La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el divorcio contencioso entre Rodrigo y Salome y rechazó las pretensiones de ambos cónyuges en materia de custodia y alimentos. La madre, que recurrió para mantener la guarda exclusiva de su hija Patricia de forma permanente, no logró revertir la custodia compartida prevista para enero de 2027. El padre, que pedía pagar menos pensión, tampoco obtuvo la reducción.

La Sección 12ª del tribunal barcelonés dictó la sentencia el 15 de septiembre de 2026 y le impuso las costas del recurso a cada parte por su respectiva impugnación. El caso llegó a la alzada desde el Tribunal de Instancia de Mollet del Vallès, que había fallado en noviembre de 2025.

La niña Patricia, de 2 años y 9 meses al momento del fallo, permanecerá bajo guarda exclusiva de su madre hasta el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, ambos progenitores asumirán la custodia de forma compartida, por semanas alternas con intercambios los lunes en la escuela.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el esquema de custodia gradual fijado en primera instancia y rechazó que la madre conservara la guarda exclusiva indefinidamente. Durante el periodo de guarda exclusiva, el padre paga 350 euros mensuales en concepto de alimentos. Esa obligación cesa cuando comience la custodia compartida, momento en que cada progenitor asume los gastos de los períodos en que convive con la menor.

La prueba sobre los cuidados del padre

Salome fundamentó su recurso en dos ejes. Por un lado, cuestionó las aptitudes del padre para cuidar a Patricia; por otro, alegó que Rodrigo no respetaba la dieta médica prescrita a la niña, diagnosticada con alergia a la proteína de leche de vaca según un informe del Hospital de diciembre de 2025.

La Audiencia no descartó el diagnóstico, que fue admitido como hecho nuevo en esta instancia. Cuatro informes médicos de diciembre de 2025 acreditaron la condición de la menor. El tribunal señaló que esos mismos documentos contienen “un plan de actuaciones y recomendaciones muy concreto y detallado” para manejar la alergia.

El argumento no prosperó, ya que el tribunal sostuvo que la apelante no aportó ninguna prueba pericial que comprometiera la aptitud parental de Rodrigo. El informe de la educadora social del Ajuntament, del 9 de octubre de 2025, fue el elemento central de ese análisis: el documento reconoció “riesgo emocional derivado del conflicto interparental prolongado”, pero no detectó “indicadores de maltrato físico ni negligencia directa en el cuidado de la menor”.

La Audiencia también tuvo en cuenta que Rodrigo fue absuelto en un juicio rápido por una denuncia de lesiones formulada por su exesposa, y que dispone de domicilio con habitación para Patricia y de una red de apoyo familiar, según el propio informe de detectives que la madre aportó al proceso.

El tribunal ratificó el diseño de transición que había construido el juez de primera instancia. Desde las medidas provisionales dictadas en octubre de 2024, la guarda exclusiva correspondía a la madre; la sentencia de noviembre de 2025 mantuvo ese esquema hasta los tres años de la niña y fijó la custodia compartida como etapa siguiente.

La Audiencia consideró que ese período de adaptación —más de dos años desde las medidas cautelares hasta la custodia compartida— era “suficientemente prolongado” para que ambos progenitores ajustaran rutinas y el padre adquiriera mayor destreza en el cuidado médico de la menor. El Ministerio Fiscal había apoyado la confirmación de la sentencia e indicó que el mayor tiempo compartido con la niña permitiría al padre familiarizarse con los cuidados específicos que requiere su condición.

La pensión y el reparto de gastos

Sobre los alimentos, las posiciones de Rodrigo y Salome eran opuestas pero igualmente rechazadas por el tribunal. Salome pedía que la pensión de 350 euros mensuales se extendiera de forma ilimitada, más allá del inicio de la custodia compartida. Rodrigo, por su parte, solicitaba reducirla a 250 euros mensuales durante el período que sí correspondía abonarla.

El tribunal no aceptó ninguna de las dos posturas. Para rechazar la extensión indefinida, evaluó los ingresos de ambas partes: Salome declaró percibir 900 euros mensuales, mientras que Rodrigo recibía una prestación por desempleo de 1.200 euros mensuales. La diferencia, estimó la Audiencia, no era suficientemente significativa para justificar una pensión permanente en un esquema de custodia igualitaria.

Para rechazar la reducción pedida por el padre, el tribunal consideró que 350 euros resultaban ajustados a las necesidades reales de Patricia: la niña tiene gastos de guardería de 200 euros mensuales y gastos farmacéuticos adicionales por piel atópica, además de los costos propios de su alergia alimentaria.

En cuanto a los gastos extraordinarios —los no previstos en la pensión ordinaria—, Salome reclamaba que el padre asumiera el 60% y ella el 40%. La Audiencia ratificó el reparto igualitario del 50% para cada progenitor, con la misma justificación: ingresos similares y tiempo de convivencia equivalente a partir de enero de 2027.

Hasta que Patricia cumpla tres años, el padre tiene derecho a visitas los martes desde la salida de la guardería hasta las 20:00 horas, y los jueves desde la salida del centro escolar hasta el viernes a la entrada. Los fines de semana alternos, Rodrigo tiene a la niña desde el viernes a las 20:00 horas hasta el lunes al inicio de clases.

Durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, los períodos se dividen en dos mitades que alternan anualmente entre padre y madre según los años pares e impares. En verano, los bloques se estructuran en tramos de 15 días entre el 1 de julio y el 31 de agosto, más los días anteriores y posteriores hasta el inicio del ciclo escolar.

A partir del 1 de enero de 2027, el esquema pasa a semanas completas con intercambios los lunes en la escuela. Si ese día coincide con un festivo escolar, el intercambio se realiza el primer día lectivo siguiente. En la semana en que un progenitor no tiene la guarda, puede ver a Patricia un día intermedio —preferentemente el miércoles desde la salida del colegio hasta el jueves a la entrada.

Una delegación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires viajó hasta la Ciudad del Vaticano para participar de la cumbre internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, un encuentro que reunió a representantes de tribunales de distintos continentes con el objetivo de debatir el rol que debe asumir la Justicia frente a la crisis ambiental y sus consecuencias sobre las poblaciones más desprotegidas. Las jornadas tuvieron lugar el 6 y 7 de octubre en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.

La convocatoria estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), un espacio de estudios creado en 2023 por el papa Francisco. Hasta allí llegaron jueces de cortes nacionales, regionales e internacionales, junto a especialistas del ámbito jurídico y académico de diversos países. El propósito central fue analizar de qué manera los sistemas judiciales pueden ofrecer respuestas efectivas ante un fenómeno que ya afecta de forma directa los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo.

Al cierre de las dos jornadas, los participantes suscribieron la “Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática”, un documento en el que advirtieron que la emergencia climática constituye “una amenaza existencial” y que, como tal, “ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”. El texto marcó el tono de un evento que buscó trascender las declaraciones generales para avanzar hacia compromisos concretos.

La delegación porteña estuvo encabezada por Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). Junto a él viajaron Genoveva Ferrero, secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño y titular del Observatorio de Discapacidad; Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; Horacio Corti, consejero y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y juez de Cámara; y Vanesa Siley, diputada, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria general de Sitraju.

Gallardo tuvo a su cargo la apertura y el cierre del encuentro. En su intervención, el magistrado recordó la centralidad del magisterio social del papa Francisco y su llamado a juezas y jueces a ejercer la responsabilidad que les cabe en defensa de la justicia social y la dignidad humana. “Nuestro foco tiene que ser justicia social y, sobre todo, para los grupos vulnerados. Todos ejercemos diariamente cuotas de poder en nuestras regiones, en nuestros países. Francisco tenía una obsesión con el nominalismo: siempre decía que no hay que ser nominalista, que no hay que olvidar esto de mucha letra y poca carne. Entonces, nuestra lógica y nuestro rol en la destrucción del nominalismo es central al momento de definir cómo va a ser el futuro de la humanidad”, enfatizó el juez porteño.

A su turno, Ferrero expuso sobre cómo el cambio climático golpea con particular dureza a las personas con discapacidad, uno de los colectivos más expuestos a los efectos de la crisis ambiental. “En el mundo hay 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y que enfrentan todo tipo de barreras: la falta de accesibilidad, las dificultades de movilidad, de comunicación, de comprensión o de acceso a la información. Cuando llega un huracán, una inundación, un tsunami o cualquier otra emergencia climática, esas barreras no simplemente se suman, se multiplican”, advirtió la funcionaria judicial.

La titular del Observatorio de Discapacidad también hizo referencia a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la necesidad de una protección diferenciada para grupos vulnerables. “Las personas con discapacidad no pueden aparecer en las políticas climáticas solamente como personas a rescatar, tienen que ser parte de la política pública ambiental. Tenemos que pasar del objeto de protección al sujeto de derecho que participa en la decisión”, sostuvo Ferrero.

En tanto, Moreno centró su exposición en el impacto de la crisis climática sobre las infancias, en su carácter de presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf). Por su parte, el consejero Corti abordó el papel que desempeñan los presupuestos nacionales en la concreción de los planes de mitigación y neutralización de las amenazas vinculadas al calentamiento global.

La cumbre en el Vaticano contó además con la presencia de figuras de alto nivel del ámbito judicial internacional. Entre ellos se encontraban Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; César Manuel Diesel Junghanns, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La coordinación científica del evento quedó en manos de Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil.

El encuentro concluyó con la firma de una declaración conjunta que establece una hoja de ruta para coordinar acciones en materia de aplicación de estándares internacionales en litigio ambiental. En ese documento, los firmantes aclararon que la función judicial no implica reemplazar a los poderes políticos en el diseño de las políticas públicas, sino asegurar que sus decisiones y omisiones respeten los derechos comprometidos y las exigencias del Estado de Derecho Ambiental.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Severino, un hombre nacido en la capital española en 1974 de padres chilenos, no tiene derecho a la nacionalidad española de origen. La Sección Octava del tribunal rechazó su recurso y determinó que, cuando la reforma legal de 1982 entró en vigor, él ya podía ser considerado nacional chileno, lo que impide aplicarle la norma que protege a los apátridas.

La sentencia, dictada el 14 de septiembre de 2026, cierra un litigio que el afectado había iniciado contra la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. El tribunal desestimó la apelación y condenó al recurrente al pago de las costas del proceso.

Severino nació en Madrid en 1974, hijo de padres chilenos. Ni la ley española ni la chilena vigentes en ese momento le otorgaron la nacionalidad al nacer. En 1980 se trasladó a Chile con su familia. En 1988 obtuvo una cédula de identidad chilena y en 1991 un pasaporte del mismo país. Cuando la reforma del Código Civil de 1982 incorporó una norma para proteger a los nacidos en España sin nacionalidad, él ya habría adquirido la chilena.

El debate sobre la apatridia

El argumento central de Severino era que, al nacer, ni España ni Chile le reconocieron la nacionalidad, de modo que era apátrida. Sobre esa base, pedía que se le aplicara con efecto retroactivo el artículo 17.1 c) del Código Civil, reformado en agosto de 1982, que considera españoles de origen a los nacidos en España de padres extranjeros cuando ninguno de los dos países de los progenitores atribuye al hijo una nacionalidad.

El nudo del caso era determinar si Severino carecía de nacionalidad en el momento en que esa norma entró en vigor, el 19 de agosto de 1982. Si la respuesta era afirmativa, la protección contra la apatridia le alcanzaba. Si era negativa, la norma no podía aplicarse.

La Constitución chilena de 1925 —vigente en la época— establecía que son chilenos los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero “por el solo hecho de avecindarse en Chile”. El término “avecindamiento” fue interpretado por dos juristas chilenos aportados como prueba por el propio demandante: en su sentido más exigente, equivale a establecer el domicilio en el país.

Los expertos concluyeron en su informe que Severino se avecindó en Chile en 1980, cuando llegó con sus padres. Pero, al mismo tiempo, señalaron que adquirir la nacionalidad no era automático: requería algún acto de solicitud o manifestación de voluntad. Ante la ausencia de ese trámite documentado, los juristas opinaron que la nacionalidad chilena llegó con la reforma legal de 2005, que reconoció directamente a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero.

La Audiencia no compartió esa conclusión, pues el tribunal señaló que la cédula de identidad chilena obtenida en 1988 y el pasaporte expedido en 1991 hacen imposible sostener que Severino careciera de nacionalidad en esas fechas. La sentencia razonó que “lo normal es que esa cédula reconozca una nacionalidad ya adquirida”, no que la cree.

El tribunal aplicó un precedente de 2007

A partir de ahí, el tribunal aplicó la lógica inversa: si en 1988 ya era chileno, la pregunta pertinente es qué sucedió entre 1980 —cuando se instaló en Chile— y 1982, año en que entró en vigor la reforma. El fallo concluyó que el requisito del avecindamiento se cumplió en 1980 y que, desde entonces, Severino tenía derecho a solicitar la nacionalidad chilena.

Que no conste que realizó ese trámite no equivale, según el tribunal, a que le era imposible. Sus padres eran sus representantes legales y podían actuar en su nombre. La carga de demostrar que esa gestión era inviable recaía sobre el demandante, y no fue cumplida.

La resolución hizo suyo el criterio fijado en una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de enero de 2007, dictada ante un caso con características análogas: un hombre nacido en España en 1977, hijo de chilenos, que también alegaba apatridia al nacer.

Ese precedente administrativo estableció que la reforma de 1982 tiene eficacia retroactiva, pero solo para quienes, en el momento de su entrada en vigor, carecieran efectivamente de nacionalidad. Según el texto de la resolución, citado en la sentencia, resulta “a todas luces excesivo forzar esa eficacia retroactiva en casos como el actual en los que, en el momento de la entrada en vigor de la ley 51/1982, de 13 de julio, el nacido en España ya tenía «iure sanguinis» la nacionalidad de sus progenitores”.

La Audiencia trasladó ese razonamiento al caso de Severino y llegó a la misma conclusión. Sobre las costas de primera instancia, el recurrente alegó que existían dudas serias de hecho o de derecho que justificaban no imponerlas. El tribunal rechazó ese planteo: los hechos no estaban en disputa y no hubo resoluciones previas que analizaran la misma combinación de circunstancias y pruebas.

El fallo añadió un argumento de coherencia procesal: la propia parte que invocó las dudas para liberarse de las costas había pedido que, si ganaba, se condenara en costas al Estado. Esa posición, consideró el tribunal, resulta contradictoria con la tesis de que el litigio era genuinamente dudoso. Las costas del recurso de apelación también recayeron sobre Severino, conforme a la regla general del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación de multas al Gobierno a partir de la judicialización de la actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había impuesto este miércoles una multa de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios universitarios, además de garantizar el fondo para becas en base a los parámetros que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El 22 de septimbre el mismo magistrado le había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la Ley bajo apercibimiento de astreintes.

La medida efectivizada ayer duró poco. Las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano de la Nación presentaron esta mañana un escrito que fue aceptado por la Sala III del Contencioso Administrativo. La apelación a esa resolución se sostuvo en que la cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”, por lo que la Cámara ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para tramitar el recurso, que deberá concederse con efecto suspensivo.

Esto implica que, mientras se sustancia la apelación, queda suspendida de manera provisoria la aplicación de las astreintes al jefe de Gabinete. Un funcionario del Gobierno explicó en términos simples la implicancia del fallo dado a conocer este jueves. “La Cámara no se pronunció expresamente sobre los efectos de la concesión. Al haberse concedido el recurso de queja se suspenden las astreintes”, marcó.

La sanción a Santilli fue dispuesta horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para esta jornada en reclamo de la aplicación de la norma. La decisión alcanzó inicialmente al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque el magistrado advirtió que podría modificar tanto el monto como los funcionarios obligados a cumplirla. La resolución fue dictada luego de dos advertencias previas al Gobierno.

El Estado Nacional sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,80 %, por encima del 226,40 % que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo incluyó un aumento del 21,33 % dispuesto en junio de 2026.

La cautelar judicial

La medida judicial ordena adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Ese mecanismo supondría un aumento del 40,25 % sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

La ley también dispone una actualización mensual de los haberes conforme al índice de inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. El juez consideró acreditado que esas obligaciones no habían sido cumplidas.

La cautelar continúa vigente aunque la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, donde se discute la validez del decreto 759/2025. Esa norma condicionó la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario.

Cormick concedió la apelación presentada por el Estado contra el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto, pero rechazó que tuviera efecto suspensivo. También desestimó un planteo de reposición del Gobierno y remitió las actuaciones al tribunal de alzada.

El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó la aplicación de las multas al sostener que el Estado “continúa sin cumplir la medida cautelar”, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026. La organización recordó que el plazo inicial de cinco días venció el 22 de septiembre y que luego fue prorrogado por el mismo término, sin que se registraran los pagos exigidos.

El Gobierno argumentó que la resolución judicial afecta el funcionamiento del Estado porque lo obliga a realizar pagos sin que se hubieran determinado con precisión las sumas adeudadas ni el alcance concreto de la obligación. Por esa razón, pidió que la apelación frenara los efectos de la cautelar, una solicitud que el magistrado rechazó.

La administración nacional afirmó que la medida le impone una carga económica indeterminada, ya que no fija un monto ni un porcentaje específico para considerar satisfecha la orden judicial. También señaló que el 21 de septiembre presentó un informe sobre las medidas adoptadas para cumplirla.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incorporado a la causa sobre el rescate de Plus Ultra la investigación abierta contra tres responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social por el certificado de deuda emitido para la aerolínea y el posterior aplazamiento de pagos antes de que recibiera 53 millones de euros de ayudas públicas.

El magistrado aceptó el 15 de octubre la inhibición planteada por la plaza 22 del Tribunal de Instancia de Madrid. De este modo, las diligencias previas 1724/2026 se incorporarán a las diligencias 77/2024, la causa principal que examina las ayudas concedidas a Plus Ultra desde el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La resolución afecta a Rodrigo Mares Rodríguez, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social; José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto del organismo; y Belén Fruiters Casado, jefa de sección de la Tesorería en Madrid.

La Fiscalía apreció indicios para abrir diligencias

Las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia presentada por Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, quien atribuyó inicialmente a los tres responsables posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

La plaza 22 de Madrid abrió las diligencias el 5 de junio tras recibir la denuncia y remitió el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid para que analizara la competencia del órgano judicial.

En su informe, fechado el 6 de julio, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados tenían una apariencia inicial de relevancia penal suficiente para justificar una investigación. El ministerio público pidió que Mares, Encinas y Fruiters figuraran como investigados.

La Fiscalía señaló que la denuncia no podía archivarse de forma inmediata porque identificaba un certificado de la Seguridad Social, un aplazamiento de deuda y actuaciones periciales y policiales que cuestionaban la legalidad de esas decisiones.

El informe también precisó que la investigación debía continuar en el órgano que llevaba el procedimiento principal sobre Plus Ultra, dado que buena parte de la documentación citada ya se encontraba incorporada a esa causa.

El certificado y el aplazamiento bajo investigación

El foco de las diligencias está en un documento emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social el 20 de agosto de 2020. El certificado, firmado por Encinas y rubricado por Fruiters, recogía que Plus Ultra no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas vencidas.

La denuncia sostiene que esa fórmula no acreditaba que la aerolínea careciera de deudas vencidas pendientes de pago. También alude a un informe pericial encargado durante la primera investigación del caso, que cuestionaba el alcance del documento.

La valoración sobre la validez del certificado forma parte de la investigación y no ha sido resuelta por el juez. El auto de Calama afirma que la aceptación de la inhibición no prejuzga ni la realidad de los hechos ni su eventual calificación penal.

La investigación también alcanza una resolución de 5 de octubre de 2020 que concedió a Plus Ultra un aplazamiento para pagar una deuda con la Seguridad Social de 451.954,79 euros. La cantidad correspondía al período comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020.

Según la Fiscalía, la denuncia vincula ese aplazamiento con los requisitos para recibir los fondos gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La aerolínea obtuvo 53 millones de euros de ese mecanismo de apoyo, que exigía que las compañías estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Calama reúne las actuaciones en una sola causa

El ministerio público consideró que los hechos guardaban relación directa con la investigación principal porque el certificado y el aplazamiento pudieron tener incidencia en la concesión de las ayudas.

El auto del 15 de octubre considera que los hechos deben examinarse dentro de una única causa. Calama argumenta que la conexión con las diligencias ya abiertas sobre Plus Ultra aconseja una valoración conjunta de las pruebas y evita resoluciones potencialmente contradictorias.

La resolución ordena comunicar la aceptación de la inhibición a la plaza 22 de Madrid y solicitar la remisión de las actuaciones originales. El juez también dispone que el denunciante reciba notificación del auto.

El documento aclara, además, que Bernad presentó una denuncia y no una querella. Por ello, no queda constituido automáticamente como parte en el procedimiento ni puede recurrir las decisiones judiciales salvo que se persone con los requisitos exigidos para ejercer una acusación popular.

Una mujer de 43 años fue acusada en Australia Occidental por presuntamente añadir veneno para caracoles al curry que una compañera de trabajo había preparado para compartir durante una pausa laboral. La Policía indicó que el producto contenía metaldehído, una sustancia que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

El hecho derivó en una investigación durante varios meses, según informó la BBC. La presunta víctima, una mujer de 58 años que mantenía una relación sentimental con la acusada, advirtió que la comida contenía gránulos verdes brillantes cuando regresó al comedor laboral para consumir las sobras al mediodía.

La víctima detectó cambios en la comida después de probar una porción

Según la información difundida por el medio, la trabajadora había preparado el curry para compartirlo con sus compañeros durante la pausa de la mañana. La comida permaneció luego en la sala destinada al personal, donde ella guardó una parte para su almuerzo.

Cuando volvió a buscar el plato, observó pequeños gránulos de color verde entre los ingredientes. La mujer probó una cantidad reducida de comida, pero notó que su lengua comenzó a entumecerse. Esa reacción la llevó a interrumpir la ingesta e informar sobre lo ocurrido.

La presunta víctima entregó el curry a los detectives, que enviaron la preparación para su análisis. Los peritos identificaron la sustancia como metaldehído, un componente presente en algunos productos utilizados para eliminar caracoles y babosas.

La Policía no divulgó la cantidad de veneno encontrada en el plato ni precisó si otras personas consumieron parte de esa misma comida. Tampoco informó detalles sobre la evolución de la salud de la mujer que alertó sobre la presencia de los gránulos.

El hallazgo permitió abrir una investigación que se extendió durante meses. Los agentes revisaron los movimientos de las personas que estuvieron en el lugar de trabajo y reunieron pruebas sobre el manejo de productos químicos dentro de las instalaciones.

La Policía sostiene que la acusada ingresó a un depósito de químicos

Los investigadores sostienen que la acusada ingresó a un depósito de almacenamiento de productos químicos antes de regresar a la sala del personal, donde se encontraba el curry. Esa secuencia figura entre los elementos centrales del expediente.

La acusada no fue identificada públicamente por las autoridades. La Policía tampoco difundió información sobre el lugar de trabajo ni sobre la relación entre ambas mujeres, más allá de señalar que mantenían un vínculo sentimental.

El comisionado de Policía de Australia Occidental, Col Blanch, advirtió que la sustancia detectada podía causar daños graves. “Estamos muy agradecidos de que la persona que probó el curry se diera cuenta de que algo no estaba bien”, afirmó en declaraciones recogidas por la cadena de televisión local Seven Network.

Las autoridades remarcaron que la reacción de la trabajadora resultó decisiva para preservar los restos de comida y facilitar los análisis. El plato quedó en manos de los detectives antes de que pudiera ser descartado o consumido en su totalidad.

El metaldehído suele venderse en forma de gránulos o pellets para combatir plagas de jardín. Su uso está asociado con el control de moluscos, aunque su ingesta puede resultar peligrosa para personas y animales, de acuerdo con la advertencia policial.

La investigación se centró en determinar cómo llegó la sustancia a la comida y quién tuvo acceso al área común donde se encontraba el plato. La acusación formal llegó después de que los detectives reunieran los resultados de laboratorio y otros elementos del caso.

La mujer deberá comparecer ante la Justicia el 5 de noviembre

La mujer de 43 años enfrenta un cargo por poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de otra persona. La imputación responde a la presunta incorporación de un elemento tóxico en un alimento destinado al consumo de una compañera laboral.

La causa quedará en manos de un tribunal de Australia Occidental, donde la acusada deberá presentarse el próximo 5 de noviembre. En esa audiencia podrían conocerse nuevos detalles sobre la evidencia reunida por los investigadores y sobre la postura de la defensa.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron si existen otros cargos vinculados con el caso. Tampoco informaron sobre posibles medidas cautelares o restricciones que pesen sobre la acusada mientras avanza el proceso judicial.

La imputación no supone una condena. La Justicia deberá analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas el resultado de los estudios sobre el curry, los movimientos de la acusada dentro del lugar de trabajo y los testimonios que formen parte de la investigación.

El caso generó atención en Australia por las características de la presunta maniobra y por el riesgo asociado con el metaldehído. La actuación de la trabajadora, que detectó una alteración en la comida antes de ingerir una porción mayor, permitió que los investigadores preservaran una prueba central para el expediente.

Un trabajador autónomo de la construcción de 47 años recibirá 68.456,66 euros por las lesiones y secuelas que sufrió en un accidente de circulación, después de que la Justicia condenara a Línea Directa Aseguradora a abonar la indemnización, de la que deberán descontarse las cantidades ya pagadas. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, también impone los intereses de demora previstos en la Ley de Contrato de Seguro.

La resolución fue dictada el 1 de julio por la plaza 37 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, que estimó de forma parcial la demanda presentada por el afectado. El accidente ocurrió el 1 de marzo de 2021 y la aseguradora no discutió la responsabilidad del vehículo que tenía cubierto, aunque sí cuestionó el alcance de los daños y la cuantía reclamada. El fallo no describe la mecánica concreta del siniestro ni precisa si el hombre conducía, viajaba como acompañante o se encontraba en otra situación. El litigio se centró en las consecuencias físicas que padeció tras el accidente y en el cálculo de la compensación.

El albañil sufrió fracturas en ambas muñecas y una luxación escafosemilunar, una lesión que afecta a los huesos de la articulación. La afección tuvo una mayor incidencia en la muñeca derecha, que correspondía a su mano dominante.

El tratamiento incluyó dos intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y un período prolongado de recuperación. A pesar de la evolución posterior, el tribunal dio por acreditadas limitaciones persistentes de movilidad, pérdida parcial de fuerza y dolor residual, especialmente en la muñeca derecha.

La sentencia reconoce tres días de perjuicio grave, vinculados a la estancia hospitalaria, y 295 días de perjuicio moderado. Este último concepto se aplica a los períodos en los que la víctima no puede realizar una parte relevante de sus actividades habituales, entre ellas el trabajo.

La resolución también fija siete puntos de secuelas funcionales. Cuatro corresponden a la limitación de la muñeca derecha; dos, al dolor y la artrosis en esa misma articulación; y uno, al dolor residual en la muñeca izquierda. A ello se suman tres puntos por perjuicio estético debido a las cicatrices de las operaciones. Por estos conceptos, el juzgado estableció 12.099,24 euros en concepto de secuelas. La cantidad incluye 8.729,89 euros por las limitaciones funcionales y 3.369,35 euros por las cicatrices.

La incapacidad para su oficio fue un factor central

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció al trabajador una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Esta figura no implica que una persona no pueda desempeñar ningún empleo, aunque acredita que no puede continuar con las tareas propias de su oficio.

La magistrada tuvo en cuenta que el demandante trabajaba como autónomo en el sector de la construcción y realizaba labores de albañilería y encofrado. Su actividad exigía el uso continuado de ambas manos, fuerza, carga de peso y movimientos repetidos de las muñecas.

El tribunal concluyó que las lesiones alteraron de forma relevante su desempeño laboral y parte de sus actividades cotidianas. Por este motivo, le reconoció 28.000 euros por perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida.

La demanda solicitaba 45.000 euros por este apartado. La sentencia, sin embargo, consideró que la limitación era moderada y no grave. Para llegar a esa conclusión, valoró los estudios biomecánicos y un informe de detectives aportado por la aseguradora.

Según esos elementos, el hombre mantenía movilidad residual en las muñecas, conservaba parte de su fuerza, se desplazaba con normalidad, manipulaba objetos y había retomado parcialmente alguna actividad. El juzgado señaló que no constaba dependencia de terceras personas ni una pérdida de autonomía para las actividades esenciales de la vida diaria.

El lucro cesante se calculó sobre los ingresos declarados

Otro de los puntos de discusión fue el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos vinculada a la incapacidad. El afectado reclamaba una cifra basada en los salarios previstos en el convenio de la construcción, pero el tribunal rechazó ese método.

La sentencia tomó como referencia los rendimientos netos que figuraban en sus declaraciones fiscales de 2020 y 2021. El dictamen actuarial presentado por la demandada situó los ingresos netos relevantes en 10.149,90 euros y destacó que en 2020 había declarado rendimientos negativos de actividad económica.

Con esos datos, y conforme al baremo aplicable a una persona de su edad con incapacidad permanente total e ingresos inferiores a 12.000 euros, el juzgado fijó 9.307 euros por lucro cesante.

La resolución también rechazó conceder una suma adicional por perjuicio excepcional. Consideró que las lesiones, aunque relevantes, ya quedaban compensadas mediante las partidas por días de recuperación, intervenciones, secuelas, perjuicio estético, pérdida de calidad de vida y reducción de ingresos.

La aseguradora deberá pagar intereses por la demora

Además de la indemnización, Línea Directa Aseguradora deberá afrontar los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. El juzgado entendió que no existía una causa justificada que eximiera a la compañía de ese pago.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Cada parte deberá asumir las costas causadas a su instancia, mientras que los gastos comunes se repartirán por mitades.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las filtraciones de información reservada del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama de tráfico de influencias relacionada con la aerolínea Plus Ultra. La magistrada Margarita Valcarce ha encargado a la Policía Judicial la elaboración de un informe para determinar el origen de las filtraciones e identificar a sus posibles responsables, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas a Infobae.

La apertura de estas diligencias llega casi cuatro meses después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa principal, acordara deducir testimonio a los juzgados de Madrid para investigar la difusión de documentación del procedimiento que incluía datos personales del expresidente y conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, también investigada en el caso.

El juez Calama adoptó esa decisión el pasado 25 de junio, después de que varios medios de comunicación publicaran información extraída del teléfono móvil de Alcázar y de las agendas de Zapatero correspondientes a 2024 y 2025. El magistrado advirtió entonces de la existencia de filtraciones “constantes e inmediatas” desde que se había dado traslado de las actuaciones a las partes personadas y reclamó que se identificara a sus responsables ante su posible carácter delictivo.

La jueza Valcarce recibió la causa por reparto ese mismo mes. En septiembre, solicitó a la Audiencia Nacional información adicional sobre el procedimiento, que ya ha sido remitida. Ahora, tras recabar la documentación necesaria, ha ordenado a la Policía Judicial que examine lo sucedido.

Las conversaciones privadas del expresidente

La investigación pretende esclarecer cómo llegó a los medios de comunicación documentación incorporada a las diligencias de la Audiencia Nacional que contenía información ajena al objeto principal de la causa. Entre los archivos difundidos figuraban conversaciones entre Zapatero y su secretaria, así como detalles de su agenda personal y profesional.

El material procedía del teléfono móvil de Alcázar, intervenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el marco de las pesquisas sobre Plus Ultra. Los agentes elaboraron varios informes a partir de esos datos, entre ellos uno en el que apuntaban a que el expresidente habría cobrado 200.000 euros por mediar presuntamente en favor de una empresa peruana de cemento ante el Gobierno de Bolivia para evitar una multa millonaria.

Los anexos de esos informes incluían, además, el contenido íntegro de las agendas del expresidente de 2024 y 2025, con información sobre viajes, reuniones, comidas y encuentros privados. Parte de esos datos no guardaba relación directa con la investigación por presunto tráfico de influencias que se sigue en la Audiencia Nacional.

La difusión de ese material provocó el malestar de la defensa de Zapatero, que reprochó al instructor que no hubiera depurado previamente la documentación para excluir los datos personales que no fueran relevantes para la causa antes de ponerla a disposición de las partes personadas, entre ellas las acusaciones populares.

Calama ya advirtió de un posible delito

En el auto del 25 de junio, el juez de la Audiencia Nacional consideró que las filtraciones podían constituir una “vulneración palmaria del deber de reserva inherente al secreto externo” de las actuaciones judiciales. El magistrado apuntó, además, a su posible encaje en los delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas o de informaciones reservadas, recogidos en los artículos 466 y 417 del Código Penal, sin descartar otras responsabilidades disciplinarias o profesionales.

El instructor acordó entonces remitir el asunto a los juzgados ordinarios de Madrid, al entender que no era competente para investigar los hechos, y adoptó medidas adicionales para proteger la documentación sensible del procedimiento. Entre ellas, dispuso la creación de una pieza separada para las grabaciones audiovisuales de los interrogatorios, cuyo acceso quedó restringido al juzgado y al Ministerio Fiscal.

La decisión llegó después de que también se difundiera la declaración íntegra de Zapatero ante el juez, apenas un día después de que se produjera.

La jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado que Luis José Sáenz de Tejada, el exmagistrado al que atribuye una campaña de hostigamiento y amenazas contra ella, la siguió en coche cuando regresaba del aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz. Según el escrito presentado ante la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, la magistrada reconoció al exjuez al volante de un vehículo que se colocó en paralelo al suyo el pasado 8 de octubre, cuando viajaba con sus dos hijas menores de edad.

La denuncia fue presentada el 13 de octubre ante el Grupo II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz y remitida a la Audiencia Nacional, donde se investigan las presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales vinculados al PSOE y al Gobierno.

Biedma relata que, sobre las 19.15 horas del 8 de octubre, circulaba desde el aeropuerto hasta su domicilio cuando su hija mayor le advirtió de que un coche blanco se había colocado en paralelo al suyo. La magistrada asegura que reconoció a Sáenz de Tejada al volante, aunque no pudo aportar la matrícula del vehículo.

En el escrito, Biedma afirma que desconoce cómo el exmagistrado pudo saber que realizaría ese trayecto en ese momento y plantea la posibilidad de que se hubiera instalado un localizador o dispositivo GPS en su coche. Sin embargo, la denuncia no acredita que se colocara un dispositivo de seguimiento ni permite establecer por sí sola las circunstancias exactas del episodio.

La jueza manifiesta su temor por su integridad física y por la de sus hijas. Sitúa el incidente en una sucesión de episodios que considera intimidatorios y que, según sostiene, se han producido desde que comenzó a instruir la causa contra David Sánchez y se enfrentó a Sáenz de Tejada.

La denuncia se incorpora al caso de las cloacas

Biedma vincula el episodio del aeropuerto con la investigación que dirige Pedraz sobre una presunta trama que habría tratado de interferir en procedimientos judiciales y policiales que rodean al PSOE y al Gobierno. La magistrada recuerda en su escrito que el 16 de septiembre se personó como acusación particular en las diligencias previas en las que se investigan las presuntas maniobras contra ella.

Según expone, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que una de las líneas de actuación del grupo investigado habría buscado apartarla de la instrucción de la causa contra David Sánchez, que dirigió entre mayo de 2024 y noviembre de 2025.

En ese contexto, menciona a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Sáenz de Tejada y Joaquín Parra, y hace referencia a un grupo de mensajería denominado ‘Vacaciones y viajes’. La magistrada sostiene que la documentación policial y los testimonios recabados por los investigadores permiten situar al exjuez en el entorno de las personas que habrían tratado de perjudicarla.

El escrito también alude a contactos entre Sáenz de Tejada y otras personas, entre ellas Cintia Rocho —familiar del clan de Los Rocho— y el abogado Juan José Collado Barriga. Biedma recoge las referencias a declaraciones prestadas ante los investigadores en las que se atribuye al exmagistrado la intención de promover actuaciones contra ella y de recabar información sobre su entorno.

Los vídeos y las expresiones que denuncia la magistrada

La jueza considera que esos contactos deben analizarse junto con las publicaciones en redes sociales y los vídeos difundidos por Sáenz de Tejada en su canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV, en los que, según denuncia, se la descalificaba, se cuestionaba su actuación profesional, se la descalificaba personalmente y se aludía a su entorno familiar. La magistrada destaca especialmente un vídeo en el que el exjuez habría afirmado conocer el colegio al que acuden sus hijas. También menciona publicaciones en las que se habrían incluido expresiones como “te van a venir más sorpresitas” y “tú sigue, que haremos todo lo que tengamos que hacer”.

El documento recoge además referencias a declaraciones de Cintia Rocho ante los investigadores. Según el relato que Biedma incorpora a su denuncia, Rocho habría asegurado que Sáenz de Tejada se refirió a la jueza como “un puto grano en el culo” y dijo que había que “eliminarla”. La testigo interpretó esas palabras como una posible intención de causarle daño físico, según la información recogida en las actuaciones.

La denuncia menciona asimismo una anotación en las agendas de Leire Díez, fechada el 25 de marzo de 2025, con las expresiones “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano”. Biedma sostiene que esa referencia debe examinarse junto con los contactos y testimonios que aparecen en la investigación.

La magistrada también enumera otros episodios que considera parte de una campaña de hostigamiento, entre ellos publicaciones en redes sociales, una rueda de prensa en Badajoz, una conferencia en la Facultad de Derecho de Córdoba y concentraciones ante el Consejo General del Poder Judicial. Afirma que ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado algunas de estas actuaciones en octubre y noviembre de 2024.

El despacho del exjuez Baltasar Garzón ofrecerá representación jurídica gratuita a los españoles residentes en el extranjero afectados por la suspensión cautelar de su derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha anunciado la iniciativa en sus redes sociales, donde ha urgido a los afectados a actuar antes del 19 de octubre, fecha límite que señala para acogerse a la asistencia letrada.

El ofrecimiento llega después de que el Tribunal Supremo haya mantenido la suspensión de las inscripciones electorales de 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’. El Alto Tribunal les ha dado cinco días hábiles para personarse en el procedimiento con abogado y procurador y presentar alegaciones, en un intento de garantizar que puedan defender sus intereses antes de que se celebren los comicios.

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La federación ha dirigido su llamamiento a quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática desde octubre de 2019, incluso a quienes ya votaron en las elecciones de 2023. En su publicación, la entidad sostiene que resulta necesario recurrir ante el Tribunal Constitucional y actuar ante el Supremo para tratar de revertir la situación.

Cinco días para personarse en una causa que afecta al voto exterior

La iniciativa del despacho de Garzón pretende facilitar el acceso a la defensa jurídica de unos ciudadanos que, en muchos casos, residen a miles de kilómetros de España y disponen de un margen muy reducido para intervenir en el procedimiento.

La urgencia del llamamiento se explica por las circunstancias en las que el Supremo ha mantenido la medida cautelar. El tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, respaldado por la Fiscalía, que pedía levantar la suspensión ante la imposibilidad material de revisar a tiempo los expedientes afectados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se ha acreditado suficientemente el cumplimiento de la revisión que había ordenado y mantiene la restricción de los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas.

El problema es que la Administración no ha podido identificar de forma automática a todos los ciudadanos afectados ni determinar cuántos expedientes se han revisado. El censo para las elecciones del 29 de noviembre ya estaba cerrado cuando se adoptó la medida, lo que dificulta tanto la comprobación individual de las inscripciones como la comunicación directa de la resolución a los interesados.

Por ese motivo, el Supremo ha ordenado publicar sus autos en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón Edictal Judicial Único, además de dar publicidad a la decisión a través de los consulados. Los afectados disponen de cinco días hábiles para comparecer en el procedimiento y formular alegaciones, pero la publicación oficial no equivale a una notificación individual a cada ciudadano.

La resolución tampoco supone que los afectados pierdan la nacionalidad española. La controversia se refiere a su inscripción electoral y a la posibilidad de ejercer el sufragio en los próximos comicios. El tribunal contempla que quienes acrediten mediante certificación consular que son descendientes de españoles exiliados puedan quedar fuera de la restricción, aunque la aplicación de este criterio plantea dificultades prácticas por la falta de tiempo y medios para examinar los expedientes. Es por ello que, para facilitar la defensa de los afectados, el despacho del exjuez Baltasar Garzón se ha ofrecido a asumir su representación de forma gratuita.

Baltasar Garzón se ofrece a ayudar a los afectados

Baltasar Garzón, nacido en Torres (Jaén) en 1955, alcanzó notoriedad como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruyó algunas de las causas judiciales de mayor repercusión de las últimas décadas. Su nombre adquirió proyección internacional en 1998, cuando impulsó la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet por presuntos delitos relacionados con la represión durante su régimen, en un caso que alimentó el debate sobre la jurisdicción universal.

Durante su carrera judicial también investigó tramas de narcotráfico, terrorismo y corrupción, además de promover actuaciones sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su trayectoria terminó en la carrera judicial en 2012, cuando el Tribunal Supremo lo condenó a once años de inhabilitación por prevaricación en relación con las escuchas ordenadas en prisión entre investigados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados.

Desde entonces, Garzón ejerce la abogacía y dirige ILOCAD, un despacho especializado en asuntos jurídicos complejos y cooperación internacional. También está vinculado a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), dedicada a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha confirmado por escrito al juez Santiago Pedraz que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó a raíz de la divulgación de datos personales de personas ajenas a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) en un juzgado de Badajoz. En su respuesta, fechada el 13 de octubre y a la que ha tenido acceso Infobae, el máximo responsable operativo del instituto armado también detalla el papel de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el origen de una de las investigaciones internas abiertas para esclarecer la difusión de esos datos.

El escrito no menciona expresamente a Begoña Gómez, pero la comunicación se enmarca en el episodio de la publicación de su dirección de correo electrónico, que figuraba en documentación elaborada por la UCO durante las pesquisas sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Llamas ya reconoció ante Pedraz el pasado julio que Marlaska se había interesado por ese asunto. La novedad ahora es que el DAO deja constancia por escrito de las llamadas y explica por qué comunicó a González el desarrollo de una de las informaciones reservadas.

En la respuesta al requerimiento judicial, Llamas señala que tanto la directora general como el ministro le trasladaron, mediante sendas llamadas, los perjuicios que había provocado la divulgación de datos personales de personas ajenas a la investigación que la UCO desarrollaba ante un juzgado de Badajoz. Por ese motivo, explica, consideró “necesario y oportuno” informar de las actuaciones realizadas.

El DAO precisa que solo dio cuenta a González del inicio y la conclusión de la información reservada 1/24 porque, según su versión, ella había intervenido en su origen a través de una llamada, al igual que el ministro. En cambio, sostiene que no comunicó por escrito a la directora general la finalización de la información reservada 1/25 porque había sido ella quien ordenó abrirla y conocía de primera mano su tramitación.

La investigación sobre las actuaciones internas de la Guardia Civil

La respuesta se incorpora a la causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. El juez trata de esclarecer si se utilizaron mecanismos internos de la Guardia Civil para presionar o condicionar el trabajo de los agentes de la UCO. Tanto Llamas como otros investigados han rechazado que esas actuaciones tuvieran ese propósito.

La inclusión del correo electrónico de Begoña Gómez en documentación relacionada con la investigación sobre David Sánchez desencadenó una controversia porque la esposa del presidente no era objeto de aquellas pesquisas. Según la explicación ofrecida por Llamas ante el juez en julio, la divulgación de esa dirección motivó la apertura de una información reservada para averiguar cómo había llegado a la prensa. El DAO defendió entonces que se trataba de un procedimiento interno para esclarecer una posible filtración y negó que se hubiera utilizado para intimidar a los investigadores.

En su nuevo escrito, Llamas también aclara que las otras tres informaciones reservadas a las que se refería el requerimiento judicial correspondían a unidades distintas de la UCO. Según explica, ordenó que fueran instruidas por jefes y oficiales ajenos a las unidades afectadas para garantizar una mayor objetividad. Añade que no informó por escrito a González de su apertura ni de su cierre porque, según su versión, la directora general no había intervenido ni tenía conocimiento previo de su origen.

El magistrado había solicitado además información sobre cuatro expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO. La documentación remitida identifica los mandos que ordenaron su incoación y las fechas: dos fueron iniciados por el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, en mayo y julio de 2025, y otros dos por Mercedes González, en octubre y noviembre de ese año.

Llamas certifica que ninguno de los cuatro expedientes estuvo motivado directamente por hechos relacionados con investigaciones judiciales abiertas en las que los agentes estuvieran actuando como policías judiciales. No obstante, el escrito no identifica a los superiores que promovieron inicialmente el trámite sancionador mediante una denuncia o un parte disciplinario.

El DAO compareció como investigado ante Pedraz el 16 de julio y negó haber presionado a la UCO para que dejara de actuar de forma proactiva en las investigaciones. Defendió que las informaciones reservadas respondían a la necesidad de aclarar posibles filtraciones y rechazó que se hubieran empleado para frenar pesquisas que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. La investigación judicial continúa abierta.

Fernando Osuna lleva años representando a los hijos que las grandes fortunas tuvieron fuera del matrimonio. A sus 70 años, ha conseguido victorias judiciales contra los cantantes Julio Iglesias y Carlos Baute, el torero Manuel Benítez (alias El Cordobés) o contra el futbolista Samuel Eto’o. Su trabajo ha logrado que la ley reconozca el derecho de sus clientes a adoptar el apellido de sus padres, pero acceder a su dinero es algo diferente.

Aunque la legislación española obliga a que cada descendiente reciba un tercio de la hacienda de sus progenitores, “estos padres egoístas y, sobre todo, los hijos matrimoniales, no quieren que esa herencia tenga un invitado más”, denuncia Osuna en una conversación telefónica con Infobae. Las estrategias son diversas y, en muchas ocasiones, fraudulentas, pero consiguen repartir el dinero antes de que los demandantes puedan llegar siquiera a reclamarlo.

Para alertar de estas prácticas e intentar frenarlas, los hijos ilegítimos se han juntado junto con Fernando Osuna en una asociación. “Es un apoyo espiritual, anímico, que ayuda principalmente a compartir el dolor moral que sufren estas personas”, reivindica el letrado. “A todos les une una cuestión muy importante: las dificultades que tienen para conseguir la herencia”, explica Osuna.

Ventas y donaciones para repartir el patrimonio antes de morir

“El primer daño que sufren estos hijos es que se han criado sin un padre. La mayoría, en cuanto sabe que la madre ha quedado embarazada, se olvida de ella y del niño”, lamenta el letrado. Con esta primera herida, Osuna comienza un proceso judicial para conseguir la filiación. Una vez demostrado el parentesco con una prueba de ADN, “hay un juicio para que te declaren hijo de ese padre que no te quiere o no te ha reconocido y ya tienes el derecho a usar sus apellidos y a considerarte hijo de ese señor”, explica.

Con ello, vienen unos derechos hereditarios. “Cualquier hijo tiene derecho, por lo menos, a la tercera parte del patrimonio que tenga su padre”, indica el letrado. Así pues, el objetivo de muchas de estas familias es deshacerse del patrimonio antes de que pueda convertirse en herencia.

¿Cómo lo consiguen? “Simulan la compra de una casa o unos terrenos por parte de los hijos matrimoniales, para que ya estén a su nombre y que los hijos extramatrimoniales no puedan heredar”, explica. Estos traspasos en vida son, en muchas ocasiones, fraudulentos. “Hay casos flagrantes”, afirma el letrado. “Por ejemplo, cuando la venta se hace a un hijo de 18 o 19 años, que es imposible que lo pueda comprar porque no tiene dinero suficiente. Además, ¿para qué lo va a comprar, si cuando se muera el padre lo hereda gratis?“, dice.

En otros casos, directamente los regalan o los donan, de forma que dañan los derechos hereditarios del nuevo hijo. “También esto un juez lo puede declarar nulo. Un padre puede donar a un hijo dentro de su matrimonio un piso. Pero si esa donación perjudica, daña, lesiona los derechos hereditarios del nuevo hijo, esa donación sería nula”, explica.

Del empresario sevillano al millonario de León: los padres egoístas de España

Los clientes de Osuna se reparten por todo el país. “Hay personas en Galicia, Aragón, Extremadura, Cataluña, el País Vasco... estamos coordinándonos todos e incluso vamos a crear un grupo de WhatsApp para comunicarnos”, explica. Aunque no quieren dar nombres, sí que comparten detalles para conseguir “que a ese padre s ele caiga la cara de vergüenza”.

Pone como ejemplo un caso en Sevilla, donde un conocido empresario de la construcción, a sus 95 años, ha repartido un patrimonio de 200 millones de euros entre sus hijos matrimoniales para que la clienta de Osuna, una mujer de unos 40 años, no pueda heredar nada.

En Granada, el letrado cuenta con un caso similar: un padre de unos 90 años que ya ha repartido sus 50 millones de patrimonio entre sus dos hijos matrimoniales. “Y eso coincidió con la prueba de ADN de mi clienta, que demostró que este señor era su padre”, puntualiza Osuna. “No es justo que los hijos matrimoniales estén disfrutando de ese patrimonio cuando mi clienta lo está pasando muy mal económicamente”, lamenta.

Es por ello que Osuna cobra “muy poquito” y cuando puede. “Aunque yo quisiera pedir más, no podría; mis clientes me van pagando lo que pueden y ya, cuando reciben los derechos hereditarios, ahí les cobro”, explica. El dinero no llega hasta que hay sentencia, que puede tardar hasta 15 años.

En otros casos, los padres pagan antes de tiempo para intentar que su imagen no se vea dañada. “Recuerdo a un empresario español que pasaba seis meses al año en Miami. Tenía allí una familia no reconocida, que ignoraba por completo. Después de muchas gestiones, conseguimos convencer al empresario de que pagase un millón y medio de dólares a cada uno de sus hijos para evitar reconocerlos”, asegura Osuna.

Con la nueva asociación, el letrado sevillano espera continuar acumulando victorias judiciales y lograr que estos hijos ilegítimos cobren lo que se les debe por derecho.

El desenlace judicial de un homicidio cometido hace cinco años en el corregimiento de Calidonia, en la capital panameña, llegó esta semana a su fin.

Un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá condenó a Dinat Aron Castañeda, de 23 años, a 30 años de prisión, la pena más alta que contempla la justicia panameña, por el homicidio de Vicente Valencia.

El hecho había ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el corregimiento de Calidonia y la sentencia llegó recién cinco años después, tras la acusación presentada por la Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana.

La noche del crimen, Valencia regresaba a su apartamento, ubicado en uno de los edificios del área. Al subir las escaleras, varios sujetos le salieron al paso y lo persiguieron mientras le disparaban.

Una vez logrado su objetivo, los atacantes se dieron a la fuga y dejaron a Valencia agonizando en el lugar, según relató el diario Critica. Con la condena dictada contra Castañeda, el caso ocurrido en el corregimiento de Calidonia quedó cerrado en la sede judicial.

El hoy sentenciado pasó al sistema carcelario panameño para cumplir la totalidad de la pena impuesta por el tribunal.

En otro caso reseñado por los medios impresos, un menor de edad quedó detenido luego del asesinato a tiros de un hombre frente a un minisúper, en el corregimiento de Alcalde Díaz, en las afueras de la ciudad capital.

El crimen ocurrió la tarde de este martes y, hasta el momento, no existe versión oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre el móvil del ataque, de acuerdo con la versión recogida por el diario Crítica.

Según los primeros informes, un grupo de sujetos encapuchados llegó hasta el domicilio de la víctima y disparó varias veces contra él.

El hombre, que vestía una camiseta negra y un pantalón de jean azul, quedó tendido boca arriba frente a la entrada del inmueble, donde además funcionaba un minisúper.

Las versiones preliminares señalan que el ataque fue veloz. Los atacantes no pronunciaron palabra, sacaron sus armas y dispararon sin darle al hombre tiempo de correr.

Tras cometer el homicidio, los pistoleros escaparon del lugar. De acuerdo con datos extraoficiales, un menor de edad fue retenido horas después y quedó vinculado con la investigación del crimen.

Los dos episodios documentados por la prensa local comparten un mismo esquema: atacantes que llegan de improviso, disparan contra sus víctimas y escapan sin dejar rastro inmediato.

En el caso de Calidonia, ese patrón se sostuvo durante cinco años hasta que la Justicia logró identificar y juzgar al responsable.

En el episodio de Alcalde Díaz, en cambio, la investigación recién comienza. La detención de un menor vinculado al ataque constituye, por ahora, el único avance conocido en la causa.

Ninguna autoridad judicial ha confirmado todavía si existe relación entre ambos casos ocurridos en estos corregimientos de la capital panameña, más allá de la modalidad violenta del ataque.

Tampoco se ha establecido si los episodios forman parte de disputas vinculadas al crimen organizado que opera en la ciudad.

La Sección de Homicidios y Femicidio Metropolitana, que impulsó la acusación contra Castañeda, es la misma dependencia encargada de investigar los homicidios ocurridos en la capital panameña.

Su intervención en el caso de Calidonia derivó en la pena máxima prevista por la legislación del país.

El crimen de Alcalde Díaz, en tanto, sigue sin un móvil establecido. La falta de identificación de la víctima dificulta, por el momento, avanzar en una línea de investigación definida sobre el ataque armado ocurrido frente al minisúper.

José Luis Ábalos y Koldo García tendrán que acudir al Tribunal Constitucional si quieren seguir intentando que se revisen las vulneraciones de derechos fundamentales que atribuyen al juicio que los condenó por el caso de las mascarillas. El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad con los que ambos pretendían dejar sin efecto la sentencia del pasado 22 de junio, al considerar que sus argumentos no justifican anular el fallo y que buena parte de sus quejas ya fueron respondidas durante el procedimiento. La Sala de lo Penal les impone, además, las costas derivadas de este trámite.

La vía elegida por Ábalos y Koldo respondía a una particularidad de su situación procesal. Ambos fueron juzgados en única instancia por el Supremo, por lo que no disponen de una apelación ordinaria ante un tribunal superior. El incidente de nulidad, previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite solicitar al órgano que dictó una resolución firme que repare determinadas vulneraciones de derechos fundamentales cuando no existe otro recurso para denunciarlas. No está concebido, en cambio, para que los magistrados vuelvan a valorar las pruebas o reconsideren las decisiones con las que discrepan las defensas.

Ese límite constituye el eje de la resolución. “No es, por lo tanto, una ocasión para reabrir el debate que ya se produjo con anterioridad”, advierte la Sala. Los magistrados añaden que el incidente “no es un recurso frente a la sentencia dictada por esta Sala, ni una oportunidad para “contraargumentar” frente a ella". Con estos argumentos, descartan que la nulidad pueda funcionar como una segunda oportunidad para discutir el contenido del fallo.

Las garantías del procedimiento

El escrito de Ábalos articulaba trece motivos de nulidad. Su defensa cuestionaba, entre otros aspectos, que el Supremo mantuviera la competencia para juzgarlo después de que renunciara a su escaño en el Congreso y perdiera su condición de aforado. También denunciaba que el juicio se hubiera celebrado en única instancia, sin posibilidad de revisión penal por un órgano superior, y sostenía que durante la investigación se habían producido vulneraciones de derechos fundamentales que afectaban a la validez de las pruebas.

La Sala rechaza que estas objeciones permitan anular la sentencia. Sobre la competencia, se remite a los argumentos expuestos en resoluciones anteriores y mantiene que la pérdida posterior de la condición de aforado no obliga a trasladar el procedimiento. En cuanto a las garantías del juicio, considera que las defensas vuelven sobre cuestiones que ya fueron planteadas y resueltas durante la causa.

Uno de los principales frentes de disputa es el tratamiento de la prueba digital. Ábalos sostuvo que no había tenido acceso a la fuente original de determinadas evidencias ni a copias forenses completas que permitieran verificar su autenticidad e integridad. Cuestionó también las condiciones en las que se abrieron y volcaron los dispositivos intervenidos, la ausencia de la defensa durante algunas de esas actuaciones y la cadena de custodia del material utilizado para sustentar la condena.

El exministro puso el foco, además, en un disco duro de su propiedad intervenido en el domicilio de Koldo. Según su escrito, había solicitado su devolución desde julio de 2024 sin que se le entregara el dispositivo ni se le facilitara una copia forense completa. La defensa consideraba que el acceso a ese material resultaba relevante, entre otros motivos, para reconstruir cuándo había comenzado realmente la investigación sobre Ábalos y comprobar si se habían respetado las garantías derivadas de su condición de diputado.

El Supremo no aprecia en estas denuncias una causa para anular el fallo. La Sala recuerda que las cuestiones relacionadas con la obtención, el análisis y la custodia de las evidencias ya habían sido examinadas en resoluciones previas. La nulidad, insiste, no permite reabrir ese debate por el mero hecho de que las defensas mantengan sus discrepancias con las decisiones adoptadas.

Las filtraciones a los medios

La controversia sobre los dispositivos electrónicos tenía otra derivada: la difusión en medios de comunicación de información que, según la defensa de Ábalos, procedía de los contenidos intervenidos durante la investigación. El escrito denunció que se había restringido el acceso de los acusados a determinados datos mientras se publicaban informaciones sobre su patrimonio, conversaciones privadas y fotografías. Entre los ejemplos mencionados figuraban noticias sobre supuestos inmuebles en Colombia y Perú, así como la rectificación de la valoración inicial de uno de esos bienes.

La defensa alegó que esa situación afectaba al derecho a la intimidad y cuestionó que existiera un control suficiente sobre la custodia y el tratamiento de la información privada. El Supremo, sin embargo, considera que la difusión pública de datos no permite atribuir automáticamente una vulneración al órgano judicial. Para que la queja pudiera prosperar, sostiene la Sala, era necesario identificar una actuación concreta imputable al tribunal y explicar cómo había perjudicado de forma efectiva el derecho de defensa. El auto concluye que los argumentos presentados no permiten establecer esa conexión.

Otro de los motivos centrales de Ábalos se dirigía contra la valoración del testimonio de Víctor de Aldama. La defensa cuestionó el peso concedido a la declaración del empresario, que obtuvo una atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, y sostuvo que algunas de las pruebas presentadas como corroboración externa dependían en realidad de la interpretación que el propio Aldama había ofrecido de los hechos.

