medio especializado en asuntos judiciales Quorum, que forma parte del Grupo El Observador, intentará por segunda ocasión afianzarse como uno de los principales encuentros anuales dirigidos a la comunidad jurídica argentina.

La edición 2025

La primera edición de los Premios Quórum se celebró el 14 de octubre de 2025 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, convirtiéndose en la primera gala de premiación del mundo judicial argentino. La ceremonia, organizada por el medio especializado Quórum, homenajeó a jueces, fiscales, académicos, periodistas, organismos, proyectos y contenidos que se destacaron en sus respectivos campos.

La premiación contó con 20 categorías que recorrieron el ecosistema de la justicia argentina: desde la trayectoria judicial y la innovación tecnológica hasta la excelencia académica y el acceso a la justicia para grupos vulnerables.

Entre los nominados de aquella edición se destacaron Carlos Mahiques, Juan Carlos Maqueda y Diego Luciani en Trayectoria Judicial Destacada; Hugo Alconada Mon, Diego Cabot y Ricardo Roa en Investigación Periodística Judicial del Año; y el documental El Juicio de Ulises de la Orden en Mejor Contenido Audiovisual Basado en Hechos Reales.

¿A cuánto estamos de que la tecnología atrape al delincuente y la inteligencia artificial lo juzgue? ¿Y si el próximo policía que nos detenga no fuera una persona? ¿Y si el próximo juez que analice nuestro caso estuviera asistido por una inteligencia artificial?

La respuesta inmediata suele ser que eso pertenece a la ciencia ficción. Sin embargo, basta observar cómo evolucionó la tecnología durante la última década para descubrir que ese futuro ya empezó.

Hoy existen cámaras capaces de reconocer un rostro entre millones de personas en segundos. Algoritmos que detectan comportamientos anómalos antes de que un operador los advierta. Drones autónomos que patrullan fronteras. Sistemas que procesan miles de horas de video y reconstruyen los movimientos de un sospechoso a partir de cámaras, teléfonos, lectores de patentes y registros digitales.

Todo eso ya existe. Y si una máquina puede observar, identificar, comparar y aprender, la pregunta deja de ser tecnológica para convertirse en institucional.

¿Quién decide?

Durante siglos, el monopolio de la fuerza fue ejercido por personas. Un policía decide detener. Un fiscal decide acusar. Un juez decide condenar o absolver.

Sin embargo, la inteligencia artificial ya empezó a ocupar un lugar en esa cadena de decisiones.

En 2016, la Corte Suprema de Wisconsin resolvió un caso que marcó un precedente: State v. Loomis. El juez tuvo en cuenta el resultado de COMPAS, un algoritmo que estima el riesgo de reincidencia. La Corte avaló su utilización como una herramienta de apoyo, pero dejó una advertencia clara: el algoritmo nunca puede reemplazar el criterio del juez ni convertirse en el factor determinante de una sentencia.

El dato es extraordinario. La inteligencia artificial no reemplazó al juez. Pero ya empezó a sentarse a su lado.

Ese cambio representa una transformación histórica. Durante siglos, evaluar el riesgo fue una tarea exclusivamente humana. Hoy, en algunos sistemas judiciales, esa valoración comienza con una recomendación elaborada por un algoritmo.

Sus defensores sostienen que estas herramientas permiten decisiones más objetivas y consistentes, basadas en enormes volúmenes de información que ningún ser humano podría procesar. Sus críticos responden que también pueden reproducir los sesgos de los datos con los que fueron entrenadas, funcionar como una “caja negra” difícil de auditar e influir sobre la libertad de una persona mediante procesos que no siempre pueden explicarse completamente.

La gran discusión ya no es si la inteligencia artificial puede decidir. La verdadera discusión es cuánto estamos dispuestos a dejar que decida.

Mientras ese debate continúa, la tecnología sigue avanzando.

No resulta difícil imaginar un escenario dentro de veinte años en el que una inteligencia artificial detecte un delito a través de cientos de cámaras, identifique al sospechoso mediante reconocimiento facial, reconstruya automáticamente sus movimientos, organice la prueba digital y entregue al fiscal un expediente prácticamente terminado en cuestión de minutos.

La investigación criminal cambiará para siempre. La Justicia también.

Pero existe una diferencia fundamental entre una democracia y un régimen autoritario. No está en la tecnología que utiliza, sino en quién la controla y bajo qué reglas.

La inteligencia artificial podrá ayudarnos a investigar mejor, encontrar prófugos más rápido, detectar organizaciones criminales con mayor precisión e incluso asistir a los jueces con análisis imposibles para una persona.

Pero nunca debería sustituir el razonamiento jurídico, la responsabilidad institucional ni el control humano sobre las decisiones que afectan la libertad.

Porque el desafío del siglo XXI no será construir inteligencias artificiales cada vez más poderosas. Será construir instituciones capaces de ponerles límites.

El crimen ocurrió el domingo 24 de mayo, pero esta semana hubo novedades judiciales sobre este triple asesinato. Dos coautores del crimen, un joven de 19 años y otro de 18, huyeron a Argentina después de ese episodio. Allí fueron detenidos y extraditados a Uruguay, donde la Justicia los imputó.

La información oficial señala que fueron tareas de inteligencia y de campo que permitieron identificar a estos presuntos autores del triple crimen. El caso fue presentado a la Fiscalía, que libró las órdenes de detenciones. Luego, los investigadores confirmaron que dos de los buscados se habían fugado a Argentina, por lo que fue necesario desplegar un trabajo conjunto entre la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

El joven de 18 años ya imputado fue encontrado por autoridades argentinas cuando quería salir de la ciudad de Buenos Aires con destino a Uruguay. El miércoles fue trasladado a Montevideo y se lo puso a disposición de la Justicia.

El joven fue imputado y enviado a prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación, por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice. Para las siguientes horas estaba previsto el ingreso a Uruguay del otro joven, que también fue detenido en la capital Argentina.

El joven de 19 años fue imputado este viernes, informó el Ministerio del Interior. En su caso, fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por concurso en calidad de autor y como medida cautelar se le envió a prisión preventiva hasta el 30 de diciembre.

El triple crimen en la boca de drogas

Los hombres que llegaron a la boca de drogas una noche de domingo dispararon al menos 50 veces. Las víctimas mortales fueron una mujer de 35 años, que tenía cinco antecedentes penales; un joven de 29 años, con cuatro antecedentes; y otro joven de 23 años, que no tenía antecedentes. En primera instancia, todo apuntó á una conflicto entre bandas criminales.

Uno de los cuerpos apareció en el living, otro en una pieza contigua a la vivienda y una tercera persona aparece herida de bala afuera. Las otras víctimas estaban en un dormitorio. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con un hombre herido en las piernas, que le alcanza a decir que adentro estaban todos muertos.

Estaba previsto que esa vivienda se allanara al día siguiente del triple crimen, como finalmente sucedió.

La boca del Ricardito

Esta boca de drogas pertenecía a Ricardo Cárceres Correa, conocido como Ricardito, un conocido delincuente uruguayo. A fines de julio, en una audiencia judicial, lo reconoció y mirando a los periodistas, dijo: “Yo no tengo nada que ver con ese triple homicidio. La gente que estaba en esa boca es mía y eran personas inocentes”.

“Yo no soy un asesino, pero sí soy un traficante”, dijo también en esa instancia, según lo relatado por el medio uruguayo. Pero más allá de su comentario, Cáceres también es investigado por homicidios.

Su abogada, Leticia Latorre, dijo esa vez que Ricardito controlaba bocas de manera telemática. “Él se dedica a trabajar, a la plata. No se dedica a matar. Son las palabras que él desarrolla de esta situación”, señaló, a la salida de esa audiencia judicial.

La boca de drogas en la que ocurrió el triple crimen fue allanada al día siguiente y se detuvo a su pareja. Ella era la encargada de comunicar al cabecilla de la banda con los demás integrantes de la organización. También recolectaba y administraba parte del dinero. Tenía un vehículo a su disposición, que usaba para recorrer bocas, reunirse con encargados y levantar efectivo.

La incautación de celulares permitió obtener información sobre el modus operandi de Cáceres y confirmó que seguía operando cómo el líder de un grupo criminal estando en la cárcel. Después de este triple crimen, fue trasladado a una unidad de máxima seguridad.

Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja, Luis Carlos Rivera, tras presentarse este jueves ante la autoridad judicial en Ejea de los Caballeros. Recordemos que la pareja fue detenida el pasado 10 de agosto como los presuntos autores del homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza) la madrugada del sábado, 8 de agosto.

La casa de las víctimas, el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y su mujer, miembro implicada en el Área de la Mujer, además de ser parte de la Red de Medio Ambiente y la Red de Feminismo de la intercomarcal de Izquierda Unida de Zaragoza, no fue forzada y sus pertenencias de valor seguían dentro. Por lo que los encargados del caso centraron su investigación en el círculo cercano al matrimonio.

La decisión de la prisión provisional se ha adoptado después de que ambos se negaran a prestar declaración. Por lo que han sido trasladados al centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), según informaron sus abogados.

El crimen tuvo lugar de madrugada

La investigación sobre los homicidios de Javier Sánchez y Esther Latorre en Tauste continúa generando interrogantes. La noche de los hechos, la pareja salió a cenar en un bar del pueblo y, pasada la medianoche, se retiró a su domicilio. Una hora después, Sánchez publicó un video en Facebook en el que aparecía el entonces presidente de Colombia, Gustavo Petro, saliendo de la Casa de Nariño antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

Después de que la pareja regresara a su vivienda y, según informó Periodista Digital, un vecino escuchó gritos cerca de las 3:27 horas. No obstante, las circunstancias exactas entre ese momento y el hallazgo de los cuerpos siguen sin esclarecerse, en parte por la no declaración de los presuntos responsables del doble crimen.

Como las puertas y las ventanas permanecían intactas, los investigadores descartaron un posible robo en la vivienda. Además, la Guardia Civil descartó que fuera un posible caso de violencia machista con un posterior suicidio. Así, el foco de la investigación pronto se dirigió a Carlota, hija de la pareja, de 40 años, quien se encontraba en Zaragoza en el momento del crimen.

Menos de 36 horas después del hallazgo de los cuerpos, la policía detuvo a Carlota y a su pareja, Luis Carlos, ciudadano colombiano de 31 años, ambos como presuntos responsables de los asesinatos. Hasta el momento, no se han hecho públicas pruebas concluyentes que los vinculen directamente con los homicidios, según destacaron tanto El Español como Periodista Digital.

La pareja vivía en un piso de Zaragoza, a unos 40 minutos del domicilio de Javier Sánchez y Esther Latorre. No se ha determinado cómo se desplazaron esa noche hasta el lugar de los hechos, ya que ninguno de los dos disponía de vehículo propio. Las hipótesis barajadas por los investigadores contemplan la posible intervención de una tercera persona o el uso de transporte público para llegar a la vivienda de las víctimas. De este modo, la investigación sigue abierta mientras la autoridad judicial y la Guardia Civil intentan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

En las postrimerías del siglo XVIII, mientras París ardía bajo las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, una mujer inglesa cruzaba el Canal de la Mancha con una máquina de escribir invisible en la mente y una certeza punzante en el pecho: la revolución de los hombres se había olvidado de la mitad de la humanidad. Esa mujer era Mary Wollstonecraft, y su grito de guerra intelectual no reclamaba la piedad de los poderosos, sino la reconfiguración absoluta del contrato social.

De entre todo el arsenal de ideas que legó a la posteridad, hay una que funciona como un bisturí sobre las buenas conciencias de su época y de la nuestra: “Es la justicia, no la caridad, lo que falta en el mundo”. No es un aforismo lanzado al azar sino el nudo gordiano del Capítulo 4 de su obra fundamental, Vindicación de los derechos de la mujer, publicada en 1792. Dos años antes, cuando publicó el ensayo, Vindicación de los derechos del hombre, se dio cuenta de que el debate estaba incompleto.

La importancia de Vindicación de los derechos de la mujer radica en que fue el primer tratado sistemático que argumentó que la aparente inferioridad intelectual y moral de las mujeres no era una condición biológica, sino el resultado directo de una educación deficiente diseñada para volverlas sumisas y ornamentales. Así se convirtió en un manifiesto fundacional. En un mercado editorial dominado por tratados de conducta masculinos, el libro de Wollstonecraft irrumpió como una provocación intolerable.

Para entender el peso de la frase, hay que mirar la Inglaterra de la Revolución Industrial. La respuesta de las clases altas ante la creciente miseria urbana era la beneficencia. Las damas aristocráticas fundaban asilos y los caballeros repartían limosnas domingueras. Para Wollstonecraft, esta “caridad” era una trampa perversa: un mecanismo psicológico que permitía a los ricos sentirse morales mientras mantenían intactas las estructuras coloniales, de clase y de género que provocaban esa misma pobreza.

Cuando escribe “It is justice, not charity, that is wanting in the world!”, la pensadora está denunciando que la caridad humilla al que la recibe y eleva falsamente al que la da, perpetuando una relación de subordinación. La caridad es discrecional, un favor que se puede otorgar o retirar. La justicia, en cambio, es un derecho inalienable, universal y exigible ante la ley. Esta línea resume la arquitectura de su pensamiento, que no buscaba parches emocionales para el sufrimiento humano, sino reformas estructurales.

Para ella, la emancipación femenina y la justicia social eran dos caras de la misma moneda. No bastaba con que los maridos fueran “buenos” o “caritativos” con sus esposas; las mujeres necesitaban independencia económica, representación política y acceso a la misma educación racional que los varones para dejar de ser consideradas ciudadanas de segunda categoría. La vida de la propia autora reflejó esta batalla, quien se negó a seguir los caminos tradicionales de la dependencia económica.

Wollstonecraft trabajó como institutriz, traductora y escritora profesional en Londres, un hito descomunal para la época. Su trágica muerte a los 38 años, tras dar a luz a su segunda hija —la futura escritora Mary Shelley, autora de la mítica novela Frankenstein o el moderno Prometeo—, interrumpió una de las mentes más brillantes de la Ilustración tardía. La frase hoy citada es apenas una idea de las tantas que produjo, pero que sigue vigente y se mete en el debate entre asistencialismo y derechos.

En pleno siglo XXI, las discusiones sobre la brecha salarial, las políticas de cuidado y los subsidios estatales de emergencia repiten la tensión que Wollstonecraft detectó en 1792. Cuando la filósofa exige justicia en lugar de caridad, nos obliga a mirar las raíces de la desigualdad. Nos recuerda que las sociedades no se miden por el tamaño de sus fundaciones filantrópicas, sino por la solidez de sus leyes igualitarias. Una advertencia de que la dignidad humana no se pide como favor, se reclama como derecho.

¿Quién es Mary Wollstonecraft?

Mary Wollstonecraft (1759-1797) fue una filósofa, escritora y pensadora política británica, considerada hoy una de las grandes pioneras del feminismo moderno. Nacida en Londres en el seno de una familia económicamente inestable debido a los excesos de su padre, desarrolló desde muy joven un profundo sentido de la independencia y una aguda sensibilidad ante las injusticias sociales. Desafiando los estrictos mandatos de su época, logró sostenerse económicamente a través de su trabajo intelectual.

Entre sus textos políticos más audaces están Vindicación de los derechos del hombre (1790) y Vindicación de los derechos de la mujer (1792). Su vida personal estuvo marcada por la pasión, los viajes y una constante búsqueda de libertad que escandalizó a la pacata sociedad georgiana. Vivió de cerca los años más turbulentos de la Revolución Francesa en París, experiencia que plasmó en su ensayo Una visión histórica y moral del origen y progreso de la Revolución Francesa (1794).

Sobrevivió a desengaños amorosos que la llevaron al borde del suicidio antes de publicar su aclamada crónica de viajes Cartas escritas durante una corta residencia en Suecia, Noruega y Dinamarca (1796). Se casó con el filósofo anarquista William Godwin poco antes del nacimiento de su hija. Murió a los 38 años debido a una infección posparto (fiebre puerperal), dejando un legado inmenso que heredaría directamente su segunda hija, Mary Shelley, la célebre autora de Frankenstein o el moderno Prometeo.

Cada vez que la Justicia dicta una sentencia por hechos de corrupción ocurridos veinte años atrás, nos preguntarnos qué ocurre con una democracia cuando uno de sus poderes esenciales tarda décadas en cumplir su función.

La corrupción existe en casi todas las democracias. Lo que distingue a los países con instituciones sólidas no es la ausencia de personas deshonestas, sino la certeza de que quien viola la ley será investigado, juzgado y condenado en un plazo razonable.

Las causas Vialidad, Skanska, Sueños Compartidos y tantas otras vuelven a plantearnos la misma pregunta: ¿puede una República aceptar que los hechos más graves contra el patrimonio público se resuelvan dos décadas después? Cuando la respuesta judicial demora tanto, pierde gran parte de su capacidad preventiva. La sanción deja de ser un mensaje claro para quienes ejercen el poder y se convierte en el cierre tardío de una historia que la sociedad casi olvidó.

La demora, además, altera los incentivos. Mientras los procesos se eternizan y las condenas excepcionales o tardías parecen la regla, siempre existirá quien crea que el beneficio de corromperse puede ser mayor que el riesgo de ser castigado. Ningún sistema de control será verdaderamente eficaz si la probabilidad de una sanción oportuna resulta incierta.

Por eso la corrupción daña al Estado. Pero la impunidad destruye la República.

Sin embargo, el daño más profundo no termina allí.

Una Justicia que no resuelve en tiempo y forma no solo promueve la corrupción. También erosiona lentamente la confianza en las instituciones. Y cuando una sociedad deja de confiar en sus instituciones, comienza a debilitarse la democracia.

Los ciudadanos necesitan creer que todos somos iguales ante la ley y que los conflictos tendrán una respuesta previsible dentro de un tiempo razonable. Esa previsibilidad no solo genera seguridad jurídica para quienes invierten; fortalece, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho.

Las democracias no se derrumban de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando sus instituciones dejan de cumplir adecuadamente el rol para el que fueron creadas. En ese vacío institucional, prosperan el desencanto, el escepticismo y, muchas veces, los discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas a costa de debilitar las garantías y las instituciones republicanas.

Por eso fortalecer la Justicia no constituye una demanda corporativa de jueces o abogados. Es una verdadera política de Estado.

Durante décadas discutimos cómo mejorar la política. Reformamos leyes electorales, promovimos mayores estándares de transparencia y creamos nuevos organismos de control. Sin embargo, seguimos postergando la reforma institucional más importante de todas: construir un Poder Judicial más independiente, más profesional, más eficiente y más cercano a las necesidades de la sociedad.

No es reclamar condenas apresuradas, es garantizar procesos ágiles, respetuosos del debido proceso y de todas las garantías constitucionales, pero incompatibles con demoras irrazonables. Porque la demora también es una forma de injusticia.

Perjudica al imputado que permanece años bajo sospecha sin una sentencia definitiva. Perjudica a las víctimas, que esperan una respuesta. Y perjudica a toda la sociedad, que termina perdiendo confianza en la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Necesitamos una Justicia independiente, eficiente, transparente y previsible.

Ese cambio exige decisiones concretas. Cubrir con rapidez las vacantes judiciales mediante concursos transparentes; modernizar la gestión de los tribunales incorporando tecnología y mejores prácticas; fortalecer los fueros especializados en delitos complejos; establecer mecanismos de evaluación que contemplen también la duración razonable de los procesos; y promover una verdadera cultura de rendición de cuentas dentro del propio Poder Judicial.

La calidad de una democracia no se mide solamente por la libertad con la que sus ciudadanos eligen a sus gobernantes. También se mide por la certeza de que quien viola la ley será juzgado con independencia, imparcialidad y dentro de un plazo razonable.

Quizás haya llegado el momento de comprender que la próxima gran reforma pendiente de la Argentina no es únicamente económica ni política.

Es judicial. Porque cuando la Justicia llega tarde, no solo fracasa un poder del Estado. Se debilita la confianza ciudadana, se resiente la República y comienza a erosionarse la propia democracia.

Una mujer de Florida fue arrestada tras ser acusada de fingir que tenía cáncer para obtener donaciones de vecinos y conocidos, en un caso que, de acuerdo con Fox News, habría afectado a 238 personas y superado los USD 40.000.

La cadena detalló que la acusada es Maribeth Ellen Jones, de 51 años, residente de Bonita Springs, en el estado de Florida, y que enfrenta un cargo de hurto mayor (grand theft) por una suma que va de USD 20.000 a USD 100.000.

La investigación quedó en manos de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, que sostuvo que la mujer se presentó durante años ante miembros de su comunidad como una paciente oncológica en tratamiento.

Tal y como contó Fox News, esa versión llevó a decenas de personas a organizar colectas y aportes económicos para ayudarla con supuestos gastos médicos.

La oficina del sheriff añadió que la acusada incluso recurrió a gestos destinados a reforzar el engaño ante su entorno, lo que consolidó la confianza de quienes resolvieron asistirla económicamente.

La acusación sostiene que el engaño se extendió entre 2022 y 2024

De acuerdo con Fox News, Jones habría dicho entre 2022 y 2024 que tenía cáncer y que se sometía a tratamientos.

A partir de ese relato, residentes de la zona impulsaron distintas formas de ayuda, entre ellas una campaña en la plataforma GoFundMe, cuyo dinero quedó vinculado a una cuenta bancaria personal de la acusada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Collier aseguró que parte de esos fondos llegó por vías directas. Los detectives concluyeron, según Fox News, que la acusada no tenía cáncer y que el dinero reunido fue destinado a pagar deudas personales.

Entre los elementos del expediente, las autoridades afirmaron que integrantes de la comunidad llegaron a cortarle el cabello para que pareciera que se preparaba para recibir quimioterapia, una escena que, para los investigadores, ayudó a sostener la apariencia de enfermedad ante vecinos y allegados.

La causa, además, no se limita a una sola campaña. La oficina del sheriff indicó que Jones ya había sido beneficiaria de otras dos colectas en GoFundMe en las que también afirmaba padecer cáncer. Ese dato amplió la magnitud del caso y reforzó la hipótesis de una maniobra repetida en el tiempo.

GoFundMe reembolsó más de USD 41.000 y bloqueó futuras campañas

En paralelo al avance judicial, la plataforma GoFundMe tomó medidas sobre las campañas vinculadas al caso. Un vocero de la empresa aseguró, en declaraciones reproducidas por Fox News, que la plataforma tiene “tolerancia cero ante el uso indebido” de su sistema.

La compañía también informó que eliminó las recaudaciones, prohibió a la mujer realizar nuevas campañas y devolvió más de USD 41.000 a los donantes a través de su programa de garantías.

“Podemos confirmar que las campañas organizadas en nombre de Maribeth Jones fueron retiradas de nuestra plataforma y que su cuenta quedó bloqueada para futuras recaudaciones. Más de USD 41.000 fueron reembolsados a los donantes”, afirmó la compañía, tal y como reprodujo Fox News.

El reembolso permite dimensionar el volumen de dinero que circuló a través de la plataforma. La investigación, además, sostiene que parte de los fondos también llegó por fuera de GoFundMe, mediante aportes directos.

Qué dijo la Justicia local y cuál es la situación de la acusada

La acusada, identificada como Maribeth Ellen Jones, se entregó esta semana en el Naples Jail Center después de que los detectives obtuvieran una orden de arresto por un delito grave de segundo grado, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La investigación sostiene que la maniobra perjudicó a 238 residentes de Naples y de zonas cercanas.

El sheriff Kevin Rambosk describió el expediente como un caso que explotó la solidaridad de personas que creían asistir a alguien en una situación límite.

“Este es un caso indignante porque explotó la bondad y la generosidad de personas que de verdad querían ayudar a alguien que creían que estaba luchando por su vida”, afirmó Rambosk en una declaración difundida por la oficina y citada por Fox News.

El funcionario añadió que este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas. También erosiona la confianza en las campañas legítimas para personas que sí necesitan ayuda.

La implementación del sistema acusatorio constituye, sin dudas, uno de los cambios más trascendentes que ha experimentado el proceso penal argentino en las últimas décadas.

La separación clara entre las funciones de investigar, acusar y defender; la oralidad; la contradicción; la inmediación; la publicidad de las audiencias; la concentración de los actos procesales y la asignación al Ministerio Público Fiscal de la responsabilidad por la investigación representan avances indiscutibles respecto de estructuras procesales en las que las funciones aparecían confundidas y el juez podía asumir simultáneamente tareas investigativas y decisorias.

Sin embargo, estoy convencido de que defender el nuevo sistema no significa convertir sus principios en dogmas pétreos ni convalidar que, en mérito de la autonomía de las partes claramente reconocida en el novel régimen, el juez deba renunciar a aquello que justifica su propia existencia: la trascendente tarea de juzgar.

El riesgo de un juez pasivo

Históricamente se cuestionó al juez que investigaba, impulsaba el proceso, producía prueba y finalmente resolvía.

Pero sería igualmente inconveniente sustituir a aquel magistrado excesivamente protagonista por otro absolutamente pasivo, reducido a contemplar aquello que las partes deciden colocar delante suyo.

El juez no está para investigar, acusar, corregir la estrategia del fiscal ni suplir las deficiencias de la defensa. Pero tampoco está para asentir. Porque cuando aquello que las partes sostienen o acuerdan se transforma automáticamente en la decisión judicial, la jurisdicción que la Constitución Nacional pone en cabeza de la magistratura comienza a perder su verdadero sentido.

Casi obvio resulta poner de relieve que los acuerdos son necesarios, que la celeridad es valiosa y que la eficiencia es indispensable. El sistema acusatorio ha demostrado que es posible resolver los conflictos penales con mayor rapidez, oralidad e inmediación, evitando muchos de los vicios que durante años caracterizaron a procedimientos excesivamente escritos y prolongados. Todo eso constituye un progreso que debemos preservar.

Celeridad y verdad

Pero debo señalar que la celeridad es una virtud del proceso, pero de ninguna manera su fin último. Y ninguno de esos valores puede ocupar el lugar de la Justicia ni, mucho menos, convertir al juez en un mero homologador o simple espectador de decisiones adoptadas por otros.

Podremos discutir si corresponde hablar de verdad material, verdad histórica, verdad procesal o verdad real. La denominación no es lo trascendente. Lo verdaderamente importante es no resignarnos a creer que la realidad puede construirse mediante un acuerdo.

Porque las partes pueden acordar una calificación jurídica, una pena, un procedimiento y, dentro de los márgenes que autoriza la ley, incluso pueden presentar como indiscutible una determinada versión de los hechos. Pero existe algo sobre lo que ningún acuerdo tiene poder: lo que realmente ocurrió.

Dos personas pueden coincidir y estar equivocadas. Las partes en un proceso penal pueden tener razones procesales de distinta índole para alcanzar un acuerdo y, sin embargo, ese convenio no tiene la capacidad de modificar la realidad. El consenso produce consecuencias jurídicas; no produce verdades. Los “hechos son sagrados”, señalaba con precisión el doctor Carlos Santiago Fayt.

La responsabilidad del juez

Y precisamente allí aparece la importancia del juez. No para sustituir a las partes, no para retroceder al viejo modelo inquisitivo ni para propugnar una acusación que el fiscal decidió no formular. Sino para ejercer responsablemente la jurisdicción y recordar que imparcialidad no significa indiferencia.

El juez debe respetar aquello que fiscalía y defensa llevan ante él. Pero respeto no significa subordinación. Porque finalmente hay una circunstancia imposible de soslayar: el acuerdo pertenece a las partes, pero la resolución pertenece al juez. Y quien suscribe una decisión debe poder asumirla como propia, explicarla, fundamentarla y responder por ella.

Por eso, tengo para mí que el desafío del sistema acusatorio consiste en encontrar un equilibrio. Ni aquel juez que investigaba, acusaba y después resolvía, ni un juez reducido a contemplar pasivamente lo que otros decidieron. Ni juez inquisidor ni juez espectador: juez imparcial, independiente, “verdaderamente juez”.

En otras palabras, respeto absoluto por las garantías, por las partes y por los acuerdos legítimamente alcanzados. Pero jamás renuncia a la función de juzgar.

La búsqueda de lo que ocurrió

Y si alguna vez debemos elegir entre la comodidad de aceptar una denominada “verdad consensuada” y la dificultad de continuar buscando, dentro de las reglas y garantías del proceso, aquello que realmente ocurrió, a quien esto escribe se lo encontrará del lado del camino que se dirige hacia la búsqueda de lo que efectivamente sucedió.

Quizás sea una utopía pensar que siempre podamos llegar a conocer toda la verdad. La labor humana tiene límites y debemos reconocerlos. Pero existe una diferencia fundamental entre admitir que la verdad puede ser difícil de alcanzar y decidir que ya no vale la pena buscarla.

Por último, estoy persuadido de que el día en que la Justicia renuncie a preguntarse qué ocurrió realmente, podrá ser más rápida, más eficiente y hasta exhibir mejores estadísticas, pero difícilmente pueda calificársela de justa.

Simplemente habremos perdido de vista una de las razones fundamentales que justifican su existencia.

Lejos de Comodoro Py, el punto neurálgico en el que confluyen los casos de alto perfil, Alcalá enfrenta los desafíos de la administración de justicia del Nordeste argentino, una zona crítica de frontera de cuya seguridad depende el país entero. En esta entrevista, la quinta entrega de Sr. Juez, un ciclo semanal dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes de la Argentina, Rocío Alcalá habla sobre cómo es impartir justicia lejos de la Capital.

—Cuando se habla de la justicia, del mundo judicial, pareciera que el mundo empieza y termina en Comodoro Py. ¿De qué manera afecta esto a las otras jurisdicciones del país?

—La verdad es que es como vos decís, mucha gente asocia lo que es Comodoro Py con la justicia federal, pero la justicia federal, especialmente en el interior del país, es mucho más. Hay multiplicidad de fueros en los juzgados y cámaras federales del interior, dinámicas diferentes, proximidades diferentes, sobre todo en lo institucional entre magistrados, personal y funcionarios, que acá un poco se pierden. Cuando digo Comodoro Py, me refiero a todo el ámbito de la justicia en CABA y Gran Buenos Aires. Son distintas realidades, con idiosincrasias propias en cada jurisdicción, muy diferentes a lo que pasa en los tribunales de Comodoro Py.

—¿Cuál es la particularidad de administrar justicia desde el nordeste argentino?

—La zona del nordeste argentino, particularmente la Cámara Federal de Resistencia, de la cual formo parte y presido actualmente, tiene la particularidad de ser una zona crítica por la frontera con países como Paraguay. Hay mucha criminalidad vinculada a estupefacientes, contrabando de mercaderías, cigarrillos, electrónica, armas. Es una zona relacionada con delitos previstos en la ley 23.737 de estupefacientes y la 22.415. También hay delincuencia transnacional, como la trata de personas, justamente por ser zona de frontera, especialmente en Formosa, que tiene muchos kilómetros de frontera seca y pasos no habilitados que se usan para este tipo de criminalidad. Es una zona de paso o acopio de estupefacientes que conecta con grandes centros de distribución como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y otros países, incluso Chile. Chaco tiene poca frontera, más que nada fluvial, pero Formosa tiene muchos kilómetros de frontera seca. Todo esto hace que la criminalidad sea crítica en la región que abarca la Cámara Federal de Resistencia, es decir, la justicia federal en Chaco y Formosa.

—Es decir que esto que sucede en esta zona de frontera tiene una incidencia sobre todo el resto del país. ¿Desde la capital se tiene en cuenta eso?

—Yo creo que sí. En cuanto al apoyo en recursos desde el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial, siempre se tiene en cuenta y se trabaja en dinámicas específicas para juzgados de frontera, con apoyo adicional en recursos. También hace falta personal especializado, que muchas veces falta, para poder abordar esta criminalidad. Desde la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara, que llevamos seis meses porque se implementó el primero de diciembre del año pasado, la dinámica cambió, ya que ese código establece una nueva dimensión para el Ministerio Público Fiscal. Antes, la investigación recaía en el juez y necesitábamos recursos, pero ahora el Ministerio Público Fiscal asume ese rol. El juez toma otra impronta en el proceso. Hay que ver cómo evoluciona, pero creo que el apoyo desde Buenos Aires y otros ámbitos será necesario. Además, siempre está la necesidad de capacitación y recursos para las fuerzas de seguridad federales, que colaboran en el combate a estos flagelos.

—De cara a la sociedad, muchas veces las personas sienten que la justicia tiene tiempos lentos. ¿A qué le atribuye esa lentitud?

—Hasta ahora hablamos mucho de materia penal, típica de la zona de frontera. Pero también tenemos cuestiones no penales, y ahí, retomando la pregunta inicial sobre Comodoro Py, el multifuero de los juzgados y cámaras federales implica la responsabilidad de velar por derechos constitucionales en materias civiles, salud, amparos, seguridad social, y contencioso-administrativo, como demandas de particulares o empleados públicos contra organismos del Estado nacional. El volumen de causas en estas materias puede duplicar o triplicar al de penales, generando un cuello de botella por la cantidad, hasta colapsar. El número de recursos humanos es el mismo, pero hay herramientas de gestión para intentar que los tiempos sean los menores posibles.

—En cuanto a recursos humanos, ¿tiene que ver con el nombramiento de jueces?

—Sí, obviamente es un problema, aunque está cambiando radicalmente. No es solo la falta de jueces, que lleva a la designación de subrogantes que ya tienen sus propios juzgados, lo que ralentiza todo el procedimiento, porque un juez no puede estar en todos lados a la vez. Pero también hablo de funcionarios y empleados. Si bien aumenta la conflictividad y el número de causas, el personal sigue siendo el mismo. Por eso, hay que gestionar, mover las fichas, reforzar las secretarías con mayor cantidad de causas. Es una cuestión de gestión.

—Lleva veintisiete años en la Justicia Federal, ¿no?

—Veintisiete años en la Justicia Federal, en distintos ámbitos.

