La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado conceder la nacionalidad española a un ciudadano guatemalteco de origen sefardí tras un procedimiento en el que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) había rechazado previamente su solicitud. El fallo, fechado el 26 de mayo de 2026, clarifica un aspecto relevante para miles de descendientes de judíos expulsados en 1492: la interpretación del silencio administrativo en los expedientes de nacionalidad.

El solicitante basó su petición en la Ley 12/2015, que abre la puerta a la nacionalidad española para descendientes de sefardíes, siempre que puedan demostrar tanto su ascendencia como su especial vínculo con España. A pesar de aportar abundante documentación, la DGSJFP denegó la solicitud, argumentando que la ley exige una comprobación rigurosa de las raíces y la conexión con el país.

En las solicitudes de nacionalidad, la falta de resolución en doce meses debe interpretarse como silencio negativo

La controversia principal giró en torno a la interpretación del silencio administrativo. El demandante defendió que, ante la ausencia de respuesta oficial en el plazo establecido, debía concederse la nacionalidad por lo que se denomina “silencio positivo”. En un primer momento, un tribunal le dio la razón.

La Audiencia Provincial, sin embargo, corrigió ese criterio y fijó que la propia Ley 12/2015 establece lo contrario: si no hay respuesta en doce meses, la solicitud debe considerarse rechazada, lo que se conoce como “silencio negativo”. Esta interpretación ya había sido avalada en otros fallos de la misma sección.

De esta manera, el tribunal dejó claro que no basta con la falta de contestación por parte de la Administración. El análisis de cada expediente requiere revisar de forma detallada la documentación aportada. En este caso, el solicitante presentó tres documentos fundamentales para acreditar su origen y su vinculación con España.

El solicitante presentó toda la documentación requerida y superó el examen de conocimientos

El primero consistía en un certificado emitido por el rabino de la Asociación Chabad Lubavitch de Guatemala, que acreditaba su pertenencia y las contribuciones económicas a la comunidad. El segundo era un informe genealógico realizado por una experta en apellidos judíos españoles, que concluía que su ascendencia era sefardí. El tercero, una certificación del presidente y rabino de la Congregación OrVeShalom de Atlanta, reconocida por la Federación de Comunidades Judías de España, que también mencionaba los aportes económicos del interesado.

El tribunal consideró que la “especial vinculación con España” quedaba demostrada al haber superado el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales del Instituto Cervantes en Albuquerque. En el fallo se recoge expresamente que “por demandante su ascendencia sefardí originaria de España”, así como la existencia de ese vínculo especial con el país.

En el terreno jurídico, la sentencia cita la doctrina más reciente del Tribunal Supremo, que atribuye la decisión final a la DGSJFP, sin que la primera valoración del notario tenga carácter vinculante. La ley exige criterios estrictos para la adaptación de informes y certificados, dando mayor peso a los documentos expedidos por entidades reconocidas frente a declaraciones individuales.

Así, el tribunal declara que el solicitante “es de ascendencia sefardí originaria de España, con la que ha demostrado especial vinculación” y, en consecuencia, “se declara la nacionalidad española” del hombre, revocando con esto la resolución previa de la DGSJFP, a la que impone las costas del juicio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha concedido la nacionalidad española a dos ciudadanos de origen colombiano tras reconocer su ascendencia sefardí y el vínculo especial que mantienen con España. La resolución, fechada el 13 de mayo de 2026, sienta un precedente al admitir como válidos los documentos expedidos por comunidades sefardíes de América Latina en este tipo de procedimientos.

El tribunal resolvió dos recursos clave. Por un lado, aceptó la solicitud de nacionalidad presentada por uno de los ciudadanos. Por otro, ratificó la nacionalidad ya otorgada al segundo solicitante, desestimando así el intento de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y del Ministerio Fiscal de revertir la decisión. Ambos residen en Bogotá, se declaran descendientes de judíos expulsados de la península en 1492 y presentaron pruebas documentales tanto de su linaje como de su colaboración con instituciones vinculadas a la cultura hispánica.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, representada por la Abogacía del Estado, recurrió la sentencia inicial favorable a uno de los solicitantes. Alegó que los certificados expedidos por entidades como la Federación Judía de Nuevo México y la Federación Sefaradí Latinoamericana, con sede en Colombia, no resultaban suficientes. El Ministerio Fiscal apoyó esta postura, considerando imprescindible la intervención de la Federación de Comunidades Judías de España.

No es necesario aportar documentos internos de la comunidad judía si se presenta el certificado que acredita el origen sefardí

En respuesta a estas objeciones, la sentencia aclaró que no es necesario que quienes solicitan la nacionalidad presenten, junto al certificado expedido por una comunidad judía reconocida, todos los documentos internos que esa entidad haya utilizado para justificar la condición de sefardí de origen. Según el fallo, basta con aportar el certificado y los documentos formales que lo respalden, sin exigir a los solicitantes un nivel de prueba adicional que la ley no contempla. De esta forma, el tribunal reconoció que los caminos alternativos previstos en la normativa son igualmente válidos y no requieren trámites ni avales extra más allá de los previstos.

En uno de los casos, la documentación aportada incluyó un acta notarial firmada en la provincia de Málaga en 2018, un certificado de colaboración económica emitido por una federación judía en Norteamérica y un informe genealógico sobre una antepasada condenada por la Inquisición. Posteriormente, se incorporó un certificado de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, considerado “especialmente relevante” por el tribunal. Además, se acreditaron estudios en una universidad española y experiencia profesional en una empresa del sector de instalaciones, elementos que sirvieron para establecer el “vínculo especial” requerido por la ley.

En el otro caso, los jueces validaron los certificados remitidos por la Federación Sefardí Latinoamericana y una comunidad hebrea de Bogotá. Se comprobó una donación económica destinada a la actividad estatutaria de la entidad y se sumaron diplomas obtenidos en España en los años ochenta y noventa, lo que reforzó el vínculo con el país.

El fallo aclara que la documentación latinoamericana resulta válida siempre que cumpla con los requisitos legales: “El certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado” se considera suficiente si va acompañado de un aval formal básico. Las dudas planteadas sobre la capacidad de estos certificados para acreditar el linaje sefardí no fueron compartidas por la Sala, que consideró probado el vínculo efectivo con España a través de actividades educativas, económicas y culturales. No se impusieron costas judiciales y la resolución deja abierta la posibilidad de recurso ante el tribunal superior en un plazo de veinte días.

La defensa de Leire Díez, exmilitante socialista investigada por su posible implicación en una trama destinada a influir y obstaculizar procesos judiciales y de la Guardia Civil, ha solicitado la nulidad de todo el procedimiento relacionado con su detención. El recurso, presentado por sus abogados ante el juzgado, pone en cuestión la legalidad de las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo el pasado 10 de diciembre.

El escrito, firmado por su procurador y abogada y al que ha tenido acceso EFE, sostiene que la detención fue “completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada en relación con los derechos de la detenida”, y la califica de “ilegítima” y nula de pleno derecho al considerar que vulnera el derecho fundamental a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española. La defensa considera que la intervención policial se apoyó en indicios genéricos y no en hechos concretos, y que en ese momento no existía ni riesgo de fuga ni delito flagrante que justificara una medida de tal alcance.

La detención de Díez se habría producido aunque los agentes “carecían de un auto judicial habilitante”

En el documento, los abogados de Díez también se refieren a las circunstancias de la detención, que se produjo “de manera sorpresiva” y en una vía pública concurrida a mediodía, cuando, según argumentan, “bastaba con una mera citación” para que la investigada compareciera ante la autoridad. Recuerdan que Díez tiene domicilio conocido en España y es “un personaje público”, por lo que consideran que no había motivo para adoptar medidas excepcionales.

Durante la operación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautaron el teléfono móvil de Díez, así como archivos, dispositivos electrónicos y diversos objetos personales, tanto en su poder como en su vehículo. Además, se practicaron registros en varios domicilios ubicados en distintas provincias, donde se requisaron agendas, libretas, ordenadores y otros documentos. La defensa subraya que en el momento de la detención los agentes “carecían de auto judicial habilitante para practicarla” y tampoco contaban con autorización para incautar y acceder al contenido de los dispositivos electrónicos y objetos recogidos.

El recurso presentado reclama la nulidad no solo de la detención, sino también de toda la información obtenida de los objetos y dispositivos incautados. Según se detalla en el escrito, el acceso y volcado de datos de los dispositivos electrónicos y físicos de Díez se llevó a cabo “sin autorización judicial y de forma masiva e indiscriminada”, lo que, a juicio de la defensa, ha afectado incluso a comunicaciones privadas y familiares y supone una vulneración del secreto de las comunicaciones.

La defensa sostiene que la actuación policial y judicial ha vulnerado derechos fundamentales de la investigada, en particular el derecho a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución Española. Además, señala que la detención se practicó un año después del descubrimiento de los supuestos indicios, tiempo en el que no se adoptó ninguna medida contra Díez, lo que, según el recurso, refuerza la idea de que no existía urgencia ni justificación real para la intervención.

El escrito pide la nulidad de todas las diligencias y resoluciones judiciales derivadas de la incautación de objetos y dispositivos, así como de cualquier actuación procesal relacionada con estos hechos. Los abogados entienden que este caso puede sentar un precedente sobre los límites en la actuación policial y judicial en investigaciones de presunta corrupción, al poner el foco en la protección de los derechos fundamentales durante las pesquisas.

La causa en la que se investiga a Leire Díez se centra, entre otros aspectos, en su supuesta participación en una red que habría intentado influir en decisiones y gestiones realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según la investigación, Díez podría haber intervenido en operaciones de adjudicación de contratos públicos, mediación para la obtención de ayudas o subvenciones empresariales, o facilitación de contactos entre responsables de la SEPI y empresas interesadas en proyectos financiados con fondos públicos.

Además, los investigadores analizan si Díez habría utilizado su posición para intervenir en procesos judiciales en curso, aportando información, ejerciendo presión o tratando de condicionar resoluciones judiciales que afectaban directamente al presidente Pedro Sánchez o a colaboradores próximos a él. El objetivo de estas actuaciones, según se investiga, sería favorecer intereses particulares o de terceros en ámbitos tanto administrativos como judiciales.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto, tras años de conflictos familiares e incluso denuncias de maltrato emocional, permitir que una pareja de abuelos vuelva a tener contacto con sus nietos. La resolución, con fecha del 6 de mayo de 2026, revocaba una sentencia previa que les impedía relacionarse con los menores.

Ahora, por decisión del tribunal, los abuelos podrán ver a su nieta un sábado al mes durante dos horas en el Punto de Encuentro Familiar de Oviedo - ubicado en el n.º 1 de la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal - y bajo la supervisión de un equipo técnico. También tendrán derecho a mantener una videollamada de quince minutos a la semana.

El equipo técnico tendrá que informar cada tres meses al juzgado sobre la evolución de la relación. Si al cabo de un año se observa que esta es positiva para el menor, podrían ampliarse las visitas, medida que responde al “interés de los menores”, de acuerdo con el tribunal, que, sin embargo, concede al mismo tiempo que la relación entre la madre y los abuelos sigue siendo complicada.

Episodios de “gritos, discusiones y golpes” y una “crianza negligente” por parte de los abuelos

El conflicto tiene su origen en acusaciones que la madre hizo contra los abuelos, sus progenitores. La mujer presentó un informe psicológico que detallaba episodios de “gritos, discusiones y golpes” durante su infancia. En el documento, la psicóloga describe “síntomas intensos, coherentes con pacientes que han atravesado situaciones de negligencia y maltrato familiar”, y recoge insultos, desvalorización e incluso miedo hacia su padre, el abuelo de los menores.

Además, la mujer relata cómo perdió el contacto con su hermana y vivió situaciones de hostigamiento en un contexto familiar, hasta que decidió cortar la relación al empezar sus estudios universitarios. Según la psicóloga, el entorno familiar era “poco seguro, física y emocionalmente, a lo largo de las distintas etapas” de la vida de la mujer.

Otro informe, elaborado por un segundo profesional, señala que aunque la madre no sufre alteraciones mentales, sí existe una “relación problemática con los progenitores por crianza negligente y falta de cuidado”, advirtiendo de un “importante riesgo” en autorizar el contacto entre los abuelos y sus nietos. Pese a la contundencia de los informes, la Audiencia señaló que ambos parten de la experiencia de la madre y recomendó una evaluación independiente a los abuelos para valorar si el contacto sería adecuado.

Una evaluación de los abuelos determinó que “pueden aportar beneficios al desarrollo” de los menores

La pericia encargada por la defensa de los abuelos resultó clave. Según la psicóloga que la realizó, “no existen trastornos en la esfera de la personalidad ni psicopatológicos” en los abuelos, que además, según el informe, “pueden aportar beneficios al desarrollo emocional y social de los nietos”. Recomienda que el contacto se establezca de forma gradual y supervisada, en entornos seguros. También señala que los abuelos están dispuestos a aceptar límites y mantener la relación bajo condiciones, sin intentar instrumentalizar el vínculo. La psicóloga aseguró en la audiencia que “no existe el menor riesgo para los niños” en la relación con los abuelos, si bien insistió en la importancia de que el acercamiento sea progresivo y vigilado.

La madre y su pareja alegaron que los abuelos habían ejercido control y acoso, llegando incluso a contratar un detective privado para averiguar su paradero. El tribunal, tras revisar los mensajes de WhatsApp aportados, no vio pruebas de persecución, sino “un claro disgusto” por el distanciamiento. Los jueces recordaron que no es adecuado negar el contacto de los nietos con sus abuelos por una mala relación previa, salvo que exista una incapacidad demostrada para ejercer ese rol.

En cuanto al segundo nieto, nacido durante el proceso, el tribunal dejó en manos del equipo psicosocial la decisión sobre el régimen de visitas más adecuado a su edad, tras realizar un informe técnico. El sistema de visitas se revisará cada año y, si el impacto es positivo, podría ampliarse a un sábado completo al mes y a una semana durante las vacaciones. Las llamadas telefónicas seguirán bajo el control de los padres.

El tribunal insistió en que todas las medidas deben priorizar el “interés superior del menor”, evitando que los conflictos entre adultos dañen a los niños. Se consideró recomendable la mediación familiar, aunque no se exige como requisito previo para el contacto. Tal como indicó la perito: “El conflicto entre los adultos no tiene por qué repercutir en los menores”. La resolución no impone costas y permite que cualquiera de las partes recurra al Tribunal Supremo dentro del plazo legal.

Los cuatro chiringuitos que hay en el Puerto de Sherry, en Cádiz, deben bajar la persiana sí o sí este domingo. El Tribunal de Instancia de la ciudad rechazó este jueves la última medida cautelar presentada por los locales para evitar su cierre, por lo que no les deja opción: deben cesar su actividad en la medianoche de este domingo 6 de julio.

Son varios los motivos que han llevado a la magistrada Miriam Solano Martín a tomar esta decisión, pero el principal es el vencimiento de la concesión administrativa otorgada en 2023 por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, cuya prórroga fue denegada por falta de cobertura legal. El Ayuntamiento, a su vez, fijó el 5 de julio como fecha límite de la autorización municipal mediante un decreto.

Tras un largo camino judicial, la magistrada desestimó la medida cautelarísima solicitada por los empresarios al concluir que la suspensión de los decretos municipales impugnados no prolongaría en ningún caso la autorización de la actividad más allá del 5 de julio. La resolución no admite recurso.

La autorización inicial expira este sábado

El auto analiza la petición presentada por Beauty Beach S.L., empresa gestora del establecimiento Margarita, y concluye que la autorización inicial otorgada por el Ayuntamiento ya había expirado el 5 de julio por un decreto municipal dictado el pasado 29 de marzo, resolución que la empresa no recurrió y que, por tanto, adquirió firmeza. La magistrada fue categórica al señalar que suspender ese decreto “no provocará que por arte de magia la autorización de bar kiosco se extienda más allá del día 5 de julio”, según ha informado el medio local el Diario de Cádiz.

La resolución también examinó el decreto municipal que rechazó la solicitud conjunta presentada por las mercantiles Beauty Beach S.L. (Margarita), Enjoy Sherry S.L. (PhiPhi) y Pentágono Escaleno S.L. (Blue Playa Canalla) para mantener la actividad entre el 5 de julio y el 13 de septiembre. El juzgado determinó que acceder a esa petición equivaldría a sustituir la decisión de la administración y conceder de forma cautelar una autorización que nunca llegó a otorgarse. El Ayuntamiento fundamentó esa inadmisión en la ausencia de autorización de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para ocupar el dominio público portuario durante el periodo solicitado.

Una petición sin amparo jurídico

La APBC ya había rechazado en mayo la prórroga de la concesión al considerar que la petición carecía de amparo jurídico, decisión ratificada por unanimidad en el Consejo de Administración, explica el citado diario. La autorización original, concedida en marzo de 2023 y válida por tres años, permitía explotar los espacios como bares-kiosco únicamente entre abril y septiembre, sin autorización para ofrecer música. Una vez vencido ese plazo, la concesionaria solicitó una prórroga para mantener la actividad mientras tramitaba un nuevo proyecto de negocio, petición que la APBC desestimó por falta de cobertura legal, con el respaldo de un informe de la Abogacía del Estado.

El recurso ante los tribunales era la última vía disponible para los empresarios tras el agotamiento de todas las instancias administrativas. La patronal Horeca advirtió que la medida ya ha generado cancelaciones de reservas en El Puerto de Santa María y que, según los propios empresarios, al menos 300 trabajadores perderán su empleo durante la temporada estival.

Quejas de los vecinos y de hoteles

Los establecimientos habían acumulado una larga historia de controversia, con quejas de vecinos, usuarios del puerto deportivo y clientes de hoteles cercanos por el ruido y la suciedad. Ecologistas en Acción presentó una denuncia por presuntas irregularidades en las licencias, que la Fiscalía admitió a trámite y trasladó al juzgado de El Puerto de Santa María al apreciar posibles indicios de un delito de prevaricación.

Detenciones por narcotráfico

Al cierre judicial se suma la detención del empresario Pascual Llopis, propietario del chiringuito Margarita, en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una presunta red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico, según publicó El País. La operación, desarrollada el pasado miércoles, culminó con 11 detenidos, entre ellos el hijo y la esposa de Llopis, y con el registro de varios de sus negocios en El Puerto, incluida la discoteca Banana y el propio chiringuito Margarita. Los agentes intervinieron 1,2 millones de euros en efectivo solo en los establecimientos y oficinas del empresario, de un total de 1,8 millones recuperados en distintos registros entre Cádiz y Sevilla.

La investigación, iniciada en 2023 y declarada bajo secreto de sumario, también alcanzó a la Diputación Provincial de Cádiz y a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, a las que se solicitaron expedientes de contratos de patrocinio vinculados al festival Puro Latino, promovido por Llopis. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró que el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, del Partido Popular (PP), no figura como investigado.

La Audiencia Nacional ordenó este jueves a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que los anexos de sus informes policiales se ciñan estrictamente a los hechos investigados y excluyan datos personales ajenos a la causa. Se trata de una resolución dictada en el marco del caso Plus Ultra en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, fechado el 3 de julio de 2026 y firmado por el magistrado-juez José Luis Calama, responde a un escrito presentado el 25 de junio por la defensa de Zapatero. En él, el procurador Roberto Primitivo Granizo Palomeque solicitó medidas urgentes tras la filtración a medios de comunicación de documentación personal del expresidente incluida en el último informe de la UDEF, el número 2910/26: agendas íntegras de 2024 y 2025, y un volcado de más de 1.000 páginas de conversaciones de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

La parte dispositiva del auto ordena librar un mandamiento a la UDEF para que, en adelante, “los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados”. El juez Calama invoca expresamente los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el tratamiento de datos en el ámbito penal.

Las filtraciones, el detonante

La resolución tiene su origen directo en una cadena de filtraciones que el propio tribunal había reconocido días antes. El 25 de junio, el juez Calama acordó abrir una investigación para determinar la autoría de las fugas de información, al advertir que “las diligencias de instrucción tienen carácter reservado” y que su difusión pública “solo puede obedecer al quebrantamiento de la obligación de reserva por parte de quienes tienen acceso legítimo a las actuaciones”, según informó Infobae.

En ese contexto, la defensa de Zapatero apuntó directamente a la UDEF como posible origen de las filtraciones, al señalar que los anexos del informe 2910/26 eran los únicos documentos del procedimiento que se habían subido a la plataforma Cloud sin marca de agua identificativa.

El juez, en el auto de este jueves, reconoce que el riesgo de fuga no reside en accesos externos no autorizados, sino en “la extracción del documento por parte de usuarios con acceso legítimo, seguida de su transmisión a terceros mediante canales no controlados”. Para reforzar la seguridad, ordenó también librar oficio a la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales para que valore medidas adicionales, como la deshabilitación de las funcionalidades de descarga e impresión de documentos en la plataforma, de modo que los usuarios puedan visualizarlos pero no generar copias.

El informe 2910/26 y la acusación contra Zapatero

El detonante de la causa en su fase actual es el informe 2910/26 de la UDEF, que apunta a que Zapatero cobró 200.000 euros a través de la mercantil Focus Social Research por actuar como intermediario ante el Gobierno de Bolivia en favor del grupo empresarial peruano Gloria, facilitando que esta empresa saliese beneficiada en una operación de quita de deuda con el Estado boliviano. Sobre esa base, el juez Calama le dio la condición de investigado el 18 de mayo de 2026 por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La defensa del expresidente, dirigida por el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, sostiene que ese informe policial va más allá del perímetro fijado por el auto del 18 de mayo y que la UDEF habría realizado una “investigación prospectiva y no autorizada” al analizar de forma masiva información obtenida en los registros. Por ello, solicitó también al juez que devuelva el informe 2910/26 a la unidad policial y lo desglose de las actuaciones. Sobre ese punto concreto, el auto de este jueves señala que se resolverá en una resolución separada.

La estrategia procesal de la defensa

La acumulación de peticiones de la defensa de Zapatero se inscribe en una estrategia orientada a cuestionar la validez del procedimiento. Junto con las medidas de protección de datos, la representación del expresidente ha solicitado la nulidad de la causa al alegar vulneración de garantías procesales, del derecho a la presunción de inocencia y del secreto de las comunicaciones.

El escrito presentado ante el juez Calama el 25 de junio describía como un “auténtico disparate” la incorporación al informe policial del volcado íntegro del chat entre Zapatero y su secretaria. “La vida del Sr. Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna, sin autorización judicial otorgada a medio de una resolución motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos concretos hechos”, rezaba el texto.

El caso Plus Ultra, que originalmente investigaba la concesión de un rescate público a la aerolínea homónima durante la pandemia, derivó hacia Zapatero tras las pesquisas de la UDEF sobre las actividades de la empresa Focus Social Research y su vinculación con el grupo Gloria. El volcado de los dispositivos intervenidos en la causa aún no ha sido puesto a disposición de las partes: una vez concluya su análisis, quedará accesible en la plataforma Cloud exclusivamente para el titular de los dispositivos y el Ministerio Fiscal, con acceso restringido para el resto de las partes hasta que se complete el expurgo de contenidos sin relevancia penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de 14 meses de prisión impuesta a una joven de Valladolid por retirar de forma ilícita 4.990 euros de la cuenta bancaria de su abuela, que padecía un grave deterioro cognitivo y carecía de capacidad para gestionar sus asuntos económicos. La resolución también ratifica la absolución de la madre de la condenada, hija de la anciana, al no quedar acreditado que se apropiara del dinero de forma indebida.

La sentencia avala íntegramente el fallo dictado en primera instancia y rechaza el recurso presentado por la defensa de la nieta, que alegaba vulneración de su derecho de defensa al haber sido finalmente condenada por un delito distinto del inicialmente planteado durante el proceso judicial.

Los magistrados concluyen que la acusada aprovechó el estado de vulnerabilidad de su abuela y el conocimiento que tenía de las claves bancarias para realizar varias extracciones en cajeros automáticos entre febrero y diciembre de 2020, dinero que destinó a su propio beneficio y que retiró sin autorización.

Una enfermedad que limitó su capacidad de decisión

Los hechos se remontan a los últimos años de vida de la anciana, que comenzó a sufrir un deterioro cognitivo progresivo a partir de 2016 y falleció en 2022. Según considera probado la sentencia, desde mayo de 2019 ya no estaba en condiciones de adoptar decisiones económicas complejas, circunstancia conocida por su entorno familiar.

Durante ese periodo, el cuidado diario de la mujer se repartía entre varios de sus hijos y familiares. Una de sus hijas asumía buena parte de las tareas cotidianas, como las compras, los paseos o la adquisición de medicamentos, mientras que los hijos figuraban como autorizados en la cuenta bancaria donde la anciana recibía mensualmente su pensión.

La cartilla bancaria y el código de acceso se encontraban guardados en un armario del domicilio familiar cuyo contenido era conocido por distintos miembros de la familia, entre ellos la nieta posteriormente condenada.

La falta de fondos destapó el delito

La investigación judicial analizó numerosos movimientos bancarios realizados entre 2018 y 2020. Aunque se detectaron diversas retiradas de efectivo durante 2018 y 2019, el tribunal concluye que no ha sido posible determinar quién las efectuó ni si contaban con el consentimiento de la titular de la cuenta.

También quedó acreditado que la hija de la anciana retiró en ventanilla 4.230 euros durante 2020. Sin embargo, la documentación aportada durante el juicio permitió acreditar que ese dinero se destinó a sufragar gastos ordinarios de la mujer, entre ellos necesidades domésticas, productos farmacéuticos y otros desembolsos derivados de su cuidado, motivo por el que fue absuelta.

En cambio, la resolución considera probado que la nieta realizó extracciones por valor de 4.990 euros utilizando la tarjeta y las claves de la cuenta cuando su abuela ya no podía prestar un consentimiento válido debido a su deterioro cognitivo.

El recurso de la defensa, rechazado

El caso salió a la luz en mayo de 2021, cuando la anciana ingresó en una residencia. Fue entonces cuando la entidad bancaria comunicó que no existía saldo suficiente para hacer frente al pago de las mensualidades del centro, circunstancia que despertó las sospechas de la familia y motivó la presentación de una denuncia meses después.

Durante el recurso, la defensa de la joven sostuvo que se había producido una situación de indefensión porque la condena finalmente se sustentó en un delito distinto del que había motivado inicialmente la acusación. A su juicio, esa modificación vulneraba el derecho a un juicio con todas las garantías.

El Tribunal Superior de Justicia rechaza ese argumento y recuerda que la jurisprudencia permite modificar la calificación jurídica de los hechos cuando los delitos protegen el mismo bien jurídico y se fundamentan en una conducta esencialmente idéntica.

Condena firme

En este caso, los magistrados consideran que la apropiación indebida y la estafa informática son figuras delictivas homogéneas, ya que ambas sancionan la sustracción ilícita de dinero de una cuenta bancaria, aunque empleen mecanismos distintos para conseguirlo. Mientras una se basa en el abuso de confianza, la otra castiga el uso no autorizado de datos o instrumentos de pago.

Por ello, el tribunal concluye que el cambio de calificación durante el procedimiento no alteró los hechos objeto del juicio ni impidió a la acusada ejercer adecuadamente su defensa, por lo que confirma íntegramente la condena de 14 meses de prisión.

Vito Quiles ya no está en busca y captura ni tendrá que comparecer este viernes, como él ha anunciado que haría. La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de detención contra el creador de contenido y le ha citado a declarar como querellado el 20 de julio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta decisión se toma después de que su defensa se personara en la causa y comunicara su disposición a comparecer.

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid le ha citado para el 20 de julio a las 12.45 horas en calidad de querellado, tras dejar sin efecto la orden acordada porque no había respondido a citaciones previas, de acuerdo con fuentes jurídicas. La magistrada dictó recientemente orden de detención al no comparecer en una causa en la que se le investiga por un supuesto bulo, tras afirmar que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de María Jesús Montero y había salido de prisión gracias a ella.

La Policía acudió el miércoles a la oficina del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja, para ejecutar el arresto, pero no le encontró allí. Poco después, Quiles respondía en redes sociales que “había salido a por el pan” y que volvía en “15 minutos”. Así, se burló de la decisión y animó a los agentes a que le siguieran buscando.

El denunciante trabaja en Hacienda desde hace 41 años, bajo gobiernos del Partido Popular y del PSOE. En su demanda, sostiene que Quiles difundió información “absolutamente falsa”, señalándolo como culpable de varios delitos por los que “habría ingresado en prisión” y habría sido liberado posteriormente por Montero, quien “lo encubrió y contrató” en el ministerio.

Quiles compartió el nombre completo y una fotografía del demandante, lo que, según la demanda, “incrementó exponencialmente el daño causado” al desencadenar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios en redes sociales, incluyendo “insultos, vejaciones y amenazas”. El denunciante afirma que el daño es “constante y continuado en el tiempo”, ya que las publicaciones continúan disponibles en internet.

Vito Quiles quería comparecer y le dijeron que sería detenido

Por su parte, su letrado, Juan Gonzalo Ospina, acudió al juzgado este jueves hasta en tres ocasiones para explicar que Quiles quería comparecer de forma “inmediata y voluntaria”, pero la respuesta de los funcionarios fue “negativa” y se le indicó que, al encontrarse el juzgado de guardia, si su cliente acudía sería detenido por la Policía, según indicó en un comunicado emitido por Ospina Abogados.

Fuentes jurídicas han precisado a EFE que el juzgado estaba el jueves de guardia de detenidos y, por tanto, la magistrada estuvo todo el día tomando declaraciones a detenidos en calabozos y no podía tramitar asuntos ordinarios de manera habitual. Hoy sí ha atendido la comparecencia en persona de Quiles.

El influencer enfrenta varias causas en distintas regiones del país, como en Madrid, donde está siendo investigado por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, o en Sevilla, donde una jueza lo procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Con información de Efe

El creador de contenido Vito Quiles tiene en vigor una orden de detención por una querella por la presunta difusión de un “bulo” sobre un funcionario del Ministerio de Hacienda. Según fuentes judiciales, la orden se habría dictado tras no haber acudido a dos citaciones del procedimiento. Pese a ello, el comunicador ha anunciado en su cuenta personal de la red social X que este viernes a las 17:00 horas se personará junto a su abogado en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

Horas antes, en la noche del jueves, Quiles difundió otro mensaje en el que aseguraba que “se está formando un lío monumental” en los juzgados. En esa publicación, afirmó que su abogado, Juan Gonzalo Ospina, se había personado en sede judicial y que el juez se habría negado a recibirlos, añadiendo que le habrían trasladado que “quieren verme arrestado”. En el mismo mensaje, el comunicador vinculaba la situación a una supuesta actuación política: “Sánchez está dando un golpe contra la democracia”.

La situación se produce después de que este miércoles la Policía Nacional se personara en la sede de EDA TV, el canal de televisión digital en el que trabaja, para ejecutar una orden de detención dictada por el juzgado madrileño. No obstante, los agentes no pudieron practicar el arresto al no encontrarse el comunicador en las instalaciones, situadas en la calle Lagasca de la capital.

Una “campaña de denuncias masivas”

En un primer momento, el propio Quiles vinculó la orden de busca y captura a lo que calificó como una “campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez” tras su encuentro con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y aseguró que no se entregaría “al gobierno de Sánchez”. Sin embargo, posteriormente se ha conocido que la orden estaría relacionada con un procedimiento por la presunta difusión de un “bulo”.

Además, la orden de detención se habría dictado después de que no acudiera a dos citaciones judiciales dentro de una causa abierta a raíz de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Según esa querella, Quiles habría difundido en redes sociales la identidad y la imagen del trabajador, al que presentó como un supuesto asesor vinculado a la exministra María Jesús Montero, afirmando además que “habría entrado en prisión” y que, posteriormente, habría sido liberado por la propia Montero, quien lo habría “encubierto y contratado” en el ministerio.

El denunciante, funcionario con más de cuatro décadas de trayectoria en la administración pública bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, sostiene que la información difundida es “absolutamente falsa”. En su escrito, afirma que la publicación ha derivado en una situación de “persecución pública”, con cientos de reacciones en redes sociales en las que se habrían vertido “insultos, vejaciones y amenazas” contra su persona.

En paralelo, el comunicador vinculado al partido político Se Acabó la Fiesta acumula varias causas judiciales en distintos juzgados del país. Entre ellas, un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; un presunto delito de revelación de secretos en relación con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; y un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha concedido la nacionalidad española a dos ciudadanos de Colombia que residen en Bogotá, como descendientes de judíos expulsados siglos atrás. El fallo revoca una decisión previa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que había rechazado la solicitud de uno de ellos.

Ambos solicitantes, un hombre y una mujer, se presentaron como pareja y pidieron la nacionalidad apoyándose en la Ley 12/2015, la norma que habilita a descendientes de sefardíes —judíos expulsados en 1492— a solicitar la ciudadanía por carta de naturaleza. Esa ley “fue una decisión animada por el deseo de contribuir, después de casi cinco siglos de alejamiento, a un proceso de concordia que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria”, dice el texto publicado en el BOE. “En definitiva, la presente Ley pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492, y se justifica en la común determinación de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y concordia, que reabra para siempre a las comunidades expulsadas de España las puertas de su antiguo país”.

Para poder beneficiarse de la ley y conseguir la nacionalidad española por esta vía, los sefardíes deben reunir una doble condición: comprobar que son descendientes de los judíos expulsados de España y haber mantenido a través de los siglos una “especial vinculación” con el país. Sin embargo, la ambigüedad de estos requisitos —y la dificultad de cumplir el primero, pues han pasado siglos— hace que muchos casos terminen en los tribunales, como el de estos colombianos.

En su caso, presentaron certificados genealógicos, oficios religiosos y prueba de actividades culturales vinculadas a España, pero el Estado rechazó la validez de la documentación de uno de ellos. Según su resolución, la Federación Judía de Nuevo México y la Fundación Federación Sefaradí Latinoamericana, que emitieron certificados de origen sefardí para ambos, “no son suficientes para acreditar la condición de sefardí originario de España”. La fiscalía también afirmó que no se habían entregado suficientes documentos que demostraran la especial vinculación con España.

Una nueva prueba fue clave para lograr la nacionalidad

La pareja apeló la decisión, y ganó el juicio en segunda instancia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera que un nuevo documento presentado por el hombre, un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España —prueba clave porque es la máxima autoridad reconocida para estos trámites—, “disipa toda duda” en torno a su procedencia sefardí.

En paralelo, ambos aportaron certificados de estudios en universidades españolas, diplomas y constancias de actividades en organizaciones judías y españolas. Por todo ello, la Audiencia Provincial fue clara: los solicitantes habían cumplido todos los requisitos legales y recibirán la nacionalidad española. El documento resalta como hecho diferencial la aceptación de certificados internacionales y peritajes genealógicos emitidos fuera de España, sumados a la intervención de la Federación de Comunidades Judías de España, como fundamentos para aceptar la nacionalidad de descendientes de judíos expulsados.

España es la puerta de entrada a Europa de la cocaína que se cultiva el Bolivia, Perú y Colombia y del hachís que se produce en Marruecos. La mayoría de los cargamentos entran por mar (oculto en contenedores que llegan a los puertos españoles o en veleros y lanchas rápidas). Los poderes públicas buscan todo tipo de fómurlas para combatir al narco. La Fiscalía Especial Antidroga ha activado una nueva vía para proteger a los agentes cada día se juegan la vida en el mar. El órgano especializado del Ministerio Público ha dictado una orden dirigida a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a Vigilancia Aduanera (DAVA) para que detallen en todos sus atestados los ataques de las narcolanchas para poder perseguir también esos hechos como un delito de piratería.

Además, según ha publicado este jueves el diario ‘El Mundo’, altos mandos de la Guardia Civil han reclamado a la Dirección General de la Benemérita el uso de lanzagranadas para hacer frente a las grandes organizaciones del narcotráfico que operan en el Estrecho, la zona más conflictiva. La petición se produce en un contexto marcado por el aumento de la violencia, el uso de armas de guerra por parte de algunas redes criminales y la muerte de cuatro agentes en operaciones marítimas durante los dos últimos años. Un grupo de generales ha elevado varios escritos internos para pedir que se permita el uso de lanzagranadas MOD. GL-06 calibre 40 mm. Los mandos sostienen que hay 50 unidades disponibles, junto con su munición, y que podrían utilizarse para tratar de inmovilizar o inutilizar los motores de las narcolanchas durante las persecuciones.

“Los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV [alta velocidad] u otras embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas activades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados”, señala la Fiscalía Antidroga, que recuerda que el artículo 616 del Código Penal castiga a “al que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años”.

Aunque el delito de piratería suele perseguirse en hechos ocurridos en aguas internacionales, competencia de la Audiencia Nacional, la orden de Antidroga recoge la necesidad de ampliar estas directrices a episodios registrados en aguas de soberanía española, ya que el delito de piratería protege la seguridad de la navegación en el mar sin distinguir aguas internacionales o territoriales. De este modo, la orden firmada por la fiscal jefa Antidroga considera necesario que en todos los atestados, oficios o informes dirigidos a dicho departamento (ya sea en el ámbito de la Audiencia Nacional o en el territorial a través de las delegaciones) referidos a actuaciones en las que participen embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, se informe de cualquier ataque directo o indirecto contra las embarcaciones oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera.

Ayuda de la Armada

La Fiscalía Antidroga ya pidió en 2024 al Ministerio de Defensa la colaboración directa de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos”, señaló entonces la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista concedida a Efe. La nueva petición de la Fiscalía coincide en el tiempo con la petición de estos generales, que no se plantea como una medida ofensiva convencional, sino como una herramienta de intervención frente a embarcaciones que, según los mandos citados por ‘El Mundo’, actúan con una capacidad de maniobra y una agresividad muy superiores a los medios disponibles por las patrullas.

Los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo reclamando el endurecimiento de las penas y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Los profesionales denuncian la falta de medios materiales y humanos y de compromiso por parte del Gobierno para liderar medidas que los protejan. Muchos narcos usan ya en Andalucía fusiles de asalto para enfrentarse a los agentes. A este clima de tensión se suma la muerte de cuatro guardias civiles en apenas dos años. La tragedia más reciente ocurrió el pasado mes de mayo en Huelva. Una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado causó la muerte de dos agentes en acto de servicio. En febrero de 2024, otros dos guardias murieron en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos de manera deliberada por una narcolancha.

Los mandos que impulsan la solicitud de los lanzagranadas consideran que el uso de estas armas podría dar una respuesta más eficaz a las persecuciones contra narcolanchas de alta potencia. Su planteamiento se apoya en que el material ya existe, está almacenado y podría emplearse por personal formado a una distancia aproximada de 100 metros. También alertan de que los narcos conocen las limitaciones legales y operativas de los agentes, lo que, a su juicio, aumenta la sensación de desprotección durante las intervenciones.

La vida de una mujer gallega y sus hijos ha estado marcada por la incertidumbre económica desde que compró con su pareja, y también padre de los menores, quien alegó durante años tener problemas de salud y ausencia de ingresos para justificar el impago o la reducción de la pensión alimentaria que debía abonar. Ahora, la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado que el padre mentía sobre su situación económica y le obliga a pagar una pensión de 175 euros mensuales para cada hijo.

La decisión judicial supone un alivio para la familia, que hasta ahora recibía una cantidad muy inferior a la fijada por el tribunal. La sentencia desmonta la versión del padre, que trató de convencer al juzgado de que no podía trabajar por motivos médicos y que carecía de recursos. Pero las pruebas han demostrado que realizaba actividades económicas como lavado de vehículos y venta de madera, y que además desviaba ingresos a cuentas de otros hijos mayores para simular insolvencia. La resolución judicial reconoce así el derecho de los menores a recibir una pensión digna y ajustada a las verdaderas posibilidades económicas del progenitor.

El tribunal destapa la simulación de precariedad del padre y eleva la pensión

Durante años, el padre cumplió con una pensión mínima de 84,70 euros mensuales por cada hijo, cantidad que era insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores. Ante la falta de respuesta voluntaria para mejorar esa prestación, la madre inició un procedimiento de modificación de medidas, solicitando que la pensión se elevara a 250 euros mensuales por hijo. Además, el conflicto se agravó cuando el padre presentó informes médicos y declaró que sus problemas de salud y la falta de ingresos le impedían contribuir más allá de la cantidad inicial.

El proceso judicial reveló otra realidad. Los informes aportados por la parte demandante y el análisis de las cuentas bancarias han demostrado que el padre mantenía actividad económica, gestionando el lavado de vehículos y la comercialización de madera, además de desviar ciertos fondos a cuentas de sus hijos mayores para simular una situación de insolvencia. El juzgado de primera instancia ha reconocido solo parcialmente la petición de incremento, fijando la pensión en 175 euros mensuales por cada menor, pero ha dejado claro que la verdadera capacidad económica del progenitor no coincidía con la imagen de precariedad defendida por él.

Ambas partes recurrieron la sentencia. La madre insistió en la insuficiencia de la cuantía fijada, mientras que el padre pidió rebaja o exoneración total. El caso llegó hasta la Audiencia Provincial de A Coruña, que el 8 de mayo de 2026 ratificó la decisión inicial y desestimó los recursos de ambas partes. El tribunal subrayó la obligación del padre de asumir la prestación en favor de sus hijos menores, y recordó que solo cabría recurso de casación ante el Tribunal Supremo si alguna de las partes acredita interés casacional, en un plazo de veinte días desde la notificación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa Waiter Music en el marco de la pieza del ‘caso Púnica’ centrada en la organización de festejos en distintos municipios madrileños. La Sala de lo Penal le considera autor de un delito continuado de fraude y otro continuado de prevaricación, por el que además le impone ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia, correspondiente a la pieza separada número 7 de la macrocausa Púnica, concluye que Granados desempeñó un papel clave para facilitar el funcionamiento del sistema de adjudicaciones, pese a no intervenir formalmente en la tramitación administrativa de los contratos. Según los magistrados, actuó como “elemento impulsor y facilitador del sistema” gracias a su posición de poder político y a la influencia que mantenía sobre los responsables de adoptar las decisiones.

El tribunal sostiene que esa capacidad de influencia permitió favorecer de forma continuada a la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huertas, fallecido antes de que pudiera ser juzgado. A cambio, añade la resolución, Granados recibió prestaciones en especie consistentes en la organización de eventos privados sufragados por el empresario, sin que estos fueran abonados.

Los hechos juzgados abarcan un periodo comprendido entre 2007 y 2014 y se refieren a contratos para la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos festivos en varios municipios madrileños gobernados por el PP.

Un sistema de adjudicaciones predeterminado

La sentencia considera acreditado que Waiter Music trabajó durante años para distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a un sistema en el que los expedientes administrativos estaban orientados para que los contratos acabaran siendo adjudicados a esa empresa o a otras sociedades controladas directa o indirectamente por José Luis Huertas.

Según los hechos declarados probados, la compañía prestó servicios para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y también organizó festejos entre 2007 y 2011 en municipios como Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio.

La Audiencia Nacional explica que esa relación comercial respondía a un esquema estable. Por un lado, Waiter Music organizaba los festejos públicos contratados por los ayuntamientos y, por otro, ofrecía servicios adicionales que beneficiaban directamente a responsables políticos. Entre esos servicios figuraban actuaciones extraordinarias durante las fiestas, actos organizados para agrupaciones locales del PP o celebraciones privadas de algunos de sus dirigentes. Según recoge el fallo, esos trabajos no eran facturados a quienes los recibían.

La resolución añade que José Luis Huertas asumía directamente el coste de algunos de esos servicios y, en otros casos, incrementaba el importe de las facturas correspondientes a los contratos públicos para absorber ese gasto. El objetivo, según el tribunal, era mantener el favor de los responsables municipales y asegurar la continuidad de las adjudicaciones.

La responsabilidad atribuida a Granados

Los magistrados destacan que la responsabilidad de Francisco Granados no deriva de haber firmado personalmente los expedientes administrativos, sino de la influencia política que ejercía sobre quienes sí tenían capacidad para adoptar las decisiones. Asimismo, considera probado que “mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa”, lo que permitió favorecer las adjudicaciones a Waiter Music. La Sala añade que esa influencia iba acompañada de un beneficio personal para Granados mediante la recepción “sistemática de prestaciones en especie no retribuidas”, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario.

El tribunal subraya además que la propia dinámica de los hechos revela que las adjudicaciones se desarrollaban en un contexto en el que la relación política y personal entre Granados y el empresario facilitaba la obtención de decisiones favorables para la compañía, aunque sin necesidad de que existiera una intervención directa en cada procedimiento administrativo.

Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, a cuatro años de prisión, y José Miguel Moreno, a dos años. También impone dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y al exalcalde de Moraleja de En Medio Carlos Alberto Estrada. Por el contrario, el tribunal absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados que también estaban siendo juzgados en esta pieza separada.

La resolución supone la primera gran condena por corrupción impuesta a Francisco Granados dentro de los procedimientos derivados del ‘caso Púnica’. La macrocausa, abierta en 2014, fue dividida en más de una decena de piezas separadas para investigar distintas líneas de actuación relacionadas con presuntas adjudicaciones irregulares y otros delitos de corrupción.

Granados ya había sido condenado anteriormente dentro del ‘caso Púnica’. En 2017 recibió una pena de dos años de prisión por haber recibido un aviso de un guardia civil sobre la investigación que se estaba desarrollando en su contra. Aquella condena fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En ese procedimiento no se le juzgó por el desvío de fondos públicos ni por las adjudicaciones irregulares que constituyen el núcleo de la investigación, sino exclusivamente por el chivatazo recibido antes de que estallara la operación policial.

Frutafiel, una empresa entrerriana de bebidas con más de 70 años de trayectoria, se presentó en concurso preventivo ante la Justicia de Paraná luego de que sus costos operativos y financieros superaran su nivel de facturación en los primeros meses de 2026. La firma, que tiene su planta industrial en General Ramírez, departamento Diamante, describió en su presentación judicial una acumulación de factores que la llevaron a la insolvencia entre marzo y abril de este año.

En el escrito que presentó en la Justicia, Frutafiel describió un diagnóstico sobre las causas de su situación. “El proceso inflacionario posterior a la pandemia erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y elevó simultáneamente los costos de insumos y transporte”, puntualizó la compañía. La empresa señaló que no pudo trasladar esos incrementos al precio final de sus productos sin perder competitividad, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad. A eso se sumó la retracción del consumo de productos no esenciales, el segmento en el que se concentra su producción: aguas saborizadas, cerveza, una bebida elaborada con vino y gaseosa, y la línea Aqualoe, su agua con pulpa de aloe vera.

El encarecimiento de la energía y los combustibles fue otra de las razones a las que la empresa adjudicó su situación. Según la presentación judicial a la que accedió el medio entrerriano Uno, los insumos derivados del petróleo representan hasta el 95% del costo final en algunas de sus líneas de producción. El acceso al crédito bancario, por su parte, “se volvió inviable ante las tasas de interés que regían en el mercado”, y el descuento de valores de terceros generó pérdidas adicionales.

Según consta en el documento oficial, la firma también intentó compensar la caída de ventas con promociones en supermercados y cadenas de distribución, pero los descuentos que debió ofrecer dejaron márgenes de utilidad casi nulos. La morosidad de clientes —en algunos casos con imposibilidad de cobro— agravó el cuadro financiero.

Para sostener la operación, el presidente de la sociedad y principal accionista de la empresa vendió un inmueble propio e inyectó los fondos en la compañía. Ese aporte permitió lanzar una nueva línea de cerveza con marca propia, Golden Saft, que comenzó a comercializarse a principios de 2025. El producto tuvo buena recepción inicial, pero dos problemas truncaron su impulso: el proveedor de cerveza a granel no cumplió con los volúmenes comprometidos y la competencia replicó rápidamente el concepto. La empresa también lanzó un vino con jugo. Ambas líneas representan actualmente el 30% de la facturación total.

Fundada en 1956, Frutafiel produce además fideos secos y dulces de membrillo y batata, y es uno de los principales empleadores de General Ramírez, localidad de poco más de 13.000 habitantes. La empresa registró un activo total de $4.016.951.403 —con un activo corriente de $1.313.082.606 y uno no corriente de $2.703.868.796— frente a un pasivo de $3.818.314.937, lo que deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, menos del 5% del activo total. El Banco Central registra a la firma con 387 cheques rechazados sin fondos por un total de $1.085.442.794.

La empresa sostuvo en su presentación que la cesación de pagos se produjo entre marzo y abril de 2026: a fines de marzo dejó de cumplir los planes de facilidades de pago con ARCA y el 21 de abril comenzaron los rechazos de cheques. Pese a ello, la firma afirmó que su actividad “es viable, siendo rentable en el mediano y largo plazo” y que “el concurso preventivo producirá el desahogo financiero” que le permita volcar recursos a la producción y honrar sus compromisos pendientes.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, dispuso la apertura del proceso el 10 de junio, a partir de una solicitud presentada el 22 de mayo. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de la firma —lo que le impide vender o transferir activos sin autorización judicial— y designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.

La Justicia francesa ha absuelto este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, del delito de pertenencia a la organización terrorista entre 2002 y 2005, en una resolución que despeja el principal obstáculo que impedía su entrega a España. El fallo, dictado por el Tribunal de Apelación de París, pone fin al último procedimiento que el exjefe de la banda tenía abierto en Francia y deja vía libre para ejecutar la euroorden emitida por la Audiencia Nacional, que reclama su regreso para juzgarlo por dos causas aún pendientes.

La decisión, conocida pasadas las 14.00 horas, supone un giro inesperado en un proceso judicial que se había prolongado durante años y que había servido para retrasar la extradición solicitada por las autoridades españolas. Paradójicamente, la absolución representa al mismo tiempo una buena noticia para Urrutikoetxea, al librarle de una condena en Francia, y una mala desde el punto de vista de su estrategia procesal, ya que elimina el último procedimiento que mantenía suspendida su entrega a España.

La presidenta del tribunal se limitó a leer el fallo absolutorio en una vista a la que acudió el exdirigente de ETA acompañado por sus abogados. La acusación se refería exclusivamente a su presunta pertenencia a la organización terrorista entre el 20 de diciembre de 2002 y mayo de 2005, periodo en el que permaneció huido de la Justicia española tras abandonar España cuando era parlamentario vasco.

Durante el juicio, celebrado el pasado mes de abril, la Fiscalía francesa ya había rebajado considerablemente el alcance de la acusación. El Ministerio Público sostuvo que la actividad atribuida a Urrutikoetxea durante esos años no tuvo una participación relevante en la preparación o ejecución de atentados y puso en valor el papel que desempeñó en los contactos para las negociaciones de paz. Por ello, solicitó una pena de cinco años de prisión con suspensión de su cumplimiento, lo que habría evitado su ingreso en la cárcel, aunque reclamó que se le prohibiera permanecer en territorio francés. Finalmente, el tribunal optó por la absolución.

Un proceso que había retrasado durante años la extradición

La resolución pone punto final a un largo recorrido judicial iniciado tras una condena dictada en rebeldía en 2010 por estos mismos hechos. Después de ser detenido en Francia en mayo de 2019, Urrutikoetxea recurrió aquella sentencia y pidió que el procedimiento se celebrara de nuevo con su presencia física, una petición que fue aceptada por el Tribunal de Apelación de París.

Posteriormente, la estrategia de su defensa consiguió que el sumario regresara incluso a la fase de instrucción, obligando a reiniciar buena parte del procedimiento y alargando durante años la resolución definitiva de la causa. Ese retraso tuvo una consecuencia directa: mientras permaneciera abierta la investigación en Francia, no podía materializarse la entrega reclamada por España.