La Sala rechaza que esa discrepancia constituya una vulneración de la presunción de inocencia. El Supremo sostiene que la sentencia no se apoyó exclusivamente en la declaración del empresario, sino también en otros elementos de corroboración examinados durante el juicio. A su entender, la defensa pretende volver sobre la valoración conjunta de las pruebas, una cuestión que no puede revisarse mediante un incidente de nulidad.

Ábalos también denunció una supuesta incongruencia omisiva por la falta de un pronunciamiento específico sobre determinadas adjudicaciones de material sanitario en Baleares y Canarias, así como una valoración insuficiente de pruebas de descargo relativas a las contrataciones de Jessica Rodríguez en empresas públicas. El tribunal rechaza que la sentencia guardara silencio sobre esas cuestiones y sostiene que delimitó expresamente qué contrataciones formaban parte del objeto del procedimiento y cuáles se investigaban en una pieza separada.

El Supremo considera “absolutamente infundado” que Koldo alegue que sus quejas no fueron atendidas

Koldo García presentó once motivos de nulidad, varios de ellos coincidentes con los de Ábalos. Su defensa cuestionó la suficiencia de la prueba de cargo, las garantías en el tratamiento de las evidencias digitales y la valoración del testimonio de Aldama. También denunció vulneraciones del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva, al considerar que la sentencia no había respondido a algunas de sus alegaciones sobre las filtraciones a la prensa, la prueba digital y otros aspectos del procedimiento.

La respuesta del Supremo es especialmente tajante en este punto. La Sala sostiene que la sentencia debe leerse junto con el auto del 3 de marzo, en el que ya se resolvieron las cuestiones previas planteadas por las partes y cuyos argumentos fueron incorporados expresamente al fallo. Los magistrados añaden que durante el procedimiento han tenido que pronunciarse reiteradamente sobre cuestiones idénticas o muy similares, planteadas en distintas fases y con argumentos coincidentes.

“Desde luego el promotor de este incidente puede discrepar de estas resoluciones, pero afirmar que sus alegaciones no han encontrado respuesta es absolutamente infundado”, señala el auto. El tribunal distingue así entre el derecho a obtener una resolución motivada y el derecho a que esa resolución sea favorable a quien la solicita. Que una pretensión sea rechazada no significa, por sí mismo, que se haya vulnerado la tutela judicial efectiva.

La Sala también descarta otros reproches de Koldo, entre ellos la supuesta existencia de una “conformidad material encubierta” en el tratamiento procesal de Aldama. Recuerda que la colaboración del empresario no puso fin anticipadamente al juicio, sino que dio lugar a la apreciación de una atenuante muy cualificada tras la celebración del plenario. Rechaza asimismo que la condición de testigos de Jessica Rodríguez y Claudia Montes determine una vulneración de las garantías del procedimiento.

La resolución llega después de que ambos condenados denunciaran la demora en resolver sus incidentes. El 5 de octubre, la defensa de Ábalos presentó una queja por dilaciones indebidas: señaló que habían transcurrido 82 días desde la presentación de su escrito de nulidad y que el trámite estaba concluso desde el 27 de julio. También reclamó una respuesta a su petición de suspender la ejecución de la sentencia mientras se resolvía el incidente, con el argumento de que el exministro permanecía privado de libertad. Koldo se adhirió a esa queja y formuló la misma denuncia respecto de su propio procedimiento.

Javier Gómez Bermúdez, el juez que presidió el juicio por los atentados del 11-M, ha abierto una nueva etapa profesional. El exmagistrado ha abandonado este verano el despacho Ramón y Cajal Abogados, donde trabajaba desde 2017, y ha creado su propia marca como abogado, GB. Según adelanta El País, su nueva oficina estará en la sede de IC Abogados, el bufete en el que trabaja María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, con quien su trayectoria judicial ya coincidió indirectamente durante la disputa por los papeles de Bárcenas.

El acuerdo, cerrado a mediados de septiembre, no implica que Gómez Bermúdez se haya incorporado como socio de IC Abogados. El exjuez conservará su autonomía profesional y trabajará bajo sus propias siglas, aunque compartirá asuntos con los abogados del despacho cuando los procedimientos requieran distintas especialidades. Se ocupará de los casos penales que lleguen a su firma y podrá derivar a sus nuevos colaboradores aquellos que correspondan a otras ramas del Derecho, como el administrativo, o trabajar con ellos en expedientes que combinen ambas materias.

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En IC Abogados también ejercen el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo Manuel María Zorrilla Suárez y el catedrático de Derecho Administrativo Juan Francisco Mestre. La colaboración permitirá a Gómez Bermúdez mantener su actividad como penalista sin renunciar a una estructura con la que abordar asuntos de mayor complejidad jurídica.

De los casos de la Audiencia Nacional a su propio despacho

Desde que abandonó la judicatura, Gómez Bermúdez ha llevado la defensa de clientes implicados en algunas de las investigaciones más relevantes de la Audiencia Nacional. Entre ellos figuran Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, procesado por su presunta participación en el secuestro y las torturas de cuatro opositores ecuatoguineanos, y Eliseo Nzeng Eneme, alto cargo del país africano investigado en una de las piezas del caso Villarejo sobre los presuntos encargos de la dictadura al comisario jubilado.

También representa a la empresaria Carmen Pano y a su hija, Leonor González Pano, investigadas en la causa que indaga en un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y en la que figura asimismo el empresario Víctor de Aldama. El nombre de Pano ha cobrado especial relevancia después de que asegurase haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. La empresaria ratificó esa versión en junio y afirmó que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le había ofrecido dinero para cambiar su testimonio.

El magistrado que presidió el juicio del 11-M

Gómez Bermúdez alcanzó una gran notoriedad pública en 2007, cuando presidió el juicio por los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 192 personas. La vista oral, uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de la historia reciente de España, se desarrolló bajo una intensa atención mediática y política y concluyó con una sentencia que estableció las responsabilidades penales de los acusados a partir de las pruebas practicadas durante el juicio.

Dos años después, volvió a estar al frente de otro procedimiento de enorme impacto: el juicio por las falsas identificaciones de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42, ocurrido en mayo de 2003 cuando regresaban de Afganistán. La causa examinó las irregularidades cometidas en la identificación de los cadáveres y la entrega de los restos a sus familias.

Nacido en Álora (Málaga) en 1962, Gómez Bermúdez se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1984 e ingresó en la carrera judicial en 1987. Ascendió a magistrado dos años después y se incorporó a la Audiencia Nacional en 1999. En 2004 asumió la presidencia de su Sala de lo Penal, responsabilidad que desempeñó hasta 2012, cuando dejó el cargo y regresó a un juzgado central de instrucción.

Desde ese puesto protagonizó una de las disputas más conocidas de su trayectoria: el conflicto con el juez Pablo Ruz por la investigación de los llamados papeles de Bárcenas, la documentación atribuida al extesorero del PP sobre una supuesta contabilidad paralela del partido.

La controversia estalló en 2013, cuando Gómez Bermúdez defendió que debía investigar por separado esos documentos, mientras Ruz sostenía que existían conexiones con la trama Gürtel, que instruía en su juzgado. El entonces magistrado consideraba insuficientes los vínculos entre ambas investigaciones y reclamaba asumir la causa para evitar duplicidades. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió finalmente que Ruz debía hacerse cargo de las pesquisas, al apreciar conexiones entre los procedimientos.

El episodio tuvo lugar cuando Cospedal ocupaba la Secretaría General del PP. Más de una década después, ambos compartirán sede profesional, aunque desde posiciones distintas: ella como abogada de IC Abogados y él al frente de su propia marca, GB.

A lo largo de su carrera judicial, Gómez Bermúdez también intervino en procedimientos relacionados con ETA y el terrorismo yihadista, ejerció como juez de vigilancia penitenciaria y fue magistrado de enlace de España en Francia. En 2017 solicitó la excedencia voluntaria de la carrera judicial y se incorporó a Ramón y Cajal Abogados como penalista. Ahora, tras dejar esa firma, continuará ejerciendo la abogacía desde las oficinas de IC Abogados, con una estructura independiente y una fórmula de colaboración con el despacho.

La congregación Fils de la Sagrada Familia, propietaria de las escuelas Pare Manyanet de Barcelona, ha demandado a las familias de dos exalumnos que se suicidaron en 2019 y 2021 y a la asociación Trencats por vulneración del honor. La escuela les pide 70.000 euros en compensación.

La acción judicial alcanza a los padres de Kira, quien se suicidó a los 15 años tras estudiar en el centro Pare Manyanet de Sant Andreu, y a la familia de Òscar, que murió a los 21 años después de pasar por la escuela de Les Corts. Los familiares han expresado sus sospechas de que la institución no protegió a Kira del acoso escolar y de que Òscar pudo sufrir abusos sexuales por parte de un profesor.

Son estas acusaciones las que han motivado la demanda de la congregación religiosa. En declaraciones a Efe, la institución ha defendido que busca proteger su “honor e imagen” y ha expresado que acusarla de encubrir delitos de acoso sexual es “gravísimo” y “no se puede permitir”. En cualquier caso, consideran que los familiares tienen derecho a descubrir la verdad y aseguró que siempre estuvo dispuesta a colaborar con la policía.

Un “sinsentido” de demanda

La demanda del colegio, aceptada a trámite, se refiere en concreto a una entrevista que grabó el padre de Kira, José Manuel López, dentro de uno de los centros del Pare Manyanet. Durante su intervención, aseguró de forma constante que el centro no había tomado ninguna medida para proteger a los alumnos, después de conocer casos de pederastia en el centro.

La abogada Noelia Rebón, que representa a las familias y a Trencats, ha calificado la demanda de “un sinsentido” y “poco cristiana”. “Si su reputación está en tela de juicio, no es por estas familias, sino por las investigaciones que tienen en curso”, ha aseverado.

Entre los antecedentes mencionados figura el caso de Joaquim Calvet, exrector de Pare Manyanet de Sant Andreu, condenado en 2023 por poseer más de 35.000 archivos de pornografía infantil en el ordenador corporativo del colegio. Las mismas fuentes recordaron que la congregación también se querelló contra los padres de Kira por difamación e injurias; el procedimiento fue archivado en abril, aunque un recurso de apelación fue admitido a trámite.

“Son padres que están buscando respuestas y se dedican a narrar lo que les ha sucedido”, ha defendido la letrada. Según Ribón, en la entrevista, José Manuel tan solo habla de “sospechas” que le quedaron tras la muerte de su hija, sin afirmar ningún tipo de delito. “Cualquier padre en esas circunstancias lo haría”, ha afirmado en declaraciones a Infobae.

Para María José, madre de Kira, esta acción legal es una represalia contra las familias y un intento de “taparles la boca” antes de la celebración, en el mes de enero, del juicio por la muerte de su hija. Es el primer caso, según ella, donde la víctima de acoso sexual ya está muerta. “Están quedando retratados”, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press.

La Fiscalía se opone a investigar penalmente a Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la instrucción de la ‘ley de nietos’. Dichas diligencias están rodeadas de polémica porque el Supremo suspendió el voto de 163.020 españoles residentes en el extranjero para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por la presunción de exilio que introdujo y otros criterios que, a juicio del Alto Tribunal, podrían no ajustarse a la ley que desarrollaban.

En su escrito, al que ha tenido acceso Infobae, el Ministerio Público pide inadmitir la querella presentada por Hazte Oír contra la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública al considerar que los mismos hechos ya fueron examinados en un procedimiento anterior, que terminó con un sobreseimiento libre firme. En su denuncia, que pudo consultar este diario, la asociación atribuía a Puente un posible delito de prevaricación administrativa por la instrucción que firmó el 25 de octubre de 2022, donde podría haber ampliado los supuestos previstos por la Ley de Memoria Democrática para obtener la nacionalidad española y que, con ello, pudo exceder los límites establecidos por el legislador.

El pronunciamiento no equivale, por tanto, a una resolución judicial sobre la legalidad de la instrucción ni supone que la Fiscalía haya avalado todos los criterios que se utilizaron para tramitar las solicitudes de nacionalidad. La cuestión que plantea el Ministerio Público es si los hechos pueden volver a investigarse penalmente después de que otro órgano judicial haya resuelto sobre ellos. La controversia administrativa y electoral sigue su propio recorrido ante el Tribunal Supremo.

La presunción de exilio que está bajo la lupa judicial

La instrucción firmada por Puente desarrolló la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran optar a la nacionalidad. Entre los beneficiarios figuran hijos y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, además de otros supuestos contemplados por la norma.

El texto administrativo estableció una presunción de la condición de exiliados para quienes hubieran abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La interpretación pretendía facilitar la acreditación de uno de los requisitos contemplados en la ley, pero ha terminado convirtiéndose en el centro de una disputa sobre el alcance de las competencias administrativas y la necesidad de comprobar individualmente las circunstancias de los solicitantes.

Hazte Oír sostiene que la instrucción permitió ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad más allá de lo previsto legalmente y atribuye a Puente una actuación presuntamente arbitraria. Para que exista prevaricación administrativa, sin embargo, no basta con que una resolución pueda considerarse contraria a Derecho, porque el delito exige que concurran los elementos específicos establecidos en el Código Penal.

La asociación rechaza, no obstante, que la querella actual reproduzca exactamente los hechos examinados en el procedimiento anterior. En un escrito de alegaciones presentado el 9 de octubre consultado por este medio, Hazte Oír sostiene que la denuncia inicial se centraba en la presunción de exilio, mientras que la nueva querella cuestiona también otros criterios de la instrucción. Entre ellos, la interpretación que permitiría a determinados descendientes nacidos fuera de España optar a la nacionalidad por tener un padre, una madre, un abuelo o una abuela originariamente españoles, sin necesidad de alegar el exilio, así como la posibilidad de formalizar la declaración de opción una vez vencido el plazo legal. La asociación solicita que se admita a trámite la querella y se practiquen las diligencias de investigación interesadas, incluida la declaración de Puente como investigada.

En sus alegaciones, Hazte Oír también alude a una instrucción anterior, firmada el 20 de octubre de 2022 y remitida a registros civiles, consulados y embajadas, que no llegó a publicarse en el BOE. Según la organización, aquel documento recogía una interpretación distinta de la que finalmente se incorporó a la instrucción del 25 de octubre. La querellante sostiene que el cambio de criterio constituye un elemento relevante para examinar la actuación de Puente, aunque estos argumentos forman parte de su denuncia y no han sido declarados probados judicialmente.

El Supremo mantiene la suspensión del voto a menos de siete semanas de las elecciones

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene suspendidos los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas mientras se comprueba su adecuación a los requisitos legales. El tribunal no ha retirado la nacionalidad española a los afectados ni ha declarado de forma definitiva que todas las personas incluidas en la cifra de 163.020 hayan obtenido irregularmente la nacionalidad. La medida se refiere al ejercicio del derecho de voto en los términos establecidos por las resoluciones judiciales.

El Alto Tribunal considera necesario distinguir entre quienes obtuvieron la nacionalidad conforme a los supuestos recogidos directamente en la ley y quienes se acogieron a los criterios establecidos en la instrucción administrativa firmada por Sofía Puente. En un auto del 10 de septiembre, el tribunal ordenó desglosar los expedientes de inscripción iniciados y aprobados al amparo de la interpretación de la instrucción y de la presunción de exilio. En esa resolución cautelar, la Sala señaló que el incremento del censo derivado de esa interpretación “no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta”, sin anticipar el análisis definitivo sobre la cuestión.

La ejecución de la medida se ha complicado por la dificultad de identificar individualmente los expedientes afectados y por la proximidad de la convocatoria electoral, ya que el censo quedó cerrado el 1 de agosto, un mes antes de que se adoptaran las últimas decisiones judiciales.

El pasado 12 de octubre, el Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, respaldado por la Fiscalía, que solicitaba levantar la suspensión cautelar ante las dificultades para revisar los expedientes antes de los comicios. La Sala mantuvo la medida y estableció un plazo de cinco días hábiles para que los afectados pudieran personarse en el procedimiento y defender su derecho, con asistencia de abogado y procurador. Las resoluciones debían publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón judicial para facilitar que los ciudadanos afectados tuvieran conocimiento de la decisión.

El Gobierno quiere que los abogados de oficio cobren más. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del Reglamento de Justicia Gratuita para mejorar la compensación que reciben estos letrados por una labor que garantiza el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Pero, por mucho que aumente lo que cobran, de poco sirve si estos profesionales siguen cobrando tarde.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) denuncia desde hace un mes la situación de colapso que se vive en los Juzgados de lo Social de la capital. Estos tribunales, encargados de despidos improcedentes, casos de acoso laboral o reclamaciones a la Seguridad Social, entre otros, afrontan demoras de tal calibre que han empezado a fijar juicios para 2030.

El atasco para aceptar demandas, fijar vistas y, en definitiva, resolver procedimientos, supone que los demandantes reciban justicia con tres años de retraso. Para sus abogados, supone quedarse sin cobrar hasta recibir una sentencia.

Tres años de espera para recibir 250 euros

Los abogados de oficio no cobran un salario, sino que reciben una compensación por cada caso que llevan. En la jurisdicción social, cada letrado gana 247,50 euros por procedimiento, pero la retribución no se consigue así como así. “Hasta que el juzgado no dicta un decreto en el que dice que se tiene por presentada la demanda y se señala fecha del juicio, no cobras la primera parte, el 70% del total”, explica a Infobae la abogada laboralista Silvia Padrón.

Es decir, para empezar a cobrar por el trabajo, hay que esperar a que los tribunales admitan la sentencia. Pero los Juzgados de lo Social están saturados y tardan cada vez más en responder. Así le ha ocurrido a Padrón: la letrada interpuso en febrero una demanda en nombre de una clienta, pero hasta octubre el juicio no tuvo fecha. Este retraso significa, dentro del turno de oficio, no cobrar durante ocho meses.

La retribución completa no se recibe hasta que hay una sentencia, imposible de recibir sin pasar primero por delante del juez. Para algunos letrados, supondrá esperar al año 2030 para cobrar al completo un trabajo realizado en 2026. Eso si el juicio se celebra en la fecha señalada. “Hay muchas suspensiones de procedimientos porque no aparece tal testigo o porque han cambiado de juez”, agrega Padrón.

Las causas del “caos” en los Juzgados de lo Social

La saturación de los juzgados madrileños no tiene una sola causa, según explica Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio del ICAM. “Por un lado, hay varias plazas de magistrados y letrados de la administración de justicia sin cubrir. En algunos casos, lo cubre en sustitución el magistrado de otro juzgado de lo social, lo que al final supone que su propio juzgado se vea afectado por el cúmulo de actuaciones”, indica.

Otra de las circunstancias que ha favorecido estos retrasos es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como Ley de Eficiencia de Justicia, que reorganizó los juzgados españoles. “Ha generado el caos y no existe el mismo control que había de los asuntos antes”, lamenta el letrado.

Las dificultades, por tanto, empiezan a darse en otras órdenes jurisdiccionales, pero “la situación de colapso que se vive en la jurisdicción social no se replica con igual intensidad en otras”, asegura Mayllo. Según datos del ICAM, estos juzgados cerraron el 2025 con 78.518 asuntos pendientes de resolución, el mayor registro desde el año 2006.

“No hay ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado”

Mayllo no es ajeno a la problemática. Él mismo cuenta con casos que no pasarán por el juez hasta finales de 2029, mientras que otras demandas, presentadas entre octubre y diciembre de 2025, ni siquiera tienen emitido el decreto de admisión. “No creo que haya ningún abogado laboralista en Madrid que no se vea afectado por esta situación”, asegura.

Estos retrasos han hecho que profesionales como Padrón abandonen directamente el turno de oficio. Desde el ICAM, admiten que se produce un “goteo constante” de abogados de este servicio de justicia gratuito para la ciudadanía, pero no lo vinculan a estas demoras, sino a gran variedad de factores, entre ellos, el problema de renovación y la falta de relevo generacional de estos trabajadores.

El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del ‘procés’. La sentencia absuelve a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC), extingue la responsabilidad contable que se les reclamaba y ordena levantar las medidas cautelares acordadas durante la instrucción, incluidas las fianzas que habían tenido que depositar para evitar el embargo de sus bienes.

La decisión llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara el pasado julio la aplicación de la amnistía en este ámbito y de que el órgano fiscalizador reanudara la tramitación de una causa que llevaba pendiente de resolución desde que elevó sus dudas a la justicia europea. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que los gastos examinados se financiaran con fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, una circunstancia determinante para resolver si los hechos podían quedar amparados por la norma.

La sentencia, dictada este miércoles por la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, beneficia también a los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa, además de otros antiguos responsables de los gobiernos catalanes implicados en el proceso independentista.

La causa examinaba el presunto uso irregular de fondos públicos para sufragar tanto la organización del referéndum del 1-O como las actividades de promoción exterior de la Generalitat desarrolladas entre 2011 y 2017. La Fiscalía reclamaba cerca de 3,1 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana elevaba la cantidad hasta los cinco millones. Los encausados habían depositado más de cuatro millones de euros en concepto de fianza para responder de las posibles responsabilidades contables.

Las dudas sobre la amnistía

El procedimiento llegó a la fase de sentencia después de que el Tribunal de Cuentas planteara ocho cuestiones prejudiciales al TJUE mediante un auto del 29 de julio de 2024. La consejera encargada del caso quería aclarar cómo debía interpretarse la ley de amnistía a la luz del Derecho comunitario y, en particular, si la medida podía aplicarse cuando los hechos investigados pudieran afectar a los intereses financieros de la Unión.

La respuesta de Luxemburgo llegó el 16 de julio de 2026. El tribunal europeo confirmó que el Tribunal de Cuentas reunía las condiciones de independencia e imparcialidad necesarias para plantear cuestiones prejudiciales y examinó cinco de las ocho preguntas formuladas. Sobre las otras tres, consideró que no era necesario pronunciarse a la vista de las respuestas dadas al resto.

Uno de los puntos centrales del fallo europeo fue la interpretación del artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a combatir el fraude y otras actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros comunitarios. El TJUE precisó que esos intereses comprenden tanto los ingresos de la Unión como los gastos incluidos en su presupuesto.

La resolución también estableció cómo debían interpretarse determinados pasajes del preámbulo y varios artículos de la ley de amnistía para evitar incompatibilidades con el Derecho comunitario. A partir de ese pronunciamiento, el Tribunal de Cuentas reanudó la tramitación del procedimiento y dio a las partes la oportunidad de presentar alegaciones y documentación sobre el origen de los fondos utilizados para sufragar los gastos investigados.

La cuestión no era menor. La posibilidad de aplicar la amnistía a los antiguos responsables de la Generalitat dependía de determinar si los desembolsos cuestionados habían afectado al presupuesto europeo. Por eso, tras recibir la respuesta del TJUE, la consejera no resolvió de inmediato el procedimiento, sino que pidió a las partes que se pronunciaran sobre las consecuencias del fallo y aportaran los elementos necesarios para adoptar una decisión.

La sentencia dictada ahora concluye que no ha quedado acreditado que los gastos objeto de la causa se realizaran con fondos públicos procedentes del presupuesto de la Unión Europea. Sobre esa base, el tribunal declara aplicable la Ley Orgánica de Amnistía y absuelve a los 35 demandados de la responsabilidad contable que se les reclamaba. El fallo ordena además levantar las medidas cautelares adoptadas durante las actuaciones previas. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

Los primeros resultados técnicos sobre el descarrilamiento de la locomotora de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ocurrido el 7 de octubre en Santa Cruz, apuntan a que el hecho fue provocado de manera intencional, aunque la pericia judicial todavía no concluyó. Así lo indicaron el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el interventor de la empresa estatal, Pablo Gordillo, tras la intervención de peritos de la Justicia Federal en el tramo ferroviario donde se produjo el accidente.

El episodio afectó a la única locomotora operativa de la compañía, que trasladaba 600 toneladas de carbón con destino al puerto de Punta Loyola, y ocurre en medio de un proceso de transformación societaria que avanza hacia la incorporación de capital privado en la empresa.

Vidal recorrió el sector del siniestro, a la altura de la estación Ingeniero Cappa, junto al equipo técnico que realizó las pericias por encargo de la Justicia Federal. Tras esa recorrida, el mandatario provincial sostuvo que los datos preliminares confirman lo que se sospechaba desde el inicio.

“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, aseveró el Gobernador, en declaraciones difundidas por medios locales de Santa Cruz.

El mandatario calificó el episodio como “triste” y “lamentable” por el riesgo al que estuvieron expuestos los trabajadores que viajaban en la formación, y reclamó que la investigación judicial avance hasta identificar a los responsables. “Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, afirmó, al tiempo que remarcó que el Gobierno provincial respetará la independencia de la Justicia.

En tanto, el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, confirmó a este medio que los peritos estuvieron en el lugar el domingo, pero aclaró que el proceso técnico todavía no cerró. “Aún no están terminadas las pericias, pero creen que la línea va al esquema de lo que pensábamos, que había sido intencional el descarrilamiento”, señaló el funcionario, que fue designado por el Gobierno nacional para sanear la empresa de cara a una futura privatización.

Gordillo ya había adelantado días atrás a este medio que el personal de vías y obras descartó fallas en la infraestructura o en la locomotora tras una revisión en el terreno. Según relató, el conductor de la formación reportó que la vía “se abrió” en el momento del accidente, pero esa versión fue contradicha por la inspección posterior: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, explicó.

Lo que alimentó las sospechas

A unos veinte metros del punto donde cayó la locomotora, los técnicos de la empresa encontraron una pieza de material ferroviario en desuso que, según la hipótesis inicial de las autoridades, no debía estar sobre el tendido. Gordillo sostuvo que, por su antigüedad y sus características, el objeto no pudo llegar al lugar por casualidad ni desprenderse de la propia formación.

“Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, afirmó el interventor horas después del accidente. También se detectaron marcas visibles en los rieles, en el punto donde la locomotora habría impactado antes de volcar, que deberán ser examinadas para establecer su relación con la causa del accidente.

El accidente paralizó el único medio de transporte de carbón de la empresa

El descarrilamiento se produjo el 7 de octubre alrededor de las 7:45, en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, cuando una formación con una locomotora y cerca de 37 vagones partió desde Río Turbio con destino a Punta Loyola. La máquina, identificada como unidad 005, volcó junto con tres vagones, y los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos.

La locomotora había estado detenida durante seis meses y recién había sido puesta a punto tras casi dos meses de trabajo intensivo por parte de los operarios. Su inhabilitación paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses, según estimó Gordillo, quien calculó en USD 10 millones la pérdida asociada a la interrupción del servicio. “Me pararon todo”, resumió el funcionario.

YCRT tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, equivalente a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, que ahora enfrenta demoras. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, había advertido Gordillo tras el siniestro.

El trasfondo de una privatización que todavía no se definió

El sabotaje bajo sospecha se produce en medio de un proceso de transformación societaria que la empresa estatal arrastra desde 2024, cuando quedó incluida entre las compañías “sujetas a privatización” por la Ley Bases. A comienzos de este año, el Gobierno nacional dispuso la conversión de YCRT en sociedad anónima bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, aunque el esquema de incorporación de capital privado todavía no se definió.

El proceso depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. La empresa cuenta con 1.978 empleados, es financiada en un 92% por el Estado nacional, y hasta el momento no recibió habilitación para instrumentar retiros voluntarios ni mecanismos de reducción de personal.

Vidal señaló que sostener el funcionamiento de YCRT demandó casi tres años de gestiones y negociaciones con el Gobierno nacional, en un contexto de cierre de otras empresas públicas, y que la actividad comenzaba a tener nuevas perspectivas comerciales antes del descarrilamiento. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó el gobernador.

YCRT presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos, y solicitó un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para establecer técnicamente las causas del accidente. La investigación deberá determinar si la pieza hallada junto a las vías fue colocada de manera deliberada, cómo llegó al lugar y si tuvo incidencia directa en el descarrilamiento.

El exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada comparecerá el próximo 28 de octubre como investigado ante la Audiencia Nacional por su presunta participación en la trama que buscaba apartar a la jueza Beatriz Biedma de la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La citación, dictada este martes por el magistrado Santiago Pedraz, responde a una petición de la propia Biedma, personada como acusación particular en la causa, quien sostiene que el exjuez llegó a proponer actos de violencia física contra ella.

Según consta en la providencia del Tribunal Central de Instancia, a la que tuvo acceso este medio, Sáenz de Tejada deberá declarar por delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. El mismo día, a las 10:00 horas, está citado como testigo Raúl Montaño Hermosell, abogado de Cintia Carolina Rocho Leal, una mujer que, según las investigaciones, habría recibido instrucciones del exmagistrado para actuar contra la jueza.

La acusación particular sitúa el punto de partida de la operación en agosto de 2024, durante encuentros celebrados en Tarifa en los que participaron personas vinculadas a la presunta red liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Según la reconstrucción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambos buscaban un contacto en Badajoz capaz de aportar información para desarticular el procedimiento contra David Sánchez.

El elegido habría sido Sáenz de Tejada, según el escrito presentado ante Pedraz, precisamente porque ya mantenía un enfrentamiento previo con la magistrada. La defensa de Biedma sostiene que esa enemistad anterior fue el motivo por el que Díez decidió reclutarlo y que, desde entonces, su actuación se centró “de manera directa y sostenida” en la instructora, al reproducir “exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas”.

Las frases que la Guardia Civil atribuye al exjuez

El informe de la UCO recoge una declaración testifical de Cintia Rocho, vinculada a un clan de Badajoz dedicado al narcotráfico, en la que asegura que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. El escrito presentado ante la Audiencia Nacional reproduce además otras expresiones atribuidas al exmagistrado en conversaciones mantenidas mediante perfiles falsos en redes sociales, entre ellas la frase “a palos aprende el burro”.

La acusación particular considera que esas manifestaciones constituyen “proposiciones para que terceros cometieran actos de violencia física contra la magistrada” y reflejan “una voluntad de daño que trasciende cualquier actuación procesal legítima”. Por ese motivo, además de la declaración de Sáenz de Tejada, Biedma solicitó que testifiquen Cintia Rocho, Ángel Martín -alias “el cordobés”-, su abogado Juan José Collado y el empresario Joaquín Parra, a quienes considera imprescindibles para esclarecer “la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos” y “las proposiciones de violencia física”.

Un exmagistrado ya apartado por violencia de género

Sáenz de Tejada fue apartado de la carrera judicial tras un expediente por violencia de género que, según informó La Razón, fue instruido por la propia Biedma. Esa circunstancia alimenta la tesis de la acusación sobre un móvil de animadversión personal previo a los hechos investigados en la trama Leire Díez.

El exjuez había intentado personarse directamente en la causa contra David Sánchez y, tras ser rechazado, lo intentó a través de su hermana. También presentó dos denuncias contra Biedma ante la Fiscalía de Extremadura, la segunda de ellas el mismo día en que la magistrada imputó al hermano del presidente por el contrato en la Diputación de Badajoz, según informó el diario Hoy. La Fiscalía Anticorrupción ha apreciado “solventes indicios” de actuaciones de las denominadas cloacas del PSOE relacionadas con la instrucción de ese caso.

Frente a las acusaciones, Sáenz de Tejada rechazó cualquier responsabilidad y, según recoge el Diario de Navarra, acusó a los investigadores de la UCO de mentir y de realizarle una “imputación falsa de hechos sin investigación alguna”. El exmagistrado negó haber acosado a la jueza. Está previsto que su declaración ante Pedraz se produzca el 28 de octubre a las 10:30 horas, media hora después de la comparecencia testifical del abogado de Rocho.

José Luis Ábalos y Koldo García tienen una última parada pendiente ante el Tribunal Supremo antes de intentar llevar sus condenas al Constitucional. El exministro de Transportes y quien fuera su asesor buscan que la misma Sala que los condenó a 24 años y tres meses y 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente, anule la sentencia del ‘caso mascarillas’ por las presuntas vulneraciones de derechos fundamentales que denuncian sus defensas. No pueden recurrir el fallo mediante una apelación ordinaria y necesitan que el Supremo resuelva primero sus peticiones de nulidad para poder intentar acceder a la jurisdicción constitucional.

La batalla judicial se volvió a mover la semana pasada, casi cuatro meses después de la sentencia del 22 de junio. Sus abogados presentaron sendos escritos para denunciar que el tribunal todavía no había resuelto los incidentes de nulidad y reclamar una respuesta inmediata. El movimiento llega después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera desestimar ambas solicitudes al considerar que las defensas pretenden reabrir cuestiones ya examinadas durante el procedimiento. El Supremo respondió el 8 de octubre que el auto estaba “en proceso de firma”, pero rechazó suspender la ejecución de las penas, según adelantó Europa Press.

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El escenario tiene una particularidad que condiciona toda su estrategia, porque ambos fueron juzgados en única instancia por la Sala de lo Penal del Supremo. No existe, por tanto, un tribunal superior ante el que puedan presentar una apelación ordinaria para revisar la sentencia. La vía que han elegido consiste en pedir al propio Supremo que la anule y, si no lo consigue, intentar que el Tribunal Constitucional examine si se han vulnerado sus derechos fundamentales. Es un recorrido excepcional, con requisitos y límites propios, que no garantiza que la condena vaya a revisarse ni, mucho menos, que ambos queden absueltos.

La Fiscalía ve una segunda oportunidad para discutir el juicio

Ábalos presentó su incidente de nulidad el 15 de julio, con trece motivos relacionados con presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. Entre ellos figura su discrepancia con que el juicio se celebrara en el Supremo y no en la Audiencia Nacional, pese a que había renunciado a su acta de diputado el 28 de enero. La defensa también cuestiona aspectos relativos a las pruebas y a las garantías del procedimiento. Con esta petición pretende que la Sala examine si alguno de esos argumentos justifica dejar sin efecto la condena.

Koldo García presentó su propio incidente contra la misma sentencia. Su abogada, Leticia de la Hoz, añade una cuestión específica: su cliente no era aforado y, según sostiene, fue juzgado por el Supremo por la conexión de su causa con la de Ábalos. La defensa considera que esa circunstancia le privó de una segunda instancia penal y apela al artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a que una condena sea revisada por un tribunal superior.

Para apoyar su argumento, De la Hoz cita un dictamen de Naciones Unidas de 2004 sobre el caso de Jesús Terrón contra España, relativo a una condena dictada en única instancia por el Supremo. La letrada sostiene que el hecho de ser juzgado por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria no debería eliminar por sí solo el derecho a una revisión. Se trata de una tesis de la defensa que el tribunal todavía debe valorar, no de una vulneración reconocida judicialmente en el caso de Koldo.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a las dos peticiones. En un escrito del 1 de septiembre, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que se desestimaran los incidentes porque, a su juicio, “desbordan claramente el objeto de este remedio”. La acusación sostiene que los abogados reproducen pretensiones que ya recibieron una respuesta motivada durante el procedimiento y en la propia sentencia.

La discrepancia no es menor. El incidente excepcional de nulidad no permite celebrar un nuevo juicio ni funciona como una apelación para discutir otra vez toda la prueba. Su finalidad es que el propio órgano judicial pueda reparar determinadas vulneraciones de derechos fundamentales cuando se cumplen los requisitos legales. La Fiscalía entiende que las defensas están intentando utilizarlo para volver sobre cuestiones que el Supremo ya resolvió; los abogados, por su parte, consideran que sus quejas merecen una respuesta específica antes de acudir a otras instancias.

Ambos incidentes fueron admitidos a trámite el 21 de julio. Según el escrito presentado por Ábalos el 5 de octubre, la Fiscalía formuló sus alegaciones el 23 de julio y la acusación popular, el día 27. Desde entonces, sostiene su defensa, no quedaba ningún trámite pendiente. Cuando presentó la queja, su abogado cifró en 82 los días transcurridos desde la presentación del incidente sin que se hubiera dictado el auto.

La espera para acudir al Constitucional

Los escritos de esta semana no se limitan a pedir que se resuelva la nulidad. Ábalos denunció una posible vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y solicitó que se suspendiera la ejecución de su condena mientras se tramitaba el incidente, con la consiguiente puesta en libertad. Su abogado argumentó que la falta de respuesta le impedía avanzar hacia el Tribunal Constitucional y afectaba a su derecho a la tutela judicial efectiva. Koldo se adhirió a la queja el 7 de octubre y formuló la misma denuncia en nombre propio. Su defensa insistió en que el retraso tenía consecuencias especialmente graves porque su cliente permanece privado de libertad y porque necesita que el Supremo resuelva antes de intentar acudir al Constitucional.

Si el Supremo rechaza los incidentes, ambos podrán intentar presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, siempre que cumplan las condiciones legales de admisión. No se trataría de pedir a ese tribunal que repita el juicio o vuelva a valorar todas las pruebas, sino de denunciar una vulneración de derechos protegidos por la Constitución. Si apreciara una lesión, podría ordenar las medidas necesarias para repararla, pero el resultado dependería del derecho afectado y del alcance de la resolución: una eventual estimación no supondría automáticamente la absolución.

Koldo ya ha tropezado con un obstáculo en ese camino. El Constitucional inadmitió el 29 de mayo un recurso de amparo anterior que había presentado contra una resolución del Supremo, al considerar que la vía judicial no se había agotado cuando acudió a esa jurisdicción. Su defensa recuerda ese antecedente en el escrito de octubre para explicar por qué necesita una resolución sobre el incidente pendiente antes de volver a intentarlo.

Después de agotar los recursos internos efectivos, ambos podrían plantear un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, si cumplen los requisitos de admisibilidad y el plazo aplicable. Ese tribunal no actúa como una tercera instancia para revisar de nuevo todas las pruebas del juicio, sino que examina posibles vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Antes de llegar a ese escenario, la decisión inmediata sigue en manos del Supremo: resolver si aprecia motivos para anular la sentencia o si mantiene las condenas que impuso en junio.

El Tribunal Supremo ha dado cinco días hábiles a los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ para que puedan personarse en la causa y presentar alegaciones. No obstante, la Administración no sabe exactamente quiénes son todos los ciudadanos a los que afecta la medida y, por tanto, no puede comunicarles individualmente que tienen que defender sus intereses ante el tribunal. La decisión del Alto Tribunal llega a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con el censo ya cerrado y sin que el Gobierno haya aclarado cuántas inscripciones ha conseguido revisar desde que el Supremo ordenó suspender sus efectos electorales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado, respaldada por la Fiscalía, para levantar la suspensión. El Ejecutivo había advertido de que no dispone de tiempo ni de medios suficientes para comprobar individualmente los expedientes afectados antes de los comicios. Los magistrados, sin embargo, mantienen la medida y han ordenado publicar la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón judicial para que los interesados puedan conocerla y comparecer en el procedimiento.

El plazo de cinco días hábiles plantea así una dificultad práctica: los ciudadanos deben decidir si se personan en una causa que afecta a su derecho al voto, pero no todos recibirán una notificación directa. Para intervenir tendrán que contar con abogado y procurador, en un procedimiento cuya resolución puede determinar si están habilitados para participar en las próximas elecciones.

La cifra de 163.020 personas procede de los datos aportados por el Gobierno al tribunal y se refiere a los ciudadanos afectados por la suspensión, no al conjunto de quienes han obtenido la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. La medida tampoco les retira la nacionalidad, sino que afecta a los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo de residentes en el extranjero.

El censo estaba cerrado cuando llegó la suspensión

El origen del problema está en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para que hijos y nietos de españoles de origen pudieran solicitar la nacionalidad. La controversia judicial se centra en los criterios utilizados para acreditar la condición de exiliado de determinados ascendientes y en cómo se incorporaron al censo electoral algunos de los nuevos ciudadanos españoles.

Vox e Iustitia Europa recurrieron esos criterios y el Supremo acordó en septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones cuestionadas. La orden llegó cuando el censo para las elecciones del 29 de noviembre ya estaba cerrado. El listado aplicable a los comicios es el cerrado a 1 de agosto, con los movimientos comunicados por los ayuntamientos, consulados y registros civiles hasta el 30 de julio. La medida obliga ahora a determinar qué ciudadanos están afectados por la decisión y cuáles pueden acreditar que cumplen los requisitos para votar.

El Gobierno sostiene que no puede revisar todos los expedientes en el tiempo disponible. El problema es que las bases de datos no permiten identificar automáticamente a todas las personas cuya inscripción procede de los criterios cuestionados, por lo que es necesario comprobar la documentación de cada caso. Sin esa revisión, la Administración no puede precisar cuántos ciudadanos cumplen los requisitos para votar ni trasladar al tribunal una relación definitiva de los afectados.

El Supremo reprocha a la Administración que, transcurrido un mes desde la adopción de la medida cautelar, no haya informado de forma suficiente sobre los avances realizados. La mayoría de la Sala considera que las dificultades técnicas y organizativas alegadas por el Estado no justifican dejar sin efecto una resolución judicial y mantiene la suspensión mientras se resuelve el litigio.

La proximidad de las elecciones reduce todavía más el margen para aclarar la situación. El calendario electoral prevé que el primer envío de documentación para votar a los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se realice entre el 24 y el 30 de octubre. En ese primer envío se incluyen los certificados de inscripción censal y los sobres necesarios para ejercer el voto. Las papeletas se remitirán posteriormente, entre el 4 y el 8 de noviembre, salvo que haya impugnaciones de candidaturas, en cuyo caso el envío podrá demorarse hasta el 14 de noviembre.

Esto significa que la Administración debe resolver las dudas sobre las inscripciones afectadas en las próximas semanas, mientras los ciudadanos necesitan saber si podrán recibir y utilizar la documentación electoral. El plazo de cinco días concedido por el Supremo permite a los afectados intervenir en el procedimiento, pero no garantiza que puedan votar el 29-N ni que la suspensión vaya a levantarse antes de los comicios.

Los afectados pueden acreditar, además, que cumplen los requisitos legales mediante una certificación consular, según las condiciones previstas por el tribunal. Sin embargo, la resolución no garantiza que todos puedan obtenerla antes de las elecciones ni que la presentación de alegaciones permita levantar la suspensión a tiempo.

Algunos representantes de los afectados ya han anunciado que estudian recurrir al Tribunal Constitucional si no consiguen revertir la decisión del Supremo. Esta vía abriría un nuevo escenario judicial, aunque su recorrido dependerá de los requisitos procesales aplicables y de las resoluciones que se adopten previamente en la causa.

Una magistrada advierte de que el daño puede ser irreversible

La decisión no ha sido unánime. La magistrada Alicia Millán Herrandis ha formulado un voto particular en el que advierte de que impedir a estos ciudadanos votar el 29 de noviembre puede causar un perjuicio irreversible. Si una sentencia posterior les diera la razón, no podrían recuperar la oportunidad de participar en unas elecciones que ya se habrían celebrado.

La magistrada considera que la convocatoria electoral ha cambiado las circunstancias que deben tenerse en cuenta para decidir si se mantiene la medida cautelar. Frente a la mayoría, que prioriza la necesidad de garantizar la exactitud y la transparencia del censo, Millán defiende que debía darse mayor peso al derecho de participación política de los afectados.

El 20 de febrero de 2025, tras casi dos años y medio como director territorial en una empresa de prevención de riesgos laborales, el trabajador que protagoniza esta historia recibió una carta que daba por terminada su relación laboral. El motivo que le daban: ineptitud sobrevenida, una figura jurídica que aplica cuando unos problemas de salud impiden al empleado realizar cualquier labor dentro de la compañía.

En este caso, el trabajador sufría un poco de todo: dolor neuropático crónico en la muñeca derecha, limitación de fuerza, trastorno adaptativo y una incapacidad permanente total reconocida para otra profesión antes de entrar en la empresa. Su grado de discapacidad, que era del 33%, ascendió al 49%, tras la valoración de nuevas dolencias, como dolor crónico extendido, lesiones dorsolumbares, una fractura vertebral, insomnio y un déficit cognitivo creciente. En la práctica, todo esto le impedía hacer trayectos largos, concentrarse y tomar decisiones, así que la compañía decidió despedirlo, justo al día siguiente de que el hombre volviera de sus vacaciones.

Pero el empleado recurrió su caso ante los tribunales, donde ha ganado el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra acaba de confirmar la nulidad del despido, al concluir que la extinción del contrato constituyó “un acto discriminatorio por razón de enfermedad y discapacidad”. La sentencia añade que la empresa no aportó pruebas sobre cómo afectaban las alteraciones cognitivas al ejercicio de su labor. Según los jueces, tampoco probó que hubiera intentado ajustes razonables para mantenerlo en su puesto, ni que hubiera examinado una reubicación en otra posición, como exige la ley en los casos de ineptitud sobrevenida.

La resolución obliga a la empresa a readmitirlo en las condiciones previas al despido y a pagar los salarios de tramitación, calculados sobre un salario regulador de 4.190,21 euros mensuales. La Sala también mantiene una indemnización de 8.000 euros por daño moral, al apreciar que la falta de adaptación o de reubicación equivalió a una denegación de ajustes razonables y constituyó una forma de discriminación.

Las críticas del tribunal al informe médico

Los jueces se han mostrado especialmente críticos con el informe médico que presentó la empresa para justificar su decisión. Según la sentencia, ese informe se basó sobre todo en conversaciones telefónicas, y no en una exploración personal del estado del trabajador. La magistrada que instruyó el caso en primera instancia también destacó que las limitaciones enumeradas por la médica —falta de destreza en la mano derecha, dificultad para el transporte público, restricciones dorsolumbares y déficit de concentración— ya existían en su mayor parte antes de que el hombre fuera contratado. La empresa no explicó en ningún momento por qué esas mismas condiciones, que no impidieron contratar al trabajador en 2022, justificaban su despido en 2025.

La sala apoya su decisión en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de enero de 2024, que establece que extinguir un contrato por ineptitud sobrevenida sin antes explorar ajustes razonables vulnera la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo. Esos ajustes pueden incluir la adaptación del puesto, la asignación a otro compatible con las limitaciones del trabajador o, en último caso, la acreditación de que cualquier modificación impondría una carga económica desproporcionada para la empresa. La obligación corresponde al empleador, y si no la cumple, el despido es nulo.

Un paciente de 45 años que acudió en 2019 al Hospital Virgen de las Montañas, situado en Villamartín (Cádiz), para someterse a una artroscopia de hombro, cirugía en la que se utiliza una cámara diminuta, acabó con quemaduras en la axila y el pecho, nuevas operaciones y una incapacidad permanente para su profesión habitual. Siete años después de la intervención, un juzgado de Jerez de la Frontera ha validado un acuerdo que eleva la indemnización por encima de los 67.700 euros, según ha informado la Asociación El Defensor del Paciente.

El pacto incorporó 30.000 euros a los 37.707 que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había reconocido en la vía administrativa. La defensa del afectado entendía que esa primera cifra no cubría el alcance de las lesiones, las secuelas y el impacto laboral del caso.

La resolución pone fin al procedimiento contencioso-administrativo mediante una transacción aceptada por las partes y validada por el juzgado. No se trata, por tanto, de una sentencia que atribuya responsabilidades tras un juicio completo, sino de un acuerdo judicial sobre la cuantía de la compensación.

La operación derivó en una lesión fuera de la zona intervenida

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2019. El paciente fue operado en el mencionado hospital, un centro concertado con el Servicio Andaluz de Salud. La intervención buscaba tratar una tendinitis calcificante en el hombro derecho y un síndrome subacromial, dos afecciones que pueden causar dolor y limitar el movimiento del brazo.

La cirugía incluía la limpieza de tejidos inflamados, la extracción de una calcificación y una modificación del hueso para ampliar el espacio del hombro. Sin embargo, según la información aportada por la Asociación El Defensor del Paciente, durante la operación el hombre sufrió una quemadura de segundo grado profundo en la axila derecha, el tórax y la zona pectoral. La lesión alcanzó una extensión de unos 10 centímetros.

La quemadura, además, se produjo en una zona alejada del campo quirúrgico previsto para la intervención de hombro. La asociación sostiene que, tras la operación, al paciente se le comunicó que la cirugía había transcurrido sin incidencias y fue su esposa quien descubrió las lesiones cuando retiró los vendajes.

Reingresó diez días después por una úlcera

En los días posteriores, el hombre presentó ampollas, dolor intenso y lesiones en la cara anterior del hombro y el pliegue axilar, por lo que volvió a pedir asistencia médica tras el alta. En el Centro de Salud de Espera le detectaron una úlcera axilar con exudación, fibrina y signos de celulitis, una infección bacteriana de la piel y los tejidos cercanos.

El 15 de diciembre de 2019, diez días después de la artroscopia, tuvo que ingresar de urgencia en el servicio de Traumatología del hospital de Villamartín. La evolución de la quemadura dio paso a un proceso de cicatrización que afectó la movilidad de su brazo derecho, que era el dominante.

Las secuelas derivaron en cirugía plástica e incapacidad permanente total

Las lesiones no remitieron con el tratamiento inicial. El afectado requirió una nueva operación en el Hospital HLA de Jerez de la Frontera, donde recibió el alta el 17 de febrero de 2021.

Según la defensa, la cicatrización provocó una brida retráctil, una banda de tejido endurecido que tensa la piel y dificulta el movimiento. El paciente necesitó una Z-plastia, una técnica de cirugía plástica que permite liberar esa tensión en la zona dañada.

El proceso médico terminó con el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, por lo que el hombre ya no puede ejercer su oficio, aunque puede realizar otras actividades compatibles con sus limitaciones.

El SAS había fijado una compensación de 37.707 euros antes de que el caso llegara a los juzgados, pero la demanda reclamó una revisión de esa cuantía con base en los informes médicos y periciales aportados al expediente, de forma que la reparación económica final se fijó en los 67.700 euros.

La presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha asegurado que el caso refleja la importancia de revisar por vía judicial las cuantías establecidas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando las víctimas consideran que no cubren todas las consecuencias del daño. Para la defensa, el acuerdo tuvo en cuenta las quemaduras, la cirugía reparadora, las secuelas funcionales y la incapacidad laboral reconocida al paciente.

En marzo de 2026, un jurado de Utah declaró culpable a Kouri Richins de envenenar con fentanilo a su esposo, Eric Richins, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso, seguido con atención en todo el país, parecía cerrado. Ahora, la aparición de una carta anónima y las imputaciones penales contra dos jefes policiales volvieron a abrirlo.

Jared Rigby, actual sheriff del condado de Wasatch, enfrenta dos cargos: obstrucción de la Justicia en un procedimiento penal —delito grave de segundo grado— y declaración escrita falsa. David Edmunds, exsheriff del condado de Summit, fue acusado de obstrucción de la Justicia en una investigación criminal, un delito grave de tercer grado.

Las imputaciones fueron presentadas el 24 de septiembre y permanecieron bajo reserva casi dos semanas; el 7 de octubre se desclasificaron con amplias tachaduras. Ambos se declararon no culpables el 1 de octubre, según informó la filial de ABC News en Salt Lake City, KTVX.

El origen de los cargos

El hilo conductor de ambas acusaciones es una carta anónima enviada el 10 de enero de 2026. Los documentos judiciales desclasificados, citados por ABC News, señalan que Rigby habría presentado un ítem falso “con intención de obstaculizar” la causa.

La acusación contra Edmunds, a su vez, lo vincula con una declaración falsa destinada a “entorpecer la identificación del autor de esa carta”.

Los escritos judiciales obtenidos por ABC4 indican que la nota estaba relacionada con supuestas irregularidades atribuidas al detective Eric Mainord, quien figuraba en la lista de testigos del juicio pero nunca llegó a declarar. La fiscalía optó por proyectar videos de sus entrevistas con otro testigo, lo que impidió que la defensa lo interrogara en forma directa.

La defensa de Richins argumentó que el expediente judicial indica que Edmunds “completó un documento junto a Rigby en nombre de un tercero”, cuya identidad no fue revelada públicamente. Ese individuo no recibió cargos.

El trasfondo político de las acusaciones

Los documentos judiciales agregan una dimensión política al asunto. Mainord era candidato a sheriff del condado de Wasatch en el momento en que circularon las acusaciones en su contra.

Sus abogados sostuvieron ante los tribunales, según consta en escritos reproducidos por ABC4, que “varios individuos del condado de Summit consideran que las acusaciones contra Mainord son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio” ligada a esa contienda electoral. Mainord se retiró de la carrera más tarde.

Un testimonio recogido en una orden de allanamiento para acceder a los registros telefónicos de Rigby, y citado por el mismo medio, señala que “la impresión clara del testigo fue que Rigby insinuaba que, salvo que Mainord abandonara su candidatura, esa información se haría pública e impactaría directa o indirectamente en el juicio contra Kouri Richins”.

Rigby permanece en funciones hasta enero de 2027, a pesar de los cargos en su contra. Edmunds, en tanto, dejó la jefatura del condado de Summit en 2014.

La situación judicial de Richins

La suerte procesal de la propia Richins también se mantiene en suspenso. En junio presentó una apelación que solicitaba un nuevo juicio, con base en presuntas irregularidades durante el proceso.

En septiembre, su equipo pidió una suspensión de los plazos de la Corte de Apelaciones para analizar en profundidad las acusaciones contra los funcionarios policiales.

El tribunal la rechazó. Afirmó, según consta en la resolución transcripta por ABC4, que “la solicitud de la acusada de suspender los alegatos y la consideración de su moción de nuevo juicio queda denegada”.

El equipo de Richins había argumentado previamente que la fiscalía no divulgó a la contraparte información sobre las irregularidades vinculadas a Mainord, tal como exige la ley.

“Este material era de conocimiento público cuando el detective Mainord testificó en la audiencia de supresión de pruebas y cuando fue incorporado a la lista de testigos del Estado”, consta en las presentaciones de la defensa reproducidas por ABC4.

La decisión sobre si se habilitará un nuevo juicio aún está pendiente. El equipo legal sostiene que las imputaciones contra Rigby y Edmunds podrían ser tenidas en cuenta en ese análisis.

Mientras el expediente penal sigue abierto en múltiples frentes, un jurado civil condenó a Richins a pagar USD 55 millones al patrimonio de Eric por daños en una demanda civil por daños y perjuicios.

El jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en los descendientes del exilio español que han adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática y que pueden verse afectados por la decisión judicial. Durante su intervención, ha cuestionado que alrededor de 400.000 españoles puedan quedarse sin votar y ha planteado sus dudas sobre la constitucionalidad de la medida. “¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?“, ha preguntado ante los asistentes.

Sánchez ha insistido en que el derecho al sufragio debe quedar garantizado y ha aprovechado la controversia para volver a arremeter contra Feijóo, al que también ha reprochado sus declaraciones sobre el voto por correo. El presidente ha recordado que el líder del PP presidió Correos y ha cuestionado que ahora manifieste desconfianza hacia los responsables de la empresa pública. “Nos queda claro, Alberto, que Feijóo no confía ni Feijóo”, ha ironizado.

El secretario general del PSOE ha vinculado esa crítica con un llamamiento a la participación electoral. “Es importante no olvidar el derecho que tenemos los ciudadanos a votar por correo. Si llenamos las urnas, gana la gente, pero si no, van a ganar los de arriba”, ha defendido durante el acto, el segundo de la precampaña socialista para las generales del 29-N.

Vox e Iustitia Europa, detrás de los recursos que han llegado al Supremo

La suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo el 10 de septiembre no es consecuencia de una demanda presentada por el PP, sino de los recursos promovidos por Iustitia Europa y Vox contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio. Ambos partidos habían acudido al órgano electoral para cuestionar la aplicación de los criterios de nacionalización y sus efectos sobre el censo de españoles residentes en el extranjero. La JEC consideró que no le correspondía resolver algunas de las cuestiones planteadas, lo que llevó a ambas formaciones a trasladar la disputa a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Supremo abrió dos procedimientos diferenciados. En el primero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa; en el segundo, adoptó una resolución propia sobre la petición de Vox. Las resoluciones suspendieron determinados efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la aplicación de la normativa de nacionalidad, con excepciones para quienes acrediten los supuestos de exilio previstos en la ley.

La diferencia es relevante porque Sánchez suele presentar a Feijóo y Abascal conjuntamente como responsables de la controversia, aunque la actuación procesal que ha desembocado en la suspensión no corresponde a ambos por igual. Vox sí ha recurrido ante el Supremo y ha solicitado que se impida votar a los beneficiarios de la ‘ley de nietos’ que no acrediten los requisitos exigidos por el alto tribunal. En sus escritos más recientes, la formación también ha defendido que la suspensión se aplique de manera efectiva en las elecciones del 29 de noviembre.

Iustitia Europa, por su parte, ha pedido al Supremo que concrete cómo debe ejecutarse la medida cautelar en los próximos comicios. La formación presentó un escrito urgente el 5 de octubre para advertir de que el censo electoral de referencia quedó cerrado el 1 de agosto, antes de que el alto tribunal acordara la suspensión. Por ello, sostiene que es necesario identificar qué inscripciones están afectadas y garantizar que las incluidas en la medida no produzcan efectos electorales.

El partido ha defendido que su recurso no pretende anular las nacionalidades concedidas, sino cuestionar los efectos censales y electorales de determinadas inscripciones. Su iniciativa se centra en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y en la instrucción administrativa que amplió los criterios para reconocer la condición de exiliado a determinados españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y la dictadura.

La actuación del PP ha seguido otra vía. Feijóo ha denunciado públicamente lo que considera irregularidades en la aplicación de la ‘ley de nietos’ y, tras conocerse la decisión cautelar del Supremo, reivindicó que su partido tenía razón. Sin embargo, el PP no figura entre los recurrentes en los procedimientos que dieron lugar a la suspensión. La Junta Electoral Central sí recibió impugnaciones y peticiones relacionadas con la controversia, pero el partido de Feijóo no presentó el recurso contencioso-administrativo que ha desembocado en las resoluciones del 10 de septiembre.

El problema de distinguir a los electores afectados

En su auto del 10 de septiembre, el Supremo apreció un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia de los procesos electorales y acordó suspender cautelarmente determinados efectos de las inscripciones. La medida no supone retirar la nacionalidad española a los afectados, sino limitar temporalmente su participación electoral en los términos fijados por las resoluciones, mientras se resuelve el fondo de los recursos.

