Los conflictos entre propietarios e inquilinos no siempre se limitan a disputas por el impago del alquiler o desacuerdos sobre el uso de la vivienda. En algunos casos, la tensión escala hasta situaciones que pueden constituir un delito de coacciones, cuando el arrendador intenta forzar la salida del inquilino al margen de la ley. Cortes de suministros, cambios de cerradura o presiones constantes son algunas de las prácticas que ya están llegando a los tribunales.

“Hay propietarios que creen que pueden 'forzar’ la salida del inquilino cuando existen problemas de pago o desacuerdos. Luego está el otro bando: arrendatarios que no saben hasta qué punto ciertas actuaciones son ilegales y cómo deben reaccionar. Y entre ambos, el delito de coacciones", explica Manuel Hernández García, director y socio del Bufete Vilches Abogados

El delito de coacciones está regulado en el artículo 172 del Código Penal y se produce cuando una persona impide a otra hacer algo que la ley le permite o la obliga a actuar contra su voluntad mediante violencia, intimidación o presión ilegítima. En el ámbito del alquiler, esto ocurre cuando el propietario intenta expulsar al inquilino sin acudir al procedimiento legal de desahucio.

Aunque existan impagos o conflictos contractuales, la ley establece vías judiciales específicas para resolver la situación. El propietario no puede recuperar la vivienda por su cuenta, ya que cualquier actuación fuera de esos cauces puede derivar en responsabilidad penal.

Sin embargo, “no todo conflicto entre casero e inquilino es automáticamente un delito. Para que exista una coacción, debe existir una conducta que tenga por objeto presionar, limitar o alterar la libertad del arrendatario de forma indebida", aclara Manuel Hernández.

Cortes de luz, agua o gas para forzar la salida

Una de las prácticas más habituales es el corte de suministros esenciales como la luz, el agua o el gas. En algunos casos, los propietarios ordenan la baja de estos servicios pensando que, al estar a su nombre, pueden hacerlo libremente. Sin embargo, si el objetivo es presionar al inquilino para que abandone la vivienda, esta conducta puede ser considerada delito.

Estas situaciones se agravan especialmente cuando afectan a familias con menores o personas vulnerables, ya que incrementan la presión sobre el arrendatario para abandonar el inmueble de forma inmediata.

Cambiar cerraduras o impedir el acceso

Otra conducta frecuente es el cambio de cerraduras o la limitación del acceso a la vivienda. Aunque el propietario sea titular del inmueble, mientras exista un contrato de arrendamiento en vigor no puede privar al inquilino de la posesión de la vivienda sin una orden judicial.

Este tipo de actuaciones, cuando se realizan de forma unilateral, pueden ser consideradas coacciones e incluso allanamiento, ya que el derecho de uso de la vivienda corresponde al arrendatario hasta que un juez ordene su desalojo.

También se consideran problemáticas las visitas reiteradas al domicilio, las amenazas o el envío constante de mensajes exigiendo la salida inmediata del inmueble. Entrar en la vivienda sin permiso, acudir de forma insistente o generar un clima de intimidación puede constituir una forma de acoso.

En algunos casos, los propietarios incluso dificultan la convivencia retirando mobiliario, bloqueando el uso de zonas comunes o generando condiciones que hacen inviable la permanencia en la vivienda.

El desalojo siempre debe ser judicial

Uno de los errores más comunes en este tipo de conflictos es pensar que el propietario puede desalojar al inquilino por su cuenta si existe impago. La ley es clara: el desahucio debe realizarse siempre a través de un procedimiento judicial.

La Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil protegen el uso pacífico de la vivienda alquilada. Por eso, “intentar expulsar al arrendatario mediante presión o actos de fuerza genera un problema mucho más serio para el propietario”, señala el abogado.

Sin embargo, no todas las disputas relacionadas con suministros o el alquiler constituyen un delito. Puede haber desacuerdos sobre quién debe pagar determinados gastos o incidencias administrativas con las compañías suministradoras.

Manuel Hernández pone como ejemplo el caso de una sentencia del Tribunal de Instancia de Collado Villalba, donde una inquilina denunció a la propietaria por una supuesta reducción de potencia eléctrica. Sin embargo, la denuncia fue desestimada al no acreditarse una conducta coactiva por parte de la arrendadora.

El tribunal tuvo en cuenta contradicciones en el relato y la existencia de gestiones previas realizadas por la propia inquilina, lo que impidió probar una intención de presión ilegal.

La dificultad de probar las coacciones

Uno de los principales problemas en estos casos es la prueba. Las presiones suelen producirse de forma verbal o mediante actuaciones aisladas que, por sí solas, pueden parecer poco relevantes. Sin embargo, cuando se documentan correctamente, pueden ser determinantes en un proceso judicial.

Mensajes, correos electrónicos, facturas, incidencias con suministros o conversaciones con compañías eléctricas pueden servir como prueba. También los testigos, como vecinos o personas cercanas, pueden aportar información relevante sobre amenazas o comportamientos intimidatorios.

En los casos más graves, como que “el propietario acceda a la vivienda sin permiso o realice actuaciones especialmente graves, llamar a la policía deja constancia inmediata de lo ocurrido”, recomienda el abogado.

Consecuencias legales para los propietarios

Las coacciones pueden acarrear multas e incluso penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de la intensidad de la presión ejercida. Además, el arrendador puede enfrentarse a reclamaciones civiles por daños y perjuicios causados al inquilino.

“Querer acelerar ilegalmente la salida del arrendatario no acaba bien y lo hace generalmente en los juzgados”, señala Manuel Hernández. Incide en que en los conflictos de alquiler “es habitual que ambas partes actúen desde el cansancio, la tensión o la frustración. Pero precisamente por eso no hay que olvidar que existen procedimientos legales para resolver estas situaciones. Siempre es mejor que actuar por tu cuenta”.

La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que combina asesinatos, amenazas, criminalización y elevados niveles de impunidad, en un contexto donde la protección estatal sigue siendo insuficiente ante los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

En la última década, organizaciones de derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han advertido que Honduras figura entre los países más peligrosos para el activismo ambiental.

La conflictividad se concentra principalmente en zonas como el Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde convergen disputas por la tierra, proyectos agroindustriales, minería y tensiones comunitarias.

Entre los casos más emblemáticos figuran el ambientalista y defensor del agua Juan López, asesinado en 2024. Este hecho generó una fuerte condena nacional e internacional y reactivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales en el país.

Su muerte ocurrió a pesar de que, según el CONADEH, existían alertas tempranas que advertían sobre el riesgo que enfrentaba.

Así mismo, se suma el asesinato de la líder ambiental y defensora indígena Berta Cáceres en 2016, considerado el crimen contra ambientalistas más mediático en la historia reciente de Honduras, y que expuso la participación de estructuras organizadas, así como la fragilidad de los mecanismos de protección estatal.

Su caso continúa siendo un referente internacional sobre la violencia contra defensores del ambiente en Centroamérica.

Asesinatos en la impunidad

Se han registrado también otros asesinatos de alto impacto, como el del ambientalista Aly Domínguez, en el contexto de conflictos socioambientales en el norte del país, así como múltiples casos de líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tierra han dejado una larga lista de víctimas vinculadas a la defensa de derechos ambientales y territoriales.

El CONADEH subraya que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón estructural de violencia recurrente en territorios donde existe presión sobre recursos naturales, ausencia de institucionalidad efectiva y respuesta limitada del sistema de justicia.

¿Y los mecanismos de protección?

En este escenario, la comisionada nacional de los derechos humanos, Blanca Izaguirre, urge al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención y protección y señala: “Las alertas tempranas emitidas por la institución en varios casos no han sido atendidas con la debida prioridad, lo que ha derivado en desenlaces fatales”.

El organismo también advierte: “La impunidad supera el 90% en los casos de asesinatos contra ambientalistas”, lo que, según el CONADEH, genera un efecto de repetición de la violencia y aumenta el riesgo para quienes continúan defendiendo el ambiente en sus comunidades.

En paralelo, investigaciones recientes del Ministerio Público han logrado algunos avances en casos específicos. Organizaciones sociales sostienen que “estos progresos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema”.

En los últimos cinco años, Honduras ha registrado aproximadamente 70 ambientalistas asesinados entre 2020 y 2025. Esta cifra, sumada a casos emblemáticos como los de Berta Cáceres, Juan López y otros líderes comunitarios del Bajo Aguán, refleja la persistencia de una grave crisis de violencia contra defensores del ambiente, marcada por altos niveles de impunidad y débiles mecanismos de protección estatal.

El 16 de mayo el Gobierno de transición de Venezuela confirmó que fue enviado a Estados Unidos el colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades en Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro durante varios años.

En Norteamérica Saab deberá afrontar cargos por lavado de activos y corrupción, en lo que será la continuidad de un proceso que se abrió en junio de 202 cuando fue capturado en Cabo Verde durante un viaje de negocios para el régimen venezolano, por lo que fue obligado a bajar de un jet que estaba cargando combustible para luego llegar a Irán.

En 2021 fue extraditado a los Estados Unidos, acción por la que Nicolás Maduro suspendió una mesa de diálogo con la oposición venezolana en México y con ello prolongó la crisis institucional en este país. Saab era acusado de lavado de activo y en su proceso enfrentaría una posible pena de hasta 20 años de cárcel por conspiración antes de ser canjeado como un “agente diplomático”.

Saab tiene pendientes con la justicia colombiana

A pesar de que fue un protegido de la dictadura venezolana, Saab es un colombiano nacido en Barranquilla que aún tiene pendientes con las autoridades cafeteras. Su nombre figura en una investigación expuesta por El Tiempo que tenía como protagonista principal a Piedad Córdoba.

En ese proceso un testigo declaró que Saab era el encargado de blanquear los activos del régimen chavista en Colombia; además, hay la Corte Suprema de Justicia deberá responder una casación por un caso en el que es acusado por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa en Barranquilla.

Cabe resaltar que la documentación con la que será procesado en Estados Unidos también menciona movimientos de Saab en Colombia. Uno de los testimonios más llamativos que se registró en Colombia fue el de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba que afirmó que la congresista que murió en 2024 dio instrucciones para recibir más de 300.000 dólares provenientes de empresarios ligados a Saab.

“Por lo general, ella siempre decía que era un crédito, que lo sacaba de la única cuenta que ha tenido toda la vida en el Banco Popular. Ese es el comentario que siempre repite, pero yo te podría decir que el mayor aportante fue Carlos Battistini; por un lado, y por el otro, Alex Saab. Del resto no tengo ninguna información. Lo que reposa en el Consejo Nacional Electoral siempre es que sacó un crédito de 500 millones”, fue parte del testimonio de Vásquez

¿Quién es Alex Saab?

Alex Nain Saab Morán nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia. De origen libanés, pero con nacionalidad venezolana, Saab se convirtió en una figura importante dentro del régimen en 2011, cuando firmó un convenio para suministrar partes de casas prefabricadas cuando Nicolás Maduro era canciller.

Años más tarde se reveló que el empresario era en realidad el hombre clave dentro de una red de empresas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros, incluyendo su hijo, hermanos y otros aliados, logrando con ello presentar exportaciones ficticias por millones de dólares.

Es por esto que en 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su participación en varios enramados de corrupción, del que participaban miembros del círculo de Nicolás Maduro, en el que fiscales estadounidenses afirmaron se desviaron más de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos.

Junto a Alex Saab fue referenciado Álvaro Pulido Vargas, a quien responsabilizaron de lavar activos y realizar sobornos a múltiples funcionarios para sacar ventaja de las tasas de control en Venezuela. Pulido fue detenido en abril de 2023 en Venezuela, en donde el régimen de Maduro lo acusa de corrupción en la industria petrolera y el mercado de criptomonedas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que el despido de un camionero por parte de la empresa de transportes para la que trabajaba debe ser considerado nulo, al estimar probado que lo cesaron un día después de que sufriera una caída que derivó en baja médica. El fallo obliga a la firma a reincorporarlo, pagarle los salarios caídos y compensarlo con una indemnización por daño moral.

La empresa argumentó en el juicio que el despido tenía causa disciplinaria. En la carta que le envió al empleado, lo acusó de “indisciplina y desobediencia”, y de “embriaguez habitual o toxicomanía que repercuten negativamente en el trabajo”. Según la empresa, el conductor-mecánico se habría presentado a trabajar con síntomas de ebriedad, conduciendo un camión en esas condiciones y sin insertar la tarjeta de tacógrafo, a pesar de advertencias previas.

“El día 23 de septiembre sobre las 5:00 h., se cae bajando de la cabina del camión con manifiestos síntomas de embriaguez y después de haber conducido el camión en ese estado, con los consiguientes riesgos para la circulación, las personas y la integridad de los bienes de equipos de la empresa. Asimismo, desde las 4:31 h. hasta las 5.06 h. del día 23 de septiembre, ha conducido el camión sin tener insertada la tarjeta de tacógrafo, situación de la que ya le habíamos advertido con anterioridad por escrito. Todos ellos constituyen hechos extremadamente graves que motivan la decisión anterior de extinguir la relación laboral por despido disciplinario”, comenta la carta.

Sin embargo, el empleado llevó el caso ante los tribunales, donde su defensa argumentó que las cosas no eran tan simples: sostuvo que la verdadera razón del despido fue su estado de salud, ya que la caída —que según el trabajador no se debió al alcohol, sino a una pérdida de consciencia repentina— le provocó fracturas faciales. El empleado presentó una constancia médica que demostraba que había sufrido un síncope. Desde ese mismo día, inició un proceso de incapacidad temporal.

Para los jueces, las supuestas faltas alegadas por la empresa no fueron acreditadas con pruebas objetivas. “No consta acreditada la realidad de los hechos expuestos en la carta de despido, extremos que no se han intentado demostrar tampoco en suplicación”, resalta la sentencia.

Derecho a la no discriminación

El tribunal señaló que la clave del caso es la “conexión temporal” entre el accidente y su cese inmediato. La carta de despido menciona la caída, lo que para los jueces confirma que la empresa estaba al tanto de su estado de salud, y que esa situación fue determinante.

La sala cita el artículo 2 de la Ley 15/2022, que prohíbe discriminar por enfermedad. Según los magistrados, a partir del relato de los hechos probados, “sin lugar a dudas estamos ante un evidente indicio de que se ha producido una discriminación por estado de salud”. Por ello, el tribunal recurrió al principio de “inversión de la carga de la prueba”: la empresa debía demostrar con pruebas sólidas que la causa del despido era objetiva y no estaba relacionada con la enfermedad del trabajador, sino con un supuesto problema con el alcohol. No lo consiguió.

La sentencia, ahora confirmada, obliga a la compañía a reincorporar al empleado en su puesto de conductor-mecánico, con las mismas condiciones que regían antes del despido. Además, la empresa deberá abonarle 7.501 euros en concepto de daño moral, por la discriminación sufrida, y una suma adicional de 828,10 euros por vacaciones generadas.

Cada fin de semana, decenas de niños acudían al campo después de una semana entera entrenando con sus equipos, compartiendo vestuarios con sus compañeros y esperando, de una vez por todas, que su situación se regularice para poder vestirse de corto. Sin embargo, cuando llegaba el sábado o el domingo, se quedaban fuera. No por una cuestión de capacidades, sino por una cuestión burocrática. No tenían ficha. Ahora, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha cambiado el juego.

El organismo ha obligado a la Real Federación Española de Fútbol a conceder la licencia federativa a un menor migrante residente en Canarias. La resolución, adelantada por El País, supone la primera vez que el CSD se opone claramente al ordenamiento jurídico y las normas de la FIFA en materia de menores.

El caso llegó a través de un recurso de Extranjeristas en Red y Algeciras Acoge. El CSD entiende que los menores extranjeros no acompañados bajo tutela administrativa se encuentran en situación legal en España y, por tanto, tienen derecho a poder jugar en competiciones federadas.

La resolución se apoya en “la protección del interés superior del menor” y deja fijado que los recursos serán estimados siempre que quede acreditada la residencia legal del menor, ya sea mediante DNI, autorización de residencia o reconocimiento de la condición de refugiado.

¿Por qué un menor migrante no puede federarse?

La situación que impide que los menores migrantes sin residencia legal en España jueguen al fútbol en ligas federadas viene de años atrás. En los años 90 y 2000, diversas canteras de equipos grandes ‘fichaban’ a jugadores jóvenes con la promesa de hacerles futbolistas, pero cuando crecían, dichos equipos prescindían de ellos y les abandonaban a su suerte.

Es por eso que la FIFA, en su artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), prohíbe las transferencias internacionales y las primeras inscripciones de futbolistas menores de 18 años sin residencia legal en el país. Cualquier inscripción se consideraría una “transferencia ilegal” del menor. A ellos se suma la ley 39/2022 del Deporte, que impide precisamente que los menores migrantes sin residencia legal obtengan una licencia federativa y compitan oficialmente.

La FIFA y el derecho español

No obstante, ahora, el CSD reconoce que las federaciones de cada comunidad autónoma tienen la capacidad para establecer sus propias normas, pero marca un límite claro cuando estas chocan con la legislación vigente. “Es lícito que las federaciones de fútbol tengan sus propias normas reguladoras y que exijan a sus socios el cumplimiento de las mismas. Ahora bien, la aplicación de las citadas normas deberá respetar el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país”, señala la resolución.

El Consejo añade además otro elemento relevante: no existe constancia de que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA haya sido reconocido formalmente ni por la Unión Europea ni por el Consejo de Europa. Hasta ahora, esta doctrina se aplicaba únicamente a menores españoles que regresaban del extranjero, pero nunca a jóvenes extranjeros con residencia legal en España.

Y deja claro que no cabría pensar en “un eventual conflicto entre la normativa de la FIFA y el ordenamiento jurídico español”. Desde la Federación Española de Fútbol confirman que no recurrirán la resolución y que concederán la licencia si el CSD así lo estima. “Si el Consejo no admite la queja, no damos la licencia, pero si la admite, sí. Así venimos actuando”, explicaron fuentes federativas al medio citado.

"Es un asunto difícil. Lo planteé. Es difícil para él", declaró Trump a los periodistas bordo del Air Force One tras abandonar China, al ser preguntado por el editor hongkonés, condenado a 20 años de prisión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional por su papel en las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica en 2019.

Según Trump, el mandatario chino le aseguró que "va a considerar lo mejor" respecto a este caso, sin más detalles.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador de Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

Los fiscales sostuvieron que Lai articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra Hong Kong y el Gobierno central chino, cargos que el acusado y su equipo legal siempre rechazaron.

El abogado de Lai, Robert Pang declaró en enero pasado que el magnate sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa y otras dolencias, en tanto la Fiscalía hongkonesa ha defendido la calidad de la atención sanitaria en prisión.

La causa de Jimmy Lai ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha provocado la reacción de varios líderes internacionales, entre ellos Trump, quien expresó su "tristeza" cuando se conoció el veredicto de culpabilidad del editor.

Amnistía Internacional (AI) y otras entidades han denunciado que, desde que Pekín impuso su Ley de Seguridad Nacional, la libertad de prensa ha colapsado en Hong Kong, amenazando con socavar el sistema de libertades del que goza la excolonia británica bajo el principio 'Un país, dos sistemas' acordado tras su devolución a China en 1997 y que debía garantizar que la isla pudiera mantener un alto grado de autonomía durante al menos 50 años.

El Senado aprobó este jueves el pliego que extiende, por cinco años, la labor de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el padre del actual ministro de Justicia mileísta, Juan Bautista Mahiques.

La candidatura del camarista federal había alcanzado, semanas atrás, un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios. Lo ocurrido no fue menor: no son pocos los que creen que su hijo, el titular de la cartera de Justicia, pueda obtener los mismos votos en caso de que el Poder Ejecutivo llegara a promoverlo para el cargo de Procurador General de la Nación, que sí requiere una mayoría agravada.

“Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”, comenzó su alocución Pagotto, como miembro informante del tema.

El riojano leyó una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques padre, en su momento dirigida al entonces -y ahora ex ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona. En la misma, sus pares destacaron la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

No pensó lo mismo el kirchnerismo: a través de Martín Soria (Río Negro), quien consideró que el vocal “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”, advirtió.

Soria resaltó: “Cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial”. Tampoco olvidó de calificar a Mahiques como “lobo con piel de cordero”, con “fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria”, y dijo que una luz verde para este caso “representa” una “justicia que dejó de servir al pueblo”. En tanto, su hasta hace poco colega de bancada cristinista, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), habló de la “solidez jurídica” del candidato.

Para los cierres quedaron los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), José Mayans (Catamarca) y Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente. El primero acusó a Mahiques de ejercer “persecución política” y aprovechó larguísimos minutos para denostar el plan económico de la Casa Rosada, más dardos relacionados con supuestos hechos de corrupción en la administración central.

Por su parte, Bullrich no dejó pasar el discurso “mentiroso y provocador” y habló de Formosa -Gildo Insfrán-, “el régimen más retrógrado, feudal, anti republicano y corrupto de todo el país”. Después, añadió las condenas -y prisión- de Amado Boudou y Cristina Kirchner. “La única verdad es la realidad. Ésa se la saben“, remató. Y recordó varios fallos de Mahiques, un ”juez con más de 50 años de carrera judicial", y deslizó que tiempo atrás había sido acompañado por legisladores del PJ.

La prórroga ocurre debido a que, en noviembre, el magistrado cumplirá 75 años. Si llegaba dicha fecha, hubiese estado obligado a jubilarse. Por ello el pedido desde el Ejecutivo para que se mantuviera en funciones por un lustro más, algo que necesitaba el guiño del Senado. Llamó mucho la atención la fractura de la bancada kirchnerista a la hora de votar. Un duro golpe de absorber.

Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre libertarios y aliados se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y estira el sistema de entrega voluntaria -gestiones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

El convite también sirvió para el ingreso formal de una batería de pliegos judiciales que envió la Casa Rosada en los últimos días, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos. Con ello, se inicia el proceso de avales e impugnaciones que derivarán, en las próximas semanas, en nuevas audiencias públicas.

Álvaro Aguado ha decidido romper su silencio y hablar públicamente tras conocerse que la Fiscalía solicita nueve años de prisión por una presunta agresión sexual a una trabajadora del RCD Espanyol. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en las que ha publicado un vídeo de más de ocho minutos defendiendo su inocencia.

“Después de todo lo vivido y tras una semana de reflexión por las últimas noticias que salieron, siento que ha llegado el momento de hablar”, arranca el futbolista, que lleva más de un año sin equipo desde que finalizó su contrato con el club perico el 30 de junio de 2024.

Entre los motivos que le han empujado a hablar ha estado la cobertura mediática: “Callar también tiene consecuencias. He tenido que aprender a vivir bajo informaciones sesgadas y distorsionadas antes de que la justicia pueda pronunciarse”. Y añade que su estado emocional “no depende de los titulares”, sino “de conocer toda la realidad del caso”.

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Su versión: testigos, informes y contradicciones

El futbolista sostiene que parte de la información publicada omite elementos que, según él, constan en el procedimiento judicial. “No se han tenido en cuenta los testigos directos, ni las incoherencias e inexplicables lagunas en la declaración de la denunciante, ni los informes médicos iniciales que acreditan que no hubo ni un solo signo de agresión”.

A ello suma el tiempo transcurrido hasta la denuncia: siete meses después de los presuntos hechos, cuando ya no existían las grabaciones de seguridad.

Nueve años de cárcel

La Fiscalía sitúa los hechos en la madrugada de junio de 2024 en el baño de la discoteca Opium de Barcelona, durante la celebración del ascenso del Espanyol a Primera División. Según el escrito de la acusación, la víctima habría pedido al futbolista que se detuviera y manifestó que no quería mantener relaciones sexuales, mientras se encontraba en estado de shock.

El Ministerio Público solicita para Aguado nueve años de prisión y una indemnización de 65.000 euros por daños morales y secuelas psicológicas. El jugador niega los hechos y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

Críticas a la prensa

Gran parte del mensaje del futbolista se centra en la cobertura informativa del caso. Aguado considera que se ha instalado una “presunción de culpabilidad” antes de cualquier resolución judicial. “La libertad de información no debería ser un cheque en blanco para atropellar derechos fundamentales”, afirma.

También cuestiona la lógica de los medios en este tipo de casos: “Funciona porque el morbo genera atención y no hay medidas que frenen su comercialización”. Y plantea una reflexión más amplia: “¿En qué momento dejamos de informar para empezar a destruir personas?”.

Tres pilares: “Mi vida personal se paró de golpe”

El jugador asegura que la acusación ha tenido un impacto directo en su carrera profesional: “Hace un año que mi vida se paró de golpe y desde entonces no he podido ejercer mi profesión por una acusación gravísima”. Aguado lleva sin equipo desde su salida del Espanyol.

En su intervención, el futbolista identifica tres elementos que le ayudan a afrontar la situación. El primero es su identidad personal: “Saber quién soy y quién no soy, porque verdad solo hay una”. Después su familia: “Tengo la suerte de tener a mi mujer y mi hija, mis padres y mi hermano, que junto al apoyo psicológico están siendo mi sostén en este infierno”. Y por último, su profesión: “La pasión por mi trabajo, porque nunca he dejado de prepararme”.

“Cada día que pasa es un día menos”

Aguado se pregunta qué ocurrirá si finalmente es absuelto y quién reparará el daño causado: “¿Quién me devuelve el tiempo perdido, quién repara el daño a mi familia y quién restaura mi reputación?”. “Es muy triste lo barato que puede salir hacer algo así cuando no existen consecuencias reales”, sentencia. “Cada día que pasa es un día menos para que todo se sepa y pueda empezar a reconstruir lo que injustamente se me arrebató”, concluye Aguado.

El Juzgado de Instrucción número siete del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella presentada por los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras presuntamente sufrir acoso escolar, contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y varios responsables del centro educativo. La denuncia señalaba al director del centro, a la jefa de estudios y a la tutora de la alumna por presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante.

El auto, fechado el pasado 12 de mayo y consultado por Europa Press, sostiene que el colegio sí adoptó medidas para abordar la situación que afectaba a la menor y concluye que no puede establecerse una relación directa entre la actuación de la comunidad educativa y el fallecimiento de Sandra Peña. El magistrado considera, además, que no era exigible a los responsables del centro controlar de manera permanente a la alumna para evitar el desenlace ocurrido fuera del ámbito escolar.

La decisión judicial cierra, al menos de momento en la vía penal, una causa que había provocado una profunda conmoción en Sevilla y que volvió a situar el foco sobre la respuesta de los centros educativos ante posibles casos de acoso escolar y sobre los límites de la responsabilidad penal de docentes y equipos directivos.

La familia recurrirá a la vía civil

Tras conocerse el archivo provisional de la causa, el presidente de la asociación Trencats, José Manuel López Viñuela, ha avanzado en declaraciones a Infobae que la familia iniciará ahora acciones por la vía civil al considerar agotado el recorrido penal del caso. Según ha explicado, este tipo de procedimientos rara vez prosperan en los tribunales penales y ha lamentado que, a su juicio, “nunca hay consecuencias para los centros educativos”.

La posición de la familia se mantiene intacta desde el inicio del procedimiento. Durante estos meses, sus representantes han defendido que existieron fallos en la actuación del colegio y que no se activaron los mecanismos previstos para situaciones de presunto acoso escolar pese a las advertencias realizadas por el entorno de la menor.

El tío de Sandra y portavoz familiar, Isaac Villar, aseguró en su día que las diligencias practicadas por la Fiscalía apuntaban “sin lugar a dudas” a una posible implicación de profesionales del centro por su supuesta inacción. Villar sostenía que, tras las denuncias planteadas por la familia y la presentación de informes psicológicos relacionados con la situación de la menor, debían haberse activado los protocolos específicos de actuación.

En esa misma línea, la familia había reclamado durante los últimos meses medidas “contundentes y ejemplares” para evitar que casos similares vuelvan a repetirse. “Nada de lo que se haga nos va a reparar el daño”, expresó entonces el portavoz familiar, que insistió en la necesidad de adoptar medidas serias para impedir nuevas situaciones de este tipo.

El juez considera que el centro sí actuó

Frente a esa tesis, el magistrado concluye en su resolución que el colegio y sus responsables sí llevaron a cabo actuaciones dirigidas a frenar la situación que afectaba a la alumna. Aunque reconoce que no consta la activación formal del protocolo de acoso escolar, el auto sí recoge la adopción de otras medidas dentro del centro.

Entre ellas, menciona la separación de las alumnas señaladas como posibles acosadoras, la designación de personas de referencia para la menor y los contactos mantenidos con la psicóloga que la atendía. Según el escrito judicial, esa profesional llegó a apreciar una mejoría en Sandra Peña a finales del pasado mes de septiembre.

El juez subraya además que el hecho de que no se activara formalmente el protocolo de acoso no implica necesariamente que el desenlace pudiera haberse evitado. En el auto señala que dicho protocolo es “indudablemente eficaz”, aunque añade que eso no permite concluir que su aplicación hubiera impedido “la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

La resolución judicial pone también el acento en que el fallecimiento se produjo fuera del ámbito del colegio. En este sentido, el magistrado considera que el deber de vigilancia de los educadores no podía extenderse al domicilio de la menor ni implicaba la obligación de supervisarla constantemente.

“Nadie esperaba que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”, recoge expresamente el auto, que insiste en la inexistencia de una relación de causalidad suficiente entre las presuntas omisiones atribuidas a la comunidad educativa y el suicidio de la adolescente.

Con esos argumentos, el juzgado acuerda no practicar nuevas diligencias de investigación y decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La resolución puede ser recurrida mediante un recurso de reforma ante el propio juzgado en el plazo de tres días.

La manifestación comenzó en la sede principal de la UCV y continuó hacia la autopista Gran Cacique Guaicapuro, una de las vías más transitadas de Caracas, donde los participantes desplegaron un cartel para reclamar la liberación de todos los presos políticos.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Víctor Hugo presente, tu justicia está pendiente”, “Delcy libera, la familia los espera” y “ni uno, ni dos, que sean todos”.

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) permitieron la protesta en la autopista tras bloquear el tránsito vehicular, aunque inicialmente intentaron persuadir a los participantes para que permanecieran fuera de la sede universitaria.

“Son muchos los presos políticos que siguen en riesgo de morir”, declaró a EFE la activista Sairam Rivas desde la autopista. Como integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Rivas afirmó que buscan alzar la voz por quienes permanecen detenidos y para evitar nuevas muertes en las cárceles del país.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguelangel Suárez, expresó a EFE que las protestas continuarán hasta que se logre la liberación de todos los presos políticos. Subrayó: “Tienen 15 días para sentarse con nosotros y resolver de una vez por todas el tema de los presos políticos, de no ser así se van a encontrar a toda la juventud de este país movilizada de punta a punta hasta que los liberen a todos”.

Suárez advirtió que los estudiantes no aceptarán más muertes en los centros de reclusión.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento de Quero el pasado jueves, tras 16 meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre su desaparición.

Según la información oficial, Quero estuvo detenido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y fue trasladado a un hospital el 15 de julio por “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El comunicado indica que murió casi diez días después debido a “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.

Diversas ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Estado haya informado sobre la muerte de Quero diez meses después. La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció una investigación penal respaldada por el Parlamento, aunque organizaciones civiles insisten en la necesidad de una investigación independiente y con apoyo internacional.

El juicio a la familia Pujol ha quedado este jueves visto para sentencia después de seis meses de sesiones en la Audiencia Nacional sin que haya despejado la incógnita que acompaña al caso desde hace más de una década: el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante años. Tras 38 jornadas de vista oral, acusaciones y defensas mantienen posiciones irreconciliables y será ahora el tribunal quien determine si los indicios acumulados durante la instrucción y el juicio bastan para sostener la tesis de la corrupción política o si, por el contrario, debe prevalecer la presunción de inocencia.

La última sesión se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con la presencia de los siete hijos de Jordi Pujol, todos ellos acusados en la causa. El expresidente de la Generalitat, de 95 años, quedó apartado del procedimiento por razones de salud, al considerar el tribunal que no podía afrontar un proceso penal con garantías.

Ninguno de los acusados ha querido ejercer el derecho a la última palabra. Tampoco los empresarios procesados junto a la familia. El cierre del juicio ha transcurrido en un tono más distendido que el de otras jornadas, con intervenciones centradas en los informes finales de las defensas y en críticas a la construcción de la causa por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El origen del dinero, sin respuesta definitiva

El núcleo del procedimiento sigue siendo el mismo que estalló públicamente en el verano de 2014, cuando Jordi Pujol reconoció que su familia había mantenido durante décadas fondos sin regularizar en Andorra. Desde entonces, la investigación ha tratado de esclarecer si ese patrimonio procedía de una herencia familiar opaca o si tenía su origen en comisiones ilegales derivadas de adjudicaciones públicas y otras operaciones vinculadas al poder político ejercido por el pujolismo durante años en Cataluña.

La Fiscalía sostiene que la fortuna familiar se alimentó de actividades corruptas y sitúa en el centro de esa operativa a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente, para quien solicita 29 años de prisión. Según el Ministerio Público, los pagos millonarios que recibió de distintas empresas encubrían comisiones relacionadas con contratos públicos adjudicados por administraciones controladas por Convergència.

Durante el juicio, sin embargo, la acusación no ha presentado una prueba definitiva que permita acreditar de forma concluyente el delito antecedente necesario para sustentar el blanqueo de capitales. La Fiscalía ha ido planteando distintas hipótesis sobre el origen de los fondos: desde posibles irregularidades vinculadas a Banca Catalana hasta operaciones relacionadas con Grand Tibidabo o negocios ligados a la Barcelona preolímpica. Ninguna de esas vías ha quedado plenamente acreditada durante la vista oral.

Las defensas han insistido precisamente en esa ausencia de pruebas directas. Los abogados de la familia han defendido que el dinero procedía de un legado de Florenci Pujol, padre del expresidente, aunque tampoco han podido aportar documentación que certifique la existencia de esa herencia.

Según la versión sostenida por los Pujol, Florenci Pujol decidió mantener parte de su patrimonio fuera de España por temor a la inestabilidad política y para proteger a su familia. Ese dinero habría sido depositado en Andorra y gestionado posteriormente por Marta Ferrusola y sus hijos. La familia sostiene además que el patrimonio creció gracias a inversiones financieras y niega cualquier relación entre esos fondos y las actividades empresariales de Jordi Pujol Ferrusola.

Las defensas cargan contra la instrucción

La figura del primogénito del expresidente ha concentrado buena parte de la atención durante el juicio. Jordi Pujol Ferrusola ha defendido la legalidad de sus actividades de asesoría e intermediación empresarial y ha rechazado que actuara como intermediario para el cobro de comisiones ilegales.

En la última sesión, varios abogados cuestionaron con dureza, aunque en términos moderados, la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción y la larga instrucción de la causa. Carles Monguilod, defensor de uno de los empresarios acusados, sostuvo que el escrito de acusación se construyó de forma excesivamente amplia y sin concreción suficiente.

“En vez de ir con bisturí, se ha ido con la contundencia de un hachazo”, afirmó el letrado, que también defendió que obtener grandes beneficios económicos no constituye en sí mismo una actividad delictiva. Monguilod hizo además referencia a las actuaciones de miembros de la denominada policía patriótica y criticó lo que considera una investigación guiada desde el principio por una presunción de culpabilidad hacia la familia Pujol.

En términos similares se expresó el abogado José María Fuster-Fabra, representante de otro de los empresarios procesados, quien denunció la duración de las pesquisas judiciales y las dificultades para reconstruir operaciones de hace más de dos décadas. “Estamos preguntando en 2026 por facturas del año 2000”, señaló durante su intervención.

Las defensas sostienen que la causa se construyó “al revés”, partiendo de la idea previa de que Jordi Pujol Ferrusola actuaba como eje de una trama corrupta y tratando posteriormente de encajar las pruebas en esa hipótesis. A su juicio, el juicio oral no ha permitido acreditar ni la existencia de mordidas ni la relación directa entre los pagos investigados y adjudicaciones públicas concretas.

Cristóbal Martell, abogado de la familia Pujol, reconoció la dificultad de demostrar documentalmente una herencia mantenida oculta durante décadas, pero pidió al tribunal que valore la versión de la familia como una explicación “razonable” y compatible con la falta de pruebas concluyentes sobre la tesis de la corrupción.

La decisión final quedará ahora en manos de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tras la renuncia de los acusados a intervenir por última vez, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, dio por terminada la vista oral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado el rechazo al pedido de incapacidad permanente total formulado por una trabajadora de Tarragona contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social. La mujer solicitó esta prestación tras alegar un cuadro clínico de múltiples dolencias, pero los jueces consideraron que no hay pruebas de que sus limitaciones sean suficientes para impedirle trabajar.

El punto central de la resolución está en la diferencia que hace la Justicia entre estar enfermo y estar inhabilitado para trabajar. La mujer, de 53 años, es reponedora y estuvo de baja médica tras ser diagnosticada con hernia discal C5-C6, cervicalgia sin irradiación, dolores en ambos hombros, fascitis plantar y rizartrosis en la mano izquierda. Presentó su pedido de incapacidad permanente alegando que no podía levantar peso, realizar tareas repetitivas ni permanecer mucho tiempo de pie, algo común en su trabajo. En medio de este proceso, fue despedida por “ineptitud sobrevenida”.

La Seguridad Social insistió en que, aun con las enfermedades reconocidas, podía realizar las principales tareas de su puesto. El INSS había ya rechazado su pedido en un dictamen anterior, sosteniendo que sus dolencias no generaban una reducción grave de la capacidad laboral.

Por eso, ella llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde sostuvo que la sentencia de primera instancia no valoró correctamente el impacto real de sus dolencias y cuestionó el informe pericial que detallaba las exigencias físicas de su tarea habitual. Planteó que la artrosis cervical y la rizartrosis en su mano izquierda le impedían cargar objetos, incluso livianos, algo inevitable para cualquier reponedor. También indicó que la patología incluía obesidad grado I, que consideraba un agravante no tomado en cuenta.

La diferencia entre estar enfermo y no poder trabajar

El tribunal no le dio la razón. Según la sentencia, en cuestiones de incapacidad laboral no se trata solamente de la presencia de enfermedades, sino de su “gravedad objetiva” y “limitación funcional real”. Los jueces afirman que el relato de hechos probados no incluyó todas las dolencias mencionadas por la demandante, en particular la obesidad, y que en segunda instancia ya no era el momento de evaluar nuevos problemas que no se habían considerado antes. Y de las enfermedades reconocidas, ninguna fue considerada grave ni incapacitante de manera total. En palabras del fallo, “las patologías probadas no comportan ninguna limitación funcional mínimamente significativa, por lo que no impiden el desempeño de la profesión de la recurrente”. Así, respaldaron la negativa original del INSS.

La discusión del caso giró en torno a los artículos 193 y 194 de la Ley General de la Seguridad Social de España. Estos determinan que la incapacidad se reconoce solo cuando hay lesiones o enfermedades que produzcan una pérdida permanente y objetiva de la capacidad laboral, no cuando la recuperación es posible o las molestias son consideradas leves. Según el tribunal, no alcanza con tener alguna dificultad física o recibir un despido ligado a una enfermedad. La ley exige que quede demostrado que todas o casi todas las tareas del puesto habitual quedan inhabilitadas de manera permanente.

En la sentencia, se enfatiza que la empresa puede despedir, pero esto solo tiene validez para la relación laboral y nunca reemplaza la valoración médica o judicial para conceder una prestación de incapacidad.

La región de Brandeburgo, Alemania, se encuentra sacudida tras la reciente acusación contra un pediatra de 45 años, imputado por 130 cargos de violación y abuso sexual de menores en el ámbito hospitalario. El caso, que abarca un periodo de doce años, pone en el centro del debate la seguridad de los pacientes infantiles y la responsabilidad de las instituciones médicas. Según la fiscalía de Potsdam y Midi Libre, los delitos atribuidos al acusado se habrían cometido entre 2013 y 2025, un lapso en el que ejercía en dos hospitales de las localidades de Nauen y Rathenow, ambos bajo la administración del grupo hospitalario “Havelland Kliniken”.

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre, quien alertó a las autoridades sobre un presunto episodio de violencia sexual perpetrado por el médico. A raíz de esta presentación, el hombre fue arrestado en noviembre de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva. La fiscalía comunicó que la mayoría de los hechos investigados se habrían producido “en el ejercicio de su actividad profesional”, pero no detalló el número exacto de víctimas ni sus edades, manteniendo la reserva sobre la identidad del acusado.

El impacto de la denuncia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y entre los especialistas en protección infantil. El proceso judicial avanza con la acusación formal presentada el 6 de mayo de 2026, mientras el Tribunal Regional de Potsdam debe fijar la fecha de juicio. La magnitud y la duración de los supuestos delitos provocaron que el caso fuera comparado con antecedentes similares en Europa, recordando el reciente escándalo del ex cirujano Joël Le Scouarnec en Francia.

El abuso durante la práctica profesional

La información oficial indica que el pediatra habría utilizado su posición de confianza y su rol de especialista en el tratamiento de menores para acceder a las víctimas. El carácter sistemático de las presuntas agresiones, ocurridas dentro de hospitales y durante la atención médica, pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de protocolos más estrictos en las instituciones sanitarias.

El caso fue destapado cuando una madre se animó a denunciar lo sucedido, lo que derivó en la detención inmediata del médico. Las autoridades subrayan que el acusado habría cometido “agresiones sexuales agravadas contra menores y violaciones”, aprovechando el ámbito profesional para ejecutar los delitos sin ser detectado durante más de una década. La ausencia de detalles sobre el número de afectados y la identidad del imputado responde a la protección de los menores y al avance de las investigaciones.

El grupo hospitalario “Havelland Kliniken”, responsable de los centros donde trabajaba el acusado, no realizó declaraciones públicas en el momento de la acusación. El caso reaviva la discusión sobre los controles internos y la vigilancia en los entornos donde los niños y adolescentes reciben atención médica.

El impacto judicial y los antecedentes europeos

El proceso judicial sigue su curso con el acusado en prisión preventiva y bajo la acusación formal de la fiscalía. El Tribunal Regional de Potsdam será el encargado de analizar las pruebas y determinar la fecha de inicio del juicio, una instancia que podría marcar un precedente en la jurisprudencia alemana por la cantidad y la gravedad de los cargos imputados. Hasta ahora, la fiscalía ha confirmado que los delitos abarcaban un periodo extenso y se cometieron en el entorno hospitalario, pero mantiene reserva sobre los datos sensibles del caso.

El contexto europeo ofrece un antecedente relevante: el caso del cirujano francés Joël Le Scouarnec, condenado en 2023 a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a casi 300 personas, la mayoría menores de 15 años, entre 1989 y 2014. La comparación ilustra el desafío que enfrentan los sistemas de salud y justicia para prevenir y sancionar estos crímenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y denuncia.

Las autoridades y la opinión pública alemana aguardan el avance del juicio, en un contexto de creciente exigencia hacia la transparencia institucional y la protección de los menores en todos los ámbitos profesionales.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado la incapacidad permanente total para un exfutbolista profesional de la Unión Deportiva Ibiza y ha condenado a la mutua Fremap a abonarle una prestación equivalente al 55% de su base reguladora. La sentencia revoca así el fallo anterior que rechazaba la petición del jugador.

El conflicto tiene su origen el 9 de mayo de 2021 cuando sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles en el tobillo izquierdo mientras enfrentaba al Gimnàstic de Tarragona por la segunda división B. La lesión se agravó con infecciones y nuevas intervenciones quirúrgicas, que dejaron secuelas permanentes.

El diagnóstico fue inicialmente “cuidados postquirúrgicos por lesión y traumatismo”, con baja laboral inmediata. Pese a múltiples cirugías, estudios médicos posteriores señalaron como secuelas, tres cicatrices quirúrgicas de entre 3,5 y 7 centímetros en el talón izquierdo, marcada limitación de movimiento y restricción funcional grave.

Según un informe médico del Unión Deportiva Ibiza presentado en el expediente, “el jugador NO puede competir al nivel requerido y necesario para el correcto desarrollo de su profesión de futbolista […], recomendamos al club su no reincorporación como jugador de fútbol profesional”. El estudio funcional realizado en octubre de 2022 confirmó que persistían las limitaciones físicas, con el pie afectado edematoso, doloroso, con cambios de temperatura y signos de síndrome de distrofia simpática refleja.