Con la absolución conocida este jueves desaparece ese impedimento. Además, la decisión apenas deja margen de maniobra a la defensa, que no podrá recurrir ante el Tribunal de Casación francés para seguir prolongando los tiempos del proceso. En la práctica, las opciones que le quedan pasan por aceptar la entrega a España o abandonar Francia para instalarse en otro país, una posibilidad que podría volver a retrasar su extradición, aunque ya sin causas judiciales pendientes en territorio francés. Actualmente, Urrutikoetxea reside en el País Vasco francés y permanece en libertad bajo control judicial.

La euroorden ya estaba autorizada

El fallo llega apenas un mes después de que la sala de instrucción del propio Tribunal de Apelación de París autorizara la entrega del histórico dirigente de ETA en cumplimiento de una euroorden emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Aquella resolución ya abría la puerta a su traslado a España, aunque dejaba claro que la entrega tendría carácter diferido hasta que finalizara el último procedimiento pendiente en Francia. Precisamente esa condición es la que desaparece ahora tras la absolución.

La euroorden cursada por la Audiencia Nacional amplía el periodo en el que España considera que Urrutikoetxea ejerció responsabilidades dentro de ETA. Si anteriores reclamaciones se referían a su presunta pertenencia a la organización, la nueva orden sostiene que actuó como dirigente de la banda entre 2002 y mayo de 2019, cuando fue detenido en los Alpes franceses. La Audiencia Nacional fundamentó esa ampliación en informes policiales que sostienen que continuó impartiendo instrucciones a la organización terrorista hasta el anuncio oficial de su disolución, comunicado el 3 de mayo de 2018.

Antes de validar la futura entrega, el tribunal francés rechazó también la petición de la defensa para que España aportara información adicional sobre las condiciones en las que sería tratado el acusado, especialmente por su edad —75 años— y su estado de salud.

Dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional

Una vez ejecutada la euroorden, España pretende juzgar a Urrutikoetxea por dos procedimientos que permanecen abiertos en la Audiencia Nacional.

El primero corresponde al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cometido en diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas —seis de ellas menores de edad— y otras 88 resultaron heridas. Se trata de uno de los ataques más graves perpetrados por ETA durante su historia.

La segunda causa investiga la presunta financiación de la organización terrorista a través de las denominadas herrikotabernas, establecimientos vinculados al entorno de la izquierda abertzale que fueron objeto de diversas investigaciones judiciales por su supuesto papel en el sostenimiento económico de la banda.

Precisamente las investigaciones sobre el atentado de Zaragoza fueron el origen de la huida de Urrutikoetxea de España en 2002. En el proceso resuelto ahora en Francia, los principales indicios en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó en dos pisos francos de ETA situados en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, inmuebles utilizados por el entonces jefe militar de la organización, Peio Eskisabel, y por su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, ambos detenidos a finales de abril de 2005.

La orden de detención dictada contra Vito Quiles se debe a una querella por la publicación de un “bulo” que involucraba a un supuesto asesor de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, según ha confirmado Efe. Un juzgado madrileño decretó la orden este miércoles después de que el comunicador no acudiese a comparecer en esta causa, según han señalado fuentes judiciales a la agencia de noticias.

Agentes de la Policía Nacional acudieron el 1 de julio a las oficinas del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden de detención dictada por un juzgado de instrucción de Madrid, sin embargo, este no se encontraba en el edificio. En sus redes sociales, el afectado afirmó que la medida cautelar se debía a “una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez” tras su encuentro con la mujer del presidente, Begoña Gómez, y aseguró que no se entregaría “al gobierno de Sánchez”.

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Este jueves, sin embargo, se ha revelado que el motivo de la orden es que Vito Quiles ha desatendido dos citaciones ante la jueza que investiga la presunta difusión de un bulo por parte del comunicador. El caso parte de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que Vito Quiles presentó en redes sociales como un asesor de la exministra María Jesús Montero. Según la información difundida en su canal, este hombre habría salido de la cárcel gracias a la intervención de la entonces titular de la cartera de Hacienda.

Vito Quiles difundió información “absolutamente falsa” de un funcionario de Hacienda

El querellante, en realidad, trabaja en Hacienda desde hace 41 años, tiempo que ha pasado tanto bajo gobiernos del Partido Popular como del PSOE. El hombre asegura en su demanda que Quiles difundió información “absolutamente falsa”, en la que le señalaba como culpable de una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y, posteriormente, habría sido puesto en libertad por Montero, que “lo encubrió y contrató” en el ministerio.

Quiles difundió el nombre completo y una fotografía del demandante, lo que “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de estas redes profiriendo “insultos, vejaciones y amenazas”, según consta en la demanda. El querellante afirma que el daño ocasionado es “constante y continuado en el tiempo”, pues las publicaciones siguen disponibles en internet.

Varias investigaciones abiertas

Este proceso judicial no es el único que involucra a Vito Quiles. Al comunicador vinculado al partido político Se Acabó la Fiesta también se le acusa de un presunto delito de odio por unos hechos ocurridos en 2024 durante una protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la manifestación, se encaró con una persona con discapacidad, por lo que la Fiscalía solicita dos años de prisión y su inhabilitación para el ejercicio del periodismo.

Quiles también está procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. El acusado difundió en redes sociales la dirección de su vivienda y fotografías del domicilio poco después del apagón del 28 de abril de 2025. El pasado 7 de abril, Quiles acudió a declarar ante el Tribunal de Instancia de Madrid por este asunto.

Un tercer tribunal de Sevilla le investiga por un presunto delito de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. El demandante sostiene que Quiles difundió mensajes constitutivos de tres delitos continuados de calumnias, con el agravante de odio ideológico, en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. En este caso, piden nueve años de prisión, una indemnización de 60.000 euros y la inhabilitación durante otros nueve años.

En paralelo a estos casos, los juzgados también han archivado dos procesos contra Quiles: uno relacionado con un presunto episodio de acoso contra Begoña Gómez, donde no quedó acreditado que el acusado hubiera zarandeado a la denunciante ni que la hubiera rodeado con el brazo; y otro relativo a la querella de la analista política Sara Santaolalla, que le imputaba presuntos delitos de acoso y lesiones. La magistrada no apreció ninguna agresión en las imágenes facilitadas.

El caso se remonta a la publicación de información personal de los reporteros que se desplazaron a las inmediaciones del domicilio de Alberto González Amador y Ayuso, en el contexto de una investigación por presunto fraude fiscal y obras ilegales en la vivienda.

El “vecino enfadado”

En 2024, la Fiscalía imputó a González Amador por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, empleando facturas falsas y sociedades pantalla. La investigación surgió a raíz de deducciones sospechosas detectadas en las declaraciones de la empresa del empresario, presentadas en 2021 y 2022. Tras la imputación, elDiario.es publicó que González Amador y Ayuso residían en un piso adquirido por el empresario después de los hechos bajo investigación.

En marzo de 2024, dos periodistas de El País acudieron al barrio para investigar posibles obras no autorizadas en el inmueble. Mientras realizaban su trabajo, una persona les tomó una fotografía. Miguel Ángel Rodríguez sostiene que fue un “vecino enfadado porque habían molestado a su hija”. La imagen fue enviada a González Amador, quien la remitió después al jefe de gabinete de Ayuso; y Rodríguez, por su parte, compartió la foto y los datos de los periodistas con varios medios de comunicación, y el contenido se difundió ampliamente en redes sociales. Según fuentes citadas por EFE, González Amador identificó al vecino durante su declaración, pero este nunca fue citado.

Los agentes de paisano

La versión de El País difiere. El diario expone que sus periodistas fueron abordados por dos agentes de la Policía Nacional de paisano, quienes les pidieron la documentación. Una hora más tarde, desde el entorno de Ayuso, se remitieron a otros periodistas los nombres y las imágenes de los reporteros, acompañados del mensaje: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.

A raíz de la difusión de estos datos, los periodistas afectados y el PSOE presentaron una denuncia por revelación de secretos contra Rodríguez. En un primer momento, los juzgados de Madrid descartaron abrir un procedimiento penal, pero la Audiencia Provincial ordenó una investigación formal. Dos agentes de la Policía Nacional fueron citados inicialmente como testigos, aunque su declaración se suspendió al no quedar claro si debían comparecer como testigos o como investigados; finalmente, no volvieron a ser convocados.

Ni Rodríguez ni González Amador pueden presentar los mensajes de ‘Whatsapp’ que demostrarían su versión

En mayo, Rodríguez declaró ante la magistrada. Posteriormente, ante los medios, insistió en que la imagen de los periodistas la tomó un vecino, aunque en sede judicial reconoció que la foto le fue enviada por González Amador. “Me he expresado mal”, afirmó, explicando que no podía presentar los mensajes de Whatsapp que acreditarían su versión porque ya no tenía acceso a ellos. La jueza citó después a González Amador como testigo para que aclarase la cadena de transmisión. El empresario corroboró la versión de Rodríguez e informó que tampoco podía aportar pruebas sobre el origen de la fotografía debido a un supuesto hackeo de su teléfono.

La magistrada Raquel Robles González decidió archivar provisionalmente la causa al considerar que “no han quedado suficientemente acreditados los hechos imputados”, en aplicación del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras analizar el conjunto de pruebas, la jueza concluye que no se ha demostrado que los datos personales o la imagen de los periodistas provinieran de agentes policiales. En cambio, da por probado que la fotografía fue enviada por un vecino y que Rodríguez conocía a los periodistas por su actividad profesional y por encuentros previos, además de que tanto nombres como imágenes de ambos se encuentran publicados en su propio medio.

La resolución rechaza otras diligencias solicitadas por la acusación, como el análisis del teléfono móvil de Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre este y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que no son necesarias para esclarecer los hechos investigados.

El PSOE recurrirá la decisión

El PSOE ha adelantado ya que recurrirá la decisión de la magistrada: “No vamos a permitir que los presuntos delitos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se archiven por la puerta de atrás”, ha dicho la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, en un vídeo comunicado publicado por el partido tras darse a conocer el archivo de la causa. El archivo “es lo que parece”, ha dicho.

Más Madrid, por su parte, ha dicho a través de su portavoz Manuela Bergerot, que la Justicia “no se comporta igual para todos”. Sobre Miguel Ángel Rodríguez, considera que “es uno de los personajes más tóxicos de la política española”, prometiendo que le van a sacar “de las posiciones de poder ganándole las elecciones a su jefa”.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco de una investigación por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Ambos responsables de la Guardia Civil están citados para declarar el próximo 16 de julio en la Audiencia Nacional, donde deberán responder a las preguntas del magistrado instructor. La investigación se centra en varias reuniones celebradas entre González y Leire Díez, exmilitante del PSOE, en las que, según la Unidad Central Operativa (UCO), se trataron temas relacionados con la apertura de una investigación sobre la propia unidad.

González y Díez se reunieron tres veces en 5 meses

De acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO), entre septiembre y diciembre de 2024, y también en abril de 2025, se produjeron al menos tres encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitía esta semana en el Senado que González le había mencionado una reunión con Díez en la que la militante del PSOE se interesaba por la rehabilitación de Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’. Según Marlaska, González le avisó sobre esa reunión concreta porque le llamó “la atención y no en positivo”. “Creo que no me dice el nombre de Leire, pero no lo puedo afirmar, sino que se refiere a una persona del Partido Socialista interesada en la rehabilitación del comandante Villalba”, dijo Marlaska.

En sus informes, la UCO sostiene que González habría estado informada de las gestiones realizadas por Díez, quien habría intentado que la Dirección General de la Guardia Civil iniciase una investigación interna destinada a esclarecer si la propia UCO estaba detrás de la filtración de mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicados por el diario El Mundo.

La directora general de la Guardia Civil, por su parte, niega que en sus encuentros con Díez se tratasen asuntos relacionados con estas investigaciones. En su intervención el 16 de junio en el Senado, negó haber participado “jamás, nunca” en ninguna “trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)” ni contra ningún agente del cuerpo, “ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie”.

González y Llamas tendrán que comparecer el 16 de julio

El juez Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha citado tanto a Mercedes González como a Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, con el objetivo de aclarar los hechos y determinar si se produjeron actuaciones irregulares en la gestión interna del cuerpo o en la protección de información sensible.

La comparecencia de ambos está prevista para el 16 de julio de 2026, a las 10:15 horas, en la sede de la Audiencia Nacional. La acusación popular, encabezada por el Partido Popular, también solicitaba la imputación del exdirector general del cuerpo, Leonardo Marcos. No obstante, la Fiscalía no ha considerado necesario imputar a este último, según el auto de citación emitido por Pedraz este jueves.

Estas nuevas imputaciones llegan después de que varios mandos de la Guardia Civil prestaran declaración como testigos, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien explicó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió “ponerse de perfil” y no ser “proactivo” en casos con “afectación política”.

La investigación de la UCO también recoge que, tras la publicación de los mensajes en El Mundo, Leire Díez y Mercedes González intercambiaron mensajes que posteriormente fueron borrados. El informe detalla que “el primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas”.

Por otro lado, el juzgado ha solicitado al PSOE que identifique a la persona que firmó el contrato de asesoramiento jurídico con Jacobo Teijelo, abogado del partido entre octubre de 2024 y junio de 2025. Se recuerda al partido el derecho a no aportar información que pueda resultar autoincriminatoria.

La investigación sigue abierta, sin que la citación de los responsables de la Guardia Civil implique una valoración previa sobre la comisión o no de los delitos. La instrucción continuará con las comparecencias previstas y nuevas diligencias que puedan surgir en el marco del procedimiento.

El empresario Víctor de Aldama, que se ha librado de pisar la cárcel tras la última sentencia del Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’, celebró este fin de semana su buena fortuna judicial en la boda de un buen amigo suyo: el abogado Vicente Sanmartín Aisa, que defiende en la causa en la que Aldama está imputado por defraudar impuestos a una de las sociedades “instrumentales” que utilizaron Aldama y sus socios para no cumplir con la Hacienda española. El enlace matrimonial se celebró en Ibiza y en él estuvieron otros imputados como los empresarios Claudio Rivas y Félix Aparicio. Todos ellos están siendo investigados en la Audiencia Nacional por defraudar 182,5 millones de euros.

“Araceli y Vicente… no tengo palabras para describiros. Sois dos personas maravillosas, de esas que hacen la vida más bonita a quienes tenemos la suerte de conoceros. No sé cuál de los dos tiene el corazón más grande, porque ambos sois extraordinarios. Gracias por dejarme formar parte de un día tan importante para vosotros", ha escrito Aldama en sus redes sociales para felicitar a los novios. Vicente es Vicente Sanmartín, uno de los letrados que colabora en esta causa. Él es el abogado de la empresa Obaoil 3000, que la UCO define como “sociedad instrumental” de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. En concreto, la Guardia Civil señala en sus informes que Obaoil 3000 sirvió para defraudar 70,3 millones de euros en pagos de IVA no realizados.

Para administrar esta empresa, la trama liderada por Rivas y Aldama utilizó a un joven testaferro, Aarón Gómez Rodríguez, un veinteañero que se encuentra en paradero desconocido. Vicente Sanmartín es el letrado de Obaoil 3000 desde marzo de 2025. Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL”, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Una de ellas era Obaoil 3000.

De hecho, de las siete suministradoras, Obaoil 3000 es la que más defrauda. “Villafue interpone a la suministradora Obaoil 3000 para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”, señala la UCO, que recalca que esta empresa también es “utilizada para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad. Además de ello, se utiliza para la adquisición de vehículos y embarcaciones de recreo, disponiéndolos para el disfrute de los responsables de la organización criminal”. Obaoil desvió a Portugal unos 13 millones y aparece ahora en el último listado de morosos que la Agencia Tributaria hizo público este martes: adeuda 72,4 millones de euros, un poco más de lo que detectó la UCO en 2024.

“Un testaferro cualificado”

Otro de los invitados a la boda fue Félix Aparicio. “Es un miembro destacado dentro de la organización criminal, puesto que mantiene una relación de amistad con los codirigentes de la misma: Claudio Rivas y Víctor de Aldama”, señala la UCO. Aparicio fue administrador único de otra suministradora, Salamanca Fuel Center, “sociedad interpuesta por la organización criminal para perfeccionar el fraude tributario”, que se cuantifica en 34,6 millones de euros. “Dentro de la organización criminal, Félix Aparicio desarrolla funciones principalmente de testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA”.

Otro de los invitados a la boda fue Claudio Rivas, que acudió junto a su mujer Stella Duarte. Apenas hay fotos de Rivas en la boda, solo una en la que sale de espaldas. Rivas es definido como el gran cerebro de la trama. “Experimentado en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos”, le califica la UCO. Rivas no solo está investigado en este caso, bautizado como ‘caso Villafuel’. También está procesado en el ‘caso Gaslow’, donde el fraude en impuestos asciende a 118 millones de euros; y en el caso ‘SKT Oil’, donde se le acusa de defraudar otros 70 millones de euros. Rivas también ha sido una de las figuras clave en el ‘caso Koldo’. Fue él quien se encargó de adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara José Luis Ábalos a cambio de que el político intermediara a su favor en la concesión de la licencia de operador para Villafuel.

La UCO no tiene dudas de que Rivas y Aldama tenían el control sobre la empresa Obaoil 3000. Que hayan acudido este fin de semana a la boda del abogado de esta sociedad instrumental refuerza más sus indicios. De hecho, la UCO ya detectó que un vehículo Land Rover matriculado a nombre de Obaoil 3000 fue encontrado aparcado en la finca Matasanos (en Cilleros, Cáceres), propiedad de Rivas. La Guardia Civil también investiga si la pareja de Rivas, Stella Duarte, ha tenido una mayor implicación en el entramado defraudatorio diseñado por su marido. Rivas y Aldama están imputados por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’. Aldama también espera salir relativamente airoso de esta causa. Ya lo ha conseguido en la primera sentencia del ‘caso Koldo’

Aunque ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión no tendrá que ir a la cárcel porque colaboró en la investigación. Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. Aldama también ha empezado a colaborar en otra causa. El empresario ya ha declarado el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación que este magistrado ha abierto sobre la posible financiación ilegal del PSOE. Espera que todas estas colaboraciones en caso más políticos le ayuden a obtener una condena más benévola en la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada de La Falda puso en alerta a la población y a las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba. Ahora, la Justicia investiga si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Departamento de Homicidios, bajo las directivas de la Justicia, trabajó en el sitio para preservar la escena y comenzar el proceso de identificación de los restos. La prioridad de las autoridades es determinar si el cuerpo hallado corresponde a la mujer desaparecida, cuya búsqueda había movilizado a la familia y a diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.

La recolección de pruebas en el lugar fue realizada bajo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el avanzado estado de descomposición del cadáver.

Hace dos semanas, encontraron el cuerpo de Nélida Gómez, una mujer de 84 años, que era intensamente buscada desde hacía quince días tras desaparecer en la localidad bonaerense de San Justo, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes allegadas a la investigación a Infobae, el cadáver fue encontrado al costado de la Autopista del Oeste, a la altura de la ciudad perteneciente al partido de Morón. La identificación fue realizada por un familiar de la fallecida.

La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200, en San Justo, y era intensamente buscada desde el pasado 9 de junio, cuando salió sola de su casa y nunca regresó.

A partir de ese momento, su familia inició una intensa campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla. Sus seres queridos compartieron flyers con su fotografía y detallaron que medía aproximadamente 1,60 metro, era de contextura delgada y padecía Alzheimer. Desde el momento de su desaparición, no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero. La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría 1ª de San Justo, bajo la carátula de averiguación de paradero.

Un niño de 10 años fue acusado de asesinato en primer grado en St. Louis, Missouri, tras la muerte de una bebé de 7 meses el 26 de junio de 2026, un caso que involucra a la familia nuclear de la víctima y ha reabierto el debate sobre el acceso y almacenamiento de armas de fuego en hogares con menores. La menor, identificada como Kiyomi Parker, falleció por un disparo en la cabeza dentro de una vivienda. El arma utilizada pertenecía al padre de la bebé, quien también enfrenta cargos penales, según información confirmada por la Policía Metropolitana de St. Louis y reportada por USA TODAY y The New York Times.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de St. Louis, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos en el barrio Baden poco después de las 16:00. Al llegar, hallaron a la menor gravemente herida y la trasladaron a un hospital, donde murió pese a los intentos médicos. El niño acusado fue detenido en el lugar y enfrenta cargos formales de asesinato en primer grado en el sistema de justicia juvenil, según confirmaron las autoridades a USA TODAY y The New York Times.

En Missouri, la ley impide que menores de 12 años sean juzgados como adultos, por lo que el caso se tramita íntegramente en la corte juvenil, conforme explicó un portavoz judicial a The New York Times. Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación nacional por el acceso de menores a armas de fuego y el incremento de hechos violentos en el entorno doméstico, según cifras de organismos oficiales y reportes de prensa.

¿Qué ocurrió en St. Louis con el niño de 10 años y la bebé Kiyomi Parker?

El 26 de junio de 2026, la policía de St. Louis respondió a una alerta por disparos en el sector de Baden, al norte de la ciudad. Según el informe oficial citado por USA TODAY, los agentes encontraron a Kiyomi Parker, de 7 meses, con una herida de bala en la cabeza. En la vivienda estaban presentes el niño acusado, otro menor de 7 años y el padre de la bebé, Ca’Marion Pawnell, de 19 años.

La investigación inicial de la policía determinó que el niño de 10 años accedió a un arma de fuego guardada bajo un colchón. El menor declaró ante los oficiales que sabía dónde se encontraba el arma y que ya la había manipulado antes, según consta en documentos judiciales revisados por USA TODAY. La policía detuvo al niño en el lugar y lo puso a disposición de la corte juvenil de Missouri.

¿Qué cargos enfrentan el niño y el padre de la víctima en Missouri?

El menor fue formalmente acusado de asesinato en primer grado por la División de Tribunales Juveniles de Missouri. De acuerdo con The New York Times, el proceso se realiza bajo el sistema de justicia juvenil. Si es hallado responsable, el menor podría permanecer bajo custodia estatal hasta cumplir 21 años. Actualmente, el niño está bajo la tutela de los servicios de protección infantil y se somete a una evaluación psiquiátrica, según fuentes judiciales.

El padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell, fue imputado por asesinato en segundo grado y por poner en peligro el bienestar de un menor, según los registros judiciales citados por USA TODAY. Pawnell admitió a la policía que guardaba el arma bajo el colchón y que el niño tenía acceso a ella. Permanece detenido sin derecho a fianza y está previsto que comparezca en una audiencia preliminar el 28 de julio.

¿Cómo maneja la justicia de Missouri los delitos cometidos por menores de 12 años?

La legislación de Missouri prohíbe que menores de 12 años sean juzgados como adultos. Según explicó un portavoz de la corte juvenil a The New York Times, los menores de esa edad procesados por delitos graves permanecen en el sistema juvenil, con posibilidad de libertad supervisada, programas de rehabilitación o reclusión en centros especializados hasta los 21 años. En este caso, el niño acusado de asesinato en primer grado no puede enfrentar una pena como adulto, lo que diferencia a Missouri de otros estados donde la legislación es más flexible.

El presidente de la Asociación de Justicia Juvenil de Missouri, citado por The New York Times, indicó que el proceso tiene como objetivo la reintegración social del menor y la prevención de reincidencia, en lugar de la retribución penal.

¿Qué dijo la policía de St. Louis sobre el caso y cómo avanzan las investigaciones?

El jefe de la Policía Metropolitana de St. Louis, Robert J. Tracy, lamentó el acceso de menores a armas no aseguradas. “Ese arma no debió estar al alcance de un menor”, declaró en conferencia de prensa, según reportó USA TODAY. El departamento policial confirmó que la investigación se centra en el almacenamiento negligente del arma y en la responsabilidad penal tanto del menor como del propietario del arma.

La policía instó a la población a reportar información adicional y advirtió sobre los riesgos de mantener armas en lugares accesibles para niños. El caso continúa bajo investigación, con colaboración entre la policía, la fiscalía y los servicios de protección infantil.

¿Qué antecedentes existen sobre violencia armada en menores y cuál es el contexto nacional?

La muerte de Kiyomi Parker se produce en un contexto de aumento de incidentes fatales con armas de fuego en menores en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2024 más de 4.000 menores fallecieron por heridas de bala en todo el país, una cifra que ha crecido de manera constante durante la última década.

Expertos en seguridad y organizaciones civiles han reiterado la importancia de reforzar la custodia de armas en hogares con niños, un punto que ha sido objeto de debate legislativo en varios estados. El caso de St. Louis se suma a otros incidentes recientes que han impulsado llamados a endurecer la regulación sobre almacenamiento de armas y a promover campañas educativas sobre el riesgo de acceso de menores a armas de fuego.

¿Cuál es la situación legal del padre de la víctima, Ca’Marion Pawnell?

Ca’Marion Pawnell fue acusado de asesinato en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. La fiscalía sostiene que Pawnell “almacenó deliberadamente un arma de fuego debajo de un colchón en el dormitorio de la casa”, facilitando que el niño acusado tuviera acceso y manipulara el arma. Según documentos judiciales revisados por USA TODAY y The New York Times, Pawnell permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta una audiencia preliminar el 28 de julio.

El caso contra Pawnell será procesado en la justicia ordinaria, a diferencia del proceso juvenil que enfrenta el menor de 10 años. Las autoridades locales han reiterado la gravedad del manejo negligente de armas en presencia de menores y han advertido sobre las consecuencias legales para los adultos responsables.

¿Qué relación existe entre los implicados y qué más se sabe sobre el entorno familiar?

Las autoridades no han divulgado la relación exacta entre el niño acusado y la familia de la víctima, aunque los registros judiciales confirman que el arma era propiedad del padre, quien residía en el domicilio. Un tercer menor, de 7 años, también estaba presente al momento del incidente, pero no se ha identificado su vínculo con los demás involucrados. El motivo detrás del disparo no ha sido esclarecido y la investigación sigue en curso, según declaraciones oficiales recogidas por The New York Times.

¿Cuál es el impacto del caso y qué puede esperarse a futuro?

El caso ha generado atención nacional y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de menores, la tenencia responsable de armas y la importancia de la educación preventiva en los hogares. Las autoridades judiciales y policiales han reiterado la necesidad de aplicar políticas estrictas de almacenamiento seguro en presencia de menores y de desarrollar programas de prevención y concienciación.

El proceso judicial para el niño acusado y para Ca’Marion Pawnell continuará en las próximas semanas. El sistema de justicia juvenil de Missouri evaluará las condiciones del menor y las medidas de rehabilitación posibles, mientras que la causa penal contra Pawnell avanzará en la justicia ordinaria. Organismos de protección de la infancia y entidades civiles mantienen seguimiento del caso y han instado a reforzar los controles sobre la tenencia y almacenamiento de armas en todo el país.

Agentes de la UDEF han registrado este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca vinculado al antiguo grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID) el grupo de extrema derecha que lideraban Marine Le Pen y Matteo Salvini. Se trata, según ha adelantado Efe, de una investigación por presunto mal uso de fondos de la Unión Europea entre 2019 y 2024.

Según la investigación, ID habría gastado indebidamente 4,33 millones de euros abonados por la Eurocámara para su funcionamiento. Entre los posibles destinos figuran donaciones a asociaciones sin relación directa con la actividad del grupo y contratos con empresas afines a los partidos.

El operativo forma parte de diligencias ordenadas por la Fiscalía Europea que se desarrollan en varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia, De acuerdo con informaciones del diario francés Le Monde, las diligencias se vinculan a una causa abierta en julio de 2025 tras un informe de la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo, y fueron coordinadas por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales con apoyo de otros servicios.

Registros en Francia y otros países

Entre los usos cuestionados figuran, según el reporte, donaciones a asociaciones sin relación directa con la actividad del grupo y contratos con empresas afines a los partidos. En Francia, Le Pen y su partido, Agrupación Nacional (RN), ya fueron juzgados y condenados por el uso irregular de recursos del Parlamento Europeo en una causa distinta, que derivó en la inhabilitación de la dirigente el año pasado y que espera una decisión de apelación el 7 de julio.

“Desde primera hora de esta mañana se están llevando a cabo registros en las sedes y domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación que han trabajado con nosotros”, escribió en X el presidente de RN este martes, Jordan Bardella, que vinculó las actuaciones judiciales con el “calendario electoral”.

Entre los lugares registrados figura, según Le Monde, la empresa GUD Connexion, proveedora habitual en campañas de RN, y el domicilio de su fundador, Paul-Alexandre Martin.

El Tribunal Supremo ha decidido asumir la investigación contra el eurodiputado Alvise Pérez al apreciar indicios suficientes para abrir una causa por un presunto delito de provocación para la comisión de desórdenes públicos agravados. La Sala de lo Penal considera que existen elementos que justifican investigar si las publicaciones difundidas desde un canal de Telegram presuntamente administrado por el propio dirigente pudieron sobrepasar los límites de la libertad de expresión e incitar públicamente a acciones destinadas a alterar gravemente el orden público.

La resolución supone un giro respecto a la decisión adoptada por el mismo tribunal hace algo más de un año. En mayo de 2025, el Supremo rechazó hacerse cargo de la causa porque entendía que la investigación todavía no había reunido suficientes indicios para relacionar de forma objetiva al aforado con el canal desde el que se difundieron los mensajes investigados. En lugar de asumir entonces el procedimiento, devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Madrid para que practicara nuevas diligencias.

Esas diligencias, según concluye ahora el alto tribunal, han cambiado el escenario. Tras recibir una nueva exposición razonada remitida por el juzgado instructor, los magistrados consideran que ya existe una base indiciaria suficiente para declarar su competencia, abrir formalmente la causa y continuar la investigación en el Supremo, órgano competente al tratarse de un miembro español del Parlamento Europeo. La Sala también ha designado como instructora a la magistrada Carmen Lamela Díaz, mientras que el Ministerio Fiscal había informado previamente a favor de que el tribunal asumiera la causa y prorrogara la investigación durante seis meses, una petición que finalmente ha sido aceptada.

Las nuevas diligencias cambian el criterio del tribunal

Los magistrados recuerdan en el auto que la competencia de la Sala en este tipo de procedimientos es excepcional y que no basta con que una persona aforada aparezca mencionada en una investigación para que el caso pase automáticamente al alto tribunal. Antes debe existir un mínimo soporte indiciario que permita vincular tanto los hechos investigados como al propio aforado con la posible conducta delictiva.

Precisamente esa conexión era, a juicio del Supremo, lo que faltaba cuando examinó la causa por primera vez. Entonces no existían elementos suficientes para acreditar quién estaba realmente detrás del denominado “Canal Alvise”, desde el que se habían publicado los mensajes objeto de investigación.

Tras la devolución del procedimiento al juzgado, la investigación incorporó un informe de la Comisaría General de Información sobre la titularidad, administración y control del canal. A partir de esa nueva documentación, el tribunal sostiene que existen indicios de que Alvise Pérez dirigía ese espacio en Telegram, que el canal era identificado públicamente con él, que el propio investigado había reconocido en distintas ocasiones su vinculación con esa plataforma y que esta funcionaba como un canal de difusión directa de mensajes escritos y audiovisuales dirigidos a una audiencia muy numerosa.

Para la Sala, estos nuevos elementos permiten superar las dudas que motivaron la devolución inicial de la causa, ya que ahora aprecia una conexión objetiva entre el investigado, el medio utilizado para difundir los mensajes y las publicaciones que dieron origen a la investigación.

El contenido de las publicaciones, bajo examen

El tribunal considera que, valoradas todas las publicaciones en su conjunto y teniendo en cuenta el contexto temporal en el que fueron difundidas, incluían llamamientos reiterados a ocupar, bloquear y colapsar carreteras, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y otros puntos estratégicos de distribución. También aludían a la utilización de vehículos particulares para reforzar los cortes de tráfico, hacían referencia a la escasez de efectivos policiales y planteaban fórmulas de coordinación colectiva con capacidad para alterar gravemente el orden público.

En ese contexto, la Sala entiende que los hechos podrían encajar provisionalmente en el artículo 557.4 del Código Penal, que castiga la provocación, la conspiración y la proposición para cometer desórdenes públicos agravados.

El auto insiste igualmente en que la apertura de esta causa no supone convertir en delito cualquier convocatoria de protesta ni cuestionar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad ideológica o la participación política. Al contrario, recuerda que esos derechos gozan de una protección reforzada en un sistema democrático y que la intervención penal debe interpretarse de forma restrictiva. No obstante, añade que esa protección no impide investigar cuando los datos reunidos permiten sostener, de forma provisional, que determinadas actuaciones pudieron traspasar el ámbito del discurso protegido para situarse en el terreno de la incitación pública a la comisión de desórdenes graves.

El Tribunal Supremo quiere que la Justicia europea aclare una cuestión que hasta ahora no tiene una respuesta clara: hasta dónde puede llegar un Estado miembro al regularizar inmigrantes en situación irregular. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno plantea dudas sobre su encaje en el Derecho comunitario.

La decisión del Supremo ha reabierto un debate que va más allá del caso español. Porque, aunque en los últimos días se ha instalado la idea de que Europa podría impedir una regularización extraordinaria, lo cierto es que la legislación comunitaria no las prohíbe expresamente. Lo que hace es fijar una regla general —el retorno de quienes se encuentran irregularmente en un Estado miembro— y, al mismo tiempo, reconocer una serie de excepciones que permiten conceder permisos de residencia.

La gran incógnita es si esas excepciones también amparan una regularización de carácter general como la prevista por el Gobierno o si, por el contrario, solo están pensadas para situaciones que deben analizarse de forma individual.

La regla general: quien está irregular debe regresar

La principal norma europea en esta materia es la Directiva de Retorno, aprobada en 2008 para establecer unas reglas comunes sobre cómo deben actuar los Estados miembros cuando un ciudadano de un país no perteneciente a la Unión Europea permanece de forma irregular en su territorio.

Su planteamiento es relativamente sencillo. Como norma general, cuando una persona no tiene derecho a permanecer en un Estado miembro, ese país debe dictar una decisión de retorno. Antes de llegar a la expulsión, la directiva da prioridad a que el regreso se produzca de forma voluntaria, pero si eso no ocurre, permite que se adopten medidas para ejecutar el retorno.

Ese es el principio sobre el que se ha construido durante años la política migratoria europea: la permanencia irregular debe desembocar, salvo excepciones, en el regreso al país de origen o a otro Estado donde la persona tenga derecho a residir. Sin embargo, la propia directiva introduce una excepción que resulta clave para entender el debate actual.

Europa también permite regularizar

Aunque el objetivo de la Directiva de Retorno es favorecer el regreso de quienes se encuentran irregularmente en territorio europeo, el texto reconoce que los Estados miembros conservan margen para adoptar otras decisiones.

En concreto, permite conceder permisos de residencia o autorizaciones de estancia por razones humanitarias, compasivas o por otros motivos previstos en la legislación nacional. Cuando un Estado opta por esa vía, el procedimiento de retorno puede dejar de aplicarse. En otras palabras, la legislación europea sí permite regularizar la situación administrativa de un inmigrante.

Esa posibilidad no es solo teórica. A lo largo de las últimas décadas, varios países europeos han aprobado procesos extraordinarios de regularización, entre ellos España, Italia, Portugal o Grecia, sin que la normativa comunitaria estableciera una prohibición expresa.

El punto donde aparecen las dudas

Por eso, la cuestión que ahora plantea el Supremo no consiste en decidir si Europa permite o no conceder permisos de residencia. Ese margen existe. Lo que quiere aclarar es si ese mismo margen puede utilizarse para aprobar una regularización extraordinaria de gran alcance mediante una norma general.

La providencia del Supremo pone el foco precisamente en esa diferencia. Los magistrados consideran que la reforma española no se limita a resolver casos concretos, sino que establece un régimen general para todas las personas que cumplan determinados requisitos. Entre otras medidas, prevé conceder autorizaciones de residencia a determinados extranjeros aunque tengan abierto un procedimiento de devolución o expulsión, archivando esos expedientes una vez concedido el permiso. Es ahí donde surge la duda jurídica.

La Directiva de Retorno habla de la posibilidad de conceder permisos de residencia, pero no explica expresamente si esa excepción puede extenderse a una regularización extraordinaria que afecte potencialmente a cientos de miles de personas. Ese vacío interpretativo es el que el Supremo considera que debería aclarar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El nuevo pacto migratorio cambia el contexto

El debate tampoco se produce en el mismo escenario que hace veinte años. En 2024, la Unión Europea aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo, una amplia reforma con la que Bruselas pretende que los Estados miembros actúen de una forma mucho más coordinada en materia migratoria. El objetivo del nuevo sistema es unificar procedimientos, reforzar la cooperación entre los países de la Unión y hacer más eficaz la gestión de la inmigración irregular. Dentro de ese esquema, la aplicación de la Directiva de Retorno sigue considerándose una pieza esencial de la política migratoria europea.

El pacto no prohíbe las regularizaciones nacionales. De hecho, ninguna de sus normas establece expresamente que un Estado no pueda conceder permisos de residencia. Sin embargo, sí insiste en que la gestión de la inmigración debe responder a criterios comunes y desarrollarse con cooperación entre los Estados miembros.

Precisamente por eso el Supremo se pregunta si una regularización de gran alcance puede aprobarse únicamente mediante una decisión nacional o si una medida con posibles efectos sobre el conjunto de la Unión debe interpretarse a la luz de ese nuevo marco europeo.

Una de las razones por las que el debate ha adquirido dimensión europea es que los permisos de residencia expedidos por un Estado miembro no tienen efectos exclusivamente nacionales. Quien obtiene una autorización de residencia en un país de la Unión puede desplazarse durante periodos limitados por el espacio Schengen, lo que convierte cualquier decisión de este tipo en una cuestión que también interesa al resto de socios europeos.

La propia Comisión Europea ha venido recordando en distintas ocasiones que la expedición de permisos de residencia sigue siendo competencia de los Estados miembros, pero también ha insistido en que esas decisiones deben respetar el Derecho de la Unión y tener en cuenta sus posibles efectos sobre el funcionamiento del espacio Schengen y sobre la política migratoria común.

Hasta ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha fijado una doctrina específica sobre el alcance que puede tener una regularización extraordinaria dentro del nuevo marco europeo. Esa ausencia de jurisprudencia es precisamente la que ha llevado al Supremo a plantearse acudir a Luxemburgo para que sea el máximo intérprete del Derecho comunitario quien delimite hasta dónde llega la capacidad de los Estados para aprobar procesos de regularización de inmigrantes.

El Atlético de Madrid quiere dejar de ser ese equipo al que le ninguneen. Hace poco menos de una semana, el conjunto colchonero, de la mano de su CEO, Miguel Ángel Gil Marín, puso en sobreaviso al FC Barcelona sobre el ‘caso Julián’. Ahora, tras pensarlo detenidamente, el club ha decidido poner en manos de la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) un presunto incumplimiento de la normativa sobre fichajes.

Todo, mientras el futbolista argentino se encuentra concentrado con su selección en el Mundial 2026. La decisión culmina una escalada de tensión entre ambos clubes que empezó el pasado 23 de junio, cuando el consejero delegado del Atlético cargara contra la entidad que preside Joan Laporta.

El dirigente rojiblanco no se escondió y dejó mostrar el malestar que existía en el Metropolitano: “El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos”, afirmó a EFE. Y fue más allá, acusando al club catalán de mantener una conducta reiterada en el mercado: “Mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición”, recordando el episodio vivido la temporada pasada con Nico Williams y el Athletic Club.

Julián echó más leña al fuego

No es ningún secreto que el FC Barcelona sigue los pasos de Julián Álvarez muy de cerca. Desde antes que terminara la temporada, y durante los encuentros entre ambos equipos en Copa del Rey y Champions, el Barça ya había echo público su deseo de contar con el futbolista argentino la temporada que viene.

Un deseo que se hizo mutuo tras el Argentina-Austria del Mundial. “Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, declaró Julián Álvarez, a la vez que admitía que ya no podía seguir con los labios sellados. Las palabras del campeón del mundo no sentaron nada bien en el Atlético, sobre todo porque llegaron en una noche en la que, según Gil Marín, el protagonismo debía ser para Lionel Messi y la selección argentina, no para Julián.

El dirigente lamentó el momento elegido por el futbolista, aunque reconoció que la intención ya había sido trasladada de forma privada al club. “Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos”, explicó.

La denuncia: ¿qué sanción podría afrontar el Barça?

La denuncia se apoya en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que prohíbe a cualquier club negociar con un futbolista en activo sin informar previamente y obtener el consentimiento del club que posee sus derechos. Julián Álvarez sigue dentro de ese marco. El argentino firmó por el Atlético en el verano de 2024, procedente del Manchester City, cuando tenía 24 años, lo que le otorga una protección de tres temporadas completas todavía vigente.

Entonces, si la FIFA o la RFEF concluyeran que el Barcelona indujo al futbolista a romper su contrato, las consecuencias podrían ser devastadoras para la entidad. En lo económico, el Atlético podría reclamar una indemnización que incluya el valor residual del contrato, la pérdida de valor de mercado del jugador, el coste de incorporar un sustituto y otros perjuicios derivados de la salida. En total, entre 300 y 350 millones de euros.

En lo deportivo, el Barça, además de pagar la compensación, no podría fichar durante dos mercados de fichajes consecutivos. Incluso, Julián podría ser suspendido cuatro meses sin disputar partidos oficiales, sanción ampliable a seis si se apreciaran circunstancias agravantes.

Una jornada de senderismo en la montaña de Montserrat derivó en una investigación judicial tras la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, mientras recorría un sendero junto a su hijo Jonathan Andic. Dos excursionistas que transitaban la misma ruta se toparon con la escena poco después de la caída y prestaron auxilio al hijo del empresario.

Según informaron fuentes judiciales a EFE, estos testigos describieron a Jonathan Andic como “bloqueado, afectado y en estado de shock”, un estado que, según su testimonio, dificultó cualquier reacción inmediata ante la emergencia. La tragedia, ocurrida el 14 de diciembre de 2024, ha desencadenado un proceso legal en el que el primogénito del empresario se enfrenta a una investigación por homicidio.

Testimonios clave sobre la caída

Los dos excursionistas, habituales de la ruta hacia las Coves del Salnitre, detallaron ante la jueza de Martorell que el camino no suele considerarse peligroso, aunque advirtieron que en el punto exacto donde ocurrió la caída, “quien pierde la línea no tiene donde agarrarse”. Uno de ellos relató que se acercaron a Jonathan Andic después de escuchar que pedía ayuda por teléfono y que, al llegar, lo encontraron hablando con los servicios de emergencia.

La defensa de Jonathan Andic denunció públicamente que los Mossos d’Esquadra no incluyeron estos testimonios en la investigación inicial, pese a contar con los datos de contacto de uno de los excursionistas. Para la defensa, los testigos refuerzan la hipótesis de que Jonathan no pudo intentar recuperar el chaleco de su padre, que quedó al borde del precipicio, debido al riesgo que eso implicaba.

Contexto familiar y avances judiciales

El proceso judicial ha incorporado también el análisis de la relación entre Isak Andic y su hijo. La terapeuta familiar Julia L., quien trataba a la familia, compareció como testigo ante la jueza. Según información de EFE, la magistrada consideró relevante una serie de mensajes intercambiados entre padre e hijo y recuperados del teléfono de Isak Andic. En uno de ellos, fechado en julio de 2025, Jonathan escribió que “no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”. La defensa sostiene que se trata de una expresión metafórica, frecuente en el contexto de las terapias psicoanalíticas y sin valor incriminatorio directo.

La jueza solicitó a los Mossos d’Esquadra que indagaran si existió la participación de terceras personas en el incidente e instruyó a analizar la posible “influencia” de la psicoterapeuta en los hechos. Además, fue citada como testigo la hermana de la terapeuta. Durante la jornada, también acudió al juzgado Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, a quien Jonathan contactó en primera instancia tras la caída. Entre los testigos convocados para los próximos días figuran el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario fallecido.

La investigación sigue abierta y apunta a esclarecer las circunstancias exactas del accidente, el comportamiento de los implicados y el contexto familiar previo, en una causa que ha colocado bajo el foco al entorno más cercano del fundador de una de las principales firmas de moda de España.

El mismo día que concluye el plazo para presentar solicitudes, el Tribunal Supremo ha abierto este martes la puerta a consultar al la justicia europea (Tribunal de Justicia Europea, TJUE) si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el 14 de abril choca con el derecho de la Unión Europea, una duda planteada tras un proceso en el que se han recibido 1,2 millones de peticiones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado cinco días a las partes para pronunciarse sobre una posible cuestión prejudicial al tribunal europeo en dos recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón, después de que el Ejecutivo estimara al principio que el mecanismo alcanzaría a más de 500.000 personas.

En concreto, el Supremo da traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de formular ante el TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE”. Estas providencias han sido dictadas por el tribunal antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.

Las dos providencias parten de una objeción concreta: la de si un Estado miembro puede reconocer con carácter general un derecho de residencia temporal a extranjeros en situación irregular sin someterlos antes a una orden de retorno, fuera de las excepciones que permite la normativa comunitaria. Los magistrados sitúan la duda en la convivencia entre el decreto español y el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea aprobado en 2024.

El tribunal precisa que las disposiciones cuestionadas del real decreto no regulan concesiones individualizadas, sino un régimen general para ciudadanos de terceros países que ya estuvieran en España en situación irregular y que cumplan determinadas condiciones.

Compatibilidad con el Convenio Schengen

El Supremo pide a las partes que manifiesten su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE “de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros”.

El tribunal explica que en virtud del real decreto “un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta”.

Es por eso que el Supremo aprecia una posible colisión con las normas que desarrollan el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. En particular, menciona la vigencia de la Directiva de Retorno y el hecho de que España no la haya traspuesto, para preguntar si aun así resulta admisible evitar la orden de retorno y conceder residencia temporal por el mero hecho de la estancia irregular.

Pese a estas cuestiones planteadas por el Supremo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que la norma que regula el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes desarrollado en España “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE)”.

Fuentes ministeriales consultadas por EFE han trasladado a los solicitantes un mensaje de tranquilidad y aclaran que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.

Los magistrados también piden a las partes que se pronuncien sobre el instrumento elegido por el Ejecutivo. La pregunta es si un Estado miembro puede aprobar mediante una norma reglamentaria, de rango infralegal, un proceso de regularización masiva con efectos sobre un volumen indeterminado de personas estimado entre 900.000 y 1.650.000, sin notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con otros socios comunitarios.

Ese bloque de dudas incorpora además una cuestión política y jurídica de fondo. El alto tribunal quiere saber si, con el marco ya vigente del pacto europeo y en especial del Reglamento (UE) 2024/1351, un Estado puede establecer una regularización masiva de extranjeros en situación irregular sin más condicionante que la mera decisión política.

Semanas antes, el propio Supremo había rechazado suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria. Esa medida había sido solicitada por Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.

Al denegar la suspensión, el alto tribunal subrayó el “interés público” y el “sustrato humano” de la medida. En esa resolución sostuvo que la finalidad era permitir la plena integración de personas extranjeras que llevan tiempo en España y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

*Con información de EFE y Europa Press

Ante la Audiencia Nacional, el fiscal ha argumentado que la operación Kitchen no constituyó una acción de inteligencia legal, sino un dispositivo ilícito diseñado para retirar documentación a Bárcenas. De Rivas solicita una condena de 15 años de prisión para Fernández Díaz, integrante del primer gabinete de Mariano Rajoy. Entre los materiales que el operativo pretendía obtener figuran grabaciones a las que Bárcenas hacía referencia en sus conversaciones con el entonces presidente del Gobierno.

El fiscal solicita la misma pena de 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Guardia Civil; y Andrés Gómez Gordo, inspector jefe. Para Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que colaboró como confidente, la acusación reclama una condena de 12 años y medio de prisión.

Acusación sobre Fernández Díaz

El fiscal remarcó que “se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos –chófer de Bárcenas–, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior”. Esta afirmación se apoya en los mensajes incriminatorios que el propio exnúmero dos de Interior registró ante notario y que, según la acusación, evidencian el conocimiento y la implicación de ambos altos cargos en el inicio y desarrollo del operativo Kitchen.

Según sus palabras, “desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo”. De Rivas ha explicado que el propósito no era colaborar con la investigación del caso Gürtel, sino obtener documentos y pruebas que pudieran implicar al PP y a sus principales responsables. El fiscal ha detallado que antes de acciones como la captación de Sergio Ríos o las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, los acusados ya buscaban información sensible que Bárcenas podía tener en su poder.

Esa documentación, relacionada con Gürtel, incluía grabaciones sobre Mariano Rajoy y Javier Arenas que, según Bárcenas, podrían resultar comprometedoras. La preocupación por este material quedó reflejada en los diarios y agendas de José Manuel Villarejo, quien según De Rivas, “cuando escribía en sus agendas no se engaña a sí mismo y redactaba exactamente lo que estaba viviendo”.

Además, el fiscal ha rechazado que se tratara de un operativo de inteligencia legal, señalando que los acusados nunca mantuvieron contacto con el juez instructor ni con la UDEF, responsable de la investigación oficial de Gürtel. Por tanto, mantiene las exigencias preestablecidas y solicita penas de hasta las casi dos décadas para Villarejo.

Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado este martes como testigo en la causa que investiga si Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta, incurrió en revelación de secretos al enviar a diversos medios de comunicación la imagen y los datos de identificación de dos periodistas de El País.

El caso se centra en la posible difusión de información privada de los reporteros, que acudieron a las inmediaciones del domicilio de González Amador y Ayuso en el marco de una investigación por un supuesto fraude fiscal y la adquisición de la vivienda. La citación del empresario fue acordada por la jueza que investiga el caso a petición del PSOE - personado en el caso - por considerar su declaración “necesaria, proporcional y pertinente” para identificar responsables del origen y la difusión de la información sobre los periodistas.

Según información de Europa Press, el empresario ha respaldado, en una declaración de alrededor de media hora de duración, la versión de Miguel Ángel Rodríguez, y al salir de los juzgados de Plaza de Castilla se ha negado a responder a las preguntas de la prensa.

El jefe de gabinete de Ayuso admitió ante la jueza que la foto de los reporteros se la envió González Amador

En 2024, la Fiscalía acusó a Alberto González Amador de haber defraudado a Hacienda por más de 350.951 euros entre 2020 y 2021 mediante un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Según la investigación, todo se detectó por desgravaciones de gastos sospechosos en las declaraciones del impuesto de sociedades de la empresa de González, presentadas en 2021 y 2022. Poco después, elDiario.es publicó que González Amador y Ayuso residían en un piso que el empresario había comprado después de los hechos investigados por el Ministerio Público.

Dos periodistas de El País acudieron entonces a las inmediaciones del inmueble, según publicó El País entonces para investigar si en el inmueble se habían realizado obras ilegales, pero estando allí, alguien les sacó una foto - Rodríguez sostiene que fue un “vecino enfadado porque habían molestado a su hija” - antes de enviársela a González, quien a su vez fue quien la compartió con el jefe de gabinete de Ayuso. Fuentes citadas por EFE precisan que González ha identificado hoy a ese vecino. Miguel Ángel Rodríguez envió entonces esas fotos, acompañadas de información sobre los periodistas, a diversos medios de comunicación; al tiempo que eran difundidas de forma masiva en redes sociales.

La versión que dio El País de lo sucedido dista de la de Rodríguez: de acuerdo con el medio, a sus dos periodistas se acercó un hombre de unos cincuenta años que, vestido de paisano, se identificó como policía nacional y les pidió que entregasen su documentación. Se alejó de los periodistas, tras entregar estos su DNI y acreditación, para tomar nota de los datos y, tras recuperar sus documentos, ambos se retiraron del lugar.