La proximidad de las elecciones generales ha complicado la aplicación práctica de la decisión. El censo de referencia para los comicios del 29 de noviembre se cerró antes de que se dictara la suspensión y la Administración debe determinar qué inscripciones proceden de la aplicación de la instrucción cuestionada y cuáles responden a otros supuestos. La Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que revoque las medidas cautelares y ha alegado que resulta materialmente imposible distinguir a tiempo entre todos los nacionalizados afectados y el resto de los españoles inscritos en el CERA.

El Gobierno sostiene que no es viable realizar esa comprobación individualizada en el plazo disponible y ha solicitado que se levante la suspensión para que los ciudadanos puedan votar. La Fiscalía también se ha pronunciado a favor de permitir la participación electoral, mientras que Iustitia Europa y Vox han reclamado que se mantengan y se apliquen las cautelares acordadas por el Alto Tribunal.

El Supremo debe resolver ahora cómo se aplica la suspensión en las elecciones anticipadas, después de haber dado a las partes un plazo para presentar alegaciones tras la convocatoria del 29-N. La decisión determinará si los electores comprendidos en la medida cautelar pueden participar en los comicios y cómo debe proceder la Administración electoral ante las dificultades para identificar las inscripciones afectadas.

La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en México no solo se sostiene cuando no hay denuncia, investigación o sentencia, pues también se reproduce cuando los procesos judiciales obligan a las víctimas y sus familias a esperar años, enfrentar audiencias suspendidas, probar una y otra vez el daño sufrido y atravesar decisiones que priorizan los derechos de los agresores sin ponderar los suyos.

En esos casos, de acuerdo con el informe Análisis de sentencias con perspectiva de género y derechos humanos. Un estudio del desempeño judicial en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD), una condena puede llegar, pero no necesariamente representa justicia.

El documento, producido en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia Federal para los Derechos Humanos en México (FORTAJUS-DH), exhibe 20 procesos —19 penales y uno civil— acompañados por la organización y con sentencias emitidas entre 2022 y 2024.

El estudio aclara que su contenido y opiniones no reflejan necesariamente las posturas de esas instituciones.

La conclusión principal es contundente: el desempeño de las autoridades jurisdiccionales fue mayoritariamente “regular/malo” en los ocho rubros analizados.

No hubo un promedio de desempeño excelente en ninguno de ellos y los peores resultados se concentraron en la aplicación de normas de derechos humanos y en la reparación integral del daño.

Como resume el IMDHD, obtener una resolución favorable no borra las fallas previas: “el hecho de tener una sentencia condenatoria en casos de violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, de ninguna forma garantiza que haya sido una sentencia con perspectiva de género o que el proceso haya estado apegado a los estándares y reglas en materia de derechos humanos”.

Procesos de años y audiencias suspendidas

La demora es uno de los principales obstáculos identificados. Los procedimientos revisados tardaron, en promedio, 3.6 años desde la denuncia hasta la sentencia. Ningún caso concluyó antes de dos años.

Los más prolongados fueron el de Daniela S., con siete años de espera, y los feminicidios de Fernanda S. y Fernanda C., cuyos procesos tardaron ocho años desde los hechos hasta la resolución judicial.

El informe también retoma que, considerando los procesos acompañados por el IMDHD desde la investigación hasta la sentencia, el promedio de duración fue de siete años.

Esa extensión afecta a mujeres, niñas, adolescentes y familiares que deben permanecer durante largo tiempo vinculados a un sistema de justicia que, según el estudio, con frecuencia reproduce violencia institucional.

“Es tan largo el tiempo que tienen que esperar a que [la sentencia] llegue, son tantas las vicisitudes que tienen que pasar ante las autoridades y es tan extremo el daño a su proyecto de vida (...) que, al final, una sentencia no siempre es sinónimo de justicia”, señala el informe.

El análisis registró un promedio de 19.8 audiencias por caso, una cifra que el IMDHD considera contraria a los principios de concentración y continuidad del sistema penal acusatorio. Los casos de Daniela S., Andrea M., Fernanda S. y Claudia U. tuvieron un promedio de 33 audiencias, alrededor de 13 más que el promedio general.

Las principales demoras ocurrieron en las etapas de investigación, investigación complementaria e intermedia, donde intervienen principalmente los ministerios públicos y los jueces de control. Cuando los asuntos llegaron a juicio oral, las dilaciones disminuyeron en la mayoría de los casos.

Sin embargo, la actuación judicial también influyó en los retrasos. En los procesos de Daniela S. y Andrea M., los agresores solicitaron más de diez veces la suspensión de audiencias para intentar conseguir pruebas.

En el caso de Andrea M., además, defensores del acusado dejaron de presentarse en aproximadamente seis ocasiones, lo que impedía avanzar porque el imputado no puede estar sin defensa.

El problema, de acuerdo con el análisis, no fue que se presentaran solicitudes, sino que las personas juzgadoras las admitieran reiteradamente aun cuando la etapa para ofrecer pruebas ya había concluido.

El IMDHD sostiene que, en esos casos, “las autoridades jurisdiccionales privilegiaron siempre los derechos del acusado, sin considerar el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita”.

Hubo también prácticas distintas. En el caso de Rihanna J., una niña víctima de agresión sexual, se dictó sentencia condenatoria en seis audiencias, aunque transcurrieron cuatro años de demoras en la investigación antes de llegar a esa fase.

En otro proceso de Daniela S., una jueza desahogó pruebas y dictó sentencia el mismo día; y en el de Liliana C., el juez programó desde el inicio tres días consecutivos para el desarrollo de las pruebas.

Discriminación contra mujeres indígenas y falta de explicación a víctimas

El estudio encontró actuaciones particularmente graves en los casos de mujeres indígenas. Aurelia C., indígena náhuatl; Liliana C., mujer wixárika víctima de feminicidio; y Maisha P., adolescente otomí víctima de feminicidio, no tuvieron garantías efectivas de interpretación en sus lenguas durante los procedimientos.

En el caso de Aurelia C., acusada tras un parto fortuito derivado de una violación sexual, la jueza ordenó a la intérprete que tradujera “de manera resumida” para no “retardar tanto la audiencia”.

La resolución judicial también le negó un cambio de medida cautelar bajo el argumento de que, por ser pobre, no había garantía de que pudiera trasladarse a las audiencias si continuaba el proceso en libertad.

Para el IMDHD, estos hechos reflejan que el derecho a intérprete sigue tratándose como una formalidad y no como una garantía para comprender y participar en el proceso. El informe advierte que persisten “comentarios discriminatorios basados en estereotipos en contra de mujeres indígenas”.

En el caso de Liliana C., el juez no advirtió que en distintos momentos la intérprete dejaba de traducir. En el de Maisha P., aun con conocimiento de que las víctimas indirectas requerían interpretación, el juzgador omitió ordenar de oficio la presencia de una persona que tradujera, lo que causó diferimientos.

El estudio también identificó que muchas juezas y jueces preguntan a las víctimas si conocen sus derechos, pero no verifican que comprendan el proceso.

En casi la mitad de los procedimientos, las autoridades no se aseguraron de que entendieran lo que ocurría durante las audiencias; en numerosos casos se limitaron a indicarles que preguntaran al Ministerio Público o a su asesoría jurídica.

Pruebas para los agresores, restricciones para las víctimas

Otro de los hallazgos centrales es la desigualdad al admitir y valorar pruebas. El IMDHD identificó que los juzgadores aceptaron pruebas ofrecidas por agresores incluso cuando eran impertinentes, sobreabundantes o presentadas fuera del plazo legal, con la justificación de evitar que posteriormente se ordenara reponer el procedimiento.

En contraste, a las víctimas y a las mujeres acusadas se les impusieron mayores restricciones. El informe señala un trato desigual tanto entre imputados y víctimas como entre hombres y mujeres acusadas de delitos.

En el caso de Valeria G., niña de 12 años víctima de corrupción de menores, la autoridad permitió incorporar su expediente clínico para intentar acreditar conductas sexuales anteriores.

La defensa pretendía desacreditarla a partir de sus antecedentes familiares, sexuales y de salud mental, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe rendir pruebas sobre la conducta sexual previa o posterior de la víctima.

En el proceso de Daniela S., el agresor ofreció como prueba toda una carpeta de investigación relacionada con un conflicto familiar ajeno a los hechos que se discutían. El juez suspendió varias audiencias para que el acusado consiguiera ese expediente.

En el de Andrea M., sobreviviente de tentativa de feminicidio, se admitió un informe sobre el estado de salud del acusado cuando ingresó al centro penitenciario, aunque no estaba relacionado con la agresión investigada.

Estas decisiones llevaron a debates humillantes y revictimizantes. Según el análisis, las autoridades suelen justificar la admisión amplia de pruebas como una garantía para el acusado, sin ponderar los derechos de las víctimas. El IMDHD cuestiona que esa lógica se convierta en un “todo se vale” que evita controles judiciales efectivos.

El estudio sí identificó algunas prácticas positivas: en todos los casos se otorgó valor relevante al testimonio de las víctimas, especialmente en asuntos de violencia sexual y violencia familiar. También se admitieron peritajes psicológicos, análisis de contexto y pruebas de antropología social, aunque no siempre recibieron suficiente valor al dictar sentencia.

Solo en cuatro expedientes las autoridades revisaron con rigor la fiabilidad científica de los peritajes. Una de esas excepciones ocurrió en el caso de Liliana C., donde el juez comparó dos dictámenes de necropsia con conclusiones opuestas y cuestionó que el perito de la defensa no hubiera cumplido protocolos formales.

La situación contraria se presentó en el caso de Aurelia C.: la jueza dio pleno valor a un peritaje cuestionado por la comunidad científica nacional e internacional debido a su falta de confiabilidad y amplio margen de error.

Juzgar sin contexto ni perspectiva interseccional

El análisis calificó como deficiente la valoración de los hechos. Solo un caso alcanzó una evaluación excelente: uno de los procesos de Daniela S., en el que la jueza examinó la relación de poder, la reiteración de agresiones y el “continuum de violencia” durante la relación con su agresor.

Los casos de Valeria G., otro de Daniela S. y Monserrat O. tuvieron un desempeño bueno. El resto fue considerado violatorio de derechos humanos, con especial gravedad en los expedientes de Zahori F., Aurelia C., Erika M., Liliana C. y Claudia U.

En el caso de Valeria G., la juzgadora reconoció la asimetría entre la adolescente y su agresor de 38 años, así como la manipulación ejercida sobre ella. En el de Monserrat O., quien fue demandada por daño moral después de denunciar públicamente una violación sexual, una jueza civil la absolvió y reconoció que su denuncia era un ejercicio de libertad de expresión.

La resolución sostuvo que la denuncia pública de Monserrat O. “surge como resultado del ejercicio del derecho a denunciar hechos constitutivos de violencia sexual cometidos en su contra” y que el asunto involucraba hechos de interés público, considerando las acusaciones de otras mujeres contra el mismo hombre.

La juzgadora también consideró la utilidad de las redes sociales para mujeres que no denuncian ante instituciones.

“Las denuncias públicas por medio de las redes sociales se han vuelto un foro abierto que permite una organización mucho más sencilla por parte de mujeres que deciden hacer pública su experiencia negativa”, señaló la sentencia citada en el informe.

Pero estos criterios fueron excepcionales. En los casos de Liliana C. y Aurelia C., las autoridades omitieron considerar que ambas pudieron enfrentar formas específicas de discriminación por la intersección entre género e identidad étnica.

El análisis interseccional solo se aplicó en 40% de los casos y, de ese grupo, apenas una cuarta parte de las personas juzgadoras identificó estereotipos de género u otros prejuicios que pudieron influir en los hechos.

En los casos de Zahori F., Erika M. y Claudia U., las autoridades se limitaron a revisar pruebas y argumentos en “estricto derecho”, sin analizar el género ni otras condiciones particulares.

En el caso de Zahori F., niña abusada sexualmente por un familiar, la jueza resolvió sobre la procedencia de un procedimiento abreviado sin referirse a la gravedad de la agresión ni a la condición de infancia de la víctima.

Derechos humanos: mencionados, pero poco aplicados

La aplicación de instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos fue uno de los dos rubros con desempeño “absolutamente violatorio”, junto con la reparación integral del daño.

En 90% de los casos, el desempeño fue regular, malo o violatorio. Las normas nacionales fueron invocadas y aplicadas con mayor frecuencia: cuando se mencionaron, se aplicaron en 93% de los casos.

Pero con los instrumentos internacionales ocurrió lo contrario: solo se aplicaron realmente en dos casos, equivalentes al 14% de las ocasiones en que fueron citados; en 57% de los casos se mencionaron sin aplicarse y en 28% hubo una aplicación parcial.

El informe identifica una “renuencia casi absoluta” a invocar tratados internacionales, además de errores en la ponderación de derechos, detectados en 40% de los expedientes. También hubo una omisión casi total de estándares no vinculantes o de soft law.

Solo en el caso de Monserrat O. la juzgadora aludió a criterios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las únicas juezas que identificaron derechos adicionales a los expresamente alegados por las partes fueron las de Valeria G. y Giovana T., víctima de violación por parte de su expareja. En el caso de Valeria, se profundizó en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad. En el de Giovana, se advirtió que los argumentos de la defensa podían constituir revictimización y afectaciones a su intimidad y privacidad.

Sentencias favorables, pero con contradicciones

Aunque todos los procesos analizados concluyeron con sentencias condenatorias contra agresores o con absoluciones para mujeres criminalizadas, el IMDHD encontró fallas en la fundamentación de las penas y en la valoración de la gravedad de los delitos.

Los casos incluyeron feminicidios, tentativa de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar, desaparición forzada, daño moral y criminalización de la protesta.

Entre las condenas por feminicidio se encuentran las de Liliana C., mujer wixárika asesinada por su pareja en Jalisco, cuyo agresor recibió 70 años de prisión; Fernanda C., asesinada en Ciudad de México por su pareja, con una condena de 37 años; Fernanda S., asesinada estando embarazada en el Estado de México, con 69 años y tres meses; Sandra K., cuyo agresor recibió prisión vitalicia; y Maisha P., adolescente otomí, cuyo agresor fue condenado a 64 años.

También hubo una condena de 29 años y cuatro meses de prisión en el caso de Andrea M., sobreviviente de tentativa de feminicidio; penas de entre tres y 48 años por delitos sexuales contra Zahori F., Valeria G., Viridiana H., Rihanna J. y Giovana T.; tres sentencias contra el agresor de Daniela S. por violencia familiar; y tres sentencias por la desaparición forzada de Claudia U., activista desaparecida en Nochixtlán, Oaxaca.

Aurelia C. fue absuelta en diciembre de 2022, luego de haber sido condenada a 13 años y cuatro meses de prisión tras un parto fortuito ocurrido después de una violación. Monserrat O. fue absuelta de la demanda civil por daño moral promovida por su agresor.

Erika M. obtuvo el perdón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un mecanismo alternativo de solución de controversias con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de ser criminalizada por participar en una protesta en la que exigía justicia.

Sin embargo, incluso en casos condenatorios se detectaron decisiones incongruentes. En el expediente de Valeria G., la jueza reconoció la especial vulnerabilidad de la víctima, la diferencia de edad con el agresor y el daño a su dignidad, pero impuso el grado mínimo de culpabilidad.

En el caso de Fernanda C., el juez fijó un grado medio de culpabilidad para el feminicida sin considerar que asesinó a la joven frente a su hija de ocho años e intentó engañar a las vecinas que acudieron a ayudar.

En 24% de los casos, las penas no fueron proporcionales a las afectaciones y derechos vulnerados; en 18%, solo lo fueron parcialmente. Además, 47% de las sentencias se limitó a imponer prisión y la pérdida de derechos políticos, sin medidas adicionales vinculadas con el delito.

En otros casos sí se ordenaron acciones complementarias: cuatro agresores fueron inscritos en el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México; en dos asuntos se ordenó una disculpa pública, y en cinco se instruyó al centro penitenciario otorgar reeducación en género, derechos humanos y violencia contra las mujeres.

Reparaciones insuficientes y cargas para las víctimas

La reparación integral del daño fue el rubro con peores resultados. De los 18 casos en los que era aplicable, 83% fue calificado como violatorio de derechos humanos. No hubo ningún caso con desempeño excelente; solo uno fue considerado bueno.

Las fallas se agruparon en cuatro problemas: falta de reconocimiento de víctimas indirectas; ausencia de condenas integrales; incumplimiento de estándares nacionales e internacionales, y falta de reconocimiento de todas las afectaciones ocasionadas.

Aunque en todos los expedientes hubo una condena genérica a reparar el daño, solo en los casos de Valeria G., Andrea M. y Liliana C. se fijó una reparación integral con rubros y montos específicos.

En el resto, las autoridades generalmente se limitaron a ordenar terapias psicológicas o dejaron la cuantificación para la etapa de ejecución.

En 56% de los asuntos, las víctimas tuvieron que aportar recibos, comprobantes, documentos o tickets para demostrar sus gastos.

El IMDHD considera esta exigencia desproporcionada, pues las víctimas no necesariamente conservan comprobantes durante un proceso penal que puede extenderse por años.

El informe recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las afectaciones a familiares cercanos de víctimas directas no deben estar siempre sujetas a prueba y que, cuando no existen elementos suficientes para calcular un monto exacto, debe fijarse una cantidad “en equidad”.

No obstante, solo 11% de las normas internacionales sobre reparación fue aplicado, frente a 50% de aplicación de normas nacionales como la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución.

Únicamente en el caso de Valeria G. se realizó un control de convencionalidad para definir la reparación.

Una de las decisiones más cuestionadas se dio en el caso de Maisha P. El juez rechazó condenar al pago de lucro cesante porque consideró que no puede asignarse un valor económico a la vida de una persona.

Para el IMDHD, esa interpretación es incorrecta: el lucro cesante no busca “poner precio” a la víctima, sino medir cómo la pérdida de sus ingresos afectó económicamente a su familia.

Las medidas de rehabilitación solo se ordenaron en los casos de Daniela S. y Andrea M. Las medidas de satisfacción se reconocieron expresamente en los expedientes de Valeria G., Giovana T. y Andrea M.

En materia de garantías de no repetición, se incluyeron inscripciones en el registro de agresores sexuales y cursos sobre género y derechos humanos.

El IMDHD también cuestiona que se utilice la Ley Federal del Trabajo para calcular indemnizaciones por muerte en feminicidios. La organización considera que equiparar estos casos a muertes laborales desconoce la gravedad y el contexto específico de la violencia feminicida.

Las únicas prácticas ampliamente protectoras fueron atribuidas a la misma jueza en los casos de Andrea M. y Valeria G.

El informe destaca que no exigió recibos para reconocer el daño moral y el daño al proyecto de vida, y que retomó los montos solicitados por la asesoría jurídica a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

El derecho a la justicia no puede ser parcial

El estudio encontró mejores resultados relativos en el trato judicial, en los plazos de juicio oral y en la valoración de pruebas, aunque estos avances fueron insuficientes frente a los problemas detectados.

Solo el caso de Monserrat O. alcanzó una calificación general excelente, mientras que los peores parámetros correspondieron a Zahori F., Fernanda C. y Claudia U.

El IMDHD subraya que las autoridades deben garantizar que las víctimas comprendan el proceso, participen en las audiencias y cuenten con asesoría jurídica reconocida como parte procesal autónoma, no como un apéndice del Ministerio Público.

También plantea que deben establecerse reglas para evitar diferimientos reiterados y excluir pruebas impertinentes sin que esto implique, de manera automática, reponer el procedimiento.

Asimismo, señala la necesidad de que las sentencias identifiquen relaciones de poder, estereotipos, desigualdades de género e intersecciones de vulnerabilidad, como la pertenencia indígena, la niñez o la defensa de derechos humanos.

La conclusión del informe es que las violaciones cometidas durante los procesos judiciales pueden mantener la impunidad incluso cuando hay sentencias favorables.

“Las violaciones a sus derechos humanos durante el proceso, aun cuando obtengan una sentencia favorable, es revictimizante y anula la percepción de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, lo que, por sí mismo, sigue perpetuando la impunidad en procesos relacionados con violencia contra las mujeres”, advierte el IMDHD.

La exigencia que abre el documento, pronunciada por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, resume la distancia entre una sentencia y una justicia real: “Yo solo exijo dos cosas: justicia y justicia”.

Ha vuelto a pasar. Y en el caso de Víctor de Aldama, por tercera vez. El Ministerio de Justicia está investigando cómo es posible que el empresario (investigado por defraudar 182 millones de euros a la Agencia Tributaria y condenado ya por ‘el caso mascarillas’) aparezca personado como parte en el ‘caso Leire’ sin ser ni acusado ni perjudicado. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva resolución, fechada el 7 de octubre, para informar de que se ha producido una “nueva incidencia de inserción y alta indebida de intervinientes en el presente procedimiento, ajena a la actuación de este órgano judicial”.

El diario ‘Estrella Digital’ ya adelantó el pasado 1 de octubre que la Audiencia Nacional había detectado el 29 de septiembre que varias personas y entidades aparecían registradas como intervinientes en las diligencias previas 150/2025, conocidas como ‘caso Leire’, pese a que no eran parte del procedimiento ni habían sido incorporadas por el órgano encargado de la investigación. En el sistema figuraban como partes, sin serlo, el propio Víctor de Aldama, el Partido Popular, Renfe Viajeros y un particular. La diligencia señalaba expresamente que ninguno había sido dado de alta por el tribunal. Tras detectar esta incidencia, fueron expulsados del procedimiento.

Pero, sorprendentemente, han aparecido de nuevo dados de alta: Víctor de Aldama, PP, Renfe y Ramiro Grau Morancho. Este último es un abogado que dio varias entrevistas asegurando que había sido la primera persona que denunció antes de que se empezara a investigar el llamado ‘caso Koldo’, la trama de corrupción por adjudicaciones de contratos que se originó durante la pandemia en el ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. Grau señala que escribió varias cartas a La Moncloa, sede del Gobierno, alertando de las irregularidades en el año 2020.

Los cuatro, Aldama, Renfe, el PP y Grau han aparecido de nuevo dados de alta. “En el caso de Aldama es ya la tercera vez”, explican fuentes jurídicas. La Audiencia Nacional ha vuelto a informar de dicha “incidencia” al Ministerio de Justicia y al Centro de Atención a Usuarios (CAU) de la Administración de Justicia, “estándose a la espera de contestación”. Justicia investiga ahora si se trata de un simple error informático que se está repitiendo extrañamente o si hay algo más. Las diligencias previas 150/2025 corresponden a la investigación dirigida por el magistrado Santiago Pedraz sobre la presunta trama vinculada a la bautizada como ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez. El procedimiento, conocido mediáticamente como ‘las cloacas del PSOE’, indaga presuntas maniobras para obtener información sensible y obstaculizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez.

“No han tenido acceso”

“Por parte de este Juzgado se procede a la eliminación manual de los intervinientes previamente indicados, que no son parte en el procedimiento, haciéndose constar que los mismos no han tenido acceso al ‘CLOUD’ [la nube donde el juzgado sube a las partes los documentos oficiales de la instrucción], ni al expediente digital, no habiéndose remitido, y por tanto recibido ninguna notificación”, señala la nueva resolución judicial a la que ha tenido acceso ‘Infobae’. La causa permaneció bajo secreto de actuaciones durante varios meses. Pedraz levantó parcialmente esa reserva el 1 de junio, cuando consideró que ya se habían practicado buena parte de las diligencias que justificaban el secreto, aunque mantuvo reservada una pieza para no perjudicar actuaciones todavía pendientes.

El registro correspondiente al Partido Popular aparece como “duplicado”. Los demás figuran bajo la expresión “Parte Código desconocido”. Esas etiquetas pueden ofrecer una primera pista técnica, pero no explican quién creó los asientos ni por qué quedaron asociados a personas y profesionales concretos. La diligencia no atribuye a Aldama, al PP, a Renfe, ni a Ramiro Grau ninguna intervención en la creación de los registros. Tampoco señala a los abogados y procuradores cuyos datos quedaron asociados a los perfiles. Ahora se está intentando dilucidar por qué su registro en la causa ha vuelto a aparecer.

El empresario Aldama, defendido por el abogado José Antonio Choclán, no tiene en mucha estima a Leire Díez. Cuando se destapó el caso y la ‘fontanera del PSOE’ dio una rueda de prensa en un hotel, el empresario apareció sorpresivamente en la misma y amenazó a la ya ex militante socialista. Aldama está colaborando con la justicia aportando, asegura, pruebas que demostrarían las maniobras de las llamadas ‘cloacas’ socialistas. Esa colaboración provocó que a finales de junio el Tribunal Supremo acordara librarle de cumplir la pena de cuatro años y medio de prisión que le había impuesto. También lo eximió de la multa de 3,7 millones de euros que le pedía la Fiscalía. Y lo hizo, según argumenta, por la “aportación” realizada por el comisionista “al descubrimiento de los delitos” en el ‘caso Koldo’.

La Audiencia Nacional le investiga en otra causa por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que perfeccionó, entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros”.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el abogado, candidato de la lista tres, advirtió sobre el impacto de los cargos sin cubrir en la actividad de los tribunales y defendió una mayor transparencia en los concursos. “Cada juez que no se designa es una vacancia que hace que haya dos o tres juzgados a cargo de un juez y esto demora todo”, sostuvo.

Las vacantes judiciales y las demoras en las designaciones

Biglieri diferenció las responsabilidades del Consejo de la Magistratura de las que corresponden al Poder Ejecutivo y al Senado en el nombramiento de jueces. Según explicó, parte de las demoras se produjo después de que el organismo completara los concursos y elevara las ternas de candidatos para cubrir los cargos.

Como ejemplo, mencionó los pliegos judiciales tratados recientemente en el Senado y señaló que algunas ternas habían sido conformadas años atrás. “En estas tandas que sacaron en la semana pasada, hubo casi 170 pliegos; la anterior había ternas conformadas en 2018. O sea, el Consejo se tomó el trabajo de hacer los exámenes y demás”, afirmó.

El abogado atribuyó parte de las demoras a un “cuello de botella” entre el Ejecutivo y el Senado. También cuestionó la gestión inicial del Gobierno de Javier Milei en esta materia y destacó las medidas que, según dijo, se impulsaron posteriormente para destrabar las designaciones.

Para Biglieri, las consecuencias exceden los procedimientos administrativos: la falta de magistrados titulares obliga a distribuir causas entre otros juzgados y puede prolongar la resolución de los expedientes. “La justicia lenta no es justicia”, resumió.

El candidato advirtió sobre los efectos de los procesos que se extienden durante décadas. “A vos te llega un fallo de un problema, de un daño, algo por el estilo, 30 años después del hecho, digamos, no tiene sentido”, expresó.

También señaló las dificultades para revisar situaciones que puedan surgir después de la conformación de una terna. Según explicó, el Consejo no dispone de un mecanismo específico para intervenir de manera permanente ante eventuales cambios en las circunstancias de los postulantes. En esos casos, la decisión puede quedar en manos del Ejecutivo o del Senado, aunque la devolución de un pliego no garantiza por sí misma que la vacante se cubra.

El planteo para reducir la discrecionalidad en los concursos

Otro de los ejes de su propuesta es modificar los criterios de selección de magistrados para que los resultados de los exámenes tengan mayor incidencia en las designaciones. Biglieri se pronunció a favor de fortalecer el orden de mérito y limitar el peso de las entrevistas personales, una de las instancias de evaluación de los postulantes.

“Es acompañar el fortalecimiento de la lista de mérito, o sea, del examen”, afirmó. El objetivo, agregó, es “reducir claramente la discrecionalidad” en los concursos.

Sin embargo, planteó que cualquier reforma debe garantizar condiciones de competencia equitativas entre los candidatos. A su entender, quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial tienen ventajas frente a los abogados que ejercen de manera independiente.

“Demasiadas ventajas los judiciales, los abogados judiciales, y muchas desventajas los abogados”, cuestionó. Según sostuvo, esa diferencia desalienta la participación de profesionales que trabajan fuera de los tribunales y limita la incorporación de otras experiencias al sistema judicial.

Biglieri también objetó los criterios de puntaje y capacitación de la Escuela Federal de la Magistratura. Afirmó que los cursos de esa institución reciben una valoración diferente de la que obtienen las actividades de formación organizadas por universidades públicas o colegios de abogados.

“Genera más cupos para los judiciales que para los abogados que quieren participar. Ahí ya hay un desemparejamiento”, señaló.

Para el candidato, ampliar la participación de abogados litigantes permitiría incorporar una perspectiva más cercana a los problemas de los ciudadanos que recurren a los tribunales. “Eso le hace falta: que tenga esa empatía que tiene el abogado de conocer al ciudadano y al cliente”, sostuvo.

Su propuesta, aclaró, es aplicar estrictamente el orden de mérito, pero garantizar que todos los postulantes tengan oportunidades comparables desde el inicio. “Estamos de acuerdo con votar a rajatabla el orden de mérito. Estamos de acuerdo con achicar la discrecionalidad, siempre y cuando la línea de largada sea pareja”, afirmó.

Los controles sobre los jueces y la confianza en la Justicia

Biglieri sostuvo que la función del Consejo no debe limitarse a seleccionar magistrados, sino que también debe contemplar el control de su desempeño. “El Consejo de la Magistratura está para designar, pero para controlar”, afirmó.

Para sintetizar su postura, recurrió a una frase atribuida a Juan Domingo Perón: “El hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor”. Luego trasladó esa idea al ámbito judicial: “El juez es bueno, pero si se lo controla es mejor”.

El abogado vinculó la necesidad de fortalecer los controles con la pérdida de credibilidad de la Justicia y reclamó reconstruir el vínculo entre las instituciones y la sociedad. En ese marco, defendió una mayor cercanía con quienes necesitan una respuesta judicial y señaló que los tiempos de resolución también forman parte de esa relación.

“¿Qué le hace falta a la justicia? Más empatía, más cercanía. La celeridad es parte de la cercanía”, expresó.

También planteó que los representantes de la abogacía deben conservar autonomía frente a los intereses de los demás sectores que integran el organismo, entre ellos el Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo y el ámbito académico.

En el tramo final de la entrevista, Biglieri defendió la independencia de los magistrados, aunque sostuvo que deben actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución. “Los jueces tienen que estar para aplicar la ley, no para inaplicarla, porque si no estamos subvirtiendo el orden constitucional”, afirmó.

Su planteo reúne tres prioridades para el Consejo de la Magistratura: agilizar las designaciones para reducir las vacantes, establecer condiciones más equitativas en los concursos y fortalecer los mecanismos de control. La elección del 20 de octubre definirá quiénes representarán a la abogacía en el organismo encargado de intervenir en la selección y evaluación de los magistrados.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a que el Consejo de Ministros conceda un indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista con elDiario.es, Sánchez fue preguntado de forma directa sobre la posibilidad de aprobar la medida de gracia. El jefe del Ejecutivo respondió que el Gobierno revisa las iniciativas que quedaron pendientes tras el adelanto electoral para determinar cuáles pueden salir adelante desde el Ejecutivo o a través de la Diputación Permanente.

“Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas”, afirmó Sánchez al medio. Ante la repregunta sobre un eventual indulto, respondió: “No lo descarto”.

La declaración sitúa de nuevo en el centro del debate el caso de García Ortiz, que fue apartado de la jefatura de la Fiscalía General del Estado tras la condena dictada por el Tribunal Supremo.

Dos años de inhabilitación

La Sala Segunda del Supremo condenó a Álvaro García Ortiz el 20 de noviembre de 2025 por un delito de revelación de datos reservados. La pena incluyó una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.

El fallo también estableció que debía indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.

La causa se centró en la filtración de un correo electrónico remitido por el abogado de González Amador, así como en una nota informativa difundida después por la Fiscalía. Según la sentencia, García Ortiz o una persona de su entorno con su conocimiento filtró el mensaje, que recogía una propuesta de conformidad relacionada con la investigación por presunto fraude fiscal contra el empresario.

El tribunal concluyó que el entonces fiscal general incumplió el deber reforzado de confidencialidad asociado a su cargo. Dos magistradas formularon un voto particular en el que defendieron su absolución, al considerar que no había quedado acreditado que filtrara el correo y que la difusión de la nota de prensa no constituía delito.

El Supremo se opuso al indulto

El indulto ya había llegado al Supremo a partir de una petición presentada por varios ciudadanos. El 11 de junio, la Sala Penal emitió un informe desfavorable porque no identificó razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificaran su concesión.

El tribunal subrayó que los hechos habían causado una “afectación importante” a la institución del Ministerio Fiscal y recordó que la medida de gracia no elimina el delito ni anula la sentencia. El indulto solo puede afectar a penas que continúen en ejecución.

En el caso de García Ortiz, la única pena pendiente era la inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado. El informe del Supremo no obliga al Gobierno, que conserva la facultad de aprobar o rechazar la medida de gracia mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

La eventual decisión quedará condicionada por los plazos de la campaña y por la voluntad del Ejecutivo de incluir el expediente entre las medidas que pretende resolver antes de los comicios del 29 de noviembre.

Prasan Nepal, de 21 años y residente de High Point, Carolina del Norte, se declaró culpable de conspiración para explotar sexualmente a menores, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nepal, conocido en línea como “Trippy”, ocupó un rol de liderazgo en “764”, una red extremista violenta de alcance global que operó durante casi cuatro años en plataformas cifradas y tuvo como blanco a niños y adolescentes vulnerables en múltiples países.

El caso, investigado por la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, reveló la estructura organizada y jerárquica de una red que usó material de abuso sexual infantil como moneda de intercambio interno y como herramienta de control sobre sus víctimas.

Nepal enfrenta una pena mínima de 15 años y máxima de 30 años de prisión. La audiencia de sentencia está prevista para el 5 de marzo de 2027, según el Departamento de Justicia.

“764”: qué es la red extremista que explotó a menores en plataformas cifradas

El Departamento de Justicia describe a “764” como una red nihilista de extremismo violento cuya ideología promueve el caos social y la desestabilización. No se trata de una organización con fines económicos convencionales: su objetivo era reclutar a personas vulnerables —en particular menores de edad— y obligarlas a producir material explícito que luego circulaba dentro del grupo como símbolo de estatus.

Los miembros de “764” archivaban ese material en “bóvedas” digitales cifradas y lo compilaban en documentos llamados “Lorebooks”, que funcionaban como moneda dentro de la red: se intercambiaban, se coleccionaban y se usaban para reclutar nuevos integrantes o mantener el rango dentro de la jerarquía. Quienes cumplían con las exigencias del grupo ascendían; quienes se negaban, quedaban excluidos.

Dentro de “764”, Nepal y su coconspirador Leonidas Varagiannis, conocido como “War”, dirigían el subgrupo “764 Inferno”, la cúpula interna de la organización. Ambos controlaban la membresía, monitoreaban la actividad de los integrantes e impartían instrucciones para expandir el alcance de la red, según documentos judiciales.

Cómo Nepal reclutó y controló a al menos ocho víctimas menores de edad

Nepal se unió a “764” a principios de 2021 y, tras la detención de uno de los fundadores del grupo en agosto de ese año, consolidó su posición como líder principal. Desde ese rol, y hasta abril de 2025, coordinó la captación de menores a través de aplicaciones cifradas. En esa trayectoria acumuló varios alias: “Leather Jacket”, “Rebirth”, “Indras Jester” y “KingKrampus”, aunque dentro de “764 Inferno” era conocido principalmente como “Trippy”.

Los documentos judiciales indican que la red explotó a al menos ocho víctimas menores de edad, algunas de tan solo 13 años. Nepal y sus cómplices instruyeron a los integrantes en técnicas de manipulación —conocidas como grooming— y establecieron exigencias de producción de contenido para los nuevos reclutas. A quienes no cumplían, los amenazaban o coaccionaban.

Las víctimas eran presionadas para llevar a cabo actos que iban desde automutilación hasta conductas sexuales en línea y en persona, según el comunicado del Departamento de Justicia. La red también registraba y archivaba ese material para utilizarlo como herramienta de extorsión posterior.

El FBI y socios internacionales desmantelan la cúpula de “764”

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Washington, con apoyo de las oficinas de Nueva York y Charlotte, además de socios internacionales. Nepal fue detenido en 2025 y procesado junto a Varagiannis en el marco de una pesquisa internacional de gran escala.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, iniciativa del Departamento de Justicia puesta en marcha en 2006 para combatir la explotación sexual infantil en internet. El programa coordina recursos federales, estatales y locales para identificar, detener y procesar a quienes abusan de menores a través de la red, y también para localizar y asistir a las víctimas.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que la agencia registró un aumento de casi el 500% en arrestos vinculados a “764” durante el último año, en conjunto con socios estatales y locales, y que el desmantelamiento de esa red había sido “una prioridad” para la institución. Por su parte, el Fiscal Asistente para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, afirmó que Nepal “dirigió crímenes indecibles y luego trató el sufrimiento de las víctimas como moneda de cambio”, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Varagiannis permanece detenido en la prisión de Grevena, en el norte de Grecia, y aguarda un juicio previsto para los próximos seis meses por cargos relacionados con pornografía infantil y participación en una organización criminal.

Señales de alerta y recomendaciones del FBI para proteger a niños y adolescentes en línea

El FBI advierte que redes como “764” operan preferentemente en plataformas con mensajería cifrada y foros de acceso restringido, donde la supervisión adulta es mínima. Los menores son captados con técnicas de manipulación gradual: primero se establece un vínculo de confianza y luego se los presiona para producir material comprometedor que se utiliza para extorsionarlos.

Entre las señales de alerta que el FBI recomienda observar en niños y adolescentes se encuentran: cambios abruptos de comportamiento, uso excesivo y secreto de dispositivos digitales, aparición de contactos desconocidos, y reacciones de angustia o evasión cuando se les pregunta sobre sus actividades en línea.

La agencia recomienda a padres y cuidadores mantener canales de comunicación abiertos con los menores, establecer acuerdos claros sobre el uso de dispositivos y plataformas, y conocer las aplicaciones que utilizan sus hijos. También sugiere activar los controles parentales disponibles en dispositivos y servicios, y revisar periódicamente con quiénes interactúan los menores en línea.

Ante la sospecha de que un menor haya sido víctima de explotación o esté en contacto con personas que buscan manipularlo, el FBI insta a realizar la denuncia de inmediato a través del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) en el sitio CyberTipline.org, o comunicarse directamente con la oficina local del FBI.

Más información sobre cómo proteger a los menores está disponible en la guía del FBI para padres y cuidadores.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a una mujer a pagar 6.963,93 euros a su hermana por no haber contribuido a los gastos de mantenimiento de varios inmuebles heredados de sus padres durante más de una década. La sentencia revoca un fallo previo que había absuelto a la demandada y le impone también las costas del juicio de primera instancia.

El caso ha involucrado a dos hermanas que compartían la propiedad de cuatro inmuebles en distintas provincias españolas: un piso en Leioa, una casa en el municipio palentino de Mave, otra vivienda en Laredo, Cantabria, y un garaje en Bilbao. Todos los bienes provenían de la herencia de sus padres. Las hermanas terminaron en los tribunales porque una de ellas le reclamó a la otra que le reembolsara la parte proporcional de los gastos de conservación que pagó en solitario a lo largo de esos años. Según la demanda, una de ellas “pagó en exclusiva gastos comunes de inmuebles heredados por valor total de 16.939,38 euros, que se reducen a 6.963,93 euros tras descontar los aportes previos de su hermana y los ingresos por alquileres”.

La clave del fallo está en una confesión que la propia demandada realizó durante el interrogatorio ante el tribunal de primera instancia. Reconoció que, a partir de 2011 y como consecuencia de un distanciamiento con su hermana, dejó de hacer aportaciones a la cuenta bancaria con la que se abonaban los gastos de los inmuebles comunes.

Ese reconocimiento resultó decisivo. El tribunal apeló al artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los hechos que una parte admite en su contra y en los que intervino personalmente deben tenerse por ciertos si no los contradicen otras pruebas. La demandada no solo aceptó haber dejado de pagar, sino que admitió que su hermana debió asumir un gasto superior al que le correspondía.

La deuda final

El problema central que motivó la desestimación en primera instancia fue la naturaleza de los documentos presentados por la hermana que puso la denuncia: la mayor parte de los recibos bancarios y facturas de suministros estaban emitidos a nombre del padre fallecido o de otros familiares, no de la propia demandante. El juzgado consideró que esa documentación no era suficiente para acreditar que la mujer había pagado personalmente. La Audiencia, en cambio, adoptó un criterio distinto.

El tribunal provincial citó una sentencia del Tribunal Supremo —la número 410/2007, del 11 de abril— para sostener que los resguardos bancarios constituyen “siempre un principio de prueba, no definitivo, pero sí suficiente en su inicio” para justificar pagos, cuando no se impugnan con argumentos de fondo. La demandada no cuestionó la validez ni la autenticidad de esos documentos.

La Audiencia señaló que la otra hermana no ofreció ninguna prueba alternativa. No acreditó el importe total de sus propios pagos ni presentó documentación que refutara las cifras de la demandante. El tribunal lo expresó con claridad: la demandada “simplemente se limita a rechazar la cuantificación de la actora sin proponer otra contradictoria”. La mujer había intentado también que se computara como crédito a su favor el pago de 7.716,56 euros que afirmó haber desembolsado para reparar daños por un incendio en la casa de Mave, argumentando que el siniestro había sido culpa de su hermana, pero el tribunal rechazó ese argumento por falta de pruebas, por lo que no correspondía que la demandante asumiera ese gasto de forma exclusiva.

El caso investiga una presunta red orquestada para interferir en actuaciones judiciales, con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figuras centrales de la trama. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Pedraz se ha inclinado por la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba precipitado dar ese paso mientras sigan abiertas diligencias por completar. El auto reconoce que existen indicios sobre la implicación del partido con sede en la calle Ferraz, pero califica de “prematura” cualquier imputación en este momento del proceso.

Pedraz espera nuevas diligencias antes de resolver sobre la imputación

El juez Pedraz descarta por el momento atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada, aunque no cierra esa posibilidad si surgen nuevas pruebas. El sumario documenta un presunto plan para frenar las causas abiertas entre 2024 y 2025 contra figuras cercanas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y personas del entorno del presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez.

El expediente recoge contactos entre Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset en busca de información para comprometer a fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de “erosionar” su “credibilidad”. También se investiga si desde la cúpula de la Guardia Civil se presionó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de buena parte de las pesquisas. Pedraz aún no ha tomado declaración a Díez ni a Santos Cerdán, que figura solo como testigo, como investigado. Resta también el informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias, seis del PSOE, para rastrear posibles pagos a la exmilitante.

El auto se apoya en el artículo 31 bis del Código Penal, que exige un principio de prueba sobre la responsabilidad autónoma del partido, no solo sobre la conducta de sus dirigentes. El juez señala cinco vacíos: si Cerdán actuó en nombre del PSOE; el origen y destino de los fondos usados en los pagos; si la organización obtuvo un beneficio directo; si hubo un fallo estructural de control interno, y la solidez de los nuevos delitos planteados por la acusación popular —malversación, blanqueo y financiación ilegal—, que aún requieren análisis documental. “No puede imputarse al PSOE automáticamente por los hechos de Cerdán o de la gerente”, sostiene el auto.

Pedraz y la Fiscalía coinciden en practicar antes las diligencias pendientes: analizar la documentación incautada al PSOE, revisar los movimientos patrimoniales y escuchar a Cerdán y otros investigados. El magistrado entiende que las sospechas justifican seguir investigando, pero que todavía no hay base suficiente para imputar formalmente al partido.

El PP pidió la imputación un día después de conocerse el adelanto electoral

La petición del PP llegó apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral. Los populares, que lideran el bloque de acusaciones en la causa, reclamaron la imputación del PSOE como persona jurídica por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. En su escrito, la formación que preside Feijóo argumentaba que “todas” las “actuaciones delictivas” atribuidas a la trama buscaban “proteger los intereses” del partido socialista, motivo por el cual, a su juicio, correspondía actuar de inmediato contra la formación como tal.

Los populares señalan directamente a Santos Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada. Según plantea la acusación, el hecho de que personas con cargos de responsabilidad dentro de la formación estuvieran implicadas demostraría que no se trataba de actuaciones ajenas al partido. A ese argumento se suma otro: el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización con fines delictivos.

El escrito sostiene que Cerdán tuvo capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones. La formación socialista, por su parte, ha optado hasta ahora por circunscribir la responsabilidad de los hechos investigados a actuaciones individuales, con el foco puesto sobre su antiguo secretario de Organización.

Con la actualidad centrada en el adelanto electoral, el grave problema de la vivienda, la crisis migratoria de Ceuta y otros casos de corrupción que copan los titulares (véase ‘caso Leire Díez’), la Audiencia Nacional juzga estos días una de las piezas del ‘Caso Lezo’, las supuestas irregularidades en la compra que en el año 2001 hizo el Canal de Isabel II (la mayor empresa pública de Madrid) cuando quiso expandirse en Suramérica. El Canal, bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, compro la sociedad colombiana Inassa con un sobreprecio millonario. Una veintena de personas se sientan en el banquillo de los acusados, los más importantes dos ex consejeros de Gallardón: Pedro Calvo Poch y Juan Bravo. El ex presidente madrileño solo ha declarado como testigo.

Pero entre las caras menos conocidas está la de Franscisco Díaz Latorre, actual director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la asociación de entidades locales más importante de España. En esencia, es el organismo que agrupa y representa a los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares ante el Gobierno central y otras instituciones. Actualmente la presidenta es María José García-Pelayo, alcaldesa popular de Jerez de la Frontera. Llama la atención que le FEMP, que tiene cuatro direcciones generales, “siga manteniendo en un cargo tan importante, como el de los servicios jurídicos, a un procesado por corrupción, concretamente por malversación”, coinciden tres fuentes distintas de la FEMP, que distribuye sus órganos de Gobierno entre un Pleno, un Consejo Territorial y una Junta de Gobierno.

Un portavoz de la FEMP reconoce que la entidad “conoce esta situación” porque lo comunicó el propio Díaz Latorre, pero que “nada tiene que ver este proceso judicial con su desempeño actual en la Federación. Somos respetuosos en este sentido”. En cuanto a su retribución actual, el mismo portavoz asegura que no están obligados a comunicarlo porque somos “una asociación de naturaleza jurídico-privada con funciones de representación institucional y financiación pública”. En su portal de transparencia, no obstante, la FEMP revela que en 2024 gastó 7,2 millones de salarios. El salario de un director general, según datos de 2022, es de 80.890,62 euros brutos anuales. Desde diciembre de 2023 tambiés es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos a petición de la FEMP. Su mandato es cuatro años. “No nos consta que haya comunicado nada en relación con su situación procesal”, asegura un portavoz de la Agencia.

La vista que actualmente se celebra en la Audiencia Nacional intenta dilucidar si hubo malversación cuando el Canal pagó 73 millones de dólares en 2021 para compar la empresa Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA), iniciando así su expansión por el otro lado del Atlántico. La Fiscalía cree que la compra se ejecutó de forma irregular con un “sobreprecio indebido” de entre 23 y 35 millones de dólares cargo a fondos públicos y “en beneficio exclusivo de los vendedores”. De hecho, en la operación aparecieron empresas intermediarias en Panamá. Anticorrupción, no obstante, ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento. El sumario se abrió hace una década y el posible castigo que ahora se plantea, por tanto, baja a cuatro años y medio de prisión.

Hijo de un amigo de Fraga

Díaz Latorre formaba entonces parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que autorizó esta compra en noviembre de 2001. Está acusado de malversación de caudales públicos. Díaz Latorre lleva al menos 15 años en la Federación como responsable de sus servicios jurídicos. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario de carrera, Técnico de Administración General desde el año 1992. “Se sacó la plaza en Villaviciosa de Odón. Es de toda la vida del partido, desde Nuevas Generaciones. Su padre era miy amigo de Fraga”, destaca un ex alto dirigente del Gobierno de Gallardón que le conoce muy bien.

También formó parte del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla, cuando el alcalde era Arturo González Panero, condenado a 36 años de cárcel por el ‘caso Gürtel¡. En ese periodo, según publicó el diario ‘El Plural’, Díaz Latorre fue condenado con más de 4.000 euros de multa por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Una pareja de la Guardia Civil le encontró al volante con “claros síntomas de embriaguez, ojos vidriosos, halitosis alcohólica, daba tumbos y apenas podía hablar”. Incluso, “intentó irse del lugar de los hechos”, según declaró uno de los agentes en los juzgados de Móstoles. De Boadilla pasó a Algete, donde fue gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de este municipio madrileño.

José Luis Rodríguez Zapatero encara las elecciones del 29-N en una posición insólita para un expresidente socialista. Pedro Sánchez quiere contar con él en campaña, María Jesús Montero evita confirmar su presencia y su entorno asegura que sí participará en algunos actos. Todo ello mientras la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sigue incorporando diligencias y abriendo nuevos frentes y sus dos hijas están citadas como investigadas justo un día después de que los españoles acudan a las urnas.

La situación contrasta con el mensaje que Sánchez trasladó hace apenas unas semanas. En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno aseguró que contaría con Zapatero “como he contado con él en todas las campañas electorales” y defendió su presunción de inocencia pese a su condición de investigado en el ‘caso Plus Ultra’. Sánchez reivindicó entonces la trayectoria de su antecesor y dejó claro que su situación judicial no alteraba el respaldo político que le había venido ofreciendo.

La responsable de diseñar la campaña socialista, sin embargo, ha introducido ahora un matiz. Montero aseguró esta semana que el PSOE está “siempre encantado” de que Zapatero participe en sus actos, pero recordó que el expresidente está centrado en su defensa y dejó en sus manos la decisión de incorporarse o no a la campaña. La dirigente socialista evitó así comprometer públicamente su presencia en los mítines del partido.

La versión que llega desde el entorno del expresidente es distinta. Fuentes próximas a Zapatero han asegurado que tiene intención de participar en algunos actos para respaldar a Sánchez y que el propio presidente le ha trasladado que cuenta con él. El debate se desplaza así del “sí” al “cuánto”: qué presencia tendrá Zapatero en la campaña y qué papel desempeñará en unos comicios que se celebrarán mientras su situación judicial continúa evolucionando.

Una investigación que no ha dejado de crecer

El contexto explica la cautela. Zapatero está investigado por el juez Calama en una causa que comenzó alrededor del rescate de Plus Ultra y que, con el avance de las pesquisas, ha ido incorporando nuevas líneas de investigación. La compañía recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 y el juzgado trata de determinar, entre otras cuestiones, qué papel desempeñó el expresidente en las gestiones relacionadas con la operación y si existieron contraprestaciones por su supuesta intermediación.

Los informes de la UDEF incorporados a la causa sostienen que Zapatero se encontraba en el centro de una estructura en la que habrían participado distintas personas y sociedades de su entorno. Los investigadores han analizado conversaciones, correos electrónicos y movimientos bancarios y han señalado posibles pagos y operaciones que consideran vinculados a las gestiones atribuidas al expresidente. Se trata de conclusiones policiales incorporadas a una investigación que todavía está en fase de instrucción y que deberán ser valoradas judicialmente.

La declaración de Zapatero ante el juez Calama tampoco cerró el frente. Tras escucharle, el magistrado mantuvo su condición de investigado y señaló que su comparecencia no había desvirtuado los indicios que había apreciado contra él. El juez, no obstante, descartó imponerle medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga.

Desde entonces, el procedimiento ha seguido avanzando en varias direcciones. Una de ellas conduce hasta las empresas del entorno familiar del expresidente. El juez citó como investigadas a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, por su vinculación con Whathefav, la sociedad que ambas administran y que aparece en la investigación por determinados pagos procedentes de Análisis Relevante, una empresa vinculada al empresario Julio Martínez Martínez.

Según la documentación incorporada a la causa, Whathefav recibió 239.755 euros de Análisis Relevante. Zapatero reconoció ante el juez que recomendó a Martínez contratar los servicios de la empresa de sus hijas, aunque negó que esa recomendación tuviera relación con las operaciones investigadas.

La UDEF también ha puesto el foco en los negocios del expresidente en Bolivia. Un informe policial sostiene que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 de una sociedad peruana por trabajos relacionados con sus gestiones ante autoridades bolivianas. Los investigadores cuestionan la naturaleza de esos servicios y analizan si los contratos pudieron utilizarse para justificar determinados pagos. La defensa sostiene una versión distinta sobre el origen y la naturaleza de esos trabajos.

A esta investigación se ha sumado además el análisis del patrimonio y de las operaciones económicas de Zapatero y de personas y sociedades de su entorno. El juez autorizó a la UDEF a examinar decenas de cuentas bancarias vinculadas al expresidente, sus hijas, Julio Martínez y distintas sociedades relacionadas con las pesquisas.

Unas joyas bajo sospecha

El último frente abierto afecta a las joyas encontradas durante el registro del despacho de Zapatero. La Policía localizó cerca de 80 piezas que fueron valoradas inicialmente en unos 1,32 millones de euros. El juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito fiscal y otro de contrabando después de que el expresidente atribuyera parte de las piezas a regalos recibidos del fallecido rey saudí Abdalá.

Calama ha ordenado una segunda tasación de las joyas, que realizará la firma Yanes, después de que la primera valoración situara su importe en esa cifra. La defensa intentó que un perito elegido por Zapatero pudiera participar en la valoración, pero el juez rechazó que lo hiciera de forma simultánea a la empresa encargada de la tasación. El equipo jurídico del expresidente ha recurrido esa decisión.

Un calendario que se cruza con la campaña

Todo este movimiento judicial tendrá como telón de fondo la campaña electoral. El 16 de octubre está prevista la declaración de Simon Leender Verhoeven, una de las personas situadas en la investigación en torno a la pata financiera del caso. Y el 19 de noviembre, ya en pleno periodo electoral, están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Sus testimonios deberán servir para reconstruir parte de las circunstancias que rodearon al rescate de la aerolínea.

Después llegará el 29-N. Y, apenas unas horas después de que se cierren las urnas, el caso volverá a colocar a la familia del expresidente ante el juez. Laura Rodríguez Espinosa está citada el 30 de noviembre a las 9.00 horas y Alba Rodríguez Espinosa a las 12.00 para declarar como investigadas ante Calama por las operaciones relacionadas con Whathefav.

La coincidencia temporal convierte la presencia de Zapatero en campaña en una cuestión especialmente sensible para el PSOE. El expresidente cuenta con el respaldo público de Sánchez y, según su entorno, tiene previsto acompañar al partido en algunos actos. Pero la dirección de campaña que encabeza Montero ha evitado confirmar una participación que, en cualquier caso, se produciría mientras la Audiencia Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre Zapatero y su entorno.

Un tribunal de Roquetas de Mar, en Almería, acaba de imputar al dueño de un piso por cortarle la luz y el agua a una mujer de 88 años en proceso de embargo por impago de la hipoteca. El hombre, que se convirtió en el nuevo propietario después de que la mujer perdiera el derecho a la vivienda, había sido denunciado por un posible delito de coacciones. El tribunal ha ordenado también reactivar los suministros de esos servicios.

El caso se produjo tras la subasta de la casa, que la anterior dueña perdió al no poder afrontar la hipoteca. El comprador pidió que se interrumpieran ambos servicios antes de que se ejecutara el lanzamiento judicial. El corte ocurrió en agosto, durante un período de temperaturas extremas, pese a que ella abonaba los recibos y pretendía continuar haciéndolo hasta el final del proceso.

El tribunal destaca que la actuación judicial sobre la vivienda no convirtió a la mujer en una okupa. Según la resolución, aunque deberá abandonar la vivienda por orden de un juzgado, el propietario que la adquirió no podía imponer esa salida mediante el corte unilateral de los suministros.

El titular de la Sección de Civil y de Instrucción de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Claudio García Vidales, advierte en la sentencia sobre el riesgo de confundir a los okupas —personas que entran sin autorización en viviendas ajenas— con los inquilinos o antiguos propietarios sometidos a procedimientos judiciales. El magistrado sitúa el problema en el uso generalizado de la palabra “okupa” para describir situaciones jurídicas diferentes. En su auto, señala que esto ocurre “cuando la opinión pública” emplea “términos omnicomprensivos y jurídicamente desconocidos”.

Diferencia entre okupa y desahuciado

Y es que García Vidales señala que no es igual una persona que toma una casa ajena tras forzar una cerradura que un inquilino que dejó de pagar el alquiler y afronta un desahucio. “No es lo mismo”, dice el juez, un ocupante ilegal que una persona que perdió la propiedad de su casa porque no pudo cumplir con su hipoteca y espera la ejecución de la orden de lanzamiento. El juez precisa, por tanto, que la mujer afectada por el corte de suministros no era una ocupante ilegal, sino “la propietaria de una vivienda” que perdió su titularidad a raíz de una situación económica adversa.

La resolución añade que esa circunstancia sí le impone la obligación de dejar el inmueble, pero que el nuevo propietario no puede actuar por su cuenta. “Es evidente que tiene la obligación de abandonar el inmueble, pero ello no habilita al ahora investigado para actuar de forma unilateral mediante medidas coactivas y no amparadas, en ningún caso, por nuestro ordenamiento”, dice la sentencia.

El caso se vincula con la sentencia 426/2026 del pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 24 de junio. Esa resolución contempla los cortes de luz y agua como una medida que los propietarios pueden utilizar para facilitar la salida de ocupantes sin título. No obstante, el alto tribunal estableció una distinción entre esa clase de ocupación y la situación de una persona que tiene, al menos, un derecho aparente o discutido para acceder y disfrutar del inmueble.

El Gobierno porteño presentó ayer un proyecto para reformar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, con una baja de la edad de responsabilidad de 18 a 14 años, multas y arrestos más elevados y la incorporación de conductas vinculadas con delitos digitales, acoso callejero y alteraciones de la seguridad pública, entre otros puntos.

En este sentido, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió la iniciativa durante una entrevista con radio La Red y sostuvo que el objetivo es que los incumplimientos a las normas de convivencia tengan consecuencias. “Son acciones que venimos realizando en la Ciudad para que aquel que no cumpla la ley tenga consecuencias, para seguir ordenando la ciudad y, en definitiva, darle una mejor calidad de vida a los porteños”, afirmó.

La propuesta deberá ser tratada y votada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó el funcionario, la reforma está estructurada en cuatro ejes: la adecuación de la edad de responsabilidad, la inclusión de nuevas contravenciones, el agravamiento de las sanciones y la eliminación de mecanismos sustitutivos de las penas.