—¿Cómo fue ese recorrido y qué cambió en esos veintisiete años?

—Lo supe desde el primer momento, yo quería estar del otro lado del mostrador. Desde estudiante, mi preferencia fue por el derecho penal, que me cautivó y apasionó. Fui alumna ayudante en una cátedra de Derecho Penal. Siendo alumna, participé en un posgrado en Derecho Penal, que en ese momento solo existía en Buenos Aires o Rosario, y la UNNE no tenía esa posibilidad. Trabajé en la acreditación de ese posgrado, que fue el primero en la región y atrajo a jueces, fiscales, defensores y abogados de la región y de Paraguay. Eso me permitió hacer muchos contactos y reafirmar mi idea de estar en el Poder Judicial. Me recibí en 1999 y al día siguiente ya estaba en mi primer día de trabajo en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de Formosa. Luego seguí en la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, un año en la Defensoría Pública Oficial, después en el Juzgado Federal de Formosa, siempre en el área penal. Así pude ver el proceso penal desde distintas perspectivas y confirmé mi vocación por decidir en base a los conflictos entre las partes. Lo que cambió en estos años es que hoy puedo hacer lo que siempre quise: sentarme en una sala de audiencias, escuchar a las partes y tratar de decidir con prudencia y razonabilidad.

—¿Por qué el derecho penal?

—Siempre me preguntaban eso, sobre todo si lo iba a ejercer en el ámbito privado, pero yo sabía que quería estar del otro lado. Tiene que ver con la pasión, con los maestros y modelos que uno sigue. Me especialicé en derecho penal y después en justicia constitucional y derechos humanos. Trabajé mucho en causas de lesa humanidad y el derecho penal me atrapó desde el primer momento. Además, el derecho penal involucra un alto nivel de responsabilidad por los bienes jurídicos que están en juego.

—Cuando era chica, ¿el sueño era ser abogada o era ser jueza?

—Cuando era chica iba a ser profesora de Historia. Empecé ambas carreras, pero al avanzar en abogacía me di cuenta que era mi camino y, con el tiempo y las funciones que fui desempeñando, supe que quería ser jueza.

—¿Cómo fue el proceso de concursar?

—Fui once años secretaria penal en la cámara donde hoy trabajo. En ese momento era todo expediente escrito, que hoy ha cambiado mucho con la digitalización. Ser secretaria me permitió ver lo que era poder decidir y eso me motivó a capacitarme y concursar. Fue difícil combinarlo con la familia, ya tenía dos hijos, pero siempre tuve la convicción. Concursé en 2016 y en abril de 2018 ya estaba jurando como jueza de cámara.

—¿Tuvo que dejar de lado o sacrificar algo de la vida personal, familiar, en pos de llegar al cargo en el que está ahora?

—Sí, por supuesto. Cuando me fui por segunda vez a Formosa, ya en el Poder Judicial, vivía en Corrientes y tuve que decidir viajar con mi hijo pequeño. Gracias a Dios tengo un compañero de vida que siempre me apoyó. Fue una época difícil, porque justo se reabrieron las causas de lesa humanidad y debíamos trabajar jornadas muy largas en la instrucción de esas causas. Sacrifiqué tiempo de maternidad, pero mirando hacia atrás, creo que valió la pena. Cuando uno tiene convicción y motivación, las decisiones se toman, y no me arrepiento de ninguno de los pasos dados.

—¿Cómo fue su experiencia en tratar los casos de lesa humanidad? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue también en lo emocional?

—Fue muy duro. En Formosa, me tocó trabajar en la instrucción de causas sobre tormentos, privaciones ilegítimas de libertad y desapariciones forzadas en centros clandestinos de detención, como La Escuelita y el Regimiento de Infantería de Monte 29. Por la mañana tomábamos testimonios a víctimas y por la tarde indagatorias a los imputados. Era una megacausa con cada vez más testigos e imputados. Yo tenía dos años cuando ocurrieron esos hechos, así que tuve que estudiar mucho para entender el contexto y poder tramitar bien esas causas. Escuchar los testimonios y la violencia relatada era muy fuerte. También en la Cámara Federal, el primer caso que me tocó fue la masacre de Margarita Belén, un supuesto enfrentamiento con víctimas detenidas. Estas causas son muy largas porque cada testimonio genera nuevas líneas de investigación y no se pueden resolver de una sola vez. En la jurisdicción ya quedan pocas cuestiones pendientes, pero fue muy fuerte. También subrogué en los tribunales orales de Resistencia y Formosa, y volví a encontrarme con historias conocidas.

—¿Por qué son tan largas esas causas?

—Porque son muy difíciles de instruir, cada testimonio puede abrir nuevas líneas y no es posible resolver todo de una vez. A veces se investigan por denuncia individual o por el lugar donde ocurrieron los hechos, y eso genera distintas formas de investigar y mucho trabajo.

—Inició su carrera universitaria estudiando Historia. ¿Cree que el trabajo de juez implica una reconstrucción histórica similar?

—Sí, totalmente. Uno escucha a las partes y debe reconstruir los hechos y los planteos para llegar a una solución. Hay que conocer la verdadera historia para resolver adecuadamente.

—Y algunas de esas historias también tienen un peso emocional, como en las causas de lesa humanidad. ¿Cómo maneja las emociones?

—Para ser juez hay que estar preparado, mantener imparcialidad e independencia y neutralizar las cuestiones que puedan perturbar la visión. Con los años uno va naturalizando ciertas situaciones, pero siempre tomo el trabajo con seriedad.

—¿Es decir, no siente miedo a la hora de hacer su trabajo?

—No, nunca sentí miedo. Solo una vez, subrogando en el Tribunal Oral de Resistencia, hubo un problema con la salida de los detenidos recién condenados y uno de ellos hizo un comentario del tipo “algún día voy a salir”. Me paralicé en ese momento, pero después lo entendí como algo normal de alguien recién condenado.

—¿Siente que en algún momento tuvo que demostrar más fuerza, más fortaleza por ser mujer en su cargo?

—Por mi carácter, nunca sentí que tuviera que demostrar nada. Siempre fui fiel a mi forma de ser y actuar. Reconozco que hay pocos porcentajes de mujeres en altos cargos judiciales, pero en lo personal nunca sentí obstáculos más allá de los culturales. Cuando uno tiene la convicción, puede avanzar, aunque hay que trabajar para que la igualdad sea real.

—¿Qué piensa de la mirada que puede tener la gente sobre los jueces?

—Creo que los jueces estamos en una etapa de transición. La justicia tiene que mostrar lo que hace y, desde la Cámara Federal, tratamos de hacerlo con herramientas tecnológicas, encuestas de satisfacción, normas ISO de calidad y transparencia. Con la implementación del nuevo código procesal, buscamos resolver más en audiencia, frente a las partes, y aplicar oralidad y transparencia, incluso en materias que siguen el código anterior. La sociedad tiene que ver la función del juez y también la estructura de personal y funcionarios que hace posible que los conflictos se resuelvan.

—Por fuera de las herramientas netamente jurídicas, ¿cree que incorporar tecnología podría ayudar al proceso de administración de justicia?

—Totalmente. La inteligencia artificial ya se está implementando en la Cámara Federal para distintas tareas, como la desgrabación de audiencias, que ahora se hace mucho más rápido, aunque siempre con control humano. Hay muchas situaciones en las que la inteligencia artificial puede ayudar y se está trabajando para ello, siempre para favorecer el servicio de justicia.

—Sin reemplazar la toma de decisiones en manos de humanos.

—No, la toma de decisiones tiene que seguir siendo humana. La inteligencia artificial puede ayudar en otras cuestiones, pero hay aspectos humanos que nunca podrá reemplazar, sobre todo en cuestiones sensibles como el interés superior del niño.

El domingo 2 de agosto, en Resistencia, Chaco, murió Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, tras recibir una puñalada en el tórax. La principal acusada es su pareja, Victoria Luz Cantero, de 25 años, hoy detenida e imputada por homicidio. Ella niega haber participado del ataque y sostiene que lo encontró ya herido.

Más allá de cómo se resuelva judicialmente este caso, la familia de la víctima señaló algo que interpela directamente a nuestro sistema penal: Álvarez había denunciado a Cantero en dos oportunidades previas por hostigamiento y maltrato, denuncias que —según trascendió— la Justicia chaqueña nunca llegó a investigar en profundidad. Sea cual fuere el desenlace de este expediente, el patrón que describe —un hombre que denuncia violencia ejercida por su pareja y no es tomado en serio— constituye, precisamente, el punto ciego que este artículo pretende señalar.

La denominada “violencia de género”, como categoría jurídica, tuvo el enorme mérito de visibilizar el grave problema de la violencia familiar. Pero lo hizo desde una perspectiva parcial: centró su atención exclusivamente en la violencia padecida por la mujer a manos del hombre. Si bien ello pudo resultar necesario como una primera aproximación al problema, también generó tensiones con el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que exige un trato igual frente a situaciones sustancialmente equivalentes.

Es cierto que, en el ámbito de las relaciones de pareja y familiares, existe un mayor número de denuncias por violencia ejercida por hombres contra mujeres. Por ello se la encasilló —con excesiva premura— como una mera cuestión de género. Sin embargo, las generalizaciones suelen conducir a desigualdades injustificadas. También existen hombres —y niños, mujeres y niñas— que padecen violencia física, psicológica, verbal o sexual ejercida por una mujer. Ello obliga a rediseñar la legislación desde una perspectiva de neutralidad normativa, propia de un derecho penal moderno.

Aunque las denuncias contra mujeres violentas sean menos numerosas, ello no disminuye la injusticia del trato desigual. La igualdad ante la ley no depende de la frecuencia estadística de los casos, sino de la identidad de las conductas reprochadas. Todos los hombres, niños, mujeres y niñas que sufren violencia ejercida por una mujer —por escasos que sean esos casos— reciben una protección penal menor. Y eso constituye un trato desigual incompatible con la Constitución.

El inciso 11 del artículo 80 del Código Penal establece: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Así, para aplicar esta agravante —que también se extiende a las lesiones—, el autor solo puede ser un hombre y la víctima, necesariamente, una mujer. Adviértase lo que ello implica en un caso como el de Álvarez: aun si se probara que su muerte fue el desenlace de una historia previa de violencia de pareja —tal como sugieren las denuncias que él mismo formuló—, la ley no prevé una agravante equivalente al femicidio para su situación, tan solo porque es varón.

Es cierto que la agravante del vínculo prevista en el inciso 1 del artículo 80 atenúa parcialmente esta desigualdad cuando existe una relación de pareja entre autor y víctima. Pero ello no resuelve el problema. La agravante específica del inciso 11 continúa reservando un tratamiento privilegiado a un solo supuesto de violencia según el sexo de agresor y víctima, manteniendo una diferencia de trato difícil de justificar.

La pregunta es inevitable: ¿por qué agravamos las penas de los hombres violentos —golpeadores o asesinos— cuando las víctimas son mujeres, pero no las de las mujeres violentas —golpeadoras o asesinas— cuando las víctimas son hombres u otras mujeres? Si el principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional significa algo, la respuesta debería ser evidente: sin importar el sexo o el género, a igual conducta debe corresponder igual pena.

El feminismo más radical sostendrá que, históricamente, los hombres ejercen una relación de poder desigual sobre las mujeres, sometiéndolas a formas —más o menos explícitas— de violencia estructural. Sin embargo, se trata de una hipótesis sociológica discutida y, por ello, insuficiente para justificar el agravamiento diferenciado de la respuesta penal frente a delitos similares.

El verdadero fundamento de la agravante del femicidio —tal como surge del propio texto legal— es la existencia de una violencia previa y sostenida, conducta que no constituye un fenómeno exclusivo del hombre. También puede ser desplegada por una mujer.

De hecho, las mujeres ejercen violencia contra hombres y niños con bastante más frecuencia de la que suele suponerse. El problema es que muchos de esos episodios nunca se denuncian. Los hombres suelen callar por vergüenza. Los niños —como ocurrió con Lucio Dupuy y, quizá, con Ángel López— dependen emocional y materialmente de sus agresores. En consecuencia, una parte importante de estas violencias permanece oculta y nunca llega a judicializarse.

Años atrás, cuando una mujer denunciaba violencia familiar, con frecuencia no era tomada en serio. Afortunadamente, esa realidad cambió. Hoy recibe la debida atención por parte de la policía y de la Justicia, al punto de que en la provincia de Buenos Aires existen las Comisarías de la Mujer. ¿Pero qué ocurre cuando quien denuncia es un hombre? En numerosos casos encuentra un desdén similar al que, décadas atrás, padecían las denunciantes. El propio caso de Álvarez resulta ilustrativo: según afirmó su familia, las denuncias que había presentado nunca fueron investigadas.

Los hombres víctimas de violencia no siempre son escuchados. En ocasiones, ni siquiera logran radicar la denuncia. Y cuando consiguen hacerlo, muchas veces las investigaciones no avanzan. Aún hoy resulta difícil para algunos operadores del sistema concebir a un hombre como víctima y a una mujer como victimaria.

Nada de esto constituye un alegato contra las mujeres, sino una defensa de todas las víctimas. Porque lo verdaderamente importante es estar siempre del lado de quien sufre la violencia, sea mujer, hombre o integrante del colectivo LGBT+. La condición de víctima no la determina una ideología, sino los hechos. Del mismo modo, el victimario puede ser un hombre, una mujer o una persona de cualquier identidad de género.

Naturalmente, no tendría sentido suprimir la figura agravada del femicidio. Ella permitió sancionar con justicia a centenares de hombres que ejercieron violencia extrema contra mujeres. Además, una derogación produciría un efecto indeseable: la eventual reducción de penas ya impuestas, por aplicación del principio de la ley penal más benigna.

Lo que verdaderamente se impone es incorporar como agravados todos los homicidios y las lesiones cometidos en un contexto de violencia familiar o de género, con independencia del sexo o género del autor y de la víctima, siguiendo modelos de tipificación más neutrales adoptados por otros ordenamientos jurídicos.

El actual delito de femicidio, al introducir una asimetría normativa difícil de justificar desde una perspectiva constitucional, no sólo discrimina al hombre y a los niños cuando son víctimas de violencia ejercida por una mujer, sino también a las mujeres y niñas agredidas por otras mujeres, así como a las demás personas que integran el colectivo LGBT+, cualquiera sea el sexo o género del agresor.

En consecuencia, el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal podría redactarse en términos similares a los siguientes: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 11. Cuando el hecho fuere cometido mediando violencia familiar o de género, cualquiera sea el sexo o género del autor y de la víctima”. De ese modo, la agravante abarcaría de manera más amplia y coherente todos los supuestos de violencia intrafamiliar y de género.

Una reforma de ese tipo mantendría plenamente la punibilidad de los futuros femicidios —sin afectar las condenas ya firmes— y, al mismo tiempo, agravaría la respuesta penal frente a todos los delitos contra la vida y la integridad física cometidos en un contexto de violencia familiar o de género, cualquiera sea el sexo o género de sus protagonistas.

Esta reforma del Código Penal resulta necesaria porque corrige una inconsistencia normativa sin debilitar la protección ya alcanzada. Además, podría recibir el acompañamiento de legisladores de cualquier signo político, pues no solo mantiene la tutela reforzada de las mujeres y niñas víctimas de violencia, sino que también extiende esa misma protección a los hombres, los niños y las demás personas del colectivo LGBT+, cualquiera sea el sexo o género del agresor.

La reforma que propongo no quita derechos a las mujeres. Por el contrario, conserva íntegramente la protección que hoy les brinda la ley y la extiende, en condiciones de igualdad, a todas las víctimas de violencia familiar o de género. En definitiva, procura reprimir con igual severidad a todos los violentos y proteger sin discriminaciones a todas las víctimas.

El caso de Matías Álvarez todavía espera una sentencia. Pero la ley ya dictó la suya: cuando la víctima es un hombre, la violencia familiar y de género deja de existir como agravante. Esa es la desigualdad que el Congreso debería reparar.

El pasado 4 de junio de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió un caso que llevaba años en los tribunales. En 2021, una descendiente de judíos sefardíes solicitó la nacionalidad española amparándose en la ley de 2015 que contempla esa vía. En un primer momento, la administración rechazó su petición, a pesar de que la solicitante había presentado todos los documentos requeridos, incluido un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España.

Al recibir la negativa, la afectada acudió a la justicia para recurrir la resolución y, en febrero de 2025, un juzgado de Madrid le dio la razón. Ese tribunal anuló la decisión de la administración y ordenó que se le concediera la nacionalidad, recordando que la Constitución reconoce el derecho a la igualdad para todas las personas. El tribunal consideró que la administración vulneró ese principio al rechazar la solicitud a pesar de que la interesada había presentado toda la documentación exigida y cumplía con los requisitos previstos por la ley.

La administración, por su parte, recurrió esta decisión, pero no sin antes admitir la procedencia de la solicitud de nacionalidad. Alegó, sin embargo, que no correspondía asumir los costes procesales, apoyándose en la normativa sobre el allanamiento, que permite a la administración reconocer la petición de la parte demandante antes de emitir una respuesta formal, con el objetivo de evitar gastos adicionales.

La Audiencia de Madrid considera que el Estado actuó de “mala fe” al rechazar la solicitud

El Estado defendió que, al reconocer pronto el derecho de la solicitante, no debía pagar los gastos del juicio. Sin embargo, el tribunal no aceptó este planteamiento: los jueces consideraron que la administración ya tenía toda la información necesaria desde el principio y que, aun así, obligó a la persona afectada a iniciar un proceso judicial para finalmente reconocer lo que ya estaba acreditado. En opinión del tribunal, esto supuso actuar de “mala fe”, lo que, según la ley, obliga al Estado a hacerse cargo de los costes del procedimiento.

Uno de los puntos clave del caso fue el certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, que acredita el origen sefardí. El tribunal subrayó que la administración no valoró debidamente este documento ni permitió aportar más pruebas, y tampoco tuvo en cuenta el “juicio de notoriedad” realizado por el notariado. Este “juicio de notoriedad” es una especie de reconocimiento formal que la ley contempla para certificar el origen sefardí de los solicitantes. La sentencia insiste en que, si se cumplen los requisitos legales y se presentan los documentos previstos, no puede haber trabas administrativas para conceder la nacionalidad.

Además, el tribunal recordó que la decisión inicial de la administración vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, ya que se aplicaron criterios más restrictivos de los permitidos. La sentencia establece que el Estado debe realizar todos los trámites necesarios para inscribir la nacionalidad de la persona afectada y abonar los gastos judiciales, como los honorarios de abogados y procuradores.

El tribunal ha dejado claro que su decisión es definitiva y que ya no cabe ningún recurso ordinario. De este modo, se cierra el proceso judicial y el Estado queda obligado a cumplir todos los puntos de la sentencia. La resolución supone un respaldo para quienes, acreditando su origen y cumpliendo los requisitos legales, buscan obtener la nacionalidad y se han encontrado con obstáculos administrativos injustificados.

El robo de teléfonos celulares se ha consolidado como la infracción penal de mayor prevalencia e incidencia en los centros urbanos de la República Dominicana. Superando cuantitativamente a otros delitos contra la propiedad, la sustracción de dispositivos móviles encabeza las estadísticas nacionales delictivas, seguida de cerca por el hurto de motocicletas y la sustracción de metales (como contadores eléctricos, cableado y tapas de alcantarillado).

Ante esta realidad, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano introduce un severo régimen sancionador destinado a desarticular la delincuencia de calle y combatir el mercado ilegal de tecnología.

Según precisiones brindadas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, a los medios dominicanos, el robo de celulares es actualmente el delito con mayor volumen de denuncias en el país. Esta modalidad delictiva afecta directamente la paz pública y la percepción de seguridad en las vías urbanas.

De acuerdo con la funcionaria, el teléfono inteligente ha dejado de ser un simple objeto material para convertirse en un centro de datos personales, financieros e institucionales. Por esta razón, la sustracción de un móvil expone a la víctima a riesgos adicionales como la suplantación de identidad, la estafa electrónica, el chantaje y el acceso no autorizado a cuentas bancarias, convirtiendo este delito en una amenaza multidimensional para la ciudadanía.

Por lo que, el marco jurídico actualizado penaliza el robo de dispositivos móviles con un rigor drásticamente mayor que en legislaciones anteriores, estableciendo consecuencias severas para disuadir a los delincuentes.

• Pena específica por robo de celular (10 a 20 años de prisión): Cuando el objeto del robo recaiga directamente sobre un teléfono celular, el delito es considerado una modalidad especialmente agravada, con una condena fija que va de 10 a 20 años de cárcel.
• Robo agravado general (5 a 10 años de prisión): Se aplica a los robos cometidos bajo modalidades que incrementan el riesgo para la víctima o facilitan la huida del imputado.
• Agravante por violencia o uso de armas (hasta 20 años de prisión): Si el acto delictivo incluye violencia física, uso de armas de fuego o armas blancas, amenazas o si coloca a la víctima en un estado de indefensión, la sanción escala hasta los 20 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Modalidades de robo agravado y el nuevo marco sancionador en la ley

La normativa penal detalla una amplia serie de escenarios en los cuales el robo de celulares y otros bienes adquiere la categoría de robo agravado:

• Uso de vehículos de motor: Robos ejecutados desde motocicletas (“delincuencia en motor”) o automóviles.
• Transporte público y terminales: Delitos cometidos en paradas, autobuses, carros públicos o estaciones de transporte.
• Uso de disfraz o nocturnidad: Cometer el hecho aprovechando la oscuridad de la noche o utilizando cascos oscuros, capuchas, máscaras o disfraces para ocultar el rostro.
• Depósitos de bienes y mercancías: Delitos perpetrados en establecimientos destinados al retiro o almacenamiento de dinero o mercancías.
• Abuso de confianza: Cuando el perpetrador sea empleado o asalariado de la víctima.
• Víctimas en estado de vulnerabilidad: Sustracciones realizadas contra personas accidentadas, desmayadas o en situación de indefensión física o mental.

El incremento de las penas privativas de libertad se complementa con una estrategia operativa liderada por el Ministerio Público y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en coordinación directa con las empresas de telefonía del país.

Tan pronto la víctima interpone formal denuncia de la sustracción, se activa un protocolo de inhabilitación inmediata del código IMEI del teléfono. Esta medida busca que el equipo robado quede totalmente fuera de servicio en las redes nacionales e internacionales, perdiendo de manera instantánea su valor de reventa en el mercado negro e invalidando el incentivo económico de la actividad ilícita.

La Justicia gallega ha confirmado la absolución de un hombre que utilizó un poder notarial otorgado por su padre para donarse a sí mismo viviendas, locales y otros inmuebles valorados en más de 257.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha rechazado el recurso presentado por su hermano y avala la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña, que ya concluyó que no había pruebas suficientes para condenarle por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

El caso enfrenta desde hace años a dos hermanos por la gestión del patrimonio de su padre, fallecido en julio de 2024. El origen del conflicto está en un poder general que el progenitor otorgó en marzo de 2021 a uno de ellos para que pudiera representarle tanto en asuntos personales como económicos. Ese documento le concedía amplias facultades para administrar sus bienes e incluso realizar actos de disposición sobre ellos. Meses después, el hijo hizo uso de ese poder para formalizar varias escrituras públicas mediante las que se donó a sí mismo parte del patrimonio inmobiliario familiar.

En concreto, entre junio y septiembre de 2021 el acusado pasó a ser titular de varias viviendas, un local comercial, plazas de garaje y otros derechos sobre inmuebles situados en Arteixo (A Coruña). El valor conjunto de esas operaciones ascendía a 257.553 euros, aunque la resolución destaca que el patrimonio restante del padre seguía siendo muy superior a esa cantidad.

Aquellas donaciones desencadenaron un enfrentamiento familiar que acabó en los tribunales. El otro hijo sostuvo que su padre nunca autorizó realmente esas operaciones y que, cuando descubrió lo ocurrido, revocó los poderes concedidos, modificó su testamento y dejó constancia ante notario de que las donaciones se habían realizado sin su conocimiento ni consentimiento. Además, presentó una querella en la que también denunciaba la supuesta desaparición de diversas joyas y objetos personales de sus padres.

Sin embargo, la Audiencia Provincial absolvió al acusado al considerar que durante el juicio no había quedado acreditado que hubiera actuado contra la voluntad de su padre ni que se hubiera apropiado de esos efectos personales. Tampoco dio por probado que el progenitor careciera de capacidad para comprender el alcance del poder que había otorgado meses antes.

El recurso intentó desmontar la absolución

Disconforme con esa decisión, el hermano recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Su principal argumento era que la Audiencia había pasado por alto una serie de documentos notariales que, a su juicio, demostraban precisamente lo contrario: que el padre revocó los poderes en cuanto supo de las autodonaciones, exigió explicaciones a su hijo y llegó incluso a otorgar un nuevo testamento en el que dejaba sin efecto aquellas operaciones patrimoniales.

También sostenía que la explicación ofrecida por el acusado carecía de lógica. Recordaba que en Galicia existen fórmulas sucesorias mucho más ventajosas desde el punto de vista fiscal que una donación entre padre e hijo, por lo que, en su opinión, nadie que quisiera transmitir voluntariamente esos bienes habría elegido esa vía. Pero el alto tribunal gallego no comparte esa interpretación.

Los magistrados explican que una apelación contra una sentencia absolutoria no sirve para repetir el juicio ni para sustituir la valoración de las pruebas realizada por el tribunal que escuchó directamente a los testigos. Su función se limita a comprobar si aquella decisión fue arbitraria, irracional o carece de una motivación suficiente. Y, en este caso, concluyen que eso no ocurre.

La resolución considera que la Audiencia razonó de forma suficiente por qué otorgó mayor credibilidad a la versión del acusado. Entre otros elementos, tuvo en cuenta que era él quien convivía con su padre y se ocupaba de sus cuidados, así como las declaraciones de una tía y de una empleada del hogar, que corroboraron esa situación. También valoró el deterioro progresivo del padre y el contexto de enfrentamiento existente entre los dos hermanos, factores que, a juicio del tribunal, permiten explicar que posteriormente revocara los poderes o modificara su testamento sin que eso implique necesariamente que las donaciones iniciales fueran fraudulentas.

La Fiscalía dejó de sostener la acusación

La sentencia incorpora además un argumento adicional para rechazar el recurso. Durante la tramitación de la apelación, la Fiscalía se posicionó a favor de mantener la absolución, de modo que la única acusación que seguía reclamando una condena era la ejercida por el hermano del acusado.

En ese punto, el TSJG recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide, con carácter general, que los hermanos ejerzan acciones penales entre sí por delitos de contenido patrimonial. La norma sí permite que un familiar denuncie unos hechos para que sea el Ministerio Fiscal quien impulse el procedimiento, pero cuando este abandona la acusación, como ocurrió en este caso, el hermano denunciante ya no puede sostener por sí solo la pretensión de condena.

Con esos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima íntegramente el recurso y confirma la absolución dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, una resolución que todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido el derecho de una ciudadana estadounidense a obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, en aplicación de la Ley 12/2015, que regula el acceso de descendientes de sefardíes expulsados de España. La resolución, emitida el 4 de junio de 2026, revoca una decisión administrativa previa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que había denegado la solicitud.

El caso se centró en la interpretación de los requisitos y la validez de los documentos presentados para acreditar la condición de sefardí originario de España. La autoridad administrativa argumentó que los certificados aportados por la solicitante no resultaban suficientes para demostrar ni el origen sefardí ni la especial vinculación con España.

Los documentos aportados por la solicitante acreditaban su relación genealógica con antepasados de Toledo

Según el expediente, uno de los documentos clave era un certificado expedido por la autoridad rabínica competente de una congregación judía en Estados Unidos, que confirmaba tanto el origen sefardí como la vinculación con el país. La administración señaló que tal certificado carecía de la validación de la Federación de Comunidades Judías de España y que no se incluyó la documentación de apoyo que sirvió de base para su emisión. Por este motivo, la solicitud fue denegada en primera instancia.

Tras la denegación, la interesada presentó un recurso en el que sostuvo que la ley no exige la aportación de todos los elementos justificativos internos de los certificados, sino que basta con que estos sean emitidos por la autoridad competente.

La defensa insistió en que el notario español actuó conforme a la normativa al levantar un acta de notoriedad reconociendo la condición sefardí y la vinculación con España, y que este documento debía considerarse suficiente como prueba. Además, se adjuntó un informe genealógico que vinculaba a la solicitante con un antepasado sefardí de Toledo y pruebas de colaboración con entidades culturales dedicadas a la preservación del legado sefardí. Se aportó también documentación sobre residencia, antecedentes y superación de las pruebas de idioma español y conocimientos constitucionales. La defensa recordó que otros familiares directos de la solicitante ya habían obtenido la nacionalidad española bajo el mismo esquema probatorio.

La Audiencia Provincial revocó la denegación por considerar acreditados los requisitos legales

El tribunal, integrado por tres magistrados, revisó la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable. En el análisis, los jueces señalaron que la clave del caso no residía en la regularidad del procedimiento administrativo, sino en la comprobación de si la interesada había reunido los requisitos objetivos establecidos en la ley. La sentencia subraya que la administración puede valorar la prueba de forma independiente del notario, pero también reconoce que los jueces, en el contexto de un recurso, pueden discrepar de la valoración administrativa y coincidir con la realizada por el notario.

En uno de los párrafos centrales, el tribunal expone: “El criterio de la DGSJFP no está vinculado por el juicio del notario y puede resolver, frente al mismo, que no se han cumplido los requisitos legales exigidos para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, al resultar insuficiente o inadecuada la prueba de los mismos. Eso sí, igual que el centro directivo puede discrepar de la valoración realizada por el notario, los órganos judiciales ante los que se impugna la decisión de la DGSJ y FP, pueden no compartir la valoración de esta y coincidir con la que efectuó el notario”.

La Audiencia Provincial determinó que la solicitante había cumplido los requisitos: aportó un certificado válido de la autoridad rabínica, documentación genealógica, pruebas de colaboración con instituciones sefardíes, antecedentes y residencia, así como la superación de los exámenes exigidos. El tribunal consideró que exigir documentación de respaldo adicional no consta en la ley y que hacerlo vaciaría de contenido el propósito reparador de la norma.

El fallo hace referencia a que otros miembros de la familia de la solicitante ya han sido reconocidos como ciudadanos españoles en condiciones similares, lo que se tuvo en cuenta como indicio de arbitrariedad en la denegación original. En la resolución se recoge: “La resultancia probatoria expuesta en el informe genealógico y en el acta de notoriedad no ha sido desvirtuada mediante otra prueba contradictoria, que fácilmente podría estar al alcance de la demandada, pues cuenta para ello con todos los medios del Estado. De tal manera que nuestra decisión ha de ser contraria a la expuesta en la sentencia apelada en este punto”.

La Audiencia Provincial revoca así la denegatoria administrativa y la sentencia de primera instancia, y reconoce el derecho de la solicitante a obtener la nacionalidad española. No se imponen costas judiciales, al considerar que existían dudas razonables sobre la interpretación de la ley. La sentencia podrá ser recurrida en casación en un plazo de 20 días y supone un precedente relevante para casos similares que se encuentren en trámite o hayan sido rechazados.

La Justicia uruguaya prorrogó las medidas cautelares que dispuso para los tres principales socios vivos de Conexión Ganadera, el fondo pecuario uruguayo que captaba ahorro privado y terminó esfumando el dinero de los inversores. Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, seguirán en prisión preventiva imputados por estafa y lavado de activos, al tiempo que Daniela Cabral continuará cumpliendo prisión domiciliaria en un apartamento de lujo en Punta del Este.

Conexión Ganadera era un negocio que desde 1999 dirigían Carrasco y Gustavo Basso, el esposa de Cabral, quien se suicidó en un accidente de tránsito días antes de que se conociera la insolvencia de la empresa.

El fondo pecuario se encargaba de captar el dinero de inversores para comprar ganado y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año y medio, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

Una nueva audiencia judicial tuvo lugar este miércoles para definir la prórroga de las medidas cautelares sobre los tres imputados, mientras avanza la investigación. La jueza del caso Diovanet Olivera hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

Uno de los puntos más cuestionados por las defensas de los damnificados es que Cabral cumpla la prisión domiciliaria en un lujoso apartamento de la Playa Brava de Punta del Este, de acuerdo a la crónica de la audiencia publicada por El País.

Juan Pablo Decia, uno de los defensores, fue uno de los que cuestionó las condiciones del arresto domiciliario. Sostuvo que en caso de que Cabral sea condenada, el tiempo que transcurrió bajo esta medida cautelar será considerado. “Claramente no es justo”, expresó el abogado de algunos damnificados.

Los defensores de Cabral salieron a responderle. Eduardo Sasson, uno de ellos, dijo que su clienta es inocente mientras no exista una sentencia que diga lo contrario, al tiempo que Pablo Donnángelo planteó que la decisión permite preservar la identidad física de Cabral.

El abogado sostuvo que hay una “escalada de hostigamiento” sobre ella que, según denunció, se produjo principalmente sobre los últimos días. También contó que Cabral recibió mensajes, llamadas y amenazas de muerte e informó que estas situaciones ya fueron denunciadas y que están siendo investigadas por la Justicia.

La defensa de Pablo Carrasco, encabezada por Jorge Barrera, planteó por su parte que el imputado tiene problemas de salud. “Ya casi no puede caminar”, describió en un momento de la audiencia consignada por el medio uruguayo.

El ex director de Conexión Ganadera necesita una operación de cadera y, durante su estadía en la cárcel, recibió seis autorizaciones de traslados para recibir atención médica. Sin embargo, solo se concretó la última, de acuerdo con la versión de la defensa. Como no pudo ir a las consultas médicas, el imputado todavía no tiene fecha para la intervención.

Por otro lado, la defensa hizo otro planteo: que Carrasco sea trasladado a la cárcel de Florida desde la de Punta de Rieles para poder estar cerca de su esposa. Sin embargo, el planteo fue rechazado.

