La JEP admitió que incluyó por equivocación a Simón Trinidad, exjefe de las Farc, como víctima en el caso por el exterminio de la Unión Patriótica, y atribuyó lo sucedido a un “error humano” sin efectos jurídicos

El episodio desató polémica política en Colombia y reabrió el debate sobre la noción de víctima en la justicia transicional.

La Jurisdicción Especial para la Paz explicó que la presencia de Simón Trinidad en la lista de víctimas respondía a la publicación accidental de un anexo con solicitudes que permanecen bajo estudio. Según el tribunal, la inclusión no produce consecuencias legales y la petición para reconocerlo como víctima sigue en evaluación.

De acuerdo con Semana, la Sala de Reconocimiento de la JEP detectó la anomalía en el archivo de nombres que “fue anexado por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio”.

El tribunal aclaró que “no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”, y eliminó el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda (Simón Trinidad) del expediente.

Esta postura fue reiterada por medios nacionales como El Tiempo, que precisó que no existe resolución definitiva respecto a su estatus.

Aclaración de la JEP sobre alias Simón Trinidad

Las distintas fuentes subrayaron que el reconocimiento de Trinidad como víctima aún no ha sido resuelto. El comunicado de la JEP, indicó que la solicitud permanece en revisión, sin decisión firme.

Mientras tanto, la Sala de Reconocimiento señaló la necesidad de garantizar la participación efectiva de las víctimas en la JEP, con los derechos que otorga la calidad de interviniente especial. Sin embargo, el tribunal puntualizó que esto no implica una priorización automática del caso de Trinidad, ya que cualquier avance dependerá del desarrollo del expediente.

Contexto de la solicitud de reconocimiento como víctima

Según los informes recogidos, alias Simón Trinidad solicitó el reconocimiento como víctima por hechos ocurridos entre 1985 y 1987, periodo en el que militó en la Unión Patriótica en Valledupar.

Afirma haber sido perseguido político antes de incorporarse a las Farc, donde fue negociador en el proceso que condujo al acuerdo de paz de 2016.

El exjefe guerrillero permanece preso en Estados Unidos, cumpliendo una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.

La JEP precisó que el análisis sobre su condición de víctima no modifica su situación judicial y continúa en trámite.

La “acreditación” de Trinidad como víctima provocó debate político y judicial. El senador Rafael Nieto advirtió que estas decisiones “confunden a la gente, convierten a los victimarios en víctimas y diluyen las responsabilidades”.

En contraste, el analista Julio Iglesias consideró que el caso ilustra la complejidad del conflicto colombiano, donde un mismo actor puede ser responsable en unos hechos y víctima en otros.

Este es el exlíder guerrillero Simón Trinidad, quien cumple condena en Estados Unidos por secuestro

‘Simón Trinidad’, fue capturado en Quito en 2004 y más tarde extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años tras ser sentenciado por su implicación en el secuestro de tres contratistas (Keith Stansel, Marc Gonsalves y Thomas Howes) estadounidenses que trabajaban para la empresa Northrop Grumman en labores de inteligencia del Plan Colombia, en 2003.

Figura relevante dentro de las antiguas Farc-EP, Trinidad sobresale entre los jefes guerrilleros por su formación: nació en Valledupar en 1950, se tituló como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cursó estudios en Harvard. Antes de su ingreso a la insurgencia, trabajó como gerente bancario y ejerció como docente universitario.

En los años 80, el exlíder integró la Unión Patriótica (UP) antes de sumarse plenamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, donde destacaría como “ideólogo principal” y negociador en los diálogos de paz del Caguán.

El juicio por la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador ocurrido el 16 de noviembre de 1989, comenzará el 20 de julio de 2026, según la convocatoria emitida por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La vista pública se desarrollará a partir de esa fecha y continuará durante las sesiones que resulten necesarias para sustanciar el proceso penal.

Las órdenes internacionales de captura y las difusiones rojas permanecen activas para la mayoría de los implicados, con la excepción de Alfredo Félix Cristiani Burkard, cuya notificación roja fue eliminada tras el análisis realizado por la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL.

El tribunal ratificó las medidas cautelares sustitutivas de detención provisional para algunos procesados y renovó las órdenes de detención y difusión internacional para quienes continúan bajo régimen de prisión preventiva, salvo en el caso de Inocente Orlando Montano Morales, quien cumple condena en España.

Implicados y delitos atribuidos

La acusación detalla los cargos para cada uno de los procesados:

1. Alfredo Félix Cristiani Burkard: autor mediato (intelectual) en comisión por omisión en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

2. Rafael Humberto Larios López: autoría mediata en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

3. Juan Orlando Zepeda Herrera: autoría mediata en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

4. Juan Rafael Bustillo Toledo: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

5. Carlos Camilo Hernández Barahona: cómplice en el delito de asesinato.

6. Nelson Iván López López: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

7. Joaquín Arnoldo Cerna Flores: cómplice en el delito de asesinato; actos de terrorismo.

8. Inocente Orlando Montano Morales: autor mediato en el delito de asesinato de José Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y la adolescente Celina Maricet Ramos; actos de terrorismo.

9. Rodolfo Antonio Parker Soto: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo; actos de terrorismo.

10. Oscar Alberto León Linares: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo.

11. Manuel Antonio Hermenegildo Rivas Mejía: fraude procesal; encubrimiento personal; actos de terrorismo.

La intimación de Inocente Orlando Montano Morales está programada para el 13 de julio mediante videoconferencia, en coordinación con autoridades judiciales extranjeras.

Este proceso busca esclarecer uno de los episodios más graves del conflicto salvadoreño, enfrentando cargos de asesinato, terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

Contexto: el caso y los procesos judiciales

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y dos colaboradoras fueron asesinados. El hecho provocó la atención internacional sobre la violencia política en El Salvador.

En abril de 2018, el proceso fue reabierto por solicitud del IDHUCA, que pidió al tribunal reconsiderar el expediente vinculado al asesinato ocurrido en 1989. En ese momento, se citó a Alfredo Cristiani, entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, para una audiencia especial.

El recorrido judicial continuó en marzo de 2019, cuando la Cámara Tercera de lo Penal confirmó la nulidad y el sobreseimiento de cargos para varios de los acusados, entre ellos Cristiani, Ponce, Bustillo, Zepeda y Montano.

La decisión se fundamentó en la cosa juzgada y defectos procesales, aunque la Fiscalía mantuvo la opción de presentar una nueva acusación que cumpliera con los requisitos legales.

En febrero de 2022, la Fiscalía General de la República presentó un nuevo requerimiento contra los presuntos responsables, tras la resolución de la Sala de lo Constitucional que invalidó el requerimiento presentado en 2000. Esto permitió reabrir la causa bajo una nueva base jurídica.

Finalmente, en noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió enviar a juicio a ocho personas por asesinato y actos de terrorismo, y a otros tres por fraude procesal y encubrimiento personal, tras admitir pruebas de la Fiscalía y de las defensas. Además, el juez instructor decretó la detención provisional y ordenó la emisión de difusión roja internacional para varios procesados, incluyendo al expresidente Alfredo Cristiani y a ex altos mandos militares.

El expediente ha estado marcado por avances, retrocesos y decisiones contradictorias, reflejando la complejidad del acceso a la justicia en casos vinculados a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Este caso continuará en su última fase el 20 de julio de este año.

La polémica por la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre los líderes de la paz urbana en Itagüí reavivó el debate nacional, aunque los cabecillas ya habían salido cuatro veces a eventos antes de la resolución.

De acuerdo con declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, las resoluciones judiciales no impidieron ni impedirán la participación de estos representantes en actividades relacionadas con las negociaciones, bajo un protocolo que requiere autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Cuatro salidas previas antes de la resolución

El 28 de marzo, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí. La medida generó un intenso debate, especialmente después de que la fiscal Luz Adriana Camargo dejara sin efecto el beneficio para 16 de ellos, limitándolo solo a siete que ya se encontraban en libertad.

La controversia creció tras la presentación de dos acciones de nulidad ante el Consejo de Estado y el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez de promover un proyecto para derogar la ley de Paz Total.

No obstante, voceros del espacio sociojurídico aclararon que la participación en eventos de paz no depende de estas resoluciones.

“Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía, que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas”, explicó Zuleta en rueda de prensa.

En el historial reciente, los cabecillas de la paz urbana han salido en cuatro ocasiones, una de ellas durante el denominado “tarimazo”, evento que generó amplia repercusión mediática y política. Cada salida se gestionó mediante un protocolo formal con autorización expresa de las autoridades penitenciarias.

Debate político y cuestionamientos sobre incidencia electoral

La discusión sobre el alcance de la participación de los líderes encarcelados se intensificó con las observaciones de figuras políticas como Roy Barreras, que planteó dudas sobre la posible influencia de los cabecillas en procesos electorales. Frente a esto, Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre, calificó tales planteamientos como “anacrónicos”.

“Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacrónicos, punitivos”, afirmó Ramírez, según Blu Radio.

Por su parte, la senadora Zuleta negó que las salidas de los cabecillas respondan a propósitos electorales o de hacer política a favor de figuras como Iván Cepeda, subrayando que la participación se limita a actividades propias del proceso de paz.

Nuevas órdenes, extradición y tensiones en el proceso

El alcalde Federico Gutiérrez solicitó que las autoridades de Estados Unidos requieran la extradición de algunos cabecillas vinculados a la mesa de paz urbana, señalando posibles investigaciones por narcotráfico. Frente a estas declaraciones, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, negó cualquier nexo con organizaciones ilícitas o procesos abiertos en ese país.

Muñoz, que cumple una condena de 32 años tras 17 años de reclusión, consideró que el ruido sobre el proceso de paz urbana proviene de sectores adversos al diálogo, recordando que durante las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2008 no se generaron controversias similares.

Sobre su situación, la Fiscalía expidió una nueva orden de captura, hecho que la senadora Zuleta atribuyó a la discrecionalidad de los jueces y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para el proceso de paz.

Participación garantizada bajo protocolos

La participación de los cabecillas en eventos públicos seguirá sujeta a la solicitud formal de los delegados al Inpec, entidad que evalúa caso por caso y determina las condiciones de seguridad y traslado. La senadora Zuleta reiteró que, si la ciudadanía lo solicita y los temas lo requieren, podrán asistir a los eventos programados, siempre bajo estrictas medidas legales y administrativas.

En este contexto, los voceros del proceso de paz urbana enfatizaron que la interlocución no se suspende pese a las fluctuaciones en las decisiones judiciales. Destacaron que la permanencia de los cabecillas en la mesa de diálogo, incluso bajo custodia, resulta fundamental para avanzar en los cinco ejes temáticos acordados.

Han pasado tres días desde que la candidata presidencial Paloma Valencia anunció quién sería su coequipero para la primera vuelta que se avecina el 31 de mayo y, aunque desde el principio han expresado las diferencias que existe con su fórmula vicepresidencial, una nueva entrevista del nuevo equipo aspirante a la Presidencia profundizó sus diferentes sensibles como la familia.

En una entrevista conjunta concedida a la revista Cambio, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo protagonizaron un intercambio abierto sobre la visión de su fórmula presidencial apoyada por el Centro Democrático, revelando diferencias notorias sobre la JEP, los acuerdos de paz, derechos de la comunidad Lgbt+, legalización de la droga, reformas sociales y el futuro del país.

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Las diferencias se evidenciaron con énfasis sobre la llamada “ideología de género”, la protección de la familia y la educación. En su intervención, la candidata presidencial aseguró que el Estado intentó interferir en la población infantil cuando se firmó el acuerdo de paz de 2016.

“Creo que en el acuerdo (de paz) sí había un tema inconveniente de ideología de género. Pero esa sí fue una de las cosas que el gobierno Santos accedió a modificar”, señaló Valencia.

Sin embargo, su ahora fórmula vicepresidencial sentenció que, aunque concuerda con que el Estado no puede interferir en las opiniones de familia, tampoco puede hacerse ‘el de la vista gorda’ ante los inminentes cambios de la población.

“Yo parto del principio de que la ideología de género no existe. Es un concepto de radicalización. Los estudios científicos y genéticos han avanzado en comprender la identidad como una concepción social distinta al sexo”, señaló Oviedo a la revista.

El precandidato presidencial abogó porque el Estado prepare a los entornos más cercanos a los niños y jóvenes, con el propósito de asistir a la familia en caso de que el menor o su círculo requieran orientación para tocar temas sensibles.

“Debemos preparar a los docentes y a los directores para que cuando vean ese tipo de excepciones las puedan gestionar, hablarlas con los padres e invitarlos a una conversación. No se debe adoctrinar o ideologizar. Pero hay que hacer un acto de conciencia para buscar cómo el Estado les muestra a los padres que, si no saben, al menos tienen con quién hablar ese tema”, señaló Oviedo.

Sin embargo, el momento de tensión entre la nueva fórmula presidencial se evidenció frente a la adopción para parejas del mismo sexo, especialmente, cuando el partido Centro Democrático ha defendido la figura de familia tradicional desde el Congreso.

“Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Me cuesta, pero lo digo claramente. No estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño”, señaló Paloma Valencia.

Incluso, la senadora fue enfática en que su posible gobierno se enfocaría en dar condiciones propicias a las madres para evitar que sus hijos sean abandonados en centros transitorios, lo que implícitamente reduciría las posibilidades de adopción a parejas del mismo sexo.

¿Ese niño estaría mejor en manos del Estado o de quien? - preguntó el medio nacional. “Está mejor no estando abandonado”, respondió Valencia con firmeza

“En eso es en lo que tenemos que trabajar. Las mujeres dan a los niños en adopción por pura pobreza, por pura falta de oportunidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El niño está mejor no estando abandonado”, añadió la candidata presidencial a Cambio.

Por parte, Juan Daniel Oviedo aseguró que, aunque no concuerda con la posición de Valencia, mantiene la certeza de los avances que el Estado ha presentado en materia de derechos paa parejas Lgbt+, incluida la adopción que está habilitada en el país.

“Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”, expresó Oviedo a Cambio.

Sin embargo, advirtió que, en un hipotético caso en el que Valencia promoviera un proyecto de ley para ‘retroceder’ en derechos a la población Lgbt+ sería tomado como una traición a la alianza entre ambos.

“Yo creo que sentiría una puñalada. Porque ella sabe que tenemos una diferencia sobre eso y que hay una apreciación alrededor de los derechos que tenemos las personas con orientación sexual diversa de poder hacer nuestra vida plena. Y creo que va a ser muy difícil que ese tipo de proyectos sucedan”, señaló Oviedo.

Entretanto, Valencia insiste en que, aunque no está de acuerdo con la adopción homosexual, su trabajo se enfocará en limitar las capacidades del Estado para entrometerse en la formación de los menores frente a temas que considera netamente familiares.

“No de la familia tradicional. Lo que digo es que a mí no me gusta que el Estado se meta con tus niños, que les enseñe política ni ningún tipo de ideología. Esos asuntos son de tu patria potestad, de tu ejercicio como papá. El Estado no tiene por qué decidir ni la filiación política, ni la sexualidad, ni tiene por qué meterse en temas que a mí me parece que son internos de la familia”, indicó Valencia a Cambio.

“Estos son temas muy difíciles. He estado en el Congreso en esas discusiones. Soy una defensora de la familia”, añadió.

La fórmula a la Presidencia que está llena de diferencias

En su encuentro, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, expusieron acuerdos y desacuerdos en temas como justicia transicional, derechos de familias diversas, políticas sobre el narcotráfico y reformas sociales.

Aunque son conscientes de sus diferencias, ambos se comprometieron a gobernar bajo la pluralidad y el diálogo, mostrando sus contrastes como ejemplo de concertación en la política nacional.

“Es un arroz con mango, como lo es Colombia. Si uno quiere gobernar un país como este, tiene que aprender a comer arroz con mango”, expresó Paloma Valencia al inicio del diálogo con Cambio.

“En la política debe existir el ejemplo de que es posible sumar entre distintos. Yo, en esta dupla con la derecha, represento al centro político”, añadió Oviedo.

JEP, acuerdos de paz y garantías para la fuerza pública

El debate sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos de La Habana fue uno de los puntos centrales, con posiciones opuestas. Mientras Valencia se mantiene en su crítica frente a la justicia especial, su fórmula vicepresidencial considera un buen avance en materia de justicia restaurativa.

“Mi proyecto no es de eliminación. Es un proyecto que defiende los derechos humanos de la fuerza pública dentro de la JEP. Yo introduje el elemento de presunción de inocencia de la fuerza pública. Pero ese elemento nunca tuvo desarrollo”, señaló Valencia al diario nacional.

Oviedo, por su parte, defendió la función de la justicia transicional y aseguró que el Estado debe garantizarle los recursos para que se mantenga hasta que haya cumplido lo estipulado en los acuerdos de paz.