Profesión habitual de “futbolista profesional”

Así el caso llegó a los tribunales, donde la discusión se centró en si el afectado podía seguir siendo considerado “futbolista profesional” al momento de iniciar el expediente de incapacidad permanente. Tras la lesión y durante la recuperación, el jugador asumió un puesto como técnico scouting y entrenador juvenil en el club, lo que las entidades demandadas alegaron como cambio de actividad principal.

La defensa de la mutua Fremap argumentó que el alta médica posterior a la cirugía implicó curación suficiente para la vida laboral, y que el demandante ya había cambiado de rol en el club antes de iniciar el pedido administrativo de incapacidad permanente, hecho en diciembre de 2022.

Por su parte, la defensa del futbolista sostuvo que la lesión sufrida “imposibilita el desarrollo de su profesión de futbolista profesional”, dado el grado de déficit funcional comprobado por pericias y los informes médicos del club. El expediente detalla que el exjugador quedó inhabilitado para todas las actividades que requieren fuerza, velocidad, cambios de ritmo o estabilidad sobre las extremidades inferiores.

Una de las lesiones “más temidas”

El TSJ de Baleares ha acabado resolviendo que la “profesión habitual”, en casos de accidente, es la que se ejercía en el momento del siniestro, aunque posteriormente se hayan desempeñado otras tareas menos exigentes. “La profesión habitual que debe tomarse en consideración es la de futbolista” sostiene el texto y descarta que la recolocación en el club altere este criterio.

Para los magistrados, la situación no equivale al retiro voluntario por edad avanzada o desgaste, que no generan derecho a esta prestación, sino que se encuadra en la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo y explican que “excluir el derecho a la percepción de la correspondiente prestación una vez que se produce la situación protegida de incapacidad permanente carece de verdadero fundamento legal. No puede fundarse tal exclusión en el hecho de haber alcanzado una determinada edad”.

El tribunal también recurre a antecedentes de la jurisprudencia para remarcar que “la lesión del tendón de Aquiles es una de las más temidas por los futbolistas […], muchos no consiguen recuperar el nivel previo y ponen fin a su carrera profesional”.

De esta manera, la prestación mensual a la que tendrá derecho el demandante asciende a 4.070,10 euros mensuales, equivalente al 55% de ese valor, por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Esta suma representa una garantía de subsistencia y reconoce los años de aportes realizados como jugador profesional desde 2004.

La Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de los integrantes de una banda acusada de extorsionar a Rodrigo Gómez el soldado que se sucidó en diciembre del año pasado en la Quinta de Olivos.

El expediente judicial, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, junto a la DDI de San Isidro, reveló que los sospechosos habrían desarrollado un esquema de captación de víctimas a través de aplicaciones de citas. Utilizando identidades y fotografías falsas, los imputados establecían contacto con hombres y, tras ganarse su confianza, desplegaban una serie de maniobras extorsivas amparadas en amenazas de supuestas denuncias judiciales.

De acuerdo con lo informado por el portal Nuevo Diario Web, la Cámara desestimó este miércoles los planteos de las defensas y confirmó la prisión preventiva para todos los imputados. Las pruebas recolectadas —incluyendo la carta de Gómez, registros de transferencias y comunicaciones electrónicas— resultaron suficientes para sostener la imputación de extorsión agravada y asociación ilícita.

En respuesta al avance judicial, se informó que los acusados permanecerán detenidos mientras continúa el proceso y se ampliarán las indagatorias sobre la posible existencia de más víctimas en situaciones similares. El fallo subraya la gravedad de los hechos y el impacto que la modalidad delictiva tuvo en la vida del soldado, cuyo suicidio fue el desenlace trágico de la maniobra investigada.

Entre los acusados, los investigadores identificaron como presuntos líderes a Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco, ambos de 22 años. A ellos se suman otros jóvenes señalados como partícipes activos en la organización, que operaba mediante la distribución de roles bien definidos para dificultar el rastreo del dinero producto de las extorsiones.

La pesquisa judicial se activó a partir de una carta encontrada junto al cuerpo de Rodrigo Gómez. En el texto, el soldado mencionaba conflictos derivados de una interacción en una aplicación de citas, lo que orientó las primeras hipótesis del caso hacia delitos cometidos en entornos virtuales. La carta fue considerada un elemento determinante para la reconstrucción de los hechos, según se informó en la causa.

El análisis del dispositivo de Gómez y del flujo de mensajes permitió a los investigadores reconstruir cómo la banda habría simulado una denuncia por abuso de menores. Posteriormente, los extorsionadores se comunicaron haciéndose pasar por policías y familiares de una supuesta víctima menor de edad, exigiendo transferencias inmediatas de dinero bajo la amenaza de iniciar acciones judiciales.

En relación con la modalidad delictiva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado explicó que los implicados utilizaban imágenes obtenidas de internet y asumían distintas identidades falsas para generar confianza en sus interlocutores. El objetivo era concretar maniobras de extorsión a partir de situaciones de vulnerabilidad emocional o miedo al escarnio público.

Según la investigación judicial, los acusados creaban perfiles ficticios de mujeres en plataformas de citas con el fin de establecer diálogos con potenciales víctimas. Una vez que lograban entablar una relación virtual, introducían la amenaza de una supuesta denuncia penal para presionar por el pago de sumas de dinero.

Las transferencias exigidas eran dirigidas a cuentas bancarias vinculadas a mujeres relacionadas con la organización, lo que permitía eludir controles y dificultar la trazabilidad del dinero. Posteriormente, los fondos eran redistribuidos entre los miembros del grupo, agregando capas adicionales de anonimato para obstaculizar la labor de los investigadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la orden de entrada y desalojo solicitada por la Consejería de Fomento, Dirección General de Carreteras y Transportes para una vivienda de protección oficial ubicada en Las Pedroñeras (Cuenca), tras considerar que la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor empadronado en el domicilio.

El conflicto comenzó cuando la Consejería de Fomento solicitó autorización para ingresar al domicilio y ejecutar un desalojo administrativo, basando su petición en el incumplimiento reiterado de pagos del contrato de alquiler desde 2017. La suma adeudada alcanzaba los 5.992,52 euros, correspondientes a 58 recibos impagos.

La Administración consideró que la medida era necesaria para liberar la vivienda y destinarla a otras personas en lista de espera, afirmando que se habían cumplido todos los trámites legales. Remarcó que la resolución administrativa del desalojo era firme y que, frente a la falta de pago y respuesta de los inquilinos, tenía derecho a ejecutar la recuperación del inmueble.

En los argumentos presentados ante el tribunal se insistió en que la orden original era “idónea, necesaria y proporcionada”, siguiendo el criterio fijado por jurisprudencia previa del mismo tribunal. “La condición de necesidad está acreditada por el incumplimiento reiterado y la pasividad de los ocupantes”, añadieron.

No se acreditaron medidas de protección para el menor

El recurso fue impulsado por el residente y titular del contrato de la vivienda, quien pidió anular la orden argumentando que la resolución no ponderó adecuadamente los intereses en juego, particularmente por la presencia de un menor de edad empadronado en el domicilio. El defensor alegó que no se tuvieron en cuenta circunstancias familiares ni se ofrecieron alternativas o informes sobre posibles situaciones de vulnerabilidad.

Durante el trámite judicial, la defensa había solicitado una medida para suspender el desalojo mientras se analizaba el caso, por lo que como primera medida, el TSJ ordenó la suspensión de la ejecución hasta revisar si la actuación de la Administración era acorde a derecho.

Sin embargo, tras analizar todos los datos disponibles, los magistrados han acabado concluyendo que la autorización judicial que había concedido la entrada a la vivienda debe dejarse sin efecto porque no se acreditaron medidas de protección específicas para el menor habitante. El fallo enfatiza que la intervención estatal en domicilios solo puede autorizarse si se demuestra que se tomaron precauciones proporcionales y suficientes para los residentes en situación vulnerable.

No se pueden conocer todas las circunstancias

Y es que, al analizar el expediente, han identificado que el menor, nacido en 2012, residía y estaba empadronado en la vivienda, pero ni la Administración ni el juzgado de primera instancia recabaron informes sociales ni evaluaron la posible situación de vulnerabilidad.

“No ha sido posible proponer o adoptar medidas que tutelen la concreta situación de vulnerabilidad concurrente. Así las cosas, ni el órgano jurisdiccional de instancia ha podido, ni esta Sala puede valorar si la actuación de la Administración es proporcionada y suficiente”, remarca la sentencia.

Para reforzar la decisión, el TSJ ha citado doctrina reciente del Tribunal Supremo, que obliga al juez a verificar si existen menores o personas especialmente vulnerables y comprobar que la Administración propuso medidas suficientes para evitar desamparo. “La falta de aportación de un informe de servicios sociales por parte de la Administración ha impedido conocer todas las circunstancias que tienen que ser valoradas para adoptar la resolución”, explican.

El fallo explica que el desalojo no puede posponerse indefinidamente solo por la existencia de personas vulnerables, pero precisa que la Administración está obligada a informar qué medidas toma para disminuir el impacto de la expulsión, especialmente en menores de edad. El tribunal observa que, según los precedentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la intervención judicial en el domicilio solo puede autorizarse si es absolutamente indispensable y se demuestran acciones concretas de resguardo social para los afectados.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso presentado por Mutua Universal Mugenat y ha confirmado el fallo que reconoce que la incapacidad temporal de una gestora telefónica de la empresa Serveo Servicios S.A., se produjo por un accidente laboral. La resolución confirma así que el episodio de pérdida de voz se vincula con el uso profesional de la voz en su trabajo.

La discusión central ha girado en torno a si el problema de salud de la mujer debía considerarse una enfermedad profesional o una enfermedad común. La afectada, que trabajó como gestora telefónica para Serveo Servicios S.A. desde 2017 hasta 2023, perdió la voz durante su jornada laboral el 17 de enero de 2022, mientras atendía una llamada de emergencia.

La mutua, responsable de cubrir tanto enfermedades comunes como accidentes laborales, sostuvo que la causa era una dolencia común relacionada con factores personales y no con el trabajo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social, que también participaron en el caso, se alinearon con la versión de la mutua tras informes médicos previos.

Sin embargo, el tribunal de instancia basó su decisión en la evidencia de que, aunque la trabajadora sufría pérdidas de voz desde hacía años, el incidente que generó su baja fue de aparición brusca y en el lugar y horario laboral, con una afección que se prolongó más de un año y medio.

Diagnóstico de disfonía funcional

En respuesta, Mutua Universal Mugenat presentó un recurso pidiendo que se cambiara la versión oficial de los hechos. La mutua alegó que la trabajadora ya arrastraba problemas de voz y que la baja sólo era una manifestación más de síntomas anteriores, no una lesión generada puntualmente por su actividad en la empresa.

La mutua explicó que su afonía estaba diagnosticada como disfonía funcional (es decir, por causas ajenas a una lesión física de las cuerdas vocales) y apoyó su posición en informes médicos donde no se observó daño anatómico en la garganta. A su favor, citó pruebas de distintos especialistas y antecedentes de enfermedades, detallando recaídas entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

Ante estos argumentos, el TSJ de Andalucía ha recordado que existen guías oficiales donde el esfuerzo vocal sostenido de los teleoperadores es un factor reconocido de riesgo laboral. El fallo enfatiza que la afonía sufrida el 17 de enero de 2022 tuvo un carácter abrupto y duradero, provocando una incapacidad que superó el año.

“La afonía manifestada el 17 de enero de 2022 tuvo carácter permanente, prolongándose en el tiempo un año y medio”, por lo que debe considerarse accidente de trabajo", consideran los magistrados.

Los informes médicos del Hospital de Málaga

El fallo toma como pruebas centrales los informes de otorrinolaringología realizados por el Hospital Universitario Regional de Málaga. El informe del 3 de junio de 2022 concluyó en un “hiato en aducción de cuerdas vocales, disfonía por sobreesfuerzo vocal laboral” y otro informe, del 9 de mayo de 2024, reafirmó una “disfonía por tensión muscular y hernia de hiato” y recomendó abstenerse de trabajos con uso prolongado de la voz.

El servicio de inspección médica del INSS había emitido un dictamen donde especificaba que “los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales [...] están considerados como enfermedad profesional”, aunque también describió que en el caso de la demandante el problema era funcional y no estructural. Sin embargo, el tribunal ha ponderado la continuidad y gravedad del cuadro.

Tras confirmar el fallo, el tribunal ha condenado a la Mutua Universal Mugenat a cubrir la incapacidad como accidente laboral, a perder el depósito de 300 euros constituido para apelar y al pago de los honorarios legales de la demandante, con un límite de 1.200 euros. Este coste es adicional a la prestación que la trabajadora recibe como parte de su incapacidad.

La referida resolución judicial concluiría que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son “responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu”, según el club.

“La Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal”, añaden.

En el mismo comunicado aprovechan para indicar que “el Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.”.

El conflicto de los conciertos en el Santiago Bernabéu

La polémica por los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu comenzó a intensificarse tras la remodelación integral del recinto impulsada por el Real Madrid CF, que buscaba convertir el estadio en un espacio multiusos capaz de albergar grandes espectáculos musicales además de eventos deportivos. Durante 2024 pasaron por el estadio artistas como Taylor Swift, Karol G o Duki, pero las actuaciones provocaron numerosas quejas vecinales por los niveles de ruido, las vibraciones y los problemas de movilidad en la zona.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu presentó entonces una querella por presuntos delitos medioambientales relacionados con la contaminación acústica. En enero de 2026, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid apreció indicios de delito y propuso juzgar tanto a Real Madrid Estadio S.L.U. como a José Ángel Sánchez Periáñez por los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024. La magistrada sostenía que podían haberse superado los límites sonoros fijados por la normativa municipal.

Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reabrió otra causa vinculada a la celebración de espectáculos musicales en el Bernabéu tras estimar un recurso de la asociación vecinal contra decisiones administrativas relacionadas con las licencias y autorizaciones de los eventos.

En medio de la controversia, el club decidió suspender temporalmente los conciertos mientras trabajaba en medidas de insonorización y adaptación acústica del estadio, una situación que obligó a trasladar varios espectáculos previstos a otros recintos de la capital.

La Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado al juzgado de instrucción investigar el uso del gas pimienta por parte de los Mossos D’Esquadra contra manifestantes sentados en el suelo el pasado 15 de octubre en el marco de las protestas que se llevaron a cabo en diferentes ciudades por “el genocidio contra el pueblo palestino”.

“Hay indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de la actuación policial y, a priori, esta podría entenderse como desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta, lo que hacía innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar a los manifestantes”, concluye la resolución a la que ha tenido acceso Infobae.

Esto hace que la querella presentada por varias personas afectadas, con el apoyo de la plataforma Stop Gas Pimienta, debe ser aceptada y tramitada, lo que obliga a abrir diligencias de investigación y tomar declaración a los afectados. Esta nueva decisión corrige la postura del Juzgado de Instrucción núm. 6, que mediante un auto de 18 de diciembre, rechazó la tramitación de la querella presentada solo 48 horas antes.

“No se aprecia en las imágenes acto de violencia alguno”

La Sala considera que la jueza instructora archivó prematuramente la causa al entender que la actuación policial se ajustó a los “márgenes normales y habituales de control del orden público” y que no existían indicios suficientes contra agentes concretos. Sin embargo, los magistrados discrepan de esa valoración tras analizar vídeos, fotografías e informes médicos aportados por los denunciantes.

Según el auto, las imágenes muestran que la protesta era “esencialmente pacífica” y que “no se aprecia en las imágenes acto de violencia alguno contra los agentes sino la mera protesta por ser desalojados”, añadiendo que los concentrados “estaban situados en un punto muy concreto y no causaban una especial perturbación”.

La resolución desmonta además uno de los argumentos centrales del archivo inicial, la supuesta afectación grave al tráfico y al acceso a la estación. La Audiencia sostiene que “no se aprecia en las imágenes contenidas en los vídeos acompañados un especial taponamiento o embotellamiento” y que tampoco se interrumpía “el paso de los usuarios de la estación”.

Lesiones compatibles con el uso de gas pimienta

El foco principal está puesto en el uso de spray OC, conocido como gas pimienta, por parte de los antidisturbios. Los jueces consideran acreditado, al menos de forma inicial, que varios manifestantes sufrieron lesiones compatibles con la utilización de ese agente irritante. El auto recoge que algunos afectados presentaban “erupciones cutáneas, eritemas conjuntivales y afectaciones oculares y respiratorias en general, e incluso vómitos”, habiéndose prescrito en algunos casos “corticoide y antihistamínico”.

Para la Sala, existe “un primer indicio de la relación de causalidad entre la acción atribuida a los agentes y la lesión padecida”, por lo que resulta necesaria una investigación más exhaustiva, incluyendo declaraciones de lesionados y periciales forenses.

La Audiencia también cuestiona que la instructora descartara de entrada cualquier ilicitud penal al asumir como válida una posible causa de justificación policial. Los magistrados sostienen que la jueza “ha anticipado la causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber por parte de aquellos para negar la tipicidad de los hechos”, cuando esa cuestión debe analizarse en una fase posterior del procedimiento.

Otro elemento clave de la resolución es la identificación de los agentes implicados. Aunque el juzgado argumentó que la querella era genérica, la Sala afirma que “el vídeo nº 2 aportado como documento nº 6 permite identificar con claridad que fueron dos los agentes provistos con sprays que los utilizaron contra los congregados para disipar la protesta”.

Las doctrinas para investigar lo malos tratos policiales

La Audiencia recuerda además la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación reforzada de investigar denuncias por posibles malos tratos policiales. En ese sentido, señala que existe “un especial mandato de desarrollar una exhaustiva investigación” cuando puedan haberse producido conductas contrarias al artículo 15 de la Constitución, incluso “en meras labores de orden público sin dar lugar a una detención”.

No obstante, el tribunal descarta parte de los delitos planteados en la querella. Rechaza considerar los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores al entender que la protesta no tenía carácter laboral, sino “político, social o humanitario”. También descarta la vulneración del derecho a la información respecto a una periodista presente en la protesta, al no quedar acreditada formalmente su condición profesional y existir abundantes grabaciones de lo ocurrido.

Finalmente, la Sala concluye que “existen indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de la actuación policial” y que esta “podría entenderse desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta”.

La resolución, firmada por los magistrados José Antonio Lagares Morillo, Mónica Aguilar Romo y Vanesa Riva Anies, acuerda la admisión a trámite de la querella y ordena practicar las diligencias “pertinentes y útiles” para determinar la posible responsabilidad de los agentes implicados. Contra el auto no cabe recurso.

El 9 de mayo de 2026, los medios oficialistas del régimen nicaragüense publicaron simultáneamente un documento titulado “carta aclaratoria” y atribuido a Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La carta niega que Ramos esté detenida o haya huido del país y declara su lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo. No tiene firma.

Una carta sin firma autógrafa, distribuida únicamente por medios del Estado, es el tipo de documento que en Nicaragua genera más preguntas que certezas. ¿La escribió Ramos? ¿La firmó y el régimen eligió no publicar esa versión? ¿O el texto fue producido sin su participación real, como parte de una operación de control de daños?

Nadie ha podido verificarlo. El régimen no ha permitido ninguna aparición pública de la magistrada desde octubre de 2023.

Ramos tiene 76 años y fue, hasta hace menos de tres, la figura judicial más poderosa de Nicaragua. Llevaba treinta y cinco años como magistrada de la Corte Suprema, trece de ellos como presidenta. Era, según registros regionales, la magistrada en funciones con más antigüedad en todo el continente.

Alba Luz Ramos Vanegas nació el 3 de junio de 1949 en León, Nicaragua. Militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde los años 70, ingresó al servicio público en los 80, durante la revolución sandinista, y se incorporó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrada en 1988. Fue presidenta de la institución en 2002-2003, retomó el cargo en 2010 y lo mantuvo de forma continua desde entonces.

Con 49 años de ejercicio profesional como Doctora en Derecho —título que obtuvo en la UNAN-León— 35 de ellos los ejerció como magistrada de la Corte Suprema. En 2002, bajo el gobierno de Enrique Bolaños, se convirtió en la primera mujer en presidir ese organismo. Entre los cargos que ocupó antes figuraron directora nacional de registros (1981), procuradora penal de la República (1983) y viceministra de Justicia (1984), según recuento de la plataforma Nicaragua Investiga.

Hasta 2019, según este mismo medio, se le contabilizaban 27 parientes ocupando cargos en el Poder Judicial, entre ellos su hija María Alejandra Ramos, quien fungía como su asistente personal.

En diciembre de 2018, Ramos —como presidenta de la CSJ— condenó verbalmente, sin previo juicio, a personas acusadas de participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, violando la garantía constitucional de presunción de inocencia. Abogados la criticaron abiertamente por ello.

Sin embargo, su relación con Rosario Murillo fue siempre tensa. Cuando Murillo comenzó a madurar su poder real alrededor de 2014, Ramos empezó a ausentarse de las reuniones de los cuatro poderes del Estado si sabía que quien coordinaría sería Murillo. Si era Ortega, asistía; si era Murillo, no llegaba. “Es un odio recíproco”, contó una fuente del Poder Judicial al diario La Prensa

El 24 de octubre de 2023, un grupo de policías vestidos de civil llegó al edificio de la Corte Suprema. Los encabezaba Horacio Rocha, comisionado general en retiro reactivado como asesor presidencial en seguridad. Le dijo a Ramos que debía abandonar su despacho. Cuando ella protestó, Rocha respondió que eran órdenes de arriba. A su hija ni le permitieron recoger sus pertenencias.

Desde ese día, Ramos no volvió a aparecer en ningún acto público. Fuentes del entorno judicial describieron su situación como arresto domiciliario no declarado: la llevaron a su residencia en un residencial de uso militar, cerca del kilómetro 16 de la Carretera a Masaya, rodeada de patrullas policiales.

No hubo decreto de destitución, ni la Asamblea Nacional conoció renuncia alguna de Ramos. El régimen de los Ortega Murillo la borró de facto.

En las semanas siguientes, la purga se extendió a toda la institución. Más de mil empleados del Poder Judicial perdieron sus cargos. Las propiedades de Ramos se supone fueron confiscadas. Su colaborador más cercano, Roberto Larios Meléndez, fue desnacionalizado y deportado a Estados Unidos tras meses en la cárcel El Chipote. En noviembre de 2025, el régimen completó la reestructuración de la Corte con magistrados enteramente supeditados a la cúpula.

El trasfondo de la purga nunca fue explicado oficialmente. Las fuentes consultadas por medios independientes apuntan a varias hipótesis. Una señala irregularidades financieras dentro de la administración de la Corte, que la magistrada habría tolerado o promovido. Otra, más sencilla y más grave, es que Rosario Murillo tiene una animadversión personal contra Ramos. Una más: que Ramos sabía demasiado.

Tres décadas y media en la cima del Poder Judicial implican conocimiento de expedientes, acuerdos y maniobras que nunca fueron públicos. El régimen tenía razones para no querer que esa información circulara libremente.

El control sobre ella era férreo incluso antes del desalojo. En 2022, cuando viajó a República Dominicana para un congreso de cortes supremas, el régimen impuso una condición: su hija debía quedarse en Nicaragua. Ramos viajó y regresó. Según una fuente citada por el diario La Prensa, la magistrada habría intentado después salir del país de manera irregular con toda su familia.

En enero de 2025 un juez argentino dictó una orden de captura internacional contra ella, señalándola como cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de 2018. Si lograba salir de Nicaragua, la Interpol podría arrestarla en el primer país al que llegara.

Ese es el contexto en el que hay que leer los rumores de mayo de 2026.

En los primeros días del mes, cuentas en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un arresto efectivo de Ramos y su posterior fuga. Según esos reportes, habría escapado junto a su hija y su yerno hacia Costa Rica, burlando la vigilancia policial que custodiaba su vivienda. Ninguna fuente oficial confirmó ni desmintió el paradero de la magistrada.

Dos días después de que esos rumores comenzaran a circular, el régimen publicó la carta.

“Ante la campaña de infamias, noticias falsas y montajes mediáticos que circulan en plataformas digitales, me dirijo al pueblo de Nicaragua para rechazar categóricamente las calumnias que intentan empañar la imagen de nuestro gobierno, y al mismo tiempo manchar mi honor y el de mi familia, con el único fin de generar confusión en nuestro pueblo”, indica.

El texto lleva fecha del 7 de mayo. Fue difundido el 9. En el primero de sus tres puntos, Ramos supuestamente desmiente su salida del país y califica los reportes de “ataques desesperados”. En el segundo, niega que ella o su familia hayan sido investigados o detenidos. En el tercero, declara cuarenta años de servicio al pueblo nicaragüense y termina con una frase de lealtad explícita a Ortega y Murillo.

“Reafirmo, con la frente en alto, mi trayectoria de más de 40 años de servicio ininterrumpido al pueblo nicaragüense. Mi compromiso ha sido, es y será con mi patria. Mi lealtad es firme hacia nuestra población y a su gobierno ,los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana”, dice la carta.

La carta fue publicada únicamente por medios del Estado. No hubo aparición en cámara, no hubo audio, no hubo imagen reciente de la magistrada. Solo el documento. Sin firma.

Para los medios independientes nicaragüenses, que trabajan desde el exilio por la persecución del régimen, la forma del documento es tan reveladora como su contenido. Artículo 66 señaló que la reaparición mediante comunicado escrito, en lugar de una comparecencia televisada, generaba suspicacias entre quienes conocen los mecanismos del sandinismo. Nicaragua Investiga apuntó que una carta sin firma, en lugar de aclarar, profundiza las dudas.

Cuando un colaborador de alto rango cae en desgracia en el régimen sandinista, el proceso no termina con la expulsión del cargo. Termina con una declaración pública de lealtad al mismo sistema que lo purga.

Ramos no es el primer caso de deserción de altos personeros sandinistas. El magistrado Rafael Solís, amigo personal de Ortega durante décadas, huyó al exilio en 2019. El hermano del dictador, Humberto Ortega, fue marginado políticamente hace años y murió como preso político del régimen de su hermano en septiembre de 2024. Varios funcionarios que se creyeron intocables terminaron siendo devorados por el mismo sistema que construyeron.

En el caso de Ramos, su limbo jurídico se ha sostenido durante casi tres años, sin que el régimen la encarcele formalmente ni la libere. Una orden de captura internacional la atrapa desde afuera. Y su única reaparición pública, después de todo ese tiempo, es un texto sin firma publicado por los medios del Estado.

Al cierre de esta edición, el paradero real de Alba Luz Ramos no ha sido confirmado por ninguna fuente independiente. El régimen no ha permitido ningún contacto verificable con la magistrada. La carta sigue siendo el único signo de vida.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso presentado por una extrabajadora de Canarilime SL, empresa de limpieza en edificios y locales, y ha confirmado que su despido fue justificado por reiteradas faltas y uso excesivo del teléfono durante su jornada laboral. De esta manera, el fallo sostiene que la desvinculación no da derecho a indemnización.

La empresa sostuvo que la empleada acumuló ausencias repetidas durante la jornada, con registros diarios de hasta 45 minutos fuera de su puesto sin justificación válida. Se enumeraron fechas y tiempos puntuales, incluyendo el 22 de marzo de 2024 con una ausencia de 45 minutos, y varias jornadas superando los 20 minutos de ausencia.

Canarilime SL indicó además que la mujer usó su celular personal en promedio 1 hora y 6 minutos diarios, accediendo frecuentemente a Instagram y WhatsApp. Según la carta de despido, “la suma total de sus conexiones en los últimos tres meses es de 21 horas y 41 minutos, lo que representa un 63% de su jornada semanal ordinaria”. Esto, a juicio de la firma, suponía un incumplimiento grave de las obligaciones de su puesto.

Faltas documentadas de puntualidad

La empresa respaldó estos datos con capturas de redes sociales desde la oficina, registros extraídos de un sistema externo de control horario y testigos del área administrativa. A su vez, enumeró otros problemas como errores repetidos en tareas contables, retrasos en la gestión financiera, y faltas documentadas de puntualidad en 13 ocasiones registradas entre enero y marzo de 2024.

En uno de los correos laborales aportados, se le reprochó un error en el pago de un embargo: “acabo de duplicar el pago del embargo, lo pagamos el 7 y el 15/12 ¿Cómo podemos solventar esto?”. Otro mensaje indica que la empresa la instruyó tras reiterar errores en transferencias a proveedores.

La afectada apeló alegando que gran parte de la prueba usada en su contra era improcedente. Argumentó que el registro horario gestionado por un programa externo sería fácilmente manipulable, y que la empresa no presentó peritos informáticos para verificar su autenticidad. Además, sostuvo que el uso del celular y las ausencias eran una práctica tolerada desde el ingreso, nunca formalmente advertida o sancionada antes del despido.

Los hechos están comprobados

El TSJ de Canarias ha acabado desechando los argumentos de la trabajadora. “El registro se realiza por una aplicación externa a la empresa sin que se haya impugnado su veracidad ni se haya aportado medio o indicio alguno de que pueda deducirse su manipulación. Se entiende que el documento constituye prueba suficiente, unida a la declaración de los testigos”, sostiene la sentencia.

El tribunal ha ratificado también que los hechos atribuidos a la trabajadora estaban comprobados. En relación al uso personal del celular en horario laboral, el fallo destaca que “la media de estas conexiones es de 1 hora y 6 minutos diarios, llegando a estar 1 hora y 35 minutos conectada en un solo día”.

Citando la jurisprudencia sobre “apariencia de permisividad” en el ámbito laboral, la sentencia aclara que ninguna supuesta tolerancia documentada fue oportunamente planteada por la mujer ni avalada por pruebas contundentes. Así, el tribunal enfatiza que “no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia”.

El tribunal ha reconocido así que la trabajadora sólo tiene derecho a percibir unos 84,11 euros de compensación en concepto de vacaciones no disfrutadas correspondientes a 2024 y los sueldos hasta la fecha del despido. Tanto la empresa como FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), demandados en el expediente, deben formalizar ese pago.

La Audiencia Provincial de Girona ha ordenado el desahucio de un hombre que ocupaba una vivienda en Riells i Viabrea tras considerar extinguido el contrato de alquiler firmado con su expareja en 2018 y rechazar que la aceptación de una oferta de alquiler social posterior le otorgara derecho a continuar en el inmueble. El tribunal revoca así la sentencia dictada en primera instancia, que había desestimado la demanda presentada por la empresa propietaria de la vivienda.

La resolución, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona, estima parcialmente el recurso presentado por Ticatana Servicios Empresariales S.L.U., actual titular del inmueble, y declara extinguido por expiración del plazo el contrato de arrendamiento suscrito el 1 de abril de 2018 entre el ocupante y la anterior propietaria de la casa.

Un litigio vinculado a una ejecución hipotecaria

El origen del conflicto se sitúa en una vivienda de Riells i Viabrea sobre la que pesaba un procedimiento de ejecución hipotecaria impulsado por CaixaBank. Según recoge la sentencia, el demandado residía allí desde hacía años y había firmado en 2018 un contrato de arrendamiento con su expareja, entonces propietaria del inmueble.

Ese contrato fue posteriormente utilizado por el ocupante para acreditar ante otro juzgado su condición de tercero ocupante durante el proceso hipotecario. En un auto dictado en marzo de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners reconoció provisionalmente su derecho a permanecer en la vivienda.

La resolución judicial recordaba además que existía un convenio firmado años antes tras la ruptura de la pareja en el que se establecía que el hombre podría continuar residiendo en el domicilio hasta la venta de la vivienda.

En octubre de 2022, la entonces propietaria interpuso demanda de desahucio por expiración del contrato y, de forma subsidiaria, por impago de rentas. Reclamaba además más de 8.100 euros correspondientes a mensualidades supuestamente impagadas entre abril de 2018 y septiembre de 2022.

Poco después de iniciarse el procedimiento, la vivienda fue vendida a Ticatana Servicios Empresariales, que pasó a ocupar la posición procesal de la antigua propietaria.

Las dudas sobre el contrato de alquiler

Uno de los aspectos más relevantes analizados por la Audiencia fue la propia naturaleza del contrato de arrendamiento firmado entre las partes.

El tribunal reconoce expresamente que existen “dudas más que razonables” sobre si ese contrato respondía realmente a una relación arrendaticia efectiva. La Sala señala que el ocupante no necesitaba formalizar un alquiler porque ya tenía reconocido su derecho a residir en la vivienda mediante el convenio de separación firmado con su expareja. Además, subraya que no constaba acreditado el pago de rentas desde el inicio del contrato y que la propia arrendadora reclamaba impagos desde el primer mes.

La sentencia recuerda también que, durante el incidente de terceros ocupantes derivado de la ejecución hipotecaria, la propietaria llegó a manifestar que su exmarido residía en el inmueble sin título alguno.

Pese a ello, la Audiencia concluye que no podía entrar a analizar una posible simulación contractual porque ninguna de las partes había impugnado formalmente la validez del arrendamiento durante el procedimiento. De hecho, el propio demandado fundamentó buena parte de su defensa en la existencia de ese contrato.

Con esa premisa, la Sala entiende acreditado que el contrato quedó extinguido por expiración del plazo pactado, ya que la entonces propietaria notificó mediante burofax, dentro del plazo legal, su voluntad de no renovarlo.

El alquiler social ofrecido no llegó a formalizarse

La sentencia de primera instancia había rechazado el desahucio por considerar relevante la situación de vulnerabilidad económica y social del ocupante y el hecho de que la empresa propietaria hubiera ofrecido un alquiler social. Según consta en el procedimiento, en mayo de 2024 la mercantil remitió al demandado una propuesta para formalizar un alquiler social de siete años por una renta mensual de 220 euros. El ocupante aceptó la oferta y remitió la documentación firmada.

El juzgado de primera instancia entendió que ese ofrecimiento, unido a la situación social del demandado y a la ausencia de respuesta posterior por parte de la empresa, justificaba la desestimación de la demanda de desahucio.

La Audiencia Provincial discrepa de esa interpretación. El tribunal sostiene que la existencia de un contrato vinculante exige una coincidencia efectiva de voluntades y recuerda que el simple ofrecimiento extrajudicial de un alquiler social no supone automáticamente la formalización del arrendamiento.

La Sala añade que la propia defensa del ocupante reconocía en sus escritos que la empresa nunca llegó a confirmar definitivamente aquella propuesta. Por ello concluye que no existió un acuerdo perfeccionado con eficacia jurídica suficiente para impedir el desahucio.

En su recurso, la mercantil también alegó que la obligación legal de ofrecer alquiler social había quedado parcialmente anulada tras la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2024 sobre la normativa catalana antidesahucios.

La reclamación de rentas

La Audiencia sí limita parcialmente la reclamación económica planteada por la empresa propietaria. El tribunal considera que Ticatana Servicios Empresariales únicamente puede reclamar las rentas devengadas desde el momento en que adquirió la vivienda, el 28 de noviembre de 2022, y no las cantidades anteriores reclamadas por la antigua propietaria.

La sentencia explica que no consta acreditada ninguna cesión expresa de esos créditos anteriores y recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la Ley de Arrendamientos Urbanos, el derecho a percibir las rentas corresponde en cada momento al propietario del inmueble.

Por ello, la Audiencia condena al demandado únicamente al pago de las rentas generadas desde noviembre de 2022, calculadas en 168,51 euros mensuales, y hasta que entregue efectivamente la posesión de la vivienda.

Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo que revise su situación de prisión provisional y acuerde su puesta en libertad al considerar que está recibiendo un “tratamiento cautelar discriminatorio” respecto al empresario Víctor de Aldama, también acusado en la causa por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia y que permanece en libertad provisional. La defensa del exasesor ministerial sostiene que no existen razones suficientes para justificar que ambos afronten medidas cautelares distintas dentro de una misma investigación y reclama, al menos, que se le impongan medidas menos gravosas que la cárcel.

El recurso de súplica presentado por su abogada, Leticia de la Hoz, y al que ha tenido acceso EFE este martes, se dirige contra el auto del Tribunal Supremo que rechazó recientemente excarcelar a Koldo. En aquella resolución, el Alto Tribunal entendía que las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión preventiva continúan vigentes, especialmente el riesgo de fuga, y que por ello no procedía modificar la medida cautelar.

Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos permanecen en prisión preventiva a la espera de sentencia después de haber sido juzgados junto a Víctor de Aldama por el supuesto cobro de mordidas a cambio de facilitar adjudicaciones de contratos públicos de material sanitario durante la crisis de la covid-19. El procedimiento analiza presuntas irregularidades en contratos dependientes del Ministerio de Transportes y otras entidades vinculadas a la administración pública.

La comparación con Aldama

El eje principal del recurso de la defensa se centra en la diferencia de trato respecto a Aldama. La abogada de Koldo subraya que el empresario se encuentra en libertad provisional sujeto a medidas cautelares “menos gravosas”, pese a estar acusado de hechos similares y formar parte, según la propia investigación, de “una misma trama presuntamente delictiva relativa a la contratación pública de material sanitario durante la pandemia”.

La defensa cuestiona que el Supremo mantenga que existe riesgo de fuga en el caso de Koldo García con una intensidad superior a la apreciada respecto a Aldama. Según argumenta el escrito, si el fundamento de la prisión preventiva es evitar una posible huida, el tribunal debería explicar de manera individualizada por qué ese riesgo sería mayor en el caso del exasesor ministerial.

Además, el recurso añade que, si el motivo para mantener la prisión provisional fuera el reforzamiento de los indicios tras la celebración del juicio, ese razonamiento afectaría igualmente al resto de acusados, incluido Aldama. La defensa sostiene que no puede aplicarse de forma desigual un mismo criterio dentro del mismo procedimiento sin una motivación específica y detallada.

En este contexto, la abogada considera que mantener a Koldo en prisión mientras otro de los acusados espera sentencia en libertad supone una “distinción arbitraria” incompatible con el principio de igualdad recogido en la Constitución. El escrito advierte de que la medida cautelar podría estar convirtiéndose en una “pena anticipada”, algo que rechaza de plano.

“La prisión provisional no puede funcionar como una sanción previa a la sentencia”, sostiene la defensa, que insiste en que el tribunal debe justificar de manera concreta y actualizada cualquier limitación del derecho a la libertad antes de que exista una condena firme.

Críticas a la duración de la medida

Otro de los argumentos expuestos en el recurso hace referencia a la duración de la prisión preventiva y a los tiempos del propio tribunal. La defensa cuestiona que el Supremo calificase de “compleja” la deliberación sobre la sentencia, una expresión que interpreta como un indicio de que la resolución puede demorarse durante un periodo prolongado.

Según el escrito, esa circunstancia provoca que la permanencia en prisión dependa “del ritmo del tribunal” y no de la conducta procesal del acusado. Para la abogada, una situación así desvirtúa la naturaleza cautelar de la medida y la aproxima a una privación de libertad indefinida.

“Una prisión cuya duración depende del ritmo del tribunal, y no de la conducta procesal del acusado, no es ya una medida cautelar”, sostiene el recurso, que alerta de la ausencia de un horizonte temporal claro sobre cuándo podría resolverse definitivamente la causa.

La defensa también recalca que Koldo García ha permanecido siempre a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación y pone el acento en su arraigo familiar y personal en España. A juicio de su abogada, esos elementos reducen de forma significativa cualquier posibilidad de fuga.

Por ello, el recurso solicita en primer término que el Tribunal Supremo acuerde la puesta en libertad del exasesor ministerial. De manera subsidiaria, pide que, si el tribunal mantiene la necesidad de adoptar medidas cautelares, estas sean sustituidas por otras menos severas, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado o la imposición de una fianza económica.

La situación procesal de los acusados difiere también en las penas solicitadas por las acusaciones. La Fiscalía reclama para Koldo García una condena de 19 años y medio de prisión, mientras que para José Luis Ábalos eleva su petición hasta los 24 años. La acusación popular coordinada por el PP solicita para ambos penas de 30 años de cárcel.

En el caso de Víctor de Aldama, la petición de la Fiscalía es notablemente inferior, de siete años de prisión, mientras que la acusación popular reclama alrededor de cinco años y se ha mostrado favorable a evitar su ingreso en prisión preventiva mientras se dicta sentencia.

El Tribunal Supremo deberá resolver ahora el recurso de súplica presentado por la defensa de Koldo García y decidir si mantiene la medida de prisión provisional o modifica las cautelas impuestas al exasesor ministerial en uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política vinculados a la contratación de emergencia durante la pandemia.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a más de 22 años de prisión impuesta a Marta C.H. por el asesinato de Pilar Moreno, presidenta de su comunidad de vecinos en el madrileño barrio de Carabanchel, a la que mató en febrero de 2023 para evitar que descubriera unos justificantes bancarios falsificados relacionados con deudas de alquiler y cuotas comunitarias. La resolución rechaza íntegramente el recurso presentado por la defensa y avala tanto el veredicto del jurado popular como las sentencias previas dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera acreditado que la acusada asesinó a la víctima con el objetivo de impedir que saliera a la luz la falsedad de dos recibos bancarios que había utilizado para aparentar el pago de cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios. Después del crimen, trasladó el cadáver en una maleta hasta un vertedero de la localidad toledana de Las Ventas con Peña Aguilera, donde quemó los restos y trituró parte de los huesos.

En la sentencia, el Supremo recuerda su propia jurisprudencia sobre los asesinatos cometidos para ocultar otros delitos y subraya “la insoportable banalización de la vida humana” que supone convertir la vida de otra persona en “una realidad prescindible” para facilitar la comisión de un delito o evitar su descubrimiento.

La resolución ratifica las penas impuestas: 20 años de cárcel por asesinato, cuatro meses de prisión por profanación de cadáver y un año y nueve meses por falsedad documental, además de una multa económica y la obligación de indemnizar con 70.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la víctima.

Los recibos falsos y la deuda con la comunidad

La Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que la acusada residía de alquiler en una vivienda situada en la calle de la Oca, en Carabanchel, y que mantenía deudas relacionadas con el inmueble y con la comunidad de propietarios. Según el relato de hechos probados, Marta C.H. aportó dos recibos falsificados que simulaban haber sido emitidos por Ibercaja para justificar pagos de 545 y 500 euros que nunca llegaron a realizarse.

La sentencia recoge que los documentos fueron confeccionados por la propia acusada “simulando su origen bancario” para aparentar ingresos inexistentes en la cuenta de la comunidad de propietarios.

Durante el juicio, el jurado tuvo en cuenta distintos audios y mensajes intercambiados entre la acusada y la propietaria de la vivienda, así como las declaraciones de responsables bancarios y de la administradora de la finca. Según el fallo, ninguna de las cantidades reflejadas en los justificantes apareció registrada en la entidad financiera.

El tribunal también valoró búsquedas realizadas por la acusada en internet sobre las consecuencias penales de falsificar recibos de alquiler. Además, se incorporaron grabaciones de audio en las que insistía en que los pagos estaban hechos, pese a que la deuda seguía pendiente.

Los magistrados consideran acreditado que la presidenta de la comunidad, Pilar Moreno, era quien reclamaba el pago de las cantidades adeudadas y quien podía descubrir la falsedad de los documentos. La resolución sostiene que la acusada llegó a responsabilizarla de la situación en la que se encontraba y decidió acabar con su vida para evitar futuras reclamaciones y el riesgo de ser descubierta.

El traslado del cadáver al vertedero

Según el relato avalado ahora por el Supremo, el 27 de febrero de 2023 la acusada acudió al inmueble con una maleta de grandes dimensiones en la que planeaba introducir el cadáver después del crimen.

La víctima, de 68 años, fue conducida hasta una vivienda del mismo edificio donde la acusada había residido hasta fechas recientes. Allí le causó intencionadamente la muerte. Posteriormente limpió el inmueble para eliminar restos de sangre, introdujo el cuerpo en la maleta y lo cargó en un Peugeot 407 con el que se desplazó hasta la provincia de Toledo.

En una parcela de Las Ventas con Peña Aguilera prendió fuego al cadáver utilizando madera y gasolina para acelerar la combustión. Después trasladó los restos a un vertedero de la zona, donde volvió a someterlos al fuego y machacó huesos que no habían quedado completamente calcinados “hasta reducirlos a polvo o fragmentos diminutos”, según consta en los hechos probados.