En la audiencia, el fiscal Rodríguez dijo que la de Conexión Ganadera era “una de las investigaciones más complejas a nivel judicial” de las que le tocó trabajar por el tipo de delitos investigados, la cantidad de personas involucradas, los montos manejados, el número de damnificados y el volumen de información a analizarse.

La causa tiene como cuarto imputado a Maximiliano Rodríguez, el titular de la empresa Pasfer, una de las tomadoras de ganado de Conexión Ganadera.

Además de la causa penal, Conexión Ganadera tiene abierta otra en la Justicia Concursal. Días atrás, en este ámbito, se confirmaron los números finales de la empresa: tiene un pasivo de USD 387 millones de dólares y un activo de USD 115 millones.

Las relaciones laborales acaban, bien o mal, pero todas tienen su fin. La que tuvo la firma española de calzados Giuseppo, con sede en Elche (Alicante) con una agencia que contrató en 2017 para promover y gestionar la venta de sus productos en Madrid y Guadalajara terminó abruptamente tras más de cinco años de colaboración. Giuseppo quiso rescindir el contrato de forma unilateral. Tenía dos motivos principales: no había alcanzado los objetivos de venta durante diez campañas consecutivas y, además, había incumplido la cláusula de exclusividad. La justicia ha confirmado que la empresa agente pierde los 42.000 euros que reclamaba por indemnización y comisiones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que rechaza todas las pretensiones de la sociedad agente y absuelve a Gioseppo de pagar cualquier cantidad por la extinción del contrato. La resolución considera probado que la empresa agente no respetó el deber de dedicación exclusiva ni cumplió los mínimos de ventas que el contrato exigía. La sentencia destaca que, aunque la sociedad agente presentó una lista de 67 nuevos clientes y defendió su labor comercial, la documentación y las pruebas periciales demuestran que parte de esos clientes nunca llegó a comprar productos de la marca y que, además, el agente vendió calzado de otras marcas competidoras sin autorización. El fallo, al que ha tenido acceso Infobae, descarta cualquier derecho a indemnización por clientela o daños y perjuicios, ratificando la posición de la empresa de calzado y condenando en costas a la parte demandante en ambas instancias.

Entre 2017 y 2022, la sociedad agente facturó comisiones por un total de 189.463,26 euros y aseguró haber incorporado decenas de nuevos clientes a la cartera de Gioseppo. La llegada de la pandemia de Covid-19 y el deterioro del entorno comercial complicaron la situación, hasta que la rescisión del contrato se produjo de manera inesperada a finales de 2021.

El desempeño de la agencia no llegó a cumplir con los mínimos

El conflicto llegó a los tribunales cuando la sociedad agente reclamó 42.418,71 euros por indemnización y comisiones, defendiendo que había cumplido con su labor de promoción y captación de clientes. Por su parte, la firma de calzados alegó que, antes incluso de la llegada del agente, ya contaba con una amplia base de clientes en la zona y que el desempeño de la sociedad nunca alcanzó los mínimos pactados. La empresa aportó informes de detectives y peritos informáticos para demostrar que la sociedad agente vendía productos de la competencia y que no logró los incrementos de ventas comprometidos. La documentación reveló que los objetivos no se alcanzaron en ninguna de las diez campañas revisadas y que la mayoría de los nuevos clientes no generaron ventas recurrentes para la marca.

El recorrido judicial se inició en el Juzgado de Primera Instancia número 64 de Madrid, que desestimó la demanda de la sociedad agente e impuso las costas a la parte actora. Tras el recurso de apelación, la Audiencia Provincial ha confirmado íntegramente aquella resolución, señalando que la empresa agente incumplió tanto la cláusula de exclusividad como los objetivos de ventas, lo que priva de derecho a cualquier indemnización. La sentencia, dictada el 10 de junio de 2026, confirma la condena en costas en ambas instancias y recuerda que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El feminicidio de Zulema de la Luz González Cisneros ha provocado indignación en el municipio de Playa Vicente, Veracruz, donde familiares, amigos y habitantes exigieron la captura inmediata del presunto responsable del crimen, al asegurar que “está identificado” y que las autoridades cuentan con elementos para proceder en su contra.

La joven fue localizada sin vida el sábado 1 de agosto, apenas 24 horas después de haber sido reportada como desaparecida, hecho que conmocionó a la comunidad y reavivó las exigencias para que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género y sin impunidad.

Desde el momento en que fue confirmada la muerte de Zulema, familiares y personas cercanas comenzaron una campaña en redes sociales para exigir justicia. Con mensajes acompañados de frases como “Justicia y paz para Zulema”, “Ni una más” y “Nos falta Zulema”, pidieron que el caso sea esclarecido cuanto antes y que el responsable enfrente a la justicia.

Autoridades coordinan operativo para detener al presunto responsable

El Ayuntamiento de Playa Vicente informó que mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz para lograr la localización y detención del presunto autor material del feminicidio.

De acuerdo con las autoridades municipales, existe un trabajo conjunto con las instancias estatales para impedir que el crimen quede sin castigo.

En un posicionamiento difundido tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el gobierno municipal aseguró que las corporaciones involucradas mantienen acciones encaminadas a capturar al presunto responsable y reiteró que existe “total coordinación para lograr que este presunto feminicidio no quede impune”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad del sospechoso ni sobre posibles órdenes de aprehensión, aunque la familia sostiene que el presunto agresor ya fue identificado.

El dolor de una comunidad y el llamado a la justicia

Durante el recibimiento de los restos de Zulema de la Luz González Cisneros, familiares expresaron el profundo dolor que atraviesan tras el crimen y publicaron un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

“Recibimos el cuerpo de Zulema de la Luz González Cisneros, rodeados de un silencio que quema, de lágrimas sinceras y de un dolor que traspasa a todo Playa Vicente”, escribieron.

En el mismo mensaje lamentaron que la joven regresara con su familia “no como debió haber sido”, sino como víctima de una violencia que calificaron como cobarde y que dejó una herida profunda entre sus seres queridos y la comunidad.

Los familiares insistieron en que la investigación debe avanzar con rapidez para evitar que el caso quede impune y solicitaron que el responsable sea detenido y llevado ante un juez.

“Exigimos que el responsable pague por lo que hizo. Que este momento tan doloroso sea también el recordatorio de que la justicia para Zulema es una deuda que las autoridades deben saldar de inmediato”, señalaron.

El caso ha generado una amplia reacción entre colectivos, ciudadanos y usuarios de redes sociales, quienes han manifestado solidaridad con la familia y reiterado el llamado para reforzar las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer completamente el feminicidio y localizar al presunto responsable, en tanto familiares y habitantes de Playa Vicente sostienen su exigencia de justicia y de que el asesinato de Zulema de la Luz no se convierta en otro caso sin resolver.

Nicole no tardó en dejar en claro su postura: “Es una situación muy difícil porque duele ver cómo se habla, cómo se inventan cosas y cómo se señala sin saber la verdad. Elijo estar del lado de la persona que quiero, que es Candela, mi mejor amiga, porque conozco su corazón. Todos los que la rodeamos sabemos muy bien la clase de persona que es, y la verdad es que un error que se puede cometer no nos define como persona”. La joven remarcó el peso de las versiones que circularon durante el día y comentó: “Antes de opinar o condenar, recordemos que atrás de todo eso hay una historia, una realidad que solo la viven los que la conocen. La empatía siempre va a valer más que todos los rumores, porque duele ver cómo inventan y dicen cosas que no son así”.

Sobre el estado de Candela, Nicole fue clara y contundente: “Está pasando por una situación muy triste. En este momento está durmiendo, lleva horas descansando, está tratando de entrar en razón después de algo muy complicado”. La amiga de la influencer detalló que toda la familia de Candela reaccionó de inmediato: “Apenas nos enteramos, todos saltamos de la cama. Fuimos corriendo al hospital para estar con ella. Sabe que no está sola, tiene un montón de personas que la quieren y la rodean”. Si bien lograron hablar con la joven antes de que se quedara dormida, Nicole explicó que prefirieron no presionarla: “Pudimos hablar bien con ella, pero decidimos dejarla tranquila, que esté en paz, que se tome su tiempo”.

Consultada sobre lo que Candela recordaba del episodio, Nicole respondió sin rodeos: “Fue una situación entre ellos dos, donde se entró en un momento de paranoia por algo que estaban compartiendo juntos. Se les fue de las manos. No hubo violencia de género como se estuvo diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada, pero está bien, está consciente”.

La diferencia de edad entre Arizaga y Moyano también fue tema de debate en el panel. Nicole reconoció la madurez de su amiga, pero no esquivó el análisis: “Candela es una chica grande, tiene 23 años, es madura, es consciente, sabe lo que hace con su vida. Vive sola en otra provincia, no estamos hablando de una nena que no sabe dónde está parada”.

Sobre la dinámica de la pareja, Nicole descartó cualquier tipo de toxicidad o conflicto habitual: “Tienen una relación súper estable. Están juntos hace bastante tiempo, se llevan bien. Lo que pasó nos desbordó a todos, porque no era algo que formara parte de su cotidianidad”. Ante la pregunta de si la joven de 23 años estaba verdaderamente enamorada o simplemente deslumbrada por el apellido Moyano, la respuesta fue directa: “Obvio que está enganchada, lo quiere mucho. A Facundo lo conocemos todos, nos lo presentó a todos, la familia de Cande lo conoce. Es una situación lamentable que se desbordó”. Y sobre cómo se conocieron, Nicole fue breve: “A través de las redes sociales”.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre las lesiones que sufrió Candela. Según Nicole, la imagen de la joven corriendo descalza por la calle tuvo una razón concreta: “Ella se lastimó el pie porque salió corriendo detrás del perro, que se le había escapado. Estaba buscando a Mafia. Así se ve en las cámaras, que Candela corría y atrás venía Facundo, porque los dos iban detrás del perro. En esa situación de paranoia, ella siguió corriendo y se lastimó los pies por ir descalza”.

Nicole también fue interpelada sobre la diferencia entre su versión y la del abogado de Candela, Storto, quien había dado declaraciones previas al panel. “Hay muchas cosas que se dicen. Lo que puedo decir es que Cande está triste, sigue shockeada por la situación. Cuando (Diego) Storto la vio, quedó impactado. Ella se quedaba dormida porque está muy cansada por todo lo que vivió. Pero Storto es la persona que la está defendiendo y sabe lo que dice”, respondió, sin contradecir abiertamente al abogado pero dejando en claro que su mirada era la de una amiga, no la de una representante legal.

Consultada sobre si Moyano se había comunicado con el entorno de Candela, Nicole fue escueta: “Por el momento, no. Candela no tiene el celular en este momento porque la están llenando de mensajes e insultos. Creo que el amor también significa cuidar”, cerró, dejando en el aire una reflexión sobre los límites entre la exposición pública y la protección de las personas en momentos de vulnerabilidad.

El testimonio de Nicole pintó un cuadro de una joven agotada, rodeada de afectos y tratando de procesar una noche que se salió de control. Mientras Arizaga descansaba y recuperaba fuerzas junto a su familia, las versiones seguían multiplicándose y el caso continuaba siendo el tema del día en medios y redes sociales. La historia entre la influencer rosarina y el dirigente sindical sumó así un nuevo y turbulento capítulo, con más preguntas que respuestas y un desenlace que todavía está por escribirse.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, impulsado por la asociación Iustitia Europa y el Ministerio Fiscal, exige a la Guardia Civil información sobre tres frentes. El primero abarca el detalle de las operaciones de rescate en aguas territoriales españolas. El segundo se refiere a los fallecidos: la jueza pide que conste la causa y la fecha de cada muerte, así como el traslado de los cadáveres al Hospital Militar de Ceuta, donde la Delegación del Gobierno confirmó que se realizan las autopsias y los procesos de identificación. El tercero atañe a los supervivientes: sus datos de identidad y localización recabados por los efectivos desplegados en el territorio.

Pero el punto de mayor calado político y operativo del requerimiento judicial es el cuarto: la jueza Tardón Olmos pregunta expresamente si alguna unidad de la Guardia Civil en Ceuta recibió alertas previas a los hechos que pudieran haber anticipado su magnitud. Esta pregunta adquiere especial peso a la luz de lo que ya se conoce sobre los días anteriores al estallido de la crisis. El sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) describía el 24 de julio una “difícil situación” para los agentes en Ceuta por el “incremento de las entradas de migrantes por vía marítima”, y a 27 de julio la Delegación de Gobierno ya alertaba de una “presión extraordinaria” sobre los recursos de acogida.

Ya son 79 las personas que han muerto en el mar

La crisis se desencadenó el 30 de julio, cuando miles de personas procedentes de territorio marroquí comenzaron a cruzar la frontera a nado por los espigones de El Tarajal y Benzú, con una segunda oleada al día siguiente. Según datos de la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil recuperó del mar los cuerpos de 75 personas fallecidas, cifra que el propio Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta elevó posteriormente a 79. Al menos 44 personas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, permanecen en paradero desconocido y sus familias las buscan. Para atender estas denuncias, la Guardia Civil habilitó una oficina en las dependencias de aduanas de El Tarajal, abierta de 8:00 a 21:00 horas, y un correo electrónico específico para la recepción de información sobre desaparecidos.

El contexto previo al desbordamiento fronterizo apunta a una cadena de señales que no se tradujeron en medidas preventivas suficientes. El Ministerio de Exteriores de Marruecos aseguró en un encuentro con la prensa internacional que Rabat avisó a España en torno al 22 o 23 de julio de que la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio —que ilegalizó las expulsiones inmediatas de quienes llegan por mar— iba a “generar un problema”. “Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio”, indicaron fuentes marroquíes, que reconocieron que las fuerzas de seguridad de su país se vieron superadas por el volumen de personas. “Si tienes a 40.000 personas, ¿a cuántas fuerzas de seguridad necesitarías?”, planteó.

El mismo funcionario atribuyó la escalada a la viralización de mensajes en redes sociales y a la actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, que habrían aprovechado el cambio normativo para intensificar el “efecto llamada”. Desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsabilizó a las mafias por la crisis y descartó que Marruecos represente una amenaza, al calificarlo de “socio absolutamente fiable”.

Aproximadamente 73.000 personas regresaron a Marruecos de forma voluntaria tras el pico de la crisis, según datos del Gobierno publicados el pasado domingo. Alrededor de 2.500 permanecen en territorio español en situación irregular, aunque las autoridades locales de Ceuta elevan esa cifra y estiman en 80.000 las entradas totales. La Guardia Civil continúa el rastreo del entorno fronterizo del Tarajal, donde pueden aparecer más cuerpos de personas fallecidas por ahogamiento o aplastamiento.

Aunque las reformas no están avanzando a la velocidad a la que el presidente Javier Milei deseaba, el Gobierno retomó las negociaciones en el Congreso y fijó las prioridades para el corto plazo, entre las cuales no está la discusión por el nuevo Código Penal, debate que tomó fuerza a comienzos de este año, pero volvió a quedar postergado por las diferencias internas en torno al texto.

Esta semana, en el Senado podrían avanzar las iniciativas del Súper RIGI, para atraer inversiones, y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras el principio de acuerdo con la oposición por los artículos referidos a la venta de tierras a extranjeros.

En el recinto también están en carpeta los proyectos de modificación del sistema electoral, para eliminar las PASO, entre otras cuestiones; de Hojarasca, que incluye varias desregulaciones, y de Zonas Frías, para limitar los subsidios al gas.

En tanto, en la Cámara de Diputados se prevé que para fines de agosto se traten dos temas que para Milei son esenciales para el rumbo de la economía: los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la Inocencia Fiscal.

De todos estos temas conversó la mesa política cuando se reunió el martes en Casa Rosada para definir los pasos a seguir en materia legislativa, por lo que se mantuvo afuera del temario otra de las iniciativas del oficialismo que no logra tomar forma, que es el Código Penal.

“Es probable que este sea el próximo asunto que pongamos sobre la mesa para discutir, pero primero tenemos que pasar todos los otros”, comentó a Infobae uno de los estrategas del Gobierno.

A finales del 2025, como último acto de gestión en ese rol, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa la presentación en el Congreso de este texto que, no obstante, nunca se concretó.

Durante los primeros meses del año siguiente, circuló el borrador que había preparado un equipo de especialistas en la materia por pedido del Poder Ejecutivo, el cual contenía un total de 912 artículos.

Sin embargo, cuando Juan Bautista Mahiques llegó al Ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, decidió revisar el proyecto antes de mandarlo a ciegas.

Durante una posterior reunión con Milei en la Quinta de Olivos, el funcionario le recomendó directamente volver a redactar todo distinto y, mientras tanto, enviar al Congreso solamente un paquete para endurecer penas de determinados delitos.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“, el que está todavía vigente, y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Esta idea no cayó del todo bien en el ala que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, que considera que la propuesta del grupo de especialistas estaba correcta.

“Seguimos esperando el feedback del Ministerio de Justicia al proyecto que oportunamente se trabajó. Ese era el plan original”, indicaban.

Según pudo saber este medio, desde ese momento comenzó un intenso intercambio de alternativas entre el equipo de Mahiques y la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal Murphy, persona de confianza de Caputo.

Recientemente, el funcionario entregó un último borrador con la esperanza de solucionar el conflicto, pero cerca del consultor político reconocieron que las diferencias de criterio persistían.

“Nosotros mandamos algunas reformas que estaban siendo revisadas para después enviar todo al Congreso”, confirmó a Infobae un miembro de la mesa judicial del Gobierno.

En este sector, por otra parte, ratificaban que la iniciativa no va a ser un Código Penal completo, sino solamente el endurecimiento del castigo para algunos delitos.

En este paquete de medidas está la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

En un título aparte, en tanto, se enviará el proyecto para prohibir por ley la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, otra de las iniciativas de Milei.

Este punto ya estaba previsto como parte de toda la reforma del Código Penal, pero en una reciente cadena nacional, el Presidente informó que se enviará como parte del paquete vinculado al funcionamiento del Banco Central.

En un reportaje radial concedido este lunes, el presidente Javier Milei reconoció que está estudiando un conjunto de nombres para completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no implica que ese proceso de evaluación y selección se vaya a producir en el corto plazo. Y es que al interior del oficialismo marcan que la estrategia judicial tiene otras prioridades.

“Todavía quedan muchos juzgados por cubrir. También hay fiscalías y defensorías vacía. No es un solo segmento”, avisa una importante fuente del Gobierno al tanto de las conversaciones judiciales. Al interior de la Casa Rosada creen que Milei no querrá iniciar conversaciones para cubrir vacantes este año. Y que hacerlo el año que viene no es viable en términos políticos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está conformada hoy en día por su presidente Horacio Rosatti, su vicepresidente Carlos Rosenkrantz y su ministro Ricardo Lorenzetti. La política no pudo ponerse de acuerdo para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco (jubilada en 2021) y de Juan Carlos Maqueda (en 2024 llegó al límite de edad). El Tribunal tiene una conformación de 5 miembros y el oficialismo tampoco estaría evaluando una variación de ese número.

“Voy a hacerlo cuando llegue el momento que yo considere apropiado para hacerlo. Es una decisión muy fuerte, muy importante institucionalmente. Entonces requiere de un trabajo serio”, marcó el Presidente en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, a quien le agregó: “Estoy estudiando más nombres para la Corte Suprema, pero estoy estudiando sus trabajos, sus contribuciones, sus fallos”.

Tiempo atrás, el Presidente le había confesado a Infobae que estaba alejado de esa temática por desconocer su forma de funcionar, tanto en términos concretos como políticos. Aquello mismo le sucedía con los asuntos vinculados a la inteligencia o la salud.

Pero en los últimos meses eso empezó a cambiar: a Milei lo han visto muy curioso, consultando de manera asidua sobre asuntos judiciales. Esta tendencia comenzó luego de que Milei designara a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, generando un cambio en el eje de rotación política de ese Ministerio, ya que esa esfera busca responder al ala política de su hermana, Karina Milei. Ese mayor interés también está atravesado por los pliegos que debe enviar desde la Casa Rosada hacia el Senado.

Quienes observan al Presidente puntualizan que está priorizando a cubrir la gran cantidad de puestos vacantes que hay en la Justicia en vez de buscar llenar la Corte Suprema, un ámbito que funciona a pesar de no tener a todos sus miembros.

Al inicio de la gestión del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el 35% de los cargos en la justicia federal y nacional se encontraban vacantes, lo que representaba 568 puestos sin cubrir sobre un total de 1.640 cargos judiciales.

Durante este período, se remitieron 203 pliegos judiciales: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces. Esto fue destacado esta mañana por el mismo Mahiques a través de su cuenta de X. “Javier Milei es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico”, tuiteó. Hasta el momento, se designaron 96 funcionarios (81 jueces, 6 fiscales y 9 defensores) y existen 85 vacantes más en proceso de cobertura, lo que suma un total de 181 cargos cubiertos.

Si bien el avance fue significativo, todavía quedan juzgados y cargos judiciales por cubrir. Hay un caso específico que plasma el escenario político actual en relación a este tema: el Poder Ejecutivo Nacional todavía no remitió al Senado ningún juzgado electoral. “Ninguno va a salir a salir hasta que se solucionen los problemas de la Política”, afirman fuentes judiciales de La Libertad Avanza.

Y es que es un recurso importante en términos de negociación política. Por marcar un ejemplo, el juzgado electoral de San Juan también tiene competencias vinculadas a la actividad minera. Es decir, es un lugar que resulta codicioso para el oficialismo provincial. Eso también es escalable en las otras provincias donde sucede lo mismo.

“Con eso sobre la mesa, el Gobierno tiene la oportunidad de llenar lugares muy interesantes. Ni hablar Comodoro Py. ¿Para qué te vas a enquilombar con la Corte? Se va a trabar todo“, se preguntan alfiles del Gobierno.

Aun así, nadie descarta que Milei pueda asumir un riesgo antes de que termine su primer mandato: en el oficialismo ven con mejores perspectivas proponer un candidato para la Procuración General de la Nación. Es decir, el jefe de los fiscales federales y nacionales. Con el nuevo código procesal penal federal, los fiscales pueden tener mayores atribuciones en el desarrollo de las causas que los jueces. Se trata de un lugar que, con ese cambio, adquirió un poder muy significativo.

En el Poder Judicial de la Nación, al inicio de la gestión de Mahiques, había 381 dependencias vacantes de un total de 1.002 cargos, equivalente a una vacancia del 38%. En 2026, se cubrieron 81 vacantes y hay 51 próximas a cubrir, alcanzando 132 cargos cubiertos. Si el Senado aprueba todos los pedidos de acuerdo, Milei se convertiría en el presidente con mayor cantidad de jueces nombrados en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura.

En el Ministerio Público Fiscal, a comienzos de 2026, estaban vacantes 105 fiscalías sobre un total de 414 (25%). Este año se cubrieron 6 vacantes y hay 20 más próximas a cubrir, sumando 26 cargos cubiertos. En el Ministerio Público de la Defensa, al comenzar 2026, se registraban 82 defensorías vacantes de un total de 224 (37%). Durante el año se cubrieron 9 vacantes y otras 14 están en proceso, lo que eleva el total a 23 cargos cubiertos.

Actualmente, el proceso de cobertura alcanza el 11% del total de cargos de la justicia nacional y federal, lo que representa el 32% de las vacantes existentes a marzo de este año. Hasta hace medio año, dos de cada cinco juzgados estaban vacantes. En cuatro meses de gestión, la vacancia se aproxima a una de cada cinco. En marzo, la vacancia era del 35% y se proyecta una reducción al 27%.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe “exhaustivo” sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución en 2011 hasta la actualidad. Según la providencia, a la que ha tenido acceso Infobae, el magistrado acepta una petición de la Fiscalía Anticorrupción para reconstruir la historia societaria de la aerolínea y esclarecer qué alcance tuvo la entrada de capital venezolano en la compañía antes de que recibiera el rescate público aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021.

La nueva diligencia se enmarca en la investigación que dirige Calama sobre las presuntas comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. En su resolución, fechada este 4 de agosto, el juez acuerda incorporar al procedimiento el escrito presentado por el Ministerio Público el pasado 31 de julio y librar un oficio a la UDEF para que elabore el informe solicitado.

La Fiscalía quiere aclarar cómo cambió la propiedad de Plus Ultra

La petición de Anticorrupción parte de la necesidad de profundizar en la evolución del capital social de la aerolínea. En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía recuerda que Plus Ultra fue constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, aunque destaca que la composición accionarial sufrió cambios especialmente significativos a partir de 2017, cuando comenzaron a incorporarse al capital social y a los órganos de gestión personas de origen venezolano.

Para sostener esa petición, el Ministerio Público se remite a un informe elaborado por la UDEF el 14 de noviembre de 2025, en el que ya se analizaba parcialmente la estructura accionarial de la compañía. Según expone la Fiscalía, ese documento hacía referencia a diversos protocolos notariales que reflejaban cómo, desde 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizaron “aparentemente aportaciones de capital”.

Entre esas personas, el escrito menciona expresamente a Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff. Asimismo, cita a Raif El Arigie Harbie, quien ocupó cargos de responsabilidad en la empresa sin ostentar participación accionarial, y a Alcíades José Carrión Carrión, por las “significativas relaciones financieras” que mantuvo con la compañía.

La Fiscalía sostiene que la entrada de ese capital venezolano en la sociedad española se produjo mediante distintas escrituras públicas y considera que el alcance de esas operaciones debe ser analizado con mayor profundidad. En concreto, afirma que resulta necesario estudiar “el alcance y eventual impacto” que esos movimientos pudieron tener “en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021”.

Un análisis de quince años de cambios accionariales

Con ese objetivo, Anticorrupción reclama a la UDEF un estudio mucho más amplio que el realizado hasta ahora. La Fiscalía quiere reconstruir toda la historia registral de Plus Ultra desde su creación para determinar cómo evolucionó la propiedad de la compañía, qué desembolsos de capital se produjeron y quiénes participaron en ellos.

En su escrito solicita expresamente que la unidad policial elabore “un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra Líneas Aéreas desde su constitución hasta la fecha actual”, con el fin de conocer “los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés”. Además, pide que ese análisis tenga en cuenta tanto las inscripciones registrales como cualquier otra documentación que permita reconstruir la evolución societaria de la empresa.

A juicio del Ministerio Público, esta diligencia resulta “de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción”, ya que permitirá valorar “la incidencia que en la misma tuvo el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española”. Precisamente esa es la razón por la que la Fiscalía considera necesario reconstruir los quince años de historia accionarial de la aerolínea y no limitarse a la fotografía del capital existente en el momento en que se concedió el rescate.

Un hombre será desafiliado de su club de fútbol en El Bolsón tras una decisión judicial que determinó también la prohibición de participar en cualquier actividad deportiva, debido al incumplimiento reiterado en la cuota alimentaria de su hija. Según informó la Dirección de Comunicación Judicial del Poder Judicial de Río Negro, la medida busca garantizar la protección de los derechos básicos de la niña ante la persistencia de la deuda.

La resolución, emitida por un juzgado de Familia de El Bolsón, establece que el deudor no podrá jugar partidos, asistir a entrenamientos ni formar parte de los planteles de la institución deportiva mientras continúe la situación de impago. La jueza a cargo de la causa dispuso esta sanción tras agotar otras herramientas legales, entre ellas la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios, el embargo de bienes y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

El fallo determinó que la sanción se mantendrá vigente hasta que el hombre regularice su situación alimentaria. La decisión fue comunicada al club involucrado, con el objetivo de asegurar su cumplimiento efectivo. Además, el juzgado ordenó a las municipalidades de El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo que inhabiliten y no renueven la licencia de conducir del deudor mientras persista el incumplimiento.

La magistrada también requirió información a empresas financieras y plataformas electrónicas como Mercado Pago, Ualá y Tarjeta Naranja, para identificar si el demandado posee cuentas o fondos y proceder con el embargo preventivo en caso de que existan recursos disponibles. Según detalló el comunicado del poder judicial rionegrino, se trata de medidas previstas en el Código Civil y Comercial que permiten a los jueces imponer restricciones razonables y proporcionadas, cuando las acciones tradicionales no logran el cumplimiento de una sentencia alimentaria.

En los fundamentos de la resolución, la magistrada subrayó que estas acciones no constituyen un castigo, sino que son herramientas legítimas para garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a derechos alimentarios básicos. Según la jueza, el incumplimiento de la cuota alimentaria vulnera el derecho a un nivel de vida adecuado y el principio del interés superior del niño, además de constituir una forma de violencia económica hacia la madre, quien se ve obligada a afrontar sola los gastos de crianza.

Finalmente, la Dirección de Comunicación Judicial del Poder Judicial de Río Negro remarcó que la intervención judicial respondió a una denuncia de la madre de la niña, quien alertó sobre la continuidad de la deuda pese a las acciones previas.

A mediados de mayo, el Gobierno Nacional oficializó la restricción de ingreso a estadios para deudores alimentarios a través de la Resolución N° 429/2026, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida, que amplía el alcance del programa Tribuna Segura, fue resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ahora, quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos no podrán acceder a eventos deportivos en todo el país.

El programa Tribuna Segura, que ya excluía a personas con antecedentes de delitos, conductas violentas o contravenciones relacionadas con eventos deportivos, suma así una nueva causal de restricción. La normativa también refuerza la exclusión para quienes hayan incurrido en conductas violentas contra personas o bienes, afectando la seguridad, el orden público o el tránsito, sin importar si los hechos ocurrieron de forma individual o colectiva.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó que la iniciativa busca fortalecer la eficacia del programa como herramienta para el cumplimiento de la obligación alimentaria, además de profundizar la política de prevención y seguridad en los espectáculos deportivos. La disposición entró en vigencia de inmediato y se alinea con medidas similares ya implementadas en otras provincias del país.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que rectifique parcialmente el auto con el que ordenó recabar información de sus cuentas bancarias y limite las facultades concedidas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante esa diligencia. En el recurso, al que ha tenido acceso Infobae, la defensa sostiene que la resolución otorga a la Policía Judicial un margen de actuación excesivamente amplio y reclama que cualquier ampliación de la información bancaria deba contar con una autorización judicial expresa. Además, solicita acotar el periodo investigado, excluir determinadas comunicaciones bancarias y reforzar las garantías sobre el tratamiento de la documentación financiera.

El recurso de reforma, presentado contra el auto dictado el pasado 29 de julio, no cuestiona la decisión del magistrado de acceder a la información bancaria. De hecho, la defensa deja claro desde el principio que “no se formula oposición a que se recabe la información bancaria sobre cuentas de mi mandante”, ni tampoco respecto de Julio Martínez Martínez, las sociedades vinculadas a este o la mercantil Whathefav. Es más, sostiene que el resultado de esas diligencias “podrá desvanecer la tesis policial central”, según la cual existiría una red de sociedades utilizada para canalizar pagos hacia el expresidente.

El escrito precisa que la impugnación se limita a tres aspectos concretos del auto. Por un lado, rechaza que la UDEF pueda solicitar información adicional a las entidades bancarias sin una nueva autorización del juez; por otro, pide eliminar la referencia a las comunicaciones entre los bancos y sus clientes y limitar el periodo temporal de la investigación; y, finalmente, reclama modificar el funcionamiento de la pieza reservada creada para custodiar toda la documentación financiera que llegue al procedimiento.

El auto recurrido acordó remitir trece requerimientos de información a otras tantas entidades financieras a través del SEPBLAC. Entre ellas figuran Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Openbank, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid y Caceis Bank Spain. A todas ellas se les solicita el historial completo de movimientos desde el 1 de enero de 2020 —o desde la apertura de la cuenta, si es posterior— hasta la actualidad, además de contratos, titulares, autorizaciones, resguardos de transferencias, depósitos, inversiones y cualquier otra documentación vinculada a esas posiciones bancarias.

La defensa rechaza que la UDEF pueda ampliar las diligencias sin permiso del juez

La principal objeción del recurso se dirige contra la autorización incorporada por el juez en los requerimientos bancarios. En ellos se faculta a los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF a “ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos”, una habilitación que la defensa considera incompatible con las garantías que exige una diligencia de esta naturaleza.

A juicio de Zapatero, esa autorización constituye una “delegación en blanco en la Policía Judicial”, ya que permite a los investigadores ampliar el alcance de la investigación sin un control previo del instructor. El escrito sostiene que esa posibilidad “carece de todo contenido delimitador” y recuerda que las medidas que afectan a derechos fundamentales no pueden quedar “al albur del criterio de los agentes de la UDEF”, sino que requieren una resolución judicial motivada.

La defensa insiste en que no pretende impedir que la unidad policial solicite nueva documentación si resulta necesaria para la investigación. Lo que reclama es que cada ampliación sea autorizada previamente por el juez. “No decimos que se deba impedir absolutamente a los funcionarios de la UDEF obtener documentación adicional si fuera necesario, pero sí que precisan de una previa autorización judicial mediante resolución motivada”, recoge literalmente el recurso.

El escrito advierte además de que una autorización genérica como la incluida en el auto podría derivar en una “investigación prospectiva”, es decir, en una búsqueda indiscriminada de información ajena a los hechos que se investigan. En ese sentido, sostiene que el objetivo de la diligencia debería limitarse a comprobar si existieron flujos económicos entre Zapatero y las personas o sociedades señaladas durante la instrucción, sin extender ese análisis al conjunto de su actividad financiera.

La defensa también recuerda que la información bancaria ofrece una radiografía muy completa de la vida privada de cualquier ciudadano y advierte del riesgo que, a su juicio, supone acceder a ese volumen de datos sin límites claros. “La investigación debe centrarse en hechos concretos y no convertirse en una fishing expedition“, afirma el recurso, que solicita además la suspensión cautelar de esa autorización mientras el magistrado resuelve la impugnación.