“El objetivo de este sistema de justicia transicional, si bien es temporal y no puede ser permanente, no debe estar sujeto a una opinión política que diga que no se va a renovar sin saber qué ha pasado. Necesitamos que todos los recursos económicos e institucionales que requiere la JEP estén disponibles para que sea efectiva y dé evidencia de rendición de cuentas”, comentó Oviedo.

Ambos coincidieron en que “los debates deben darse en el momento adecuado” y que las soluciones requieren escucha y gradualidad, comprometiéndose con víctimas y fuerza pública en su gestión.

Posturas sobre legalización de la droga y la industria del cannabis

Consultados sobre la legalización de la droga y la industria del cannabis, Oviedo defendió la iniciativa, que ya se ha hundido un par de veces en el Congreso de la República.

“El uso recreativo de la marihuana para adultos ha dado evidencia concreta de que permite que la prevención en menores de edad sea más efectiva. Debemos garantizar que la niñez y la juventud estén completamente aislados del consumo de drogas”, señaló Oviedo.

Mientras tanto, la candidata presidencial insistió en que la solución no está en la legalización del cannabis, por lo que insistirá en una legislación prohibicionista y menos permisiva.

“Soy ponente de todas las ponencias para hundir la legalización. Yo no creo que la libertad sea consumir drogas. Me parece que está bien la exportación para uso medicinal. Nos genera una dificultad para distinguir la legal de la ilegal. En eso nos pasaría como con el oro: 60% es ilegal, y 40% es legal y está financiando a grupos armados que generan violencia”, señaló Valencia.

En Santiago estuvo María Corina Machado (MCM), invitada por José Antonio Kast a su investidura presidencial, un país donde con un número de 700.000 en 20 millones, los venezolanos se han transformado en la minoría más numerosa, tanto que ya se han convertido en actor electoral, toda vez que la ley chilena permite votar después de 5 años de residencia. En acto público y recibiendo un baño de masas, se reunió con 16.000 de ellos. En esa oportunidad, evitó dar fechas para su regreso a Venezuela, afirmando que lo hará “en el contexto de un gran acuerdo nacional”.

Venezuela está en transición, y cuando se les enseña, estos procesos se agrupan fundamentalmente en tres tipos: las rupturistas, las negociadas como la española y las institucionalizadas como Brasil o Chile. Se representan más adecuadamente con la imagen de una película o un video más que una foto, es decir, un proceso más que un acto, en el que hay avances y retrocesos, tal como lo demuestra el caso de Nicaragua, que con la dupla Ortega-Murillo ha terminado como una dictadura igualmente mala o aun peor que los Somoza.

En España, Sánchez y sus socios quieren acabar con el Pacto de 1978 que les permitió transformarse en una exitosa democracia liberal, por vez primera en su historia. “Las transiciones, son distintas una de otras, tanto que, en el caso venezolano, si hay algo original no es tanto el rol de EE. UU. como la existencia de una figura como MCM, quien sin duda hoy sería electa en las primeras elecciones, cuando quiera que estas se realicen.” Hoy, sí, pero ¿mañana? Que jurídicamente hoy sea una especie de protectorado de Washington no debiera ser motivo de escepticismo, ya que otras transiciones como la chilena coexistiendo con el general Pinochet, primero como comandante en jefe del ejército durante ocho años y después como senador designado, o la brasileña con la muerte de su líder Tancredo Neves en pleno proceso transicional, o el rol jugado por figuras provenientes del franquismo en la española o que venían del Apartheid como Sudáfrica también crearon muchas dudas en sus inicios, sin embargo, lograron superar esas dificultades.

¿Y MCM?

Sin duda va a tener que revalidar su rol, ya que esa relación privilegiada que logró establecer con los venezolanos puede no durar para siempre, con lo que va a tener que hacer una lectura muy fina de un escenario cambiante. Y es aquí donde entra la necesidad de conocer las distintas experiencias de transición, tanto donde todo resultó bien como aquellas que fracasaron. Hubo procesos donde existió la necesidad de adaptarse cuando los escenarios se modificaron, incluyendo en el caso de Chile, la difícil campaña electoral que permitió derrotar al General Pinochet cuando mediante plebiscito quiso eternizarse en el poder.

En Venezuela se vive la transición, y al ser capturado desapareció el dictador, pero la dictadura se mantiene. Las transiciones desde el autoritarismo a la democracia son siempre el producto de una convergencia múltiple que necesita de la concurrencia de muchas voluntades, en definitiva, un complejo proceso de desintegración de la dictadura, de aceptación del pluralismo hasta llegar a un reemplazo pacífico, nunca un camino fácil, ya que se transita por una ruta donde es más fácil fracasar que triunfar.

Muchos tienen un ejemplo a mano. Algunos piensan que es útil el caso español. Al respecto, España y Chile tienen diferencias como también elementos que les son comunes. En ambos ayudó el contexto internacional, integrarse a Europa en uno, el mundo post derrumbe del comunismo en el otro, a fines de los 80 y en los 90. Por lo que voy a exponer en esta columna, a mí me gusta más Chile. En definitiva, porque creo que se ajusta más y mejor a lo que pasa en Caracas, y por lo que en el sur tuvo lugar, también entrega pistas para superar los obstáculos que hoy existen en Venezuela.

No ha abundado en el discurso de los demócratas venezolanos la referencia detallada a otras transiciones, más bien se ha centrado en la singularidad de su caso. Quizás el viaje a Santiago puede haber posibilitado conversar con quienes derrotaron a Pinochet como también dialogar con quienes perdieron el plebiscito, es decir, quienes dieron el paso a la convergencia, y creo que ello también ayudará a entender el cuadro creado por EEUU en Venezuela. La verdad es que ese camino tomado por Washington va a permitir que el chavismo, con ese nombre u otro no solo sobreviva, sino también se transforme en un actor en democracia. No me gusta, pero está ocurriendo, y tan solo espero, que los demócratas venezolanos consigan que el chavismo sea actor minoritario y no dominante, como logró serlo el peronismo-justicialismo durante tanto tiempo en Argentina.

Venezuela necesita un calendario para su democratización, y si alguien puede conseguirlo es MCM, y para ello ayuda conocer el detalle de las transiciones exitosas como también la autocrítica que ellos hicieron para ese resultado. Para ese fin, la experiencia chilena es un factor para considerar y no solo por ser chileno. De allí surgen logros interesantes, tales como no solo la convivencia con Pinochet, sino también haber podido minar sus apoyos, hasta en otros integrantes de la Junta de gobierno, además de haber superado el obstáculo de una administración de justicia asociada al dictador con lo que se pudo lograr una justicia transicional que obtuvo sentencias judiciales de prisión para muchos violadores de derechos humanos. Ayuda saber cómo se pudo constituir una oposición relevante y superar la amnistía que se dictó en los 70 para en definitiva avanzar hacia la reconciliación nacional.

El mayor acierto chileno fue confiar en la Democracia de los Acuerdos, es decir, buscar el consenso como estrategia de gobierno, sumado al alejamiento de los cantos de sirena populistas, la mantención de las bases económicas creadas bajo Pinochet y no modificarlas simplemente porque su origen había sido dictatorial. Al respecto, la construcción de un acuerdo para que los frutos del crecimiento económico se legitimaran mediante la disminución de la extrema pobreza desde más de un 40% a solo el 8%, lo que se mantuvo cuando hubo alternancia en el poder entre centro derecha y centro izquierda, como también un consenso público en el castigo en tribunales a las violaciones de derechos humanos.

La transición chilena tuvo un acuerdo básico en torno a qué mantener y qué cambiar, la importancia de la justicia como también del diálogo y la reconciliación. Al respecto hubo dos comisiones de gran importancia, a poco de asumir el gobierno del presidente Aylwin, la conformación de una Comisión de gran nivel que se conoció como Comisión Rettig por el jurista que la presidió, que no solo sirvió de modelo para una similar en Sudáfrica, sino a la que se encomendó que para los efectos de Verdad y Reconciliación estableciera los hechos definitivos en torno a la violación de derechos humanos y sus víctimas, cuyo informe no solo no pudo ser desmentido sino que después, en el gobierno del presidente Lagos se creó otra comisión, la Valech por el obispo católico que la encabezó, que estableció la reparación para todos aquellos que habían sido sometidos a prisión arbitraria y/o tortura. Especialmente relevante fue la presencia de la Iglesia Católica, la gran defensora de los derechos humanos en dictadura.

Fueron gestos de gran solemnidad y significación, que indudablemente serán necesarios en Venezuela. Más aún, así como el escenario venezolano cambió bruscamente por factores externos provenientes fundamentalmente de EEUU, un escenario donde MCM no fue considerada en el rol protagónico que debió haber tenido. La pregunta es ¿Qué pasa si el escenario vuelve a cambiar, esta vez por factores predominantemente internos?, como podrían ser elementos u objetivos asociados más a la estabilidad que al cambio.

De hecho, ya se han vuelto a escuchar propuestas que alguna vez se consideraron “inaceptables” cuando las dijo Capriles hace ya algunos años, o la sorpresa que debió haber sido para muchos la presencia de Enrique Márquez como invitado de Trump en el discurso que este hiciera en febrero, el Estado de la Unión, ante el Congreso pleno.

La verdad es que las transiciones no son un lecho de rosas y están llenas de trampas. Lo realmente importante, para lo cual MCM es insustituible, es que mantenga la esperanza y la confianza de los venezolanos, y para ambos objetivos, lo que no debe jamás perder es relevancia, algo que ya ha ocurrido, pero que no debe seguir pasando.

Por cierto, no tengo idea ni forma de saber qué conversó privadamente con Rubio y Trump cuando fue a despedirse de ellos, si se le aconsejó que no volviera todavía a Venezuela, pero con tantas antenas puestas en Irán y las próximas elecciones de noviembre, mi preocupación no es tanto que la Casa Blanca se interese más en Venezuela como que se desinterese. De partida, aunque temporal, el precio del petróleo es un factor que puede incidir en las elecciones al igual que la inflación, tal como le ocurriera a Biden. Del mismo modo, lo que pasa en el medio oriente puede tener una importancia decisiva en que EEUU refuerce su apuesta a favor del control del petróleo venezolano, lo que podría tener impacto en el compromiso con la democratización, quizás retrasarla. Al respecto, también hay que tener presente que está en curso una negociación con China en aranceles, que puede definir las futuras reglas para el comercio internacional, y donde, sin duda, el tema del petróleo va a aparecer, dada su importancia para China, sobre todo, en un escenario donde Washington ha tomado ventaja, tanto en Irán como en Venezuela.

Y ahí pueden aparecer escenarios inesperados. Por ejemplo, a mí me preocupa que Caracas inicie un proceso de privatizaciones de empresas públicas o expropiadas y medios de comunicación, donde los nuevos propietarios sean elegidos a dedo por su cercanía con el régimen, y al respecto, no solo pienso en Rusia o Ucrania con sus conocidos oligarcas, sino también en un esquema que se hizo antes, en el Chile de Pinochet a fines de los 80, propiedad que en general se mantiene en las mismas manos de quienes fueron sus partidarios, a no ser que se hayan dado los procesos normales de compra y venta o inversión extranjera.

Chile también sirve para entender cuán importante fue la autocrítica de aquellos sectores que desde la izquierda y el socialismo revalorizaron la democracia, así como también la Democracia Cristiana hizo un camino en dirección opuesta para desligarse del apoyo que prestaron al rompimiento de la democracia en el golpe de Estado.

En el escenario actual de Venezuela va a ser inevitable un diálogo político con el régimen, pero tiene que haber un trato de respeto por parte del gobierno, lo que es el mínimo exigible, el piso de dignidad, ya que se trata de quienes ganaron la elección del 28 de julio. Desde ya el punto de partida es que participen en toda decisión importante que tenga que ver con el petróleo, algo que también debe ser respetado por la Casa Blanca y por la Embajada estadounidense en Caracas, que sean el partícipe imprescindible para que las decisiones sean aceptadas como legítimas. Además del retorno de tantos políticos exiliados y de la seguridad de MCM y Edmundo González, la presión estadounidense también debe notarse en otro aspecto, la búsqueda de consensos en nombramientos de importancia, como ser, por ejemplo, autoridades del poder electoral, jueces de la Corte Suprema como también que los próximos nombramientos para fiscal general y Defensor del Pueblo debieran ser para postulantes independientes y de prestigio, además que sean consensuados. En ese sentido, la experiencia chilena también es útil, ya que hubo un consenso para el primer nombramiento que se hiciera a fines de los 80 para consejero del Banco Central autónomo, una institución que fue importante para reducir la inflación que entonces asolaba al país.

Por cierto, hay un peligro, que se sobreestime la democracia del pasado y no se le preste atención suficiente a los temas de futuro, por ejemplo, que no exista la necesaria renovación en quienes van a desempeñar esas funciones. Es ahí que MCM tiene un gran desafío, renovar y mantener la representación privilegiada que los venezolanos le concedieron, lo que debe ser acompañado por otro desafío político, hacerlo de tal forma que no sea posible ni para el régimen ni para Washington que se le deje afuera, tal como ocurriera por parte del régimen después de su triunfo electoral y por Washington después de la captura de Maduro.

El tercer peligro es que por parte de las fuerzas democráticas no se entienda bien el nuevo escenario, y al final, los votantes premien la nueva estabilidad, el individualismo y el consumo por sobre el compromiso con la democracia. Al respecto, siempre el análisis debe partir por la humildad de aceptar que la relación que se tiene con los venezolanos es un privilegio que ganar todos los días.

Hay que funcionar con el realismo que hoy las decisiones de Washington son predominantemente geopolíticas y ahora con Irán y el Estrecho de Ormuz se entiende mejor por qué se actuó en la forma que se hizo con el petróleo venezolano, o por qué algunos países de la región fueron invitados a la Cumbre de Miami y otros fueron dejados afuera.

Lo importante es no volver a ser marginados, y sea o no cierto que la razón fue que había un tema de confianza, en el sentido que la Casa Blanca se formó la idea de que la oposición venezolana prefería a los demócratas, sea o no cierto, es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo, en meses como los que vienen donde mucho se juega en las elecciones de medio término en noviembre.

Es una etapa donde también MCM debiera estar en campaña, quizás permanente para elecciones presidenciales cuya fecha desconocemos, pero que sin duda van a tener lugar, lo único que podría elegirse una fecha donde él o la candidata del régimen pueda ser favorecido/a. A mi juicio, estando en campaña, va a ser seguramente una etapa donde para diferenciarse, MCM va a necesitar mostrar independencia de Washington, ya que para obediencia van a estar Delcy y su hermano.

En ese sentido, en defensa de Venezuela quizás va a discrepar de políticas y decisiones puntuales, donde va a haber necesidad de explicarlas bien, para que no se piense que se vuelve a etapas nacionalistas en relación con los recursos del país. Es también, un momento donde seguramente va a existir la necesidad de clarificar la posición definitiva sobre la justicia transicional como también de definiciones en el tema de la amnistía o de los juicios en los casos de violación de derechos humanos.

Como en Chile hay mucha experiencia sobre estos temas, con buenas y malas decisiones, es una razón adicional por la que considero que el caso chileno es más útil que el español para Venezuela por este doble motivo, Chile a diferencia de España abordó el tema de los juicios de derechos humanos como también en el proceso de transición España llegaba por vez primera a la democracia, mientras que, tanto en Chile como en Venezuela, había una historia previa, una muy digna.

El desafío para llegar a la democracia es que la oposición que MCM encabece, logre que exista a la vez continuidad y cambio en forma acumulativa y cronológicamente sucesiva, en el entendido compartido por todos que eso se decide en Venezuela y no en otro lugar, por lo que lo más probable es que la idea de ruptura democrática se va a transformar en democracia pactada, y si el ejemplo de Chile y de Brasil sirve, es para entender que desde el minuto que existe la meta de la democratización, hay un proceso que ya avanza hacia ese objetivo, y por lo tanto, en forma incremental se pueden agregar decisiones donde a todos les quede claro que la democracia es la estación final.

@israelzipper

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)

La controversia por el número de casos de falsos positivos en Colombia reavivó la disputa política y judicial en agosto de 2024.

El expresidente Ernesto Samper afirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sacó a la luz 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que llevó al Centro Democrático a rechazar la cifra y defender que estas muertes no están vinculadas a sus políticas de seguridad, como lo comprobó la Justicia Especial de Paz (JEP).

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El debate influye en la agenda electoral, especialmente en torno a la candidatura de Paloma Valencia y la selección de su fórmula vicepresidencial.

La cifra de 6.402 deriva de un universo provisional construido por la JEP a partir de bases de datos de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y organizaciones de derechos humanos.

Según el comunicado oficial de la jurisdicción, este número no representa expedientes judiciales ni sentencias, sino que está sujeto a procesos de revisión y contraste técnico. Hasta la fecha, solo se han imputado responsabilidades en dos subcasos y no se han emitido decisiones sancionatorias.