Una hora después, desde el equipo de Ayuso se enviaba a distintos periodistas el nombre y la foto de los trabajadores, acompañados del siguiente mensaje: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.es encapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.

Los periodistas afectados, junto al PSOE, presentaron una denuncia por revelación de secretos. En un primer momento los juzgados no vieron motivo para dar pie a un procedimiento penal, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó esta decisión y ordenó iniciar una investigación formal.

El propio Miguel Ángel Rodríguez comparecía en mayo y después, ante la prensa, reiteró su versión del “vecino enfadado” como origen de la fotografía, aunque en sede judicial admitió que fue el propio González Amador quien envió el documento. “Me he expresado mal”, se justificó entonces, explicando además que ya no tenía acceso a los mensajes de Whatsapp con los que compartió la imagen y la información sobre los periodistas y que podrían demostrar la veracidad de su relato. “Lo más importante es que la Policía no me pasó nada”, aseguró también. El cambio de versión de Miguel Ángel Rodríguez fue lo que motivó la decisión de la jueza de llamar a declarar el empresario para que aclarase como se transmitió esa información.

El jugador del Real Madrid, Ferland Mendy, afrontará un juicio en Madrid tras el ataque de uno de sus perros a un menor y a dos perros canes, uno de los cuales murió a causa de las heridas, según ha adelantado Europa Press. La decisión fue tomada por un juez de Alcobendas, quien formalizó la apertura de juicio oral por un presunto delito de lesiones. La Fiscalía pide para Mendy una multa de 1.200 euros y una indemnización de 5.700 euros para los afectados, mientras que la acusación particular solicita seis meses de prisión y una sanción de 22.500 euros.

El caso será juzgado en el Juzgado de lo Penal de Madrid, aunque todavía no hay fecha para la vista. El magistrado considera que Ferland Mendy no vigiló adecuadamente a sus perros, algo especialmente relevante al tratarse de animales grandes y potencialmente peligrosos. Según el auto citado por la agencia, el jugador no comprobó que la puerta quedara cerrada tras la entrada de un vehículo, lo que permitió que el perro escapara y quedara suelto en la vía pública. Se trataba de un kangal turco, un perro de gran tamaño y fuerza.

Ataques a otros perros y el joven

La situación se remonta a la tarde del 4 de enero de 2023, cuando uno de los perros se escapó de su finca tras una distracción al cerrar la puerta. El animal salió a la calle, se dirigió a una urbanización y atacó primero a un perro que paseaba con su dueña, causándole heridas tan graves que tuvo que ser sacrificado. En ese momento, un joven de 17 años, que paseaba a su propio perro, intentó ayudar y fue mordido en la pierna. Su perro también resultó herido y necesitó cirugía.

La investigación han destapado que los cuatro perros de Mendy no tenían microchip, carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil y no estaban vacunados contra la rabia, requisitos que marca la ley en la Comunidad de Madrid. El menor agredido sufrió “cuatro cicatrices en la pierna izquierda”, de hasta dos centímetros, y necesitó puntos de sutura y tratamiento médico durante un mes. Su perro, por su parte, fue intervenido por mordeduras en el cuello y el pecho.

Juicio a Ferland Mendy

El auto judicial establece que Ferland Mendy tendrá que declarar como acusado, con la ayuda de un intérprete en francés. También comparecerán como testigos el joven agredido, su padre, dueño de uno de los perros atacados, la mujer cuyo perro fue sacrificado y varios agentes de la Policía Local de Alcobendas que acudieron al lugar de los hechos.

Según Europa Press, el Juzgado de lo Penal de Madrid será el encargado de celebrar el juicio, aunque aún no se ha señalado el día para la vista oral. El juez ha impuesto a Mendy una fianza de 7.410 euros, que deberá abonar antes de la celebración del juicio. El caso ha generado especial expectación por tratarse de un deportista conocido. Los testimonios de los vecinos que presenciaron el ataque y la situación irregular de los perros serán claves en el juicio que afrontará el jugador en los próximos meses.

El juicio contra el ex senador nacional Edgardo Kueider que se lleva a cabo en Paraguay entró en la etapa final y se espera una nueva audiencia el próximo jueves que podría ser clave para la defensa. Hasta ahora, ya se presentó toda la prueba aportada por la Fiscalía y la acusación pública está en manos de Ysrael Villalba.

La semana pasada, en la última audiencia, el testimonio final correspondió al Comisario Francisco Escobar Franco. Se trata del Jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Fue quien dispuso, ante el pedido de colaboración de los funcionarios de la Aduana, la intervención de dos efectivos policiales en la zona primaria del Puente de la Amistad. Una vez en el lugar, los uniformados incautaron el Chevrolet Trailblazer en el que se trasladaban Kueider y su pareja, Iara Guinsel. En el interior se encontraron dólares, guaraníes y pesos argentinos.

Ahora resta concluir con la de la defensa, que es poca. En la etapa siguiente se realizarán los alegatos de cierre.

Cumplidos estos pasos, el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción estará en condiciones de emitir sentencia. A Kueider y a su pareja se los juzga por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar. El hecho ocurrió el 4 de diciembre a la madrugada. Desde entonces, ambos están en prisión domiciliaria.

Cuáles fueron los últimos avances

Una de las novedades de la jornada del viernes es que tanto Kueider como Guinsel adelantaron que no declararán. En la primera audiencia habían dicho que sí hablarían. Con esta decisión, el exsenador se privará de contrariar el relato que hicieron los funcionarios de Aduana del procedimiento realizado aquella madrugada en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad.

Cristian Díaz Benítez, el encargado del grupo de control nocturno aduanero, reveló ante el Tribunal que el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.

Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó. Su relato es congruente con el que dio el comisario Escobar.

En declaraciones periodísticas, Kueider dio otra versión. “El dinero no estaba en mi mochila”, dijo y repitió que no forman parte de la causa. Cabe destacar que una de las pruebas introducidas ante el Tribunal integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás fueron los videos del procedimiento que en su momento reveló Infobae. La defensa del exsenador intentó impugnar ese registro, pero no lo logró.

Los argumentos defensivos

En el proceso aún resta incorporar un par de documentos presentados por Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, los abogados de Kueider y Guinsel.

La defensa solicitó la inclusión en el proceso de cuatro documentos. El primero es el trámite administrativo por la infracción aduanera cometida al entrar a Paraguay con dinero sin declarar. El segundo es el registro judicial de ese mismo expediente.

El tercero es un pedido al Banco Central del Paraguay. El objetivo es que la autoridad monetaria emita un dictamen técnico-legal sobre el tratamiento del dinero en efectivo en circulación. En este mismo sentido es el cuarto documento: un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del país vecino en el que se describa la naturaleza jurídica del deber de declarar efectivo y su régimen sancionatorio.

Este andamiaje sostiene el principal argumento defensivo de Kueider: pasar dinero sin declarar es una infracción aduanera, pero no es contrabando, delito circunscripto al tráfico de bienes. En Paraguay la interpretación predominante es la inversa.

Concluida la instancia probatoria, el juicio pasará a la de alegatos. El primer turno corresponderá al fiscal Villalba. Luego, la defensa tendrá la posibilidad de contestar y rebatir.

El exsenador y su pareja llegaron al juicio cumpliendo prisión domiciliaria. Estuvieron en tres lugares distintos a lo largo de un año y medio de detención. En caso de una condena, este lapso deberá ser tenido en cuenta a la hora de calcular la pena. El contrabando en grado de tentativa tiene una estimación máxima de dos años y medio de detención.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid acaba de dirimir la batalla judicial que mantenían el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón (el municipio más rico de España si se analiza la renta per cápita de sus habitantes) y el prestigioso chef vasco Íñigo Urrechu, uno de los dueños del Grupo Urrechu, que cuenta dentro de su imperio gastronómico con restaurantes tan conocidos como Zalacaín, El Cielo de Urrechu, Urrechu Velázquez, A’Kangas, La Guisandera de Piñera y Erre by Urrechu en los hoteles Meliá Don Pepe de Marbella y Torre Melina en Barcelona.

En una sentencia fechada el pasado 22 de junio, el juzgado desestima el recurso que había presentado uno de los restaurantes del Grupo, el Cielo de Urrechu, ubicado en el centro comercial Zielo, contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, en junio de 2024, que desestimaba a su vez otro recurso de reposición interpuesto por el local contra otra resolución municipal de enero de 2018 que había denegado a los dueños del Cielo de Urrechu instalar dos pérgolas en la cubierta del centro comercial. Esta decisión podría tener impacto directo sobre otros locales gastronómicos en zonas comerciales de la ciudad.

El Cielo de Urrechu es uno de los templos gastronómicos más afamados de Madrid. El restaurante de los famosos, donde es frecuente ver a deportistas, empresarios y a la beautiful people de la sociedad madrileña. El Cielo de Urrechu abrió sus puertas en 2012 como sucursal del primer Urrechu que se inauguró en el Zoco de Pozuelo diez años antes como local gastronómico de referencia de la comunidad de Madrid. Ubicado en el local 217 del centro comercial Zielo, sus dueños presentaron al Ayuntamiento solicitud de licencia de actividad y obras para ampliar el restaurante. Se les había quedado pequeño porque el negocio iba viento en popa. El objetivo era convertir la planta superior, una terraza, en un nuevo espacio donde servir comidas con grandes vistas al ‘skyline’ de Madrid.

En la terraza, los dueños levantaron hace años “una estructura plegable con varios salones, dos barras, una cocina, un paso de servicios y varias dependencias para el desarrollo de la actividad”, según la documentación a la que tuvo acceso Infobae. La entrada del restaurante está en uno de los pasillos del centro comercial. En ese pasillo, los propietarios también colocaron mesas y sillones a modo de terraza. Y empezaron a funcionar. Sin licencia. Por eso esta parte del local tuvo que ser clausurada en septiembre de 2023. En agosto de 2023, el Ayuntamiento ordenó a los propietarios, como medida cautelar, “la suspensión inmediata de la actividad de restaurante que se viene ejerciendo tanto en la planta superior cubierta como en la terraza de velador instalada en el pasillo de dicho centro comercial”.

Una batalla por dos pérgolas

Comenzó entonces una batalla administrativa. El problema de las licencias se fue solucionando poco a poco. Pero en junio de 2024, el Ayuntamiento tumbó el recurso que el Cielo de Urrechu había presentado contra la decisión municipal de no permitirles instalar dos pérgolas en su cubierta. La empresa aseguró que estas pérgolas no superaban la altura máxima permitida. Según su defensa, el local está dentro de una zona urbana donde la altura máxima es de cuatro plantas o 16 metros, y el edificio no llega a esos límites. Además, el restaurante argumentó que las estructuras solicitadas son desmontables, de tipo corredera, con toldos enrollables y “abiertas en todos sus lados”, por lo que no generan superficie cubierta ni cambian el volumen del ‘shopping’.

Así que hubo que acudir a la justicia. El Ayuntamiento señaló ante el juzgado que las pérgolas ya habían sido instaladas sin licencia, con material impermeable y mecanismos retráctiles. Según los técnicos, esto configuró “espacios cerrados” y aumentó la superficie operativa del centro comercial, algo expresamente prohibido por la normativa. El Consistorio se basó en el artículo 6.2.6 del Plan General de Pozuelo, que regula las construcciones sobre el techo de los edificios. La resolución indica que solo están permitidos ciertos elementos técnicos como cajas de ascensores, depósitos o escaleras, pero no construcciones con fines comerciales o recreativos. Para el municipio, las pérgolas no se encuentran entre esas excepciones.

Para la magistrada Gema María del Pino Ortega Arencibia, titular del 31, la clave está en la interpretación de la legislación urbanística local. La sentencia afirma que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho, apoyándose en informes municipales. Uno de los puntos destacados del fallo sostiene que “las instalaciones solicitadas ya están instaladas sin licencia y se han ejecutado con una cubrición retráctil impermeable y configuran espacios cerrados teniendo la consideración de ampliación de la superficie del centro comercial”. La jueza explicó que, en materia de licencias urbanísticas, la administración solo debe chequear si el proyecto cumple estrictamente la normativa vigente y, si no, rechazarlo sin excepción. No es función del municipio buscar soluciones intermedias, sino aplicar la ley.

Otra parte de la sentencia sostiene que “la autorización temporal de terrazas de veladores nunca incluyó pérgolas ni cerramientos, solo mesas y sillas expuestas y sin estructuras fijas”. Así, cualquier avance sobre la cubierta debía contar previamente con autorización explícita y no podía regularizarse a posteriori. La jueza desestima la petición de El Cielo de Urrechu y confirma la decisión del Ayuntamiento de negar la licencia, al entender que las pérgolas no pueden instalarse en la cubierta del Centro Comercial Zielo bajo la normativa actual. La empresa puede recurrir. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con algún portavoz del restaurante.

La providencia dictada por el magistrado Santiago Pedraz no se limita a poner nombre y apellidos a 25 nuevos investigados. También permite dibujar el mapa de una presunta red de influencias que, según la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría tejido durante años una serie de conexiones entre altos cargos de empresas públicas, directivos de compañías privadas y responsables de la SEPI para intervenir en contratos, operaciones empresariales y ayudas públicas.

Aunque el foco mediático se ha situado sobre Leire Díez, la exmilitante socialista no figura entre los 25 investigados que incorpora esta resolución porque ya estaba siendo investigada en la causa. Sin embargo, prácticamente todos los nombres que aparecen en el auto mantienen algún tipo de relación con ella o con el denominado grupo “Hirurok”, integrado, según la investigación, por la propia Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso Egurrola. A partir de ese núcleo, la investigación despliega una estructura que se extiende por organismos públicos y empresas estratégicas del Estado.

De la SEPI a Mercasa: el círculo de los altos cargos públicos

El mayor grupo de investigados procede de la SEPI. No es casualidad. La sociedad estatal aparece como el punto de conexión de varias de las operaciones que analiza la Audiencia Nacional y concentra a algunos de los perfiles con mayor peso dentro del procedimiento.

La principal referencia es Belén Gualda González, presidenta de la SEPI desde 2022. La investigación la sitúa en el centro de las decisiones relacionadas con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), especialmente por su participación en la tramitación del rescate de Tubos Reunidos. Los investigadores sostienen que su posición dentro del holding público la convertía en una pieza clave para desbloquear expedientes y autorizaciones.

A su alrededor aparece el resto de la cúpula técnica. Julián Mateos Aparicio dirigía precisamente el FASEE, el instrumento encargado de analizar las ayudas públicas a empresas estratégicas. Según la investigación, fue uno de los responsables que informaron favorablemente sobre el préstamo concedido a Tubos Reunidos.

El organigrama continúa con Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI, considerado uno de los máximos responsables de la gestión interna del grupo estatal. Bajo su estructura trabajaban Rosario Martín Manzanedo, vinculada a la evaluación de proyectos, y Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna. Todos ellos aparecen relacionados porque participaron, desde distintos niveles de responsabilidad, en expedientes que ahora están siendo revisados por la Justicia.

Más que una sucesión de nombres, el auto dibuja un mismo bloque administrativo. Todos compartían responsabilidades dentro del principal holding público empresarial del Estado y todos aparecen vinculados a decisiones sobre ayudas, contratos o procesos de evaluación que forman parte de la investigación.

ENUSA, Acciona y los contactos con Leire Díez

Otro de los escenarios clave es ENUSA. Allí coinciden varios de los investigados que, además, compartieron etapa profesional con Leire Díez, que ejerció como directora de Comunicación de la empresa pública entre 2018 y 2021.

Al frente de la compañía se encontraba entonces José Vicente Berlanga Arona, presidente de ENUSA durante ese periodo. Según el escrito de la Fiscalía, Berlanga habría mantenido reuniones y conversaciones con integrantes del grupo Hirurok en el marco de una operación relacionada con la venta de activos de la empresa pública y el interés mostrado por Acciona en hacerse con determinadas participaciones vinculadas a la gestión de residuos.

Su principal colaboradora era Rosario Arévalo Sández, directora corporativa de ENUSA. El auto la sitúa igualmente en esas conversaciones y la vincula a los contactos mantenidos con los integrantes del grupo investigado mientras se preparaban distintas operaciones empresariales.

La pieza privada de esa misma operación la representa Francisco Javier López Buciega, entonces directivo de Acciona Servicios Urbanos. La investigación sostiene que actuó como interlocutor de la compañía durante las negociaciones con el grupo formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso para facilitar la adquisición de determinados activos de ENUSA.

En esa misma rama aparece también Juan Antonio Carrillo Donaire, catedrático de Derecho Administrativo. Su papel no está relacionado con la gestión empresarial, sino con la elaboración de un dictamen jurídico que, según la UCO, habría servido para dar cobertura legal a una de las operaciones proyectadas. El auto incorpora incluso conversaciones en las que se alude expresamente a la conveniencia de recurrir a ese informe para sustentar el procedimiento.

Mercasa y el contrato que centra otra de las investigaciones

Mercasa constituye otro de los grandes bloques del procedimiento. La Fiscalía pone el foco sobre José Ramón Sempere Vera, presidente de la empresa pública entre 2018 y 2024, y sobre quien fue su número dos, María Teresa Castillo Pasalodos.

La investigación sostiene que ambos aparecen relacionados con la adjudicación de contratos a Servinabar 2000, una de las sociedades que la UCO considera vinculadas al grupo Hirurok. El auto recoge reuniones, mensajes intercambiados mediante la aplicación Threema, correos electrónicos y documentos internos que describen cómo se habría preparado un informe técnico destinado a justificar el traslado de la sede de Mercasa y abrir la puerta a nuevas operaciones inmobiliarias.

Según la documentación incorporada a la causa, Castillo habría mantenido reuniones con Antxon Alonso y Leire Díez para abordar el proyecto, mientras Sempere aparece citado en varias conversaciones sobre la evolución de los contratos y las decisiones que debía adoptar la empresa pública.

Tubos Reunidos y el rescate de 112,9 millones

Si existe una operación que vertebra buena parte de la investigación, es el rescate de Tubos Reunidos. La ayuda pública, aprobada a través del FASEE, es uno de los expedientes sobre los que la Guardia Civil centra una parte importante de sus pesquisas. Los principales investigados de esta rama son Francisco Irazusta Rodríguez, expresidente de la compañía; Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, exresponsable financiero, y Carlos López de las Heras, también antiguo directivo del grupo industrial.

La investigación sostiene que Irazusta mantuvo contactos directos con Leire Díez y con Vicente Fernández durante la tramitación del rescate y analiza diversas comunicaciones y pagos que, según la UCO, podrían estar relacionados con la aceleración del expediente. Urrutia y López de las Heras completan el núcleo directivo de Tubos Reunidos que figura en la resolución judicial.

En esta misma línea aparece Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía. Su nombre figura por los contactos que, según la investigación, mantuvo con Vicente Fernández en relación con esa operación.

Forestalia y el resto de investigados

El auto incorpora además a varios empresarios vinculados a Forestalia: Fernando Samper Rivas, Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer. Este último adquiere especial relevancia porque figura como administrador de Mediaciones Martínez, una de las sociedades que, según la Fiscalía, habría servido para canalizar parte de los fondos investigados.

La relación de investigados se completa con Mikel Arrarás Abejón, Fernando Albert Aragón, María de la Concepción Ortiz Fuerte, Antonio José Sánchez Campos, Marcos López Domingo y Juan Ignacio Fernández-Micheltorena. En algunos casos, la providencia únicamente acuerda dirigir el procedimiento contra ellos al apreciar indicios suficientes para tomarles declaración como investigados, mientras que el desarrollo de las diligencias será el que concrete el alcance de la participación que la Fiscalía atribuye a cada uno.

Más allá de los nombres, el auto deja una idea clara: los investigados no forman un grupo homogéneo. Algunos compartían despacho en la SEPI; otros coincidieron en empresas públicas como ENUSA o Mercasa; otros procedían del sector privado, como Acciona, Tubos Reunidos o Forestalia. Lo que, según la Fiscalía Anticorrupción, los conecta no es haber trabajado juntos, sino haber coincidido en distintas operaciones que los investigadores sitúan bajo la influencia del denominado grupo Hirurok, el núcleo desde el que, presuntamente, se articulaban los contactos entre la Administración y determinadas empresas privadas.

El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y cinco meses de prisión por un delito de organización criminal y tres de cohecho en el marco de la primera sentencia del ‘caso Koldo’. El tribunal le define como el “nexo corruptor” que pagó por favores políticos al exministro José Luis Ábalos, condenado a su vez a 24 años de prisión. A pesar de ello, no deberá pisar la cárcel y, como sanción económica, solo tendrá que abonar parte de los 430.298 euros que el Supremo calcula que pagó en sobornos.

Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. ¿Por qué? Los magistrados piensan que “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia” y la licitación de esos contratos era “inminente”.

Es decir, el tribunal acredita que Aldama recibió el encargo de comprar las mascarillas gracias al dinero que pasaba de forma regular a Ábalos y a Koldo (de ahí vienen las penas por cohecho), pero no considera que el beneficio millonario que obtuvo el comisionista sea ilícito. El propio Aldama reconoció en una entrevista en Telemadrid, tras conocer la sentencia, que no había disfrutado de la totalidad de los 3,7 millones de euros en comisiones, ya que había pagado unos 1,8 millones de euros en impuestos. “El resto, obviamente, me lo he quedado yo”.

Ahora, el empresario está pendiente de otras causas judiciales. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA por la venta de hidrocarburos y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia. Además, Aldama está pendiente de otra investigación por el presunto amaño de obras públicas junto a Ábalos y Koldo García (para las constructoras OPR y Levantina) y de otra causa por los presuntos cohechos en otros contratos de mascarillas durante la pandemia por parte de los Gobiernos canario y balear que se sigue en la Audiencia Nacional. Todo esto lleva un problema añadido: el pago de impuestos en el ejercicio 2020, cuando Aldama se forró con estos contratos de mascarillas.

De hecho, la Agencia Tributaria asegura en informes aportados a la causa (uno de ellos de febrero de 2024) que Aldama, destacado empresario, no ha declarado IRPF desde el ejercicio 2015. “A pesar de ello, ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional.

Actividades imputables a él

“Con este perfil es difícil encontrar actividades realizadas directamente por él y que le sean directamente imputables; no obstante, parece gozar de cierta relevancia, especialmente en el mundo de los negocios efervescentes”, destaca Hacienda. Muestra de ello es que es cónsul honorario de Georgia en España, consultor de importantes empresas chinas y ha hecho negocios en México, concretamente en el Estado de Oaxaca.

El sumario del caso ‘Villafuel’ (en el que se le investiga por fraude en el IVA) revela la estructura societaria que dependía de Aldama: MTM 180 Capital, Businesscity, Future Factory SL, Deluxe Fortune, Antromero Desarrollo Empresarial, Araf Grupovivir SL, Bocata Food, Businesstar International, Duda Razonable SL, Global Stratos Investments, Grupo Signum Inversiones, Hot Wheels Ibérica, Logística Comercial Montelimar, Original London, Pilot Real Estate, Proyectos Annapurna II, Proyectos Independientes Gems II SL, Proyectos Vapesa, Soum y Endell Investments, Telefarmacia APP y Word Magic in the Villages. En la otra investigación por no pagar impuestos en las mascarillas, la Agencia Tributaria se ha fijado en dos de estas empresas: MTM 180 Capital y Deluxe Fortune.

Esta opacidad que Hacienda destaca de Aldama, “en los últimos años anteriores a ofrecer sus servicios para la localización de mascarillas al Ministerio de Transportes”, ha conllevado que la investigación fiscal solo haya encontrado una retribución oficial de 10.000 euros anuales por parte de su empresa Deluxe Fortune (que llegó a compartir con su pareja). “Lógicamente, al disponer de un sueldo tan exiguo se convierte en un no declarante de IRPF”, matiza la Agencia Tributaria, que añade: “El hecho de no ser declarante de IRPF y no recibir ninguna imputación de ingresos de empresa alguna no le ha impedido mantener un elevado nivel de vida y realizar compras en su propio nombre de imposible encaje en su economía declarada”. Por ejemplo, un Mercedes valorado en más de 140.000 euros.

“Forma común de defraudación”

La Agencia Tributaria explica que Víctor de Aldama ha incumplido con la Hacienda española con una de “las formas más comunes de defraudación”: interponer sociedades para obtener una mejor tributación, cuando estamos ante servicios prestados de forma personal y sin intervención de estructura empresarial. Por ejemplo, en el ejercicio 2020, con la interposición de dos empresas y unos ingresos personales obtenidos de 5.657.393 euros, la tributación efectiva fue de 688.520 euros como impuestos de sociedades, “lo que representa sobre los ingresos obtenidos (los gastos son casi inexistentes) un porcentaje redondeado del 12%”.

Es decir, para Hacienda está claro. La tributación de Aldama debería haber pasado exclusivamente por el impuesto personal de las personas físicas, el IRPF, dadas las características de los servicios de asesoría que prestó, pero Aldama decidió interponer unas entidades mercantiles que no añaden valor añadido a los servicios personales prestados. En este caso, la cuota defraudada por el empresario en el ejercicio 2020 “puede ser superior a 1.834.000 euros”, concluye Hacienda.

Luego están las empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune. De esta última, Hacienda ha encontrado errores contables de 839.500 euros en el ejercicio fiscal de 2019. Son pérdidas que aplica para compensar y minorar los beneficios de las millonarias ventas de mascarillas en 2020. “Ello supone una compensación que consideramos improcedente, a juicio de esta Inspección, por un total de 1.142.435,26 euros, lo que se traduce en unas cuotas dejadas de ingresar de 285.608,81 euros”. De la otra sociedad, MTM 180 Capital, dejó de ingresar una cuota de 102.174,18 euros. Estamos hablando de un total de 2,22 millones de euros defraudados a Hacienda solo en el ejercicio 2020 por el señor Aldama y sus dos empresas. En el registro de morosos oficial de Hacienda (el último es el de 2024), aparece otra empresa de Aldama: Pilot Real State, que tiene junto a un socio. En 2024 debía 1.374.102 euros.

La investigación sobre la presunta trama que habría tratado de influir en la concesión de ayudas públicas y en distintos procedimientos judiciales da un nuevo paso. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado ‘Hirurok’ —“Nosotros tres”, en euskera, y presuntamente integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría llevado a cabo “acciones tendentes al otorgamiento” de la ayuda pública concedida a Tubos Reunidos.

Ese es uno de los principales argumentos que recoge el informe remitido por el Ministerio Fiscal al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que este lunes acordó la imputación de 25 personas, entre ellas la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el marco de una causa que investiga una supuesta red de influencias sobre decisiones administrativas y procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno.

En el caso concreto de Tubos Reunidos, la Fiscalía apunta a que la actuación del denominado grupo ‘Hirurok’ no fue gratuita. Según la investigación, sus integrantes percibieron 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez bajo el concepto de servicios de prospección de mercados. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que esas facturas eran “mendaces” y que el verdadero motivo de esos pagos habría sido la intermediación para lograr que la SEPI aprobara la ayuda pública solicitada por la compañía.

La operación investigada gira en torno al préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos y, en particular, a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de esa deuda con la SEPI. Es precisamente sobre ese proceso donde los investigadores sitúan buena parte de las gestiones atribuidas a los investigados.

Una agenda intervenida en Ferraz

El informe de Anticorrupción incorpora además un elemento que, a juicio de los investigadores, refuerza esa línea de investigación. En el marco de un requerimiento dirigido al PSOE, la UCO intervino en la sede socialista de la calle Ferraz diversa documentación, entre ella una agenda con anotaciones manuscritas relacionadas con Tubos Reunidos.

Esas notas hacían referencia a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI y, según recoge la Fiscalía, “pondrían de manifiesto” que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente”.

La agenda se incorpora así a los indicios que maneja la investigación sobre una presunta trama que, de acuerdo con distintos informes elaborados por la Guardia Civil, habría desplegado maniobras para influir tanto en la obtención de ayudas públicas como en otros procedimientos de interés para sus integrantes.

El foco se amplía más allá de Tubos Reunidos

La resolución dictada este lunes por el juez Santiago Pedraz no se limita al caso de Tubos Reunidos. La imputación de 25 personas amplía el radio de acción de una investigación que, para la Fiscalía Anticorrupción, también presenta indicios de posibles irregularidades en otras cuatro operaciones relacionadas con empresas públicas: Mercasa, Enusa, Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Dentro de la operativa analizada, la UCO atribuye un papel especialmente relevante al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que, “con razón de esta operativa”, habría facturado 40.000 euros y sospechan, además, que siguió ejerciendo funciones propias de la presidencia del organismo incluso después de abandonar formalmente el cargo.

Según el informe policial, durante el periodo en el que todavía no se había designado un nuevo presidente de la SEPI, Fernández habría continuado actuando “de facto” como máximo responsable del organismo. Los agentes aseguran haber constatado su asistencia a reuniones en representación de la entidad pública, su acceso a información interna, la adopción de decisiones y la impartición de instrucciones, circunstancias que la investigación incorpora ahora como parte del conjunto de indicios que examina la Audiencia Nacional.

El proceso de liquidación de SanCor derivó en una batalla judicial en tres frentes que amenaza con paralizar la venta de los activos de la láctea antes de que se concrete cualquier transacción.

El enfrentamiento tiene, por un lado, a un consorcio de más de 1.000 acreedores que pide anular la quiebra y apartar al juez; por el otro, a Gustavo Scaglione, dueño de Fidulac S.A. y uno de los interesados en adquirir la empresa, quien impugnó el pliego de licitación aprobado el 11 de junio; y, finalmente, un síndico disidente que denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al magistrado que lleva el expediente por presuntas irregularidades en el control del proceso concursal.

El nudo de la disputa es uno: si los activos de SanCor —seis plantas industriales y las marcas— deben venderse por separado o como unidad económica. El juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, aprobó un pliego que divide los bienes en siete lotes diferenciados, con un precio mínimo total de USD 52,1 millones. Esa decisión, adoptada el 11 de junio de 2026, es el detonante de la ofensiva legal.

De esta forma, las instalaciones fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones, de los cuales USD 18,7 millones corresponden a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.

Entre los interesados en quedarse con parte o la totalidad de los activos figuran Savencia —dueña de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela. Todos son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. El vínculo data al menos de noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso convocó a los acreedores a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Scaglione ya había presentado en dos oportunidades un plan para rescatar a la cooperativa, incluso antes de la quiebra. En ambos casos, no tuvo éxito.

A la vez, mientras se dirimen los conflictos en la Justicia, la semana pasada se desvincularon 736 empleados de los 914 que tenía SanCor al inicio del proceso. La cifra surge de descontar los 178 puestos que el gremio y el juez Marcelo Gelcich acordaron preservar para mantener operativas las seis plantas que aún funcionan. La empresa lleva 60 días paralizada desde que el magistrado firmó la quiebra a mediados abril, y los salarios no se pagan con regularidad. El gremio lácteo, Atilra, se posicionó también contra la justicia y apela por una venta total de la compañía.

La pelea por el método de venta

El recurso de revocatoria que presentaron la semana pasada los abogados de Scaglione ataca el esquema de liquidación en su núcleo. El escrito, con patrocinio del doctor Leandro Salvatierra, sostiene que el pliego aprobado “permite la enajenación separada de las marcas respecto de las plantas industriales”, lo que —según la presentación— destruiría valor en lugar de maximizarlo.

El argumento central es económico: el valor de SanCor no reside en sus plantas ni en sus marcas consideradas de forma aislada, sino en la articulación entre ambas. Una planta láctea sin las marcas bajo las cuales elaboró y comercializó sus productos históricamente queda reducida a un conjunto de instalaciones y maquinaria cuya explotación futura depende de una inversión adicional y de un posicionamiento comercial que habría que construir desde cero. A la inversa, quien adquiera las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en las fábricas de SanCor.

La presentación también cuestiona la legalidad del procedimiento. La Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) establece, en su artículo 204, que la primera alternativa de realización de activos en una quiebra debe ser la venta de la empresa como unidad. La fragmentación en lotes separados es una opción subsidiaria, que requiere justificación. Según Fidulac, la resolución judicial no contiene ningún análisis que explique por qué se descartó la venta integral ni una valuación comparativa que demuestre que la suma de las partes supera o iguala el valor del todo.

A eso se suma un cuestionamiento específico sobre la planta de Sunchales. El tasador oficial, el ingeniero Pablo Bacchetta, la había valuado en USD 3 millones. Tras un incendio ocurrido el 7 de junio de este año, la sindicatura y la coadministración propusieron una reducción del 20%, que el juez receptó sin más, lo que fijó el valor en USD 2,4 millones. El recurso señala que entre el siniestro y la constatación transcurrieron menos de 24 horas, y que no existe un informe técnico que respalde esa quita porcentual ni que detalle qué bienes fueron destruidos o inutilizados.

Otro flanco del recurso apunta al proceso previo al pliego: los acreedores no tuvieron acceso a las tasaciones que sirvieron de base para fijar los valores mínimos. Esa documentación quedó alojada en un “Data Room” al que solo se puede ingresar previo pago de USD 10.000, el mismo monto que deben abonar quienes quieran participar como oferentes. Para Fidulac, esa condición impidió a los acreedores ejercer el control que la ley les garantiza sobre las decisiones que afectan el patrimonio destinado a pagar sus créditos.

La sindicatura dividida y la denuncia al juez

Mientras Scaglione litiga en el expediente principal, desde adentro del propio proceso concursal se gestó una segunda línea de ataque. Un integrante de la sindicatura plural designada para la quiebra —identificado en los documentos como síndico “disidente”— presentó ante la Corte Suprema santafesina una denuncia por irregularidades institucionales contra el juez Gelcich.

La denuncia describe un patrón: el magistrado habría montado un esquema para desplazar el control independiente de la sindicatura y concentrar las funciones estratégicas del proceso en una coadministración de su propia creación. La contadora Lucila Inés Prono fue designada coadministradora directamente por el juez, eludiendo el sorteo obligatorio del registro de la Corte. Lo que nació como un órgano auxiliar para asistir a la sindicatura ante la reticencia de la empresa a entregar información terminó, según la denuncia, absorbiendo funciones que la ley reserva exclusivamente a los síndicos.

La fractura interna de la sindicatura plural es uno de los ejes del escrito. Mientras dos de sus integrantes —identificados como Epstein y Tomat— mantuvieron un rol de control estricto, el tercero, Ignacio Pacheco Huber, se alineó con las directivas del juzgado y de la coadministradora. Epstein terminó renunciando. Su vacante no fue cubierta por sorteo, como exige la ley, lo que dejó al proceso con una sindicatura reducida mientras la coadministración conservaba sus amplias facultades.

La denuncia incluye episodios concretos. En el caso conocido como incidente “Hypred”, desaparecieron 24.640 kilogramos de queso que estaban bajo resguardo judicial como garantía (warrants), con un valor estimado en al menos USD 209.440. Según el escrito, en lugar de investigar el destino de ese dinero, el juez rechazó la denuncia y sancionó con un apercibimiento a los síndicos que la habían formulado, por considerarlos “negligentes”. En otro episodio, el síndico disidente fue sancionado con una “falta grave” por entregar el relevamiento físico de seis plantas industriales —distribuidas en dos provincias— un día después del plazo de cinco días hábiles que se le había fijado, por razones logísticas.

El denunciante sostiene que esa metodología —plazos imposibles seguidos de sanciones— fue el mecanismo sistemático para transferir funciones hacia la coadministración y marginar el control independiente. El síndico fue excluido de la elaboración del pliego de licitación y solo recibió el documento para su revisión con 24 horas de anticipación. La denuncia ante la Corte pide una investigación urgente, medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, un sumario administrativo contra el magistrado.

El consorcio de acreedores y el pedido de nulidad

La tercera pata del conflicto la protagoniza el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, conducido por el abogado Aldo Regali, quien representa a un consorcio de 1.066 acreedores de SanCor. El grupo incluye productores tamberos, proveedores comerciales, extrabajadores activos y empleados que formaron parte del programa de Retiro Voluntario Anticipado.

El consorcio apela contra la venta de los activos, pide declarar nula la quiebra y reclama que se considere su propio plan de salvataje para la firma. La presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe busca también impulsar un juicio político contra el juez Gelcich por las irregularidades denunciadas en el manejo del concurso.

El trasfondo de este frente es el mismo que el de Fidulac: la objeción a que los activos se vendan desintegrados. Para los productores y proveedores que integran el consorcio, la fragmentación del patrimonio de SanCor reduce las chances de que alguien se haga cargo de las plantas como unidades productivas en funcionamiento, lo que afecta directamente sus posibilidades de cobrar sus acreencias.

La quiebra de SanCor se concretó el 22 de abril de este año por decisión del propio juez Gelcich, quien la definió como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. La cooperativa acumula una deuda de más de USD 120 millones, alrededor de 300 pedidos de quiebra y un concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 que no logró revertir la situación. De las 14 plantas que llegó a operar en su etapa de mayor expansión, conserva seis, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la expulsión de un ciudadano de Gambia que permanecía en España en situación irregular y ha rechazado sustituir esa medida por una multa, como solicitaba su defensa. El tribunal concluye que la Administración justificó de forma suficiente la expulsión al apreciar varias circunstancias agravantes y descarta también que el afectado fuera menor de edad cuando se tramitó el expediente, uno de los principales argumentos en los que basó su recurso.

La resolución confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Burgos, que ya había avalado la decisión de la Subdelegación del Gobierno de expulsarlo del territorio nacional e imponerle una prohibición de entrada durante tres años.

El procedimiento gira en torno a un ciudadano gambiano que llegó a España en 2023 y cuya situación administrativa derivó en un expediente de expulsión por encontrarse en el país sin autorización de residencia. Frente a esa decisión, el afectado sostuvo que cuando entró en territorio español todavía era menor de edad y que, por tanto, nunca debió tramitarse un procedimiento sancionador de extranjería, sino el previsto para los menores extranjeros no acompañados. De forma subsidiaria, pidió que, si se mantenía la infracción, la expulsión se sustituyera por una multa al considerar que había demostrado un importante esfuerzo de integración en España.

El debate sobre su edad

Buena parte del recurso se centró en determinar si el ciudadano era o no menor de edad cuando llegó a España. Para sostener su versión, aportó un certificado de nacimiento expedido en Gambia, diversa documentación consular y un informe del Hospital Universitario Central de Asturias que concluía que su edad ósea era compatible con 17 años y nueve meses o superior. A su juicio, esos documentos acreditaban que había nacido en 2007 y que, en consecuencia, debía haber recibido la protección prevista para los menores extranjeros no acompañados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia recuerda que esa cuestión ya había sido resuelta meses antes por la Fiscalía de Menores de Asturias. Tras practicar pruebas radiológicas, un reconocimiento médico-forense y analizar el resto de la documentación disponible, el Ministerio Fiscal dictó un decreto en mayo de 2024 en el que concluía que el interesado debía ser considerado mayor de 18 años con una “muy alta probabilidad”. Esa resolución, además, nunca fue impugnada por el afectado.

Los magistrados subrayan que el objeto de este procedimiento no es revisar aquella decisión de la Fiscalía, sino determinar si la expulsión fue ajustada a Derecho. Por ello, consideran que no procede reabrir ahora el debate sobre la edad del recurrente, especialmente cuando la documentación que aportó para acreditar su fecha de nacimiento consistía en copias que no estaban legalizadas ni apostilladas y, por tanto, carecían de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar una resolución adoptada conforme al procedimiento legalmente previsto.

Alegó que estaba integrado en España

Una vez descartado el argumento relativo a la minoría de edad, la Sala analiza la petición de sustituir la expulsión por una multa. El ciudadano defendía que llevaba residiendo en España desde octubre de 2023 y que durante ese tiempo había realizado un importante esfuerzo para integrarse. En concreto, acreditó su asistencia a clases de castellano y la realización de distintos cursos formativos, entre ellos de electrónica, eficiencia energética y manejo de carretillas elevadoras, con la intención de mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral. También sostenía que esa permanencia continuada le permitiría optar a una autorización de residencia temporal.

No obstante, el Tribunal considera que esas circunstancias, aun siendo favorables, no bastan para impedir la expulsión. La sentencia explica que el recurrente no acreditó disponer de autorización de residencia, ni de medios económicos propios, ni de vínculos familiares en España, ni tampoco cumplía los requisitos exigidos para apreciar un arraigo con efectos jurídicos suficientes para dejar sin efecto la medida acordada por la Administración.

Por qué mantiene la expulsión

La resolución dedica una amplia parte de su fundamentación a repasar la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Extranjería y de la Directiva europea de retorno, recordando que la expulsión no puede imponerse automáticamente por el simple hecho de encontrarse en situación irregular, sino que debe estar sustentada en circunstancias adicionales que justifiquen su proporcionalidad.

En este caso, la Sala considera que esas circunstancias sí concurrían. Entre ellas cita la falta de acreditación de cómo y cuándo se produjo la entrada en territorio Schengen, las dudas que surgieron sobre la documentación identificativa presentada durante el procedimiento para determinar su edad y la ausencia de un arraigo familiar, laboral o social con la entidad suficiente para desvirtuar la decisión administrativa.

Los magistrados recuerdan además que el esfuerzo de integración, la realización de cursos o el aprendizaje del idioma son elementos positivos, pero no eliminan por sí solos la situación irregular ni obligan a sustituir la expulsión por una sanción económica cuando la Administración ha motivado adecuadamente la concurrencia de circunstancias agravantes.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima íntegramente el recurso y confirma tanto la expulsión del ciudadano gambiano como la prohibición de entrada en España durante tres años acordada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González, y a otras 24 personas en la causa en la que investiga las presuntas irregularidades detectadas en torno a la actuación de la exmilitante socialista Leire Díez en distintas operaciones relacionadas con empresas públicas y privadas. La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que existen indicios suficientes para dirigir formalmente el procedimiento contra todos ellos y tomarles declaración en calidad de investigados.

Con esta resolución, el magistrado da un nuevo impulso a una investigación que, desde hace meses, trata de esclarecer si un grupo de personas actuó de manera coordinada para influir en expedientes de contratación pública y en operaciones económicas vinculadas a sociedades del sector público empresarial. La providencia responde íntegramente a la solicitud formulada por la Fiscalía, que reclamó el cambio de situación procesal de los nuevos investigados para garantizar su derecho de defensa ante los indicios recopilados durante la instrucción.

Entre los nuevos investigados figuran responsables y antiguos directivos de organismos públicos como la propia SEPI, Enusa y Mercasa, además de antiguos responsables de Tubos Reunidos. El juez acuerda ahora recibirles declaración como investigados, aunque antes deberán personarse en la causa con abogado y procurador quienes todavía no lo hayan hecho.

El foco sobre el rescate de Tubos Reunidos

La incorporación de Belén Gualda a la causa está directamente relacionada con el rescate público concedido a Tubos Reunidos durante la pandemia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

La compañía había solicitado en enero de 2021 una ayuda de 115 millones de euros. Tras la tramitación del expediente, el Consejo Gestor del FASEE aprobó la operación el 13 de julio de ese año mediante un préstamo participativo, una decisión que posteriormente recibió la autorización del Consejo de Ministros el 20 de julio.

La Fiscalía sostiene que, durante ese proceso, se produjeron una serie de actuaciones que ahora son objeto de investigación. Según expone en su escrito, la documentación intervenida apunta, de manera indiciaria, a que el expediente contaba con informes favorables de las unidades técnicas de la SEPI, de asesores externos y del Ministerio de Industria, al tiempo que recoge la existencia de un supuesto compromiso atribuido a Belén Gualda con el entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, para que la operación fuera elevada al Consejo Gestor del fondo. El Ministerio Público añade que el expediente sufrió retrasos debido a las dudas expresadas desde el Ministerio de Economía, extremo que forma parte de la reconstrucción de los hechos que ahora analiza la Audiencia Nacional.

Los fiscales también sitúan dentro de esa secuencia una serie de reuniones impulsadas por el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, con el objetivo, según su tesis, de agilizar la tramitación de la ayuda. En ese contexto enmarcan la actuación de Gualda, a quien atribuyen haber firmado la propuesta que posteriormente fue elevada al Consejo Gestor del FASEE antes de que el rescate obtuviera el visto bueno definitivo del Gobierno. Se trata de extremos que forman parte de la investigación y sobre los que todavía no existe un pronunciamiento judicial de fondo.

Una investigación que va mucho más allá del rescate

La investigación abierta en la Audiencia Nacional no se limita al caso de Tubos Reunidos. La Fiscalía describe una supuesta operativa que se habría desarrollado en distintos organismos públicos y que afectaría a entidades como Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial Principado de Asturias y otras sociedades vinculadas al ámbito de la SEPI, además de operaciones relacionadas con el grupo empresarial Forestalia.

En su escrito, el Ministerio Público sostiene que, “al menos de forma indiciaria”, los hechos reflejan un patrón de actuación “reiterado, coordinado y estructurado” por parte de los investigados, que habría operado de forma continuada en diferentes ámbitos del sector público y en beneficio de diversos grupos empresariales. Esa hipótesis constituye una de las bases sobre las que la Fiscalía pidió ampliar la lista de investigados y que ahora ha sido asumida por el magistrado a efectos exclusivamente procesales.

Entre las personas cuya situación procesal cambia figuran el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esa empresa pública, Rosario Arévalo Sandez; el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; además del expresidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta Rodríguez, y el exconsejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, junto a otros responsables públicos y privados que aparecen mencionados en la resolución judicial.

En relación con Tubos Reunidos, la Fiscalía también investiga diversos pagos efectuados por la compañía a la sociedad Mediaciones Martínez S.L., al considerar que podrían guardar relación con las gestiones que, presuntamente, se habrían realizado para facilitar la obtención del rescate y el posterior seguimiento de la ayuda pública. Para sostener esa línea de investigación, el Ministerio Público incorpora al procedimiento comunicaciones intervenidas, documentación societaria, información bancaria y declaraciones testificales que, a su juicio, refuerzan los indicios existentes, si bien todos esos elementos deberán ser sometidos a contradicción a lo largo de la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su acusación contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el juicio por la denominada ‘Operación Kitchen’. El Ministerio Público ha ratificado este lunes su petición de 15 años de prisión para ambos en la recta final del proceso, al considerar que siguen existiendo fundamentos para atribuirles responsabilidades en el presunto operativo parapolicial organizado para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Con el trámite de conclusiones definitivas, celebrado en la Audiencia Nacional tras finalizar la práctica de la prueba y la declaración de los últimos acusados, el fiscal Anticorrupción César de Rivas no ha introducido cambios en su escrito de acusación y ha confirmado íntegramente las penas que ya solicitaba al comienzo del juicio. Así, además de mantener los 15 años de prisión para Fernández Díaz y Francisco Martínez, la Fiscalía sigue reclamando la misma condena para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para el comisario Andrés Gómez Gordo.

La petición más elevada continúa siendo la dirigida contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Público solicita 19 años de cárcel por su presunta participación en la trama.

Por su parte, Sergio Ríos, el antiguo chófer de la familia Bárcenas al que la acusación sitúa como el confidente captado para facilitar información desde el entorno del extesorero del PP, sigue enfrentándose a una petición de 12 años y cinco meses de prisión. En el caso del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, la Fiscalía mantiene la solicitud de dos años y medio de cárcel.

Las acusaciones reducen notablemente las penas

Frente a la posición invariable de la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares sí han modificado de forma significativa sus peticiones de condena respecto a las formuladas al inicio del juicio. La representación legal de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que reclama para los acusados. Si al comienzo del procedimiento solicitaba 41 años de prisión para los principales procesados y 33 años para Sergio Ríos, ahora reduce esas peticiones hasta los 17 años y medio de cárcel para los primeros y los 11 años y medio para el antiguo conductor de la familia.

También el PSOE y Podemos, personados como acusaciones populares, han rebajado las condenas que reclamaban inicialmente para los acusados. En el arranque del juicio solicitaban penas de entre 32 y 47 años de prisión para los distintos procesados, aunque durante la sesión de conclusiones definitivas no se ha detallado el alcance concreto de esas nuevas peticiones.

Dos inspectores quedan fuera del juicio

La modificación de la estrategia de las acusaciones ha tenido además una consecuencia directa sobre la situación procesal de dos de los mandos policiales investigados. Los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano han quedado definitivamente fuera del juicio después de que tanto la familia Bárcenas como el PSOE y Podemos retiraran la acusación que mantenían contra ellos.

Hasta ese momento, la acusación particular reclamaba 41 años de prisión para ambos, mientras que las acusaciones populares solicitaban condenas de entre 32 años y cuatro meses y 39 años de cárcel. La decisión ha sido comunicada por la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, durante la sesión celebrada este lunes.

En cualquier caso, la retirada de esas acusaciones coincide con la posición que la propia Fiscalía había mantenido desde el inicio del procedimiento. El fiscal César de Rivas ha vuelto a ratificar que no acusa ni a José Ángel Fuentes Gago ni a Bonifacio Díez Sevillano, una postura que también extiende al comisario José Luis Olivera, exactamente en los mismos términos que ya recogía su escrito de conclusiones provisionales.

Las defensas mantienen la petición de absolución

La última jornada del juicio también ha servido para que las defensas confirmaran su estrategia procesal. Todos los abogados de los acusados han elevado a definitivas las conclusiones provisionales presentadas antes del inicio de la vista oral y mantienen su petición de libre absolución para sus respectivos clientes, al considerar que durante el juicio no ha quedado acreditada su participación en los hechos investigados.

El trámite de conclusiones definitivas se ha celebrado después de la declaración de los tres últimos acusados que quedaban por comparecer ante el tribunal —los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano y el comisario José Luis Olivera—, con lo que el procedimiento entra ya en su fase final antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre una causa que investiga el presunto dispositivo parapolicial organizado para obtener de forma clandestina información que obraba en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Un día de verano, cuando los repartidores de bombonas de butano llegaron a esta empresa de lavado industrial para hacer su entrega habitual, el encargado de la planta les dijo que se fueran. Lo hizo a sabiendas de que era la temporada de mayor actividad de la lavandería, y de que sin gas la producción se detendría. No fue un error ni un malentendido: un día antes, el hombre había avisado a sus compañeras de que “acababa de empezar una guerra interna contra los dueños de la lavandería”. Cumplió su palabra. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de confirmar que ese gesto, junto a una cadena de insultos y el abandono deliberado de sus funciones, justificó plenamente su despido disciplinario.

La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, con sede en Sevilla, acaba de desestimar el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador para confirmar íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Huelva, que ya había avalado el despido. El empleado había reclamado que el cese fuera declarado nulo por discriminación, o al menos improcedente, y exigía además una indemnización de 18.000 euros por daños morales. El tribunal rechazó ambas pretensiones.

La decisión pone fin, al menos en esta instancia, a un conflicto que mezcló en proporciones iguales la vida familiar y la laboral. La empresa pertenece a la hermana del trabajador despedido, y su esposa y su hijo también trabajaban allí. Fue precisamente una amonestación que la hermana hizo al hijo lo que encendió la mecha. La mujer le sancionó por usar el móvil en horas de trabajo, por salidas injustificadas con la moto que excedían los 20 minutos de descanso reglamentarios y por su actitud general. Su padre, que ese día descansaba, se presentó en el centro de trabajo y, a gritos y frente a varios compañeros, llamó “enchufada” a una trabajadora, “maruja” a otro, y tildó a dos compañeras de ser “las chivatas de la lavandería”. Tres días después, en una llamada telefónica a su propia hermana, fue más explícito: lo que estaba pasando era “nada más que el principio de todo lo que va a suceder”.