Pide acotar la investigación hasta diciembre de 2025

El recurso también cuestiona el alcance temporal fijado por el juez. Mientras el auto ordena solicitar información bancaria hasta la fecha actual, la defensa considera que esa extensión carece de justificación porque los movimientos que la UDEF pretende contrastar se sitúan, como máximo, hasta diciembre de 2025. Por ese motivo solicita que el requerimiento quede expresamente limitado a esa fecha. Según expone el escrito, “no se comprende la proporcionalidad ni la utilidad de obtener información más allá de esta fecha”, ya que los hechos objeto de comprobación se circunscriben a ese periodo.

Otro de los puntos recurridos afecta a las “comunicaciones internas de la entidad y con el cliente” incluidas en los requerimientos. La defensa entiende que esa documentación no constituye información bancaria en sentido estricto, sino comunicaciones protegidas por el derecho al secreto de las comunicaciones. Además, advierte de que esos documentos pueden contener valoraciones internas o referencias a terceras personas completamente ajenas al procedimiento.

El recurso también pone el foco en la pieza reservada creada por el juez para custodiar toda la documentación financiera que remitan las entidades bancarias. Aunque considera “sustancialmente correcto” abrir ese espacio reservado debido al carácter especialmente sensible de la información, sostiene que el sistema diseñado para seleccionar qué documentos acabarán incorporándose al procedimiento principal presenta deficiencias.

Según la defensa, el modelo previsto deja en manos de la propia UDEF la decisión sobre qué información resulta relevante y cuál queda excluida, lo que podría provocar que únicamente se incorporasen los datos que respaldan la hipótesis policial. Por ello solicita que sea el Letrado de la Administración de Justicia, bajo la supervisión del juez, quien dirija ese proceso de depuración y que se establezca expresamente la obligación de incorporar también “todas las circunstancias y datos que puedan favorecer a los investigados”, tal y como exige el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según recuerda el propio escrito.

En su petición final, la defensa solicita al magistrado que estime el recurso y deje sin efecto la autorización concedida a la UDEF para ampliar información sin nueva autorización judicial, elimine de los requerimientos las comunicaciones entre bancos y clientes, limite el periodo investigado, modifique el funcionamiento de la pieza reservada y suspenda cautelarmente tanto la expedición de los requerimientos a las entidades financieras como la autorización otorgada a la unidad policial hasta que se resuelva la impugnación.

La exigencia de justicia por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años cuyo fallecimiento en una escuela militarizada de Tamaulipas es investigado como presunto feminicidio, continúa creciendo con la convocatoria de nuevas movilizaciones en distintas entidades del país.

A través de redes sociales y de publicaciones difundidas por Alejandra Quintos, madre de la menor, ciudadanos, colectivos feministas y organizaciones han convocado a marchas pacíficas el próximo 6 de agosto para mantener visible el caso y exigir que las investigaciones avancen hasta esclarecer los hechos y sancionar a todas las personas responsables.

La madre de Dafne agradeció públicamente el respaldo recibido y aseguró que, conforme se acerca la fecha de las manifestaciones, más estados se han sumado a la convocatoria nacional.

¿Dónde serán las marchas por justicia para Dafne?

Hasta el momento, las convocatorias confirmadas contemplan movilizaciones en Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Tamaulipas, donde ocurrió el caso.

Los organizadores han señalado que las protestas serán pacíficas e invitan a la ciudadanía a participar con ropa negra o morada, así como con pancartas en memoria de la adolescente y mensajes para exigir justicia.

Entre las convocatorias difundidas destacan:

• Ciudad de México: 6 de agosto, 16:00 horas. Salida desde la Diana Cazadora.
• Monterrey, Nuevo León: 6 de agosto, 16:00 horas. Punto de reunión en la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza.
• Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 6 de agosto, 16:00 horas. Convocatoria para marchar hacia el Parque Central.
• Tamaulipas: Diversos colectivos anunciaron que también realizarán actividades para exigir avances en la investigación.

El lema ¡No estamos todas, nos falta Dafne! se ha convertido en una de las principales consignas de las movilizaciones.

Avances judiciales en el caso Dafne

Las nuevas convocatorias ocurren después de que un juez vinculara a proceso a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, señalados por su probable participación en el delito de feminicidio. Ambos permanecerán sujetos al proceso penal mientras continúan las investigaciones complementarias, cuyo plazo concluirá en enero de 2027.

Previamente también fue vinculada a proceso Danna Yanina “N”, quien igualmente enfrenta una investigación por el mismo delito. La defensa de la imputada ha sostenido públicamente que su representada es inocente y anunció que promoverá recursos legales.

Por su parte, el padre de Dafne manifestó que buscará que todos los responsables reciban la pena máxima prevista por la legislación.

El caso de Dafne impulsó medidas del Gobierno federal

La muerte de la adolescente ocurrió el pasado 16 de julio, días después de ingresar a un campamento de verano de una escuela militarizada ubicada en Tamaulipas. La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Tras el caso, la Secretaría de Educación Pública instruyó revisar los permisos y reconocimientos oficiales relacionados con escuelas militarizadas y anunció que este tipo de instituciones dejarán de operar bajo esa modalidad para el ciclo escolar 2026-2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al señalar que ningún modelo educativo puede justificar abusos contra niñas, niños y adolescentes.

La exigencia de justicia continúa creciendo

Desde el fallecimiento de Dafne, familiares, colectivos y ciudadanos han realizado manifestaciones en diversas ciudades de Tamaulipas y ahora buscan ampliar la movilización a nivel nacional.

Las nuevas marchas pretenden mantener vigente el caso, acompañar a la familia de la adolescente y exigir que las investigaciones se desarrollen con transparencia, se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de todas las personas involucradas conforme avance el proceso judicial.

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra, ha dado marcha atrás en su decisión de rechazar el incidente de nulidad de actuaciones que presentó el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado de la Audiencia Nacional argumentó el pasado 24 de julio que el expresidente presentó el escrito “fuera del plazo”. Sin embargo, un nuevo auto conocido una semana después rectifica parcialmente ese criterio al reconocer un error en el cómputo de los plazos y admite a trámite parte de su solicitud.

En concreto, Calama explica que, aunque las partes pudieron acceder a la causa el 25 de mayo, no fue hasta el día 29 cuando estuvieron disponibles las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, después de que otra defensa advirtiera de que esa documentación esencial no se encontraba incorporada al expediente. Por ello, concluye que el plazo para promover el incidente de nulidad debía comenzar a contar desde esa última fecha y no desde la primera, de modo que el escrito presentado por Zapatero el 25 de junio sí fue registrado dentro del plazo legal.

El auto limita la admisión del incidente de nulidad a las ocho primeras resoluciones impugnadas, entre ellas la apertura de la pieza separada, la incorporación de las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, varias autorizaciones de entradas y registros y la inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en favor de la Audiencia Nacional.

En cambio, quedan fuera del incidente las resoluciones que autorizaron los registros en el despacho de Zapatero, en la empresa de sus hijas, Whathefav, así como Softgestor, S.L. e Inteligencia Prospectiva, S.L, vinculadas a la investigación, así como las que ordenaron nuevas diligencias, el bloqueo parcial de sus cuentas y la apertura de una pieza separada por un presunto delito contra la Hacienda Pública y contrabando, al considerar el juez que esas decisiones sí fueron recurribles en plazo.

Ahora, el juez da traslado del escrito al resto de las partes para que formulen alegaciones en un plazo común de cinco días.

Noticia en ampliación

La fiscalía de Utah presentó el 29 de julio de 2026 un escrito en el que sostiene que el caso contra Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, es tan contundente que “es la decisión más sencilla que este tribunal verá jamás”. En su argumentación, los fiscales subrayaron: “Este no es un caso complicado”.

El documento, dirigido al juez Tony Graf, busca que Robinson sea enviado a juicio por asesinato agravado, un delito que puede conllevar la pena de muerte en ese estado.

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave. La defensa de Robinson tiene plazo hasta el 11 de agosto para responder por escrito. El 1 de septiembre, el juez decidirá si el caso avanza a juicio oral, en un proceso que ha despertado gran atención tanto en Utah como a nivel nacional.

Los cargos que enfrenta Tyler Robinson

Tyler Robinson, de 23 años, quedó detenido poco después del ataque. Enfrenta siete cargos graves que resumen la gravedad de lo ocurrido y la magnitud del caso:

• Asesinato agravado.
• Descarga ilegal de arma de fuego con lesiones graves.
• Obstrucción a la justicia.
• Dos cargos de manipulación de testigos.
• Comisión de un delito violento en presencia de un menor.

El asesinato agravado es el único de los cargos que puede implicar la pena de muerte según la ley de Utah. La acusación por descarga ilegal de arma de fuego se refiere a haber disparado causando daños físicos severos. Los cargos de manipulación de testigos reflejan presuntos intentos de influir o intimidar a personas que puedan declarar ante el tribunal.

Hasta ahora, Robinson no ha declarado si se considera culpable o inocente. Sus abogados no han emitido comentarios públicos sobre la estrategia de defensa ni sobre su versión de los hechos.

La fiscalía insiste en que la acumulación de pruebas es suficiente para que el caso pase a juicio. Según ABC News, los fiscales describieron la causa como “tan directa” que el tribunal no debería dudar en avanzar.

Las pruebas presentadas por la fiscalía

Durante la audiencia preliminar, la fiscalía aportó diversos elementos. Entre las pruebas figuran videos de seguridad que, según los investigadores, muestran a Robinson en el techo del edificio desde donde se disparó contra Kirk.

Los fiscales también presentaron pruebas de ADN y testimonios de testigos que ubican a Robinson en la escena. Uno de los testimonios centrales es el de Lance Twiggs, compañero de cuarto y pareja sentimental de Robinson, quien declaró en video que Robinson le confesó el crimen en persona, por carta y por mensajes de texto.

Twiggs relató que “empezó a llorar un poco y dijo que ojalá no lo hubiera hecho”. Para la fiscalía, estas confesiones refuerzan la solidez del caso junto con los demás indicios y testimonios aportados.

Según Reuters, la fiscalía sostiene que Robinson actuó motivado por las posturas políticas de Kirk, especialmente su oposición al matrimonio igualitario y los derechos de las personas transgénero. Según la agencia, el estilo de vida de Robinson resultaba incompatible con las creencias religiosas y políticas de la víctima.

Próximos pasos en el proceso judicial

El caso todavía se encuentra en una fase preliminar. La defensa de Robinson tiene plazo hasta el 11 de agosto para presentar su respuesta formal a las acusaciones. Posteriormente, el 1 de septiembre, el juez Tony Graf escuchará los argumentos de las dos partes antes de decidir si el caso debe ir a juicio oral.

En ese momento, el juez deberá determinar si existe “causa probable”, es decir, pruebas razonables para pensar que el acusado cometió el delito y que, por tanto, corresponde juzgarlo. De avanzar el proceso, Robinson podría enfrentar la pena capital, como solicita la fiscalía.

Este fragmento resume el estado actual del proceso: Robinson permanece encarcelado, a la espera de la decisión judicial que marcará el destino del caso. La atención mediática y social se mantiene elevada ante la posibilidad de un juicio por asesinato agravado y la eventual aplicación de la pena de muerte.

¿Qué ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en Utah Valley University?

El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk, reconocido cofundador de Turning Point USA y aliado del entonces presidente Donald Trump, participaba en un mitin al aire libre en la Universidad del Valle de Utah. Unas 3.000 personas asistieron al evento.

En pleno discurso, un disparo proveniente del techo de un edificio a unos 60 metros impactó en el activista. El público entró en pánico y la policía lanzó un operativo masivo para dar con el responsable.

Kirk era una figura destacada dentro del movimiento conservador estadounidense. David Engelhardt, miembro de la junta directiva de Turning Point USA, lo definió como un promotor de valores tradicionales, convencido de que “la heterosexualidad dentro del matrimonio es el único patrón virtuoso para la sexualidad”.

La conmoción por el crimen se extendió rápidamente. La investigación inicial sentó las bases del proceso judicial que hoy sigue su curso.

La Cámara Federal de Salta confirmó una sentencia que obliga a una empresa de medicina prepaga a cubrir la escolaridad de un menor de 10 años con autismo y discapacidad intelectual leve en un colegio privado ubicado en el barrio 20 de Febrero, de la ciudad de Salta.

La Sala II rechazó la apelación de la compañía de salud y ratificó que deberá afrontar la matrícula y las cuotas mensuales correspondientes al ciclo lectivo 2026. La prestación tendrá como límite el valor establecido en el nomenclador nacional para personas con discapacidad.

El conflicto enfrentó dos posiciones. La familia sostuvo que la permanencia del alumno en la misma escuela era una necesidad vinculada con su salud, su estabilidad emocional y los avances alcanzados durante seis años. La demandada, en cambio, argumentó que el establecimiento privado había sido elegido unilateralmente por los padres y que debía evaluarse una alternativa dentro del sistema público.

Los camaristas Mariana Inés Catalano, Alejandro Castellanos y Guillermo Federico Elías priorizaron la continuidad del proceso de integración escolar. En su resolución, firmada por unanimidad, concluyeron que las reglas sobre la oferta educativa estatal no podían aplicarse de manera automática cuando estaba acreditada una adaptación exitosa y existía riesgo de regresión.

El menor cuenta con Certificado Único de Discapacidad y tiene diagnóstico de “retraso mental leve” y “autismo en la niñez”. Además, recibe tratamiento interdisciplinario permanente.

Su neurólogo infantil prescribió que continuara durante 2026 en la misma institución. Según consignó en la documentación médica, el objetivo era lograr un “mayor compromiso en autocuidados, comunicación y conexión”.

A esa indicación se sumaron informes terapéuticos, sociales y pedagógicos que describieron progresos en distintas áreas curriculares, una mayor autonomía dentro del aula y mejoras en la interacción con compañeros y adultos.

Los profesionales también destacaron que la escuela representaba para el estudiante un espacio seguro, conocido y previsible, donde había logrado integrarse, construir vínculos afectivos, participar en actividades sociales y desarrollar un sentido de pertenencia.

De hecho, uno de los reportes incorporados al expediente remarcó que “la elección de la institución ha sido un factor fundamental para el progreso que hoy puede observarse” y que la comunidad escolar lo acompañó “desde el inicio con una mirada comprensiva, inclusiva y comprometida con su desarrollo”.

Las posturas enfrentadas en el expediente

La madre promovió una acción de amparo después de que la prestadora rechazara cubrir la escolaridad primaria. La empresa había autorizado distintas prestaciones de rehabilitación para 2026, pero denegó la educación de jornada simple “sin justificativo alguno”, según reconstruyó el tribunal de alzada en su decisión.

Luego de recibir una carta documento, la entidad de salud respondió que no estaba obligada a financiar el colegio porque su elección había sido unilateral y voluntaria. También indicó que se trataba de una institución privada que no figuraba en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención y Rehabilitación a Personas con Discapacidad.

La firma puso a disposición de la familia a su equipo interdisciplinario para colaborar en la búsqueda de una escuela pública adecuada. Más tarde reiteró esa propuesta tanto en primera instancia como ante la Cámara.

En su recurso de apelación, cuestionó además los informes presentados por la madre del menor. Afirmó que eran documentos privados cuya autenticidad, contenido y firma no habían sido probados, y planteó que la condena se apartaba de la normativa y de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

También alegó que el beneficio era abusivo y discriminatorio frente a otros afiliados porque, según expresó en su recurso, el régimen de discapacidad no suponía un “all inclusive prestacional”.

La familia respondió que la continuidad escolar no obedecía a una preferencia, sino a una prescripción médica sustentada en la evolución del menor. Advirtió que la ruptura de ese entorno consolidado podía ocasionar retrocesos severos y desregulaciones en su conducta.

Además, calificó como “tardío e inapropiado” el ofrecimiento de la demandada, debido a que había sido formulado cuando el ciclo lectivo ya estaba en marcha y después de la intimación extrajudicial.

Por qué la Cámara validó los informes

A la hora de resolver, los camaristas desestimaron las objeciones contra la documentación aportada por la madre. En rigor, consideraron que provenía de médicos, terapeutas, docentes y autoridades que habían intervenido directamente en el tratamiento y la educación del alumno.

También ponderaron que algunas de las prestaciones mencionadas en esos reportes -entre ellas, psicología, psicopedagogía y maestra de apoyo- habían sido autorizadas por la propia compañía.

Para el tribunal, exigir que cada profesional compareciera a declarar para ratificar su informe implicaría “un excesivo rigor formal” que atentaría contra la naturaleza expedita del amparo y podría vulnerar el derecho a la salud del afiliado.

Los magistrados también rechazaron el planteo relacionado con la prueba que no había sido producida durante el curso del proceso. La prepaga pretendía que el Ministerio de Educación provincial informara sobre escuelas comunes y especiales aptas para recibir a un alumno con discapacidad.

Sin embargo, observaron que la propia demandada ya había incorporado un listado de instituciones. Por esa razón, entendieron que la medida solicitada no habría modificado el resultado del litigio.

El debate sobre la oferta educativa pública

La Ley 24.901 contempla la educación entre las prestaciones básicas destinadas a las personas con discapacidad. A su vez, la reglamentación prevé la cobertura cuando el beneficiario no dispone de una oferta estatal adecuada a sus necesidades.

El punto central consistía, entonces, en determinar si la demandada había demostrado la existencia de una escuela pública capaz de recibir al menor y brindarle condiciones equivalentes.

Los camaristas recordaron que la prueba inicial sobre la disponibilidad de una alternativa estatal recae en la entidad que presta los servicios de salud. Los padres, por su parte, deben acreditar la discapacidad, la afiliación y la indicación de un médico.

En este caso, la demandada acompañó una nómina general de colegios, pero no individualizó cuál podía garantizar el mismo nivel de inclusión, estabilidad emocional, contención socioafectiva y acompañamiento pedagógico.

La familia, en cambio, probó que el menor se encontraba integrado en su escuela, que había conseguido avances sostenidos y que los especialistas recomendaban preservar ese entorno para su bienestar.

Frente a esas circunstancias, la Cámara Federal salteña afirmó que “no cabe efectuar una aplicación lisa y llana” de la reglamentación vigente y que era necesario “evitar rigidizaciones que se aparten de las circunstancias particulares”.

El riesgo de cambiarlo de escuela

Aunque los padres habían elegido el colegio antes de afiliar a su hijo a la empresa y habían pagado las cuotas hasta 2025, los jueces descartaron que hubieran actuado de mala fe.

Durante ese período, explicaron, la institución respondió a las necesidades del alumno, facilitó su integración y lo acompañó de forma permanente. Por ese motivo, el debate ya no podía limitarse a quién había tomado inicialmente la decisión ni a la existencia abstracta de otras escuelas.

El tribunal puso especial énfasis en los vínculos que el menor había construido con sus compañeros, docentes y el resto de la comunidad. Según la sentencia, esas relaciones le aportaban una estabilidad emocional que debía ser preservada.

“Por ello, teniendo en miras el interés superior del niño, debe prevalecer la contención socio-afectiva existente en la actualidad a fin de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad en el marco de una prestación tan esencial como es la ‘Educación General Básica’, garantizando la educación inclusiva que ya goza”, expresaron los camaristas.

También plantearon que, en este caso, la escuela era el único ámbito en el que el alumno desarrollaba su vida social fuera del núcleo familiar.

Al respecto, expresaron: “un desarraigo indudablemente provocaría una limitación en su desarrollo y una regresión en sus condiciones de vida, relacionadas no solo con su proceso de aprendizaje y educación sino también de su salud”.

Para los magistrados, la negativa de la empresa tampoco podía fundarse razonablemente en la supuesta existencia de una alternativa estatal, debido a la “exitosa adaptación educativa preexistente”.

En otro tramo, indicaron que la reglamentación aplicable al caso debía ceder ante la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de un menor que ya se encontraba “ambientado y afectivamente contenido” en su ámbito escolar.

La sentencia agregó que el cambio podía generar “retrocesos, dificultades de adaptación y aumento de conductas desreguladas”, tal como había advertido el equipo que seguía su tratamiento.

Por último, la Cámara tuvo en cuenta que la empresa de medicina prepaga no había demostrado que la elección de la familia fuera irrazonable o excesiva. También señaló que la condena no imponía una cobertura ilimitada, ya que el pago quedó restringido al monto previsto en el nomenclador oficial.

Con esos fundamentos, los jueces confirmaron la obligación de cubrir la matrícula y las cuotas escolares de 2026, rechazaron íntegramente el recurso y mantuvieron las costas del proceso a cargo de la empresa demandada.

eBay pagará casi USD 50 millones a una pareja de periodistas de Massachusetts a la que exempleados de la empresa enviaron cucarachas vivas, una corona fúnebre y una máscara de cerdo ensangrentada para silenciar su cobertura periodística.

El acuerdo, anunciado este martes, no incluye cláusula de confidencialidad: los Steiner podrán hablar libremente sobre todo lo que vivieron.

Una pesadilla que comenzó con un boletín de noticias

David e Ina Steiner son los fundadores de EcommerceBytes, un boletín especializado en la industria del comercio electrónico con base en Natick, Massachusetts. Durante más de dos décadas, la publicación cubrió de cerca el funcionamiento de plataformas como eBay, lo que la convirtió en una referencia del sector —y, al parecer, en una molestia para algunos ejecutivos de la compañía.

En 2019, exempleados de eBay pusieron en marcha una campaña de acoso coordinada contra la pareja. Todo empezó con mensajes amenazantes en redes sociales, pero la situación no tardó en escalar hacia algo mucho más perturbador.

“No podía concebir que una empresa a la que había cubierto durante las últimas dos décadas hubiera intentado aterrorizarnos para que dejáramos de informar”, declaró Ina Steiner a NBC News.

Lo que llegó a su puerta

A lo largo de la campaña, los exempleados enviaron de forma anónima al domicilio de la pareja una serie de objetos diseñados para intimidar:

• Cucarachas y arañas vivas.
• Una corona fúnebre.
• Una máscara de cerdo ensangrentada estilo Halloween.
• Un libro sobre cómo sobrevivir a la muerte de un cónyuge.
• Revistas pornográficas con el nombre de David Steiner, enviadas a la casa de un vecino.

Además, planearon instalar un dispositivo GPS en el automóvil de la pareja y la sometieron a vigilancia presencial.

En 2020, la fiscalía federal presentó cargos contra siete exempleados de eBay por llevar a cabo esa campaña coordinada, motivada por la cobertura que el boletín hacía de la empresa. La mayoría se declaró culpable de cargos que incluían conspiración y acoso cibernético, y recibió condenas de prisión o arresto domiciliario.

Seis años de batalla legal

En 2021, los Steiner presentaron una demanda civil ante el tribunal federal de Boston. En ella acusaron a eBay de conspirar para “intimidarlos, amenazarlos de muerte, torturarlos, aterrorizarlos, acecharlos y silenciarlos” con el fin de “sofocar su cobertura periodística”.

El caso acumuló más de seis años de litigios penales y civiles. En 2024, eBay acordó pagar una multa penal de USD 3 millones bajo un acuerdo de enjuiciamiento diferido —un mecanismo legal que permite a una empresa evitar el juicio a cambio de cumplir ciertas condiciones— con las autoridades federales.

Las partes llegaron a un acuerdo tentativo en febrero de 2026, cuando el caso se encaminaba a juicio, pero no pudieron cerrarlo. Los Steiner pidieron en junio que el expediente volviera al calendario de juicio, y este mes alcanzaron un nuevo acuerdo definitivo.

Bajo ese acuerdo, la pareja recibirá USD 48,7 millones en compensación: USD 46,15 millones de eBay, USD 2 millones del exdirector ejecutivo Devin Wenig, USD 500.000 de la exvicepresidenta Wendy Jones y USD 50.000 del exdirector de comunicaciones Steve Wymer.

A eso se suman USD 7 millones en donaciones a organizaciones sin fines de lucro, incluido USD 1 millón adicional que Wenig aportará a una organización dedicada a proteger los derechos de la Primera Enmienda, en nombre de Ina Steiner.

Sin silencio ni letra chica

El acuerdo no incluye cláusula de confidencialidad, lo que permite a los Steiner hablar públicamente sobre el caso. Su abogado, Christopher Murphy, advirtió a NBC News que en este tipo de litigios “quienes cometen irregularidades con demasiada frecuencia ocultan sus actos ofreciendo compensación a sus víctimas a cambio de silencio o de un acuerdo de confidencialidad”.

eBay deberá además emitir una declaración pública sobre la conducta de sus exejecutivos. La empresa reconoció “el tono poco profesional en las comunicaciones internas” de Wenig, Wymer y Jones, aunque sostuvo que esa conducta “no es representativa de la cultura de eBay”.

“Esto no fue solo un ataque contra dos personas; fue también un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirmó Murphy a Fortune. “Las corporaciones y sus ejecutivos no pueden incurrir en este tipo de conductas sin enfrentar consecuencias graves”.

Ina Steiner dijo que ella y su esposo siempre tuvieron claro que el acuerdo debía ser público, “como víctimas que quieren evitar que algo así le ocurra a cualquier otra persona, y como periodistas que creen en la transparencia”. Espera que “algo bueno surja de esta experiencia dolorosa que cambió nuestras vidas”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sancionado con una multa de 840 euros a un abogado por presentar un recurso de apelación sustentado en citas de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que nunca existieron. Las resoluciones, que aparecían entrecomilladas y destacadas en el escrito como si fueran jurisprudencia auténtica, habían sido inventadas por un sistema de inteligencia artificial. Para el tribunal, no se trata de un simple error de redacción o de una equivocación puntual, sino de una actuación que vulnera la buena fe procesal y el respeto debido a la Justicia.

La resolución, dictada por la Sala de lo Penal, considera acreditado que el letrado incorporó al recurso referencias jurisprudenciales inexistentes o completamente ajenas al asunto que pretendía defender. Esa circunstancia obligó a los magistrados a comprobar una por una todas las citas incluidas en el escrito para verificar si realmente correspondían a resoluciones del Supremo y del Constitucional o si, por el contrario, habían sido generadas sin base real.

Tras revisar la documentación del procedimiento y el informe elaborado por la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJ de Canarias, la Sala concluyó que el recurso contenía al menos 25 sentencias citadas como jurisprudencia que eran incorrectas, apócrifas o directamente inexistentes. Además, el escrito fundamentaba parte de sus alegaciones sobre supuestas omisiones de documentación policial en una doctrina jurisprudencial que, según el tribunal, tampoco existía o no guardaba ninguna relación con el caso enjuiciado.

El tribunal descarta que fuera un simple descuido

El abogado trató de justificar lo ocurrido alegando que se había tratado de un error sin mayores consecuencias, pero la Sala rechaza esa explicación. A juicio de los magistrados, la actuación del letrado “merece ser calificada como desatención de deberes profesionales básicos por imprudencia grave, constitutiva de una infracción del deber de buena fe procesal y, por ende, de falta del respeto debido al Tribunal”.

La resolución recuerda que el uso de herramientas de inteligencia artificial no libera a los profesionales de su obligación de revisar y verificar el contenido de los escritos que presentan ante un órgano judicial. La responsabilidad sobre el recurso, subraya el TSJC, corresponde siempre al abogado firmante, con independencia de que haya recurrido a una herramienta tecnológica para preparar parte de su argumentación.

En este sentido, la Sala incide en que los riesgos asociados a las denominadas “alucinaciones” de la inteligencia artificial —respuestas aparentemente correctas que, en realidad, son completamente inventadas— son ya suficientemente conocidos como para que cualquier profesional del Derecho extreme las comprobaciones antes de incorporar ese contenido a un procedimiento judicial.

Los magistrados añaden otro elemento que consideran relevante para graduar la respuesta disciplinaria: el abogado no reconoció el error ni pidió disculpas durante la tramitación del incidente. Esa actitud lleva al tribunal a concluir que lo sucedido no podía resolverse con una simple advertencia o un apercibimiento formal.

Una sanción calculada con un criterio “ejemplarizante”

El TSJC explica que la multa de 840 euros responde a un criterio que considera al mismo tiempo “objetivo” y “ejemplarizante”. La intención de la Sala es lanzar un mensaje que contribuya a evitar que este tipo de conductas vuelvan a repetirse, especialmente en un contexto en el que el uso de herramientas de inteligencia artificial es cada vez más habitual entre los profesionales.

Para fijar el importe, los magistrados toman como referencia el coste que habría supuesto para el abogado contratar durante un año una plataforma de inteligencia artificial específicamente diseñada para el ámbito jurídico, herramientas que incorporan bases de datos verificadas y reducen significativamente el riesgo de generar jurisprudencia ficticia. Según expone la resolución, existen suscripciones básicas a partir de unos 70 euros mensuales, por lo que la multa equivale al coste anual de ese servicio: 840 euros. “Se tiene en cuenta, para ello, el coste que hubiera supuesto para el letrado la contratación de una suscripción anual a una herramienta de IA específicamente jurídica, de las disponibles en el mercado, que, de haber sido utilizada, probablemente hubiera evitado el resultado que ahora se enjuicia”, razona la Sala.

Junto a la sanción económica, el tribunal ha acordado remitir la resolución y toda la documentación del expediente al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que valore si procede exigir al letrado algún tipo de responsabilidad disciplinaria en el ámbito colegial.

Segundo caso en pocos meses

La resolución no es un episodio aislado. El propio TSJC recuerda que se trata del segundo caso detectado este año en Canarias relacionado con el uso de inteligencia artificial para elaborar recursos judiciales con jurisprudencia inexistente.

El pasado mes de febrero, la misma Sala de lo Penal ya impuso otra multa, entonces de 420 euros, a un abogado que había incorporado a un recurso hasta 48 sentencias falsas sugeridas por un sistema de inteligencia artificial. Aquel precedente ya advertía de la obligación de los profesionales de comprobar la autenticidad de las resoluciones antes de invocarlas ante un tribunal.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a ampliar la investigación patrimonial sobre Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que los investigadores detectaran que adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) sin recurrir a financiación hipotecaria y concluyeran que, con la información recabada hasta el momento, no han localizado operaciones que justifiquen la capacidad económica necesaria para afrontar el pago del inmueble.

La decisión forma parte del auto, al que ha tenido acceso Infobae, por el que el magistrado acuerda una amplia batería de diligencias para investigar las cuentas bancarias del expresidente, de sus hijas, de Julio Martínez Martínez y de varias sociedades vinculadas al entramado objeto de la investigación.

La resolución, fechada el 29 de julio, da respuesta a una petición formulada por la UDEF, que reclamaba acceder a la información bancaria y patrimonial de los principales investigados para verificar el origen y destino de los fondos analizados durante la instrucción. En el caso de Alcázar, los agentes sostienen que, aunque hasta ahora no han detectado ingresos procedentes del entramado societario investigado, su papel dentro de la estructura descrita en la causa hace necesario profundizar en el examen de su patrimonio.

Según recoge el auto que ha podido consultar este diario, la secretaria del expresidente “tendría un papel relevante en la operativa de la organización”, al intervenir en la gestión de comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda relacionados con las actividades que investiga la Audiencia Nacional. La propia UDEF precisa, no obstante, que “hasta la fecha” no tiene constancia de que haya recibido fondos “procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado”. Aun así, considera conveniente realizar “consultas básicas relativas a su patrimonio” debido a la función que le atribuye dentro de la supuesta organización.

La compra de una vivienda sin financiación hipotecaria

El principal elemento que ha llevado a la UDEF a solicitar la ampliación de las pesquisas sobre Gertrudis Alcázar es la adquisición de una vivienda situada en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, de donde es, por cierto, alcaldesa su hermana Antonia Alcázar.

De acuerdo con el informe incorporado al auto, el inmueble fue adquirido mediante escritura pública el 12 de junio de 2023 y Alcázar ostenta el 100% de la propiedad. Los investigadores sostienen que la operación se realizó sin recurrir a un préstamo hipotecario y que el importe fue abonado mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria efectuados durante algo más de dos años, entre marzo de 2021 y junio de 2023, hasta completar un desembolso de 132.055 euros.

La UDEF añade que, tras revisar la información de la que dispone hasta ahora, no ha observado “otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada”. Ese extremo es el que lleva a los investigadores a solicitar autorización judicial para acceder a su información bancaria y patrimonial con el fin de comprobar el origen de los fondos empleados en la compra del inmueble.

El juez hace suya esa petición a efectos de la instrucción y acuerda recabar toda la documentación financiera necesaria para contrastar la información tributaria ya incorporada a la causa con los datos que obran directamente en las entidades bancarias.

El papel que le atribuye la investigación

La ampliación de las diligencias sobre la secretaria del expresidente se enmarca en la investigación que dirige el magistrado José Luis Calama sobre un supuesto entramado societario que, según la hipótesis recogida en el informe policial y reproducida en el auto para justificar las diligencias, estaría encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

La resolución resume que la investigación sitúa “en su núcleo una estructura organizada y estable” orientada, presuntamente, al ejercicio de influencias en favor de determinados clientes, entre ellos Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según esa hipótesis, dichos servicios se habrían retribuido mediante contratos de asesoría presuntamente simulados y los pagos tendrían como destinatarios finales al expresidente y a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

En ese esquema, el juez reproduce que Julio Martínez Martínez actuaría como gestor funcional del entramado, interlocutor con los clientes y persona de confianza de Zapatero. Respecto a Gertrudis Alcázar, el auto señala que su participación sería distinta, al intervenir de forma constante en las comunicaciones, la documentación y la organización de la agenda, con “conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia” investigadas.

Pese a esa valoración sobre su papel, tanto el informe policial como el auto distinguen su situación patrimonial de la del resto de investigados. La UDEF deja expresamente reflejado que, hasta el momento, no ha detectado transferencias o ingresos procedentes del entramado societario en favor de la secretaria del expresidente. Sin embargo, entiende que esa ausencia de movimientos identificados no excluye la conveniencia de examinar su patrimonio para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la compra de la vivienda y verificar si existe alguna relación con los hechos objeto de investigación.