La Policía recuperó posteriormente restos óseos y de vísceras en el lugar donde fueron abandonados. La acusada confesó parcialmente lo sucedido pocos días después de los hechos y reveló a los investigadores el itinerario seguido para deshacerse del cadáver.

Durante el procedimiento judicial, la defensa sostuvo que la muerte había sido accidental y pidió que los hechos fueran considerados un homicidio imprudente. También cuestionó la existencia del delito de falsedad documental. Sin embargo, tanto el jurado popular como los distintos tribunales que han revisado el caso descartaron esa versión.

El Supremo concluye ahora que la cadena de indicios presentada durante el juicio resulta “lógica” y suficiente para sustentar la condena. La Sala entiende que el relato de hechos probados contiene todos los elementos exigidos para apreciar un delito de asesinato cometido con la finalidad de evitar el descubrimiento de otro delito previo.

La sentencia recuerda además que la acusada confesó desde las primeras actuaciones policiales parte de lo sucedido, aunque ello no alteró la consideración jurídica final de los hechos ni las penas impuestas. Pilar Moreno no tenía hijos ni pareja y sus familiares más próximos eran sus tres hermanos, reconocidos como perjudicados en la causa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que un ciudadano mexicano tiene derecho a la nacionalidad española, después de que aportase documentación que acredita su ascendencia sefardí. Esta decisión, fechada el 10 de marzo de 2026, se apoya en la interpretación de la Ley 12/2015, pensada para facilitar la recuperación de la nacionalidad a los descendientes de judíos expulsados de España hace más de cinco siglos.

El caso comenzó en septiembre de 2024, cuando un tribunal madrileño rechazó la solicitud. La principal razón fue que los certificados de ascendencia presentados no contaban con el aval de la Federación de Comunidades Judías de España, un requisito considerado fundamental tanto por la administración como por los jueces en aquel momento.

La documentación no cumplía los certificados extranjeros los requisitos técnicos exigidos por la normativa española

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública había denegado la nacionalidad porque los documentos expedidos por la Comunidad Sefardí de México y una entidad de Estambul no establecían una conexión suficiente con la genealogía sefardí requerida por la ley española. Ante esta situación, el solicitante aportó nueva documentación: un certificado firmado por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, emitido en junio de 2025, y otros informes genealógicos.

El tribunal valoró que estos documentos “demuestran el origen sefardí del solicitante y su conexión familiar”. La clave de la resolución estuvo en la interpretación de los requisitos establecidos en la Ley 12/2015. El tribunal explicó que “el artículo 1.2 exige que los medios para acreditar la condición de sefardí cumplan requisitos precisos para poder tomarse en cuenta como elementos de prueba”.

Sus hijos ya habían obtenido la nacionalidad por este cauce

Según la jurisprudencia citada en la sentencia, solo algunos certificados tienen valor suficiente, dependiendo de quién los expida. Si no los firma el presidente de la Federación, deben proceder del presidente de la comunidad judía del lugar de residencia del interesado o de una autoridad rabínica reconocida y legalmente establecida en el país. En los casos en los que no se obtiene validación directa, la ley obliga a presentar documentación adicional, como estatutos, prueba de reconocimiento legal de la comunidad y certificados que acrediten la autoridad del firmante.

En este expediente, la nueva documentación incluyó certificados de origen sefardí para los hijos del solicitante, firmados por autoridades de la Federación, y un informe sobre la genealogía paterna. El tribunal resumió que “se ha aportado el certificado de origen sefardí para los hijos del solicitante, firmado por el presidente de la Federación y acreditando la línea paterna”.

La defensa argumentó que la continuidad del linaje sefardí quedaba demostrada tanto en el caso del solicitante como en el de sus hijos, quienes ya habían obtenido la nacionalidad española en trámites anteriores. El tribunal aceptó esta línea argumental y consideró suficiente “la referencia del origen sefardí en conexión con el apellido, sin necesidad de rastrear hasta siglos anteriores”, como ya se había hecho en el reconocimiento para los hijos.

La sentencia lo deja claro: “El solicitante ha cumplido de forma clara los requisitos sustantivos y de fondo de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España, regulado en la Ley 12/2015”.

La Audiencia Provincial subrayó que no está limitada por la valoración administrativa previa, porque su función es “revisar todo lo actuado en primera instancia y valorar toda la prueba, incluso con una posición distinta si resulta lógica y fundada”. Así, revocó la decisión original y ordenó conceder la nacionalidad española al solicitante. No se impusieron costas judiciales y se dispuso la devolución del depósito realizado.

Con esta resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el solicitante podrá obtener el pasaporte español y acceder a los derechos vinculados a la nacionalidad, como ya han hecho otros descendientes de familias sefardíes en los últimos años.

Luis Fernández Albín, el narcotraficante extraditado desde Argentina y condenado en Uruguay, fue juzgado en su país por organizar y dirigir un esquema para traficar dos toneladas de cocaína y lavar dinero durante muchos años. Sus maniobras, como quedó registrado en audiencias judiciales informadas por El País, estaban basadas en un esquema delictivo familiar.

Fernández Albín fue condenado en Uruguay a 10 años de cárcel.

La incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

Esta causa terminó con la condena de ocho personas. El grupo principal lo conformaban los cinco detenidos, que eran los responsables de acondicionar las dos toneladas de cocaína. Entre ellos, había un grupo familiar, de acuerdo a la crónica consignada por el diario uruguayo: un hombre, su ex esposa y los hijos de ambos. Una hija de ellos, de 18 años, también fue capturada en una primera instancia, pero luego fue liberada.

Este círculo luego se cerró con la detención de la esposa de Fernández Albín, investigada por lavado de activos. Estaba junto a una “amiga entrañable” –como fue definida– que convivía con ella y que en los procesos anteriores fue presentada como la niñera de la familia. Su hijo, también formaba parte de este clan.

Uno de los detenidos por acondicionar la cocaína había obligado a sus hijos menores de edad a participar de la tarea, según la declaración de la abogada. La Fiscalía confirmó que los rostros de estos menores aparecen en los videos en los que se los ve preparando bolsos con droga. Esto abrió otra posible línea de investigación: si hubo delitos relacionados a la explotación de menores.

Las maniobras de Fernández Albín se realizaban en efectivo. Muchas de las propiedades y de los vehículos de la familia estaban a nombre de testaferros, según los registros judiciales informados por El País. Sin embargo, el gasto en billetes en efectivo es incalculable. El poderío económico del clan decayó tras el encarcelamiento de Fernández Albín y su esposa, pero aún así un cliente directo llegó a saldar un gasto corriente de 40.000 pesos en efectivo (unos USD 1.000).

Ni la esposa de Fernández Albín ni su amiga habían tenido trabajos formales durante extensos períodos de tiempo. Tampoco tenían grandes sueldos. Pero aún así eran dueñas de varias propiedades.

La esposa del narcotraficante quiso adquirir los derechos posesorios de un terreno en el que se construyó una casa valuada en USD 300.000. Además, la Fiscalía también documentó gastos en viajes a Madrid, en una fiesta y en la construcción de una piscina. La niñera de la familia, en tanto, tenía dos propiedades a su nombre en Las Piedras y era dueña de tres vehículos cero kilómetro.

Además, esta mujer en un momento compró una camioneta doble cabina que fue empadronada a nombre de una Iglesia Pentecostal Cristiana en Artigas (el departamento más al norte del país). Pero el vehículo era utilizado por la esposa de Fernández Albín.

La Fiscalía también enumeró que los pagos se hacían en efectivo y otra parte a través de una red de cobranzas, en la cual la esposa de Fernández Albín había trabajado en un momento.

La Audiencia Provincial de Girona ha desestimado la petición de desahucio de un propietario contra su inquilino, al concluir que el arrendador se saltó el plazo mínimo de cinco años para interrumpir contratos de alquiler que solo permite llevarlo a cabo en casos muy concretos. En este escenario, el demandante no pudo demostrar los argumentos en los que aseguraba que era por “necesidad familiar”.

El conflicto comenzó cuando el dueño acudió a la vía judicial para recuperar el inmueble de Palafrugell, alegando que el contrato de alquiler, firmado el 1 de octubre de 2019, vencía a los dos años y que necesitaba la vivienda para uso propio o de su familia. Afirmó haber enviado una notificación para terminar el contrato en agosto de 2023, pero el inquilino no había entregado la posesión.

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La respuesta del arrendatario se basó en que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) vigente establece una prórroga mínima obligatoria de cinco años para contratos firmados por personas físicas y por ello argumentó que la notificación tenía “errores graves” y que no reunía los requisitos legales para interrumpir la prórroga.

No cumplió con el procedimiento legal

De esta manera, en primera instancia el juzgado dio la razón al inquilino, desestimando el juicio de desalojo, por lo que el propietario presentó un recurso de apelación, insistiendo en que el contrato preveía la excepción por necesidad y que la notificación enviada era suficiente.

Con estos argumentos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Girona, ha concluido que, aunque en el contrato se dejó constancia de una eventual necesidad del arrendador para recuperar la vivienda, esto no es suficiente para interrumpir la protección legal del inquilino.

El texto legal exige que, para invocar la “necesidad”, el propietario debe cumplir varios pasos. Primero, especificar exactamente en la notificación a quién destinará la vivienda (si es para él, para un familiar en primer grado, o para su cónyuge en caso de ruptura). Además debe enviar esa notificación al menos dos meses antes de la fecha en que pretende recuperar el inmueble.

La sentencia remarca que el aviso enviado por el propietario fue insuficiente en dos aspectos decisivos: no mencionó la necesidad concreta ni a quién se destinaría la vivienda, y tampoco respetó el plazo mínimo de antelación.

Según el tribunal, “no se hace la menor alusión a la necesidad de vivienda del arrendador o sus familiares, limitándose a señalar que no operará la prórroga del contrato a la finalización del periodo vigente”. Además, subraya como dato clave que la entrega exigida era para el 31 de septiembre de 2023, con menos de dos meses de aviso.

Agrega que no se presentó ninguna prueba de la supuesta necesidad, un requisito obligatorio. “Dicha protección puede ceder ante la necesidad del arrendador, pero solo cuando esta existe y se han cumplido los requisitos que marca la propia ley, sin que en el supuesto de autos se haya acreditado ni una ni otra cosa”, señala la sentencia.

La Ley de Arrendamientos Urbanos

La principal fundamentación del fallo se sustenta en la ya mencionada Ley de Arrendamientos Urbanos, que desde 2019 marca que los contratos de alquiler tienen una duración mínima garantizada de cinco años cuando el arrendador es una persona física, aunque las partes acuerden un plazo menor. Eso implica que, aunque el contrato aquí establecía dos años, se prorrogaba obligatoriamente hasta el 31 de septiembre de 2024 salvo que el inquilino renunciara.

La ley solo admite la excepción de “necesidad familiar” si la cláusula está explicitada en el contrato desde el inicio, la necesidad se justifica con pruebas y el aviso cumple todos los requisitos.

En este caso, la jueza ha dejado claro que el propietario “yerra cuando sostiene que con la mención en el contrato y sin ningún tipo de requisito ni de prueba de aquella necesidad puede hacerse valer la misma para denegar las prórrogas obligatorias que para la protección del arrendatario fija la LAU”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado el derecho de una trabajadora a cobrar la prestación por incapacidad temporal tras su baja médica por las complicaciones que sufrió en su embarazo. El fallo rechaza así la petición de la aseguradora MC Mutual, que había argumentado la existencia de un fraude para acceder al beneficio y la jueza remarca la “discriminación por razón de sexo” que ha existido en este caso.

MC Mutual había negado en primera instancia el pago de la prestación, alegando que la mujer ya presentaba síntomas antes de ser dada de alta en la empresa Randstad Empleo ETT SA el 22 de julio de 2022. Según la aseguradora, la trabajadora firmó el contrato el día anterior y solo trabajó un día antes de solicitar la baja médica.

Argumentó también que los vómitos y mareos que motivaron su consulta médica llevaban dos semanas de evolución, y que la baja no estaba relacionada con sus tareas en la empresa.

“Una apariencia de reunir requisitos” para obtener la prestación

Por esta razón, el primer burofax enviado por la aseguradora el 8 de agosto de 2022, notificaba la negativa a pagar, sosteniendo que “se inicia un expediente para determinar si se ha producido un abono indebido de prestaciones”. A esto agregaron después en su recurso, que la conducta se encuadraba en un posible “fraude de ley”, lo que había permitido en otros casos denegar el subsidio. Según la entidad, la acción de firmar el contrato justo antes de tramitar la baja configuraba “una apariencia de reunir requisitos” para obtener la prestación.

La defensa de MC Mutual pidió por ello ante el TSJ modificar los hechos reconocidos en primera instancia para dejar constancia de que la afección de la mujer era previa y que su relación laboral con Randstad había durado solo un día. Para ello citó informes médicos y antecedentes administrativos para reforzar su posición, incluyendo el parte de urgencias del Hospital Sant Joan de Déu de Martorell a las 7:46 horas, el mismo día de inicio de la incapacidad.

Por su parte, la defensa de la afectada y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sostuvo que la incapacidad estaba debidamente acreditada y que la aseguradora no tenía competencia para cuestionar un diagnóstico extendido por el sistema público y argumentaron que los síntomas padecidos, aunque se iniciaron semanas antes, se agravaron hasta requerir asistencia médica y justificación para la baja, circunstancia habitual en el embarazo.

“Discriminación directa por razón de sexo”

Con estas dos versiones, el TSJ de Cataluña ha considerado “debidamente justificado el criterio médico” y ha descartado la existencia de fraude, atribuyendo la insistencia en esa línea a un prejuicio de género.

Los magistrados han reconocido como hechos indiscutidos que la afectada firmó electrónicamente su contrato con Randstad Empleo ETT SA el 21 de julio de 2022 a las 13:12 horas, prestando servicios solo el 22 de julio. Ese mismo día, antes de iniciar su jornada, acudió a urgencias por un “cuadro de vómitos de dos semanas de evolución, exacerbados desde hacía dos días, y sensación de mareo”.

El diagnóstico médico determinó “hiperémesis gravídica”, una afección grave de náuseas y vómitos durante el embarazo que requiere reposo e intervención. Desde la perspectiva del tribunal, el hecho de que la trabajadora firmara el contrato un día antes y solo trabajara un día “no es indicio suficiente para presumir intención fraudulenta”.

Según la sentencia, “la situación de embarazo de una mujer no debe considerarse como motivo para apartarse del mercado de trabajo, ni puede constituir indicio alguno de que existe una voluntad fraudulenta para obtener indebidamente prestaciones de incapacidad temporal. Motivo éste que si se apreciara constituiría claramente una discriminación directa por razón de sexo”. “Esta cuestión no se plantearía en otros supuestos en los que el accidente de trabajo ocurre el mismo día de inicio del contrato”, añaden.

"La alegación de la recurrente relativa a que los vómitos ya los presentaba desde hacía dos semanas y que se exacerbaron desde dos días anteriores al inicio de la visita a urgencias, constituyen de nuevo una conclusión que carece de sustento legal, puesto que parte del estereotipo conforme al cual una mujer embarazada está incapacitada para firmar un contrato de trabajo e iniciar al día siguiente una relación laboral por presentar vómitos como consecuencia del embarazo“, explican.

La Organización de Naciones Unidas ha remitido en una comunicación oficial remitida el 18 de febrero de 2026 al Gobierno de España, en la que muestran su “seria preocupación” ante la ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.

El escrito está firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y viene en respuesta a un comunicado presentado por las entidades de derechos humanos Irídia y CEAQUA.

Los firmantes consideran que se está obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo. “En tal sentido, recordamos que mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período franquista, estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, aseguran en ese sentido.

Los obstáculos de la Ley de Amnistía de 1977

El documento también versa sobre la persistencia de obstáculos como como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción y una interpretación restrictiva del principio de legalidad penal, a pesar de la entrada en vigor en 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática.

“Por su parte, recordamos que, si bien es importante asegurar que la justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos”, recuerdan.

También recuerdan que la falta de investigación y sanción adecuada de las graves violaciones de derechos humanos, y el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las instituciones pertinentes, incluidas las judiciales, está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español en su conjunto.

18 casos denunciados desde la Ley de Memoria Democrática

Estas dos asociaciones presentaron dicha comunicación conjunta el pasado mes de diciembre ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, denunciando la responsabilidad internacional de España por la falta de investigación judicial efectiva de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.

En esta incluyeron 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, 17 querellas interpuestas ante Juzgados y Tribunales españoles y una denuncia presentada ante la Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En respuesta, la ONU insta al Gobierno español a proporcionar información detallada sobre las querellas indicadas y a justificar cómo las decisiones judiciales de archivo se ajustan a los estándares internacionales. Asimismo, le insta a adoptar medidas que garanticen investigaciones eficaces, independientes y exhaustivas, a fin de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, y de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.

En su respuesta, el Estado confirma que los tribunales archivan estas causas aplicando la doctrina constitucional sobre prescripción, la Ley de Amnistía y los principios de legalidad e irretroactividad penal. También reconoce que no dispone de datos desglosados sobre las cuestiones planteadas y no justifica el cumplimiento del derecho internacional, limitándose a destacar el papel del Ministerio Fiscal en su intervención judicial contra los archivos.

El doctor Jean-Michel Ducournau, médico de La Réole, en Gironda (Francia), ha sido condenado por el tribunal de Burdeos a tres años de prisión - de los cuales dos quedan en suspenso - por recetar fentanilo fuera de los protocolos médicos, facilitar el abuso de medicamentos y cometer fraude a la seguridad social. El fallo, conocido este lunes 11 de mayo, también le prohíbe ejercer la medicina mientras espera un nuevo juicio. Su abogado, Thibault Soubelet, anunció a la salida del tribunal que “el doctor Ducournau está hoy decidido a recurrir esta decisión”, según lo publicado en France3.

Ducournau compareció ante la justicia en marzo, acusado de varios delitos: prescripción no conforme de un medicamento clasificado como estupefaciente, ayuda al mal uso o abuso de medicamentos, poner en peligro a otros y estafa en perjuicio de las cajas de seguro de enfermedad. El ministerio público había solicitado para él un año de cárcel de cumplimiento efectivo.

El fentanilo era la segunda receta más frecuente del doctor, detrás del paracetamol

La investigación policial concluyó que el fentanilo, un analgésico cien veces más potente que la morfina y de uso muy restringido, era la segunda sustancia que más recetaba Ducournau, solo después del paracetamol. El tribunal considera acreditado que, durante al menos dos años, prescribió Instanyl, un aerosol nasal derivado del fentanilo, a varios pacientes que no sufrían patologías graves para las que está indicado este medicamento, sino dolores crónicos o situaciones de malestar físico y psíquico. Según el médico, lo recetó “a ocho pacientes de mis 3.000”, justificando su actuación en casos de “fracaso terapéutico”.

El origen del caso se sitúa en la alerta dada por algunos pacientes, que detectaron que el doctor recetaba fentanilo con facilidad, incluso a personas sin enfermedades graves. En Francia, el uso de este medicamento está estrictamente regulado y reservado a situaciones excepcionales. El abuso de opiáceos como el fentanilo preocupa especialmente en regiones como Nueva Aquitania, donde las autoridades sanitarias han detectado un aumento de las personas dependientes de este tipo de analgésicos.

En el juicio también se analizó la situación de una pareja de pacientes con dolores crónicos, pero sin patologías graves, que llegaron a recibir entre 35 y 42 dosis diarias, cuando el máximo recomendado es de ocho. El tribunal considera que estas prescripciones suponían un riesgo para la salud de los pacientes.

Ducournau también ha sido condenado por fraude a la seguridad social, ya que prescribió hasta 34 veces más vales de transporte médico de lo habitual y emitió recargos en consultas nocturnas y en los denominados APC (Aviso Puntual de Consultor) sin especificar los límites en las recetas. Estos hechos permitieron que la Seguridad Social reembolsara importes que, según la investigación, han supuesto un perjuicio de más de 815.000 euros entre 2022 y 2024. Por este motivo, el tribunal le obliga a abonar 175.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la seguridad social de Dordoña, Gironda y Lot-et-Garonne, la CPAM y el colegio de médicos.

El tribunal absolvió a todos los pacientes juzgados junto a Ducournau, así como al conductor de VTC implicado en la causa. El médico deberá afrontar un año de prisión firme - que podrá cumplir en régimen adaptable - y, mientras se resuelve el recurso, tiene prohibido ejercer cualquier profesión sanitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la petición de un cocinero de 39 años para que se lo declare en situación de incapacidad permanente parcial derivada de un accidente laboral ocurrido en noviembre de 2022. La Sala ha argumentado que la lesión sufrida por el trabajador, quien perdió parte del cuarto y quinto dedo de la mano izquierda, su mano no dominante, no le reduce el rendimiento habitual en al menos un 33%, porcentaje mínimo exigido para ese tipo de incapacidad.

El trabajador había presentado su demanda tras sufrir una amputación traumática parcial de dos dedos trabajando como cocinero, por la que solicitó que se reconozca que la secuela lo deja en condición de incapacidad permanente parcial, categoría que otorga una indemnización mayor y un reconocimiento oficial del límite físico para desempeñar su labor.

En su defensa, aseguró que el trabajo de cocinero obliga a manipular herramientas de gran tamaño, regular hornos y sostener recipientes pesados, tareas que requieren hacer un puño completo, “lo que no puede realizar tras el accidente”. Remarcó que “la pérdida de las falanges de los dedos anular y meñique lo obliga a forzar agarres y expone a un mayor riesgo de nuevos accidentes”, además que su rendimiento había disminuido y que la limitación “afecta actividades normales de la cocina”.

Por su parte, la mutua Ibermutua y la Seguridad Social sostuvieron en su impugnación que los dedos perdidos son de la mano izquierda y que el cocinero es diestro, es decir, utiliza principalmente la derecha para las tareas de precisión y fuerza. Subrayaron que anular y meñique son los que menos aportan al agarre necesario y que la mayor parte de las tareas de cocina se realizan con pulgar, índice y mayor.

Una lesión permanente no invalidante

La resolución de primera instancia ya avaló la postura de Ibermutua y la Seguridad Social, defendiendo que “la limitación en los dedos afectados no implica una reducción del rendimiento igual o superior al 33%”, cifra clave, según la Ley General de la Seguridad Social, para hablar de incapacidad parcial permanente. El informe médico, fechado el 6 de marzo de 2023, constató “amputación parcial de cuarto y quinto dedos de la mano izquierda (no dominante)”.

En esta línea, el tribunal destacó que la indemnización por la pérdida parcial de esas falanges, conforme al baremo oficial, suma 1.680 euros (1.140 euros por el anular y 540 euros por el meñique). Esta suma corresponde a lesiones permanentes no invalidantes, que permiten seguir trabajando y solo exigen una indemnización única y menor.

En segunda instancia, los magistrados del TSJ de Andalucía han destacado que “según la guía profesional de valoración del INSS, la exigencia física y de precisión en la tarea de cocinero recae principalmente en los tres primeros dedos de la mano” y han subrayado que en oficios manuales, como éste, perder parte de los dos últimos dedos de la mano no dominante no justifica legalmente una merma relevante del rendimiento para las tareas fundamentales.

“La falta de las falanges en esos dos dedos últimos únicamente debilitaría el movimiento de la presa cuando esta sea de fuerza (o agarre), no de precisión (pinza) ni de gancho”, añaden. En consecuencia, la Sala ha concluido que la lesión no reduce el rendimiento por debajo del límite legal para otorgar el grado reclamado.

Parecido es el caso de Nicolás, que lleva ejerciendo desde el año 1990, cuando entro en el turno de oficio, lo que le ha dado pie a “poder tener contacto con multitud de justiciables que no tienen la oportunidad de poder pagar sus servicios”. “En la pandemia yo iba a todas las guardias, absolutamente a todas las guardias y hubo muchas porque muchos compañeros las rechazaban, con lo cual el grado de compromiso con la sociedad ha sido fundamental”, relata. Sin embargo, acercándose al final de su carrera, se ha dado cuenta de que su pensión no llega. “Después de haber estado cotizando y pagando a la mutualidad durante 36 años, creo que en el mejor de los casos llego a cuatrocientos euros lo que voy a cobrar”, denuncia.

Esta es la situación que están atravesando miles de abogados y abogadas mutualistas y que algunos de ellos han aprovechado para compartir sus experiencias con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) dentro de la campaña “De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa”. Esta iniciativa busca que el próximo 20 de mayo, el Congreso apruebe la futura regulación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que les permitiría entrar dentro de la Seguridad Social y obtener una mejor pensión.

“No había opción de ser autónoma”

Para entender la situación de todos estos trabajadores, hay que retroceder ante de los años 90. Hasta 1996 la Mutualidad de la Abogacía funcionaba como sistema obligatorio de previsión social para los abogados ejercientes y no fue hasta la aprobación de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados que se les abrió la puerta a optar también al RETA.

En ese momento, todos los abogados que se encontraban ya ejerciendo podrían haber elegido pasarse a este nuevo modelo y comenzar a cotizar en la Seguridad Social, pero muchos decidieron quedarse de mutualistas, ya que les ofrecía mejor rentabilidad en ese momento. Sobre este momento, muchos de estos letrados denuncian que no tenían la información necesaria para tomar una decisión.

“Yo en el 89 tenía 23 años, yo venía de una familia que nadie era abogado, mi familia eran comerciantes y yo estudié Derecho y no había opción de ser autónoma”, defiende Montserrat, que tras 37 años de carrera no cree que le llegue a 200 euros lo que tenga de mutualidad.

El caso de esta letrada es diferente al resto, ya que según explica, se dio de alta en RETA. “Yo habría seguido toda la vida en la mutualidad, pero un día mi hijo fue al centro de salud, que estaba en mi cartilla, y me dijo: “Oye, mamá, que, que tú no existes”. Y digo: “¿Cómo que no existo?” Y dice: “No, que, que no me atienden porque tú no existes”“, relata. En ese momento acudió a la Seguridad Social, donde se lo confirmaron, que los años no le contabilizaban dentro de la Seguridad Social.

“Aunque ahora mismo ya estoy en el RETA, mi vida laboral está partida y hace que la Seguridad Social me reduzca mucho la pensión que podría tener”, añade.

“Yo sí que les pediría a todos los políticos que nos escuchen, que todos tienen nuestras propuestas, que básicamente todas son las mismas y que no podemos esperar más. El abogado pequeño de barrio, como yo siempre me denomino abogada de barrio, lo tenemos muy complicado”, denuncia Montserrat.

“Hay urgencia, pero también una oportunidad”

Palabras a las que se suma Pilar, que lleva desde el 85 ejerciendo en juzgados de violencia de género, penales o de extranjería. “Después de haberme dedicado tanto a favorecer a los demás, me voy a encontrar que voy a necesitar yo ayuda. No se puede consentir”, asegura.

Por ello, la campaña impulsada por el ICAM busca situar en el centro del debate parlamentario las trayectorias personales y profesionales de quienes ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y afrontan hoy una jubilación marcada por prestaciones insuficientes o por la imposibilidad de dejar de trabajar. “Hoy hay urgencia. Y también hay una oportunidad”, señala Eugenio Ribón, Decano del ICAM, que insta a los grupos parlamentarios a actuar “con celeridad y responsabilidad” porque “el éxito de esta ley se medirá por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.

En una entrevista con Leila Gianni, concejal de La Matanza por La Libertad Avanza, la dirigente analizó la escalada política y mediática tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, y defendió la posición del oficialismo en Infobae en vivo.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Gianni rechazó las acusaciones sobre el manejo patrimonial de Adorni y apuntó contra el rol de los medios: “Han montado toda una operación mediática sistemáticamente apuntada contra el jefe de Gabinete”.

Las acusaciones contra Adorni y el rol de la justicia

Gianni remarcó que, pese a la repercusión mediática, Adorni no enfrenta imputación formal: “Acá hay que aclarar que él procesalmente no está imputado, no está procesado y va a acompañar toda la documental necesaria que le requiera tanto el fiscal como el juez”.

La dirigente enfatizó que cualquier acusación debe basarse en pruebas: “Manuel (Adorni) está aportando todo en el juzgado, lo continuará aportando y esta causa se va a caer como se cayó la otra”.

Consultada sobre los detalles revelados en la investigación, Gianni negó que haya delito y puso en duda la validez de los datos: “Hay un montón de cosas que no están ni siquiera probadas, que son: se dice, se dice, se dice, en la causa se dice, se dice, se dice, pero no hay sentencia alguna”.

La concejal alertó sobre el impacto de la presión mediática en causas judiciales: “Hay que ser cuidadosos, porque los que hacemos penal y si estás más en causas federales, tenés que tener cuidado al momento de qué comunicar y qué no, justamente para que no se jorobe la prueba”. Gianni insistió en que la justicia debe actuar sin interferencias: “Dejemos de decir se dice que tiene esto, esto, esto, porque en el se dice mucha gente lamentablemente se lo cree y no es así”.

El uso de recursos públicos y la vara ética

Uno de los ejes más discutidos fue el uso de recursos oficiales en viajes privados, especialmente el traslado de la esposa de Adorni en avión estatal. Al respecto, Gianni recordó: “No hubo delito”.

Al ser consultada sobre la moralidad del hecho, reiteró que la causa fue archivada: “Archivaron”. Al insistirle si ella habría hecho lo mismo, replicó: “Desconozco los motivos de por qué subió la mujer al avión. Entonces, no te puedo dar una opinión. Desconozco”.

Para Gianni, la vara ética debe medirse por igual y no solo a partir de lo mediático: “Si yo encuentro a alguien dentro de mi gabinete choreando, lo primero que hago es pegarle una patada en el orto”, citó sobre la postura de Javier Milei ante hechos comprobados de corrupción.

El cruce se intensificó cuando se debatió el cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada. Gianni justificó la medida: “No se puede hacer eso. Estaban espiando. En cualquier país del mundo eso no está bien”. Ante la objeción sobre el alcance de la sanción, sostuvo: “Se redefinieron las reglas para justamente evitar que esto vuelva a suceder. Pero no me podés minimizar el hecho de que se puso los lentes. No está bueno eso”.

Internas libertarias y estrategia electoral hacia 2027

La entrevista incluyó la reacción de Gianni ante la publicación de un comunicado del PRO y la posibilidad de fractura en la alianza opositora de cara a las próximas elecciones. “Reclaman, se quejan, pero qué sé yo, te puedo decir que está bastanteee de ida el PRO”, ironizó.

Pese a las tensiones, la concejal aseguró que La Libertad Avanza mantiene el rumbo: “Nosotros como espacio político tenemos sí un norte claro, que es ir a ganar la provincia de Buenos Aires... Estamos más comprometidos que nunca, escuchando a los vecinos y dando esa batalla cultural en provincia de Buenos Aires”.

Sobre los desacuerdos internos entre militantes libertarios y legisladores, Gianni minimizó el alcance: “No, será una interna que tiene él con diferentes muchachos militantes, pero qué sé yo... Queda más en las redes”.

La concejal concluyó reafirmando la confianza en el proceso judicial y la idea de que, si existen pruebas, el gobierno actuará en consecuencia: “Javier (Milei) fue clarísimo. A ver, Manuel (Adorni) es inocente... Si yo encuentro a alguien dentro de mi gabinete choreando, lo primero que hago es pegarle una patada en el orto. Y lo ha hecho en infinidad de ocasiones cuando se encontraron a funcionarios que no estaban haciendo bien las cosas y se los apartaron de inmediato”.

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La Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado una sentencia que marca un precedente en el mercado inmobiliario español al reconocer que el alquiler de una habitación constituye una vivienda a todos los efectos legales.

Según la resolución, la persona que arrienda una habitación dispone de los mismos derechos de prórroga forzosa que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), incluso si solo ocupa una parte del inmueble y comparte zonas comunes con otros inquilinos.

El tribunal considera que lo determinante para calificar un arrendamiento como vivienda es que el espacio cubra “la necesidad permanente de vivienda”, aunque no se disponga del uso exclusivo de todos los servicios esenciales de la casa. Esta interpretación protege a quienes residen de forma estable en habitaciones arrendadas y les otorga garantías similares a las de quienes alquilan una vivienda completa.

Un contrato prorrogado y una disputa legal

El caso que ha dado lugar a esta decisión judicial enfrenta a una arrendataria y a su casera en la localidad cántabra de Santoña. Ambas firmaron un contrato de alquiler por un año para una habitación con derecho al uso de zonas comunes, posteriormente prorrogado cinco meses más. Finalizado ese plazo, la propietaria solicitó el desalojo, argumentando que el contrato había concluido.

La inquilina se negó a abandonar la vivienda y defendió ante el tribunal que el acuerdo debía regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que otorga a los arrendatarios el derecho a prórrogas forzosas más allá del plazo inicial pactado, y no por el Código Civil, como sostenía la propietaria.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Santoña falló en favor de la casera, al considerar que arrendar solo una habitación no satisface de modo permanente la necesidad de vivienda.

La Audiencia Provincial amplía la protección legal

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria ha corregido ese criterio en su sentencia de apelación. Según el fallo, “se considera arrendamiento de vivienda aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino principal sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda”.

La LAU excluye expresamente los contratos celebrados por temporadas, pero no los de habitaciones si cumplen la función de residencia habitual.

En el contrato suscrito entre las partes se especifica un “destino exclusivo para alojamiento”, con prohibición de actividades comerciales o profesionales y de alojar a terceras personas. Para la Audiencia, estas cláusulas demuestran que el fin principal era satisfacer la necesidad permanente de vivienda de la arrendataria.

El tribunal subraya que el hecho de que otras habitaciones estén ocupadas por distintos inquilinos no modifica la naturaleza del contrato. “Lo esencial es la necesidad permanente de vivienda, no la exclusividad en el uso de todos y cada uno de los servicios esenciales”, recoge la sentencia.

Este fallo amplía la protección jurídica de quienes alquilan habitaciones en pisos compartidos, un fenómeno cada vez más común en ciudades españolas debido al aumento de los precios de la vivienda y a la dificultad de acceder a pisos completos.

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) ha lanzado un mensaje a los empleados públicos y a la ciudadanía en el que muestra la necesidad de combatir la corrupción y las malas prácticas dentro de las instituciones, lo que requiere un compromiso activo de quienes forman parte de la Administración.

La organización, que agrupa a altos funcionarios del Estado, considera que determinadas conductas que deterioran la confianza ciudadana en las instituciones “no pueden normalizarse ni asumirse con resignación”. En este sentido, FEDECA sostiene que la profesionalidad en el sector público no consiste únicamente en cumplir con el trabajo diario, sino también en actuar cuando se detectan irregularidades.

La federación insiste, en un comunicado, en que la función pública profesional constituye uno de los principales frenos frente al abuso, la arbitrariedad y el enchufismo. Según defiende la organización, cuando el acceso a los puestos públicos se produce mediante criterios de mérito y capacidad, disminuye notablemente el riesgo de prácticas irregulares dentro de la Administración.

En contra del enchufismo y las designaciones “discrecionales”

La organización advierte de que existen ámbitos del sector público donde predominan sistemas de designación que no responden a criterios estrictamente profesionales. FEDECA señala especialmente a determinadas entidades y empresas públicas donde, según denuncia, continúan produciéndose nombramientos discrecionales alejados de la lógica meritocrática.

Para la federación, reforzar los mecanismos profesionales de acceso y promoción en la Administración es la mejor herramienta para prevenir la corrupción. Por ello, reclama extender los criterios de mérito y capacidad también a los puestos directivos de organismos públicos.

La entidad considera que debilitar la función pública profesional supondría aumentar el riesgo de malas prácticas y deteriorar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones. En cambio, apostar por estructuras más transparentes y profesionalizadas contribuiría, según FEDECA, a mejorar la calidad democrática y la protección del interés general.

Llamamiento directo a los empleados públicos

Uno de los puntos centrales del comunicado de FEDECA es el llamamiento expreso a los empleados públicos para denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento dentro de la Administración.

La organización anima a informar sobre posibles casos de corrupción, malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo, problemas de accesibilidad o incumplimientos relacionados con la conciliación laboral y familiar.

Según la federación, la defensa de unos servicios públicos “de calidad y eficientes” también pasa por asumir esta responsabilidad profesional y no permanecer en silencio ante situaciones irregulares.

El mensaje busca reforzar la idea de que los funcionarios no solo desempeñan tareas administrativas, sino que también cumplen un papel esencial como garantes del correcto funcionamiento de las instituciones públicas.

Canales seguros y confidenciales para denunciar

FEDECA recuerda además que actualmente existen diferentes mecanismos que permiten presentar denuncias con garantías de confidencialidad y protección para los informantes. Entre ellos destaca el denominado Canal del Informante, habilitado en las intranets de ministerios y organismos públicos para comunicar posibles irregularidades de forma segura.

La organización también subraya el papel que pueden desempeñar asociaciones profesionales y sindicatos, que ofrecen asesoramiento y acompañamiento a quienes deciden denunciar situaciones irregulares dentro de la Administración.

Asimismo, recuerda que existe la posibilidad de acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada precisamente para reforzar las garantías de quienes comunican casos de corrupción o malas prácticas. Reclama además a ministerios y organismos públicos que actúen “con diligencia y rigor” cuando tengan conocimiento de este tipo de denuncias.

El principal dique frente a la corrupción

La federación presidida por Ana Ercoreca de la Cruz ha querido también enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores públicos. La organización asegura que la inmensa mayoría de los empleados públicos representan “el principal dique de contención frente a la arbitrariedad, el abuso y la corrupción”. En este sentido, reivindica el papel de la función pública profesional como una pieza clave para garantizar la estabilidad institucional y la defensa del interés general.

FEDECA incide en que reforzar la profesionalización de la Administración no solo mejora el funcionamiento interno de los organismos públicos, sino que también fortalece la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a 2 años y 10 meses de cárcel al matrimonio alemán que encerró durante casi tres años y medio a sus tres hijos en una casa ubicada a las afueras de Oviedo. El tribunal les considera culpables de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, por el que les impone una pena de 2 años y 4 meses; y un delito de abandono de familia, castigado con 6 meses de prisión por el tribunal.

La pareja, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad (alemana y estadounidense), mantuvo encerrados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años por un “miedo infundado” a que se contagiasen durante la pandemia de la Covid-19. Los niños, dos gemelos de ahora 9 años y su hermano mayor de 11 años, fueron encontrados por las autoridades en un escenario de insalubridad extrema.

La Fiscalía pedía 25 años de cárcel para cada uno de los progenitores por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, abandono de familia y detención ilegal. Finalmente, el tribunal ha rebajado la pena a 2 años y 10 meses por los delitos de violencia y abandono, pero les ha absuelto del delito de detención ilegal.

Ambos progenitores estarán inhabilitados durante 3 años y 4 meses para ejercer la tutela o patria potestad, tiempo durante el que tampoco podrán comunicarse con sus hijos. Asimismo, tendrán que indemnizar a cada uno de los menores con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La “casa de los horrores” de Oviedo

En octubre de 2021, el matrimonio alemán alquiló un chalet en una zona rural dentro del concejo ovetense. Desde el exterior, el inmueble parecía deshabitado, pero dentro se ocultaba la familia con sus tres niños, que permanecieron encerrados hasta abril de 2025.

El caso se destapó tras la denuncia de una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de Oviedo el 14 de abril de 2025. El aviso propició un operativo policial que logró liberar a los tres menores de edad. Según describieron los agentes, los niños, dos gemelos de 8 años y un niño de 10, se encontraban con mascarillas y pañales dentro del hogar, en estancias con basura acumulada, excrementos y sin condiciones mínimas de higiene. Por ello, el domicilio fue apodado como la “casa de los horrores”

Los menores, que se comunicaban entre ellos en inglés, no estaban escolarizados, aunque no se sabe si recibían alguna educación dentro de la casa; ni recibían atención médica regular. Una vez liberados, los niños quedaron bajo la tutela del Gobierno regional y se encuentran ingresados en un centro de menores, donde permanecerán provisionalmente mientras se valora su situación para determinar las posibles secuelas que les haya dejado el largo encierro y la falta de contacto con el exterior. Mientras, los padres han permanecido el último año en prisión provisional.

Durante el proceso judicial, el matrimonio ha defendido que actuó siempre por el interés de sus hijos y “desde su convicción y desde su corazón”, según el abogado Javier Muñoz.

En un caso en el que un relaciones públicas de una discoteca del sur de Tenerife ha sido condenado por agresión sexual, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha acordado abrir una pieza separada para depurar posibles responsabilidades contra su abogado defensor, tras detectar que el recurso presentado ante la Sala contenía referencias a “sentencias inventadas”.

La decisión figura en una resolución en la que este tribunal confirma íntegramente la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años en un centro comercial de Arona, en Tenerife, durante la madrugada del 15 de octubre de 2022.

La Sala de lo Civil y Penal introduce la cuestión en el análisis del recurso de apelación planteado por la defensa. En uno de los fundamentos jurídicos, los magistrados rechazan los argumentos del letrado sobre supuestas contradicciones en el relato de la víctima y califican la construcción del recurso como “un ejercicio de puro voluntarismo jurídico”.

“Adornado con citas de sentencias inventadas”

A continuación, añaden que dicho escrito aparecía “adornado con citas de sentencias inventadas”, una afirmación que desemboca en la apertura de actuaciones específicas para examinar la conducta profesional del abogado.

La resolución establece expresamente que se forme una pieza separada “a fin de depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir el letrado”, al amparo del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La referencia a las sentencias inexistentes aparece en un tramo de la resolución en el que los magistrados revisan los motivos de apelación planteados por la defensa. El abogado había cuestionado la credibilidad de la víctima y sostenía que existían contradicciones relevantes en sus declaraciones acerca de la dinámica de los hechos, la forma de abandonar el lugar o determinados detalles de la agresión. El tribunal responde que las diferencias detectadas afectan únicamente a aspectos accesorios y no alteran el núcleo esencial del relato, que considera persistente y coherente desde el primer momento.

La Sala sostiene además que la condena no se apoyó únicamente en la declaración de la denunciante, sino también en distintos elementos de corroboración objetiva. Entre ellos menciona las lesiones apreciadas por los médicos y el forense, las pruebas biológicas practicadas sobre la ropa interior de la víctima, los testimonios de los agentes de Policía Nacional que acudieron al lugar y el estado emocional que presentaba la joven poco después de los hechos.

Una indemnización de 15.000 euros

En cuanto al caso principal, los hechos probados describen que cerca de las 4:00 de la madrugada del 15 de octubre de 2022, el condenado invitó a la menor de edad a ingresar al centro comercial cercano al local nocturno. Allí, según la sentencia, la llevó a una habitación, donde la agredió sexualmente con violencia e intimidación y le provocó diversas lesiones, pese a la oposición expresa de la joven durante todo el episodio.

Las pericias forenses detectaron hematomas, erosiones vaginales y perianales compatibles con la agresión, lesiones que la mantuvieron siete días en recuperación médica. Además, los análisis de ADN confirmaron una coincidencia prácticamente incuestionable entre restos recuperados y perfiles del acusado y la víctima. La joven fue auxiliada poco después en la vía pública.

Por esto, el autor ha sido condenado a cuatro años de prisión, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima durante cinco años, una multa de 180 euros por lesiones leves y una indemnización de 15.000 euros por daños morales y otros 350 por los gastos de sanidad de la víctima.

Pedir un abogado de oficio no significa automáticamente que el servicio vaya a salir gratis. Tampoco implica que el profesional asignado sea peor que uno contratado de forma particular. Es una confusión habitual que la abogada Lucía Menéndez (@luciamenendezabogada en sus redes sociales) ha aclarado en un vídeo publicado en TikTok, donde insiste en que conviene diferenciar dos conceptos que muchas veces se mezclan: el abogado de oficio y la justicia gratuita.

“Un abogado de oficio no significa que sea malo y gratis”, explica la letrada al comienzo del vídeo. Según señala, “una cosa es tener un abogado de oficio y otra es tener derecho a la justicia gratuita”. La diferencia no es menor, porque de ella puede depender que el ciudadano tenga que pagar o no los honorarios del profesional que le ha sido asignado.