Samper, en su cuenta oficial en X, remarcó la necesidad de preservar la JEP y respaldó la postura de Juan Daniel Oviedo. Destacó que Oviedo condicionó la posibilidad de integrar la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, a la defensa de los acuerdos de paz y a la permanencia de la jurisdicción especial.

Samper señaló que la JEP “ha conseguido, entre otros logros, sacar a la luz 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y resarcir con esta misma verdad a miles de víctimas”.

Centro Democrático y JEP: cifras y responsabilidad en los falsos positivos

El Centro Democrático replicó en la misma red social, subrayando que la JEP no posee expedientes de los 6.402 casos y que esa cifra proviene de un “universo provisional de hechos”, construido a partir de registros y no de investigaciones concretas en cada caso. El partido insistió en que “la política de Seguridad Democrática JAMÁS tuvo relación con los falsos positivos (sic)”, marcando distancia entre sus acciones anteriores y estos crímenes.

La JEP, mediante un comunicado en agosto, aclaró que la cifra surge del examen de varias bases de datos, pero no corresponde a expedientes judiciales individuales.

Precisó que solo se han dictado dos Autos de Determinación de Hechos y Conductas, con imputación de responsabilidad contra 41 comparecientes en los subcasos Costa Caribe y Casanare. La jurisdicción enfatizó que aún “en ningún caso se ha emitido una decisión sancionatoria”.

El número de casos y la interpretación oficial de la JEP

La JEP puntualizó que “los 6.402 corresponden al universo provisional de hechos y como tal no son expedientes”. Explicó que este dato proviene de registros oficiales y de organizaciones humanitarias, lo que ha permitido focalizar el análisis, pero no significa que existan sentencias ni investigaciones individuales en esa cantidad.

El comunicado resaltó que el procedimiento requiere comprobar, contrastar y depurar la información antes de elaborar nuevas imputaciones. Hasta el momento, los únicos casos con responsables individualizados corresponden a dos subcasos y suman 41 personas imputadas, sin que existan sanciones firmes. La cifra de 6.402 funciona como referencia contextual, no como un listado de procesos formales.

Justicia transicional y disputa política en la campaña

El futuro de la justicia transicional ocupa un lugar central en la campaña presidencial colombiana. La discusión alrededor de la posición de Oviedo y las exigencias de Samper elevó la tensión política, mientras la candidatura de Paloma Valencia centra la atención sobre el rumbo del proceso de paz.

En una entrevista con Caracol Radio, Samper advirtió que eliminar la JEP sería un grave retroceso para Colombia y valoró como “valiente” la defensa de la jurisdicción especial por parte de Oviedo.

Por su parte, el senador Rafael Nieto, en ese mismo diálogo con el medio mencionado, enfatizó que quienes aspiren a la fórmula con Valencia deben aceptar sus condiciones, señalando que “la honestidad pasa claramente porque los electores sepan por qué se está votando. No se pueden cambiar de convicciones como cambiar de ropa interior”, de acuerdo con lo recogido en la emisora.

El debate sobre la justicia transicional polarizó posiciones en el Parlamento y la opinión pública. Algunos sectores consideran a la JEP clave para la verdad y la reparación, mientras otros cuestionan la legitimidad de sus cifras y su continuidad institucional, aumentando la tensión en la contienda electoral.

El camino que tome Colombia en relación con la JEP y la justicia transicional será decisivo para el proceso de paz. Para quienes, como Oviedo, condicionan su participación electoral a la vigencia de este modelo, la decisión será determinante para el destino político y social del país.

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

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La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió el 16 de febrero de 2026 expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco del sistema de justicia transicional, luego de considerar que no cumplió con las condiciones del régimen de condicionalidad.

Esta medida se tomó tras constatar que el general retirado de la Policía Nacional no aportó “verdad plena” en relación con los crímenes que se le imputan, lo que le hizo perder los beneficios que había obtenido por acogerse al sistema. La decisión implica que el caso de Santoyo será trasladado a la justicia ordinaria, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen.

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En un fallo de 65 páginas, los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López determinaron que el exoficial en retiro incumplió sus obligaciones dentro del régimen de condicionalidad al no contribuir de manera sustantiva al esclarecimiento de los hechos relacionados con su participación en crímenes de lesa humanidad, como desapariciones forzadas y vínculos con grupos paramilitares.

De esta manera, se ordenó su remisión a la justicia ordinaria, además de la captura inmediata del exgeneral, que ya tenía una medida de aseguramiento pendiente desde abril de 2019.

Cabe destacar que Santoyo es señalado por delitos graves relacionados con concierto para delinquir, desaparición forzada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El incumplimiento del régimen de condicionalidad que hizo mención la JEP

La JEP establece un conjunto de condiciones que deben cumplir los excombatientes y miembros de la fuerza pública para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional. Estos incluyen la entrega de “verdad plena” sobre los hechos investigados, la contribución a la reparación de las víctimas y el compromiso de no reincidir en conductas delictivas; el incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la expulsión del sistema, como ocurrió con Santoyo.

Durante su proceso ante la JEP, el general (r) Santoyo fue requerido en múltiples ocasiones para que entregara información relevante sobre su participación en hechos de grave violación a los derechos humanos.

En particular, se le pidió que aclarara su vinculación con la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ocurrida en Medellín en 2000. A pesar de los esfuerzos por obtener su colaboración, Santoyo negó cualquier responsabilidad en estos crímenes y no presentó pruebas nuevas que pudieran ayudar a esclarecer los hechos.

La JEP evaluó las contribuciones de Santoyo a la verdad y determinó que, lejos de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, las versiones presentadas por el exgeneral solo reiteraban sus versiones defensivas.

En su testimonio, insistió en desconocer los crímenes cometidos por la unidad que comandó, el Gaula de Medellín, y sostuvo que su condena en Estados Unidos por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se debió a una “estrategia de defensa”, sin asumir responsabilidad por su participación en estos actos.

Según la justicia transicional, los aportes presentados por Santoyo fueron insuficientes y no aportaron nada nuevo a la investigación; en particular, su intento de colaborar con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) fue calificado como ineficaz, ya que las pruebas entregadas fueron vistas como irrelevantes para avanzar en la búsqueda de las víctimas desaparecidas.

Como resultado de su incumplimiento, la JEP determinó que el caso de Santoyo debía ser remitido a la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continuará con la investigación por los delitos que pesan sobre el exgeneral.

En este sentido, la decisión de la JEP de expulsarlo del sistema implica que Santoyo debe responder ante los tribunales convencionales por las acusaciones en su contra.

Mauricio Santoyo: exjefe de seguridad de Uribe

El general (r) Santoyo es conocido porque fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2005. Nacido en 1959 en San José de Pare (Santander), fue un destacado oficial en la Policía Nacional, llegando a comandar el Gaula en Medellín durante la década de 1990.

Santoyo enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero. Estos crímenes ocurrieron mientras él lideraba el Gaula, unidad acusada de vincularse con grupos paramilitares.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su solicitud al Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, para que aporte recursos económicos adicionales con el fin de continuar la excavación y búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, un lugar emblemático situado en la Comuna 13 de Medellín.

La financiación actual, respaldada principalmente por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, solo garantiza la continuidad de las labores hasta mediados o finales de agosto, según reportes del tribunal de paz.

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El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que aún queda una cantidad significativa de escombros por remover, lo que demanda un apoyo financiero urgente por parte del Gobierno nacional.

“Es enorme lo que hay que mover de escombros (…) es fundamental que el Gobierno nacional apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible”, expresó el magistrado en declaraciones a los medios de comunicación.

A su vez, el dirigente de la JEP explicó que la entidad proporciona los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín asume el bienestar de las víctimas y suministra la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.

Entre tanto, la Gobernación de Antioquia ha garantizado temporalmente fondos para que la búsqueda continúe, aunque la demanda de recursos permanece elevada. Mientras tanto, el aporte estatal ha sido insuficiente de acuerdo con los voceros de la jurisdicción.

Ramelli detalló que, aunque no tiene conocimiento sobre la cifra exacta frente a los dineros que tiene que destinar el Gobierno de Gustavo Petro, enfatizó en que se requieren más de 120.000 millones en total para el proceso, de los cuales, el Ejecutivo ha dado menos de la mitad (50.000 millones de pesos).

“Mi llamado siempre ha sido al Gobierno nacional para que se sume porque hasta el momento solamente ha sido la Alcaldía de Medellín”, agregó el presidente de la JEP.

Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez sostuvo en diálogo con El Espectador que la maquinaria retomará las operaciones a mediados del mes de febrero de 2026 y los recursos están asegurados únicamente hasta agosto del año en curso.

La JEP y sus aliados gestionan actualmente apoyos ante entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el objetivo de garantizar continuidad financiera.

Este último organismo participa también en el proceso de memorialización de La Escombrera, que ha avanzado en su desarrollo.

Hasta el momento, han sido recuperados siete cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el sector de la capital antioqueña, un proceso que inició desde diciembre de 2024,un hecho que ha generado diferentes reacciones en varios sectores en el país.

Balance presupuestal de la JEP

En 2025, la JEP alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 99,3%, según datos del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.

Ese año, la jurisdicción recibió 777.069 millones de pesos, origen del Presupuesto General de la Nación, de los cuales 588.211 millones de pesos fueron para su funcionamiento y $188.858 millones para proyectos de inversión, respectivamente.

Estas asignaciones permitieron, entre otras acciones, asegurar representación judicial a 6.555 víctimas, acreditar a 2.063 víctimas individuales y 55 colectivos, realizar 99 jornadas de acreditación y celebrar más de 235 audiencias públicas, según el informe de la cartera citado por El Espectador.

En el ámbito internacional, la JEP enfrenta un recorte temporal de los fondos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el apoyo de la Unión Europea se mantiene, y otros países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia también han aportado a los esfuerzos de la jurisdicción.

Además, la Corte Penal Internacional realizará una visita en el año en curso para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por Colombia.

El sostenimiento de la labor de la JEP y la búsqueda de desaparecidos dependen tanto del esfuerzo interno como de la cooperación internacional, factores clave para el avance de la justicia transicional en el país.

El Teatro Petra inicia la temporada 2026 con el estreno de “Mantener el juicio”, un montaje basado en hechos reales que examina el conflicto armado colombiano y la complejidad de la justicia transicional.

La obra, fruto de una colaboración entre la compañía dirigida por Fabio Rubiano y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se presenta en Bogotá durante febrero, proponiendo al público una reflexión sobre los encuentros entre víctimas y responsables del conflicto.

La temporada de funciones de “Mantener el juicio” está programada de miércoles a sábado durante febrero de 2026 en el Teatro Petra, en Bogotá, con presentaciones a las 20:00 de miércoles a viernes y dobles funciones los sábados a las 18:00 y 20:30. El valor de la boletería será de $ 60.000 para el público general y de $ 45.000 para estudiantes.

La pieza explora el recorrido judicial y humano propiciado por la JEP, institución encargada de juzgar los delitos más graves ocurridos durante el conflicto armado y de reparar a las víctimas.

Inspirada en testimonios recogidos por este tribunal, la obra entrelaza relatos representativos de miles de personas procedentes de diferentes regiones y realidades. Rubiano y su equipo han estructurado una narrativa en la que el tribunal se convierte en escenario de preguntas sobre la verdad, la justicia reparadora y la posibilidad de cerrar heridas históricas.

Entre las historias centrales, “Mantener el juicio” presenta a una madre que exige saber la verdad sobre la muerte de sus hijos, asesinados y presentados falsamente como guerrilleros. Estos casos, conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’, refieren a ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por agentes estatales.

La obra también muestra el encuentro entre la esposa de un hombre secuestrado por la guerrilla y el responsable de ese crimen, así como a un general que rechaza asumir su responsabilidad y pone en duda la legitimidad de la justicia transicional. Otros personajes plasman las secuelas emocionales y éticas que dejó la guerra en el país.

El montaje profundiza en el proceso necesario para propiciar el encuentro entre víctimas y victimarios. Rubiano señala que este diálogo no surge de forma automática, sino que depende del trabajo cuidadoso de facilitadores y cooperantes que preparan emocionalmente a ambas partes. La obra enfatiza que el perdón no debe imponerse y que, en ocasiones, el objetivo es habilitar la palabra y el cierre, incluso si la reconciliación resulta imposible.

El elenco está compuesto por figuras reconocidas como Marcela Valencia, Derly Neira, Julia Romo, Ana María Aguilera, Juan Diego Marín, Lucho Velasco, Julio Correal y Jorge Rico. Sus interpretaciones dan vida a personajes que encarnan distintas voces del conflicto, manteniendo el compromiso ético y estético de la compañía.

El propósito principal de “Mantener el juicio” es reflexionar sobre la empatía y los límites de la reparación en situaciones de violencia. La puesta en escena se convierte en un espacio para cuestionar la posibilidad de “reparar lo irreparable” y el verdadero significado de la justicia, cuando quienes participan en la obra enfrentan historias profundamente dolorosas y contradictorias. No presenta respuestas sencillas, sino que interpela a la audiencia sobre la coexistencia de la culpa y el duelo en ambos lados del conflicto.

Con más de 38 años de trayectoria desde su fundación en 1985 por Rubiano y Valencia, el Teatro Petra se ha consolidado como una de las compañías más influyentes de Colombia. Su repertorio se distingue por el abordaje crítico y original de fenómenos sociales, incorporando humor negro, ironía y una visión intensa de la realidad nacional. Obras como “Labio de Liebre” y “Yo (no) estoy loca” han logrado reconocimiento en festivales internacionales y han obtenido premios destacados.

La colaboración con la JEP comenzó a partir de una invitación en 2023, con el fin de acercar al tribunal a la sociedad y promover la memoria sobre los alcances de la justicia transicional. Rubiano ha destacado que el respaldo institucional garantizó la independencia artística, y recalca que “esta no es una obra institucional”, sino una indagación sobre la dimensión humana en los procesos judiciales.

A pesar de la controversia, “Mantener el juicio” ha recibido apoyo de víctimas, funcionarios de la JEP y colectivos sociales. La temporada anterior superó las 100 funciones y sumó cerca de 15.000 espectadores en más de diez ciudades, consolidando su repercusión entre públicos diversos.

Más allá de su aporte como testimonio, la obra establece un paralelo entre el acto teatral y el judicial. El montaje evoca los rituales y la horizontalidad que caracteriza a la JEP, donde víctimas, magistrados y responsables comparten un mismo espacio y la empatía se convierte en vehículo de humanidad. En ambos ámbitos —el tribunal y el teatro— resurge la búsqueda de verdad y la reparación bajo la mirada crítica del público.

En esencia, “Mantener el juicio” apuesta por la reconstrucción del tejido social, enfatizando el valor de los encuentros y el reconocimiento mutuo como pasos esenciales hacia la sanación colectiva.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 11 militares, entre ellos el excomandante de la brigada 30, general (r) Paulino Coronado, cumplen con los requisitos para acceder a una sanción restaurativa por su papel en los denominados ‘falsos positivos’ cometidos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

La decisión, conocida el miércoles 21 de enero de 2026, se produjo tras una revisión exhaustiva de la responsabilidad admitida por los comparecientes y de sus aportes al esclarecimiento de la verdad.

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La investigación, que forma parte del Subcaso Norte de Santander del Caso 03 de la JEP, abarca 120 víctimas de asesinato y un intento de homicidio, todos presentados como bajas en combate en el mencionado departamento durante el periodo analizado.

La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz concluyó que la investigación desarrollada por la Sala de Reconocimiento se ajustó a derecho y consideró que los comparecientes hicieron aportes sustanciales al esclarecimiento de los hechos.

Nuevas imputaciones: esclavitud y tortura

En su última resolución, la JEP también decidió imputar dos nuevos delitos a varios de los uniformados. Ocho de los once serán procesados por el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en concordancia con el delito de trata de personas tipificado en el Código Penal colombiano. Cuatro de los comparecientes enfrentan, adicionalmente, cargos por el crimen de guerra de tortura en hechos relacionados con tres víctimas.

La sección judicial determinó que al menos 29 personas fueron víctimas de esclavitud bajo el patrón macrocriminal identificado. En estos casos, civiles en condición de vulnerabilidad fueron reclutados por organizaciones criminales y terceros, que, en coordinación con miembros de unidades militares y a cambio de dinero, los entregaron para que fueran posteriormente ejecutados y presentados como bajas en combate, según documentación de la JEP.

Reconocimiento de responsabilidad y proyectos restaurativos

Los militares implicados reconocieron su responsabilidad y ofrecieron aportes sustanciales a la verdad, lo que permitió avanzar en la imposición de una Sanción Propia, figura prevista para quienes contribuyen de manera suficiente con la justicia transicional.

El proceso incluyó la escucha a víctimas, representantes judiciales y el Ministerio Público, lo que, según la JEP, asegura la correspondencia entre los hechos investigados, las pruebas y las calificaciones jurídicas.