En este punto, adelantó que ve factible su aprobación en la Legislatura porteña, y apuntó: “El debate obviamente va a ser rico, donde va a dejar las posturas muy claras. De qué lado querés estar, de aquel que cumple la ley o de aquel que no la cumple y no tiene consecuencias”.

Los puntos fundamentales

Uno de los cambios centrales apunta a que las personas de entre 14 y 17 años puedan recibir sanciones por contravenciones bajo un régimen especial. En la actualidad, el Código Contravencional establece los 18 años como edad de responsabilidad para este tipo de infracciones.

Tapia indicó que el proyecto busca equiparar ese límite con el que rige para delitos en la legislación nacional. “Aquel que cometía una contravención y era menor de 18 años no podía ser sancionado. Eso lo bajamos a 14, lo adecuamos a la ley nacional”, dijo el ministro.

Las contravenciones son infracciones de menor gravedad que los delitos penales y abarcan conductas que afectan la convivencia urbana, el espacio público o la seguridad. El ministro las definió como un marco de reglas para la vida cotidiana en la Ciudad.

El segundo eje de la iniciativa incorpora figuras que, según el Gobierno porteño, hoy no están contempladas de manera específica en el Código Contravencional. Allí se incluyen el phishing, los deepfakes y la comercialización o difusión de imágenes sin consentimiento.

El funcionario aludió al caso de la divulgación de imágenes de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires Carlos Pellegrini para describir la problemática. “Es una realidad que hoy afecta a la sociedad y no hay herramientas para poder atacarla”, sostuvo.

Tapia señaló que esos comportamientos deberían formar parte del Código Penal, cuya regulación corresponde al Congreso nacional. Sin embargo, afirmó que la iniciativa busca otorgar herramientas a los jueces de la Ciudad mientras se discuten eventuales cambios en la legislación de fondo.

La propuesta también contempla la suplantación de identidad de personas que se hagan pasar por agentes de tránsito o inspectores de control para cometer estafas. A ese listado se suman el acoso y seguimiento en la vía pública.

El tercer punto de la reforma contempla un aumento de las multas y de los días de arresto previstos para varias contravenciones. En este sentido, Tapia explicó que la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol podría llegar a $ 7 millones si la iniciativa es aprobada.

El ministro también afirmó que se prevé aplicar sanciones frente a la portación de objetos que, de acuerdo con el proyecto, puedan alterar la seguridad pública durante una movilización, como bombas molotov o palos.

“Si vas a una marcha con una bomba molotov o con un palo, también vas a ser sancionado”, advirtió. Y detalló que la conducta podría ser castigada de forma independiente de otras infracciones, como el corte de calles.

La reforma busca eliminar probation y penas en suspenso para contravenciones

La iniciativa incluye además la eliminación de las penas sustitutivas. Tapia cuestionó que una contravención pueda resolverse a través de mecanismos como la probation o una pena de ejecución en suspenso.

“Al no ser delitos y ser contravenciones, eliminamos las penas sustitutivas”, señaló. El ministro consideró que, al tratarse de infracciones menores a un delito, las sanciones deberían aplicarse de manera efectiva.

El proyecto se integra a cambios recientes impulsados por el Ejecutivo porteño sobre la actividad de los cuidacoches. Hace alrededor de un mes y medio, la Legislatura aprobó una modificación puntual que incorporó arresto para quienes extorsionen a conductores en la vía pública.

Tapia sostuvo que antes la respuesta prevista era principalmente una multa. “Siempre se hacían operativos de trapitos, pero no tenías una pena de arresto. La pena que tenías era de multa”, afirmó.

El traslado de detenidos de Devoto a Marcos Paz

Por otro lado, el ministro se refirió al convenio para trasladar a cerca de 1.800 detenidos de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz, administrado por el Servicio Penitenciario Federal.

Según indicó, el nuevo establecimiento tendrá capacidad para 2.240 personas. Las plazas disponibles permitirían, además, aliviar la situación de detenidos alojados en comisarías porteñas.

“El objetivo era cumplirle a los vecinos de Devoto, sacar la cárcel de su barrio, del centro de la ciudad”, sostuvo. El funcionario agregó que se creó un comando unificado para organizar los traslados y que el eventual uso futuro del predio de Devoto deberá ser definido por la Legislatura.

La reforma del Código Contravencional iniciará ahora su recorrido parlamentario, donde los bloques deberán definir si acompañan los cambios propuestos por el Ejecutivo porteño.

Biedma ha comparecido durante algo más de una hora como perjudicada en la causa que investiga las actuaciones desarrolladas en torno a ella y a otras personas vinculadas al procedimiento que instruyó en Badajoz. Durante su declaración, ha relatado los episodios que le hicieron sentirse vigilada y preocupada por la seguridad de sus hijas, aunque ha insistido en que no puede atribuir directamente esos hechos a Leire Díez.

La magistrada ha señalado que supo de la relación entre Sáenz de Tejada y Díez a finales de mayo o principios de junio de 2026, después de que trascendiera un audio en el que el exmagistrado hablaba de enviar documentación relacionada con ella. Hasta ese momento, ha indicado, no conocía ningún vínculo entre ambos.

Los vídeos y el enfrentamiento con Sáenz de Tejada

Biedma ha situado el origen de buena parte de los ataques en el enfrentamiento que mantiene desde hace años con Sáenz de Tejada, antiguo magistrado con quien, según ha explicado, nunca llegó a tener trato personal directo. La magistrada ha relatado que el conflicto se remonta a un procedimiento de 2013 relacionado con la entonces esposa del exjuez —Sáenz de Tejada fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psíquica habitual y tres delitos de amenazas en el ámbito de la violencia de género contra su exmujer—y que, desde entonces, Sáenz de Tejada llegó a acusarla a ella y a otros miembros de la judicatura de formar parte de una organización criminal.

A partir de septiembre de 2024 comenzaron a publicarse en el canal del exmagistrado vídeos en los que se vinculaba a Biedma con el procedimiento contra David Sánchez y se vertían acusaciones contra su actuación profesional. En uno de ellos, según ha relatado, se la señalaba incluso como responsable de vulnerar derechos fundamentales. La jueza ha explicado que no denunció entonces esos vídeos ni pidió protección porque no quería que la situación adquiriera protagonismo mientras continuaba investigando el caso. Sin embargo, los contenidos llegaron a su entorno familiar y terminaron afectando también a sus hijas.

Biedma ha relatado además varios episodios que interpretó como posibles seguimientos. En el colegio de una de sus hijas le trasladaron que alguien había preguntado por la hora a la que llegaba utilizando la excusa de que era su hermano, pese a que la magistrada no tiene hermanos. En otra ocasión, alguien se presentó como su secretario para preguntar si al día siguiente acudiría a la misma hora, cuando Biedma tampoco tiene secretario.

La jueza ha reconocido ante Pedraz que estos episodios sí llegaron a generarle miedo, especialmente por sus hijas menores. Según ha detallado, a diferencia de los magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, ella no dispone de protección ni de contravigilancia y mantiene rutinas que facilitan conocer sus horarios y desplazamientos.

Las presiones en torno a la investigación

Durante su declaración, Biedma también ha relatado las presiones que, según le trasladaron agentes de la Guardia Civil, sufrieron algunos investigadores del caso. El episodio se produjo después de que apareciera en prensa el correo electrónico de Begoña Gómez en una documentación entregada por la UCO. La magistrada ha contado que los agentes le comunicaron que sus superiores les habían pedido explicaciones por la aparición de ese correo y que existían presiones para entregar determinados informes a otras personas antes de que llegaran a su juzgado. Ante esta situación, Biedma les indicó expresamente que estaba “terminantemente prohibido” entregar cualquier informe de su causa a alguien que no fuera ella.

La jueza ha precisado, no obstante, que ella nunca recibió directamente esas presiones de la Dirección General de la Guardia Civil, la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial. Su conocimiento procedía de lo que le habían contado los propios agentes.

Biedma también ha comentado cómo acabó relacionando a Sáenz de Tejada con determinados episodios que afectaron a personas de su entorno. Entre ellos ha mencionado a Cintia Rocho, cuyo abogado le habría advertido de que el exmagistrado había contactado con ella. Posteriormente, según ha relatado, otro abogado le aseguró haber recibido información sobre las llamadas “cloacas” y le habló de vídeos en los que aparecían personas de su entorno.

La magistrada ha sostenido que todos estos episodios le llevaron finalmente a denunciar la situación, pero ha recalcado que ninguno de ellos condicionó sus decisiones judiciales en el procedimiento contra David Sánchez.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha reducido en un tercio las deudas que una inquilina debe pagar por una vivienda con “humedades crónicas y ventilación deficiente”, en una sentencia que aplica una figura jurídica poco habitual en los litigios de arrendamiento urbano. La decisión rebaja la condena de 31.340,07 euros a 20.893,38 euros.

La inquilina dejó de pagar el alquiler en mayo de 2020. La propietaria, la sociedad Patrimonis Bersach, S.L., una empresa inmobiliaria, la demandó para cobrar las rentas acumuladas entre ese mes y marzo de 2024. El juzgado de primera instancia le dio la razón íntegramente, pero la Audiencia Provincial ha considerado que la empresa tampoco había cumplido sus obligaciones.

Y es que la vivienda —arrendada desde noviembre de 2017 por 650 euros mensuales, ajustados luego a 666,81 euros— presentaba humedades en el baño, filtraciones procedentes del piso superior y condensación en paredes y techo.

Dos peritos analizaron el estado del inmueble. El técnico contratado por la propietaria reconoció una presencia considerable de hongos en la pared de la fachada, un ambiente cargado y falta de ventilación. La arquitecta técnica convocada por la defensa de la mujer fue más contundente: detectó humedades por filtraciones, condensación generalizada en paredes y techos de la sala y la habitación, y una ventilación mecánica en el baño que calificó como insuficiente. Su informe concluyó que la vivienda no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad reglamentarias. La mujer había reclamado las humedades mediante burofax en marzo de 2020, antes de dejar de pagar. La propietaria recibió el aviso y no reparó nada. Por ello, el tribunal aplicó una reducción de un tercio sobre las rentas, tanto las ya devengadas como las futuras, mientras persistan los problemas de humedad.

Por qué el tribunal no anuló el pago total

La defensa de la mujer argumentó que el incumplimiento de la propietaria la habilitaba a no pagar ninguna renta, bajo la figura jurídica conocida como exceptio non adimpleti contractus, la excepción de contrato incumplido, que permite a una parte negarse a cumplir si la otra tampoco cumple lo que le corresponde.

El tribunal descartó esa posición. La razón: la mujer y su familia continuaron viviendo en el inmueble durante todos esos años. Al hacerlo, cubrieron su necesidad de vivienda. Para los magistrados, esa circunstancia impide una exoneración total del pago. La Audiencia tampoco consideró que los defectos relevados —pese a su gravedad— constituyeran una inhabitabilidad absoluta del inmueble. Hubo incumplimiento, pero parcial.

Sobre esa base, el tribunal recurrió a una figura distinta: la exceptio non rite adimpleti contractus, que en términos llanos significa que, cuando una parte cumple mal o de forma incompleta, la otra puede reducir proporcionalmente su propia prestación. Como no existe una fórmula legal para calcular cuánto debe bajar la renta en estos casos, el tribunal decidió por criterio razonado: un tercio menos. La reducción opera tanto sobre los 31.340,07 euros ya devengados como sobre las rentas futuras, mientras la propietaria no resuelva los problemas de humedad.

Uno de los jueces ha disentido de la decisión: “Soluciones como la que se desprende de esta sentencia podrían contribuir a precarizar viviendas degradadas”, afirma, ya que abren la puerta a que propietarios mantengan inmuebles en mal estado indefinidamente, a cambio de cobrar una renta reducida, sin que nada los obligue a reparar con urgencia.

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de posible responsabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’, pero considera “prematuro” imputar al partido como persona jurídica. Así lo confirman fuentes de la investigación a Infobae, que señalan que el Ministerio Público ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el informe sobre la petición del PP y sostiene que, antes de tomar una decisión, todavía deben practicarse varias diligencias, entre ellas la declaración del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Anticorrupción no cierra la puerta a que el PSOE pueda acabar siendo investigado en la causa. Su posición, según las mismas fuentes, es que existen elementos que justifican seguir profundizando en la posible responsabilidad de la formación, pero que todavía no hay una fotografía completa de lo ocurrido como para dar ese paso. Falta, entre otras cuestiones, escuchar a Cerdán, una de las personas a las que los investigadores sitúan en el núcleo de la presunta trama.

El informe llega a la mesa del juez Pedraz después de que el PP reclamara el pasado martes la imputación del PSOE, apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Los populares, personados como acusación popular en el procedimiento, pidieron al juez que investigara al partido por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal, blanqueo de capitales y malversación.

Pedraz decidió entonces dar traslado de la petición a Anticorrupción antes de resolver. El juez ya tiene ahora la respuesta del Ministerio Público y deberá decidir si sigue su criterio y espera a completar las diligencias pendientes o si, por el contrario, adopta una decisión sobre la imputación del partido sin esperar a que terminen esas actuaciones.

La cuestión no es menor. La petición del PP pretende que la responsabilidad que se está investigando deje de estar limitada a las personas físicas que aparecen en el procedimiento y alcance también al propio PSOE. Para sostenerla, los populares defienden que la presunta trama habría actuado para proteger los intereses del partido y que algunos de sus responsables habrían puesto recursos de la organización a disposición de esas actuaciones.

Una trama que buscaba información sobre jueces, fiscales y agentes

El ‘caso Leire Díez’ investiga una serie de contactos y maniobras que, según la hipótesis que se está examinando en la Audiencia Nacional, tenían como objetivo obtener información comprometedora sobre personas relacionadas con investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

La investigación puso el foco inicialmente en la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez, que habría mantenido contactos con diferentes personas en busca de información sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El objetivo, según los investigadores, habría sido encontrar elementos con los que cuestionar la credibilidad de quienes participaban en esas pesquisas y dificultar así investigaciones que podían perjudicar a dirigentes socialistas.

Una segunda línea apunta a los intentos de promover investigaciones internas dentro de la Guardia Civil. La finalidad habría sido generar un clima de presión sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente una de las unidades que había participado en investigaciones que afectaban al entorno del PSOE.

En ese escenario aparece Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE es una de las piezas centrales del procedimiento y está investigado por su presunta participación en la estructura que se está reconstruyendo. La Fiscalía considera ahora que su declaración resulta necesaria antes de decidir si esos indicios pueden trasladarse también al partido.

El PP sostiene una interpretación más amplia. En el escrito que presentó ante Pedraz, al que tuvo acceso Infobae, la formación de Alberto Núñez Feijóo defiende que las actuaciones investigadas no beneficiaban únicamente a quienes las ejecutaban, sino que estaban dirigidas a proteger los intereses del PSOE. Por eso reclama que se examine la eventual responsabilidad penal de la organización.

Los populares apuntan directamente a Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada en la causa. Según la acusación, la participación de personas que ocupaban puestos de responsabilidad dentro de la formación demostraría que no se trataba de iniciativas completamente ajenas al partido.

El PP añade otro argumento: que el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización para cometer delitos. En su escrito, sostiene que Cerdán habría tenido capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones.

La formación socialista, por su parte, ha limitado hasta ahora la responsabilidad por los hechos investigados a quienes pudieran haber actuado de manera individual y ha situado el foco sobre su antiguo secretario de Organización.

Durante este tiempo, Pardo ha convertido los tribunales en su principal escenario de actuación. Desde allí ha seguido la evolución de algunas de las investigaciones más relevantes de la actualidad política y ha impulsado, como acusación popular, distintas actuaciones para tratar de esclarecer hechos relacionados con contratos públicos, adjudicaciones, pagos y presuntas irregularidades.

Nota del editor: esta entrevista se realizó antes de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones este lunes 5 de octubre.

Pregunta- Ante las sospechas de una posible financiación irregular del PSOE, ¿cómo cree que debería funcionar el control sobre los recursos de los partidos políticos?

Respuesta- Hay que eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos. Porque, si no, pasa esto. Y puede pasar con el Partido Popular también. Es lo mismo: la pelota la puedes mandar a la izquierda o a la derecha. El problema es que no existe una fiscalización suficiente de los partidos políticos. Al final tienes tres vías: el ‘caso Koldo’, el ‘caso Leire’ y el ‘caso Zapatero’, que confluyen en pagos de comisiones a través de rescates. ¿Sirvieron para financiar a partidos políticos, en concreto al Partido Socialista Obrero Español? Eso es algo que tendrán que determinar las investigaciones. Pero, si no tienes ningún método eficaz para fiscalizar a los partidos políticos y estos obtienen subvenciones públicas sin una fiscalización suficiente, todo va a seguir igual. Estos cincuenta años nos han demostrado que, o vamos a una reforma del sistema y de la Constitución, o no vamos a solucionar la corrupción en España. No tenemos una ley anticorrupción. Tampoco tenemos realmente unidades policiales conjuntas de Policía y Guardia Civil contra la corrupción: están separadas. O reformamos esto o nos vamos a tirar al precipicio, pero vamos con las manos atrás.

P.- ¿Cree que la investigación sobre la financiación del PSOE podría llegar a afectar a Pedro Sánchez?

R.- Hombre, como secretario general del partido... Si se imputa al Partido Socialista, no vería descabellado que se imputara también al secretario general. Porque, si usted es el máximo representante del partido y al partido se le imputa, ¿por qué no se le podría imputar al presidente del Gobierno, que es el secretario general del partido? ¿O qué se nos va a decir, que el secretario general no lo sabía? Él ha dicho: “Eso fueron determinadas personas que se han querido aprovechar del partido”. Pero, bueno, hombre, dejen de tratar a los españoles como auténticos tontos. Claro que se le podría imputar. Es más, si se imputa al Partido Socialista, la pregunta es: ¿se imputará al presidente del Gobierno?

P.- La UCO apunta también a pagos del PSOE a Leire Díez. ¿Hasta dónde cree que puede llevar el rastro de ese dinero?

R.- ¿Pagos para qué? ¿Para organizar qué? ¿Ese dinero sirvió para organizar la cloaca, para perseguir a jueces, para crear dosieres de periodistas? Hay 280 periodistas incluidos en una lista del Ministerio del Interior, en un dosier con significaciones de desinformación, de izquierda, de derecha… Es decir, se les ha hecho un seguimiento ideológico vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Entonces, ¿sirvió ese dinero para eso? Si ese dinero se destinó por parte del Partido Socialista a esto a través de esa persona, no solamente tendría que responder el Partido Socialista. Tendría que responder también su secretario general, Pedro Sánchez, porque es el máximo representante del partido. No se nos puede decir que no tenía conocimiento. Y, si no tenía conocimiento, peor todavía, porque significaría tener un partido en el que tú no sabes lo que está pasando. Así que sí, entiendo que, si la investigación sigue adelante y se comprueba que Leire cobró del partido, el siguiente escalón después de Santos Cerdán sería el presidente del Gobierno.

“Si se imputa al PSOE, no vería descabellado que se imputara también al secretario general”

P.- ¿Considera que existía una estructura delictiva organizada dentro del PSOE?

R.- Eso lo tendrán que determinar los jueces. De momento, todo indica que los casos que están alrededor del Partido Socialista tienen un denominador común.

P.- Ha dicho en varias ocasiones que Pedro Sánchez es “la pieza que falta del puzle”. ¿A qué se refiere exactamente?

R.- Pedro Sánchez es la pieza central que falta de todo el puzle para entender lo que ha pasado en España en los últimos ocho años. Es lo que decía la Audiencia Provincial de Badajoz en el caso de David Sánchez: “No sabemos quién fue el que influenció...”. Claro, tú no puedes decir Pedro Sánchez, pero esa pieza que falta para entender todos los casos es la de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por cierto, ha unido irremediablemente su destino al de José Luis Rodríguez Zapatero.

P.- Justamente siguiendo con el ‘caso Zapatero’, el expresidente sostiene que las joyas que tenía en su despacho fueron un regalo privado del rey de Arabia Saudí durante su visita a España en 2007. ¿Considera que esa explicación acredita el origen de las joyas?

R.- No. Hay una nota de prensa de aquel viaje del rey Abdalá, posteriormente reproducida por distintos medios, en la que se recoge que se reunió en visita oficial con el presidente del Gobierno durante unos treinta minutos. Zapatero dice que el encuentro se produjo en su vivienda familiar. No, perdone: fue en el Palacio de la Moncloa, que es la residencia oficial del presidente del Gobierno. Al parecer, sostiene que allí recibió las joyas como un regalo privado. Pero esos treinta minutos se desarrollaron en un acto en el que se firmó un acuerdo de prevención de la evasión fiscal y de doble imposición. Entonces, ¿el rey le entregó las joyas allí, precisamente cuando estaba firmando un acuerdo para prevenir ese tipo de situaciones? Esto no hay quien se lo crea. En este tipo de delitos, la carga de acreditar el origen de las joyas corresponde a Zapatero, no al juez ni a la Justicia. Y él no lo ha acreditado.

P.- De momento, Arabia Saudí tampoco ha respondido a la petición de aval de Zapatero. ¿Por qué cree que no lo ha hecho?

R.- Es que Arabia Saudí está bajo el amparo del derecho internacional. Sería un peligroso precedente si cada vez que realiza un viaje protegido por el derecho internacional y utiliza la valija diplomática tuviera que ir diciendo a cada Estado lo que lleva en ella.

P.- Otros regalos del rey saudí sí fueron declarados a Patrimonio Nacional, mientras que las joyas que estaban en su despacho no. ¿Qué importancia puede tener esta diferencia?

R.- Yo pienso que esas joyas no vienen del rey de Arabia Saudí. Pero eso es una opinión. No vienen de lejanos orientes. Quizás habría que mirar hacia el Atlántico.

P.- ¿Hacia Latinoamérica?

R.- No sé [risas].

“Las joyas de Zapatero no vienen de lejanos orientes. Quizás habría que mirar hacia el Atlántico”

P.- Las hijas de Zapatero han sido citadas a declarar el 30 de noviembre. ¿Cree que sus declaraciones pueden ser clave para explicar cómo se canalizaron los pagos?

R.- No sé qué estrategia de defensa van a llevar y creo que es precipitado anticiparlo. Yo esperaría a ver sus declaraciones. Con los datos documentales sobre las empresas y las comisiones que se cobraron, los datos son los que son. A partir de ahí, pueden intentar justificar algo diferente o incluso acogerse a su derecho a no declarar, algo que, desde un punto de vista penal, sería prudente. Estamos acostumbrados a que, en casos mediáticos, los investigados declaren, pero en un procedimiento penal normal mi cliente no declararía hasta tener todas las pruebas contra él. Si partes de la premisa de que existe cierta culpabilidad, ¿por qué va a declarar? Puede aparecer después un informe de la UDEF con un documento que habías olvidado y que te incrimina. Por eso, si yo fuera el abogado de las hijas de Zapatero, no declararía hasta el final. En derecho penal te tienen que acusar con pruebas. Yo no declararía hasta conocer todo lo que hay contra mí y, en ese momento, haciendo uso del derecho que me ampara la Ley de Enjuiciamiento Criminal, daría las explicaciones oportunas. Pero ahora no lo haría. Tampoco Zapatero. Ni ninguno. Pero han decidido hacerlo y yo lo respeto.

P.- ¿Cree que la decisión de Zapatero de declarar, en lugar de acogerse a su derecho a no hacerlo, responde a su posición como referente de la izquierda y a las responsabilidades que aún ostentaba?

R.- Pero está en un procedimiento penal en el que se le investiga por delitos gravísimos. En ese contexto, prima la estrategia penal. Además, su declaración ha generado más dudas y no ha aclarado la situación. Entonces, ¿de qué ha servido? De nada. Incluso ha podido enfadar al juez porque no le habló de las joyas cuando le había dicho que le daría las explicaciones en unos días. Primero habría que tener todas las pruebas contra él y después que declarase. Yo lo vería así. Vamos, que sería lo lógico.

P.- Los dos exdirectivos de Plus Ultra han ratificado que se pagó ese 1 % de comisión al grupo Zapatero. ¿Cree que esto acerca el cerco de la investigación al expresidente?

R.- Claro, dos partes de Plus Ultra te están reconociendo que Zapatero intermedió y recibió una comisión, pero no podía intervenir porque era un rescate público. Claro, entonces, pues el indicio ya se ha creado y generado, y es sólido, es suficiente, es bastante como para seguir con la causa.

P.- Tengo entendido que Iustitia Europa también se querelló contra todo el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra. ¿En qué punto se encuentra esa querella?

R.- Esa querella es complicada por una sencilla razón. Al igual que en el caso de David Sánchez, el expediente administrativo del rescate se crea, a nuestro modo de ver, para vestir a un muñeco. Cuando se intenta investigar el rescate de Plus Ultra, o cualquier otro expediente de este tipo, son procedimientos complejos porque partimos de una base en la que ese expediente ha sido creado precisamente con apariencia de legalidad. Por eso es muy complejo que la querella pueda ser admitida, aunque nosotros la presentamos. Lo que se va a determinar es el rescate. En el auto del juez Calama venía a decir algo así como que sí, se investigará el rescate. Pero yo lo que investigo es la comisión, porque la comisión me va a llevar al rescate. Si hay una comisión es porque hay una influencia. Y si hay una influencia, hay un expediente viciado, porque nunca pudo haberse concedido el rescate a través de una influencia, sino cumpliendo los requisitos del pliego del rescate. Esa es la cuestión. Ahora, yo creo que en España no tiene nadie ninguna duda de que en el expediente de Plus Ultra, como en el de otras empresas estratégicas, existe una sombra de duda razonable sobre si se concedieron bajo comisión o no.

La magistrada Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermanísimo del presidente del Gobierno, David Sánchez, hasta que el caso fue enviado a la Audiencia Provincial de Badajoz, declara este jueves ante la Audiencia Nacional. ¿El motivo? La guerra que coordinó la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez para influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Entre las personas que estuvieron en su punto de mira aparece precisamente Biedma.

Este jueves, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el centro al clan Los Rochos, después de que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada —retirado de la carrera judicial en 2019 por violencia de género—, vinculado a Diez y una de las personas que aparecen conectadas con las maniobras contra Biedma, fuera señalado por su actual líder, Cintia Rocho, como quien le trasladó mensajes para actuar contra la jueza. Según declaró ante los agentes, Sáenz de Tejada le dijo que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”: “A palos aprende el burro”, añadió.

Pero ¿quiénes son Los Rochos? Esta familia de Badajoz ha aparecido durante años en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Uno de sus nombres centrales era Jesús Rocho Sosa, padre de Cintia Rocho y patriarca del clan, que fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024. Biedma estaba de guardia cuando se produjo el crimen y terminó haciéndose cargo de la investigación. Diez meses antes, el 29 de febrero de 2024, había sido asesinado también el marido de Cintia, conocido como El Tutu. Murió tiroteado mientras desayunaba junto a ella en un bar de Badajoz.

Según recogió El Español a partir del escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía, Los Rochos funcionaban como un “grupo con estructura jerarquizada” que, al menos desde 2010, controlaba la distribución de sustancias estupefacientes en varias barriadas de Badajoz mediante un “entramado” de colaboradores y distintos puntos de venta. El Ministerio Público sostenía además que utilizaban “métodos violentos, como agresiones y secuestros”, para mantener su dominio en la zona, ocultar los beneficios y evitar el control policial.

De hecho, una sentencia de 2021 recoge que Jesús Rocho Sosa y Josefa Rodríguez Sanabria fueron detenidos el 14 de diciembre de 2018 dentro de unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz. Rocho estaba siendo investigado por posibles delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La Audiencia Provincial de Badajoz llegó a señalar entonces que durante los registros se habían localizado más de un kilo de cocaína, heroína y hachís, además de diferentes armas ilícitas. Sin embargo, el Constitucional anuló la prisión provisional por la vulneración de derechos procesales.

Esta investigación formó parte de la denominada Operación Granero, un amplio dispositivo policial contra varios puntos de venta de droga en el barrio pacense del Cerro de Reyes. Según publicó entonces Extremadura 7 Días, citando información policial, fueron detenidas 23 personas —17 hombres y seis mujeres— por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y organización criminal. La operación tenía como objetivo desmantelar puntos de venta de estupefacientes que los investigadores atribuían a un mismo “clan familiar”.

Un “grupo con estructura jerarquizada” líder en la región

En mayo de 2024, Cintia Rocho aseguró públicamente haber ganado 17 millones de euros en un sorteo extraordinario de la ONCE. Sin embargo, un exmiembro del clan sostuvo después que el boleto premiado era suyo y denunció haber sido presionado para repartir el dinero. La causa por una presunta extorsión terminó archivada, según publicó el citado medio.

Ahora, la UCO encuentra en Citia y en el clan un vínculo con las cloacas del PSOE a raíz de Luis José Sáenz de Tejada en Badajoz para captar a personas con procedimientos judiciales y utilizarlas contra ella. En ese contexto, la Guardia Civil encontró una nota escrita por Leire Diez que vinculaba al clan con Biedma: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”, siendo esta La Celsa y Ángel Martín ‘El Cordobés’ Heroína & Gitano, actualmente en prisión por un delito de tráfico de drogas. Ambos están vinculados a los Juzgados de Badajoz.

Según el informe, Sáenz de Tejada contactó con Rocha después de que esta difundiera en redes una resolución judicial que afectaba a un familiar suyo. Días más tarde, un perfil identificado como “José García Fernández” le propuso sumarse a Ángel Martín, El Cordobés, para “limpiar” a los magistrados de Badajoz. Rocho rechazó participar. La mujer terminó declarando como testigo ante la UCO el pasado 24 de septiembre, después de haber contado en Telecinco que “un juez y un abogado” se habían puesto en contacto con ella para que la acosara.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires elevó en las últimas semanas una serie de pedidos al Poder Ejecutivo y a la Legislatura para ampliar la estructura judicial, crear 40 cargos de magistrados suplentes, reorganizar las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y cubrir puestos que ya fueron creados por ley, pero aún no funcionan. Las iniciativas se suman a la presentación realizada para impulsar la autarquía económico-financiera del Poder Judicial y al reclamo previo para completar las cuatro vacantes del máximo tribunal, que hoy cuenta con solo tres de sus siete miembros.

Los planteos, admiten en el Poder Judicial, revelan una agenda institucional que excede el funcionamiento interno de la Corte. El tribunal busca que el Ejecutivo y las dos cámaras legislativas -el Senado y la Cámara de Diputados- intervengan en decisiones vinculadas con el presupuesto, la designación de jueces, la creación de órganos y la distribución territorial de competencias. En todos los casos, la Corte sostiene que las medidas son necesarias para atender el aumento de expedientes, las vacancias y las modificaciones del mapa judicial bonaerense.

El presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres, el vicepresidente Daniel Fernando Soria y la jueza Hilda Kogan firmaron las resoluciones que impulsan las reformas. Son los únicos integrantes actuales del cuerpo, luego de que quedaran sin cubrir cuatro cargos.

El pedido para cubrir las vacantes del máximo tribunal de Justicia no es nuevo. La Corte ya había llevado esa preocupación a un acto institucional realizado el 28 de abril. Allí reclamó al Poder Ejecutivo y al Senado bonaerense que avanzaran con las designaciones necesarias para devolverle al tribunal su composición de siete integrantes. También presentó su proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

La cobertura de las vacantes parte de un acuerdo político. Un entendimiento que aún no asoma. En los seis años que lleva Kicillof al frente de su gestión no se han girado postulantes para el máximo tribunal. La última designación fue la de Torres durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Los distintos espacios políticos esperan que el Ejecutivo abra esa instancia de negociación, que invariablemente también está atravesada por la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Cuando presentó el proyecto de ley de Autarquía Judicial, Torres sostuvo que la independencia judicial requiere autonomía financiera. La Corte argumentó que el actual esquema presupuestario condiciona la administración de recursos destinados a salarios, infraestructura, tecnología y funcionamiento de los tribunales.

En abril, la Corte exhortó formalmente al gobernador y al Senado a iniciar el proceso de designación. La Constitución bonaerense establece la intervención del Ejecutivo en la propuesta de candidatos y del Senado en la prestación del acuerdo. El reclamo no se limitó a una cuestión de representación institucional. Según expuso el máximo tribunal, la actividad asignada a siete ministros recae sobre tres.

Luego hubo reuniones de Torres con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, y con la vicegobernadora y también titular del Senado, Verónica Magario, para avanzar con el tema. De momento no hubo mayores novedades.

Los últimos pedidos

Fueron tres las resoluciones que los integrantes de la Corte elevaron días atrás. La Resolución 2917/26 que pide la creación de más de 60 órganos judiciales en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.

La Corte pidió, entre otras medidas, la creación de 12 Juzgados de Garantías en Junín, La Plata, Cañuelas, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, Malvinas Argentinas y San Pedro. También reclamó dos Juzgados en lo Correccional y dos Tribunales en lo Criminal para La Plata, además de un órgano de cada tipo para Junín.

El documento incluye Juzgados de Ejecución en La Matanza, La Plata y Quilmes, junto con una nueva sala para la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes y el reiterado pedido de otra sala para La Matanza.

En el fuero Civil y Comercial, la Corte propuso una sala adicional para la Cámara de Apelación de San Isidro, un Juzgado en La Matanza y dos Juzgados en Malvinas Argentinas, con competencia sobre ese distrito, San Miguel y José C. Paz.

Una parte importante del requerimiento se concentra en el fuero de Familia. La resolución propone tres juzgados en La Plata, dos en Merlo, cinco en Moreno-General Rodríguez, uno en Pergamino, Quilmes, Florencio Varela y Pilar, dos en Zárate-Campana y tres en Escobar. A ese listado se agregan órganos en Coronel Rosales, Ezeiza, San Pedro y Chivilcoy, a partir del incremento de causas familiares que tramitan ante Juzgados de Paz.

El tribunal también solicitó cuatro juzgados en lo contencioso administrativo: dos para La Plata y uno para cada una de las jurisdicciones de La Matanza y Quilmes. En el fuero Laboral, pidió 12 nuevos tribunales distribuidos en La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Moreno-General Rodríguez, Quilmes, Florencio Varela, Pilar, San Martín y San Nicolás.

La resolución aclara que las nuevas dependencias deben contar con partidas presupuestarias, personal e infraestructura. La Corte advirtió que la creación de organismos sin edificios adecuados ni plantas funcionales podría profundizar la sobrecarga de las sedes existentes y la dispersión de oficinas en inmuebles alquilados o adquiridos en diferentes zonas urbanas.

La Suprema Corte también solicitó que se inicien o concluyan los procedimientos de designación de magistrados para organismos que fueron creados por leyes provinciales y permanecen pendientes de funcionamiento.

La lista abarca Juzgados de Garantías en Avellaneda-Lanús, Mercedes y Malvinas Argentinas; Juzgados en lo Correccional de Moreno-General Rodríguez y Pergamino; un Tribunal en lo Criminal y un Juzgado de Ejecución Penal en Moreno-General Rodríguez; y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.

También aparecen un Juzgado Civil y Comercial de Moreno-General Rodríguez, Juzgados de Familia en Tigre y Berazategui, Juzgados en lo Contencioso Administrativo en Moreno-General Rodríguez y Merlo, y Tribunales de Trabajo en La Matanza, Lomas de Zamora, San Miguel y Tigre.

La Corte reiteró, además, el pedido de llamado a concurso para el Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez, creado por la Ley 14.864. El planteo exhibe una diferencia entre la sanción legislativa de un órgano y su funcionamiento efectivo. Para que las oficinas judiciales comiencen a operar, se requieren concursos, propuestas de candidatos, acuerdos del Senado, designaciones, recursos humanos y partidas para infraestructura.

La resolución también propone cambios en las competencias territoriales. Entre ellos, que los Tribunales de Trabajo con sede en Chacabuco y Bragado tengan jurisdicción sobre la totalidad de los departamentos judiciales de Junín y Mercedes, respectivamente. La iniciativa incluye una modificación para el Tribunal de Trabajo creado en Bahía Blanca y para el Juzgado de Garantías de San Fernando.

En el caso de los Juzgados de Familia con asiento en San Miguel, la Corte planteó que atiendan exclusivamente las causas de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. La finalidad declarada es adecuar el reparto de expedientes a la instalación progresiva de los órganos previstos para esa zona.

La Resolución 2918/26, registrada el 22 de septiembre, impulsa una reforma de la Ley 13.837, que regula el Cuerpo de Magistrados Suplentes. Ese sistema permite cubrir temporalmente cargos vacantes por renuncia, destitución, suspensión, fallecimiento o licencias superiores a 60 días.

La Corte propuso crear 40 nuevos cargos de jueces suplentes. El proyecto prevé 12 para los fueros Civil y Comercial, de Familia y de Paz; 18 para los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil; nueve para el Laboral; y uno para el Contencioso Administrativo.

Los fundamentos indican que el promedio de vacantes se incrementó más de 100% desde la última determinación de la cantidad de miembros del cuerpo. En el mismo período, la cantidad total de jueces en funciones creció un 12%, debido a la apertura de nuevos organismos y a dependencias próximas a entrar en funcionamiento.

La iniciativa busca, además, rediseñar las regiones en las que se distribuyen los magistrados suplentes. El nuevo esquema contempla nueve áreas: La Plata, Quilmes y Avellaneda-Lanús; Lomas de Zamora y La Matanza; San Martín, San Isidro y Morón; Moreno-General Rodríguez, Merlo y Mercedes; Zárate-Campana, Pergamino y San Nicolás; Junín y Trenque Lauquen; Azul; Mar del Plata, Dolores y Necochea; y Bahía Blanca.

La Corte sostiene que la reorganización reducirá traslados entre departamentos judiciales alejados. El proyecto también le delega la asignación regional de los nuevos cargos y permite redistribuir puestos ya existentes, sin afectar la situación de los magistrados que se encuentren en funciones. Esa adecuación debería completarse dentro de los 180 días posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.

La tercera iniciativa, elevada también el 6 de octubre, apunta a las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo. La Corte pidió una ley para ampliar la cantidad de salas, modificar la integración de esos tribunales y redistribuir competencias entre las Cámaras de San Martín y San Nicolás.

El proyecto propone que la Cámara de La Plata tenga siete miembros, distribuidos en tres salas de dos jueces y una presidencia común. Para San Martín, San Nicolás y Mar del Plata se prevén cinco integrantes por tribunal, organizados en dos salas de dos miembros y una presidencia.

La reforma requeriría la creación de un juez adicional en La Plata y dos en cada una de las otras tres cámaras, junto con las respectivas secretarías. La Corte propuso que las nuevas salas puedan comenzar a funcionar de modo gradual y que, durante un plazo de hasta 24 meses, puedan integrarse con magistrados suplentes del fuero.

El fundamento central es el incremento de expedientes. Entre 2015 y 2025, el ingreso anual a las Cámaras Contencioso Administrativas pasó de 3.900 a 15.700 causas, con un pico de 18 mil durante 2024. La Cámara de La Plata acumuló el mayor crecimiento en ese período, con 515%, según la información incorporada al proyecto.

La Corte también propuso trasladar los departamentos judiciales de Mercedes y Trenque Lauquen desde la competencia de la Cámara de San Martín a la de San Nicolás. En 2025, 559 causas que ingresaron a San Martín provinieron de Mercedes y 143 de Trenque Lauquen. El cambio apunta a distribuir los expedientes de manera más equilibrada entre ambas alzadas.

Las tres resoluciones fueron remitidas a la Comisión Permanente del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las primeras extradiciones aprobadas por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella figura la de Jorge Luis Mojica Ortiz, entregado a República Dominicana para enfrentar un proceso judicial por una investigación de presunta violación sexual contra una menor de edad.

El ciudadano de nacionalidad dominicana y colombiana llegó este lunes en un vuelo procedente de Bogotá. Los agentes de Interpol Santo Domingo lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.

La extradición de Mojica Ortiz permitió que las autoridades dominicanas asumieran su custodia para continuar un expediente relacionado con una denuncia por violencia sexual contra una menor. El caso se refiere a un hecho ocurrido el 23 de diciembre de 2021 en la provincia de Samaná, según información de Diario Libre.

El imputado fue trasladado a esa jurisdicción tras su arribo al país. La División de Investigación de la Policía Nacional quedó a cargo de mantenerlo bajo custodia mientras sigue el procedimiento judicial vinculado con el mandato de arresto pendiente.

La orden judicial motivó la búsqueda internacional del imputado

El requerimiento contra Mojica Ortiz se sustentó en la orden judicial número 604-2024-SAUT-00789, emitida el 3 de agosto de 2024 por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la demarcación donde se investiga el caso.

La localización del hombre se produjo mediante una Notificación Roja de Interpol, un mecanismo de búsqueda y captura internacional que permitió a las autoridades colombianas detenerlo.

La captura ocurrió en enero de 2026, varios meses antes de que De la Espriella llegara a la Presidencia de Colombia. El arresto se produjo a pedido de las autoridades dominicanas, que lo requerían por la causa abierta en el país.

Las informaciones difundidas en Colombia cuando se conoció la detención señalaron que Mojica Ortiz era buscado por el expediente relacionado con la denuncia presentada en República Dominicana.

Esas versiones también indicaron que el imputado habría amenazado a la víctima después de la presunta agresión. El objetivo de esas amenazas, según esas informaciones, habría sido impedir que relatara lo sucedido a sus familiares.

La entrega integró las primeras cinco extradiciones del nuevo Gobierno colombiano

La autorización de la entrega se produjo después de su detención y formó parte del primer paquete de extradiciones aprobado por la administración de De la Espriella.

El presidente colombiano asumió el cargo el 7 de agosto de 2026. Durante la primera semana de su Gobierno, autorizó cinco entregas internacionales que quedaron contenidas en las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026.

El Ministerio de Justicia colombiano tramitó las medidas. Dentro de ese grupo, Mojica Ortiz fue el único ciudadano requerido por República Dominicana.

Dos de los extraditables fueron solicitados por Estados Unidos en expedientes vinculados con narcotráfico. Otro fue reclamado por Perú por tráfico agravado de drogas.

La quinta solicitud correspondió a Panamá, que requirió a una persona por tentativa de homicidio agravado. Cada caso formó parte de las decisiones adoptadas al inicio de la nueva administración colombiana.

Con su llegada al territorio dominicano, Mojica Ortiz quedó a disposición de las autoridades encargadas de ejecutar el mandato judicial.

La investigación seguirá bajo la jurisdicción que emitió la orden de arresto. La Policía Nacional mantendrá bajo custodia al imputado mientras avanza el procedimiento correspondiente.

Antes de comenzar de lleno con el núcleo de estas líneas, me siento en la obligación de pedir disculpas a Infobae. Así es, pues en esta ocasión voy a permitirme una indisciplina, cual será apartarme de abordar temas vinculados a expedientes, audiencias y códigos, para hablar de asuntos más difíciles de resolver y para los cuales, debo admitirlo, no estoy demasiado preparado: los sentimientos.

Conociendo la benevolencia de las autoridades de este periódico, me doy por perdonado y comienzo a andar este novedoso camino literario.

Los jueces pasamos buena parte de nuestra vida decidiendo sobre los demás. Escuchamos historias, reconstruimos hechos, buscamos razones y, finalmente, pronunciamos una decisión que puede cambiar la vida de alguien.

Quizás por eso nos resulte cuanto menos extraño o curioso hablar de sentimientos. Porque esos asuntos, son de los pocos territorios en los que nadie consigue ser juez.

A lo largo de nuestra carrera profesional, estudiamos legislaciones, citamos jurisprudencia y podemos desentrañar con facilidad complejas tramas jurídicas. Pero cuando se trata de sentir y querer, todas esas aptitudes muchas veces se tornan ineficaces.

En el territorio de los afectos, generalmente somos malos magistrados. Damos por ciertos nuestros argumentos sin escuchar los del otro, tenemos por acreditadas situaciones sin hechos que las prueben y, muchas veces, nos apartamos de la “presunción de inocencia sentimental”, defectos que en este campo se pueden reparar frente a la maravillosa institución del perdón.

Ahora bien, más allá de esas diferencias, estoy convencido que hay algo más profundo que une a los sentimientos con la tarea de juzgar, y que es que ambos obligan a intentar comprender al otro.

Cuando queremos a alguien tenemos que aceptar que es muy difícil llegar a conocerlo del todo y, paradójicamente, cuando juzgamos ocurre algo parecido. Detrás de cada expediente existe una vida que comenzó mucho antes de que nosotros abriéramos la primera foja y que continuará mucho después de que firmemos la sentencia.

Tanto en los sentimientos como en la judicatura, convivimos con miedos, afectos, pérdidas, errores, esperanzas y, en ambos planos habrá cosas que podrán probarse y otras que apenas pueden percibirse.

De allí que creo -e intento aplicarlo- que la imparcialidad de un magistrado no debería confundirse con la indiferencia. Estoy persuadido que un juez no necesita dejar de sentir para ser justo. Necesita impedir que aquello que siente ocupe el lugar de la razón, e intentar comprender a la hora de juzgar lo que decía Blas Pascal allá por el año 1670 en su obra Pensamientos, “el corazón entiende de razones que la razón no entiende”.

Después de todo, los jueces somos seres humanos con sentimientos más allá que la naturaleza de nuestra función muchas veces nos convenza de que carecemos de ellos. También nos equivocamos, extrañamos, perdonamos y necesitamos que alguna vez nos perdonen.

Tengo para mí que esas pequeñas derrotas personales nos puedan hacer mejores jueces y que el campo de los sentimientos nos brinda una herramienta de enorme utilidad a la hora de juzgar, cual es saber escuchar con la posibilidad de que el otro pueda decir algo que nos permita modificar lo que pensamos.

Después de casi 25 años de juez y muchos más en la vida, creo haber descubierto que las mejores decisiones —en un tribunal y fuera de él— no siempre son las que demuestran cuánto sabemos o con la rigurosidad que resolvemos, sino aquellas en las que nos dimos cuenta que fuimos capaces de comprender.

Y es de ese modo como se encuentran, finalmente, los sentimientos y la Justicia pero con una diferencia importante, en un tribunal, ser juez concede el privilegio de tener la última palabra, en los sentimientos en cambio, a veces lo más importante es saber renunciar a tener la última palabra.

José Luis Rodríguez Zapatero decidió desde el primer momento que no iba a limitarse a defenderse en el ‘caso Plus Ultra’. Desde que el juez José Luis Calama le imputó, su defensa ha ido plantando batalla a distintas decisiones de la instrucción y tratando de contener el avance de las pesquisas. Algunas de esas iniciativas han acabado en un nuevo revés para el expresidente, mientras otras siguen pendientes de respuesta o han logrado abrir una segunda vía de discusión ante la Audiencia Nacional.

La estrategia se ha desplegado en varios frentes a medida que la investigación avanzaba. Y el último capítulo tiene como protagonistas las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, cuya segunda tasación trata ahora de impugnar su defensa. Antes de llegar hasta ahí, sin embargo, el abogado de Zapatero ha intentado apartar pruebas, cuestionar actuaciones de la UDEF y Hacienda y limitar el alcance de la investigación.

El primer pulso: las pruebas que sustentan la investigación

Uno de los primeros movimientos de la defensa se dirigió contra las pruebas obtenidas durante las pesquisas sobre Plus Ultra. En concreto, el abogado Víctor Moreno Catena puso el foco en el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, antiguo directivo de la aerolínea, cuyo volcado llegó a España desde Estados Unidos en marzo de 2026.

La defensa pidió al juez que reclamara a las autoridades estadounidenses información sobre la intervención del dispositivo, entre otras cuestiones para conocer si existió autorización judicial, quién la concedió y cómo se había conservado el contenido durante los años transcurridos desde su incautación. El objetivo era comprobar las garantías con las que se había obtenido una prueba que posteriormente fue incorporada a la causa. El juez Calama rechazó reclamar toda esa información a Estados Unidos. Para el magistrado, las cuestiones planteadas por la defensa no justificaban ampliar en esos términos la cooperación judicial con las autoridades norteamericanas.

Poco después, la ofensiva adquirió una dimensión mayor. La defensa planteó un incidente de nulidad para tratar de dejar sin efecto buena parte de las decisiones adoptadas durante la instrucción. Zapatero sostenía que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y pedía que se revisaran varias resoluciones, entre ellas las relacionadas con registros y actuaciones que terminaron llevando las pesquisas hasta su despacho.

El juez rechazó finalmente la petición de nulidad general de la causa. Antes hubo una discusión sobre el propio plazo para plantearla: Calama consideró inicialmente que se había presentado fuera de tiempo, aunque después rectificó parcialmente al comprobar que la defensa había tenido acceso a determinada documentación más tarde de lo que se había contabilizado. Ese cambio permitió estudiar parte de las reclamaciones de Zapatero, pero no alteró el desenlace de fondo. El magistrado descartó que las actuaciones cuestionadas hubieran vulnerado los derechos fundamentales del expresidente.

La defensa también trató de limitar la intervención de las acusaciones populares en el procedimiento. Tampoco consiguió que prosperara esa pretensión, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.

No todas las decisiones adoptadas durante estos primeros meses han sido, sin embargo, desfavorables para Zapatero. El juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y una de las acusaciones populares, que reclamaban retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y obligarle a comparecer periódicamente ante el juzgado. Calama también acordó medidas dirigidas a evitar nuevas filtraciones de las actuaciones.

El frente económico se amplía a Hacienda y Bolivia

Con la nulidad de la causa descartada, la defensa dirigió buena parte de sus esfuerzos hacia el perímetro de la investigación y, en particular, hacia las actuaciones que podían ampliar el foco sobre la situación económica de Zapatero y su entorno.

Hacienda comunicó al juez la apertura de actuaciones de comprobación e investigación sobre el expresidente, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias sociedades relacionadas con ellos. La defensa pidió que esas actuaciones tributarias quedaran en suspenso mientras avanzaba la causa penal. Su argumento era que la Agencia Tributaria estaba examinando hechos coincidentes con los que investigaba Calama en la Audiencia Nacional y que mantener abiertas ambas vías podía generar una duplicidad de actuaciones. El juez rechazó la petición y permitió que Hacienda continuara con sus comprobaciones, en línea con el criterio defendido por Anticorrupción.

Tampoco ha conseguido la defensa sacar del procedimiento las pesquisas de la UDEF sobre los negocios de Zapatero en Bolivia. Los investigadores incorporaron un informe en el que apuntan a un supuesto pago de 200.000 euros relacionado con una intermediación para un grupo empresarial peruano. El dinero habría sido canalizado a través de la sociedad Focus Social Research bajo la apariencia de servicios de consultoría.

Moreno Catena recurrió la incorporación de ese informe al considerar que esas pesquisas se alejaban del objeto original de la causa y podían convertir la investigación en una búsqueda general sobre las actividades profesionales del expresidente. El juez, sin embargo, mantuvo el informe dentro del procedimiento.

Este frente no está completamente cerrado. La defensa ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión de mantener esas pesquisas, por lo que será la instancia superior la que tenga que pronunciarse.

Y entonces aparecieron las joyas

El registro del despacho de Zapatero en mayo abrió un frente que la defensa probablemente no esperaba encontrar en el origen de la investigación: una caja fuerte con joyas cuyo valor de reposición fue situado inicialmente en 1,32 millones de euros por Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El hallazgo llevó al juez Calama a abrir una pieza separada para investigar un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. Zapatero terminó explicando que las piezas eran un regalo personal que le había hecho el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud, durante una visita oficial a España en 2007.

Su defensa ha intentado acreditar esa versión por distintas vías. Una de ellas consiste en pedir a España que solicite información a Arabia Saudí mediante una comisión rogatoria. El juez trasladó esta petición a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronunciara sobre la diligencia, que continúa pendiente.

La segunda batalla se ha librado alrededor de la nueva tasación de las joyas. Calama decidió encargar una valoración a Joyería Yanes después de la primera realizada por Ansorena. La defensa pidió apartar a la firma porque su director general, Juan Yanes, había hablado públicamente de las piezas y había apuntado a un valor de varios millones de euros.

El juez rechazó la recusación. La defensa recurrió y ha vuelto a intentar frenar la intervención de Yanes, esta vez solicitando que un perito designado por Zapatero pudiera estar presente durante la tasación. Calama también ha rechazado esta petición y ha señalado que la defensa podrá presentar posteriormente una contrapericia o un informe elaborado por un experto de su elección.

El abogado del expresidente ha recurrido de nuevo esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El recurso se suma al que mantiene abierto sobre el informe de la UDEF relativo a sus negocios en Bolivia y a la petición pendiente de respuesta sobre la eventual comisión rogatoria a Arabia Saudí.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el próximo 30 de octubre —en un principio estaba citado el 28, pero su nueva defensa pidió aplazar la declaración porque la abogada tenía otro señalamiento judicial ese día— por un presunto delito de falsificación documental, dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’. El magistrado le reclama además que aporte los documentos originales que presentó para obtener la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela de nacionalidad española.

La declaración está fijada para las 10.00 horas del 30 de octubre. Pedraz ha acordado esta diligencia a petición de la Fiscalía, que había solicitado nuevas actuaciones en la causa. El instructor ha citado también ese mismo día, como testigos, al actual subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, y a quien ocupó ese puesto hasta marzo de 2025, María del Mar López Álvarez. Ambos deberán comparecer a las 10.30 y las 11.00 horas, respectivamente.

La decisión sitúa directamente a Villalobos ante el juez en una de las principales líneas de investigación de la causa: las circunstancias que rodearon la concesión de la nacionalidad española al antiguo alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez y las gestiones que, según los indicios incorporados al procedimiento, se habrían realizado en torno a su expediente.

Tres expedientes y una nacionalidad concedida por la ‘ley de nietos’

Villalobos, que fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, había intentado obtener la nacionalidad española por distintas vías antes de conseguirla mediante la Ley de Memoria Democrática. Según la documentación facilitada por el Ministerio de Justicia a la UCO en junio, presentó una primera solicitud por residencia el 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Posteriormente registró otra solicitud por residencia el 25 de abril de 2024, que volvió a ser rechazada el 10 de octubre de 2025.

En paralelo, Villalobos recurrió a la vía prevista en la ‘ley de nietos’. Esa solicitud, presentada ante el Registro Civil, terminó siendo estimada el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita el 23 de octubre de ese año. El Ministerio de Justicia defendió entonces que la concesión se había producido siguiendo los trámites previstos y después de que el expediente fuera examinado por varios funcionarios. Según la versión ofrecida por el Gobierno, el recurso fue analizado con criterios jurídicos y contó con el dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.

Precisamente esos documentos son ahora relevantes para la investigación del juez Pedraz. El magistrado no se limita a citar a Villalobos: le exige que lleve a su declaración los originales que presentó para acreditar su derecho a acogerse a esta vía de adquisición de la nacionalidad. En concreto, reclama los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española.

La UCO ya había acudido en junio al Ministerio de Justicia por orden de Pedraz para recabar el expediente completo. El magistrado pidió entonces información sobre el estado de la solicitud, la identidad de los funcionarios que habían intervenido en su tramitación y los accesos registrados en la plataforma digital utilizada para gestionar el expediente. También reclamó cualquier documentación que hubiese sido obtenida de otros organismos durante el procedimiento.

La investigación ha seguido avanzando durante los últimos meses. En septiembre trascendió que agentes de la UCO habían tomado declaración a altos cargos de Justicia en relación con la concesión de la nacionalidad. Entre ellos figuró el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, que fue preguntado por los distintos expedientes de Villalobos y por la resolución favorable dictada en abril de 2025.

El expediente había adquirido relevancia para la causa después de que aparecieran en las actuaciones referencias a Villalobos y a su nacionalidad en las anotaciones y comunicaciones de Leire Díez. El juez sostiene que la exmilitante socialista habría mantenido contactos con el abogado Ismael Oliver, que representaba al exviceministro venezolano, en relación con la tramitación de su nacionalidad. En las actuaciones aparecen también referencias a posibles gestiones para tratar de facilitar el expediente.

Según los indicios recogidos en la causa, Oliver habría planteado reiteradamente a Díez la cuestión de la nacionalidad de Villalobos y le habría pedido que intentara conseguir una entrevista con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o con alguien de su confianza. Las anotaciones de Díez incorporadas al procedimiento incluyen además referencias al nombre de Villalobos y a su nacionalidad.

El Gobierno, por su parte, ha mantenido que la concesión se produjo conforme a la normativa. En junio, tras la entrega del expediente a la UCO, Justicia explicó que las solicitudes de nacionalidad se tramitan mediante la comprobación de los requisitos legales y que la vía de Memoria Democrática había sido examinada por los funcionarios competentes.

De las gestiones por su nacionalidad a una declaración como investigado

La citación de Villalobos añade ahora una nueva dimensión a las pesquisas. Pedraz le atribuye provisionalmente un presunto delito de falsificación documental y quiere que explique ante el juzgado la documentación que presentó para acreditar su ascendencia española.

El perfil de Villalobos explica parte del interés que ha despertado su expediente. El antiguo viceministro venezolano lleva años apareciendo en investigaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales en distintos países. En España fue detenido en 2017 a raíz de una petición de Estados Unidos y también ha estado investigado por las supuestas comisiones vinculadas a contratos de la empresa Duro Felguera en Venezuela.

Su nombre aparece además ligado a investigaciones sobre el movimiento de fondos de antiguos responsables venezolanos a través de la Banca Privada d’Andorra. Investigaciones periodísticas y judiciales han situado a Villalobos entre los antiguos altos cargos venezolanos investigados por el presunto cobro de comisiones y posterior blanqueo de capitales.

En el caso Duro Felguera, la investigación española ha analizado los pagos realizados a Villalobos en relación con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. La causa sostiene que habría recibido importantes cantidades a través de sociedades interpuestas y la Fiscalía ha mantenido acusaciones contra él por delitos relacionados con esos hechos.