No siempre sale gratis

El turno de oficio es el sistema por el que los colegios de abogados designan a un profesional cuando una persona necesita defensa o asistencia letrada y no acude con un abogado elegido por ella. La justicia gratuita, en cambio, es un derecho reconocido a quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar, según recoge la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Esta norma establece que la solicitud se tramita ante el Colegio de Abogados correspondiente o ante el juzgado del domicilio del solicitante, que debe remitirla al colegio competente.

Menéndez lo resume de forma sencilla: “Cuando solicitas o te ponen un abogado de oficio, el colegio te asigna uno que tú no eliges, y es ahí cuando te solicitan el derecho a la justicia gratuita”. Es decir, la designación del abogado y el reconocimiento del beneficio económico no son exactamente lo mismo ni se conceden de forma automática.

Se revisa la situación económica

Para saber si una persona tiene derecho a la justicia gratuita, se revisa su situación económica. Este servicio busca garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos suficientes. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid recuerda que su gestión está encomendada a los colegios profesionales.

Por eso, la abogada advierte de que puede ocurrir algo que muchos ciudadanos desconocen: “Se revisa tu situación económica para determinar si tienes derecho o no a la justicia gratuita, porque puede ser que al abogado de oficio que te han asignado luego tengas que pagarlo igual que uno de designación particular”.

En la práctica, esto significa que una persona puede tener un abogado asignado por el turno de oficio, pero no cumplir los requisitos para que el Estado asuma el coste. En ese caso, tendrá que abonar sus honorarios.

Elegir abogado también permite tener más control

La abogada también llama la atención sobre otro aspecto: cuando se acude al turno de oficio, el ciudadano no escoge al profesional concreto que llevará su asunto. “A veces, por pensar que nos vamos a ahorrar dinero, elegimos al abogado de oficio sin pensar que puede ser que no sea así”, señala.

Frente a esa opción, Menéndez recuerda que contratar a un abogado de designación particular permite decidir quién se encargará del caso. “Eligiendo un abogado de designación particular, tenemos control sobre quién va a llevar nuestro caso y todo el seguimiento que tiene detrás”, explica.

Su mensaje final es claro: antes de tomar una decisión, conviene informarse bien. “Es importante entender que abogado de oficio y justicia gratuita no son lo mismo y valorar qué opción encaja mejor en tu caso”, concluye.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de asilo y de residencia humanitaria presentada por un ciudadano venezolano que argumentaba haber huido de su país por la crisis política, social y económica. La sentencia sostiene que no se cumplen los requisitos legales para conceder ninguno de los tipos de protección solicitados y ratifica la negativa previa del Ministerio del Interior.

La defensa del solicitante venezolano sostuvo que la situación general de Venezuela justifica el asilo y que se vulneraron derechos al denegar la protección. Por su parte, el Ministerio del Interior y la Administración General del Estado ratificaron que la negativa inicial fue legal, ante la falta de evidencias directas de persecución o peligro inminente al regresar a Venezuela.

La principal razón del rechazo ha sido que “no ha quedado acreditada la existencia de persecución ni un temor fundado de sufrirla”, según recoge la sentencia. Este tribunal subraya que la solicitud se basó en problemas de “escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad, insalubridad y falta de oportunidades laborales y estudiantiles” en Venezuela, motivos que no encajan en las categorías reconocidas por la Convención de Ginebra de 1951 para el asilo.

Los magistrados advierten que para otorgar la condición de refugiado, es necesario acreditar un riesgo personal de persecución por motivos como raza, religión, opiniones políticas, nacionalidad, pertenencia a grupo social, género u orientación sexual. El solicitante, según recoge el fallo, no pudo demostrar ninguna situación que encuadre bajo estos supuestos.

Denegada la protección subsidiaria

La Audiencia Nacional también ha rechazado la llamada protección subsidiaria, prevista para quienes no califican como refugiados pero afrontan en su país riesgo de “daños graves” como amenaza de muerte, tortura o violencia indiscriminada.

Para justificar este rechazo, la sentencia indica que no existe ninguna “amenaza para la vida o la integridad” del ciudadano venezolano en su país de origen, según surge de los documentos aportados y de la propia declaración del solicitante. El texto hace énfasis en que el caso no cumple con ninguno de los supuestos definidos por la ley, que solo contempla la protección si hay condenas a muerte, tortura o violencia generalizada de magnitud tal que afecte gravemente a los civiles.

En este punto, el documento afirma que “el supuesto no tiene encaje en ninguna de estas situaciones, y tampoco se acredita la existencia de amenazas para la vida o integridad”.

Deberá pagar 1.000 euros en costas procesales

En cuanto a la solicitud de residencia por razones humanitarias, una figura que la ley española permite en situaciones excepcionales al margen del sistema de protección internacional, también ha sido rechazada.

El fallo argumenta que el solicitante residió y trabajó previamente en Colombia y Ecuador, países considerados seguros, antes de llegar a España. Según la resolución, “no hay razones suficientemente fundadas para otorgar la autorización de residencia en España” bajo este régimen.

El texto resalta que la normativa permite conceder residencia humanitaria, pero solo cuando existen circunstancias personales específicas que impliquen vulnerabilidad. La sentencia indica que “la inexistencia de vulnerabilidad está documentada en el expediente”, por lo cual no corresponde otorgar este tipo de permiso.

De esta manera, el fallo impone las costas judiciales al solicitante, con un tope de 1.000 euros, y recuerda que la resolución puede recurrirse ante la misma sala mediante un recurso de casación, que debe presentarse en un plazo de 30 días.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado la petición de un fotógrafo autónomo de 63 años que reclamaba una pensión por incapacidad permanente absoluta. La decisión ha concluido que su estado de salud no le impide trabajar en tareas sedentarias y livianas.

El afectado se dedicaba a la fotografía deportiva y de eventos y pidió a la Seguridad Social el reconocimiento de una incapacidad total, lo que le habría garantizado una pensión mensual a partir de una base reguladora de 1.137,17 euros. La petición se fundamentaba en problemas serios de movilidad: tras dos operaciones de cadera (la última en noviembre de 2022) y prótesis en ambas piernas, el hombre sufrió lesiones nerviosas, parestesias (sensación de adormecimiento) en el pie, y persistente dificultad para mantenerse de pie o movilizarse largas distancias.

Entre las pruebas incorporadas figuran varios informes médicos de hospitales y clínicas. Uno de ellos señala que tras la intervención, el paciente “no puede realizar su trabajo, porque la fotografía deportiva requiere permanecer muchas horas en cuclillas y conducir, y también tenía que hacer un trabajo de presas que ha tenido que dar a otra persona”.

Se registró además que, pese a manifestar avances en la movilidad de cadera, el fotógrafo presentaba “evolución tórpida persistiendo parestesias en el miembro inferior izquierdo, condicionando marcha inestable”. En un segundo estudio neurológico, se detectó “afectación de los nervios tibial y peroneal común izquierdos de tipo mixto e intensidad moderada”.

Sin embargo, un examen físico clave fue el realizado en julio de 2025, en el que el trabajador mostró capacidad de marcha normal, estabilidad al pararse en un solo pie y fuerza muscular conservada, excepto en la extensión de un dedo del pie. Los médicos descartaron signos activos de deterioro o denervación muscular.

Está capacitado para otro tipo de trabajos menos demandantes

De esta manera, el fallo de instancia consideró que las secuelas objetivas no impedían al afectado realizar todos los trabajos posibles. El rechazo se centró en que, si bien no puede cumplir tareas físicas exigentes como la fotografía deportiva, sí mantiene aptitud para otras actividades laborales menos demandantes, como las sedentarias u oficinas.

Los jueces sostuvieron que “la repercusión funcional del cuadro no tiene la necesaria entidad para determinar el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad”, una categoría que la ley reserva solo para aquellas personas imposibilitadas de trabajar en cualquier empleo, incluso los que impliquen esfuerzo mínimo.

Para justificar el rechazo, la sentencia recordó que la incapacidad absoluta solo se da cuando un trabajador “carece en toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral”, o bien “cuando pueda ejercer alguna tarea, pero no con un mínimo de profesionalidad y rendimiento que requiere el mundo del trabajo”.

Una pensión de más de 1.137 euros

La defensa del trabajador sostuvo que las limitaciones físicas crónicas, sumadas al dolor y al riesgo de caídas, hacen inviable mantener cualquier tipo de trabajo sistemático, aún sedentario. Insistió en que las tareas de fotografía, y también las que implican traslados o jornadas prolongadas, quedan fuera de su alcance, y que “el desarrollo de una actividad, aunque sea liviana, exige asistir diariamente al lugar de trabajo y permanecer toda la jornada”, algo que en su estado considera imposible.

Por su parte, la administración fundamentó que las patologías y limitaciones detalladas “no afectan el desempeño en empleos de exigencia baja” y que el hombre, incluso, ya era reconocido como pensionista jubilado a partir del 24 de febrero de 2024, lo que refuerza la viabilidad de la denegación.

Con estos argumentos, el TSJ de Cantabria ha mantenido la misma conclusión que el primer fallo, denegándole la incapacidad permanente total, al argumentar que el acceso a la pensión por incapacidad del grado absoluto, más de 1.137 euros, un 23% más que la base de muchas pensiones mínimas en España, queda reservado para casos en que ningún empleo resulta posible.

La sentencia subraya que el afectado puede desarrollar alguna tarea, siempre que se adapte a su condición física, y que “no consta la concurrencia de limitaciones que impidan afrontar cualquier prestación de servicios laborales con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia”.

El Tribunal de Apelación de París ha dictado sentencia contra una pareja de Alta Córcega (Córcega) este jueves, 7 de mayo, por haber cometido un delito de suplantación de identidad en la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Los hechos se remontan a 2024, cuando Juliette A., de 48 años, y Laurent A., de 42, incluyeron el nombre de la primera dama francesa, Brigitte Macron, en su declaración de la renta en el apartado de “otros dependientes discapacitados”.

Junto a ella, los infractores también mencionaron a todos los miembros del gobierno, los parlamentarios, el jefe de Estado y el presidente de Ucrania. Sin embargo, en el caso de Brigitte le atribuyeron el nombre de “Sr. Trogneux Jean-Michel, conocido como Brigitte”, tal y como ha informado Le Figaro. Desde que modificaron el nombre de la primera dama en la base de datos, el Tribunal Correccional de París ha condenado a otras personas por ciberacoso a Brigitte. Aunque los acusados solo cumplirán condena de cuatro a ocho meses si reinciden en sus actividades, sí que han tenido que indemnizar a la primera dama con 10.000 euros por daños morales.

Mientras que en el caso de Juliette y Laurent, el fallo del Tribunal Penal de París absolvió a los de Alta Córcega al considerar que no existió robo de identidad, ya que no intentaron acceder al espacio personal de Brigitte Macron. En cambio, el Tribunal de Apelación sí que ha considerado la probación de la responsabilidad penal de la pareja. Debido a ello, ha dictado cuatro meses de prisión condicional para Juliette A. y tres meses para Laurent A., además de restringir su derecho al voto los próximos dos años.

“Lucho contra esto constantemente”

El caso de la pareja de Córcega se inscribe en una serie de ataques digitales y campañas de desinformación dirigidas contra la esposa del presidente francés. Parece ser que Brigitte Macron se ha convertido en blanco frecuente de ciberacoso sexista y campañas de rumores, especialmente aquellas que cuestionan su identidad de género y su relación con Emmanuel Macron.

En enero, un tribunal penal de París impuso penas de prisión a varios individuos, entre ellos la escritora Aurélien Poirson-Atlan, la autoproclamada “vidente” Amandine Roy y el galerista Bertrand Scholler, por insultos y difamaciones relacionados con la figura de la primera dama. Tras ello, la primera dama francesa dio una entrevista para el TF1 en la que describió el impacto personal y familiar de estos ataques: “Lucho contra esto constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a combatir el acoso. Pero si no doy el ejemplo, va a ser difícil”.

La esposa de Macron detalló también que incluso sus nietos han sufrido la difusión de rumores sobre su identidad, subrayando el alcance de la desinformación en el entorno digital y su efecto en la vida privada. Por el momento, el matrimonio Macron mantiene acciones legales en Francia y en Estados Unidos contra quienes han propagado teorías conspirativas y mensajes difamatorios. De este modo, la sentencia contra la pareja de Alta Córcega refuerza el mensaje de las autoridades francesas sobre la gravedad de los delitos de suplantación de identidad y acoso digital, en un contexto de creciente preocupación por la protección de figuras públicas y la integridad de los datos personales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado el despido disciplinario de una gerocultora de la residencia de mayores Mamá Margarita de la localidad de Béjar (Salamanca), tras considerar acreditado un grave incumplimiento de sus funciones la noche del 24 al 25 de septiembre de 2024. El fallo ha sido emitido tras analizar los argumentos de ambas partes en las que se han enfrentado la trabajadora contra la empresa Resister Bienestar S.L.

Según consta en la resolución, la trabajadora no realizó esa noche los controles mínimos previstos en el protocolo de la residencia, que exigen recorrer las habitaciones de los residentes cada dos horas y cambiar aquellos pañales que correspondan por razones higiénicas y sanitarias.

Como prueba, la empresa aportó fotografías tomadas por la coordinadora de la residencia al comenzar el turno de la mañana. Según se detalla en la sentencia, al llegar a la habitación de una de las residentes, encontraron el pañal, las sábanas y hasta la almohada mojados con orina. En esa misma noche, la afectada no dejó ninguna anotación en el libro de incidencias, una herramienta básica para seguir la atención diaria que reciben los pacientes.

La trabajadora “se queda dormida” durante la jornada

En la carta de despido, la empresa también añadió que recibió varios avisos de empleados y residentes sobre presuntos episodios en los que la trabajadora se “queda dormida” durante la jornada o no aparecía por las habitaciones que tenía a su cargo.

La dirección consideró, además, que esta desatención exponía a los residentes a riesgos severos, como infecciones, hipotermia y complicaciones médicas evitables. Un dato clave presentado por la empresa fue, según su relato, una confesión atribuida a la propia trabajadora del 25 de octubre de 2024, en la que admitía que no se había leído el protocolo.

La carta de despido calificó estas conductas como “falta muy grave” en los términos de la legislación laboral española y del convenio colectivo, lo que autorizó a la empresa a prescindir “de forma inmediata” de sus servicios sin indemnización.

Su puesto supone una obligación “activa y diligente”

La afectada impugnó el despido, sosteniendo ante los jueces que las acusaciones no estaban acreditadas, que en ningún momento descuidó a los residentes, y que, si hubo alguna omisión puntual, no existió daño cierto ni riesgo acreditado para la salud de los adultos mayores bajo su cuidado. A esto añadió que la sanción era desproporcionada y que en todo caso debería haberse aplicado una advertencia o reprimenda menor, y no el despido extremo.

Sin embargo, los magistrados del TSJ de Castilla y León han confirmado la valoración de los hechos realizada en primera instancia, al considerar que las pruebas reunidas, especialmente las fotos y el testimonio coincidente de varias responsables del centro, acreditaron la desatención. El tribunal detalla que el puesto de gerocultora supone una obligación “activa y diligente”, que implica realizar rondas nocturnas y registrar las incidencias según lo marca el protocolo.

A pesar de que la defensa sostuvo la falta de “perjuicio concreto” a la residente, el tribunal ha considerado suficiente el solo riesgo probado para avalar la decisión de la empresa. A esto se suma que una de las médicas declaró en juicio que la situación observada “pudo generar complicaciones que afectaran no solo al bienestar, sino también a la salud”.

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la condena a 8 meses de prisión y 2 años y 3 meses de inhabilitación para ejercer cualquier trabajo relacionado con animales contra un veterinario y ex empleado de la residencia canina El Ferral, por la muerte de una perra que estaba bajo su cuidado. La sentencia ratifica así la decisión original del Juzgado Penal N°1 de León, tras rechazar el recurso presentado por el acusado.

Los hechos se remontan al 25 de agosto de 2022, cuando el propietario del animal dejó a la perra de la raza Rottweiler en la residencia canina El Ferral, situada en Ferral de Bernesga, dentro del partido judicial de León. Según recoge la resolución judicial, el animal padecía un osteosarcoma y necesitaba medicación pautada, aunque en el momento de su ingreso presentaba un estado general considerado bueno.

La residencia estaba dirigida por una gerente absuelta posteriormente en el procedimiento, mientras que el cuidado diario del animal quedó bajo la responsabilidad de un empleado con titulación universitaria en veterinaria, contratado en aquel momento como auxiliar administrativo.

Dejó de proporcionarle alimento, agua y medicamentos

Durante los días en los que permaneció en el centro, el trabajador dejó de proporcionarle alimento, agua y la totalidad de la medicación prescrita, además de mantenerla, según la sentencia, en condiciones higiénicas y sanitarias deficientes. El propietario recogió a la perra el 29 de agosto y comprobó un deterioro físico severo.

El animal presentaba un cuadro avanzado de desnutrición, deshidratación y suciedad, junto con numerosas lesiones distribuidas por distintas partes del cuerpo. Entre ellas figuraban dermatitis generalizada, inflamaciones en varias extremidades, heridas abiertas con tejido necrótico y purulento, abscesos subcutáneos, fístulas y la presencia abundante de larvas de mosca en una de las zonas afectadas. También se detectaron lesiones graves en la lengua y exposición de tendones y estructuras musculares en una de las patas traseras.

El deterioro continuó agravándose tras abandonar la residencia hasta que la perra falleció el 6 de septiembre de 2022. Los informes veterinarios incorporados a la causa concluyeron que el animal sufría una infección generalizada severa, con daños importantes en órganos vitales como los riñones, el estómago y el aparato digestivo y los análisis practicados revelaron úlceras graves y un cuadro compatible con insuficiencia renal avanzada.

Perdió seis kilos en pocos días

Uno de los aspectos destacados por el tribunal fue la pérdida de seis kilos en apenas unos días, circunstancia que los peritos relacionaron con una atención veterinaria insuficiente y con la falta de cuidados básicos durante la estancia en el centro canino.

En primera instancia, el juzgado condenó al trabajador a ocho meses de prisión por un delito de maltrato animal, además de imponerle dos años y tres meses de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con animales o para su tenencia. También fue condenado al pago de la mitad de las costas procesales y a indemnizar al propietario con 200 euros, cantidad fijada como valor pericial del animal.

La defensa recurrió posteriormente la condena alegando que no existía una prueba directa de maltrato y cuestionando que la muerte pudiera vincularse de forma concluyente con la actuación del acusado. También sostuvo que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la prueba, al considerar que una prueba propuesta inicialmente como pericial había sido tramitada como testifical. De forma subsidiaria, solicitó la reducción de la pena y la eliminación de la inhabilitación profesional.

Una “constante y continuada despreocupación”

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha rechazado todos los argumentos del recurso, dando especial relevancia al testimonio del veterinario que trató al animal antes y después de su estancia en la residencia y que ratificó los informes médicos incorporados al procedimiento.

Los magistrados han considerado acreditado que el acusado ocupaba una “posición de garante” respecto al bienestar del animal y sostuvieron que el delito podía cometerse también por omisión, es decir, mediante la falta continuada de cuidados básicos. La sentencia señala que no era necesario demostrar un maltrato intencionado directo, sino que bastaba con acreditar una “constante y continuada despreocupación” sobre el estado del perro durante los días en que permaneció bajo su responsabilidad.

La resolución también ha rechazado la petición formulada por la acusación particular para que se revocara la absolución de la gerente de la residencia. La Audiencia recuerda que la legislación procesal vigente impide transformar una absolución en condena en segunda instancia sin solicitar previamente la nulidad del juicio y sin cumplir determinados requisitos legales relacionados con la valoración de la prueba.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena impuesta a una administrativa del Centro de Salud de Alsasua por acceder de forma reiterada y sin autorización a los historiales médicos de su hija y de tres de sus nietos menores de edad. La resolución ratifica íntegramente la sentencia dictada en enero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que le impuso un total de ocho años de prisión y 16.800 euros de multa por cuatro delitos continuados de revelación de secretos.

Según recoge la sentencia, la mujer accedió de manera continuada e injustificada a la información médica de sus familiares entre mayo de 2021 y mayo de 2024. En concreto, consultó en 677 ocasiones la historia clínica de su hija y realizó otros 263, 275 y 114 accesos a las historias médicas de sus tres nietos, dos niños y una niña. Asimismo, imprimió informes médicos en 122 ocasiones.

El tribunal considera acreditado que todos esos accesos se produjeron al margen de cualquier función profesional o necesidad asistencial. La Audiencia Provincial ya dio por probado que la acusada actuó “por motivos ajenos a sus funciones profesionales, sin justificación asistencial y sin contar con autorización ni consentimiento” de la madre de los menores.

Un trastorno de control de impulsos

La sentencia también recoge que, en el momento de los hechos, la funcionaria estaba diagnosticada de un trastorno adaptativo y un trastorno de control de impulsos. Según los magistrados, estas patologías afectaban de forma leve a sus facultades volitivas, circunstancia que fue tenida en cuenta como atenuante, aunque sin eliminar su responsabilidad penal.

La defensa había solicitado la absolución al entender que debía aplicarse la eximente completa de alteración psíquica, al sostener que la acusada sufría un trastorno disociativo que anulaba plenamente su capacidad de comprender y controlar sus actos. Sin embargo, el TSJ de Navarra ha descartado esta posibilidad y ha respaldado la valoración realizada por la Audiencia Provincial.

“A la vista de la prueba practicada en el acto del juicio, esta Sala, al igual que la Audiencia Provincial en su sentencia, no alberga duda alguna de que la acusada difundió datos ilegalmente obtenidos con los accesos a las historias médicas de su hija y sus nietos menores de edad”, señala la resolución.

Los magistrados también rechazan la existencia de la amnesia asociada al supuesto trastorno disociativo alegado por la defensa. Para el tribunal, resulta incompatible sostener que la acusada no recordaba sus actos cuando fue ella misma quien difundió a terceras personas datos obtenidos de las historias clínicas consultadas ilegalmente.

Con esta resolución, este tribunal confirma íntegramente las penas impuestas en primera instancia y da por acreditado que la funcionaria vulneró de forma reiterada la intimidad y confidencialidad de los datos médicos de sus propios familiares durante casi tres años.

20 años sin poder comunicarse con sus familiares

En concreto, la condenada ha sido castigada con dos años de prisión y 4.200 euros de multa por cada uno de los cuatro delitos, ya que el tribunal ha apreciado en su favor las atenuantes simples de reparación del daño y anomalía o alteración psíquica.

Además de las penas de cárcel y multa, la resolución establece la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de sus familiares víctimas durante un total de 20 años, cinco por cada delito cometido. También se le ha impuesto una pena de siete años de inhabilitación por cada uno de los delitos continuados de revelación de secretos.

En concepto de responsabilidad civil, la mujer deberá indemnizar a su hija con 25.000 euros por el daño moral causado y con 10.000 euros a cada uno de sus tres nietos. Del total fijado se descontarán los 24.000 euros que ya habían sido consignados previamente, por lo que deberá abonar finalmente 31.000 euros.

En la provincia de Salta, un joven de 25 años recibió una condena de seis meses de prisión efectiva por violencia de género a su expareja, tan solo 24 horas después de la denuncia presentada en su contra. El caso se resolvió bajo el nuevo Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520), que establece procedimientos más ágiles para la tramitación de causas penales.

La investigación estableció que lo hechos ocurrieron el 7 de mayo en una residencia de Villa Soledad, donde vivia la mujer. Allí, el acusado inició una discusión relacionada con su hijo menor y en medio de la pelea, el hombre agredió físicamente a su expareja y a la madre de ella. Además, durante el conflicto, lanzó amenazas de muerte en dos oportunidades y ocasionó daños en la puerta de la vivienda.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el proceso fue encabezado por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, quien formalizó la acusación contra el imputado tras los hechos ocurridos en la ciudad de Salta. La condena se definió en el marco de un juicio abreviado, acuerdo que fue homologado por la jueza Gabriela Romero Nayar.

Durante la audiencia, fue imputado por: lesiones leves agravadas por el género en perjuicio de la madre de su expareja, además de dos hechos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, dos hechos deamenazas y daños. La Fiscalía encuadró los hechos en concurso real y fundamentó la acusación en las denuncias de las víctimas, informes policiales y certificados médico-legales incorporados a la causa.

El acusado admitió su responsabilidad ante la jueza y aceptó los cargos por los dos episodios de amenazas y daños materiales. De esa manera, asistido por la Defensoría Oficial Penal 8, renunció junto con su defensa y el fiscal al derecho de apelar la sentencia.

El fallo judicial dispuso el traslado del joven a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó que reciba tratamiento para adicciones y asistencia psicológica específica para el control de impulsos violentos. Además, la jueza ordenó notificar a las víctimas sobre la resolución y remitir las actuaciones pertinentes para el cómputo de la pena y los trámites administrativos correspondientes.

La sentencia declaró reincidente al acusado por segunda vez, lo que fue considerado en la determinación de la condena. El Ministerio Público Fiscal destacó que el uso del juicio abreviado, permitido por el nuevo Código Procesal Penal, facilitó la resolución del caso en menos de 24 horas desde la denuncia.

El nuevo Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal de Salta, Ley 8520, entró en vigencia el 4 de mayo de 2026, con el objetivo de modernizar el sistema de administración de justicia penal en la provincia. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la agilización de procesos para causas de violencia de género, la implementación de audiencias rápidas y la promoción de acuerdos abreviados cuando el imputado reconoce los hechos. El nuevo marco normativo también contempla medidas de protección inmediatas para las víctimas y mecanismos de seguimiento posterior a la sentencia.

El caso fue tomado como referencia por organizaciones que trabajan en la protección de víctimas de violencia de género en Salta, que resaltaron el impacto del nuevo Código Procesal Penal en la respuesta inmediata ante denuncias. La Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas impuestas y el avance de los tratamientos recomendados.

La causa se mantendrá bajo seguimiento judicial mientras se efectúan los trámites administrativos y se garantiza la protección de las víctimas. El Ministerio Público Fiscal reafirmó su compromiso con la aplicación efectiva del nuevo marco legal, que busca fortalecer la prevención y sanción de la violencia de género en la provincia.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador impuso una condena de diez años de prisión a Oscar Antonio Alvarado Mancía, de 54 años, por tentativa de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una joven de 22 años. La resolución se sustenta en un proceso judicial que evidenció una cadena de agresiones, incluyendo violencia económica, psicológica y emocional.

Según la investigación, Alvarado Mancía sostenía una doble vida: estaba casado y, al mismo tiempo, mantenía una relación paralela con la víctima. La joven accedió a la relación bajo promesas de matrimonio y de formar una familia. Sin embargo, la convivencia se tornó violenta cuando el imputado comenzó a exigirle jornadas laborales extenuantes sin aportar económicamente. El control y el maltrato psicológico se sumaron a la violencia económica, configurando un entorno hostil para la víctima. Frente a esta situación, la joven decidió terminar la relación tras dos años de convivencia.

El 10 de mayo de 2025, la víctima caminaba hacia su casa cuando Alvarado Mancia la interceptó en un camino rural del asentamiento El Refugio, carretera a Jayaque, en La Libertad. Aprovechando lo solitario del lugar, el agresor la esperó armado con un corvo y, al verla llegar, la atacó mientras la acusaba por haber puesto fin a la relación y la amenazaba de muerte. La víctima intentó huir al percatarse del peligro, pero el hombre la alcanzó y la agredió con el arma, causándole varias heridas. Las pericias confirmaron que la joven sufrió lesiones de defensa al intentar evadir el ataque y que, a raíz del hecho, desarrolló estrés postraumático.

Durante el juicio, el tribunal determinó que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, no solo por la diferencia de edad, sino también por el sometimiento y control ejercidos a través de violencia psicológica, emocional y económica. El juzgado valoró estos elementos como agravantes y, tras el desfile probatorio, dictó la pena de diez años de prisión para el agresor.

Penas y marcos legales en El Salvador

El Código Penal de El Salvador, en su artículo 45, establece que el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa es sancionado con penas que van desde los 10 hasta los 50 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes del caso. Además, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) contempla medidas de protección y sanciones para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia—incluyendo la económica, psicológica y emocional—contra las mujeres. Esta legislación reconoce como agravantes la relación de poder, la vulnerabilidad de la víctima y la reincidencia en conductas violentas.

La LEIV define la violencia económica como cualquier acción que limite, obstaculice o niegue el acceso de la mujer a recursos económicos, bienes o derechos laborales. La violencia psicológica se refiere a los actos que causan daño emocional, disminuyen la autoestima o buscan controlar las decisiones de la víctima. Ambas formas de violencia están penadas y constituyen fundamento para agravar las sanciones, tal como ocurrió en este caso.

La sentencia contra Alvarado Mancia subraya la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia, así como la vigencia de los marcos legales diseñados para proteger a las mujeres de la violencia en todas sus formas. El fallo envía un mensaje claro sobre la necesidad de erradicar la impunidad y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres salvadoreñas.

Las vacaciones familiares de un turista alemán en la isla griega de Kos se convirtieron en una experiencia frustrante debido a un problema que afecta a muchos complejos turísticos: la falta de tumbonas disponibles en la piscina. El hombre había pagado más de 7.000 euros por un paquete vacacional para él, su mujer y sus dos hijos, confiando en que disfrutaría de todas las comodidades prometidas. Sin embargo, desde el primer día se topó con una situación inesperada: las tumbonas estaban siempre ocupadas, incluso a las seis de la mañana, y acceder a un asiento junto a la piscina resultó imposible durante toda la estancia.

El problema de las tumbonas reservadas se ha convertido en un fenómeno internacional, conocido como “guerras de tumbonas”. A pesar de que muchos hoteles prohíben expresamente dejar toallas u objetos personales para guardar sitio, la práctica persiste y genera tensiones entre los huéspedes. En este caso, la familia alemana vio cómo sus vacaciones quedaban arruinadas por la imposibilidad de utilizar un servicio básico incluido en el paquete contratado. La situación fue tan grave que, en ocasiones, los hijos del turista tuvieron que tumbarse directamente en el suelo ante la falta de alternativas.

Descontento con la compensación inicial de 350 euros ofrecida por el operador turístico, el hombre decidió llevar el caso ante el tribunal de Hannover. La justicia reconoció el perjuicio sufrido y dictaminó que el paquete vacacional era defectuoso, ya que el operador era responsable de garantizar la disponibilidad real de tumbonas para sus clientes. Como resultado, el tribunal ordenó una indemnización de casi 1.000 euros, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las agencias de viajes frente a la experiencia efectiva de los usuarios.

La indemnización por las tumbonas

El tribunal alemán determinó que el operador turístico debía responder por la falta de tumbonas, a pesar de que la gestión del hotel no dependía directamente de la agencia. La sentencia se basó en el principio de que el paquete vacacional vendido incluía el uso de las instalaciones, y que el cliente tenía derecho a disfrutar de todos los servicios anunciados. El juez fue contundente al señalar que la agencia no puede desvincularse de su obligación de garantizar la experiencia prometida, incluso si el problema surge por la actuación de un tercero como el hotel.

El fallo ordenó al operador turístico el pago de 986,70 euros en concepto de indemnización, una cifra que refleja la magnitud del daño causado a la familia. El tribunal valoró especialmente el hecho de que el turista intentó reiteradamente acceder a una tumbona, levantándose cada día a las seis de la mañana sin ningún éxito. La imposibilidad de disfrutar de la piscina, un servicio básico para unas vacaciones en un resort, constituyó un defecto grave en el cumplimiento del contrato. Esta resolución no solo compensa al afectado, sino que obliga a los operadores turísticos a revisar sus políticas y garantizar que los servicios promocionados estén efectivamente disponibles para los clientes.

Las consecuencias negativas en el turismo

El caso pone de manifiesto una problemática habitual en los complejos turísticos internacionales: la escasez de tumbonas y la reserva anticipada por parte de los huéspedes, que genera tensiones y puede arruinar la experiencia vacacional. Aunque la mayoría de los hoteles prohíben dejar toallas para guardar sitio, la aplicación laxa de esta norma favorece que algunos clientes acaparen los asientos desde primera hora, en detrimento del resto de usuarios. Situaciones como la vivida por la familia alemana son cada vez más frecuentes y han llevado a quejas, protestas y, como en este caso, demandas judiciales.

La sentencia del tribunal de Hannover sienta un precedente relevante para el sector turístico. Las agencias y operadores deberán extremar la vigilancia sobre el cumplimiento de los servicios ofertados en sus paquetes y ser claros en la información que proporcionan a los clientes. Además, el fallo puede animar a otros viajeros a reclamar sus derechos cuando los servicios contratados no se prestan adecuadamente, presionando a hoteles y agencias para mejorar la gestión y evitar conflictos en el futuro. En definitiva, el caso pone sobre la mesa la importancia de garantizar que las vacaciones cumplan realmente con las expectativas generadas por la oferta comercial.

A partir de un nuevo fallo de la Justicia porteña, los conductores de aplicaciones de transporte deberán cumplir una serie de requisitos para poder seguir circulando en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo llegó tras más de diez años de litigio.

La sentencia establece que los choferes de Uber, DiDi y Cabify deberán ajustarse a las mismas exigencias que hoy rigen para taxis y remises. Es objetivo es corregir la desigualdad normativa existente, por lo que se mantendrá vigente hasta que se sancione una legislación específica para las plataformas digitales de transporte.

En la práctica, esto implica un cambio significativo para quienes trabajan con estas aplicaciones: deberán contar con licencia profesional y contratar seguros especiales para desarrollar la actividad.

Por otro lado, los jueces Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín resolvieron que el Gobierno porteño no podrá seguir cobrando aranceles administrativos a taxistas, salvo en casos de infracciones, hasta que exista un esquema regulatorio equitativo.

Además, la administración de la Ciudad deberá iniciar sumarios tributarios para gravar a las plataformas digitales y llevar adelante campañas informativas destinadas a advertir a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios no regulados, cuyos conductores podrían no contar con licencia profesional ni cobertura de seguro, según señala el fallo de la Cámara porteña.

De acuerdo con la resolución de la Sala II, la medida deberá cumplirse hasta que la Legislatura porteña sancione una ley que regule la actividad de las plataformas de forma especifica. En este caso, perdería vigencia automáticamente.

El litigio fue promovido por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal (SPTCF) y otras entidades del sector, que reclamaban mayores controles sobre Uber y advertían sobre una situación de competencia desleal. Según sostuvo la Cámara, la falta de regulación desde 2016 configura un caso de “anomia voluntaria” por parte de las autoridades porteñas.

La Cámara apuntó contra la falta de controles oficiales

Según pudo saber este medio, los jueces subrayaron la responsabilidad del Gobierno porteño en garantizar el equilibrio regulatorio. En la resolución señalaron: “El comportamiento omisivo del demandado —al exigir a unos lo que eximió a otros— afectó de modo irrazonable el equilibrio invocado por SPTCF y el interés público involucrado”.

El fallo incorpora la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y toma como referencia leyes de provincias argentinas donde la actividad de plataformas ya fue regulada. La sentencia confirma que Uber y otras aplicaciones funcionan, de hecho, como transportes onerosos de pasajeros, por lo que deben cumplir con habilitaciones, seguros, licencias profesionales y pagos tributarios, según el marco legal local.

Dos posturas enfrentadas

El proceso judicial agrupó dos causas colectivas contrapuestas. Por un lado, el SPTCF y otras cámaras reclamaban que la operación de Uber era ilegal y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había fracasado en controlar el transporte irregular, lo que generaba una “conducta ilícita” sostenida durante más de siete años. Según el sindicato: “No puede sostenerse que no existe responsabilidad estatal, cuando las medidas adoptadas han sido un fracaso, permitiendo que una conducta ilícita continuara cometiéndose por más de siete años”.

En contraste, los conductores de Uber y la asociación Proconsumer (hoy CIECOL) sostenían que su actividad debía considerarse lícita y privada, sin equiparación ni sujeción a requisitos de taxis o remises, y pedían no ser obstaculizados por exigencias regulatorias adicionales. De acuerdo con sus declaraciones ante la Cámara, la equiparación forzosa los ponía en situación de desigualdad y les negaba el derecho a ejercer libremente una industria lícita.

El fallo de primera instancia había rechazado ambas posturas: consideró ilegal la actividad de Uber y avaló los controles gubernamentales, sin detectar omisión relevante del Estado. Pero la Cámara porteña revirtió ese criterio, señalando una omisión ilegítima en la falta de fiscalización y reiterando: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede eximir a conductores de plataformas de los controles exigidos para taxis y remises”.

Las medidas que deberá implementar el Gobierno porteño

Las consecuencias del fallo afectan a tres ejes centrales. En el ámbito arancelario, el Gobierno porteño no podrá exigir aranceles ni cobros administrativos a los taxistas, salvo los relacionados a conductas infractoras, hasta igualar las condiciones con Uber, DiDi y Cabify.

En el aspecto tributario, la autoridad local deberá identificar y comenzar procedimientos para recaudar los impuestos locales de las plataformas digitales de transporte de pasajeros.

Respecto a publicidad y comunicación, se prohíbe promocionar aplicaciones no reguladas en espacios públicos y obliga a informar a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios con requisitos de habilitación y seguridad ausentes.

La Justicia porteña aclaró que el fallo no prohíbe el funcionamiento de Uber y otras plataformas, pero sí suspende los beneficios regulatorios hasta que se establezca un sistema igualitario para todo el sector. El tribunal también desestimó los planteos de nulidad, incompetencia o prejudicialidad penal elevados por los demandados.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado la concesión de un indulto parcial para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, limitándolo únicamente a la pena de inhabilitación de dos años para ejercer dicho cargo. Este pronunciamiento se ha realizado tras la condena impuesta por el propio Alto Tribunal como consecuencia de un delito de revelación de secretos.

El informe suscrito por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, avala parcialmente la solicitud de indulto presentada en diciembre por dos ciudadanos ante el Gobierno. Estos solicitantes habían reclamado un indulto total a favor de García Ortiz, quien resultó condenado en noviembre por revelar datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entre las penas impuestas figuran una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros —según consta en el informe, ya abonadas en su totalidad— además de cubrir las costas procesales y afrontar la citada inhabilitación.

De conformidad con el criterio esgrimido por la teniente fiscal, procede el indulto exclusivamente respecto a la inhabilitación especial. Señala que, dado el calendario de ejecución fijado por el Supremo, la extinción de la sanción está prevista para el 9 de diciembre de 2027, por lo que la concesión del indulto implicaría únicamente el perdón de la parte aún pendiente en ese momento.

Qué consecuencias tendría el indulto parcial

La memoria remitida a la Sala Segunda matiza que la medida tendría efectos “limitados”, ya que tan solo acortaría la duración de la inhabilitación y reduciría los plazos necesarios para la cancelación de antecedentes penales. Según la fiscal, no existiría una revisión de los hechos probados ni de la calificación jurídica del delito, ya que la solicitud se centra en valorar “si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la justicia, la equidad y la utilidad pública”.

Entre los argumentos empleados en apoyo a esta medida de gracia, la fiscal recalca que García Ortiz no obtuvo ningún beneficio personal derivado del delito, y subraya la “incidencia desorbitada” que la condena ha tenido sobre la reputación, la carrera profesional y la posición institucional del exfiscal. Además, identifica que el proceso ha generado consecuencias extrapenales “intensas y desproporcionadas”.

El informe destaca también que la condena dictada ya ha cumplido sus finalidades retributivas, al afianzar la vigencia de la ley penal, establecer la responsabilidad e ilustrar que incluso las más altas autoridades quedan sometidas al escrutinio judicial. Atendiendo a la situación actual, la extensión de la pena de inhabilitación perdería sentido, puesto que García Ortiz ya ha dejado de desempeñar el cargo tras la sentencia. El puesto de fiscal general, expone la fiscal, lo ocupa ya una nueva titular cuyo mandato de cuatro años únicamente puede ser interrumpido por causas estrictamente tasadas recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Impacto personal e institucional de la condena

La representación del Ministerio Público enfatiza la ausencia de un propósito lucrativo en la actuación enjuiciada, recalcando que la causa “tuvo una repercusión pública extraordinaria” y que la condena conllevó un impacto desproporcionado para la carrera y la imagen pública de García Ortiz. Sostiene también que no existe posibilidad alguna de reincidencia delictiva, una vez desvinculado del puesto.

En la argumentación, la fiscal señala que toda la actuación buscó “preservar el buen nombre de la institución” frente a críticas que cuestionaban la labor de los fiscales y frente a imputaciones que el propio tribunal ha reconocido como fraudulentas —circunstancia que, según el informe, otorga una dimensión institucional y constitucional al caso—.

Como elementos adicionales, el informe hace constar la asunción íntegra de la responsabilidad en la confección de la nota de prensa que motivó la condena, la constante disposición de García Ortiz ante el Tribunal, su renuncia efectiva al cargo tras la sentencia y el pago de todas las cuantías económicas derivadas tanto de la multa como de la responsabilidad civil, según queda recogido en la documentación aportada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Con información de Efe

Un tribunal de Madrid ha ordenado a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que conceda la nacionalidad española a una solicitante de origen sefardí, revocando así una decisión administrativa previa. La resolución, dictada el 11 de marzo de 2026 por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial, considera que la interesada cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley 12/2015, que regula el acceso a la nacionalidad para descendientes de judíos expulsados en 1492.

El procedimiento comenzó tras una denegación inicial de la administración, que reconocía el origen sefardí de la solicitante pero entendía que no se había acreditado la “especial vinculación con España”. El juzgado de primera instancia confirmó ese criterio en febrero de 2024, señalando la ausencia de la prueba de conocimientos sobre la Constitución y la realidad social y cultural del país, administrada por el Instituto Cervantes, así como la falta de documentación adicional que probara ese vínculo.

La Justicia considera suficientes los documentos y la colaboración cultural para acreditar la vinculación con España

Durante la apelación, la defensa de la solicitante presentó un certificado del Instituto Cervantes que acreditaba la superación del examen requerido. El tribunal destacó que este documento constaba en el acta notarial y consideró que su inclusión resultaba determinante para valorar el cumplimiento de los requisitos legales.

La apelación también se apoyó en la existencia de precedentes favorables en casos similares, como el de un familiar que había obtenido la nacionalidad con la misma documentación. El tribunal valoró este argumento y se remitió a una resolución anterior, de febrero de 2025, en la que se tuvieron en cuenta tanto los aportes económicos como la colaboración en instituciones dedicadas a la cultura sefardí.

Respecto al alcance del acta notarial, la sentencia aclara que su valor probatorio se limita a la constancia de los hechos acreditados documentalmente, mientras que la decisión de conceder la nacionalidad corresponde a la administración, que puede solicitar información adicional o rechazar la solicitud si lo estima necesario.

El tribunal ha considerado que la solicitante demostró la especial vinculación con España exigida por la ley, no solo por superar la prueba de conocimientos, sino también por presentar certificados de colaboración con entidades religiosas y culturales vinculadas a la comunidad sefardí, así como por su nacionalidad iberoamericana y la participación en actividades orientadas a la difusión de la cultura sefardí.

La resolución hace referencia a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, que exige una interpretación uniforme sobre los requisitos y medios de prueba para acreditar la vinculación especial con España. El fallo subraya que las instrucciones internas de la administración no vinculan a los jueces, quienes deben regirse por la ley y por las pruebas presentadas en cada caso.

La Audiencia Provincial deja sin efecto la denegación de la solicitud y ordena a la administración tramitar la concesión de la nacionalidad, asumiendo los costes administrativos y devolviendo el depósito judicial realizado para apelar. El tribunal reconoce que la solicitante reúne los requisitos establecidos en la Ley 12/2015 y solo admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, si procede.

Como muchos aspectos de su vida, la boda del empresario Gonzalo Aguiar y su pareja en ese 2022, Romina Camejo, era falsa. Este evento masivo que se desarrolló en la mansión La Maison de Punta del Este fue uno de los temas que la Justicia uruguaya investigó sobre este hombre que terminó asesinado (en febrero de 2024) por quien luego fue absuelta por al justicia.