A partir de ese momento, según los hechos probados en el juicio, el hombre abandonó de forma total y deliberada las funciones propias de su cargo: dejó de supervisar las máquinas, de prever la compra de consumibles y de organizar el trabajo diario del personal. Cuando algún compañero le consultaba sobre la organización, respondía que no sabía nada y que preguntaran a los jefes. Los retrasos en las entregas a clientes comenzaron a producirse. Poco después fueron despedidos su mujer y su hijo. Y seis días más tarde, le llegó el turno a él.

Juicio por “discriminación”

El conflicto no terminó ahí. El hombre presentó una demanda con el argumento central de la “discriminación refleja”: sostenía que su despido no respondía a sus conductas, sino a su condición de padre y esposo de dos trabajadores que la empresa había cesado días antes, lo que a su juicio constituía una discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución. Por ello reclamaba también 18.000 euros en concepto de daños morales.

La magistrada del juzgado de instancia desestimó todos los argumentos en su sentencia. Consideró que las pruebas acreditaban con suficiencia todos los hechos imputados. Sobre la discriminación refleja, la magistrada fue tajante: el despido tuvo por causa exclusiva la actitud de indisciplina y guerra abierta del trabajador contra la empresa, no su parentesco con los otros cesados. Y añadió que en una empresa de marcado carácter familiar, el vínculo de parentesco “pierde el carácter apriorístico de elemento sospechoso como causa de discriminación prohibida”.

Toda definición en el sistema político de la provincia de Buenos Aires está influenciada por la discusión interna del peronismo. Por estas horas, las diferencias entre el sector del gobernador, Axel Kicillof, y el kirchnerismo, hoy encarnado por el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, son recurrentes y se trasladan a diferentes ámbitos. Uno de ellos, donde se está empezando a materializar esta situación, es el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y las designaciones de los integrantes tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo.

Como contó Infobae, el peronismo se aprestaba a definir representantes a la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo y puntualmente por el Senado provincial, pero de momento no hubo acuerdo. Sucede que en principio el bloque de senadores de Fuerza Patria -al que le corresponderían cuatro lugares: dos en condición de titular y dos suplentes- no tiene cuatro abogados entre sus filas. Ser abogado es una condición excluyente. Los únicos abogados son los senadores Sergio Berni, Fernando Coronel y Marcelo Feliú. Entonces lo que buscaba hacer el gobernador para suplir el lugar que faltaba era designar al diputado provincial, Mariano Cascallares, como un representante del Senado. En rigor, es algo que se puede hacer, ya que a finales del año pasado se modificó la ley de ordenamiento del Consejo y se acordó que los representantes fueran por el Poder Legislativo, sin aclarar si correspondían a la Cámara de Diputados o de Senadores. Anteriormente eso estaba reglamentado.

Entonces, el plan que todavía sigue vigente es que Cascallares asuma pero ocupando un peldaño de la Cámara alta. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, tiene el aval y es impulsado por el propio Kicillof. Fuentes de la magistratura advierten que ese nombramiento fue frenado en el marco de la interna del peronismo, que esta semana mostró una de sus facetas más descarnadas en el Senado con el cruce entre Berni y la vicegobernadora, Verónica Magario.

La interna por los lugares en el Consejo de la Magistratura también alcanza a la oposición que no logra definir para qué sector será el cupo por el Poder Legislativo en condición de suplente. El miércoles último apenas se logró definir que Berni por el kirchnerismo y Coronel por el MDF sean designados. Queda a la espera de un nombramiento el senador Marcelo Feliú del bloque de Fuerza Patria. La Libertad Avanza, que forma parte de las conversaciones, dispuso que por la oposición se nombre a la senadora María Luz Bambaci como titular. Resta un suplente por el sector no peronista. Allí tampoco hay acuerdo.

Entre titulares y suplentes, hay nueve vacantes en el Consejo de la Magistratura, que deberían ser cubiertas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo. Ante esa acefalía, el órgano encargado de avanzar en la composición de las ternas para cubrir cargos judiciales definió suspender su próxima sesión, a la espera de que se resuelva dicha carencia.

La definición encendió algunas señales de alerta, toda vez que entre la poca actividad de la Cámara alta bonaerense -por donde se deben prestar acuerdos para el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y auxiliares- y ahora el parate en el Consejo de la Magistratura. En lo que va de la gestión de Mena al frente del Ministerio de Justicia se avanzó con la designación de 412 expedientes para cubrir cargos judiciales en diferentes estamentos.

Por el Poder Ejecutivo, actualmente solo ocupan lugares el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, en carácter de titular, e Inti Pérez Aznar, quien es Subsecretario de Justicia y responde al intendente de La Plata, Julio Alak, y es uno de los suplentes. Hay tres sillas sin designar en condición de titular y otros tres suplentes a la espera.

En el entorno del gobernador dejaron correr que el mandatario se inclinará por la designación de Santiago Pérez Teruel como uno de los titulares. Pérez Teruel es el Asesor General de Gobierno y hace tiempo viene trabajando junto a Kicillof. Actualmente, más allá de su rol como Asesor per se, es uno de los estrategas judiciales de la Provincia en los distintos reclamos ante la Corte contra el Gobierno Nacional por el recorte de fondos. De todas las demandas que ha elevado Buenos Aires, solo la que corresponde a los fondos de las caja jubilatoria ha tenido cierto avance.

Quienes vencieron su mandato como representantes titulares por el Ejecutivo son el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, que está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini. Ambos son parte de la órbita política del senador nacional, Eduardo De Pedro. Se trabaja en la renovación de sus nombramientos y más aún si Cascallares es designado por el Poder Legislativo, ya que en el anterior período ocupaba una silla por el Ejecutivo.

Otro asunto que está frenado producto de la discusión interna del peronismo son las vacantes para la Suprema Corte de Justicia. En el Ejecutivo no existe un gran apuro para avanzar en ese marco. “No veo gente pidiendo por las vacantes en la Corte”, ironizó un dirigente cercano a Kicillof. La oposición, pero también los socios del peronismo, esperan inquietos que el gobernador mueva esas fichas.

En abril último también hubo una fuerte demanda del titular de la Corte tanto al Ejecutivo como al Legislativo para que cubran las vacantes. Actualmente la Corte funciona con tres de sus siete miembros. Son Sergio Torres, como presidente, Daniel Soria, vicepresidente, e Hilda Kogan, como ministra del máximo tribunal de justicia.

Distintas terminales reconocen que la situación interna del peronismo también repercute en el eventual acuerdo para definir los nombres de los o las postulantes que Kicillof deberá elevar al Senado para cubrir los sillones de la Corte bonaerense.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha ratificado el despido disciplinario del camarero de un hotel de Ibiza que publicó un vídeo en TikTok, en el que cuestionaba los precios que la empresa cobra al público y criticaba los salarios pagados a los empleados. La compañía justificó la extinción del contrato argumentando que la publicación supuso un daño a la reputación de la cadena y a la confianza depositada por la firma hotelera en el trabajador.

Según la empresa, el empleado grabó y subió el vídeo a TikTok durante su horario laboral y desde su puesto de trabajo. Las imágenes, además, exhibían el sistema interno de gestión de la cadena y brindaban detalles confidenciales sobre los costes de la empresa y los salarios.

Según detalla la sentencia, “el trabajador realizó la grabación en su puesto de trabajo, en horario laboral y utilizando un dispositivo móvil personal para fines ajenos al servicio. Las manifestaciones del trabajador —mencionar que el café costaba 20 céntimos y se vendía a 5 euros, y que los empleados estaban mal pagados, con sueldos de 1.400 euros al mes— suponen un importante daño reputacional. No es necesaria la existencia de un daño económico directo para justificar el despido; basta con el ataque al prestigio profesional y la credibilidad exterior de la entidad. Aunque las personas jurídicas deben soportar críticas, esta conducta excedió los límites al desprestigiar a la mercantil empleadora de forma pública”.

La defensa del trabajador, que llevó su despido a los tribunales, basó su estrategia en dos ejes: cuestionó la proporcionalidad del despido frente a la infracción y sugirió que la empresa no cumplió con todos los requisitos formales para la extinción de la relación laboral. El trabajador afirmó que el video no identificaba a la empresa de forma expresa y que su conducta no generó pérdidas actuales ni quejas de clientes o proveedores. También alegó que la máxima sanción (el despido sin indemnización) era excesiva y pidió que se declarara la medida como improcedente o, de manera subsidiaria, se ordenara la nulidad por falta de formalidades. El tribunal, sin embargo, no estuvo de acuerdo.

Los límites del derecho a la crítica

El tribunal coincidió con la empresa en que estos datos confidenciales afectaban la confianza en el trabajador, un principio básico en la relación laboral. Los jueces reconocieron que los empleados tienen derecho a la crítica, pero fijaron límites cuando esa crítica implica “desprestigiar públicamente a la empresa en el horario de trabajo, exhibiendo sistemas internos”. La gravedad de la infracción, sumada a la utilización de recursos internos y medios propios en horario laboral, justifica la aplicación del despido directo, “la máxima sanción establecida por la ley en este tipo de relaciones laborales”.

La sentencia explicó que “aunque las personas jurídicas deben soportar críticas, esta conducta excedió los límites al desprestigiar a la mercantil de forma pública y en su propio lugar de trabajo”. El fallo tomó como base el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido disciplinario por abuso de confianza y deslealtad, sin exigir prueba de daño económico siempre que exista un quiebre objetivo de la lealtad y la buena fe. El tribunal destacó que la difusión en redes sociales, con material corporativo y comentarios críticos, resulta suficiente para abrir la vía del despido sin indemnización.

Aunque no fue el resultado que esperaba, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el financiamiento universitario no preocupó al Gobierno, que ya había alcanzado un acuerdo con rectores y sindicatos para hacer frente a una parte de los aumentos, que ahora está obligado a pagar, mientras continuará discutiendo el resto de la norma en los tribunales.

La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no cayó bien entre las autoridades nacionales, quienes apenas conocieron la noticia empezaron a analizar las opciones restantes.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, luego de una conversación de la mesa judicial del oficialismo, se determinó que lo único que le queda por hacer al Poder Ejecutivo en este contexto es “esperar a que se defina todo en primera instancia”.

No obstante, remarcan que mientras siga el proceso no van a cumplir con el financiamiento universitario, a pesar de resolución de la Corte.

Para esto, se apoyan en un detalle importante: el máximo tribunal no falló respecto de la ley entera, sino solamente sobre una cautelar que pesaba sobre los artículos 5 y 6 de la misma.

El reclamo original, impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas casas de estudio, era para declarar inconstitucional el decreto 759/2025, por el cual el Gobierno dispuso que la norma queda suspendida hasta que el Congreso detalle de dónde saldrán los fondos para hacer frente a los gastos que no estaban previstos en el Presupuesto.

Sin embargo, mientras avanzaba ese expediente, la justicia en lo contencioso administrativo federal impuso una cautelar para que las autoridades vayan cumpliendo con algunos de los incrementos, al entender que el paso del tiempo podía afectar el poder adquisitivo de los eventuales beneficiarios,

El artículo 5, puntualmente, indica que se debe llamar a paritaria y actualizar “los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley“.

En tanto, el 6 marca una “recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles“, como Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la fecha.

“No vamos a pagar nada extra. Hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir”, explicó a este medio un funcionario al tanto de la situacion.

Efectivamente, el 10 de junio último, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de hasta $50.000.000.000.

Por esta razón, en Balcarce 50 consideran que el fallo de la Corte Suprema no cambia el escenario general, porque ya tenían previsto desembolsar ese dinero.

Por su parte, las casas de estudio continúan reclamando un aumento también de las partidas presupuestarias de este año y una recomposición por lo perdido en los anteriores, entre otros puntos que quedaron afuera de la cautelar.

Además, aseguran que con el acuerdo de principios de junio no alcanza para cumplir con lo dicta la Corte: “No es un tema de la interpretación, tienen que cumplir la ley“, señalan.

“A lo sumo pueden decir que lo que se recompuso a partir de ese acuerdo se toma a cuenta para este nuevo aumento, pero hay una diferencia de entre el 25% y el 30 en el salario, de lo que nos dieron a lo que dice el financiamiento. En cuanto a becas pasa algo similar, solamente se incrementó el monto para el programa Belgrano, pero no pasó nada con el Progresar, por ejemplo”, lamentan.

En este sentido, en las instituciones educativas sostienen que el tribunal de primera instancia “ahora solamente tiene que ejecutar la sentencia, pero ese es un acto administrativo y rápido”.

La ley 27.795 generó polémica desde el comienzo, ya que el Congreso la aprobó en ambas Cámaras, luego el presidente Javier Milei la vetó y los legisladores insistieron en el recinto, forzando su promulgación.

Cómo último recurso, el Gobierno emitió el decreto que suspendió su aplicación hasta que se detalle el origen de los fondos y todo terminó en una disputa judicial.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 14 de la ley 48). Por ello, se desestiman el pedido de excusación y la presentación directa”, sostuvo la Corte este martes, por lo que se mantuvo la cautelar del CIN y los sindicatos docentes.

“Es un gran paso y una respuesta que la comunidad universitaria del país estaba esperando. Lo resuelto por la Corte Suprema es muy saludable no solo para las Universidades sino para la vida institucional de la Nación”, consideró Franco Bartolacci, titular del CIN.

Al respecto, remarcó que ”con este fallo, se deberán actualizar salarios y becas conforme lo establecen los artículos 5 y 6 de la Ley, que es la respuesta estructural por la que tanto se trabajó”.

“Quiero agradecer a la comunidad universitaria del país que ha hecho a lo largo de este tiempo un enorme esfuerzo para sostener todo en condiciones muy precarias, y a la sociedad argentina, su abrazo defendiendo la Universidad cada vez que hizo falta fue definitorio para que podamos llegar hasta acá”, agregó.

La oportunidad existe, pero sólo podrá sostenerse si el país fortalece la credibilidad institucional, la seguridad jurídica, la modernización de la Justicia, el mérito, la Educación y la adaptación tecnológica.

Durante años, hablar de Argentina era hablar de inflación, incertidumbre, reglas cambiantes y dificultad para sostener proyectos de largo plazo. Hoy el clima parece distinto. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque se produjeron cambios que modificaron la percepción del país dentro y fuera de la Argentina y volvieron a instalar una pregunta que durante mucho tiempo estuvo ausente: qué puede llegar a ser Argentina si logra sostener determinadas condiciones en el tiempo.

En ámbitos empresariales, profesionales y académicos comienza a repetirse una misma inquietud: si Argentina será capaz de transformar esta oportunidad en un proceso sostenido de desarrollo. Esa discusión ya no es solamente económica. Es institucional, educativa, tecnológica y cultural.

La discusión de los próximos cinco años no debería limitarse a cómo salir de una crisis. Debería concentrarse en cómo evitar volver a ella. Los países que progresan no son solamente los que resuelven emergencias. Son aquellos que construyen instituciones capaces de impedir que los mismos problemas regresen una y otra vez.

La seguridad jurídica ocupa allí un lugar decisivo. Pero no nace solamente de leyes escritas. Nace de la credibilidad de las instituciones, de la previsibilidad de las decisiones públicas, de la fortaleza de los controles y de la capacidad del sistema para poner límites cuando una persona, un poder del Estado o un sector se aparta de las reglas.

La verdadera fortaleza de las instituciones no se pone a prueba cuando todo funciona correctamente. Se pone a prueba durante las crisis, los conflictos y las tensiones inevitables que atraviesa cualquier democracia.

Las instituciones cumplen su función más importante precisamente en esos momentos. Son las que permiten encauzar desacuerdos, corregir excesos y preservar el equilibrio cuando alguno de los poderes del Estado se aparta de los límites que le asigna el sistema republicano.

Por eso la calidad institucional no puede medirse únicamente por el funcionamiento cotidiano de los organismos. Debe medirse también por su capacidad para responder frente a situaciones de tensión sin comprometer la estabilidad del sistema.

Los países que lograron construir procesos de desarrollo sostenido entendieron algo fundamental: las personas son importantes, pero las instituciones deben ser más fuertes que las personas. Son ellas las que garantizan que los cambios de gobierno, las crisis económicas, los conflictos políticos o las decisiones equivocadas no terminen poniendo en riesgo las reglas básicas de convivencia.

En definitiva, la confianza no surge de la ausencia de conflictos. Surge de la certeza de que existen instituciones capaces de administrarlos, limitarlos y resolverlos dentro del marco democrático.

En ese marco, la modernización de la Justicia no puede seguir siendo vista como un debate reservado a especialistas. Es una pieza central de cualquier proyecto de país. La implementación plena del sistema acusatorio, la expansión del juicio por jurados, la revisión de los mecanismos de selección, evaluación y remoción de magistrados, el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura y la discusión sobre sus reglamentos internos forman parte de una agenda institucional impostergable.

Cómo se eligen los jueces, cómo se evalúa su desempeño, cómo se garantiza su independencia y cómo se remueve a quienes no cumplen adecuadamente su función no son detalles administrativos. Impactan directamente sobre la confianza pública y la calidad democrática.

Los reglamentos de concursos, la ponderación de antecedentes, las entrevistas personales y los criterios de evaluación son parte de la arquitectura institucional que determina cómo se construye confianza en el sistema. Cuando esos mecanismos fortalecen el mérito y reducen la discrecionalidad, fortalecen también la legitimidad institucional.

También será necesario avanzar hacia una actualización integral del Código Penal. Frente al crimen organizado, la ciberdelincuencia, el lavado de activos y las nuevas formas de criminalidad compleja, no alcanza con seguir agregando parches sobre una estructura normativa centenaria.

La gran discusión de los próximos años no será solamente cómo estabilizar la Argentina. Será cómo volverla más competitiva: competitiva para atraer inversiones, desarrollar talento, producir conocimiento, incorporar tecnología e insertarse en una economía global cada vez más exigente.

La inteligencia artificial profundiza ese desafío. Pero la discusión no debería comenzar en la universidad. Debería empezar en la escuela primaria, continuar en la secundaria y profundizarse en la formación superior. La pregunta no es solamente qué profesionales necesitaremos dentro de diez años, sino qué capacidades debemos comenzar a desarrollar hoy.

Pensamiento crítico, adaptación al cambio, alfabetización digital, comprensión tecnológica y aprendizaje permanente serán competencias cada vez más relevantes. El desafío no será competir contra la inteligencia artificial. Será aprender a aprovecharla y gobernar sus riesgos.

También será necesario fortalecer la calidad de la información pública. En una economía digital, la reputación dejó de ser un activo intangible para convertirse en un activo crítico. La libertad de expresión seguirá siendo un pilar esencial, pero una sociedad libre también necesita responsabilidad, verificación y conciencia sobre el daño que puede producir la manipulación deliberada de información.

Los países exitosos no son aquellos que eliminan todos los riesgos. Son aquellos que identifican anticipadamente los riesgos estratégicos y construyen instituciones capaces de administrarlos. Esa capacidad de anticipación será una de las ventajas más importantes de las próximas décadas.

El sector privado, las universidades, los medios, los profesionales y las organizaciones de la sociedad civil también tienen una responsabilidad central. Los países no se construyen únicamente desde los gobiernos. También se construyen desde sus instituciones, sus estándares y sus decisiones cotidianas.

Durante décadas Argentina discutió cómo administrar sus crisis. Los próximos años deberían estar dedicados a construir instituciones capaces de evitar que esas crisis vuelvan a repetirse.

Porque las oportunidades pueden aparecer, la confianza puede recuperarse y las expectativas pueden crecer. Pero sólo las instituciones son capaces de transformar esas oportunidades en algo duradero.

*El autor es Abogado | Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales

Posgrado en derecho procesal penal profundizado

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Jaime Peral es un alcalde con carácter. Desde 2007 gobierna Navas del Rey, un pequeño municipio madrileño de la sierra oeste de Madrid (a 50 kilómetros de la capital), que no llega a 3.500 habitantes. En 2006 abandonó el PP y dejó la presidencia de los populares en el pueblo tras enfrentarse con el que había sido su partido. Hoy lidera una formación independiente, llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. La oposición municipal, PP y PSOE, coincide en que es una especie de “cacique” que “hace lo que quiere”. En enero de 2020, por ejemplo, se plantó en una finca privada con varios operarios para quitar una puerta que el Banco Santander, dueño de los terrenos, había instalado para impedir el paso.

Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de coacciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, impone una pena de 19 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 3.420 euros, además del pago de las costas procesales. El fallo ha sido recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fallará en pocos días. “Los ricos están quedándose con los caminos vecinales, y nadie hace nada. Nadie defiende a los vecinos. He ido con este tema a la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y el SEPRONA de la Guardia Civil, y todos han pasado. Porque nadie se quiere enfrentar a los poderosos”, explica a este diario.

La historia tiene su miga. Y todo tipo de protagonistas. La puerta estaba colocada en la Finca El Santo, de unas 1.200 hectáreas. Es tan grande que ocupa superficie de tres términos municipales: Navas del Rey, Chapinería y Aldea del Fresno. Los terrenos pertenecían a Manuel Manrique, presidente de la constructora Sacyr, que en marzo de 2019 los vendió al Banco Santander para cancelar una deuda que tenía de 52 millones de euros. La finca El Santo fue la herencia que el general Martínez Campos (1830-1900), restaurador de la monarquía de Alfonso XII, dejó a sus herederos. Antes de pasar a Manrique, su propietaria era la nieta del militar, Dolores Martínez Campos, marquesa de Viesca de la Sierra.

Cuando el banco se hizo con la finca, puso vallas y puertas para cerrar los caminos que comunicaban los tres municipios. “Hay hasta ocho caminos públicos”, matiza el regidor Peral. El 13 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Navas acordó por unanimidad de todos los partidos el siguiente acuerdo con un mensaje claro al Santander: “Que atendiendo a la demanda vecinal para la recuperación de los caminos y veredas municipales que se encuentran actualmente cerrados, venimos a requerirles para que procedan a la apertura inmediata de los mismos, y en todo caso, con fecha máxima el 31 de diciembre de 2019, comunicándoles que si en dicha fecha no se ha procedido a la apertura de los mismos para uso público, estas corporaciones locales procederán a su apertura con sus medios, repercutiendo al Banco de Santander el gasto realizado”.

El Santander respondió que no

El Banco respondió que necesita tiempo para analizar si realmente había caminos públicos en su finca y solicitó al Ayuntamiento de Navas la documentación administrativa al respecto. El Santander también pidió una reunión con el Consistorio “para el estudio de alternativas y la adopción de las actuaciones más convenientes”. Dado que la finca es un coto de caza y se encuentra vallada en todo su perímetro, el banco no quería abrir los accesos. Así que Peral se plantó allí en enero de 2020 con varios operarios, un camión pluma, una retroexcavadora y un vehículo de Protección Civil y arrancó la puerta del camino que parte de la finca al embalse de Picadas. Antes había habido una reunión entre ambas partes sin acuerdo.

Altamira Santander Real Estate SA, la filial del Banco Santander que gestiona y comercializa sus activos inmobiliarios, denunció entonces al alcalde, aunque durante el proceso retiró la misma. No obstante, la Fiscalía siguió acusando. Seis años después, la Audiencia Provincial considera que la actuación del regidor constituyó una forma de violencia sobre las cosas (“vis in rebus”) destinada a obligar a la propiedad a permitir el paso por los caminos en disputa. Aunque reconoce que las entidades locales tienen potestades para recuperar bienes de dominio público, subraya que dichas facultades deben ejercerse mediante los procedimientos legalmente establecidos. Según la sentencia, en aquel momento no estaba acreditado de forma suficiente el carácter público del camino afectado, ni se había tramitado el correspondiente expediente administrativo de recuperación. Por ello, los magistrados concluyen que el alcalde recurrió a una “vía de hecho” incompatible con el ordenamiento jurídico.

María José Panadero, portavoz socialista en Navas, asegura que “el alcalde no dice la verdad cuando se excusa diciendo que cumplía órdenes del Pleno. Lo que el Pleno aprobó fue sentarse a hablar y tener reuniones con los dueños de la finca, no ir allí a la fuerza a arrancar una puerta. Además, un alcalde tiene que saber que el Pleno no manda más que la ley. Ningún político puede tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esta es la manera habitual de actuar del señor alcalde: gobernar a base de impulsos, soberbia y ‘ordeno y mando’, saltándose las normas cuando no le convienen”. La Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una pena de prisión y ha optado por una sanción económica.

Ahora la pregunta que se hacen desde la oposición es: ¿quién va a pagar los platos rotos? María Isabel Romero, portavoz del PP, recuerda que a “Jaime Peral lo han condenado a título personal por coacciones, así que exigimos garantías de que ni un solo euro del dinero de los vecinos de Navas del Rey se va a usar para pagar sus abogados y las costas del juicio. ¿Quién está pagando a sus letrados?“. El regidor asegura que a día de hoy la propiedad de la finca ha vuelto a cerrar los caminos. Preguntado sobre la multa económica, quiere esperar al recurso presentado ante el TSJM. ”Si finalmente me condenan, intentaremos cambiar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, los poderosos siguen ganando".

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración Trump a bloquear el acceso al asilo en la frontera con México, en un fallo que redefine quién tiene derecho a pedir protección en el país.

La decisión permite al gobierno impedir físicamente que los migrantes pisen suelo estadounidense; el requisito que, según la ley federal, les da derecho a solicitar esa protección.

El tribunal resolvió una pregunta que parecía simple pero tenía consecuencias enormes: ¿qué significa “llegar” a Estados Unidos? La mayoría conservadora respondió que un migrante detenido en territorio mexicano, frente a un puesto fronterizo, todavía no llegó al país y, por lo tanto, no tiene derecho a pedir refugio.

Qué es el “metering” y cómo funciona

La política en cuestión se conoce como metering —en español, “dosificación” o “devolución”— y consiste en limitar la cantidad de personas que pueden presentar una solicitud de asilo cada día en los cruces fronterizos.

En la práctica, los agentes de migración se apostaban en los puentes internacionales y en la línea fronteriza para impedir que los solicitantes pisaran suelo estadounidense. Quienes eran rechazados debían esperar en México, a veces durante semanas o meses, en condiciones precarias.

Según Telemundo, las organizaciones defensoras de migrantes documentaron campamentos improvisados sin acceso suficiente a alimentos ni atención médica. La organización Al Otro Lado —que presentó una demanda en 2017 en nombre de solicitantes de Honduras, Nicaragua y México y lleva casi una década litigando el caso— fue quien inició el desafío legal, de acuerdo con Reuters.

Qué necesita demostrar quien pide asilo

Para que el contexto quede claro: el asilo es una protección legal que permite a una persona permanecer en un país cuando regresar al suyo representa un peligro real. En Estados Unidos, la ley exige demostrar temor de persecución por alguna de estas razones:

• Raza;
• Religión;
• Nacionalidad;
• Pertenencia a un grupo social específico;
• Opinión política.

Quien obtiene asilo no puede ser deportado, tiene derecho a trabajar legalmente, puede traer a su familia inmediata y puede solicitar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía.

Con el fallo de este jueves, ese proceso empieza —o no— dependiendo de si el migrante logra poner un pie en territorio estadounidense.

El voto: seis a favor, tres en contra

Los seis jueces conservadores —Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron a favor de la administración Trump.

Las tres juezas liberales —Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor— disintieron, según confirmaron The Guardian y AP.

La palabra de Alito y Sotomayor

La opinión mayoritaria, redactada por Alito, argumentó: “Un invitado no llega a una casa cuando toca la puerta”, según AP. También sostuvo que los migrantes detenidos en México no “llegan” por el simple hecho de “intentar, sin éxito, entrar en este país”, de acuerdo con The New York Times.

Sotomayor leyó su disidencia desde el estrado —un gesto poco frecuente que indica profundo desacuerdo— y la extendió a 35 páginas, casi el doble que la opinión mayoritaria, según The Guardian.

En su texto, advirtió que la decisión le permite al gobierno ignorar una amplia gama de leyes que protegen a los solicitantes de asilo con solo bloquearles la entrada:

“Pueden hacerlo incluso si el solicitante de asilo está en el umbral de un puerto de entrada designado para recibir a todos los no ciudadanos que buscan ingresar al país. Incluso si el puerto de entrada tiene capacidad suficiente para atenderlo”, indicó. Y agregó: “Incluso si el solicitante de asilo tiene la certeza de ser perseguido, o asesinado, si es rechazado”.

Su conclusión fue directa: la mayoría “apaga lamentable y trágicamente la luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad”.

Alito respondió en el acto —otro momento inusual— y defendió su postura al señalar que la política había sido aplicada durante dos administraciones presidenciales, de acuerdo con AP.

Por qué importa el fallo más allá del metering

La política de dosificación no está en vigor en este momento. Fue derogada por la administración de Joe Biden en 2021, pero la administración Trump recurrió a la Justicia para tener la flexibilidad de restablecerla como herramienta de control fronterizo, consignó The New York Times.

La administración Trump ya impuso otras restricciones al asilo desde que volvió al poder en enero de 2025, y algunas de ellas también enfrentan desafíos judiciales.

La mayoría conservadora de la Corte se mostró receptiva a los argumentos de poder presidencial de Trump y emitió varias órdenes temporales que le permitieron avanzar con sus políticas mientras los casos seguían en tribunales inferiores. El retraso acumulado en el sistema de asilo roza los cuatro millones de casos pendientes, con esperas prolongadas para las audiencias, según The New York Times.

La Corte también registró al menos una excepción notable: rechazó el pedido de Trump para desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Chicago, pese a la política de mano dura que caracteriza a su segundo mandato.

Un juez de Rhode Island rechazó este mes la suspensión indefinida de solicitudes de asilo impuesta por el gobierno. Un tribunal de apelaciones de Washington dictaminó en abril que la administración no podía negar de manera categórica las solicitudes de quienes cruzan desde México, según The New York Times.

El recorrido de una política de tres administraciones

Otros casos de inmigración que la Corte aún debe resolver

El fallo de este jueves no cierra el debate migratorio en la Corte. De acuerdo con Reuters, los jueces tienen pendientes dos decisiones más con plazo estimado para finales de junio:

• Ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship): Trump firmó un decreto para restringir el derecho automático a la ciudadanía estadounidense para quienes nacen en el país. Su legalidad todavía está en disputa.
• Protecciones temporales: la administración busca revocar el estatus migratorio temporal de más de 350.000 haitianos y alrededor de 6.100 sirios que viven en Estados Unidos.

Ambas decisiones pueden ampliar o limitar el margen de acción del gobierno federal sobre la población migrante que ya reside en el país.

El Gobierno oficializó esta mañana 47 nuevas designaciones de jueces y fiscales federales que habían sido aprobados por el Senado a comienzos de mes. En esa sesión se movilizaron un total de 74 pliegos y el presidente Javier Milei ya había decretado 23 de esos pliegos en días anteriores. Quedan un total de cuatro pliegos de nombramientos por aprobarse, pero el Gobierno afirma que no los oficializará hasta nuevo aviso porque corresponden a “tribunales no habilitados”.

La noticia de la gran cantidad de nombramientos se conoció esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial, pero pasó desapercibido que el Ejecutivo decidió no nombrar a María Verónica Michelli, quien fue aprobada por el Senado como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpretó como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En ese marco, con el pasar de los días, el oficialismo diagramó otra versión para justificar ese veto de Milei. En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumentó: “El cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

En ese mismo sentido se expresaron esta mañana desde el entorno del ministro de Justicia. “Insistimos en que no hay una discrecionalidad. Los únicos cuatro nombramientos que no salieron corresponden a tribunales que hacen falta que estén habilitados”, afirman, ejemplificando nuevamente con el caso de Ana Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene bajo su paraguas el desarrollo de la causa $LIBRA, la cual compromete a los hermanos Milei.

La prueba de fuego para determinar si se trata de un argumento aplicable al de Michelli o no será cuando se constituyan los tribunales a través de los mecanismos correspondientes, porque, en un principio, Milei no puso peros a los otros tres jueces designados pero sí a Michelli. Tampoco existe normativa por la cual se establezca que una designación no puede efectivizarse hasta la constitución misma del juzgado en cuestión. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará (el decreto de nombramiento). El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó“, elaboró Mahiques en un principio.

Para argumentar su posición, en Justicia afirman que “también hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años”. Ponen como ejemplos tres casos particulares.

Uno es el de Martín Miguel Innocente, con acuerdo del Senado como Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Roque Saenz Peña (Chaco) en octubre de 2020. Su designación sigue pendiente. El mismo caso sucede con Zunilda Niremperger, Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia (Chaco). También está el caso de Luis Francisco Valencia, Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal (Salta).

En tanto, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en juzgados federales de distintos puntos del país, en una ofensiva que busca acelerar la política judicial del Gobierno antes de que cambie la actual relación de fuerzas en la Cámara alta. Con esta remisión, el Ministerio de Justicia ya acumula 170 pliegos desde el inicio de la gestión.

La decisión llegó el mismo día en que se oficializaron 47 nombramientos judiciales en el Boletín Oficial. Antes de viajar por tres días a España para participar de una conferencia, Milei firmó los decretos de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado. El nuevo paquete remitido a la Cámara alta no incluye cargos de Comodoro Py, aunque en el Gobierno aseguran que podría haber novedades en las próximas semanas. Ese movimiento coincide con el avance del Consejo de la Magistratura sobre algunos de los concursos más sensibles del Poder Judicial.

El presidente Javier Milei envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de llenar vacantes en los juzgados Federales. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Cámara alta recibió un total de 21 candidaturas, lo cual termina de computar un total de 170 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desde que empezó la gestión.

Se trata de una nuevo acelerón de la política judicial libertaria, que busca aprovechar los apoyos circunstanciales que tiene en el Senado, para llenar el amplio número de vacantes que había en la Justicia hasta el arribo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia.

Esta mañana y antes de irse por tres días a España para participar de una conferencia, el Presidente firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado.

La lista de 21 jueces y fiscales que Milei envió ayer y que quiere que se apruebe en el Senado está compuesta por los siguientes nombres:

1. Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal.
2. Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal.
3. Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal.
4. Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal.
5. Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal.
6. Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
7. María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
8. Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.
9. María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.
10. Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.
11. Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal.
12. Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
13. Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta.
14. Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6.
15. Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2.
16. Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
17. Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
18. Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J
19. Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
20. Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
21. Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

En tanto, el Ejecutivo decidió excluir a María Verónica Michelli de la lista, aunque desde el Ministerio de Justicia aclaran que “no se firmó ningún decreto de los tribunales habilitados”. Y es que ese es el nuevo argumento que utilizan las autoridades del Gobierno para marcar que la abogada votada para ocupar un lugar en el Juzgado Federal de La Plata no tenga una designación formal.

Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpreta como un mensaje político desde la Casa Rosada.

En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.

El listado de 21 pliegos al que accedió Infobae no cuenta con juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque aseguran que en las próximas semanas podría haber novedades. Y es que el Consejo de la Magistratura está tratando algunos de los puestos más sensibles de todo el Poder Judicial. Por caso, a principios de mes se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Quienes corren con las chances de ser elegidos son Yadarola y Bertuzzi.

En una sesión realizada semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este jueves de “escandalosa” la filtración de conversaciones privadas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha advertido que el caso permitirá evaluar si la Justicia actúa con la misma vara de medir que usó en el proceso contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El propio Zapatero se plantea emprender acciones legales después de que se haya difundido de manera íntegra el contenido de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

En los últimos días se ha difundido documentación que, a juicio del expresidente, y según aseguraron fuentes de su entorno, excedía ampliamente el objeto de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. “Si se inician acciones legales, vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad en función de hechos similares o, desde luego, más graves, en este caso”, ha afirmado el ministro en los pasillos del Congreso, según declaraciones recogidas por Efe.

El titular de Transportes ha marcado una distinción entre ambos casos: la filtración que afectó a la Fiscalía buscaba desmentir una información que decía “exactamente lo contrario a lo que había sucedido”, mientras que en el caso de Zapatero se habrían difundido datos personales, aspectos de su intimidad, su agenda y conversaciones privadas, algo que calificó de “gravísimo” e “inaceptable”. Entre los detalles filtrados, Puente ha mencionado que se llegó a publicar que Zapatero “se hace las cejas”, además de distribuirse las claves de sus correos electrónicos y el contenido de cenas privadas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha respaldado desde la Cámara Baja al expresidente y afirmó que el Gobierno mantiene “la confianza” en Zapatero y “la presunción de inocencia”. “Hasta que no se demuestre la culpabilidad, una persona es inocente”, subrayó Redondo. En este sentido, el diputado socialista José Zaragoza ha lamentado que “se está instruyendo el sumario en los medios de comunicación” a causa de las filtraciones, lo que a su juicio deriva en “una caza a la persona” y genera “la sensación de que la Constitución no se está respetando”.

El PP justifica que los mensajes son parte de la investigación

Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha optado por la prudencia y se limitó a señalar que “esos mensajes forman parte de una investigación de la UDEF” y que lo relevante es “lo que piense el juez sobre esos mensajes y esos pagos”, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. La diputada de CC, Cristina Valido, también ha preferido no adelantar valoraciones: “No me voy a pronunciar sobre informaciones de menos de 24 horas”, dijo, y añadió que “hablar de más en estos temas puede hacer daño gratuito”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado una regulación de “la frontera entre la asesoría y el tráfico de influencias” en la figura de los expresidentes del Gobierno, a la vez que consideró que Zapatero “debería dar explicaciones, ya tarda”. Rufián también ha criticado la habitualidad de las filtraciones y auguró que si algún juzgado lo investigara a él, “se va a filtrar en algún digital de derechas”.

Enrique Santiago, de IU y Sumar, ha incidido en la necesidad de regular las actividades de los expresidentes, al señalar que lo que para José María Aznar y Felipe González se considera consultoría “para otros parece ser que es tráfico de influencias”. Por su parte, Aina Vidal, diputada de Comuns y Sumar, pidió esperar a que las informaciones “se vayan contrastando” antes de emitir un juicio sobre “la envergadura” del caso.

Andrés Ibáñez, de Compromís y Sumar, puso el foco en el daño democrático que supone que se filtre si Zapatero “fue a la peluquería, al médico o comió con un periodista”, y calificó esas prácticas de gravemente perjudiciales para la democracia.

Con información de Efe

La investigación que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido a la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero gira en torno a una pregunta muy concreta: ¿Cobró el expresidente por prestar un servicio legítimo de asesoramiento internacional o por utilizar su capacidad de influencia ante las autoridades bolivianas en beneficio de un gran grupo empresarial?

Esa es la cuestión que sobrevuela las más de mil páginas de documentación analizadas por los investigadores. Porque los hechos esenciales, a estas alturas, apenas se discuten. La Policía da por acreditado que Zapatero percibió 200.000 euros a través de un contrato de consultoría firmado en mayo de 2024. También considera probado que, tras ese acuerdo, desarrolló una intensa actividad relacionada con Bolivia, mantuvo contactos con miembros del Gobierno de Luis Arce y participó en gestiones vinculadas a los intereses del Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú.

Lo que está por determinar es si todo eso constituye una actividad de asesoramiento perfectamente legal o si, como sostiene la UDEF, forma parte de una dinámica de intermediación e influencia que podría tener relevancia penal.

El dinero está acreditado; la discusión es por qué se pagó

La pieza central del caso es un contrato firmado el 10 de mayo de 2024 entre Zapatero y la sociedad peruana Focus Social Research (FSR), representada por Mariano Carranza. A partir de ese acuerdo se emitieron tres facturas que dieron lugar a pagos por un importe total de 200.000 euros. Hasta ahí, el asunto podría parecer una consultoría internacional más.

Sin embargo, la investigación policial sostiene que la sociedad contratante no era quien realmente estaba detrás de la operación. La UDEF considera que la documentación intervenida apunta de forma reiterada hacia el Grupo Gloria, un gigante empresarial peruano con importantes intereses en Bolivia a través de su filial cementera Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE). Y es precisamente ahí donde empiezan las preguntas.

Porque quien negocia el contrato, intercambia borradores, coordina la firma, remite documentación relacionada con la consultoría y mantiene contacto permanente con el entorno de Zapatero no es un representante visible de Focus Social Research. Es Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del Grupo Gloria.

Para los investigadores, esa circunstancia resulta difícil de encajar con la versión formal de los hechos. Si la consultoría era para Focus Social Research, se preguntan, ¿por qué las gestiones las dirigía una directiva del Grupo Gloria? La sospecha policial es que Focus Social Research habría actuado como vehículo contractual de una relación cuyo verdadero beneficiario era el grupo empresarial peruano.

Una exembajadora que conecta todas las piezas

La investigación sitúa en el origen de la operación a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y figura con una extensa agenda de contactos políticos y empresariales. Las conversaciones intervenidas muestran que Almendras llevaba años manteniendo contacto con Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero. Pero el punto de inflexión llega en mayo de 2024, cuando organiza una serie de reuniones en Madrid que desembocan en la firma del contrato.

Primero se celebra un encuentro preparatorio. Después, una segunda reunión en la oficina de Ferraz a la que asisten Zapatero, Almendras y varios representantes empresariales. A partir de ahí, la exembajadora facilita el contacto de Ana María Ospina y desaparece progresivamente de la negociación contractual, aunque continúa desempeñando un papel central en las gestiones posteriores.

Para la UDEF, Almendras actúa como el puente que conecta a Zapatero con los intereses empresariales que acabarán protagonizando la investigación. Y es precisamente después de la firma cuando el contenido de las conversaciones empieza a adquirir una relevancia especial.

De la consultoría a los litigios de SOBOCE

Los investigadores destacan que, una vez formalizado el acuerdo, la documentación intercambiada entre los distintos participantes deja de girar alrededor de cuestiones genéricas de asesoramiento internacional y se concentra en un asunto muy concreto: los problemas judiciales que afectaban a SOBOCE en Bolivia.

La Policía ha localizado informes jurídicos, documentación procesal, análisis sobre posibles salidas al conflicto y propuestas de actuación relacionadas con los litigios que enfrentaban a la compañía con el Estado boliviano y con la empresa FANCESA. También aparecen reuniones telemáticas con altos ejecutivos del Grupo Gloria y de SOBOCE, entre ellos Luis Díaz Olivero, vicepresidente del grupo peruano, y Francisco Shwortshik, consejero delegado de la cementera boliviana.

La relevancia de este punto es evidente. Si la consultoría contratada consistía en asesoramiento estratégico internacional, resulta llamativo que buena parte de las actuaciones posteriores se concentren en un litigio empresarial específico que afectaba a una compañía vinculada al grupo cuyos directivos aparecen de forma recurrente en las conversaciones.

El acceso a las autoridades bolivianas

La parte más delicada del informe llega cuando la investigación abandona el ámbito empresarial y entra en el terreno político. La UDEF documenta contactos directos entre el entorno de Zapatero y el núcleo del Gobierno boliviano. No se trata de interlocutores secundarios, sino de responsables situados en el entorno más próximo al presidente Luis Arce.

Las conversaciones muestran cómo Gertrudis Alcázar coordina reuniones con María Nela Prada, ministra de la Presidencia, y con Fabiola Salazar, jefa de Gabinete del mandatario boliviano. Gracias a esas gestiones se organiza el viaje que Zapatero realiza a Bolivia en septiembre de 2024. Durante esa visita, el expresidente mantiene encuentros con Luis Arce y con miembros de su Gobierno mientras continúan activas las conversaciones sobre la situación de SOBOCE.

La investigación considera especialmente significativo que, en vísperas del viaje, Zapatero pidiera información actualizada sobre el conflicto de la cementera y recibiera documentación con posibles alternativas para resolverlo.

La secuencia se prolonga durante los meses siguientes. Aparecen peticiones para organizar reuniones con ministros, contactos para facilitar encuentros con responsables del área de Justicia y nuevas gestiones dirigidas al entorno presidencial. En mayo de 2025, por ejemplo, la investigación recoge mensajes en los que Zapatero solicita hablar con Luis Arce y pide acceso al Procurador General del Estado boliviano.

Dónde sitúa la UDEF la posible relevancia penal

La Policía no sostiene que sea ilegal cobrar por asesorar a una empresa. Tampoco que resulte ilícito mantener reuniones con dirigentes extranjeros. La sospecha surge cuando ambas circunstancias aparecen conectadas.

La tesis de los investigadores es que los pagos, los contactos institucionales y las gestiones relacionadas con los intereses de SOBOCE forman parte de una misma secuencia orientada a beneficiar a un cliente privado mediante la utilización de acceso privilegiado a centros de decisión política. Ese es el motivo por el que la UDEF habla de una posible dinámica de intermediación e influencias.

Sin embargo, el informe también deja abiertas varias incógnitas. La investigación no identifica pagos a funcionarios públicos, no recoge órdenes dirigidas a alterar resoluciones judiciales ni contiene pruebas directas de sobornos. Su construcción se apoya fundamentalmente en la concatenación de indicios: los pagos, las reuniones, las conversaciones y el interés constante por la evolución de los procedimientos que afectaban a SOBOCE.

Por eso la gran cuestión jurídica del caso sigue siendo la misma que al principio: si la documentación describe una actividad de consultoría internacional y relaciones institucionales dentro de los márgenes de la legalidad o si, por el contrario, revela el ejercicio retribuido de una influencia política que pueda tener encaje en el Código Penal.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero estudia emprender acciones legales después de que se hayan incorporado al procedimiento judicial del caso Plus Ultra y hayan trascendido el contenido íntegro de sus agendas de 2024 y 2025, así como las conversaciones privadas que mantuvo con su secretaria, Gertrudis Alcázar. La posibilidad ha sido confirmada por fuentes de su entorno a EFE, que denuncian la difusión de documentación que, a su juicio, excede ampliamente el objeto de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

El malestar se ha instalado en el círculo más próximo al expresidente después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama remitiera a todas las partes personadas en la causa no solo el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sino también los anexos completos utilizados por los investigadores para elaborarlo. Entre ese material figuran más de mil páginas con el volcado íntegro del chat de WhatsApp entre Zapatero y Alcázar, además de las agendas completas del exdirigente socialista correspondientes a los dos últimos años.

La defensa del expresidente considera que antes de facilitar esa documentación debería haberse realizado un filtrado previo para separar la información relevante para la investigación de aquella que pertenece al ámbito estrictamente privado. Las fuentes consultadas sostienen que la difusión de agendas y conversaciones personales de quien fue presidente del Gobierno constituye una situación excepcional y cuestionan que no se haya efectuado ningún tipo de expurgo antes de incorporar el material al sumario.

El origen de la polémica

La controversia nace a raíz del último informe elaborado por la UDEF, fechado el pasado 22 de junio. En ese documento, los investigadores sostienen que Zapatero habría cobrado 200.000 euros por realizar labores de intermediación en favor del grupo empresarial peruano Gloria ante el Gobierno de Bolivia. Según la Policía, esas gestiones buscaban evitar que la compañía afrontara una multa millonaria impuesta por la justicia boliviana.

Para llegar a esa conclusión, los agentes analizaron información obtenida del teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, intervenido el pasado 19 de mayo, así como documentación localizada en la oficina que el expresidente mantiene en Madrid. A ello se sumaron las anotaciones contenidas en sus agendas y otros elementos que permitieron reconstruir reuniones, desplazamientos y contactos mantenidos durante los últimos años.

Dos años de actividad al descubierto

Las agendas incluidas en los anexos ofrecen una fotografía prácticamente completa de la actividad diaria del expresidente durante 2024 y 2025. En ellas aparecen viajes internacionales, reuniones políticas, encuentros empresariales, comidas de trabajo, actos institucionales y compromisos privados.

Entre las anotaciones figuran desplazamientos a distintos países, entre ellos Bolivia, cuyas actividades son especialmente relevantes para la investigación policial. Pero también aparecen viajes a otros destinos como China, Turquía, Venezuela o República Dominicana, además de reuniones con representantes políticos de diferentes sensibilidades, empresarios, responsables editoriales y directivos de grupos de comunicación.

Las agendas también recogen encuentros con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, con antiguos integrantes del Ejecutivo y con destacados dirigentes políticos. Se trata, en definitiva, de una relación exhaustiva de la actividad pública y privada desarrollada por el expresidente a lo largo de los dos últimos años.

Conversaciones más allá de la investigación

La misma discusión afecta al contenido de los mensajes intercambiados con Gertrudis Alcázar. Las conversaciones reflejan la intensa actividad diaria de coordinación entre ambos, pero también incluyen cuestiones completamente ajenas a la investigación. En esos chats aparecen gestiones relacionadas con viajes familiares, reservas hoteleras, encargos personales y otros asuntos cotidianos que nada tienen que ver con las sospechas que investiga la Audiencia Nacional.

El teléfono de Alcázar se convirtió en una pieza clave para los investigadores después de que el juez rechazara autorizar la incautación del móvil personal de Zapatero o la entrada y registro en su domicilio. Como consecuencia, buena parte de las comunicaciones analizadas proceden de las conversaciones mantenidas entre el expresidente y su colaboradora más cercana.

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para entregar su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado dentro de la causa judicial que instruye contra ella. La entrega de este documento forma parte de las restricciones impuestas a petición de las acusaciones populares que sostienen el procedimiento, después de que el magistrado decidiera el pasado sábado la apertura de juicio oral y estableciera varias obligaciones destinadas a garantizar su disposición ante la Justicia.

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en vehículo y a través del garaje del edificio, una medida excepcional autorizada por la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco. La decisión ha respondido a razones de seguridad planteadas por el dispositivo encargado de su protección, que había alertado sobre la existencia de un clima de hostilidad en las inmediaciones de los juzgados durante anteriores comparecencias.

Según el informe elaborado por su equipo de seguridad, existe un “ambiente hostil y de rechazo social evidente” que se traduce en ocasiones en interpelaciones directas, insultos mediante sistemas de megafonía y la exhibición de pancartas por parte de personas concentradas en los alrededores del complejo judicial. Con el objetivo de evitar incidentes que pudieran afectar a su integridad física, se autorizó el acceso por una zona restringida habitualmente reservada para determinados desplazamientos de carácter sensible.

La entrega del pasaporte constituye una de las principales consecuencias prácticas de las medidas cautelares acordadas por el instructor. Además de la retirada de la documentación necesaria para viajar al extranjero, el juez estableció la prohibición de abandonar territorio español y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial cada quince días.

Reacción política tras la decisión judicial

La decisión de Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez provocó una inmediata reacción en el seno del Gobierno y del PSOE. Desde el Ejecutivo se difundió una nota en la que se cuestionaba duramente la actuación del magistrado y el desarrollo de la instrucción. El texto sostenía que la resolución judicial evidenciaba una “persecución”, una “obsesión” y una actuación “desproporcionada” por parte del juez.

En esa misma comunicación, el Gobierno afirmó que la investigación desarrollada durante los últimos meses carece de fundamento jurídico suficiente y respondió únicamente a motivaciones políticas. Las críticas se produjeron apenas unos días después de conocerse la decisión de abrir juicio oral y de imponer las medidas cautelares ahora ejecutadas con la entrega del pasaporte.

La comparecencia de Gómez ante los juzgados tuvo lugar, además, pocas horas después de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Durante su discurso, el presidente del Gobierno se refirió a las distintas causas judiciales que afectan a personas de su entorno más próximo y que han adquirido un importante protagonismo político durante los últimos meses.

Sánchez aludió expresamente a la situación de su esposa y de su hermano, recientemente juzgado, para denunciar lo que considera una estrategia de desgaste basada en acusaciones sin fundamento. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, afirmó durante su intervención parlamentaria.

La polémica por los escoltas y el riesgo de fuga

Uno de los aspectos más controvertidos del auto dictado por Juan Carlos Peinado fue la argumentación utilizada para justificar la necesidad de imponer medidas cautelares. El magistrado abordó expresamente la circunstancia de que Begoña Gómez disponga de escolta policial permanente debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno.