Para ello, Calama acuerda solicitar información a una decena de entidades financieras, entre ellas Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural y Caceis Bank Spain. El requerimiento comprende los extractos completos de las cuentas, la documentación de apertura, la identificación de titulares y autorizados, las transferencias realizadas y recibidas, los préstamos, depósitos, cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la actualidad.

Además, el magistrado ordena que toda la documentación bancaria remitida por las entidades sea incorporada inicialmente a una pieza separada y reservada, con el fin de preservar los datos que puedan resultar ajenos a la investigación o afectar a la intimidad de los investigados. Solo una vez analizada esa información se incorporarán a la causa los documentos e informes que guarden relación con los hechos investigados.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado una amplia batería de diligencias de investigación para acceder a la información bancaria de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, así como de Julio Martínez Martínez y de numerosas sociedades mercantiles vinculadas a la investigación abierta sobre una presunta organización dedicada al ejercicio de influencias ilícitas. La resolución, a la que ha tenido acceso Infobae, responde a una petición formulada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que sostiene que existen indicios suficientes para profundizar en el análisis de los movimientos económicos del entramado.

En el auto, fechado el 29 de julio, el magistrado recuerda que la instrucción tiene por objeto esclarecer los hechos investigados y determinar la posible participación de las personas implicadas. Tras resumir las conclusiones expuestas por la UDEF, considera que las diligencias solicitadas resultan “necesarias, pertinentes y útiles” para avanzar en el procedimiento y acuerda requerir información detallada a numerosas entidades financieras sobre cuentas, extractos bancarios, documentación de apertura, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y cualquier otro producto financiero relacionado con los investigados desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.

Según recoge el auto que ha podido consultar este diario, la investigación sitúa “en su núcleo” una estructura organizada que atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero, orientada presuntamente a ejercer influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. De acuerdo con el documento, esos servicios habrían sido retribuidos mediante contratos de asesoría que la investigación considera simulados y cuyo destino final serían el expresidente y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas. El juez reproduce igualmente que Julio Martínez Martínez actuaría como gestor del entramado y persona de confianza de Zapatero, mientras que la secretaria del expresidente habría desempeñado un papel constante en la gestión de comunicaciones, documentación y agenda.

La UDEF detalla los movimientos económicos objeto de investigación

El auto incorpora un resumen del oficio remitido por la UDEF, en el que se describen distintos flujos económicos que los investigadores consideran de interés.

En relación con José Luis Rodríguez Zapatero, la Policía sostiene que habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante entre 2020 y 2025. A esa cantidad suma otros ingresos procedentes de distintas sociedades que, según la investigación, se justificaron mediante supuestos servicios profesionales relacionados con conferencias, asesoramiento estratégico, mediación o análisis geopolítico. Entre ellos figuran 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 104.410 euros de Mimo Advisors; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

Respecto a los pagos de Focus Social Research, el documento señala que la UDEF los vincula al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

Asimismo, el auto recoge que una cuenta del Banco Santander habría funcionado como receptora de fondos que posteriormente eran redistribuidos a otras cuentas del expresidente. Entre las operaciones destacadas figura la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante una transferencia de 498.000 euros tras la compra de un inmueble por 580.000 euros.

En cuanto a Whathefav, sociedad administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la resolución reproduce que habría recibido 242.423 euros desde Análisis Relevante, otros pagos procedentes de Agropecuaria Lucena y Pickashop, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva y cantidades adicionales de Gate Center y Thinking Heads. Según el documento, desde las cuentas de Whathefav se habrían transferido posteriormente 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas bancarias.

Petición de información bancaria a una decena de entidades

El magistrado acuerda requerir información al SEPBLAC a través de entidades como Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural o Caceis Bank Spain. La petición incluye los extractos completos en formato Norma 43, los documentos de apertura de las cuentas, la identificación de titulares y autorizados, justificantes de transferencias, contratos de depósitos o cajas de seguridad y las comunicaciones internas mantenidas entre las entidades y sus clientes.

Además de las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, las diligencias afectan a Julio Martínez Martínez, Gertrudis Alcázar y numerosas sociedades investigadas, entre ellas Affita, Affita Capital, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Caletón Consultores, Mérida Capital, Pickashop, IOT Domotic Europe, ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap y Nez Asesores.

El auto también reproduce el análisis de la UDEF sobre el entramado empresarial controlado por Julio Martínez Martínez. Según la investigación, al menos 27 sociedades presentan indicios de control unitario, con coincidencia de domicilios sociales, objetos mercantiles amplios y modificaciones societarias simultáneas. Los investigadores sostienen que los movimientos bancarios detectados muestran intensos flujos internos, operaciones con conceptos genéricos y una falta de correlación con la actividad económica declarada, circunstancias que, a su juicio, dificultan seguir el rastro del dinero.

Entre las sociedades analizadas, la UDEF destaca el volumen de movimientos registrado por ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap, Mérida Capital o Nez Asesores, así como los pagos efectuados por Caletón Consultores con fondos procedentes, según la investigación, de Plus Ultra. En el caso de Inteligencia Prospectiva, el documento la describe como una sociedad instrumental que habría introducido fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizado pagos a Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center. Softgestor, por su parte, figura como emisora de dos transferencias a Análisis Relevante justificadas mediante un contrato de asesoría que la investigación considera artificioso.

Como medida adicional, el juez acuerda la apertura de una pieza separada y reservada para custodiar toda la información bancaria que remitan las entidades financieras. Esa documentación permanecerá restringida mientras se eliminan los datos considerados irrelevantes o que puedan afectar a la intimidad de los investigados, incorporándose posteriormente a la causa únicamente los informes de análisis elaborados a partir de esa información y la documentación directamente relacionada con ellos.

Begoña Gómez ha decidido cambiar de abogado cuando su procedimiento judicial entra en la fase más delicada. Tras dos años representada por el exministro socialista Antonio Camacho durante la instrucción de la causa, la mujer del presidente del Gobierno ha puesto ahora su defensa en manos de Jaime Campaner, un nombre que ocupa desde hace años un lugar destacado entre los penalistas españoles y cuya trayectoria tiene un rasgo que explica, en buena medida, esta elección: es uno de los abogados con mayor experiencia en juicios con jurado popular.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó recientemente que Gómez será juzgada por un tribunal integrado por nueve ciudadanos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación que siguen vivos en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado. Con la investigación prácticamente cerrada, el escenario ya no pasa tanto por discutir diligencias o recurrir resoluciones, sino por preparar una vista oral en la que la capacidad para explicar un caso y construir un relato ante un jurado adquiere una importancia decisiva. Es precisamente en ese terreno donde Campaner ha cimentado buena parte de su prestigio profesional.

Su llegada, además, ha venido acompañada de su primer movimiento procesal. Nada más asumir la defensa solicitó al juez ampliar de cinco a quince días el plazo para presentar el escrito de defensa, alegando la complejidad del procedimiento y el volumen de documentación que debía estudiar antes de fijar la estrategia que seguirá en el juicio.

Del aula a las grandes salas de vistas

Aunque su nombre suele aparecer vinculado a algunas de las causas judiciales más conocidas de los últimos años, Jaime Campaner siempre ha combinado la práctica de la abogacía con una sólida formación académica.

Mallorquín de origen, se licenció en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares como número uno de su promoción, mérito que le valió el Premio Extraordinario de Licenciatura. Después amplió su formación con un máster en Derecho Penal Económico Internacional en la Universidad de Granada y culminó su recorrido universitario con un doctorado en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid, también reconocido con el Premio Extraordinario de Doctorado.

Durante varios años ejerció además como profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de las Islas Baleares, una faceta que siempre ha convivido con su actividad en los tribunales.

Su interés por el proceso penal quedó reflejado en su tesis doctoral, “La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba”, un estudio centrado en las consecuencias jurídicas de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. La obra fue posteriormente publicada y una de sus ediciones contó con un prólogo firmado por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

El abogado de las causas complejas

Con el paso de los años, Campaner ha orientado su carrera hacia el derecho penal económico y los procedimientos de especial complejidad. Desde su despacho, Campaner Law, con sedes en Palma, Ibiza y Madrid, ha defendido a empresarios, directivos, cargos públicos y particulares en investigaciones que, en muchos casos, han ocupado durante meses las portadas de los medios de comunicación.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza durante el ‘caso Nóos’, donde asumió la defensa del empresario Salvador Trinxet en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de las últimas décadas.

Después llegaron otros procedimientos de enorme repercusión. Ha participado en el juicio seguido en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol, ejerciendo la defensa de Josep Pujol Ferrusola; también ha representado al expresidente de Sacyr Luis del Rivero en distintas piezas del ‘caso Villarejo’ y ha intervenido en el conocido ‘caso Cursach’, una de las mayores investigaciones por corrupción desarrolladas en Baleares, como abogado del exjefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut.

Más recientemente volvió a situarse en primera línea al asumir la defensa del futbolista Rafa Mir tras ser investigado por una presunta agresión sexual. Desde el primer momento sostuvo que las relaciones habían sido consentidas y resumió el estado de la investigación con una frase que tuvo amplia repercusión: “El partido acaba de empezar”, insistiendo en que el procedimiento apenas había iniciado su recorrido judicial.

Entre los clientes que han pasado por su despacho también figuran empresarios vinculados al ámbito financiero, directivos de grandes compañías y personalidades relacionadas con el FC Barcelona y su presidente, Joan Laporta, además de otros asuntos de dimensión internacional. Y es que la proyección de Campaner también ha cruzado las fronteras españolas. Entre los clientes que han pasado por su despacho figura Giovanni Di Stefano, el controvertido abogado italiano que alcanzó notoriedad internacional por defender, entre otros, al expresidente iraquí Sadam Hussein.

Especialista en convencer a un jurado

Sin embargo, si hay un elemento que distingue a Jaime Campaner de otros penalistas es su especialización en los procedimientos ante el Tribunal del Jurado.

No se trata únicamente de conocer el Código Penal o la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este tipo de procesos la estrategia cambia por completo. La defensa debe ser capaz de trasladar cuestiones jurídicas complejas a nueve ciudadanos sin formación en Derecho, ordenar los hechos con claridad y construir un relato comprensible alrededor de la prueba practicada durante el juicio.

Esa experiencia, poco habitual dentro de la abogacía penal española, le ha convertido en uno de los profesionales más reconocidos en esta materia. Además de intervenir en numerosos procedimientos con jurado, también ha impartido formación especializada sobre este tipo de procesos.

Esa es precisamente la experiencia que ahora incorpora la defensa de Begoña Gómez. Después de una instrucción marcada por recursos, declaraciones y resoluciones judiciales, el procedimiento entra en una fase completamente distinta. La batalla ya no se librará tanto en los escritos procesales como en la sala de vistas. Y será allí donde Jaime Campaner, uno de los abogados españoles más acostumbrados a dirigirse a un jurado popular, asumirá el reto de intentar convencer a los nueve ciudadanos que tendrán que decidir el futuro judicial de la esposa del presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa que se sigue contra una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, el denominado ‘caso Leire Díez’. El magistrado ha fijado su comparecencia en calidad de investigado para el próximo 10 de septiembre de 2026, a las 10.00 horas, en la sede del Juzgado Central de Instrucción.

El juez adopta esta decisión apenas unas semanas después de rechazar la imputación de Marcos al considerar que, con los indicios existentes en ese momento, no procedía atribuirle responsabilidad penal. Sin embargo, la práctica de nuevas diligencias y las peticiones formuladas por la acusación popular unificada han llevado ahora al instructor a cambiar de criterio y citar al antiguo máximo responsable de la Guardia Civil para que preste declaración por primera vez como investigado.

La providencia dictada este martes, no obstante, no concreta los delitos que se le atribuyen ni desarrolla los hechos concretos por los que pasa a tener la condición de investigado. El magistrado se limita a acordar su citación tras recibir un escrito de la acusación popular en el que se solicitaba la práctica de nuevas diligencias. En la misma resolución fija también para el 10 de septiembre, a las 10.30 horas, la declaración como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca.

Las sospechas sobre la cúpula de la Guardia Civil

Leonardo Marcos ocupó la Dirección General de la Guardia Civil entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando fue sustituido por Mercedes González, hasta entonces delegada del Gobierno en Madrid. Su relevo se produjo dentro de una remodelación del Ministerio del Interior y, en ese momento, el Ejecutivo no lo vinculó a ninguna investigación judicial.

Su nombre comenzó a adquirir protagonismo en la causa después de que la acusación popular, ejercida por el PP, solicitara su imputación al considerar que existían indicios de que habría participado en actuaciones dirigidas a dificultar o interferir en investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.

Entre los elementos que han ido incorporándose a la instrucción figura la declaración del coronel de la UCO Rafael Yuste. Según trascendió de su comparecencia judicial, el mando aseguró que Marcos le trasladó la conveniencia de mantener una actitud pasiva respecto a determinadas investigaciones, entre ellas la abierta sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Precisamente, una de las líneas de investigación del denominado ‘caso Leire Díez’ trata de esclarecer si desde distintos ámbitos se impulsó una estrategia para condicionar el trabajo de la UCO y frenar procedimientos judiciales especialmente sensibles para el Ejecutivo.

Con esta decisión, Leonardo Marcos se suma a la lista de responsables de la Guardia Civil investigados en la causa, en la que ya figuraban la actual directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas.

Nuevas diligencias sobre la denuncia contra Leire Díez

La providencia incorpora además nuevas diligencias dirigidas a reconstruir la tramitación de la denuncia presentada contra Leire Díez. El juez ha ordenado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz que remitan el expediente íntegro del procedimiento, incluyendo la denuncia original, toda la documentación aportada, los registros de entrada y salida, informes, propuestas, dictámenes, decretos, acuerdos, resoluciones y cualquier otro documento incorporado al expediente.

Asimismo, Pedraz reclama todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios y responsables del Ministerio Fiscal relacionadas con esa denuncia. La petición abarca correos electrónicos corporativos, mensajes enviados mediante aplicaciones de mensajería profesional, comunicaciones internas, notas de despacho, oficios, informes, convocatorias y actas de reuniones, así como registros de llamadas, videoconferencias y cualquier otra comunicación escrita o electrónica vinculada a su tramitación.

El Gobierno ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y exlíder de Junts, Laura Borràs, una decisión con la que reduce su condena de prisión de cuatro años, seis meses y un día a dos años y evita así su entrada en la cárcel. El Consejo de Ministros ha acordado mantener el resto de la condena, incluida la multa de 36.000 euros y la inhabilitación, y ha justificado la medida en los mismos términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya consideró en su sentencia que la pena de cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva”.

La medida pone fin a un expediente que permanecía sobre la mesa del Ministerio de Justicia desde hace más de un año. El propio TSJ de Cataluña, pese a haber condenado a Borràs, promovió en 2024 un indulto parcial al entender que el castigo previsto por la ley excedía la gravedad de los hechos en lo relativo a la pena privativa de libertad. La Fiscalía, por el contrario, emitió un informe desfavorable a la concesión de la medida de gracia, aunque el Gobierno ha terminado aceptando la propuesta formulada por el tribunal sentenciador.

Con la rebaja de la condena a dos años de prisión, la expresidenta del Parlament no tendrá que ingresar en un centro penitenciario, mientras continúan vigentes las restantes penas impuestas por los tribunales.

Una condena por adjudicaciones irregulares en la Institució de les Lletres Catalanes

La causa por la que Laura Borràs ha sido condenada no guarda relación con el proceso independentista catalán. Tanto el TSJC como posteriormente el Tribunal Supremo concluyeron que los hechos respondían a delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental cometidos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.

La sentencia declaró probado que Borràs fraccionó de manera irregular 18 contratos menores por un importe total de 335.700 euros para adjudicarlos de forma directa a un informático con el que mantenía una relación de confianza. Ese fraccionamiento permitió eludir los procedimientos de contratación pública y evitar la convocatoria de concursos, según establecieron los tribunales.

La investigación se inició de forma indirecta. Los Mossos d’Esquadra descubrieron los intercambios de correos electrónicos entre Borràs y ese colaborador durante una operación policial contra este último por un presunto delito de tráfico de drogas. Esa documentación dio pie a la apertura de la investigación que terminó derivando en el procedimiento judicial.

En marzo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la entonces presidenta del Parlament a cuatro años y medio de prisión, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por prevaricación administrativa, un delito continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Dos años después, el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la condena y rechazó todos los recursos de la defensa. También descartó aplicar a Borràs la ley de amnistía al considerar que los delitos juzgados no tenían ninguna vinculación con el procés independentista, sino que respondían exclusivamente a irregularidades en la contratación pública.

Durante toda la instrucción y el juicio, la exdirigente de Junts sostuvo que era víctima de una persecución política y defendió que el procedimiento era un caso de lawfare. Esa tesis, sin embargo, no fue compartida por los órganos judiciales que conocieron la causa.

El TSJC abrió la puerta a la medida de gracia

La singularidad del caso reside en que fue el propio tribunal que condenó a Borràs el que pidió al Gobierno que rebajara la pena de prisión. En la misma sentencia, los magistrados recurrieron al mecanismo previsto en el artículo 4.3 del Código Penal para solicitar un indulto parcial al entender que la entrada en prisión resultaba “desproporcionada y excesiva”.

A juicio de la sala, el reproche penal quedaba suficientemente cubierto con las restantes sanciones, especialmente la larga inhabilitación para ejercer cargos públicos y la multa económica. Esa valoración llevó al TSJC a formalizar posteriormente la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

Después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena en firme, el tribunal catalán suspendió la ejecución de la pena de prisión mientras el Ejecutivo resolvía el expediente. La Fiscalía se opuso a la concesión del indulto, aunque no puso objeciones a mantener suspendido el ingreso en prisión hasta que el Gobierno adoptara una decisión definitiva.

El Consejo de Ministros ha optado finalmente por asumir la propuesta del TSJC y conmutar la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, manteniendo el resto de la condena.

Otros cuatro indultos aprobados

La reunión del Consejo de Ministros también ha servido para aprobar otros cuatro indultos parciales. Entre ellos figura el concedido al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa. El Ejecutivo ha indultado la pena de prisión pendiente de cumplimiento, aunque mantiene el resto de las condenas. Según el Ministerio de Justicia, la medida responde a motivos humanitarios relacionados con su estado de salud y llega después de que numerosas personalidades del ámbito cultural y audiovisual respaldaran la solicitud.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un indulto parcial para el exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. En su caso, la pena de prisión de tres años queda sustituida por otra de dos, mientras se mantiene la inhabilitación de siete años. La petición contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el apoyo del Ayuntamiento de Linares, el respaldo del PP y del PSOE en el municipio y el de una asociación vecinal que promovió una recogida de firmas.

El Consejo de Ministros también ha concedido el indulto parcial a dos personas condenadas por delitos contra la salud pública. Ambos verán reducidas sus penas de prisión, inicialmente fijadas en tres años y en cuatro años y medio, respectivamente, a una condena de dos años. En ambos expedientes constaban informes favorables tanto de los tribunales sentenciadores como del Ministerio Fiscal.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reclamado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, indemnicen de forma solidaria a la institución con 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil si finalmente son condenadas por un delito de malversación en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. La universidad sostiene que esa cantidad corresponde al perjuicio económico derivado del presunto desvío del ‘software’ desarrollado en el seno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y al uso de personal de la institución para fines ajenos a la actividad universitaria.

La reclamación figura en el escrito de conclusiones provisionales que la Complutense ha remitido al magistrado instructor de cara al futuro juicio con jurado. En él, la universidad, personada como perjudicada, hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid y solicita que, además de esa indemnización, se le restituya la titularidad y el control del programa informático y de todos los activos vinculados a él, como los dominios, códigos fuente, accesos, marcas o derechos de explotación, en caso de que las acusadas resulten condenadas.

El escrito llega después de que la Audiencia Provincial acordara mantener el procedimiento únicamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, archivando las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente había atribuido el juez Peinado a Gómez y Álvarez.

La Complutense sostiene que el ‘software’ era un activo de la universidad

En su escrito, la UCM parte de la resolución de la Audiencia para defender que existen indicios suficientes de un posible delito de malversación relacionado con el desarrollo y posterior destino del ‘software’ creado en el marco de la cátedra que codirigía Begoña Gómez.

La universidad recuerda que el proyecto fue desarrollado “con medios, recursos y bajo el paraguas institucional” de la Complutense y recalca que el hecho de que parte de la financiación procediera de empresas colaboradoras no altera el carácter público de esos recursos, ya que estaban destinados a fines universitarios y educativos.

A partir de esa premisa, identifica dos posibles focos del perjuicio económico. El primero afecta al propio programa informático, que considera un activo de la Complutense al haber sido desarrollado mediante recursos de la universidad y aportaciones destinadas a la actividad de la cátedra. El segundo se refiere al trabajo realizado por personal de la institución, cuyas retribuciones fueron abonadas con fondos públicos y cuya actividad, según sostiene, habría sido destinada presuntamente a fines particulares.

En esa línea, la universidad comparte el criterio de la Audiencia Provincial, que aprecia indicios de que el ‘software’ habría sido desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de Begoña Gómez mediante distintas actuaciones realizadas sin conocimiento ni autorización de la UCM.

Entre ellas menciona el registro de la marca TSC, la solicitud de la marca “Plataforma de mediación de Impacto social y medioambiental www.transformatsc.org”, la transferencia a su nombre del dominio de internet vinculado al proyecto y la constitución, en 2023, de la sociedad Transforma TSC S.L., de la que Gómez figura como administradora única y cuyo objeto social incluiría la explotación comercial del programa informático.

A juicio de la universidad, todas esas actuaciones habrían privado a la Complutense del control sobre un activo desarrollado con recursos públicos y menoscabado su patrimonio. El escrito añade, además, que entre la institución y la codirectora de la cátedra existía “una verdadera relación de confianza”, extremo que considera relevante a efectos de valorar la gestión de esos recursos.

La UCM cifra provisionalmente el perjuicio económico en 113.509,32 euros, una cantidad que engloba tanto el coste del desarrollo del ‘software’ como las retribuciones satisfechas al personal cuya actividad, según sostiene, habría sido empleada para fines particulares. Esa sería la cantidad que reclama como responsabilidad civil solidaria a Gómez y Álvarez en caso de una eventual condena.

Además de la indemnización económica, la universidad solicita que le sean restituidos el ‘software’ y todos los elementos asociados a él, incluidos dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas y derechos de explotación que pudieran encontrarse en poder de quienes resulten condenados.

La universidad apunta a Cristina Álvarez como cooperadora necesaria

Respecto a Cristina Álvarez, la Complutense también hace suyo el razonamiento de la Audiencia Provincial, que aprecia indicios de que pudo actuar como cooperadora necesaria en el presunto delito de malversación.

Según recoge el escrito, el tribunal considera que su participación habría sido “activa e indispensable” en las gestiones encaminadas al presunto desvío del activo patrimonial de la universidad hacia fines privados. Asimismo, entiende que su intervención habría excedido las funciones propias del cargo que desempeñaba en la Presidencia del Gobierno y que prestó una colaboración esencial en las actuaciones atribuidas a Begoña Gómez durante el desarrollo de la cátedra.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando hacia la fase de juicio. En una providencia dictada este martes, el juez Juan Carlos Peinado ha concedido a las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez un plazo de cinco días para presentar sus escritos de defensa y tres días para comunicar si renuncian a la celebración de la audiencia preliminar sobre la apertura del juicio oral.

La resolución se produce después de que la Audiencia Provincial confirmara la continuidad del procedimiento por tráfico de influencias y malversación y dejara fuera de la causa por jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya situación continuará tramitándose mediante un procedimiento abreviado en relación con la investigación sobre adjudicaciones públicas.

Por su parte, la Fiscalía ha reiterado la posición que ha mantenido durante toda la instrucción y ha comunicado al juzgado que no presentará escrito de acusación. El Ministerio Público ha avanzado que formulará un escrito de conclusiones absolutorias una vez conozca las pretensiones definitivas de la acusación popular unificada, al considerar que no aprecia la existencia de delito en los hechos investigados.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador dictaminó el día de ayer, 27 de julio, la pena máxima de 50 años de prisión a dos hombres por el feminicidio agravado de una adolescente de 14 años.

Los sentenciados, Jorge Efraín Vásquez Ibarra y Geovanny Pablo Gómez Milán, recibieron la condena luego de que las pruebas demostraran su responsabilidad en los hechos, ocurridos en la comunidad 10 de Octubre, ubicada en Soyapango. El crimen fue registrado oficialmente el 1 de junio de 2025.

Según informó el Juzgado Especializado de Sentencia, la víctima padecía trastorno depresivo y problemas de conducta, situación que la llevó a consumir sustancias y a entablar amistad con jóvenes vinculados a grupos antisociales dedicados al tráfico de drogas.

El 30 de mayo de 2025, la menor asistió a una fiesta donde se encontraban los ahora condenados. Durante el encuentro, la adolescente realizó comentarios en tono de burla hacia uno de los jóvenes presentes.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Vásquez Ibarra y Gómez Milán se pusieron de acuerdo y, mediante engaños, persuadieron a la víctima para que los acompañara a un lugar apartado. El plan se concretó cuando la condujeron hasta una finca situada en la comunidad 10 de Octubre, Soyapango.

En ese sitio, otros sujetos los esperaban y, junto a los acusados, agredieron a la joven con corvos hasta quitarle la vida. El cuerpo fue hallado al día siguiente.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que vincularon a los imputados con el asesinato. Entre los elementos clave del desfile probatorio, se hallaron prendas de vestir pertenecientes a Vásquez Ibarra y Gómez Milán con rastros de sangre compatibles con el perfil genético de la víctima. Además, el arma utilizada en el ataque también contenía ADN de la menor.

Antecedentes y contexto de vulnerabilidad

El Juzgado Especializado destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. Por su condición de menor de edad y sus problemas de adicción, los agresores aprovecharon la confianza que existía entre ellos para ejecutar el crimen.

El fallo judicial estableció que los acusados se valieron del vínculo de confianza y de la situación emocional de la adolescente para engañarla y luego asesinarla con saña.

La investigación reveló que Vásquez Ibarra está vinculado a la clica Montemaría Loco Salvatruchos y que Gómez Milán pertenece a la clica Abriles Dangerous Loco Salvatruchos, ambas estructuras criminales de la organización MS-13. Según la FGR, la relación de los condenados con estos grupos facilitó la ejecución del delito y el acceso a las armas utilizadas.

Las primeras diligencias incluyeron la audiencia de imposición de medidas ante el Juzgado Tercero de Paz de Soyapango, que determinó la instrucción formal del caso tras considerar suficientes las pruebas presentadas. Durante el proceso, se documentó el uso de violencia extrema y la premeditación, así como el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima.

La sentencia de 50 años de prisión para cada uno de los responsables marca la pena máxima establecida para este tipo de delito, conforme a la legislación salvadoreña.

El tribunal subrayó la gravedad del feminicidio y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares ante conductas que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, especialmente cuando son menores de edad.

El expediente permanecerá abierto para la persecución de otros posibles implicados en el crimen, dado que la investigación identificó la participación de más sujetos durante el ataque.

Mientras tanto, Vásquez Ibarra y Gómez Milán cumplirán la sentencia en un centro penitenciario bajo régimen de máxima seguridad, según lo establecido en la resolución judicial.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido dar un paso más en dos de las cinco investigaciones disciplinarias que mantenía abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa en la que está investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La Comisión Permanente ha acordado remitir ambos expedientes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que deberá decidir si procede imponer al magistrado una sanción por dos posibles faltas disciplinarias leves. En cambio, ha asumido la propuesta de archivo de las otras cuatro diligencias que seguían abiertas.

Uno de los expedientes que continuará su tramitación está relacionado con la resolución en la que Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar. En ese auto, el magistrado justificó la decisión asegurando que los agentes encargados de la escolta de la esposa del presidente del Gobierno podían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” facilitar una eventual fuga de España. El segundo asunto hace referencia a un posible retraso injustificado en la tramitación de otro procedimiento judicial, una causa por presuntas calumnias contra el periodista Nacho Abad que, según la queja examinada por el órgano de gobierno de los jueces, permaneció paralizada entre junio de 2024 y enero de 2026.

La decisión fue adoptada este lunes por la Comisión Permanente del CGPJ tras varios días de desacuerdo interno. El órgano ya había intentado resolver el asunto la semana pasada, pero las diferencias entre sus siete vocales —cuatro del sector conservador y tres del progresista— impidieron alcanzar una mayoría y obligaron a aplazar la votación.

La Permanente debía pronunciarse sobre las propuestas formuladas por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, encargado de instruir los expedientes contra jueces y magistrados. Su criterio era archivar las cinco diligencias abiertas contra Peinado, aunque finalmente el órgano optó por una solución intermedia: mantener vivas dos de las investigaciones y cerrar el resto.

Las dudas sobre el auto que retiró el pasaporte a Begoña Gómez

La principal discrepancia dentro del CGPJ giró en torno al auto por el que Peinado acordó retirar el pasaporte a Begoña Gómez. En esa resolución, el instructor sostuvo que los policías encargados de la seguridad de la esposa del presidente podían facilitar su huida, una afirmación que terminó situándose en el centro del debate disciplinario.

La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, defendió inicialmente la apertura de un expediente al entender que esas manifestaciones podían encajar en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración hacia quienes intervienen en un procedimiento. Esa infracción contempla sanciones que van desde una multa de hasta 6.000 euros hasta el traslado forzoso, la suspensión o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Sin embargo, la Comisión Permanente rebajó finalmente esa propuesta. En lugar de abrir directamente un expediente disciplinario, acordó remitir la resolución al promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si esas expresiones pueden constituir una falta grave de desconsideración hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El criterio inicial del promotor había sido distinto. Ricardo Conde defendía el archivo porque entendía que, al tratarse del contenido de una resolución judicial, resultaba aplicable el artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto sanciona el uso de expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas en resoluciones judiciales, pero establece que el CGPJ solo puede actuar si el tribunal superior que revisa esa resolución deduce previamente testimonio contra el juez, algo que no ocurrió después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez el pasado 16 de julio.

El CGPJ archiva la denuncia de Bolaños

La Comisión Permanente también ha puesto fin a la investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que acusaba al instructor de haber cometido diversas irregularidades durante la investigación del denominado caso Begoña Gómez.

Bolaños remitió su primera queja disciplinaria al CGPJ en junio de 2025, convirtiéndose en el primer ministro de Justicia de la etapa democrática que denunciaba disciplinariamente a un magistrado. Posteriormente amplió esa denuncia con otros tres escritos.

En ellos cuestionaba la decisión de Peinado de citarle como testigo para declarar en el Palacio de la Moncloa sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. También denunciaba que varias resoluciones judiciales relacionadas con su citación y el vídeo de su declaración se filtraron a los medios de comunicación antes de ser notificadas a las partes, criticaba la petición del juez de utilizar una tarima durante el interrogatorio y reprochaba que, en distintas resoluciones, se refiriera a él como “investigado”, incluso en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo para solicitar que fuera investigado, petición que el alto tribunal rechazó.

El promotor de la Acción Disciplinaria propuso inicialmente archivar esta denuncia al considerar que la mayor parte de las actuaciones cuestionadas pertenecían al ámbito estrictamente jurisdiccional y, por tanto, escapaban al control disciplinario del CGPJ. También entendía que otras cuestiones, como la utilización de una tarima durante la declaración, no tenían encaje en las infracciones previstas por la ley y que las expresiones utilizadas por el magistrado no podían calificarse como desconsideradas en el contexto de una controversia procesal. No obstante, en marzo la Comisión Permanente rechazó ese primer archivo y ordenó ampliar la investigación, especialmente para esclarecer las presuntas filtraciones denunciadas por el ministro.

Las diligencias practicadas posteriormente concluyeron que no existían indicios suficientes para atribuir al juez la difusión de las resoluciones ni del vídeo de la declaración. En el caso del auto que acordó citar a Bolaños como testigo, el promotor comprobó que el documento ya había sido notificado a todas las partes cuando apareció publicado en los medios de comunicación. Respecto a la providencia posterior, aunque fue difundida antes de notificarse oficialmente, ya estaba incorporada al sistema informático Horus, al que tienen acceso distintos operadores jurídicos además del propio juzgado. En cuanto a la grabación de la declaración, el informe señala que el instructor no tenía bajo su control la custodia ni la gestión del vídeo.

Con esos datos, el promotor concluyó que no era posible sostener una eventual responsabilidad disciplinaria sobre meras sospechas o conjeturas carentes de respaldo objetivo, criterio que finalmente ha asumido la Comisión Permanente.

Junto a la denuncia de Bolaños, el órgano también ha archivado las diligencias derivadas de las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita, que reprochaban al juez haber dejado caducar otra investigación que afectaba a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid; la presentada por Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez e igualmente investigada en la causa; y otra impulsada por varios sindicatos policiales.

De las cinco investigaciones disciplinarias abiertas contra Juan Carlos Peinado, únicamente seguirán adelante las dos remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá determinar ahora si los hechos apreciados pueden dar lugar a una sanción disciplinaria.

En medio de la reestructuración del Gobierno nacional tras la salida de Manuel Adorni, el Ejecutivo nombró a tres funcionarios que ocuparán roles claves en la Jefatura de Gabinete, así como en los ministerios de Seguridad Nacional y Justicia.

El primero en ser designado fue Gonzalo Martín Del Huerto, quien se encargará de la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida fue oficializada por el Decreto 668/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto, su nombramiento responde a la necesidad de fortalecer la articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, para facilitar el tratamiento de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo y promoviendo el diálogo entre bloques parlamentarios.

En tanto, a través del Decreto 663/2026, el Gobierno nacional designó al abogado Matías Axel Manfredi al frente de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia.