El falso casamiento fue organizado por Aguiar el 24 de septiembre de 2022 en uno de los jardines de la mansión, ante unos 30 invitados, como informó El Observador. La persona que ofició de juez en realidad no lo era y ahora resultó condenado. En ese momento, la novia no sabía que lo que estaba ocurriendo no tenía validez legal.

La boda le costó a Aguiar USD 62.000.

Fue el fotógrafo de la boda el que identificó que había algo extraño y se lo comentó a una de las organizadoras. En concreto, notó como “raro” que el juez no tuviera “la banda” que se suele utilizar en este tipo de eventos.

Otro aspecto que llamó la atención fue la fórmula que recitó y que surge de las grabaciones aportadas por testigos. “Oficialmente a partir de este momento sean unidos en sociedad conyugal como marido y mujer con todas las facultades, obligaciones y derechos que han sido redactados y leídos”, dijo el falso juez.

“La unión quedará registrada en las dependencias del Poder Judicial a partir de hoy y esperemos hasta los últimos días permaneciendo juntos”, agregó.

Luego de leer este fragmento llamó a los testigos de la boda. Esto también fue extraño: lo habitual es que se los llame antes de que el juez los declare unido en matrimonio.

El fiscal Agustín Majó dijo, según la reconstrucción de El Observador, que ni la novia ni su familia estaban al tanto de que el casamiento era falso. Camejo se dio cuenta recién cuando él entregó “una libreta de matrimonio aparentemente fraudulenta y confirmó el engaño cuando no pudo obtener la partida de matrimonio”.

La oficina del Registro Civil de Maldonado confirmó que no existen en sus registros actos o un expediente de matrimonio respecto a Aguiar y Camejo. El hombre que los casó tampoco figuraba en el listado de los funcionarios habilitados para hacerlo.

El condenado es un hombre de 30 años que en ese momento no tenía ninguna profesión y que ahora es abogado. Al momento de la boda, trabajaba en un estudio jurídico con un mano derecha de Aguiar.

El hombre admitió en Fiscalía que su amigo lo contactó para que animara el casamiento porque sabe tocar instrumentos. Sin embargo, a último momento Aguiar lo llamó y le pidió que oficiara la ceremonia. Si bien no se logró saber cuánto cobró por ese rol, dijo que fue amenazado y que debió aceptar.

La Fiscalía, sin embargo, consideró que el hombre “ejerció indebidamente funciones públicas que no le correspondían” y halló responsable de un delito de usurpación de funciones públicas. El falso juez alcanzó un acuerdo con la fiscal, lo que implica el reconocimiento de un delito a cambio de una pena menor.

La jueza Gabriela Azpiroz ratificó este acuerdo y le dio una pena de cinco meses de libertad a prueba, en los que deberá fijar domicilio, presentarse semanalmente a la seccional de su barrio, y cumplir tareas comunitarias por dos meses durante cuatro horas por diarias.

Después del asesinato, la Fiscalía inició una investigación por este asesinato y comprobó que la muerte fue en legítima defensa. Durante todo el proceso, que se extendió durante 10 meses, Camejo estuvo en libertad. Y ahora, absuelta de cualquier culpa, reconstruye su vida.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de la trabajadora de limpieza de un hospital, y ha ordenado su inmediata reincorporación junto con el pago de 7.501 euros por daños morales.

Desde 2017, la trabajadora llevaba encadenando múltiples contratos temporales con cuatro empresas concesionarias diferentes, que se iban alternando en el servicio de limpieza del hospital. Entre ese año y 2024, la empleada sumó al menos 95 contratos sucesivos de este tipo, según consta en su vida laboral. La mayoría eran contratos de interinidad y de obra o servicio. El tribunal consideró que esta sucesión de contratos evidencia “una utilización abusiva y fraudulenta de la contratación temporal”.

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Los jueces consideraron demostrado que la empresa recurría de manera regular a contratos temporales para tareas que eran, en realidad, necesarias de forma permanente. En especial, destacaron el uso repetido de contratos de interinidad para cubrir vacaciones, práctica que no tiene respaldo legal según la normativa española. Para el tribunal, esto implica que, aunque en los papeles figuraban contratos de pocos meses, la verdadera relación laboral era estable y sin pausas: “Concurre, por tanto, una unidad esencial del vínculo, lo que determina que la relación laboral deba calificarse como indefinida desde 2017, con reconocimiento de la antigüedad inicial”.

Este reconocimiento de la antigüedad es justo lo que había reclamado la trabajadora en un determinado momento, tras hartarse de esta situación. Y poco después de su petición, fue despedida.

El despido fue una represalia

La empleada, sin embargo, llevó el caso a los tribunales, donde ha ganado el juicio. Según la sentencia, el hecho de que la mujer fuera despedida justo después de iniciar los reclamos legales para que se considerara su antigüedad en la compañía prueba que la extinción de su contrato fue una represalia directa por parte de la empresa.

La finalización del contrato, comunicada solo por SMS y no por vías formales, ocurrió “en un contexto temporal próximo” a la demanda presentada, dice la sentencia, “rompiendo una dinámica de continuidad laboral mantenida durante años, lo que constituye un indicio suficiente de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Y añade: “La empresa no ha acreditado una causa objetiva, razonable y ajena a todo propósito represivo que justifique la decisión extintiva (del contrato)”.

El fallo remarca que la conducta empresarial no fue aislada, sino que forma parte de un patrón contractualmente fraudulento. Y condena el uso habitual de contratos temporales para cubrir puestos que son necesarios todo el año.

Al determinar que el despido fue una represalia y que la relación era, en efecto, indefinida, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró la “nulidad” del despido. En el derecho español, eso significa que la empresa debe reincorporar a la trabajadora y abonar todos los salarios dejados de cobrar desde su salida, a razón de 2.087,78 euros mensuales. A eso se suma una indemnización especial por daño moral, que en este caso fue fijada en 7.501 euros. La obligación de readmitir es inmediata y no admite la opción de reemplazarla por una indemnización, ya que se trata de despido nulo y no solo improcedente.

Internet está lleno de artículos sobre lo bueno que es trabajar, y es fácil encontrar multitud de citas ‘motivadoras’: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” (Confucio); “No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar” (Madre Teresa de Calcuta); “Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces” (Rocky Balboa)... y un largo etcétera. Sin embargo, fuera de este mundo motivacional está la realidad, esa en la que las empresas recurren cada vez más a la contratación de detectives privados para que sigan a sus empleados cuando están de baja, porque no se creen que estén enfermos de verdad.

Esta práctica no siempre les sale bien a las compañías. Ahora, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la improcedencia del despido de un trabajador al que su empresa acusó de mentir mientras estaba de incapacidad temporal.

La historia es la siguiente: el empleado estaba de baja tras una cirugía, pero mientras tanto siguió teniendo una vida. La empresa contrató un detective privado para que lo siguiera y se quedó escandalizada al descubrir que el trabajador hacía cosas como conducir, correr y cargar pesos. Para la compañía, estas conductas demostraban que podía trabajar o que estaba perjudicando su recuperación, lo que está sancionado por la ley, así que decidió despedirlo.

Pero la justicia ha rechazado la versión de la empresa. Para los magistrados, las pruebas ofrecidas no alcanzaron para probar que las actividades del empleado durante la licencia médica perjudicaron su salud ni demostraron que ya estaba en condiciones de reincorporarse. La compañía solo presentó partes médicos de evolución, mensajes de WhatsApp y el informe de una detective privada. “El hecho indiscutido de la renovación de los partes de baja [...] y la efectiva realización de las actividades descritas en la carta de despido son elementos insuficientes para sostener que el demandante estaba perjudicando su recuperación funcional y retrasando de esa manera su vuelta a la actividad laboral”.

Hacer actividad física cuando se está de baja

Según la sentencia, “sostener que la realización de actividades como conducir o correr o cargar pesos medianos perjudicaron su proceso de curación o evidenciaban que ya estaba curado no es más que una conjetura carente de todo apoyo fáctico”, porque no hay información médica que lo avale. De hecho, los jueces señalaron que “la prueba médica concreta sobre las limitaciones o evolución del trabajador en las fechas del despido estaba al alcance de la empresa”, pero no la obtuvieron ni la ofrecieron en el proceso.

Los jueces hicieron referencia al concepto de incapacidad temporal, aclarando que, para que una actividad durante la licencia médica justifique un despido, debe probarse que o bien demuestra que el empleado está en condiciones de reincorporarse, o bien perjudica su recuperación. No basta con que el trabajador realice alguna actividad física o doméstica. Debe haber una relación clara y probada entre esas tareas y la aptitud para retomar sus funciones o el daño a su tratamiento. Así lo resumió la sentencia: “No puede mantenerse [...] que correr o cargar, puntualmente, una bolsa de 20 kilos o empujar la motocicleta supongan actuaciones perjudiciales para la recuperación de la salud del actor ni tampoco que evidencien que estaba plenamente recuperado para trabajar”.

El contratista Matías Tabar volvió a ser centro de la escena política después de su declaración ante la Justicia en la que señaló que Manuel Adorni le pagó 245 mil dólares por realizar refacciones en la casa que adquirió el jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, que incluyó la construcción de una cascada.

El mensaje de Tabar llegó después de la fuerte defensa de Javier Milei al ministro coordinador en una entrevista por LN+, donde anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio. Allí, el mandatario señaló que el contratista era un “mentiroso, militante kirchnerista”, y agregó que “es muy dudoso todo su prontuario".

En ese sentido, a través de una cuenta de X que se creó específicamente para este comentario, Tabar mencionó al jefe de Estado como a su hermana, la secretaría general de la Presidencia y escribió: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”.

Infobae confirmó que la cuenta es del propio Matías Tabar.

Todo ocurrió pocos días después de conocer el perfil del contratista tras su declaración ante la Justicia. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, Tabar dijo que el trabajo en la vivienda de Adorni se realizó entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

La casa era de unos 400 m² y se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

En ese marco, el testigo presentó ante el fiscal toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y el después.

A todo esto, se supo que Tabar es socio del grupo Alta Arquitectura, empresa que construyó junto a un matrimonio amigo. Esta firma se creó en el año 2021 y se dedica a la consultoría, el desarrollo y control de proyectos de obras públicas y privadas, construcción, decoración, operaciones inmobiliarias y financieras relacionadas.

También, según pudo saber este medio, fue contratado en varias ocasiones por la municipalidad de Exaltación de la Cruz, misma localidad donde se ubica el country de Manuel Adorni. La última licitación municipal que aparece registrada es del año 2021 para la compra de equipamiento para cámaras de seguridad por un monto de más de 3 millones de pesos.

En tanto, en sus redes sociales se muestra con dos facetas bien diferentes. Por un lado, dedica posteos casi exclusivos a su pasión, que es el triatlón. Más específicamente, es corredor de las prubeas de ultraresistencia conocidas como Ironman.

Asimismo, también es abiertamente antiperonista. En varias ocasiones, reposteó publicaciones en Facebook en contra de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa, durante el año 2023. Incluso, rechazó una posible candidatura de Axel Kicillof pensando en el 2027 y apuntó contra sindicalistas como Roberto Baradel.

En la red social Threads, comentó un posteo apoyando fuertemente a Manuel Adorni que lo definía como “el domador número 1“, antes de que se conozcan los avances judiciales en la causa que investiga tanto la remodelación en el country mencionado como la compra de un departamento en Caballito.

La fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, no fue asesinada “por 15 centímetros”, según sus propias palabras. Los delincuentes que llegaron a su casa vestían de negro, con capuchas y guantes. Bajaron de una camioneta con un tablón de más de dos metros, que los ayudaría a subir a la azotea de una de las viviendas de la cuadra. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron hasta la de Ferrero. Dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio.

Quien tiró la granada fue condenado este miércoles.

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, condenó a Alberto Oviedo, de 52 años, informó La Diaria. Fue sentenciado como autor material del atentado que sufrió Ferrero. Fue Oviedo quien ingresó con un tablón al patio de la casa de Ferrero, realizó tres disparos contra la ventana y lanzó la granada, de acuerdo a la investigación citada por este medio uruguayo.

El hombre fue condenado a nueve años y seis meses de cárcel tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía, que implica el reconocimiento del delito a cambio de una pena menor. En este caso, la sentencia fue por un delito de asociación para delinquir, estrago, atentado y porte de arma.

Oviedo fue identificado porque, para activar la granada, se sacó el guante y dejó las huellas dactilares en el lugar del crimen.

El atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay generó una fuerte conmoción en el sistema político y la investigación de la Fiscalía continúa. Todo apunta a que detrás de este atentado está un grupo vinculado al delincuente Fernández Albín, que tiene contactos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de la región.

Ocurrió antes de que Fernández Albín fuera detenido en Argentina y condenado en Uruguay, como de la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra y su posterior envío a Estados Unidos.

Tras ser detenido, Oviedo negó tener cualquier vínculo con la banda criminal de Marset, informó La Diaria. Dijo que cometió el atentado en venganza contra Ferrero porque lo había enviado a prisión. Sin embargo, esta versión fue descartada porque se constató que Ferrero no había actuado en ese caso.

El otro condenado por este caso fue Washington Estévez, de 50 años. Fue él quien consiguió una camioneta para trasladar el tablón y luego la incendió. La pena fue a tres años de cárcel por un delito de asociación para delinquir, receptación e incendio –en calidad de autor – y atentado y estrago, en calidad de cómplice.

Por la autoría intelectual del crimen, en tanto, hay dos personas detenidas. Un joven que fue arrestado en el marco de otra causa fue vinculado al hecho tras pericias a celulares y otro que que fe detenido en enero en Las Piedras (Canelones). En el operativo se encontraron dos armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, dos automóviles y dinero en efectivo en pesos uruguayos, guaraníes, chilenos, argentinos, reales y dólares. Además, se incautaron celulares y documentos falsificados. Una de las armas encontradas allí fue la que se usó para realizar los disparos en la casa de Ferrero.

Fue en octubre de 2025 ante el Parlamento que Ferrero alertó que estuvo cerca de ser asesinada. “No me mataron por 15 centímetros”, le dijo Ferrero a los senadores. Narró que parte de las esquirlas se expandieron hasta el lugar en el que estaba descansando. La fiscal afirmó a los senadores que el ataque no la tenía como objetivo. “Era un mensaje” para todos los integrantes del sistema, dijo Ferrero. “Si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”, relató. Luego, le pasó una advertencia directa a los presentes en la sala: pueden ir “por alguno de ustedes o por un periodista”.

El narcotraficante uruguayo Luis Fernández Albín, extraditado desde Argentina y condenado por tráfico y lavado de activos, siente que en la cárcel en la que está vive una “tortura”. Asegura que está sometido a “amenazas” y a un “aislamiento prolongado innecesario”, y así lo ha hecho saber en recursos de habeas corpus que ha presentado ante la Justicia para que cambie esta condición.

Esta semana, luego de escuchar la condena a 10 años de cárcel que recibió, Fernández Albín tomó la palabra en la audiencia y se dirigió al juez de su causa, Fernando Islas, según informó el diario El País. El narcotraficante está preso en el Centro de Derivación y Diagnóstico de Punta de Rieles, el lugar al que suelen ser llevados los presos cuando recién son atrapados.

En ese lugar se les indica a qué cárcel deberán ir. Sin embargo, él permaneció allí, lo que ha motivado quejas de parte de su defensa.

En sus palabras al juez, Fernández Albín habló de su trato con la Policía y la posibilidad de hacer denuncias. “Yo no soy un santo, pero no tengo ninguna garantía”, señaló el condenado, según consignó este diario uruguayo. Señaló que hasta ese día llevaba 133 días preso en un lugar donde “la gente a cinco días y queda loco”.

Fernández Albín señaló que en la cárcel su cama, su mesa y su banco son de chapa.

Entonces, dirigiéndose al juez, describió: “No sabe el frío que hace. Hace una semana que estoy tratando de entrar una campera. Yo quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer deporte. Me suele el cuerpo, me duelen los brazos, ya no tengo músculo. Lo mío es público, que ya lo hicieron… Lo politizaron, doctor, ¿me entiende?”.

“Porque hay muchas cosas que se dicen que yo no tengo nada que ver. Yo ahora me hice responsable de mis hechos y por eso tengo que pagar 10 años y tres meses. Y lo voy a pagar hasta el último día, doctor. Pero no es justo que se me torture de esta manera. Soy el único preso del Uruguay que está en las condiciones que estoy yo”, agregó.

Luego, Fernández Albín preguntó por qué él no puede estar preso en la cárcel de máxima seguridad del país. “Tiene patio, llamada todos los días, tienen visita, una televisión, una radio. Yo no tengo nada doctor. ¿Sabe cómo estoy? Al borde del abismo”, señaló.

A mediados de enero, el gobierno uruguayo difundió imágenes de cómo era este centro penitenciario. Los controles de seguridad que hay en la cárcel incluyen la videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento –entre otros dispositivos–, doble cerca y doble muro perimetral.

Para establecer este sistema, las autoridades tuvieron en cuenta las pericias que el Instituto Técnico Forense hizo sobre Fernández Albín, que constataron que no tiene riesgos ni problemas de salud mental. “Se realiza con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”, dice el informe publicado entonces por el Ministerio del Interior.

En una de las solicitudes, pedía tener acceso a un televisor y una heladera. Para hacer sentir sus reclamos, una de las estrategias que utilizó fue la de recurrir a una huelga de hambre.

Fernández Albín fue sentenciado por los siguientes delitos: organización de las actividades del narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego, todos en régimen de reiteración real.

En su momento, la incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto conceder la nacionalidad española a una descendiente de sefardíes nacida en Venezuela y residente en México, tras estimar el recurso presentado contra la resolución inicial de la administración que había denegado la solicitud. Esta decisión, fechada el 13 de marzo de 2026, modifica el fallo anterior y detalla los criterios legales y probatorios que deben considerarse para acceder a la nacionalidad por carta de naturaleza conforme a la Ley 12/2015.

El expediente comenzó con una negativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a otorgar la nacionalidad, al considerar que la solicitante no había presentado pruebas suficientes para acreditar ni su origen sefardí ni el vínculo especial con España que exige la normativa. Ese primer rechazo, dictado en octubre de 2024, fue recurrido por la interesada, lo que llevó a la revisión del caso por parte de la sala civil de la Audiencia Provincial.

La resolución administrativa se apoyaba en la Ley 12/2015, que permite a los descendientes de judíos expulsados de España en 1492 solicitar la nacionalidad española si demuestran documentalmente su origen y una relación especial con el país, aunque no residan en territorio nacional. La representación legal de la solicitante defendió que el juzgado de primera instancia había incurrido en un error al descartar los documentos aportados, sosteniendo que se cumplían los requisitos legales.

Por parte de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, la posición fue la de mantener el criterio inicial, argumentando que las pruebas no resultaban suficientes y no se ajustaban a las exigencias formales de la Ley 12/2015 ni a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo. Insistieron en la importancia de que los certificados y documentos aportados fueran valorados de forma rigurosa, en línea con los requisitos formales y sustantivos establecidos en la normativa.

Tras revisar la documentación, la sala reconoce que cumple los requisitos legales para la nacionalidad

Al revisar el recurso, los magistrados analizaron la documentación presentada: un certificado expedido por una congregación judía en Atlanta, informes sobre apellidos sefardíes del Centro de Documentación Moisés de León, una certificación de la Asociación Israelita de Venezuela con aval de la Federación de Comunidades Judías en España, y un informe genealógico firmado por un especialista. La sala concluyó que, a diferencia del criterio seguido en primera instancia, estos documentos sí resultaban válidos y suficientes para probar el linaje sefardí, de acuerdo con la interpretación fijada en las recientes sentencias del Tribunal Supremo.

La sentencia destaca que la ley admite distintos tipos de pruebas documentales y que, siempre que se ajusten a los requisitos legales, deben ser tenidas en cuenta. El fallo cita doctrina según la cual “la necesidad de que los medios probatorios observen de manera rigurosa los requisitos legalmente establecidos” es un principio que no excluye la valoración de documentación complementaria si cumple con los estándares formales requeridos.

En cuanto a la especial vinculación con España, la sala examinó los elementos presentados, entre ellos el conocimiento del idioma y de la cultura española, y subraya que este aspecto no fue rebatido por la defensa del Estado en la vía de apelación. Así, la resolución administrativa inicial queda anulada y se reconoce expresamente el derecho de la solicitante a obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, ordenando a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que lleve a cabo la concesión conforme a la ley.

El fallo impone las costas del proceso a la parte demandada, en este caso la administración, e incluye la devolución del depósito judicial constituido para la interposición del recurso, conforme a la ley procesal. No se imponen costas por la apelación, por lo que cada parte asumirá sus propios gastos en esa fase. La sentencia también recuerda que queda abierta la vía de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con un plazo de veinte días para su presentación y la obligación de consignar el depósito judicial correspondiente. El tribunal advierte, además, que la difusión pública de la resolución debe respetar la reserva de los datos personales de la interesada.

“Los jueces tienen que actuar con independencia, garantizar que haya justicia”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea. El miembro de la organización subrayó que los jueces deben ser designados por concurso, al considerar que este mecanismo garantiza la estabilidad judicial y constituye “la condición mínima para que exista independencia en tribunales”.

A través de un video difundido en X, Alvarado insistió en que toda reforma del TSJ debe basarse en la Constitución y no en decisiones discrecionales. “El derecho a la defensa y el debido proceso también están consagrados constitucionalmente. Los jueces deben decidir con base en el derecho y en las pruebas presentadas, no en consultas a superiores ni en llamadas de terceros. Esa práctica debe cesar”, criticó el coordinador.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a 32, iniciativa que aún debe superar una segunda votación en la Cámara para entrar en vigor.

Durante la sesión ordinaria del martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó la reforma y argumentó un “interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela”.

Rodríguez detalló que la propuesta de reforma busca modificar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ —la Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y la Electoral— estén integradas por cinco magistrados cada una, dos más que en la actualidad. La Sala Constitucional pasaría a contar con siete magistrados, en vez de cinco.

La iniciativa legislativa surge en paralelo al proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir vacantes por renuncias y jubilaciones en corte suprema. En abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los problemas persistentes en el sistema judicial, como el retardo procesal y la corrupción.

El diputado opositor Tomás Guanipa, en nombre del bloque parlamentario Libertad, protestó por la falta de tiempo para revisar el proyecto —recibido poco más de una hora antes de la sesión— y reclamó una discusión más amplia y de consenso sobre el sistema de justicia.

“No debe ser un tema de última hora, sino que debe ser objeto de una discusión que nos permita llegar a un consenso sobre lo qué debe ser la justicia en Venezuela (...). Este no es tema ni de cargos ni de nombres, sino de un sistema completamente corrompido, como lo es el sistema de justicia en Venezuela”, manifestó Guanipa.

Rodríguez pidió evitar provocaciones y recalcó que “cada quien tiene derecho a equivocarse como quiere”, en alusión a las críticas opositoras.

La ONG Provea demandó en X que la reforma judicial garantice una “selección transparente, amplia y apegada a la Constitución” de los nuevos magistrados, y expresó su preocupación por la posibilidad de que el proceso quede reducido a intereses de tutelaje transnacional, dejando de lado la participación de la academia, ONG, víctimas y organismos internacionales.

En abril, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instaló la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar problemas persistentes como el retardo procesal y la corrupción en el sistema judicial venezolano.

(Con información de EFE)

En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado señaló: “El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", agregó.

La ex ministra de Seguridad apuntó que estirar la presentación de la documentación “no tiene sentido porque ya se abrió el plazo” y aseguró que, una vez que se realice la pertinente declaración, el presidente deberá decidir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, añadió.

En tanto, señaló que las conversaciones que tiene con el mandatario prefiere mantenerlas en privado y no dejó trascender si pidió alguna medida respecto a la situación judicial del jefe de Gabinete.

“Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar. Y yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho: ‘No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís’. Algunas veces me ha dicho: ‘Sí’, otras veces me ha dicho: ‘Tomo tu idea’. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, explicó.

Y sumó: “Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal y el juez. Ni me voy a poner en el lugar de ustedes (por los periodistas). Yo estoy en otro lugar, soy parte de este proyecto y lo que sí quiero es que esto dure lo menos posible, porque no puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que venimos a correr”.

Justamente, Bullrich sostuvo que “la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible”.

La situación de Adorni ya lleva casi dos meses y en el Gobierno reconocen que el caso impactó de manera negativa en los indicadores que miden la percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio sorpresivo entre los alfiles violetas, que hasta entonces minimizaban las repercusiones del caso.

Las sucesivas encuestas respaldan lo que en Balcarce 50 comienzan a reconocer en público, aunque se cuidan de aclarar que los números son un acumulado de diversos factores, en particular el impacto de la compleja situación económica, algo similar al análisis que publicó la revista británica The Economist.

En ese contexto, en el oficialismo detectan una caída de más de 10 puntos en la imagen del presidente Javier Milei, en particular entre su núcleo duro, y un crecimiento del rechazo de los que aseguran que nunca lo votarían. Otras voces, sin embargo, relativizan el retroceso y lo ubican entre los 7 y 8 puntos en función de la encuesta realizada por el consultor Jorge Giacobbe del mes de marzo, previo a la polémica.

Asimismo, también ponen el foco en la situación del ex vocero y, según reconocen en privado, ubican su imagen en torno al 23%, un nivel que refleja el impacto de la polémica. Esto parece no detener al funcionario, que mañana brindará un nuevo reportaje con el periodista Alejandro Fantino en el streaming Neura y la semana próxima volvería a protagonizar una nueva conferencia de prensa.

Koldo García ha convertido este miércoles su alegato final ante el Tribunal Supremo en una ofensiva directa contra el Partido Popular al asegurar ante los magistrados que ha recibido una oferta para colaborar en la causa “mintiendo y engañando a todos los españoles” a cambio de obtener beneficios judiciales y evitar la cárcel. La acusación, formulada durante el tramo más delicado de su intervención, ha elevado aún más la tensión política y judicial que rodea al conocido como ‘caso Koldo’, una investigación que desde hace meses mantiene bajo presión al entorno del exministro José Luis Ábalos.

“A mí también me ha ofrecido el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles”, ha afirmado el exasesor ministerial en el uso de la última palabra ante el alto tribunal. García ha sostenido que ha rechazado cualquier posibilidad de alterar su relato pese a encontrarse, según ha dicho, “destrozado” personal y económicamente. “Estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha añadido.

La referencia al “abogado del PP” ha marcado el eje de una intervención cargada de reproches, victimismo y acusaciones cruzadas. Aunque no ha llegado a identificar expresamente a la persona con la que supuestamente ha mantenido esa conversación, fuentes conocedoras del procedimiento han apuntado a El Independiente que podría tratarse de contactos relacionados con Miguel Tellado. El Partido Popular ha negado de inmediato cualquier reunión o propuesta de pacto y ha rechazado tajantemente haber ofrecido contraprestación alguna a Koldo.

La declaración se ha producido después de que Víctor de Aldama, considerado uno de los principales implicados en la trama y pieza clave de la investigación, haya renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra. Koldo García ha asumido entonces el protagonismo de una sesión en la que ha buscado presentarse ante el tribunal como un hombre arruinado por el procedimiento judicial y mediático, alejado de la imagen de intermediario corrupto que sostiene la investigación.

“Soy un humilde trabajador”, ha afirmado en uno de los primeros compases de su intervención. “Tan malo, tan malo, creo que no he sido”.

Un alegato centrado en las presiones

Lejos de limitarse a una defensa técnica, Koldo ha construido un discurso emocional y político en el que ha tratado de situarse como víctima de una operación judicial y mediática. Ha asegurado haber sufrido presiones constantes desde el inicio de la investigación y ha deslizado que algunas de esas advertencias han afectado directamente a su familia.

“Tengo que permitir que ciertas personas me digan: ‘ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel, y tu hermano, entonces tu hija…’ Claro que me lo han dicho”, ha relatado ante los magistrados. “¿Porque pienso distinto? ¿Así vamos a funcionar?”, se ha preguntado.

El exasesor ha insistido varias veces en que ha recibido propuestas para modificar su versión de los hechos a cambio de aliviar su situación judicial. “La verdad es que me han ofrecido mentir para no entrar en la cárcel”, ha reiterado. En ese punto ha apelado incluso a principios personales y familiares para justificar su negativa. “Mi padre me enseñó que todo lo que digas y prometas cuando des tu palabra, cúmplelo”, ha afirmado.

La intervención ha estado atravesada por una mezcla de desafío y reivindicación personal. Koldo ha asegurado que puede demostrar todo lo que ha sostenido ante el tribunal y ha negado haber recibido pagos o comisiones ilegales. “No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva”, ha señalado antes de cargar directamente contra Víctor de Aldama, al que ha acusado de haber construido su estrategia judicial implicando falsamente tanto a él como a José Luis Ábalos.

“Aldama vive a costa de todos por habernos metido en la cárcel con mentiras”, ha sostenido.

El registro de su casa: “Había que montar el circo”

Uno de los momentos más duros de su alegato ha llegado al recordar el operativo policial desplegado durante el registro de su domicilio en febrero de 2024. Koldo García ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado no comprender la dimensión del dispositivo utilizado pese a que, según su versión, ha mostrado plena disposición a colaborar desde el primer momento.

“Si yo les di las llaves, les dije que colaboraba y que les daba todo, ¿por qué tuvieron que entrar armados hasta los dientes y con el dedo en el disparador?”, ha planteado ante el Supremo.

El exasesor ha descrito entonces una escena especialmente sensible al mencionar la presencia de una menor durante aquella actuación. “Apuntando a una niña de tres años corriendo”, ha afirmado. “Métanme en la cárcel, pero que alguien me explique por qué había que montar ese circo”.

La crítica a la investigación policial ha ocupado buena parte de su intervención. Koldo ha tratado de reforzar su credibilidad reivindicando la relación que durante años ha mantenido con las fuerzas de seguridad. “He dedicado 27 años de mi vida a ayudarles”, ha asegurado, en referencia a su colaboración con la Guardia Civil a lo largo de distintas etapas profesionales.

También ha rechazado que su situación patrimonial encaje con el perfil de alguien enriquecido ilícitamente. “No tengo millones, nadie me ha pagado nada”, ha afirmado, antes de pedir que se revise minuciosamente toda la prueba digital incorporada a la causa. “Hay que averiguar qué es falso y qué no”, ha sentenciado.

Cinco semanas y trece sesiones ha de su inicio en el Tribunal Supremo, el juicio por el ‘caso mascarillas’ entra en su fase final y, salvo imprevistos, quedará pendiente de sentencia este miércoles. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, pide 24 años de prisión para el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, quien pudo dar su versión este lunes en el Tribunal Supremo.

Con su declaración, quedan sobre la mesa tres versiones paralelas con discrepancias evidentes, tras el testimonio del empresario Víctor de Aldama y Koldo García, exasesor del exministro. Sobre los tres recaen acusaciones que incluyen delitos como pertenencia a organización criminal y cohecho; y tanto Ábalos como Koldo se enfrentan también a cargos por tráfico de influencias y malversación, entre otros.

En la lectura de sus conclusiones, el fiscal ha defendido que los tres acusados conforman una “estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes”, a la cual responsabiliza de una “acción concertada y coordinada con reparto de funciones”. Ábalos es “el jefe”; Aldama “el corruptor”, el que paga, el “arrepentido”; y Koldo un actor “omnipresente” y “parapetado” tras Ábalos.

Sobre el exministro, ha dicho: “Ya fuera como líder de la organización, ya como su pieza clave, José Luis Ábalos rara vez descendía al terreno, a la ejecución material de los delitos, porque para ello contaba con el fidelísimo Koldo García. No debemos olvidar que la persona de quien dependen finalmente las decisiones era” él.

La declaración de Ábalos: niega haber recibido comisiones y cuestiona la versión de Aldama

Durante las seis horas que duró la intervención de Ábalos, el exministro tuvo como estrategia el negar cualquier aspecto relacionado con el cobro de comisiones y poner en duda el relato de Aldama, a quien acusó en repetidas ocasiones de “mentir”. De acuerdo con quien fue secretario de Organización del PSOE, las acusaciones del empresario no contienen “ninguna evidencia”. Durante su comparecencia, el exministro insistió en señalar el carácter público del procedimiento, “claramente mediático”, y aseguró que, a su parecer, existe una “condena clara”, decidida fuera de la sala y antes de concluir el juicio.

Ábalos rechazó la recepción de “mordidas” en cualquier formato, aunque admitió que en su entorno existía una costumbre de adelantar dinero. Aseguró que Aldama no tuvo ningún papel en la gestión de los contratos, y que ninguna oferta pasó por sus manos. Con él “no habló”, según el exministro, quien sí concedió que el empresario pudo haber estado presente en algunas conversaciones, aunque como oyente. “Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante”, explicó Ábalos.

Por otra parte, confirmó que Aldama asumió el pago del alquiler del piso donde residió su expareja, Jésica Rodríguez, durante dos años, aunque defendió que fue una decisión personal de Aldama y negó que existiera un trasfondo político o administrativo. Por otro lado, puso en entredicho el testimonio de Jésica Rodríguez, asegurando que está “convencido” de que pudo haber sido “coaccionada” o que su versión fue “pactada” con Aldama.

También explicó que delegaba ciertas cuestiones —como gastos o temas logísticos— en su asesor Koldo García Izaguirre, quien se encargaba de llevar las cuentas, realizar pagos y, en ocasiones, adelantar dinero. Pero García Izaguirre no tuvo mano, según el exministro, en la adjudicación de contratos.

El alegato final de Ábalos: acusa a la Fiscalía de tener una causa “predeterminada”

Tras la lectura del informe final del fiscal; la participación de Alberto Durán —abogado del PP— en representación de las acusaciones populares; y la intervención de las defensas, los acusados han tenido un último turno de palabra para volver a dirigirse al tribunal.

“Muy buenas noches”, ha comenzado Ábalos al iniciar su alegato final ante la Sala. El exministro ha asegurado que afronta su “última palabra en este proceso” con “cansancio” tras semanas de juicio. “Me juego la poca vida que me queda, que no es demasiado”, ha afirmado. Durante su intervención, ha evitado entrar en el plano personal. “No voy a hablar de sentimientos, no sea que luego me acusen de victimismo”, ha señalado.

Ábalos ha centrado buena parte de su alegato en cuestionar el desarrollo de la instrucción y el impacto mediático del caso. “Toda esta causa estaba predeterminada. Todo el proceso ha ido con esa predeterminación acompañado con la presión mediática”, ha afirmado el exministro, quien también ha criticado los “juicios paralelos” surgidos alrededor del procedimiento. Según ha sostenido, estos procesos “intoxican” la causa judicial y contribuyen a construir una imagen pública de los acusados alejada de los hechos concretos. “Se trata de ir conformando una imagen tan deshumanizada en lo moral y en lo reputacional, que parezca que es capaz de cualquier hecho”, ha dicho.

En esa línea, el exdirigente socialista ha denunciado una campaña “orquestada, financiada y guiada”, alimentada, según ha apuntado, por filtraciones de la propia investigación. También ha lamentado que no se haya respetado su intimidad durante el procedimiento y ha reclamado de nuevo la devolución de sus dispositivos electrónicos. “Comparecemos sin buena parte de todo aquello que nos podría exonerar”, ha asegurado, al sostener que carece de parte del material probatorio mientras afronta otros procedimientos judiciales.

El exministro también ha rechazado la interpretación de la Fiscalía sobre la contratación de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas. “Dos contratos temporales, ¿eso es colonizar la administración?”, ha dicho en referencia al informe del fiscal, antes de reprochar que esa expresión es “muy del PP”. Ábalos ha restado relevancia a esos hechos y ha sostenido que el procedimiento supone “hacerles perder a sus señorías el tiempo”. “Todo lo que se me tiene que reprochar de mi etapa como ministro son dos contratos temporales y eso porque son dos señoritas”, ha agregado.

Durante su intervención, Ábalos ha insistido además en que el proceso comenzó con una “presunción de culpabilidad” y ha criticado distintos aspectos de la instrucción. Entre ellos, ha cuestionado que se le obligara a declarar “con un abogado repudiado” y ha planteado que durante el procedimiento se intentó empujarle hacia una confesión. “¿Qué se entiende por colaboración? ¿Es confesión? Eso es un proceso inquisitorial”, ha afirmado.

El exministro ha reservado también parte de su alegato para volver a cargar contra Víctor de Aldama, cuya colaboración con la Justicia ha vinculado a un intento de reducir su responsabilidad penal y evitar la cárcel. “La vía que le queda después de entrar en prisión es esta”, ha señalado Ábalos, quien ha acusado al empresario de aprovechar “un marco político con una polarización excesiva” para “politizar la cuestión y señalar a personas del Gobierno”. También ha criticado que Aldama implicara durante el juicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como supuesto responsable de la organización criminal. “Yo el año 15 no conocía a estos señores”, ha dicho.

Ábalos ha negado igualmente haber recibido pagos periódicos de Aldama y ha ironizado sobre la cantidad mencionada durante el juicio. “Me dicen que participo del reparto de 10.000 euros mensuales. ¡Qué barato soy!”, ha afirmado, antes de concluir su intervención asegurando que se siente juzgado “más como persona que por hechos”.

Una delegación del Parlamento Europeo concluyó este miércoles que la creciente polarización política y las tensiones sobre la gobernanza judicial en España amenazan la confianza pública en las instituciones, tras analizar la situación durante una visita en febrero, según el informe presentado por la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Las conclusiones del informe presentado en el Parlamento destacaron que pese a que el Estado de derecho en España funciona sobre bases “estructuralmente sólidas”, persisten tensiones institucionales recurrentes. El dato diferencial lo constituyó la identificación de más de 120 reales decretos-ley aprobados desde 2018, cifra sin precedentes en periodos democráticos similares, lo que según los eurodiputados podría limitar la deliberación parlamentaria y debilitar los controles institucionales.

El informe situó la gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el punto de divergencia central al subrayar que el actual sistema, en el que el Congreso elige a todos sus miembros, sigue generando debate y poniendo en cuestión la independencia judicial. Los estándares europeos recomiendan que al menos la mitad de los integrantes sean designados por los propios jueces, una exigencia aún pendiente en el sistema español.

Récord en el uso de decretos ley en democracia

La misión resaltó las posibles consecuencias del uso reiterado de los reales decretos ley, advirtiendo que la frecuencia -más de 120 desde 2018- constituye el mayor registro conocido desde la transición democrática. Este mecanismo extraordinario, según la delegación del Parlamento Europeo, puede limitar el papel asesor de los órganos judiciales y consultivos, volcándose sobre la toma de decisiones ejecutivas y debilitando los contrapesos institucionales.

El documento recogió que la percepción de la corrupción en España ha retrocedido hasta su nivel más bajo desde 2012, según datos de Transparencia Internacional citados por los eurodiputados. Este retroceso reflejó una preocupación pública en aumento por la integridad y la rendición de cuentas en la administración pública.

Independencia judicial y libertad de prensa

La delegación identificó como principales desafíos para el Estado de derecho la politización de la justicia, las tensiones entre el Gobierno y los órganos de control constitucional, y las presiones sobre medios públicos como RTVE. El informe señaló la persistencia de “interrogantes” sobre los recursos y la autonomía de la Fiscalía, junto con los riesgos de vulneración editorial en RTVE, incluyendo el uso de formatos que difuminan la línea entre información y comentario político.

Cinco eurodiputados firmaron el informe: Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades; Jorge Buxadé (Vox); la holandesa Raquel García Hermida-van der Walle (Renew); Alessandro Zan (Socialistas y Demócratas) y la belga Assita Kanko (Conservadores y Reformistas).

Durante la misión, los eurodiputados constataron que la frecuencia de bloqueos y retrasos en la tramitación parlamentaria en el Senado “corre el riesgo de menoscabar el papel constitucional” de la cámara territorial. Además, subrayaron que salvaguardar la transparencia legislativa y el equilibrio entre gobierno, parlamento y órganos de control será fundamental para mantener la resiliencia del sistema democrático español.

En su análisis sobre derechos y no discriminación, la delegación de la Eurocámara puntualizó que no identificó alegaciones de retroceso legislativo ni incumplimiento de los estándares de la Unión Europea en materia de igualdad, derechos LGTBIQ+ o derechos de las mujeres.

También ha apuntado a que es “posible” la rebaja de condena a Aldama por su colaboración, aunque ha negado la existencia de un pacto y él la ha mantenido. El fiscal Luzón ha destacado la relevancia de la colaboración de Víctor de Aldama, señalando que su actitud permite considerar la aplicación de una atenuante muy cualificada. Según Luzón, el testimonio del empresario ha resultado fundamental, ya que gracias a su aportación se han podido esclarecer detalles que en un primer momento escapaban al conocimiento de los investigadores.

El pasado lunes, durante las sesiones del Tribunal Supremo, Luzón ya confirmó sus peticiones de condena. Estas se resumen en 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 años y medio para su asesor Koldo García y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. De esta manera, la Fiscalía concluye que no rebaja los años solicitados al principio del juicio.

El fiscal no apunta a Sánchez y sí a Ábalos

informe del fiscal sostiene que la trama se gestó en el Ministerio de Transportes y situaba a José Luis Ábalos como figura central, apoyado por su exasesor Koldo García y por el propio Aldama, encargado de repartir comisiones para asegurar contratos y favores. En su intervención final ante el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción ha querido subrayar que “no se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”.

Luzón ha destacado que José Luis Ábalos era identificado como jefe tanto por los otros dos acusados como por el entorno de Aldama. Además, ha recordado el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, quien apuntó: “Quien paga manda y quien paga y exige es Aldama”. El fiscal ha precisado que, aunque Aldama aparece como figura central en algunos delitos, no interviene en todos los hechos que se imputan a Ábalos y Koldo García.

Por ese motivo, ha pedido tener en cuenta esas diferencias al valorar las penas, que han quedado fijadas en 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y 7 años para Aldama. “Está plenamente acreditado el control de Ábalos de la operación”, ha llegado a destacar Luzón. Anticorrupción se centra así en los tres acusados, dando más peso al exministro y su asesor al considerarlos más implicados. El alegato final de Luzón se ha basado en el mensaje de que “la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático”.

Acusaciones populares

Las acusaciones populares, encabezadas por PP y Vox, sostienen que el caso refleja una utilización irregular de recursos públicos, subrayando la intervención directa del exministro Ábalos. El abogado Alberto Durán ha insistido en que se trató de “demasiadas molestias para una simple militante”, sobre la contratación de Claudia Montes en Logirail y ha criticado la supuesta falsificación de su currículo, considerando que evidencia un “enchufe”.

El abogado ha destacado el papel de Víctor de Aldama en la presunta organización criminal investigada. Según Durán, Aldama facilitó permisos falsos para empresarios durante la pandemia y gestionó el alquiler con opción de compra de un piso para Ábalos. “Su propósito era corromper a quien estaba presto a ser corrompido”, ha afirmado el letrado en su intervención,

A Luis Fernández Albín, el narcotraficante uruguayo capturado en Argentina y extraditado a Uruguay, le decían el “Flaco”. Así queda reflejado en varios de los chats que fueron clave para condenarlo la semana pasada a 10 años de cárcel. También quedó en evidencia que llevaba una vida de lujo, que no coincidía con el nivel de ingresos que ni él ni su pareja tenían.

Los nuevos datos de su causa surgen de la sentencia del juez Fernando Islas, informada por El País este martes. Los chats le permitieron al magistrado confirmar su participación en la organización criminal y los miles de dólares que gastó en viajes al exterior y en una fiesta.

Cuando fue detenido, a Fernández Albín le decomisaron bienes e instrumentos adquiridos producto de actividades ilícitas: cuatro propiedades (una chacra en Punta Espinillo, otra en Ciudad de la Costa y dos más en Las Piedras), cuatro autos, 11 celulares, 90 cartuchos, USD 38.500, tres fusiles, un DVD, un pos, una torre de computadora y documentación.

Para comprar esos bienes, hubo irregularidades y debieron utilizaron testaferros –como una niñera de la familia– que también fueron condenados.

¿Cuáles son los gastos que no tienen justificación citados por la sentencia? Fernández Albín fue a Bariloche, a Ushuaia y a Buenos Aires, y viajó a Europa junto a su familia. También refaccionó su casa.