El juez que investiga el rescate de 475 millones de euros concedido a Air Europa durante la pandemia ha citado a declarar como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al exdiputado Íñigo Errejón, además de a otros nueve cargos y excargos públicos vinculados a la operación. El magistrado José María Escribano ha fijado las comparecencias para los días 23 y 24 de noviembre, en plena campaña electoral y apenas unos días antes de las elecciones generales del 29-N. Aagesen tendrá que acudir al juzgado el lunes 23, seis días antes de las urnas, mientras que Errejón y el resto de los testigos de la segunda tanda declararán el martes 24.

La providencia, dictada el pasado 6 de octubre por el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid y a la que ha tenido acceso Infobae, acuerda escuchar a once personas dentro de las diligencias previas abiertas por un presunto delito de prevaricación administrativa. Entre los citados figuran también Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa; Pedro Saura, expresidente de Correos y antiguo secretario de Estado de Transportes; Carlos San Basilio, que fue secretario general del Tesoro; Ana de la Cueva, Pilar Paneque, Raúl Blanco y otros responsables vinculados a la Administración y a la SEPI.

Aagesen, ante el juez por su papel en el órgano que aprobó la ayuda

La declaración de Sara Aagesen es especialmente relevante por su relación directa con el mecanismo utilizado para conceder el rescate. En 2020, cuando se aprobó la ayuda a Air Europa, Aagesen era secretaria de Estado de Energía —había sido nombrada para ese puesto en enero de ese año— y formaba parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano interministerial encargado de estudiar las solicitudes de las compañías consideradas estratégicas y de acordar las condiciones de las operaciones antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

Ese Consejo Gestor era el núcleo administrativo de las operaciones del fondo: estudiaba las solicitudes de las compañías, analizaba si cumplían los requisitos y fijaba las condiciones de las ayudas que posteriormente debían ser autorizadas por el Consejo de Ministros. En el caso de Air Europa, el Gobierno terminó aprobando el 3 de noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros, dividida entre un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones.

Por eso el juez ha incluido ahora a Aagesen en la batería de testigos. El instructor trata de reconstruir quién intervino en las distintas fases del expediente, qué información recibió cada uno de los responsables y cómo se adoptó la decisión que permitió conceder el rescate. De hecho, cuando abrió la causa, Escribano ordenó identificar a los miembros del Consejo Gestor que participaron en las sesiones relativas a Air Europa, así como a los invitados, los técnicos que instruyeron el expediente y los abogados del Estado que elaboraron los informes.

La actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ya ha tenido que explicar públicamente su papel en aquel procedimiento. En una comparecencia parlamentaria en julio, Aagesen confirmó que los miembros del Consejo Gestor recibían los criterios de elegibilidad elaborados por los departamentos de la SEPI y asesores externos. Preguntada específicamente por la presencia de Manuel de la Rocha en las reuniones relacionadas con Air Europa, aseguró no recordarla, aunque señaló que el mecanismo permitía la asistencia de invitados.

La actual vicepresidenta tercera tendrá que comparecer, por tanto, en un momento especialmente sensible del calendario político: el lunes 23 de noviembre, a menos de una semana de las elecciones generales. La campaña electoral habrá entrado entonces en su tramo final y terminará cuatro días después, el viernes 27.

Errejón, citado por su “curiosidad”

La otra citación que destaca por el perfil del testigo es la de Íñigo Errejón. El exdiputado no formaba parte del Consejo Gestor del FASEE ni intervino en la decisión administrativa que desembocó en el rescate. Su relación con la operación se sitúa en el ámbito parlamentario: en noviembre de 2020, cuando era diputado de Más País-Equo, registró junto a Inés Sabanés una pregunta dirigida al Gobierno para exigir explicaciones sobre las condiciones del rescate de Air Europa.

La iniciativa parlamentaria se presentó apenas unos días después de que el Consejo de Ministros aprobara, el 3 de noviembre de 2020, la ayuda pública de 475 millones de euros a la aerolínea. Errejón y Sabanés pusieron entonces el foco en las condiciones que debía asumir la compañía a cambio de recibir fondos públicos y cuestionaron que entre ellas no figurase ninguna de carácter climático o ambiental. En su escrito recordaban que el Congreso había aprobado meses antes las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que establecían que las ayudas y préstamos públicos debían quedar vinculados a condiciones “ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles”.

Los dos diputados preguntaron expresamente al Ejecutivo si pensaba aplicar esas condiciones al rescate de Air Europa y si establecería algún tipo de condicionalidad ambiental o climática tanto para la aerolínea como para las futuras empresas que recibieran ayudas públicas o préstamos avalados por el Estado. La pregunta incidía además en el impacto ambiental del sector aéreo y en la obligación de las compañías beneficiarias de comprometerse con objetivos como el Acuerdo de París, la protección de la biodiversidad o la reducción de la brecha salarial.

El resto de testigos: quienes participaron en la tramitación del rescate

Junto a Aagesen y Errejón, el juez ha citado a otros nueve testigos que tuvieron distintos grados de vinculación con la operación. Entre ellos destacan Pedro Saura y Manuel de la Rocha, dos nombres que ya aparecieron en las primeras diligencias de la causa por su participación en reuniones relacionadas con el rescate. Saura era entonces secretario de Estado de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, mientras que De la Rocha ocupaba el cargo de director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ambos participaron en reuniones del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) sobre Air Europa, aunque lo hicieron como invitados y con voz pero sin voto.

La presencia de Saura tiene además un recorrido judicial previo. El actual presidente de Correos ya tuvo que declarar como testigo en el juicio del ‘caso Koldo’ por sus contactos con Air Europa durante la tramitación del rescate. En aquella causa explicó sus reuniones con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de la aerolínea, y su intervención en las gestiones relacionadas con la ayuda pública. Ahora deberá volver a explicar ante un juez qué papel desempeñó en la operación, esta vez dentro de una investigación centrada específicamente en la legalidad de la concesión de los 475 millones.

De la Rocha, por su parte, estuvo presente en la reunión del Consejo Gestor celebrada el 29 de octubre de 2020, en la que se dio el visto bueno a la operación antes de que el Consejo de Ministros aprobara definitivamente el rescate. Su presencia ya había llamado la atención del instructor cuando abrió la causa, hasta el punto de que el magistrado reclamó identificar a todos los miembros del órgano con derecho a voto, pero también a los invitados que habían participado en las reuniones en las que se abordó la ayuda a Air Europa.

Otro de los citados es Carlos San Basilio, que en el momento del rescate era secretario general del Tesoro y formaba parte de la estructura económica de la Administración implicada en la operación. También tendrá que declarar Ana de la Cueva, entonces secretaria de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional; Pilar Paneque, que ocupaba la Subsecretaría de Hacienda; y Raül Blanco, entonces secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y posteriormente presidente de Renfe. Todos ellos formaban parte del entramado administrativo que participó en el análisis de las solicitudes al FASEE.

La lista se completa con Francisco Javier Loriente Sainz, secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI y secretario del Consejo Gestor; Miguel Ángel González Suela y José Ángel Pertearroyo, también vinculados a la estructura de la SEPI.

Las declaraciones se repartirán en dos jornadas. El 23 de noviembre, a las 9.30 horas, comparecerán Aagesen, De la Cueva, Paneque, Loriente y Blanco. Un día después será el turno de González Suela, San Basilio, Saura, De la Rocha, Pertearroyo y Errejón.

La ronda de declaraciones supone un nuevo avance en una investigación que arrancó el pasado junio, cuando el juez admitió las querellas presentadas por PP y Vox y acordó investigar al vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lora por un presunto delito de prevaricación administrativa. El instructor trata de esclarecer cómo se gestó y tramitó el rescate de Air Europa, quién intervino en cada una de sus fases y si se respetaron los requisitos establecidos para acceder a los fondos públicos.

“La policía puede entrar en tu teléfono sin tocarlo, desde una sala a kilómetros de ti. No hay aviso, no hay señal, y esto es perfectamente legal”, asegura Rachid Mohamed Hammu, abogado y doctor en derecho penal, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @rachid.mohamed.ha7, en el que cuenta con casi 10.000 seguidores.

Esto se llama “registro remoto” y está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aunque sometido a condiciones y límites precisos. “La policía judicial lo solicita al juez, el juez lo autoriza y los agentes designados instalan en tu teléfono un software y acceden examinando todo lo que hay en su interior sin conocimiento del titular”, afirma el letrado.

Un dispositivo que concentra buena parte de la vida de una persona

Un teléfono dejó de ser “un simple aparato”, dice Mohamed Hammu, para convertirse en un espacio que reúne gran parte de la memoria digital de quien lo utiliza. “Es donde has pasado los últimos cinco años de tu vida”, señala, antes de enumerar las “notas de voz, los archivos que borraste hace un año, con quién hablas a las tres de la mañana, las fotos, las que enseñas y las que no, tu dinero, tu salud, tus miedos”.

Todo ello es accesible: el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) incluye entre la información recuperable de un dispositivo los registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos, imágenes, videos, documentos, datos de geolocalización y actividad dentro de aplicaciones.

La ley, sin embargo, no habilita una revisión indiscriminada de toda esa información digital. El auto judicial que autorice la medida debe delimitar con precisión los dispositivos, sistemas, datos o contenidos involucrados, así como el alcance concreto de la intervención.

Dos vías legales para acceder a distancia a un equipo

“No se trata de pinchar una llamada, es acceder al teléfono”, plantea el abogado, para quien la intervención no se limita a interceptar una comunicación. El artículo 588 septies a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla dos caminos para el registro remoto: el uso de datos de identificación y códigos de acceso, o la instalación de un software diseñado para examinar el equipo a distancia. La medida puede alcanzar ordenadores, teléfonos, soportes de almacenamiento, sistemas informáticos y bases de datos.

La Fiscalía General del Estado desarrolló estos criterios en su Circular 5/2019. El documento precisa que la diligencia puede extenderse a información alojada en el propio aparato y, bajo determinadas condiciones, a datos accesibles desde él en servicios externos, como el correo electrónico o el almacenamiento en la nube. Ese mismo texto insiste en que corresponde al juez acotar los datos a los que puede acceder la investigación, con el fin de que la restricción de derechos fundamentales no exceda lo necesario para los hechos que se investigan.

El cifrado protege el envío, no necesariamente lo que ya es visible en el teléfono

El abogado se refiere también al cifrado de extremo a extremo de WhatsApp: “No necesitan romperlo porque no interceptan el mensaje por el camino. Entran en tu teléfono, que es el lugar en el que el mensaje está descifrado, abierto y leído”. La propia compañía señala que ese cifrado protege el contenido de los mensajes antes de que salgan del dispositivo y mientras viajan hacia su destino, con el objetivo de impedir que terceros los intercepten durante la transmisión; pero esa protección no equivale a una barrera frente a un acceso directo al dispositivo en el que el mensaje ya puede leerse. Si una conversación, un archivo o una cuenta están disponibles en un teléfono alcanzado por una diligencia judicial, el acceso autorizado puede dirigirse a esa información, sin necesidad de intervenir el mensaje durante su envío.

“Y en tu móvil no hay contraseña. Hay sesiones abiertas: Telegram, Instagram, Facebook, el correo, los mensajes. Y no necesitan pedírselo a la plataforma porque ya están dentro de tu teléfono”, agrega el abogado. La posibilidad de obtener datos de estas sesiones dependerá del alcance que fije el auto judicial y de las condiciones técnicas de cada caso.

“La policía no puede hacerlo por su cuenta, ni siquiera por razones de urgencia. Sin auto previo no hay registro”, remarca Mohamed Hammu. La ley exige, en efecto, que la medida sea autorizada por el juez competente. La Policía Judicial y el Ministerio Fiscal pueden solicitarla, pero la decisión final corresponde a la autoridad judicial, mediante un auto motivado que justifique su necesidad y proporcionalidad frente al delito investigado.

“Y solo cabe en cinco delitos: organización criminal, terrorismo, delitos cometidos contra menores o personas discapacitadas necesitadas de especial protección, delitos contra la Constitución y la seguridad nacional y delitos cometidos a través de medios informáticos”, enumera el abogado.

Esa enumeración coincide, en lo esencial, con el texto del artículo 58, que incluye además los delitos de traición y los relativos a la defensa nacional dentro del grupo vinculado a la Constitución, y precisa que los delitos informáticos abarcan también los cometidos mediante tecnologías de la información, telecomunicaciones o servicios de comunicación.

El auto judicial debe detallar cada elemento de la medida

“Y precisamente porque alcanza tanto, el auto que lo habilita debe decirlo absolutamente todo”, sostiene Mohamed Hammu. La LECrim recoge esas exigencias de manera expresa. El auto debe identificar los dispositivos o sistemas afectados, fijar el alcance de la medida, determinar la forma de acceso y obtención de los datos, y especificar el software empleado cuando corresponda. También debe señalar a los agentes autorizados, las copias que puedan realizarse y las garantías para preservar la integridad de la información.

La autorización inicial no puede exceder un mes, aunque admite prórrogas por períodos iguales hasta un máximo de tres meses. Durante su ejecución, la Policía Judicial debe informar al juez en los plazos que la propia resolución establezca.

“Si falta alguno de los elementos, la prueba puede ser nula y es allí donde reside la defensa”, concluye el abogado. La eventual nulidad de la diligencia, no obstante, no opera de forma automática: corresponde a los tribunales valorar el efecto concreto, su incidencia sobre los derechos fundamentales y si existió un control judicial efectivo durante la ejecución de la medida.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación por los que se enfrenta a un juicio con jurado popular. El Ministerio Público considera que los hechos investigados por el ahora jubilado juez Juan Carlos Peinado durante más de dos años “no son constitutivos de infracción penal” y reclama la “libre absolución” de la esposa de Pedro Sánchez y de su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez.

Así lo recoge el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía de cara al juicio, al que ha tenido acceso Infobae. El fiscal mantiene que “sin delito no hay autor” y sostiene que no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal a ninguna de las dos acusadas por las actuaciones desarrolladas en torno a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La petición no supone un cambio de criterio del Ministerio Público. La Fiscalía lleva defendiendo el archivo de la causa desde la instrucción y ya reclamó la absolución de Gómez en sus anteriores conclusiones. Ahora vuelve a hacerlo en el trámite que corresponde una vez terminada la investigación y abierta la vía al juicio oral. La diferencia es que la causa llega a este punto después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado que sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del presidente y haya limitado los delitos que se le atribuyen a dos.

El fiscal dedica buena parte de su escrito a explicar por qué, a su juicio, la actividad de Gómez en la Complutense no puede considerarse delictiva. Y parte de una cuestión temporal: cuando comenzó su relación con la universidad, en 2012, Pedro Sánchez todavía no había llegado a La Moncloa.

Una actividad anterior a la llegada de Sánchez a La Moncloa

La Fiscalía recuerda que Begoña Gómez ya trabajaba en el sector privado del marketing y la consultoría y que su actividad académica en la Complutense comenzó seis años antes de que su marido se convirtiera en presidente del Gobierno. Durante ese periodo, señala el Ministerio Público, percibió unos 40.000 euros por distintas actividades académicas.

Ninguna de esas cantidades, precisa el fiscal, corresponde a la actividad desarrollada en la formación investigada en esta causa. La tesis de la Fiscalía es que no existe una conexión entre la llegada de Sánchez a la Presidencia y el inicio de la trayectoria de Gómez en la universidad que permita hablar de un aprovechamiento de su posición.

Tampoco considera que la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez generase un beneficio económico indebido. El Ministerio Público explica que las cátedras extraordinarias son una de las fórmulas que utiliza la Complutense para captar financiación privada y sostiene que la universidad ha firmado numerosos convenios de este tipo con empresas, asociaciones y entidades de perfiles muy diferentes. El fiscal incide, además, en que la universidad no exige con carácter general una determinada titulación o currículum para dirigir una de estas cátedras. Por ello, considera que la ausencia de una titulación específica de Gómez no puede convertirse por sí misma en un indicio de delito.

La Fiscalía también descarta que las empresas que participaron en el proyecto obtuvieran un beneficio derivado de su colaboración. Según el escrito, ninguna recibió una remuneración por su participación ni existe una vinculación entre esa actividad y contrataciones posteriores en el sector público o privado. El Ministerio Público va un paso más allá y sostiene que tampoco consta que Begoña Gómez o las otras investigadas se beneficiasen económicamente de las actividades analizadas. Y no aprecia perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense.

La institución universitaria mantiene, sin embargo, su propia posición en la causa y reclama 108.000 euros en caso de que se produzca una condena.

La otra pieza de la acusación: Cristina Álvarez

La Fiscalía tampoco aprecia delito en la actuación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que trabajaba como asistente de Begoña Gómez. El Ministerio Público considera que se trataba de un cargo de confianza encargado de acompañar a la esposa del presidente y organizar su agenda. Dentro de ese cometido, admite que Álvarez acompañó a Gómez o realizó algunas gestiones relacionadas con su actividad universitaria, pero entiende que esas actuaciones no supusieron un menoscabo de sus funciones ni un perjuicio para la Administración.

Es precisamente en este punto donde el relato de la Fiscalía vuelve a chocar con el que mantuvo el juez Peinado durante la instrucción. El juez consideró que la asistente había ido más allá de sus funciones institucionales y que prestaba a Gómez un apoyo continuado en sus actividades profesionales y académicas privadas. El magistrado llegó a describirla como algo más que una “mera acompañante ocasional” y sostuvo que ejercía como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez, pese a que su sueldo era abonado por la Presidencia del Gobierno.

La Fiscalía no comparte esa interpretación. Para el Ministerio Público, las actuaciones de Álvarez no alcanzan relevancia penal y forman parte de la relación propia de un puesto de confianza.

Ahora, con la presentación de las conclusiones de la Fiscalía, las partes disponen de 15 días para personarse ante la Audiencia Provincial y plantear las cuestiones previas que consideren oportunas. El nuevo magistrado que asuma el procedimiento deberá resolverlas y fijar los hechos que serán sometidos al jurado.

La Fiscalía solicita además la declaración de alrededor de una treintena de testigos durante el juicio. Una vez resueltas las cuestiones previas y concretados los hechos justiciables, quedará por señalar la fecha de la vista oral y constituir el tribunal del jurado.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Guardia Civil que aclare si la directora general del cuerpo, Mercedes González, fue informada de las tres investigaciones internas abiertas contra agentes de la UCO y cuándo tuvo conocimiento de ellas. En el auto, al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado reclama los oficios que permitan comprobar si esas actuaciones fueron comunicadas a la máxima responsable del instituto armado y reconstruir así cómo circuló la información dentro de la cadena de mando.

La petición llega después de que la instrucción haya puesto el foco en las actuaciones internas emprendidas contra la Unidad Central Operativa y en la relación que mantuvieron González y Leire Díez durante el periodo en el que se sucedieron esas investigaciones. La directora general está investigada en la causa junto al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Pedraz quiere ahora poner fecha y nombre a la información que llegó a la cúpula de la Guardia Civil: saber si González conocía esas actuaciones no implica que las ordenara, pero sí puede ayudar al juez a determinar qué sabía y qué papel pudo tener dentro de la cadena de decisiones.

Tres investigaciones internas y una misma unidad en el foco

Las tres informaciones reservadas que ahora quiere documentar Pedraz se sucedieron entre finales de 2024 y 2025 y tuvieron como denominador común a la UCO. Se trata de actuaciones internas destinadas a esclarecer el origen de determinadas filtraciones o hechos relacionados con investigaciones que llevaba la unidad y que afectaban a causas especialmente sensibles.

La primera, identificada como IR 1/24, se abrió en diciembre de 2024 después de que trascendiera información relacionada con el correo electrónico de Begoña Gómez que figuraba en documentación intervenida por la UCO en la investigación sobre su hermano, David Sánchez. El DAO, Manuel Llamas, ordenó entonces una información reservada para tratar de determinar el origen de esa filtración.

La segunda llegó en mayo de 2025, después de la publicación de los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos. La aparición de esas conversaciones volvió a situar a la UCO bajo la lupa interna de la Guardia Civil, ante la sospecha de que la filtración podía proceder de los investigadores.

La tercera se abrió en septiembre de 2025, después de una información periodística que apuntaba a tensiones internas en la UCO y mencionaba al propio Llamas. La actuación volvió a dirigirse a investigar el origen de información relacionada con la unidad.

El juez Pedraz quiere ahora que la Guardia Civil entregue los documentos mediante los que se comunicó, en su caso, a González la apertura y resolución de estas tres actuaciones. El magistrado hace referencia expresamente al procedimiento seguido con las investigaciones identificadas como IR 1/24 e IR 1/25. La propia González ha defendido que la apertura de informaciones reservadas es un mecanismo administrativo habitual dentro de la Guardia Civil y ha negado haber participado en una trama contra la UCO o haber actuado por influencia de Díez. El DAO también ha sostenido ante el juez que estas actuaciones tenían como finalidad investigar posibles filtraciones y no presionar a los agentes.

El vínculo entre Mercedes González y Leire Díez

La cuestión de qué sabía González cobra relevancia dentro de la causa por la relación que la investigación de la UCO ha documentado entre la directora general y Leire Díez. Los agentes sostienen que la exmilitante socialista se valió de ese vínculo para tratar de promover actuaciones internas contra miembros de la unidad.

Los investigadores han situado al menos tres encuentros presenciales entre ambas: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. También han localizado comunicaciones entre las dos a través de WhatsApp. En los mensajes y anotaciones intervenidos, Díez hacía referencia a su relación con González y a su intención de impulsar investigaciones internas contra agentes de la UCO.

Según la documentación incorporada a la causa, Díez trasladó a la directora general sus quejas sobre determinados agentes de la UCO y le habló de las actuaciones que pretendía promover contra ellos. La exmilitante socialista también habría hecho referencia a supuestas filtraciones de información a los medios y a la necesidad de investigar su origen. González, sin embargo, ha negado ante el juez haber participado en ninguna maniobra contra la UCO. En su declaración como investigada sostuvo que sus encuentros con Díez se produjeron en el marco de sus relaciones institucionales y negó que esta le hubiera dado instrucciones o que ella hubiera ordenado actuaciones contra los agentes. También rechazó haber intervenido para obstaculizar investigaciones judiciales.

Es en este contexto donde Pedraz reclama ahora los documentos que permitan determinar si las informaciones reservadas llegaron formalmente a la directora general y cuándo. El juez busca así contrastar las distintas versiones y reconstruir qué información recibió la cúpula de la Guardia Civil sobre las actuaciones emprendidas contra la UCO.

El Gobierno apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

Según pudo saber Infobae, en la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial y, en paralelo, analizan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente oficial que explicó que la tarea más importante la tiene la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio y es el principal organismo dedicado a planificar los pasos a seguir para evitar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer frente a este gasto.

En Balcarce 50 considerán que todavía tiene herramientas para discutir la resolución, y aunque la apelación ya está decidida, son varias las alternativas que se estudian vinculadas con el impacto presupuestario de la medida.

La decisión judicial alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Cormick entendió que esa cláusula funcionaba, en los hechos, como un nuevo veto a una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras, cuando rechazaron el veto original del presidente Javier Milei.

Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en funcionamiento la reforma y cumplir con los aumentos establecidos.

La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la suspensión de los fondos. El fallo contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y descartaron una negociación política con las casas de estudio. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria.

La misma fuente sostuvo que el margen de acción sobre las partidas depende ahora del Parlamento: “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”.

El argumento oficial vuelve a poner el foco en la ley de gastos y recursos, que el Gobierno envió de cara al año que viene y que todavía debe ser discutida por los legisladores.

El Ejecutivo ya había planteado durante el expediente que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según la posición de los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento.

El juez rechazó esa interpretación. En su resolución, sostuvo que la ley sí establecía mecanismos para afrontar los gastos, al habilitar reasignaciones presupuestarias y contemplar el uso de mayores ingresos de recaudación corriente. También recordó que el Gobierno modificó el Presupuesto mediante decretos y decisiones administrativas en varias oportunidades durante 2025.

En el sector universitario ya anticipaban que la Casa Rosada buscaría resistir el fallo. “Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles”, afirmó un rector del interior. En el mundo académico no esperaban una convocatoria para dialogar sobre la ejecución de la ley y consideran que la estrategia oficial será sostener la disputa en los tribunales.

La definición abre un nuevo frente para el Gobierno en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y de la convocatoria opositora a una sesión especial en Diputados.

La discusión sobre universidades se suma así a otros temas sensibles que el oficialismo deberá enfrentar en el Congreso, mientras intenta preservar el superávit fiscal como eje de su programa económico.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, advirtió a este medio una de las autoridades del CIN.

En Puerto Amado, una localidad del norte de Misiones a 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y pegado a la frontera con Paraguay, Ricardo Ranger cultiva naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas desde hace años. También convive con una realidad conflictiva. Es que varias veces por semana, alguien entra a su chacra, corta el alambrado, arranca la fruta directamente de las plantas y se la lleva en bolsas para revenderla en la calle a $1000 el kilo.

“Es endémico, nos roban permanentemente”, dijo Ranger a Infobae, a la vez que reveló que desde el 5 de septiembre de 2023, acumula 115 denuncias policiales por robo, un promedio cercano a una por semana que convirtió su establecimiento en un caso testigo de la inseguridad rural en la zona de frontera.

Según contó el productor, hace aproximadamente tres años y medio, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, —que tiene a la Policía bajo su órbita— se reunió con Ranger y le hizo un pedido concreto: que denunciara cada robo, uno por uno, para dimensionar el problema con datos oficiales.

Cuando la cifra rondaba las 80 exposiciones, el productor llevó un informe al Ministerio con la expectativa de que el registro sirviera de algo. “La verdad que respuesta ninguna, porque nos siguen robando”, afirmó. Esta tarde, aseguró a este medio, presentará la denuncia número 116.

Robos de hasta 1.000 kilos por semana

Los episodios no son esporádicos, sino que ocurren una, dos o hasta tres veces por semana. Según detalló Ranger, los delincuentes se llevan entre 100 y 200 kilos por incursión, aunque en algunas oportunidades el volumen trepó a los 1.000 kilos. La semana pasada, aseguró, le sustrajeron 400 kilos; en los días siguientes, otros 300. La mercadería —mandarina, naranja y limón— se revende después en la vía pública, y el productor asegura que conoce a buena parte de los responsables: “siempre los mismos, que reinciden sin consecuencias”.

El fenómeno tuvo su pico hace cuatro años, cuando las pérdidas alcanzaron las 400 toneladas de fruta por año. Hoy el volumen es menor, pero la frecuencia se mantiene.

La violencia escaló al punto de que sostener vigilancia privada en determinados sectores resulta inviable. “Ningún obrero se anima a trabajar”, contó Ranger a este medio. Según su relato, los delincuentes ingresan armados y disparan contra quienes intentan frenarlos. “Es tierra de nadie y una anarquía total”, definió.

El propio productor reconoció que hubo períodos en los que el trabajo policial permitió reducir los robos a cero. “Cuando las cosas se hicieron bien, logramos el robo cero. Se logró cuando la Policía hizo las cosas bien”, admitió.

Sin embargo, Ranger cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en la zona. “La Policía agarró a un grupo de ladrones varias veces. Pero la Justicia al otro día los larga”, sostuvo. Mantiene además 15 causas como querellante, todas paralizadas según su testimonio, y presentó 12 prontos despachos para intentar acelerar los expedientes. Existe, además, un oficio judicial emitido hace aproximadamente tres años que ordena a la Policía realizar recorridas en los sectores donde se concentran los robos. “Está todo judicializado, pero nos siguen robando”, señaló.

La inseguridad transformó la estructura productiva de la región. Varios productores vecinos abandonaron el cultivo de cítricos y reconvirtieron sus campos a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos. El establecimiento de Ranger es, en la práctica, el último de su tipo que resiste en el área y emplea a unas 10 familias de la zona.

Pese al desgaste acumulado, el productor aseguró que seguirá denunciando. “Si uno no tiene Justicia ni seguridad jurídica, no puede trabajar”, concluyó.

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado que un hijo no reconocido durante más de tres décadas es hijo biológico de un hombre fallecido en 2021, tras avalar una prueba genética obtenida en circunstancias poco habituales: una empresa de detectives privados recogió saliva del abuelo del demandante sin su consentimiento expreso, después de que este se negara reiteradamente a someterse al análisis. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, desestimó el recurso de apelación presentado por la madre del hombre fallecido y confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia, que había reconocido la filiación paterna del demandante.

El caso se remonta a 1985, cuando Gabriel (nombre ficticio que aparece en la sentencia), de origen gallego pero residente habitual en México junto a sus padres, mantuvo una relación sentimental con Esmeralda, vecina de O Carballiño, en la provincia de Ourense. Ambos formaban parte del mismo grupo de amigos y la relación se formalizó durante las temporadas vacacionales que Gabriel pasaba en la localidad gallega. Fruto de ese vínculo nació Benedicto en 1988. Gabriel nunca se hizo cargo de él ni lo reconoció legalmente. El hombre murió el 14 de febrero de 2021, sin que mediara ningún trámite de reconocimiento de paternidad en vida.

La estrategia para obtener la prueba genética

Ante la imposibilidad de contar con una muestra biológica del propio Gabriel, Benedicto contrató los servicios de Infox Detectives Privados para obtener una prueba directa que acreditara el parentesco. El fallo no detalla los métodos que siguieron para conseguir la saliva. Los investigadores recurrieron entonces al padre de Gabriel, es decir, al abuelo biológico del demandante.

El hombre fue citado en varias ocasiones para someterse voluntariamente a la prueba, pero se negó siempre, alegando un estado de salud precario que, según determinó el tribunal, nunca quedó acreditado de forma documental. Ante esa negativa sin justificación, la empresa de detectives recogió un esputo con bastoncillos y lo remitió al laboratorio Citogen S.L., especializado en análisis genético forense, que conservó la muestra según el protocolo estipulado.

El informe de Citogen, fechado el 21 de diciembre de 2022, concluyó que existía parentesco por vía paterna entre el abuelo y el demandante. Según explicó la perito durante el juicio, el resultado arrojó una razón de verosimilitud de 39.725 a favor de la hipótesis de parentesco, lo que equivale a una probabilidad cercana al 99,9% bajo las condiciones del caso. La especialista precisó que, a partir de un valor superior a 10.000, el estándar forense considera la probabilidad como alta.

Los argumentos de la defensa y la respuesta del tribunal

Benedicto dirigió la demanda contra Esmeralda y contra los herederos de Gabriel. En el procedimiento compareció Bárbara, madre del fallecido, que impugnó la demanda alegando falta de legitimación pasiva, por no ostentar la condición de progenitora en los términos del artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También planteó la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, al considerar que debieron haberse demandado a las tres hijas del fallecido.

La Audiencia Provincial rechazó ambos argumentos. Respecto a la legitimación, los magistrados recordaron que el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en los procesos de filiación, si el presunto progenitor ha fallecido, serán parte demandada sus herederos, concepto que la jurisprudencia interpreta en sentido amplio. Bárbara, como madre del fallecido, ostenta un interés hereditario directo que la convierte en parte legítima.

El tribunal también descartó que faltara algún demandado necesario en el proceso. Según constató, Benedicto había aportado los nombres de las hijas de Gabriel y se intentó localizarlas a través de la Dirección General de la Policía y el Punto Neutro Judicial. Solo al resultar infructuosas esas gestiones, se recurrió al emplazamiento edictal, el mecanismo que permite notificar a una parte cuando se desconoce su domicilio pese a haberlo investigado.

El peso decisivo de la negativa injustificada

En cuanto al fondo del litigio, Bárbara cuestionó también la validez de la prueba biológica, al considerarla obtenida de forma ilegítima. El tribunal sostuvo que la mera negativa a validar la prueba, sin ofrecer ningún tipo de actividad probatoria alternativa ni proponerse a facilitar material genético propio, no puede desvirtuar el resultado del análisis.

La sentencia recordó que hubiera bastado con que el abuelo se prestara voluntariamente a la prueba biológica, para la que fue citado en reiteradas ocasiones, sin que acudiera ni alegara motivos convincentes para rechazarla. Aunque el tribunal aclaró que la sola negativa de un pariente no determina por sí sola la filiación, consideró que, sumada a la prueba genética, la certificación de nacimiento de Benedicto como hijo de madre soltera y los testimonios de su madre y de una testigo directa de la relación, el conjunto probatorio resultaba concluyente.

La Audiencia impuso las costas de la apelación a Bárbara y decretó la pérdida del depósito constituido para recurrir. La resolución ordena remitir el correspondiente mandamiento al Registro Civil de O Carballiño para que se practique la inscripción de la filiación de Benedicto, quien mantendrá los apellidos que utiliza en la actualidad.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la custodia compartida de una niña de cuatro años identificada como Virginia, y rechazó el recurso de apelación interpuesto por su madre, Elena, que pedía revertir ese régimen. La Sección Vigesimocuarta del tribunal dictó la resolución el 23 de julio de 2026.

La decisión ratifica la sentencia de primera instancia del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid, del 14 de octubre de 2025, que fijó la custodia compartida por semanas alternas entre ambos progenitores. Cada uno aportará 250 euros mensuales a una cuenta conjunta para gastos de educación y actividades de la menor.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación de Elena contra la custodia compartida de su hija Virginia. El tribunal no encontró pruebas de que el padre, Jenaro, representara un riesgo real para la niña. El informe psicosocial oficial recomendó ese régimen como el más beneficioso para el desarrollo de la menor, y la propia madre lo había aceptado inicialmente en un convenio notarial de mayo de 2023.

La magistrada añadió, en la sentencia número 361/2026, un elemento que la instancia inferior había omitido: el padre deberá asistir, con la mayor diligencia, a un centro de atención familiar para recibir formación en habilidades parentales, según recomendación del equipo psicosocial.

Los argumentos que el tribunal descartó

Elena sostuvo ante la Audiencia que el padre no era apto para la custodia compartida. Enumeró episodios concretos: que Jenaro no advirtió que la niña tenía escarlatina, que la menor presentó episodios de estreñimiento e incontinencia fecal, que hubo desacuerdos sobre la necesidad de acudir a urgencias y que un detective privado registró al padre conduciendo a 160 kilómetros por hora.

También alegó que los test psicológicos del padre arrojaron puntuaciones bajas en cuidado responsable, empatía y afecto, con un 8 en agresividad y presencia de malestar psicológico, basándose en las conclusiones de la psicóloga de parte Marcelina. El tribunal analizó cada uno de esos argumentos y los descartó uno a uno.

Respecto al informe del detective, el propio investigador aclaró en el juicio que la niña no aparecía en las imágenes tomadas durante la conducción a alta velocidad. En cuanto al episodio del muro, el detective reconoció que el padre estaba al lado de la niña. Sobre el momento en que Jenaro dejó a Virginia sola unos cinco minutos en el coche para buscar a su otro hijo, el detective admitió que no pudo confirmar si la niña quedó sola en la vivienda en otra ocasión, aunque así lo sospechara.

La Audiencia fue terminante: “Ninguna prueba se ha practicado que ponga de manifiesto que la menor se encuentre en riesgo en compañía de su padre.” El elemento que inclinó la balanza fue el informe del equipo psicosocial judicial, cuyas técnicas declararon ante el tribunal y mantuvieron sus conclusiones incluso tras conocer los informes de parte aportados por ambos progenitores.

Las especialistas constataron una vinculación afectiva alta y correcta de Virginia con su padre. Señalaron, como dato llamativo, que padre e hija se comunicaban en valenciano, lo que tomaron como indicador de una relación estrecha. No encontraron diferencias en los estilos educativos de ambos progenitores ni pruebas de maltrato de ningún tipo.

El informe advirtió, además, del riesgo contrario al que planteaba la madre: si no se avanzaba hacia la custodia compartida, la niña podía verse atrapada en un conflicto de lealtades entre sus padres, lo que el tribunal calificó como “tan destructivo para los hijos”.

El acuerdo previo y el régimen vigente

Las técnicas criticaron los informes psicológicos presentados por las partes. El de la madre no examinó al padre ni a la menor. El del padre fue realizado, según las peritas judiciales, demasiado próximo en el tiempo al informe del juzgado, lo que comprometía su validez. Un dato que los cables de agencia habitualmente omiten es que los propios litigantes habían pactado en un convenio firmado ante notario el 12 de mayo de 2023 que la custodia compartida se activaría cuando Virginia cumpliera tres años. La niña nació en 2021.

Ese convenio no establecía cómo debía funcionar en la práctica el régimen compartido. Elena argumentó en el recurso que las circunstancias posteriores hacían desaconsejable aplicarlo. La Audiencia no lo consideró suficiente para ignorar el acuerdo previo ni para apartarse de las conclusiones del equipo psicosocial. El tribunal destacó, además, que Jenaro ejerce la custodia compartida de otro hijo de una relación anterior, nacido en 2014, y que la madre de ese niño declaró en el proceso que el padre cumple esa función de forma muy satisfactoria.

El sistema de custodia compartida está vigente desde el 2 de marzo de 2026. Virginia alterna semanas enteras con cada progenitor durante los períodos lectivos. El cambio se produce los lunes a la salida del colegio. El progenitor que no tiene la semana puede ver a la niña los miércoles desde que termina el colegio hasta el jueves por la mañana, cuando la lleva de vuelta al centro escolar.

La circunstancia geográfica facilita el modelo: los domicilios de ambos progenitores se encuentran a unos 300 metros de distancia, y el colegio de Virginia está a menos de 15 minutos a pie desde cualquiera de las dos casas. Las vacaciones escolares se dividen por mitades. En las de verano, hasta que la niña cumpla 12 años, el período se fracciona en seis tramos que los padres disfrutan de forma alterna. La elección del turno preferente corresponde al padre en los años pares y a la madre en los impares.

Elena también recurrió la parte económica. Con ingresos medios de 2.576 euros mensuales frente a los 2.528 euros del padre, la diferencia es marginal. La madre argumentó que su situación era peor porque paga un alquiler de 1.200 euros mensuales, mientras que Jenaro vive en un inmueble de su propiedad.

La Audiencia rechazó ese razonamiento. El tribunal señaló que la propiedad también genera gastos elevados en impuestos y mantenimiento, y que el padre asume además los costes de crianza de su otro hijo. Ante la falta de prueba de un desequilibrio económico real, el tribunal confirmó la contribución de 250 euros mensuales por cada progenitor a la cuenta conjunta, con actualización anual según el Índice de Precios al Consumo a partir del 1 de enero de 2027.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha confirmado que el BBVA no debe responder por 96.504,64 euros que un matrimonio entregó como anticipo para la compra de una vivienda en construcción en República Dominicana. La entidad bancaria recibió parte de ese dinero en una cuenta de la empresa promotora, pero los jueces determinaron que no existían elementos para que el banco supiera que se trataba de fondos destinados a una operación inmobiliaria.

Jerónimo y Ramona, los compradores (y nombres ficticios que aparecen en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae), firmaron un contrato de compraventa con la promotora Paraíso Tropical SA para adquirir una vivienda sobre plano en un complejo turístico dominicano. El acuerdo se formalizó en ese país y establecía de forma expresa que se regiría por el derecho dominicano. Como parte del pago, realizaron dos transferencias bancarias: una llegó a la entidad Lloyds y la otra, por el importe mencionado, se depositó en una cuenta que la promotora mantenía abierta en el BBVA.

Por qué demandaron al banco y no solo a la promotora

El matrimonio no dirigió su reclamo únicamente contra la empresa constructora, sino también contra el banco español. Su argumento se basó en la Ley 57/1968, una norma que obliga a las entidades financieras a exigir garantías, como un aval o un seguro, cuando reciben anticipos destinados a la compra de viviendas en construcción. Según los demandantes, el BBVA incumplió ese deber y, por tanto, debía responder con su propio patrimonio ante la eventual pérdida del dinero.

El BBVA, por su parte, sostuvo en primer lugar que el caso ni siquiera debía regirse por la legislación española, dado que el contrato se firmó en territorio dominicano y las partes se sometieron a esas leyes. Este planteamiento fue rechazado tanto en primera instancia como en la apelación: los magistrados consideraron que la responsabilidad que se exige al banco no nace del contrato de compraventa, del cual la entidad es ajena, sino de una obligación legal propia, vinculada al hecho de haber recibido el depósito en España. Por ese motivo, concluyeron que sí correspondía aplicar la normativa española al analizar la actuación del banco.

Pese a aceptar que la ley española era la aplicable, el tribunal determinó que el BBVA no tuvo, ni pudo razonablemente tener, conocimiento de que la transferencia recibida correspondía a un anticipo para la compra de una vivienda. La resolución destaca que la operación no incluía ningún concepto o referencia que vinculara el pago con la promoción inmobiliaria, y que la cuenta de la promotora registraba múltiples movimientos de naturaleza diversa, sin relación aparente con la venta de inmuebles.

Los jueces se apoyaron en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que ha rechazado de forma reiterada que se imponga a los bancos “un escrutinio inquisitivo” sobre cualquier ingreso recibido en las cuentas de sus clientes promotores. Según ese criterio, la responsabilidad prevista en la Ley 57/1968 no puede extenderse hasta convertir a la entidad financiera en fiscalizadora de cada transacción, salvo que existan indicios claros del destino de los fondos.

Un caso con precedentes en la misma promoción

La sentencia no es un caso aislado. La Sección Quinta de la misma Audiencia ya había resuelto un litigio idéntico, vinculado a la misma promoción inmobiliaria en República Dominicana, con otro comprador como demandante. En aquella ocasión también se eximió al banco de responsabilidad por los mismos motivos.

Con este fallo, la Sala desestimó de forma íntegra tanto el recurso de apelación del matrimonio como la impugnación presentada por el BBVA, y confirmó la sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de Bilbao en marzo de 2024. Cada parte deberá hacerse cargo de sus propias costas judiciales. Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, previa constitución de un depósito de 50 euros.

El expresidente de la Generalitat ha evitado confirmar si regresará a España en una declaración institucional pronunciada este martes desde Waterloo, Bélgica. El dirigente de Junts ha sostenido que la decisión pone fin a una etapa de “represión política”.

La resolución del Constitucional avala la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación de los dirigentes del procés y obliga al Supremo a ajustar sus decisiones al fallo.

La amnistía no resuelve el conflicto político

“La decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional derrota la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido o han demorado la aplicación de la ley de Amnistía por razones estrictamente políticas. Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley vigente desde hace dos años y cuatro meses. Hasta aquí ha llegado la orden dada por Aznar de poner palos en las ruedas. ‘El que pueda hacer, que haga’ ya no da para más.”

El líder de Junts ha rechazado que el pronunciamiento judicial resuelva el conflicto político entre Cataluña y el resto de España. “La amnistía forma parte de la fórmula para la solución del conflicto histórico que existe entre Catalunya y España, pero la amnistía no es en sí misma su solución”, ha afirmado.

Durante su comparecencia en la llamada Casa de la República, junto a Comín y Puig, ha reivindicado el “carácter irrenunciable del derecho a la autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico” cuando se hayan agotado las vías de solución negociada.

Puigdemont ha defendido los resultados de la estrategia iniciada hace nueve años y ha presentado la salida a Bélgica como una actuación para proteger las instituciones. “No fuimos al exilio a defender nuestros partidos políticos, sino las instituciones amenazadas por el 155 y por la represión política y policial”.

El expresidente ha asegurado que la situación ha tenido consecuencias para los proyectos políticos de los dirigentes independentistas que permanecieron en el extranjero. Ha señalado que no pudieron ocupar escaños y que afrontaron campañas en una “grave anormalidad”, circunstancias a las que ha atribuido efectos electorales.

También ha subrayado la dimensión personal de la decisión judicial para sus familias, amigos y voluntarios. Según ha explicado, esas personas les proporcionaron una seguridad que, a su juicio, ni el Estado ni la Generalitat les aportaron.

El regreso, sin fecha definida

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, por siete votos frente a cinco, el recurso de amparo de la exconsejera catalana Dolors Bassa y ha ordenado que el Tribunal Supremo dicte con carácter preferente y urgente una nueva resolución que declare amnistiado el delito de malversación.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto de forma inmediata la orden nacional de busca, captura y detención de Puigdemont. El expresidente catalán ha dicho que él y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig regresarán “de la misma manera”, aunque no ha concretado la fecha de ese retorno.

Puigdemont llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.

Desde entonces permanecía fuera de España, salvo por su breve aparición en Barcelona en agosto de 2024, cuando intervino cerca del Parlamento de Cataluña durante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

El Tribunal Supremo ha dado a las partes personadas en los procedimientos sobre los efectos electorales de la llamada ‘ley de nietos’ un plazo de 48 horas para pronunciarse sobre la situación de los nacionalizados por esta vía ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo fija como límite las 15.00 horas del jueves 8 de octubre, en un trámite acelerado por la convocatoria de los comicios y que afecta tanto a quienes ya figuran en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a quienes todavía no han sido inscritos.

Las dos providencias, dictadas este martes por la Sección Cuarta de la Sala Tercera, responden a los escritos presentados el lunes por Iustitia Europa y Vox después de que el Gobierno convocara oficialmente las elecciones generales. Los dos partidos tienen recurridas ante el Supremo las actuaciones de la Junta Electoral Central relacionadas con las altas en el CERA derivadas de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Ahora, el tribunal incorpora la celebración de las elecciones del 29-N al procedimiento y da traslado de los escritos al resto de las partes para que formulen las alegaciones que consideren oportunas. La Sala les pide, además, que extiendan esas alegaciones al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante el derecho de opción previsto en esa disposición de la Ley 20/2022.

El plazo es especialmente corto: las partes deberán presentar sus alegaciones en 48 horas y, en cualquier caso, antes de las tres de la tarde del jueves. Una vez recibidas, el Supremo deberá abordar las cuestiones planteadas en estos nuevos escritos en un procedimiento en el que está pendiente de resolver el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas en septiembre.

Un plazo exprés ante unas elecciones ya convocadas

El adelanto electoral ha cambiado los tiempos de una causa que hasta ahora se estaba desarrollando sin unos comicios generales concretos en el horizonte. El 29 de noviembre habrá elecciones y el censo que se utilizará para esos comicios quedó cerrado el 1 de agosto, un mes antes de que el Supremo adoptara sus medidas cautelares.

Precisamente esta circunstancia es la que ha llevado a Iustitia Europa a acudir de nuevo al Alto Tribunal. El partido presentó el lunes un escrito urgente en el que advertía de que el censo electoral de las elecciones ya estaba cerrado y reclamaba que se concretara cómo debían ejecutarse las medidas acordadas por el Supremo el pasado mes de septiembre. La formación sostiene que permitir que produzcan efectos electorales inscripciones afectadas por la suspensión cautelar podría comprometer las garantías del proceso. Vox, por su parte, también presentó un escrito ante el Supremo tras la convocatoria de las elecciones. Las dos iniciativas han desembocado en las providencias dictadas este martes.

La cuestión de fondo no es la validez de las nacionalidades concedidas al amparo de la llamada ‘ley de nietos’. Lo que está en discusión ante el Supremo son sus efectos en el censo electoral y, en particular, las condiciones en las que determinadas personas nacionalizadas mediante esta vía pueden ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero.

La Sala ya estableció en septiembre una serie de medidas cautelares después de estudiar los recursos de Iustitia Europa y Vox contra un acuerdo de la Junta Electoral Central. El tribunal consideró entonces que existía un riesgo que justificaba actuar antes de resolver definitivamente el fondo del litigio. En concreto, el Supremo acordó suspender determinados efectos electorales de las inscripciones en el CERA vinculadas a la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La decisión distinguía entre quienes ya estaban inscritos en el censo exterior y quienes todavía no habían completado su inscripción.

El PP, que lidera la acusación popular en el ‘caso Leire Díez’, ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite al PSOE como persona jurídica investigada por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. La solicitud se produce después de las últimas diligencias practicadas en la causa y de las declaraciones de dirigentes y trabajadores del partido, que, según la acusación, habrían confirmado que la formación sufragó gastos relacionados con la presunta organización investigada.

El escrito, presentado este 6 de octubre y al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que existen “sólidos indicios” de que la organización investigada utilizó medios operativos, logísticos y financieros del PSOE para sufragar los gastos derivados de sus actividades. La acusación atribuye esa utilización de los recursos del partido a Santos Cerdán, que habría actuado en su condición de secretario de Organización.

La iniciativa llega después de que el juez Pedraz haya ido estrechando el cerco sobre la financiación de las actividades investigadas. En junio, el magistrado reclamó los movimientos de varias cuentas del PSOE y del PSC correspondientes a 2024 y 2025 a petición de la UCO, dentro de las pesquisas sobre los pagos realizados a personas vinculadas a la causa. Además, en julio abrió una pieza separada económica para investigar específicamente determinados pagos y autorizó nuevas diligencias bancarias.

La UCO ya había señalado en uno de sus informes que el dinero utilizado para sufragar gastos de la trama, así como determinadas necesidades logísticas y de personal, procedía del PSOE y que los pagos de los que había podido obtener elementos de corroboración habían sido autorizados u ordenados por Cerdán. Entre las cantidades analizadas figuraban pagos relacionados con Leire Díez, 125.000 euros abonados al abogado Jacobo Teijelo y alrededor de 20.000 euros destinados a Crónica Libre.

Los pagos a Leire Díez y el papel de Cerdán

El escrito presentado por el PP se apoya precisamente en esos indicios para sostener que la eventual responsabilidad no debe limitarse a las personas físicas investigadas, sino que debe analizarse también la actuación del PSOE como persona jurídica.

La acusación recuerda que Ana María Fuentes Pacheco, gerente federal del PSOE y responsable de la oficina de cumplimiento normativo durante el periodo investigado, declaró como investigada ante Pedraz. También menciona las declaraciones de la presidenta del partido, Cristina Narbona, y de dos trabajadoras de la Secretaría de Organización que comparecieron como testigos. Según el escrito, sus testimonios habrían confirmado que el PSOE asumió gastos relacionados con la organización investigada por indicación de Cerdán.

En el caso de Leire Díez, la acusación detalla el sistema utilizado para canalizar algunos de los pagos. Según su versión, el PSOE abonó a través de la sociedad Zaño Sociedad Consultora cuatro facturas de 7.500 euros más IVA entre agosto y noviembre de 2024, mientras que la empresa pagó a Díez cuatro mensualidades de 4.000 euros netos. El escrito sostiene que el coste total de esa contratación era asumido por el partido.

La UCO ya había puesto el foco en esta operativa y en otra posterior mediante sociedades vinculadas al abogado Ismael Oliver. En enero de 2025, según el documento aportado por la acusación, Díez recibió 27.225 euros de Oliver Gruppe y posteriormente el PSOE habría reembolsado esa cantidad a través de otra sociedad. Para la acusación, estas operaciones permitían ocultar la relación económica directa entre el partido y Díez.

El escrito sostiene además que se confeccionaron documentos para dotar de apariencia legal a determinados pagos. En uno de los casos, la nota de encargo profesional fue firmada por Ana María Fuentes en representación del PSOE y fechada en septiembre de 2024, aunque la supuesta relación jurídica no se habría formalizado hasta febrero de 2025.

La propia gerente, sin embargo, situó en su declaración la responsabilidad de estas contrataciones en la Secretaría de Organización dirigida por Cerdán. Fuentes aseguró que era Cerdán quien ordenaba los encargos y confirmaba posteriormente que los servicios se habían prestado antes de ejecutar los pagos.

El escrito del PP también recoge gastos de desplazamiento y otros servicios logísticos sufragados por el partido. La acusación señala que el PSOE habría pagado vuelos, trenes, alquileres de vehículos y otros gastos de Díez y de personas vinculadas a la organización. También apunta que la exmilitante acudió en 22 ocasiones a la sede socialista de Ferraz, 18 de ellas para reunirse con Cerdán.

El dinero a Teijelo y el pago a Crónica Libre

Otro de los elementos que utiliza el PP para reclamar la investigación del PSOE como persona jurídica son los pagos al abogado Jacobo Teijelo. La acusación sostiene que el partido abonó 125.000 euros al letrado, investigado en la misma causa y al que el juez habría situado como responsable de una de las líneas de actuación de la organización, relacionada con los hidrocarburos. La UCO había identificado al menos tres facturas por ese importe y señaló que dos de ellas, de 26.500 euros cada una, no figuraban entre la documentación inicialmente aportada por el PSOE. Teijelo defendió ante el juez que el partido le había contratado para analizar la viabilidad de determinados procedimientos.

La otra pata de la petición afecta a Crónica Libre, medio relacionado con la investigación sobre Díez. El escrito atribuye al PSOE un pago de unos 20.000 euros mediante una campaña publicitaria durante las elecciones europeas de 2024 y sostiene que esa contratación no respondía a una finalidad publicitaria ordinaria. La cuestión ya había sido objeto de nuevas diligencias. En septiembre, una trabajadora de la agencia que gestionó la campaña declaró ante la UCO que la contratación de Crónica Libre no estaba justificada por su “escaso impacto o incidencia” y que la agencia no habría recomendado ese soporte. Otra testigo señaló que el PSOE llegó a plantear incrementar en 5.000 euros la cantidad destinada al medio, aunque finalmente no se ejecutó ese aumento.

La documentación incorporada a la causa recoge que la campaña terminó suponiendo un pago de 18.125,80 euros, IVA incluido, aunque el presupuesto inicial asignado era de 20.000 euros. La Fiscalía Europea llegó a solicitar información al juez para determinar si estos fondos podían afectar a intereses financieros de la Unión Europea.

La acusación popular sostiene ahora que ese dinero pudo estar relacionado con la financiación de las actividades de la organización investigada y reclama que se analice su encaje en los delitos de blanqueo, financiación ilegal y malversación. En concreto, el escrito considera que los indicios permitirían atribuir al PSOE los delitos de cohecho y tráfico de influencias y extender la investigación a blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación por los fondos destinados a Crónica Libre. La acusación recuerda que el artículo 31 bis del Código Penal permite exigir responsabilidad penal a una persona jurídica cuando concurren determinados requisitos, entre ellos que el delito sea cometido por representantes o personas con facultades de organización y control, en nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio, y que no existieran medidas de control eficaces.

Carles Puigdemont ya puede volver a España sin ser detenido por la causa del ‘procés’. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto este martes la orden nacional de busca, captura y detención que mantenía contra el expresident desde julio de 2024, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el recurso de amparo de Dolors Bassa contra la negativa a aplicarle la amnistía por el delito de malversación.

La decisión tiene efecto inmediato. Si Puigdemont regresara ahora a España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrían detenerle en virtud de la orden dictada por Llarena en esta causa. El magistrado ha ordenado comunicar el levantamiento a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades que hubieran recibido la orden para que se abstengan de ejecutarla.

El paso dado por el Supremo llega después de que el Constitucional haya estimado el recurso de Bassa y considera que ese pronunciamiento puede afectar directamente al fundamento jurídico de la orden que pesa sobre Puigdemont. Llarena aprecia una “coincidencia sustancial” entre los hechos y la cuestión jurídica examinada por el tribunal de garantías en el caso de la exconsellera y los que afectan al expresident.

El escenario cambia así de manera sustancial para Puigdemont. Hasta ahora, la orden nacional de detención constituía uno de los principales obstáculos judiciales para su regreso a España. Desde este martes, esa orden queda sin efecto.

El Supremo abre la puerta al regreso mientras estudia el fallo del Constitucional

La decisión de Llarena se produce después de una larga disputa judicial sobre si la malversación atribuida a los dirigentes del ‘procés’ podía quedar cubierta por la Ley de Amnistía. El juez del Supremo había rechazado en julio de 2024 aplicar la amnistía a los hechos que sustentaban la responsabilidad penal de Puigdemont y había mantenido la orden nacional de detención contra él por su presunta responsabilidad en un delito de malversación de caudales públicos.

El Constitucional ha entrado ahora en esa batalla jurídica al estimar el recurso de amparo de Bassa, y el pronunciamiento puede tener consecuencias para quienes se encontraban en una situación procesal similar. Llarena considera que la nueva resolución constitucional introduce una circunstancia que obliga a revisar de inmediato la ejecución de las órdenes.

El magistrado todavía no dispone, sin embargo, del texto íntegro de la sentencia del Constitucional. Por eso no adopta todavía una decisión definitiva sobre la situación penal de Puigdemont. El auto señala que necesita conocer el contenido completo del fallo para determinar exactamente cuál es su alcance y qué consecuencias debe producir en la causa del ‘procés’.

Llarena utiliza para ello la facultad que le concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar las medidas personales durante la tramitación de una causa. El juez considera que mantener activa la orden de detención mientras estudia la sentencia del Constitucional podría provocar una privación de libertad que posteriormente se revelase improcedente.

El juez apela al derecho a la libertad reconocido en la Constitución y a la necesidad de que cualquier medida de privación de libertad esté justificada. En estas circunstancias, considera que no resulta proporcionado ejecutar una orden cuya base jurídica puede verse afectada por una sentencia constitucional que todavía no ha podido estudiar en su totalidad.

Puigdemont, Comín y Puig quedan sin las órdenes nacionales

El levantamiento alcanza también a Antoni Comín y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de busca, captura y detención quedan igualmente sin efecto de manera provisional. Los tres estaban sujetos a las órdenes que Llarena había mantenido en su resolución de julio de 2024 por la causa de la malversación. Pero el efecto político y judicial más relevante se concentra en Puigdemont, cuya posible vuelta a España llevaba años condicionada por la orden de detención del Supremo. Ahora, esa barrera desaparece temporalmente.

Llarena deja claro, no obstante, que levantar la orden de detención no equivale a amnistiar a Puigdemont. El auto precisa que la decisión no declara aplicable la Ley de Amnistía, no extingue la responsabilidad penal y tampoco resuelve las demás cuestiones que permanecen pendientes.

Carles Puigdemont podría volver a España antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar la malversación del ‘procés’ despeja el principal obstáculo que todavía impedía el regreso del expresident: la orden nacional de detención que mantiene vigente el juez Pablo Llarena. El fallo del tribunal de garantías no levanta directamente esa orden, pero fija una doctrina vinculante que obliga al Supremo a revisar el criterio con el que hasta ahora había dejado fuera de la amnistía los delitos de malversación y permite al instructor aplicar el perdón a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

La secuencia que queda por completar es, por tanto, esencialmente judicial. El Constitucional ha establecido que la interpretación realizada por la Sala de lo Penal del Supremo sobre la malversación no se ajusta a la Ley de Amnistía. Esa resolución debe ser trasladada ahora al Alto Tribunal, que tendrá que aplicar la doctrina a los dirigentes del ‘procés’ que todavía tienen pendiente la situación de este delito. En el caso de Puigdemont, la consecuencia práctica será la revisión de la orden de detención que le impide regresar a España sin riesgo de ser arrestado.