Manfredi fue nombrado para desempeñar funciones en una subsecretaría que tiene como misión central la articulación y coordinación de vínculos entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el ámbito académico.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación entre el Ejecutivo y los actores del sistema judicial, así como con universidades y centros académicos dedicados al estudio y la investigación en materias jurídicas. La Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica cumple un rol clave en la construcción de consensos y la elaboración de propuestas que requieren el aporte de diferentes sectores.

Entre sus funciones principales se encuentra la gestión de asuntos vinculados a la cooperación interinstitucional, la promoción de actividades académicas conjuntas y el seguimiento de iniciativas que requieran la participación de operadores judiciales y miembros de la comunidad universitaria.

Finalmente, a partir del 24 de junio de 2026, el Gobierno nacional dispuso la designación de Enrique Braun de Corral en el cargo de subsecretario de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad Nacional.

Braun de Corral asumirá las funciones en una área estratégica para la coordinación y vinculación entre las distintas jurisdicciones y el Estado nacional en materia de seguridad pública.

La designación responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación federal en el ámbito de la seguridad, promoviendo el trabajo conjunto entre el Ministerio y las autoridades provinciales y locales.

El subsecretario de Articulación Federal tiene como responsabilidad principal la gestión de políticas y programas orientados a mejorar la cooperación interjurisdiccional y optimizar la implementación de estrategias de prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.

La incorporación de Braun de Corral apunta a reforzar la capacidad operativa del área y mejorar la respuesta institucional ante hechos que demandan intervención conjunta.

Y su llegada se formaliza en el marco del fortalecimiento institucional promovido desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la expectativa de optimizar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que presenta el escenario de la seguridad pública en todo el país.

República Dominicana presentó los primeros resultados de la Métrica de Justicia Abierta, una evaluación del World Justice Project con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la apertura y el desempeño de instituciones judiciales del país. El informe ubicó a la transparencia como la dimensión más consolidada, de acuerdo al Poder Judicial.

La presentación se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo, con representantes de organismos del sector. Allí, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, afirmó: “El acceso oportuno a la justicia es indispensable para consolidar la confianza ciudadana y reducir desigualdades”, expone el comunicado del Poder Judicial.

El informe del WJP señala que, detrás de la transparencia, se ubican la colaboración interinstitucional y la participación social. La organización indicó además que la rendición de cuentas es el ámbito con más oportunidades de mejora.

Durante el acto, Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, sostuvo que los sistemas judiciales requieren independencia y eficacia, además de accesibilidad y claridad en su funcionamiento.

En la misma línea, Berenice Barinas Ubiñas, directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), señaló que la Métrica de Justicia Abierta impulsa una transición del modelo de gobierno abierto hacia un concepto más amplio de Estado abierto. “La medición no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para aprender, mejorar y transformar”, afirmó en declaraciones recogidas en el comunicado institucional.

¿Qué evalúa la métrica?

El instrumento evalúa la relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, con foco en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, según definieron el WJP y el PNUD.

Alejandro González, jefe de Estrategia del WJP, remarcó que garantizar el acceso a la justicia exige coordinación entre múltiples organismos. González afirmó: “La Métrica permitirá reconocer avances, detectar brechas y orientar decisiones a partir de evidencia, situando a las personas en el centro del ecosistema judicial”. Ana Cárdenas, directora de Proyectos de Justicia del WJP, agregó que el liderazgo dominicano en apertura judicial puede convertirse en un modelo regional.

Los avances y los próximos pasos

El análisis también resalta mejoras en la divulgación de información sobre servicios judiciales, la simplificación de trámites y la disponibilidad de vías administrativas, jurisdiccionales y alternativas para resolver necesidades legales.

Según el documento, hubo progresos en la digitalización y publicación de datos en formatos accesibles y reutilizables. Además, se fortaleció la incorporación de mecanismos de retroalimentación y evaluación para captar la voz ciudadana y promover la mejora continua.

Como próximos pasos, la hoja de ruta de la Métrica de Justicia Abierta incluye reuniones bilaterales con las instituciones evaluadas y la elaboración de un informe final con recomendaciones temáticas, funcionales e individuales para cada entidad participante. El plan también contempla herramientas para facilitar la consulta pública de los resultados y de las fuentes de validación correspondientes.

En el acto participaron la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia; la consejera Karen Mejía del Poder Judicial; el director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos; y representantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Tribunal Superior Electoral, la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, ProCompetencia y otras entidades del ecosistema judicial dominicano.

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía. La decisión del alto tribunal extingue la responsabilidad penal que pesaba sobre Serret por su actuación en la organización del 1-O.

Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.

ERC pide extender la amnistía

“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado el partido en un comunicado.

Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Según ERC, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.

El comunicado añade: “Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”.

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern presidido por Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por desobediencia grave. Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.

Reconocimiento del delito y regreso tras el exilio

La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum, invocando sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.

Tras la declaración unilateral de independencia en 2017, Serret permaneció tres años en Bruselas. En 2021 regresó a España para ponerse a disposición del Supremo, después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia, sin penas de cárcel ni acusación de malversación.

La decisión del Tribunal Supremo afecta a una de las figuras políticas que formaron parte del Govern responsable de la consulta unilateral, eje de una causa judicial central en el proceso independentista. Con esta resolución, Serret se coloca como la primera exconsellera del Ejecutivo de 2017 en beneficiarse de la aplicación de la ley de amnistía.

El fallo se produce en un contexto de debate político y jurídico sobre los efectos de la norma en las causas abiertas por el proceso independentista. ERC sostiene que la decisión del Supremo debería allanar el camino para la extinción de responsabilidades del resto de personas afectadas por el 1-O y la restitución de sus derechos políticos. La aplicación de la amnistía por parte del Supremo crea precedente para futuras resoluciones relacionadas con la ley.

Siempre supo que quería ser abogada pero no se imaginaba, de chica, que llegaría a jueza. En un Poder Judicial en el que pocas mujeres acceden a los altos cargos, Karina piensa que, ante todo, lo que se debe tener es formación y coraje. “Miedo no”, dice.

En esta entrevista, la tercera entrega de Sr. Juez, un ciclo semanal dedicado a explorar las experiencias, pasiones y dilemas que moldean el pensamiento de los jueces más importantes del país, Karina Perilli habla sobre por qué las investigaciones por lavado de activos, contrabando o corrupción suelen extenderse durante años, los cambios que necesita la Justicia para responder con mayor velocidad, las amenazas y presiones de las grandes causas y la escasa presencia de mujeres en los máximos cargos judiciales.

—Apellido italiano, ¿no?

—Apellido italiano.

—¿De qué región?

—Del sur de Italia, de Potenza, exactamente. Yo soy hija de inmigrantes italianos. La típica historia de los abuelos que vinieron a hacerse la América. Vino mi abuelo con sus hermanos, algunos se quedaron en Italia, otros se fueron a Australia, los que vinieron acá fundaron una empresa. Al año llegó mi abuela con mi padre de cinco años. El resto de la familia son todos argentinos.

—¿Una empresa de qué?

—Empresa de embalajes. Empresa familiar donde mi padre, después de terminar el primario, tuvo que ir a trabajar también. Recuerdo que era un hombre muy inteligente y mi abuela decía que la maestra le decía: “Qué pena que José no siga el secundario”. Pero bueno, había que trabajar. Me crié con eso, ¿no? Con la cultura del trabajo, del esfuerzo.

—Usted, en cambio, no sigue con ese legado.

—No, no. Yo ingresé al secundario en perito mercantil. Papá quería que siguiera Ciencias Económicas. Yo tenía mucha ligazón con papá. Se leía en casa los fines de semana los suplementos económicos de los diarios que llegaban a casa y yo me los devoraba con él. Charlábamos sobre esos temas.

Fue siempre un hombre muy inteligente, emprendedor, que lo perdimos cuando yo tenía 22 años por una enfermedad que hoy en día la ciencia avanzó tanto que es curable, pero bueno, en esa época no. Él quería que siguiese Ciencias Económicas, pero yo desde chiquita siempre dije que quería ser abogada. No me digas por qué, pero quería ser abogada.

—¿Se acuerda cuándo tuvo esa primera intuición de que quería ser abogada?

—Siendo muy chiquita, te diría en el primario, siete u ocho años. ¿Qué querés, qué querés ser cuando seas grande? La típica pregunta que se le hace a los chicos. Y yo decía abogada.

—Ese momento en el que le dice a su padre: “No voy a seguir con la empresa familiar, voy a ser abogada”. ¿Qué pasó?

—Papá feliz. Feliz que estudiaba y que fuese universitaria. Soy la primera universitaria de la familia. Me viene ahora a la mente cuando en esas épocas los estudios o los abogados ponían la placa de bronce en la puerta del estudio, de los edificios también. Y él me decía, cuando yo llegaba de la facultad, decía la nota que me sacaba. Me iba bien, siempre me fue, me fue bien en los estudios, tenía mucha facilidad. Entonces, me decía: “Bueno, ¿cuándo ponemos la, la placa en la puerta?“.

—Orgulloso.

—Orgulloso, exactamente. Y bueno, esas cosas de la vida. No me vio recibida, falleció, como yo te decía, cuando yo tenía veintidós años. Cuando me nombran secretaria de juzgado, en el juzgado se pone la placa de bronce en la puerta de los funcionarios, magistrados, y... se me pone la piel de gallina cuando cuento. Y cuando entraba al juzgado, yo veía la placa con mi nombre y yo pensaba: “Bueno, papá, acá está la placa en la puerta, ¿no?“. Y bueno, eso siempre me trajo esa reminiscencia a papá de llegué, triunfé, fui universitaria como vos querías. Él quería que estudiáramos.

—Le hubiese gustado que esté para ver todo ese recorrido.

—Sí, totalmente. Sí, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ni hablar que llegué a jueza, ¿no? Impensado, porque no es que yo decía: “Quiero ser jueza”. No, yo quiero ser abogada.

—¿Y cómo llega a jueza?

—Recuerdo estando en la facultad, yo entré a los 21 años a Tribunales y yo veía a mis compañeros que trabajaban en Tribunales y yo decía: “Qué lindo poder trabajar en Tribunales”. Tenía como una ilusión de querer ingresar a trabajar en Tribunales.

—¿Cómo se imaginaba que era trabajar en Tribunales?

—Me imaginaba estar en un equipo de trabajo con un juez líder, trabajando con él. Me imaginaba que el equipo ayudaba al juez en la toma de decisiones, a resolver un caso. También influían las películas, quizás, en cómo una imagina que puede llegar a ser.

Mi primera incursión fue cuando me enteré de que en el fuero laboral había un ingreso. Se tomaba un examen y me inscribí. Yo ya era perito mercantil, tenía mucha ductilidad para la dactilografía, escribía muy bien a máquina y, además, me encantaba la taquigrafía o estenografía. Había un cupo determinado de personas que ingresaban. Bueno, no ingresé.

Después la vida me dio otra oportunidad. A través de un contacto pude entrar al fuero federal en lo penal económico, que es donde me formé. Como decimos nosotros, nacida y criada en el fuero federal en lo penal económico.

Tuve la suerte de ingresar con el doctor Luis Gustavo Lozada, que después fue colega mío en el tribunal. A él no le gustaban los meritorios. En esa época, hace 35 años, si uno tenía la posibilidad de ingresar para conocer cómo se trabajaba adentro, lo hacía sin cobrar. Después, entre todos los empleados, se hacía una vaquita, aunque fuera para cubrirle los viáticos. Pero a él no le gustaban los meritorios, así que ingresé directamente en un interinato, una suplencia que duró unos tres años. Recién entonces efectivicé el cargo.

Ahí empezó mi derrotero por los tribunales, siempre en el mismo fuero, pasando por distintos juzgados y ascendiendo en los cargos administrativos del escalafón hasta que me nombraron secretaria. Ahí empieza, en algún punto, una etapa de mayor responsabilidad como funcionaria.

Yo siempre sentí que tenía un plus por mi padre, que era empresario, y porque me casé con un gran compañero que también es abogado. Él siempre ejerció la actividad privada, con lo cual siempre viví lo que significa “patear tribunales”: lo que busca el ciudadano de a pie, lo que pretende y las vicisitudes que tiene el abogado. Siempre fui muy respetuosa del ejercicio profesional.

—¿Cómo es el vínculo de los jueces con los abogados?

—No hay que tener miedo de hablar con los abogados. A veces muchos se quejan: “Nunca puedo ver a un juez”. Bueno, hay reglamentaciones que establecen que, cuando uno recibe a alguien, tienen que estar todas las partes presentes, si hay algún tipo de inquietud o alguna audiencia.

Yo estuve doce años como secretaria, después fui juez penal tributario durante más de tres años como subrogante y, después, concursé. Hace 16 años que soy juez de cámara en lo penal económico, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 3.

Siempre fui de las juezas que, si estaba en mesa de entradas y escuchaba alguna inquietud, atendía. Todo esto cambió mucho después de la pandemia. La pospandemia cambió también el ejercicio profesional. Hoy te diría que los tribunales se navegan más de lo que se caminan. Eso de “voy a patear tribunales”, como decían antes los abogados, ya no es tan así. Los tribunales se navegan. Tenemos el sistema LEX, el expediente digital, con lo cual hay que navegar para ingresar al expediente.

Pero siempre fui una jueza que no tuvo ningún inconveniente en hablar con los abogados. Me he acercado a la mesa de entradas si había alguna inquietud. Siendo secretaria, ni hablar, porque ahí tenés un contacto mucho más directo con los letrados.

—El paso de secretaria a jueza, ¿cómo se dio ese salto?

—Antes de tener este cargo de juez de cámara fui juez penal tributario, en la primera instancia del fuero penal económico. En ese cargo fui subrogante, en función de las vacantes. Mirá que te estoy hablando de hace veinte años y ya había vacantes.

En esa época las ternas de las subrogancias las armaba la Cámara de Apelaciones del fuero. En este caso, la terna quedó integrada por tres secretarios del fuero y se enviaba al Consejo de la Magistratura. El Consejo analizaba los currículums de cada uno y fui seleccionada. Me nombraron juez penal tributario. La paradoja fue que estuve más tiempo como juez penal tributario que el propio titular, que al año ya se había ido a subrogar otro tribunal.

Mientras tanto, como estaba la vacante en estos tribunales, me presenté al concurso, terminé ternada y se dio también una de esas cosas de la vida: el juez que me había nombrado secretaria también concursó y los dos fuimos seleccionados para el mismo tribunal. Así terminamos siendo colegas, jueces de cámara.

El gran desafío fue el cambio de instancia. Nosotros tenemos un proceso penal que, en ese momento, era un sistema mixto: la parte escrita correspondía a la instrucción. Yo venía de formarme en ese ámbito y pasé, como juez de cámara, al tribunal oral, al tribunal de juicio.

La oralidad es más desafiante. Tenés que poner mucho el cuerpo, estar en los juicios orales y decidir frente a las partes en el momento del debate. El juez dirige el proceso, dirige ese juicio. Fue un desafío muy interesante y ya hace dieciséis años que lo transito.

—Sobran vacantes, ¿faltan nombramientos en el poder judicial?

—Bueno, gracias a Dios se están nombrando, y con creces. Hay todo un ímpetu desde el Ministerio de Justicia y también una decisión gubernamental de cubrir esas vacantes. Antes de que, hace un par de meses, empezaran a cubrirse, habíamos llegado a un estado crítico del Poder Judicial. Como nunca, tuvimos casi un 40 % de vacantes. El último porcentaje que recuerdo era del 38,7 %. De hecho, nosotros mismos, hasta hace apenas dos semanas, de nueve jueces titulares solo éramos cuatro. Teníamos seis vacantes. La Cámara de Apelaciones sigue teniendo dos titulares sobre seis. Y así te podría seguir nombrando la Cámara, los juzgados federales de instrucción y todas las especialidades: el fuero civil, el civil y comercial federal, el comercial. En todos los fueros hay una gran cantidad de vacantes.

—¿Eso de qué manera impacta en la calidad de la justicia?

—Impacta de una manera, te diría, no muy positiva, porque nosotros, al tener que subrogar otro tribunal, tenemos que dividirnos. Tenemos que dividirnos, coordinar agendas. Yo te digo: hasta hace dos semanas, hacía cuatro años y medio que estaba subrogando un tribunal totalmente vacante, que integrábamos subrogantes de distintos tribunales. Teníamos que compatibilizar agendas. Imaginate que coordinar tres agendas de tres tribunales es engorroso y eso, quizás, va en contra de la celeridad que uno pretende en los procesos, de la respuesta que la sociedad requiere para ese conflicto por el cual fue al sistema judicial. Eso ocurre en todas las especialidades, no necesariamente en la mía. Uno ingresa al sistema de Justicia por un conflicto y ese conflicto necesita una respuesta. La sociedad quiere esa respuesta y el litigante necesita una respuesta rápida. Bueno, esta celeridad, esta inmediatez que se necesita, va a ir mejorando con la cobertura de estas vacantes. Es muy importante.

—En la actualidad, solo el 24 % de los camaristas en la justicia federal y nacional son mujeres. En la Corte Suprema, en toda su historia, tuvimos ciento cuatro hombres y solo tres mujeres. ¿Por qué hay tan pocas juezas?

—En los altos cargos jerárquicos de la Justicia Federal hay muy pocas mujeres. Por supuesto, hay concursos. Uno se presenta, llega a la terna y, después de un largo proceso, el Consejo de la Magistratura eleva esa terna al Ministerio de Justicia. Es un proceso complejo. El Consejo de la Magistratura está representado por consejeros de distintos estamentos: el consejero juez, representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, académicos y de la abogacía. Imaginate, hoy tenemos veinte consejeros. Todo ese proceso, con oposición, antecedentes y entrevistas, lleva un derrotero que tiene su duración.

Cuando la terna llega al Poder Ejecutivo, los tres están en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque es el Presidente de la Nación en ejercicio, cualquiera sea la gestión, el que tiene la facultad de elegir a cualquiera de los tres de la terna. No tiene que dar ninguna explicación: lo elige, punto. Se supone que los que llegaron son gente idónea, gente preparada, que, como te decía, ha pasado por todo este proceso de selección.

Hay una realidad que, como vos decís, la estadística misma lo demuestra. En los altos cargos jerárquicos de la Justicia Federal hay pocas mujeres; se eligen pocas mujeres. Quizás también hay que mirar esto, que yo lo he estudiado: ¿cuántas mujeres se presentan a concurso? ¿Qué cantidad de mujeres? Un 20 %. Vos me decías que el 24 % de los altos cargos jerárquicos de la Justicia Federal está ocupado por mujeres, que son los cargos donde se toman decisiones, porque los jueces tomamos decisiones. También se presentan pocas mujeres. Quizás porque, al final del camino, se advierte que se eligen pocas mujeres.

No tengo una respuesta de por qué. Pero también hay que presentarse, no hay que tener miedo. Yo me he presentado a concursos y, cuando lo hice, quedé ternada. Independientemente de eso, no es que haya concursado en una multiplicidad de concursos. Siempre fui muy puntual cuando me presenté. Pero hay una realidad: fui ternada para la Cámara Federal de Casación Penal. Eran cuatro cargos y doce postulantes. Éramos dos mujeres las que quedamos ternadas. Pero hay que tener el coraje de presentarse.

—¿Qué hace una jueza de un tribunal en lo penal económico?

—La competencia nuestra es la investigación y el juzgamiento de delitos complejos. Los delitos complejos comprenden el contrabando de mercaderías de todo tipo, estupefacientes, lavado de activos, todos los tipos penales que involucran el lavado de activos, la intermediación financiera. También, en la instrucción, se ve todo el tema del régimen penal cambiario. Son todos delitos económicos: delitos tributarios, toda la evasión impositiva y previsional. Todo eso involucra delitos complejos, delitos económicos que requieren una investigación y un proceso que, muchas veces, puede ser largo.

La propia palabra lo indica: son delitos complejos y también es compleja la forma en que se ejecutan. Si bien somos penalistas, tenemos que tener una gran formación en otras especialidades vinculadas con la investigación de estos delitos. En una causa por lavado de activos, por ejemplo, nos encontramos con entramados de sociedades que se van formando justamente para ocultar esos bienes que se están lavando. Entonces tenemos que saber derecho comercial. En la investigación de delitos tributarios, tenemos que conocer derecho administrativo. Tenemos que analizar todo lo que hizo el organismo administrador, el organismo fiscalizador, para llegar a formular la denuncia: todas las órdenes de intervención, todas las impugnaciones que hizo el contribuyente ante ARCA.

Toda esa investigación, esos estudios y ese análisis requieren, además, una sólida base constitucional, que todo juez debe tener para garantizar el debido proceso y los derechos de las partes. Ese entramado de sociedades para llegar a cometer el delito de lavado de activos hace que, muchas veces, la prueba esté en otra jurisdicción o en otro país. Y también es importante explicar todo esto. Por eso agradezco esta oportunidad de poder contar cómo es nuestro trabajo.

—Uno cuando ve los casos más mediáticos de, por ejemplo, lavado de activos, delitos económicos... la gente siente que la justicia no está haciendo nada, que son causas largas, lentas. ¿Qué está haciendo la justicia en ese momento?

—Hay que entender esto: sin prueba no hay caso. Entonces, nosotros, jueces que juzgamos este tipo de delitos, tenemos que tener la prueba en el expediente. Lo que no está en el expediente no existe. Ese es un gran apotegma que decimos: lo que no está en el expediente no existe. Entonces tenemos que ir a buscar la prueba. Muchas veces la comisión de estos hechos se produce afuera, la prueba está afuera. Empiezan los canales diplomáticos, los intercambios interjurisdiccionales y los exhortos diplomáticos, que tienen todo un protocolo que seguir. Muchas veces en ese país no se habla la lengua española y hay que traducir el requerimiento del juez para que la Justicia del otro país conteste lo que nosotros requerimos. Todo eso lleva un tiempo. Sé que no son los tiempos que a veces la sociedad requiere para estos casos mediáticos, para estos casos de interés público. Y está muy bien que se sepa, que el periodismo y los sistemas de comunicación informen a la sociedad qué está pasando, máxime con los delitos de corrupción y de soborno transnacional. Tenemos mucho de eso.

—¿Se podría hacer algo para agilizar el proceso de la justicia?

—Mirá, siempre va a haber cosas para hacer. Siempre hay cosas para reformar. Estamos en un buen camino desde el sistema penal. Como te habrán dicho otros colegas, la incorporación del sistema acusatorio, del sistema adversarial, va a dar mucha agilidad porque la oralidad comienza desde el inicio.

Nosotros, los jueces de los tribunales orales, corremos con una ventaja, porque ya estamos entrenados en la oralidad desde hace muchísimo tiempo; en mi caso, desde hace dieciséis años. Pero ahora todo el sistema va a ser oral desde el inicio. Se terminó lo escritural, se terminó el sistema mixto que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Eso va a dar más agilidad.

El fiscal va a ser quien impulse la acción y va a tener, además, el principio de oportunidad. Esto es muy importante. Por eso toma tanta relevancia la figura del fiscal, que hoy también tiene muchas vacantes y se están tratando de cubrir, porque es fundamental. Acá, en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas partes de la provincia de Buenos Aires donde todavía no llegó el sistema acusatorio, aunque en gran parte del país ya está implementado, necesitamos cubrir esas vacantes para ponerlo en funcionamiento. Independientemente de la infraestructura que se necesita, hacen falta fiscales titulares y jueces titulares para que esto funcione y dé sus frutos, que son la inmediatez y la celeridad en el proceso.

El fiscal va a tener el principio de oportunidad. ¿Qué significa? Que se va a hacer esta pregunta: ¿amerita que esta denuncia, este hecho que llega a mi conocimiento, se judicialice, que ingrese al sistema judicial o no? ¿O es insignificante? Esa es la gran pregunta que va a tener que hacerse frente al hecho que toma conocimiento.

Eso también implica un cambio de paradigma. Hoy, cuando un juez recibe una denuncia, le corre vista al fiscal para que impulse la acción. El fiscal lo que tiene que analizar es si existen elementos para presumir la comisión de un delito. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, puede haber indicios y, con eso, impulsa la acción. Ahora, con el sistema acusatorio adversarial, la pregunta es distinta: ¿amerita que este hecho que llega a mi conocimiento ingrese al sistema judicial? Esa es la diferencia. Por eso los fiscales tienen que estar muy capacitados para dar las respuestas que la sociedad también requiere.

—¿Hay algún caso en particular, tal vez algún caso mediático de alto perfil que haya tenido un costo personal o emocional?

—Nosotros, como jueces federales en lo penal económico, también subrogamos alternativamente la Justicia Federal Criminal y Correccional. A mí me tocó, allá por 2012, ir con mis queridos colegas cordobeses, muy formados, a hacer juicios orales en La Rioja. Fueron juicios muy caros para esa sociedad. Ahí fue donde personalmente me involucré con lo que significaron esos procesos, porque los juicios orales tienen la publicidad de los actos: está presente el público en general, están presentes las víctimas. Eso tuvo un gran impacto para mí.

Después, por supuesto, con mis colegas de la Justicia Federal acá en Buenos Aires, me tocó el caso AMIA, allá por 2015. Creo que el juicio duró casi cuatro años. Hicimos el juicio que había sido anulado en su momento por otro tribunal y ver y escuchar a las víctimas y a los familiares del caso AMIA fue tremendo. Fue muy movilizador. Uno es un ser humano, lo entiende. Creo que más de una vez se me llenaron los ojos de lágrimas mientras los escuchaba.

En los juicios orales uno pone el cuerpo. Te puedo asegurar que uno pone el cuerpo. Independientemente de que uno es profesional y se preparó para esto, no deja de compadecerse en casos tan tremendos, tan terribles. Los sentimientos también están.

—¿Y cómo maneja sus sentimientos?

—Y uno es profesional. Tiene un cargo de mucha responsabilidad y tiene que ser objetivo cuando juzga. Nosotros decidimos, dictamos sentencias. Alguna vez un colega de una cámara muy prestigiosa me dijo: “Yo no sé si pudiese ser juez de sentencia”, que es quien tiene la palabra final respecto de un caso. La responsabilidad es mayúscula. Tenemos en nuestras manos la libertad de las personas, el patrimonio; son bienes jurídicos muy preciados, de los primeros que protege el Código Penal. Uno toma todo con mucha responsabilidad. Tenemos que juzgar en base a las pruebas. Cuando dictamos una sentencia tenemos que tener certeza. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo. Si no hay prueba, se absuelve. Si no hay certeza, si hay duda, se absuelve por la duda. Para eso hay que ser muy profesional. Entonces, los sentimientos quedan un poco de lado. Sin perjuicio, por supuesto, de que tenemos que aplicar la sana crítica razonada. La experiencia de uno también se involucra en esa decisión.

—¿Tuvo miedo alguna vez, sea de equivocarse o bien de las repercusiones de alguna sentencia?

—Mirá, miedo no. Soy una persona con coraje. Para ser juez tenés que tener coraje; si no, no seas juez. Porque las decisiones que tenemos que tomar muchas veces causan molestia.

Como dije al principio, cuando un ciudadano va a la Justicia, va con un conflicto. Lleva un conflicto para que otro lo decida. Hablo de la Justicia en general, no de mi especialidad, donde se investiga la presunta comisión de un delito, que es otra cosa. Pero uno lleva un conflicto que no puede dirimir. ¿Y qué mejor que acudir al Poder Judicial para que la Justicia intervenga? Porque, si no, sería la ley del talión o la ley del más fuerte. Nosotros vivimos en un Estado de derecho, en una democracia.

Entonces, si se trata de casos de interés público, las repercusiones van a existir. Uno es un juez profesional. En mi caso, por suerte, las instancias revisoras han confirmado nuestras decisiones en estos grandes temas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Casación Federal, que revisa nuestras sentencias. Por supuesto, hay casos que llegan a la Corte, pero el porcentaje de confirmación de nuestras decisiones en estos grandes temas ha sido absoluto.

—¿Alguna vez sufrió presiones, amenazas?

—A ver, las presiones en casos de trascendencia pública muchas veces están. Pero yo insisto en el juez profesional. Soy una jueza profesional y, aunque puedan existir presiones, uno tiene que hacer lo que corresponde.

¿Amenazas? Sí. Nosotros tenemos grandes causas de narcotráfico. Alguna vez un imputado me escribía todos los viernes y me mandaba una carta al tribunal hablando sobre mi persona y sobre mis hijos. Decía que sabía dónde estaban mis hijos, cuando ellos eran muy chiquitos.

Me dijeron de ponerme custodia en ese momento. La verdad es que yo no quería que mis hijos la tuvieran. Nosotros tenemos una vida muy normal, muy común. Yo quería seguir llevándolos al colegio, ir a buscarlos o movernos en colectivo. No quería que, siendo tan chicos, tuvieran una custodia para ir al colegio. Preferí que siguiéramos con una vida lo más normal posible. Atenta, por supuesto. Mi marido también ejerce la profesión y nuestras direcciones son públicas. Durante ese proceso estuvimos muy atentos a todo lo que pasaba alrededor nuestro.

Me acuerdo de que dejaba esas cartas incorporadas al expediente para que, cuando fueran a la instancia revisora, también leyeran lo que escribían sobre mi persona. Pero las pruebas estaban en el expediente, eran contundentes, y dictamos sentencia.

Mirá, lo que uno tiene que tener en claro cuando dicta sentencias de esta naturaleza es que debe tener libertad de conciencia para fallar conforme a derecho y dormir tranquilo. Yo me levanto muy tranquila todas las mañanas, duermo tranquila. Siempre hice y ejercí mi trabajo con mucha responsabilidad.

—Con estos casos de alto perfil, estos personajes que, en muchas ocasiones tienen muchos recursos económicos, ¿cree que la justicia en algún punto beneficia o es más sencilla para las personas con más recursos?

—No. No, porque el que tiene más recursos económicos y va a la justicia, por supuesto, va a tener abogados particulares, abogados muy avezados, con mucha experiencia, pero en lo que se refiere al fuero penal federal hay defensores públicos oficiales que son espectaculares. Tienen todas las herramientas o más, quizás más expertise en la especialidad. Yo he tenido causas muy grandes, complejas, con multiplicidad de imputados, donde estaban los grandes estudios, los grandes abogados muy reconocidos en la materia, en la especialidad a la par del defensor oficial. Los primeros que hacían los buenos planteos eran los defensores oficiales. Así que, ellos están a la par.

—Vuelvo al inicio de la historia. Su padre quería que estudie Ciencias Económicas y terminó siendo jueza en lo penal económico. ¿Siente que se cerró algún tipo de círculo ahí?

—Sí, totalmente. Mirá lo que quiso la vida, que ingresara al fuero penal económico, que hiciera toda mi carrera ahí, formándome, capacitándome, haciendo especializaciones, posgrados, doctorado. No se termina nunca la formación del juez. Ahora estoy haciendo una especialización en justicia constitucional orientada a la inteligencia artificial, que es lo que se viene. Tengo mis hijos: mi hijo estudió Informática y gracias que lo teníamos en la pandemia, porque bueno, hubo que hacer un cambio de chip total con el expediente digital, mi hija menor se recibió el año pasado de abogada. Lo que es la vida, sí, totalmente. Seguí en el fuero penal económico y papá quería que siguiera Ciencias Económicas y sí, se cerró un círculo. Es así.

Juana Rivas ha denunciado este lunes que lleva un año sin poder hablar con su hijo menor, Daniel, desde que se trasladó con su padre por orden judicial. En una carta remitida a los medios de comunicación, la mujer, que denuncia desde 2009 los malos tratos de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, sostiene que la incomunicación comenzó tras el traslado ejecutado el 25 de julio del año pasado y que desde entonces el menor no hablaría ni con ella ni con su hermano ni con otros familiares de la rama materna.

Rivas asegura que es su expareja quien impide la comunicación con Daniel. La granadina reclama en el escrito “justicia, verdad y reparación” y vuelve a cuestionar que el menor resida con Arcuri, de quien recuerda que está investigado en Italia por malos tratos a sus dos hijos.

Daniel estaba en España protegido por una medida provisional que frenó, en enero de 2025, su regreso a Italia. Sin embargo, el juzgado de primera instancia 3 de Granada ordenó entregar a Daniel a su padre, titular de la custodia. “[Está] condenado por maltratarme en España”, ha explicado Juana Rivas, quien ha añadido que la justicia española entregó a Daniel “como un trofeo” al italiano.

Dudas sobre el estado de salud del niño

La madre no ha podido contactar con su hijo desde julio de 2025, pero ha podido saber novedades por una vecina de Calaforte, que en la madrugada del 31 de mayo les llamó para decirles que estaba viendo a Daniel en silla de ruedas, trasladado por otros adolescentes. Según expone en el escrito, Arcuri no les informó de esa situación.

Rivas asegura que la única respuesta recibida fue un mensaje escueto en el que su expareja señalaba que el niño está muy bien. Esos hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades italianas.

En su carta, la madre critica la “rapidez” con la que, a su juicio, se tramitan los asuntos judiciales que la afectan y contrapone ese ritmo con la duración de los procedimientos dirigidos contra Arcuri. El italiano tiene abierta desde el año pasado una causa penal que continuará en el Tribunal Penal de Cagliari en noviembre por el presunto maltrato físico y psicológico a sus dos hijos.

“Y mientras tanto, mi hijo Daniel, una de las dos víctimas principales del delito del que se acusa a Francesco Arcuri, está bajo el control exclusivo y absoluto (sin contacto con ningún familiar) de su ‘presunto’ agresor”, sostiene Rivas en ese mismo texto.

17 años de batalla judicial

Juana Rivas comenzó en 2009 la batalla judicial contra Arcuri, a quien denunció por malos tratos. Su expareja fue condenada a tres meses de prisión y se dictó una orden de alejamiento. En ese momento la pareja tenía solo a su hijo mayor, Gabriel.

Tras volver a ser pareja en 2013 y mudarse a Italia, tuvieron a su segundo hijo, Daniel, y Rivas presentó otra denuncia por la continuidad de los malos tratos, aunque un juzgado la archivó poco después. En 2016, ya en España con los dos niños, denunció de nuevo por malos tratos y violencia de género y no regresó al hogar familiar.