Un rol clave en esta organización lo tuvo su esposa, que también fue condenada, por ser la encargada de administrar el patrimonio familiar cuando no estaba su pareja, cita El País. Ella intentó adquirir los derechos posesorios de un terreno en el que construyó una casa valuada en USD 300.000 y compró artículos sanitarios por USD 34.000 a una empresa.

En 2024 pagó más de USD 9.000 para viajar a Madrid junto a otros dos familiares, y ese mismo año organizó una fiesta de 15. Alquiló un yate por USD 150 por hora; un salón, por unos USD 19.000; una banda de plena, por USD 2.500; un fotógrafo, por USD 1.000 y mandó a diseñar la decoración del vestido por USD 1.300.

Otros gastos fijos ascendían a montos considerados altos para el sueldo de la esposa de Fernández Albín –que trabajó en una red de cobranzas–, como en instituciones educativos y en un club deportivo de renombre. Además, cuando su pareja vivía en Argentina, ella y otros tres parientes viajaban a visitarlo a Buenos Aires todos los fines de semana.

Además, en la sentencia citada por el diario uruguayo, el juez Islas también enumera varios chats que referían ala cantidad de paquetes que se confeccionaría, materiales que faltaban y sus costos.

El 27 de julio de 2025, por ejemplo, otro de los condenados le dijo: “Para los globos son 130 palos y las bolsas de envasados 48.750. Ñery, yo sé que la plata no es un problema con vos, nunca dije nada de eso. yo sé cómo es con vos y si tuviera para comprar, sabés que voy, pero no tengo ni idea”.

Fernández Albín le respondió: “Te hago llegar 200″.

Fernández Albín fue sentenciado por los siguientes delitos: organización de las actividades del narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego, todos en régimen de reiteración real.

En su momento, la incautación de dos toneladas de droga fue lo que le permitió a las autoridades encontrar la mayor evidencia para pedir a Argentina formalmente su arresto. Fue en una precaria chacra que los policías encontraron debajo de la arena casi dos toneladas de cocaína dispuestas para ser colocados en una lancha, que alcanzaría un barco en alta mar y tendría como destino final a Europa. El cargamento encontrado está valuado en USD 13 millones en el mercado interno, pero esa cifra era superior si se considera que iba hacia el mercado europeo. Allí se valorizaría en unos USD 60 millones.

Un tribunal de San Juan sentenció este martes a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que Lucero, de 42 años, fuera detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de Lucero, a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Por este acuerdo que busca finalizar el proceso penal anticipadamente sin ir a juicio oral, Lucero reconoció su culpabilidad y la pena fue menor.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando Lucero atacó a su ex pareja en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención, según el medio local Tiempo de San Juan.

Lucero, que en 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma víctima, enfrentó en esta ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.

Entre enero y junio de 2026, la provincia de San Juan registró más de 1.000 denuncias por violencia de género, una cifra que evidencia la gravedad y persistencia de esta problemática en la región. De acuerdo con un relevamiento del Ministerio Público Fiscal y datos publicados por medios locales, la mayoría de las denuncias corresponde a mujeres que sufren agresiones en el ámbito doméstico, principalmente por parte de parejas o exparejas.

Además, se reforzaron los protocolos de intervención urgente y los dispositivos de alerta para situaciones de alto riesgo, incorporando canales de denuncia y asesoramiento las 24 horas por vía telefónica y digital. También se promovieron campañas de sensibilización y capacitaciones dirigidas a agentes estatales, fuerzas de seguridad y la comunidad, con el objetivo de mejorar la detección temprana y la respuesta ante casos de violencia. Estas medidas buscan garantizar el acompañamiento integral y sostenido de las víctimas.

Caso similar de violencia de género

El hecho ocurrió a fines de abril y tuvo lugar en el barrio Las Pampas, Pocito, provincia de San Juan. Una mujer de 32 años resultó con lesiones visibles en la cabeza y otras partes del cuerpo tras ser brutalmente agredida por su expareja, Yonathan Exequiel Díaz, de 31 años.

El ataque ocurrió cuando el agresor intentó arrebatarle el teléfono celular y, ante la resistencia de la víctima, comenzó a golpearla. Tras un llamado al 911, personal policial de la Subcomisaría Ansilta intervino en el lugar y detuvo a Díaz, quien quedó alojado en sede policial bajo cargos de lesiones en contexto de violencia de género. La causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

La víctima fue trasladada de urgencia tras recibir fuertes golpes durante el ataque. Las primeras actuaciones judiciales indican que el incidente se inició cerca de las 19:30, cuando alertaron sobre un altercado familiar en la zona. Finalmente, la causa quedó caratulada como lesiones en contexto de violencia de género

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el derecho a la nacionalidad española de un descendiente de sefardíes, tras rechazar el recurso presentado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El tribunal considera que se han cumplido todos los requisitos legales establecidos para los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. La resolución, con fecha 13 de marzo de 2026, atribuye además el pago de las costas judiciales a la administración estatal.

El conflicto judicial surgió en 2022, cuando la administración denegó la solicitud del interesado al considerar insuficientes las pruebas de su ascendencia sefardí y de su especial vinculación con España. Ante esta negativa, el juzgado de primera instancia falló a favor del demandante en julio de 2024. La administración recurrió entonces la sentencia, sosteniendo que no se había acreditado ni el origen sefardí ni la relación significativa con el país.

En el recurso, la administración argumentó que los documentos presentados eran “insuficientes” y que, en su opinión, no demostraban la genealogía sefardí del solicitante. También destacó la inexistencia de pruebas claras sobre su “especial vinculación” con España, requisito imprescindible según la legislación vigente.

El tribunal consideró prueba suficiente el conjunto de certificados y documentos académicos

El tribunal subrayó que la administración no puede exigir condiciones distintas a las que establece la ley. Señaló que lo relevante es el cumplimiento de los requisitos legales y no la cantidad ni el método de presentación de las pruebas. Según la sentencia, “la credibilidad de estos documentos corresponde ser valorada según reglas de sana crítica” y no puede rechazarse únicamente por la ausencia de determinados datos que solo figuran en instrucciones administrativas sin rango de ley. La resolución también aclara que la ley permite aportar informes de expertos independientes como pruebas adicionales sobre el linaje sefardí, aunque no sean obligatorios.

En el fallo se detallan los documentos aportados por el demandante, entre los que se encuentran certificados de pertenencia y colaboración con la Federación Judía de Nuevo México, certificaciones académicas de la Universidad de Nuevo México sobre estudios de idioma y cultura española, documentos del Instituto Cervantes que acreditan la superación de exámenes oficiales de español y cultura (nivel A2), e informes genealógicos elaborados por especialistas en historia y judaísmo sefardí. El tribunal señala que no puede aceptar “que haber cursado en un centro de educación secundaria estudios de esta naturaleza no forme parte de los estudios de la cultura española susceptibles de ser valorados”. Consideró suficiente el conjunto de pruebas aportadas para demostrar tanto el origen sefardí como la especial vinculación con España.

La sentencia cita dos resoluciones recientes del Tribunal Supremo, que establecen la validez de los reconocimientos notariales y los informes de entidades judías siempre que cumplan los mínimos legales. La Audiencia Provincial de Madrid advierte de que la administración puede modificar sus criterios de valoración, pero debe hacerlo de manera razonada y no fundamentarse únicamente en la “aceptación acrítica” de actas notariales, una práctica que, según el tribunal, se había dado en concesiones anteriores.

En este caso, la sala sostiene que “la exigencia de aportar todos los documentos usados en las certificaciones no puede fundar el rechazo de la solicitud si se ha cumplido con los requisitos de la ley”, y recuerda que los informes adicionales presentados posteriormente deben ser tenidos en cuenta.

La resolución impone las costas del proceso de apelación a la administración estatal. La administración dispone de un plazo de veinte días para presentar recurso de casación ante el mismo tribunal, siguiendo los requisitos económicos establecidos por la ley española para esta clase de recursos.

El video que circuló en redes, explicó Pamela, no es reciente y tampoco refleja los momentos más graves que le tocó atravesar. “En el momento no te das cuenta. De hecho, ese video tiene un tiempo ya. No es el último. El último video… mi ex me cambió la clave de las cámaras y por eso no tengo las imágenes en mi celular. Ese video es nada al lado de lo que yo viví”, confesó, visiblemente conmovida. Recién con el paso del tiempo y la distancia, pudo tomar dimensión de la gravedad de la situación: “Hoy sí me doy cuenta. Ni siquiera en el momento que lo viví lo sentí así”. Para Pombo, como para tantas mujeres, la dificultad de romper el círculo de la violencia radica en el vínculo afectivo y en la esperanza de que el agresor cambie. “Es muy difícil haber elegido, haber pensado que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida… y después del golpe, la caricia y el perdón, y el ‘no va a volver a pasar’. Una termina creyendo”.

Consultada sobre el miedo que pudo haber sentido, Pombo no dudó en reconocerlo. “En la última discusión que tuvimos, sí. Ni siquiera fue una discusión. Él revisó mi teléfono, vio algo o creyó ver algo que no le gustó. Digo ‘creyó’ porque en el momento tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peores que los del video que está circulando”, relató. Tras ese episodio, su expareja intentó disculparse, aunque para ella el daño ya estaba hecho: “Cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo: ‘Fue desmedido lo que pasó, te pido perdón. Pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no, pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo’”.

El tema de las infidelidades también formó parte de la entrevista. Pamela aseguró que tiene pruebas de las traiciones de su exmarido. “Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. Tengo mensajes, chats, tangas, tengo cosas”, afirmó. Sin embargo, el mayor temor de la modelo no pasa solo por la traición sentimental, sino por la sensación de inseguridad que aún la acompaña, especialmente cuando debe volver al departamento que compartían: “Ahora que voy para el departamento, me agarra ahí justo cuando voy a entrar, esto de mirar para todos lados o de no saber si está adentro. Mi miedo va a ser cuando llego al departamento. Después, en el día a día, siempre trato de estar con gente, amigos. Siempre va algún amigo a comer a casa o voy a comer afuera y después me acompañan”.

Actualmente, cuenta con un botón antipánico y una perimetral. No obstante, reconoce que esas medidas dependen, en gran parte, de la voluntad de su exmarido de respetarlas. En la entrevista, también se refirió a la violencia económica y a la situación con sus ahorros. Según relató, confió todos sus ahorros a Albacete para un emprendimiento inmobiliario que estaba a nombre de él. “Una de las cosas por las que yo no quería irme de su casa es esto de que arranca la violencia económica ni bien nos separamos. Yo puse mis ahorros en un emprendimiento de él para comprarme un departamento y ni bien nos separamos me dijo que, como no hay factura ni recibo, eso estaba a su nombre y no me lo iba a dar”, contó.

De cara al futuro y pensando en la posibilidad de recuperar ese dinero, Pamela fue clara y esperanzada: “Yo creo que debería poder. Primero, porque es mi dinero y segundo, si se considera hombre de bien. No sé, si alguna vez robó, quizás estará acostumbrado, pero si no, me imagino que me lo va a devolver”.

En cuanto a cómo espera que se resuelva la situación, fue contundente: “Quiero que sea justo, tanto la justicia como él, que me devuelvan lo que es mío y me voy en paz”.

Hoy, Pamela Pombo busca reconstruir su vida personal y profesional, rodeada de amigos y aferrada a la esperanza de que la justicia y el tiempo puedan devolverle la paz y la tranquilidad que tanto anhela. Su testimonio, lejos de agotarse en una denuncia mediática, refleja la lucha cotidiana por recuperar la confianza y la autonomía, y se convierte en un llamado a la empatía y al acompañamiento para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

Redondo Llenas, junto a su cómplice Juan Manuel Moliné Rodríguez, se llevaron al joven José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, perteneciente a una familia de clase alta, con la excusa de acudir a una exhibición de motores bajo el permiso de su madre pero con la condición de que debían regresarlo sobre las cinco de la tarde.

Sin embargo, horas después, Redondo Llenas llamó a la madre para informarle de que el menor pidió que le dejara en una plaza comercial para encontrarse con unos amigos, una versión que resultó extraña para la mujer, que de inmediato salió en buscar a su hijo, generando una gran repercusión mediática en aquella época.

Redondo Llenas, de entonces 19 años, y Moliné Rodríguez, de 18, confesaron que mataron al menor, al que infligieron más de 30 puñaladas y dejaron en un arroyo a las afueras de Santo Domingo.

El primero fue sentenciado a 30 años de cárcel tras ser declarado autor material de los hechos, mientras Moliné Rodríguez fue condenado a 20 años, una pena que finalizó en 2016.

Al salir de prisión este martes de prisión, Redondo Llenas expresó "su arrepentimiento profundo" por el asesinato de su primo y dijo que "cada día" pide perdón por los hechos.

"Hoy, nuevamente, pido perdón a mi familia, víctima directa de mis hechos y a la sociedad afectada por mi comportamiento", dijo al leer un documento ante la prensa apostada en las afueras de la cárcel de Najayo, sureste del país.

En sus declaraciones, el hombre reveló que en prisión estudió Derecho y Ciencias y Letras, al tiempo que participaba en jornada de alfabetización y trabajos agrícolas, aunque, subrayó, "nada de esto borra el daño causado", pero "sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar".

El ya exconvicto solicitó en varias ocasiones la libertad condicional, que le fue denegada en cada oportunidad, convirtiéndose así en una de las pocas personas que llega a cumplir la pena máxima en la República Dominicana.

Las conversaciones con ChatGPT se transformaron en pruebas clave en numerosas investigaciones criminales recientes en Estados Unidos, según la cadena de noticias internacional CNN.

Estas interacciones, percibidas por muchos usuarios como privadas, fueron integradas a expedientes judiciales para esclarecer motivos y acciones, desencadenando un debate sobre la protección de la privacidad ante la ley.

Uno de los casos más recientes se produjo en abril, cuando Hisham Abugharbieh, compañero de habitación de uno de los dos estudiantes de posgrado asesinados en la Universidad del Sur de Florida, realizó consultas a ChatGPT sobre “qué ocurre si una persona es colocada en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor”, según consta en la declaración jurada que la fiscalía de Florida presentó ante la corte.

Cuando la aplicación le advirtió del peligro implícito, el acusado insistió con la pregunta: “¿Cómo podrían descubrirlo?”. De acuerdo con CNN, estos mensajes forman parte de los cargos de doble homicidio premeditado que enfrenta Abugharbieh y ejemplifican cómo las autoridades estadounidenses rastrean registros de chat de inteligencia artificial como fuentes de prueba en casos penales de alto perfil.

A diferencia de los diálogos con un abogado, médico o terapeuta, que están amparados por privilegios legales establecidos, los intercambios con chatbots de IA carecen de protecciones de confidencialidad.

Según Virginia Hammerle, abogada en Texas, “cualquier cosa que alguien escriba en ChatGPT podría estar sujeta a descubrimiento judicial”, dijo a la cadena de noticias internacional CNN.

Esto significa que las autoridades pueden presentar estos registros como prueba sin restricciones, equiparándolos a otros datos electrónicos como el historial de llamadas o los pagos con tarjetas bancarias.

El uso de los historiales de conversación con ChatGPT como evidencia no se restringe a este hecho. El expediente judicial contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio de Palisades en California en 2025, incluye solicitudes que hizo a ChatGPT, como la generación de imágenes de “personas huyendo del fuego” y confesiones sobre haber quemado una Biblia y sentirse liberado, según consta en la denuncia penal reseñada por la cadena de noticias internacional CNN.

Además, tras reportar el fuego al 911, preguntó a la herramienta de IA: “¿Tienes culpa si un incendio se produce por tus cigarrillos?”, lo que la fiscalía considera un intento de fabricar una coartada.

Rinderknecht negó los cargos y su abogado, Steve Haney, sostuvo al medio CNN que “los registros de ChatGPT no constituyen ni confesión ni escena del crimen”. Para Haney, “el gobierno pide al jurado que lea la mente de un acusado a través de una barra de búsqueda, y ni la ciencia ni el derecho han permitido ese salto”.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, reconoció en una entrevista para el pódcast de Theo Von en julio pasado, también citada por la cadena de noticias internacional CNN, que la ausencia de límites legales sobre la privacidad de estas interacciones es un “problema enorme”.

Altman señaló: “La gente habla sobre las cosas más personales con ChatGPT. Las personas lo usan, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o un asesor de vida. Si esto se judicializa, podríamos vernos obligados a entregar esa información”.

El debate por la protección de la privacidad frente a la inteligencia artificial cobró relevancia tras la demanda interpuesta por las familias de las víctimas de un tiroteo en una escuela de Canadá en febrero, quienes denunciaron a OpenAI y a Altman por considerar que el uso de ChatGPT fue cómplice en el ataque, según informó la cadena de noticias internacional CNN.

Por su parte, la propia compañía subrayó en una declaración que mantiene su “compromiso con la seguridad de la comunidad” y que continuará priorizando la protección sin descuidar los riesgos colectivos.

El precedente de las búsquedas electrónicas en juicios penales

El empleo de historiales electrónicos en la instrucción penal no es enteramente nuevo. La jurisprudencia estadounidense reconoce casos donde búsquedas en Google fueron fundamentales para esclarecer el móvil o el conocimiento previo de un sospechoso.

En 2023, Brian Walshe fue declarado culpable del homicidio de su esposa, tras exhibirse ante el jurado búsquedas como “10 maneras de deshacerse de un cadáver” o “¿puedes ser juzgado por homicidio sin un cuerpo?”. De modo similar, en uno de los juicios de Karen Read, la atención se centró en el estado anímico de una testigo que había buscado “¿cuánto tiempo tarda en morir alguien en frío?”, lo cual se utilizó para analizar la intencionalidad.

Las autoridades subrayan que las consultas a la inteligencia artificial pueden revelar tanto el estado mental como el grado de planificación de los encausados. Las preguntas que Abugharbieh formuló a ChatGPT los días previos a la desaparición de las víctimas, entre ellas si podía poseer un arma de fuego sin licencia o si es posible modificar un número de identificación vehicular, constituyeron indicios relevantes para la imputación, según consta en la documentación recogida por la cadena de noticias internacional CNN.

Privacidad digital ante la ley estadounidense

El marco legal todavía no resolvió qué grado de protección debe concederse a estas interacciones en Estados Unidos. Altman defendió la necesidad de salvaguardar la privacidad, aunque admite la posibilidad de comprometer parte de ella en nombre de la seguridad colectiva, alertando sobre el riesgo de que los gobiernos excedan estos límites.

El historiador Nils Gilman, asesor principal del centro de estudios Berggruen Institute, argumentó en The New York Times que la sociedad debería otorgar confidencialidad legal a los diálogos con chatbots, del mismo modo que se hizo con médicos o abogados para garantizar conversaciones honestas.

Pese a estas propuestas, el consenso entre expertos legales consultados por la cadena de noticias internacional CNN es que, por ahora, los datos ingresados en ChatGPT carecen de privilegios y están sujetos a los mismos estándares de descubrimiento judicial que cualquier otro dato digital.

El analista jurídico Joey Jackson ilustró: “Sería como llamar por teléfono y después argumentar que esa llamada no puede utilizarse en nuestra contra”.

Las discusiones sobre eventuales excepciones —por ejemplo, materiales confidenciales que un abogado incorpore a una IA, o el caso de particulares que se autorrepresentan ante la justicia— aún carecen de jurisprudencia clara. Hammerle precisó a CNN: “El derecho está intentando alcanzar a la realidad”, y añadió que “ChatGPT no es su amigo, ni su abogado, ni su médico, ni su pareja. Deje de hablarle como si lo fuera”.

La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y medio de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público en la conocida como ‘pieza Dina’, según la sentencia dictada este 5 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El tribunal considera probado que Villarejo difundió información privada procedente del teléfono móvil de Dina Bousselham, entonces asesora de Pablo Iglesias, con el objetivo de perjudicar la imagen pública de dirigentes de Podemos.

La resolución judicial sitúa el origen de los hechos en noviembre de 2015, cuando el teléfono móvil de Bousselham fue sustraído en un centro comercial de Alcorcón. En el interior del dispositivo se encontraba una tarjeta de memoria que contenía abundante material personal y profesional, incluyendo documentos internos del partido, conversaciones privadas y archivos de carácter íntimo . Meses después, en enero de 2016, esa tarjeta llegó a la redacción del Grupo Zeta, donde fue examinada por responsables del grupo editorial.

Según los hechos probados, tras analizar el contenido de la tarjeta, los entonces responsables de la revista Interviú decidieron no publicar la información. Sin embargo, antes de devolverla, se realizó una copia íntegra de los archivos. Esa copia acabaría en manos de Villarejo, a quien se le entregó en febrero de 2016 durante un encuentro en Madrid.

El tribunal concluye que el excomisario, en aquel momento en activo dentro del Cuerpo Nacional de Policía, accedió a los archivos sin cobertura legal ni investigación judicial que lo justificara. Posteriormente, descargó el contenido en distintos soportes digitales y lo organizó en carpetas denominadas “DINA 2” y “DINA 3”. Desde ahí, distribuyó la información a periodistas de su entorno con la finalidad de que se publicaran noticias que afectaran negativamente a Podemos y a su entonces secretario general.

La sentencia detalla cómo diversos medios digitales publicaron informaciones basadas en ese material. Entre ellas, artículos que incluían capturas de conversaciones privadas y documentos internos del partido. El tribunal considera acreditado que esas publicaciones tuvieron como origen los archivos extraídos de la tarjeta de memoria sustraída.

Archivo para otros acusados tras el perdón de los perjudicados

El procedimiento ha tenido un desarrollo singular respecto a otros acusados inicialmente implicados. Durante la vista oral, tanto Dina Bousselham como Pablo Iglesias retiraron la acusación contra los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, a quienes además concedieron el perdón expreso. Esta decisión llevó también al Ministerio Fiscal a retirar los cargos contra ellos, lo que supuso la extinción de su responsabilidad penal.

De este modo, el juicio continuó únicamente contra Villarejo, al tratarse de un delito que, en su caso, no quedaba afectado por el perdón de los perjudicados al estar vinculado al ejercicio de funciones públicas. El tribunal subraya que el acusado actuó prevaliéndose de su condición de comisario y de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial para acceder y difundir información sensible sin autorización.

En su fallo, la Audiencia Nacional impone a Villarejo, además de la pena de prisión, una multa de 24 meses con cuota diaria de 100 euros y la inhabilitación absoluta durante diez años. También le condena a indemnizar a Dina Bousselham con 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros por los daños causados. La Administración General del Estado responderá de forma subsidiaria de estas cantidades.

La sentencia aborda asimismo diversas cuestiones procesales planteadas por la defensa del excomisario, como la supuesta falta de competencia de la Audiencia Nacional o la vulneración de derechos fundamentales durante la investigación. El tribunal rechaza estas alegaciones y sostiene que el procedimiento se ha desarrollado con las garantías legales, destacando la doctrina de la perpetuatio iurisdictionis para justificar que el mismo órgano judicial continuara con el enjuiciamiento.

El fallo se apoya en los hallazgos realizados durante el registro del domicilio de Villarejo en 2017, donde se incautaron dispositivos que contenían las carpetas con los archivos de la tarjeta de memoria. Esos elementos, según la resolución, confirmaron la existencia de copias de la información sustraída y su posterior utilización.

La resolución judicial recoge de forma pormenorizada la secuencia de hechos que conecta el robo del móvil, la circulación de la tarjeta de memoria, su copia y la difusión de su contenido, estableciendo una cadena de actuaciones que, a juicio del tribunal, acredita la responsabilidad penal del excomisario en la revelación de secretos.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha declarado este martes como testigo en la sede de la Fiscalía Europea en Madrid, donde ha asegurado que nunca habló con miembros del Ejecutivo sobre los contratos públicos adjudicados a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia, de unos 20 minutos según fuentes jurídicas consultadas por El País, se enmarca en una investigación sobre posibles irregularidades en licitaciones financiadas con fondos europeos.

La Fiscalía Europea analiza la adjudicación de contratos por valor de 8,4 millones de euros por parte de la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estos contratos recayeron en una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next —vinculada a Barrabés— y The Valley Digital Business School.

Una relación “estrictamente profesional”

El interrogatorio se ha centrado, fundamentalmente, en delimitar la naturaleza de la relación entre Gómez y el empresario. La testigo ha sostenido que no existía amistad entre ambos y ha enmarcado cualquier contacto en el ámbito académico, vinculado a la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Barrabés participó como docente en uno de los programas formativos, y, según ha explicado Gómez, las reuniones mantenidas respondían a la elaboración del plan docente que debía ser validado por la institución.

En línea con lo que ya había manifestado en sede judicial, Gómez ha indicado que no recuerda con precisión cuándo conoció al empresario, situando ese primer contacto en algún evento relacionado con la sostenibilidad. También ha subrayado que su interlocución con él no difería de la que mantenía con otros profesores implicados en el máster.

Uno de los puntos que más interés ha despertado entre los fiscales ha sido el relativo a las cartas de apoyo que figuran en el expediente de adjudicación. Gómez ha afirmado que no recordaba haberlas firmado hasta que trascendieron en los medios de comunicación y que tampoco tenía constancia de si dichas misivas llegaron a tener algún efecto en el proceso de licitación. En este sentido, ha insistido en que desconocía incluso si la oferta presentada por la UTE resultó finalmente adjudicataria.

La Fiscalía Europea también ha indagado en posibles contactos con responsables políticos y administrativos. Gómez ha negado haber tratado este asunto con la entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, o con la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, así como con los distintos responsables de Red.es en el momento de las adjudicaciones. Según su versión, nunca trasladó ni recibió información sobre esos contratos, ni siquiera en conversaciones con el propio Barrabés.

El foco en la valoración de las ofertas

La investigación de la Fiscalía Europea, iniciada en 2024 a partir de una derivación del procedimiento instruido por el juez Juan Carlos Peinado, pone el acento en el modo en que se evaluaron las ofertas presentadas a los concursos públicos. En concreto, los fiscales tratan de determinar si la valoración subjetiva de los proyectos pudo inclinar la balanza en favor de la UTE adjudicataria.

Por el momento, según las fuentes consultadas por El País, no existen indicios que apunten a la participación de Gómez en esas decisiones. Su declaración se inscribe en una ronda de testimonios en la que han comparecido más de una veintena de personas, incluidos firmantes de cartas de recomendación similares y antiguos responsables de la entidad pública.

El avance de la causa ha estado caracterizado por varios informes técnicos que han puesto en cuestión el procedimiento seguido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporó a la investigación comunicaciones internas de Red.es que sugerían posibles irregularidades en la evaluación de las propuestas. A ello se suma un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que calificó de “arbitraria” la valoración discrecional realizada y advirtió de un incremento “injustificado” de la puntuación obtenida por la oferta de Barrabés en detrimento de otros competidores.

A partir de estos elementos, los fiscales europeos han impulsado nuevas diligencias para esclarecer si el sistema de puntuación aplicado se ajustaba a los criterios habituales o si, por el contrario, pudo haberse producido una desviación en el procedimiento.

Un empresario bajo doble escrutinio

El nombre de Barrabés aparece en dos frentes judiciales que avanzan en paralelo. Por un lado, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Peinado, investiga su relación con la cátedra universitaria impulsada por Gómez y analiza si existió un intercambio de favores vinculado a esa iniciativa académica. Por otro, la Fiscalía Europea examina exclusivamente las adjudicaciones financiadas con fondos comunitarios.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado que un carnicero autonómo tiene derecho a una incapacidad permanente total tras las lesiones sufridas en un accidente, que le reducen la movilidad y fuerza en el brazo derecho, . La decisión rechaza así el recurso de la Seguridad Social que buscaba revocar el fallo de primera instancia.

El hombre nacido en 1980, se encontraba afiliado al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y prestó servicios para la empresa Serdican Multiservicios Sociedad Limitada hasta noviembre de 2021. Su accidente ocurrió fuera del ámbito laboral.

El informe médico recoge las siguientes limitaciones: Pérdida del 36 % al 42 % de movilidad en el hombro derecho según el tipo de movimiento; disminución de fuerza que varió entre el 35% y el 65% en distintas acciones del brazo; la flexión del codo quedó limitada un 78% respecto a parámetros normales y la fuerza de flexión cayó en un 60 %; y la pérdida de la capacidad de pronación y supinación (movimientos de rotación del antebrazo) llegó hasta el 46% y 22%, respectivamente.

La Seguridad Social rechazó la incapacidad permanente total

Tras la denegación de la Seguridad presentó la primera denuncia el 11 de octubre de 2023 ante el Juzgado de lo Social Nº 2 de León, que le acabó dando la razón.

Según este primer fallo, el dictamen pericial documentó pérdidas persistentes y notables tanto en la movilidad como en la fuerza muscular. Por ejemplo, el hombro derecho muestra una pérdida de movilidad de hasta el 42%, con disminución de la fuerza en algunos movimientos que alcanzó el 65%. En el codo derecho, la capacidad de flexión quedó reducida casi a una quinta parte de lo normal.

La Seguridad Social cuestionó esta sentencia, indicando que el trabajador no sufriría reducciones anatómicas o funcionales suficientes como para incapacitarlo totalmente. Para sustentar la negativa, la entidad citó dictámenes internos fechados el 22 de junio de 2023, que aconsejaron no otorgar este beneficio.

Una base reguladora de 1.364,43 euros mensuales

Sin embargo, el TSJ de Castilla y León ha rechazado este enfoque, aceptando la gravedad de las restricciones funcionales y criticando la falta de revisión de los hechos declarados probados, que recogían que la condición secuelar es “razonablemente obstativa” para el tipo de trabajo y, por ende, corresponde la categoría de incapacidad permanente total, que excluye por completo de la ocupación habitual, aunque permitiría eventualmente otras tareas.

“Los importantes deficits de movilidad articular y fuerza en hombro y codo derechos… se muestran razonablemente obstativos de un desempeño mínimamente regular, eficiente y seguro de una actividad profesional, la de carnicero”, describen los magistrados.

De esta manera, la segunda instancia ha confirmado la primera sentencia, otorgando al solicitante la incapacidad permanente total y otorgándole una base reguladora, es decir, el monto sobre el cual se calcula la prestación que recibirá, fijada en 1.364,43 euros mensuales que deberá pagar la Seguridad Social.

En la oficina de la plaza Maior de Lugo, la vida de Esther cambió de forma abrupta tras más de dos décadas de trabajo continuo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha avalado el despido objetivo de la gestora de oficinas bancarias, tras acreditar que las limitaciones de salud que sufría resultaban incompatibles con cualquier puesto disponible en la estructura de Abanca. El fallo, al que ha tenido acceso Infobae, confirma la primera sentencia y marca el final de una batalla judicial en la que la trabajadora alegó discriminación y vulneración de derechos fundamentales. La empresa, por su parte, defendió haber realizado todos los esfuerzos exigibles para adaptar o recolocar a su empleada.

La decisión judicial se apoya en una secuencia precisa de informes médicos y reconocimientos laborales. Tras un largo periodo de incapacidad temporal, Esther recibió el alta médica, disfrutó de sus vacaciones y fue sometida a un reconocimiento por parte del servicio de prevención de la empresa, Quirón Prevención. El resultado fue claro: no apta para su puesto, ni para las funciones esenciales de otros cargos disponibles. Según el tribunal, Abanca acreditó haber solicitado valoraciones para alternativas como “Personal Conecta” o “Gestor/a SSCC”, con idéntica conclusión de incompatibilidad. La indemnización, de 44.704,6 euros, fue abonada junto con la liquidación final. Para la trabajadora, el despido suponía poner fin al vínculo con una empresa en la que había invertido casi 25 años de vida laboral.

La relación de Esther con Abanca se había forjado desde el año 2000, cuando comenzó a trabajar como gestora de la red de oficinas en Lugo, con contrato indefinido y jornada completa. Su desempeño profesional transcurrió sin incidencias relevantes hasta que, en septiembre de 2021, inició un largo y complejo proceso de incapacidad temporal, con varias prórrogas y solicitudes ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que le denegó el reconocimiento de una incapacidad permanente. En el verano de 2023, cuando intentó abrir un nuevo proceso de baja, fue rechazada; más tarde, en diciembre, volvió a solicitarla y finalmente recibió el alta médica en septiembre de 2024, tras casi tres años de idas y venidas entre bajas, revisiones y reclamaciones administrativas.

La trabajadora no podía ni prestar atención ni concentrarse

Al regresar a la empresa, el escenario era radicalmente distinto. La valoración de los servicios médicos concluyó que Esther no podía desempeñar tareas que implicaran atención, concentración, interacción social o estrés, ni siquiera en funciones distintas a las que había ejercido durante años. Abanca analizó la estructura interna y no halló ningún puesto vacante que no exigiera esas capacidades. La empresa comunicó la extinción del contrato como medida objetiva ante la imposibilidad de adaptación, y la trabajadora intentó defender su derecho a continuar, alegando discriminación y falta de ajustes razonables.

El itinerario judicial comenzó tras la extinción del contrato. Esther presentó la papeleta de conciliación en enero de 2025 y, ante la falta de acuerdo, llevó la disputa ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo, que desestimó su demanda. En la siguiente instancia, la trabajadora sostuvo que el despido vulneraba derechos fundamentales, mientras que Abanca defendió haber agotado todas las vías posibles dentro del marco legal.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia de enero de 2026, consideró que la causa de ineptitud sobrevenida estaba plenamente acreditada y que la empresa había actuado dentro de los límites legales y jurisprudenciales, sin incurrir en discriminación. La sentencia confirmó la extinción del contrato y dejó a Esther con la única opción del recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, en un plazo de diez días hábiles desde la notificación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto que reforma la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en vigor desde 2021. Con esta norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, se refuerza el derecho de niños y niñas a ser escuchados, de forma que su testimonio deberá ser tenido en cuenta en todos los procesos judiciales y administrativos que los involucren, independientemente de su edad.

El objetivo de la reforma es “garantizar entornos libres de violencia” para niños, niñas y adolescentes, ya que “España tiene una deuda con la infancia por haber dudado durante años de su palabra y haber criminalizado a las madres protectoras”, ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es una cuestión de justicia”, ha asegurado. A partir de ahora deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado el interés superior del menor y de qué manera la medida adoptada protege su bienestar físico, emocional y psicológico.

Entre los nuevos criterios, se destaca la necesidad de apartar al menor de cualquier persona que ejerza violencia sobre él. “Estar con un agresor o presunto agresor no puede considerarse interés superior del menor. Un maltratador no es un buen padre”, ha subrayado la ministra ante la prensa.

La ampliación de la LOPIVI incluye requisitos más exigentes para quienes deseen trabajar o mantener su puesto en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. Será indispensable no tener condenas vinculadas a delitos contra la infancia o la adolescencia, endureciendo así el acceso y permanencia en estos empleos.

“La ley reconoce a niños y niñas como sujetos de derechos y no como ciudadanía en espera”, ha resumido Rego, que también ha agradecido al movimiento feminista y las asociaciones de infancia su trabajo para sacar adelante la reforma.

Síndrome de Alienación Parental

Entre los puntos más destacados, el texto también incorpora la prohibición expresa del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un argumento que suele utilizarse en los tribunales, especialmente contra mujeres, durante disputas por la custodia de los hijos. Aunque la ley actual ya prohíbe el uso del SAP, hasta ahora su aplicación seguía permitiéndose en la práctica. Con la nueva reforma, se deja claro que ningún informe, público o privado, que utilice este argumento podrá presentarse en procesos judiciales o administrativos.

“Se acabó la utilización de una herramienta que ha servido para desacreditar y criminalizar a las madres protectoras y a las infancias”, ha defendido la ministra.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes el informe sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia hacia las Infancias relativo a los años 2023 y 2024. El documento revela que el 90% de las medidas ya están en marcha, aunque persisten retos como las desigualdades territoriales y la falta de especialización en la judicatura. En ese sentido, Rego ha señalado que la ampliación de la LOPIVI responde a estas carencias al fortalecer la prevención, agilizar el reconocimiento de víctimas y mejorar la formación profesional, además de facilitar el acceso a la justicia con turnos de oficio especializados.

El Tribunal Central de Instancia número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado una primera providencia, a la que ha tenido acceso Infobae, tras la denuncia penal interpuesta por el partido político Iustitia Europa, en la que pide diversa información a la Organización de Naciones Unidas (ONU) antes de comenzar la investigación.

La denuncia va dirigida contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Herzi Halevi, por presuntos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones por la retención de un soldado español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) el pasado 7 de abril

Mientras este tribunal está a la espera “del informe del Ministerio Fiscal” para decidir “sobre la competencia de este órgano judicial”, solicitan a la ONU que “confirme oficialmente si consta a dicha Organización”:

1. Que los hechos objeto de la denuncia fueron formalmente puestos en su conocimiento en el marco de la misión UNIFIL.
2. Que tales hechos fueron trasladados a las autoridades del Estado de Israel por los canales institucionales correspondientes.
3. Que, como consecuencia de ello, se ha producido la iniciación de un procedimiento de investigación por parte de las autoridades israelíes o subsidiariamente por los mecanismos propios de la Organización con base en la dependencia orgánica y funcional del contingente desplazado.

“No se puede tolerar que nuestros militares sean agredidos”

“La justicia española ha dado un paso valiente y necesario. No se puede tolerar que nuestros militares, que arriesgan su vida bajo bandera de la ONU para mantener la paz, sean agredidos, humillados y detenidos con total impunidad”, denuncia Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y letrado que firma la denuncia.

Añade que, “como dijimos desde el primer día, no seremos partícipes del silencio ante crímenes que atentan no solo contra un soldado español, sino contra la legalidad internacional. Llegaremos hasta el final para que los responsables, sin importar su cargo, rindan cuentas ante los tribunales”.

Una “detención ilegal” con “trato degradante”

Según la denuncia presentada, a las 11.30 del pasado 7 de abril, en la demarcación de Taybeh (sur del Líbano, zona bajo mandato de la misión de Naciones Unidas), un convoy logístico de tres vehículos perfectamente identificados con emblemas de la ONU del contingente español fue interceptado “de forma deliberada y hostil” por fuerzas israelíes, asaltando el vehículo “de cabeza”.

El sargento del Ejército de Tierra español, cuyo nombre no se ha hecho público por motivos de seguridad, fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo. Este hecho fue calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. Acto seguido, al militar español “le metió en un vehículo con una violencia evidente”, procediendo a su traslado forzoso a una “localización distinta y no autorizada”, tal y como dicta la denuncia interpuesta el pasado 10 de abril.

El escrito sostiene que la actuación de las fuerzas israelíes vulneró el Derecho Internacional Humanitario y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que garantiza la inviolabilidad del personal desplegado en misiones de paz y la libertad de movimientos de los contingentes internacionales.

Asimismo, califica la retención del militar español como una detención ilegal y un trato degradante, al haberse producido con “violencia evidente” y con la finalidad de amedrentar al contingente de la misión. Y explican que la liberación del sargento se produjo tras gestiones diplomáticas urgentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander encargada de investigar el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera, ha decidido ampliar la acción penal al ingeniero industrial de la empresa FRONDA autor del proyecto de las pasarelas de madera.

La decisión, recogida en un auto hecho público este martes, se fundamenta en la documentación aportada por el director facultativo del proyecto de la senda costera, actualmente jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y también investigado en la causa.

Según dichos documentos, el jefe de obra de la constructora DRAGADOS confirmó que FRONDA fue la empresa encargada del diseño, fabricación y montaje de las pasarelas. A partir de estos datos, y ante la posibilidad de que el colapso se debiera a un defecto estructural o constructivo, la magistrada ha acordado dirigir la acción penal contra el autor del proyecto.

En paralelo, la instructora ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santander, que solicitaba la imputación del ingeniero en un momento anterior. La jueza argumenta que entonces no existían indicios suficientes.

Los correos que alertaban de los fallos de seguridad

La nueva línea de investigación se apoya en una cadena de correos electrónicos intercambiados en 2014 entre el jefe de obra y el director facultativo. En ellos se advertía de que los coeficientes de seguridad previstos en el proyecto original eran “muy por debajo de lo aceptable”.

Ante esta situación, FRONDA elaboró una propuesta alternativa en la que recalculaba las estructuras, asegurando su viabilidad sin alterar el diseño estético. El director facultativo solicitó entonces que los cálculos fueran firmados por un técnico competente, requisito que se cumplió con la entrega de un dosier técnico suscrito por el responsable de proyectos de la empresa.

Posteriormente, se dio luz verde a la fabricación de las estructuras, tras lo cual el director facultativo exigió a FRONDA que confirmara formalmente su responsabilidad sobre el diseño, fabricación y montaje, extremo que fue ratificado por el jefe de obra.

El auto judicial subraya que el director facultativo tenía la obligación de supervisar la correcta ejecución de la obra y garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad. Sin embargo, la magistrada considera que optó por aceptar la solución propuesta por el jefe de obra sin modificar el proyecto inicial, lo que supuso validar técnicamente un diseño alternativo durante la ejecución.

En cuanto al jefe de obra de DRAGADOS, la instructora concluye que actuó conforme a sus funciones, informando de forma continua de las incidencias detectadas y sometiendo sus propuestas a la aprobación del director facultativo. Por su parte, los ingenieros que firmaron el proyecto original de la senda costera quedan al margen de esta modificación, ya que no intervinieron en el cambio de las condiciones técnicas.

El auto sitúa al ingeniero de FRONDA como el “responsable último” del proyecto técnico de las pasarelas finalmente ejecutadas, señalando además dudas sobre la idoneidad de su titulación para este tipo de obra civil.

A la vista de los informes periciales, que apuntan a posibles fallos de diseño o construcción como causa del accidente, la jueza ha decidido incluirlo formalmente en la investigación.

Nuevas declaraciones en mayo y junio

La magistrada también ha ampliado el calendario de declaraciones. El próximo 15 de mayo comparecerán todos los peritos para ratificar sus informes, mientras que el 5 de junio declararán los técnicos implicados.

Ese segundo día intervendrán como testigos los dos ingenieros que firmaron el proyecto general de la senda costera y el jefe de obra de DRAGADOS. A continuación, prestarán declaración como investigados cuatro técnicos: dos responsables de proyectos de Costas (actual y anterior), el ingeniero de FRONDA y el director facultativo del proyecto.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado la petición un chofer de un chofer, que buscaba que su infarto fuera catalogado como accidente laboral y no como enfermedad común. El fallo respaldó la postura de la Mutua FREMAP, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dejando sin cambios la resolución previa del Juzgado Social de Badajoz.

El hombre trabajaba con un contrato indefinido y una jornada de lunes a viernes. El 9 de noviembre de 2022, poco antes de las 14:00, llegó con su coche a las instalaciones de la empresa y empezó a sentirse mal, por lo que le tuvo que auxiliar un compañero, que llamó al 112.

El parte médico determinó “angina de pecho SCACEST lateral Killip I”, cuadro considerado una enfermedad de origen común. El afectado estuvo internado hasta el 16 de noviembre de 2022 y estuvo en licencia médica hasta quedar con incapacidad total para su puesto a partir del 3 de junio de 2024. El expediente administrativo confirmó inicialmente que el episodio no tenía vínculo con el trabajo y asignó la responsabilidad económica a la Mutua MC MUTUAL.

Disconforme, el trabajador pidió que el episodio se considere accidente laboral, argumentando que la descompensación se produjo en el tiempo y lugar del trabajo, dentro de las instalaciones de la empresa y apenas minutos antes de la hora de ingreso. Sostuvo que “no puede descartarse la influencia de factores laborales” en la crisis sufrida, citando que estaba en el aparcamiento “realizando operaciones indispensables” para iniciar su actividad.

“No existe nexo de causalidad con el trabajo desempeñado”

El afectado defendió que existía al menos un “vínculo causal presumido” porque la crisis se produjo en las inmediaciones de la empresa dentro del horario de trabajo, y porque la ley prevé que, salvo prueba en contrario, los incidentes médicos próximos al ingreso deben considerarse laborales.

Sin embargo, el TSJ de Extremadura ha diferenciado entre la presencia física en una instalación laboral laboral y la condición de estar efectivamente en funciones o realizando alguna tarea asignada. Han explicado, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que “el hecho de que una enfermedad común aparezca en el trabajo no la convierte automáticamente en accidente laboral”. Lo relevante es si hubo una agravación efectiva a causa del trabajo.