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El Supremo ya había anticipado que ese sería el recorrido. El pasado septiembre, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario, Llarena rechazó aplicar todavía el perdón a Puigdemont y a Comín por la malversación. El juez mantuvo entonces el argumento que había utilizado el Supremo para excluir este delito: que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial al financiar con fondos públicos el referéndum del 1 de octubre, al evitar asumir personalmente unos gastos que correspondían a la organización del proceso.

Llarena dejó así pendiente la cuestión a la espera de que el Constitucional se pronunciara sobre el fondo del problema. Ahora que el tribunal de garantías ha fijado una doctrina favorable a la amnistía de la malversación, ese argumento pierde el sustento jurídico que mantenía abierta la orden de detención. El resultado es que Puigdemont queda a un paso de poder regresar a Cataluña. Y el calendario hace que ese paso pueda producirse antes de que los españoles acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre.

El camino que queda hasta el regreso

La decisión del Constitucional resuelve formalmente el recurso de amparo de Dolors Bassa, pero sus efectos alcanzan a todos los procedimientos en los que se planteaba la misma cuestión. La exconsellera, como otros dirigentes condenados por el ‘procés’, recurrió la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la malversación. Su caso ha servido al tribunal de garantías para fijar la doctrina que ahora deberá trasladarse al resto de causas.

Puigdemont se encuentra en una situación procesal diferente porque nunca llegó a ser juzgado. El expresident huyó de España a finales de octubre de 2017 y permanece procesado por los delitos de desobediencia y malversación. Desde entonces pesa sobre él una orden nacional de detención dictada por Llarena, que impide que pueda regresar sin exponerse a ser arrestado y puesto a disposición judicial.

La Ley de Amnistía resolvió buena parte de las consecuencias penales del ‘procés’, pero dejó abierta precisamente esta cuestión. El Supremo consideró que la malversación no podía ser amnistiada en aquellos casos en los que los responsables hubieran obtenido un beneficio patrimonial. Esa interpretación permitió mantener viva la causa contra Puigdemont y, con ella, la orden de detención.

El Constitucional ha corregido ahora ese criterio. La sentencia sostiene que el Supremo realizó una interpretación extensiva de la excepción prevista en la ley y que no puede identificarse automáticamente el ahorro de un gasto con el enriquecimiento personal que la norma excluye de la amnistía. La distinción es determinante para Puigdemont. Si la utilización de fondos públicos para financiar el referéndum no puede considerarse por sí misma un enriquecimiento patrimonial personal a efectos de la excepción de la Ley de Amnistía, desaparece el motivo que había permitido al Supremo mantener la malversación fuera del perdón.

El Constitucional considera además que la decisión del Supremo vació de contenido la propia norma aprobada por las Cortes. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido que la interpretación realizada por la Sala Penal era contraria al espíritu y a la finalidad de la ley, que perseguía la normalización de la situación política en Cataluña. El tribunal de garantías fija así una doctrina que será vinculante para los jueces y tribunales que tengan que resolver sobre la aplicación de la amnistía. Y ahí es donde entra de nuevo Llarena.

El juez del Supremo no tendrá que esperar necesariamente a que el Constitucional resuelva uno por uno todos los recursos de amparo presentados por los dirigentes del ‘procés’. La sentencia dictada sobre Bassa fija el criterio jurídico sobre la cuestión que impedía aplicar la amnistía a la malversación. Una vez recibida y notificada formalmente, Llarena podrá trasladar esa doctrina al procedimiento de Puigdemont y decidir el levantamiento de la orden nacional de detención. La previsión sería aplicar la doctrina del Constitucional al expresident y a los otros dos dirigentes que permanecen fuera de España, Toni Comín y Lluís Puig, sin necesidad de esperar a que el tribunal de garantías dicte una resolución específica sobre cada uno de sus recursos.

La vuelta, en plena campaña electoral

El calendario convierte la decisión judicial en una carrera contra el 29-N. El Constitucional ha resuelto el último gran obstáculo que mantenía bloqueada la aplicación de la amnistía a la malversación y el Supremo ya ha dejado claro que espera ese pronunciamiento para revisar la situación de Puigdemont. La distancia entre una cosa y otra es ahora mucho menor que hace apenas unas semanas.

Pedro Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La convocatoria coloca el eventual regreso de Puigdemont en plena precampaña y campaña electoral. Si Llarena levanta la orden de detención una vez recibida la sentencia del Constitucional, el expresident podrá volver a España después de casi nueve años fuera del país y hacerlo antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Su vuelta coincidiría además con una campaña electoral en la que Junts volverá a concurrir a las urnas con su líder fuera de España convertido durante todos estos años en uno de los principales protagonistas de la política catalana. La diferencia esta vez es que, cuando comience la campaña, Puigdemont podría estar ya de vuelta en Cataluña y participar activamente en la campaña.

La investigación judicial sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha dado un nuevo paso. La jueza María Tardón asegura que las diligencias practicadas hasta ahora han dejado “algunos indicios” sobre la posible implicación de personas que podrían ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas y sobre la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. Ante el riesgo de que esas conexiones puedan interferir en las pesquisas, la magistrada ha decidido reforzar el secreto de la causa y aislar funcionalmente a los agentes que participan en ella: a partir de ahora, deberán trasladar la información directamente al juzgado y a la Fiscalía, sin comunicarla a sus propios mandos orgánicos.

Así consta en un auto fechado el 29 de septiembre al que ha tenido acceso Infobae, en el que la jueza Tardón justifica la adopción de estas medidas por la especial sensibilidad de una investigación que, según señala, presenta posibles ramificaciones internacionales y en la que participan personas todavía no identificadas. La magistrada subraya que no se trata de un fenómeno migratorio espontáneo o meramente coyuntural, sino de unos hechos sobre los que existen indicios de “planificación, organización y coordinación”, con distintos niveles de actuación y una posible estructura de dirección cuya ubicación y composición siguen sin determinarse.

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Las actuaciones relacionadas con varias de las diligencias que ya había ordenado pasan a tramitarse dentro de una pieza separada secreta de investigación reservada. La magistrada argumenta que la publicidad de esas pesquisas podría facilitar la destrucción u ocultación de pruebas, la alteración de evidencias digitales, la coordinación de versiones entre quienes eventualmente pudieran ser investigados o incluso la evasión de posibles responsables.

Los policías tendrán que informar directamente a la jueza

La medida más llamativa afecta a la propia cadena de mando de los investigadores. La jueza Tardón recuerda en su resolución que, aunque los agentes mantienen su dependencia orgánica habitual, cuando actúan como Policía Judicial en una investigación concreta están sometidos funcionalmente a las instrucciones del juez o de la Fiscalía.

En este caso, la magistrada lleva esa separación un paso más allá. Ordena que cualquier información obtenida durante las diligencias sea comunicada exclusivamente al órgano judicial y al Ministerio Fiscal y que los agentes se abstengan de trasladar el contenido, desarrollo o resultado de sus investigaciones a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a la causa, incluidos sus propios superiores orgánicos.

La decisión está directamente relacionada con el temor expresado por Tardón a que existan interferencias externas. En el auto, la jueza explica que las diligencias realizadas hasta el momento apuntan a la posible implicación de personas con altas responsabilidades públicas y a relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros. “Lo que incrementa el riesgo de interferencias externas”, concluye la magistrada.

La resolución llega después de que Tardón ordenara en septiembre una batería de diligencias destinadas a reconstruir cómo se organizó la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, la investigación ha puesto el foco en los dinamizadores que actuaron a través de redes sociales, en quienes estuvieron sobre el terreno y en la posible existencia de una estructura superior capaz de coordinar la movilización.

La jueza busca quién está detrás de la movilización

La investigación no se limita a identificar a quienes participaron en la movilización o difundieron los mensajes que la alentaron. Tardón quiere reconstruir quién pudo estar detrás de su planificación y coordinación. Para ello, ha pedido a Policía, Guardia Civil, CNI y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que determinen qué personas, grupos u organizaciones tenían capacidad para organizar una movilización de esas dimensiones y quién pudo diseñarla.

La magistrada quiere además reconstruir la conexión entre los distintos niveles que aparecen en la investigación: los dinamizadores digitales, los organizadores que actuaron sobre el terreno y las posibles estructuras superiores. Es decir, trata de averiguar si detrás de quienes movilizaron a los participantes existía una estructura de dirección y quién podía encontrarse por encima de ellos.

En esa misma línea, la jueza ha ordenado analizar las similitudes entre las entradas masivas, saltos o avalanchas registrados en Ceuta en 2021, 2024 y 2026, así como los posibles vínculos entre esos episodios.

El Tribunal Supremo ha rechazado decidir si el ‘caso Montoro’ debe seguir investigándose en Tarragona o trasladarse a Madrid y ha devuelto la decisión a la Audiencia Provincial de Tarragona. En la resolución, a la que ha accedido Infobae, la Sala de lo Penal concluye que no le corresponde resolver la reclamación presentada por Equipo Económico y Manos Limpias porque no existe una disputa formal entre dos órganos judiciales de distintas comunidades autónomas. La decisión deja de nuevo en manos de la Audiencia tarraconense una cuestión que esta había enviado al Supremo hace apenas dos semanas.

La resolución, dictada el pasado 1 de octubre y con Carmen Lamela como ponente, da así la vuelta al recorrido que había seguido la controversia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona había decidido el 21 de septiembre no pronunciarse sobre la petición de las defensas para que la investigación abandonase Cataluña y pasase a Madrid. Entendió entonces que la cuestión debía resolverla el Tribunal Supremo, al tratarse, a su juicio, de una disputa entre órganos de instrucción de dos territorios diferentes.

El Supremo no comparte esa interpretación. Para la Sala de lo Penal, el problema es que no hay dos juzgados enfrentados por quedarse con la causa. El procedimiento continúa en Tarragona y ningún órgano judicial madrileño ha reclamado su competencia. Lo que han hecho las partes es pedir que la investigación sea trasladada a Madrid.

El Supremo devuelve así el asunto al punto de partida. La razón está en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que recurrieron las partes para cuestionar la competencia territorial del juez instructor. Según el Supremo, esa reclamación corresponde a la Audiencia Provincial de Tarragona “en su condición de tribunal superior del órgano instructor”. “La pretensión de las partes de atribuir la instrucción a un órgano judicial de otro territorio no constituye, por sí sola, una cuestión de competencia entre órganos judiciales”, afirma el auto.

La disputa por la sede de la investigación viene de lejos. Las defensas llevan meses intentando que el procedimiento pase a Madrid y cuestionando que el juez de Tarragona pueda continuar al frente de las diligencias. El argumento principal es que el núcleo de los hechos investigados se encuentra en la capital: allí tiene su sede Equipo Económico, allí está el Ministerio de Hacienda y allí se habrían producido buena parte de las reuniones, contactos y actuaciones relacionadas con las decisiones que se investigan.

La Fiscalía y las acusaciones, en cambio, se han opuesto al traslado y han defendido que el procedimiento continúe en Tarragona.

Una investigación que arrancó en Tarragona en 2018

El ‘caso Montoro’ se inició en 2018 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona y permaneció bajo secreto durante años. La investigación se centra en las relaciones entre el despacho Equipo Económico y varias empresas del sector de los gases industriales y medicinales, y trata de determinar si se utilizaron contactos con el Ministerio de Hacienda para impulsar cambios legislativos favorables a determinadas compañías.

La tesis que se investiga es que las empresas habrían recurrido a Equipo Económico para conseguir modificaciones normativas que beneficiaran sus intereses y que esas actuaciones pudieron estar relacionadas con decisiones adoptadas durante la etapa de Montoro al frente de Hacienda. El exministro, que figura entre los investigados, ha defendido que abandonó Equipo Económico antes de incorporarse al Gobierno y ha negado haber participado en las irregularidades que se investigan.

La causa se encuentra todavía en fase de instrucción y tiene pendientes distintas diligencias. Entre ellas figura la declaración de varios de los principales investigados. La investigación también se ha ido ampliando con el análisis de documentación y de las relaciones entre las sociedades y personas que aparecen en las actuaciones.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para el ámbito jurídico. Resumir expedientes, rastrear antecedentes o redactar un escrito en minutos ya forma parte de la rutina de muchos estudios.

Por otro lado, las grandes tecnológicas también miran hacia ese mercado. A fines de agosto, Google presentó Gemini Enterprise for Legal, un conjunto de herramientas pensado para bufetes que promete automatizar tareas administrativas y funciones especializadas.

Sin embargo, esas soluciones apuntan sobre todo a firmas internacionales como Freshfields o Cleary Gottlieb. La pregunta es qué ocurre con el abogado independiente o el estudio pequeño del interior argentino, que maneja sus causas entre agendas de papel, planillas y mensajes de WhatsApp.

Un estudio jurídico en la nube

En ese contexto surgió MIABOGADO.com.ar, una plataforma argentina que reúne en un solo entorno digital la captación de clientes, la gestión de causas y herramientas de asistencia automatizada. Su lema lo resume: más que otra IA para abogados, pretende ser el estudio jurídico en la nube.

Según Ernesto Clavijo, su CEO, el diferencial no está en redactar escritos, algo que ya hacen muchos sistemas. La apuesta consiste en integrar todo el circuito profesional: desde el primer contacto con un cliente hasta el seguimiento diario del expediente.

El proyecto nació de una necesidad concreta: acercar a quien tiene un problema legal con el especialista adecuado según materia y jurisdicción. Durante el desarrollo, sus creadores advirtieron que gran parte de los letrados todavía administra su trabajo con herramientas desconectadas entre sí.

En la práctica, cualquier abogado del país puede registrarse y ofrecer sus servicios sin costo. El usuario, en tanto, ingresa a la aplicación, consulta a la IA para orientarse y elige un profesional por especialidad y provincia.

Para las personas que buscan asesoramiento, el uso es gratuito en todos los casos. Los letrados, por su parte, solo pagan una suscripción si toman una causa originada en la plataforma, ya que esos asuntos deben gestionarse desde el Escritorio Virtual.

Herramientas para el trabajo cotidiano

El escritorio virtual concentra la administración de clientes, expedientes, trámites, documentación, audiencias y vencimientos. Funciona desde una computadora o un celular, de modo que un estudio chico accede a recursos propios de estructuras mucho más grandes.

Uno de sus componentes centrales es una agenda inteligente que envía recordatorios y alertas, incluso por WhatsApp. En la abogacía, olvidar una reunión resulta molesto; pasar por alto un plazo procesal puede tener consecuencias graves.

A eso se suma un asistente de IA orientado al derecho argentino. Colabora en la redacción de demandas, contestaciones, recursos, oficios, cédulas y cartas documento, en español o inglés, y también sugiere estrategias y prepara preguntas para testigos y peritos.

Frente al riesgo de las llamadas alucinaciones, la plataforma apunta a que cada respuesta indique sus fuentes para que el abogado pueda verificarlas. “La última palabra siempre tiene que ser del profesional”, sostiene Clavijo.

Por otro lado, pocas escenas son tan habituales en un estudio como el llamado de alguien que pregunta qué pasó con su juicio. La plataforma busca resolverlo: cada movimiento que el abogado carga queda visible en la app y genera un aviso por WhatsApp.

Este servicio tampoco tiene costo para el usuario y está disponible las 24 horas, todos los días del año. Así, el vínculo gana transparencia y el estudio se libera de consultas repetitivas. Lejos de enfriar la relación, Clavijo sostiene que la tecnología devuelve tiempo. Ese margen puede destinarse a escuchar, analizar el caso, negociar y definir una estrategia.

Una red federal de abogados

Argentina es un país extenso, y un abogado sanjuanino puede necesitar iniciar una causa en Córdoba, Mendoza o Buenos Aires. Hoy esa coordinación suele resolverse con correos, mensajes y algún colega conocido.

Por eso, la plataforma propone una comunidad de profesionales de distintas jurisdicciones que comparten la gestión y el seguimiento de un expediente dentro del mismo escritorio.

En palabras de su CEO, la idea es democratizar la estructura de los grandes estudios. Un letrado independiente, organizado y conectado con colegas, deja de trabajar en soledad.

Respecto al costo, la suscripción al Escritorio Virtual tiene un valor de $9.900 mensuales e incluye acceso completo a la IA, la agenda, la gestión de expedientes y la búsqueda de jurisprudencia. Según la empresa, el precio apunta a llegar también a los recién recibidos, el grupo que más necesita ese respaldo.

FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera Flybondi, se presentó en concurso preventivo. Según pudo confirmar este medio, la aerolínea low cost solicitó la apertura de esta herramienta judicial el pasado viernes 2 de octubre, con el objetivo de reestructurar su deuda.

La presentación fue realizada por el estudio Grispo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N.º 47, a cargo de Santiago Medina.

El concurso preventivo es un mecanismo previsto en la legislación argentina que permite a una empresa con dificultades financieras negociar con sus acreedores la reestructuración de sus pasivos bajo supervisión judicial, con el objetivo de preservar su continuidad. Al momento de esta publicación, el expediente figura “En despacho” y la consulta pública no muestra aún actuaciones, escritos ni resoluciones disponibles.

Flybondi llega al concurso preventivo con al menos $4.000 millones en deudas y reclamos identificados públicamente, una cifra que se aproxima a $ 4.600 millones si se incorporan intereses y costas de algunos embargos. Sin embargo, ese monto no representa el pasivo total de la compañía. A esa base hay que sumar obligaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) e Intercargo, deudas con proveedores de combustible, con los lessors de aeronaves y con talleres de mantenimiento, además de reclamos laborales y reembolsos pendientes a pasajeros. Solo dos aeronaves que permanecen fuera del país acumularían pasivos de alrededor de USD 5,5 millones por concepto de mantenimiento.

En el plano operativo, Flybondi cuenta actualmente con tres aeronaves que permanecen en territorio argentino sin actividad. Las otras 10 fueron devueltas a sus respectivos lessors. Algunas de esas unidades aún conservan matrícula argentina y se encuentran en el país a la espera del proceso de redelivery.

El conflicto accionario que precedió a la presentación judicial

La llegada al concurso tiene antecedentes en una disputa entre los accionistas de la compañía que se hizo pública en agosto de este año. En ese momento, COC Global, el fondo inversor que ingresó a Flybondi en mayo de 2025 tras extender más de USD 70 millones a la empresa, intimó a Cartesian Capital Group —el otro accionista con presencia en el directorio y anterior dueño— a tomar medidas para reconducir el proceso de normalización de la aerolínea.

Según un comunicado de COC Global al que accedió Infobae, la escalada tuvo como detonante la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de trabar embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía, “lo que impide a la compañía realizar cualquier pago o transferencia bancaria”. Esa medida dejó a Flybondi sin margen para cumplir con sus compromisos y sostener la operación.

En el mismo escrito, COC Global señaló que, desde que el 15 de julio de 2026 se hicieron públicas irregularidades atribuidas a la gestión anterior, Cartesian no respondió ninguno de los contactos realizados. “Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa”, indicó el comunicado. El fondo también advirtió que la intimación derivaría en acciones legales en tribunales locales e internacionales.

La reducción de la flota tuvo un correlato directo en los números de tráfico. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en agosto de 2025 la aerolínea transportó 254.533 pasajeros en cabotaje, con una participación del 17% del mercado. En agosto de 2026, con la flota sin operar, esa cifra cayó a 1.865 pasajeros y el 0,1% del total, una merma de más de 252.000 pasajeros en 12 meses.

La discusión sobre inteligencia artificial en la Justicia comienza por una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar?

¿Podrá reemplazar tareas que hoy realizan abogados o jueces? ¿Intervenir en la construcción de una estrategia? ¿Participar incluso en decisiones que hasta ahora considerábamos exclusivamente humanas?

La discusión ya no pertenece solamente al futuro. Existen sistemas capaces de analizar casos, identificar precedentes, proponer soluciones y automatizar determinadas tareas jurídicas. Pero hay una transformación más inmediata: la IA ya puede cambiar concretamente la forma de litigar.

En causas complejas, el problema ya no es solamente acceder al expediente, sino dominarlo: reconstruir, relacionar y utilizar su información a tiempo.

El avance del sistema acusatorio, con mayor oralidad y protagonismo de las audiencias, vuelve esa cuestión especialmente relevante. La oralidad y la inmediación permiten al juez escuchar directamente a las partes y la prueba. La IA no sustituye esa experiencia.

Puede hacer otra cosa: controlar y relacionar la enorme cantidad de información que esas audiencias producen. Hoy esa información se distribuye entre audiencias, resoluciones, pericias, documentos, comunicaciones y declaraciones. Nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, puede resultar difícil controlar integralmente determinados expedientes. El riesgo es que el volumen oculte aquello que jurídicamente importa.

Una herramienta configurada para trabajar sobre información determinada puede reconstruir qué sostuvo la fiscalía al comienzo, cómo evolucionó una imputación, qué prueba se incorporó y qué declararon los testigos. Puede relacionar afirmaciones separadas por meses, ordenar cronologías o localizar un planteo. Procesa información a otra escala y velocidad; el abogado aporta criterio jurídico, contexto, estrategia y responsabilidad.

El expediente seguirá siendo uno, pero sobre él puede construirse una segunda capa de análisis y control basada en fuentes verificables. No es otro expediente ni otra prueba: es una forma distinta de trabajar sobre el expediente real.

Su utilidad tampoco comienza después de una sentencia. Si durante el proceso detecta una modificación relevante de la imputación, una contradicción entre declaraciones o una diferencia entre una pericia y lo afirmado en audiencia, el abogado puede volver a la fuente y decidir qué hacer. En litigación penal no alcanza con descubrir un problema: hay que detectarlo a tiempo.

Incluso puede controlar al propio abogado: advertir que un testigo contradice una premisa propia, que una prueba debilita un argumento o que una cuestión no fue preservada. La tecnología resulta especialmente útil cuando permite poner a prueba el propio razonamiento antes de que lo haga la contraparte.

Las partes también pueden utilizar estas herramientas sobre el material al que tienen legítimo acceso: registros de audiencias, declaraciones, informes, pericias o documentos. La IA puede ordenar y relacionar esa información. Si detecta una contradicción, una omisión o un planteo relevante, el abogado deberá volver siempre a la fuente oficial. Con información reservada o datos sensibles, los recaudos necesariamente son otros.

La defensa ofrece el fundamento constitucional más intenso. Las garantías no cambiaron; cambió la escala material sobre la que deben ejercerse. Si el volumen vuelve imposible procesar la información a tiempo, el acceso formal puede resultar insuficiente. No se trata de reconocer un derecho a utilizar IA, sino de advertir que la digitalización modifica las condiciones en que una garantía preexistente debe hacerse efectiva.

La cuestión adquiere otra dimensión al llegar a una impugnación. Desde “Casal”, la Corte Suprema exige el máximo esfuerzo por revisar todo aquello susceptible de revisión en una sentencia condenatoria. ¿Qué ocurre cuando la magnitud de la información dificulta ese control?

La IA puede localizar una omisión, una contradicción o una atribución incorrecta. Pero el agravio nunca debería ser “lo dijo la IA”. El abogado debe volver al registro oficial, verificar qué ocurrió y construir jurídicamente el planteo. La IA puede indicar dónde mirar; la fuente continúa siendo el proceso.

También puede cambiar la escala del trabajo jurídico. Ante expedientes voluminosos, los grandes estudios tuvieron la ventaja de disponer de más abogados. Un equipo que utilice estas herramientas bajo control profesional puede procesar información que antes exigía muchas más horas de trabajo humano. No equipara capacidades, pero puede reducir ventajas de escala.

Esa transformación plantea un problema de igualdad. Dos defensas pueden acceder al mismo expediente y tener capacidades muy distintas para comprenderlo y utilizarlo. Si estas herramientas se vuelven relevantes para una defensa efectiva, la igualdad de armas deberá considerar también la desigualdad informacional y el acceso de las defensas públicas.

La incorporación de estas herramientas exigirá reglas claras sobre seguridad, confidencialidad, trazabilidad y acceso. También existe el riesgo de una respuesta verosímil pero equivocada. Por eso la comprobación contra la fuente original sigue siendo indispensable. Cuanto más potente sea la herramienta, mayor debe ser el control profesional.

Pero hay una discusión que empieza a quedar atrás: si la inteligencia artificial ingresará o no al trabajo jurídico. La cuestión ya no es si será utilizada, sino cómo, para qué, hasta dónde y bajo qué responsabilidad.

La misma transformación alcanza al juez. En expedientes voluminosos, la IA puede ordenar actuaciones, reconstruir cronologías, relacionar prueba, identificar precedentes e incluso proponer posibles respuestas.

Eso no convierte al sistema en juez. La valoración, los fundamentos y la responsabilidad por la decisión siguen siendo del magistrado. Pero tampoco tendría sentido negar que la tecnología puede intervenir cada vez más profundamente en el camino que conduce a esa decisión.

Uno de los avances más importantes será precisamente poder procesar más información en menos tiempo. Para abogados y jueces, eso puede significar detectar antes un problema, analizar mejor un expediente y acelerar decisiones que hoy demandan días o semanas de trabajo.

Esa reducción de tiempos no es solamente una cuestión de eficiencia. Puede traducirse en respuestas judiciales más rápidas para personas que muchas veces esperan meses o años una decisión. La inteligencia artificial no garantiza una resolución justa, pero puede contribuir a que llegue antes y con más información disponible.

Quizás uno de los primeros obstáculos sea cultural. Abogados, fiscales y jueces tendrán que distinguir entre utilizar la IA como asistencia —incluso para explorar alternativas o posibles respuestas— y desplazar hacia el sistema la decisión y la responsabilidad que corresponden al profesional o al magistrado. Descartarla por sus riesgos puede ser tan equivocado como utilizarla sin comprenderlos.

La ventaja no será del abogado que más utilice inteligencia artificial, sino del que mejor sepa qué preguntarle, qué verificar y qué hacer jurídicamente con lo que encuentre.

La IA también puede intervenir en la construcción de una estrategia jurídica. Puede proponer alternativas, detectar caminos no considerados o poner a prueba una decisión.

Pero elegir el camino sigue siendo responsabilidad del abogado.

La inteligencia artificial podrá detectar una contradicción en segundos. El abogado deberá comprender si importa, decidir cuándo plantearla y asumir las consecuencias.

Porque litigar nunca fue solamente encontrar información. Fue saber qué hacer con ella.

El autor de esta nota es abogado. Posgrado en Derecho Procesal Penal. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

X: @JorgeMonasOK | Instagram: @JorgeMonastersky

Un juez federal suspendió por tiempo limitado la orden de eutanasia sobre Major, un pastor belga malinois que lleva más de 545 días encerrado en un refugio de animales de Austin, Texas, y le otorgó a su dueño, Shane Lilly, apenas diez días para presentar argumentos que justifiquen la liberación del perro. El juez sénior del Distrito Federal David Alan Ezra emitió la suspensión el 29 de septiembre y anunció que fallará antes del 9 de octubre, según informó el New York Post.

La decisión abre una última ventana legal en una disputa que se extiende desde marzo de 2025. El propietario enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar que el mandato de sacrificio, emitido por un tribunal municipal de la capital texana, se ejecute de forma definitiva sobre el ejemplar al que describe como su compañero de servicio.

Major mordió a una mujer que intentó ayudarlo tras ser atropellado

El origen del caso se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando Major fue golpeado por una camioneta blanca mientras caminaba con Lilly por la avenida Felix, en Austin. El propietario regresó a su domicilio a buscar el teléfono celular y, en su ausencia, una transeúnte intentó subir al malinois herido a un vehículo. El can la mordió en ese instante, de acuerdo con lo informado por el New York Post.

Las autoridades trasladaron al perro a un refugio de animales para observación por posible rabia y obtuvieron luego una resolución municipal que autorizó su sacrificio, al considerar que el animal representaba un riesgo para la comunidad. Desde entonces, Major permanece aislado, sin contacto con personas ni con otros ejemplares.

El can pesa alrededor de 29 kilogramos y fue entrenado específicamente como animal de asistencia para Lilly, quien padece una lesión cerebral traumática y epilepsia. Major está adiestrado para alertarlo sobre crisis convulsivas inminentes, asistirlo durante los episodios y ayudarlo a caminar, mantener el equilibrio y subir escaleras. Su dueño afirma que el mordisco fue una reacción al dolor provocado por el impacto del vehículo y no una conducta agresiva premeditada.

Lilly perdió en todas las instancias estatales antes de llegar a la justicia federal

El demandante apeló la condena y perdió en febrero de 2026. Llevó el caso al Tribunal Supremo de Texas en agosto de ese año, pero la máxima instancia estatal rechazó reactivar la causa, dejando la resolución vigente. Ante ese panorama, el dueño recurrió a la justicia federal con una demanda en la que acusa a la ciudad de Austin y a tres empleados del refugio de ignorar el rol de Major como perro de servicio y las alternativas disponibles para preservar su vida.

En ese escrito judicial, Lilly solicita que una evaluación independiente de un tercero determine si el malinois puede ser rehabilitado y reentrenado para convivir de forma segura. El reclamo se enmarca en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), bajo la cual Lilly argumenta que la ciudad debía realizar una evaluación individualizada del rol del animal antes de ordenar su sacrificio, algo que según la demanda nunca ocurrió. La causa amplía el alcance jurídico más allá de la normativa local sobre animales considerados peligrosos.

Más de 54.000 personas firmaron para salvar al perro

El caso movilizó a decenas de miles de ciudadanos. Al cierre de la última jornada registrada, 54.983 personas suscribieron una petición en Change.org para exigir que el animal sea perdonado. Grupos de activistas se manifestaron frente al albergue y en las inmediaciones del juzgado con carteles que decían “¡Liberen a Major!”.

“Mi querido animal de servicio, Major, enfrenta una sentencia de muerte injusta que ningún animal merece”, escribió Lilly en el documento, recogido por el New York Post. “Major fue un compañero leal y un ser apacible que reaccionó de manera instintiva cuando estaba sufriendo. No merece ser separado de su familia ni sacrificado sin causa justificada”, agregó.

El fallo del juez Ezra determinará si Major abandona el centro donde lleva más de año y medio retenido o si la orden de sacrificio se vuelve irreversible. Lilly instó a sus seguidores a difundir el caso: “Los urjo a estar con nosotros y exigir justicia para Major”, expresó en la misma petición.

La Junta Electoral Central (JEC) exigirá justificar el municipio de inscripción electoral a quienes obtengan la nacionalidad española sin haber residido nunca en España al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La medida busca impedir concentraciones artificiales de nuevos votantes en circunscripciones donde unos miles de sufragios pueden modificar la asignación de escaños.

La obligación afectará a los electores inscritos en el extranjero que elijan una localidad distinta de su última residencia española o que nunca hayan vivido en el país. Deberán presentar una declaración explicativa documentada que acredite el arraigo propio o de alguno de sus ascendientes con el municipio elegido.

La Junta Electoral Central ha asumido, con modificaciones, las propuestas remitidas por la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística. Fuentes de la JEC han indicado a ABC que la instrucción no se ha aprobado literalmente y que incorpora “alguna garantía más”.

Hasta ahora, una orden del Ministerio de Hacienda de 2011 obligaba a los españoles residentes en el exterior que hubieran vivido en España a justificar el cambio de municipio respecto a su último domicilio. Esa exigencia no alcanzaba a los descendientes de españoles que nunca hubieran residido en el país y adquirían la nacionalidad por la conocida como ley de nietos.

Cómo acreditar el arraigo

Los solicitantes podrán aportar uno o varios documentos que vinculen al ascendiente con la localidad. Entre ellos figuran la certificación literal de nacimiento, un certificado de residencia o histórico de empadronamiento y documentos del Registro Civil que acrediten matrimonio, defunción u otra relación con el municipio.

También serán válidos el Documento Nacional de Identidad, pasaporte, carné de conducir, cartilla militar u otros documentos oficiales con un domicilio del ascendiente. La relación incluye escrituras públicas, notas simples del Registro de la Propiedad, certificaciones catastrales, recibos del impuesto sobre bienes inmuebles, testamentos, declaraciones de herederos y papeles que demuestren la titularidad de bienes o derechos situados en la localidad.

La instrucción admite, además, recibos tributarios, certificaciones fiscales y documentos expedidos por el ayuntamiento u otra Administración Pública. Podrá utilizarse cualquier otro documento público o privado que permita demostrar de forma fehaciente la vinculación del ascendiente con el municipio.

Cuando el elector no indique dónde desea inscribirse, la oficina consular determinará el municipio de oficio con los datos disponibles y deberá explicar el criterio seguido. Esta decisión pretende reforzar las garantías de adscripción ante el volumen de nacionalizaciones solicitadas por la Ley de Memoria Democrática.

El impacto en el reparto de escaños

La relevancia de la elección territorial se mide en los resultados de las últimas elecciones generales, donde 13 escaños se decidieron por menos de 3.000 votos. La JEC trata de evitar que la asignación del municipio, y por extensión de la circunscripción electoral, altere el reparto de representantes mediante decisiones dirigidas.

El organismo arbitral ya había advertido en julio de que la inscripción electoral debía estar suficientemente motivada cuando no coincidiera con el último domicilio en España. La normativa permite a los nuevos nacionalizados adscribirse a la localidad de mayor arraigo propio o de sus ascendientes, pero hasta ahora no precisaba cómo debían demostrar esa relación.

2,4 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad española mediante la ley de nietos, en su mayoría sin residencia previa en España. En abril de este año, el 82,54 % de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes tenía como municipio de inscripción electoral el mismo de su última residencia española, según una respuesta parlamentaria del Gobierno a Vox a la que ha tenido acceso Europa Press. El 17,46 % restante figuraba inscrito en un municipio diferente.

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha convertido en una carrera contrarreloj la aplicación de la medida cautelar del Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’. El Alto Tribunal suspendió el pasado 10 de septiembre los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pero entonces no había ningún proceso electoral convocado. Ahora sí lo hay y el censo que se utilizará en las urnas se cerró el 1 de agosto, más de un mes antes de que el Supremo dictara su auto. Iustitia Europa ha acudido este lunes de urgencia al tribunal para que aclare cómo debe ejecutarse su decisión y qué personas concretas están afectadas por ella de cara al 29-N.

La cuestión, en términos sencillos, es que hay ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que ya aparecen inscritos como electores en el extranjero. El Supremo decidió suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones mientras resuelve el recurso que tiene sobre la mesa. Pero, como esa decisión llegó después del cierre del censo que se utilizará en las generales, ahora hay que identificar dentro de ese listado quién está afectado por la suspensión y evitar que esas personas puedan votar el 29 de noviembre.

“El Auto del Supremo de 10 de septiembre ordenó que determinadas inscripciones del CERA quedaran sin efectos electorales mientras se resuelve el recurso, y esa previsión se hizo expresamente para los procesos que pudieran convocarse durante la vigencia de la medida”, explica a Infobae Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa. “Si las elecciones generales son finalmente el 29 de noviembre, esa cautelar pasa a tener una aplicación inmediata: habrá que identificar dentro del censo vigente qué electores están afectados por la suspensión y cuáles quedan fuera por cumplir la excepción prevista por el propio Tribunal”, añade.

El censo ya estaba cerrado cuando llegó la cautelar

El calendario es importante. La LOREG establece que, para cada elección, el censo electoral que se utiliza es el cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Al haberse convocado las generales en octubre, el censo de referencia es el cerrado a 1 de agosto. Es decir, la Administración tiene que aplicar ahora una resolución judicial dictada el 10 de septiembre sobre un listado que ya existía antes de que esa resolución fuera dictada.

El auto del Supremo estableció dos situaciones. Para quienes todavía no estaban inscritos en el CERA, suspendió las nuevas altas en determinados supuestos. Y para quienes ya figuraban en el censo, suspendió los efectos electorales de esas inscripciones en los procesos que pudieran convocarse mientras la medida estuviera vigente. La elección del 29 de noviembre es, precisamente, uno de esos procesos.

La decisión no supone que el Supremo haya retirado la nacionalidad a estas personas ni que haya resuelto definitivamente que no tienen derecho a votar. Se trata de una medida cautelar, adoptada mientras se resuelve el procedimiento judicial. El tribunal justificó su decisión por el fuerte incremento del CERA asociado a las nacionalizaciones obtenidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática y una instrucción posterior. En sus autos habló de un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia del proceso electoral. La Junta Electoral Central asumió posteriormente la decisión del Supremo y pidió información a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para poder determinar qué personas quedan afectadas.

El problema es que ese trabajo no consiste en consultar una casilla del censo. La Administración reconoce que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA indican directamente por qué vía obtuvo cada ciudadano la nacionalidad española. Para determinar si una persona está dentro del ámbito de la cautelar hay que revisar su expediente y cruzar después esa información con los datos consulares y electorales. “La propia Administración ha reconocido que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA permiten saber directamente por qué vía se adquirió la nacionalidad, por lo que hay que revisar expedientes y cruzar información”, señala Pardo.

Hasta ahora, ese proceso se desarrollaba sin una fecha electoral inmediata a la vista. La convocatoria del 29-N cambia el escenario: ya no se trata únicamente de completar una revisión administrativa mientras continúa el procedimiento judicial, sino de tener identificados a los afectados antes de que se produzca una votación concreta.

Iustitia Europa pide al Supremo que acelere la ejecución

Por eso Iustitia Europa ha presentado este lunes un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que pide que la ejecución de la cautelar se concrete con carácter urgente. La organización quiere que el tribunal requiera a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral para que informen de cómo están aplicando la resolución sobre el censo que estará vigente el 29-N.

En concreto, solicita que se indique cuántas inscripciones del censo están comprendidas en el ámbito de la medida cautelar, cuántos expedientes han sido ya examinados y clasificados, cuántas personas quedan dentro de la excepción prevista por el Supremo y qué medidas está adoptando la Oficina del Censo para impedir que las restantes inscripciones produzcan efectos electorales el 29 de noviembre.

“El Supremo dictó el auto antes de que se convocaran las elecciones. Ahora las elecciones ya tienen fecha. Lo que pedimos es muy sencillo: que se cumpla el auto, que se identifique qué inscripciones están afectadas y que se garantice que ninguna sometida a suspensión produzca efectos electorales el 29 de noviembre”, afirma Pardo.

El partido sostiene que la proximidad de las elecciones modifica además el problema temporal que se había planteado durante la tramitación de las medidas cautelares. La Administración había defendido que una eventual revisión de las inscripciones podía hacerse posteriormente mediante los mecanismos ordinarios de rectificación censal. Ahora, sin embargo, existe una fecha determinada para votar y la cautelar pretende precisamente impedir que determinadas inscripciones produzcan efectos electorales mientras siga abierto el procedimiento. “Con unas elecciones ya convocadas, el problema es evidente: hay que saber antes del 29-N quién puede votar y quién tiene suspendidos sus efectos electorales”, detalla Pardo.

El procedimiento judicial sigue abierto y la Abogacía del Estado ha recurrido las medidas cautelares. En su recurso sostiene que la inscripción en el censo no es la que concede el derecho de sufragio, sino una consecuencia de la nacionalidad española ya adquirida, y cuestiona que pueda suspenderse el voto sin impugnar previamente las resoluciones que concedieron esas nacionalidades. También ha señalado que no existen pruebas de inscripciones irregulares en el CERA.

La dimensión del colectivo es, además, objeto de controversia. El Supremo manejó en septiembre la cifra de 408.262 nuevos electores incorporados al CERA desde las elecciones generales de 2023. La Abogacía del Estado rebajó posteriormente esa cifra a 369.017 y calculó en 168.896 los electores que habían obtenido la nacionalidad a través de la instrucción que estableció una presunción de exilio para determinados españoles que abandonaron España entre 1936 y 1955.

Esas cifras no equivalen, en cualquier caso, al número de votos que puedan emitirse el 29-N. Una cosa son las nacionalizaciones concedidas por la ‘ley de nietos’, otra las personas inscritas en el CERA y otra los ciudadanos que finalmente ejercen su derecho al voto. La propia Abogacía del Estado ha utilizado en sus alegaciones los datos históricos de participación del voto exterior para cuestionar el impacto electoral que atribuye el Supremo al aumento del censo.

Ahora, con las elecciones convocadas, la cuestión inmediata es determinar qué parte de ese censo está sometida a la cautelar y cómo se aplicará la suspensión sobre las personas que ya aparecen inscritas en el CERA.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado este lunes la medida cautelarísima con la que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso buscaba obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, que ocupa la plaza desde el pasado 26 de septiembre tras una manifestación multitudinaria en rechazo al desahucio de Maricarmen Abascal. Impulsada por el Sindicato de Inquilinas, por el momento la acampada se mantiene en el kilómetro cero de Madrid, pese al revés de que no salieran adelante los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

El Ejecutivo de Ayuso había solicitado una medida cautelarísima para que la Delegación del Gobierno ordenara el desalojo inmediato de la protesta, al considerar que la situación requería una intervención urgente. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid concluyó, sin embargo, que no era competente para resolver el caso y remitió las actuaciones al TSJM, que ahora ha desestimado la petición.

El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida también ha presionado para desalojar la protesta, de forma que la semana pasada remitió a la Delegación del Gobierno un informe en el que alertaba sobre “el riesgo de orden público” por la presencia de “adoquines y cuchillos”, a pesar de que no se ha registrado ningún altercado, excepto por los intentos de manifestantes de ultraderecha por sabotear la protesta. El ayuntamiento adjuntó en ese informe una fotografía en la que aparece un cuchillo de cocina junto a varios trozos de pan y un envase de hummus y otra de adoquines de obra que los participantes están utilizando para sujetar mejor las tiendas de campaña.

Desde la instalación de la acampada en la Puerta del Sol, la protesta por el derecho a la vivienda no ha dejado de sumar participantes hasta ocupar todo el espacio disponible en la plaza y parte de calles cercanas, como Preciados. La movilización evoca así a la ya histórica acampada del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda. De hecho, la experiencia de la movilización de hace 15 años ha servido ahora para que los participantes se organicen mejor: el espacio cuenta con carpas, generadores solares, puestos de información y comida, e incluso “calles” con nombres como el de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes.

“Sin riesgo para el orden o la salud pública, no se puede desalojar”

La cooperativa Red Jurídica explicaba hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”, puesto que las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, “no bastan por sí solas para levantar una concentración”.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, aclaraba Red Jurídica, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol. “Mientras no haya motivos de orden público, de seguridad o salud pública, no hay argumentos jurídicos para desalojar una protesta pacífica. Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, indicó el abogado Eduardo Gómez, integrante de esta cooperativa.

Las elecciones generales del 29 de noviembre tendrán también su propio calendario judicial. El PSOE afrontará la campaña con varias causas abiertas en la Audiencia Nacional y con distintas actuaciones previstas antes y después de la cita con las urnas. Algunas de estas ya tienen fecha y otras dependen todavía de las decisiones de los jueces, pero todas forman parte de una agenda judicial que seguirá avanzando mientras los partidos se adentran en la campaña electoral.

El primer frente que puede producir novedades está precisamente en Ceuta. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón podría tener previsto citar como investigado al exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano una vez reciba las actuaciones remitidas por el juzgado de Ceuta, que comenzó investigando su actuación durante la crisis y posteriormente se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. La comparecencia todavía no tiene fecha señalada.

La magistrada investiga las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y trata de reconstruir qué información recibieron las autoridades españolas antes de los acontecimientos y qué decisiones se adoptaron posteriormente. En esta investigación, la actuación de la Delegación del Gobierno constituye una de las líneas sobre las que se han practicado diligencias.

Los mensajes del CNI, una de las claves de la investigación

La posible declaración de Pérez Triano cobra especial relevancia después del testimonio de su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este aseguró ante Tardón que trasladó al entonces delegado las advertencias que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva. La versión contradice lo sostenido por Pérez Triano, que ha afirmado que no recibió esa alerta.

Sanz entregó documentación relacionada con aquellas comunicaciones. Entre ella figuran 19 mensajes intercambiados con un contacto del CNI y una llamada telefónica mantenida el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, que todavía no han sido desclasificados. Tardón quiere acceder a esa información para completar la reconstrucción de las comunicaciones mantenidas en las horas previas a la crisis.

La Fiscalía de Ceuta ya había planteado que debía determinarse si existieron decisiones u omisiones del entonces delegado que pudieran haber incidido en el desarrollo de la crisis. La investigación analiza, entre otros extremos, si las autoridades disponían de información previa suficiente y qué medidas podían adoptar ante ella. Las denuncias presentadas en el procedimiento apuntaron a posibles delitos de prevaricación, entre otros extremos que deberán concretarse durante la instrucción.

Con la campaña electoral cada vez más cerca, una eventual citación de Pérez Triano y cualquier decisión sobre la documentación del CNI pueden convertirse en los primeros hitos de una causa cuyo recorrido todavía está lejos de terminar.

Plus Ultra deja dos citas alrededor del 29-N

El segundo procedimiento que tendrá una incidencia más clara en el calendario electoral es el ‘caso Plus Ultra’. En este caso, las fechas ya están fijadas. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado para el 19 de noviembre, durante la campaña electoral, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Ambos declararán como testigos en la investigación sobre el rescate público de la aerolínea.

Pero la fecha que queda especialmente pegada a las elecciones es la siguiente. El 30 de noviembre, apenas 24 horas después de que los ciudadanos acudan a las urnas, están citadas como investigadas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calama acordó investigar a las dos hermanas por su condición de administradoras de Whathefav, una sociedad cuya actividad aparece vinculada al entramado empresarial analizado en la causa. El magistrado las citó como investigadas para que puedan ejercer su derecho de defensa y esclarecer su papel en las operaciones que están bajo investigación.

La investigación mantiene además otras diligencias abiertas. Entre ellas figura una nueva tasación de las joyas intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero. El juez encargó a la joyería Yanes una segunda pericial para determinar aspectos como la composición de las piezas, su posible procedencia, antigüedad y valor de reposición. El expresidente también fue requerido para aportar la documentación de la que dispusiera sobre las joyas, una información que podría llevar al magistrado a reclamarle nuevas explicaciones o incluso a citarle de nuevo si la pericial arroja elementos que considere necesario aclarar.

La causa de Leire Díez, pendiente de nuevos movimientos judiciales

A este calendario se suma el denominado ‘caso Leire Díez’. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene abierta la investigación sobre las actuaciones de Leire Díez y otras personas relacionadas con las maniobras dirigidas presuntamente a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes vinculados a investigaciones judiciales.

El próximo hito señalado es el 8 de octubre. Ese día está previsto que declare como perjudicada la jueza Beatriz Biedma, que estuvo al frente de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Biedma ha aportado a la causa documentación sobre los ataques y descalificaciones que, según sostiene, recibió durante el ejercicio de su función judicial.

La causa trata de determinar qué actuaciones se llevaron a cabo para obtener información sobre distintos investigadores y si existió una estrategia coordinada para desacreditar o presionar a quienes participaban en procedimientos judiciales. Entre las personas sobre las que se han practicado diligencias figura también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Por ahora, la investigación continúa en fase de instrucción y quedan por concretar nuevas diligencias. Cualquier declaración, informe policial o decisión del juez durante las próximas semanas podría incorporar nuevos elementos al procedimiento.

Los pagos del PSOE encaran la campaña aún bajo secreto

Otro de los procedimientos que habrá que seguir durante la campaña es el relativo a los pagos en efectivo del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene abierta una investigación para determinar el origen y destino de determinados pagos realizados por el partido entre 2017 y 2024. La causa permanece bajo secreto y el magistrado continúa analizando la documentación incorporada al procedimiento.

En esta investigación ya ha declarado Víctor de Aldama, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado incorporar al procedimiento declaraciones y documentación relacionada con las investigaciones sobre la trama de contratos de mascarillas y con las personas que aparecen vinculadas a ella. El juzgado continúa pendiente de analizar el volumen de documentación incorporado a la causa.

A diferencia de Ceuta o Plus Ultra, este procedimiento no tiene por ahora un señalamiento público que permita colocar una fecha concreta en el calendario electoral. El siguiente movimiento dependerá de las diligencias que acuerde el juez y de los informes que se incorporen a la causa.

La cuestión de los posibles efectos electorales de la conocida formalmente como Ley de Memoria Democrática es una de las causas que Iustitia Europa ha llevado a los tribunales como acusación popular. La formación sostiene que la instrucción dictada para desarrollar la norma amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad española y reclama que se suspenda cautelarmente el derecho al voto de quienes, según su interpretación, hayan obtenido la nacionalidad únicamente al amparo de esos nuevos supuestos. El asunto está ahora pendiente de que la Abogacía del Estado aporte al Tribunal Supremo la información que le ha requerido sobre las nacionalidades concedidas.

-Pregunta: ¿Hasta cuándo cree que se pueden mantener las medidas cautelares sobre los efectos electorales de la ‘ley de nietos’?

-Respuesta: Hasta que la Abogacía del Estado acredite todo lo que le ha solicitado el Tribunal Supremo. Nosotros consideramos que las medidas cautelares deben mantenerse porque hay cientos de miles de personas que han obtenido la nacionalidad a través de una instrucción que, a nuestro juicio, altera el espíritu de la ley y habilita un supuesto que esta no contemplaba. Ahora el Tribunal Supremo está pidiendo que se determine cuántas nacionalidades se han concedido directamente al amparo de la ley y cuántas a partir de esa instrucción. Las personas que hayan obtenido la nacionalidad cumpliendo los requisitos legales podrían ejercer su derecho al voto, mientras que nosotros pedimos que se suspenda cautelarmente el voto de quienes hayan accedido a ella únicamente por los supuestos introducidos por la instrucción.

-P: Unos minutos antes de esta entrevista Iustitia Europa pedía el Tribunal Supremo que no tuviese en cuenta el recurso de Gobierno. ¿Por qué exactamente?

-R: Primero, porque la Junta Electoral Central no se ha opuesto a las medidas cautelares. Al contrario, las ha ejecutado y ha pedido a la Oficina del Censo que aporte toda la documentación necesaria. La Junta es la administración electoral que está por encima de la Oficina del Censo y tiene, precisamente, entre sus funciones la fiscalización del censo. Quien se ha opuesto a las cautelares es la Oficina del Censo, dependiente del Gobierno, alegando que no dispone de tiempo ni de medios suficientes para acreditar todo lo sucedido en los consulados. Pero resulta difícil entender que haya habido medios para tramitar cientos de miles de nacionalizaciones y que ahora no los haya para comprobar cómo se concedieron y si se ajustaron a la ley. Por eso consideramos que las cautelares deben mantenerse.

-P: ¿Cuánto puede prolongarse el procedimiento de las medidas cautelares que ha iniciado Iustitia Europa?

-R: En condiciones normales, un procedimiento de estas características puede durar alrededor de dos años en un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento especial de protección de derechos fundamentales sí puede resolverse mucho antes. Se está hablando de que este asunto podría estar resuelto antes de enero, pero yo lo dudo.

“Está en juego la legitimación de nuestras instituciones democráticas”

-P: Teniendo en cuenta que las elecciones autonómicas serán el año que viene, y que las generales pueden ser este mismo año si finalmente se adelantan, ¿cree que habrá tiempo para resolver este asunto antes de que se celebren?

-R: Es difícil. El censo electoral se tiene que cerrar el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria electoral. Si las elecciones autonómicas fueran el 27 de mayo de 2027, el censo tendría que estar cerrado el 1 de enero. Por tanto, es difícil prever una sentencia del Tribunal Supremo antes de esa fecha cuando la propia Abogacía del Estado está diciendo que no puede aportar toda la documentación porque no sabe qué ha ocurrido. Si quien tiene que acreditar lo sucedido no puede hacerlo, es difícil que el tribunal levante una medida cautelar mientras persista la duda sobre si se han concedido nacionalidades sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

-P: ¿Qué estimación hacen de las altas en el CERA que se han visto afectadas por estas medidas cautelares?

-R: Nosotros, en las medidas cautelares, pusimos varios ejemplos. Por ejemplo, Tres Cantos, un municipio de Madrid creado en 1991, registró 215 altas a través de la Ley de Memoria Democrática. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Si tú te exilias entre 1935 y 1955 y Tres Cantos existe 40 años más tarde, ¿cómo puede haber gente de Tres Cantos? También encontramos casos en Murtas o Madracos. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha fallado? En la Ley Orgánica del Régimen Electoral hay una orden que establece que, cuando se producen anomalías estadísticas en el censo, el INE tiene que intervenir y ver qué pasa. Aquí no se ha hecho nada. Se ha generado la sombra de la duda sobre la transparencia electoral en España. Pero eso está muy bien, que se abra ese debate también. La sociedad española era reacia a pensar que en España las elecciones podían realizarse de manera fraudulenta, por decirlo así. Pero ahora todo el mundo sabe que han surgido unas nacionalizaciones que han dado el derecho al voto y que han podido poner en riesgo la transparencia electoral. Y esto no nos lo podemos permitir porque está en juego la legitimación de nuestras instituciones democráticas.

-P: También han planteado la posibilidad de llevar esta cuestión a la Unión Europea. ¿En qué punto se encuentra esa vía?

-R: Consideramos que puede existir una afección al ordenamiento comunitario porque la nacionalidad española da derecho al estatuto de ciudadano de la Unión Europea. Estas personas, si han obtenido la nacionalidad a través de una instrucción que consideramos contraria a la ley, pasarían a tener también ese estatuto y podrían, entre otras cosas, votar en unas elecciones al Parlamento Europeo o residir en otro Estado miembro. Hemos estado analizando durante varios días si sería viable plantear una cuestión prejudicial, pero todavía no hemos tomado una decisión. Preferimos ser cautos y esperar, en primer lugar, a que se resuelva el procedimiento sobre las medidas cautelares ante el Tribunal Supremo y, en función de lo que ocurra, valorar los siguientes pasos. La viabilidad jurídica existe, pero una cuestión prejudicial es un procedimiento complejo y no queremos entorpecer el trabajo de la Sala.

“Marruecos es un adversario de España. A ver si nos lo metemos en la cabeza”

-P: Pasando al caso de Ceuta, en el que también están personados y cuya investigación asume la Audiencia Nacional, ¿qué cree que puede salir en las próximas semanas?

-R: La jueza María Tardón ha solicitado múltiples informes a la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos de información e inteligencia, y habrá que esperar a conocer su contenido. A partir de esos informes podremos empezar a determinar quién pudo realizar la agresión por acción, qué omisiones pudo haber en Ceuta y si pudo existir alguna responsabilidad por parte de las instituciones o del Gobierno de la Nación. También habrá que determinar qué se sabía, en qué momento y si se podía haber actuado de otra manera.

-P: ¿Cree que puede haber responsabilidad penal por la muerte de más de 80 personas?

-R: Sí, son homicidios. Homicidios imprudentes, pero son homicidios. 83 fallecidos en territorio español, pero 140 en total. Y no podemos normalizar que mueran 140 personas. España ha sido agredida utilizando a la población civil, pero esa utilización de la población civil ha provocado la muerte de 140 personas. Son seres humanos y son víctimas también de todo esto, posiblemente de un engaño por parte de Marruecos, y eso habrá que determinarlo. Hay que saber quiénes fueron los responsables de todo esto y actuar contra ellos, independientemente de dónde procedan.

-P: ¿Considera que el CNI tenía información sobre lo que podía ocurrir en Ceuta y que se podría haber preparado para esa situación?

-R: Si el CNI tenía información, como pudo tenerla la Guardia Civil o la Policía Nacional, esta habría sido trasladada a través de los canales correspondientes a los mandos, para que estos la elevaran a los responsables políticos, que son quienes tienen que tomar las decisiones. Otra cuestión es por qué los gobernantes no lo hicieron.

-P: ¿Cree que podría existir responsabilidad penal de algún alto cargo o responsable político por lo ocurrido en Ceuta?

-R: Las declaraciones del señor Vivas y del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno pueden servir para conocer hasta qué nivel puede escalar la investigación. Hay que tener en cuenta que el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno y el propio delegado tienen por encima a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al presidente del Gobierno...

-P: ¿Por qué cree que el Gobierno no responsabiliza directamente a Marruecos por lo ocurrido en Ceuta?

-R: Porque durante muchos años se ha creado un lobby de potencias extranjeras en España y, con esas potencias extranjeras, lo que se ha hecho seguramente es minar la integridad de ciertas personas respecto a la nación española. ¿En qué cabeza cabe que 80.000 personas se junten en una frontera terrestre para invadir otro país y la responsabilidad se derive a que no ha sido Marruecos? Es un núcleo tan grande que todos los servicios de inteligencia debieron alertar. Y yo no tengo duda de que alertaron. Entonces, ¿qué se esconde detrás? Una influencia de muchos años de Marruecos, seguramente a través de los lobbies. Marruecos es un adversario de España. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Si hemos sido agredidos por Marruecos, lo primero que tiene que hacer España es cortarle el gas. Se habla mucho de Pegasus, pero en lo que no tenemos que equivocarnos es en que España es la víctima. ¿Dónde está la OTAN? Ha sido agredido un Estado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Dónde están nuestros aliados? ¿Por qué no se refuerza toda la frontera de Ceuta y Melilla? Ceuta y Melilla son España desde hace siglos y eso está fuera de todo debate. Y todo eso ha generado, precisamente, la crisis de Ceuta.

-P: ¿Qué relación cree que puede existir entre las crisis de Ceuta de 2021 y 2026? ¿Hay algún elemento común entre ambas?

-R: Argelia. El nexo denominador de las dos agresiones es Argelia, un enemigo de Marruecos. En ambos casos se producen visitas a Argelia, y Marruecos reacciona de esa manera virulenta. Quizá no se esperaba que la reacción fuese tan contundente, pero tanto en 2021 como en 2026 hay unas visitas que se producen. La de 2026 es paradigmática: creo que fue el 21 de julio cuando el presidente del Gobierno viajó a Argelia, y el día 30 fuimos invadidos por parte de Marruecos. Luego está la posición de España respecto al Sáhara. España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara, pero ha abdicado de sus funciones en detrimento de Marruecos. Toda esta geopolítica se mete en una batidora y da como resultado lo ocurrido en Ceuta.