La decisión judicial también validó los proyectos de sanción restaurativa propuestos, por cumplir con los criterios formales y restaurativos exigidos. Entre las iniciativas priorizadas se encuentra la construcción de la Casa Campesina Multipropósito en el Catatumbo y el Parque Memorial “6.402+ razones para no olvidar” en Bogotá.

Además, la JEP destacó el impulso al proyecto documental Las Verdades del Catatumbo, orientado a fortalecer la memoria y la pedagogía sobre estos crímenes.

Contexto de los ‘falsos positivos’ en el Catatumbo

El Subcaso Norte de Santander forma parte del proceso judicial que investiga las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes de la fuerza pública, que presentaron a personas civiles como combatientes muertos en enfrentamientos.

El patrón macrocriminal identificado por la JEP incluye la desaparición forzada y la instrumentalización de civiles mediante prácticas como la esclavitud, en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que afectó principalmente a hombres jóvenes y a mujeres buscadoras, según documentación oficial.

La decisión de la JEP precisa y amplía la responsabilidad penal de los implicados, y garantiza que sean juzgados por la totalidad de las conductas cometidas, lo cual proporciona seguridad jurídica y contribuye a evitar futuras reaperturas judiciales.

Próximas etapas del proceso

El procedimiento avanzará con la Audiencia Pública de Verificación, en la que se constatará el cumplimiento de los compromisos de verdad y reparación. Durante esta diligencia, se refrendarán los reconocimientos de responsabilidad y se evaluará la viabilidad de los proyectos restaurativos.

Una vez superada esta etapa, la sección judicial de la JEP emitirá la sentencia correspondiente. Según lo previsto, los proyectos de sanción priorizados buscarán atender las demandas de las víctimas y los territorios afectados, con la participación del Gobierno nacional y conforme a las competencias del Sistema Restaurativo de la JEP.

El primer juicio adversarial en Antioquia contra un militar en retiro de alto rango por presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales dará inicio el martes 20 de enero de 2026.

El proceso involucra al coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, señalado de ser el responsable de la muerte irregular de al menos 18 víctimas entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, en medio del conflicto armado colombiano.

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Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, son asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, posteriormente presentados como bajas en combate. Estas prácticas, investigadas dentro del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afectaron de manera particular al departamento de Antioquia, que concentra la mayor cantidad de episodios según registros de la justicia transicional.

En el subcaso Dabeiba, que abarca hechos ocurridos desde 1997 hasta 2007, se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos bajo la apariencia de logros militares. La imputación contra el coronel en retiro Guzmán Ramírez se centra en su papel como comandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en Antioquia durante el periodo de los hechos.

De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también identificada como la Fiscalía de la JEP, Guzmán Ramírez habría participado en diez hechos delictivos, ocho de ellos como coautor y dos como coautor mediato, estos últimos en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares). Según las investigaciones, el grupo bajo su mando reclutó personas vulnerables, incluidos tres menores y una mujer, para posteriormente asesinarlas y hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate.

Uno de los casos más relevantes es el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, de 23 años, desaparecido en Ituango en noviembre de 2004. Torres fue capturado por militares disfrazados de paramilitares, entregado al Bloque Mineros de las Autodefensas y, luego de 11 días en cautiverio, devuelto a la tropa, vestido con camuflaje. Finalmente, fue ejecutado y reportado como baja enemiga, conforme a la presunta orden del coronel Guzmán Ramírez.

La acusación indica que al mando del oficial se habría conformado un grupo especial dedicado a buscar y asesinar víctimas para inflar los resultados militares del Ejército. Varios exmilitares implicados han aceptado responsabilidad y aseguran haber seguido órdenes de Guzmán Ramírez.

Durante el proceso, se escucharon 130 testigos, se recopilaron 643 testimonios adicionales, más de 2.550 documentos y 170 informes periciales, sumando más de 25.000 folios de pruebas.

Entre los diez exmilitares imputados junto a Guzmán Ramírez por los hechos de Dabeiba e Ituango, ocho aceptaron responsabilidad y podrían recibir penas restaurativas. Solo Guzmán Ramírez y otro coronel han negado los cargos y serán juzgados por separado, expuestos a condenas de hasta 20 años de prisión si se les halla responsables por desapariciones forzadas y homicidio de personas protegidas.

A lo largo de las audiencias, Guzmán Ramírez ha negado categóricamente los señalamientos y adoptó una estrategia centrada en desafiar la validez de los cargos. El proceso tuvo retrasos notables a raíz de cambios de abogados defensores y peticiones de aplazamiento. La magistrada Reinere Jaramillo consideró estas maniobras como intentos de demorar el juicio.

La fase preparatoria terminó en Medellín el 10 de julio de 2025, después de superar múltiples obstáculos legales. El juicio prevé la intervención de 94 testigos y la evaluación de más de mil evidencias autorizadas por el tribunal. Tras la apertura en Medellín, las próximas audiencias continuarán en Bogotá y se estima que el proceso puede extenderse hasta un año antes del fallo definitivo.

Este juicio constituye un hecho inédito en la historia judicial de Antioquia sobre ejecuciones extrajudiciales y marca un referente clave para la justicia transicional en Colombia, al sentar precedente sobre crímenes de lesa humanidad por agentes estatales.

El coronel en retiro ha mantenido su postura de defensa a su trayectoria en el Ejército y ha declarado que se mantiene firme en la defensa de su lealtad institucional frente a las acusaciones.

Los recientes acontecimientos sobre el ataque armado a Venezuela junto con la extracción de Nicolás Maduro y a su vez un anunciado proceso de transición por parte de los EEUU, aun estando personalmente en total desacuerdo, en tres etapas de estabilización, recuperación y transición política con el apoyo del mismo gobierno venezolano, obliga necesariamente a promover un proceso de “reconciliación nacional entre todos los actores políticos del gobierno y oposición estrechamente unido a la sociedad civil.

En este contexto, los retos y desafíos que afrontan los líderes políticos nacionales e internacionales en medio la confrontación política violenta que vive Venezuela, no son solamente los relativos al logro de una transición efectiva en términos de institucionalidad política, recuperación económica, y reconstrucción del diálogo, entre otros, sino que son también, y centralmente, tareas referidas a la provisión de medidas de justicia frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, al esclarecimiento y el reconocimiento colectivo y crítico de los hechos del pasado, conocer la verdad de lo ocurrido, liberar a los detenidos injustamente, imponer un castigo a los responsables, reparar a las víctimas, tomar medidas orientadas a que no se repitan estas atrocidades para que se permita crear las condiciones necesarias para construir una paz sostenible en el tiempo.

A lo largo del siglo XX, las dictaduras experimentadas en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay durante las décadas de los 70 y 80; y los conflictos armados en Perú y Colombia en los 80, 90 y 2000, dejaron en evidencia la amplia responsabilidad de las organizaciones armadas estatales y no estatales en la comisión de atrocidades contra la población tales como asesinatos aberrantes, masacres, desapariciones forzadas, persecuciones políticas, exilios forzados, prisiones arbitrarias, violencia sexual y diversas formas de tortura, entre otros, las cuales todavía no han sido cabalmente respondidos en términos de justicia y reparaciones.

Por tanto, las amnistías según las políticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no son admisibles cuando: i) Impiden el enjuiciamiento de personas que pueden resultar penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género; ii) Interfieren con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación, o ii) Limitan el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario.

El preámbulo del Estatuto de Roma aprobado el 17 de julio de 1998 y que entró en vigencia el 1 de julio de 2002, establece que: “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.

Con base en lo anterior, no queda duda de que cualquier iniciativa que pretenda otorgar perdón a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, será más temprano que tarde declarada sin efecto por parte de la justicia internacional, toda vez que sus responsables o perpetradores serán objeto de castigo y persecución segura por la Corte Penal Internacional (CPI).

Por tal motivo, la Justicia Transicional se erige como uno de los mecanismos que a través de procesos administrativos y judiciales, decisiones y reformas legales permiten adoptar un sistema de Justicia Nacional, con la finalidad de construir una paz sostenible, tras un período de conflicto; y/o violencia masiva; y/o violación generalizada y sistemática de los derechos humanos por parte de gobiernos, grupos armados en conflicto, regímenes autoritarios, guerras, y conflictos, étnicos, políticos o religiosos irreconciliables.

Su objeto fundamental es llevar a juicio a través de una “Jurisdicción Especial de Paz” a los perpetradores de violaciones de derechos humanos; revelar la verdad acerca de crímenes o actos violentos cometidos a través de conocimiento de los hechos; brindar reparaciones integrales a las víctimas; reformar las instituciones abusivas incluyendo la inhabilitación de los responsables para ejercer cargos públicos; ofrecer garantías de no repetición; y promover la reconciliación en la sociedad.

Para tales fines, se requiere de un conjunto incluyente de estrategias diseñadas para enfrentar el pasado, tomar medidas eficaces en el presente y proyectar el futuro para evitar la repetición de las arbitrariedades, excesos y desviaciones cometidas contra los seres humanos.

En todos los modelos de Justicia Transicional, el denominador común que impulsa este proceso es la búsqueda de la paz, en medio de un contexto donde la paz es frágil, los perpetrados detentan un poder real muy por encima del que tienen quienes combaten o defienden derechos de los ciudadanos en lo interno o externo, por lo que la realidad exige ponderar o equilibrar cuidadosamente las exigencias de la justicia y la necesidad de reconciliación nacional.

Como regla general, la justicia como valor esencial dentro de la sociedad impone la obligación de procesar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos mediante un castigo mínimo de “pena privativa de la libertad”, ya que no es admisible ética, jurídica ni políticamente que los responsables de crímenes atroces puedan recibir una amnistía total, o puedan simplemente reemplazar el castigo con penas alternativas.

Sin embargo, para los responsables de estas violaciones las penas alternativas “el arresto domiciliario”, “la inhabilitación política”, “el trabajo comunitario”, “las medidas de prohibición de salida del país”; “la confiscación de propiedades”; “la prohibición de enajenar y gravar”; ”las indemnizaciones pecuniarias”; entre otros, son medidas suficientes para compensar a las víctimas, al Estado y a la sociedad civil, ya que en muchos casos la responsabilidad por la violación de derechos humanos por parte de los perpetradores de esos delitos no es directa sino indirecta.

Partiendo de ese deseo aspiracional, será siempre exigido, enjuiciar y privar de libertad a los perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos, haciendo todos los esfuerzos por enfrentar ese legado de abusos, evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas y demostrar un nuevo conjunto de normas sociales que permitan iniciar un proceso de cambio a través de la reforma de los poderes públicos en la reconstrucción del Estado de Derecho.

Ahora bien, cabe destacar que el perdón de los crímenes atroces es incompatible con el derecho internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene competencia para asumir casos de personas enjuiciadas internamente cuando “la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte”.

Por tanto, la construcción de una Justicia Especial de Paz es una necesidad urgente, esencial y necesaria para lograr una reconciliación nacional entre los actores políticos y sociales venezolanos en conflicto para lograr la reconciliación nacional.

Estos son los retos y desafíos de la Justicia Transicional para lograr la paz.

Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), admitió que el tribunal pudo haber tomado decisiones con mayor rapidez durante 2025. Al detallar los avances en justicia transicional, el togado destacó la expedición de las primeras sentencias restaurativas y señaló que la Oficina de ONU Derechos Humanos asumirá el monitoreo internacional del cumplimiento de estas decisiones, aunque tuvo oportunidad para hacer a la autocrítica.

En Caracol Radio, el magistrado entregó el balance de su gestión. “Por una parte, están las dos primeras sentencias restaurativas; por el otro, más de 400 no máximos responsables ya tienen resuelta igual su situación jurídica. Hemos avanzado igualmente en el tema de los juicios adversariales y en todos los macrocasos, por lo menos los de la primera ronda de priorización; en todos ya hoy por hoy tienen una autodeterminación de hechos y conductas”, afirmó.

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Autocrítica por el avance de las decisiones de la JEP

El propio magistrado fue autocrítico sobre la velocidad de las actuaciones del tribunal. “Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, quizá hubiéramos podido ser un poco más ágiles, me parece, hay que decirlo. Pero también hay que entender que son procesos complejos; tal vez, siendo autocrítico, podríamos decir que hubiéramos podido tomarnos menos tiempo”, expresó Ramelli en diálogo con el mencionado medio de comunicación, haciendo una especie de mea culpa.

De cara a 2026, el presidente de la JEP prevé un aumento en el número de sentencias y un avance hacia el cierre definitivo de los macrocasos. “Que tengamos muchas más sentencias que las tres que ya tuvimos este año. Que, al mismo tiempo, se avance ya para el cierre definitivo de los macro casos. Mi proyección es que efectivamente todo lo que está tanto en la sección con reconocimiento como la sección sin reconocimiento, pues, sea ya resuelto en sentencia”, dijo.

Y, al hacer énfasis en la labor de la justicia transicional, Ramelli recalcó que el centro de trabajo de la JEP sigue siendo las víctimas, con la meta de facilitar mayor acceso a la verdad y a la justicia.

Del mismo modo, Ramelli indicó que la JEP atraviesa una fase de consolidación respecto al juzgamiento de casos emblemáticos, incluidos los relacionados con secuestros y falsos positivos. En el balance presupuestal, el presidente de la JEP reconoció los desafíos derivados de la insuficiencia de recursos para ejecutar plenamente las sentencias. En primer lugar, indicó que existen $20.000 millones de pesos que están en el Fondo Colombia en Paz para tal propósito.

Este monto será administrado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. “De igual manera, el Ministerio de Hacienda nos informó que existía la posibilidad de otros $430.000 millones para todo el tema restaurativo. Ya realizamos un órgano de gobierno, eso se aprobó y lo va a administrar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y con eso ya llegamos más o menos a la mitad de la financiación de las primeras sentencias”, explicó.

Preocupación por el costo de las sentencias en la JEP y la falta de recursos

No obstante, el titular del órgano transicional afirmó que el costo estimado de las dos primeras sentencias supera los 121.000 millones, lo que significa que, una vez estén en firme las resoluciones, el Estado deberá asegurar los fondos restantes. “Lo que pasaría allí es que, como las sentencias todavía no están en firme, van a estar en firme cuando se decida la segunda instancia“, expresó el togado en sus afirmaciones al medio citado.

Entre las órdenes de la sentencia del caso 01, relacionado con toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, que el Gobierno debe financiar. “Ellos podrían con los rubros que están destinados al pago de sentencias, porque ya las sentencias estarían firmes, pues hacer las destinaciones específicas. Entonces ahí ya la cosa cambia jurídicamente, porque entonces ya es una obligación de cumplimiento de una sentencia”, expresó Ramelli sobre el particular.

Sobre la transición en el monitoreo internacional de las sentencias, Ramelli aclaró que la responsabilidad primaria continuará en manos de la JEP, aunque la Oficina de ONU Derechos Humanos asuma un papel estratégico. “Siempre he aclarado que nosotros somos los responsables directos del monitoreo, para lo cual ya también estamos preparados. Ese monitoreo internacional o ese seguimiento es un acompañamiento, no es que reemplacen nuestras funciones”, remarcó.

Y añadió cuál es la labor de la jurisdicción en este sentido. “Tenemos que hacer el monitoreo 24-7. Ellos lo que harían es como una verificación estratégica de que se estén cumpliendo las sentencias, pero no tienen que estar con el tema de las coordenadas y los TOARs y todo el día como vamos a tener que estar nosotros. Entonces hay que aclarar que ese acompañamiento es muy importante, pero que de ninguna manera reemplaza las competencias nuestras", declaró.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtió que cualquier intento de cerrar o reformar este tribunal tendría consecuencias directas sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

En entrevista con la revista Cambio, Ramelli sostuvo que la eliminación de la JEP significaría un retroceso en la búsqueda de justicia y reparación para cerca de 10 millones de personas afectadas por décadas de violencia, además de poner en riesgo los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de justicia transicional.

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“Con la propuesta de cerrar la JEP, las grandes damnificadas serían las víctimas de Colombia. A eso le están apostando: ¿a frustrar una demanda de justicia de 10 millones de personas?”, señaló el magistrado al diario nacional.

El magistrado aseguró que la labor de la JEP no solo responde a una demanda interna de justicia, sino que está bajo la observación y el respaldo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).

Ramelli relató que, tras una reciente visita a Europa, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU reiteró su disposición para asumir el monitoreo de las sanciones restaurativas impuestas por la JEP, una función que la Misión de Verificación de la ONU ya no podrá ejercer.

“Tuvimos varias reuniones, entre ellas, por invitación de la embajada de Colombia en Ginebra, acudimos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien nos reiteró su voluntad de asumir el monitoreo”, explicó el magistrado a Cambio.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU, en una decisión del 31 de octubre, retiró a la Misión de Verificación la competencia para monitorear las sentencias, pero facultó al secretario general para buscar alternativas.