Arcuri acudió entonces a los tribunales italianos y la justicia le dio la razón en una denuncia por sustracción de menores, mientras la Audiencia de Granada ordenó a Rivas entregar a los niños a su padre. Ella desobedeció y durante más de un mes en el verano de 2017 permaneció en paradero desconocido con sus hijos, hasta que se presentó voluntariamente ante el juzgado.

En 2018, Rivas fue condenada a cinco años de cárcel por sustracción de menores, aunque en 2022 recibió un indulto parcial que le permitió cumplir la pena con trabajos en beneficio de la comunidad.

“Vine hace 10 años a España, mi país y también el de mis hijos (solo habíamos vivido tres años en Italia), pidiendo protección y ayuda, huyendo de un maltratador, y la Justicia no solo me dio la espalda, sino que me ha criminalizado, perseguido, encarcelado y, sí, también enfermado”, ha resumido la propia Rivas.

Ahora, el enfrentamiento continúa por la custodia de sus hijos. Actualmente, el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) investiga a Arcuri por maltratar a sus dos hijos, unos hechos de los que ha dado fe el mayor de los hermanos, Gabriel.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado que un menor de nacionalidad ucraniana no tiene derecho a la autorización de residencia extraordinaria que el Gobierno habilitó tras la DANA para los extranjeros afectados por la catástrofe. El motivo es que el niño no estaba empadronado —ni había solicitado cita para hacerlo— en uno de los municipios damnificados antes del 4 de noviembre de 2024, un requisito que la Sala considera imprescindible para acceder a esta medida, pese a que sus padres llevaban años trabajando en una de las localidades golpeadas por las inundaciones.

La resolución ratifica así la negativa de la Subdelegación del Gobierno en Valencia y confirma también el criterio que ya había mantenido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de la capital valenciana. La familia defendía que la normativa debía interpretarse de forma más flexible porque el objetivo de estas autorizaciones era proteger a las personas que habían sufrido las consecuencias de la DANA. Sin embargo, el alto tribunal entiende que esa finalidad no permite prescindir de un requisito expresamente previsto en la regulación aprobada por el Ejecutivo.

El caso pone de relieve los límites de las medidas extraordinarias aprobadas tras las inundaciones de finales de octubre de 2024. Aunque el Gobierno diseñó un mecanismo excepcional para regularizar la situación administrativa de determinados extranjeros afectados por la catástrofe, los jueces recuerdan que el acceso a ese procedimiento quedó condicionado al cumplimiento de unos requisitos concretos, entre ellos acreditar que la persona residía oficialmente en alguno de los municipios incluidos en el listado de localidades afectadas antes del 4 de noviembre de ese año.

Una solicitud presentada meses después de la catástrofe

El procedimiento comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando los padres del menor, nacido en Ucrania en 2023, solicitaron para su hijo una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para atender la situación de los ciudadanos extranjeros afectados por la DANA.

La Subdelegación del Gobierno en Valencia rechazó la petición al comprobar que el menor no figuraba empadronado, ni había pedido cita para empadronarse, en alguno de los municipios afectados dentro del plazo establecido. Ese fue el único motivo de la denegación y el argumento que la Administración mantuvo durante todo el procedimiento.

Disconforme con esa decisión, la familia presentó primero un recurso administrativo y, tras ser desestimado, acudió a los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia confirmó la actuación de la Administración y la familia decidió recurrir en apelación ante el TSJ valenciano, insistiendo en que la norma debía interpretarse atendiendo a su finalidad y no únicamente desde un punto de vista formal.

En su recurso sostenían, entre otras cuestiones, que debía prevalecer una interpretación favorable al solicitante y que la Administración estaba realizando una aplicación excesivamente rígida de unas medidas concebidas precisamente para paliar las consecuencias de una situación excepcional. También defendían que la información facilitada durante la tramitación administrativa respaldaba su interpretación de la norma.

El trabajo en un municipio afectado no sustituye el requisito del empadronamiento

Uno de los argumentos que más peso tuvo durante el procedimiento era que los padres del menor trabajaban desde el año 2022 en uno de los municipios afectados por la DANA. A juicio de la familia, esa vinculación con la zona justificaba la concesión de la autorización, ya que el espíritu de las medidas extraordinarias era proteger a quienes se habían visto afectados por las inundaciones.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia considera que ese razonamiento mezcla dos procedimientos diferentes previstos por el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros tras la catástrofe.

La resolución explica que, por un lado, se creó un procedimiento destinado a facilitar la prórroga y renovación de permisos de residencia y trabajo ya existentes para extranjeros que tuvieran su domicilio o su centro de trabajo en alguno de los municipios afectados. Esa medida pretendía evitar que quienes ya residían o trabajaban legalmente en esas localidades perdieran sus autorizaciones como consecuencia de los efectos de la DANA.

Por otro lado, el Gobierno reguló una autorización distinta, la residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas, reservada para quienes estuvieran empadronados o hubieran solicitado cita para empadronarse antes del 4 de noviembre de 2024 en alguno de esos municipios. Es precisamente esta segunda vía la que había solicitado la familia del menor.

A juicio de la Sala, el hecho de que los padres desarrollaran su actividad laboral en una localidad afectada puede ser relevante para el primer procedimiento, pero no elimina ni sustituye el requisito exigido para acceder al segundo. Los magistrados consideran que ambas medidas responden a situaciones distintas y que cada una establece sus propias condiciones de acceso.

El tribunal añade además que la regulación aprobada tras la DANA extiende ese requisito también a los familiares, incluidos los hijos menores, quienes igualmente deben acreditar el empadronamiento previo o, en determinados supuestos, demostrar que convivían con el solicitante antes del 4 de noviembre de 2024 mediante cualquier medio de prueba. En este procedimiento, concluye la resolución, tampoco quedó acreditada ninguna de esas circunstancias.

Aunque la Sala recuerda que las instrucciones dictadas por la Administración sirven como criterio interpretativo para la propia Administración y no vinculan a los tribunales, considera que el resultado del litigio no cambia porque la regulación aprobada por el Consejo de Ministros distingue claramente ambos regímenes extraordinarios y fija como condición imprescindible el empadronamiento previo para acceder a la autorización solicitada.

Con estos argumentos, el TSJ de la Comunidad Valenciana desestima el recurso presentado por los padres del menor, confirma la negativa a conceder la autorización de residencia y les impone el pago de las costas del recurso, con un límite máximo de 800 euros. La resolución no es firme y todavía puede ser recurrida en casación.

La Audiencia Provincial de Melilla ha confirmado la decisión que obliga a un hombre a pagar 250 euros mensuales por cada hijo tras su divorcio. La sentencia mantiene el monto fijado en primera instancia y desestima el recurso que pedía rebajar la suma.

El hombre apeló la sentencia original porque consideró excesiva la pensión alimentaria que debía abonar por sus dos hijos. En su reclamación, sostuvo que sus ingresos son muy bajos y que solo consigue trabajos esporádicos en el rubro de hostelería, además de argumentar que los ingresos que recibe por el alquiler de una propiedad se destinan por completo al pago de la hipoteca.

La sala revisó estos planteamientos después de que la jueza de primera instancia dispusiera disolver el matrimonio y estableciera las condiciones económicas y de custodia. El recurso se centró en lograr una reducción de la cuota alimentaria, aunque formalmente también mencionaba cuestiones como la custodia y la extinción de la manutención, pero la fundamentación solo apuntó al dinero que debía destinar para los hijos.

El tribunal analizó la capacidad económica del hombre, y criticó que tanto él como su mujer habían evitado mostrar, durante todo el proceso, cuánto dinero tienen realmente. “La falta de colaboración de los litigantes para conocer sus verdaderos ingresos comporta, en realidad, un perjuicio para los hijos que ha de ser evitado”, destaca el fallo de los jueces.

El análisis del tribunal

Aunque el demandado afirmó no tener ingresos fijos, la sentencia cita cinco hechos concretos para sostener que dispone de más recursos que los manifestados: cuenta con formación sólida en hostelería y restauración; puede desempeñar empleos en ese sector; poco antes de la audiencia, giró transferencias por 450 euros a favor de los hijos; es propietario de un inmueble y un garaje, aunque estén hipotecados; no aportó declaración de IRPF ni justificación de estar exento.

Para el tribunal, estos puntos demuestran que su situación económica real no coincide con lo que declaró en la audiencia. Destacan que corresponde a cada parte aportar pruebas de sus alegaciones: esto significa que, cuando uno de los padres no acredita de forma transparente todos sus ingresos posibles, el beneficio de la duda se traslada hacia el interés de los menores. Por eso, los jueces decidieron no reducir la cuota alimentaria.

En paralelo a la discusión sobre el dinero, la sentencia también define la vida cotidiana de los hijos cuya guarda y custodia quedó a cargo de la madre. La patria potestad es compartida, lo que exige que las grandes decisiones sobre la educación, salud y residencia de los menores se adopten de común acuerdo. En caso de conflicto, interviene el juzgado.

El padre puede ver a sus hijos el primer fin de semana de cada mes, desde la tarde del viernes hasta la tarde del domingo, debiendo recogerlos y devolverlos en el domicilio materno. Durante las vacaciones, el régimen ordinario se interrumpe y las partes deben acordar la distribución de tiempo, siempre priorizando el bienestar de los menores. El fallo también especifica que los gastos extraordinarios, como tratamientos médicos no cubiertos, matrículas y actividades escolares extra, serán compartidos en partes iguales, previa justificación y comunicación mutua.

Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.

Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.

Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.

Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.

Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.

Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.

Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.

El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.

El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.

Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.

En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.

Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.

En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.

Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.

Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.

De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.

Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.

Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.

Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.

La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.

El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.

Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.

Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.

De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.

De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.

Un hombre de Linares, en la provincia de Jaén, creyó tener la excusa perfecta para dejar de pagar la pensión de alimentos de su exmujer: ella tenía una nueva pareja. Pero ese argumento, que sostuvo durante años y que llevó el caso hasta la Audiencia Provincial de Jaén, no le sirvió de nada. Ahora, la Sección Primera de ese juzgado ha confirmado la condena que obliga al hombre a abonar a su exmujer la cantidad de 18.562,60 euros más intereses, por haber dejado de cumplir con las obligaciones económicas que él mismo había firmado en el convenio regulador de su divorcio.

El tribunal no solo rechazó su recurso de apelación, sino que también le impuso las costas de la segunda instancia, lo que encarece aún más una deuda que se fue acumulando cuota a cuota, mes a mes, mientras ella asumía en solitario unos pagos que, por contrato, debían ser compartidos.

La sentencia zanja así un litigio que se arrastraba desde 2022 y que tuvo su origen en un acuerdo que parecía claro: los dos excónyuges se habían comprometido, en el convenio regulador aprobado judicialmente, a pagar al 50% las cuotas del préstamo hipotecario que gravaba su vivienda común, así como los gastos correspondientes al seguro de decesos y al seguro de hogar. El acuerdo estaría vigente hasta que se procediera a liquidar la sociedad de gananciales. Pero el hombre dejó de cumplir con su parte, y ella tuvo que asumir el coste íntegro de esos gastos.

Para el tribunal, la decisión no ofrece margen de duda. Lo pactado en el convenio regulador del divorcio es una obligación contractual válida y exigible entre las partes, amparada por el principio de autonomía de la voluntad recogido en el artículo 1255 del Código Civil. Que la sociedad de gananciales no hubiera sido liquidada todavía no suspendía ni extinguía ese deber.

Las razones para dejar de pagar

El argumento del hombre para dejar de pagar se enfocó en una cláusula del propio convenio regulador que, según su interpretación, le eximía de cualquier obligación: la que establecía que quedaría liberado de sus pagos si su exmujer “conviviera maritalmente con otra persona en el domicilio familiar”. Su argumento era que ella mantenía una relación sentimental con otro hombre y que este vivía con ella en la vivienda común.

Para sostener esa tesis, recurrió al testimonio de su primo hermano, quien declaró haber realizado un seguimiento de 40 días. El resultado de esa vigilancia fue escaso: había visto al otro hombre junto a la mujer en dos ocasiones y había observado su coche aparcado en la calle de la urbanización durante varias horas, desde las 20:00 hasta la 1:00 o las 2:00 de la madrugada. Pero no se aportó ningún informe de detective privado, que habría sido la prueba idónea conforme al artículo 265.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por ello, la Audiencia fue tajante: el hecho de que la mujer tuviera una relación sentimental consolidada no equivalía, en modo alguno, a que su pareja conviviera maritalmente con ella en el domicilio familiar. El propio tribunal apuntó que la actora podría estar evitando esa convivencia precisamente para que el hombre siguiera pagando conforme a lo pactado, o simplemente no querer convivir con su nueva pareja.

La carga de probar esa convivencia marital correspondía al exmarido, según los jueces, y no la cumplió. Por eso, la sentencia confirma la condena en todos sus términos y el hombre deberá pagar.

Hay disputas familiares que no solo no se resuelven con la muerte, sino que de hecho se ven desencadenadas por un fallecimiento. Es lo que ha ocurrido ahora en Gran Canaria, donde, como ha revelado la Agencia EFE, una pelea familiar ha llevado al planteamiento de la cuestión de si el cuerpo de un familiar fallecido debe considerarse como parte de la herencia.

El cuerpo en cuestión, como cuenta EFE, es el de un hombre que reposa desde hace ocho años en el cementerio de la localidad de Guía con cinco parientes más. El pleito se abrió por la solicitud presentada por la pareja del finado en nombre de su hija —una menor— para sacarlo del panteón de Guía donde está enterrado y llevarlo a otro camposanto. A todo ello se oponían una tía del difunto y otros allegados, que defienden que el fallecido descansa allí junto a otras personas con las que estuvo unido en vida por muchos lazos sentimentales. Para ellos, cambiar al difunto a un nicho individual era doloroso. Ante esa diferencia de criterios, la demandante intentó hacer valer los que creía derechos de su hija como heredera del difunto.

La decisión de un juez en Gran Canaria ha zanjado la cuestión, recordando que los cadáveres no pueden considerarse parte de una herencia patrimonial. El núcleo del caso se resume en el fallo judicial: “Si bien la condición de heredera (de la demandante) le otorga un interés legítimo para promover el expediente, no la inviste de un derecho a decidir a su libre arbitrio dónde se entierran o no los restos de su padre o, al menos, no sin concurrir otras causas que lo justifiquen”, resolvió el magistrado.

De acuerdo con la sentencia, el hecho de ser heredero no confiere automáticamente la facultad de decidir sobre el traslado de los restos mortales. El juez fue claro al precisar: “Los restos mortales no pueden entenderse en ningún momento como parte de la herencia como bien patrimonial”.

La resolución enfatiza que, para autorizar un traslado, deben presentarse motivos que “justifiquen” tal decisión. El juez no profundizó en más argumentos, limitándose a subrayar la necesidad de causas acreditadas para modificar el lugar de inhumación.

El cuidado de la tumba y la normativa en cementerios

El abogado Fernando Osuna, representante de la familia que se opuso al traslado, subrayó a EFE la importancia de la conexión emocional de sus clientes con el difunto, describiendo que estaban unidos por sentimientos “muy grandes”. Osuna puso el acento en la legislación que regula los cementerios, destacando que “prevalece en los traslados la preocupación, interés, mantenimiento, cuidado, el costear los gastos, etcétera” que puedan demostrar las partes enfrentadas.

En este contexto, el letrado puntualizó que sus clientes “siempre se habían preocupado de mantener la tumba en buen estado”, subrayando que la otra parte “se había despreocupado de tales menesteres”.

La sentencia, breve y directa, sienta jurisprudencia sobre una cuestión que enfrenta a muchas familias: los restos mortales, para la ley, no se heredan como si fueran bienes materiales.

La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto a una trabajadora a la que la empresa Topmarkt 2017 S.L. reclamaba casi 18.000 euros al considerar que había cobrado su salario mientras trabajaba en un restaurante durante una baja por incapacidad temporal. El tribunal desestimó el recurso de la mercantil y confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia, que ya había dado la razón a la empleada.

La demanda, interpuesta por la empresa ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Granada, se fundamentaba en la figura del enriquecimiento injusto: la empresa sostenía que la trabajadora, identificada en la sentencia como Rebeca, había recibido ingresos de dos fuentes al mismo tiempo, el salario de la empresa y una remuneración del restaurante donde supuestamente ejercía funciones, lo que le habría generado un beneficio indebido. La reclamación ascendía a 17.838,80 euros, desglosados en 5.624,08 euros en cotizaciones a la Seguridad Social y complementos de convenio, y 12.214,72 euros por los costes de contratar a otra persona para cubrir el puesto durante la baja.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, con ponencia del magistrado Francisco Sánchez Gálvez, rechazó todos los argumentos de la empresa. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, concluyó que la acción de enriquecimiento injusto exige acreditar cuatro elementos: que el demandado se haya enriquecido de forma injusta, que el demandante haya sufrido un empobrecimiento, que exista una relación de causalidad entre ambos y que no haya causa jurídica que justifique esa atribución patrimonial. El tribunal consideró que ninguno de esos requisitos quedó suficientemente probado.

La prueba, insuficiente

Dos testigos declararon haber visto a Rebeca trabajar como camarera en un restaurante: uno la situó en agosto de 2023 y otro en junio o julio de ese mismo año. La trabajadora fue despedida disciplinariamente el 8 de septiembre de 2023, con efectos del 31 de agosto. A partir de esos datos, el tribunal admitió que cabía presumir que la empleada pudo haber cobrado algo en el restaurante, pero limitó esa presunción a un máximo de dos o tres meses de salario, muy lejos de los once meses que la empresa reclamó como costes de sustitución.

Sobre los 5.624,08 euros correspondientes a cotizaciones y complementos de convenio, la Audiencia señaló que el Estatuto de los Trabajadores contempla el despido disciplinario como vía para extinguir el contrato cuando un empleado trabaja durante la baja, que fue precisamente lo que hizo la empresa. Pero esa extinción no genera automáticamente una acción de restitución económica a favor del empleador. El tribunal subrayó que Topmarkt tampoco promovió ninguna acción penal ni laboral para que se declarara fraudulenta la incapacidad de la trabajadora, lo que impedía reconocerle legitimidad para reclamar esas cantidades por la vía del enriquecimiento injusto.

Sin causa ni proporción

Respecto a los 12.214,72 euros reclamados por la contratación de una sustituta durante once meses, el tribunal fue tajante: incluso asumiendo que Rebeca hubiera cobrado algo en negro en el restaurante, esa cantidad no guardaría proporción con lo que la empresa pretendía recuperar. “No puede considerarse acreditada la relación causal entre el perjuicio y empobrecimiento sedicentemente experimentado por la actora y el enriquecimiento del que pudo beneficiarse la demandada”, recoge la resolución. Tampoco estaba en manos del tribunal fijar de oficio una cantidad diferente a la reclamada, al no haberse acreditado el enriquecimiento con precisión suficiente.

La Audiencia también descartó que la sentencia de primera instancia careciera de motivación, uno de los argumentos del recurso. El fallo consideró que la resolución del juzgado identificó con claridad las cuestiones fácticas y jurídicas, expuso que la baja estaba avalada por facultativos médicos y concluyó que no se había acreditado lucro alguno por parte de la trabajadora.

Las costas del recurso de apelación se impusieron a Topmarkt 2017 S.L., que además perdió el depósito constituido para recurrir. La empresa tiene abierta la vía del recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, siempre que acredite interés casacional, en un plazo de veinte días desde la notificación de la sentencia.

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos en medio de la investigación judicial que les afecta por el préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia, según ha adelantado ABC. El accionista minoritario Hugo Castaño asumirá las funciones de ambos bajo el título de presidente ejecutivo, un nombramiento que deberá contar con el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa “supervisada” tras la recepción de fondos públicos.

Las dimisiones llegan días después de que Martínez Sola y Roselli presentaran sendos escritos ante la Audiencia Nacional en los que reconocieron que Plus Ultra suscribió un contrato con una empresa vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para el pago de “elevadas cantidades de dinero” por labores de “acompañamiento” en la obtención del rescate. Ambos directivos admitieron en esos escritos haber tenido “plena conciencia” de que Martínez Martínez y Zapatero “sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar”, algo que asumieron “de forma sobrevenida de salvar a la compañía”.

Las salidas se producen, además, en la misma jornada en que el juez José Luis Calama, titular del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso, ha citado a Martínez Sola y a Roselli para declarar como investigados el 7 y 8 de septiembre, respectivamente, según recogió Infobae a partir de una providencia de Europa Press. La convocatoria judicial se suma a la presión acumulada sobre los dos directivos, que en diciembre de 2025 fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

El 1% del rescate y las tres sociedades

En su escrito ante la Audiencia Nacional, Martínez Sola detalló que Plus Ultra abonó 530.000 euros —equivalentes al 1% de los 53 millones obtenidos— a través de tres sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. e IOT Domotic Europe. El desglose de los pagos, según el escrito del presidente saliente, fue de 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica y 110.799,47 euros a IOT Domotic Europe.

A esa cifra se suman, según el mismo documento, los pagos en especie reconocidos a Martínez Martínez, entre ellos hasta 46 vuelos en clase business que solicitó y no abonó. El contrato que articuló estos pagos fue firmado con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, y vinculaba “directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI”, estipulando ese 1% del total más IVA.

Este martes, Martínez Martínez compareció ante el juez y ratificó el contenido del escrito que había presentado el día anterior, en el que señalaba al expresidente como quien “marcaba los pasos a seguir” para obtener la financiación y aseguraba que fue Zapatero quien le comunicó, días antes de la aprobación formal, que la SEPI iba a conceder el crédito. Según informó Infobae, el empresario redujo su propio papel al de acompañar a Plus Ultra “para la obtención de la financiación solicitada”.

Zapatero, por su parte, ha negado cualquier implicación. En su primera aparición pública tras ser citado a declarar ante la Audiencia Nacional, el expresidente afirmó ante la televisión pública este jueves que no habló “con nadie” sobre el rescate de Plus Ultra y que su inocencia “se demostrará”. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie sobre el rescate de Plus Ultra”, declaró.

El Gobierno mantiene su respaldo

La posición del Ejecutivo no ha variado pese al avance de la investigación. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró el martes que el Consejo de Ministros “seguirá defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero” y defendió la legalidad del préstamo, recordando que el expediente fue tramitado por los servicios técnicos de la SEPI, revisado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Una voz discordante dentro del propio Ejecutivo fue la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que reclamó al expresidente que ofrezca “explicaciones públicas” ante la “tristeza e inquietud” generada en la ciudadanía.

La investigación, que se extiende también a las hijas de Zapatero y a su secretaria, se enmarca en un expediente que, según peritos independientes designados por la Justicia, presentaba “dudas más que razonables” sobre la situación patrimonial de Plus Ultra en el momento de concederse la ayuda.

La aerolínea, que recibió los 53 millones en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, afronta además dificultades para devolver el préstamo: en marzo de 2026 no pudo abonar el primer tramo de 19 millones y negocia con el organismo estatal una ampliación del calendario de amortización, lo que abre la posibilidad de que la compañía acabe bajo control del Estado.

El magistrado Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por Jésica Rodríguez y mantenido en todos sus extremos la providencia del 3 de julio de 2026 que la citaba a declarar como investigada en el marco del caso Koldo. El auto, fechado el 23 de julio de 2026 y al que ha tenido acceso Infobae, consolida la imputación de la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos por indicios de un presunto delito de malversación vinculado a los sueldos que cobró en las empresas públicas INECO y Tragsatec sin haber desempeñado trabajo alguno.

La defensa de Rodríguez basó su recurso en tres argumentos: que la orden judicial que la citaba a declarar no explicaba suficientemente sus motivos, que los hechos por los que se la investigaba ya habían sido juzgados por el Tribunal Supremo y no podían perseguirse de nuevo, y que el tiempo transcurrido desde los hechos impedía cualquier acción penal. El juez Moreno rechazó los tres. Sobre el primero, señaló que la orden judicial sí estaba justificada porque se apoyaba expresamente en el informe del Ministerio Fiscal del 1 de julio de 2026, y que ese modo de fundamentar una resolución está reconocido por el Tribunal Constitucional. Además, la defensa de Rodríguez recibió ese informe antes de que su cliente declarara, por lo que en ningún momento se le ocultaron las razones de su imputación.

El argumento de que los hechos ya habían sido juzgados tampoco prosperó. El juez recordó que la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de junio de 2026 solo evaluó la conducta de Ábalos y de su exasesor Koldo García —condenados a 24 y a 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente—, y que Rodríguez participó en ese juicio únicamente como testigo, no como acusada. El propio Supremo había dejado escrito en esa sentencia que su responsabilidad penal no podía descartarse, una advertencia que el juez Moreno consideró razón suficiente para cambiar su condición procesal y citarla ahora a declarar como investigada.

El tercer argumento, el del tiempo transcurrido, tampoco convenció al juez. La defensa sostuvo que los contratos firmados con Ineco el 1 de marzo de 2019 y con Tragsatec el 2 de marzo de 2021 superaban el plazo legal de cinco años a partir del cual ciertos delitos no pueden perseguirse. Moreno rechazó esa lectura: el delito que se le atribuye a Rodríguez no es el de haber usado influencias para conseguir esos contratos, sino el de malversación de fondos públicos, es decir, el de haberse beneficiado de dinero del Estado que nunca debió recibir. La Fiscalía Anticorrupción, en su dictamen del 16 de julio, fue más directa: sin que Rodríguez hubiera aceptado cobrar esos sueldos sin trabajar, el dinero público nunca habría salido de las arcas del Estado.

Jésica, la “principal beneficiaria”

El Ministerio Fiscal añadió que Rodríguez fue “la principal beneficiaria” de las gestiones de Ábalos y de García Izaguirre para lograr su contratación en ambas empresas públicas, y que al menos debería responder como alguien que se lucró con dinero del Estado sin tener derecho a ello. La Acusación Popular Unificada, que agrupa a varias acusaciones particulares en la causa, también pidió que se rechazara el recurso.

El caso tiene su origen en la rama del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, una pieza separada del juicio que ya se celebró ante el Tribunal Supremo. La contratación de Rodríguez en Ineco —empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes— y en Tragsatec fue uno de los asuntos centrales de ese proceso. El Supremo recogió en su sentencia que ella misma reconoció haber cobrado los salarios acordados y que durante el tiempo que estuvo contratada realizó hasta trece viajes junto a Ábalos, quien era al mismo tiempo su pareja y, a través de su influencia, su empleador.

La propia Rodríguez había intentado aplazar su declaración como investigada, prevista para el 20 de julio de 2026. Su defensa pidió que se suspendiera ese trámite hasta que los tribunales resolvieran los recursos presentados, lo que retrasó la comparecencia pero no cambió el resultado. La resolución del juez Moreno no es firme: la defensa tiene un plazo de cinco días para recurrirla ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La mujer que protagoniza este caso tenía poco más de 30 años cuando dejó de trabajar. Fue en 1990, cuando nació el hijo que compartía con su pareja desde finales de los 80. Durante los 35 años siguientes, ella sostuvo el hogar y crió al niño mientras él construía una carrera que le permitió acumular un patrimonio de más de 580.000 euros. Cuando la relación se rompió, un juzgado le fijó una prestación alimentaria de 300 euros al mes y le negó cualquier compensación por sus décadas de trabajo doméstico no remunerado. Tenía 70 años, un cáncer de mama en tratamiento y unos ingresos que apenas superaban los 600 euros mensuales, tras sumar la prestación por jubilación.

Ahora, después de que la mujer apelara la decisión, la Audiencia Provincial de Barcelona no lo ha considerado justo. El tribunal ha elevado esa prestación a 1.000 euros mensuales y ha fijado una compensación económica de 22.146,25 euros que el hombre deberá pagar por el trabajo en el hogar realizado por la mujer durante décadas.

El argumento central de la Audiencia para subir la prestación fue que, mientras no se liquide la vivienda familiar de Vilassar de Mar —un inmueble valorado en más de 400.000 euros, del que ambos son copropietarios al 50%—, la mujer no dispone de más recursos que una pensión no contributiva y una prestación que juntas suman algo más de 600 euros al mes.

La compensación económica por razón del trabajo, en cambio, requirió un cálculo más complejo. El Código Civil de Cataluña exige, para reconocerla, que uno de los miembros de la pareja se haya dedicado al hogar de forma sustancialmente mayor que el otro y que ello haya generado una desigualdad en el incremento patrimonial. Ambos requisitos, a juicio de la Audiencia, concurrían con claridad. El tribunal fijó el patrimonio final del hombre en 586.700 euros —descontado el heredado a título gratuito— y el de la mujer en 206.000 euros, correspondientes casi en su totalidad a su mitad de la vivienda familiar. Establecida la diferencia de incremento patrimonial en 88.585 euros, la Audiencia aplicó el 25% previsto como límite máximo por la ley, lo que arrojó la cifra de 22.146,25 euros.

No podrá utilizar la vivienda familiar

Lo que el tribunal no modificó fue la atribución del uso de la vivienda. La mujer había pedido que se le asignara como parte de la prestación alimentaria, pero la Audiencia fue tajante: la ley solo permite esa atribución cuando existe acuerdo entre las partes o cuando hay hijos menores bajo guarda. El hijo común tiene 36 años y es económicamente independiente, por lo que ninguna de las dos vías resultaba aplicable. La liquidación del inmueble —dos plazas de aparcamiento y dos trasteros incluidos— seguirá tramitándose en la fase de ejecución de sentencia, un proceso que el hombre ya había iniciado antes de que se dictara esta resolución.

Contra esta sentencia de la Audiencia Provincial cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al amparo del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en materia de derecho civil catalán. Ninguna de las partes fue condenada en costas en esta segunda instancia.

Sesenta y cinco días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara su imputación en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y más de un mes después de declarar como investigado, José Luis Rodríguez Zapatero rompió este miércoles su silencio en una entrevista en Mañaneros 360 (TVE). Lo hizo con un mensaje claro: negó todas las acusaciones que pesan sobre él, defendió la legalidad de su actuación y aseguró que siente la necesidad de explicarse. Sin embargo, buena parte de esas explicaciones quedaron, una vez más, emplazadas al futuro.

El expresidente insistió en varias ocasiones en que dará explicaciones sobre su actuación y en que quiere ofrecer su versión de los hechos para quienes esperan escucharla. Pero esa declaración de intenciones contrastó con el desarrollo de la entrevista. Pese a haber comparecido ya ante el juez instructor y disponer de su primera oportunidad para dar una versión pública de los hechos, evitó entrar en algunos de los aspectos que centran la investigación y que más expectación habían generado.

Durante la conversación sí fue tajante al rechazar cualquier actuación irregular. Negó haber participado en el rescate de Plus Ultra, aseguró que nunca habló con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ni con miembros del Gobierno para influir en la concesión de las ayudas públicas y rechazó cualquier vínculo con la sociedad offshore investigada en Dubái. También defendió la legalidad de su actividad profesional desde que abandonó La Moncloa y negó que sus hijas hubieran servido para ocultar patrimonio. Las negativas fueron rotundas. Las explicaciones, en cambio, quedaron en muchos casos sin desarrollar.

Sin una versión de conjunto sobre Plus Ultra

Uno de los principales asuntos que la entrevista dejó sin aclarar fue cuál fue exactamente el papel que desempeñó Zapatero durante los meses en los que se gestó el rescate de la aerolínea. Aunque rechazó haber intervenido en la decisión adoptada por la SEPI y negó cualquier gestión ante el Gobierno para favorecer la concesión de las ayudas, no ofreció un relato completo de su actuación durante ese periodo. La entrevista dejó sin reconstruir cómo comenzó su relación con los empresarios vinculados a Plus Ultra, qué encargos asumió, qué gestiones llegó a realizar y cuál fue el alcance concreto de los contactos que sí reconoció haber mantenido en el ámbito empresarial.

La expectación también estaba puesta en su respuesta a las acusaciones formuladas por Julio Martínez, uno de los investigados en la causa. En el escrito que remitió al juez y posteriormente durante su declaración judicial, Martínez situó al expresidente en el centro de las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y le atribuyó un papel relevante en la operación.

Zapatero optó por no entrar en ese terreno. Alegó que no iba a participar en la estrategia de defensa de otro investigado y evitó responder de forma pormenorizada a las afirmaciones realizadas por Martínez. De ese modo, quedaron sin una contestación específica las acusaciones que este dirige contra él acerca del papel que habría desempeñado en las gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

El origen de las joyas sigue sin despejarse

Otro de los asuntos que mayor expectación había despertado era el de las cerca de 80 joyas valoradas en alrededor de 1,3 millones de euros que fueron localizadas en la caja fuerte de su despacho y que forman parte de la investigación. Zapatero ofreció por primera vez una explicación pública sobre esas piezas y aseguró que se trataba de un “regalo de cortesía personal” recibido “hace muchos años”, al tiempo que rechazó que existiera cualquier intención de ocultarlas o de obtener un beneficio patrimonial con ellas. También cuestionó la tasación incorporada al procedimiento, sostuvo que esa valoración será objeto de contradicción pericial y aseguró que las joyas permanecían guardadas “sin uso ni destino”. Añadió, además, que no todas procedían de ese regalo, sino que parte del lote corresponde a joyas heredadas por su familia y la de su esposa.

Sin embargo, la explicación volvió a dejar sin resolver el principal interrogante que rodea a esas piezas. El expresidente rechazó identificar el país del que procedía el regalo y tampoco quiso revelar quién se lo hizo, pese a que el periodista Javier Ruiz insistió expresamente en esa cuestión. Alegó que prefiere ofrecer esa información primero ante el juez José Luis Calama y recordó que será en el procedimiento judicial donde dará todas las explicaciones sobre ese episodio.