En su resolución, el juez sostuvo que la existencia de un dispositivo de protección no elimina la posibilidad de una eventual fuga al extranjero. Más aún, planteó la hipótesis de que los propios agentes encargados de su seguridad pudieran colaborar en una eventual salida de España.

El auto señala que esos funcionarios podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” para facilitar una acción destinada a impedir que la acusada permaneciera a disposición de la Justicia. Con ese razonamiento, el instructor rechazó que la presencia constante de escoltas constituyera una garantía suficiente para descartar el riesgo de fuga.

La referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generó una reacción institucional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó una queja ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, al considerar que las afirmaciones contenidas en el auto suponían un “grave cuestionamiento” de la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de autoridades.

La polémica no quedó limitada al ámbito político. El pasado lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó trasladar el asunto a la autoridad disciplinaria competente para que analice si las manifestaciones incluidas por el magistrado en su resolución pueden constituir una infracción disciplinaria.

Si los mensajes extraídos del móvil de Rodolfo Reyes acabaran siendo expulsados de la causa Plus Ultra, la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero entraría en una fase completamente distinta. Los chats obtenidos en Estados Unidos se han convertido en una de las piezas centrales de los informes de la UDEF y en uno de los principales soportes de la imputación del expresidente.

Sin embargo, la causa no se construyó únicamente sobre esas conversaciones. La documentación incorporada al sumario muestra que los investigadores ya manejaban pagos, contratos, informes financieros, registros y otras comunicaciones antes incluso de que el contenido del teléfono llegara a España en marzo de 2026.

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La relevancia que ha adquirido el móvil de Reyes explica por qué la Audiencia Nacional ha puesto el foco en su validez procesal. El dispositivo fue intervenido por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) en el aeropuerto de Miami en 2021 y su contenido fue remitido a la Policía española cinco años después. Desde entonces, los mensajes hallados en ese teléfono han ocupado un lugar central en la investigación, al recoger conversaciones entre empresarios y personas vinculadas a Plus Ultra en las que se menciona reiteradamente a Zapatero como una figura con capacidad de influencia en las gestiones relacionadas con el rescate de la aerolínea.

No se trata de conversaciones mantenidas por el propio expresidente, sino de referencias realizadas por terceros. Aun así, los investigadores consideran que esos mensajes aportan contexto a la hipótesis que sostiene la acusación y ayudan a explicar el supuesto papel desempeñado por Zapatero durante los meses en los que se tramitó la ayuda pública a la compañía.

Precisamente por esa importancia, la posibilidad de que esos chats no puedan utilizarse en un eventual juicio ha abierto un debate sobre qué elementos probatorios seguirían sosteniendo la causa.

Una investigación que ya apuntaba a Zapatero antes de los chats

Aunque la llegada del móvil de Reyes marcó un punto de inflexión en la investigación, la cronología del caso muestra que la causa ya avanzaba antes de que los mensajes aterrizaran en España.

El dato resulta especialmente relevante porque desmonta la idea de que todo el procedimiento nació a partir de esa prueba. El volcado del teléfono fue entregado a la UDEF el 18 de marzo de 2026. Sin embargo, semanas antes, el 23 de febrero, la jueza María Tardón Collazos ya había remitido el procedimiento a la Audiencia Nacional y había descrito una serie de indicios que, a su juicio, justificaban continuar la investigación.

Aquellos indicios no procedían de Estados Unidos. Procedían de registros practicados en España, análisis patrimoniales, documentación mercantil y otras diligencias desarrolladas durante meses por los investigadores.

Por eso, incluso entre los juristas que consideran que el móvil es una prueba fundamental, existe consenso en que una eventual exclusión de esos mensajes no supondría automáticamente el archivo del procedimiento.

El dinero como principal línea de acusación

Si el móvil desapareciera del sumario, buena parte del peso de la investigación recaería sobre la documentación económica recopilada hasta ahora. Los informes incorporados a la causa señalan la existencia de pagos por aproximadamente 490.780 euros a favor de Zapatero y otros 236.125 euros dirigidos a Whathefav, una sociedad vinculada a sus hijas. Según la investigación, esos fondos procedían de la consultora Análisis Relevante.

La importancia de estos movimientos es que no dependen de ninguna conversación telefónica. Se sustentan en transferencias bancarias, documentación fiscal, registros mercantiles y análisis financieros realizados por Hacienda y por la propia UDEF.

La cuestión jurídica pendiente no es la existencia de esos pagos, sino su significado. Los investigadores sostienen que podrían estar relacionados con las gestiones realizadas en torno al rescate de Plus Ultra, mientras que las defensas rechazan esa interpretación.

Junto a esos movimientos económicos aparece otro de los documentos que los investigadores consideran relevantes: el conocido como contrato del “1%”. Según la documentación incorporada al procedimiento, ese acuerdo contemplaría el pago de una comisión equivalente al 1% del rescate a determinados intermediarios en caso de que la operación llegara a buen puerto.

Los mensajes obtenidos en España

La investigación tampoco depende exclusivamente de las conversaciones halladas en el móvil de Reyes. Entre las diligencias practicadas figura el denominado chat “Danilo-España”, localizado durante el registro efectuado al abogado Miguel Palomero. En esas conversaciones aparecen referencias a una persona identificada como “Z” o “Zorro”, que los investigadores vinculan con Zapatero.

A diferencia de los mensajes procedentes de Miami, estas comunicaciones fueron obtenidas directamente en España y forman parte del material recopilado por la investigación con independencia de la cooperación judicial con Estados Unidos. Su valor probatorio es distinto al del teléfono de Reyes y su interpretación también está sujeta a controversia, pero constituyen una línea de investigación autónoma que permanecería intacta aunque el contenido del móvil fuera excluido.

A ello se suman agendas, anotaciones y registros de reuniones incorporados al sumario. Entre la documentación analizada figuran referencias a encuentros mantenidos durante los meses en los que se tramitó el rescate de Plus Ultra y a contactos entre distintos protagonistas de la operación.

Las joyas y el debate sobre las pruebas derivadas

La cuestión del móvil de Rodolfo Reyes también afecta indirectamente a otra de las derivadas más recientes de la investigación: las joyas halladas por la UDEF durante el registro de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz.

Aquel operativo, practicado el 19 de mayo por orden judicial, permitió a los agentes intervenir documentación, dispositivos electrónicos, agendas y una caja fuerte en la que se localizaron joyas y relojes cuyo origen se encuentra ahora bajo examen. El hallazgo llevó al juez Calama a abrir una pieza separada y a investigar posibles delitos de contrabando y fraude fiscal relacionados con esos bienes.

Los chats del móvil de Reyes ya formaban parte de la investigación cuando el juez ordenó los registros practicados en mayo y fueron utilizados por la UDEF para reforzar algunos de sus informes. Por ello, si esa prueba acabara siendo anulada, las defensas podrían intentar cuestionar hasta qué punto determinadas diligencias posteriores —entre ellas registros, incautaciones o nuevas líneas de investigación— guardan relación con los indicios obtenidos a partir de ese material. La respuesta dependería de la capacidad de los investigadores para acreditar que esas actuaciones contaban también con otros elementos de respaldo independientes.

El papel de los informes periciales y los testigos

Otra de las piezas que seguirían formando parte de la causa son los informes técnicos y financieros elaborados durante la instrucción. La investigación cuenta con análisis realizados por la UDEF, Hacienda y distintos expertos sobre la situación financiera de Plus Ultra, la circulación de fondos entre empresas vinculadas al procedimiento y la viabilidad económica de la aerolínea en el momento en que recibió la ayuda pública.

Entre ellos destaca la documentación elaborada por Deloitte para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), utilizada para evaluar la situación de la compañía en el contexto del rescate. Estos informes tienen una importancia particular porque se apoyan en documentación objetiva: balances, movimientos bancarios, registros contables y documentación mercantil. Su validez no depende de la admisión o exclusión del teléfono de Rodolfo Reyes.

La investigación también contempla la posible declaración de varios de los protagonistas del caso. Entre ellos figuran el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Julio Martínez Martínez o el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola. La eventual relevancia de esos testimonios dependerá de su capacidad para corroborar documentalmente las operaciones económicas, las reuniones y los contactos que ya aparecen reflejados en otras piezas del sumario.

La Audiencia Nacional ha decidido detener la deportación de una familia venezolana y permitir su entrada a España, al considerar que podrían existir razones humanitarias que las autoridades no tuvieron en cuenta al rechazar su solicitud, según ha informado este miércoles la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un comunicado.

La familia, que incluye un menor, solicitó protección internacional en el aeropuerto de Madrid Barajas los pasados 10 y 11 de junio, pero su petición fue rechazada poco después, el día 18, porque el Ministerio del Interior consideró que sus argumentos eran “insuficientes e inverosímiles”, por lo que CEAR presentó un recurso judicial. La organización asegura que las autoridades no se pronunciaron sobre las razones humanitarias que hasta hace pocos días sí permitían la entrada de personas venezolanas en situaciones similares.

El cambio se debe a una nueva instrucción del Ministerio del Interior, que desde el 12 de junio dejó de conceder permisos de residencia por razones humanitarias, al considerarlo incompatible con las normas del Pacto Europeo de Migración y Asilo que entraron en vigor en esa misma fecha. No obstante, CEAR sostiene que las razones humanitarias siguen siendo válidas según la ley española y europea.

“La configuración legal y la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo distinguen expresamente las razones humanitarias de los estatutos de protección internacional, por lo que el Ministerio de Interior no se puede escudar en su entrada en vigor para dejar de aplicar una previsión legal que no ha sido derogada”, señala Elena Muñoz, coordinadora de Jurídico de CEAR.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a esta organización y ha ordenado que se reconsideren los motivos humanitarios en el caso de esta familia, sobre todo porque hay un menor y la ley exige especial atención en casos de vulnerabilidad. El tribunal también señala que el riesgo de deportar a esta familia es alto, por lo que confirma que deben quedarse en España mientras se revisa su caso.

Bajan un 13% las peticiones de asilo

Según los datos del último informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional en 2025, un 13,7% menos respecto a 2024, a pesar de que los conflictos, persecuciones u otros actos violentos no han dejado de aumentar en todo el mundo. Esta cifra supone un 4% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se ha interrumpido la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.

La organización explica que ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”.

América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.

La conocida como ‘trama Leire’, formada por la ‘fontanera’ socialista, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, recurrieron a todo tipo de trucos contables para cobrar mordidas de empresas que se beneficiaron de contratos públicos gracias a la intermediación de este trío (los tres están imputados en la Audiencia Nacional). Para ello llegaron a utilizar la marca del Fútbol Club Barcelona para camuflar los pagos que recibieron de la sociedad Erri Berri SL, una compañía de Olite (Navarra) especializada en grandes demoliciones. En concreto, Erri Berri habría intervenido en el derribo de la estructura del antiguo Camp Nou para que la parcela fuera ocupada por el nuevo estadio.

El último informe de la UCO incorporado a la causa revela que Erri Berri, controlada por la sociedad Beyol Gestion, fue la adjudicataria de las obras de desmantelamiento del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en la ciudad de Avilés. Beyol, es decir, Erri Berri, está administrada por Félix Azcona, que también controla una tercera firma, Reciclajes y Derribos Olite. Erri Berri se llevó este contrato público de demolición por 2,85 millones de euros, adjudicado por SEPIDES, una filial de la sociedad mercantil SEPI. El informe de los agentes de la Guardia Civil señalan que este contrato fue adjudicado inicialmente a otra firma, pero que Erri Berri presentó un recurso que anuló el contrato gracias a las indicaciones que le dio Leire. Desde ese momento, Erri Berri estaba en deuda con la trama.

Leire, Fernández y Alonso no solo consiguieron que SEPIDES anulara el primer contrato, sino que en el segundo, la oferta de Erri Berri, anormalmente baja, fue aceptada por la Mesa de Contratación, que adjudicó el contrato a Erri Berri en diciembre de 2021. La UCO desvela en su informe los mensajes que intercambiaron los tres señalando que en este contrato “nos jugamos todos mucho”. La verdad es que el informe explica muy bien cómo se amaña un contrato. Tras la victoria de Erri Berri, otra empresa quiso presentar un recurso, pero Vicente Fernández ya sabía cómo tumbar este recurso porque “he quedado con la presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros”. Esta presidenta ya había estado a las órdenes de Fernández cuando este dirigía la SEPI.

¿Cómo consiguió la trama que este recurso no prosperase? Aplicando jurisprudencia que ya se había fijado en Aragón. Una vez formalizado el contrato, no cabe un recurso especial. “Formaliza ya. No esperes más. Cuanto antes lo formalices mejor”, escribió Fernández al presidente de la Mesa de Contratación. “Nos los vamos a follar”, fue la respuesta que obtuvo. Aunque la empresa afectada había presentado su recurso dentro del plazo legal, su trámite se retrasó unos días para que antes se formalizase el contrato con Erri Berri y dejar, por tanto, el recurso sin efecto.

Un año de trabajo

Una vez conseguida la adjudicación a favor de Erri Berri, Fernández, Leire y Alonso se felicitaron en un chat que compartían. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y otros, gracias al esfuerzo de los tres (...) este es el camino”. El informe de la UCO revela también que en todo es proceso fueron ayudados por la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ordiz Fuertes, nombrada en 2021 por María Jesús Montero por tratarse de un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. “Conchi ha cumplido”, señaló Vicente Fernández.

Después había que cobrar los favores prestados. En febrero de 2022, una empresa vinculada a la trama, Mediaciones Martínez, emitió la primera factura a una filial de Erri Berri, llamada Reciclajes y Derribos Olite. Se trataba de un primer pago de 120.788 euros. Pero para el trío no es suficiente, y dejan por escrito que la deuda total ascendía a 400.000 euros.

En mayo de 2022 llegó una segunda factura. Mediaciones Martínez percibe 61.213 euros. Y en junio de 2022 llega la tercera factura: otros 59.941 euros. Obviamente la UCO no ha localizado elementos que evidencien los trabajos que Mediaciones Martínez supuestamente hizo para girar esas facturas, por lo que los investigadores hablan de “facturación mendaz”. La UCO también encontró un documento confeccionado por la trama sobre otros posibles proyectos que consiguió para Erri Berri, entre ellos una serie de demoliciones relativas al Camp Nou y otras infraestructuras del FC Barcelona. Erri Berri es una empresa con 35 años de experiencia. “Somos pioneros en España en derribos técnicos”, presume en su página web, donde también reconoce que ha ejecutado la “demolición del Tercer Graderío FASE 1 en el Estadio Camp Nou”.

Hay un correo clave que Vicente Fernández envió a Leire Díez y Antxón Alonso el 5 de noviembre de 2022. En ese mensaje hablan de una inmobiliaria fantasma llamada Marbella Real State 190 SL y de una posible operación. Para reunir los fondos para ese proyecto, Vicente Fernández propone a Antxón Alonso emitir tres facturas a Félix (el duelo de Erri Berri) por un total de 250.000 euros, una de esas facturas de 150.000 euros “por el FC Barcelona”. En noviembre de 2002 Mediaciones Martínez emitió la factura a Reciclajes y Derribos Olite (filial de Erri Berri). Al final la factura emitida fue de 242.532 euros, aunque la UCO reconoce que no tiene constancia del cobro de esta cantidad.

Pero la trama ideó otro método para cobrar lo que se le debía a través de la firma interpuesta Mediaciones Martínez. Las últimas facturas de Reciclajes y Derribos Olite fueron sustituidas por otras de otra empresa, Valeriano UrrutiKoetxea SL, vinculada a Erri Berri, por un importe total de 237.033 euros. Según la UCO, de ese dinero, 150.000 euros eran el pago por las “gestiones llevadas a cabo con el Fútbol Club Barcelona”. Es decir, “en lugar de efectuar una transacción directa, se habría articulado una operativa para, a través de la emisión de una serie de facturas aparantemente mendaces, interponer a una tercera sociedad ajena a la estructura societaria de Erri Berri, pretendiendo aparentemente con ello desvincular el origen de los fondos, aparantemente delictictivos”, señala la UCO ¿Consiguió la trama intermediar para que Erri Berri consiguiera su contrato de demolición con el Barça? O se utilizaron simplemente esos trabajos, sin ningún tipo de intermediación, para pagar mordidas a la trama Leire por el contrato público que consiguió Erri Berri. La UCO lo investiga.

En diciembre de 2023 y enero de 2024, Erri Berri siguió pagando a la trama. En este caso, quien facturó fue Servinabar, la promotora de Antxón Alonso que la UCO también vincula a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La cantidad fue de 99.492 euros. Con este último pago, la trama habría percibido los 400.000 euros que siempre dijeron que les debía Erri Berri por conseguir el contrato público de la SEPI.

El Tribunal Supremo ha establecido este martes que personas con una vinculación “particularmente estrecha” con quien solicita la eutanasia pueden recurrir judicialmente su concesión, siempre que formen parte de su círculo de convivencia más próximo. La decisión, adoptada por 23 magistrados frente a nueve, llega tres meses después de que Noelia Castillo, la paciente más joven en recibir la muerte asistida en España, muriera en Barcelona tras dos años de batallas judiciales impulsadas por su propio padre.

La sentencia resuelve el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya había reconocido a un padre el derecho a impugnar la eutanasia de su hijo mayor de edad. El Supremo desestima ese recurso y consolida así una doctrina que amplía el acceso a la vía judicial a determinados allegados del solicitante.

Asimismo, el fallo especifica que quienes acudan a los tribunales para oponerse a una petición de eutanasia deberán acreditar “una especial proximidad afectiva con el solicitante” y aportar “un indicio de prueba razonable sobre un posible incumplimiento de las garantías legales”. La sala también exige que esa persona cuente con “la capacidad de conocimiento y de empatía suficiente con él como para poder, en su caso, detectar posibles fisuras en el entendimiento y comprensión de la situación en la que se encuentra el solicitante”, según el texto de la resolución.

Noelia Castillo: Dos años de batalla judicial

En el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años formalizó su solicitud ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) el 10 de abril de 2024, tras sufrir secuelas permanentes derivadas de un intento de suicidio en 2022, a su vez precedido por una agresión sexual múltiple. Los expertos certificaron que padecía “secuelas permanentes e irreversibles” y un “sufrimiento constante”.

Su eutanasia estaba programada para el 2 de agosto de 2024, pero una orden judicial la paralizó a petición de su padre, representado por Abogados Cristianos, quien llegó a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sin éxito. Noelia falleció el 26 de marzo de 2026 en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, después de pasar por cinco instancias judiciales.

“Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”, declaró la joven en una entrevista en el programa Ahora Sonsoles de Antena 3, poco antes de su muerte.

Procedimiento especial y plazos más cortos

Precisamente para evitar que situaciones similares se repitan, el Supremo advierte en su sentencia que la sucesión de instancias judiciales puede convertirse en “un factor añadido de sufrimiento a la persona que, con plena libertad, capacidad de entendimiento y voluntad persistente, en un contexto eutanásico previamente acreditado”. Por ello, el alto tribunal plantea la creación de un procedimiento judicial especial para estos conflictos, con simplificación de trámites y reducción de plazos, con el fin de resolver las controversias “con la mayor celeridad posible dada la singularidad de los derechos e intereses en conflicto”.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) contempla plazos breves para el proceso, pero el Supremo reconoce que el recorrido por sucesivas instancias puede generar “un retraso notable en la definitiva resolución”. La sentencia va más lejos y advierte de que la judicialización del procedimiento puede convertir el derecho a una muerte digna en “una mala muerte o una muerte sin dignidad”, al obligar al enfermo a soportar un “dolor agónico” y un “padecimiento físico y mental insufrible e intolerable”.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.

Durante años, Rodolfo Reyes Rojas fue uno de esos nombres que apenas aparecían en los documentos públicos de una empresa, pero que surgían una y otra vez cuando se preguntaba quién tomaba realmente las decisiones. No era el presidente de Plus Ultra, no era su consejero delegado y tampoco ejercía como portavoz de la compañía. Sin embargo, según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el empresario venezolano ocupaba una posición mucho más relevante de lo que reflejaban los organigramas oficiales.

De hecho, buena parte de la investigación que hoy rodea al rescate público de Plus Ultra gira en torno a él. No solo por su papel dentro de la aerolínea, sino porque el contenido de su teléfono móvil, intervenido por las autoridades estadounidenses en una investigación distinta, ha acabado convirtiéndose en una de las principales fuentes de información para reconstruir las relaciones, contactos y movimientos que precedieron y siguieron a la concesión de los 53 millones de euros que la compañía recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en marzo de 2021.

El personaje que emerge de los informes policiales dista mucho del perfil de un empresario aeronáutico convencional. Reyes aparece más bien como un operador acostumbrado a moverse entre sociedades, intermediarios, estructuras empresariales y contactos políticos, siempre lejos del foco mediático y rara vez ocupando posiciones visibles.

Su trayectoria conocida apunta, de hecho, mucho más hacia el mundo financiero y empresarial que hacia la aviación. Empresario venezolano con nacionalidad española, buena parte de su carrera transcurrió ligada al entorno del también empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, una de las figuras más influyentes del tejido empresarial venezolano de las últimas décadas. Antes de desembarcar en Plus Ultra, Reyes ocupó cargos directivos en distintas compañías vinculadas a ese círculo empresarial y llegó a ejercer como director financiero de Panacorp Casa de Valores, una firma panameña que posteriormente aparecería relacionada con operaciones de financiación de la aerolínea.

Su nombre también aparece asociado al sector textil. Diversas informaciones le sitúan al frente de Textiles Zanzibar, compañía que asumió en Venezuela parte de la actividad vinculada a las marcas de Inditex tras la reorganización de la presencia del grupo español en el país. Ese recorrido ayuda a entender por qué su desembarco en Plus Ultra no procedía del sector aéreo tradicional, sino de una red de negocios vinculada a las finanzas, el comercio y la inversión empresarial. Cuando aterrizó en Plus Ultra en 2017, lo hizo acompañado de otros inversores venezolanos como Roberto Roselli Mieles y Raif El Arigie Harbie, que acabarían convirtiéndose en piezas relevantes del accionariado de la compañía.

Ese recorrido empresarial, desarrollado entre el ámbito financiero, comercial y societario, explica en parte cómo Reyes acabó desembarcando en Plus Ultra en un momento en el que la compañía buscaba nuevos inversores para apuntalar su estructura accionarial.

El accionista que no figuraba como tal

La tesis de los investigadores es clara. Aunque Reyes no aparecía formalmente como principal propietario de Plus Ultra, ejercía el control efectivo de la compañía a través de distintas estructuras societarias y de personas de su máxima confianza.

El núcleo de ese entramado era Snip Aviation, sociedad que durante años controló una participación decisiva en la aerolínea. Según la investigación, el empresario venezolano dirigía de facto esa estructura mientras el accionariado formal se articulaba a través de terceros, entre ellos su esposa, María Aurora López López, cuyo nombre sí aparece en diferentes documentos mercantiles.

La UDEF considera que este esquema no era casual. Los investigadores sostienen que permitía mantener una cierta distancia entre el control real y la titularidad formal de las participaciones.

Junto a Snip Aviation aparecen otras piezas relevantes del mismo ecosistema empresarial, como FlySpain y Aerovip, esta última encargada de actuar como agente comercial de Plus Ultra en Venezuela desde 2018. Entre todas configuraban una red de sociedades estrechamente vinculadas a la actividad de la compañía aérea y al círculo empresarial de Reyes.

Su influencia dentro de Plus Ultra fue tal que durante años muchos de los movimientos relevantes de la compañía terminaban conduciendo a su entorno.

Cuando la pandemia puso a prueba la aerolínea

La llegada de la covid cambió el panorama para toda la industria aérea. También para Plus Ultra. Con los aviones en tierra y los ingresos desplomándose, la supervivencia de numerosas compañías pasó a depender de líneas de financiación extraordinarias y ayudas públicas. Fue entonces cuando, según la investigación, Rodolfo Reyes decidió activar una serie de contactos políticos para intentar abrir puertas en las más altas instancias del poder.

Los informes policiales sitúan el primer movimiento el 23 de marzo de 2020. Ese día contactó con el abogado Miguel Palomero para explorar una vía de acceso al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El canal pasaba por Koldo García, asesor del ministro y figura que años después acabaría dando nombre a uno de los mayores escándalos políticos de la legislatura. Los investigadores bautizaron esta estrategia como la “vía Ábalos”.

Apenas una semana más tarde se abrió un segundo frente. El 30 de marzo, Reyes contactó con Ramón Gordils para sondear una posible aproximación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La documentación policial se refiere a este canal como la “vía Zapatero”.

Dos caminos distintos para alcanzar un mismo objetivo: conseguir respaldo político o institucional para una empresa que atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia.

Lo relevante para los investigadores no es únicamente la existencia de esos contactos, sino la convicción que reflejan las conversaciones analizadas. En ellas aparece un empresario que, ante una situación crítica, recurre antes a las relaciones personales y políticas que a los mecanismos tradicionales de financiación empresarial.

El teléfono que lo cambió todo

Hasta hace poco, Rodolfo Reyes era prácticamente un desconocido fuera de determinados círculos empresariales. Esa situación cambió radicalmente cuando las autoridades estadounidenses entraron en escena. En 2021, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, intervinieron su teléfono móvil en el marco de una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales y evasión de sanciones.

Lo que encontraron en ese dispositivo acabaría viajando años después hasta España. Para los investigadores de la Audiencia Nacional, aquel teléfono se ha convertido en una especie de archivo involuntario de la trama. Los mensajes recuperados permiten reconstruir conversaciones sobre el rescate de Plus Ultra, pagos, intermediarios, transferencias económicas y contactos políticos.

También es la fuente de algunas de las referencias que más interés han despertado en la investigación respecto a José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los mensajes aparece una frase que ha adquirido especial relevancia en el procedimiento: “nuestro pana Zapatero detrás”. En Venezuela, el término pana se utiliza para referirse a un amigo o una persona de confianza.

La expresión figura en las conversaciones analizadas por los investigadores y ha sido incorporada al procedimiento judicial como parte del contexto que rodea las gestiones realizadas alrededor del rescate. Cuando fue interrogado sobre estas referencias, el expresidente negó cualquier participación en los hechos investigados y rechazó las interpretaciones que terceros pudieran hacer sobre su figura.

El destino del dinero

La investigación no se limita a analizar cómo se obtuvo la ayuda pública. Una parte importante del procedimiento se centra en lo que ocurrió después. Según los indicios recogidos por el juez Calama, algunos de los investigados habrían diseñado un mecanismo para desviar parte de los fondos recibidos por Plus Ultra hacia sociedades instrumentales vinculadas a la presunta red.

Los autos judiciales mencionan transferencias dirigidas a entidades relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. También describen movimientos posteriores hacia cuentas localizadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. Los investigadores sostienen además que determinadas operaciones financieras previas pudieron contribuir a presentar una imagen económica de la aerolínea más sólida de lo que realmente era en el momento de solicitar el rescate.

En ese contexto aparece igualmente Panacorp Casa de Valores S.A., la firma financiera panameña vinculada profesionalmente a Reyes durante años y cuya actividad es objeto de análisis dentro de la causa.

Todo ello ha llevado al magistrado a investigarle por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

La evolución de la causa llevó además al juez José Luis Calama a dictar una orden internacional de detención contra Reyes, una medida que también alcanzó a su esposa, María Aurora López López. A fecha de hoy no consta públicamente que haya sido detenido ni que la orden haya sido revocada, por lo que continúa siendo reclamado por la Justicia española en el marco de la investigación.

Mientras la causa avanzaba y la presión judicial aumentaba, Reyes fue abandonando progresivamente los principales cargos societarios que mantenía en España. Salió de FlySpain, dejó sus responsabilidades en Snip Aviation y abandonó la representación accionarial en Plus Ultra tras desprenderse de su participación. Al mismo tiempo, varias de esas posiciones pasaron a manos de personas de su entorno más próximo, especialmente su esposa, María Aurora López López.

Una circunstancia que, para los investigadores, forma parte del contexto general que rodea la causa. Y que ha terminado situando en el centro de una de las investigaciones más sensibles de los últimos años a un empresario que durante mucho tiempo parecía haber conseguido permanecer fuera de la fotografía.

Álvaro Pérez, conocido durante años como ‘El Bigotes’ por su implicación en la trama Gürtel, ha echado la vista atrás para revisar algunas de las decisiones que marcaron uno de los mayores casos de corrupción de la política española. Lo ha hecho reivindicando la colaboración con la Justicia como el único camino posible cuando se reconoce haber cometido delitos y admitiendo que uno de sus mayores errores fue negar reiteradamente el episodio de los trajes vinculados al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

En una entrevista en Antena 3, el que fuera socio de Francisco Correa ha asegurado que durante años confundió la lealtad con el silencio. Una actitud que ahora contempla de manera muy distinta. “Pensaba que era lealtad y lo que era es que fui un gilipollas como la copa de un pino”, ha afirmado al recordar cómo respondió cuando estalló la polémica sobre los supuestos regalos de trajes a Camps.

Pérez ha utilizado su propia experiencia para defender que quienes se ven envueltos en procedimientos judiciales deben colaborar con la Fiscalía cuando asumen que han cometido irregularidades. A su juicio, ese proceso no nace de una estrategia jurídica, sino de un cambio personal mucho más profundo.

“Colaborar nace cuando realmente asumes que has metido la pata hasta el cuello”, ha sostenido. Según ha explicado, el arrepentimiento sincero llega cuando uno acepta que ha cometido delitos y deja de buscar excusas para justificarse. A partir de ese momento, ha añadido, la colaboración con la Justicia surge de forma natural.

Del silencio a la autocrítica

Pérez ha asegurado que en su caso tardó años en llegar a esa conclusión. De hecho, ha afirmado que nadie le planteó en los primeros momentos de la investigación la posibilidad de sentarse con la Fiscalía y contar todo lo que sabía. Incluso ha llegado a atribuir esa situación al asesoramiento jurídico que recibió entonces. “Tuve malos abogados”, ha afirmado durante la entrevista, convencido de que su estrategia de defensa fue equivocada desde el principio.

Al recordar el conocido caso de los trajes, ha insistido en que negó los hechos de manera reiterada pese a que durante el procedimiento judicial declararon numerosas personas relacionadas con aquellas supuestas entregas. Entre los testimonios, ha recordado la comparecencia del sastre y de trabajadores de la empresa que, según ha relatado, llegaron a describir detalles del domicilio de Francisco Camps cuando acudían a realizar pruebas de vestuario.

Aun así, el juicio terminó con la absolución del expresidente valenciano por parte de un jurado popular. Pérez ha rememorado aquel desenlace subrayando que durante el proceso existía la convicción generalizada de que Camps sería condenado. “Todo el mundo decía que el jurado estaba contaminado, que le iban a machacar y, al final, le absolvieron”, ha recordado.

Aquella experiencia es precisamente la que ahora utiliza para defender que guardar silencio no siempre beneficia a quienes terminan sentándose en el banquillo. Según ha explicado, con el paso del tiempo comprendió que había confundido la lealtad con una estrategia que únicamente agravó su situación.

El precedente de Aldama

Las declaraciones de Pérez llegan apenas un día después de que Víctor de Aldama reivindicara públicamente la figura del colaborador con la Justicia tras conocerse la sentencia del denominado ‘caso Mascarillas’.

El empresario, condenado a cuatro años y medio de prisión aunque eximido de entrar en la cárcel gracias a la valoración que el Tribunal Supremo hizo de su colaboración en distintas investigaciones, defendió que “la colaboración sirve” y lanzó un mensaje dirigido a otros implicados en procedimientos judiciales. “Espero que los que vienen detrás colaboren”, afirmó tras conocerse el fallo.

Precisamente esa reflexión ha sido una de las cuestiones sobre las que ha sido preguntado Pérez durante su entrevista en Antena 3. El antiguo socio de Francisco Correa no solo ha compartido el planteamiento de Aldama, sino que ha ido más allá al utilizar su propia experiencia como ejemplo de lo que, a su juicio, no debe hacerse.

Por ello, ha animado a otras personas inmersas en investigaciones judiciales a dar ese paso una vez asuman su responsabilidad en los hechos. Entre ellas ha mencionado expresamente a Julio Martínez, señalado como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El impacto de la cárcel

Buena parte de la entrevista ha estado marcada también por las reflexiones de Pérez sobre las consecuencias personales de una condena de prisión. “Entré en prisión pensando que no había hecho nada”, ha reconocido. Después llegó, según sus palabras, un proceso lento de aceptación. “Has cometido una serie de delitos y los tienes que asumir y reconocer”, ha resumido.

Desde entonces, asegura que lleva años colaborando con la Justicia y que seguirá haciéndolo. Considera además que cualquier persona que haya cometido delitos debería actuar de la misma manera una vez que acepta su responsabilidad.

Durante la conversación también ha repasado las condenas derivadas de la Gürtel. Ha recordado que Francisco Correa fue condenado a 236 años de prisión y que él acumuló penas que alcanzaron los 74 años. Sobre Correa ha destacado que ha cumplido trece años de cárcel, que ha devuelto el dinero y que actualmente su patrimonio está siendo subastado por la Audiencia Nacional. En cuanto a sí mismo, ha señalado que lleva cumplidos alrededor de nueve años y medio de prisión y que nunca se le embargó patrimonio porque, según ha dicho, “no tenía nada de nada”.

Pérez también se ha referido a la reciente condena impuesta al exministro José Luis Ábalos en el ‘caso Mascarillas’ y ha asegurado conocer perfectamente el golpe emocional que supone enfrentarse a una larga pena de prisión. “Sé lo que siente Ábalos”, ha afirmado. Según ha relatado, cuando conoció en prisión que tendría que cumplir 18 años de condena se derrumbó por completo. “Quise morirme. Lloré hasta cansarme”, ha recordado al evocar uno de los momentos más duros de su paso por la cárcel.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la “imputación” al exlíder socialista “de actos penalmente reprochables”, según información de EFE.

Este martes, menos de una semana ha de la declaración de Zapatero como investigado, la defensa del expresidente socialista - el abogado Víctor Moreno Catena - ha presentado ante el Tribunal Central de Instancia una petición formal, dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en la que solicita que se exhiba la resolución judicial que permitió acceder a las conversaciones de WhatsApp y otra serie de documentos digitales obtenidos de un disco duro. El fin de esta petición formal es comprobar si durante el proceso se respetaron los derechos de Zapatero.

El disco duro de Miguel Palomero de Juan

La defensa de Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que consulte a la Fiscalía Anticorrupción por el auto o resolución que permitió el análisis de un disco duro incautado al abogado Miguel Palomero de Juan. El objetivo es esclarecer si esa fuente de prueba, que está en el origen de la causa, se obtuvo conforme a la legalidad y respetando los derechos de los implicados.

El foco de la reclamación está en el acceso a ese disco duro, donde se almacenaban archivos y mensajes privados obtenidos durante registros judiciales. Según la defensa, la Fiscalía Anticorrupción utilizó ese material para fundamentar la acusación, aunque en la documentación revisada no consta una orden judicial específica que permitiese analizar el contenido en detalle.

El abogado de Zapatero ha explicado: “Lo que mi representado invoca no es la lesión de derechos fundamentales ajenos, sino la imposibilidad de que se haga valer en su contra una prueba que derive de un acceso practicado, en su caso, sin la habilitación judicial motivada”. Este argumento subraya la necesidad de contar con una autorización concreta para examinar información privada, como mensajes personales o documentos digitales.

El escrito de la defensa destaca el principio de “especialidad”, que impide utilizar pruebas recogidas para un procedimiento concreto en otros diferentes sin una nueva autorización. Parte del material digital llegó al expediente a través de órdenes de cooperación con Francia y Suiza, destinadas a un asunto específico, y la fiscalía española lo habría reutilizado en otras investigaciones, lo que genera dudas sobre la legalidad de ese uso.

En este sentido, la defensa indica: “Esa reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos… requiere una habilitación judicial que verifique la concurrencia del presupuesto de especialidad respecto del nuevo objeto”. Por este motivo, se pide que la fiscalía muestre la resolución judicial concreta que permitió analizar tanto el contenido del disco duro como las conversaciones intervenidas.

El recurso detalla que los archivos digitales proceden de ordenadores y móviles incautados en domicilios de Madrid, entre ellos el del propio Palomero de Juan, así como de otras personas como Danilo Alfonso Diazgranados Manglano y Gabriela Puente Garaboa. Informes policiales como el 5183 UDEF-BBCA de noviembre de 2025 incluyen análisis de conversaciones privadas sin que conste la autorización judicial necesaria para ello. El escrito aclara: “El auto judicial no puede confundirse con una providencia de simple entrega de soportes. Una resolución de entrega no equivale automáticamente a la habilitación de analizar el contenido”. Añade que, si no existió esa autorización específica mediante resolución judicial motivada, “las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas”.

La defensa recuerda que la ley exige una resolución judicial expresa para acceder a dispositivos digitales en investigaciones sobre delitos graves. Si no existe esa autorización, pide que todo el material digital quede fuera del proceso, por posible vulneración de derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la intimidad y la protección de datos personales.

El teléfono móvil de Rodolfo Reyes

La defensa de Zapatero también ha presentado un recurso para que la justicia española amplíe la solicitud de cooperación judicial a Estados Unidos sobre la extracción de datos de un dispositivo incautado al empresario Rodolfo Reyes Rojas, accionista de Plus Ultra. El equipo legal del expresidente socialista sostiene que el material remitido por Homeland Security Investigations no ha sido validado bajo las garantías del derecho español y su uso podría afectar derechos fundamentales.

Del contenido de ese dispositivo se extrajeron varios de los mensajes que la investigación considera más relevantes en el caso del rescate a Plus Ultra, la aerolínea beneficiada con 53 millones de euros provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia. Entre las conversaciones incorporadas al sumario aparecen frases como “Nuestro pana Zapatero detrás” y “Zapatero aquí manda”, expresiones que, para los investigadores, son clave para entender cómo se articularon las gestiones vinculadas a la concesión de las ayudas públicas. Estos mensajes se han señalado como elementos que permiten reconstruir el contexto y los contactos que influyeron en la toma de decisiones sobre el reparto de los fondos.

Esta información, extraída del móvil de Reyes Rojas, fue remitida por Homeland Security Investigations en 2021 a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, según un oficio del 18 de marzo de 2026. La defensa, representada por Roberto Granizo Palomeque y Víctor Moreno Catena, sostiene que el tribunal solo ha pedido a Estados Unidos autorización para el uso de la prueba, pero no ha exigido documentación que acredite si la obtención respetó las garantías legales y constitucionales españolas.

El escrito subraya que la autorización estadounidense resulta insuficiente para asegurar que la extracción de datos y el traspaso a la policía española cumplen con los estándares legales españoles y europeos. La defensa lo expresa así: “La mera autorización de una autoridad norteamericana para utilizar esas comunicaciones personales en un proceso penal tendría un alcance muy limitado”, porque “no permitiría por sí misma ni esclarecer las circunstancias en que se obtuvo la información, ni su conservación durante tantos años ni cómo se entregó a la unidad policial española”. Añade que el problema jurídico de que las autoridades españolas reciban información de agencias estadounidenses “presenta una dimensión constitucionalmente autónoma” y que “sin un control judicial efectivo sobre las exigencias legales y constitucionales, no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero”.

Se reclama con esto que la comisión rogatoria se amplíe para pedir no solo la autorización de uso, sino también la orden judicial o administrativa que justificó la incautación y análisis del teléfono, información detallada sobre la investigación en Estados Unidos, informes sobre cómo y cuándo se extrajeron los datos, detalles sobre la cadena de custodia y documentación sobre autorizaciones para entregar mensajes de WhatsApp. El recurso considera que estas medidas resultan esenciales para que la justicia española garantice el respeto de los derechos constitucionales y evite vulneraciones de la intimidad y la protección de datos.

El material tecnológico sigue en la causa, pendiente de validación por la justicia española

La defensa considera que el hecho de que la prueba extranjera siga en la causa sin haber sido certificada bajo control judicial español deja en desventaja a la parte investigada. Por este motivo, solicitan que se amplíe ya la petición para evitar demoras y asegurar los derechos de defensa desde el principio.

La cuestión de fondo pasa por la validez formal de una prueba que la defensa considera decisiva, pero que podría haber sido obtenida empleando métodos distintos a los que exige la legislación española y europea. El equipo legal deja claro que el hecho de pedir aclaraciones a Estados Unidos no implica reconocimiento de la validez del material y se reserva el derecho de pedir la nulidad si su origen no se ajustó a las garantías exigidas. La decisión sobre el recurso está ahora en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. El material tecnológico permanece en la causa, pendiente del control judicial solicitado por la defensa de Rodríguez Zapatero.

El Poder Judicial de República Dominicana informó este lunes que participó en Santo Domingo en la III Mesa Regional de Justicia Juvenil Restaurativa, donde el juez Francisco Antonio Jerez Mena defendió un modelo centrado en la dignidad humana, la reparación del daño y la reintegración social de adolescentes en conflicto con la ley.

El encuentro se realizó con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el marco del proyecto “Promoción y Fortalecimiento de la Justicia Juvenil Restaurativa en los Países Miembros del SICA”. Reunió a actores del sistema de justicia, organismos internacionales y especialistas para fortalecer la cooperación y promover modelos restaurativos orientados a la inclusión social y a la construcción de una cultura de paz en la región.

Jerez Mena, juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la respuesta judicial frente a adolescentes en conflicto con la ley no debe agotarse en la sanción. Explicó que se trata de personas en proceso de formación y afirmó que un adolescente “no es un expediente ni una estadística, sino una vida cuya historia aún no ha sido escrita por completo”.

El enfoque restaurativo y la posición de Jerez Mena

El magistrado dijo que el Poder Judicial dominicano mantiene su compromiso con una justicia especializada, accesible y centrada en las personas. “En ese camino, el Poder Judicial Dominicano reafirma su compromiso con una justicia especializada, accesible y centrada en las personas; una justicia que protege derechos escucha a las víctimas, promueve la reparación integral del daño y fomenta la responsabilidad consciente de los adolescentes en conflicto con la ley”.

También planteó que la reparación del daño no se entiende como un proceso aislado del infractor, sino como una dinámica colectiva que involucra a la víctima, a quien cometió la infracción y a la comunidad. Sobre ese punto, Jerez Mena afirmó: “La justicia restaurativa es una forma de entender la convivencia humana, una apuesta por la cultura de paz y una declaración de confianza en la capacidad de cambio de las personas”.

Durante la actividad, el juez valoró los avances regionales impulsados por los países del Sistema de la Integración Centroamericana. Señaló que los instrumentos discutidos en la mesa representan un esfuerzo conjunto para construir respuestas más humanas y eficaces frente a los desafíos que enfrentan los adolescentes.

La participación dominicana en la mesa regional

La delegación dominicana incluyó a la magistrada Olga Guzmán Ruiz, jueza de Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal; a Sarah Elena Pérez Medina, directora de Relaciones Internacionales, y a Yolanda Iluminada González Disla, gerente de Equidad y Poblaciones Vulnerables.

El Poder Judicial ejerció la secretaría técnica de esta III Mesa Regional. En ese espacio se consolidó el diálogo regional y se elaboraron herramientas destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y la cooperación entre los países del SICA en materia de justicia restaurativa.

El proyecto se desarrolla en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y se presentaron los principales avances durante el período 2025–2026, destacando las acciones regionales desarrolladas para avanzar hacia modelos de atención centrados en la reparación del daño, la reintegración social y la garantía de derechos de las personas adolescentes.

Los 24 años de prisión a los que se ha condenado a José Luis Ábalos dibujan sobre el papel uno de los castigos más severos que puede afrontar un político por corrupción. Sin embargo, cuando se trata de condenas de larga duración, la pregunta que inevitablemente surge es otra: ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar realmente privado de libertad antes de poder acceder a permisos, regímenes más flexibles o incluso a la semilibertad?

La respuesta no está escrita en la sentencia. Tampoco existe una fórmula que permita traducir automáticamente una condena de 24 años en un número concreto de años de cárcel efectiva. El recorrido penitenciario depende de múltiples variables que se evalúan durante el cumplimiento de la pena y que van desde el comportamiento del interno hasta su evolución personal y su grado de reinserción.

“Con una pena tan larga se aplica la regla general”, explica a Infobae el abogado penalista José Ignacio Estradé, socio director de Estradé Law Firm. Y esa regla general pasa por un sistema de revisiones periódicas en el que las instituciones penitenciarias analizan de forma constante la situación del preso.

Por eso, aunque la condena sitúa a Ábalos ante uno de los mayores castigos previstos en el Código Penal para delitos de corrupción, el tiempo que acabará pasando en prisión cerrada dependerá de decisiones que se irán adoptando a lo largo de los años. De hecho, Estradé rechaza cualquier intento de fijar desde ahora una cifra concreta. “No hay una cifra exacta y quien te la diga miente”, asegura. “La práctica y la experiencia dicen que hay gente que puede cumplir hasta tres cuartas partes de condena y hay otros que con menos de la mitad salen”, detalla el letrado.

Las revisiones que marcan el futuro del interno

La clave está en que el sistema penitenciario español no funciona con un cronómetro que se activa el día que una persona entra en prisión y se detiene cuando cumple íntegramente la pena. Durante todo ese tiempo, la evolución del interno es objeto de seguimiento y evaluación constante.

“Hay juntas de tratamiento, algunas trimestrales y otras semestrales”, explica Estradé. Son estos órganos los encargados de revisar periódicamente la situación de cada preso y determinar si mantiene su clasificación penitenciaria o si, por el contrario, puede progresar hacia regímenes más flexibles.

En España existen tres grados penitenciarios. El primero está reservado para los internos considerados especialmente peligrosos o conflictivos; el segundo constituye el régimen ordinario y es el que se aplica a la inmensa mayoría de quienes ingresan por primera vez en prisión; mientras que el tercero supone ya una situación de semilibertad. “El segundo grado es el que suele entrar el 90% de alguien que entra por primera vez”, señala el penalista.

Es precisamente la posibilidad de acceder a ese tercer grado la que marca buena parte del horizonte penitenciario de cualquier condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, tampoco aquí existen plazos automáticos ni fechas cerradas.

“No hay un límite que diga que alguien pueda empezar en tercer grado en la primera revisión que se haga, pero eso no suele ocurrir”, apunta Estradé. La progresión depende de una valoración individualizada en la que intervienen distintos factores.

Por un lado, el tiempo transcurrido desde el inicio del cumplimiento de la condena. “Tiene que haber un cumplimiento bastante avanzado”, resume el abogado. Pero ese requisito, por sí solo, no resulta suficiente.

Más allá del tiempo: comportamiento, trabajo y reinserción

Junto al avance de la condena, las instituciones penitenciarias ponen el foco en el comportamiento del interno y en su implicación en actividades orientadas a la reinserción social. “Lo que se valora es que tengas un excelente comportamiento en el centro penitenciario”, cuenta Estradé. Eso incluye desde la ausencia de incidencias disciplinarias hasta la participación activa en programas formativos o laborales.

“Implica también que quieras trabajar dentro, que quieras formarte”, añade. En definitiva, demostrar una actitud compatible con el objetivo que, al menos sobre el papel, persigue el sistema penitenciario español: la reinserción.

La evolución en todos esos ámbitos es la que va configurando el expediente penitenciario del interno y la que acaba pesando en las decisiones que adoptan las juntas de tratamiento cuando estudian una posible progresión de grado. A ello se suma otro elemento que suele desempeñar un papel relevante: los permisos penitenciarios.

El papel de los permisos

Según ilustra Estradé, existen permisos ordinarios y extraordinarios. Los primeros son salidas temporales cuya concesión depende de una evaluación previa sobre el riesgo que puede suponer el interno. “Lo que miran estadísticamente es qué riesgo hay para el centro penitenciario y para la sociedad de que esta persona salga y luego no vuelva”, relata.

Estos permisos pueden concederse durante varios días y permiten comprobar cómo responde el preso fuera del entorno penitenciario. Un uso adecuado de estas salidas suele ser interpretado como un indicador positivo de cara a futuras progresiones.

Junto a ellos se encuentran los permisos extraordinarios, que responden a circunstancias excepcionales como el fallecimiento de un familiar, situaciones personales graves o la necesidad de recibir determinados tratamientos médicos. La forma en que el interno gestiona esas salidas también pasa a formar parte de la evaluación global que realizan las instituciones penitenciarias sobre su proceso de reinserción.

Por todo ello, determinar hoy cuántos años tendría que permanecer Ábalos en prisión resulta prácticamente imposible. Aunque Estradé considera que una condena de semejante magnitud implica previsiblemente una estancia prolongada entre rejas, evita aventurar cálculos cerrados.

“Por lo menos la mitad de la condena es bastante factible que esté”, apunta. No obstante, matiza que cualquier previsión está condicionada por numerosos factores, desde la evolución personal del interno hasta posibles reformas legislativas futuras. “Todo depende de criterios de reinserción”, sentencia el abogado.

“Perro no come perro”. Con esa expresión resume el abogado penalista Fernando Pamos de la Hoz las posibilidades de que el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Juan Carlos Peinado termine teniendo consecuencias disciplinarias reales para el magistrado.

La frase ilustra la idea que maneja el letrado sobre el recorrido que puede tener la decisión adoptada por el órgano de gobierno de los jueces. A su juicio, el procedimiento está todavía muy lejos de traducirse en una sanción. De hecho, ni siquiera supone la apertura de un expediente disciplinario como tal.

Lo que el CGPJ ha acordado es el inicio de unas diligencias informativas para estudiar si existen motivos suficientes para seguir adelante. En otras palabras, se trata de una investigación preliminar destinada a analizar el contenido de la resolución que ha generado la polémica y determinar si merece o no un reproche disciplinario.

Buena parte de la polémica que ha acompañado la noticia durante los últimos días tiene que ver precisamente con la confusión entre ambos conceptos. La apertura de diligencias informativas no implica que el Consejo considere que Peinado haya cometido una infracción ni supone que exista una propuesta de sanción sobre la mesa. Es, simplemente, el paso previo para decidir si procede abrir un expediente disciplinario formal. Y es ahí donde aparecen las dudas sobre el recorrido real del procedimiento.

¿Por qué se ha abierto ahora la investigación?

El origen de la actuación del CGPJ está en uno de los últimos autos dictados por el juez instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez. Aquellas afirmaciones sobre la Policía Nacional que incluyó en el escrito desencadenaron críticas tanto en el ámbito político como en el jurídico y acabaron llegando al Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, según explica Pamos de la Hoz, el acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de los jueces no prejuzga en absoluto el resultado final. “Ahora se van a recabar pruebas, pedirán el auto, estudiarán la documentación y escucharán las alegaciones del propio juez”, señala el penalista. “Luego se decidirá si existe algún motivo para abrir un expediente disciplinario o si todo queda archivado”, añade.

Lo relevante, añade, es que el Consejo ha optado por investigar antes de decidir, en lugar de rechazar la queja desde el primer momento. “Se podía haber rechazado de plano desde el inicio, que era lo que defendían los vocales que votaron en contra”, explica.

La votación que refleja la división del CGPJ

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el sentido del voto de varios vocales del Consejo. Los consejeros habitualmente identificados con el sector conservador votaron en contra de abrir las diligencias informativas, mientras que la mayoría del órgano respaldó la investigación preliminar.

Para Pamos de la Hoz, ese reparto de votos no puede entenderse al margen del contexto político que rodea tanto al caso como al propio sistema de elección del CGPJ. “El Consejo está muy politizado”, sostiene el abogado, que vincula la división interna a la forma en que se designan sus miembros. En su opinión, el posicionamiento de los vocales suele estar condicionado por la sensibilidad ideológica con la que se identifica al juez cuya actuación se analiza.