“Con base en esa autorización, hemos sostenido reuniones con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bogotá, con el Alto Comisionado de Ginebra y con el sistema de Naciones Unidas y todos nos manifestaron que podían asumir esa competencia que también está prevista en el Acuerdo de Paz”, detalla Ramelli.

Proyectos restaurativos y sentencias emblemáticas

En cuanto a los avances en los casos más emblemáticos del conflicto, el presidente de la JEP destacó la estructuración de proyectos restaurativos en medio de las sentencias del caso 01 (secuestro) y el caso 03-Costa Caribe (falsos positivos).

“La sentencia del caso 01 fue apelada. Hay que esperar que la Sección de Apelación decida. Sin embargo, no nos hemos quedado quietos. La sentencia habla de cuatro líneas restaurativas y tres proyectos: el del corredor Sumapaz-Chingaza que es el ambiental, el tema de memoria y la priorización del cementerio de Palmira (para la búsqueda de desaparecidos)”, señaló.

Ramelli explicó que la JEP optó por emitir sentencias con el mayor grado de estructuración posible de los proyectos restaurativos, sin esperar a que estuvieran completamente financiados, para evitar los errores del pasado.

“Se acordó buscar que la sentencia saliera con el mayor grado de estructuración posible de los proyectos, ya que no podíamos esperar. Esos son los proyectos que están en las sentencias del caso 01 y en el 03-Costa Caribe”, precisó.

Sobre las críticas a la JEP

Frente a las críticas, incluso de figuras como el expresidente Juan Manuel Santos, Ramelli respondió que, aunque son válidas, se quedan cortas teniendo en cuenta el nivel de investigación y profundización que, según el magistrado, han tenido las sentencias.

“Son críticas muy respetables, pero no las comparto. Las críticas serían válidas si hubiéramos emitido la sentencia sin ningún soporte. Eso no pasó. Antes de dictarlas llevábamos meses trabajando en mesas técnicas con el gobierno y otras entidades para ir estructurando los proyectos. Eso es responsable”, señaló Ramelli al medio nacional.

El magistrado defendió el enfoque garantista y centrado en las víctimas que ha adoptado la JEP. “Me parece que nosotros estamos siendo mucho más garantistas y províctimas que incluso lo que pensaron en el acuerdo de paz”, sostuvo.

Reacciones de las víctimas y la sociedad

Sobre la recepción de las sentencias, Ramelli reconoce la diversidad de opiniones entre las víctimas.

“Respeto completamente la postura de algunas víctimas, nosotros somos empáticos y entendemos que a una persona que estuvo 10 años privada de su libertad en un monte ninguna sentencia le va a servir, nada le va a restablecer los daños que le causaron”, afirmó.

Sin embargo, destacó que no todas las víctimas se oponen a las decisiones de la JEP y que muchas han encontrado en el tribunal un espacio para confrontar a sus victimarios.

El magistrado también observa una cierta “anestesia social” frente a los hallazgos de la JEP. “Creo que, efectivamente, un conflicto tan largo ha llevado a una cierta anestesia social, como que ya nada nos conmueve. Estamos perdiendo la capacidad de conmovernos ante el horror y eso es preocupante”, reflexiona.

Amenazas de cierre y consecuencias jurídicas

Ante las propuestas de cierre o reforma de la JEP por parte de sectores políticos como el Centro Democrático y líderes como Álvaro Uribe, Ramelli evitó responder directamente a partidos o personas, pero advirtió sobre las implicaciones de tales discursos.

“Hemos venido develando muchísimas verdades que quizás no quieren ser escuchadas, que le incomodan a más de uno y toda acción genera reacción. A veces, cuando suben tanto la voz, creyendo que así se va a escuchar más, es porque algo bueno debemos estar haciendo, que a alguien estamos incomodando”, afirmó.

El magistrado resaltó que la JEP cuenta con un blindaje constitucional y que su cierre abriría la puerta a la intervención de la CPI. “Primero, hay que decir que tiene un blindaje en la Constitución. Pero igualmente está la CPI, si acaban la JEP, esa corte podrá intervenir en Colombia. Si eso es lo que quieren, pues deben decirlo claramente”, advierte.

Ramelli insistió en que modificar o eliminar la JEP equivaldría a fomentar la impunidad. “Si acaban la JEP, o la modifican en su esencia, eso sí será impunidad: no habría sentencias, no habría condenados, no habría seguridad jurídica para un grupo armado que se desarmó. Y, ¿cómo van a hacer futuros procesos de paz? Piensen en las consecuencias”, recalcó en diálogo con Cambio.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, presentó un concepto ante la Corte Constitucional en el que solicita tumbar la Sentencia Interpretativa número 5, conocida como Senit 5, argumentando que el tribunal de paz se ha extralimitado en sus funciones.

El oficio, que consta de 36 páginas y al que según tuvo acceso El Tiempo, sostiene que la Senit 5 desbordó las competencias legales de la JEP y los términos en los que debe ejercer su autonomía judicial. Según Eljach, la disposición podría generar un modelo investigativo que amenaza con ampliar la impunidad y vulnerar derechos fundamentales.

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La disputa jurídica: los “padres del Acuerdo de Paz” respaldan la demanda

De acuerdo con la información del medio, el concepto del Procurador respalda la demanda presentada por el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el exnegociador de paz, Humberto de la Calle, quienes son considerados los ‘padres del Acuerdo de Paz’. En enero de 2025, ambos señalaron ante la Corte Constitucional que la Senit 5 introduce un modelo caso a caso que podría extender de manera irregular la labor de la JEP hasta 2038, el año límite de funcionamiento del tribunal transicional.

Según la demanda, la Senit 5 incorpora la ‘facultad de selección de segundo orden’, otorgando a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) la posibilidad de elegir a personas que no son máximos responsables del conflicto armado, sometiéndolas a juicios adversariales ante la Fiscalía de la JEP (UIA) si no reconocen su responsabilidad o no aportan a la verdad histórica del conflicto.

Controversia sobre las competencias de la JEP

Eljach advierte que esta función de selección no debería corresponder a la SDSJ, sino a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR). Para el Procurador, la Senit 5 vulnera principios fundamentales como la legalidad, proporcionalidad, igualdad y debido proceso.

“La SENIT 5 le otorgó competencias a la SDSJ y creó una categoría dogmática cuyos elementos no están descritos en la ley, además de establecer un régimen procesal aplicable a quienes no aporten a la verdad con sanciones que, en muchos casos, pueden resultar desproporcionadas”, señala el concepto según El Tiempo.

La preocupación central radica en que los comparecientes intermedios, es decir, los que no son máximos responsables, podrían ser sometidos a juicios adversariales sin derecho efectivo a la defensa, al no contar con una etapa procesal en la Sala de Reconocimiento de Verdad para realizar aportes en favor de las víctimas.

Propuesta del Procurador para corregir la Senit 5

Eljach propone que los comparecientes no admitidos en la Sala de Reconocimiento puedan ser remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, pero únicamente para verificar su aporte al esclarecimiento del conflicto y otorgar beneficios transicionales, en lugar de enfrentarlos a la Fiscalía de la JEP.

De esta manera, se preservaría la integridad del debido proceso y se evitaría que la JEP exceda sus competencias legales. El concepto enfatiza que el objetivo de la JEP no es sancionar de manera desproporcionada, sino garantizar la verdad, justicia y reparación dentro del marco transicional.

Próximos pasos en la Corte Constitucional

Actualmente, la demanda de Jaramillo y de la Calle está en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien deberá evaluar el concepto del Procurador y los de otros intervinientes para elaborar una ponencia. Posteriormente, el caso será llevado a la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se decidirá si anula o mantiene la Senit 5.

Este proceso será observado de cerca por los legislativos, pues de su resultado dependerá la dirección futura de la JEP y cómo se aplican las normas transicionales en Colombia, afectando decenas de casos relacionados con el conflicto armado y los derechos de las víctimas.

Mauricio Alfonso Santoyo Velasco es un general retirado de la Policía Nacional de Colombia, institución en la que ocupó varios cargos de alto rango, incluyendo el de jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez en su primer mandato.

En 2012 fue noticia nacional por declararse culpable ante una corte en Estados Unidos por su participación directa con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que era considerada una estructura terrorista por las autoridades en el país norteamericano.

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En ese momento, Santoyo fue acusado de entregarle información confidencial de las Fuerzas Militares a las AUC, lo que permitió que la estructura paramilitar perpetrara secuestros y homicidios en varias zonas de Colombia.

Tras el proceso judicial, el militar retirado fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos, en donde recibió una disminución de la pena por revelar secretos que sabía sobre el grupo armado que firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano en 2003.

Santoyo fue deportado a Colombia, en donde debe cumplir parte de su condena y también afrontar otros procesos legales en su contra por acciones ilegales que cometió durante el tiempo que fue policía.

Es por ello que en el país Santoyo se vinculó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el compromiso de aportar información relevante sobre el conflicto interno del país y de cierta forma remunerar a las víctimas de sus acciones.

Sin embargo, en varias ocasiones se han registrado denuncias sobre el presunto incumplimiento del uniformado retirado de su compromiso, provocando que el 19 de noviembre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP lo citara a una audiencia pública.

En esta se buscará determinar si Santoyo Velasco en realidad ha incumplido con el régimen de condicionalidad de la JEP, que sería un factor por el que podría quedar fuera del sistema transicional y por ende debería ser juzgado de manera ordinaria.

En el comunicado expuesto por la sala se recuerda que en el proceso se relaciona al policía retirado con crímenes registrados entre 1997 y 2001, considerado el auge de las AUC en el país.

En ese momento, Santoyo era comandante del Gaula de la Policía Nacional en Antioquia, misma época en la que se registró la desaparición forzada de varios defensores de los derechos humanos, entre ellos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

El primer reporte por incumplimiento en contra del uniformado (r) se abrió en marzo de 2025, después de que la JEP consideró que los aportes de Santoyo eran insuficientes y no cumplían con su compromiso de verdad en contraste con la magnitud y la información que consideran en realidad puede tener el general sobre esos hechos puntuales por su rango y funciones en la Policía Nacional.

La diligencia fue programada para el 20 y 21 de noviembre en Bogotá, en donde se verificará el nivel de cumplimiento que ha tenido Mauricio Alfonso Santoyo Velasco durante sus compromisos de reparación y no repetición.

Al respecto, en el comunicado la sala resaltó que en caso de que se concluya que no ha sido efectiva la reparación de Santoyo, le serán revocados los beneficios judiciales y su caso será remitido a la justicia ordinaria.

Desde la JEP recordaron que los comparecientes deben cumplir plenamente con los compromisos adquiridos para conservar los beneficios de la justicia transicional, puesto que la mayoría van centrados en la protección de los derechos de las víctimas.

De la misma forma, se ha conocido que la defensa de Santoyo ha entregado pruebas sobre la participación del uniformado (r) en espacios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por José Mauricio Jiménez Pérez, exalcalde de Aguazul (Casanare) y condenado a 29 años de prisión por desaparición forzada y concierto para delinquir agravado.

La decisión, formalizada en la Resolución 3605 y comunicada el 10 de noviembre de 2025, en un total de 69 páginas, se fundamentó en que el exmandatario no aportó verdad plena ni información relevante sobre sus vínculos con las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) durante su gestión entre 2001 y 2003, según detalló el tribunal especial frente a este caso.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Jiménez Pérez incumplió el régimen de condicionalidad exigido a los agentes estatales no militares que buscan acogerse a la justicia transicional. El tribunal señaló que el exalcalde no entregó versiones que permitieran esclarecer la naturaleza de su relación con las ACC ni aportó detalles sobre las reuniones sostenidas con Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, líder de esa organización.

“El relato del solicitante tampoco reveló información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde”, indicó la resolución.

Así pues, Jiménez Pérez deberá cumplir su condena en la justicia ordinaria, donde existe una orden de captura vigente en su contra, a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Además, enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, relacionado con los mismos hechos de desaparición forzada.

Los vínculos de José Mauricio Jiménez Pérez con las ACC

El caso de Jiménez Pérez se desarrolla en el contexto de la expansión y control ejercidos por las Autodefensas Campesinas del Casanare en la región, a comienzos de la década de 2000. Según la resolución, las ACC, bajo el mando de Llanos consolidaron un dominio político, social y económico en Casanare, cooptando administraciones locales y exigiendo recursos a través de la contratación pública.

La justicia ordinaria estableció que, durante su mandato, el exalcalde de Aguazul mantuvo reuniones con los líderes paramilitares, permitió el uso de bienes municipales por parte de las ACC y facilitó la financiación de la organización mediante el cobro de un porcentaje a los contratistas de la alcaldía.

La sentencia penal de 2011, dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, consideró probado que Jiménez Pérez, en calidad de alcalde, omitió sus deberes legales y constitucionales, y favoreció la expansión del grupo armado y permitiendo la comisión de desapariciones forzadas y otros crímenes.

Testimonios recogidos en el proceso penal describieron cómo la administración municipal, bajo su liderazgo, se integró al aparato paramilitar, con funcionarios públicos vinculados a las ACC y recursos desviados para su financiación.

Aportes de verdad del exalcalde de Aguazul fueron “vagos”, según la JEP

En su intento de acogerse a la JEP, el exgobernante local radicó varios escritos y participó en una diligencia de aporte temprano a la verdad. En estos espacios, reconoció haber sostenido reuniones y realizado pagos a las ACC, pero insistió en que actuó bajo coacción y negó responsabilidad directa en los crímenes por los que fue condenado.

No obstante, la JEP calificó sus aportes como “vagos” y carentes de la profundidad y exhaustividad requeridas. El tribunal especial reiteró que el exalcalde no superó el umbral de verdad ya establecido en la justicia ordinaria, ni aportó información novedosa sobre patrones macrocriminales, la estructura de mando de las ACC o la participación de otros funcionarios y contratistas en la red criminal.

En ese orden de ideas, las víctimas y el Ministerio Público coincidieron en señalar la insuficiencia de los aportes de Jiménez Pérez y en sus observaciones víctimas calificaron los relatos del exalcalde como revictimizantes y carentes de elementos que permitieran avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Se concluyó que “no existe voluntad del señor Jiménez Pérez para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el delito de desaparición forzada”, y solicitó que se negara su sometimiento.

Las consecuencias judiciales de la decisión de la JEP: habrá remisión a autoridades

La decisión de la JEP también contempla la remisión del expediente a las autoridades ordinarias competentes y la comunicación de la información relevante a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en relación con posibles lugares de inhumación de víctimas en Aguazul.

Con este fallo, la JEP remarcó que el acceso a los beneficios de la justicia transicional para agentes estatales no militares está condicionado a la entrega de información que supere lo ya esclarecido en la justicia ordinaria y que contribuya de manera efectiva a la verdad, la reparación y la no repetición.

Este apoyo fue expresado durante una reunión entre el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y representantes de alto nivel del Sistema de la ONU en Colombia, quienes manifestaron su disposición a continuar acompañando el desarrollo del componente de justicia del Acuerdo Final de Paz.

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En el encuentro participaron Mireia Villar Forner, coordinadora residente de la ONU en Colombia; Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos); y Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Los delegados de la ONU destacaron los avances técnicos y operativos de la JEP en la puesta en marcha del sistema de verificación de sentencias y reiteraron que el apoyo internacional a la jurisdicción se mantendrá durante la fase de cumplimiento de las sanciones propias, conforme al mandato de la ONU en materia de justicia transicional y en línea con la resolución más reciente del Consejo de Seguridad.

La reunión se desarrolló pocos días después de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el 31 de octubre en Nueva York, en la cual se decidió renovar el mandato de la Misión de Verificación, exceptuando los puntos relacionados con el monitoreo de las Sanciones Propias y el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

En este nuevo contexto, el magistrado Ramelli explicó que la JEP continuará trabajando de manera coordinada con el Sistema de Naciones Unidas para mantener la observancia internacional sobre las decisiones judiciales y la aplicación de justicia restaurativa. “El acompañamiento de la comunidad internacional, aunque ahora se dé en otro escenario y a través de otros mecanismos, continúa. El apoyo de la ONU permanece. Vamos a seguir trabajando juntos para que el país y la comunidad internacional tengan certeza de que las sentencias restaurativas se cumplirán plenamente”, declaró.

Por su parte, ONU Derechos Humanos reafirmó su papel como entidad líder en materia de justicia transicional. Su representante en Colombia, Scott Campbell, aseguró: “Para nosotros es una responsabilidad acompañarlos. Tenemos un mandato global y uno específico en el Acuerdo Final de Paz y en nuestro acuerdo de país. Es un placer continuar apoyando a la JEP, acompañando a las víctimas, a los comparecientes y a todos los actores involucrados en este proceso de justicia transicional”.