Zapatero también defendió que nunca existió intención de defraudar y llegó a admitir que aceptar un obsequio de esas características pudo haber sido “un error”, aunque matizó que esa valoración depende de la interpretación que se haga del Código de Buen Gobierno aprobado durante su etapa en La Moncloa.

No obstante, evitó concretar en qué contexto recibió esas joyas, si el regalo se produjo durante un viaje institucional o privado o cuáles fueron las circunstancias que rodearon la entrega, aspectos que siguen siendo relevantes para la investigación. Tampoco aclaró la fecha exacta en la que las recibió, un extremo que puede resultar determinante para valorar los delitos que se le atribuyen y su eventual prescripción.

Las hijas, Whatefav y su actividad como consultor

La entrevista también abordó la investigación sobre sus hijas y la empresa Whatefav. Zapatero negó que hubieran actuado como testaferros o que la sociedad se utilizara para ocultar patrimonio y defendió que ambas desarrollaron una actividad profesional legítima. No obstante, volvió a remitir las explicaciones al procedimiento judicial. Aseguró que serán ellas quienes acrediten documentalmente los trabajos realizados, aunque no detalló cuáles fueron esos servicios, para qué clientes se prestaron, por qué esos trabajos se articularon a través de Whatefav o qué circunstancias explican que esa sociedad haya acabado bajo el foco de la investigación.

Algo similar ocurrió con su actividad profesional desde que dejó la Presidencia del Gobierno. Defendió la legalidad y transparencia de su labor como consultor privado, pero no profundizó en qué consistían exactamente los trabajos que desarrolló para Análisis Relevante, cuáles eran los encargos concretos que asumía, cómo se justificaban esos servicios o cuál fue el alcance real de las gestiones empresariales que hoy investiga la Audiencia Nacional. Más allá de insistir en que toda su actividad fue lícita, evitó ofrecer una explicación detallada sobre el contenido de ese asesoramiento.

La entrevista permitió conocer la posición de Zapatero frente a las principales acusaciones que motivaron su imputación, pero dejó abiertas varias de las cuestiones que siguen marcando la investigación. El expresidente defendió su inocencia y negó cualquier actuación irregular, aunque evitó desarrollar algunos de los episodios que más interés habían despertado desde que el caso llegó a la Audiencia Nacional y volvió a emplazar una explicación más completa para más adelante.

El pasaporte de Begoña Gómez lleva semanas ocupando un lugar protagonista en la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Primero, el instructor acordó retirárselo como una de las medidas cautelares que le impuso al apreciar riesgo de fuga tras acordar la apertura de juicio oral. Después llegaron las solicitudes de la mujer del presidente del Gobierno para poder salir de España que fueron parcialmente aceptadas: se le permitió viajar al Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas. A su vuelta, sin embargo, el magistrado volvió a poner el foco sobre el documento al requerir a Gómez que acreditara que el desplazamiento autorizado se había limitado exclusivamente al Reino Unido.

Ahora, cuando parecía que la polémica había quedado atrás después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara levantar las medidas cautelares y devolverle el pasaporte, el documento vuelve a ser noticia porque sigue sin haber sido entregado y ha abierto un nuevo frente procesal entre el juez y una de las defensas.

La última controversia gira en torno a la forma en que debe ejecutarse esa devolución. Juan Carlos Peinado ha ordenado que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, acudan personalmente al juzgado para recoger sus pasaportes. La defensa de Álvarez considera, sin embargo, que esa decisión carece de cobertura legal una vez levantadas las medidas cautelares y ha recurrido la providencia al entender que la entrega del documento corresponde al letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y no al juez.

Con ese recurso, el pasaporte vuelve a ocupar el centro de una causa en la que, en apenas un mes, ha pasado de ser una medida cautelar a convertirse en uno de los principales focos de discusión procesal.

Del riesgo de fuga a la decisión de la Audiencia

Todo comenzó cuando Juan Carlos Peinado acordó abrir el procedimiento para que Begoña Gómez y Cristina Álvarez fueran juzgadas por un Tribunal del Jurado. Junto a esa decisión impuso varias medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El instructor justificó esas restricciones en la existencia de un posible riesgo de fuga. Aquella decisión llamó especialmente la atención por la dureza de las medidas adoptadas y por los argumentos empleados para sostenerlas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revisó posteriormente ese auto y corrigió de forma significativa el criterio del instructor. La Sección 23 mantuvo que la causa debía continuar hacia juicio, pero redujo el alcance de las acusaciones.

La revisión del tribunal no solo modificó el contenido de la causa. También tuvo efectos inmediatos sobre las medidas cautelares. Al considerar que ya no existían razones que justificaran mantenerlas, la Audiencia dejó sin efecto la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias periódicas impuestas por Peinado. Sin embargo, la devolución material del pasaporte quedó pendiente.

Un documento que sigue en el juzgado

Casi una semana después de la resolución de la Audiencia, el pasaporte continúa sin regresar a manos de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Tras recibir el auto del tribunal provincial, Peinado dictó una providencia el pasado 21 de julio en la que ordenó que ambas comparezcan personalmente en el juzgado para recoger el documento, descartando que pueda hacerlo un representante en su nombre.

Es precisamente esa decisión la que ha llevado a la defensa de Cristina Álvarez a presentar un recurso. El abogado José María de Pablo sostiene que, una vez levantadas las medidas cautelares por la Audiencia Provincial, la decisión jurisdiccional ya está agotada y lo único que queda es ejecutar materialmente esa resolución. Por ello entiende que la entrega del pasaporte no corresponde al juez, sino al letrado de la Administración de Justicia, que es quien tiene atribuida esa función.

En el escrito recuerda además que la procuradora dispone de poder suficiente para recoger el documento en nombre de su representada, por lo que considera injustificado obligar a Cristina Álvarez a acudir personalmente al juzgado.

La defensa acusa además a Peinado de haber invadido competencias reservadas al LAJ y sostiene que retrasar la devolución del pasaporte supone mantener de hecho una limitación sobre la libertad de circulación que ya no cuenta con respaldo judicial.

En ese sentido, el recurso afirma que “condicionar o denegar la entrega” del documento implica prolongar una restricción sobre un derecho fundamental “sin título cautelar vigente que lo ampare”, una actuación que, añade, “realizada a sabiendas, reviste extrema gravedad”. También sostiene que esa decisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al impedir que la resolución de la Audiencia Provincial se ejecute en sus propios términos.

Por ese motivo solicita que se deje sin efecto la providencia del pasado 21 de julio y que sea el letrado de la Administración de Justicia quien proceda a la entrega inmediata del pasaporte a la procuradora de Cristina Álvarez.

Desde que el juez Peinado acordara la retirada del pasaporte, el documento ha ido enlazando una decisión judicial tras otra. Primero sirvió para justificar unas medidas cautelares que la Audiencia terminó revocando; después motivó un requerimiento del instructor sobre un desplazamiento al extranjero; y ahora vuelve a situarse en el centro de la causa porque, pese a que el tribunal provincial ordenó devolverlo hace casi una semana, sigue sin abandonar el juzgado.

Son solo tres metros cuadrados, pero tres metros cuadrados muy codiciados. Durante décadas, un espacio en el garaje de un edificio de Madrid —un hueco en el semisótano— fue ocupado por los dueños de una vivienda como si fuera propio. Primero por tolerancia, luego por herencia de esa tolerancia, y finalmente por resistencia frente a la oposición de la comunidad de propietarios. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que la pareja que utiliza el lugar debe devolverlo, sin que la escritura de compraventa de su vivienda haya bastado para sostener su pretensión.

La sentencia cierra una disputa que arrancó formalmente en 2022, pero cuyas raíces se hunden en el uso tolerado que un propietario anterior hacía de esos espacios desde mucho antes. Y es que el propietario que precedió a la pareja en la vivienda venía usando ese espacio del garaje por “mera tolerancia de la comunidad”, según la sentencia del caso. El hombre utilizaba el hueco para aparcar motos o vehículos pequeños, pero no tenía la propiedad del espacio en el Registro de la Propiedad. Y en 2002, en una Junta de Propietarios, el propio hombre manifestó que “donaba” el espacio de aparcamiento a la comunidad, pero con un acuerdo verbal por el que podría seguir utilizándolo mientras viviera allí.

El conflicto llegó cuando dejó de vivir allí. Cuando, en 2014, el hombre vendió la vivienda a un matrimonio, en la escritura pública de compraventa hizo constar que al inmueble le correspondía el “cuarto de choferes” en el garaje, “con cuantos usos y derechos han sido expresados”. Para el matrimonio, esa redacción era título suficiente para demostrar que tenía derecho a utilizar el espacio en el garaje. Pero la comunidad de propietarios llevó el tema a los tribunales y los jueces lo han visto de otra forma.

En su fallo, la Audiencia Provincial señala que el espacio no consta inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de los apelantes ni de los titulares anteriores de la vivienda. Los estatutos de la comunidad son igualmente diáfanos: el artículo primero establece que es propiedad común. Y la inscripción registral de la vivienda del matrimonio, a diferencia de lo que ocurre con otros pisos del edificio, no recoge ningún derecho a aparcar en el garaje.

La derrota en los tribunales

Un detalle del procedimiento termina de cerrar ese argumento. En la Junta de Propietarios del 1 de diciembre de 2021, el propio usuario actual reconoció que aparcar su vehículo en ese espacio limitaba las maniobras de acceso a la plaza colindante. Para la Audiencia, ese dato no es menor: el uso que se reivindicaba como ininterrumpido durante más de 30 años era, en su origen, un uso tolerado para aparcar una moto o un vehículo pequeño. Ocupar ese espacio con un vehículo de mayor tamaño no es la misma posesión continuada, sino una posesión distinta, sobre una superficie mayor.

Por todo ello, la sentencia de primera instancia dio la razón a la comunidad en todos los puntos y desestimó íntegramente las pretensiones del matrimonio, con condena en costas. En segunda instancia, la pareja ha vuelto a perder el juicio, por lo que deberá desalojar el espacio.

La ley 27.784 incorporó el juicio en ausencia al derecho procesal penal argentino. Su sanción fue fruto del trabajo de más de diez años de un reducido grupo de juristas, periodistas, diputados, senadores, jueces y familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA-DAIA. Respondió a la necesidad de dotar a los jueces de una herramienta legal para enfrentar los casos en los cuales el imputado de un delito grave, conociendo la existencia del proceso en su contra, se sustrae voluntaria y maliciosamente a comparecer ante el juez de la causa, lo cual, de acuerdo al sistema procesal penal argentino, impedía avanzar con el proceso judicial.

Durante muchísimos años, la doctrina jurídica sostenía, al influjo de un ex juez del Máximo Tribunal de la Nación, que el juicio en ausencia era un instituto extraño a la tradición jurídica argentina, de modo que resultaba imposible celebrar un debate oral y público sin la presencia personal del imputado. Fue ardua la tarea que se tuvo que hacer para cambiar este paradigma.

Transcurrido un año desde la sanción de la ley, ha sido receptada con beneplácito por la doctrina y la jurisprudencia, ya que la norma armoniza adecuadamente las garantías de defensa del imputado y el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar delitos graves como los crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas y el terrorismo y su financiamiento.

Como sostiene el Dr. Franco Fiumara, uno de sus impulsores, el juicio en ausencia sintetiza el anhelo de verdad, justicia y reparación de las víctimas, con las garantías procesales y el derecho de defensa en juicio de los imputados, evitando que el proceso judicial quede indefinidamente condicionado a la acción de quien decide permanecer prófugo y desoye el llamado de la Justicia.

La sanción de la ley 27.784 también mostró la articulación de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, enviando el proyecto de ley; el Legislativo, trabajándolo en comisiones y sancionándolo; y el Judicial, haciendo aplicación concreta a las causas en trámite.

En tiempos en los que los desencuentros y enfrentamientos resultan frecuentes, la ley de juicio en ausencia resulta muestra fecunda del trabajo conjunto de los distintos estamentos estatales para luchar contra la impunidad. El trabajo incesante de quienes abogamos durante años en favor del Juicio en Ausencia se vio coronado con la votación de los representantes de ambas cámaras legislativas superior a la imaginada.

En los numerosos encuentros que jalonaron estos diez años de esfuerzos, se nos decía que era una norma a medida de la causa AMIA. Respondíamos negativamente, manifestando que, entre otras cosas, posibilitaría continuar las causas contra represores de la dictadura. Y eso es lo que ocurrió. El primer juicio donde un fiscal solicitó la aplicación del Juicio en Ausencia fue una causa de lesa humanidad que tramita en un Juzgado Federal de San Rafael, Mendoza.

Un proceso judicial por un delito de lesa humanidad que está paralizado ahonda el dolor de las víctimas. Una herida que nunca sana atenta contra la dignidad humana.

*Raúl Woscoff es abogado, ex asesor de la Unidad Especial AMIA

*Alberto Indij es abogado, ex presidente de la DAIA.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la aplicación de la denominada ‘ley de nietos’ al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Como primer paso, la Sala Tercera ha requerido al órgano electoral que remita el expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de veinte días y, además, ha abierto una pieza separada para decidir si procede suspender cautelarmente las nuevas altas en el censo reclamadas por la formación política.

Las dos diligencias, dictadas este martes por la Letrada de la Administración de Justicia, no entran todavía en el fondo del asunto, pero ponen en marcha la tramitación judicial del procedimiento. En una de ellas, el Supremo admite el recurso dirigido contra el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central y ordena a este organismo remitir toda la documentación que sirvió de base para adoptar su decisión. En la otra, concede diez días a la JEC para pronunciarse sobre la petición de suspensión cautelar formulada por Iustitia Europa respecto a las nuevas incorporaciones al CERA vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

El recurso llega al Supremo después de que la Junta Electoral Central rechazara la solicitud de la formación política de paralizar las nuevas inscripciones en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero. El órgano electoral sostuvo que no podía apartarse del criterio fijado por el legislador y defendió que la administración electoral está obligada a aplicar la normativa vigente mientras permanezca en vigor, aunque sí acordó solicitar información adicional a la Oficina del Censo Electoral y preparar una futura instrucción sobre la determinación del municipio de inscripción electoral.

Iustitia Europa centra el recurso en el control del censo

En el escrito de interposición, de 23 páginas, Iustitia Europa sostiene que el litigio no pretende cuestionar la nacionalidad española concedida al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sino la actuación de la Junta Electoral Central respecto a las consecuencias electorales de esas concesiones. La formación sostiene que la JEC renunció a ejercer sus funciones de supervisión sobre la Oficina del Censo Electoral al rechazar ordenar actuaciones de revisión, inspección y control sobre las nuevas altas incorporadas al CERA.

El recurso sostiene que la controversia jurídica “no reside en la validez de la nacionalidad concedida, sino en la dejación de funciones de supervisión” por parte de la Junta Electoral Central y afirma que el organismo permitió un “volcado automático y acrítico” de las inscripciones registrales al censo electoral sin comprobar su trazabilidad documental.

Entre las medidas que la formación solicitó inicialmente a la JEC figuraban la apertura de inspecciones sobre las altas producidas desde noviembre de 2022, la elaboración de informes estadísticos desglosados por países y provincias, la comprobación de la trazabilidad documental de las inscripciones, la revisión de posibles duplicidades y la conservación íntegra de los expedientes relacionados con esas incorporaciones. Según expone el recurso, ninguna de esas once peticiones obtuvo una respuesta individualizada.

Otro de los argumentos sobre los que pivota la impugnación es la falta de información pública sobre el impacto de la conocida como ‘ley de nietos’ en el censo electoral. Iustitia Europa asegura que no existe una cifra oficial que permita conocer cuántas altas del CERA proceden de expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de esa norma, ni datos desagregados sobre su distribución provincial, la vía de adquisición de la nacionalidad o la oficina consular que tramitó cada expediente. A su juicio, esa ausencia de información impide a los partidos políticos fiscalizar la correcta formación del censo.

La formación invoca el voto particular de cuatro vocales de la JEC

Uno de los elementos centrales del recurso es el voto particular suscrito por cuatro vocales de la propia Junta Electoral Central al acuerdo ahora impugnado. Según destaca Iustitia Europa, esos vocales sostuvieron que determinados criterios incorporados por la Instrucción de 25 de octubre de 2022 pudieron ampliar por vía administrativa los supuestos previstos en la Ley de Memoria Democrática y que la Junta Electoral debía adoptar medidas para evitar que esos efectos se trasladaran automáticamente al censo electoral.

Con base en ese voto discrepante, la formación solicita al Supremo que acuerde como medida cautelar la suspensión provisional de las nuevas altas que considera afectadas y, de forma subsidiaria, que ordene su identificación separada, garantice su trazabilidad y preserve toda la documentación relacionada con esos expedientes.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido que su organización ha llevado ante el Tribunal Supremo “lo que ningún otro partido político ni organización de la sociedad civil se había atrevido a someter a control judicial”: “unas altas censales cuyo volumen exacto no ha sido publicado y cuya trazabilidad no puede ser comprobada con la información disponible”. En su opinión, “el censo electoral no puede ser una caja negra” y las medidas cautelares resultan imprescindibles porque, sostiene, “una vez celebradas las elecciones, ninguna sentencia puede reconstruir por completo la voluntad popular expresada en las urnas”.

La Audiencia Nacional ha ordenado a cinco entidades bancarias que entreguen toda la información financiera de las cuentas vinculadas a Santos Cerdán y a varios miembros de su entorno familiar con el objetivo de profundizar en el análisis patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE y esclarecer el origen y destino de los fondos presuntamente relacionados con Servinabar.

La resolución firmada este martes por el magistrado Ismael Moreno, a la que ha tenido acceso Infobae, atiende la petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y respaldada por la Fiscalía, dentro de la investigación sobre el supuesto amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La documentación solicitada incluye los datos de apertura de las cuentas, la identificación de titulares y personas autorizadas, otros productos financieros asociados, cajas de seguridad, tarjetas bancarias, movimientos completos desde el 1 de enero de 2014, ingresos y pagos, transferencias nacionales e internacionales, operaciones de cambio de divisas, ingresos y retiradas de efectivo superiores a 300 euros, así como las comunicaciones por posibles operaciones sospechosas de blanqueo de capitales remitidas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y los informes internos que las sustenten.

La investigación se extiende al entorno familiar

La decisión del juez parte del informe económico-patrimonial elaborado por la UCO el pasado 14 de julio. Según recoge el auto, ese análisis se había realizado únicamente sobre los productos financieros en los que Santos Cerdán figura o ha figurado como titular o autorizado. Sin embargo, la Guardia Civil considera necesario ampliar el estudio al comprobar la estrecha relación patrimonial con varios miembros de su familia que, según sostiene, también se habrían beneficiado de fondos procedentes de Servinabar.

En concreto, la resolución cita expresamente a su mujer, Francisca Muñoz Cano; su hija, Alba Cerdán Muñoz; su hermana, María Belén Cerdán León, y su cuñado, Antonio Muñoz Cano. Tanto la Fiscalía como el magistrado consideran procedente acceder a la información financiera de estas personas para completar el estudio económico de Santos Cerdán y de su entorno familiar.

El juez sostiene que las diligencias resultan proporcionadas y necesarias para determinar con la mayor precisión posible la situación económico-patrimonial del investigado, tanto respecto de su patrimonio formal como del que pudiera serle atribuible de hecho, así como para analizar el origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.

Los indicios recogidos por la UCO

El auto resume parte de las conclusiones alcanzadas por la UCO en su informe patrimonial. Entre los indicios que, según los investigadores, apuntan a la existencia de una posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán figuran ingresos en efectivo realizados por Koldo García y Patricia Uriz para pagar las cuotas del renting de un vehículo, ingresos en metálico de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por un importe de 18.261,56 euros y una reducción del gasto con tarjetas y de las disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la denominada “etapa ministerial” de José Luis Ábalos y con la adjudicación de contratos investigados a Acciona Construcción.

Asimismo, el informe aprecia diferencias entre las liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados y los movimientos detectados en las cuentas bancarias bajo conceptos susceptibles de ser reembolsados.

La resolución también recoge las conclusiones del análisis efectuado sobre Servinabar. Según la UCO, el 87,04% de los ingresos de esta mercantil procederían de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora. Otro 2,48% tendría origen en empresas investigadas en otro procedimiento que instruye la Audiencia Nacional y un 0,66% correspondería a personas físicas o jurídicas relacionadas con Antxón Alonso.

El juez reproduce igualmente las conclusiones de los investigadores acerca de los beneficios que, presuntamente, habrían disfrutado Santos Cerdán y miembros de su entorno entre los años 2015 y 2024. Según el informe, esos beneficios alcanzarían al menos los 323.178,41 euros y se habrían materializado en distintos bienes y servicios sufragados, directa o indirectamente, por Servinabar. Entre ellos figuran el pago del primer periodo del renting de un vehículo Kia Sportage y diversas nóminas vinculadas a empresas relacionadas con Antxón Alonso.

La Guardia Civil también sostiene que, entre finales de 2021 y comienzos de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid por un importe cercano al millón de euros destinado a Santos Cerdán, una operación que finalmente no llegó a completarse tras retirarse la parte vendedora. Para los investigadores, ese episodio evidenciaría la disponibilidad que, presuntamente, tenía el dirigente socialista sobre los fondos de la empresa.

Un juzgado de Barcelona ha puesto fin a otra de las causas pendientes derivadas del procés. La titular del Juzgado de lo Penal número 11 ha aplicado la ley de amnistía a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano que la Generalitat creó para supervisar el referéndum independentista de 2017, y ha decretado el archivo definitivo del procedimiento en el que estaban acusados de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Entre los beneficiados figuran la exconsellera de Igualdad y Feminismos y actual diputada de ERC Tània Verge, así como el diputado de Junts en el Congreso Josep Pagès.

La resolución llega después de más de dos años de recorrido judicial desde la entrada en vigor de la ley de amnistía. Durante ese tiempo, la causa permaneció bloqueada mientras pasaba por distintas instancias debido a las dudas sobre qué órgano debía juzgar a los acusados tras el aforamiento de Verge y Pagès. Ese escenario impidió que llegara a celebrarse el nuevo juicio que había ordenado la Audiencia de Barcelona.

La magistrada María del Carmen Murio González declara ahora la “extinción de la responsabilidad criminal” de los cinco procesados y acuerda el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa. Además de Verge y Pagès, la decisión alcanza al abogado Marc Marsal, el catedrático Jordi Matas y la abogada Marta Alsina, quienes integraron la Sindicatura Electoral de Cataluña.

La decisión judicial pone fin a un procedimiento que llevaba abierto desde 2017 y que, pese a haber pasado ya por un juicio y una sentencia absolutoria, seguía pendiente de una resolución definitiva.

Del órgano que debía arbitrar el referéndum al banquillo

La Sindicatura Electoral de Cataluña nació a comienzos de septiembre de 2017 como una de las piezas clave del referéndum impulsado por el Govern de Carles Puigdemont. Creada al amparo de la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, debía desempeñar unas funciones similares a las de una junta electoral: supervisar el proceso, resolver las reclamaciones que pudieran presentarse, velar por las garantías de la votación y proclamar los resultados oficiales.

Sin embargo, el organismo apenas tuvo recorrido. El Gobierno recurrió de inmediato la Ley del Referéndum ante el Tribunal Constitucional, que suspendió cautelarmente tanto la norma como todos los actos dirigidos a organizar la consulta.

Pocos días después, el Constitucional notificó personalmente a los cinco integrantes de la Sindicatura que debían cesar cualquier actuación relacionada con el referéndum y les advirtió de que, si persistían en sus funciones, se enfrentarían a multas coercitivas de 12.000 euros diarios. La respuesta fue inmediata: los cinco presentaron su dimisión y el órgano quedó disuelto apenas dos semanas después de su creación, antes incluso de que se celebrara la consulta del 1 de octubre.

Esa renuncia, sin embargo, no puso fin al recorrido judicial. La Fiscalía sostuvo que el mero hecho de haber aceptado formar parte del órgano encargado de supervisar un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional constituía un delito y presentó una acusación por desobediencia y usurpación de funciones públicas. Para los cinco procesados llegó a solicitar dos años y nueve meses de prisión.

Una absolución anulada y un juicio que nunca se repitió

El caso llegó a juicio en 2021 ante el mismo Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona que ahora ha acordado aplicar la amnistía. En aquella ocasión, la magistrada absolvió a los cinco acusados al entender que no había quedado acreditado que ejercieran de manera efectiva las funciones que les atribuía la Fiscalía una vez que el Tribunal Constitucional suspendió la actividad de la Sindicatura.

La decisión, sin embargo, no cerró el procedimiento. La Fiscalía recurrió la sentencia y la Audiencia de Barcelona le dio parcialmente la razón al apreciar defectos en la motivación de la absolución. El tribunal no condenó a los acusados, pero anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio para que se dictara una nueva resolución.

Esa segunda vista nunca llegó a celebrarse. La causa quedó atrapada en un complejo recorrido entre distintos órganos judiciales por las cuestiones de competencia derivadas del aforamiento de Tània Verge, primero como miembro del Govern catalán y después como diputada de ERC, y de Josep Pagès, elegido diputado de Junts en el Congreso. Mientras esos conflictos procesales se resolvían, entró en vigor la ley de amnistía.

Más de dos años después de la aprobación de esa norma, la jueza ha considerado que los hechos encajan en su ámbito de aplicación y ha declarado extinguida la responsabilidad penal de los cinco acusados. La resolución acuerda el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de una de las causas que permanecían abiertas por la estructura institucional que la Generalitat puso en marcha para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017, en este caso la del órgano que debía actuar como autoridad electoral y garantizar el desarrollo formal de la consulta.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena a una farmacéutica por dispensar y facturar 1.334 envases del medicamento Qutenza para una misma paciente durante cuatro años. La sanitaria, que siguió la prescripción médica dictada para la mujer, ignoró la pauta técnica del fármaco, que indicaba una dosis mucho menor, por lo que se le ha suspendido durante un mes del ejercicio profesional.

Según relata la sentencia, la farmacéutica, identificada como doña Vicenta, dispensó en varias ocasiones la medicación de la paciente, doña Florinda, entre los años 2019 y 2023. La mujer tenía pautado el medicamento Qutenza, un parche indicado para aliviar el dolor neuropático en adultos. Era su hija la encargada de recoger el fármaco en farmacia: en su testificación, aseguró que no recordaba la pauta exacta, pero confiaba tanto en la farmacéutica como en la prescripción médica.

Es justo ahí donde yace el error: la doctora de cabecera de doña Florinda había indicado que debía utilizar “1 parche cada 24 horas”. En realidad, el prospecto de Qutenza marca una dosis cada 90 días, que no debe superar los cuatro parches a la vez. Doña Vicenta nunca cuestionó la prescripción médica y dispensó, durante cuatro años, una media de 30 envases de Qutenza al mes.

Contradicciones entre paciente, médica y farmacéutica

Al conocer los hechos, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco impuso una sanción de un mes de suspensión del ejercicio profesional ante lo que consideró una infracción grave. La farmacéutica apeló el fallo ante la justicia, alegando no solo que se limitó a seguir la prescripción médica, sino las múltiples contradicciones en el testimonio de las testigos.

En un primer momento, doña Florinda y su hija aseguraron que no recordaban la pauta exacta y que la paciente llevaba 12 o 13 años sin utilizarlos. El testimonio choca con las conversaciones que mantenía la hija con la farmacéutica a través de WhatsApp, que muestran “solicitudes reiteradas de medicación”, así como con las dispensaciones realizadas y facturadas por la farmacia y los informes de la Osakidetza, la sanidad pública vasca, que indican un 100% de adherencia al tratamiento por parte de doña Florinda.

Durante la vista judicial, la defensa presentó a una doctora, identificada como doña Eva, como la culpable del error en la receta. En realidad, esta facultativa entró a trabajar en 2024 y solo realizó “una única receta en papel para una sola caja, contradiciendo la tesis de que exista una pauta continuada de un parche diario”, dicen los magistrados. “La médica testificó que la pauta normal es de un parche cada 90 días y que la farmacéutica debería haber consultado a la profesional prescriptora ante tal error”, añaden.

Lo que sí considera acreditado el TSJPV es que la farmacéutica “o bien desconocía (y poco le interesaba) o bien ignoró la posología correcta del medicamento”. El tribunal recuerda que el farmacéutico no es un mero “despachador” de medicamentos y que “como profesional de la salud debe velar por el cumplimiento de las pautas establecidas y cooperar en el seguimiento del tratamiento”.

Más de 350.000 euros a cargo de la sanidad vasca

De los 1.334 envases dispensados, la farmacéutica solo entregó 1.076 cajas a la paciente y su hija. Los 258 restantes fueron facturados con cargo a la sanidad pública vasca, la Osakidetza, pero se quedaron en la farmacia. Los chats privados entre la hija de doña Florinda y doña Vicenta revelan que la familiar dejó de recoger la medicación, alegando que su madre “no los iba a utilizar”.

Esta forma de actuar no salió gratis a la sanidad pública. Cada uno de los envases dispensados por la farmacéutica tenía un coste de 266,84 euros, por lo que la Osakidetza perdió 355.964,56 euros en este caso.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia resolvió en Cartagena un procedimiento de divorcio con modificaciones en el régimen de visitas y en la pensión compensatoria tras el recurso presentado por el exmarido. El fallo, fechado el 26 de mayo de 2026, introduce cambios en la organización de las visitas y en las condiciones económicas entre las partes.

“El régimen de visitas no puede quedar establecido de forma inconclusa”

El nuevo régimen de visitas establece que el padre podrá estar con sus hijas menores en fines de semana alternos, desde el viernes a las 17:30 hasta el domingo a las 20:30, además de dos tardes entre semana. Hasta ese momento, la sentencia anterior mantenía un sistema flexible, en el que el contacto dependía de la voluntad de ambos progenitores y de las circunstancias.

El tribunal recalcó la importancia de una estructura definida para el bienestar de las hijas, de 14 y 12 años, al señalar que “el régimen de visitas, estancia y comunicación no puede quedar establecido de forma inconclusa”, ya que la falta de claridad puede repercutir en la estabilidad emocional de las menores. Para la hija mayor, próxima a la mayoría de edad, se mantiene un régimen flexible.

En las vacaciones escolares, la estancia se distribuirá de manera alterna, de modo que Navidad, Semana Santa y verano se repartan entre ambos progenitores, siguiendo un turno inverso según el año sea par o impar.

El padre recurrió la sentencia anterior solicitando tres cambios principales: que se fijara un régimen de visitas concreto, la reducción de la pensión alimenticia - considerando excesiva la cantidad de 350 euros mensuales por hija - y la reducción o eliminación de la pensión compensatoria, argumentando que su exmujer trabajaba ya como limpiadora y tenía cuentas bancarias en el extranjero. Además, solicitó que se prohibiese la salida de las menores de España sin su consentimiento y la posibilidad de retirar ropa y objetos personales del domicilio familiar.

El padre aportó un informe de detective para demostrar la situación laboral de la madre

Por parte de la madre, la defensa defendió que la pensión alimenticia era acorde a los ingresos del padre, que la compensatoria respondía a su dedicación al núcleo familiar durante dieciséis años de matrimonio y a las dificultades para reincorporarse al mercado laboral por falta de formación profesional, y que el régimen flexible de visitas era adecuado. Además, reclamó una relación precisa de los “gastos extraordinarios” para las hijas y la imposición de costas al exmarido.

Uno de los aspectos más debatidos en el proceso fue la incorporación de un informe de detectives presentado por el padre, que acreditó que la madre trabajaba como limpiadora en un establecimiento de hostelería. La madre se opuso alegando vulneración de la intimidad, pero el tribunal consideró que la investigación se había desarrollado fuera del domicilio y que no se vulneraron derechos fundamentales, por lo que “de un lado, se trata de un medio probatorio contemplado en la ley, y, de otro, concurren los requisitos jurisprudencialmente exigidos para su admisión: idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. El fallo aclara que no se pudo determinar el importe exacto de los ingresos por este trabajo, de modo que la situación económica de la madre sigue siendo relevante para la pensión compensatoria.

Los ingresos del padre justifican el mantenimiento de la pensión alimenticia

La Audiencia mantuvo la pensión alimenticia en 350 euros mensuales por hija, al considerar que el padre percibe unos ingresos anuales de 60.000 euros. Según la resolución, el importe es “ajustado a derecho y es incluso algo inferior a lo que marcan las tablas oficiales”. En cuanto a la pensión compensatoria, el tribunal reconoció el desequilibrio económico sufrido por la madre tras dieciséis años dedicados al cuidado familiar, pero redujo la cuantía de 600 a 400 euros mensuales y el plazo de pago de diez a cinco años. El tribunal explicó que el objetivo de esta medida es “eliminar el desequilibrio producido por la ruptura, no igualar patrimonios”, y que cualquier modificación futura dependerá de la evolución laboral y económica de la madre.

Sobre la vivienda familiar, la madre deberá afrontar los gastos de suministros, mientras que los gastos de comunidad, seguro e impuesto de bienes inmuebles se repartirán a partes iguales. En cuanto a las cuentas bancarias de las hijas menores, padre y madre tendrán que autorizar conjuntamente cualquier disposición de fondos.

El tribunal rechazó la prohibición inmediata de salida del país para las menores y la entrega de un vehículo familiar, recomendando utilizar otros procedimientos legales en caso de conflicto. Los gastos extraordinarios, como tratamientos médicos no cubiertos, ortodoncia o campamentos, se repartirán al 50%, mientras que los ordinarios quedan cubiertos por la pensión alimenticia.

Ninguna de las partes deberá asumir las costas del proceso, dado que el tribunal considera que en este tipo de litigios, especialmente cuando hay hijos menores, no corresponde atribuir condición de vencedor o vencido. La sentencia solo podrá recurrirse ante el Tribunal Supremo si se acredita un interés legal suficiente. El fallo introduce reglas precisas sobre el contacto entre progenitores e hijas, la gestión de recursos familiares y la protección de los menores.