Según argumenta, quienes votaron en contra no defendían necesariamente el contenido del auto, sino que entendían que la denuncia debía rechazarse sin más trámites. Los que respaldaron la apertura de diligencias optaron por una vía intermedia: investigar primero y decidir después.

¿Puede acabar en una sanción?

Si esta apertura de expediente puede acabar en sanción es la pregunta que sobrevuela todo el debate. Y la respuesta de Pamos de la Hoz es clara: lo considera poco probable. El penalista sostiene que el principal obstáculo para una eventual sanción es que las resoluciones judiciales cuentan con mecanismos propios de control. Cuando una decisión de un juez se considera incorrecta o jurídicamente discutible, la vía ordinaria consiste en recurrirla ante instancias superiores. “Las resoluciones judiciales tienen recursos para combatirlas”, explica.

De hecho, recuerda que distintas decisiones adoptadas por Peinado durante la instrucción han sido recurridas ante la Audiencia Provincial de Madrid, que en algunos casos ha corregido o limitado sus actuaciones.

Por ese motivo, sostiene que el contenido del auto puede ser objeto de crítica jurídica sin que eso implique automáticamente responsabilidad disciplinaria. “Yo creo que no le van a sancionar por esto”, afirma. A su juicio, aunque determinadas afirmaciones incluidas en la resolución puedan resultar discutibles, exageradas o incluso difíciles de sostener jurídicamente, eso no significa necesariamente que constituyan una infracción sancionable.

El abogado considera que, si alguien se sintiera directamente perjudicado por el contenido del auto, dispondría de otras vías distintas a la disciplinaria para reaccionar. “Si la Policía se siente ofendida, que presente una querella”, apunta, al entender que los agentes son quienes podrían considerarse más directamente afectados por algunas de las referencias contenidas en la resolución.

Qué tendría que ocurrir para que hubiera consecuencias

La posibilidad de que el procedimiento desemboque en una sanción existe, pero Pamos de la Hoz la considera remota. Tras analizar toda la documentación, el CGPJ podría decidir que no aprecia irregularidad alguna y archivar las actuaciones. También podría concluir que existen indicios suficientes para abrir un expediente disciplinario formal.

Incluso en ese escenario, el penalista cree que las consecuencias previsibles serían limitadas. “Es impensable que le suspendan por esto”, asegura. En el peor de los casos, añade, podría plantearse una advertencia o una amonestación, aunque tampoco considera probable ese desenlace.

El abogado introduce además otro elemento. A su juicio, el propio magistrado podría alegar durante la tramitación que determinadas expresiones del auto obedecen a una formulación desafortunada o a un problema de redacción. “Siempre puede decir que no quiso decir eso o que fue un defecto de redacción”, señala.

La jubilación de Peinado, otro factor sobre la mesa

La investigación llega además cuando la carrera judicial de Peinado se acerca a su final. El magistrado tiene prevista su jubilación en septiembre, una circunstancia que ha alimentado las especulaciones sobre la utilidad práctica del procedimiento.

Pamos de la Hoz no cree que el Consejo vaya a tomar una decisión pensando en ese calendario. Según sostiene, si el expediente tiene pocas posibilidades de prosperar no es por la cercanía de la jubilación, sino por la propia naturaleza de los hechos que se están analizando. “No va a prosperar porque no tiene recorrido disciplinario”, resume.

Con todo, reconoce que la proximidad de la retirada reduce considerablemente el alcance efectivo de cualquier medida que pudiera adoptarse más adelante.

El expediente y la sombra de toda la instrucción

Aunque formalmente el CGPJ solo analiza el auto que ha generado la polémica, resulta difícil separar este episodio de la instrucción que Peinado dirige desde hace más de dos años. La causa ha estado acompañada desde el principio por una intensa batalla política y jurídica. Varias resoluciones del magistrado han sido cuestionadas por las defensas y algunas han sido revisadas posteriormente por la Audiencia Provincial.

Pamos de la Hoz se muestra especialmente crítico con la forma en que se ha desarrollado la investigación. Considera que la instrucción ha estado marcada por decisiones controvertidas y sostiene que algunas actuaciones fueron discutibles desde sus primeras fases.

El abogado recuerda, por ejemplo, que varias resoluciones del instructor fueron posteriormente corregidas por la Audiencia Provincial y cuestiona la rapidez con la que se ha tramitado la causa en comparación con otros procedimientos judiciales. “Yo llevo 35 años ejerciendo y no conozco ningún procedimiento que haya llevado esta celeridad”, afirma.

El penalista llega incluso a asegurar que, de haber asumido la defensa de Begoña Gómez, habría planteado la recusación del magistrado desde el inicio del procedimiento.

Sin embargo, insiste en separar esas críticas del debate actual sobre el expediente abierto por el CGPJ. “Una cosa son las discrepancias sobre cómo ha llevado la instrucción y otra muy distinta que eso tenga que acabar en una sanción disciplinaria”, indica.

Por eso cree que las diligencias informativas abiertas por el Consejo tienen más posibilidades de terminar archivadas que de desembocar en una sanción efectiva contra el juez. Primero se recabará la documentación, se escuchará la versión del magistrado y se analizarán las alegaciones de las partes. Solo después el CGPJ decidirá si hay motivos para seguir adelante o si, por el contrario, la investigación concluye sin mayores consecuencias para el instructor de una de las causas judiciales más controvertidas de los últimos años.

Ocho años después, aquellas palabras adquieren una dimensión distinta. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro socialista a 24 años de prisión en la causa de las mascarillas derivada del ‘caso Koldo’ al considerarle responsable de diversos delitos relacionados con organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La paradoja es difícil de ignorar. Buena parte de los argumentos empleados por Ábalos para justificar la salida de Rajoy del Gobierno giraban precisamente en torno a la necesidad de reaccionar frente a la corrupción, asumir responsabilidades políticas y evitar que la impunidad se instalara en las instituciones.

Precisamente, Ábalos arrancó su intervención de 2018 sosteniendo que ya no se estaba ante sospechas o acusaciones políticas, sino ante hechos acreditados judicialmente. La sentencia de Gürtel, argumentó entonces, obligaba a actuar. Su tesis era que las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas no podían confundirse. De hecho, insistió varias veces en que esperar al resultado de todos los procesos judiciales no era suficiente cuando la confianza en las instituciones estaba comprometida.

La corrupción como argumento central

La idea de la impunidad aparecía una y otra vez en la intervención de Ábalos. Para el entonces dirigente socialista, permitir que nada ocurriera tras una sentencia como la de Gürtel enviaba un mensaje devastador a la ciudadanía y contribuía a deteriorar la confianza en las instituciones. “No podemos normalizar la corrupción”, afirmó durante aquel debate.

La frase resumía buena parte de su planteamiento. Ábalos sostenía que la corrupción no era únicamente un problema judicial, sino también político e institucional. A su juicio, dañaba la credibilidad de los gobiernos, erosionaba la confianza de los ciudadanos y terminaba debilitando la propia democracia.

Por eso presentó la moción de censura como una cuestión de regeneración democrática más que como una simple disputa entre partidos. A lo largo de la sesión defendió que la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo era incompatible con la autoridad moral que, según sostenía, debía tener cualquier Gobierno democrático. “Primero esto, después las elecciones”, afirmó al rechazar la posibilidad de limitar la respuesta a una convocatoria electoral.

Con esa frase resumía una de las ideas centrales de su intervención: que antes de acudir a las urnas debía producirse una censura política explícita que dejara claro que la corrupción tenía consecuencias.

También defendió que la permanencia de Rajoy al frente del Gobierno afectaba directamente a la credibilidad institucional. “La permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional afecta gravemente a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno y a la propia dignidad de nuestra democracia”, defendió desde la tribuna.

A lo largo de la sesión apeló además a conceptos como la ejemplaridad pública, la autoridad moral de los gobernantes y la necesidad de proteger el prestigio de las instituciones frente al desgaste provocado por los casos de corrupción. “Esta es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia”, llegó a subrayar.

Ocho años después

Es precisamente esa argumentación la que adquiere una dimensión distinta tras la sentencia conocida este lunes. El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la causa derivada del caso Koldo. La resolución considera acreditada su participación en una trama junto a Koldo García y Víctor de Aldama y describe distintos beneficios obtenidos a cambio de actuaciones vinculadas a su posición política.

Entre los hechos declarados probados figura el disfrute gratuito de inmuebles que el tribunal vincula a gestiones realizadas en favor de terceros, así como diversas actuaciones relacionadas con influencias ejercidas desde el entorno ministerial.

El paralelismo con el discurso de 2018 resulta inevitable porque una parte esencial de aquella intervención descansaba sobre la idea de que una vez que existe una sentencia, la política debe asumir las consecuencias de los hechos acreditados judicialmente. Ábalos defendía entonces que las responsabilidades políticas no podían quedar en suspenso ni aplazarse indefinidamente.

Vista desde 2026, esa misma lógica proyecta inevitablemente interrogantes sobre el PSOE y sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Si en 2018 Ábalos argumentaba que una sentencia judicial obligaba a adoptar consecuencias políticas inmediatas, hoy es su propia condena la que sitúa ese razonamiento en el centro del debate público.

La moción de censura de 2018 acabó con el Gobierno de Rajoy, llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y convirtió a Ábalos en una de las figuras más influyentes del nuevo Ejecutivo. Aquel discurso fue también una defensa de la ejemplaridad pública y de la necesidad de que la corrupción tuviera consecuencias políticas además de judiciales.

Ocho años después, la condena de 24 años de prisión impuesta por el Supremo ha convertido aquella intervención en una especie de espejo político. Porque si en 2018 Ábalos defendía que una sentencia judicial transformaba las sospechas en certezas y obligaba a actuar, hoy es precisamente una sentencia judicial la que le sitúa a él en el centro de los argumentos que utilizó contra sus adversarios.

El Tribunal Supremo ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en plena pandemia en el año 2020 y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Los siete magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su exasesor Koldo García -y un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio, pero le suspenden la pena por colaborar con la Justicia.

La decisión del Supremo llega un mes y medio después de haber dejado el caso visto para sentencia y dibuja la relación que existió entre Ábalos, Koldo y Aldama y cómo a través de sus vínculos identificaron la posibilidad de obtener un beneficio económico común.

Este objetivo de enriquecimiento fue el motor de su acuerdo: aprovechar el cargo que ocupaba Ábalos tanto en el Gobierno de España como en el PSOE para facilitar, a cambio de contraprestaciones económicas, la contratación de empresas vinculadas a Víctor de Aldama con la Administración Pública. Según la sentencia, Aldama actuaría como captador y promotor de intereses empresariales, mientras que Ábalos se comprometía a favorecer dichas contrataciones y a facilitar el acceso preferente de Aldama a la Administración para las gestiones necesarias, siempre con la expectativa de que los tres compartieran los beneficios económicos obtenidos.

El acuerdo entre los acusados se basó en el aprovechamiento de la posición de poder de Ábalos y la capacidad de Aldama para identificar oportunidades de negocio con la Administración, lo que sentó las bases para una actuación coordinada que perseguía el lucro ilícito mediante el tráfico de influencias y el reparto de beneficios derivados de contratos públicos.

Durante el largo juicio que además contó con una gran expectación mediática, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.

La sentencia del ‘caso mascarillas’

Los magistrados que les juzgaron consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió “graves” delitos de corrupción.

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión -vinculada a Aldama-; la remuneración mensual de 10.000 euros para “gastos fijos” de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Corrupción y el “deterioro de la confianza ciudadana” en la política

El Supremo dedica una larga argumentación a que el “efecto más grave” de las conductas ejercidas por Ábalos, Koldo y Aldama y la corrupción que conisderan probada “es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

De hecho, el tribunal llama a comprender la corrupción no solo como un “ilícito económico, sino como un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a la confianza en su funcionamiento”.

El texto advierte que “su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del Estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares. En consecuencia, tiene una vis expansiva, que va más allá de su daño económico o de la violación de los deberes por parte de los servidores públicos. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en elsistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático seejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimentauna pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema."

La Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 24 años de prisión para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabezó el PP reclamaban 30 años para el exministro y su exasesor, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado noviembre, mientras que para el empresario solicitaban cinco años.

En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo. Respecto a Aldama, le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos”, aunque lo condiciona a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.

Con información de EFE y Europa Press

Colaborar con la Justicia le ha salido muy bien a Víctor de Aldama. Un mes y medio después de que el caso quedara visto para sentencia, el Tribunal Supremo ha condenado este lunes por unanimidad a José Luis Ábalos y Koldo García a 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Y aunque el tribunal también ha condenado a 4 años y medio al empresario, ha decidido suspender la ejecución de la pena por haber colaborado con la Justicia, es decir, por su aportación al “descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad”.

Esta decisión por unanimidad del tribunal ha sido una de las decisiones más polémicas de la sentencia. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta se convierte en “una sentencia tremendamente aleccionadora”.

“¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión", ha escrito en un mensaje en la red social X.

En declaraciones esta misma mañana tras conocerse la sentencia, Aldama le decía a los medios de comunicación que estaba “satisfecho” con la decisión y le mandaba un mensaje a los “demás que vienen detrás”. Ha insistido además en que los magistrados “son justos al final y que la colaboración en este país sirve”.

“Estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren”. ha afirmado.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la suspensión de pena de Aldama se trata exactamente de esa invitación para que surjan más colaboradores en las otras causas que tiene advierteo el PSOE, un “mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros”, en referencia al caso Zapatero y al caso de las cloacas del PSOE.

“Si ‘colaboras’ libras. Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte. Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar, no resistir", ha apuntado Rufián.

Los argumentos del Supremo para suspender su pena

El tribunal describe a Víctor de Aldama como un empresario español con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos. Fue en 2018 cuando conoció a Koldo a través de su hermano y eso le llevó también al ministro de Transportes José Luis Ábalos.

En los meses siguientes, el ministro, a través de su asesor, encomendó a Víctor de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad, coincidiendo también los tres en distintos acontecimientos, explica el tribunal. Por ejemplo, en su condición de agregado comercial en Oaxaca (México), Aldama participó en las reuniones con el gobernador de la región mexicana de Oaxaca, Alejandro Murat, que se celebraron en Madrid los días 10 y 11 de diciembre de 2018, y a las que asistió, entre otros altos cargos del Gobierno español, José Luis Ábalos. El 4 de febrero de 2019, acompañó al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García a un viaje a México, que tenía por objeto la promoción de los intereses de empresas españolas en licitaciones públicas de este país. Víctor de Aldama también aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de secretario de Organización.

En la organización así conformada, Víctor de Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García.

La figura de Aldama era, por tanto, importante y fundamental para la organización y según el Supremo la colaboración de “los llamados ‘arrepentidos’ constituye un instrumento muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada”. Y aunque explican que “no hubo abandono voluntario de las actividades delictivas”, eso no obsta a que puedan “tomar en consideración la colaboración activa con la justicia prestada por este acusado, como merecedora de una atenuante analógica de confesión y colaboración“.

Explican desde el Supremo lo complicado que es que funcione el control normativo cuando un ministro está implicado en la propia organización corrupcta, por lo que “sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena. Organización delictiva de la que formaba parte el coacusado, Víctor Aldama, lo que tiene su indudable relevancia, puesto que solo quien ha cometido tales delitos, desde su integración en ese entramado delictivo, puede ofrecer detalles definitivos para su completo esclarecimiento e identificación de todos los posibles responsables”.

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, suma nuevos pasos en los tribunales. La jueza encargada del caso ha aceptado la petición de la fiscal Teresa Yoldi para citar a declarar a diez testigos clave, entre los que figuran la pareja del empresario, Estefanía Knuth, sus dos hijas -hermanas de Jonathan Andic, el heredero acusado de la muerte de su padre- y la terapeuta que acompañó a la familia en sus momentos más tensos, informa Europa Press.

La lista de comparecientes también incluye a los agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra, quienes inspeccionaron la zona donde ocurrió el suceso, en las proximidades de las Coves del Salnitre de Collbató (Barcelona). La mayoría de los testigos ya había prestado declaración ante los Mossos durante la fase policial, pero ahora deberán ratificar sus testimonios ante la jueza, la fiscal y los abogados de las partes. Todavía no hay fechas fijadas para estas comparecencias.

Además, la magistrada ha abierto nuevas líneas de investigación para recabar más pruebas y contrastarlas con las declaraciones de Jonathan Andic. Entre las medidas ordenadas, figura el esclarecimiento de las fechas y actuaciones de Andic durante su viaje a Ecuador.

La jueza también ha solicitado a los Mossos un informe sobre el uso de WhatsApp en un ordenador, además de autorizar la incautación de ese dispositivo, para determinar si es posible utilizar la aplicación sin el terminal móvil.

Por otro lado, ha pedido al responsable de Ciberseguridad de Mango un registro de todos los teléfonos entregados y recibidos por Jonathan Andic entre 2020 y 2025. Además, ha emitido una comisión rogatoria a Apple para que facilite información sobre la cuenta asociada al terminal de Andic, desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025.

Respecto al teléfono móvil, la investigación analizará todas las comunicaciones, registros de tráfico y conexiones asociadas al dispositivo en el periodo en el que estuvo localizado en las antenas cercanas al lugar del suceso.

La jueza también ha solicitado la identificación de los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic ese día y el análisis de todos los teléfonos conectados a las celdas de la zona entre las 12:33 y las 12:40 horas de la jornada en que ocurrieron los hechos.

Ocurrió en diciembre de 2024

Isak Andic, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer desde una altura de unos 150 metros en la zona de las Coves del Salnitre de Collbató, en el parque natural de Montserrat, cerca de Barcelona. Tenía 71 años y se encontraba realizando una excursión acompañado por su hijo. Aunque inicialmente se consideró un accidente, los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan el pasado 26 de mayo por la posible implicación en los hechos, si bien las hermanas han defendido su inocencia y han sido críticas con la investigación.

Uno de los principales indicios de la Fiscalía es el deterioro de la relación entre padre e hijo en los meses previos a la muerte del empresario. Para sostener esta hipótesis, los investigadores han analizado el contenido de los teléfonos móviles, así como las conversaciones mantenidas con la psicoterapeuta que seguía a la familia.

Entre los mensajes analizados figura uno enviado por Jonathan a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte. En él, hacía referencia a los avances de la terapia familiar en la que ambos participaban, pero también recordaba los conflictos que habían marcado su relación. “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”, llegó a escribir. En otra conversación incluida en la causa, añadía: “Comprendo que era imposible sanear nuestra relación; no me sorprende que la cuerda se rompiera”.

Los investigadores también han examinado el intercambio de llamadas y mensajes entre Jonathan, su padre y la terapeuta durante los meses previos a los hechos. Sin embargo, una parte de la información correspondiente al teléfono del primogénito no ha podido recuperarse después de que este denunciara la pérdida del dispositivo durante un viaje a Quito en marzo de 2025, sin disponer de una copia de seguridad de los datos. Para la Fiscalía, el contenido de estas comunicaciones refuerza la hipótesis de que la mala relación entre padre e hijo venía de lejos y estaba relacionada, al menos en parte, con cuestiones patrimoniales. Entre ellas figuran el destino de la herencia familiar, ya que Isak Andic tenía intención de destinar una parte de su fortuna a una fundación de carácter social.

La investigación analiza también los intercambios entre Isak Andic y la psicoterapeuta familiar. En un mensaje de mayo de 2024, la profesional mencionó que, en una sesión previa, Andic había considerado la opción de excluir a su hijo mayor de la herencia. Un mes más tarde, el empresario calificó la relación con Jonathan como “igual de regular o mal, normal”, señalando que el vínculo entre ambos se limitaba a un trato cordial.

La defensa, por su parte, insiste en que la relación entre padre e hijo era buena en los meses previos al fallecimiento y rechaza que existieran conflictos de relevancia.

(Con información de Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia que reconoce el derecho de una trabajadora a tomarse cinco días pagados para cuidar a su hijo de 15 meses. El tribunal ha adoptado una interpretación más flexible de las pruebas necesarias y ha tenido en cuenta tanto la perspectiva de género como el interés del menor. Hasta ahora, era habitual exigir una justificación muy detallada de la “enfermedad grave” del familiar para conceder este permiso, por lo que este fallo marca un precedente en materia de derechos laborales, igualdad y conciliación familiar.

La trabajadora, auxiliar de enfermería a tiempo parcial en la empresa Aeromédica Canaria S.L.U., solicitó el permiso retribuido contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, aportando un informe médico que señalaba la necesidad de sus cuidados personales para su hijo pequeño durante tres días. La empresa denegó el permiso argumentando que el justificante no especificaba ni la enfermedad ni la gravedad, descontando los días de ausencia de su nómina.

La mujer, apoyándose en la nueva regulación derivada de la Directiva Europea 2019/1158 y del Real Decreto-ley 5/2023, que refuerzan los derechos de conciliación y del cuidado, llevó el caso a los tribunales alegando vulneración del derecho a la igualdad y a la conciliación, así como la discriminación indirecta por razón de género, ya que en España son principalmente las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado, tanto de hijos como de nietos y familiares dependientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revoca ahora el fallo de primera instancia, que había dado la razón a la empresa, y resuelve que la solicitud de la trabajadora estaba justificada. Para llegar a esta conclusión, los magistrados interpretan el espíritu protector de la ley y la normativa europea, asegurando que el permiso de cuidadores “no puede quedar vacío de contenido práctico por exigencias desproporcionadas de acreditación”.

También enfatiza que, tratándose de un menor lactante, las necesidades de cuidado deben interpretarse desde una perspectiva flexible, diferenciando las necesidades de un bebé de corta edad de las de un adulto. La sentencia subraya el mandato de interpretar con perspectiva de género e infancia, siguiendo la doctrina constitucional más reciente y los compromisos internacionales (CEDAW, Convención sobre los Derechos del Niño, etc.), y alerta del impacto negativo que interpretaciones restrictivas tienen sobre la brecha de género y el reparto desigual de los cuidados.

Además, el tribunal considera que la protección de datos de salud impide exigir a la madre que desvele detalles sensibles sobre la enfermedad de su hijo como condición para el permiso, más allá de aportar un informe médico oficial que acredite la necesidad del cuidado.

Reparación y reconocimiento del daño moral

La decisión judicial declara la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación de la trabajadora por razón de género y por asociación respecto a su hijo lactante, condenando a la empresa a restituir íntegramente el permiso, reintegrar la cantidad descontada y abonar una indemnización por daños morales para ambos.

En el fallo, el tribunal otorga también legitimación activa al menor lactante, al considerar que la actuación empresarial le ha causado también a él perjuicio en sus derechos, algo relevante en materia de protección reforzada de la infancia.

El voto particular

Cabe señalar que la decisión no ha sido unánime. Una de las magistradas ha emitido un voto particular discrepante, defendiendo que la ley exige acreditar la concurrencia de “accidente o enfermedad grave” y que la mera necesidad de cuidado, sin especificación del motivo médico, no sería suficiente. También cuestiona dar al hijo lactante legitimación activa y la existencia de daño moral, advirtiendo contra interpretaciones que, según su criterio, puedan contravenir el texto literal de la norma.

Por qué es importante este fallo

Esta resolución tiene gran trascendencia. Por una parte, adapta el derecho interno a los nuevos estándares europeos de conciliación y corresponsabilidad, asegurando que la protección legal sea real y efectiva. Por otra, reconoce el impacto desproporcionado que las cargas de cuidado tienen sobre las mujeres y cómo las interpretaciones restrictivas agravan la brecha de género en empleo y salarios.

También es relevante porque reconoce el derecho a la protección de datos sensibles y la necesidad de flexibilizar los requisitos de acceso a permisos cuando el beneficiario es un menor muy pequeño, anticipando la necesidad de proteger el interés superior del niño.

Hace 45 años, el Congreso de los Diputados en España se convirtió en el escenario de una de las transformaciones legales más profundas del país. La aprobación de la Ley de Divorcio, el 22 de junio de 1981, devolvió a los españoles el derecho a la disolución civil del matrimonio, aprobada durante la Segunda República e ilegalizada de nuevo durante el franquismo. La votación, que resultó en 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco, evidenció el clima de tensión y fractura interna en el grupo parlamentario que lideraba el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.

Hasta la promulgación de esta ley, la nulidad matrimonial dependía casi exclusivamente de los tribunales eclesiásticos. Si bien existían procedimientos civiles, estos seguían la normativa impuesta por la Iglesia Católica, lo que limitaba severamente la autonomía legal de los ciudadanos para terminar un matrimonio. La nueva ley permitió a los jueces civiles conceder divorcios, aunque requería que los cónyuges presentaran motivos concretos, como infidelidad, abandono del hogar o alcoholismo, o bien que acreditaran un año de separación legal previa.

Debate parlamentario y división política

El debate en la Cámara Baja se centró en dos aspectos fundamentales: las causas que permitían solicitar el divorcio y la llamada “cláusula de dureza”. Esta cláusula, introducida por el Senado, otorgaba al juez la capacidad de denegar la demanda de divorcio si se consideraba que podría provocar un perjuicio económico o moral grave e injustificado a la otra parte.

Finalmente, la ley aprobada no incluyó la cláusula de dureza, puesto que el Congreso la rechazó en votación secreta. En esa votación, al menos treinta diputados de la UCD se aliaron con la izquierda, un acto insólito que tensó al máximo la convivencia interna del partido. Fue una jornada densa. El entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, mostró su papeleta de voto secreto al presidente del Gobierno, dejando constancia de su posición a favor de la cláusula, mientras el líder democristiano Óscar Alzaga exigía su dimisión.

La ley tampoco modificó de manera significativa los procedimientos judiciales relativos a la separación. El divorcio por mutuo acuerdo podía alcanzarse tras un año de separación legal, mientras que en caso de conflicto el plazo aumentaba a entre dos y cinco años.

Primeros efectos y cifras iniciales

La norma entró en vigor en agosto de 1981, pero no fue hasta el 7 de septiembre cuando Julia Ivars y Vidal Gutiérrez se convirtieron en la primera pareja en divorciarse civilmente en Santander. Al cierre de ese año, se contabilizaron 9.483 divorcios, una cifra alejada de las previsiones iniciales, sobre todo de los conservadores, que auguraban una avalancha de solicitudes. Desde entonces, el número acumulado de divorcios en España ronda los 2,7 millones, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial.

No obstante, la ley mantuvo la exigencia de justificar la ruptura, lo que obligaba a los solicitantes a exponer motivos personales ante el juez. Esta característica generó críticas y abrió el debate sobre la necesidad de una legislación que permitiera la disolución matrimonial sin necesidad de alegar causa alguna.

El “divorcio exprés”

El 10 de julio de 2005 supuso otro hito en la historia legal española. La reforma que introdujo el divorcio sin necesidad de justificación, conocida como “divorcio exprés”, cambió de raíz el acceso a la disolución matrimonial. Esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil eliminó la obligación de presentar causas y permitió que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar el divorcio de forma unilateral.

La nueva norma permitió a los ciudadanos tramitar el divorcio sin alegar motivos, y además abrió la puerta a que solo uno de los cónyuges presentara la solicitud. Hasta ese momento, la ley exigía el consentimiento de ambos o la existencia de motivos específicos para aprobar la disolución del matrimonio.

Un cambio social en cifras

Desde la instauración de la ley en 1981 hasta la actualidad, España ha registrado más de 2,7 millones de divorcios. El país pasó de depender de la autorización eclesiástica a un sistema en el que la decisión recae en los tribunales civiles y, desde 2005, en la voluntad de los propios cónyuges. La evolución legal ha acompañado una transformación social profunda, reflejada tanto en las cifras como en la percepción pública del divorcio.

Antecedentes y retrocesos legislativos

La posibilidad del divorcio ya había existido en España durante la II República. La ley de 1932 permitía la disolución del matrimonio por causas como el adulterio, la tentativa de prostitución y enfermedades venéreas graves contraídas fuera del matrimonio y ocultadas al cónyuge. Estas disposiciones reflejaban una visión avanzada para la época y una voluntad de proteger a los cónyuges frente a situaciones extremadamente graves.

El final de la Guerra Civil y el inicio de la dictadura de Francisco Franco supusieron un giro radical. La ley de 23 de septiembre de 1939 derogó el divorcio y revirtió los ya concedidos. Los segundos matrimonios quedaron invalidados y las personas divorciadas antes de la guerra volvieron a ser consideradas legalmente casadas, salvo en los casos en que se hubiera contraído un nuevo matrimonio religioso.

Extraña decisión de la Audiencia Nacional. El Servicio Común de Ejecutorias, dependiente de la Sala de lo Penal, ha decidido que Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, coordine la venta de las 46 propiedades que la Justicia le embargó para hacer frente a la responsabilidad civil de sus múltiples condenas. En una resolución fechada el pasado 18 de junio, el tribunal acuerda suspender el mandato que tenía la ORGA, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, y “requerir a la representación procesal de Francisco Correa para que, en el plazo de 10 días, presente convenio de realización de bienes” con las empresas que han manifestado interés en adquirir los bienes embargados.

Como ya publicó Infobae, ocho empresas de varios puntos del país se han interesado por las propiedades de Correa. Una de ellas, Inversiones Aralmar, una inmobiliaria aragonesa, había hecho una oferta para la compra de los inmuebles que un día pertenecieron al empresario y que hoy están embargados. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofrece 6,1 millones de euros por las 44 propiedades. Inversiones Aralmar hizo su oferta de la mano de Paco Correa. Pero entonces aparecieron siete empresas más que también mostraron su interés por el tesoro inmobiliario de Correa y que esperaban que la Audiencia Nacional subastara todos estos bienes, entre los que hay chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid, garajes, varias parcelas rústicas y atraques para barcos en Sotogrande.

Paco Correa presentó entonces un recurso. No quería subasta. En todo caso, que los bienes fueran a parar al primer postor, Inversiones Aralmar. Ahora, en una extraña decisión, pero que está permitida por la ley, la Audiencia Nacional pide a Correa que este se coordine con todas las empresas interesadas para que estas puedan “conocer los bienes individuales que integran el patrimonio afectado a la ejecución y cualquier otra información que precisen para realizar una eventual oferta de adquisición”. Algunas de las firmas interesadas explican que es “como poner al zorro a cuidar del gallinero. Lo suyo es una subasta pública, en la que pueda participar cualquier empresa o ciudadano, no solo los que hemos mostrado interés. Ahora nos obligan a reunirnos con Correa para negociar precios”, explica un portavoz de estas firmas.

La Audiencia Nacional avala su decisión en el artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la posibilidad de acudir a la mediación o a otros medios de solución de controversias durante un proceso de ejecución. “El ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución, incluida la realización por persona o entidad especializada”.

La pregunta es: ¿cuál es el modo más eficaz? “Una subasta pública”, señala una de las empresas interesadas.

Un acuerdo entre partes

En términos prácticos, este artículo permite que, incluso cuando ya se está ejecutando una sentencia (por ejemplo, embargando bienes), el juez pueda pausar el proceso para que las partes intenten llegar a un acuerdo a través de mediación, evitando así continuar con la ejecución forzosa. Si todas las partes alcanzasen un acuerdo, podrán solicitar su homologación judicial, que tendrá los efectos previstos en la ley para los acuerdos de mediación. Esta decisión obliga a Correa a ponerse de acuerdo con ocho empresas. Estas pueden recurrir ahora la decisión del tribunal.

Una de las propiedades más lujosas del tesoro de Correa es el chalé que este se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar. Correa adquirió la finca de 4.000 metros cuadrados el 7 de julio de 2006. La parcela figuraba a nombre de Osiris Patrimonial. Los terrenos fueron pagados gracias a las comisiones que se llevó la trama por participar en la organización de la visita que el papa Benedicto XVI realizó a Valencia en 2006.

En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La tasación real del inmueble puede llegar a 1,6 millones de euros. En esta casa residió durante mucho tiempo la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión. Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009, cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas. También en Sotogrande hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa.

El tesoro de Correa lo completan dos fincas en la Hacienda La Conejera, en Algeciras, en un paraje de alto valor ecológico; una casa en una urbanización de Las Matas, en Las Rozas; y seis fincas rústicas en Tarifa (Cádiz) que suman 168.000 metros cuadrados. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras pasar casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado. El caso ha sido tan complejo que en octubre de 2025 (16 años después de las primeras detenciones) se celebró el último de los 12 juicios que ha generado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta este lunes una reunión especialmente delicada que puede marcar un nuevo capítulo en el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el juez Juan Carlos Peinado. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces analizará las consecuencias de las polémicas afirmaciones que el magistrado incluyó en el auto por el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez, prohibió su salida de España y le impuso comparecencias periódicas ante el juzgado, como medidas cautelares de cara a su juicio.

La cita llega después de un fin de semana de máxima tensión institucional. El Ministerio del Interior ha presentado una queja formal contra el instructor, la Policía Nacional ha criticado públicamente sus palabras, la defensa de la esposa de Pedro Sánchez ha denunciado una posible vulneración del derecho de defensa y la propia presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha decidido aplazar la votación inicialmente prevista para este domingo con el fin de que los vocales puedan debatir presencialmente el asunto.

Aunque la decisión de retirar el pasaporte a Gómez ha situado nuevamente la investigación en el centro de la actualidad política y judicial, el debate de este lunes no girará sobre la procedencia de esas medidas cautelares. Lo que estudiará el CGPJ es si algunos de los argumentos utilizados por Peinado para justificarlas pueden tener consecuencias disciplinarias.

¿Se excedió Peinado al cuestionar a la Policía?

La principal cuestión que tendrán que abordar los vocales nace de uno de los párrafos más controvertidos del auto. Para justificar la existencia de un posible riesgo de fuga, Peinado sostuvo que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la escolta de Begoña Gómez podrían colaborar en una eventual huida. El magistrado llegó a plantear que esa ayuda podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos.

Esas afirmaciones provocaron una reacción inmediata tanto en el ámbito político como en el policial. Sin embargo, más allá de la controversia pública, la cuestión que deberá resolver ahora el CGPJ es si esas referencias forman parte de la libertad que tiene un juez para motivar una resolución o si, por el contrario, constituyen expresiones improcedentes que no encuentran respaldo suficiente en los hechos del procedimiento. Ese será previsiblemente el núcleo del debate.

¿Existe base para abrir un expediente disciplinario?

Ligada a la cuestión anterior aparece la decisión más relevante que puede adoptar el órgano de gobierno de los jueces. La Comisión Permanente estudiará si las manifestaciones contenidas en el auto pueden encajar en algún supuesto de responsabilidad disciplinaria previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuentes jurídicas apuntan a que el análisis gira en torno a una posible falta grave relacionada con la consideración debida a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En este caso, los agentes encargados de la escolta de la esposa del presidente del Gobierno.

La reunión de este lunes servirá precisamente para determinar si existen indicios suficientes para iniciar algún tipo de actuación o si, por el contrario, las afirmaciones del magistrado quedan amparadas por el ejercicio de su función jurisdiccional.

El peso de la queja presentada por Marlaska

Uno de los elementos que estará presente en las deliberaciones será la denuncia formal remitida al CGPJ por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su escrito, el titular de Interior trasladó su “más enérgica queja” por unas afirmaciones que considera de “máxima gravedad”. El departamento entiende que el juez pone bajo sospecha a funcionarios públicos sin aportar elementos objetivos que justifiquen esas sospechas, en las que cuestiona de manera directa la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de autoridades.

Además, Interior considera especialmente relevante que el magistrado sugiera que una eventual colaboración en una fuga pudiera producirse siguiendo órdenes de superiores jerárquicos, una referencia que afecta también a la cadena de mando policial. La queja no determina por sí misma la apertura de actuaciones, pero sí constituye uno de los principales motivos que han llevado el asunto hasta la mesa del CGPJ.

La denuncia de la defensa de Begoña Gómez

La Comisión Permanente también llega a la reunión con otra reclamación encima de la mesa. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha denunciado ante el órgano de gobierno de los jueces una posible vulneración del derecho de defensa al asegurar que tuvo conocimiento de la apertura de juicio oral y de las medidas cautelares a través de los medios de comunicación antes de recibir la correspondiente notificación oficial.

Según sostiene la defensa, las resoluciones judiciales habrían trascendido públicamente antes de ser comunicadas formalmente a las partes personadas en el procedimiento. Aunque se trata de una cuestión distinta a la polémica generada por las referencias a la Policía, el escrito añade otro frente de controversia alrededor de la actuación del instructor y contribuye a aumentar la presión sobre una reunión que ya se presenta especialmente sensible.

Qué puede decidir el CGPJ este lunes

La Comisión Permanente dispone de varias opciones. Puede optar por archivar las quejas recibidas si considera que no existe base para actuar; puede acordar actuaciones previas para recabar más información antes de adoptar una decisión; o puede remitir el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que estudie la apertura formal de un expediente.

Sea cual sea el resultado, la reunión llega en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno y el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez y después de un fin de semana en el que una resolución judicial ha acabado derivando en un conflicto institucional que involucra al Ejecutivo, a la Policía Nacional y al propio órgano de gobierno de los jueces.

El pasado mes de abril, Begoña Gómez acompañaba a Pedro Sánchez durante su viaje oficial a China. La mujer del presidente del Gobierno formó parte de la delegación desplazada al país asiático en una visita de alto nivel que incluyó encuentros institucionales en Pekín y que se produjo en un momento especialmente relevante para las relaciones entre España, la Unión Europea y la segunda economía del mundo.

Esa escena, al menos de momento, no volverá a repetirse. La retirada del pasaporte acordada por el juez Juan Carlos Peinado como medida cautelar y la prohibición de abandonar el territorio nacional impiden a Begoña Gómez acompañar al jefe del Ejecutivo en cualquier desplazamiento internacional mientras dichas restricciones permanezcan vigentes. La decisión llega apenas unos meses después de aquel viaje a China, que ha terminado convirtiéndose en el último gran desplazamiento oficial al extranjero realizado junto a Pedro Sánchez.

Unas medidas cautelares que no son nuevas

La imposibilidad de que Begoña Gómez vuelva a acompañar a Pedro Sánchez en viajes oficiales al extranjero tiene su origen en las medidas cautelares adoptadas tras la apertura de juicio oral en el procedimiento judicial que le afecta. Entre las decisiones acordadas por el juez figura la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.

Precisamente, la probabilidad de restringir los viajes al extranjero de la esposa del presidente ya había aparecido anteriormente en el marco de esta causa. En noviembre de 2024, las acusaciones populares solicitaron al juez que retirara el pasaporte a Begoña Gómez para impedir que pudiera desplazarse a Brasil junto a Pedro Sánchez con motivo de la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro. Aquella petición no prosperó y Gómez continuó participando con normalidad en los desplazamientos internacionales vinculados a la actividad institucional del presidente.

Una agenda internacional sin grandes viajes anunciados

La situación coincide además con un periodo en el que la agenda exterior de Pedro Sánchez para la segunda mitad del año no presenta, por el momento, un gran número de desplazamientos internacionales anunciados públicamente.

A diferencia de otros momentos de la legislatura, no existe actualmente una relación extensa de viajes bilaterales confirmados ni de grandes giras internacionales programadas para los próximos meses. Eso no significa que el presidente vaya a permanecer en España durante todo ese tiempo, ya que buena parte de la agenda exterior suele concretarse con pocas semanas de antelación, pero sí implica que el calendario conocido es relativamente limitado.

Las principales citas ya previstas se encuentran en el ámbito europeo. En particular, destacan las reuniones ordinarias del Consejo Europeo programadas para los meses de octubre y diciembre en Bruselas. Como jefe del Gobierno español, la asistencia de Sánchez a estos encuentros se considera prácticamente obligada salvo circunstancias excepcionales.

No obstante, los Consejos Europeos no suelen contar con una agenda paralela especialmente relevante para cónyuges o acompañantes. Se trata de reuniones eminentemente políticas y de trabajo, centradas en negociaciones entre los jefes de Estado y de Gobierno.

Aun así, cualquier futuro viaje internacional que pueda incorporarse a la agenda presidencial —ya sea una visita bilateral, una cumbre internacional o un desplazamiento institucional— tendrá una diferencia respecto a lo ocurrido en China el pasado abril: Begoña Gómez no podrá formar parte de la delegación mientras continúe vigente la prohibición de abandonar el país.

Lanzarote, el destino habitual para las vacaciones

Donde las restricciones judiciales no tendrán ninguna incidencia es en los desplazamientos dentro de España. Y eso resulta especialmente relevante de cara al verano. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han elegido habitualmente la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, para disfrutar de sus vacaciones estivales. La instalación, situada en la isla canaria y utilizada también por otros presidentes del Gobierno en diferentes etapas, se ha convertido en el destino habitual de descanso de la familia durante los últimos años.

La retirada del pasaporte no afecta a este tipo de desplazamientos nacionales. Begoña Gómez puede viajar a Canarias sin necesidad de documentación internacional y sin que ello entre en conflicto con la prohibición de salir del territorio español impuesta por el juez.

De este modo, mientras la actividad internacional de Pedro Sánchez permanece a la espera de nuevas convocatorias oficiales y con Bruselas como principal cita exterior ya prevista en el calendario institucional, el último gran viaje compartido por el presidente y su esposa sigue siendo aquella visita oficial a China de abril, una imagen que, por ahora, no podrá volver a repetirse fuera de las fronteras españolas.

El auto con el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez ha supuesto para el Partido Popular una victoria política largamente perseguida, pero también le ha colocado ante una situación incómoda que no figuraba en el guion de Génova. La decisión judicial refuerza el discurso que los populares llevan meses construyendo alrededor de la esposa de Pedro Sánchez, pero las polémicas afirmaciones del magistrado sobre los escoltas policiales de Gómez han obligado al partido a moverse en un terreno mucho más delicado del esperado.

La apertura de juicio oral era exactamente la imagen que el PP buscaba desde que comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Durante más de dos años, la dirección popular ha convertido el caso en uno de los principales ejes de su ofensiva contra Sánchez, sosteniendo que existían suficientes indicios para cuestionar la actuación de Gómez y denunciando lo que consideraba una utilización de la influencia asociada a su posición en La Moncloa.

Por eso, la reacción de los dirigentes populares fue inmediata cuando se conoció la decisión de Peinado. El más contundente fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, que aprovechó la noticia para elevar todavía más el tono de la confrontación política con el Gobierno. “Sánchez ha convertido La Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal”, escribió en sus redes sociales apenas unos minutos después de hacerse pública la resolución judicial.

En Génova consideran que el auto supone un respaldo evidente a las críticas que llevan meses formulando contra el entorno del presidente. Sin embargo, el documento judicial contenía un elemento inesperado que ha terminado desplazando parte del foco político de la propia apertura de juicio oral.

El párrafo que cambia el debate

La controversia no gira en torno a los delitos atribuidos a Gómez ni a las medidas cautelares impuestas por el magistrado. Lo que provocó la tormenta política e institucional es uno de los argumentos utilizados por Peinado para justificar esas medidas. En su auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y señala que los propios agentes encargados de la protección de Begoña Gómez podrían, llegado el caso, colaborar para facilitar una eventual huida. Según recoge la resolución, esa colaboración podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos.

La afirmación provocó una reacción prácticamente inmediata dentro de la Policía Nacional y entre los sindicatos profesionales, que interpretaron esas palabras como un cuestionamiento directo a la integridad y profesionalidad de los agentes.

Lo que inicialmente parecía una jornada de celebración para el Partido Popular terminó convirtiéndose en un ejercicio de equilibrio político. El PP lleva años presentándose como uno de los principales defensores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y difícilmente podía permanecer en silencio ante las críticas lanzadas desde el ámbito policial. Pero, al mismo tiempo, tampoco le interesaba aparecer cuestionando una resolución judicial que supone uno de los mayores golpes políticos recibidos por el Gobierno en los últimos meses.

Gamarra busca el equilibrio

La encargada de fijar la posición oficial del partido ha sido este domingo Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha calificado de “lógica” la reacción de los policías y ha trasladado el respaldo de su formación a los agentes, subrayando la confianza del partido en su profesionalidad. Desde Logroño, Gamarra ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado que son quienes trabajan diariamente en la protección de los ciudadanos. Además, ha recordado que los cuerpos policiales están desempeñando un papel fundamental en investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Sus palabras buscaban enviar un mensaje claro de apoyo a los agentes sin entrar en una confrontación directa con el juez instructor. La dirigente popular ha evitado en todo momento cuestionar a Peinado. Tampoco ha querido valorar la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial termine adoptando medidas contra el magistrado por las afirmaciones incluidas en el auto. “El Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar y ese es un camino que está ahí y que respetamos absolutamente”, ha señalado.

Gamarra ha insistido en que corresponde exclusivamente al órgano de gobierno de los jueces analizar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, reivindicando el respeto a la separación de poderes y rechazando cualquier intento de interferencia política.

El PP separa la responsabilidad política de la penal

Más allá de la polémica sobre los escoltas y las palabras de Peinado, Gamarra ha aprovechado para reivindicar el significado político que el PP atribuye a la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. La dirigente popular ha destacado que la resolución supone “avanzar todavía más” en una causa en la que se investigan cuatro presuntos delitos y ha defendido que el caso tiene consecuencias políticas independientemente de cuál sea su desenlace judicial.

De hecho, la número dos del PP ha reconocido expresamente que el procedimiento podría no acabar en condena. “Veremos si termina o no en condena”, ha afirmado, antes de insistir en que, a su juicio, existe una responsabilidad política que trasciende la decisión final de los tribunales.

Esa es precisamente la línea argumental que Génova ha ido consolidando durante los últimos meses. Los populares sostienen que el debate sobre las actividades de Begoña Gómez no depende exclusivamente de si los hechos investigados terminan siendo considerados delictivos, sino también de la utilización que habría hecho de su posición como esposa del presidente del Gobierno para desarrollar determinadas actividades profesionales.

En esa misma línea, Gamarra ha asegurado que La Moncloa se ha convertido en un “centro de tráfico de influencias” y ha sostenido que determinadas actuaciones vinculadas al entorno de Sánchez “habrán podido ser delito o no”, pero en cualquier caso deberían tener consecuencias en el plano político.

La Policía Nacional ha respondido al juez Juan Carlos Peinado después de que este dejara abierta en su último auto la posibilidad de que los agentes encargados de la escolta de Begoña Gómez pudieran colaborar en una eventual fuga de la mujer del presidente del Gobierno. El cuerpo considera que esas afirmaciones carecen de base y ha salido en defensa de la profesionalidad de sus funcionarios, rechazando de plano cualquier sospecha sobre su actuación.

El choque institucional se produce apenas veinticuatro horas después de que el magistrado acordara la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. En esa misma resolución, además, impuso medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

Sin embargo, no han sido esas medidas las que han provocado la reacción de la Policía Nacional, sino uno de los razonamientos empleados por Peinado para justificarlas.

En el auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y argumenta que ni siquiera la presencia de escoltas policiales elimina esa posibilidad. Más aún, llega a señalar que los propios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la protección de Gómez podrían, llegado el caso, facilitar una huida. Según escribe el magistrado, esos funcionarios podrían actuar “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborando en acciones destinadas a impedir que la acusada permanezca a disposición de la Justicia. Es precisamente ese párrafo el que ha encendido todas las alarmas dentro de la Policía.

La Policía rechaza quedar “bajo sospecha”

La respuesta llegó este domingo mediante un comunicado oficial de la Dirección General de la Policía Nacional. El texto no menciona expresamente al juez, pero sí cuestiona de forma directa el contenido de sus afirmaciones. El cuerpo considera “injustificada” cualquier argumentación que sitúe bajo sospecha a los agentes y rechaza que pueda insinuarse que estos estarían dispuestos a colaborar en la elusión de la acción de la Justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares adoptadas por los tribunales.

La Policía recuerda además que sus funcionarios actúan bajo los principios de neutralidad política, imparcialidad y pleno sometimiento a la ley. Sobre esa base, subraya que ningún agente puede cumplir órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico, una puntualización con la que responde directamente a la hipótesis planteada por el instructor acerca de una eventual actuación siguiendo instrucciones superiores.

El comunicado va más allá y reivindica la trayectoria profesional del cuerpo. La institución sostiene que su honorabilidad se apoya en décadas de servicio público y en la confianza depositada por los ciudadanos, por lo que considera necesario defender “el honor, la integridad y el prestigio” de sus miembros frente a cualquier insinuación que ponga en duda esos principios.

Pese al tono firme empleado en la respuesta, la Policía introduce también un mensaje dirigido a evitar una confrontación abierta con el Poder Judicial. El texto deja claro que esta defensa de los agentes es compatible con el respeto institucional a la independencia de los jueces y a las resoluciones que estos dicten.

Interior eleva la presión

La controversia no tardó en trasladarse al plano político. Horas después de conocerse el contenido del auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió intervenir personalmente y remitió un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

En esa comunicación, el titular de Interior expresa su “más enérgica queja” por unas afirmaciones que considera especialmente graves. A su juicio, las palabras incluidas por Peinado suponen un cuestionamiento directo de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y proyectan una imagen de desconfianza sobre unos funcionarios cuya labor consiste precisamente en garantizar el cumplimiento de la legalidad.

El comisario Villarejo quiere personarse en el ‘caso Leire’ como perjudicado. Así lo trasladó hace unos días al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Pero uno de los investigados en esta causa, el empresario Javier Pérez Dolset, acusado de formar parte de la trama organizada liderada por Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) y la ‘fontenera’ socialista Leire Díez, se opone. En un escrito fechado el pasado 17 de junio, Pérez Dolset sostiene que el excomisario no acredita un perjuicio “directo, personal, concreto y derivado” de los hechos investigados.

El eje de la impugnación es claro: Villarejo, según los abogados de Pérez Dolset, no pretende solo defender sus derechos en esta causa, sino trasladar a este procedimiento otros sumarios judiciales como ‘Tándem’ (que tiene 47 piezas distintas) y ‘Kitchen’, en los que Villarejo está imputado, además de intentar meter en esta nueva causa “publicaciones periodísticas, declaraciones televisivas, fiscales, policías, periodistas, testigos, medios de comunicación y resoluciones de otros órganos...” Esta pretensión “entraña un riesgo evidente de expansión indebida del objeto procesal. Las presentes diligencias previas [el caso Leire] no pueden convertirse en un cauce para revisar, reinterpretar o reabrir controversias de la causa ‘Tándem’ ni para instrumentalizar la causa como escenario de confrontación procesal”, señala el escrito de Pérez Dolset.

Villarejo asegura que su aparición en el ‘caso Leire’ es un “montaje para destruirle” y ha asegurado en algunas entrevistas que no puede asegurar haber conocido a la fontanera socialista, ya que se reunió un par de veces con una “chica” que podría ser ella, sin estar seguro. Villarejo ha solicitado, por tanto, que se le acepte como perjudicado. En su escrito, invoca la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho a la prueba y la protección de su honor, intimidad y propia imagen. También sostiene que se habrían manejado, difundido o utilizado materiales procedentes de la ‘causa Tándem’, una macrocausa que se abrió con 47 piezas con los famosos audios que se decomisaron a Villarejo.

¿Por qué se opone Pérez Dolset? Su tesis es que una cosa es que Villarejo pueda ejercitar las acciones que considere en la vía procedente y otra muy distinta que pueda entrar en esta causa como perjudicado. Para ello, razona, debería acreditar un daño directo y actual conectado con los hechos concretos investigados en el ‘caso Leire’. Su escrito insiste en que no basta una afectación mediática, reputacional o procesal indirecta. Tampoco basta con que Villarejo discrepe del uso judicial o periodístico de determinadas grabaciones relacionadas con la macrocausa ‘Tándem’ o el caso ‘Kitchen’.