La coordinadora residente de la ONU en Colombia, Mireia Villar, subrayó que el Sistema de Naciones Unidas ha acompañado al Estado colombiano durante más de dos décadas y, desde la creación de la JEP, ha brindado asistencia técnica, fortalecimiento institucional y acompañamiento a víctimas y comparecientes: “Como lo hemos hecho en los últimos años, seguiremos apoyando el trabajo de la Jurisdicción en su tarea de consolidar justicia restaurativa y de contribuir a la paz. Hemos dejado abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las sanciones, tarea para la cual la Oficina de Derechos Humanos tiene un mandato que lo permitiría”.

En ese orden de ideas, el presidente de la JEP aseguró que el tribunal de paz mediante sus propios mecanismos de monitoreo y continuará verificando el cumplimiento de las sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que han reconocido responsabilidad y aportado verdad. Este seguimiento es liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y la Secretaría Ejecutiva de la JEP, con la participación activa de las víctimas y del Ministerio Público, lo que garantiza un control transparente y verificable sobre el cumplimiento de las sanciones.

Además del componente restaurativo, la JEP mantiene aseguró que mantiene su compromiso con la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, el cual reconoce los derechos y aportes de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros en la construcción de la paz. Dicho compromiso está incorporado en las primeras sentencias emitidas por el tribunal para la paz y contará con el acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas.

Tras la difusión de la Resolución 327 de 2025, Iris Marín Ortiz, titular de la Defensoría, advirtió que vincular la revelación de la verdad de excombatientes con el calendario electoral puede generar efectos directos sobre las candidaturas y abrir la puerta a la instrumentalización política de la justicia transicional.

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“Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, declaró la funcionaria en un comunicado.

Controversia por el reconocimiento de las exAUC como gestores de paz

La resolución del Gobierno reconoce a 16 exmiembros de las AUC como gestores de paz hasta agosto de 2026, que deberán participar en proyectos de reconstrucción del tejido social y reconstrucción de verdad en zonas afectadas por la violencia.

La medida fue defendida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como parte de la política de Paz Total, y destacó que los nuevos gestores deberán acompañar instancias de diálogo en los territorios.

El ministro Benedetti afirmó que la medida busca fortalecer la reparación y esclarecer la verdad sobre episodios del conflicto armado colombiano.

“Me imagino que la derecha se preocupará, se asustará y criticará el proceso porque le tiene miedo a la verdad. Quien critique esta resolución, lo acuso de tenerle miedo a la verdad o hasta de ser cómplice de todo lo que ha pasado en este desastre del país”, afirmó el ministro en declaraciones recogidas por El Espectador.

Riesgos de instrumentalización y preocupaciones de la Defensora

Para la Defensoría del Pueblo, la propuesta gubernamental encierra varios riesgos. Marín alertó que convertir la verdad de los excombatientes en un elemento para incidir en la campaña electoral atenta contra los principios de independencia de la justicia transicional y representa una “revictimización” al exponer el dolor de las víctimas sin las debidas garantías.

La funcionaria detalló seis preocupaciones principales, entre ellas:

• La falta de supervisión judicial en los nuevos procesos —a diferencia de la Ley de Justicia y Paz aplicada a los exparamilitares que participaron en el proceso de Ralito.
• El uso de casos de víctimas como insumo electoral sin su consentimiento
• La dependencia del calendario electoral para determinar cuándo se revela información.
• La ausencia de condiciones para proteger los derechos de las víctimas y la posibilidad de que la justicia transicional sea utilizada con fines políticos.

“La verdad que se releva no debe depender del calendario electoral”, sostuvo la defensora, y pidió establecer mecanismos para garantizar procesos judiciales verificables, participación real de las víctimas y sanciones inmediatas para quienes incumplan los compromisos de verdad.

Temores de revictimización y presión sobre las víctimas

La Defensoría advirtió que la exposición pública de las víctimas y sus historias sin acompañamiento institucional, en el contexto de actividades preelectorales, puede constituir un nuevo hecho victimizante.

Además, el organismo señaló que la designación de gestores de paz a exparamilitares con antecedentes de incumplimiento en la Ley de Justicia y Paz podría contradecir compromisos de reparación y no repetición.

El parágrafo 2 de la resolución establece que la designación no cambia la situación jurídica de los gestores ni les otorga nuevos beneficios, aunque autoriza su salida ocasional de centros de reclusión para participar en las actividades programadas por el Estado.

La Defensoría solicitó que cualquier incumplimiento derive en la pérdida inmediata del reconocimiento y en la activación de sanciones correspondientes.

Para Iris Marín Ortíz, esta combinación puede minar la legitimidad de los procesos de verdad y generar favoritismos en el proceso electoral. Organizaciones de víctimas y otras entidades manifestaron inquietudes por esta medida, señalando posibles afectaciones en los resultados electorales.

El organismo hizo un llamado al Congreso y al Gobierno para garantizar que los procesos de los excombatientes de las AUC se desarrollen exclusivamente bajo supervisión judicial, en línea con los compromisos asumidos durante su desmovilización.

El reconocimiento público de crímenes de guerra por parte de exintegrantes del Bloque Caribe de las antiguas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha puesto en primer plano la magnitud de la violencia que azotó la región Caribe colombiana entre 1996 y 2003. Durante una reciente audiencia, los exguerrilleros detallaron su participación en ataques emblemáticos, como el denominado burro bomba en Sucre, atentados en Cartagena y Barranquilla, y otras acciones que marcaron a la población civil y a las fuerzas de seguridad.

La audiencia, que se extendió durante siete días, reunió a ocho exmiembros del Estado Mayor del Bloque Caribe y a 13 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Presidida por la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, la diligencia se desarrolló en el marco del caso 10 de la justicia transicional, el cual investiga 48 hechos violentos cometidos por este grupo armado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre. En el proceso participaron 78 víctimas acreditadas, quienes sufrieron directamente las consecuencias de estos crímenes, considerados no amnistiables y sujetos a investigación y sanción por la JEP.

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Uno de los episodios más recordados es el ataque conocido como el burro bomba en Chalán, Sucre, perpetrado el 12 de marzo de 1996 por el frente 35 de las Farc. En esa ocasión, los guerrilleros camuflaron 50 kilos de explosivos en una carga de plátanos sobre un burro, que fue ubicado cerca de la estación de Policía. La detonación, activada por control remoto, causó la muerte de 11 policías, un guerrillero y el animal.

Tras la explosión, los atacantes abrieron fuego contra los uniformados, que ya se habían rendido por falta de munición. Dos de los cuerpos de los policías fueron incinerados en la estación. La JEP calificó este hecho como un delito de perfidia y crimen de guerra, al haberse engañado al enemigo para obtener ventaja en el conflicto. Durante la audiencia, Osmany Landero reconoció: “Es un acto que nosotros reconocemos. Con esto se le hizo mucho daño a la población civil. Sentimos esto con el pueblo y estamos reconociendo este dolor”.

Otro hecho relevante ocurrió la noche del 22 de octubre de 1997 en Los Palmitos, Sucre, cuando miembros del mismo frente instalaron explosivos cerca de la Registraduría, la Notaría y la sede política de una candidata a la alcaldía. Aunque no hubo víctimas mortales, las detonaciones causaron graves daños materiales y buscaban generar pánico y boicotear las elecciones regionales. Los guerrilleros permanecieron en el pueblo durante la noche, dispararon al aire, lanzaron arengas y pintaron amenazas en las fachadas de viviendas y la parroquia, advirtiendo a la población que no acudiera a las urnas.

La toma guerrillera de Córdoba, Sucre, entre el 3 y el 4 de agosto de 1998, representó otro episodio de extrema violencia. Alrededor de 200 hombres armados irrumpieron en el municipio, asesinaron a cinco civiles, hirieron gravemente a cinco policías, secuestraron a tres personas y desaparecieron a otras tres. Además, atacaron la estación de Policía, la alcaldía y otras edificaciones con explosivos, e instalaron retenes en las vías cercanas, donde detuvieron a periodistas y funcionarios públicos. Este ataque rompió la relativa tranquilidad que había caracterizado a Córdoba y motivó una marcha por la paz en Cartagena para exigir la liberación de los secuestrados.

La violencia también alcanzó a las principales ciudades de la región. En Cartagena, el 19 de abril de 2002, una bomba explotó en el Edificio Inteligente Chambacú, sede de Electrocosta, causando la muerte de un vigilante y una empleada. Posteriormente, otro artefacto explotó en el barrio Manga, donde tres policías intentaban desactivarlo; uno de ellos falleció y dos resultaron heridos.

Ambas sedes quedaron destruidas. En Barranquilla, el 16 de diciembre de 2003, tres explosiones en almacenes Olímpica y Viveros, llenos de compradores navideños, provocaron la muerte de una joven de 18 años y dejaron 65 heridos. Jairo Barraza, una de las víctimas, relató a la prensa de la época: “Fue un golpe seco, solo veía una humareda. No sabía qué hacer, era como si todo se acabara, de pronto me vi en el suelo, me dolía todo el cuerpo y tenía sangre”.

Durante la audiencia, los exguerrilleros expresaron autocrítica y reconocieron el daño causado. Luis Alejandro Cuadras reflexionó: “Nosotros defendíamos al pueblo y luchábamos por un pueblo, pero aquí hay una contradicción, porque también se generaron afectaciones al mismo pueblo”. Abelardo Caicedo añadió: “Algo que nosotros no medíamos es el nivel de afectación que podía tener la población que no está acostumbrada a escuchar bombas, balas, gritos”.

Las víctimas, acreditadas en el proceso, han tenido un papel activo en las audiencias, con la posibilidad de formular observaciones a los comparecientes. Su participación resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la definición de los máximos responsables por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

El proceso de justicia transicional continuará con una nueva diligencia programada del 2 al 4 de diciembre en Sincelejo, Sucre, donde los exintegrantes del Bloque Caribe seguirán rindiendo cuentas sobre los crímenes cometidos. Posteriormente, las víctimas podrán presentar sus observaciones, lo que permitirá a la JEP avanzar en la identificación y sanción de los responsables.

El sufrimiento causado por estos hechos ha dejado una huella profunda e irreversible en la región Caribe, según reconocieron los propios exguerrilleros.

Valencia sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha impuesto sanciones proporcionales a los delitos cometidos por los excombatientes, por lo que buscarán alternativas fuera del sistema judicial colombiano, incluyendo la Corte Penal Internacional.

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Según la senadora, los estatutos de este tribunal internacional exigen que las sanciones correspondan a la gravedad de los crímenes.

Valencia explicó que la acción internacional se plantea como respuesta a lo que considera una falta de justicia efectiva en el país.

Señaló que, si la JEP no garantiza penas de prisión para los responsables de crímenes graves, recurrirán a organismos internacionales donde, a su juicio, las normas son claras respecto a la proporcionalidad de las sanciones.

“Las sanciones tienen que ser proporcionales a los delitos”, enfatizó la senadora, quien subrayó la necesidad de que los exguerrilleros enfrenten consecuencias penales acordes con la magnitud de sus actos.

La senadora también expuso sus argumentos sobre la supuesta impunidad que, según ella, beneficia a los exmiembros de las Farc.

Indicó que, en el marco de la justicia transicional, solo siete personas han sido identificadas como máximos responsables dentro de la antigua guerrilla, lo que, en su opinión, ha llevado a la eliminación de investigaciones o procesos judiciales para el resto de los excombatientes.

Valencia insistió en que su postura no busca impunidad para ningún sector, sino que reclama “una justicia igual para todos”.

Valencia criticó el tratamiento judicial que reciben los miembros de la fuerza pública. Afirmó que, mientras para las Farc se limita la responsabilidad penal a un pequeño grupo, en el caso de las fuerzas armadas no solo se imputan a los supuestos máximos responsables, sino que también se intenta perseguir a las cadenas de mando.

Además, advirtió que la situación jurídica de muchos integrantes de la fuerza pública permanece sin resolverse, ya que continúan bajo proceso judicial (“sub iudice”), lo que, según ella, evidencia una diferencia de trato frente a los exguerrilleros.

El pronunciamiento de Valencia se produce en el contexto de los nueve años transcurridos desde el plebiscito por la paz en Colombia.

La senadora reiteró su inconformidad con la implementación de los acuerdos, al afirmar que “se le hizo conejo a la victoria del NO”, en referencia a la percepción de que la voluntad expresada en las urnas no se respetó plenamente durante el proceso de paz y la posterior aplicación de la justicia transicional.

Para Valencia, la búsqueda de justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por las Farc requiere que los responsables enfrenten penas de prisión efectivas. Si la JEP no cumple con este propósito, la senadora sostiene que recurrirán a instancias internacionales, convencida de que allí las normas exigen sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos.

Paloma Valencia reta a Petro por crímenes de la guerrilla

La senadora Paloma Valencia desafió al presidente Gustavo Petro a exigir cárcel para los crímenes cometidos por la guerrilla, en respuesta a las acusaciones del mandatario sobre su supuesta complicidad en los casos de falsos positivos.

La controversia se intensificó tras el anuncio de una demanda presentada por Valencia, del Centro Democrático, contra Petro, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad política en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

En su pronunciamiento, la senadora reiteró que ha solicitado sanciones para todos los actores armados, incluidos mafiosos, paramilitares, guerrilleros y agentes estatales implicados en asesinatos de civiles.

“He pedido cárcel para los mafiosos. He pedido cárcel para los paramilitares. He pedido cárcel para los guerrilleros. He pedido cárcel para toda la delincuencia, incluyendo aquellos que con el uniforme se atrevieron a matar civiles sabiendo que eran civiles”, afirmó Valencia en su cuenta oficial de X.

El presidente Petro respondió a través de la misma red social, señalando que “no es odio decir que debieron separarse los militantes del partido y miembros del gobierno responsable políticamente, del hecho probado del asesinato sistemático de 6.402 jóvenes, crimen de guerra que se produjo con dinero público, con funcionarios del gobierno y por resoluciones públicas del gobierno”.

Según cifras oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 jóvenes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el periodo señalado.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) se ha encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado en el país.

En uno de los procesos adelantados, el 16 de septiembre la JEP condenó a siete integrantes del último secretariado del grupo armado, que deberán cumplir con ocho años de restricción de libertad y derechos, la pena máxima establecida en la justicia transicional.

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Los condenados son: Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad.

“Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron, no podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido. Ninguna sentencia en el mundo podrá hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias, y enviar un mensaje claro. Nunca más el secuestro en Colombia”, declaró al respecto el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

La condena ha generado una polémica nacional, principalmente porque varias víctimas han manifestado su disgusto al conocer que ninguno de los exguerrileros pasará tiempo en prisión, sino que se trata de un castigo restaurativo.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el docente de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Nicolás Mayorga, analizó todo lo relacionado con la condena expuesta por la JEP.

“El Acuerdo de Paz de 2016, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otros, establecieron que las sanciones propias deben tener un componente restaurativo, pero también implicar restricciones efectivas de derechos y libertades”, explicó Mayorga sobre lo que se debe tener de contexto para entender la condena, que describió como un “hito” para lo que sigue del cumplimiento de lo pactado.

“Se trata de un hito en el desarrollo del modelo de justicia transicional creado tras la firma del acuerdo de paz; además de su importancia simbólica, la decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del secuestro”.

El docente indicó que desde que se registró la firma del acuerdo, las dos partes tenían claridad de las dificultades que tendrían para equilibrar lo relacionado con justicia y reparación de las víctimas.

“El diseño de estas sanciones busca equilibrar las exigencias de justicia y reparación con la centralidad de la verdad, pero su ambigüedad en materia de privación de la libertad plantea un reto: garantizar que las restricciones sean percibidas como efectivas y, al mismo tiempo, compatibles con los estándares nacionales e internacionales que demandan proporcionalidad frente a la gravedad de los crímenes cometidos”.

Mayorga aseguró que este no es el caso más representativo de la JEP, recordando que hay hasta diez macrocasos vigentes y la posibilidad de que el funcionamiento del componente se extienda hasta por un tiempo similar del pactado inicialmente.

“La JEP funcionará durante un periodo inicial de diez años, prorrogable hasta un máximo de veinte. Es decir, todavía queda un camino largo por recorrer para abordar la magnitud de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano”.

En ese sentido, el docente indicó que la condena busca reparar a las víctimas, pero tiene un problema de base sobre la privación de la libertad de los condenados, ya que no se ha expuesto como será el sistema de vigilancia y los alcances de la detención simbólica.

“Es fundamental diferenciar entre lo que significa ir a la cárcel en la justicia ordinaria, cuando se cumple una condena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario, y lo que implica una pena privativa de la libertad bajo el modelo de justicia transicional, como la prevista en el acuerdo final, la falta de claridad en la ejecución de las sanciones ha planteado dudas razonables”.

La acción legal, interpuesta a través del abogado Juan Camilo Sanclemente y respaldada por la Fundación Defensa de Inocentes, cuestiona la validez de la decisión judicial bajo el argumento de que no cumple con los estándares establecidos en el acuerdo de paz ni con la normativa internacional.

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La apelación se dirige específicamente contra la sentencia que condenó a los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, señalando que la resolución de la JEP no responde a los compromisos asumidos en el punto cinco del acuerdo de paz, que se refiere a los derechos de las víctimas.