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la retirada cautelar de la patria potestad a una madre y ha dejado a su hijo de cuatro años bajo la custodia exclusiva del padre. La decisión mantiene el contacto materno-filial limitado a visitas vigiladas de hasta dos horas semanales en el Punto de Encuentro Familiar de Alicante.

La ruptura de la convivencia familiar desembocó en un expediente de protección, después de que el juzgado valorara los antecedentes clínicos de la madre: un diagnóstico de esquizofrenia con reacciones paranoides, cuadros psicóticos y abandonos intermitentes del tratamiento farmacológico y del control médico. La resolución atribuye al padre, de forma provisional, todas las decisiones relevantes sobre el niño: podrá autorizar tratamientos médicos o psicológicos, intervenciones quirúrgicas, actividades escolares y extraescolares, además de tramitar o renovar su documento nacional de identidad y su tarjeta sanitaria, sin requerir el consentimiento de la madre.

La sala considera que estas restricciones son necesarias para proteger al menor. Los magistrados dieron valor a la declaración de la madre, en la que apreciaron “una clara falta de conciencia de su enfermedad”, y al testimonio de una doctora que afirmó haber detectado, desde septiembre de 2025, síntomas de descompensación, “obsesiones religiosas y satánicas”.

La madre recurrió las medidas y aportó documentación de urgencias: el informe señalaba que aquel día no había sintomatología psicótica o afectiva mayor ni ideas de autolesión o de daño a terceras personas que exigieran un ingreso hospitalario. También presentó un decreto de la Fiscalía de Discapacidad, que descartó la necesidad de medidas judiciales de apoyo para ella. Pero la Audiencia separó ambas cuestiones del objeto de este expediente. Los magistrados entendieron que la ausencia de síntomas graves durante aquella consulta de urgencias no eliminaba el valor de las pruebas anteriores ni el riesgo que el juzgado había apreciado para el niño. El decreto de Fiscalía, añadieron, se refería a la posible necesidad de apoyos judiciales para la mujer, no a las medidas de protección sobre el niño.

La duración de la medida y el proceso que debe seguir

Un dato que el tribunal destacó como factor adicional de confirmación es que la propia resolución de primera instancia fijó una duración inicial de tres meses para las medidas cautelares. Ese diseño temporal, a criterio de la Audiencia, refuerza la razonabilidad de las medidas: no se trata de una resolución definitiva, sino de una protección provisional mientras se sustancia el procedimiento de fondo. Los jueces rechazaron también las alegaciones de la mujer, que pedía tener decisiones sobre la escolarización, asistencia y adaptación del menor a su centro educativo. El tribunal de apelación señaló que dichos antecedentes clínicos quedaban acreditados tanto en el auto recurrido como en los informes del Ministerio Fiscal.

Los magistrados confirmaron la resolución impugnada e impusieron a la mujer las costas de esta apelación. Durante el plazo cautelar, quien corresponda deberá promover un proceso plenario, con más posibilidades de prueba, para que un juzgado decida si procede adoptar medidas más estables sobre la patria potestad, la custodia y las visitas. Contra el auto de la Audiencia no cabe recurso.

La Fiscalía de Almería pide ocho años y seis meses de cárcel para A.F., señalado como el ideólogo de una trama que simulaba agresiones en el ámbito de la violencia de género para facilitar permisos de residencia y el acceso a prestaciones sociales.

La acusación alcanza a 30 personas. Además del principal investigado, incluye a 13 hombres que habrían representado el papel de agresores y a 16 mujeres que figuraban como víctimas. La Fiscalía de Almería sostiene que el grupo actuó entre 2017 y 2019 y que el plan también involucró a otra persona identificada que no ha sido localizada. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional para cuatro investigados cuya participación no quedó acreditada.

Según la información a la que tuvo acceso EFE, la organización cobraba hasta 4.500 euros por gestionar el circuito que permitía a mujeres en situación irregular obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

El procedimiento comenzaba con encuentros acordados en espacios públicos de Roquetas de Mar, Almería, El Ejido y Vícar. Allí, las mujeres se reunían con hombres reclutados para agredirlas físicamente y provocarles lesiones reales. Después de esos episodios, las supuestas víctimas presentaban denuncias ante la Guardia Civil o en juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer. En esas declaraciones, afirmaban que los agresores eran sus parejas sentimentales.

Los hombres reconocían los hechos de inmediato. Ese paso permitía que los procedimientos terminaran con rapidez mediante sentencias condenatorias de conformidad por lesiones en el ámbito de la violencia de género. Con esas resoluciones judiciales, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería. La documentación les permitía solicitar su regularización en España durante períodos de cinco años. La acusación indica que quienes participaron como falsos agresores sabían que su conducta serviría para obtener la residencia legal. No obstante, no conocían que algunas de las mujeres también reclamarían ayudas públicas.

Nueve acusadas habrían recibido prestaciones públicas

Nueve de las 16 mujeres utilizaron las sentencias para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción, gestionado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades atribuidas a cada una oscilan entre 2.000 y 6.000 euros. El expediente con mayor perjuicio económico corresponde a una acusada que obtuvo un empleo tras lograr la residencia por esa vía. Según la Fiscalía, recibió 7.501,79 euros por incapacidad temporal y otros 4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor.

El fiscal reclama que A.F. responda de forma solidaria junto con cada una de las nueve receptoras de prestaciones. La pretensión busca reintegrar a la Seguridad Social más de 46.000 euros que habrían sido defraudados.

Para los 13 hombres acusados de ejercer como agresores, la Fiscalía solicita nueve meses de prisión para cada uno. La petición se fundamenta en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las 16 mujeres se enfrentan a una petición de tres años y nueve meses de cárcel por falso testimonio. La acusación considera que declararon de manera fraudulenta para obtener resoluciones judiciales favorables.

La causa describe una operativa en la que las denuncias, las condenas de conformidad y los trámites administrativos formaban parte de una misma secuencia. La Fiscalía sostiene que ese mecanismo permitió obtener beneficios migratorios y económicos mediante hechos simulados.

Con información de EFE

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon muerta a la pequeña Vivian en el lugar de los hechos, el martes 29 de septiembre. Cibelle murió al día siguiente sin haber sido imputada formalmente por ningún delito.

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) investiga el caso como un aparente homicidio-suicidio.

La muerte de la madre de Vivian Savella y cómo avanza la investigación en Houston

Agentes del HPD llegaron a la vivienda ubicada en el 322 de Terra Reserve Place, en el oeste de la ciudad, tras recibir un reporte de disparos a las 5:46 p.m. del martes 29 de septiembre. En el tercer piso encontraron a Vivian con una herida de bala en la cara y a su madre, de 35 años, con una herida que, según la policía, parecía haberse causado ella misma.

La mujer fue trasladada a un centro médico cercano en estado crítico. El 30 de septiembre se confirmó su muerte. La División de Homicidios del HPD lleva adelante las pesquisas, que permanecían abiertas; las autoridades no habían hecho públicos más detalles sobre las circunstancias exactas del hecho ni descartado o confirmado ninguna hipótesis de manera definitiva.

La audiencia de custodia que precedió al hecho

De acuerdo con información preliminar del HPD citada por Univision, Cibelle y Vivian llegaron a la vivienda luego de una audiencia de custodia celebrada esa misma mañana. La audiencia, presidida por una jueza del condado de Harris, tuvo lugar el martes a las 9:30 a.m. y concluyó con la decisión de otorgar la custodia primaria de Vivian a su padre, Aaron Savella, de 37 años, abogado de capital privado, según documentos judiciales.

La resolución también le otorgó a Aaron autoridad exclusiva sobre las decisiones relativas a la educación, atención médica y salud mental de la niña.

Cibelle, de nacionalidad brasileña, quedó con derecho a ver a su hija únicamente bajo supervisión continua de la organización Guardians of Hope, con sede en Houston, que presta servicios de visita supervisada en casos de disputas de custodia de alta conflictividad.

La jueza le prohibió hablar con Vivian en portugués salvo ante una supervisora que dominara el idioma, asistir a actividades escolares de la niña y le ordenó pagar manutención a Aaron y el 50% de gastos médicos no cubiertos por seguro, según el expediente. Los documentos no explicaban las razones específicas.

Según el abogado del padre, consultado por ABC13, la orden no especificó cómo debía realizarse el traspaso de la niña. El letrado también aclaró que, dado que la resolución acababa de dictarse, la agencia encargada de supervisar las visitas ni siquiera tenía conocimiento del caso cuando ocurrieron los disparos. Fuentes cercanas a la familia, citadas por la filial de ABC en Houston, KTRK, señalaron que Vivian debía ser entregada a su padre esa misma noche.

La familia difundió un comunicado a través de sus representantes legales el 30 de septiembre. En él, Aaron fue reconocido por haber recurrido a los tribunales para proteger a su hija y haber cumplido cada orden judicial. “Nuestra familia está devastada. No hay palabras para describir lo que nos han arrebatado”, expresó la familia. Sobre el desenlace de esa noche, la familia fue escueta: “Nunca llegó”.

Quiénes estaban en la vivienda cuando ocurrieron los disparos

El padrastro de la niña y una niñera también se encontraban en el domicilio en el momento de los disparos. Investigadores de la División de Homicidios tomaron declaración a ambos, de acuerdo con ABC7.

Otros testigos presentes en la vivienda escucharon los disparos, forzaron la entrada a la habitación de la menor y alertaron a las autoridades.

El pedido de la familia de Vivian Savella

Los allegados de Vivian aprovecharon el comunicado para pedir mayor atención pública hacia los padres que, como Aaron, recurren a la justicia para proteger a sus hijos. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó privacidad durante el duelo.

Quienes cuenten con información útil para los investigadores pueden comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o con Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

El ayudante de cocina que protagoniza esta historia estaba llevando una taza al fregadero cuando resbaló, rompió el vaso y sufrió un corte en dos dedos de la mano derecha. Fue más grave de lo que parecía: la lesión afectó a los tendones y requirió cirugía de urgencia al día siguiente.

El empleado estuvo cinco meses de baja. Tras la rehabilitación, los médicos descartaron una segunda intervención y le dieron el alta terapéutica después de 20 sesiones intensivas de fisioterapia, en las que no logró mejorar su movilidad en la mano. Por eso, al regresar al trabajo, solicitó la incapacidad permanente, alegando que las lesiones no le permitían realizar su labor. Y como la mutua y la Seguridad Social rechazaron su petición, el caso acabó en los tribunales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que las secuelas que presenta no alcanzan el umbral legal para reconocerle ninguno de los dos grados de invalidez que reclamó. Según los jueces, el trabajador conserva capacidad de prensión, pinza y agarre, y las limitaciones no superan el 33 % de merma en su rendimiento habitual.

El cuadro clínico que quedó probado en el proceso describe una rigidez establecida en la articulación interfalángica proximal del cuarto dedo de la mano derecha, fijada a 90 grados de flexión. No puede cerrar el puño por completo: le falta aproximadamente 1 centímetro para alcanzarlo. Los médicos también registraron dolor durante la movilización y limitaciones en el resto de los dedos largos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social había reconocido previamente la existencia de estas lesiones, pero las calificó como lesiones permanentes no invalidantes.

Por qué el tribunal rechazó la incapacidad

Para que se reconozca una incapacidad permanente total, la ley exige que las limitaciones funcionales impidan desempeñar todas o las principales tareas de la profesión habitual con un mínimo de continuidad, rendimiento y eficacia.

El tribunal aplicó ese criterio a la situación concreta de un ayudante de cocina y concluyó que las secuelas no lo cumplen. La sentencia señala que el trabajador “puede efectuar prensión puño y pinza” y que la secuela se trata de “una secuela leve que no le impide manejar los instrumentos de cocina”.

La defensa había solicitado que se reformulara la descripción de los hechos probados para incluir referencias al dolor persistente irradiado al hombro derecho y a la imposibilidad de realizar tareas de prensión propias de su oficio. El tribunal rechazó esa petición porque, a su criterio, la nueva redacción propuesta contenía elementos valorativos que no corresponden al relato de hechos y no se demostró que la jueza de primera instancia hubiera cometido un error manifiesto al analizar la documentación médica. La sala también descartó que existiera un trastorno ansioso-depresivo acreditado que pudiera sumar peso a la reclamación.

El trabajador planteó de forma subsidiaria que, si no se le reconocía la incapacidad total, al menos se le declarara la parcial. Este grado requiere acreditar una disminución de al menos el 33% en el rendimiento normal para la profesión habitual, aunque sin llegar a impedir las tareas fundamentales de ese trabajo. La sala concluyó que tampoco se alcanzó esa proporción. La sentencia confirma la postura del juzgado de primera instancia en todos sus términos.

Lo que ocurrió esa noche en la Instalación de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, convirtió ese temor en el centro del debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos: Pike recibió dos dosis completas de pentobarbital, sobrevivió a ambas y permanece hospitalizada en estado crítico, según informaron sus abogados ante los tribunales.

El contraste entre el pedido de Pike y lo que dispone la legislación de Tennessee es directo: el estado contempla la inyección letal como método principal y permite que quienes cometieron un delito antes del 1° de enero de 1999 elijan la electrocución mediante una renuncia escrita. El pelotón de fusilamiento no está habilitado en ningún caso.

La solicitud de la defensa no tenía respaldo legal en el estado, pero la ejecución fallida del 30 de septiembre le otorgó una resonancia que va mucho más allá del caso individual.

Christa Pike pidió un pelotón de fusilamiento antes de su ejecución en Tennessee

Según su abogado Randy Spivey, la oposición de Pike a la inyección letal no respondía a un rechazo abstracto al método. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, declaró Spivey en declaraciones recogidas por EFE.

Spivey agregó que Pike había tenido a lo largo de su vida reiterados problemas con extracciones de sangre y accesos venosos, y que esa condición formaba parte del argumento médico presentado ante los tribunales.

La defensa señaló que Joel Zivot, profesor de anestesiología de Atlanta y consultor de la defensa, advirtió en una audiencia celebrada en agosto ante un árbitro judicial designado para el caso que Pike —una mujer pequeña, con una condición que eleva el nivel de plaquetas en sangre y que llevaba casi tres décadas en confinamiento solitario— tenía venas de escaso calibre, difíciles de localizar y propensas a complicaciones.

El árbitro rechazó casi toda la evidencia presentada, según publicó The Guardian. En ese contexto, la defensa solicitó al estado que considerara alternativas: el fusilamiento o la horca, según informó The Washington Post . Tennessee rechazó la solicitud. Ninguno de esos métodos forma parte de su protocolo vigente.

Qué ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike

El equipo de la prisión intentó durante aproximadamente una hora establecer una vía intravenosa antes de administrar la primera dosis de pentobarbital. El abogado Spivey declaró haber contado al menos siete agujas clavadas solo en el brazo izquierdo de su cliente, “una de las cuales parecía doblada cuando la extrajeron”, según recogió EFE.

Los periodistas presentes describieron una escena que el propio abogado calificó de “cruel y tortuosa”: Pike continuó hablando, respirando y emitiendo ronquidos tras la primera inyección. “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo Pike, según relató la periodista Tori Gessner, de la estación televisiva WKRN de Nashville, recogida por EFE.

Ante los signos vitales persistentes, se administró una segunda dosis. Según documentos presentados por la defensa ante el tribunal, Pike seguía respirando casi una hora después de la primera inyección y el brazo comenzó a ponerse morado.

La autoridad penitenciaria sostuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley. Pike fue trasladada a un hospital —no de forma inmediata, según su defensa— y el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) señaló que es la primera persona en sobrevivir tras recibir dos dosis letales de pentobarbital en el contexto de una ejecución judicial.

Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años en enero de 1995 cuando atrajo a Colleen Slemmer, de 19 años, a un área apartada en Knoxville, Tennessee, junto con su novio Tadaryl Shipp —entonces de 17— y una tercera adolescente, Shadolla Peterson. Según la fiscalía, Pike temía que Slemmer fuera una rival amorosa. Slemmer fue torturada y asesinada.

Pike era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, según el TDOC, estaba alojada en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson en Nashville, ya que el número reducido de reclusas sentenciadas a muerte impide alojarlas en una unidad separada.

De los tres implicados en el crimen, Pike fue la única procesada por un delito capital: Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —denegada el año pasado—, y Peterson testificó a cambio de la libertad condicional. Pike fue condenada a muerte en marzo de 1996 y, durante su reclusión, recibió una condena adicional por intento de homicidio en primer grado por una agresión a otra reclusa en 2001.

La defensa de Pike argumentó que el juicio no expuso al jurado datos cruciales sobre su historial: según el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, Pike sufrió abusos sexuales desde la infancia y fue diagnosticada posteriormente con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que supiera del abuso sexual y la negligencia documentados que sufrió de niña la condenara a muerte”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, en declaraciones recogidas por Associated Press. La postura opuesta la sostuvo May Martínez, madre de Slemmer, quien reclamó el cumplimiento de la sentencia y lamentó el resultado: “Fue un desastre”, dijo en declaraciones a NBC recogidas por EFE.

Pentobarbital, pena de muerte y el debate sobre los métodos de ejecución

El pentobarbital es un barbitúrico que actúa sobre el sistema nervioso central; en el contexto de ejecuciones se administra en cantidades que bajo circunstancias normales se consideran fatales.

El protocolo de Tennessee fue revisado en diciembre de 2024 por el Departamento de Corrección de Tennessee, en consulta con la Fiscalía General del estado, y retomó la fórmula de un solo fármaco —pentobarbital— que ya había sido utilizada entre 2013 y 2018.

Las ejecuciones se reanudaron en mayo de 2025 con ese protocolo vigente. El 24 de abril de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó el informe Restoring and Strengthening the Federal Death Penalty (Restauración y fortalecimiento de la pena de muerte federal), en el que concluyó que su uso “es compatible con la Octava Enmienda” —la cláusula constitucional que prohíbe penas crueles e inusuales— y amplió el protocolo federal para incluir métodos alternativos, entre ellos el pelotón de fusilamiento, según informó EFE. Esa política corresponde al ámbito federal y no modifica de forma automática los protocolos de los estados.

Zivot cuestionó ante The Guardian la premisa médica de la inyección letal: “Esto es la imitación de un acto médico. Es el robo de un acto médico. Por eso, cuando sale mal, no me sorprende en absoluto.” Organizaciones abolicionistas como el DPIC reclamaron una moratoria nacional y Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Initiative en Montgomery, Alabama, declaró al mismo medio que “casi una docena de ejecuciones fallidas en los últimos años debería haber suspendido las ejecuciones mucho antes”.

Tras lo ocurrido, el gobernador Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en Tennessee para el resto de 2026 y ordenó una investigación sobre los hechos del 30 de septiembre.

La Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado este viernes el juicio por el crimen machista de Can Pastilla. Los magistrados y el jurado deberán deliberar sobre la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar a su pareja asestándole 66 puñaladas delante de su hija.

Durante la primera jornada del juicio, el inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que instruyó las diligencias del asesinato ha asegurado que no había presenciado “burrada semejante” en los 16 años que lleva en el cuerpo armado.

El crimen de Can Pastilla recibe el nombre de la localidad en la que fue encontrada la víctima. La mujer, ya fallecida, fue abandonada en un vehículo junto con su hija, menor de edad, que presenció el asesinato. La policía encontró al acusado media hora después, en un parque cercano y “cubierto de sangre”, ha puntualizado el inspector en sus declaraciones.

Engañó a su mujer y la mató delante de su hija

Los hechos se remontan al 10 de diciembre de 2024. Por aquel entonces, el acusado ya contaba con una orden de alejamiento de la víctima, de la que debía mantenerse a más de 500 metros de distancia. La mujer portaba por ello una pulsera telemática de control.

El hombre tampoco tenía permitido comunicarse con ella, pero tras diversas llamadas y mensajes, consiguió convencerla para verse. La pareja acudió ese día a recoger juntos a su hija menor a la escuela. Para poder hacerlo, le pidió a la mujer que dejase la pulsera en casa.

Una vez recogieron a la niña del colegio, la familia volvió al coche: él se sentó en el asiento del conductor, ella en el del copiloto y la menor, en el asiento trasero del vehículo. Cuando circulaban por el camí de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo y le asestó 66 puñaladas a la mujer en la cabeza, el cuello, tórax, abdomen y brazos. La víctima no pudo defenderse, debido al reducido espacio del automóvil, y falleció a los pocos minutos.

El acusado se bajó del vehículo e intentó darse a la fuga. A la llegada de los equipos de emergencia, sobre las 15:30 horas, encontraron a la mujer, que presentaba “incontables puñaladas” por todo el cuerpo.

La Policía Local de Palma lo detuvo media hora después, en un parque de la zona y cubierto de sangre. El agente ha recordado que, en el momento de la detención, el acusado levantó la mano y aseguró a los policías locales que era “el que había matado a su pareja”. El policía, además, ha revelado que dieron con un vídeo en redes sociales en el que el acusado, en primer plano, aparecía con una canción que consideró “amenazante y reveladora”.

Piden 27 años de cárcel por el asesinato

El Ministerio Fiscal acusa al procesado de los delitos de asesinato, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el ámbito familiar. En el caso del homicidio, le impone los agravantes de género y parentesco. Por todo ello, pide 27 años de prisión: 25 años por el asesinato y un año por cada uno de los dos delitos restantes.

Asimismo, la Fiscalía solicita la privación de la patria potestad y la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, sus centros de estudio o de trabajo durante los próximos 33 años. El Ministerio Público reclama a su vez una indemnización de casi 250.000 euros para los familiares de la víctima.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió este jueves a las autoridades de Tennessee que abandonen cualquier nuevo intento de ejecución contra Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en el estado, tras el fallo del procedimiento letal del 30 de septiembre. El organismo invocó la prohibición internacional de la tortura, cuestionó la equidad del juicio que la llevó a esa condena y pidió su conmutación.

Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue tajante en su comunicado: “El sufrimiento prolongado, tanto físico como mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel”. Cuestionó además que Christa Pike haya tenido un juicio justo.

El pronunciamiento llega días después de que Pike sobreviviera a dos dosis de pentobarbital en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, sin perder en ningún momento la conciencia. Con 50 años, condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, debía ser la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, el caso se produce en un contexto de aumento de las ejecuciones en Estados Unidos y reaviva el debate sobre las garantías del debido proceso y el trato a los condenados sometidos a intentos de ejecución reiterados.

La ONU advierte que dos ejecuciones fallidas equivalen a tortura

Nueve expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) respaldaron el llamado. “El estado de Tennessee debe poner fin de forma inmediata e irrevocable a esta crueldad conmutando la sentencia de muerte de Christa Pike”, declararon el jueves.

“No uno, sino dos intentos fallidos de ejecución constituyen una flagrante violación de la prohibición de la tortura y la privación arbitraria de la vida y demuestran por qué la pena de muerte debería prohibirse en todas partes”, afirmaron. El argumento central es que someter a una persona a ese ciclo de sufrimiento —físico y psicológico— viola normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, con independencia del crimen cometido.

Türk fue más lejos al poner en duda la integridad del proceso judicial que llevó a Pike al corredor de la muerte. El alto comisionado señaló que las preguntas sin respuesta sobre la equidad del juicio suman otra capa de preocupación a cualquier nuevo intento de ejecutarla.

En ese sentido, los abogados de Pike habían argumentado durante años que el jurado original nunca accedió a información clave sobre la historia personal de su defendida: abusos físicos y sexuales desde la infancia, violaciones a los 11 y a los 17 años, y ausencia de tratamiento psiquiátrico. Años después de la sentencia, Pike recibió diagnósticos de trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Qué ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee

El procedimiento acumuló más de nueve horas de demoras. La jornada comenzó con una suspensión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal cuando faltaba menos de una hora para la ejecución prevista a las 10 de la mañana; horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos la revocó en una votación de 6 a 3, sin explicar su decisión.

Las cortinas de la cámara se abrieron a las 19:27. Pike pronunció sus palabras finales, cantó junto a su asesor espiritual el tema I Love You So Much y, a las 19:34, dijo sentir que su brazo estaba “a punto de reventar”. A las 19:46 las cortinas se cerraron —Pike seguía viva y roncaba— y volvieron a abrirse tres minutos después. El cierre definitivo llegó a las 20:05. Hasta las 20:53, cuando cortaron el micrófono y retiraron a los testigos, los periodistas continuaron escuchando sonidos de Pike detrás de la cortina.

Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, fue la primera en hablar ante la prensa al salir. Señaló que Pike todavía respiraba cuando los obligaron a retirarse y que había escrito en sus notas, una y otra vez, la frase “todavía sigue hablando”. El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) sostuvo haber cumplido el protocolo aprobado por la Fiscalía General, aunque ese mismo protocolo no contempla qué hacer si el recluso sigue con vida después de la segunda ronda de fármacos.

El crimen de 1995 por el que Pike lleva tres décadas en el corredor de la muerte

Colleen Slemmer tenía 19 años cuando murió en Knoxville, en la noche del 12 de enero de 1995. Pike, entonces de 18 años, la llevó a un lugar apartado —el campus agrícola de la Universidad de Tennessee— con la promesa de compartir marihuana. La acompañaban su novio Tadaryl Shipp y una tercera joven, Shadolla Peterson, según la opinión del Tribunal Supremo de Tennessee del 5 de octubre de 1998.

El ataque duró 30 minutos a una hora. Pike usó un cúter y un cuchillo de carnicero para herir el estómago, la espalda y la garganta de Slemmer, consciente y suplicante por su vida. La médica forense del condado de Knox, doctora Sandra Elkins, constató una herida de 15 centímetros en el cuello, diez cortes en la garganta, heridas defensivas y fracturas múltiples de cráneo con fragmentos incrustados en el cerebro.

Elkins intentó catalogar con letras las heridas de corte y punción del torso, pero desistió: declaró que necesitaría “tres días” para catalogarlas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico por fuerza contundente.

Al día siguiente, Pike regresó a la escena y, según el testimonio de un oficial de la policía de la Universidad de Tennessee, preguntó por qué el área estaba acordonada y si la policía tenía sospechosos. Esa misma noche mostró a dos compañeras del centro un fragmento del cráneo de Slemmer que llevaba en el bolsillo y dijo: “Eso no es barro en mis zapatos, es sangre”.

En 1996, un jurado la condenó a muerte por asesinato premeditado en primer grado. Shipp, separado de ella por apenas unos meses de edad pero clasificado como menor según la normativa de Tennessee, recibió cadena perpetua. Peterson, que cooperó con la investigación, obtuvo libertad vigilada.

El gobernador de Tennessee suspendió la próxima ejecución y ordenó una revisión externa

Tras el fallo del procedimiento, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión externa de lo ocurrido y suspendió la única ejecución restante prevista para el año, según informó la Associated Press (AP). Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia por “sufrimiento innecesario”.

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó el caso de “singular e incomparable”: ninguna persona había permanecido con vida tras recibir los fármacos letales en una ejecución, según AP.

Es un lugar sin mayor interés, pero ha terminado en la Audiencia Provincial. La parte trasera de dos casas de pueblo en Fosado, en el municipio oscense de La Fueva, acabó ante los tribunales por un conflicto protagonizado por un paso, una rampa de hormigón y un muro que separan dos propiedades.

Todo empezó cuando una mujer heredó de su madre una casa con pajar. Durante años convivió con una frontera imprecisa: la finca figuraba en el Registro de la Propiedad con una superficie “ignorada”, sin que nadie hubiera medido jamás con exactitud dónde terminaba su propiedad y dónde empezaba la de sus vecinos, tres hermanos que eran propietarios de la casa contigua. El conflicto estalló cuando intentó poner orden en esa ambigüedad catastral y uno de los hermanos sintió que esa corrección le arrebataba un camino que consideraba suyo. Por eso derribaron el muro que dividía las dos propiedades y pusieron una rampa de hormigón para acceder a su casa desde ese otro terreno.

La disputa terminó en los tribunales. La sentencia de primera instancia dio la razón casi por completo a la mujer que había heredado: declaraba su propiedad exclusiva sobre el inmueble, negaba cualquier servidumbre de paso en favor de la finca vecina —es decir, rechazaba que pudieran acceder a su parcela desde el terreno de la vecina— y obligaba a ejecutar obras de reparación, eliminando la rampa de hormigón construida junto al límite entre ambas propiedades y reconstruyendo el muro que antiguamente las separaba. Para los tres hermanos, esa condena suponía deshacer con sus propias manos una obra ya ejecutada y levantar una pared. Por eso apelaron ante la Audiencia Provincial.

Y ahora, la Sala ha confirmado que la mujer es la dueña legítima de la finca y que no existe derecho de paso alguno sobre su terreno, pero ha eliminado esas dos condenas: ni tendrán que retirar la rampa ni reconstruir el muro. El tribunal constató que la rampa está construida en su totalidad sobre el predio de los demandados, sin que se haya alegado ni probado que su existencia afecte de algún modo a la propiedad de la actora, aunque pierden definitivamente cualquier pretensión de paso por terreno ajeno.

“Superficie ignorada”

Uno de los argumentos centrales de la defensa fue que la finca de la actora, al constar en el registro como de “superficie ignorada”, no podía identificarse con la precisión suficiente para fundar una acción de dominio.

La Audiencia rechazó ese planteo. El tribunal recordó que en la comarca del Sobrarbe, donde se ubica el municipio de La Fueva, era habitual que las propiedades rurales se describieran por su nombre de casa —como Casa Camino o Casa Adriano— y agruparan edificaciones con terrenos rústicos anexos, incluyendo las antiguas eras. El informe pericial presentado por la mujer identificó, junto a la parcela urbana, una segunda parcela catastral de terreno rústico que integra el conjunto de la propiedad. El perito asumió un levantamiento topográfico y verificó que la finca registral se corresponde con dos referencias catastrales, urbana y rústica.

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, se ha ratificado este jueves ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en que trasladó a Miguel Ángel Pérez Triano la alerta que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) horas antes de la entrada masiva del 30 de julio. Fuentes jurídicas han señalado que se reafirma en lo que ya sostuvo en la carta con la que presentó su dimisión el pasado 11 de septiembre: que informó al entonces delegado del Gobierno de los mensajes que había recibido de un miembro del servicio de inteligencia el día anterior a la crisis fronteriza.

Sanz ha comparecido como testigo ante la jueza Tardón dentro de la investigación sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Su declaración estaba especialmente vinculada a la información que recibió directamente del CNI el 29 de julio y a la posterior comunicación de esos avisos dentro de la Delegación del Gobierno. El que fuera jefe de Gabinete ya había dejado fijada su versión por escrito cuando abandonó el cargo y este jueves, tras declarar ante la magistrada, ha confirmado que mantiene aquel relato.

La carta de dimisión es, por tanto, el principal documento sobre el que Sanz ha reafirmado su posición. En ella explicaba que dejaba su puesto por razones personales y familiares, pero añadía otro motivo relacionado con la controversia surgida después de que se conocieran los contactos entre el CNI y la Delegación del Gobierno. El entonces jefe de Gabinete sostenía que existía una “evidente incompatibilidad” entre lo que él había hecho y lo que Pérez Triano había manifestado públicamente.

En concreto, Sanz afirmó en aquel documento que la información escrita que había recibido del CNI el 29 de julio fue trasladada por él mismo al entonces delegado del Gobierno ese mismo día. De esta forma, su versión situaba a Pérez Triano como conocedor de los avisos del servicio de inteligencia antes de que se produjera la entrada masiva del día siguiente.

El teléfono de Sanz, a disposición de la jueza

Según ha podido saber Infobae, además de su declaración, Sanz ha aportado a la investigación los datos que conserva en su teléfono móvil. El objetivo es que la magistrada pueda examinar las comunicaciones mantenidas antes de la entrada masiva y contrastar el flujo de mensajes y llamadas producido durante esas horas. El dispositivo puede permitir a la jueza analizar las comunicaciones que mantuvo Sanz después de recibir los avisos del CNI, aunque el contenido y alcance de las diligencias que pueda acordar la magistrada a partir de esos datos todavía están por determinar.

La aportación del teléfono se suma así a la documentación ya desclasificada por el Gobierno. El 29 de julio, un miembro del CNI se puso en contacto con el entonces jefe de Gabinete mediante mensajes de WhatsApp y le trasladó información sobre varios grupos que estaban difundiendo en redes sociales una convocatoria relacionada con una posible entrada en Ceuta. Según la documentación desclasificada, esos grupos sumaban alrededor de 180.000 seguidores y en ellos se hacía un “llamamiento para asalto por valla y mar” para el día 30 de julio. Sanz recibió esos mensajes y mantuvo posteriormente una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia.

La existencia de esos contactos entre el CNI y Sanz está documentada. La cuestión que ha generado la controversia es qué ocurrió después con la información. Sanz sostiene que trasladó esos avisos a Pérez Triano ese mismo día, mientras que el entonces delegado del Gobierno había asegurado que no tuvo conocimiento de los mensajes ni de la conversación mantenida entre su jefe de Gabinete y el agente del CNI. Cabe recordar que Sanz estaba citado como testigo en la Audiencia Nacional, condición que le obliga a decir verdad.

Esa discrepancia entre ambos fue precisamente una de las cuestiones que Sanz dejó reflejadas en su carta de dimisión. El exjefe de Gabinete explicó que decidió abandonar el puesto después de que Pérez Triano negara públicamente haber recibido la información que él aseguraba haberle trasladado.

Pese a la discrepancia, Sanz quiso desvincular su salida de cualquier enfrentamiento personal con el delegado. En su escrito aseguró que tomaba la decisión “sin la más mínima acritud hacia el delegado” y defendió la actuación desarrollada por la Delegación del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva. En la misma carta, Sanz también sostuvo que existían informes que acreditaban la labor de aviso y alerta realizada por la Delegación ante distintos departamentos del Gobierno. Su argumento era que la institución había trasladado información y reclamado medidas ante la situación que se estaba produciendo en Ceuta antes del 30 de julio.

La jueza Tardón ha comenzado a tomar declaración a distintos responsables y testigos para reconstruir esa cadena de información. Antes de Sanz declaró el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien explicó sus intentos de contactar con el Gobierno central durante los días previos a la crisis. Este jueves también ha comparecido el antiguo —ahora jubilado— jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.

Para Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y una de las acusaciones populares personadas en la causa, el balance de esa instrucción es claro. Frente a quienes han cuestionado la actuación del magistrado durante estos meses, Pardo sostiene que Peinado “ha realizado una instrucción acorde a derecho” y considera que las críticas que ha recibido han sido “indecentes e inmorales”.

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Su defensa del juez llega precisamente cuando el instructor acaba de abandonar la carrera judicial y después de una investigación en la que la Audiencia Provincial de Madrid ha corregido algunas de sus decisiones. El tribunal dejó finalmente en dos los delitos por los que Gómez será juzgada —tráfico de influencias y malversación— y descartó otros dos que Peinado había incluido inicialmente: corrupción en los negocios y apropiación indebida. También levantó las medidas cautelares personales que había acordado contra ella.

Pardo, sin embargo, interpreta esas correcciones dentro del funcionamiento normal de la Justicia. “El juez tiene un tribunal superior que le corrige”, señala. Y recuerda que varias de las resoluciones de Peinado fueron recurridas sin que ello terminara en una sanción al magistrado. “Nos puede gustar más o menos lo que haga un juez”, admite, pero considera que la presión sobre el instructor terminó siendo “absolutamente desmedida”.

No es una cuestión menor para Pardo. A su juicio, esa presión no solo afectó a Peinado, sino que podía terminar proyectándose sobre los tribunales llamados a revisar sus decisiones. “Lo único que se intentaba era hacer una presión, ya no tanto sobre él, que la ha sufrido y seguramente su familia también, también como la jueza Biedma, sino que esa presión escalara a los tribunales que tenían que decidir”, sostiene.

La defensa de Peinado

Entre las decisiones más discutidas estuvieron precisamente las medidas cautelares que el magistrado llegó a imponer a Gómez. En julio, la Audiencia Provincial anuló la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado al considerar que no existía un riesgo real y efectivo de fuga con la intensidad necesaria. Pardo mantiene que Peinado actuó dentro de sus competencias. “Él adopta como juez de instrucción unas medidas cautelares porque, en el momento, piensa que esas son las medidas que él tiene que adoptar”, explica. Que la Audiencia las revocara, añade, no significa que el instructor hubiera cometido una irregularidad susceptible de sanción.

Y ahí introduce uno de los episodios que más le llamaron la atención de aquella resolución, como es el debate sobre la posibilidad de que la escolta de Gómez pudiera facilitar una eventual huida. “Que no nos digan que no se puede fugar con la escolta, eh”, afirma Pardo, antes de recurrir a un precedente italiano. Cita el caso de Bettino Craxi, antiguo presidente del Consejo de Ministros italiano, que abandonó un hotel pese a la presencia policial y terminó muriendo en Túnez, fuera del alcance de la Justicia.

Pero el siguiente movimiento que Pardo reclama ya no tiene que ver con Peinado, sino con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno fue citado durante la instrucción y declaró ante el juez, aunque se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones. Ahora, con el procedimiento encaminado hacia un juicio con jurado, las acusaciones deberán plantear qué testigos consideran necesarios para la vista. Entre ellos, Pardo quiere que vuelva a aparecer el nombre de Sánchez. “Si hubiera sido otro caso, pues sería el primero que al que se citaría”, sostiene. Y añade: “Yo entiendo que debería comparecer, claro”.

La razón que esgrime está vinculada al origen de una de las principales líneas de acusación: la influencia que, según la tesis acusatoria, pudo ejercer Gómez en relación con la creación y desarrollo de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigió. La Audiencia Provincial consideró en julio “perfectamente verosímil” que la condición de esposa del presidente pudiera ser un elemento a tener en cuenta para investigar ese posible tráfico de influencias, aunque el juicio tendrá que determinar si existió realmente una influencia penalmente relevante y si esta fue determinante para obtener un beneficio.

Preguntado por qué espera de una eventual declaración de Sánchez, Pardo responde sin demasiados rodeos: “Nada bueno. De Pedro Sánchez no espero nada bueno”. La declaración del presidente, en cualquier caso, no sería la única que considera relevante. Pardo señala también al vicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio y al director de la cátedra. “Van a tener que explicar muchas cosas”, afirma. Para la acusación popular, ambos pueden resultar especialmente importantes a la hora de reconstruir cómo se puso en marcha la cátedra y qué papel desempeñó Gómez en todo ese proceso.

El problema de demostrar la influencia

Ahí aparece, en realidad, una de las principales dificultades que Pardo identifica de cara al juicio. Más allá de las personas que puedan sentarse en el banquillo de los testigos, el reto será convertir los indicios acumulados durante la instrucción en una prueba que permita sostener una condena contra Begoña Gómez. “El delito de tráfico de influencias, un delito típico español, es el delito del enchufado”, resume Pardo. Y apunta directamente al principal problema probatorio: “Lo más difícil de acreditar es cuando tú has enchufado a una persona a través de una influencia”.

La dificultad, explica, está en que ese tipo de actuaciones rara vez dejan una prueba documental directa. “Nadie va a poner por escrito: ‘Yo te doy el puesto’, y te lo firma y te dice: ‘Hola, soy el rector’, y te pone la fecha y un sello. Eso no va a existir”. Por eso, sostiene, la acusación tendrá que apoyarse en los indicios. “¿Qué tenemos que buscar? Los indicios que acrediten que eso ha sucedido". El objetivo será que esos indicios puedan convertirse durante el juicio ante el jurado en una prueba de cargo capaz de acreditar la culpabilidad.

Pardo reconoce que no será sencillo. Para ilustrarlo, recurre al procedimiento seguido contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, donde su partido político también ejerció la acusación. Según recuerda, la Audiencia Provincial de Badajoz concluyó que no se había acreditado quién habría ejercido la supuesta influencia. “Ante la duda, el derecho penal español está a favor siempre del reo”, señala.

El juicio de Begoña Gómez tendrá ahora que recorrer precisamente el camino de determinar qué hechos pueden darse por acreditados y cuáles se quedan en el terreno de los indicios. La Audiencia Provincial ya ha fijado el marco con dos delitos y un jurado popular. Para Pardo, la clave estará en que las acusaciones consigan responder a una pregunta muy concreta: quién influyó, cómo lo hizo y hasta qué punto esa influencia fue determinante. “Tendremos que esmerarnos mucho en que eso se produzca y que encontremos los indicios que hagan prueba. No será sencillo”, sentencia.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha respondido a la Fiscalía Europea que “hasta la fecha” no existen indicios de que los hechos que investiga en el ‘caso Leire’ hayan afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. El magistrado contesta así al organismo comunitario, que la semana pasada pidió información sobre la causa después de que un particular planteara si fondos relacionados con la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 pudieron acabar destinados a actividades vinculadas a la presunta trama investigada por el juez. En su escrito, al que ha tenido acceso Infobae, el juez Pedraz ordena además poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía Europea “a los efectos oportunos”.

La precisión temporal que utiliza Pedraz —“hasta la fecha”— resulta relevante porque su escrito no supone un pronunciamiento general sobre todas las operaciones económicas que aparecen en la investigación ni sobre el conjunto de las pesquisas. Su respuesta se limita a la cuestión concreta planteada por la Fiscalía Europea: si en las diligencias que dirige existen indicios de que hayan resultado afectados los intereses financieros de la Unión.

El movimiento del organismo europeo se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporase a la investigación documentación sobre determinados pagos efectuados durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024. Entre ellos figura el abono realizado por el PSOE a Crónica Libre, medio vinculado a Leire Díez, que inicialmente había sido incluido en el plan de medios de aquella campaña con una cantidad de 20.000 euros. La cantidad finalmente facturada fue de 18.125,80 euros, IVA incluido, según la documentación analizada por la UCO a la que tuvo acceso este diario.

La Fiscalía Europea vuelve sobre el pago a ‘Crónica Libre’

El origen de esta derivada se encuentra en un oficio de la Fiscalía Europea. El fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez Crespo pidió al juez Pedraz que informara sobre si en las diligencias previas existían “indicios de afectación a los intereses financieros de la UE” y, en caso afirmativo, que facilitara la información disponible sobre este extremo. El documento advertía además de que, si la información solicitada estuviera afectada por el secreto de las actuaciones, se adoptarían las medidas necesarias para garantizarlo.

No era la primera comunicación de la Fiscalía Europea sobre este asunto. El organismo había acudido inicialmente a la UCO para preguntar si en la investigación existían fondos europeos que pudieran haberse visto perjudicados. La Guardia Civil trasladó entonces la documentación al juez instructor para que valorase el contenido de la petición y decidiera lo procedente.

El rastro de los 18.125 euros

La operación que había puesto el foco sobre Crónica Libre aparece en un informe de la UCO incorporado a la causa. Según la documentación a la que tuvo acceso Infobae, el plan de medios de la campaña europea situaba la publicidad entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2024 y recogía una propuesta del digital por 14.980 euros antes de impuestos. Con el IVA, la factura ascendió a 18.125,80 euros.

La compra de espacios publicitarios del PSOE se gestionaba a través de IKI Media Solutions. La documentación analizada por los investigadores recoge, sin embargo, que en el caso de Crónica Libre el partido habría pactado directamente con el medio tanto el precio como el formato de la campaña. El presupuesto que inicialmente se había reservado ascendía a 20.000 euros, aunque finalmente se ejecutó por una cantidad inferior.

La UCO interrogó a responsables de la agencia que intervenía en la contratación de publicidad. Una de las testigos cuestionó durante su declaración que la inversión en Crónica Libre estuviera justificada atendiendo a la repercusión del medio y explicó que no recibió el informe detallado de resultados que habitualmente se reclamaba a los soportes publicitarios. Otro responsable confirmó que los anuncios habían aparecido publicados en la página web.

La documentación recopilada por los agentes incluye además intercambios de correos electrónicos sobre la contratación. En ellos se refleja que se llegó a plantear una ampliación de otros 5.000 euros para el medio, aunque finalmente esa cantidad adicional no se habría abonado y el pago quedó en los 18.125,80 euros incluidos en la factura.

Este conjunto de datos fue el que llevó a la Fiscalía Europea a interesarse por la operación, aunque el PSOE ha rechazado que esos pagos tuvieran una finalidad distinta de la publicidad electoral.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional acudirá a los tribunales para solicitar medidas cautelarísimas que permitan desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda. La petición se formulará ante el Tribunal Contencioso-Administrativo y llega después de que la Delegación del Gobierno no haya atendido el requerimiento de la Comunidad para que se disuelva el asentamiento.

Ayuso ha realizado el anuncio durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha responsabilizado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de la situación por su “inacción”. La presidenta madrileña ha defendido que se trata de una “acampada ilegal” que “nunca se debió permitir”. “Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir”, ha señalado Ayuso durante su intervención.

La decisión de la Comunidad se produce exactamente en los términos que había avanzado hace 48 horas el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El martes, el Ejecutivo autonómico remitió un requerimiento al delegado del Gobierno para que ordenase el desalojo de la acampada en un plazo máximo de 48 horas y advirtió de que, si no se producía, acudiría a la vía judicial.

La Comunidad acusa a la Delegación de no actuar

El Gobierno madrileño sostiene que la permanencia del campamento está provocando perjuicios a vecinos y comerciantes y reclama a la Delegación del Gobierno que intervenga. El martes, García Martín acusó al Ministerio del Interior y a la Delegación de no estar haciendo “absolutamente nada” y aseguró que la Comunidad estaba dispuesta a emprender acciones judiciales si no se procedía al desalojo.

El miércoles, cuando ya habían transcurrido 24 horas desde el requerimiento, el consejero volvió a exigir el desalojo “de manera inmediata” y recordó que quedaban otras 24 horas antes de que el Ejecutivo autonómico presentase un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha defendido el derecho fundamental de reunión y ha señalado que no se habían producido disturbios que justificasen una intervención policial para desalojar la concentración. Francisco Martín confirmó que había recibido el requerimiento de la Comunidad y reclamó al Ejecutivo autonómico que respetase el derecho de reunión.

El Ayuntamiento de Madrid también se ha pronunciado a favor del desalojo y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había advertido de que podría emprender acciones legales contra el delegado del Gobierno si no intervenía.

Una acampada que se mantiene mientras crece el pulso institucional

La protesta comenzó durante la noche del sábado, después de la movilización convocada en Madrid por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la casa en la que vivió durante más de 70 años. Los participantes reclaman medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda y han mantenido su intención de continuar en Sol pese a las exigencias de la Comunidad de Madrid.

El asentamiento se ha ido ampliando durante los últimos días. Distintas estimaciones sitúan ya en cientos el número de tiendas instaladas en la plaza, mientras los organizadores mantienen la movilización y preparan nuevas acciones vinculadas a sus reivindicaciones sobre vivienda.

La protesta coincide además con la tramitación por parte del Gobierno central de un paquete de medidas relacionadas con la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó el martes dos reales decretos-ley que deberán ser sometidos a convalidación en el Congreso, en un contexto marcado por las reivindicaciones de los colectivos que participan en la acampada.

Precisamente, los manifestantes habían anunciado su intención de mantener la acampada al menos hasta la jornada de este viernes, cuando está prevista en el Congreso la votación de los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo.

El caso generó una atención masiva en todo Estados Unidos: el juicio fue transmitido en vivo y puso en el centro del debate público la salud mental materna. Clancy, de 36 años y exenfermera de sala de partos, está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos pequeños, ocurrida en 2023 en el hogar familiar. Permanece internada en un hospital psiquiátrico y continuará allí hasta que la justicia defina su situación.

Qué argumentó la defensa de Lindsay Clancy para pedir la absolución

Ante el juez William Sullivan —el mismo magistrado que presidió el primer juicio—, el abogado Kevin Reddington presentó una moción para que absolviera a su clienta sin necesidad de un nuevo juicio. Su fundamento central fue que las pruebas reunidas por la fiscalía no alcanzan para probar que Clancy haya sido la responsable directa de las muertes.

“Todo este caso se basa en especulaciones”, declaró Reddington durante la audiencia, según informó Associated Press. El defensor señaló que cuando Clancy fue hallada esa noche estaba gravemente herida en el jardín de su casa, y que al despertar en el hospital no recordaba lo que había ocurrido. “¿Dónde está la admisión? ¿Dónde dice ella que hizo esto?”, preguntó ante el juez.

Este planteo contrasta con el que Reddington sostuvo durante el juicio. En aquel momento, él mismo había presentado una moción previa al proceso en la que afirmaba que Clancy estaba dispuesta a reconocer por escrito su participación en las muertes.

La defensa entonces no discutió la autoría, sino que apostó a convencer al jurado de que la acusada padecía una psicosis posparto —una condición poco frecuente y grave— que la habría privado de discernimiento al momento de los hechos, lo que la eximiría de responsabilidad penal. En la audiencia del martes, Reddington no ofreció teorías alternativas ni señaló a ningún otro posible responsable, según Associated Press.

Qué pruebas citó la fiscalía para sostener los cargos

La fiscal Shanan Buckingham rechazó de plano el nuevo planteo y lo calificó de “risible”. En su respuesta al juez, recordó que el registro del juicio es “extenso en cuanto a información que respalda que ella lo hizo”, según la cobertura de Associated Press.

Entre las pruebas presentadas durante el proceso figura el ADN de Clancy en las bandas de ejercicio con las que fueron estrangulados los tres niños. Los jurados también escucharon testimonios de que la acusada habría oído voces que le ordenaban matar a sus hijos. La fiscalía sostiene además que Clancy actuó con premeditación: la noche de los hechos, habría enviado a su marido a buscar medicamentos para uno de los pequeños y comida para la familia, con el fin de quedarse sola en la casa.

Las víctimas: Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de apenas 8 meses.

Por qué el primer juicio terminó sin veredicto y qué implica eso

Cuando los doce miembros de un jurado no logran ponerse de acuerdo en un veredicto unánime, el juez declara un juicio nulo —en inglés, mistrial—. Eso fue lo que ocurrió el 4 de septiembre: once jurados votaron a favor de Clancy y uno votó por la condena. Ese resultado no equivale a una absolución. La acusada no queda libre: la fiscalía conserva la potestad de decidir si lleva el caso a un nuevo juicio, modifica los cargos o lo archiva.

La situación del único jurado que votó por la condena también es materia de disputa. Los abogados de Clancy le pidieron al juez que descartara a ese integrante, Michael Desronvil, con el argumento de que se habría negado a aplicar correctamente el principio de duda razonable —es decir, que si existen dudas serias sobre la culpabilidad del acusado, el jurado debe votar por la absolución—.

Desronvil rechazó esa caracterización a través de su abogado. El lunes anterior a la audiencia, declaró ante el programa “Hannity”, de Fox News, que “toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos redirigir el foco hacia los tres ángeles”, en referencia a los niños.

Luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal ordenó al municipio de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, restringir las actividades en un centro de acopio de residuos ante la presunta contaminación del río Fitz Roy, ubicado a pocos metros del predio.

La Justicia Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el fiscal de la jurisdicción, luego de que durante una inspección se detectaran sustancias contaminantes en el predio del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI), situado a escasa distancia del curso de agua.

La disposición no implica la paralización integral del establecimiento, aunque establece que durante 90 días no podrá realizar actividades que excedan el acopio, la selección, la compactación y la transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.

En ese contexto, el concejal opositor al gobierno municipal Ignacio Moreno Hueyo denunció que, en la víspera de la presencia del gobernador Claudio Vidal en la localidad, en 2025, empleados municipales habrían soterrado residuos en el predio. Según la denuncia, el espacio no está habilitado para la disposición final de residuos, sino únicamente para su tratamiento y almacenamiento temporal.

La medida judicial también prohíbe el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

Allanamiento

El 26 de mayo pasado, durante un allanamiento solicitado por la Unidad Fiscal, personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio del CARRI y tomó muestras del suelo. En el lugar fueron encontrados recipientes volcados que contenían aceite o una sustancia de componente graso.

El peritaje posterior detectó la presencia de grasas y aceites tanto en muestras sólidas como líquidas, además de hidrocarburos en las muestras sólidas. De acuerdo con la investigación, los recipientes se encontraban sobre suelo natural, sin una superficie impermeabilizada, por lo que su contenido podía filtrarse y posteriormente llegar al río, con el consiguiente riesgo de afectar el curso de agua.

La resolución de la jueza Mariel Borruto se enmarca en una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal interino Julio Zárate, por la presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos en el funcionamiento del CARRI, ubicado en la costanera norte de la localidad santacruceña.

Medidas

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, además de limitar las actividades del centro, la magistrada dispuso el cese inmediato de cualquier forma de disposición final de residuos en el lugar, ya sea mediante enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión.

También prohibió el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales de generación universal para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

A pedido del fiscal, quedaron suspendidas las tareas de lavado de camiones, mantenimiento mecánico, cambio de aceites o combustibles y cualquier otra actividad que pueda generar la liberación de hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies que no cuenten con impermeabilización ni sistemas de recolección y contención.

En un plazo de 48 horas deberán quedar aislados físicamente y señalizados los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, así como las áreas con derrames, los puntos vinculados con las muestras y las zonas próximas a la vera del río Fitz Roy.

Borruto también prohibió remover, rellenar, excavar, trasladar o alterar el suelo y los residuos ubicados en las áreas investigadas, salvo para ejecutar las acciones urgentes de contención o retiro previstas en la propia medida.

Cualquier intervención deberá ser documentada y coordinada previamente con la Unidad Fiscal, “a fin de compatibilizar la prevención ambiental con la preservación de la prueba”, según establece la resolución.

El 10 de septiembre, luego de realizado el peritaje, la fiscalía solicitó la medida cautelar para evitar una eventual extensión de la contaminación sin paralizar por completo el funcionamiento del centro.

Una de ellas es la de Begoña Gómez, que la semana pasada dejó atrás la fase de instrucción. El juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral contra la mujer de Pedro Sánchez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, por lo que Pardo tendrá que trasladar su estrategia desde el juzgado del ya jubilado instructor hasta el estrado de un futuro juicio ante un jurado popular. Iustitia Europa ejerce la acusación popular en la causa desde mayo de 2024, siendo “los segundos en personarse”, como apunta Pardo. Con la investigación ya cerrada y el juicio en el horizonte, Luis María Pardo recibe a Infobae para hablar de las pruebas, de las acusaciones y de lo que espera de los nueve ciudadanos que tendrán que decidir sobre el futuro judicial de Gómez.

Pregunta- Después de estos dos años y medio de instrucción, ¿cuál es su valoración sobre el resultado de la investigación y sobre cómo llega finalmente el caso [de Begoña Gómez] a juicio?

Respuesta- Que hay indicios racionales de la posible comisión de dos delitos penales: tráfico de influencias y malversación. Esto está sustentado o fundamentado en múltiples resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, que han dado la razón al juez, y finalmente va a ser un tribunal del jurado el que acabe juzgando a Begoña Gómez. Por tanto, satisfacción máxima por haber llevado a Begoña Gómez a donde se le tiene que juzgar, que es ante un tribunal.

P.- Al inicio de la investigación, usted relacionaba el caso de Begoña Gómez con el ‘caso Koldo’ y con otras causas, como la de David Sánchez [el hermano del presidente del Gobierno]. Después de todo lo investigado durante estos años, ¿sigue viendo un nexo común entre estos procedimientos?

R.- Yo mantengo que existe una partidización y un abuso de lo público por parte de las cúpulas de los partidos políticos, y que el caso de Begoña Gómez es paradigmático respecto al caso de David Sánchez. Son muy parecidos. Te das cuenta de que, al final, es la utilización, a mi modo de ver, del patrimonio público que pertenece a los españoles para las cúpulas de los partidos políticos. Estos deciden: “Hoy te hago una cátedra, mañana te doy un puesto en la Diputación de Badajoz”. Todos estos casos tienen un nexo común en la corrupción, en las personas, en los delitos y en las acciones que han ido pudiendo hacer. Pero, sobre todo, ¿quién une al caso Koldo, al caso Begoña y al caso David Sánchez? Pues el ‘número uno’, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“¿Quién une a todos los casos? Pues el número uno, Pedro Sánchez"

P.- En el caso de Begoña Gómez, llegó a haber cinco delitos sobre la mesa y finalmente serán dos los que se juzguen. ¿Que algunos de esos delitos hayan quedado descartados supone, a su juicio, que la acusación haya fallado en algún momento?

R.- No. En una instrucción, en el procedimiento penal español, lo que se intenta delimitar es si existen indicios racionales de criminalidad por los delitos por los cuales están siendo investigados. Pero la instrucción es algo vivo que va surgiendo. Que la Audiencia Provincial descartase algunos delitos es importante para creer que el Poder Judicial independiente funciona, que los recursos funcionan y que no siempre es lo que se intenta transmitir al gran público. Lo veo algo normal y rutinario en un procedimiento penal, según lo que sucede en España normalmente. Es decir, si no fuera Begoña Gómez y hubiera sido cualquier otra persona, esto sería normalísimo.

P.- ¿Cuál es para Iustitia Europa la prueba más importante contra Cristina Álvarez en este caso?

R.- El caso de Cristina Álvarez es un caso que parte de un contrato para que una persona tenga unas funciones dentro de la Presidencia del Gobierno y, en este caso, asesore a la mujer del presidente del Gobierno. Nosotros consideramos que se extralimita en las funciones del contrato, puesto que va más allá de la función profesional que debería haber tenido y que eso fue llevado, veremos a ver si se prueba, a cuestiones personales o de negocios personales de Begoña Gómez. Los indicios que se han ido aportando durante todo este tiempo son suficientes para enviarla a juicio y determinar si la ayuda que prestó a Begoña Gómez extralimitó lo que tenía fijado, ayudándola o participando en ese supuesto tráfico de influencias por la creación de la cátedra.

P.- En el caso de Juan Carlos Barrabés, se le ha apartado de este juicio. ¿Hasta qué punto cree que esa separación va a influenciar en algo en la actuación de Begoña Gómez para probar que es culpable?