“No se desprende que al momento de la descompensación estuviera en su puesto ni hubiera iniciado la jornada”, explica el fallo y añade que para que opere la presunción legal de accidente laboral, el episodio debe producirse con el trabajador ya en funciones o realizando tareas propias del empleo.

El fallo sostiene que, “aunque el episodio se dio cerca del inicio de la jornada, no existe nexo de causalidad con el trabajo desempeñado ni puede aplicarse la presunción legal”, ya que “no se ha desencadenado en tiempo ni en lugar de trabajo”.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma así la sentencia previa y rechaza que haya habido un accidente de trabajo. Esta decisión determina que la baja médica y la invalidez del chofer seguirán siendo tratadas como enfermedad común, sin derechos adicionales por accidente laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha ratificado el despido de una camarera acusada de realizar durante diciembre de 2024 al menos 11 cobros no registrados en la caja del local, en Lugones-Siero. El tribunal ha determinado que dichos incumplimientos “resultan suficientemente graves para justificar la sanción máxima de despido”.

Los hechos comienzan el 13 de diciembre de 2024, cuando la supervisora de zona ordenó un recuento sorpresa de caja en el centro Lugones y se detectó un descuadre de cerca de 200 euros, ya que la caja mostraba más dinero del que figuraba en el sistema de tickets. Ese hallazgo activó una investigación inmediata.

El equipo de Recursos Humanos elaboró varios informes entre el 16 y el 18 de diciembre, que incluyeron registros de la terminal de ventas (TPV), grabaciones de cámaras y listados de movimientos con tarjeta.

Según la cadena, el análisis de esos días permitió comprobar al menos 11 movimientos (entre el 1 y el 16 de diciembre) donde las ventas realizadas por la trabajadora no habían quedado consignadas en el sistema ni se había emitido ticket, lo que generaba descuadres en la caja y un perjuicio calculado para la empresa.

Entre los casos detallados están tres cobros con tarjeta de cafés para empleados (uno de 1,20 euros y otros dos por el mismo valor), dos ventas de agua no registradas (1,90 euros cada una), y operaciones por cafés con leche, cañas, mini rústicos y tercio de cerveza que no figuraban oficialmente.

Una conducta “sistemática y voluntaria”

La empresa decidió entonces el despido de la trabajadora con una carta que sostenía que las irregularidades probadas no eran “ocasionales ni involuntarias”, sino que se trató de una conducta “sistemática y voluntaria”. A la empleada se le imputaba haber “incumplido los protocolos obligatorios para beneficio propio y en perjuicio de la compañía”.

Tras la sentencia de primera instancia a favor de la empresa, la trabajadora presentó un recurso, fundamentado en varios puntos. En sus argumentaciones cuestionó la gravedad de los hechos, alegó una práctica supuestamente tolerada de ventas no registradas, y sostuvo que las pruebas aportadas por la empresa eran “documentos unilaterales” sin control independiente.

También alegó que el 13 de enero de 2025 la empresa recibió un burofax remitido por ella misma, horas antes de serle notificada la decisión de despido, en el que reclamaba la extinción de la relación laboral denunciando incumplimientos contractuales de la empresa. Según la apelación, esto debía interpretarse como una represalia y vulneración del derecho de la trabajadora a reclamar.

“El quebrantamiento de los deberes de buena fe”

El tribunal, tras analizar en detalle estas alegaciones, pero ha concluido que no existía constancia fehaciente de que la empresa hubiera recibido el burofax antes de que fuera notificada la sanción. Por otro lado, la sentencia indica que los hechos acreditados son anteriores al reclamo de la trabajadora. “No se aprecia vinculación entre la decisión extintiva y el ejercicio, por parte de la actora, de su tutela judicial efectiva, o de algún acto previo que pueda fundamentar su nulidad”, destaca el fallo.

En la resolución original y el fallo de segunda instancia se hacen varias referencias a la jurisprudencia sobre el principio de buena fe y el abuso de confianza, recordando que “basta para la calificación del despido el quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque la importancia económica del hecho fuera baja”. El texto también descarta que el hecho de no haber entregado personalmente el protocolo sea suficiente para moderar la gravedad de la conducta.

De esta manera, el TSJ de Asturias ha rechazado cada uno de los argumentos presentados por la defensa de la trabajadora, ha confirmado la procedencia del despido y ha reiterado que no procedía sanción menor ni ha considerado justificada ninguna represalia o vulneración de derechos. El fallo remarca que la trabajadora fue despedida junto a otros dos empleados por hechos similares tras denuncias y auditorías internas, y que la empresa había realizado previamente más de 60 despidos bajo el mismo Protocolo.

De esta manera, el acusado ha sacado a la luz cómo los agentes se equivocaron sobre la fecha en la que conoció a Aldama o la forma en la que le asignaron unas cantidades de dinero en efectivo sin justificar, que no investigaron más allá y que, según él, están completamente acreditados. Con esta fórmula, busca un último intento de demostrar que la acusación en su contra se puede desmoronar en cualquier momento.

Sobre el empresario, ha relatado que le conoció a través de Koldo y que se presentó como “asesor, no como consejero” de la empresa Air Europa. Según uno de los informes de la UCO, este encuentro se produjo el 31 de agosto de 2018. “Eso no puede ser, no porque tenga una gran memoria, pero curiosamente, como indica el propio informe, yo estaba en Londres”, ha denunciado, confirmando que desde el 30 de agosto al 2 de septiembre estuvo con la que en ese momento era su mujer y sus hijos en la capital británica.

En esa línea, también ha puesto en duda la razón por la que se investigó ese viaje, atentando contra su intimidad, según ha aclarado en varios puntos de su declaración. En concreto, fue porque le acompañó el hermano del empresario, Rubén de Aldama, pero, según su versión, fue simplemente porque era el escolta del ministerio quien le acompañó. “Yo en fase de instrucción desmentí que fuera su hermano, porque no lo sabía”, ha indicado y ha añadido que tuvo este conocimiento más adelante.

“El gran caso de corrupción de las mascarillas”

Sin embargo, el ataque más directo a sus actuaciones ha llegado más adelante, cuando el interrogatorio ha versado sobre su patrimonio y los ingresos que presuntamente recibió sin justificación. “Es el momento de hablar con rigor del informe de la UCO”, ha espetado, mientras se refería a un cuadro de dinero que le atribuyen 94.800 euros “de origen desconocido”. “Es toda la prueba contra mí”, ha denunciado.

Ha agregado a sus quejas que toda esta información solo se saca de los WhatsApps de Koldo, “de ninguna otra parte”, que ha explicado que “aun admitiendo que eso pueda suponer prueba, esto es lo que han encontrado en tantos millones como se dice que me he llevado. En cada declaración, me aumenta los millones. El señor de Aldama el otro día me puso más millones, y yo estoy encantado porque, cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero”.

“En 10 años han encontrado 94.000 y yo he hecho las cuentas y me sale bastante menos”, ha explicado José Luis Ábalos. “¿De tanto dinero, 94.000, sacado de los whatsapps de Koldo? ¿Eso es lo que se me ha encontrado en 10 años?”, se ha preguntado el exministro, que irónicamente ha apuntado que el ingreso en efectivo “por el gran caso de corrupción de las mascarillas” le sale de media a “500 euros al mes”.

También ha denunciado que estos supuestos pagos serían en abril de 2022. “Estamos en mayo de 2026 y no se han localizado las cuentas”, ha agregado. Sobre esos ingresos, ha relatado que se deben principalmente a los pagos que le realizaban Koldo por el alquiler de su vivienda, que era de su propiedad, y el de su hermano Joseba por su alquiler de vacaciones, todo “declarado en la Agencia Tribunal”, según su versión.

“Y sin contar con otras causas, que tengo obra pública, que tengo Air Europa, sí tengo de todo. Pero me han encontrado 94.000 porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No van a encontrarme nada”, ha asegurado el acusado.

La polémica de los ‘folios’

Otra de las claves dentro de los informes de la UCO es el presunto lenguaje en clave que utilizaban los acusados y su entorno cercano. A las ‘chistorras’ para referirse a los billetes de 500, ‘soles’ de 200 y ‘lechugas’ de 100, se suman los ‘folios’, que según los agentes era la fórmula que utilizaba el exministro para pedir dinero en efectivo a Koldo.

“Esto es lo que llamarían la prueba diabólica. Se parte con el principio de que utilizo lenguaje criminal”, ha denunciado antes de responder a la pregunta del fiscal, Alejandro Luzón. “Cuando yo pido folios, son folios de verdad. Tengo esa cultura del papel y todos los dosieres los imprimía en la casa del ministerio, que era donde tenía la impresora a color”, ha indicado.

La declaración en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos ha terminado de convertir el ‘caso mascarillas’ en un cruce de relatos difícil de encajar, con tres versiones que discurren en paralelo y presentan diferencias claras en aspectos clave. A lo ya expuesto la semana pasada por el empresario Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García se suma ahora un tercer y último relato que amplía las discrepancias en cuestiones como el dinero, el papel en las adjudicaciones y los vínculos personales.

La intervención del exministro, que se prolongó durante cerca de seis horas, tuvo como estrategia negar cualquier vínculo con el cobro de comisiones y poner en duda el relato de Aldama. Ábalos sostuvo que las acusaciones del empresario no contienen “ninguna evidencia” y deslizó incluso cierta ironía al señalar que cada vez se le atribuyen “más millones”. “No van a encontrarme nada”, aseguró en el tramo final de su declaración.

Dinero en efectivo y pagos

El rastro del dinero vuelve a concentrar las principales contradicciones. Aldama describió ante el tribunal un sistema continuado de pagos en metálico, con entregas mensuales de 10.000 euros a Koldo y cantidades superiores vinculadas a adjudicaciones. Su relato apunta a un flujo constante de dinero que, según dijo, llegaba a moverse en efectivo en distintos momentos de la operativa.

Koldo García rechazó de forma tajante esa versión. “El PSOE no coge dinero de nadie”, afirmó, al tiempo que negó haber recibido cantidades regulares: “Ni 10.000 euros al mes, ni nada”. Su relato, sin embargo, sí incluye el uso de efectivo en el día a día, incluso billetes de 500 euros —las conocidas ‘chistorras’—, que enmarcó en gastos habituales, dietas o gestiones corrientes.

Ábalos se desmarca de ambos en la interpretación de ese mismo terreno. Niega haber recibido “mordidas” en cualquier formato, pero reconoce que en su entorno existía una dinámica de adelantos de dinero. Según explicó, Koldo asumía pagos que después se le reembolsaban, también en metálico. “Te pagaban moneda a moneda”, señaló al describir el funcionamiento interno del partido, donde, según dijo, esa práctica era habitual.

Contratos, pandemia y grado de implicación

Las diferencias se amplían al abordar la compra de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia. Aldama se presentó como un intermediario con acceso directo y capacidad de influencia. Su relato le sitúa dentro del proceso de adjudicación, con un papel relevante en un contexto donde, según afirmó, se producían pagos asociados a contratos.

Koldo García describió un escenario distinto, caracterizado por la urgencia en aquel momento. “Había que traer material como fuera”, resumió. En su testimonio, las ofertas llegaban de múltiples fuentes y su función consistía en canalizarlas. Reconoció haber estado en la recepción de mascarillas y en gestiones logísticas, aunque insistió en que no tomaba decisiones. “Yo trasladaba ofertas”, explicó en varias ocasiones.

Ábalos reduce aún más la presencia del empresario en ese proceso. Asegura que ninguna oferta de mascarillas pasó por sus manos y que no trató con Aldama cuestiones relacionadas con contratos. “Conmigo no habló”, afirmó. En su explicación, el empresario podía estar presente en algunas conversaciones, pero como oyente: “Yo se lo diría a Koldo y a lo mejor Aldama estaba delante”.

El entorno personal y los pagos del alquiler

El ámbito personal vuelve a aparecer como un punto de fricción entre los tres relatos. El episodio de la vivienda de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, se mantiene como uno de los más sensibles.

Aldama vinculó ese episodio a pagos relacionados con la operativa investigada. Koldo García reconoció haber intervenido en ese asunto y haber asumido parte del alquiler en determinados momentos. Según su versión, lo hizo por una situación personal concreta y negó que el dinero procediera del empresario. “Yo nunca he recibido dinero por ese piso”, afirmó.

Ábalos aportó un elemento adicional al confirmar que el alquiler fue pagado por un socio de Aldama. “Es cierto que lo pagó”, reconoció, aunque enmarcó ese hecho en el ámbito privado. Según explicó, se trata de una cuestión personal sin relación con decisiones políticas o administrativas.

Durante su declaración, el exministro también puso en duda el testimonio de su expareja, sugiriendo que pudo haber sido “coaccionada” o que su versión fue “pactada” con Aldama. “Estoy convencido, porque la conozco”, afirmó, al tiempo que mostraba su sorpresa por algunas de sus declaraciones.

Delegación y funciones

Las declaraciones también abren diferencias en el reparto de funciones. Koldo García se presentó como un perfil centrado en la gestión diaria, sin capacidad de decisión. “Yo intentaba quitarle problemas”, explicó en relación con su trabajo junto al ministro. Ábalos confirmó que delegaba en él determinadas cuestiones, incluidos gastos y aspectos logísticos. Reconoció que su asesor llevaba cuentas, realizaba pagos y que, en ocasiones, adelantaba dinero. Aun así, situó las decisiones sobre adjudicaciones fuera de ese ámbito.

A lo largo de su comparecencia, el exministro insistió en que el procedimiento está marcado por su dimensión pública. Lo definió como un caso “claramente mediático” y sostuvo que existe una “condena clara” instalada fuera de la sala antes de que termine el juicio.

También rechazó interpretaciones que, según él, tergiversan situaciones cotidianas. Al referirse al uso del lenguaje, defendió que cuando pedía “folios” a su asesor, se refería literalmente a papel: “Los folios son folios”, subrayó, descartando cualquier código vinculado al dinero.

El exministro también cuestionó el relato de Aldama, al que acusó de “mentir” en varios puntos y de construir una versión que, a su juicio, no se corresponde con lo ocurrido.

Con las tres declaraciones ya sobre la mesa, el caso avanza entre coincidencias parciales y discrepancias profundas. El uso de efectivo, el papel en las adjudicaciones y el significado de determinados episodios personales siguen siendo puntos donde los relatos se cruzan sin llegar a coincidir plenamente.

En medio del intento del Gobierno Nacional por retomar la centralidad de la agenda, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión con todos los ministros en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro con todos los titulares de la cartera mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la Justicia.

Según pudo saber Infobae, la convocatoria está realizada para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón. Se estima que participarán todos los ministros y resta saber si también estará presente el propio Javier Milei, quien viajará a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken el próximo miércoles.

Todo se da mientras el Poder Ejecutivo busca reactivar la actividad legislativa para motorizar el Congreso con intención de cumplir con la apuesta del mandatario, quien el 1° de marzo vaticinó “nueve meses ininterrumpidos de reformas”. Hasta ahora, desde la apertura de sesiones ordinarias a la fecha, el oficialismo solo conquistó la media sanción restante para habilitar los cambios en la Ley de Glaciares.

Tras el envío de nueve proyectos, entre los que destacan la reforma electoral, sin los votos necesarios, en los planes de la Casa Rosada figura la necesidad de avanzar en lo inmediato con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, y en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de varias decenas de pliegos a jueces, defensores y fiscales en el Senado.

El último encuentro del gabinete fue en abril pasado, donde el propio Milei fue quien encabezó la reunión y allí reiteró el respaldo para Adorni, quien ya era investigado por la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el tramo en el que estuvo presente, el mandatario brindó una breve introducción general en materia política y dio algunos detalles del plan económico, pero además, les encomendó a sus funcionarios que “cumplan los objetivos” trazados en cada ministerio y “recuperen la agenda de gestión”. Además, solicitó de cara al plantel completo que centralicen las demandas de gestión con el ministro coordinador, lo que fue definido por más de uno como una acción “empoderadora”.

Luego, una vez que se retiró tanto el presidente como su hermana, Karina Milei, fue el ministro coordinador quien quedó a cargo del encuentro, en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas.

Sin embargo, ahora se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones que se llevaron a cabo en la casa que Adorni compró en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según dijo ante la Justicia, el ex vocero pagó USD 245 mil en efectivo por las refacciones que se llevaron a cabo.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

Greer, quien prevé reunirse este martes en París con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, precisó que los gravámenes a los vehículos son "un componente" del pacto por el que Bruselas aceptó un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos a cambio de que EE.UU. exporte la mayoría de los suyos al 0 %.

"Sin embargo, la Unión Europea prometió al presidente Trump que reduciría a cero todos sus aranceles industriales, que establecería cuotas libres de derechos para ciertos productos agrícolas estadounidenses y que simplificaría algunas de sus regulaciones para beneficiar a las empresas de EE.UU.", recordó Greer en CNBC.

El representante estadounidense afirmó que este fin de semana "estuvo en contacto con funcionarios comerciales, tanto europeos como alemanes, para ayudarles a comprender el motivo de esta medida y recordarles todas las conversaciones que hemos mantenido respecto al cumplimiento" del pacto.

"Por consiguiente, continuaré manteniendo dichas conversaciones, pero el presidente (Trump) seguirá adelante con esta acción", aseguró.

Según Greer, los Veintisiete "acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EE.UU., pero no han hecho nada de eso" y se quejó de que el proceso en el Parlamento Europeo "ha sido muy lento", con "una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo",

"Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente (Trump) decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual", insistió.

EE.UU. y la Unión Europea acordaron un pacto comercial para rebajar los aranceles "recíprocos" impuestos por el mandatario dentro de su guerra comercial contra los socios comerciales de la nación estadounidense.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

No está claro aún bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a los vehículos fabricados en la UE, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado.

Funcionarios de la Casa Blanca indicaron la semana pasada que la UE "no ha hecho progresos sustanciales en los compromisos adoptados" dentro del acuerdo comercial entre ambos.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha elevado a definitivas sus conclusiones en la recta final del juicio en el Tribunal Supremo por el ‘caso mascarillas’ sin introducir cambios sustanciales en las penas solicitadas. El Ministerio Público mantiene la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y descarta aplicar la atenuante muy cualificada por confesión que reclamaba su defensa, pese a que el propio fiscal considera que su colaboración ha sido relevante para la causa.

Tampoco se modifican las penas solicitadas para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, para los que Anticorrupción mantiene peticiones de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente. Según explicó el propio fiscal en sala, las modificaciones introducidas en el escrito de conclusiones definitivas se limitan a cuestiones de redacción y precisión, sin afectar a la calificación jurídica de los hechos ni a las penas interesadas.

Anticorrupción mantiene el criterio pese a la colaboración

Según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo, Luzón comparte que la cooperación de Aldama podría haber justificado esa rebaja, pero la negativa de la Fiscalía General del Estado le impide modificar sus conclusiones. La consulta previa era obligatoria y fue elevada a la fiscal general del Estado Teresa Peramato, quien ha rechazado autorizar una reducción mayor de la pena. Esta decisión consolida el criterio de mantener intacta la acusación en su formulación inicial.

En el seno de Anticorrupción existe coincidencia en valorar la colaboración de Aldama como relevante para el desarrollo de la investigación. El propio Luzón ya dejó constancia en su escrito de acusación de que el empresario había realizado “manifestaciones relevantes, veraces” y coherentes con el material probatorio incorporado al procedimiento. Además, subrayó que no se trataba de declaraciones autoexculpatorias, sino que implicaban el reconocimiento inequívoco de su participación en los hechos investigados.

El fiscal jefe considera que la confesión ha sido “esencial” para conocer el funcionamiento de la supuesta organización criminal en la que también están implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. De hecho, fuentes del Ministerio Público sostienen a El Mundo que sin la cooperación del empresario no se habría alcanzado la dimensión real de la trama, en aspectos como los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.

Pese a esta valoración, la Fiscalía General no ha autorizado aplicar la atenuante muy cualificada de confesión, lo que habría permitido reducir la petición de pena aproximadamente a la mitad, situándola en torno a tres años y medio de prisión. En cambio, Anticorrupción mantiene para Aldama la atenuante simple, lo que explica que la pena solicitada —siete años— sea ya inferior a la que se reclama para los otros principales acusados: 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García.

Frente a este criterio, la acusación popular ejercida por el Partido Popular sí ha introducido modificaciones en sus conclusiones definitivas y plantea una rebaja significativa de las penas para Aldama en atención a su colaboración. En concreto, propone aplicar la atenuante de confesión como muy cualificada y reducir las penas en dos grados, de modo que ninguna de las condenas por los distintos delitos supere los dos años de prisión.

La acusación popular sostiene que la cooperación del empresario ha sido determinante no solo para el esclarecimiento de los hechos investigados, sino también para el descubrimiento de otras actuaciones presuntamente delictivas vinculadas a la adjudicación de contratos de obra pública.

Sin embargo, no introduce cambios en su posición respecto a Ábalos y Koldo, para los que mantiene peticiones de condena más elevadas.

El proceso muestra los límites en la actuación de los fiscales dentro de la estructura jerárquica del Ministerio Público. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los fiscales deben acatar las órdenes de sus superiores en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, aunque conservan libertad de criterio en sus intervenciones orales durante el juicio.

El alcance de las confesiones

El papel de Aldama en el procedimiento ha cobrado especial relevancia por el contenido de sus declaraciones. Durante la instrucción y en el juicio oral, el empresario ha aportado detalles sobre su relación con Ábalos y Koldo, incluyendo la existencia de acuerdos para influir en adjudicaciones y la entrega periódica de cantidades económicas y otras contraprestaciones.

Las manifestaciones del empresario han sido consideradas consistentes por la Fiscalía, que destaca su coincidencia con otros elementos probatorios. En su escrito de acusación, Luzón ya señalaba que Aldama había descrito el “concierto” con los otros acusados para obtener resoluciones favorables a sus intereses y había admitido pagos que implican la asunción de su responsabilidad penal en delitos graves.

El contenido de estas confesiones ha trascendido el ámbito estrictamente judicial y ha tenido repercusión política, al afectar al entorno más próximo del presidente del Gobierno. Este contexto añade un elemento de sensibilidad a la causa, en la que la posición de la Fiscalía General ha resultado determinante para fijar el marco de actuación de Anticorrupción.

Moisés Martínez, el uruguayo condenado por asesinar a su padre de 15 disparos, violó la prisión domiciliaria que le había otorgado transitoriamente la Justicia y una jueza analizará esta semana si deberá volver a la cárcel. A su vez, el condenado fue internado luego de un intento de suicidio.

Martínez deberá comparecer el jueves en una audiencia judicial por presuntos incumplimientos de las medidas dispuestas en su contra, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. El condenado salió tres veces de su casa, según el registro de su tobillera electrónica.

Martínez mató a su padre de al menos 15 disparos. Lo hizo porque quería hacer justicia por una vida marcada por los abusos y la tortura. La familia del condenado quería que él evitara la cárcel a través de la figura del “perdón legal”, pero esto no le fue concedido.

Esta figura fue rechazada por la jueza María Noel Odrizola, que fue quien lo condenó. Ella es la misma magistrada que en abril decidió darle la prisión domiciliaria hasta que no haya una condena firme (su defensa apeló la sentencia).

En la audiencia en la que se le decidió otorgar la prisión domiciliaria, Martínez pidió la palabra y le dijo a la jueza: “Si usted me da la tobillera yo prometo mantenerla cargada todo el tiempo. Primero eso”. Además, recordó que en mayo de 2025, después de matar a su padre, un familiar le dijo que habían decidido llamar a la Policía. Y marcó que él decidió no fugarse, como argumento para expresar que tampoco lo haría ahora.

Sin embargo, incumplió su palabra y el jueves se definirá si debe continuar esperando el fallo del Tribunal de Apelaciones en prisión.

Esta no fue la única noticia relacionada a Martínez que surgió en la última semana.

Martínez intentó suicidarse al ingerir medicamentos y el viernes pasado fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, informó Subrayado.

Fueron los familiares los que llamaron a la Policía para alertar por el intento de suicidio a través de la ingesta de fármacos. Martínez caminó hasta un vehículo, que lo llevó desde su complejo de viviendas en Casavalle hasta una policlínica en Capitán Tuana.

El joven ahora permanece internado en el hospital Pasteur.

Su intento de autoeliminación se dio luego de que el programa Todo se sabe emitiera un informe sobre su caso que, según la familia de Moisés, afectó al joven especialmente. Allí se sostuvo que Martínez cometió robos, consume drogas y que ya conocía los abusos de su padre desde hace tiempo. Además, tras el asesinato hubo desorden y venta de objetivos en la vivienda en el que el cuerpo fue encontrado.

La condena a 12 años de cárcel para Moisés Martínez ha generado una fuerte conmoción en Uruguay. Hubo movilizaciones de apoyo a la familia y el caso también ha tenido repercusiones políticas: el presidente Yamandú Orsi recibió a la familia y desde el Parlamento se ha promovido un indulto para el condenado.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767

José Luis Ábalos ha defendido este lunes en el Tribunal Supremo que los pagos en efectivo en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, respondían a una práctica “histórica” del partido y no a un mecanismo opaco. El exministro de Transportes ha sostenido, desde el inicio de su declaración, que el uso de metálico formaba parte de una “cultura organizativa” arraigada durante décadas y que se mantuvo, según ha precisado, “hasta el año 2021”.

“Se ha generado mucha controversia con esto, pero es una práctica que viene de antiguo”, ha afirmado Ábalos al ser interrogado por los documentos que reflejan entregas de dinero en efectivo para sufragar gastos de la Secretaría de Organización. El exdirigente socialista ha rechazado que ese sistema pueda interpretarse como irregular en sí mismo y lo ha enmarcado en una forma de funcionamiento interna que, según ha dicho, afectaba a distintos niveles del partido.

En su relato, Ábalos ha evocado incluso su etapa como miembro del Comité Federal para ilustrar la normalidad de estos procedimientos. “Recuerdo ir a los comités y que hubiera dos mesas: una para acreditarte y otra para cobrar los gastos. Si ibas en coche, entregabas el kilometraje; si ibas en tren o avión, el billete. Y te pagaban en moneda, en metálico”, ha explicado. “Doscientas y pico personas cobrando así”, ha insistido, como prueba de que no se trataba de una excepción ni de una práctica reciente.

Una práctica extendida y asumida

El exsecretario de Organización se ha apoyado en la declaración previa del gerente del PSOE, quien en fase de instrucción aludió a esa misma tradición. “Cuando dijo que responde a una vieja cultura del partido, tiene razón”, ha sostenido Ábalos, aunque ha introducido un matiz: “Otra cosa es que se haga bien o mal, o que ahora resulte llamativo”.

A lo largo de su intervención, el exministro ha tratado de deslindar esa práctica generalizada de cualquier sospecha de irregularidad concreta. Según ha explicado, los gastos estaban siempre justificados mediante tickets o facturas y seguían un circuito administrativo que incluía la revisión por parte del área correspondiente y el visto bueno de los servicios de administración. “No se trataba de que nadie hiciera gastos sin control”, ha resumido.

Ábalos ha insistido en que su papel no era el de gestor directo de esos fondos. Ha asegurado que la llevanza material de los gastos recaía en su colaborador Koldo García, quien “recogía los tickets, llevaba el control y lo trasladaba a la secretaria en Ferraz”. Él, como responsable político del área, se limitaba a validar los gastos dentro de sus competencias. “Yo no llevaba la contabilidad ni me metía en el régimen económico”, ha afirmado.

Del efectivo a la transferencia

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido la transición del metálico a los pagos bancarios. Ábalos ha situado ese cambio en 2021, cuando, según ha dicho, comenzaron a generalizarse las transferencias. “Hasta ese año no recibo ninguna transferencia del PSOE por gastos de actividad; era todo en metálico”, ha señalado.

A partir de entonces, los movimientos quedaron reflejados en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), que documentan ingresos en su cuenta y posteriores transferencias a Koldo García. El exministro ha cifrado en unos 23.000 euros el total de esas devoluciones. “Si a mí me estuvieran gestionando o guardando dinero, no tendría sentido que yo lo devolviera. El flujo sería en una sola dirección”, ha argumentado.

El interrogatorio también ha abordado la gestión de distintos tipos de fondos —del partido, del ministerio y personales— y su posible mezcla. Ábalos ha negado tajantemente cualquier confusión y ha asegurado que él mismo exigía una separación estricta. “Tenía que haber una distinción clara: lo del ministerio, al ministerio; lo del partido, al partido; y lo personal, lo personal”, ha explicado. Según ha añadido, esa diferenciación se materializaba incluso en la forma en que su colaborador organizaba los justificantes.

Sobre las cantidades globales manejadas en efectivo por la Secretaría de Organización, que algunos documentos sitúan por encima de los 120.000 euros en determinados periodos, Ábalos ha evitado entrar en detalles. “Yo no llevaba la cuenta”, ha reconocido, aunque ha añadido que, si esas cifras proceden de documentación oficial del partido, “las doy por buenas”.

En varios momentos de su declaración, el exministro ha tratado de desmontar la carga simbólica asociada al uso del metálico. “Cuando se dice la palabra ‘sobre’, todo el mundo se pone a pensar raro”, ha lamentado. Frente a esa interpretación, ha defendido que se trataba de un mecanismo operativo conocido y extendido, desvinculado, según su versión, de cualquier finalidad irregular.

José Luis Ábalos se ha negado este lunes en el Tribunal Supremo a responder a las preguntas de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, al que ha acusado de hacer oposición política mediante un “uso torticero de la Justicia” en el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exministro de Transportes ha marcado así desde el primer momento el tono de su intervención en la sesión vespertina de la decimotercera jornada, en la que también están acusados el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. Tras haber respondido por la mañana a la Fiscalía Anticorrupción negando las acusaciones, Ábalos ha optado por levantar un dique frente a las acusaciones populares y a la defensa de Aldama.

El intento de interrogatorio por parte de la acusación popular ha quedado abortado antes de tomar forma. A la primera pregunta, Ábalos ha respondido con una negativa tajante, amparándose en un “principio de coherencia”. Ha recordado que ya había solicitado la exclusión de los partidos políticos del procedimiento y ha sostenido que no reconoce ese espacio como legítimo para su actuación.

A su juicio, la presencia de partidos en el proceso desborda los límites de la acción judicial y convierte el juicio en un instrumento de confrontación política. “Entiendo que no es el foro de acción de un partido político, tiene otras formas”, ha sostenido, ni tampoco “la vía para conformar y contribuir a la formación de la opinión pública”.

En ese contexto, ha dirigido sus reproches al PP, al que ha señalado como impulsor de esa estrategia. Según ha expuesto, las acusaciones populares no actúan con el objetivo de esclarecer los hechos, sino de “hacer una acción de oposición al Gobierno”. De ahí su negativa a responder a sus preguntas.

El tribunal le ha recordado que entre las acusaciones populares figuran también entidades ajenas a los partidos. Ábalos no ha negado ese extremo, pero ha insistido en que el liderazgo del PP dentro de ese bloque es evidente. “Se le reconoce perfectamente”, ha resumido, sin modificar su decisión.

Cuestionamiento de Aldama

La misma línea de rechazo se ha extendido a la defensa de Víctor de Aldama. Ábalos tampoco ha querido contestar a su abogado y ha aprovechado cuestionar el papel procesal del empresario —quien se encuentra en libertad— y el sentido de su actuación en la causa. “Habrá visto que somos dos personas que venimos de la cárcel y otra, sin haber colaborado en la causa, fue puesta en libertad”, ha señalado.

El exministro ha descrito a Aldama como una figura “muy rara” dentro del procedimiento, llegando a calificarlo de “ornitorrinco procesal”. Con esa expresión, ha expuesto lo que considera un papel atípico, marcado por una supuesta colaboración con la Justicia cuyo alcance ha cuestionado abiertamente.

En su intervención, ha dejado entrever que esa estrategia podría responder a un intento de obtener beneficios judiciales, desviando la atención hacia un terreno ajeno al núcleo del proceso. Ha hablado de actuaciones en un plano “extraprocesal” y ha sugerido que se estaría tratando de “eludir la responsabilidad” mediante la politización de la causa.

Ese planteamiento enlaza con la crítica que había dirigido previamente a las acusaciones populares. Para Ábalos, tanto la actuación de los partidos como la posición de Aldama forman parte de una dinámica que desvirtúa el procedimiento judicial.

Las mascarillas han sido el plato fuerte de la declaración, ya que es el punto clave en el juicio, y el exministro ha defendido la legalidad en el proceso, excusándose en que estaban en un momento de absoluto caos. Ha relatado que entre el 14 y el 20 de marzo de 2020 “se aceleraron todos los trámites” y que él no conoció “ninguna oferta”, pero sabe que “hubo varias”.

Ha explicado que su subsecretario le indicó que, “aunque la ley y el decreto no exigían la concurrencia, quedaría bien que hubiera algunas ofertas más para cerrar el expediente”. Por esta razón, está “convencido de que alguna hubo”. “Por mi mano no pasó ninguna. Una vez pedido, Koldo me dijo que había aportado hasta cuatro, todas contemporáneas a la de Soluciones de Gestión S.L.”, ha añadido.

Sobre este tema, ha añadido que su única obsesión en esos días era la urgencia por conseguir las mascarillas. “Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación, además para eso se hizo la orden, que procuraran hacerlo bien, pero que tuviéramos el material ya”, ha asegurado.

“Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que tienen que contratar como ellos crean conveniente. Y como sepan, yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación jamás y Puertos no tiene el mandato de comprar con nadie en concreto”, ha asegurado.

Su relación con Koldo y Aldama

Su declaración ha comenzado explicando su relación con su exasesor. “Conozco a Koldo en primarias internas, imagino que principios del 2017, en un acto que ha sido muy reproducido públicamente”. Después volvieron a coincidir en otros actos en Navarra o Madrid, en los que acompañaba a Santos Cerdán.

“Cuando ganamos las internas del partido, me nombraron secretario general. El partido estaba en una situación delicada y mi función era reconstruir el partido, por lo que viajaba mucho y necesitaba un conductor que aguantara esos horarios”, ha relatado, por lo que contrató a Koldo.

En ese momento el acusado le “acompañaba las 24 horas”, situación en la que estuvieron meses. “Era un conductor, pero también hacía seguridad y atención personal cada vez más intensa”, ha añadido. En el momento en el que entró en el ministerio, le metió en su equipo de gabinete como su asesor personal, “como agradecimiento”.

En cuanto al empresario Víctor de Aldama, no recuerda la fecha concreta en la que conoció, a lo que ha agregado que no tiene “nada que celebrar” sobre este encuentro. “Tengo la impresión de que fue en el último trimestre de 2018″, negando que se produjera en agosto de ese año, como indicó la UCO, ya que en ese momento estaba de viaje en Londres con su familia.

En ese viaje sí le acompañó el hermano de Aldama, Rubén, como escolta, pero que ni en ese momento, ni hasta que salió como parte de la investigación, supo que eran familiares. Así Koldo le presentó al empresario como “asesor, no como consejero” de Air Europa y de ahí llevaron a cabo la reunión en Oaxaca, a la que fueron los tres acusados.

Jésica Rodríguez

También ha hablado de su relación con su expareja Jésica Rodríguez, explicando que fue con ella con quien conoció la palabra “ghosting”, al hablar de cuando terminaron. “La relación no podía permanecer, era extramarital, con el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”, ha descrito.

En esta línea, también ha dejado caer una acusación directa contra Aldama, ya que, según su versión, su examante ha tenido que ser “coaccionada” para declarar que cobraba sin trabajar o que no conocía con anterioridad al empresario.

“A uno no le parece bien verla sufrir así y diciendo lo que tenía que decir”, ha indicado sobre su declaración y ha añadido que “dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara. Lo dijo motu proprio. Dijo que no conocía a Aldama, cuando yo la conocí por él”.

Ha explicado que fue una persona a la que quiso, por lo que “ella no dice eso si no se la coacciona. Nadie dice que no trabajaba, sí se preocupó de fichar todos los días. ¿Por qué te autoinculpas?“, ha espetado. “No entiendo el motivo para que niegue que conozca a Aldama, a no ser que hayan llegado a acuerdo”, ha asegurado.

El caso Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– ingresó en un momento clave en sus instancias judiciales. Los abogados de los 4.200 damnificados intentan por estos días recabar las firmas de sus clientes para aceptar un acuerdo que propone distribuir USD 35 millones en 60 días. Se trata de un porcentaje menor en comparación a los USD 410 millones de pasivo de la empresa.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

Según informó El Observador, con este acuerdo los clientes podrán cobrar algo de lo invertido. Quienes tenían ganado a su nombre (una modalidad de inversión) cobrarán un 33,3% sobre cada animal, mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%. Esto permite que no esperen a que termine el proceso y que se resuelvan impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.

Hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y han expresado su voluntad de adhesión, de acuerdo a un relevamiento realizado por este medio.

Graciela Abelenda, la defensora de un grupo de damnificados, declaró que sus clientes están adhiriendo al acuerdo de forma masiva y contó que la semana pasada debió extender el tiempo de atención para recabar las firmas.

En una misma línea se expresó Juan Pablo Decia, quien aseguró que el nivel de aceptación viene bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, señaló.

Quienes no adhieren al convenio no quedarán comprendidos. Para estos casos, la sindicatura deberá reservar una parte del activo.

Los USD 35 millones a repartir provienen de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

En qué consiste la propuesta

La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó semanas atrás el diario El País.

El plazo para tomar una decisión vence el 12 de mayo.

Y es que esta relación es uno de los puntos clave en este juicio, ya que parte de los favores que presuntamente habría recibido Ábalos por parte de Aldama, habrían estado canalizados a través de Jésica. Estos son, en concreto, un piso en el que ella estuvo viviendo y cuyo alquiler pagaba el propio Aldama, o uno de sus socios, Alberto Escolano, según diferentes versiones. El otro punto son los dos contratos que recibió en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

Sin embargo, antes de entrar en estas cuestiones, ha aportado detalles de la relación que mantenían, asegurando que en ningún momento se la quiso esconder de la que en ese momento era su mujer, incluso llegando a hablar con ella. Todo terminó en noviembre de 2019, como ha indicado, aunque se vieron en alguna ocasión más, como fue en el cumpleaños de ella.

Ha indicado que con esta ruptura conoció la “palabra ghosting”. “Fue una ruptura muy brusca, pero no con sensación de malestar”, ha añadido. Sobre su relación ha lamentado que “soy carne de meme, duele, porque yo la quise”.

Las acusaciones de coacción a Aldama

En esta línea, también ha dejado caer una acusación directa contra Aldama, ya que, según su versión, su examante ha tenido que ser “coaccionada” para declarar que cobraba sin trabajar o que no conocía con anterioridad al empresario. Este último punto ha sido un punto de choque entre los acusados, porque el empresario aseguró que a Jésica la conoció por Ábalos, mientras que los otros dos acusados defienden la versión contraria.

“A uno no le parece bien verla sufrir así y diciendo lo que tenía que decir”, ha indicado sobre su declaración y ha añadido que “dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara. Lo dijo motu proprio. Dijo que no conocía a Aldama, cuando yo la conocí por él”.

Ha explicado que fue una persona a la que quiso, por lo que “ella no dice eso si no se la coacciona. Nadie dice que no trabajaba, sí se preocupó de fichar todos los días. ¿Por qué te autoinculpas?“, ha espetado. “No entiendo el motivo para que niegue que conozca a Aldama, a no ser que hayan llegado a acuerdo”, ha asegurado.

El piso en Plaza de Castilla y los dos empleos públicos

Sobre el piso en Plaza de Castilla donde estuvo viviendo Jésica Rodríguez sin pagar alquiler, ha explicado que solo era un lugar en el que iba a estar provisionalmente hasta que encontraran un sitio mejor, ya que en ese momento se trataba de una relación “seria”.

Tenían un piso comprado en la Castellana, pero estaba ocupado, por lo que hasta que no se liberara, debía estar en ese otro piso. Según la versión de Ábalos, el alquiler en esta vivienda lo pagaba el empresario Alberto Escolano, que tenía buena relación con Koldo, y no el propio Aldama, como él mismo describió.

El exministro ha asegurado además que no tenía llave del inmueble y nunca pernoctó en él. “Yo simplemente estuve ahí en ocasiones. Si alguna vez comía con ella, yo me tenía que ir al ministerio, obviamente, porque mi agenda era tremenda”, ha defendido.

En cuanto a la otra polémica, la de los contratos en empresas públicas, también ha negado cualquier tipo de intervención. Sí ha indicado que quería ayudarla a encontrar trabajo mientras estudiaba, pero que él siempre pensó en empresas públicas. “Ni se me ocurrió que pudiera trabajar en Ineco”, por lo que se lo comentó a Koldo y su única intervención fue entregarle su currículum.

Ha explicado que él sí tiene constancia de que ella trabajara, ya que, aunque no solían hablar de estos temas cuando quedaban, porque le parecían “aburridos”, en alguna ocasión le hablaba de lo que hacía. En ningún momento habló con Isabel Pardo de Vera ni mandó a nadie para que se comunicara con ella para tratar esta cuestión.

Siguiendo con su paso a la Tragsatec, ha defendido que se realizó siguiendo los procesos legales y que consiguió ser la mejor candidata, entre los 900 que se presentaron, siempre según su versión. Aquí solo recibió un WhatsApp de ella, “muy frío”, como ha descrito, y simplemente se lo remitió a su exasesor, porque él ya no quería hablar con Jésica.

Después de dos años de sentirse “totalmente ignoradas”, las familias que denunciaron abusos sexuales en el colegio El Vedat de Torrent, en Valencia, recibieron a mediados de abril una noticia que les devolvió la esperanza: la Audiencia Provincial decidió reabrir la investigación sobre las presuntas agresiones en este centro vinculado al Opus Dei al detectar indicios de posibles hechos delictivos. Los jueces consideraron que la investigación anterior fue insuficiente y que no se escuchó adecuadamente a los menores, además de que destacaron la importancia de abordar el caso con especialistas, ya que involucra a niños de muy corta edad, de entre 4 y 7 años. La decisión ha supuesto un respiro para las familias.

“Para nosotros esto es un alivio, un descanso, porque hasta ahora nos habíamos encontrado con negativas constantes por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent. Rechazó que los niños y los padres pudieran declarar y aseguró que no había indicios suficientes para identificar al responsable”, explica a Infobae E.O.V., una de las madres cuyos hijos han sido presuntamente abusados en este centro. Y, aunque las familias celebran esta decisión, advierten que el proceso aún depende de que el juzgado cumpla lo ordenado.

Así, la Audiencia Provincial ha citado como investigados a dos trabajadores señalados por los niños y ha solicitado que se tome testimonio a los menores a los que no se exploró, además de convocar a sus padres, algo que las familias venían reclamando desde el inicio. También ha pedido al colegio la documentación relacionada con las investigaciones internas iniciadas tras las denuncias, así como los expedientes de los empleados señalados.

“Esperamos que al menos esto sirva para que nadie vuelva a apagar la voz de los niños, porque a las familias nos han hecho mucho daño en estos dos años que llevamos peleando recursos. Creemos que el juzgado de Torrent ha hecho obstrucción a la justicia, porque han sucedido hechos muy graves. No todo vale por cubrir la reputación de un colegio”, añade la madre.

Las familias sostienen que el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent ha dificultado el avance de la causa porque existe un conflicto de intereses. Señalan que el juez Gonzalo Sancho Cerda, decano de Torrent, mantiene una vinculación directa con el Opus Dei: ocupa un cargo en una asociación ligada a esta organización y su hijo es exalumno de El Vedat. Según las familias, esta relación pone en duda la imparcialidad del proceso y explicaría la falta de impulso en la investigación.

Tocamientos, exhibicionismo y felaciones

Las investigaciones de este caso comenzaron en marzo de 2024, después de que las familias relataran que sus hijos habían sufrido tocamientos, episodios de exhibicionismo e incluso felaciones que implicaban a un profesor de este colegio de educación segregada que pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza.

Las primeras señales de alarma surgieron cuando varios niños empezaron a describir comportamientos sexualizados entre alumnos, que incluían tocamientos y felaciones. El hijo menor de E.O.V., con apenas cinco años, fue el primero en contar a sus padres que un compañero realizaba felaciones a otros niños bajo la mesa del comedor. A partir de esa confesión, las familias comenzaron a hablar entre ellas y a descubrir relatos similares.