Los familiares y la Fundación sostienen que la decisión judicial tampoco se ajusta a los parámetros internacionales definidos por la Corte Penal Internacional, lo que, según su postura, representa una vulneración de los derechos fundamentales de quienes sufrieron estos crímenes.

“Esa sentencia por parte de la JEP no cumple con los estándares mínimos consagrados en el acuerdo de paz. Esencialmente, viola el punto número cinco, que tiene que ver con las víctimas y, además, no cumple con los estándares internacionales consagrados y que ha establecido la Corte Penal Internacional”, se escucha en el comnicado de la fundación.

Entre los argumentos presentados, los apelantes afirman que la sentencia no cumple con los estándares mínimos consagrados en el acuerdo de paz ni con los estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional.

Por esta razón, solicitan la revocatoria de la decisión y exigen que se emita un nuevo fallo que respete los parámetros nacionales e internacionales en materia de justicia transicional y reparación a las víctimas.

“La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de algunos de los familiares.

La Fundación Defensa de Inocentes también ha hecho un llamado a otras víctimas y organizaciones para que se sumen a la causa y acudan ante la Corte Penal Internacional.

Esta invitación busca fortalecer la búsqueda de una verdad completa y de justicia en un caso que, según los familiares y la Fundación, permanece en la impunidad tras la actuación de la JEP.

El caso que motiva esta apelación se remonta al secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, un hecho emblemático en el conflicto colombiano.

La JEP, creada en el marco del acuerdo de paz para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, impuso una sanción restaurativa de ocho años a los exjefes de las Farc implicados en estos hechos.

Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran que la respuesta judicial no ha sido suficiente para garantizar sus derechos ni para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

En este escenario, la Fundación Defensa de Inocentes ha reiterado su invitación a las víctimas y organizaciones de víctimas para que unan esfuerzos y lleven el caso ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de lograr una verdad exhaustiva y la justicia que, a su juicio, no se ha alcanzado en el ámbito nacional.

Con un fuerte mensaje en las plataformas digitales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías reaccionó el jueves 18 de septiembre de 2025 al segundo fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condenó a 12 exmilitares del Batallón La Popa que fueron hallados responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el Cesar y el sur de La Guajira.

Macías, que fue titular del cuerpo legislativo entre 2018 y 2019, cuestionó las decisiones del tribunal transicional, al señalar que, en su opinión, los exjefes de las Farc, responsables de crímenes de lesa humanidad, no recibieron penas de cárcel, en tanto que los exmilitares sí enfrentaron prisión. Lo anterior, frente a la determinación de la JEP, que impuso sanciones restaurativas a los exmiembros de la guerrilla.

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“Mientras los cabecillas de las Farc, responsables de crímenes de lesa humanidad, no pagaron un día de cárcel y el Estado asume la reparación a las víctimas, los militares fueron a prisión”, afirmó el excongresista, que puso en el centro del debate la diferencia en el trato judicial entre exguerrilleros y miembros de la fuerza pública; un tema que ha sido recurrente entre los que rechazaran su accionar.

Sanciones de la JEP a exmilitares y exguerrilleros

El pronunciamiento de Macías se produjo tras el fallo de la JEP, que identificó dos patrones criminales en este caso: el homicidio de civiles en alianza con grupos paramilitares y el asesinato de personas ajenas al combate con el objetivo de inflar las cifras de bajas; todo a cambio de una serie de prebendas que fueron ofrecidas por la entrega de resultados operacionales, en un factor que se replicó en otras partes del país.

Frente a lo dispuesto por el tribunal, la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, destacó que los sancionados “han aportado verdad y se han comprometido en la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes”. Las sanciones impuestas a los exmilitares contemplan penas de entre cinco y ocho años.

Las mismas consistirán en trabajos, obras y labores de carácter restaurativo, en lugar de privación de libertad en sentido estricto; aunque algunos de ellos ya han pasado tiempo en prisión, antes de que entrara en vigencia el fallo. A su vez, la JEP definió restricciones claras a la movilidad de los sancionados, que deberán cumplir horarios y residencias definidos bajo vigilancia de la Sección correspondiente.

Entre los sancionados se destacan Guillermo Gutiérrez Riveros, Manuel Valentín Padilla Espitia y Eduart Gustavo Álvarez Mejía, que recibieron la pena máxima de ocho años. Estos, y los demás condenados, tendrán la posibilidad de conmutar lo que se denominan Trabajos, Obras y Actividades Restaurativas (Toar) ya cumplidos por algunos de ellos, para descontarlos del total de la sanción. Entre los sancionados,

Por su parte, otros exuniformados, como Álex José Mercado Sierra, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Carlos Andrés Lora Cabrales, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel y Juan Carlos Soto Sepúlveda, tendrán que cumplir condenas que oscilan entre 5 años y 7 meses y 7 años y 7 meses, por el grado de responsabilidad y los aportes realizados.

En contraste, la JEP también había dictado la máxima condena al antiguo secretariado de las Farc por los secuestros perpetrados durante el conflicto armado. Sin embargo, las restricciones a estos exguerrilleros resultan menos precisas en cuanto a la movilidad que tendrán durante los ocho años subsiguientes y, a diferencia de los exmilitares, los exmiembros de las Farc podrán seguir participando en política.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha anunciado la primera sentencia en el caso de los llamados “falsos positivos” en la región Caribe, un hecho sin precedentes en la historia judicial de Colombia.

Doce exmilitares del Batallón La Popa, con sede en Valledupar, fueron hallados responsables de 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 y deberán cumplir sanciones restaurativas, que no contemplan prisión, por su papel en estos crímenes.

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Esta decisión, que será oficializada el jueves 18 de septiembre, representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, según informó Caracol Radio.

El fallo de la JEP impone a los exintegrantes del Batallón La Popa la obligación de cumplir proyectos restaurativos durante un periodo de entre cinco y ocho años, en lugar de penas privativas de libertad.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz determinó que estos exmilitares son máximos responsables de delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución, tanto bajo la legislación colombiana como lo dicta el derecho internacional, que los califica como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión se fundamenta en la aceptación de responsabilidad y el aporte de verdad por parte de los sentenciados, lo que les permitió acceder a este tipo de sanción, de acuerdo con la información recogida por Caracol Radio.

Estos son los militares acusados y su participación en falsos positivos

Entre los condenados figuran oficiales y suboficiales con distintos grados de responsabilidad y antecedentes judiciales:

• Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor y excomandante de batería, enfrentaba previamente acusaciones por concierto para delinquir, secuestro simple y homicidio en persona protegida.
• Heber Hernán Gómez Naranjo, también mayor y jefe de Estado Mayor, acumulaba siete investigaciones en la justicia ordinaria por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
• Carlos Andrés Lora Cabrales, teniente y comandante del grupo especial Trueno, había recibido condenas de hasta 40 años de prisión antes de someterse a la JEP.

Otros nombres destacados en la lista son Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.

Todos ellos fueron hallados responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución, y en varios casos ya habían sido condenados o investigados por la justicia ordinaria y penal militar.

El contexto en el que ocurrieron estos crímenes abarca el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira, donde, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, se perpetró un ataque sistemático contra la población civil.

Las víctimas, hombres y mujeres, fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros abatidos en combate, en una estrategia destinada a inflar las cifras de éxito militar.

Este fenómeno, conocido como “falsos positivos”, afectó especialmente a comunidades indígenas como los Kankuamo y Wiwa, y generó un profundo impacto social y político en la región.

La investigación de la JEP identificó patrones macrocriminales que permitieron la ejecución de estos crímenes. El primer patrón consistió en la presentación de bajas en combate de víctimas entregadas por las Autodefensas Unidas de Colombia, tras haber sido retenidas o asesinadas.

También se documentó el asesinato de personas señaladas por informantes de colaborar con la guerrilla, la ejecución de detenidos en hechos presuntamente delictivos y el asesinato de miembros de grupos armados heridos o rendidos.

Un segundo patrón involucró el asesinato de personas en situación de vulnerabilidad, seleccionadas bajo la presunción de que la sociedad no reclamaría por su muerte. Muchas de estas víctimas fueron engañadas con promesas de empleo y trasladadas desde ciudades como Barranquilla y Valledupar para ser presentadas como bajas en combate.

Estas acciones respondieron a la presión institucional por mostrar resultados en el contexto de la desmovilización paramilitar.

El proceso judicial que condujo a esta sentencia se basó en el análisis de nueve informes presentados ante la JEP por entidades estatales, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas.

La investigación incluyó 61 versiones de exmilitares implicados, 20 inspecciones judiciales a más de 50 expedientes de la justicia ordinaria y penal militar, así como la revisión de archivos de operaciones militares.

Además, se consideraron 13 escritos de observaciones de víctimas, abogados y la Procuraduría, junto con intervenciones orales de miembros de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz concluyó que los 12 exmilitares desempeñaron un papel esencial en la consolidación de estos patrones criminales, y que su participación fue determinante para la ejecución del plan delictivo.

La relevancia de esta sentencia radica en que se trata del primer fallo en el denominado caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Este precedente abre la puerta a futuras resoluciones en otras cinco zonas priorizadas por la JEP, que abarcan las regiones más afectadas por este fenómeno.

En cuanto a los otros tres oficiales inicialmente imputados por la JEP, Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha, estos no aceptaron su responsabilidad y actualmente enfrentan un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, equivalente a la Fiscalía.

Si son hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, a diferencia de las sanciones restaurativas impuestas a quienes admitieron su participación y colaboraron con la justicia.

La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso las primeras sanciones a miembros del antiguo secretariado de las Farc, a los que responsabilizó por los secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos graves durante el conflicto armado en Colombia, continúa causando fuertes reacciones entre los que fueron víctimas de este flagelo en el territorio nacional; debido a que no cumplirán un solo día de cárcel.

De acuerdo con el fallo divulgado el martes 16 de septiembre de 2025, siete excomandantes, integrantes de la organización al margen de la ley, deberán cumplir una sanción de ocho años, consistente en restricción efectiva de la libertad bajo supervisión transicional, sin incluir medida de aseguramiento, centrada en la reparación a las víctimas y la ejecución de trabajos restaurativos, en vez de prisión ordinaria.

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Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada; al igual que Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez); Jaime Alberto Parra, llamado El Médico, y Rodrigo Granda; este último conocido como el “canciller de las Farc”, o alias Ricardo Téllez, que se sometieron al Acuerdo de Paz en 2016 con el Estado colombiano.

Según la JEP, estos exjefes guerrilleros diseñaron y ejecutaron la política de secuestros en el país, quedando responsables por acción y omisión frente a miles de víctimas. El tribunal remarcó que la aceptación de responsabilidad y los aportes a la verdad de los sancionados, aunque la pena no fue bien recibida por el general en retiro Luis Herlindo Mendieta, que en entrevista con Infobae Colombia cuestionó la decisión.

General Mendieta señaló a la JEP de actuar según el “acomodo” de los exmiembros de las Farc

El exalto oficial protagonizó uno de los casos más emblemáticos de los secuestros perpetrados por las Farc, cuando era coronel de la Policía. Mendieta permaneció en cautiverio más de 11 años tras ser capturado el 1 de noviembre de 1998, durante un asalto en Mitú (Vaupés). Según relató el propio Mendieta a Infobae, recuperó la libertad en junio de 2010, luego de una operación militar que lo trajo de vuelta a la sociedad.

Tras su liberación, el general (r) ha sido una voz activa en la defensa de los derechos de las víctimas y como participante en debates sobre el proceso de paz y la justicia transicional en el país. Como el que actualmente lo convoca, al mostrar su indignación frente a las determinaciones de la jurisdicción especial, con las cuales no se siente reparado en su honra, pues los daños psicológicos fueron, a su juicio, irreparables.

En efecto, el exuniformado no ocultó su insatisfacción por la decisión y criticó la falta de confesión cabal por parte de los sancionados. Además relató su experiencia en las audiencias preparatorias y cuestionó la sinceridad de los excomandantes sancionados, que tuvieron la posibilidad de tener representación directa en el órgano legislativo durante dos periodos consecutivos, entre 2018 y 2022, y entre 2022 y 2026.

“Allí, al sentir de las víctimas, porque las Farc, según lo manifestaban, y también en el caso personal, no habían confesado la verdad. Allí cada uno de los integrantes no manifestaron los crímenes que cometieron y los diferentes requerimientos que hacían las víctimas”, afirmó Mendieta, que frente a esta situación pidieron, sin éxito, la exclusión de los miembros del secretariado, para que fueran juzgados por la justicia ordinaria.

A su vez, criticó el diseño de las sanciones, que calificó como adaptadas a los intereses de los sancionados. “Ellos mismos estaban buscando, a su acomodo, estar en lo que ellos seguramente les gusta”, señaló el policía retirado, en referencia a los trabajos restaurativos en desminado, memoria, búsqueda de desaparecidos y medio ambiente, que será la manera en la que los involucrados cumplirán su condena.

Además, denunció la presencia de una “gran oferta institucional” por parte de entidades estatales, que, según él, ya facilitó recursos y presupuesto a los exintegrantes de las Farc para cumplir con las sanciones. “Esa sería la sanción: crear burocracia y direccionar contratos. Ese es el pago de la sanción por los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos”, declaró Mendieta, visiblemente molesto.

“Era la participación que se le debería a las víctimas en la misma JEP”, Luis Mendieta

Al abordar la génesis de la JEP y la participación de las víctimas en el proceso, Mendieta recordó su intervención en el Congreso junto al fallecido periodista Herbin Hoyos Medina, durante la discusión del Acuerdo de Paz; y lamentó que desde el propio Congreso no se la haya dado la importancia al papel de las víctimas en el órgano transicional y en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En efecto, desde la creación de la JEP, el exuniformado advirtió que existía un temor por la ausencia de castigos severos, al nombrar entre sus preocupaciones la exclusión de las víctimas de las nuevas instituciones transicionales. “Intervenimos en el Congreso cuando el proceso de paz, cuando la creación de toda esta institucionalidad (…) y era la participación que se le debería a las víctimas, pero ello no fue posible”.

Y criticó que, mientras exguerrilleros ocupan cargos en entidades como la Unidad Nacional de Tierras, las víctimas han sido excluidas de estos espacios. Así pues, el general (r) señaló lo que, a su juicio, es la disparidad entre el sufrimiento de las víctimas y las sanciones impuestas a los responsables, que se verían beneficiados de la chequera que dispone el Estado para el cumplimiento del referido acuerdo.

El exsecuestrado también criticó la inclusión de miembros de la fuerza pública bajo la competencia de la JEP. “Si alias Timochenko manifestaba que ellos habían creado la JEP a su acomodo gracias al acuerdo para que los investigara y procesara, diría que el juez natural de las Farc es la JEP. ¿Por qué tienen que procesar allí a integrantes de la fuerza pública? Para ello se tendría que dar facultades a la justicia penal militar", acotó.

Sobre la proporcionalidad entre el sufrimiento de las víctimas y la sanción a los responsables de los delitos, Mendieta fue enfático en su respuesta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, será inferior al tiempo en que él estuvo entre cadenas: un detalle que reiteró en este diálogo, como un parangón que podría detallar a la perfección la injusticia que se derivaría del fallo proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz.

“No se encuentra una situación equiparable entre lo que nosotros vivimos y lo que ellos van a cumplirle al país, no solamente por su secuestro, sino por el caso de más de 20.000 personas que se vieron afectadas por estos crímenes”, dijo. E insistió en que, a su parecer, el sistema solo ha servido para facilitar beneficios a los exjefes de las Farc con generosos apoyos, provenientes de los recursos públicos.

¿Qué medidas tomarán para revertir el fallo de la JEP?

En cuanto a las acciones futuras, Mendieta indicó que el grupo de víctimas liderará recursos legales para apelar la decisión. “Sigue el proceso, en el que sugieren los abogados la apelación. Esperaremos qué resulta de esos recursos”, indicó el exuniformado, que dejó claro cuál sigue siendo el objetivo, tanto de él como de otros personajes que estuvieron en cautiverio, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

“Buscamos que se derogue y que se expulse a los integrantes de las Farc de esa jurisdicción, porque no han confesado la verdad y no han contribuido en el tema de la reparación. Y, pues, si no hay reparación, no hay justicia. Es decir, que hay una total impunidad sacrificando los derechos de las víctimas, que en este momento, pues, parece que no le interesaran a todo el sistema que se ha creado”.

Sobre la participación de los sancionados en política, Mendieta declaró que es un privilegio del que han gozado sin que hubieran purgado pena alguna. “Gracias al Acuerdo de Paz siempre han estado interviniendo. Allí tuvieron las 10 curules en el Congreso, posteriormente las otras 16 en la Cámara de Representantes que les dieron, y siempre han estado actuando, no han parado ni un instante”, expresó el general (r).