R.- Son diferentes piezas de una misma investigación. Por un lado, está la cátedra de la universidad y el posible tráfico de influencias; por otro, el software que se desarrolló a través de esa cátedra; y, por último, las cartas de recomendación a Juan Carlos Barrabés y los contratos que posteriormente fueron licitados a través de Red.es. La parte relativa a Barrabés es la que la Audiencia ha decidido que no debe llegar a juicio y que no tiene que seguir siendo investigada. Y aquí hay un detalle que para mí es importante. Cuando el juez Peinado estaba investigando los contratos de Red.es, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró varios informes sobre esas concesiones. Posteriormente hizo un último informe en el que se acreditaban, en parte, los contratos y las licitaciones que se habían realizado. A mí me habría gustado saber qué habría ocurrido si la UCO hubiera podido desarrollar esa investigación con mayor profundidad y sin las informaciones reservadas que se abrieron contra algunos de sus miembros en aquella época. Quizás el resultado de esos informes habría sido más extenso y, a lo mejor, hoy también estaría sentado en el banquillo Juan Carlos Barrabés. Pero la Justicia ha decidido que no sea así y yo tengo que respetarlo.

P.- Precisamente por eso quería preguntarle si, a su juicio, había indicios suficientes para que Juan Carlos Barrabés hubiera llegado también a juicio.

R.- Según la Justicia, no. Creo que había indicios para poder, por lo menos, haber continuado la investigación, pero bueno, se ha decidido que no y hay que respetarlo.

P.- La acusación popular llegó a solicitar veinticuatro años de prisión para Begoña Gómez y posteriormente rebajó su petición a trece. ¿Por qué se produjo esa reducción y qué papel juega en ella la unificación de las acusaciones populares?

R.- Las acusaciones populares últimamente llevan la unificación de las mismas en los procedimientos judiciales y también en los mediáticos, aunque yo siempre soy partidario de la desunificación. Por tanto, esa pregunta respecto de los años de prisión y respecto de por qué se reducen, por qué se amplían o por qué se realizan, la debería contestar la acusación popular unificada, no solo yo.

P.- Manos Limpias ha confirmado a Infobae que busca la desunificación, al igual que Iustitia Europa. ¿Qué actuaciones concretas han podido llevar a cabo por separado que considera que han sido determinantes en el caso de David Sánchez?

R.- Al ir por separado, podemos preguntar a los testigos, tener una investigación completa de la causa y podemos, además, elevar los informes al final del juicio. Todo mi equipo estuvo durante los casi diecisiete días que estuvimos en Badajoz analizando todos los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa que habían sido aportados al procedimiento, pero que nadie se había leído. Y en esos anexos encontramos precisamente esa cuenta de correo electrónico famosa del presidente del Gobierno que decía “pedrosanchez1212″. Además, cuando nosotros analizamos los anexos de la Guardia Civil, nos dimos cuenta de que en el currículum vitae aportado por David Sánchez estaba la calificación ya escaneada en su currículum de la que él finalmente obtuvo. Es decir, de alguna manera se transformó lo que había pasado en una verdad material. Construyeron el muñeco de la plaza de David Sánchez. Y eso fue gracias a Iustitia Europa.

“En el juicio a David Sánchez se transformó lo que había pasado en una verdad material gracias a Iustitia Europa”

P.- Si finalmente se desunifican las acusaciones, ¿la pena de prisión que se solicita para Begoña Gómez le parece adecuada? ¿O le gustaría que fuese otra?

R.- Nosotros, con el tema de prisión, nos tenemos que ceñir a los dos delitos por los cuales va a ser procesada: tráfico de influencias, que es un delito que, en el peor de los casos, no tiene condena de cárcel, y el delito de malversación. Pero habrá que ver, a partir del procedimiento judicial y de la vista que se celebre, los años de prisión que consideramos que, en virtud del delito, de los atenuantes, de las agravantes y de lo que pueda haber, tienen que ser finalmente solicitados. Ahora mismo sería precipitado. Pero si tenemos que cambiar la calificación en el sentido de los años de prisión que le corresponden, lo vamos a hacer, igual que lo haría Hazte Oír o Manos Limpias, por supuesto.

P.- En alguna ocasión había valorado de forma positiva el hecho de que Begoña Gómez vaya a ser juzgada por un jurado popular. ¿Cuál cree que va a ser el principal reto a la hora de celebrar el juicio con este tipo de tribunal y conseguir que los nueve ciudadanos que lo integren sean imparciales?

R.- Sí. Me gustaría añadir un dato que no considero menor: en el año 2025, un 95% de los casos juzgados por un jurado popular acabaron en condena. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo más difícil que va a ser del juicio de Begoña es tener a nueve personas que sean imparciales. Porque si yo te pregunto a ti o a cualquier persona: ¿sabe usted quién es Begoña Gómez? La respuesta de la mayoría de la gente va a ser: “Es la mujer del presidente”. Por eso yo digo que quizás es prematuro que el juicio sea en 2027, teniendo que seleccionar a los jurados, que es una bolsa de aproximadamente unos 3.000 ciudadanos, y entendería que las defensas, incluso las acusaciones, intenten descartar a alguno de los jurados. Va a ser muy complicado. Por eso creo que va a ser muy complejo que esto se pueda celebrar antes del 2028. Y además con este clima, ¿no?, que es evidente que no es otra persona de la cual el jurado no vaya a tener conocimiento. Y aparte el Gobierno, que va a intentar por todos los medios presionar a toda esa gente, claro.

P.- O sea, ¿considera que se va a presionar a esos ciudadanos?

R.- Es que no tengo ninguna duda. Se les presiona cada día cuando aparece un ministro en una rueda de prensa diciendo las barbaridades que se dicen respecto de la Justicia y respecto del Poder Judicial.

La jueza Beatriz Biedma ha advertido al juez Santiago Pedraz de que un miembro del clan de los Rocho, al que la investigación sitúa en el entorno de los contactos de las cloacas del PSOE para tratar de intimidarla, fue asesinado a tiros en Badajoz en plena investigación del caso David Sánchez. Así consta en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, en el que la magistrada sitúa la muerte de Jesús Rocho el 30 de diciembre de 2024, cuando la instrucción sobre el hermano de Pedro Sánchez se encontraba, según sus palabras, “en pleno apogeo”.

Biedma, que acaba de ser admitida como perjudicada en la causa que investiga las supuestas maniobras contra ella, recuerda además que ella misma conocía el procedimiento abierto por el asesinato de Rocho. El crimen se produjo el día en que se encontraba de guardia, por lo que asumió las primeras diligencias sobre la muerte. La magistrada introduce este episodio al explicar ante Pedraz la relevancia que, a su juicio, tiene la aparición del clan de los Rocho en la investigación sobre las presuntas presiones lideradas por Leire Díez para apartarla o intimidarla.

El documento, fechado este 30 de septiembre, forma parte de las alegaciones presentadas por la representación de Biedma después de que el juez Pedraz acordara tenerla por personada como acusación particular y fijara para el próximo 8 de octubre su declaración como perjudicada. La jueza aporta, entre otra documentación, una relación de vídeos publicados por el exmagistrado y abogado Luis Sáenz de Tejada contra ella y hace referencia a la anotación localizada en el entorno de Leire Díez: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”.

El clan de los Rocho

La conexión que plantea Biedma parte de los antecedentes judiciales de la familia Rocho. En su escrito recuerda que Sáenz de Tejada se refiere reiteradamente en sus vídeos a una sentencia del Tribunal Constitucional para afirmar que la magistrada había sido “condenada por violar derechos fundamentales”. Biedma precisa que esa referencia corresponde a una sentencia dictada a raíz del recurso de amparo presentado por Jesús Sebastián Rocho Leal, hijo de Jesús Rocho. El Constitucional declaró entonces la nulidad de un auto dictado en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Es precisamente en este apartado donde la magistrada introduce la muerte de Jesús Rocho. Biedma señala que conoce “el procedimiento incoado como consecuencia de la muerte de Jesús Rocho ocasionada por varios disparos de arma de fuego”, padre de Jesús Sebastián Rocho Leal, y sitúa el asesinato el 30 de diciembre de 2024, cuando la investigación sobre David Sánchez estaba “en pleno apogeo”. Añade que, según su tesis sobre la causa que ahora instruye Pedraz, en ese momento ya se perseguía la finalidad del “presunto grupo criminal” de “destruir el procedimiento”.

El nombre de los Rocho ha cobrado relevancia en la causa de la Audiencia Nacional a raíz de una anotación atribuida a Leire Díez en la que aparece la frase “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La providencia de Pedraz a la que responde ahora Biedma señalaba que la magistrada había dicho conocer esos extremos por informaciones que posteriormente pondría a disposición de los investigadores, pero que no había explicado todavía si había sido directamente objeto de las amenazas o coacciones vinculadas a esa anotación. La representación de Biedma responde que no quiso identificar inicialmente a sus testigos para proteger sus futuras declaraciones y evitar que fueran localizados por los medios.

Una campaña de vídeos contra la jueza

El asesinato de Rocho aparece en el escrito después de que Biedma haya aportado al juez una amplia documentación sobre la campaña desarrollada contra ella a través de YouTube. La magistrada entrega una relación de vídeos del canal ‘Magistrado Anticorrupción TV’, gestionado por Sáenz de Tejada, y recuerda que el atestado de la UCO señala que el exmagistrado llevó “una campaña activa” contra ella y que pidió a Leire Díez que difundiera sus vídeos.

Según la documentación aportada, el canal ya existía antes de agosto de 2024, pero a partir de entonces comenzó a centrarse de manera creciente en Biedma. La representación de la jueza vincula este cambio temporal con la creación del grupo denominado “Vacaciones y Viajes”, en el que, según el escrito, participaban Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada.

Los vídeos fueron aumentando en intensidad durante los meses siguientes. En uno publicado el 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada calificaba a Biedma de “cínica” y “violadora de derechos fundamentales” y aseguraba conocer el colegio al que acudían sus hijos. En febrero y marzo de 2025, cuando trataba de personarse en la causa contra David Sánchez y de recusar a la magistrada, publicó nuevos vídeos con frases como “te van a venir más sorpresitas” y “tú sigue, que haremos todo lo que tengamos que hacer”.

El asesinato de Jesús Rocho se produjo entre ambos momentos de esa cronología: después de los primeros ataques públicos contra Biedma y antes de que la campaña de vídeos continuara durante los primeros meses de 2025. La magistrada no afirma en su escrito que el asesinato fuera consecuencia de las maniobras contra ella ni atribuye su muerte a las personas investigadas por Pedraz. Lo que hace es situar el crimen dentro del relato de hechos que considera relevante para explicar la aparición del clan de los Rocho en la investigación sobre las presuntas presiones que denuncia.

Jesús Rocho fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024 en Badajoz. Las informaciones publicadas entonces situaron el crimen en el contexto de los enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico en la ciudad. Su muerte se produjo diez meses después del asesinato a tiros de un hombre relacionado con su familia.

Vivas ha comparecido este miércoles durante más de dos horas como testigo ante la magistrada, que investiga las circunstancias que rodearon la entrada de unas 80.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. A su salida de la Audiencia Nacional, el presidente ceutí ha confirmado que hubo diez intentos de contactar con Sánchez y que en tres ocasiones obtuvo respuesta del director de gabinete del jefe del Ejecutivo. Según ha explicado, en esas conversaciones se le trasladó que se estaba trabajando sobre la situación y que se trataba de un asunto migratorio, mientras que en la última se le indicó que el cauce de comunicación debía ser la Delegación del Gobierno y no Presidencia.

La declaración de Vivas se ha centrado en reconstruir la cronología de los días previos, durante la entrada masiva y después de los hechos. Según fuentes conocedoras de su comparecencia, el presidente ceutí ha relatado ante la jueza Tardón las llamadas, reuniones y peticiones de auxilio que realizó desde que comenzó a advertir de un incremento extraordinario de las llegadas a la ciudad. La primera alerta que ha situado ante la magistrada se remonta al 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, cuando trasladó la situación a Moncloa y también mantuvo una reunión con responsables de la Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil.

En ese contexto, Vivas ha explicado que reclamó al Ejecutivo central medidas preventivas ante el aumento de la presión migratoria. Entre ellas figuraban el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cierre de la frontera y el establecimiento de un mando único para afrontar la situación. El propio presidente de Ceuta ya había avanzado antes de su comparecencia que acudiría a la Audiencia Nacional para aportar las llamadas y comunicaciones mediante las que, según su versión, había advertido al Gobierno de la situación y solicitado medidas extraordinarias.

Vivas asegura que trasladó sus advertencias a varios miembros del Gobierno

Según fuentes presentes en la declaración, Vivas también ha detallado sus comunicaciones con distintos responsables del Ejecutivo. En concreto, ha explicado que trasladó la situación a la Secretaría de Estado de Seguridad y que mantuvo contactos con los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, además de otras autoridades. En el caso de Moncloa, las fuentes señalan que las llamadas se dirigieron al gabinete de Presidencia y que fue su director, Diego Rubio, quien respondió en las tres ocasiones en las que fructificó el contacto.

Una de esas comunicaciones se produjo el 27 de julio, según la reconstrucción trasladada por fuentes conocedoras de la comparecencia. En ella, Rubio habría indicado a Vivas que estaba trasladando el asunto a los ministerios competentes y que necesitaba tiempo para gestionarlo. Posteriormente, el presidente ceutí volvió a comunicar el agravamiento de la situación a las autoridades centrales y trasladó que ya habían entrado miles de personas. En paralelo, según la información publicada sobre la cronología de aquellos días, la ciudad reclamó medidas a Interior, Defensa, Política Territorial y Exteriores.

Vivas también ha relatado ante la jueza que durante esos días utilizó de forma reiterada el término “invasión” para describir lo que estaba ocurriendo en Ceuta. Según las fuentes presentes en la declaración, el presidente ceutí entendía que la situación había dejado de ser una crisis migratoria ordinaria y reclamaba una respuesta extraordinaria por parte del Estado.

Finalmente, el 30 de julio Vivas sí habló directamente con Sánchez. Según las fuentes, en esa conversación volvió a trasladarle las advertencias que había venido realizando durante los días anteriores y las peticiones para reforzar la seguridad y actuar sobre la frontera. Al día siguiente, el presidente del Gobierno se desplazó a Ceuta. Vivas ha explicado posteriormente que consideraba importante la presencia de Sánchez en la ciudad para transmitir a los ceutíes la confianza en el Estado.

El propio presidente ceutí ha evitado revelar a los periodistas todos los detalles de lo declarado ante la jueza Tardón, aunque a la salida ha asegurado que ha respondido a todas las preguntas y ha pedido confianza en el trabajo de la Justicia. También ha insistido en que la información de la que disponía el Gobierno central no tenía por qué coincidir con la que manejaba la Ciudad Autónoma. “El Gobierno de la ciudad sí sabía que había un incremento notabilísimo del número de llegadas”, ha explicado, para añadir que esa circunstancia constituía, a su juicio, una señal que invitaba a adoptar medidas preventivas.

“No tuvimos ninguna información” del CNI

Otro de los puntos abordados durante la declaración ha sido la información procedente de los servicios de inteligencia. Según fuentes presentes en la comparecencia, Vivas ha asegurado que la Ciudad Autónoma no recibió información del CNI ni de los servicios de inteligencia desplegados en Ceuta sobre una posible entrada masiva.

La afirmación adquiere especial relevancia por las diligencias que María Tardón ha ordenado para reconstruir qué información manejaban los distintos organismos del Estado antes del 30 de julio. Los documentos desclasificados por el Gobierno muestran que el CNI remitió el 29 de julio una alerta temprana a los servicios de inteligencia marroquíes sobre posibles intentos de entrada en Ceuta durante la Fiesta del Trono y que ese mismo día comunicó a la Delegación del Gobierno la existencia de llamamientos en redes sociales para intentar entrar por la valla y por mar.

La cuestión de quién recibió esos avisos y qué hizo con ellos será uno de los asuntos que previsiblemente cobre protagonismo en las siguientes declaraciones ante la magistrada Tardón. Este jueves está citado como testigo Gonzalo Sanz, quien era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y que mantuvo el 29 de julio una comunicación con un agente del CNI. Sanz sostiene que trasladó el aviso a sus superiores, mientras que el entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, mantuvo una versión diferente, una discrepancia que terminó desembocando en la salida de ambos de sus respectivos cargos.

Vivas, por su parte, ya había asegurado públicamente antes de acudir a la Audiencia Nacional que el CNI no le informó directamente de la entrada masiva y había cuestionado las versiones enfrentadas surgidas en torno a los avisos recibidos por la Delegación. Durante su comparecencia, según las fuentes presentes, el presidente ceutí también ha aportado documentación de la Ciudad Autónoma, entre ella comunicados, transcripciones de intervenciones públicas y documentación relativa a reuniones de los órganos de gobierno. Las fuentes precisan que no se han aportado registros de las comunicaciones con Moncloa, sino documentación sobre las actuaciones y reuniones mantenidas por la Ciudad antes y después de la entrada masiva.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes que la administración de Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes a países distintos de los de su origen, sin que los afectados tengan la oportunidad inmediata de demostrar los riesgos que podrían enfrentar en esos destinos. El tribunal suspendió así el fallo del juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, que había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de trasladar migrantes a los llamados terceros países.

La resolución fue aprobada por la mayoría conservadora de seis magistrados contra tres. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se pronunciaron en disidencia y habrían mantenido vigente la orden del tribunal inferior. Según Associated Press, la Corte Suprema también anunció que escuchará los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, tras lo cual emitirá un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

La Corte Suprema suspende el fallo que frenaba las deportaciones a terceros países

El máximo tribunal del país actuó a partir de una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), que pidió levantar la orden de Murphy mientras se resuelve el litigio de fondo. La decisión no establece que la política sea legal, sino que permite su aplicación de forma provisional mientras el caso avanza en el sistema judicial.

De acuerdo con Associated Press, el tribunal también evaluará si los tribunales inferiores tenían la facultad de bloquear la medida con una orden de alcance tan amplio.

La política había sido impugnada mediante una demanda colectiva presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. En febrero de 2026, Murphy determinó que vulneraba los procedimientos establecidos en la ley de inmigración y las garantías de debido proceso previstas en la Quinta Enmienda de la Constitución.

El debido proceso, en términos generales, exige que el gobierno notifique a las personas afectadas y les ofrezca la posibilidad de una audiencia antes de tomar medidas que las perjudiquen. El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, también con sede en Boston, confirmó la mayor parte de ese fallo.

Cómo funciona la política de deportaciones a terceros países

La medida permite que el gobierno traslade a migrantes con órdenes de deportación firmes hacia países con los que no tienen ningún vínculo, cuando no es posible devolverlos a sus países de origen porque esas naciones se niegan a recibirlos.

Según explicó la administración en su escrito ante la Corte Suprema, los traslados se realizan a partir de acuerdos diplomáticos, en su mayoría confidenciales, mediante los cuales los países receptores ofrecen garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni torturados. En los casos de países que no ofrecieron tales garantías, el procedimiento prevé notificar a los migrantes sobre su destino y evaluar el riesgo de persecución solo si la persona manifiesta ese temor.

De acuerdo con un recuento realizado por organizaciones de derechos humanos y recogido por Reuters, más de 25.000 migrantes fueron deportados a 29 países en virtud de esta política desde su implementación en 2025. La gran mayoría fue enviada a México. También hubo traslados a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar Sudán del Sur por los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado.

Los argumentos del gobierno y de los demandantes

El fiscal general Todd Blanche calificó la política como “una herramienta completamente legal y necesaria para la aplicación de las normas migratorias”, en declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por Associated Press. El gobierno sostiene que la medida es indispensable para expulsar a personas con órdenes finales de deportación —incluidas algunas con antecedentes penales— cuando sus países de origen se niegan a recibirlas.

Los demandantes presentan un panorama diferente. Según sus abogados, algunos migrantes llegaron a ser enviados a países que nunca habían escuchado nombrar, donde enfrentaron detención, agresiones físicas, violencia sexual o desaparición.

En varios casos documentados, terceros países transfirieron a los deportados a sus países de origen, precisamente los que Estados Unidos había reconocido como lugares de riesgo al otorgarles protección migratoria. Los demandantes también señalan que muchos de los afectados no tienen antecedentes penales y que la política no discrimina entre quienes representan un riesgo y quienes no.

Lo que la decisión no resuelve y los próximos pasos

La abogada Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración (ANLI) y representante de los migrantes en el caso, advirtió que la orden del tribunal no zanja la disputa de fondo. “La decisión de hoy no resuelve que la política del gobierno sea legal”, afirmó en un comunicado recogido por Associated Press.

Realmuto señaló que la resolución autoriza a la administración a reanudar el envío de personas a terceros países donde pueden enfrentar persecución, tortura o encarcelamiento, pero que el tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad de la medida en una audiencia ya programada.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambas partes en diciembre de 2026 y luego emitirá una resolución definitiva sobre si la política se ajusta a la ley de inmigración y a la Constitución, así como sobre el alcance de la autoridad de los tribunales inferiores para bloquear medidas del Poder Ejecutivo con efectos nacionales.

El miércoles 30 de septiembre, Tennessee ejecutará a Christa Pike (50), condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville en 1995. Será la primera vez en más de 200 años que el estado aplica la pena capital a una mujer. El caso reavivó un debate que va más allá del crimen: la edad de la condenada al momento del delito, la salud mental y la calidad de la defensa legal.

El 28 de septiembre de 2026, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó la solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike y confirmó que el estado avanzará con la ejecución mediante inyección letal, prevista para las 10:00 a.m. hora central. Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en Knoxville en enero de 1995.

Su defensa acudió de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de una suspensión de último momento, el único recurso judicial que aún permanece abierto.

El crimen de Knoxville que conmocionó a Tennessee en 1995

La noche del 12 de enero de 1995, Pike, su novio Tadaryl Shipp —de 17 años entonces— y una tercera joven, Shadolla Peterson, atrajeron a Slemmer hasta una zona boscosa en los terrenos del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Los cuatro se conocían del programa de formación laboral Job Corps de Knoxville. La motivación, según declararon los fiscales ante el jurado, era los celos: Pike creía que Slemmer intentaba quitarle a Shipp, según registros judiciales.

El día anterior al crimen, Pike le confesó a una amiga, Kim Iloilo, que pensaba matar a Slemmer porque “simplemente se sentía cruel ese día”, según consta en el fallo State of Tennessee v. Christa Gail Pike (1998). Para atraerla al lugar, le ofreció marihuana y le dijo que quería hacer las paces.

Lo que ocurrió esa noche quedó documentado en los registros del juicio: el ataque duró entre 30 minutos y una hora. Pike le cortó el cuello en repetidas ocasiones con un cortador de cajas, le golpeó la cabeza con trozos de asfalto y le asestó cortes en la espalda con una pequeña hacha.

Shipp declaró en su propia audiencia que fue él quien grabó un pentagrama en el cuerpo de Slemmer. Según Pike le relató a otra estudiante del programa, Slemmer suplicó que pararan, pero ella no se detuvo, de acuerdo con los registros judiciales.

El jurado encontró dos circunstancias agravantes: que el homicidio fue especialmente atroz e involucró tortura más allá de la necesaria para causar la muerte y que fue cometido para evitar una detención, según el mismo fallo. Ante otros residentes del programa, Pike se jactó del crimen y conservó un fragmento del cráneo de Slemmer, que mostró como trofeo. Nunca negó su participación.

Pike recibió la pena de muerte. Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional porque tenía 17 años al momento del crimen y no era elegible para la pena capital; su última solicitud de libertad condicional fue rechazada en octubre de 2025.

Peterson recibió seis años de libertad vigilada tras declararse culpable como encubridora posterior al hecho y testificar contra Pike y Shipp. Las fuentes señalan que actuó como vigía durante el ataque.

En Tennessee, la libertad condicional permite a una persona condenada a prisión solicitar su liberación bajo supervisión antes de completar la pena; la libertad vigilada es una sanción que se cumple fuera de prisión, bajo condiciones fijadas por un tribunal.

El gobernador Lee rechazó la clemencia y la defensa recurrió a la Corte Suprema

“Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”, declaró el gobernador Lee días atrás, según recogió The Guardian. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional habían instado al gobernador a retirar a Pike del corredor de la muerte. Lee no atendió esos llamados.

En respuesta, los abogados Stephen Ferrell, Kelly Gleason y Randy Spivey afirmaron que la decisión ignora décadas de investigación científica sobre el desarrollo del cerebro adolescente. “Con esta decisión, el estado de Tennessee está ignorando lo que tanto la ciencia como nuestro sistema jurídico han determinado: que el cerebro de una persona de 18 años no es el de un adulto”, sostuvieron, según BBC.

La defensa alega que el jurado nunca supo del trauma ni de la enfermedad mental de Pike

Uno de sus abogados sostiene que el jurado que condenó a Pike nunca conoció de forma suficiente su historial de abuso sexual desde la infancia, violencia, abandono y enfermedad mental. Según la defensa, Pike fue abusada sexualmente desde antes de la edad escolar por hombres del entorno de su madre y violada a los 11 y a los 17 años. Esa información no se presentó adecuadamente durante la fase de penalización del juicio.

La psicóloga forense Bethany Brand, que evaluó a Pike en 2023 a pedido de su defensa, concluyó que el trauma sufrido es “casi incomprensible por su gravedad”, según NBC News. Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar años después de ingresar a prisión; la defensa también alega trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Era una adolescente de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de lo que hice”, escribió en su petición de clemencia, según The Guardian.

La defensa también cuestionó el protocolo de inyección letal ante los tribunales, al argumentar que Pike padece trombocitosis —una condición de plaquetas elevadas— que podría complicar la administración del fármaco y causarle sufrimiento innecesario.

El Tribunal Supremo de Tennessee rechazó ese argumento el 23 de septiembre en un fallo de 23 páginas, al concluir que Pike no probó que el método violaría la Octava Enmienda constitucional, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, según el Tennessee Tennessean.

La madre de Colleen Slemmer quiere ver la ejecución

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, apoya la ejecución y viajará a Tennessee para presenciarla, con apoyo de la Coalición por la Justicia, una organización defensora de los derechos de las víctimas. “No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo”, declaró Martínez a BBC.

Robert Bracewell, director ejecutivo de la Coalición, subrayó que la sentencia fue determinada por un jurado de pares de Pike. “Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”, dijo, según el mismo medio.

Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976

De concretarse, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. La última fue en 1820, cuando Martin Eve murió en la horca por ser cómplice de un homicidio, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Además, sería la única persona en Tennessee condenada a muerte por un crimen cometido a los 18 años en la era moderna de la pena capital.

A nivel nacional, las mujeres representan apenas el 2% de los condenados a muerte en Estados Unidos. Actualmente hay 45 en corredores de la muerte en todo el país y solo 18 fueron ejecutadas desde 1976, frente a más de 1.600 hombres —alrededor del 1% del total de ejecuciones—. Entre los antecedentes recientes figuran Lisa Montgomery, ejecutada por el gobierno federal en Indiana en 2021, y Amber McLaughlin, una mujer transgénero ajusticiada en Misuri en 2023, según el mismo centro.

Al cierre de esta nota, la solicitud de suspensión presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos permanece pendiente de resolución. La ejecución está prevista en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, adonde Pike será trasladada no antes de 24 horas previas al procedimiento.

El estado acordó una serie de medidas: guardias femeninas para el traslado, una pantalla de privacidad y la presencia de su asesor espiritual budista en la cámara de ejecución.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha resuelto que la aseguradora Divina Pastora Seguros Generales S.A.U. deberá abonar 6.823,80 euros por la atención médica de dos mujeres que resultaron heridas en un accidente de tráfico en Ferrol, Galicia, en mayo de 2023. La cantidad también incluye los intereses de demora previstos en la Ley de Contrato de Seguro.

La resolución, dictada el 3 de septiembre de 2026, desestima el recurso presentado por la aseguradora y mantiene la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Ferrol, de fecha 9 de septiembre de 2024. El centro sanitario reclamó las facturas después de que las dos pacientes le cedieran sus derechos de cobro frente a la compañía.

Las dos mujeres necesitaron rehabilitación tras el siniestro

El accidente tuvo lugar el 5 de mayo de 2023 en una glorieta de Ferrol. Un Opel Zafira circulaba por el carril exterior y un Hyundai por el interior. Al abandonar la rotonda, el segundo siguió recto y golpeó el lateral izquierdo del primer vehículo. La conductora y la acompañante del coche afectado recibieron asistencia médica y tratamiento de rehabilitación en el Hospital Ribera Juan Cardona.

Una de las pacientes debía abonar 2.936,90 euros. El juzgado reconoció 2.796,90 euros tras excluir una consulta que no quedó acreditada. En el caso de la otra lesionada, la factura era de 4.166,90 euros y la cuantía admitida de 4.026,90 euros, al no constar la documentación necesaria sobre una consulta de traumatología.

Cada asistencia de urgencias se facturó en 396,90 euros. Las primeras consultas costaron 300 euros y las revisiones posteriores, 140 euros. Cada sesión de fisioterapia se facturó en 35 euros y las resonancias, en 475 euros. Una de las mujeres recibió 44 sesiones de rehabilitación y la otra, 48.La suma de ambos importes fijó la condena en 6.823,80 euros.

El Hospital Ribera Juan Cardona avisó por correo electrónico a Divina Pastora el 19 de mayo de 2023, 14 días después del siniestro, de que ambas pacientes seguían en tratamiento. También comunicó que remitiría las facturas al finalizar la asistencia y adjuntó los documentos de cesión de crédito junto con la tarifa aplicable. La entidad no presentó objeciones entonces.

El tribunal descartó el informe de un detective

La aseguradora sostuvo que un informe de detective privado cuestionaba la relación entre el accidente y las lesiones. La Audiencia rechazó este planteamiento: el propio documento recogía que el siniestro “no presenta indicios que nos hagan pensar que los sucesos no hayan ocurrido en la forma y modo que es relatada por las partes intervinientes en el mismo”. Además, la compañía admitió que el accidente existió en su respuesta a la demanda. La discusión se centró en las lesiones y en la necesidad de los tratamientos.

El tribunal señaló que el informe de detective se basaba en las declaraciones de la conductora del otro vehículo y en apreciaciones sobre la baja velocidad del impacto y la ausencia de molestias inmediatas. Frente a ello, el centro médico presentó los informes de urgencias, diagnósticos de rehabilitación, registros de fisioterapia y pruebas radiológicas de las dos mujeres. La sentencia añade que la aseguradora pudo haber seguido la evolución médica de las pacientes o haber encargado una pericial médica propia, pero no lo hizo.

La compañía también alegó que las tarifas del hospital eran excesivas y propuso aplicar precios previstos en el Convenio Marco de Asistencia Sanitaria Privada derivada de Accidentes de Tráfico y en el Real Decreto 56/2014. Según sus cálculos, la indemnización debía situarse entre 4.474,98 y 4.493,54 euros.

La Audiencia descartó esas referencias. El Real Decreto 56/2014 regula centros vinculados al Servicio Gallego de Salud y no era aplicable al Hospital Ribera Juan Cardona. El convenio, además, no afectaba al centro desde el 1 de febrero de 2023, antes del accidente. “La demandada solamente pretende que la actora facture los servicios conforme a una norma que a ella le resulta más beneficiosa pero que no es aplicable a la relación entre las partes”, recoge la resolución.

El tribunal aplicó además el criterio de que, “en un sector de libre prestación de servicios y sin precios regulados, le correspondía a la entidad demandada probar el carácter desproporcionado o abusivo del precio en atención al servicio prestado y a los precios de mercado en situaciones similares. Esa prueba no se ha practicado”. La sentencia mantiene también los intereses de demora desde el 20 de septiembre de 2023, fecha del primer requerimiento extrajudicial de pago.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha acordado este martes aplicar la amnistía a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rovira en la causa abierta por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

La resolución coincide con el inicio del debate de política general en el Parlament, donde el presidente catalán, Salvador Illa, ha pedido que la ley se ejecute sin nuevas demoras y ha expresado su deseo de que Carles Puigdemont participe en la próxima sesión de la Cámara.

El tribunal ha concluido que el caso de Rovira forma parte del ámbito objetivo de la ley de amnistía y que no concurre ninguno de los supuestos que impedirían su aplicación. La exsecretaria general de ERC estaba procesada por un delito de desobediencia relacionado con el proceso independentista.

Illa reclama cerrar las causas pendientes del procés

Rovira no fue juzgada junto a otros dirigentes del procés porque se encontraba en Ginebra, Suiza. Después de la derogación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena impulsó su procesamiento por desobediencia.

Al no ostentar un cargo aforado, la decisión sobre una eventual apertura de juicio o la aplicación de la amnistía quedó en manos de la Audiencia de Barcelona. Durante su discurso ante el Parlament de Cataluña, Illa ha sostenido que la ley de amnistía cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Constitucional.

“Su aplicación es de obligado cumplimiento, sin más dilaciones”, ha afirmado el presidente de la Generalitat. El dirigente socialista ha defendido que la norma debe aplicarse de acuerdo con el diseño aprobado por el poder legislativo, pese a las reticencias y el escepticismo que ha generado desde su entrada en vigor.

Illa ha afirmado que Cataluña “hace tiempo que decidió mirar hacia adelante” y ha vinculado esa idea con la necesidad de cerrar los procedimientos derivados del proceso independentista que aún afectan a dirigentes políticos catalanes.

La incógnita sobre el futuro parlamentario de Puigdemont

El jefe del Ejecutivo catalán ha manifestado su deseo de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda tomar parte en el próximo debate que celebre el Parlament.

Puigdemont mantiene su condición de diputado autonómico, por lo que si se concreta su regreso a Cataluña y su participación presencial en la Cámara, deberá definir qué lugar ocupará dentro de la actividad parlamentaria de Junts. Una de las incógnitas es si asumirá formalmente el papel de jefe de la oposición o si optará por renunciar a su escaño.

Illa también ha mencionado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien continúa inhabilitado para ejercer cargos públicos. El presidente catalán ha señalado que espera que se restituyan sus derechos de participación política y cívica.

En su intervención ha incluido al exconsejero Lluís Puig, al presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y al resto de los encausados por el procés. La resolución sobre Rovira supone un nuevo paso en la aplicación judicial de la ley de amnistía a causas vinculadas al referéndum del 1-O.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la demanda que Julio Iglesias presentó contra Yolanda Díaz por las declaraciones que la vicepresidenta segunda realizó en enero de 2026 a raíz de las acusaciones de dos antiguas trabajadoras del cantante. La Sala de lo Civil concluye que las manifestaciones cuestionadas no estaban vinculadas de forma directa con las funciones de Díaz como ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno y, por tanto, que el alto tribunal no es competente para resolver la reclamación.

El auto, fechado el 23 de septiembre, no determina si las palabras de Díaz vulneraron el derecho al honor de Iglesias. El Supremo no entra en el fondo de esa cuestión. Su decisión se limita a establecer que la demanda no puede tramitarse ante esta sala porque el aforamiento de los miembros del Gobierno ante el Tribunal Supremo se circunscribe a los hechos realizados en el ejercicio de su cargo. En este caso, los magistrados entienden que ese vínculo no existe.

La demanda fue presentada por Iglesias contra Díaz después de que la vicepresidenta reaccionara públicamente a una investigación periodística sobre dos extrabajadoras del artista. El cantante reclamaba que se declarase que las manifestaciones de la ministra habían supuesto una intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad, que Díaz se retractase públicamente y que le abonase 50.000 euros en concepto de daño moral, además de los intereses y las costas.

El origen de la controversia se sitúa el 13 de enero, cuando Díaz publicó en su cuenta de Bluesky un mensaje en el que calificaba de “escalofriantes” los testimonios de las extrabajadoras de Iglesias y hablaba de “abusos sexuales” y de una “situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. El mensaje enlazaba con la información publicada por elDiario.es sobre las acusaciones de las dos mujeres.

Las acusaciones habían provocado entonces una investigación preliminar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las dos mujeres denunciaban hechos que, según la información publicada y las diligencias abiertas, se habrían producido en propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas. La Fiscalía terminó archivando las actuaciones el 23 de enero al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar esos hechos.

Meses después, en septiembre, las dos extrabajadoras volvieron a presentar una querella contra Iglesias ante la Audiencia Nacional, según Women’s Link Worldwide, la organización que las asesora. Esta segunda iniciativa judicial se produjo después del archivo inicial por falta de jurisdicción.

Del mensaje en Bluesky a la entrevista en TVE

La segunda intervención de Díaz que motivó la demanda se produjo al día siguiente, el 14 de enero, durante una entrevista en ‘La hora de la 1′ de RTVE. El programa había dedicado previamente un amplio bloque a la investigación periodística sobre las dos extrabajadoras, a la denuncia presentada y a las reacciones políticas que habían provocado las informaciones.

Cuando la presentadora preguntó a Díaz por los testimonios, la vicepresidenta afirmó que la investigación le producía “terror” y “pánico” y defendió a las mujeres que habían denunciado. También habló del “maltrato sistémico” que sufren las mujeres y reclamó un compromiso de los dirigentes políticos con los derechos de las mujeres.

Precisamente el contexto de aquella entrevista es uno de los elementos que utiliza ahora el Supremo para determinar que Díaz no estaba actuando como ministra cuando realizó las declaraciones por las que fue demandada. La Sala destaca que la entrevista tenía varios bloques y que la presencia de la vicepresidenta estaba relacionada principalmente con cuestiones políticas de Sumar y con una tribuna publicada ese mismo día en El País por cinco miembros del Gobierno pertenecientes a esa formación. Después de ese bloque, el programa recuperó la polémica en torno a las acusaciones contra Iglesias.

El tribunal admite que separar las distintas facetas de Díaz —vicepresidenta, ministra y dirigente de Sumar— no siempre resulta sencillo. Sin embargo, considera que en este caso el contenido y la estructura de la entrevista permiten hacerlo. A su juicio, cuando Díaz habló de las acusaciones contra Iglesias lo hizo fundamentalmente desde una posición política y vinculada a su defensa del feminismo, no desde las competencias propias del Ministerio de Trabajo.

El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para apartar a la joyería Yanes de la nueva valoración de las joyas intervenidas en la oficina del expresidente. El magistrado considera que la petición es prematura porque todavía no se ha determinado qué profesionales concretos de la firma realizarán el examen y señala que las declaraciones en televisión de su director general, Juan Yanes López, no permiten trasladar automáticamente una supuesta falta de imparcialidad a los expertos que finalmente sean designados.

La decisión se produce después de que la defensa de Zapatero presentara el pasado 24 de septiembre un escrito para intentar apartar a Yanes de la pericial. La firma había sido elegida por el juez cuatro días antes para realizar un nuevo estudio sobre las joyas encontradas en la oficina del expresidente, una prueba que debe determinar, entre otras cuestiones, las características de cada pieza, los metales y piedras preciosas que contiene, su posible procedencia y antigüedad y, especialmente, cuánto vale cada joya y cuánto suma el conjunto.

La defensa puso el foco en unas declaraciones que Juan Yanes realizó el 26 de mayo en el programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta. El director general de la joyería examinó entonces fotografías de las piezas que aparecían en el sumario y diferenció dos grupos. Sobre uno señaló que las joyas podían ser familiares y sobre otro habló de “cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable”. Su estimación fue que el conjunto podía alcanzar “un par de millones” de euros. También dijo que, a su juicio, las piezas eran auténticas, aunque admitió que alguna podía ser una imitación.

Aquellas palabras son precisamente las que llevaron a la defensa de Zapatero a cuestionar que la misma firma se encargase ahora de valorar las joyas. En su escrito, sus abogados sostuvieron que Juan Yanes ya había dado públicamente su opinión sobre dos de las cuestiones que tendrá que resolver la nueva tasación: la autenticidad de las piezas y, sobre todo, su valor.

La defensa puso además sobre la mesa que la anterior valoración realizada por Ansorena situó el conjunto en 1.323.915 euros, una cantidad inferior a los cerca de dos millones de euros apuntados por Yanes en televisión. Para los abogados del expresidente, esa diferencia demostraba la importancia de la valoración y justificaba las dudas sobre la objetividad de la nueva pericial.

Una nueva tasación para conocer el valor de las joyas

El origen de todo este enfrentamiento está en el auto que el juez Calama dictó el 21 de septiembre. El magistrado decidió entonces encargar a gemólogos y tasadores de Yanes un nuevo examen de las piezas, con la posibilidad de contar con el apoyo técnico del Instituto Gemológico Español. La firma tendrá también acceso a los informes que este organismo elaboró el pasado mes de junio.

El juez quiere que el nuevo informe vaya más allá de una simple tasación económica. Entre otras cosas, deberá describir individualmente las piezas, identificar los metales preciosos y las gemas que contienen, determinar el peso, la pureza, la talla y la calidad de las piedras, comprobar si existen marcas, números o contrastes oficiales y calcular, cuando sea posible, su antigüedad y procedencia. Al final, tendrá que establecer el valor de reposición de cada joya y el valor total del lote.

Para la defensa de Zapatero, la elección de Yanes resultaba problemática porque su director ya había hablado públicamente del valor de las piezas. Los abogados llegaron a sostener que la firma podía tener interés en que la nueva tasación se aproximase a los dos millones de euros mencionados por Juan Yanes. También alegaron que los profesionales que finalmente realizaran el examen podrían tener dificultades para desvincularse de las palabras pronunciadas previamente por el máximo responsable de la empresa.

Las joyas podrán volver a examinarse durante el juicio

La defensa sostenía que una vez examinadas las joyas durante la investigación, en un futuro juicio los expertos se limitarían a ratificar lo que hubieran hecho durante la instrucción. El juez Calama rechaza esa idea. El magistrado considera que las joyas pueden volver a ser examinadas porque siguen disponibles y no van a desaparecer ni a sufrir una modificación que impida repetir el análisis. Esto significa que, si el procedimiento llega a juicio, las piezas podrán ser examinadas de nuevo y las conclusiones de la nueva valoración podrán ser discutidas delante del tribunal.

La diferencia es importante porque la ley permite apartar a un perito en determinados casos cuando la prueba no puede repetirse posteriormente. El juez explica que no ocurre eso con estas joyas. Pueden volver a medirse, analizarse, clasificarse y valorarse y las partes podrán cuestionar el trabajo realizado por los expertos.

El magistrado tampoco aprecia que las declaraciones de Juan Yanes encajen en ninguna de las circunstancias que la ley contempla para apartar a un perito, como tener un interés directo o indirecto en el procedimiento, mantener una relación de amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. La defensa, señala el auto, no ha acreditado ninguna de esas circunstancias respecto del profesional que vaya a realizar finalmente el informe.

Por todo ello, el juez Calama inadmite la petición presentada por la representación de Zapatero y mantiene el encargo realizado a Joyería Yanes. La resolución, fechada este 29 de septiembre, puede ser recurrida: la defensa dispone de tres días para presentar un recurso ante el propio juzgado y de cinco días para recurrir en apelación.

Juan Carlos Peinado acaba de colgar la toga, pero no parece dispuesto a alejarse por completo de los tribunales. El magistrado, que este domingo quedó jubilado forzosamente al cumplir los 72 años, estudia ahora la posibilidad de abrir un despacho de abogados y dedicarse al asesoramiento jurídico, según adelanta El Confidencial tras consultar a varias fuentes de su entorno.

La idea está sobre la mesa, aunque no existe todavía una decisión definitiva. Algunas de las personas consultadas por el citado medio aseguran que el proyecto se encuentra en una fase todavía incipiente y que Peinado está sopesando los pros y los contras antes de dar el paso. Su entorno no niega que haya estudiado esta posibilidad, pero sí rebaja la perspectiva de que vaya a ponerse en marcha de forma inmediata.

Hay, no obstante, otra versión entre las fuentes consultadas por El Confidencial. Según estas, los planes estarían bastante más avanzados de lo que trasciende de su entorno más próximo. Peinado habría elegido ya al menos a una abogada para trabajar con él en esta nueva etapa y tendría incluso una lista de potenciales clientes a los que podría prestar asesoramiento jurídico de manera estable.

El exmagistrado habría hablado de esta posibilidad con varias personas de su confianza antes de tomar una decisión. Por ahora, eso sí, no figura como colegiado en el Colegio de la Abogacía de Madrid, por lo que el eventual proyecto no ha dado todavía el paso formal que permitiría ejercer la profesión por cuenta propia.

De abogado a juez y, ahora, la posibilidad de volver al otro lado

Si finalmente decide abrir el despacho, Peinado no partiría de cero. Antes de ponerse la toga ya había trabajado como abogado y ejercido como secretario de distintos ayuntamientos. En 1994, con 40 años, dio el salto a la carrera judicial a través del denominado tercer turno, una vía de acceso reservada entonces a juristas con experiencia profesional.

Desde entonces, su trayectoria quedó ligada a los juzgados hasta terminar al frente del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde ha permanecido durante aproximadamente una década. Su jubilación pone fin a más de 30 años de carrera judicial, aunque la última etapa ha terminado eclipsando buena parte de su recorrido anterior. El motivo tiene nombre y apellido: Begoña Gómez.

En abril de 2024, Peinado abrió diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta entonces era un magistrado prácticamente desconocido para el gran público. La investigación le colocó de repente en el centro de la actualidad política y judicial y convirtió su juzgado en uno de los principales focos de atención durante los dos años y medio siguientes.

La instrucción fue avanzando entre recursos, resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y enfrentamientos con las partes personadas. Algunas de las decisiones de Peinado fueron corregidas por la instancia superior, mientras que otras recibieron su respaldo. La Audiencia terminó avalando la continuidad de la parte esencial de las pesquisas y consideró que existían indicios suficientes para que Begoña Gómez fuese juzgada por un jurado popular. La causa llegó así a su tramo decisivo prácticamente al mismo tiempo que el magistrado encaraba su salida de la judicatura.

Su última gran decisión como instructor fue precisamente acordar la apertura de juicio oral contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La resolución llegó apenas unos días antes de que se hiciera efectiva su jubilación, de modo que Peinado dejó encarrilada una causa que continuará ya sin él al frente del juzgado.

“No tuve ninguna encarcelación porque no estuve preso, estuve detenido”, aclaró en el inicio de la charla que se conoció en Canal 13 y apuntó contra las versiones periodísticas que señalaban que había roto las restricciones perimetrales para ver a su pareja: “Si la violo, me tiene que cuestionar la fiscalía, no Pochi no sé cuánto, que le pasó información a otra persona”.

Y continuó: “La quiero ver a Candela, dejen de romper las pelotas, porque no tiene sentido. Me querían hacer mal. El abogado que el otro día se equivocó y mandó la renuncia. No renunció porque yo soy culpable, renunció porque yo le dije que renunciara. No lo saqué, porque es un excelente abogado, pero creo que esta causa no existe, Moria, es un invento. Candela nunca se contradijo, nunca le pegué. No hay un indicio de nada. El perro no tomó falopa, Candela no toma cocaína”.

El exdiputado peronista, imputado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, describió con detalle los días previos al episodio del 4 de agosto en su departamento del barrio de Belgrano. Según su relato, el sábado almorzó con sus primos y su hermano Hugo, comieron pollo, tomaron vino y pasaron la noche juntos en su casa. El domingo, Arizaga pidió para ir a ver el partido de River-Rosario Central, ya que es fanática —“tiene un tatuaje de Central que yo le digo: ‘Te lo querés sacar’“—, y más tarde cenaron en su departamento. “Comemos en mi casa, saca a pasear al perro, ya está. Descartado dos días, tres días tomando falopa”, sentenció.

Fue en ese tramo cuando Casán le preguntó sobre la noche del sábado, y se produjo uno de los intercambios más directos de la entrevista:

— ¿Tuvieron noche de sexo?

— Sí, sábado sí. No, pero no me acuerdo cuántos.

— ¿Cómo te vas a acordar? Te acordás del perro y de Vito y no te vas a acordar cómo te fue la noche.

— Sí me acuerdo que hubo sexo. Es muy intenso eso. Creo que alguien dijo la única verdad que dijeron: que tengo algunos problemas de que me gusta mucho con Candela. A los dos, creo que los dos. Le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema.

Durante otro tramo de la entrevista, Moyano fue categórico respecto al consumo de cocaína: negó que él la haya tomado —“para tener sexo no, porque no. Me hace mal, tipo. He probado, no lo hago”— y sostuvo que Arizaga tampoco. “Candela no tomó cocaína, porque no toma cocaína”, insistió. Sin embargo, en otro tramo admitió que lo que sí pudo haber estado presente fue tusi —también conocida como cocaína rosa—, una sustancia de mayor circulación en algunos entornos sociales. Sobre su propio consumo esa noche, Casán fue más directa:

— Vos no esnifaste algo, sí.

— Mirá, yo te digo algo. Si dijera que sí, ¿en qué cambia?

— Nada, nada, tal vez te ayude.

— Sí. Pero no. O sea, si ayuda que diga que sí, sí, pero no. Aparte, no se me está investigando por tomar cocaína, por tener cocaína o por narcotráfico.

Moyano explicó además por qué fue él quien llamó a la policía aquella madrugada. Afirmó que Arizaga tuvo un episodio de salud —“tuvo una cosa”, dijo, sin precisar— y que él marcó el número de emergencias en tres oportunidades. Rechazó la versión de que habría enviado a alguien a retirar estupefacientes antes de que llegaran los efectivos: “En definitiva, está mal, pero se tira, no se saca. ¿Cuánto tengo para sacar? ¿Y voy a mandar justo a un pibe que me conoce a mí, con veinte periodistas afuera?”. Aclaró que ese hombre fue a buscarle ropa, porque él fue trasladado a la comisaría sin pertenencias.

Uno de los ejes más duros de sus declaraciones apuntó al abogado Diego Storto, quien fue el letrado de Arizaga. Denunció que el progenitor de su novia intentó extorsionarlo con un audio en el que su pareja supuestamente lo acusaba de haberla iniciado en el consumo de cocaína. “Dejá de extorsionar, hermano. El chabón la grabó a Candela, que es un delito, lo reconoció en un programa de televisión”, afirmó. Al mismo tiempo, reiteró la acusación contra un policía —ya mencionada en la primera entrevista—, a quien señaló por haberlo golpeado y por ser la fuente de los tres ítems que la instrucción tomó como base: “Es una mentira de este policía, que aparte de corrupto, tiene abuso de autoridad, no solamente conmigo, sino con Candela”.

Sobre su decisión de no declarar en sede judicial, Moyano fue explícito: “No declaré porque no quiero decir nada que pueda complicar, inclusive cosas que no son tan malas como se las presenta”. Aclaró que su silencio no equivale a culpa y que cuenta con elementos para demostrar cada punto de su versión. “Todo lo que digo lo tengo que justificar y lo hago. Lo hago, pero aparte me gusta hacerlo”, sostuvo.

Al cierre del reportaje, descartó seguir el consejo de su abogada, quien le sugirió declarar una adicción para generar empatía pública. “No, primero porque no tengo nada y porque no soy víctima, pero tampoco soy victimario”, respondió.

En las últimas horas, Yanina Latorre publicó una foto del sindicalista en un aeropuerto, donde presuntamente se habría ido a España en medio del escándalo judicial.

El encuentro se centró en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2018, que reconoce una serie de derechos relacionados con la vida y el trabajo de las poblaciones rurales.

La actividad fue organizada por la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica en Honduras (ANAFAE) y reunió a representantes de organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos para analizar cómo los principios de la declaración pueden aplicarse en el contexto hondureño.

El planteamiento central fue que los derechos reconocidos internacionalmente para las comunidades campesinas no deberían permanecer únicamente como estándares internacionales, sino que pueden servir como referencia para la elaboración de leyes, programas públicos y actuaciones de las instituciones del Estado.

¿Qué reconoce la declaración de la ONU?

La UNDROP establece derechos específicos para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Entre los temas que aborda se encuentran el acceso y uso de la tierra y el territorio, el agua, las semillas, los recursos naturales, el trabajo, la participación en las decisiones que afectan a las comunidades y la soberanía alimentaria.

En Honduras, los participantes del foro plantearon que este marco puede utilizarse como herramienta para analizar los conflictos relacionados con la tierra y los recursos naturales, así como los desafíos que enfrentan las comunidades rurales ante los efectos del cambio climático.

Octavio Sánchez, director de ANAFAE, explicó que uno de los objetivos del encuentro fue acercar el contenido de la declaración a las organizaciones campesinas e indígenas, así como a las instituciones con responsabilidades en la protección de los derechos de estas poblaciones.

Según Sánchez, conocer la UNDROP permitiría a las comunidades contar con una herramienta adicional para defender derechos relacionados con la tierra, el territorio, el agua y las semillas.

El planteamiento también apunta a que las instituciones públicas conozcan el instrumento internacional y puedan considerarlo al momento de diseñar políticas o tomar decisiones que afecten a las comunidades rurales.

Para los organizadores, el desafío consiste en pasar del reconocimiento internacional de determinados derechos a su aplicación concreta dentro del país.

El vínculo entre el campo y las ciudades

Uno de los argumentos planteados durante el foro fue que las condiciones en las que viven las comunidades campesinas tienen efectos que van más allá de las zonas rurales.

Carlos Duarte, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, destacó la relación entre la producción campesina y la seguridad alimentaria. Sostuvo que los problemas que enfrentan los productores rurales también tienen consecuencias para quienes viven en las ciudades.

Desde esa perspectiva, las condiciones económicas y sociales del campesinado no constituyen un asunto exclusivamente rural, sino que forman parte de una discusión más amplia sobre alimentación, pobreza, desigualdad y desarrollo.

Los participantes señalaron que las poblaciones rurales enfrentan desafíos relacionados con la disponibilidad de recursos naturales y con los efectos del cambio climático, factores que pueden afectar sus medios de vida y su capacidad de producir alimentos.

La declaración de Naciones Unidas es presentada por las organizaciones como un instrumento que puede contribuir a ordenar y fortalecer las discusiones sobre estos derechos.

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya es parte de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a otras personas de su entorno. Pedraz ha acordado este lunes que Biedma se persone como acusación particular al considerar que, según el relato de hechos de su denuncia, resulta perjudicada al menos por un posible delito de calumnias. También la ha citado a declarar el próximo 8 de octubre a las 10.15 horas.

La decisión llega después de que Biedma reclamara incorporarse al procedimiento al sostener que ella misma habría sido uno de los objetivos de las actuaciones que se investigan. La magistrada denunció que se habrían llevado a cabo maniobras para recabar información sobre ella y su entorno y para desacreditarla pública y profesionalmente, en relación con su papel al frente de la investigación sobre David Sánchez. La UCO había hecho referencia a Biedma como uno de los objetivos dentro de las pesquisas sobre el entorno de Díez.

Pedraz, no obstante, adopta una posición más limitada respecto de los hechos denunciados. El juez reconoce a Biedma como perjudicada “al menos por el delito de calumnia”, pero deja expresamente abierta la posibilidad de que la instrucción determine qué ocurre con el resto de delitos que la magistrada atribuye en su escrito. Es decir, su incorporación al procedimiento no implica que el juez dé por acreditadas las actuaciones que Biedma denuncia.

La presencia de Biedma en esta causa tiene su origen en la investigación que dirigió en Badajoz. La magistrada estuvo al frente de las diligencias previas, centradas en la situación laboral de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Aquella investigación terminó llevando al hermano del presidente del Gobierno a juicio y, posteriormente, a una condena de nueve años de inhabilitación para empleo público por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, una resolución que ha sido recurrida.

Es precisamente ese procedimiento el que aparece ahora conectado con las pesquisas sobre Leire Díez. Según los informes de la Guardia Civil, los investigadores han encontrado conversaciones y contactos en el entorno de Díez relacionados con la causa que dirigía Biedma. La magistrada sostiene que esas actuaciones tenían como finalidad interferir en su investigación y apartarla de ella. Es una hipótesis que forma parte de la investigación y que Pedraz tendrá que contrastar con las diligencias que se practiquen.

Los vídeos de un canal y una anotación en las agendas de Díez

En su solicitud de personación, Biedma pidió que se investigaran varias cuestiones concretas. Una de ellas era el contenido del canal “Magistrado Anticorrupción TV”, especialmente las publicaciones realizadas entre mayo de 2024 y octubre de 2025 en las que se hacía referencia a la magistrada.

El juez, sin embargo, rechaza por ahora incorporar y analizar ese material. Su argumento es que no se ha aportado ningún visionado ni descarga de documentos del canal que permita establecer una relación directa entre esas publicaciones y los hechos que se investigan en la causa. Tampoco considera acreditado en este momento que el contenido hubiera sido elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez para perjudicar la investigación que Biedma llevaba a cabo en Badajoz.

Pedraz sí recoge un elemento que puede tener recorrido durante la instrucción. La resolución señala que la unidad actuante ha mencionado conversaciones entre Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada relacionadas con esos vídeos. El problema, según el juez, es que todavía no se conoce el contenido de esas conversaciones ni si Díez llegó a utilizar los vídeos para los fines que se le atribuyen. Por eso, deja la cuestión vinculada al resultado de las diligencias que todavía están en marcha.

La relación entre Biedma y Sáenz de Tejada ya había tenido un episodio anterior en la propia investigación sobre David Sánchez. El exmagistrado intentó intervenir en aquella causa y Biedma rechazó su personación. Posteriormente, Sáenz de Tejada presentó una recusación contra la magistrada. Su nombre aparece ahora también en las pesquisas relacionadas con Leire Díez y en las conversaciones que la UCO ha puesto a disposición de la investigación.

La magistrada también pidió que se investigara una anotación localizada en las agendas de Leire Díez: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma considera que este apunte puede guardar relación con las actuaciones que denuncia contra ella.

Pedraz tampoco abre de momento una investigación específica sobre esta anotación. El juez explica que ninguno de los informes incorporados a la causa contiene información sobre su significado o alcance y considera que no se puede abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las agendas de Díez sin datos adicionales que permitan establecer su relevancia.

Además, el instructor señala que Biedma había indicado que conocía esos extremos a través de informaciones que posteriormente serían facilitadas a los investigadores. Pero esas informaciones no aparecen desarrolladas en su escrito y tampoco consta, según Pedraz, que la magistrada fuera conocedora directa o destinataria de las supuestas amenazas o coacciones en esos términos durante la instrucción de la causa de Badajoz.

La resolución no cierra la puerta al resto de las actuaciones solicitadas por Biedma. Pedraz indica que algunas de ellas podrán valorarse a la vista de lo que declare la magistrada y de las diligencias que se vayan practicando durante la investigación.