Uno de los padres relató que su hijo también describió un episodio parecido, aunque esta vez involucraba a un profesor. Al plantear la situación al colegio, “se limitaron a decirle que eso era imposible, que habría sido una pesadilla del niño”, recuerda indignada.

Ante la falta de explicaciones, las familias recopilaron más testimonios. Los relatos apuntaban a un hombre cuya descripción coincidía con la de varios trabajadores del centro. “Son niños de cinco años relatando hechos muy graves pero, aunque sean muy pequeños y se les escapen detalles como los nombres, no quiere decir que se lo estén inventando”, añade esta madre.

La situación cambió cuando algunos alumnos mayores señalaron a un profesor de valenciano como posible responsable. Solo entonces, “debido al revuelo que había causado el caso”, el colegio decidió suspenderlo y apartarlo de sus funciones.

Las familias insisten en que ahora, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, confían en que el proceso judicial avance hasta el final y que todas las voces sean escuchadas. Aspiran a que la reapertura del caso marque un punto de inflexión que permita esclarecer los hechos y garantice que ninguna denuncia quede sin respuesta.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocer la incapacidad permanente a un fontanero nacido en 1967 con múltiples lesiones y secuelas tras varios accidentes y cirugías. La decisión fue adoptada en Santa Cruz de Tenerife, tras el recurso presentado por el trabajador en febrero de 2026.

Las reclamaciones del trabajador comenzaron en julio de 2021, cuando solicitó al INSS ser declarado en situación de incapacidad permanente total, una categoría que habría significado el cobro de una pensión mensual con una base reguladora de 1.046,49 euros y que exige demostrar que la persona no puede realizar las tareas esenciales de su trabajo.

Para ello, presentó informes que mencionan un cuadro complejo: pérdida parcial de visión en el ojo izquierdo, fracturas abiertas en tibia y radio, artrosis severa en el tobillo izquierdo y artrosis de codo. Además aportó documentación sobre una nueva cirugía por desprendimiento de retina en marzo de 2023. El afectado sostuvo en su recurso que padecía “secuelas permanentes con escasa o nula probabilidad de recuperación o mejoría”, y que la sentencia anterior no había valorado adecuadamente estas limitaciones.

Entre las afirmaciones centrales de su apelación, el trabajador remarcó que la persistente artrosis y las secuelas óseas lo exponen a “alto riesgo de infección y pérdida de cobertura cutánea con pérdida completa de la movilidad”. Alegó además que no se había considerado una supuesta necesidad de readaptar su puesto de trabajo a funciones sedentarias.

“No existe menoscabo para una actividad laboral normalizada”

Sin embargo, el TSJ de Canarias ha considerado que “no existe menoscabo para una actividad laboral normalizada”. La decisión se ha basado en informes médicos que señalan que las patologías del fontanero, entre ellas una perforación de globo ocular izquierdo por accidente laboral y operaciones múltiples en su pierna y muñeca, no han generado una disminución definitiva e irreversible de su capacidad para trabajar de manera regular.

Según el dictamen médico, la agudeza visual en el ojo izquierdo es de 0,1 y en el derecho de 1,2. Además, tanto las fracturas de la pierna como las intervenciones en el tobillo y el brazo, fueron tratadas quirúrgicamente y evaluadas como “clínicamente estables”.

Uno de los elementos clave es que los peritos no detectaron nuevas secuelas ni agravamiento de las existentes en el último año. La sentencia destaca que “no existe documentación médica un año después de dicha intervención que determine la agravación de la secuela o alteración de la capacidad visual del actor ni de la traumatológica”.

“No existen exigencias de visión binocular”

Para resolver el caso, la Sala ha citado doctrina del Tribunal Supremo, que otorga al juez de primera instancia la “potestad soberana” para valorar los informes médicos y periciales en base a “las reglas de la sana crítica”. En esta causa, el tribunal ha considerado que la valoración más objetiva era la del “Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI)” y ha descartado modificarla porque no se presentaron pruebas “evidentes y manifiestas” de error.

El fallo resalta que “no existen exigencias de visión binocular” en la profesión de fontanero y que “las patologías que presenta el actor no le impiden desempeñar su profesión habitual”. Esto refuerza la idea de que, para los jueces, la discapacidad alegada no alcanza el nivel que exige la ley para pensar en una incapacidad permanente.

La Audiencia Provincial de Jaén ha mantenido la condena de una acusada de maltrato animal por arrojar a su perro desde el balcón de su casa. La sentencia confirma así un fallo anterior que le condenaron a tres meses de cárcel y la prohibición de tener animales durante dos años.

Los hechos que dieron origen al caso tuvieron lugar el 11 de mayo de 2024, alrededor de las 21:25, cuando la mujer tiró a su perro, que no tenía chip identificatorio, desde su domicilio en la ciudad de Jaén. A causa de esto, el animal sufrió una rotura de vejiga, fracturas múltiples y daño neurológico en la columna. Las lesiones obligaron a la eutanasia del perro al día siguiente en el Hospital Veterinario Albacora, para evitar su sufrimiento, según declaró la veterenaria que le atendió.

Según consta en la sentencia, los policías locales que llegaron al lugar relataron que una vecina había presenciado el hecho y vio después cómo una mujer bajaba a la calle, recogía al perro y lo volvía a llevar a su domicilio. La acusada, según el testimonio policial, habría confesado que lanzó al animal “porque estaba enfermo y no quería verlo sufrir”, aunque no se presentó ninguna prueba de enfermedad.

No existió duda razonable

Ya en primera instancia, la mujer fue condenada, por lo que presentó un recurso de apelación, alegando que no existía prueba suficiente para condenarla y denunciando que el juicio oral se celebró sin la presencia de la acusada, quien alegó la necesidad de postergarlo para poder dar su versión de los hechos.

Esto habría afectado el derecho de la mujer a ser escuchada y pidió la absolución dentro del principio legal conocido como in dubio pro reo, que ordena absolver si hay duda razonable sobre la autoría del hecho. Sin embargo, la Audiencia de Jaén ha descartado este argumento, ya que “la acusada dejó de comparecer a juicio por su propia voluntad, no habiendo justificado circunstancia alguna que hubiera impedido o dificultado su asistencia”. El tribunal subraya que la citación fue regular y que la defensa estuvo presente en todo momento.

La sentencia señala que la revisión de este tipo de sentencias solo puede revertirse si se demuestra un error claro de lógica, experiencia o sana crítica, algo que no ocurrió en este caso. El tribunal recuerda que los alegatos de la defensa fueron plenamente considerados, pero no lograron probar los hechos impeditivos que pudieran eximir de responsabilidad a la condenada.

“Seres vivos dotados de sensibilidad”

Para llegar a esta conclusión, la jueza remarca que, desde abril de 2023, el Código Penal español intensificó las sanciones por maltrato animal y reformuló los artículos aplicables. Se eliminó el artículo 337 y se creó el nuevo artículo 340 bis, que castiga a quien provoque lesiones a un animal doméstico que requieran atención veterinaria, con agravantes si termina en la muerte.

El fallo cita textualmente que la ley a día de hoy reconoce a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad” y que toda acción, no solo violenta sino también por omisión, que dañe su salud, se encuadra dentro del delito.

De esta manera, ha desestimado la apelación de la defensa y ha confirmado todas las sanciones impuestas en primera instancia, obligando a la mujer a cumplir tres meses de prisión, pagar la indemnización al hospital veterinario e iniciar el período de dos años sin poder ejercer actividades vinculadas a animales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el despido de la trabajadora de un hotel por apropiarse de seis rollos de papel industrial. El fallo revoca una decisión previa que había considerado la sanción como desproporcionada y había declarado la extinción del contrato como improcedente. Ahora, la empresa no tendrá que readmitirla ni aumentar la indemnización que le ofreció.

La resolución se centra en definir la gravedad de la conducta de la empleada, que trabajaba desde 1995 bajo modalidad fija discontinua y tenía categoría jerárquica. La empresa la despidió tras sorprenderla con seis rollos de papel propiedad del hotel, usados para limpieza y de valor económico menor.

La fiscalía y la propia empresa sostuvieron que este acto constituye una “falta muy grave”, es decir, una violación grave de la confianza, incluso si el valor de lo sustraído es bajo. El tribunal compartió esta lectura y anuló la sentencia anterior del Juzgado de lo Social 1 de Mataró, que había calificado el hecho solamente como una “falta grave”. El dictamen enfatiza que esa diferencia de calificación no es retórica, ya que una falta grave permite una sanción menor (suspensión temporal) pero una falta muy grave justifica el despido inmediato.

Por su parte, la trabajadora, que acumulaba casi tres décadas de servicios en la compañía, destacó que se había tratado de un error ocasional, motivado por una urgencia no relacionada con el trabajo, y que había devuelto el material sustraído, por lo que consideraba que el despido había sido una reacción excesiva.

La empleada admite el robo, pero dice que se debió a una urgencia

Los hechos, como recoge la carta de despido, son los siguientes: “El día 20 de junio, a las 15:15 horas, usted sustrajo una bolsa grande de plástico que contenía seis rollos de papel industrial que se utiliza para la reposición del papel secado para las manos y otros usos. Para ello, usted junto con su hijo hizo el ademán de abandonar el centro de trabajo, saliendo por la puerta trasera ubicada en el pasillo que se encuentra al lado de la puerta de la lencería donde tenía usted escondido dicho producto, para acto seguido y una vez convencida de que nadie podría observar el hurto, volvió a entrar por dicha puerta trasera, dirigiéndose a la lencería donde cogió dicha bolsa que contenía el producto sustraído para nuevamente dirigirse hacia la puerta trasera, abandonando el centro de trabajo... Imputándole una falta muy grave del articulo 54.2 apartado b y d del ET en relación con artículo 6-4 del Anexo I del actual Convenio de Hostelería”.

La empleada admitió los hechos y firmó el siguiente documento: “Reconozco que sustraje de la empresa una bolsa de plástico que contenía seis rollos de papel [...] y muestro mi arrepentimiento, manifiesto que no volverá a suceder”. Su justificación: “Cogí el papel porque cuando vino a buscarme mi hijo el perro había vomitado el coche, lo cogí para limpiarlo y hoy lo he devuelto”. Para el tribunal, este “agregado” carece de relevancia porque no fue incorporado a la copia que quedó en poder de la empresa y fue posterior a la firma del primer reconocimiento.

La empresa, por su parte, sostuvo que la justificación de la trabajadora no quedó acreditada, porque el recibo que presentó del veterinario refiere a una consulta hecha el día después del incidente y no el día del retiro del papel. Además, las grabaciones de seguridad solo muestran a la trabajadora y su hijo llevándose la bolsa por la puerta trasera, sin prueba de la situación descrita.

El tribunal destaca que, aunque la cantidad hurtada sea de poco valor, lo decisivo es la pérdida de confianza. “No se admiten atenuantes por el monto en casos de apropiación de bienes de la empresa por parte de un empleado, y la sanción correspondiente es el despido”, concluyó la resolución.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirmado la orden de desahucio contra un inquilino con una discapacidad del 87% y con unos ingresos mensuales de 733,30 euros de una vivienda de Sant Adrià de Besòs. El fallo ha resuelto que pesa más el fin del contrato de alquiler para forzar la entrega del inmueble, que la reclamación de vulnerabilidad social presentada por la defensa.

El conflicto comenzó cuando la empresa propietaria, Divarian Propiedad S.A., inició la demanda de desalojo en septiembre de 2021. Argumentó que el contrato de alquiler, firmado el 19 de septiembre de 2016 con el anterior propietario, tenía una duración de tres años y que el plazo había vencido el 18 de septiembre de 2021.

La empresa demostró que notificó con treinta días de anticipación la finalización del vínculo y reclamó la restitución inmediata del inmueble. Además, pidió una compensación por ocupación indebida, equivalente a 9,46 euros, junto con el pago de futuros meses ocupados fuera de contrato por 28,39 euros mensuales.

El propietario de la vivienda es un “gran tenedor”

La sentencia de instancia dio la razón a esta empresa, declarando el contrato como rescindido y ordenando la devolución de la vivienda, además de imponer el pago de alquileres adeudados y las costas del proceso al afectado.

Ante esta situación, la defensa del inquilino planteó que el propietario, calificado como “gran tenedor”, tenía la obligación legal de ofrecer un alquiler social antes de pedir el desalojo. Alegó también la nulidad de la sentencia original, argumentando que vulnera los derechos fundamentales del demandado al no aplicar la protección especial prevista para personas en situación de vulnerabilidad.

La defensa mencionó su incapacidad documentada del 87% y el ingreso de 733,30 euros al mes como motivos de fuerza mayor. Reclamó que, según la normativa vigente, debía proseguirse con la suspensión del proceso hasta que existiese una alternativa habitacional, solicitando la nulidad de la sentencia y la excarcelación de los pagos reclamados.

La vulnerabilidad “no es motivo para frenar el proceso de desahucio”

Para la Sala los argumentos no han sido suficientes y ha determinado que la Ley 24/2015, utilizada para exigir la oferta de alquiler social, había sido parcialmente anulada por decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la obligación de ofrecer alternativas solo rige en ciertos casos y no es requisito para reclamar la devolución de un inmueble cuando vence el contrato de alquiler.

El fallo resalta que las reclamaciones de vulnerabilidad deben presentarse dentro de un trámite específico tras la expiración del contrato, no como argumento para impedir el desahucio en sí.

Sobre la suspensión por vulnerabilidad, la Audiencia ha analizado la aplicación de los reales decretos ley dictados por el Estado para frenar desalojos en casos sociales, incluida la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 introducida recientemente.

Explican que la protección consiste en un incidente procesal aparte, donde el juez debe evaluar la documentación y, si corresponde, suspender el lanzamiento tras pedir informe a los servicios sociales. Esta suspensión “no es motivo para frenar el proceso de desahucio, sino una cuestión que debe resolverse en un incidente específico”, indica el tribunal.

La decisión ratifica así la obligación del inquilino de abandonar la vivienda y pagar los alquileres reclamados, así como las costas judiciales. Además, el inquilino tendrá que abonar los alquileres devengados a razón de 28,39 euros mensuales hasta la entrega efectiva y asumir las costas procesales.

Hacia finales del 2024, La Libertad Avanza publicó una suerte de decálogo con los principios que describían la naturaleza de la acción mileísta. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro, reza el séptimo punto, el cual parece describir el accionar de Javier Milei ante ciertas circunstancias: una de ellas fue mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a que en la amplia mayoría de su círculo de funcionarios políticos se opinaba lo contrario, aunque pocos fueron los que realmente le manifestaron esa lectura.

Adorni fue sostenido en su cargo por pura voluntad de los hermanos Milei, apalancados en la idea de que hay una conspiración política que busca desplazarlo. La administración libertaria debió soportar un desgaste sostenido desde las primeras noticias que circularon sobre su viaje a Punta del Este hasta las últimas novedades de la causa judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo, aunque con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita. El jefe de Gabinete avisó tanto en su informe de gestión del pasado miércoles como en una entrevista radial posterior que no renunciará. Mala noticia para dos altas figuras del Ejecutivo que en privado coqueteaban con la idea de ser los reemplazantes. También para un sector del karinismo que se frotaba las manos con la posibilidad de que se lo eyectara.

Una fuente de la mesa política opina que la continuidad de Adorni sigue siendo un salvavidas de plomo para el oficialismo. “Ahora está saliendo a hablar, pero no va a poder cambiar la percepción que se instaló sobre él. Sigue escondiendo sus explicaciones y con el paso del tiempo se va a hacer más difícil si no da una justificación convincente. Ante todo, el silencio convalida”, marca.

El jefe de Gabinete quiere recuperar su función de vocero. Durante todo este lapso, en Casa Rosada marcaban que el portavoz provisorio iba a ser el propio Presidente. Así lo fue, pero solo a través de sus publicaciones de X, en conferencias sin posibilidad de que la prensa pudiera preguntar y en entrevistas periodísticas dosificadas. Los ministros del Gabinete están hace casi dos meses sin poder entrar a un plató de televisión porque no pueden eludir las preguntas acerca de Adorni.

El jefe de la administración quiere romper con ese cerco mañana a las 11 horas cuando retome sus conferencias de prensa con los acreditados de la Casa Rosada. Esto no está confirmado y puede mudarse al martes. Aun así, ¿se instala así una nueva normalidad, en la que todos los funcionarios responderán de aquí en adelante que la situación judicial del funcionario deberá ser aclarada en los tribunales? Es altamente probable que así sea y que se busque desincentivar ese tipo de preguntas. “Si hacen eso ya saben que la respuesta va a ser esa. Va a ser una pregunta perdida”, avisan en su círculo.

Pero la nueva normalidad es más profunda. Entre sus características está la judicialización de la política como parte del panorama diario.

Quienes conversan con Adorni perciben que tiene cierta de sed de venganza contra quienes apuntaron hacia él. Mira programas del prime time televisivo y asesta ante los suyos: “Son todos operetas”. “No entienden que la causa es una pelotudez”, opina, creyendo que hay investigaciones que ameritan más tratamiento mediático. Tal y como adelantó Infobae, el funcionario pretende que se produzca un “escarmiento” contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia): “Espero que a ella le den la misma cabida mediática. Su causa sí es una bomba”.

Indicio de que este avance que pretende un sector del oficialismo cuenta con la venia de los hermanos presidenciales es que la diputada Lilia Lemoine -quien se considera a ella misma como la garante del proyecto mileísta- firmó un proyecto junto a otros catorce diputados nacionales para que se la denuncie por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni también prometió denunciar por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) luego de que este diera cuenta de los movimientos de su custodia y de su esposa, Bettina Angeletti.

Hasta hace un tiempo, los hermanos Milei no estaban interesados en la temática tribunalicia. En particular, el Presidente aborrecía la rosca judicial, al igual que la política sobre la inteligencia y la sanitaria. Pero fue su hermana quien el año pasado acordó con los primos Menem la inserción en el Ministerio de Justicia, con la colocación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola como el pináculo de esa avanzada.

Ahora, ellos cinco están en posición de determinar la composición de cerca de un tercio de los jueces y fiscales federales: una circunstancia pocas veces vista a lo largo de la historia de la política judicial.

La situación de las vacantes de la Magistratura en el Poder Judicial al día de hoy es la siguiente:

• El Senado tiene a disposición los pliegos para cubrir 78 cargos (21% de las vacantes).
• El Poder Ejecutivo -es decir, Milei- ya tiene las ternas para 142 vacantes (38%).
• El Consejo de la Magistratura posee 150 vacantes (41% del total), pero estas tienen diferentes grados de avance según el caso: hay 15 que están a consideración del plenario, 10 que están listas para que se evalúen las entrevistas y luego se conformen las ternas; 31 que adeudan las entrevistas personales; y 94 que están en etapas previas.

Este miércoles se reunió la Comisión de Selección de Jueces del Consejo y determinó las ternas para dos de las vacantes más sensibles del Poder Judicial: dos cargos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Py, los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Hubo tres propuestas y la que tuvo más votos fue la del consejero Diego Barroetaveña (representante de los jueces), obteniendo siete adhesiones, entre ellos la de los libertarios Gonzalo Roca (representante por Diputados) y Santiago Viola (Poder Ejecutivo). Tal y como se preveía antes de la sesión, Bruglia no logró prosperar hacia la terna de seis primeros candidatos. Quien sí lo hizo fue Bertuzzi al ascender numerosos puestos hasta la sexta posición.

Al respecto de jueces históricos... ¿será verdad que el oficialismo no descarta renovarle el cargo por cinco años al juez Martín Irurzun?

Menos comentado fue otro apartado de la sesión en donde se determinaron las ternas para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Corrientes, el cual tiene competencia electoral. Eso es observado con particular atención de parte del radicalismo correntino, que es oficialismo en la provincia y que tiene al senador Eduardo Vischi como principal delegado e interlocutor con el Gobierno Nacional.

No son pocos los juzgados electorales que están vacantes en distintos puntos del país. Esto es algo que mira con atención el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, quien está en diálogo constante con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para tejer las candidaturas en función de los intereses del oficialismo. Los ministros judiciales y los primos riojanos han conformado una mesa judicial en la cual debaten el timing para proponer cada paso de las ternas: apresurarse en el envío de la gran mayoría de las vacantes al Senado podría generar un cuello de botella que pueda hacer caer los acuerdos para el resto de las vacantes.

El tiempismo en esta nueva etapa del oficialismo en la cual varios sectores opositores comenzaron a dar sendas muestras de que están mirando los armados para las elecciones provinciales y presidenciales. En ese contexto es que el Gobierno no quiere perderle pisada a la agenda legislativa, la cual se empezará a empantanar cada vez más en la medida que se avizore la llegada del 2027.

Esto ya es sentido desde el oficialismo en el Poder Legislativo, donde habrá actividad en comisiones pero sin sesiones: “Tenemos la posibilidad de discutir en sesión la Ley Hojarasca y algunos tratados internacionales, pero estamos finitos. La posibilidad de no tener quórum se paga caro. Por lo que vamos a esperar a temas que tengamos quórum y aprobemos leyes”, advierten en Diputados.

Señal de esa urgencia es que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene el visto bueno para comenzar a recorrer las provincias en búsqueda de consensos sobre diferentes asuntos. El próximo jueves hará una primera parada en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, uno de los que más colaboraciones y sintonía ostenta con el Gobierno.

Hay varios asuntos que “el Colo” se llevará entre sus carpetas para poder comenzar a rosquear con los jefes provinciales. Uno de los más preponderantes será la eliminación de las PASO o, cuanto menos, su suspensión para el próximo período electoral. El oficialismo no tiene los números para poder impulsarla en ninguna de las dos cámaras y depende de que existan grandes concesiones de su parte para endulzar los oídos de los gobernadores. “Más que las PASO, Diego va a hablar más sobre cuestiones de gestión como el estado de las obras públicas, las rutas nacionales y las cajas jubilatorias”, afirman.

Ante el guardado de Adorni pudieron verse nuevas reuniones de coordinación de gestión que no requirieron la presencia del jefe de Gabinete, incluso teniendo en cuenta que abarcan importantes áreas de la administación pública y el oficialismo. Una de ellas la cumbre que presidió esta semana la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los primos Menem, Santilli y representantes de su ministerio. Horas antes había recibido al viceministro José Luis Daza.

Volviendo a las negociaciones políticas, todas estas deben estar conversadas en parte con el Ministerio de Economía, que en su cúpula opina que es la política la que debe lograr los consensos necesarios para que la economía termine de catapultarse. Esta tiene como limitante el sensible margen para aplicar políticas de gasto sin quebrantar la norma de déficit cero. En marzo, el Tesoro presentó una deuda flotante (gastos realizados pero no pagos) que creció casi $2 billones solo en marzo.

Contraria es la perspectiva que está teniendo el Gobierno en materia de reservas. Abril fue el mes con mejores niveles de compras en dos años: con USD 2.900 millones, prácticamente duplicó el promedio de adquisiciones del primer trimestre. Aun así, la consultora 1816 (la más seguida por la City porteña) advierte que todo el saldo comercial se lo llevó la formación de activos externos del sector privado (las compras para pagar gastos con tarjeta en el exterior es un ejemplo de este componente).

“Teniendo en cuenta el saldo neto entre esas dos cuentas es que se vuelve fundamental que Argentina mantenga un ingreso constante de divisas por préstamos en moneda extranjera, sea al sector público o al sector privado”, advierten. Algo mismo parecido resaltó GMA Capital en su dossier semanal: “La demanda privada de divisas, los egresos financieros y los pagos de utilidades absorben la oferta del agro y limitan la acumulación genuina”.

El Gobierno quiere acelerar las privatizaciones para poder dar un gesto a los mercados de que puede seguir acumulando divisas por otros mecanismos. En tanto, estos procesos están algo más atrasados de lo que se preveían. Las condiciones de la concesión de AySA se conocieron días atrás cuando estaba previsto que salieran en el primer trimestre del año. Lo mismo con el importantísimo pliego del Belgrano Cargas y Logística. “El MECON lo tiene medio trabado porque tiene que rescindir un par de contratos de obra que no rescinde por inoperantes”, asestó una fuente inobjetable de Presidencia. El pliego saldrá durante mayo, prometen.

El resultado de la licitación internacional por la Hidrovía no se conocerá este mes. La segunda etapa de la evaluación es sobre los aspectos técnicos, los cuales constan de más de 2000 páginas repletas de argumentaciones y detalles específicos que hacen al plan de dragado y mantenimiento de la vía navegable que proponen las dos compañías belgas que quedaron en condiciones de competir, DEME y Jan de Nul.

José (nombre ficticio) es un hombre de 79 años con graves problemas de visión que tiene (o tenía) por costumbre desayunar a diario en una cafetería-pastelería de Sant Fruitós de Bages, un municipio de la comarca del Bages, en Barcelona. El hombre padece de cataratas, una enfermedad que provoca una pérdida de transparencia del cristalino (la lente natural del ojo), causando como consecuencia una pérdida de visión. Es la causa más frecuente de ceguera, reversible mediante una cirugía, y afecta a alrededor de 94 millones de personas en todo el mundo, según la OMS.

Aprovechó la confianza y la ceguera del hombre para cobrar 100 euros de más cada día

La propietaria de la cafetería-pastelería, habiéndose ganado la confianza de José, comenzó a gestionar personalmente el pago de los desayunos, ya que la dificultad visual del cliente le impedía hacerlo por sí mismo. José le facilitaba su tarjeta bancaria y el PIN para que ella introdujera los datos en el terminal de pago. Llegó un punto, según el escrito de la Fiscalía, a partir del 30 de junio de 2023, en el que la acusada empezó a cobrar cantidades muy superiores al precio real de cada consumición, sumando más de 100 euros extra cada día. El ministerio público detalla en su informe: “La acusada validaba cobros superiores a los de las consumiciones reales, obteniendo un beneficio económico indebido que ascendió a 6.986,09 euros”. De este modo, el dinero terminó en el patrimonio de la acusada a través del negocio, mientras que José, debido a su discapacidad visual y a la confianza depositada, no era consciente del fraude.

La acusación subraya la especial vulnerabilidad de la víctima y el abuso de confianza generado por la situación personal del afectado. El texto presentado por el ministerio público señala: “El procesado se valió de la confianza generada y de las limitaciones visuales de la víctima para apropiarse de una cantidad económica que no le correspondía”.

En términos legales, la Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa recogido en los artículos 248 y 249 del Código Penal, e incorpora el agravante de abuso de superioridad. Como consecuencias penales, solicita para la acusada una condena de dos años y tres meses de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena y el pago de las costas judiciales. En lo referente a la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama la devolución íntegra a la víctima del importe presuntamente defraudado, sumando los intereses legales correspondientes.

El escrito presentado por la acusación incluye también a la sociedad gestora del establecimiento como responsable civil subsidiaria, lo que implica que, en caso de que la acusada no pudiera hacer frente al pago de la indemnización, la empresa que administra el local debería asumir la devolución de la cantidad reclamada. La vista oral servirá para aclarar si los hechos relatados por la Fiscalía quedan probados y si la acusada debe afrontar la devolución de los casi 7.000 euros y la pena solicitada. El juicio tiene lugar el 5 de mayo, en la Audiencia Provincial de Barcelona, que decidirá sobre la responsabilidad penal y económica de la propietaria en relación a los hechos descritos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la denuncia de un trabajador que pedía la nulidad de su despido de una empresa de construcción, aunque el fallo sí ratificó que la extinción de su contrato debía ser considerada improcedente, por lo que tendrá derecho a indemnización.

El origen del caso fue un fuerte cruce entre el trabajador y la empresa, durante una obra en la ciudad de Salamanca. El choque llevó incluso a la intervención de la policía. El informe de las autoridades ofrece las dos versiones del conflicto. Según la declaración del trabajador y de su hermano, empleado en la misma compañía, cuando los agentes llegaron al lugar, el obrero y su jefe estaban discutiendo después de que el encargado le señalara que las baldosas estaban mal puestas y que no cobraría el trabajo. Y cuando la policía le dijo que soltara el martillo neumático que estaba utilizando para levantar baldosas, obedeció de inmediato.

Sin embargo, según la empresa, el acusado “comenzó a romper baldosas y lanzarlas con objeto de dañar la integridad física” de su jefe, mientras le gritaba: “Eres un cabrón, un hijo de puta, te vamos a romper la cabeza y arrancar las piernas como nos eches, lo vas a pagar caro”.

Un día después de la discusión, la empresa notificó su despido disciplinario por burofax al operario. Pero el empleado llevó el caso ante el Juzgado de lo Social N°1 de Salamanca, que declaró el despido como improcedente, pero descartó la nulidad. Posteriormente, recurrió al Tribunal Superior, alegando que su despido fue por motivos discriminatorios: él había iniciado una baja médica por depresión justo después del altercado, acusando un contexto de “tensión y conflicto”. El trabajador también sostuvo que hubo represalia por reclamar derechos laborales y denunció una supuesta maniobra empresarial para forzar el despido y justificarlo con documentos como el atestado policial y el parte médico del empleador, presentado por estrés tras el incidente.

Los fundamentos del Tribunal: improcedencia, pero no nulidad

En su fallo, los jueces dejaron claro que la versión de la policía –incluida en los hechos probados– no daba cuenta de lesiones ni amenazas entre las partes y que ambas, incluso el empleador, negaron a los agentes cualquier intención de denunciar penalmente.

Respecto al reclamo de discriminación por despido en baja médica, el Tribunal recordó que “el simple hecho de que una persona que se encuentre enferma o en situación de incapacidad temporal sea despedida no constituye necesariamente vulneración del derecho a la no discriminación”. Indicó que la baja médica fue por un proceso breve y no equiparable a una discapacidad.

Sobre la supuesta represalia por reclamos laborales, el Tribunal también se expresó con firmeza: “No consta en el relato histórico ninguna reclamación de cantidad ni de otro orden del trabajador a la empresa… Por eso no es posible hablar de represalia por una reclamación salarial cuando no consta que ésta se haya producido”.

Finalmente, ante la acusación de mala fe procesal y abuso de derecho por parte de la empresa, el fallo señaló que no existen elementos en los hechos probados que permitan sostener “estrategias maquiavélicas”, como denunció el trabajador. La sentencia ratifica la decisión de primera instancia: el despido es improcedente y obliga a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 6.104,45 euros.

Desde el 1 de enero de este año, es obligatorio llevar una baliza V-16 en la guantera del coche o en algún lugar que quede a mano para el conductor. Entraba en vigor así la nueva normativa de seguridad vial: ya no hace falta salir del coche y caminar por el arcén para poner los triángulos de señalización, aunque se puede hacer también mientras sea en combinación con la baliza.

El objetivo de este dispositivo, luminoso y con la capacidad de emitir una señal GPS para indicar a los servicios de emergencia la localización precisa del vehículo siniestrado o averiado, es reducir el riesgo en caso de accidente: está pensado precisamente para evitar situaciones de peligro, y no llevarlo encima puede suponer una multa de 80 euros, idéntica a la que se aplicaba por no llevar los triángulos en el maletero. El llevar la baliza a mano es clave: la idea es que no sea necesario salir del coche en ningún momento y que el conductor pueda simplemente esperar la asistencia sin arriesgarse a sufrir un atropello.

La baliza V-16 no se utiliza en el 83% de las incidencias en carreteras españolas

A pesar de que su uso es obligatorio desde hace meses, según la compañía tecnológica Netun Solutions - una de las varias que comercializa este tipo de baliza - en el 83% de las incidencias en carretera en España no se está señalizando con la V16. El dato proviene de un análisis realizado por la propia empresa, que revela que solo en el 17% de las asistencias en carretera diarias se está activando este dispositivo.

En España se producen cerca de 11 millones de siniestros al año y, según Unespa (la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la asociación empresarial que agrupa las entidades aseguradoras españolas, que representa el 96% del mercado español de seguros), alrededor del 40% requiere algún tipo de intervención que implica asistencia en carretera. Esto significa que, cada año, se producen alrededor de cuatro millones de actuaciones, unas 12.000 cada día. A pesar de estas cifras, sin embargo, las activaciones de balizas conectadas apenas superan las 2.000 al día, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

Netun Solutions interpreta esta diferencia como un síntoma de que la herramienta no termina de integrarse en los hábitos de los conductores, a pesar de las ventajas que ofrece: mejora la visibilidad del vehículo parado, se conecta con la plataforma DGT 3.0 de forma automática y facilita que otros conductores reciban alertas para reducir el riesgo de accidentes o atropellos.

La empresa señala varios motivos que pueden estar frenando su adopción, como la falta de información sobre la obligatoriedad de la baliza, el desconocimiento de las ventajas frente a otros métodos tradicionales de señalización y la confusión entre los modelos conectados y los que no lo están. “El hecho de que una gran mayoría de incidencias no se estén señalizando con este sistema pone de manifiesto la necesidad de reforzar la concienciación y facilitar su adopción”, subraya el director de marketing de Netun Solutions, Alejandro González.

La noche en que Hermenegildo (nombre ficticio que comparte la sentencia) y su familia debían embarcar en un crucero para celebrar una reunión largamente esperada, la sorpresa se transformó en desconcierto y frustración en el puerto de Barcelona. Su esposa, sus padres y un amigo colombiano acababan de llegar de Colombia con la ilusión de recorrer el Mediterráneo juntos, pero solo algunos pudieron cruzar la pasarela. La compañía les negó el acceso al barco a los padres y al amigo del demandante, alegando restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia de Covid-19 para ciudadanos de países fuera del espacio Schengen. La noticia cayó como un baldazo de agua fría: tras haber reservado y pagado el viaje completo, la familia vio truncada su oportunidad de compartir una experiencia única lejos de casa.

La decisión judicial, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, ha dado un giro inesperado al conflicto. El tribunal ha condenado solidariamente a MSC Cruises, S.A. y a Travelconcept, S.L. a indemnizar a Hermenegildo con 4.482,22 euros. El fallo, al que ha tenido acceso Infobae, entiende que la información facilitada por las empresas sobre las restricciones sanitarias resultó insuficiente y ambigua, lo que llevó a la familia a creer que todos podrían embarcar. El tribunal reconoce que la omisión y la falta de personalización en la información sobre los requisitos de entrada y las restricciones sanitarias constituyeron una vulneración de las obligaciones legales de las empresas de viajes. Las consecuencias para el demandante y sus familiares fueron claras: el viaje planeado se convirtió en una amarga experiencia y en una reclamación judicial que ahora encuentra respuesta favorable para el consumidor.

Las empresas no avisaron previamente de las restricciones

El origen de la frustración de Hermenegildo se remonta al 24 de agosto de 2021, fecha en la que realizó dos reservas para un crucero de ocho días por el Mediterráneo, con salida y llegada en Barcelona. El viaje no era solo un desplazamiento turístico, sino la oportunidad de reunir a su esposa, sus padres y un amigo, quienes habían viajado expresamente desde Colombia para compartir la experiencia familiar. Nada en el proceso de reserva ni en los correos electrónicos posteriores le hizo sospechar que la nacionalidad y residencia de sus padres y su amigo serían un obstáculo insalvable. Al contrario, los mensajes de la agencia y la naviera insistían en la consulta previa de las condiciones sanitarias y la posibilidad de que existieran restricciones, pero nunca alertaron de forma concreta sobre la prohibición de embarque para personas procedentes de países fuera del espacio Schengen.

El día de embarque, la familia se presentó en el puerto de Barcelona con los ánimos intactos. Los padres y el amigo, todos residentes en Colombia, habían logrado llegar a España sin incidentes, lo que reforzó la confianza de que podrían unirse al crucero. La negativa de acceso los tomó por sorpresa: la restricción, comunicada en ese momento, se basaba en su residencia y nacionalidad, factores que no habían sido advertidos con la suficiente claridad ni en la reserva ni en los avisos precontractuales. La situación obligó al matrimonio a replantear completamente su estancia, ya que dejar a los padres solos en un país extranjero no era una opción.

El recorrido judicial del caso empezó con la desestimación de la demanda en la primera instancia, dictada el 8 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Instancia de Burgos. Hermenegildo recurrió la decisión, sosteniendo que ni la agencia ni la naviera cumplieron con su deber de informar de manera precisa sobre las restricciones aplicables a los pasajeros de países no Schengen. La Audiencia Provincial de Burgos, al analizar la prueba, concluyó que la información facilitada se limitó a advertencias genéricas y que no existió una comunicación individualizada sobre la verdadera imposibilidad de embarque. El tribunal recordó que la ley impone a las empresas la obligación de proporcionar información clara y personalizada sobre los requisitos de entrada, incluidos los sanitarios y los vinculados a la nacionalidad. No se acreditó que MSC Cruises, S.A. o Travelconcept, S.L. alertaran expresamente sobre la prohibición para los residentes en Colombia, ni que ofrecieran alternativas u orientación adicional.

Como consecuencia, la Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, condenando a ambas empresas a pagar 4.482,22 euros al demandante, cantidad que incluye los gastos de los billetes, una noche de hotel y una indemnización por daño moral equivalente al 25% del coste del viaje. La sentencia impone además a las empresas el pago de las costas de la primera instancia, aunque no las del recurso. La posibilidad de recurrir en casación queda abierta únicamente bajo los estrictos requisitos que marca la ley, ya que la resolución se apoya en la interpretación de normas de consumidores y en precedentes judiciales sobre el deber de información en viajes combinados.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Las extensas sesiones de interrogatorio que han protagonizado el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García esta semana en el Tribunal Supremo han dejado algo más que dos intentos de cubrir su posición procesal: dos versiones irreconciliables de los hechos que se investigan en el ‘caso mascarillas’.

Más de ocho horas de declaración por parte de cada uno, en jornadas consecutivas, han servido para confrontar dos relatos que no solo difieren en matices, sino que se contradicen de raíz en los elementos esenciales de la causa.

Pagos, comisiones y el dinero en efectivo

Si hay un punto donde la fractura es más evidente es en el de los pagos en metálico. Aldama dibujó ante el tribunal un flujo constante de dinero: entregas mensuales de 10.000 euros a Koldo, cantidades más elevadas procedentes de adjudicaciones y, en último término, una supuesta financiación encubierta del PSOE.

Koldo García desmontó ese esquema sin matices. Tras horas de interrogatorio, respondió de forma tajante a la pregunta que sobrevolaba la sala desde el inicio: “El PSOE no coge dinero de nadie”. No hubo medias tintas tampoco al referirse a los pagos periódicos. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, negó haber recibido un solo euro de Aldama con carácter regular. Ni 10.000 euros al mes, ni regalos, ni favores personales.

La paradoja emerge cuando se entra en el terreno del efectivo. El exasesor sí reconoció haber manejado dinero en metálico, incluidos billetes de 500 euros, las conocidas ‘chistorras’, pero siempre en el contexto de dietas, reembolsos o gestiones cotidianas. Para Aldama, esos mismos elementos formaban parte de un circuito opaco de pagos. Para Koldo, eran simple operativa habitual.

La figura de Pedro Sánchez

El relato de Aldama elevaba la cuestión un peldaño más, al situar en la cúspide de la supuesta estructura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según su versión, existía conocimiento y una cadena jerárquica clara.

La respuesta de Koldo García fue casi de incredulidad. Admitió que en tiempos de primarias podía cruzar palabras con Sánchez, pero negó cualquier contacto posterior. “No tenía su teléfono”, insistió, apelando al “sentido común” como argumento frente a lo que considera una exageración interesada.

También aquí la figura de Ábalos se convierte en terreno de disputa. Aldama lo sitúa como pieza clave de la operativa; Koldo lo presenta como un ministro al que él trataba de “quitarle problemas de la cabeza”, actuando por iniciativa propia en muchas gestiones, pero sin capacidad de decisión real en adjudicaciones o contratos.

Mascarillas y urgencia

En el origen de todo, la compra de material sanitario durante la pandemia vuelve a evidenciar la distancia entre versiones. Aldama se describe como un intermediario necesario en un contexto donde, según su relato, las adjudicaciones abrían la puerta a comisiones e incluso a la entrega de “mordidas” que, según dijo, llegaban a transportarse en efectivo dentro del ministerio.

Koldo García, en cambio, enmarca su actuación en la urgencia de aquellos meses. Habla de llamadas constantes, de ofertas que llegaban de todas partes y de una única prioridad: conseguir material cuanto antes. Reconoce haber estado en la recepción de mascarillas en Barajas, pero insiste en que su papel era operativo: “que se sacaran rapidito para que llegaran donde se necesitaban”. Su función, según explicó, se limitaba a “traspasar” información entre empresas y la administración, sin capacidad de decisión.

En esa misma línea, restó cualquier carácter excepcional a determinadas decisiones que hoy están bajo sospecha. Sobre el incremento del volumen de compra en cuestión de minutos, aseguró no recordar el motivo concreto, aunque lo justificó con una frase que resume su planteamiento: “si me hubieran ofrecido 16 millones los habría traído”. Todo ello en un contexto que definió como caótico, con “200.000 estafas” circulando y múltiples ofertas que había que filtrar sobre la marcha.

Niega, además, uno de los elementos más llamativos del relato de Aldama: que este se moviera con libertad por el Ministerio o que tuviera acceso directo a decisiones clave. Para el exasesor, la explicación es más prosaica y generalizada: en plena crisis sanitaria, “medio mundo sabía que los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios buscaba material sanitario”.

También rechazó haber tenido conocimiento de la vinculación de Aldama con Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria, insistiendo en que, si recurrió a él en algún momento, fue por pura necesidad logística. “Estaba agobiado”, admitió, y sabía que el empresario podía echar una mano en cuestiones relacionadas con el transporte aéreo. Una explicación que contrasta con la versión del propio Aldama, que se situó como pieza central en toda la operativa.

El ámbito personal

Las discrepancias no se quedan en lo estrictamente político o económico. También alcanzan episodios personales que han terminado incorporados a la causa. El caso de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, es uno de los más claros.

Aldama apuntó a pagos y gestiones directas vinculadas a su vivienda. Koldo García ofreció otra versión: asegura haberla conocido a través del propio empresario y, aunque evitó entrar en detalles “por respeto”, sí admitió que tuvo que hacer frente a parte del alquiler. Según su testimonio, no fue por iniciativa propia, sino porque la joven llegó a amenazar con acudir “a la opinión pública para contar ciertas cosas personales” si no se solucionaba su situación.

El exasesor negó, en cualquier caso, que detrás de esos pagos estuviera Aldama. Sostuvo que siempre creyó que el piso era facilitado por otro empresario y que nunca se le reintegró cantidad alguna. “Yo nunca he recibido dinero por ese piso”, resumió, marcando distancia con la versión del comisionista.

Tampoco coincide su relato en lo relativo a los contratos laborales de Rodríguez. Donde la investigación aprecia irregularidades, Koldo García insiste en que desconocía cualquier anomalía. “Pensé que teletrabajaba”, afirmó, antes de subrayar que él “no ha dicho a nadie que no vaya a trabajar”. Sí reconoció haber hecho gestiones para facilitar su incorporación, en línea con otras actuaciones que enmarcó dentro de su habitual disposición a “ayudar”.

En esa misma línea, negó tener conocimiento de que la joven no acudiera a su puesto o de que se hubieran producido irregularidades en su contratación en empresas públicas. También rechazó haber intervenido en un segundo contrato o haber ejercido presión alguna para favorecer su situación laboral, desmontando así otro de los elementos señalados en la declaración de Aldama.

Un pulso de credibilidad

Más allá de los detalles concretos, lo que dejan estas dos jornadas es un pulso directo por la credibilidad. Aldama construyó un relato amplio, con conexiones que alcanzan distintos niveles del poder político y administrativo, aunque sin aportar pruebas en ese momento procesal. Koldo García, por su parte, optó por una estrategia de negación total, desmontando uno a uno los elementos expuestos el día anterior.

En ese choque, el tribunal se encuentra ante dos versiones que no solo discrepan, sino que se excluyen mutuamente. Donde uno afirma, el otro niega; donde uno ve estructura, el otro ve coincidencias y contexto. Entre medias, un procedimiento que avanza con dos narrativas que difícilmente pueden sostenerse al mismo tiempo.