Las grabaciones

El punto más relevante de la impugnación de Pérez Dolset es la explicación sobre las famosas grabaciones de Villarejo. El empresario sostiene que sus actuaciones respecto a esos materiales “no constituyeron una actividad clandestina o extraprocesal” dirigida a perjudicar a Villarejo, sino que se canalizaron ante órganos judiciales competentes. En concreto, afirma que los documentos y grabaciones fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional en la causa ‘Tándem’. Esa aportación dio lugar a la apertura de casi 50 piezas separadas para su investigación judicial.

A partir de ahí, la defensa de Pérez Dolset formula su argumento más fuerte: quien entrega documentación potencialmente relevante a un órgano judicial no convierte al investigado afectado por esa documentación en perjudicado frente a quien la aportó. Admitir esa tesis, advierte, supondría permitir que cualquier investigado se persone contra quien haya puesto pruebas o documentos en conocimiento de la Justicia.

La impugnación de Pérez Dolset añade otro elemento: en la causa ‘Kitchen’, determinadas grabaciones aportadas por el empresario habrían sido asumidas y valoradas por la Fiscalía para fundamentar sus pretensiones acusatorias, incluso para interesar un incremento de las penas solicitadas contra Villarejo. Esto excluye que la aportación pueda presentarse ahora como un daño antijurídico causado por Pérez Dolset. Si el material fue incorporado a un procedimiento penal y utilizado por una acusación pública, el eventual perjuicio procesal para Villarejo no puede convertirse en legitimación para personarse como perjudicado en otra causa.

Por último, Pérez Dolset también alerta de una posible expansión indebida del objeto procesal. A su juicio, la petición de Villarejo, de ser aceptado como perjudicado, introduce referencias a muchas otras causas judiciales, medios de comunicación, fiscales, policías, periodistas... Por eso pide al tribunal que no permita que el ’caso Leire’ se convierta en un cauce para revisar o reinterpretar controversias de otros procedimientos. Reconocer a Villarejo como perjudicado le daría acceso a materiales y líneas de investigación que no guardan relación directa con un perjuicio propio acreditado en esta causa.

El escrito de oposición de Pérez Dolset incluso plantea una petición subsidiaria: si el tribunal acordara alguna forma de intervención de Villarejo, esta debería quedar estrictamente delimitada y sin acceso general a actuaciones, piezas, evidencias digitales o documentación relativa a Pérez Dolset que no tenga conexión directa con un perjuicio previamente justificado.

El sindicato mayoritario de la policía, Jupol, ha reclamado este sábado una “rectificación” al juez Juan Carlos Peinado, tras su afirmación de que los agentes de la escolta de Begoña Gómez podrían “facilitar” su eventual “fuga”, como justificación para ordenar la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez entre las medidas cautelares establecidas antes de su juicio.

El auto firmado por Peinado sostiene que los agentes de seguridad, “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

El sindicato policial replicó con firmeza: “Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga”, señala el comunicado difundido por Jupol.

Además de la retirada de pasaporte, el juez ha dictado las siguientes medidas cautelares: prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia quincenal ante el juzgado. La defensa de la esposa del presidente Pedro Sánchez había descartado que pudiera huir, alegando precisamente su constante acompañamiento por miembros de los cuerpos de seguridad.

En el comunicado, Jupol insistió en que “poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. El sindicato subrayó que los profesionales de la escolta de Presidencia “desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales”. Jupol consideró “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.

El sindicato concluyó que las declaraciones de Peinado “proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”.

“Los policías no actúan al margen de la ley”

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha arremetido este sábado contra el juez Juan Carlos Peinado. Esta organización ha señalado que es “especialmente preocupante” que Peinado formule hipótesis “que sugieran la posibilidad” de que los agentes “colaboren en actuaciones contrarias a la acción de la Justicia, ya sea por iniciativa propia o siguiendo supuestas órdenes jerárquicas”.

“Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Nuestro ordenamiento jurídico es claro al respecto y exige a todo funcionario público actuar siempre dentro de la legalidad”, apuntan en otro comunicado.

El SUP apunta que el prestigio de la Policía Nacional “se sustenta en la confianza que la sociedad deposita en sus profesionales”, y que esta “no puede verse erosionada por afirmaciones genéricas que, sin individualizar conductas concretas ni apoyarse en indicios determinados, proyecten sobre miles de agentes una sombra de sospecha incompatible con la realidad del servicio que prestan diariamente”.

*Con información de agencias

La polémica por las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha reabierto el debate sobre qué entiende la ley por regalo de cortesía a presidentes y altos cargos y cuándo ese obsequio puede dejar de ser protocolario para entrar en el terreno del soborno.

La diferencia básica está en que la normativa administrativa permite solo obsequios que no superen los usos sociales o de cortesía, pues el Código Penal castiga las dádivas entregadas por razón del cargo. Hasta 2005 no existía un código específico para regular estos regalos. Ese año, el Consejo de Ministros presidido precisamente por Zapatero aprobó un Código de Buen Gobierno que ordenaba rechazar cualquier regalo, favor o servicio “que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía”. Ese texto también preveía que los obsequios de “mayor significación de carácter institucional” pasaran al patrimonio del Estado. Más tarde, en 2013 y ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno recogió ese mismo criterio.

¿Y cuándo un regalo se convierte en un soborno? La clave es obvia: cuando se entrega debido al cargo del receptor y con la expectativa de recibir algo a cambio (una ayuda pública, un contrato, una ventaja administrativa...). El artículo 422 del Código Penal prevé penas de hasta un año de prisión y suspensión de empleo o cargo de entre uno y tres años para la autoridad o funcionario que reciba una dádiva ofrecida en consideración a su función. Además, cuando el receptor ya no ocupa el cargo, no desaparece el riesgo penal si el obsequio busca abrir puertas, lograr contactos o influir en decisiones futuras.

La Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones puede obligar a tributar por bienes recibidos gratuitamente, de modo que una joya de alto valor puede plantear también un problema fiscal si no se declara.

Cómo se registran los obsequios oficiales

Cuando el regalo tiene carácter institucional, la regla general es que no se integre en el patrimonio privado del cargo público. Los regalos de mayor significación institucional deben incorporarse al patrimonio público. Por ejemplo, la Casa Real publica cada año, desde 2015 —y a raíz de los polémicos ‘regalos’ recibidos por Juan Carlos I por parte de las petromonarquías del Golfo— un inventario de los obsequios entregados a la Familia Real, con registro y valoración para incorporarlos a Patrimonio Nacional o donarlos a una entidad sin ánimo de lucro. La institución recibió 358 regalos en 2024 (el listado de 2025 todavía no se conoce).

Esa práctica no se repite con la misma frecuencia en otras administraciones. En una resolución de 2023, el Consejo de Transparencia reprochó a Presidencia no facilitar el listado de los regalos recibidos por Pedro Sánchez tras la reclamación de un ciudadano, según EFE. Moncloa alegó entonces que la clasificación y valoración de los objetos se hace cuando cada presidente deja el cargo, por lo que hasta ese momento no hay inventario.

Los precedentes muestran que la práctica ha oscilado entre la incorporación al patrimonio público y la ausencia de criterios uniformes. Muamar el Gadafi regaló en 2003 un caballo a José María Aznar durante una visita a Trípoli; el animal, llamado “El rayo del líder”, fue catalogado como bien de Patrimonio Nacional y quedó al cuidado del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil en Valdemoro, en Madrid. Otro caso es el de La Mareta, la residencia de Lanzarote que el rey Hussein de Jordania ofreció en 1989 al entonces rey Juan Carlos y que terminó en Patrimonio Nacional. En otro episodio, durante la visita a España de Mohamen bin Salmán en 2018, el príncipe heredero saudí entregó joyas y otros objetos al rey, la reina, sus hijas y los reyes eméritos. Y el pasado noviembre, el sultán de Omán entregó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, un maletín marrón con una bandeja de plata en su interior. Días después, el Portal de Transparencia municipal lo registró como regalo a la institución e indicó en el apartado de valor que no había sido posible tasarlo.

También existen límites fijados por algunas comunidades, aunque no son topes estatales. La Generalitat de Cataluña aplica desde 2016 una regla general de abstención para altos cargos y directivos del sector público, y prohíbe además que empresas privadas o particulares paguen viajes, desplazamientos o alojamientos. Y Galicia considera que un regalo de más de 90 euros excede las costumbres de cortesía y no puede aceptarse.

El próximo 22 de junio vencerá el plazo que tiene Juan Carlos Lascurain para entregarse a la justicia, con el propósito de cumplir la pena de cuatro años de prisión por el desvío de fondos públicos destinados a la obra vial de acceso a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Un fallo de la Corte Suprema dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 7, que también alcanza a otros dos condenados. Se trata del ex interventor de la antigua compañía estatal, Atanacio Pérez Osuna; y el ex asesor Juan Marcelo Vargas. Por otro lado, confirmó la absolución del ex coordinador de YCRT, Miguel Ángel Larregina.

Según pudo saber Infobae, la defensa de Lascurain presentó un pedido de arresto domiciliario que, entre otros motivos, se sustenta en que el empresario cumplió 79 años y enfrenta problemas de salud.

El juez de ejecución, Germán Castelli, tuvo en cuenta el planteo y ordenó que se inicie el trámite, que se resolverá una vez que se incorporen al expediente los informes requeridos y se dé vista a todas las partes del proceso.

Mientras tanto, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2007 y 2009 deberá acatar la orden del TOF 7, que dispuso que en el plazo definido se presente en la sede ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, para “cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta”.

Lascurain estuvo preso cuatro meses durante 2018 en el marco de la causa Cuadernos, hasta que obtuvo el arresto domiciliario por su edad y motivos de humanidad, y posteriormente fue excarcelado.

La fiscal Fabiana León había reclamado la detención inmediata de Lascurain, de Pérez Osuna y de Vargas, tras la resolución que firmaron los integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que desestimó el recurso de los condenados a través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa

El juicio por los hechos de corrupción detectados en la construcción del denominado “Camino de los Mineros” que mejoraba el acceso a la planta de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio terminó en el año 2019 con la condena de Juan Carlos Lascurain por el delito de peculado.

La empresa que debía ejecutar la obra era Fainser S.A., vinculada a Lascurain, y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de Alicia Kirchner. En el juicio oral, el empresario reconoció que había cobrado ese anticipo y sostuvo que lo destinó a contratar personal y a poner en marcha la futura obra.

La maniobra consistió en transferir 50 millones de pesos a Fainser S.A. mediante tres cheques: dos librados el 30 de noviembre y uno el 9 de diciembre de 2015, en los días del cambio de gobierno nacional.

Así las cosas, está pendiente otro juicio por el supuesto desvío de 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio, en el que está imputado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

La senadora Martha Peralta enfrenta una investigación liderada por la magistrada Cristina Lombana por supuestas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el escándalo de corrupción registrado durante el mandato de Gustavo Petro.

Como parte del proceso, la magistrada decidió restringir la libertad de Peralta mientras se desarrolla la diligencia de indagatoria, medida que permanece vigente hasta que se resuelva su situación jurídica.

Ante esta restricción, la defensa de Peralta presentó un recurso de hábeas corpus ante un juez de Bogotá, solicitando la revisión inmediata de la medida, argumentando posibles vulneraciones a sus garantías fundamentales, pero este fue rechazado.

Una de las claves de este proceso era el testimonio de Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres en la Ungrd y la persona que prendió el ventilador del caso; sin embargo, Pinilla se negó a declarar contra Peralta.

En la tarde del 19 de junio, la firma de abogados Gustavo Moreno, que defiende a Pinilla, emitió un comunicado en el que confirmó que, protegido por el derecho a guardar silencio, el santandereano, que tiene un preacuerdo con la Fiscalía, no declarará en el proceso contra Martha Peralta.

“La defensa insiste: el señor Pinilla ha colaborado con la justicia dentro de los marcos legales correspondientes. Pero esa colaboración no lo despoja de su condición de sujeto de derechos, ni habilita a que sea interrogado ilimitadamente sobre hechos funcionales, institucionales o privados que puedan comprometer su responsabilidad penal y que no estén cobijados por el objeto específico de su principio de oportunidad”.

Defensa de Pinilla hizo cinco solicitudes

En el comunicado, los abogados de Sneyder Pinilla solicitaron que el rechazo al interrogatorio sea una constancia procesal a favor del santandereano, al que piden que se le reconozca su derecho fundamental a guardar silencio frente a toda pregunta relacionada con hechos derivados de su actuación como exfuncionario de la Ungrd que no hagan parte de lo estipulado como cooperación y que se le respete su derecho a no autoincriminarse.

La defensa argumenta que un posible interrogatorio llevará a “preguntas derivadas de conversaciones privadas presuntamente extraídas del teléfono celular entregado voluntariamente por el señor Pinilla en el marco de su cooperación judicial”.

Además, la defensa de Pinilla afirmó que la decisión no demuestra que exista una falta de colaboración o evasión procesal de su cliente: “Que se deje constancia expresa en el acta de la diligencia de cada oportunidad en la cual la defensa invoque el artículo 33 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley”, es como termina el comunicado.

¿Por qué es tan importante el testimonio de Pinilla?

Sneyder Pinilla desempeñó un papel central en el entramado de corrupción que involucró a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd). Como ex subdirector de Manejo de Desastres, su firma figura en la mayoría de los documentos relacionados con el polémico contrato de carrotanques en La Guajira, lo que lo ubica como uno de los principales operadores del esquema.

A partir de su colaboración con la justicia y la aprobación del principio de oportunidad, Pinilla se convirtió en un testigo clave para exponer cómo funcionó la estructura y el funcionamiento de la red de corrupción, así como para señalar a altos funcionarios y congresistas.

Sus declaraciones han vinculado directamente a figuras del Congreso en la recepción de millonarias sumas de dinero y permitieron documentar el pago de sobornos, lo que ha dado paso a investigaciones y procesos contra otros responsables. Su testimonio ha tenido repercusiones políticas, provocando salidas de figuras relevantes de partidos afectados por los señalamientos. Su importancia radica en haber roto el silencio, facilitando la judicialización de quienes integraron la red de corrupción.

Dos ciudadanas de Guatemala han visto reconocido su derecho a obtener la nacionalidad española por ascendencia sefardí mediante una resolución que revoca una negativa previa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La resolución, emitida por la Audiencia Provincial de Madrid a 22 de abril de 2026, se apoya en la Ley 12/2015, que regula el acceso a la nacionalidad española para descendientes de judíos sefardíes expulsados de la península ibérica hace más de cinco siglos. Esta ley exige la acreditación tanto del origen sefardí de los solicitantes como de su especial vinculación con España.

Las solicitantes aportaron certificados de organizaciones estadounidenses

En este caso, con el fin de cumplir estos requisitos, las solicitantes entregaron documentos que incluían certificaciones expedidas por la Federación Judía de Nuevo México y la Congregación Or VeShalom de Atlanta, las dos estadounidenses; así como un certificado de la Asociación Chabad Lubavitch de Guatemala. También aportaron informes genealógicos respaldados por la Federación de Comunidades Judías de España que vinculaban sus apellidos a linajes sefardíes.

La clave del caso radicó en el valor reconocido a los certificados. El tribunal valoró si la documentación presentada desde Guatemala resultaba suficiente como para cumplir la ley, ya que una jueza de primera instancia había descartado este certificado y solo había valorado los emitidos en Estados Unidos. Según la Audiencia de Madrid, el certificado guatemalteco es válido, ya que es el país de nacimiento y residencia de las interesadas.

En su fallo, la Audiencia señaló que la ley permite varias formas de prueba para acreditar el origen sefardí, pero subrayó que “los medios de prueba deben observar de manera rigurosa los requisitos legalmente establecidos (...). Cuando el certificado expedido por la comunidad judía o autoridad rabínica no reúne los requisitos, no se le puede dar valor probatorio buscando rodeos”. Así lo recoge la sentencia, que reitera la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia.

Los certificados expedidos en el país de residencia cumplen con los requisitos

El tribunal explicó que los certificados deben presentarse en el país de residencia o de nacimiento del solicitante de nacionalidad, y que la autoridad del firmante debe estar debidamente reconocida. Se puede admitir información adicional, pero solo si proviene de entidades con reconocimiento suficiente. En este caso, la Audiencia consideró que la documentación entregada desde Guatemala cumplía con estas exigencias, por lo que se tomó por válida a efectos legales.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado defendieron la postura de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, alegando que las demandantes no habían satisfecho la carga probatoria exigida. La jueza de primera instancia había desestimado la demanda por entender que los certificados estadounidenses no tenían la fuerza legal necesaria, por lo que exigía que existiera una correspondencia territorial estricta entre la documentación y el lugar de residencia.

La Audiencia Provincial, en cambio, consideró que el criterio anterior debía matizarse. Según el tribunal, los certificados expedidos por asociaciones locales en el país natal y de residencia respondían al espíritu de la ley y cumplían con los requisitos principales. El fallo señaló que no se exigía anexar documentos adicionales, como estatutos o validaciones externas, si ya se había presentado la documentación principal de acuerdo con la norma.

Respecto al vínculo especial con España, uno de los puntos centrales de la Ley 12/2015, la resolución aclara que este aspecto no fue objeto de debate en el proceso, ya que las solicitantes superaron desde el principio los requisitos habituales sobre idioma, cultura e integración.

La Audiencia resolvió anular la negativa de la Dirección General y reconoció el derecho de las demandantes a la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza. El fallo también impone al Estado español el pago de las costas judiciales de la primera instancia, y recoge textualmente: “Se declara nula la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho, reconociendo el derecho de las actoras a la concesión de la nacionalidad española”.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, introduce un nuevo elemento en el ‘caso Plus Ultra’. Aunque desde el punto de vista jurídico la medida no supone una alteración sustancial del procedimiento, sí añade un componente personal que puede acabar condicionando los movimientos de la defensa a partir de ahora.

La citación se ha producido apenas un día después de que Zapatero declarara ante el magistrado instructor. Y precisamente en esa comparecencia, a cuyos audios ha tenido acceso Infobae, ya se apreciaba una preocupación evidente por la situación de sus hijas. De hecho, antes incluso de que fueran formalmente investigadas, el expresidente dedicó parte de su declaración a reivindicar la actividad profesional de ambas y a desvincular su empresa de cualquier actuación irregular.

Más allá de las implicaciones jurídicas inmediatas, la decisión de imputarlas introduce un factor que hasta ahora permanecía en un segundo plano: el componente familiar. La pregunta que surge es inevitable. ¿Puede la imputación de las hijas alterar la estrategia de defensa de Zapatero? José Ignacio Estradé, abogado especializado en Derecho Penal y socio director de Estradé Law Firm, considera que, desde el punto de vista estrictamente legal, probablemente no. Sin embargo, admite que la situación sí puede influir en el plano personal y emocional de un investigado que, además de expresidente del Gobierno, es padre de las dos jóvenes ahora llamadas a declarar.

Una posibilidad que la defensa ya contemplaba

Estradé cree que difícilmente la decisión judicial puede haber sorprendido a quienes llevan la defensa de Zapatero. “Yo quiero entender que el equipo legal que está defendiendo al expresidente lo daba por descontado”, explica el letrado. A su juicio, cualquier defensa penal sólida trabaja siempre sobre los escenarios más desfavorables para evitar que una decisión judicial obligue a rehacer la estrategia sobre la marcha.

Por eso considera poco probable que la imputación de las hijas provoque un cambio radical en la línea de defensa seguida hasta ahora. “Si hubiera sido el abogado defensor, me pongo en el peor de los escenarios contando con que van a imputar a sus hijas sí o sí. No creo que realmente le afecte desde el punto de vista de estrategia”, señala.

La propia evolución de la investigación apuntaba desde hace meses en esa dirección. Los informes policiales y las diligencias practicadas por el juzgado ya habían situado a Whathefav, la empresa vinculada a Alba y Laura Rodríguez, dentro del perímetro de la investigación. La UDEF llegó a registrar la sociedad el pasado mes de mayo y los investigadores han analizado diversos pagos recibidos por la mercantil.

La declaración del miércoles ya apuntaba a una defensa de sus hijas

La comparecencia de Zapatero ante el juez Calama ofrece algunas pistas sobre cómo afronta esta situación. Durante el interrogatorio, el magistrado le preguntó expresamente por la participación de Whathefav en la actividad de Análisis Relevante, la consultora a través de la que el expresidente desarrollaba distintos trabajos profesionales. El instructor llegó a señalar que una parte importante de los pagos realizados por la sociedad terminaban en manos del propio Zapatero y de la empresa gestionada por sus hijas.

Fue entonces cuando el expresidente realizó una defensa especialmente detallada de la actividad empresarial de Alba y Laura Rodríguez. Zapatero reconoció abiertamente que fue él quien propuso a Julio Martínez que sus hijas colaboraran con Análisis Relevante a través de su agencia de comunicación digital. “Sí, he apoyado a mis hijas”, afirmó durante la declaración. Y, acto seguido, reivindicó su trayectoria profesional: “Laura y Alba tienen una empresa desde el año 2019”, señaló, antes de añadir que cuentan con trabajadores y actividad propia.

Pero el expresidente quiso ir más allá. “Precisamente por ser quienes son, nunca han concursado a una administración pública. Podían haberlo hecho. Nunca han tenido un contrato con una administración pública. Podían haberlo hecho”, defendió ante el juez.

La relevancia de esas palabras radica en el contexto en que fueron pronunciadas. En ese momento las hijas del expresidente todavía no habían sido citadas como investigadas. Sin embargo, Zapatero ya estaba empleando parte de su intervención ante el juez para defender la legitimidad de su actividad profesional.

A lo largo del interrogatorio, además, insistió en la misma idea. Cuando el magistrado subrayó que Whathefav figuraba entre los principales receptores de fondos procedentes de Análisis Relevante, Zapatero respondió que esos ingresos eran consecuencia del trabajo realizado. “Es en proporción al trabajo”, aseguró, antes de defender que tanto él como la empresa de sus hijas habían desarrollado una intensa actividad para la consultora.

El impacto emocional de la imputación

Si bien Estradé no prevé grandes cambios en la estrategia jurídica, sí cree que la nueva situación puede tener consecuencias importantes en el plano personal. “Evidentemente le va a afectar muchísimo y es normal porque son sus hijas”, señala.

Para el penalista, la incorporación de Alba y Laura Rodríguez al procedimiento introduce un elemento emocional que no puede ignorarse. A partir de ahora, la preocupación de Zapatero ya no se limitará a su propia situación procesal, sino también a la de dos familiares directos.

Por eso considera posible que buena parte de los esfuerzos defensivos se orienten a intentar aislar la posición de sus hijas dentro de la investigación. “Él como padre tratará de aislar el tema de sus hijas y puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que a sus hijas no les pase nada”, apunta, aunque recuerda que cualquier planteamiento de este tipo siempre estará condicionado por las pruebas que maneje el juzgado.

Estradé también recuerda que el derecho a guardar silencio forma parte de las garantías básicas de cualquier investigado y que no puede interpretarse como una admisión de responsabilidad. “Guardar silencio no significa para nada una aceptación de los hechos. Es un derecho constitucional y ya está”, sostiene. No obstante, en el caso de las cuestiones relacionadas con Whathefav y con la actividad profesional de sus hijas, Zapatero sí respondió a las preguntas del instructor y aprovechó su declaración para defender la trayectoria de Alba y Laura Rodríguez, así como el trabajo desarrollado por su empresa.

La investigación entra ahora en una nueva fase con la incorporación formal de Alba y Laura Rodríguez al procedimiento. Pero, vista con perspectiva, la declaración de Zapatero ante el juez adquiere una lectura distinta. Apenas veinticuatro horas antes de que sus hijas fueran citadas como investigadas, el expresidente ya estaba dedicando parte de su comparecencia a defender su actividad profesional y a reivindicar el trabajo desarrollado por su empresa.

Para Estradé, ese detalle refuerza la impresión de que la posibilidad de que la investigación acabara alcanzándolas era un escenario que la defensa contemplaba desde hacía tiempo. A partir de ahora, sostiene el penalista, el desafío para Zapatero no será tanto replantear su estrategia jurídica como afrontar el impacto personal de ver a sus hijas incorporadas a la misma causa en la que él ya figura como investigado.

Entre muchas conclusiones, una de ellas es que el juez determinó que el dinero que entraba en la consultora Análisis Relevante terminaba, casi en su totalidad, en el entorno familiar del expresidente del Gobierno. Recordemos que en el auto el magistrado se mostró sorprendido porque el trabajo de las hijas “no aportaba valor propio” y veía una estructura “orientada a justificar pagos”. Veamos las siete claves de la conversación entre Calama y Zapatero de este miércoles.

1. Zapatero colocó a sus hijas en la consultora

El expresidente admitió sin ambages que fue él quien abrió la puerta de Análisis Relevante a sus hijas Laura y Alba. “Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podían mis hijas, con su agencia de comunicación digital, prestar una colaboración formal”, declaró ante el juez. Zapatero defendió que What The Fav, la empresa de sus hijas, era una firma con trayectoria propia —fundada en 2019 en el caso de Laura, en 2023 en el de Alba—, con trabajadores a su cargo, y que nunca había contratado con ninguna administración pública.

La función que desempeñaba What The Fav dentro del engranaje era, según el expresidente, la maquetación, edición y distribución de los informes que elaboraba junto a Sergio Sánchez, exasesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una vez revisados y aprobados por Zapatero, era la empresa de sus hijas la que los remitía a los destinatarios finales, incluidos los clientes de Análisis Relevante. El juez le preguntó por qué What The Fav enviaba los informes directamente a esos clientes sin que pasaran antes por la propia consultora. Zapatero respondió que ese era el acuerdo de colaboración entre ambas firmas.

2. El dinero de Análisis Relevante acabó en él y en sus hijas

El magistrado puso sobre la mesa el informe elaborado por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre los movimientos de Análisis Relevante. Las cifras son contundentes: la consultora transfirió 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025, y otros 239.755 euros a What The Fav en ese mismo periodo. Desde el punto de vista de los gastos, los dos únicos beneficiarios de peso eran el expresidente, como persona física autónoma, y la sociedad de sus hijas.

“Básicamente, el dinero que entra en Análisis Relevante va a usted como persona física y también a sus hijas”, le señaló Calama. Zapatero respondió que esa distribución era proporcional al trabajo que había desarrollado, que calificó de “intenso”. El magistrado fue más directo: “Análisis Relevante no sería nadie, nada sin usted”, a lo que el expresidente replicó que otras muchas consultoras también lo habían contratado como figura principal y que eso no define la naturaleza de una empresa. Sergio Sánchez, el otro colaborador que redactaba los informes, cobró en total unos 18.000 euros por su participación.

3. Sin contrato, sin correos y sin rastro formal

Uno de los aspectos que el juez exploró con mayor detenimiento fue la ausencia total de documentación que respaldara la relación profesional entre Zapatero y la consultora. El expresidente reconoció que no existía contrato escrito, ni hojas de encargo, ni correos electrónicos que acreditaran los trabajos concretos que se le encomendaban. Los encargos llegaban de forma verbal, por teléfono o en persona, al amparo de la confianza acumulada con Martínez Martínez desde 2011.

“No tenemos contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas y no tenemos trasiego de correos electrónicos”

Juez Calama

“Se produce una comunicación fluida, verbal de lo que es el trabajo, una llamada”, explicó Zapatero. El magistrado le advirtió que esa forma de operar no es habitual en el sector y que la AEAT utiliza precisamente esa trazabilidad documental para verificar la realidad de los servicios de consultoría. El propio expresidente reconoció que no usa el correo electrónico y que toda su comunicación escrita pasa por su secretaria, Gertrudis Alcázar. “No tenemos contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas y no tenemos trasiego de correos electrónicos”, resumió el juez. Zapatero defendió la libertad de contratación y sostuvo que ese modelo es frecuente en el mundo de las asesorías.

4. Los informes eran genéricos, no trabajos a medida para cada cliente

Zapatero reveló ante el magistrado que los informes que elaboraba para Análisis Relevante no eran documentos específicos encargados por cada empresa que pagaba, sino análisis generales de geopolítica y geoestrategia que luego se distribuían a todos los clientes a la vez y también a terceros considerados potenciales interesados. El juez lo resumió con precisión: “Son como informes genéricos que pueden servir para una línea aérea, para el grupo Aldesa, para Inteligencia Prospectiva, y por eso sueltan cantidades bastante sustanciosas”.

Zapatero no rebatió esa descripción. Reconoció que los informes escritos eran solo “una parte relativamente pequeña” de la actividad de consultoría, que incluía también reuniones, viajes y asesoramiento oral. El magistrado le señaló que tanto la AEAT como el juzgado necesitan acreditar la realidad de los trabajos facturados, y que un informe genérico distribuido de forma masiva no equivale a una prestación de servicios individualizada para el cliente que paga. La investigación sostiene que Análisis Relevante operaba con una lógica que “no responde a una actividad empresarial autónoma”, según el auto de imputación.

5. Plus Ultra: el cliente del que cobra pero con el que no trabaja

La investigación sitúa a Plus Ultra como uno de los principales clientes de Análisis Relevante durante los años del rescate público de 53 millones de euros. El primer pago de la aerolínea a la consultora data del 5 de noviembre de 2020. Zapatero, no obstante, declaró que nunca se reunió con los directivos de la compañía, que no les hizo informes específicos y que su único contacto directo con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, fue un almuerzo en 2024.

“No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra”

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez le preguntó directamente por qué con todos los demás clientes de la consultora sí interactuaba y con Plus Ultra no. Zapatero respondió que la relación con esa empresa la llevaba Martínez Martínez de forma más directa. Admitió que los informes generales que elaboraba para Análisis Relevante podían llegar a Plus Ultra como destinatario final, pero insistió en que nunca hizo ningún trabajo individualizado para la aerolínea. “No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. En ningún momento, en ninguna circunstancia”, afirmó.

6. La comida de Portonovo y el rastro hacia una sociedad en Dubái

Uno de los momentos más tensos de la declaración llegó cuando el juez expuso una secuencia de hechos que la investigación considera comprometedora. El 26 de enero de 2021, la secretaria de Zapatero gestionó una reserva en el restaurante Portonovo, en Madrid, y ante problemas telefónicos envió a uno de los escoltas del expresidente a hacerla en persona. La mesa estaba a nombre de Julio Martínez Martínez y era para dos comensales. Al día siguiente, un conocido de ambos, Tomás Guerrero —socialista con vínculos en Emiratos Árabes Unidos—, envió a Martínez un mensaje con la documentación necesaria para constituir una sociedad en la zona franca de Dubái.

El juez vinculó esa secuencia con el contrato que la empresa de Martínez, Idella Consulenza Strategica, firmó con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate —unos 530.000 euros— y con la sociedad Lampsai Dubai, presuntamente creada para recibir esa comisión. Zapatero dijo no recordar si estuvo en esa comida y negó rotundamente haber dado instrucciones para constituir ninguna sociedad offshore. “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore, ni sé lo que es”, declaró. El juez le instó a revisar su agenda para aclarar si participó o no en ese almuerzo.

7. La fiscal pidió retirada de pasaporte y cuatro acusaciones populares reclamaron prisión

Y lo que ya conocíamos: al término de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado la retirada del pasaporte de Zapatero —incluidos los de naturaleza diplomática— y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. La fiscal argumentó que el expresidente es presuntamente el líder de una organización criminal, que existen indicios de bienes en el extranjero y que sus frecuentes viajes internacionales generan riesgo de destrucción de pruebas.

Cuatro de las ocho acusaciones populares personadas en la causa —Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa Liberum, entre ellas— fueron más lejos y reclamaron la prisión provisional, con el argumento del riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La defensa de Zapatero se opuso a cualquier medida cautelar y el expresidente ofreció en sala autorizar el levantamiento del velo societario universal para que se investiguen sus bienes en cualquier jurisdicción del mundo. El juez Calama denegó todas las medidas solicitadas al considerar que “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen razonablemente el riesgo de fuga. Zapatero deberá comparecer de nuevo ante el juzgado en un plazo de una semana o diez días para declarar sobre las joyas halladas en su despacho durante el registro del 19 de mayo, tasadas en 1,3 millones de euros.

El 13 de agosto de 1999 se registró el asesinato de Jaime Garzón, crimen que hasta la fecha sigue sin ser esclarecido por la justicia colombiana, lo que genera indignación, principalmente en los familiares del bogotano.

Aunque se afirma que la orden fue dada por Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), investigaciones adelantadas sobre el caso afirman que el paramilitar fue condicionado por terceros; además, no se tiene claridad sobre cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del comunicador y comediante.

Una de las condenas en el caso fue contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS y al que la justicia acusó de convencer al exjefe paramilitar Carlos Castaño de cometer el crimen, argumentando falsamente que Garzón era un objetivo militar. La familia de Garzón ha solicitado en varias ocasiones que sean desclasificados archivos del DAS en los que sea mencionado el comediante, que era una de las figuras públicas más relevantes a finales de los 90.

Gobierno nacional entregará archivos del DAS sobre Jaime Garzón y un líder social

El 18 de junio, El Tiempo informó que el Gobierno nacional entregará archivos desclasificados del DAS a la familia de Jaime Garzón y del defensor de derechos humanos Pedro Julio Movilla.

La ceremonia estaba programada para el 19 de junio y se iba a realizar frente a la Casa de Nariño, pero por la agenda del presidente Gustavo Petro fue aplazada y la próxima semana se confirmará la nueva fecha.

Cabe recordar que, en octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra varios colectivos, lo que incluyó espionaje arbitrario contra varias personas entre 1990 y 2005, y la desclasificación de los archivos del DAS fue una de las sanciones ordenadas.

El objetivo de la entrega es que se pueda garantizar el acceso efectivo de quienes soliciten información o datos sobre las violaciones registradas y de esa forma se puedan rectificar, cancelar o eliminar los datos incongruentes o que fueron difundidos.

La sentencia afirma que las entidades del Estado violaron los derechos de varios vinculados al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a los que siguieron, interceptaron y les recopilaron información personal cuando ejercían labores de representación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.

Varios funcionarios ayudaron a estigmatizar la imagen de los integrantes del colectivo, a los que señalaron como integrantes de grupos guerrilleros, lo que aumentó el riesgo de que pudieran ser violentados, como ocurrió en el caso de Jaime Garzón y del líder social Pedro Julio Movilla.

La condena contra el Estado colombiano es porque durante varios años se registraron denuncias por hechos de violencia, intimidación y hostigamientos protagonizados por funcionarios del DAS, pero la justicia ordinaria y los gobiernos de turno no priorizaron a las víctimas y permitieron con su omisión que se mantuviera la impunidad en la mayoría de casos.

Por ejemplo, la familia de Jaime Garzón lleva 26 años exigiendo saber más información sobre el crimen del humorista y cómo el DAS, además de José Miguel Narváez, pudo haber influido en su asesinato.

En el caso de Pedro Julio Movilla, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia, fue víctima de seguimientos y hostigamientos por organismos de seguridad antes de su desaparición. El 13 de mayo de 1993, salió de su casa en Bogotá y testigos reportaron la presencia de hombres encapuchados y vehículos sospechosos. Desde entonces, no se volvió a saber de él. Tras más de 30 años, su paradero sigue desconocido.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero negó este miércoles ante la Audiencia Nacional haber impulsado o participado en la sociedad offshore en Dubái llamada Landside Dubai Fzco (también nombrada como Landside Middle East Fzco), presuntamente creada para cobrar una comisión por el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, valorada en 53 millones de euros.

“Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Es que ni sé lo que es”, declaró ante el magistrado José Luis Calama, después de preguntarle por uno de los viajes que realizó a Dubai. El audio íntegro se ha conocido un día después de su declaración, donde también negó haber mediado para favorecer las ayudas públicas concedidas a la aerolínea y rechazó cualquier relación entre esa operación y los trabajos que realizó para la consultora Análisis Relevante, firma que asesoró a la aerolínea en su rescate y cuyo dueño, Julio Martínez, es amigo de Zapatero.

La sociedad dubaití constituye una de las principales líneas de investigación de la causa. Según la hipótesis que maneja el instructor, la mercantil habría sido creada para recibir en Emiratos Árabes Unidos los fondos derivados de un contrato firmado entre Idella Consulenza Strategica y Plus Ultra, por el que esta empresa debía percibir una comisión equivalente al 1% del rescate público, unos 530.000 euros.

Durante el interrogatorio, el magistrado puso el foco en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid. La reserva, según consta en la investigación, fue gestionada por Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, y formalizada por uno de sus escoltas. Para el juez, y según el audio que ha transcendido, el encuentro resulta especialmente relevante porque al día siguiente comenzaron a intercambiarse correos electrónicos relacionados con la constitución de una sociedad en la zona franca de Dubái.

“Es que ni sé lo que es”

Preguntado por aquella comida, Zapatero aseguró no recordad si asistió. “No lo puedo recordar. Con sinceridad, señoría”, afirmó al ser cuestionado sobre si compartió mesa ese día con el empresario Julio Martínez Martínez o si fue Tomás Guerrero, compañero del PSOE que trabaja en Emiratos Árabes Unidos “en un proyecto sobre comida halal”, empresario del Halal Trade and Marketing Centre del Gobierno de Dubái.

Por ello, sí reconoció conocer a Guerrero, pero negó haber participado en ninguna gestión encaminada a crear sociedades en el extranjero. “Es una de las cosas que más me sorprendió cuando leí el auto de imputación. Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Es que ni sé lo que es”, afirmó durante su comparecencia.

El expresidente también rechazó haber realizado cualquier gestión para favorecer el rescate de Plus Ultra. A preguntas de su defensa aseguró que nunca habló con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con miembros del Gobierno ni con empleados públicos para influir en la concesión de las ayudas. “No hablé con nadie, con nadie, del rescate de Plus Ultra”, sostuvo.

Los audios de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero de este miércoles han visto la luz e Infobae ha tenido acceso a ellos. Al inicio de su comparecencia, el expresidente del Gobierno reconoció ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que su vinculación profesional con la consultora Análisis Relevante se formalizó exclusivamente de palabra, sin ningún documento escrito que respaldara el encargo, los honorarios ni el alcance de los trabajos. Son muchos los frentes abiertos y las preguntas que le hace el juez, pero el inicio de la intervención se centra en el rastro formal de los trabajos de Zapatero como consultor.

Calama: Vamos con cierto detalle a la mecánica, desde el encargo que le hace Análisis Relevante hasta que usted elabora el informe de consultor y los pasos posteriores. ¿Usted firma un contrato con Análisis Relevante?

Zapatero: No, esto es un acuerdo. Dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante y conmigo.

Calama: Ya, pero no le descubro nada. No lo digo por este caso, pero en esta casa estamos todos los días con estos temas, que una de las fuentes de fraude es el contrato, digamos, realmente vacío de contenido. Que sí, formalmente, que se van a hacer informes tal y cual, pero luego todo es una pantalla; no solo a nivel judicial, se utiliza también mucho a nivel tributario. Entonces, por dejarlo claro, tenían confianza. Esa confianza, se había fraguado, si no lo he entendido mal, básicamente en la amistad y el deporte. Pero cuando empieza la relación, digamos, comercial, profesional, es en 2020, me ha dicho usted. Y es con Análisis Relevante. Porque también, por dejarlo claro, antes no hubo ninguna interacción profesional.

Zapatero: No, ninguna, absolutamente ninguna.

Calama: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.

Zapatero: Así es.

Calama: Con Análisis Relevante. Eso en principio, estando dentro de lo que es una relación profesional, no es normal, ¿eh? Porque estamos hablando de una relación profesional. No es normal. Yo, obviamente, es mi opinión y normalmente también la de Hacienda, la de la Agencia Tributaria. Y la relación que tienen, por tanto, a nivel profesional, se inicia de una manera verbal.

Zapatero: Sí. Insisto, cuando él toma la iniciativa de hacer una consultoría, él me consulta, me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí. Y a partir de ahí, pues en el margen de la confianza que teníamos, pues empezó la relación.

Calama: Vale. Por tanto, partimos de la inexistencia de base contractual escrita.

La propuesta de Julio Martínez a Zapatero

El expresidente relató que conoció al empresario Julio Martínez Martínez en 2011, el mismo año en que una sociedad vinculada a este adquirió una vivienda propiedad del matrimonio Zapatero. Durante casi una década, la relación se mantuvo en el plano personal, articulada en torno a la afición compartida por correr. Fue en 2020 cuando Martínez le propuso integrarse como consultor en la recién constituida Análisis Relevante SL. “Me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí. Y a partir de ahí, pues en el margen de la confianza que teníamos, pues empezó la relación”, declaró Zapatero al juez.

La empresa fue constituida en febrero de 2020, según el Registro Mercantil, con Martínez Martínez como administrador único. Zapatero explicó que en ese momento desconocía la estructura societaria de la firma y que nunca tuvo participación en ella. Admitió que Sergio Sánchez —exasesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y directivo de Telefónica— era también socio, aunque precisó que no tenía conocimiento de los términos de esa participación.

Ante las preguntas del magistrado sobre el rastro documental de su actividad, Zapatero reconoció que los encargos de trabajo se producían de forma verbal. No existía contrato escrito, ni hojas de encargo firmadas, ni correos electrónicos que documentaran los trabajos concretos. “Se produce una comunicación fluida, verbal de lo que es el trabajo, una llamada”, respondió. El juez le señaló que esa ausencia de trazabilidad no es lo habitual en el sector y que la Agencia Tributaria (AEAT) utiliza precisamente esos parámetros formales para verificar la realidad de los servicios de consultoría.

Zapatero defendió que la relación de confianza con Martínez hacía innecesario el contrato escrito y que ese modo de operar es frecuente en el mundo de la consultoría. Reconoció, no obstante, que sus honorarios anuales se fijaron en torno a los 90.000 euros brutos, aunque precisó que en los primeros ejercicios cobró menos y que la cantidad efectivamente percibida rondó los 70.000 euros de media. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Análisis Relevante transfirió al expresidente un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025.

El juez pregunta por los pocos clientes que tiene Análisis Relevante

El juez puso de manifiesto que el análisis de ingresos y gastos de Análisis Relevante elaborado por la AEAT arroja un patrón llamativo: los fondos que entraban en la sociedad procedían de un grupo reducido de clientes —Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— y la mayor parte de lo que salía iba destinado a Zapatero como persona física y a What The Fav, la empresa de comunicación de sus hijas Laura y Alba. Calama le trasladó que, desde su perspectiva como instructor, Análisis Relevante “no sería nadie, nada” sin la figura del expresidente. Zapatero respondió que eso no define la naturaleza de una consultora, y que otras firmas también lo habían contratado como consultor principal.

Sobre los clientes de la consultora, Zapatero admitió conocer personalmente a varios de ellos antes de que contrataran con Análisis Relevante. Reconoció su relación con los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, propietarios de Inteligencia Prospectiva y pertenecientes a una familia empresarial venezolana, con quienes dijo haber mantenido reuniones de consultoría y viajes conjuntos. También reconoció conocer al empresario del sector del petróleo vinculado a Softgestor, fallecido recientemente. Afirmó, en cambio, que no había tenido ninguna interacción directa con los directivos de Plus Ultra hasta un almuerzo celebrado en 2024, y que sus trabajos de consultoría para Análisis Relevante nunca incluyeron reuniones, asesoramiento ni viajes relacionados con esa aerolínea.

El papel de las hijas de Zapatero

Respecto a los informes escritos, Zapatero explicó que los elaboraba conjuntamente con Sergio Sánchez —quien redactaba y le daba forma— y que una vez revisados y aprobados por el expresidente, era la empresa de sus hijas quien los remitía a los destinatarios finales. El juez le preguntó por qué What The Fav enviaba los informes directamente a los clientes de Análisis Relevante y no solo a la propia consultora. Zapatero respondió que esa era la función de apoyo en comunicación y marketing que sus hijas prestaban a la empresa.

El magistrado también interrogó a Zapatero sobre unos correos entre su secretaria, Gertrudis Alcázar, y Cristóbal —colaborador habitual de Martínez Martínez— en los que ambos discutían qué conceptos incluir en las facturas. Zapatero atribuyó esa comunicación a la variedad de actividades que conformaban su labor de consultoría —informes, viajes, reuniones, asesoramiento— y descartó que reflejara ninguna irregularidad. La investigación sostiene que esos correos podrían apuntar a la confección de facturas sin respaldo real en servicios efectivamente prestados.

Cabe recordar que, tras esta declaración, el juez Calama descartó imponer medidas cautelares al expresidente, al considerar que “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen razonablemente el riesgo de fuga. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Zapatero emitió un comunicado tras concluir su declaración: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.

Nada más comenzar su declaración, el expresidente pidió la palabra para realizar una breve manifestación previa. Tras agradecer al magistrado el aplazamiento de la comparecencia y reivindicar que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de derecho”, lanzó un mensaje inequívoco sobre el objeto de la investigación: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”.

Esa fue la línea que mantuvo durante todo el interrogatorio. A medida que el juez fue exponiendo los indicios que maneja la investigación, Zapatero respondió una y otra vez con la misma idea: nunca habló con responsables públicos para favorecer a la compañía aérea. “No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra”, afirmó ante Calama cuando el magistrado le trasladó la hipótesis de que hubiera podido utilizar su influencia para facilitar las ayudas.

El juez le recordó que en la causa figuran conversaciones entre distintas personas vinculadas a la aerolínea en las que se hace referencia al expresidente y a supuestas gestiones realizadas para impulsar primero la obtención de financiación y posteriormente el acceso al fondo de rescate creado por el Gobierno durante la pandemia. Zapatero rechazó por completo esa interpretación. “Una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo”, respondió, antes de insistir en que jamás realizó gestión alguna relacionada con el expediente.

“No tuve ninguna intervención”

Uno de los momentos centrales de la declaración llegó cuando el magistrado planteó directamente la posibilidad de que los pagos percibidos por Análisis Relevante pudieran encubrir una contraprestación por actuaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. La respuesta del expresidente fue contundente.

“Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra”, aseguró. A continuación elevó aún más el tono de su negativa: “Eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario”.

Zapatero insistió además en que nadie le pidió intervenir en favor de la compañía. “No ejercí ni la más mínima influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió”, declaró.

El expresidente sostuvo que todos los ingresos que percibió a través de Análisis Relevante respondían exclusivamente a trabajos profesionales de consultoría y rechazó que pudieran interpretarse como comisiones encubiertas. “Es mi trabajo y un trabajo que se valora”, afirmó durante el interrogatorio, en el que defendió que desde que abandonó la Presidencia del Gobierno ha desarrollado una intensa actividad como consultor, conferenciante y asesor en distintos ámbitos internacionales.

La relación con Análisis Relevante

Buena parte de la comparecencia giró en torno a la consultora Análisis Relevante, creada por su amigo Julio Martínez en 2020 y para la que Zapatero comenzó a trabajar ese mismo año. El expresidente explicó que mantenía una relación de amistad con Martínez desde aproximadamente 2011 y que ambos compartían afición por correr junto a otros amigos. Según su versión, la relación profesional comenzó cuando el empresario le propuso incorporarse como consultor a la nueva sociedad. “Él me consulta, me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí”, relató.

Durante el interrogatorio, el juez puso el foco en la estructura de funcionamiento de la consultora, en la ausencia de contratos escritos y en el hecho de que una parte significativa de los ingresos terminara vinculada a los trabajos realizados por Zapatero y por la empresa de sus hijas.

El expresidente defendió que la actividad era real y que desarrolló una labor continuada para distintos clientes mediante reuniones, viajes, informes y asesoramiento estratégico. “He dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes, en reuniones, viajes, asesoramiento, etcétera”, sostuvo.

“Prácticamente no he interactuado con Plus Ultra”

Al abordar específicamente la relación con la aerolínea, Zapatero marcó distancias. Preguntado por si había realizado trabajos de consultoría para Plus Ultra, respondió de forma escueta: “No”.

A continuación aseguró que tampoco mantenía una relación directa con los responsables de la compañía durante los años investigados. “Yo creo que no conozco a ninguno de los directivos de Plus Ultra”, afirmó, precisando que únicamente conoció al entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, en 2024.

Cuando el juez le preguntó por qué había interactuado con otros clientes de Análisis Relevante y, sin embargo, apenas tenía contacto con Plus Ultra, Zapatero respondió que esa relación era gestionada principalmente por Julio Martínez. “Con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez”, explicó.

El expresidente añadió que la única reunión que recuerda con responsables de la compañía fue “un almuerzo con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y con Julio Martínez” celebrado en 2024.

El magistrado también le interrogó sobre los informes elaborados dentro de la actividad de la consultora y que posteriormente podían ser remitidos a clientes como Plus Ultra. Zapatero insistió en que esos documentos no estaban dirigidos específicamente a la aerolínea. “Yo no he hecho ningún informe para Plus Ultra”, aseguró.

Cuando el juez le recordó que esos trabajos acababan llegando a los clientes de Análisis Relevante, el expresidente matizó que eran “informes de Análisis Relevante” elaborados para la consultora y distribuidos posteriormente dentro de su actividad ordinaria.

“Los informes son para Análisis Relevante”, reiteró durante una declaración marcada por una defensa constante de la misma tesis: que nunca intervino en el rescate de Plus Ultra, que nunca habló con responsables públicos sobre la operación y que toda su actividad profesional se desarrolló dentro de la legalidad.

Durante una comparecencia en Bruselas, el líder del Ejecutivo ha asegurado que esos tres mensajes cuentan con el respaldo del PSOE. “Ayer el presidente Zapatero, después de comparecer ante la Audiencia Nacional, publicó un comunicado donde dijo cosas interesantes e importantes. La primera es que proclamó su inocencia, la segunda es que pidió confianza y la tercera es que manifestó el respeto a la acción de la Justicia”, ha señalado Sánchez.

El secretario general de los socialistas ha afirmado que tanto él como el conjunto de la organización respaldan la posición expresada por el expresidente del Gobierno. “Quiero decirles, lógicamente como presidente del Gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la Justicia cuentan con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español”, ha añadido.

“Confiamos en su inocencia, respetamos la labor de la Justicia y, lógicamente, empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia”, ha afirmado en referencia a la imputación de las hijas del expresidente.

Defensa de la presunción de inocencia

Buena parte de su intervención ha estado centrada en reivindicar el respeto a la presunción de inocencia durante el desarrollo de los procedimientos judiciales. Sánchez ha defendido que el Estado de derecho obliga no solo a respetar la actuación de jueces y tribunales, sino también los derechos de las personas que están siendo investigadas.

“Respetar el Estado de derecho también es esto”, ha afirmado el presidente, antes de recordar que ese principio debe aplicarse tanto a Zapatero como a su familia. Asimismo, ha hecho extensiva esa reflexión a algunas trabajadoras vinculadas al PSOE que, según ha señalado, también están afectadas por la causa judicial.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que estas personas se hayan visto involucradas en el procedimiento y ha insistido en que todas ellas mantienen intacto su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

Durante su comparecencia, Sánchez también ha revelado que ha mantenido conversaciones con Zapatero desde que se conocieron las últimas novedades relacionadas con el caso. “He hablado con él durante todos estos días”, ha explicado, detallando que le ha trasladado tanto su “ánimo personal” como su confianza en la inocencia del expresidente. El presidente del Gobierno también ha descrito el estado de ánimo de Zapatero y ha asegurado que se encuentra “tranquilo” pese a las circunstancias.

Réplica a Feijóo

La comparecencia ha derivado además en un intercambio político con el Partido Popular. Preguntado por las declaraciones realizadas por Alberto Núñez Feijóo sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, Sánchez ha reclamado al líder popular que aplique el mismo criterio de exigencia a todas las formaciones políticas. “Escuchaba hoy lo que ha dicho Feijóo, que la imagen de España no sé qué y no sé cuánto... Si se ejerce de Torquemada, tendrá que ser para lo bueno y para lo malo”, ha manifestado.

A continuación, ha vinculado sus críticas a las informaciones conocidas sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente se ha referido a las noticias que apuntan a que González Amador facturó 4,4 millones de euros a Quirónsalud, una de las principales empresas adjudicatarias de contratos de la administración madrileña.

“¿O no?”, ha planteado Sánchez al cuestionar si el mismo nivel de exigencia que el PP reclama para los casos que afectan al PSOE se aplica también cuando las informaciones afectan a personas vinculadas a su propio entorno político.

Durante la rueda de prensa también ha sido preguntado por los regalos recibidos por los presidentes del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales. Sánchez ha explicado que este tipo de obsequios suelen producirse en el marco de visitas oficiales, encuentros bilaterales y reuniones con mandatarios extranjeros, dentro de los usos protocolarios habituales entre Estados.

“La España de 2007 no es la España de 2026”, ha señalado el presidente al ser cuestionado sobre esta materia. Sánchez ha destacado que la regulación existente actualmente es diferente a la que estaba en vigor hace casi dos décadas y ha defendido que durante estos años se han producido avances en materia de transparencia y control institucional.

“Afortunadamente, en esto también se ha legislado, se ha regulado”, ha añadido el jefe del Ejecutivo, que ha evitado profundizar en esta cuestión y ha indicado que esperará a las explicaciones que pueda ofrecer el propio Zapatero sobre este asunto.

Por otro lado, Sánchez tampoco ha cerrado la puerta a un eventual adelanto electoral en caso de que el Gobierno no logre sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Preguntado por esta posibilidad tras las peticiones formuladas esta semana por el PNV y Coalición Canaria, el presidente ha evitado comprometerse con un escenario concreto, aunque ha admitido que el Ejecutivo actuará en función de cómo evolucionen las negociaciones.

“Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis”, ha señalado. No obstante, ha insistido en que el Gobierno está centrado en la elaboración de las cuentas públicas y en buscar los apoyos necesarios para aprobarlas, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios.

Sánchez ha defendido que los nuevos presupuestos permitirían consolidar la evolución económica del país y reforzar las políticas de apoyo a los colectivos más vulnerables, y ha asegurado que el Ejecutivo va a “sudar la camiseta” para lograr su aprobación.

Zarparon desde Colombia buscando un mejor futuro. Fueron capturados y deportados desde Aruba. Y hoy están presos en Venezuela.

Así se resume la historia de cinco “balseros” venezolanos, con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años, que fueron expulsados por las autoridades arubeñas por tratar de ingresar a la isla en una lancha, y que ahora están en una cárcel del estado Falcón, región noroccidental, imputados por narcotráfico y asociación para delinquir.

El abogado Kerrins Mavares y familiares de estos cinco hombres protestaron este lunes 15 de marzo frente a los tribunales de la ciudad de Punto Fijo, en el estado Falcón, por lo que califican como una detención arbitraria, reseñó el portal Crónicas del Caribe, medio especializado en temas de Venezuela y los territorios del Caribe Neerlandés.

Según el relato de Mavares, 13 hombres salieron a bordo de una embarcación el 28 de enero desde Punta Espada, Colombia, hacia Aruba. Cuando estaban cerca de la isla, se lanzaron al agua para tratar de llegar a nado. Siete fueron interceptados y el resto logró evadir a la policía para entrar de forma ilegal.

Los detenidos recibieron la libertad plena el 5 de marzo junto con una orden de deportación y la prohibición de ingreso a la isla. Luego de que lograron reunir el dinero para cubrir los vuelos de repatriación, los siete hombres retornaron a Venezuela en abril.

Persecución

En principio, los siete pasaron los controles de Migración y de Interpol sin problemas, pues su única falta fue haber tratado de llegar a Aruba en lancha. Pero al salir del aeropuerto, a cinco de ellos los esperaba una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y allí comenzó su calvario.

“Aquí les quitaron las boletas de libertad que les otorgó Aruba, que es un documento indispensable, y las desaparecieron. Sin embargo, conseguimos tenerlas nuevamente gracias al abogado que tuvieron en la isla. La boleta confirma su libertad plena y que no están involucrados en ninguna investigación criminalística, de lo contrario no hubiesen sido deportados”, argumenta Mavarez.

El abogado sostiene que el acta policial contra sus defendidos está “vacía” y que solo registra una nota periodística publicada en Aruba sobre una lancha que ingresó a la isla con drogas y varios migrantes venezolanos. No obstante, aclara que cuando ocurrió ese hecho, ya estos cinco hombres estaban detenidos en Aruba.

“Los fundamentos que usan para acusar no demuestran la ocurrencia del hecho punible, ni la participación de mis defendidos. Aruba los caracterizó como migrantes ilegales, no como narcotraficantes porque no hay ningún objeto de interés criminalístico. Fueron deportados por ingresar de forma irregular, es un delito migratorio en la isla, no penal”, insiste.

Auxilio

Mavarez comenta que fueron sorprendidos con la suspensión de la audiencia preliminar, que debía celebrarse este miércoles 17, y con la decisión de internar a tres de las cinco personas en la ciudad penitenciaria de Coro, capital de Falcón, dejando a los otros dos en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Los cinco hombres pudieron superar los controles internos del aeropuerto porque sobre ellos no pesaba ninguna orden de captura en el sistema. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sí sabían que aterrizarían en el país, gracias a los datos suministrados por el Consulado venezolano en Oranjestad.

El abogado informó que consignarán este caso ante la comisión nacional para la reforma de la justicia penal, recientemente creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los parientes de los detenidos claman por justicia. “Nuestros hijos lo que quieren es trabajar, tener estabilidad, prosperidad, por eso se fueron a Aruba buscando mejoría. No son culpables de lo que les acusan”, declaró un familiar al medio Crónicas del Caribe.

El Partido Popular ha optado por rebajar el tono político tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de del denominado ‘caso Plus Ultra’. Lejos de aprovechar la resolución para cargar contra el exlíder socialista, la dirección nacional de los populares ha querido marcar distancias y evitar cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque personal.

La posición del partido la ha fijado este jueves su portavoz nacional, Borja Sémper, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Preguntado por la decisión judicial, el dirigente popular ha dejado claro que “no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío”.

La misma línea marcada por Sémper fue seguida por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que también ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la resolución judicial.

Preguntada por los periodistas en la Cámara Baja, Muñoz se ha limitado a recordar que el juez ha acordado la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero y de su secretaria, insistiendo a continuación en que “nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces”, ha señalado.

Por qué el juez las cita como investigadas

La decisión del instructor responde a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 16 de junio solicitó la declaración de las dos hijas del expresidente y de su secretaria como investigadas. Finalmente, el magistrado ha asumido ese criterio y considera que existen elementos suficientes para otorgarles esa condición procesal.

En el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, el auto pone el foco en su papel como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL. Según recoge la resolución, la investigación atribuye a esta mercantil una participación presuntamente relevante dentro de la estructura empresarial que está siendo analizada por la Audiencia Nacional.

El magistrado sostiene que la propia posición que ambas ocupan al frente de la compañía justifica su citación como investigadas. No porque exista en este momento una conclusión cerrada sobre su participación en los hechos, sino porque, desde el punto de vista procesal, considera que es la fórmula que mejor garantiza sus derechos de defensa.

De hecho, Calama explica que llamarlas a declarar como testigos podría generar problemas jurídicos, ya que estarían obligadas a decir verdad sobre hechos que eventualmente podrían afectarles. Por ello entiende que la condición de investigadas resulta la opción más garantista y respetuosa con sus derechos constitucionales.

La resolución incorpora igualmente a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, a quien el juez ya había situado en anteriores resoluciones en una posición relevante dentro de la investigación. El magistrado recuerda que los indicios sobre su posible participación ya fueron expuestos en el auto que autorizó el registro de la oficina en la que desarrolla su actividad profesional. Según recoge ahora la resolución, la documentación analizada durante la investigación la sitúa como una figura con funciones de coordinación y gestión documental dentro de la estructura investigada.

(Noticia en ampliación)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado, por el momento, citar como investigados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor más cercano, Koldo García, dentro de la investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra. La decisión se ha conocido en el mismo auto en el que acuerda la imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Lejos de cerrar definitivamente esa posibilidad, el magistrado considera que la petición formulada por las acusaciones populares llega demasiado pronto. En su opinión, todavía hay diligencias pendientes cuyo resultado puede ser determinante para valorar si esas citaciones tienen sentido o no. Por eso opta por aparcarlas temporalmente y esperar a que la investigación avance antes de tomar una decisión definitiva.

La resolución supone un revés para la estrategia de las acusaciones populares, que habían solicitado una batería de nuevas diligencias con el objetivo de ampliar el número de personas investigadas. Entre ellas figuraban Ábalos y Koldo, pero también varios directivos de Plus Ultra, un alto cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otros nombres vinculados a las gestiones que rodearon el rescate de la compañía aérea.

Además, reclamaban la declaración como testigo del actual presidente de Correos, Pedro Saura, así como distintos informes y requerimientos documentales, entre ellos datos sobre los viajes realizados por José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas desde 2017 o registros de visitas a organismos públicos.

Sin embargo, Calama marca distancias con esa línea de actuación y recuerda que la dirección de una investigación penal corresponde exclusivamente al juez instructor. En el auto advierte de que las partes no pueden imponer su propio criterio sobre cómo debe desarrollarse la causa ni sobre qué diligencias deben practicarse en cada momento.

El magistrado sostiene que algunas de las medidas solicitadas podrían tener utilidad más adelante, pero que su práctica inmediata podría provocar duplicidades, obligar a repetir actuaciones o generar retrasos innecesarios. Otras, añade, ni siquiera aparecen todavía como necesarias. Por ello opta por no acordarlas ahora, aunque sin descartarlas de forma definitiva.

Por qué aparecen Ábalos y Koldo en la investigación

La negativa de Calama no significa que Ábalos y Koldo García hayan desaparecido del radar de la investigación. Sus nombres figuran en las solicitudes de las acusaciones populares por la posición que ambos ocupaban cuando se aprobó el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021.

Aquel rescate, valorado en 53 millones de euros y financiado con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se convirtió desde el principio en una de las operaciones más controvertidas de la pandemia. Las dudas sobre la situación real de la compañía y sobre los criterios utilizados para conceder la ayuda generaron una intensa polémica política y judicial.

En ese contexto, Ábalos era ministro de Transportes y Koldo García ejercía como uno de sus principales colaboradores. La documentación incorporada a distintas investigaciones judiciales recoge contactos, conversaciones y gestiones relacionadas con el rescate en las que aparecen referencias al entonces titular de Transportes y a personas de su entorno. Algunos de esos mensajes reflejarían la importancia que determinados actores atribuían a la posibilidad de llegar al ministerio durante la tramitación de la ayuda pública. Precisamente sobre esa posible red de influencias gira una parte de la investigación que dirige Calama.

No obstante, el auto conocido ahora no entra a valorar esos elementos ni realiza un análisis individualizado sobre Ábalos o Koldo. Tampoco describe indicios concretos contra ellos. Lo único que resuelve es que, a día de hoy, no existen razones suficientes para practicar las diligencias solicitadas sin esperar antes al resultado de otras actuaciones ya acordadas.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aprovechado el auto en el que acuerda poner en conocimiento de Alba Rodríguez Espinosa, Laura Rodríguez Espinosa y Gertrudis Alcázar su condición de investigadas para pronunciarse también sobre una de las cuestiones que más preocupa a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero: la validez de los mensajes obtenidos del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes, una prueba que se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

En la resolución dictada este miércoles, el magistrado rechaza por ahora ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para obtener más información sobre cómo fue intervenido, clonado y analizado el dispositivo del empresario venezolano. La petición había sido formulada por la defensa del expresidente pocos días después de que la Audiencia Nacional solicitara formalmente a las autoridades estadounidenses autorización para utilizar el contenido del teléfono como prueba en un eventual juicio.

Los mensajes hallados en el terminal de Reyes no son una prueba más dentro de la investigación. La documentación procedente de Estados Unidos fue utilizada por la UDEF para elaborar los informes que desembocaron en la imputación de Zapatero y también sirvió de apoyo para justificar el registro de la oficina que utiliza el expresidente en la calle Ferraz de Madrid, donde los agentes localizaron joyas valoradas de forma preliminar en más de 1,3 millones de euros.

La defensa pide explicaciones sobre el origen de los mensajes

El origen de esta disputa se encuentra en la comisión rogatoria que Calama acordó enviar el pasado 5 de junio a las autoridades estadounidenses. Con esa solicitud, el magistrado pretende obtener el visto bueno de la Justicia norteamericana para que el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes pueda ser empleado como fuente de prueba en un eventual juicio. Aunque los mensajes ya forman parte de la investigación y han servido de apoyo para distintas diligencias, el juez quiere asegurarse de que su utilización futura no pueda verse comprometida por problemas relacionados con la cooperación internacional.

La defensa de Zapatero respondió pocos días después con un escrito en el que reclamaba ampliar considerablemente el alcance de esa petición. El abogado Víctor Moreno Catena solicitó que Estados Unidos aportara la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como información sobre el procedimiento abierto contra Reyes en aquel país. También pidió conocer qué organismo realizó la extracción de los datos, qué herramientas informáticas se utilizaron durante el proceso y qué mecanismos de control existen para acreditar que las conversaciones incorporadas al procedimiento son auténticas y no han sufrido alteraciones.

Entre la documentación reclamada figuraban elementos habituales en este tipo de investigaciones tecnológicas, como los códigos hash de verificación, las actas de desprecinto y otros registros técnicos que permiten reconstruir la trazabilidad completa de una prueba digital.

La pretensión de la defensa era clara: conocer con precisión cómo se obtuvo la información y comprobar que la cadena de custodia se mantuvo intacta desde el momento en que el teléfono fue intervenido hasta que su contenido llegó a manos de los investigadores españoles.

Calama aplaza el debate

El juez, sin embargo, considera que todavía no ha llegado el momento de entrar en esa discusión. En el auto dictado este 18 de junio sostiene que, mientras Estados Unidos no responda a la petición de cooperación internacional ya enviada, no puede realizar una valoración fundada sobre la necesidad de reclamar la documentación adicional solicitada por la defensa. En otras palabras, entiende que primero debe conocerse qué información están dispuestas a facilitar las autoridades estadounidenses antes de decidir si resulta necesario ampliar la comisión rogatoria.

La decisión encaja con el criterio que mantiene el magistrado a lo largo de toda la resolución. En varios apartados del auto insiste en que determinadas diligencias reclamadas por las partes son prematuras porque todavía existen actuaciones pendientes cuyo resultado puede condicionar las decisiones posteriores.

El móvil de Rodolfo Reyes, una pieza clave en la investigación

La importancia de esta discusión se entiende mejor al observar el papel que desempeña el teléfono de Rodolfo Reyes dentro de la causa. La información contenida en el dispositivo llegó a España años después de haber sido obtenida por las autoridades estadounidenses en el marco de una investigación desarrollada en aquel país. Una vez incorporados a la causa, los mensajes fueron analizados por la UDEF y acabaron convirtiéndose en una de las principales fuentes de información de los investigadores.

Las conversaciones contienen referencias constantes a Zapatero, a su entorno y a distintas gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. En varios de esos intercambios, empresarios y directivos vinculados a la operación hablan del expresidente como una figura con capacidad de influencia sobre determinadas decisiones y le atribuyen un papel relevante durante las negociaciones.

Fue precisamente el contenido de esas conversaciones uno de los elementos que llevó a los investigadores a sostener que Zapatero podría haber desempeñado un papel central en las actuaciones que ahora analiza la Audiencia Nacional.

Ya lo dijo Tolstói (o algo parecido): todos los matrimonios se parecen, pero cada divorcio lo es a su manera. Los más complicados siempre involucran uno de estos dos factores, si no los dos: hijos y dinero. En el caso de la pareja que protagoniza este artículo, se trata de lo segundo.

En vez de casarse por bienes separados, como hacen más del 90% de las parejas en España, según los últimos datos disponibles, el hombre y la mujer decidieron contraer matrimonio bajo el régimen económico de gananciales, que hace comunes las ganancias y beneficios obtenidos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Mientras fluye el amor, esto tiene numerosas ventajas, pero en caso de conflicto, puede agravar los problemas. Y es lo que ocurrió.

14 años después de la boda, el hombre presentó una demanda de divorcio contencioso y consiguió la sentencia definitiva pocos meses después. Sin embargo, quedaba pendiente la liquidación del patrimonio común. Ahí llegaron los problemas.

Al realizar el inventario de bienes, el hombre presentó una relación de activos que omitía varias cuentas corrientes y carteras de valores bajo su titularidad. Estas omisiones no pasaron inadvertidas para su exmujer, que denunció la existencia de cuentas donde su exmarido recibía sus nóminas y gestionaba inversiones con dinero común. Las pesquisas judiciales destaparon movimientos de fondos por importes superiores a 148.000 euros entre 2019 y 2020, destinados a la compra de acciones y participaciones sin conocimiento ni consentimiento de la otra parte. La investigación reveló un entramado de cuentas y fondos que el hombre no había incluido en la propuesta de inventario.

Esta dinámica alimentó una acusación penal por estafa procesal, por la que el hombre fue condenado en primera instancia. La Audiencia Provincial de Zaragoza lo obligó a indemnizar a la mujer y cumplir dos años de prisión. Sin embargo, tras su apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha señalado que queda absuelto de todos los cargos.

Las claves de la absolución

Del análisis patrimonial se desprende que, en efecto, el hombre movió fondos en distintas cuentas e invirtió más de 148.000 euros durante el matrimonio sin que la mujer tuviera conocimiento ni posibilidad de controlar esos activos. Sin embargo, para los jueces del Tribunal Superior, la ocultación de cuentas o movimientos de dinero puede ser cuestionable desde lo ético, pero no cruza el umbral penal salvo que haya maniobras de fraude activo, falsificación o engaño deliberado dirigido al tribunal. Solo ciertos actos, como la presentación de documentación falsa o la simulación directa de pruebas, constituyen estafa procesal.

“Por su parte, la doctrina ha afirmado que no debe confundirse el delito de estafa procesal con ciertas ‘corruptelas’ que se producen en el transcurso del procedimiento y que, aunque atentatorias contra la buena fe procesal, son atajables por el órgano judicial”, comenta la sentencia. En este caso, la conducta del hombre se limitó a impedir a la jueza civil acceder a una parte de los fondos gananciales, pero no la llevó a error mediante pruebas falsas; la jueza, de hecho, supo de esas cuentas por otros medios, pero luego las excluyó del inventario por cuestiones de procedimiento civil.

El Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, el marroquí que pasó 15 años en la cárcel y tres en libertad condicional condenado por dos violaciones que no había cometido.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha corregido el criterio de la Audiencia Nacional, que desestimo la indemnización en un primer momento, y ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado porque el tribunal que condenó a Tommouhi no valoró una prueba pericial biológica ya incorporada a la causa, cuyo resultado era incompatible con que fuera el autor de las agresiones. “En la falta de valoración del informe relativo al semen analizado no obedeció a una decisión consciente de excluirlo como irrelevante, sino a circunstancias procesales que impidieron su adecuado conocimiento, lo que determinó que el tribunal fundara su convicción exclusivamente en otros elementos, singularmente en el testimonio identificador de la víctima”, subraya el auto.

La nueva resolución repara, al menos en parte, una secuencia de decisiones judiciales que mantuvo restringida la libertad de Tommouhi, hoy de 75 años. El hombre salió en libertad condicional el 18 de septiembre de 2006 de la prisión de Can Brians, en Barcelona, después de cumplir más de las tres cuartas partes de la condena, y el Ministerio de Justicia rechazó después indemnizarle.

La propia Sala Penal del Supremo le había absuelto en diciembre pasado de la última de las cuatro condenas que acumulaba: tres por violación y una por robo. Meses antes, la Audiencia Nacional había rechazado compensarle al sostener que no existió un error judicial “craso o evidente”, pese a que el Supremo ya había afirmado en 2023, al revisar una de las sentencias, que fue condenado “con notoria equivocación o error”.

Por qué el Supremo ha ordenado indemnizar a Tommouhi

La Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene ahora que la Justicia falló de forma determinante. En su sentencia, afirma que aquel error provocó que Tommouhi permaneciera privado de libertad “durante un periodo extraordinariamente prolongado”, con una “afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal”.

La indemnización llega después de que el afectado reclamara 3,6 millones de euros más intereses legales al Ministerio de Justicia tras la anulación en 2023 de la condena por los hechos de Cornellá. El departamento se la denegó y la Audiencia Nacional confirmó ese rechazo al entender que la Audiencia de Barcelona no ignoró el informe pericial, sino que descartó de forma motivada su relevancia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tumbado esa tesis. Frente al argumento de que la sentencia de revisión se limitó a aplicar el principio “pro reo”, el Supremo aprecia un error judicial con entidad suficiente para generar responsabilidad patrimonial del Estado.

Una mujer colombiana descendiente de sefardíes ha conseguido la nacionalidad española después de un prolongado proceso administrativo y judicial que puso el foco en los requisitos y la validez de la documentación exigida por la Ley 12/2015.

El caso, resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid el 29 de abril, giró en torno a si las pruebas aportadas por la mujer para acreditar tanto su ascendencia sefardí como su especial vinculación con España eran suficientes. La resolución obliga a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a inscribir a la solicitante como ciudadana española, revirtiendo así una negativa dictada en 2022.

El conflicto surgió a raíz de la interpretación de los requisitos legales. La administración sostuvo que la solicitante no había completado el procedimiento establecido, al faltar la intervención formal de un notario español encargado de emitir un acta de notoriedad (un documento que certifica hechos o circunstancias de relevancia jurídica que son reconocidos por la sociedad, aunque no existan documentos oficiales que los respalden).

Le fue denegada inicialmente por las dudas sobre la autenticidad de los certificados presentados

Según la Dirección General, el notario no pudo valorar la documentación por la falta de papeles en la fase inicial, motivo por el que nunca se emitió el acta. También se cuestionó el valor de los certificados presentados, especialmente uno expedido por una federación sefardí latinoamericana, al no contar con el aval de la federación nacional de comunidades judías de España. Como prueba adicional de vínculo con el país, se consideró irrelevante una donación de 100 euros a una fundación española.

La Fiscalía respaldó la postura de la administración, solicitando la anulación del reconocimiento de la nacionalidad y argumentando que la sentencia de primera instancia se había fundamentado de forma incorrecta. Frente a estas objeciones, la solicitante defendió la validez de la documentación que había aportado, entre la que figuraba un certificado de origen sefardí firmado por la presidencia de una federación latinoamericana encargada de analizar y expedir dichas certificaciones en coordinación con una comunidad hebrea reconocida en su país de origen.

También presentó un informe histórico y genealógico elaborado por la Academia Colombiana de Genealogía, en el que, mediante partidas de nacimiento, matrimonio y referencias de archivos históricos, se establecía la línea genealógica hasta un antepasado sefardí. Ante la dificultad de exigir documentos originales de linajes de más de cinco siglos, la defensa argumentó, y los jueces aceptaron, que debía admitirse la validez de la bibliografía y los informes respaldatorios.

Para acreditar su vínculo con España, la solicitante presentó una donación de 1.500.000 pesos colombianos (378,57 euros) destinada a actividades culturales de la federación latinoamericana y un certificado de superación de los exámenes de conocimientos constitucionales y culturales, realizados en el Instituto Cervantes, requisito fijado por ley. Al provenir de un país hispanohablante, quedó exenta del examen de idioma español.

No se pueden exigir documentos imposibles de obtener

El tribunal madrileño consideró que la falta de juicio notarial no impedía la tramitación, ya que la incorporación de nuevos documentos en la segunda fase administrativa, tras la jubilación del notario inicial, permitió revisar el caso. La sentencia subraya que la decisión final sobre la nacionalidad recae en la Dirección General, que tiene la facultad de valorar toda la documentación presentada en el expediente.

En el fallo se afirma que es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública quien “debe resolver de manera motivada y declarar, en su caso, la estimación de la solicitud”. Además, la Audiencia Provincial se apoyó en una resolución previa del Tribunal Supremo, que establece que no se pueden exigir documentos imposibles de obtener de épocas remotas cuando existen informes históricos, genealógicos y bibliográficos suficientes.

Respecto al certificado aportado, el tribunal concluyó que cumple “con el conjunto de requisitos legales”, avalado tanto por la institución religiosa latinoamericana como por la referencia institucional española. La relación genealógica, aunque no cuente con documentos oficiales de todos los antepasados, se considera acreditada con las partidas más cercanas y la bibliografía presentada.

La administración mostró su preocupación ante la posibilidad de que la admisión de bibliografía y certificados extranjeros sin aval nacional facilitara concesiones sin un control suficiente. En cambio, la justicia consideró que, ante la dificultad de acceder a archivos antiguos, la documentación presentada era adecuada y suficiente, y remarcó que la administración no aportó pruebas alternativas ni informes propios que desmintieran el estudio genealógico.

La sentencia confirma el derecho de la solicitante a la nacionalidad española como descendiente sefardí debidamente acreditada y por haber demostrado un vínculo específico con el país, conforme a la ley vigente. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública deberá proceder a la inscripción como ciudadana española y asumir las costas del proceso de apelación. No cabe recurso ordinario contra esta decisión, aunque queda abierta la vía de casación ante el Tribunal Supremo. El fallo se suma a otros litigios sobre la aplicación de la Ley 12/2015, destacando el valor de la documentación internacional y genealógica como prueba válida cuando no es posible acceder a archivos oficiales.

Un padre mantendrá la custodia exclusiva de sus dos hijas menores de edad. Así ha resuelto la Audiencia Provincial de Madrid, desestimando la apelación presentada por la madre, quien solicitaba revertir la medida. La resolución confirma así la sentencia previa - dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Madrid - y concluye que el régimen actual asegura mayor estabilidad para las hijas y protege su interés prioritario.

El conflicto se centra en la custodia de dos niñas, de 10 y 13 años. Su madre intentaba modificar el régimen para obtener la custodia exclusiva de ambas, además de la posibilidad de trasladarlas a su domicilio alegando que su vida y su trabajo se encuentran en España. Defendía que no existe motivo alguno que justifique apartarla del cuidado de sus hijas, y aunque reconoció que de vez en cuando visita Polonia, insistió en que su residencia habitual está en Madrid.

También solicitaba el uso de la vivienda familiar para ella y sus hijas y reclamaba una pensión alimenticia de 800 euros mensuales por cada menor, por un total de 1.600 euros al mes. Propuso un régimen de visitas con fines de semana alternos y la división de las vacaciones, con preferencia para elegir en años pares.

El tribunal no vio motivos para modificar el régimen actual

La respuesta del padre ante la apelación se apoyó en acuerdos alcanzados anteriormente, en los que se recogía que la madre aceptaba periodos alternos de residencia de las menores entre Polonia y España bajo la custodia paterna. Además, se incluyó documentación que reflejaba propuestas anteriores de la madre para que las niñas vivieran en Polonia y que los años de residencia se turnaran entre ambos países, una postura diferente a la sostenida en la apelación.

La fiscalía, presente durante todo el proceso, respaldó lo resuelto por el juzgado. En los escritos presentados, se indicó que la sentencia era “ajustada a derecho” y se remarcó que no se habían presentado motivos relevantes para justificar una modificación de la organización familiar vigente.

El tribunal fundamentó la decisión en el interés superior de las menores, siguiendo la legislación nacional y los acuerdos internacionales sobre derechos de la infancia. En el fallo se apuntó que no existe prueba alguna de que la convivencia con el padre resulte perjudicial para las niñas y se evaluaron las circunstancias materiales y afectivas de ambos progenitores.

El tribunal considera que la residencia en Madrid garantiza la estabilidad de las menores

Durante el análisis del caso, se incorporaron informes de especialistas del servicio público, que recomendaron mantener la residencia actual en Madrid. El informe pericial sugirió la custodia compartida únicamente si ambos progenitores residieran en la misma ciudad. En caso de que la madre se trasladara a Polonia, el informe consideró “más beneficioso para la estabilidad de las menores” que continuaran bajo el cuidado del padre. En la resolución se recoge que “la guarda y custodia paterna proporciona protección y bienestar a las niñas, no siendo adecuada la modificación”. Por este motivo, la sala consideró adecuado mantener el régimen vigente para preservar la continuidad en la vida de las menores.

La sentencia ratifica que la patria potestad corresponde a ambos progenitores, aunque el padre asume la responsabilidad del día a día. La madre puede visitar a las niñas cuando viaje a Madrid, siempre que avise con un mes de antelación y se adapte a los horarios y rutinas establecidos. El reparto de las vacaciones contempla la Navidad dividida en mitades, la Semana Santa con la madre, el mes de julio asignado a la madre y agosto al padre.

La pensión alimenticia queda fijada en 200 euros mensuales por hija

La pensión alimenticia se fija en 200 euros mensuales por hija, con posibilidad de actualización según el índice oficial, y se mantiene hasta la mayoría de edad o hasta que las menores alcancen independencia económica. Los gastos extraordinarios no cubiertos, como salud o educación, se repartirán en un 70% para el padre y un 30% para la madre. El uso del domicilio familiar en Madrid queda asignado al padre y a las niñas, con la obligación de que la madre lo desocupe en un plazo de diez días tras la notificación.

El tribunal realizó una revisión de la situación económica de ambos progenitores. El padre aportó nóminas superiores a 5.000 euros mensuales y un ingreso anual próximo a los 90.000 euros, además de rendimientos de capital y alquileres abonados en periodos recientes. La madre, por su parte, presentó recibos de algo más de 2.000 euros mensuales. Entre los gastos fijos de las niñas, figuran cuotas escolares entre 378 y 391 euros. El tribunal consideró que ambos progenitores pueden mantener el nivel de vida de las menores y que las medidas económicas adoptadas son proporcionales.

La sala descartó que la decisión anterior supusiera un perjuicio para las menores. No se detectaron motivos psicológicos ni de entorno que motivasen un cambio de custodia. Se tuvo en cuenta la opinión de las niñas, que mostraron preferencia por seguir viviendo con su padre, aunque su declaración no resulta vinculante. El tribunal también revisó la coherencia de las peticiones de la madre respecto a sus propuestas anteriores y señaló la contradicción entre lo solicitado en el pasado y lo planteado en la apelación.

En el auto se indica que “no se prueba obstáculo alguno para tal resolución”, avalando así la figura del padre como referente cuidador y la estabilidad conseguida en la vida de las menores. Por último, la sentencia informa a las partes de que pueden presentar recurso extraordinario ante el tribunal superior correspondiente en un plazo de veinte días, previa consignación en la cuenta bancaria oficial.

José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este miércoles durante su esperada declaración ante el juez Calama de la Audiencia Nacional que el origen de las joyas que encontraron en su caja fuerte por valor de 1,3 millones de euros fueron un regalo del monarca Abdulá bin Abdulaziz Al Saud en 2007, cuando este vino a España para recibir el Toisón de Oro durante una visita de Estado en la que se reunió con el rey Juan Carlos I y con el presidente del Gobierno.

Así le han asegurado en exclusiva a Mañaneros360 de RTVE fuentes del entorno de Zapatero. El expresidente también ha admitido ante el juez que aún no tiene la documentación para acreditar la procedencia de las joyas y ha pedido más tiempo para recopilar todo lo necesario, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazara la petición de su abogado para retrasar su comparecencia por ese tema.

El expresidente ha sido interrogado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando. El portavoz autorizado de Zapatero aseguró en su momento que se trataba de una herencia familiar y que tenían un valor “entre 30.000 y 50.000 euros” y tras conocerse el peritaje tuvo que pedir perdón. Las piezas fueron valoradas en 1,3 millones de euros tras una tasación de la joyería Ansorena y calculada en colaboración con el Instituto Gemológico Español. La secretaria de Zapatero, por su parte, atribuyó el origen de las joyas a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exmandatario, así como a obsequios obtenidos durante viajes.

Delito fiscal y de contrabando

Al asegurar que se trata de un regalo, el delito por el que se le imputa contrabando no existiría, ya que Zapatero no tuvo que transportar las joyas, simplemente le fueron entregadas en mano. Además, al haber pasado más de cinco años, la acusación de delito fiscal estaría también prescrito -lo habría hecho en 2012-.

Sin embargo, el regalo de estas joyas lleva a Zapatero a una encrucijada ética, ya que aunque en 2007 no hubiera una ley que prohibiera que un presidente recibiera regalos, el propio Zapatero había aprobado un código ético de conducta en 2005, un año después de que fuera elegido presidente, en el que dejaba bastante claro que no se debían aceptar regalos “más allá de los usos habituales”. Y aquellos obsequios “de mayor significación de caracter institucional”, debían ofrecerse al patrimonio del Estado.

A través del BOE se publicó ese 2005 ese 'Código de Buen Gobierno' que incluía, en el punto 6, que se rechazaría “cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”.

El director ejecutivo de Transparencia Internacional de España, David Martínez, señaló a El País que a pesar de que exista este Código Ético, lo recogido “es simplemente una plasmación de principios de conductas, una hoja de ruta, una orientación” y no hay ningún tipo de sanción y ni es jurídicamente vinculante.

Los regalos que pueden recibir los altos cargos también están recogidos en Ley de transparencia y buen gobierno de 2013, aprobada durante el mandato del presidente del PP Mariano Rajoy. En esta norma también se hacía referencia a los regalos de cortesía, pero sin establecer límites específicos para aceptarlos: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente". Otra norma, la Ley 3/2015 para altos cargos que deroga el Código del buen Gobierno que aprobó Zapatero no menciona entre los puestos incluidos entre los altos cargos los expresidentes de Gobierno.

Por lo tanto, al aceptar estos regalos Zapatero estaría incumpliendo su propio Código Ético.

Un hombre fue imputado en Uruguay por matar a golpes a un gato. La muerte del animal generó molestia de los vecinos, que lo denunciaron. Como en la normativa uruguaya no existe un delito que castigue el maltrato animal, el hombre fue imputado por hurto especialmente agravado, daño y violencia privada.

El caso implicó torturas y hasta sadismo hacia el animal.

El caso –informado por el noticiero Telenoche de Canal 4– ocurrió en la ciudad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, a unos 60 kilómetros de Montevideo. De acuerdo al relato de los vecinos, esta no era la primera vez que este hombre ataca diferentes animales: ya lo había hecho con perros y gatos que estaban en la zona.

El caso más grave denunciado por los vecinos ocurrió esta semana. A través de un señuelo y con una caña de pescar, el imputado tomó el gato de una vecina, lo pasó por encima de un muro y lo llevó hacia su casa. Una vez allí, lo asesinó a golpes con un palo.

El hombre vivía en un complejo de propiedades de esa ciudad.

La dueña del animal denunció esta situación ante la Justicia. Según detalló el noticiero, los primeros en intervenir fueron los policías y luego se dio cuenta a Fiscalía de esta situación, que este lunes pidió la imputación.

El maltrato hacia los animales está prohibido en la normativa uruguaya a través de la ley 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, pero no está especificado un delito contra él. Pero, ¿por qué se logró la imputación en este caso? La fiscal decidió basarse en que el gato era propiedad de una vecina. Fue por eso que se aplicaron delitos de hurto, daño y violencia privada.

“Se imputó por la comisión presunta de tres figuras delictivas. Lo que la Fiscalía logró imputar a través de la argumentación y la evidencia surgida de la carpeta son los delitos de hurto especialmente agravado, daño y violencia privada. Estos delitos tienen que ver con los hechos y el análisis de la evidencia que había”, dijo a Canal 4 la fiscal del caso, Irena Penza.

“En el caso del hurto especialmente agravado fue porque el animal fue sustraído del interior de la vivienda de la víctima. El daño, porque termina dándole muerte a través de actos de extrema violencia como tortura y hasta podría decir sadismo. Y, por otro lado, el delito de violencia privada porque a través de la violencia cometida hacia el animal entendió la Fiscalía que también se ejerce una violencia sobre la dueña y sobre otros miembros del conjunto habitacional ya que habían existido amenazas”, argumentó.

Andrés Cantera, un vecino del complejo de viviendas, contó al noticiero Telemundo de Canal 12 que el hecho fue “tristísimo” y que lo “tiene muy indignado”. “Da para pensar que este muchacho viene haciendo estas cosas hace ya un tiempo”, consideró.

Es que sus agresiones no se tratan de un hecho aislado. Vecinos del lugar aseguraron que el hombre ya había realizado amenazas vinculadas a mascotas de la zona y señalaron que varios gatos del complejo habían desaparecido.

“Si bien es un animal, no deja de ser un ser vivo. Me tiene muy indignado. A mí me encantan los animales y a mi familia también. A mi casa vienen animales de todo el barrio y se los trata como si fueran niños. Cuando pasó esto yo no estaba. Estaba en Paysandú. Doy gracias a Dios por no haber estado, porque si llegaba a estar en ese momento, hubiese pasado algo mucho peor. Tomar justicia por mano propia está mal”, dijo.

En esa línea, todo comenzó el pasado lunes 8 de junio, cuando se conoció un video en el que aparecían Bautista Bravo e Imanol Santerre en un repudiable caso de maltrato animal. En las imágenes se podía ver cómo le pegaban patadas a un copio, un animal similar a la nutria, en el medio de la calle hasta que finalmente murió.

El animal era de color marrón, medía aproximadamente 60 centímetros y tenía antecedentes en el área municipal: personal de Zoonosis lo había buscado días antes para rescatarlo, sin éxito. En el video, mientras la agresión transcurría, se escucha a quien filmaba decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, al tiempo que ambos debatían si el animal era una nutria o un carpincho.

El caso llegó a la Fundación Grupo Alianza Animal a través de sus propias redes sociales. Una usuaria etiquetó a la organización para que difundiera el material, y fue así como Morena Loncaric, presidenta de la fundación, tomó conocimiento del hecho. Tras reunir la información, radicó una denuncia penal por maltrato animal seguido de muerte.

“Cuando lo vimos, empecé a investigar, a indagar más, porque yo el video, la verdad, no lo pude terminar de ver, es terrible y me parecía que no podía quedar impune”, señaló en diálogo con La Brújula. En la presentación policial apuntó directamente contra los jóvenes oriundos de Coronel Suárez que estaban en Bahía Blanca para estudiar.

Tras la viralización del posteo, numerosos usuarios comenzaron a exigir datos personales y domicilios de los involucrados, lo que llevó a Loncaric a actuar con urgencia para evitar que la situación escalara por fuera del ámbito judicial. Desde la fundación aclararon que ninguna dirección fue difundida públicamente: toda la información fue entregada en forma exclusiva a la Policía. Poco después de la circulación del video, los dos acusados cerraron sus cuentas en redes sociales.

En ese marco, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se presentará como particular damnificado en el expediente y que trabaja junto al fiscal Santiago Garrido en todas las acciones necesarias para el avance de la investigación. Desde el municipio remarcaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado”, y el comunicado oficial señaló que hechos de esta gravedad “no pueden ser relativizados ni naturalizados”.

Según informó La Brújula 24, este viernes se abrirán los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la pesquisa. Los dispositivos habían sido incautados en cuatro procedimientos ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Alberto Manzini, a pedido de la UFIJ Nº 7, encabezada por la fiscal Marina Lara: dos diligencias se concretaron en Bahía Blanca y otras dos en Huanguelén, localidad de origen de los imputados.

La medida apunta a examinar el contenido de los dispositivos de los jóvenes acusados de agredir al animal durante la madrugada del sábado 7 de junio, luego de salir de un boliche. Además, la semana próxima ambos serán indagados por la fiscal Lara en el marco de la causa que investiga el presunto delito de maltrato animal seguido de muerte.

El expediente busca reconstruir no solo la secuencia del ataque, sino también las circunstancias previas y posteriores a la difusión del video, que derivó en repudios, presentaciones judiciales, sanciones académicas y un extendido debate político y social en la ciudad.

La Audiencia Provincial de La Rioja ha confirmado el desahucio de una arrendataria que alegó haber sufrido indefensión porque, una vez reanudado el procedimiento tras solicitar justicia gratuita, el juzgado no le comunicó expresamente cuántos días le quedaban para oponerse a la demanda. El tribunal rechaza este argumento y subraya que ni la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni la Ley de Enjuiciamiento Civil imponen esa obligación al órgano judicial.

El caso tiene su origen en un juicio verbal de desahucio tramitado en Logroño. Durante el procedimiento, la inquilina solicitó abogado y procurador de oficio, lo que provocó la suspensión temporal de los plazos procesales. Una vez designados los profesionales, el procedimiento se reanudó, pero la arrendataria no presentó oposición dentro del tiempo que aún le restaba para hacerlo. Como consecuencia, el juzgado dio por terminado el procedimiento, acordó su archivo e inició la ejecución directa del desahucio.

La afectada recurrió la decisión alegando que se había vulnerado su derecho de defensa porque la resolución que levantó la suspensión no especificaba el número exacto de días que quedaban para formular oposición. A su juicio, esa omisión le impidió conocer adecuadamente el plazo disponible para reaccionar frente a la demanda.

El plazo se reanuda, pero no tiene que recalcularlo el juzgado

La Audiencia Provincial analiza el artículo 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula los efectos de la solicitud de asistencia jurídica gratuita sobre los procedimientos judiciales. Los magistrados recuerdan que la norma establece que los plazos vuelven a correr desde la designación provisional de abogado y procurador o desde la resolución que reconoce o deniega el derecho, pero no exige que el juzgado detalle expresamente el tiempo restante para realizar cada actuación procesal.

Según el auto, una vez nombrados los profesionales de oficio, el órgano judicial debe acordar el levantamiento de la suspensión y notificarlo, pero no tiene la obligación legal de indicar cuántos días quedan para comparecer, contestar una demanda o formular oposición.

La Sala añade que tanto abogados como procuradores cuentan con los conocimientos necesarios para calcular el plazo pendiente a partir de las actuaciones obrantes en el procedimiento. Incluso señala que, si existiera alguna duda, los profesionales pueden examinar los autos o solicitar aclaraciones al juzgado.

Por ello, el tribunal concluye que la falta de una referencia expresa al tiempo restante no genera indefensión ni supone una irregularidad procesal capaz de invalidar el procedimiento.

La vulnerabilidad no podía analizarse en este recurso

La arrendataria también invocó su situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, la Audiencia considera que esa cuestión era ajena al objeto concreto del recurso, que se limitaba a examinar la corrección del decreto que dio por terminado el procedimiento y del auto que confirmó esa decisión.

Los magistrados precisan que la eventual vulnerabilidad puede plantearse en el momento procesal oportuno, especialmente de cara al lanzamiento y a una posible solicitud de suspensión si concurren los requisitos legales, pero no sirve para cuestionar la validez de la reanudación de los plazos tras la designación de abogado y procurador de oficio. Además, recuerdan que la arrendataria ya contaba con profesionales designados para su defensa cuando se produjo la reanudación del procedimiento.

Con estos argumentos, la Audiencia Provincial de La Rioja desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la inquilina, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Logroño y le impone el pago de las costas procesales generadas en la segunda instancia. El auto, además, declara expresamente que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

En el verano de 1997, una adolescente llamada Dulce atravesó medio mundo desde un orfanato en Katmandú (Nepal) para instalarse en el piso de una mujer que apenas conocía, en Barcelona. Lo que comenzó con cartas y promesas de apoyo se convirtió en una convivencia sólida y un vínculo que, con los años, se volvió tan fuerte como el de cualquier madre e hija. La Audiencia Provincial de Barcelona ha reconocido ahora el derecho de Gloria a adoptar a Dulce, formalizando así una relación materno-filial que nació en Nepal y se desarrolló en Cataluña.

La decisión judicial pone fin a un largo camino administrativo y emocional para Gloria, que dedicó casi tres décadas a cuidar, educar y acompañar a Dulce, desde que la apadrinó cuando tenía 14 años. La resolución permite que Dulce pase a inscribirse en el Registro Civil con los apellidos de Gloria, y legitima una historia familiar que ha tenido que superar muchas trabas legales. Para ambas, la adopción representa la culminación de una realidad afectiva y jurídica largamente deseada.

El tribunal ha estimado el recurso presentado por Gloria y ha revocado la denegación de la adopción, reconociendo como válida la convivencia y el compromiso afectivo establecido desde el apadrinamiento de Dulce. La Sala ha subrayado que la relación entre ambas responde a una auténtica realidad familiar, iniciada cuando Dulce era adolescente y reforzada tras su llegada a Barcelona. La resolución señala expresamente que la convivencia exigida por el artículo 235-33 del Código Civil de Cataluña no debe entenderse de modo restrictivo ni limitarse a la mera residencia bajo el mismo techo, sino que debe valorarse el mantenimiento del vínculo relacional y de las obligaciones propias de una madre adoptiva. La adopción se constituirá con todos los efectos legales y Dulce será inscrita en el Registro Civil con los apellidos Natividad.

Precedente sobre la adopción en mayores de edad

Este fallo sienta un precedente sobre la interpretación de la convivencia en los procedimientos de adopción de mayores de edad. La Audiencia Provincial ha hecho prevalecer el principio del interés superior de la persona adoptanda y la realidad afectiva sobre los formalismos administrativos, permitiendo que Dulce y Gloria vean finalmente protegido su vínculo en el ámbito jurídico.

La historia de Dulce comienza en 1982, cuando nace en Nepal y queda al cuidado del Estado en un orfanato de Katmandú. A los 14 años, en enero de 1997, Gloria, entonces trabajadora del Banco Santander, la apadrina a través de una organización de ayuda. Durante meses intercambian cartas hasta que, en el verano de ese mismo año, Dulce viaja a España y se instala junto a Gloria. La joven, que ya poseía conocimientos de inglés, se adapta rápidamente al entorno familiar y social de su nueva ciudad.

La relación entre ambas se consolida: Gloria asume los gastos, la educación y el cuidado de Dulce, contando incluso con el respaldo y seguimiento del Cónsul de Nepal en Barcelona. Años después, Dulce accede a la nacionalidad española y a la vecindad civil catalana, obtiene titulaciones universitarias, contrae matrimonio y tiene una hija, a la que Gloria considera su nieta. La petición de adopción formal y el cambio de apellidos buscan poner fin a la sensación de extrañeza legal que ha acompañado a Dulce desde su llegada a España.

Acreditar la convivencia previa, una de las claves

El proceso judicial arrancó en el Juzgado de Familia de Barcelona, que rechazó la solicitud de adopción al entender que no se había acreditado convivencia previa suficiente antes de los catorce años, ni se daban los requisitos de acogimiento preadoptivo. Frente a esta negativa, Gloria, representada por la procuradora Eva Morcillo Villanueva y apoyada por el Ministerio Fiscal, interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El tribunal, tras deliberar, consideró probado el vínculo materno-filial y la convivencia desde los 15 años, y estimó que la interpretación restrictiva de la ley perjudicaba el interés de las partes.

La resolución de la Sala es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, lo que confiere seguridad jurídica y estabilidad a la nueva situación familiar. La inscripción de Dulce con los apellidos Natividad cierra un proceso que ha durado años y aporta reconocimiento legal a un lazo afectivo que ninguna instancia administrativa había logrado regularizar hasta hoy.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado la expulsión de España de un ciudadano extranjero condenado por un delito contra la salud pública de menor entidad tras vender dos comprimidos de pregabalina a cambio de cinco euros. El tribunal considera que la medida fue acordada sin valorar adecuadamente su arraigo en Navarra ni sus circunstancias personales, y concluye que resultaba desproporcionada dada la escasa gravedad de los hechos.

La resolución estima el recurso presentado por el afectado y deja sin efecto el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que había sustituido una pena de un año y seis meses de prisión por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar durante seis años.

Ocho años de residencia en Navarra

El recurrente había sido condenado en diciembre de 2025 como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de menor entidad. Tras la sentencia, la Audiencia Provincial acordó estudiar si procedía sustituir la pena de prisión por la expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal para ciudadanos extranjeros condenados a penas superiores a un año.

Una vez analizada la documentación aportada por la defensa, la Audiencia acordó la expulsión y prohibió su entrada en España durante seis años al entender que carecía de vínculos efectivos con el país.

Sin embargo, el TSJN destaca que el condenado reside de forma ininterrumpida en España desde hace ocho años, todos ellos en distintas localidades navarras —Cadreita, Valtierra, Tudela y Pamplona—, a donde llegó cuando apenas tenía 18 años. Actualmente tiene 26 años.

Los magistrados consideran que la resolución recurrida se limitó a señalar que carecía de familia en España, pero no analizó otros elementos relevantes para valorar su arraigo social y personal.

El tribunal reprocha la falta de una valoración individualizada

La Sala recuerda que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen que las decisiones de expulsión se adopten tras una valoración individualizada de las circunstancias personales y familiares de cada afectado.

En este caso, considera que la Audiencia Provincial no examinó adecuadamente factores como el tiempo de residencia en España, la edad a la que llegó al país, su integración social o la ausencia de vínculos relevantes con su país de origen. Tampoco tuvo en cuenta que percibe una renta garantizada, que ha realizado cursos formativos para facilitar su inserción laboral y que su situación administrativa irregular le impide actualmente acceder al mercado de trabajo.

La Sala también rechaza que el hecho de haber utilizado intérprete de árabe durante el juicio pueda servir por sí solo para descartar su integración. Según señala, el derecho a ser asistido por intérprete forma parte de las garantías de defensa y, además, en declaraciones anteriores el recurrente había respondido en castellano a varias preguntas antes incluso de que fueran traducidas.

La expulsión fue desproporcionada

El TSJN considera además que la medida de expulsión vulneró el principio de proporcionalidad. Los magistrados recuerdan que el Código Penal permite sustituir determinadas penas de prisión por la expulsión del extranjero condenado, pero también establece que esa sustitución no debe acordarse cuando resulte desproporcionada atendiendo a las circunstancias del caso y al arraigo de la persona afectada.

La resolución destaca que el delito por el que fue condenado consistió en la entrega de un blíster con dos comprimidos de Pregagesic 300, que contenían pregabalina, a cambio de cinco euros. La sentencia de conformidad impuso una multa de tan solo 2,50 euros, circunstancia que, según el tribunal, evidencia la escasa entidad de la conducta enjuiciada.

Además, subraya que se trata del primer antecedente penal conocido del recurrente, que reconoció los hechos, aceptó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y abonó la responsabilidad económica impuesta.

No supone una amenaza grave para el orden público

La Sala recuerda que la normativa europea exige valorar si la persona afectada representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública antes de adoptar una medida tan intensa como la expulsión.

A juicio del tribunal, la venta de dos comprimidos por cinco euros, unida a la ausencia de antecedentes relevantes y a la aceptación de la condena, impide concluir que el condenado represente un riesgo de esa entidad. Por ello, considera que no concurren circunstancias agravantes que justifiquen la expulsión y la prohibición de retorno al territorio español.

La expulsión queda anulada

Por todo ello, el TSJN estima el recurso y deja sin efecto la expulsión acordada por la Audiencia Provincial de Navarra. La Sala concluye que la permanencia del condenado en España resulta compatible con los fines de la pena y que la sustitución de la condena por una expulsión de seis años no superaba el juicio de proporcionalidad exigido por la legislación nacional y europea.

La resolución insiste en que las medidas de expulsión de extranjeros condenados penalmente no pueden aplicarse de forma automática y requieren un examen concreto y motivado de las circunstancias personales de cada caso.