Frente a la pregunta sobre el mensaje para otras víctimas y para el país, Mendieta dijo que este fallo, sin duda, causa un “sufrimiento adicional”, pues no correesponde a lo que esperarían en materia de reparación. “En segundo lugar, que se está legitimando la violencia en Colombia, porque podíamos decir que esto es un horror jurídico y no hay crímenes de guerra y no hay crímenes de lesa humanidad”, añadió.

En su concepto, no ha habido penas ejemplarizantes, por lo que insistió en la disolución de la JEP. “Espero que se vaya a prolongar, porque ya llevan 10 años y, tengo entendido, según escuché en un informe, se han gastado más de $4 billones de pesos. Ahora, para estas sanciones, la misma JEP había solicitado $500.000 millones para esos cuatro temas, y de los cuales creo que ya les destinaron $20.000 millones”.

Y lamentó que, según ha visto, “están disfrutando a sus anchas de una cantidad de beneficios gracias al proceso de paz y a toda la legislación hasta el momento”, por lo que concluyó este diálogo con su deseo de esperar el resultado de los recursos legales que traiga lo que para él sería “una verdadera justicia y reparación para las víctimas” que ha dejado la espiral violenta en la que actuaron los miembros de esta organización.

El 10 de septiembre el Estado Colombiano reconoció oficialmente al Clan del Golfo como Grupo Armado Organizado Residual (Gaor), lo que generó un debate sobre las verdaderas implicaciones en el contexto del conflicto armado y los procesos de paz en el país.

La Resolución 294 de 2025, que formaliza esta clasificación, ha sido objeto de análisis por parte de expertos en derecho y política, que advierten que la medida podría no representar un cambio sustancial en la estrategia estatal frente a este grupo, conocido formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia.

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En diálogo con Infobae Colombia, el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, Carlos Arévalo, evaluó el alcance real de esta decisión y sus posibles efectos en el marco legal y humanitario colombiano.

En primer lugar, indicó que no se trata de hablar de una implicación nueva, puesto que es una realidad que Colombia vive un conflicto interno contra varios grupos armados, incluyendo al Clan del Golfo.

“Ninguna implicación nueva, desde años Colombia viene librando un Conflicto Armado No Internacional (Cani) con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocidas popularmente como Clan del Golfo). En un Cani el Estado puede usar la fuerza militar, es decir, realizar operaciones militares con el fin de neutralizar objetivos militares, como por ejemplo bienes o integrantes del grupo armado”, indicó Carlos Arévalo.

En ese sentido, Arévalo explicó que el panorama sería diferente si en Colombia no estuviera vigente este tipo de problemáticas o conflictos.

“Cuando no hay conflicto armado, estoy en un escenario de mantenimiento del orden (derechos humanos) que implica que yo no puedo usar las fuerzas militares, sigo protocolos policiales que implica que tengo un uso de la fuerza limitado”.

El experto indicó que el reconocimiento solo será importante si el Estado colombiano llega a algún tipo de acuerdo de paz con el Clan del Golfo.

“Lo que pasa es que a la luz de la ley de sometimiento se crean unas nuevas categorías que no tienen ningún efecto para el derecho internacional humanitario y para lo que expliqué antes, de poder usar la fuerza en contra de estos grupos, es más para tema de paz y procesos de justicia transicional”.

Arévalo explicó que no se le está dando ningún tipo de beneficio al Clan del Golfo, sino que se le está igualando con otros grupos armados que ya han sido reconocidos previamente.

“Hay una división que se hace entre los Gaor y los grupos armados organizados que tienen una finalidad política, para meter ahí al ELN y todos esos grupos que han tenido esa finalidad política. Eso es polémico a la luz de los derechos humanos”, afirmó el experto en temas jurídicos, políticos e internacionales.

Debido a que se especuló con que esto sería un tipo de reconocimiento político, el experto aclaró los riesgos que se podrían registrar en un escenario hipotético.

“Sería muy problemático, porque un grupo organizado que cause daño y ponga en riesgo la población civil no tiene finalidad política, y ahí no podrías usar la fuerza militar y dejarías un montón de personas indefensas y sin protección”.

Por último, Arévalo recordó que todos los grupos armados, como las Farc-EP o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); fueron reconocidos de la misma forma por el Estado colombiano antes de comenzar un proceso de negociación.

“Por eso se hace esta clasificación, después se verá si tiene que ver con eso de la ley de sometimiento, pero más enfocado es en esos temas de negociación y procesos de justicia transicional”, puntualizó.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se dispone a emitir la próxima semana su primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, en el subcaso Caribe.

Doce exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa, de Valledupar, han sido imputados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en hechos que afectaron especialmente a víctimas indígenas y a personas en situación de vulnerabilidad.

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El fallo, previsto para el jueves 18 de septiembre, representa un momento clave en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado años por el reconocimiento de la verdad y la reparación.

El subcaso Caribe, parte del macrocaso 003 de la JEP, abarca crímenes perpetrados en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

Las víctimas incluyen miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como integrantes de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Además, entre los afectados se encuentran campesinos y personas con discapacidad o en condiciones de especial vulnerabilidad.

Según información recabada por la revista Cambio, estos hechos ocurrieron en una de las etapas más oscuras del conflicto armado colombiano, cuando civiles inocentes fueron presentados como bajas en combate para inflar resultados militares.

Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre —indígena kankuamo ejecutado en 2004 tras ser sacado de su casa en Atanquez, Valledupar—, ha seguido de cerca el proceso ante la JEP.

En diálogo con el diario nacional, Maestre expresó su esperanza de que los uniformados que aún no han reconocido su responsabilidad lo hagan finalmente.

“Que ellos acepten el daño que nos han causado como familia, como pueblo. Sabemos que hay unos procesados que han aceptado los cargos, pero que los máximos responsables no aceptan”, afirmó.

Maestre destacó que los militares que ejecutaron los crímenes actuaron bajo órdenes superiores y que aún falta esclarecer quiénes dieron esas instrucciones.

“Los máximos responsables aún están sueltos, aún no han reconocido, aún no ha dicho por qué o quiénes les dieron la orden a ellos para que mandaran a asesinar a nuestros familiares”, señaló.

El proceso ante la JEP ha permitido a Maestre y a otras víctimas obtener respuestas largamente esperadas.

“Yo nunca pensé estar al frente de la persona que dio la orden para que asesinara a mi hermano, de la persona que le quitó la vida, nunca lo pensé. Pero hoy le doy gracias a Dios porque ha sido misericordioso para estar frente de esa persona y poder decirle que lo perdonamos”, relató a Cambio.

Para Maestre, el perdón es una decisión personal que le ha permitido liberarse de una carga de más de dos décadas.

Sin embargo, como integrante del pueblo Kankuamo, considera que la reparación colectiva aún está pendiente.

Las víctimas aguardan la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (Toar), una medida de justicia restaurativa prevista para los exmilitares responsables.

Maestre recalcó que la JEP no gestiona directamente la reparación económica, pero las víctimas acreditadas, como ha ocurrido en otros macrocasos, exigen también una reparación individual.

“Hay muchas madres, muchos padres, en condiciones vulnerables. Dependían de la persona (asesinada) para su sustento. Por eso, además de justicia, esperamos reparación. Ojalá los Toar se puedan cumplir, que no nos vayan a dejar ahí, que eso no se quede en papel, sino en hechos”, manifestó al diario nacional.

La expectativa de justicia y reparación también la comparte Osmaira Nieves Oñate, indígena wiwa y hermana de Luis Eduardo Oñate, ejecutado en 2004 por integrantes del Ejército Nacional en el marco de un plan criminal que involucró a paramilitares de la región.

El caso de Luis Eduardo fue presentado como un “positivo” en la prensa local, lo que llevó a Nieves a conservar la publicación y presentarla en las audiencias ante la JEP para exigir la verdad. “Un 27 de febrero lo agarraron. El 28 de febrero llegaba el presidente Álvaro Uribe aquí a Valledupar para uno de sus consejos de seguridad. ¿Qué seguridad estaba prestando?”, cuestionó Nieves en una audiencia de 2022.

A la espera de la sentencia, Nieves expresó a Cambio su deseo de que el fallo represente una verdadera justicia y no se limite a declaraciones formales. “A veces nos dicen que habrá restauración, que habrá justicia, que primero las víctimas y a la larga no es así. Las víctimas siempre seguimos siendo víctimas. Muchas veces salimos inconformes de lo que nos proponen”, lamentó.

Para Nieves, la reparación debe incluir el saneamiento de los territorios ancestrales, que considera profanados por la fuerza pública. “Hay que hacer una limpieza en nuestros territorios, en aquellos sitios sagrados que fueron saqueados e irrespetados por los militares de la fuerza pública, que era la que cuidaba al civil y eso no fue así”, explicó.

Nieves reconoció que algunos militares han pedido perdón, pero considera que el Estado le ha negado derechos fundamentales y que la sentencia debe reflejar todas las vulneraciones sufridas. “Estamos en todo el derecho de exigir más, no de aceptar lo que crean que es conveniente para los victimarios”, sostuvo.

En cuanto a los responsables, la JEP ha imputado a doce exmilitares del Batallón La Popa. Entre ellos figuran el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, quien ocupó cargos de comandante de batería y oficial de operaciones; el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y segundo comandante; el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, jefe de la sección segunda; el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa; y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, quien además de comandante de batería, lideró el grupo especial Trueno.

También están imputados el subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez Mejía, comandante de varios pelotones, incluido el especial Zarpazo; el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, comandante de pelotón; el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos Suárez, comandante de pelotón de soldados regulares; el cabo tercero retirado Elkin Rojas, comandante de escuadra; y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, del pelotón Albardón 3, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, ambos del grupo especial Zarpazo.

Mientras la JEP se prepara para pronunciar su primera sentencia sobre los “falsos positivos” en el Caribe colombiano, las víctimas insisten en que la justicia debe trascender los reconocimientos formales y dignificar la memoria de quienes fueron presentados como NN, pero que siempre tuvieron nombre y familia.

En medio de una de las audiencias más cruciales en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, irrumpió con una fuerte crítica que resonó con fuerza en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá:

“La JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad”. Su denuncia no solo dejó en evidencia la frustración de muchas víctimas del conflicto armado, también puso en tela de juicio la legitimidad de las sanciones restaurativas que evalúa la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc.

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La audiencia, programada entre el 31 de julio y el 1 de agosto, tiene como propósito verificar las propuestas de sanción presentadas por los excomandantes de la extinta guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en el Caso 01, que investiga los secuestros sistemáticos cometidos por las Farc.

Esta será la primera vez que la JEP impone una sanción propia desde su creación, y se esperaba que representara un avance en materia de verdad, justicia y reparación para las más de 4.100 víctimas acreditadas en este caso.

Sin embargo, para López, que fue secuestrado por esta guerrilla en 2002 junto con otros diputados de la Asamblea del Valle —episodio que terminó en la masacre de 11 de sus colegas—, las medidas propuestas no cumplen con el espíritu del Acuerdo de Paz.

“Hemos escuchado como medidas restaurativas la construcción de una batería sanitaria. O sea, la instalación de un sanitario en una escuela. Otras hablan de la participación en un ciclopaseo, la participación en un curso sobre justicia por parte de uno de los comparecientes. ¿En qué restaura eso el proyecto de vida de las víctimas? En nada”, afirmó indignado en entrevista con El Espectador.

Su intervención interrumpió al magistrado Camilo Andrés Suárez, de la sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que explicaba el proceso hacia la sanción. Aunque el magistrado le pidió silencio, López no perdió la oportunidad para expresar públicamente su decepción con la Jurisdicción, la cual, según él, ha fallado en su misión de brindar justicia efectiva a las víctimas del conflicto.

“Con mucha decepción, con mucha tristeza, con mucha impotencia, tengo que registrar hoy que la JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad”, sentenció López. Y es que su inconformismo no es nuevo. Desde hace años ha cuestionado el papel de las instituciones frente al caso de los diputados del Valle, en el que incluso fue injustamente señalado como colaborador por la Fiscalía, antes de ser exonerado y recibir disculpas oficiales del Estado.

Para López, las promesas de justicia y reparación se quedaron en el papel. “Esperábamos verdad y verdaderos proyectos restaurativos. Los exFarc no han contribuido a restaurar el proyecto de vida de nadie. Le están dejando la obligación ahora al Estado de que restaure a las víctimas y aquí la JEP se está lavando las manos porque simplemente ha sido un instrumento para lavarle la cara a criminales de lesa humanidad”, denunció con contundencia.

La JEP, por su parte, defiende el proceso afirmando que más de 400 comparecientes del antiguo grupo insurgente han rendido versión voluntaria, y cerca de 800 víctimas han participado en audiencias para entregar observaciones y confrontar testimonios.

El expediente revela casos de tortura, trabajos forzados, violencia sexual y cautiverio prolongado —hay registros de personas secuestradas durante más de 14 años—, lo que eleva el nivel de exigencia sobre las medidas de reparación que deben imponerse.

Desde la Procuraduría también surgieron críticas al proceso. En declaraciones recientes, esta entidad pidió a la JEP mayor claridad y contundencia en las sanciones, señalando preocupaciones sobre la proporcionalidad y el impacto real de las medidas restaurativas propuestas.

En contraste, sectores que respaldan la justicia transicional insisten en que el modelo de la JEP no debe compararse con la justicia ordinaria, y que su propósito no es castigar con cárcel, sino lograr verdad plena, reconocimiento de responsabilidades y actos simbólicos de reparación. Sin embargo, la tensión entre estos principios y la percepción de impunidad que tienen muchas víctimas sigue siendo una de las principales tensiones del sistema.

“Yo creí en esto, salí a caminar por el Acuerdo de Paz, salí a votar en favor del plebiscito, defendí a la JEP. Pero estoy completamente decepcionado”, concluyó López.

El debate sobre el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez comparezca ante ese tribunal volvió a la agenda pública tras los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro.

Frente a este panorama, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, intervino para precisar los límites constitucionales y jurídicos sobre la participación de expresidentes en esa jurisdicción.

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Durante el foro El papel de la justicia transicional en la construcción de la paz en Colombia, organizado por la Universidad Externado de Colombia, Ramelli abordó la controversia surgida luego de que el jefe de Estado sugiriera que Uribe podría acudir a este mecanismo especial, lo que generó un fuerte pronunciamiento del exmandatario antioqueño.

El punto de partida de la discusión fue la condena de primera instancia emitida contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X que “a la JEP puede ir Uribe Vélez”, haciendo referencia a la posibilidad de que el exmandatario aporte información sobre el denominado bloque Metro y, en su criterio, aporte a la verdad sobre el conflicto armado.

La propuesta fue rechazada tajantemente por Uribe, que cuestionó la autoridad del presidente para realizar tal invitación y aludió a hechos del pasado de Petro, como el indulto recibido por su participación en el M-19.

Uribe, además, exigió explicaciones sobre hechos de corrupción y solicitó que el mismo presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos respondieran ante instancias judiciales.

En medio del cruce de declaraciones, Petro respondió en X: “Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”. Esta afirmación reforzó el debate sobre el alcance y las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el posible rol de exmandatarios en ese sistema.

Por tal motivo, durante el evento académico desarrollado en la Universidad Externado, Alejandro Ramelli fue consultado sobre la posibilidad real de que Álvaro Uribe acuda o sea llamado por la JEP.

El magistrado recordó que la jurisdicción transicional tiene un marco constitucional claramente delimitado y que existen impedimentos para que expresidentes comparezcan como sujetos procesales ante el tribunal.

“Parte de la verdad del conflicto armado aún está siendo abordada por la justicia ordinaria, ya que no todo corresponde a la justicia transicional. Como lo señalaba el profesor Andrés González, una buena parte del conflicto armado permanece en el ámbito de la justicia ordinaria. Las disidencias, las disidencias de las disidencias, el ‘clan del Golfo’, el Eln, entre otros actores armados, continúan siendo competencia de esa jurisdicción”, sostuvo Ramelli durante el foro.

El presidente de la JEP reiteró que no todos los hechos relacionados con el conflicto terminan en esa jurisdicción y, en el caso puntual de los expresidentes, la carta magna es clara al respecto.

“Tampoco están los expresidentes de la República. ¿Por qué? Porque tienen fuero constitucional. Así lo estableció el Acuerdo de Paz y así quedó consignado en la Constitución. Al tener fuero constitucional, la JEP no es competente para juzgarlos”, subrayó Ramelli.

El magistrado explicó que estos altos exfuncionarios, en caso de tener algún conocimiento relevante, podrían comparecer en calidad de testigos, pero no como comparecientes voluntarios ni sujetos de proceso en la JEP.

Además, recordó que el tribunal sólo es competente sobre hechos ocurridos hasta el año 2016, por lo que cualquier hecho posterior queda fuera de la órbita de la jurisdicción transicional.

“La competencia de la JEP está limitada a los hechos previos al año 2016. Todo lo que sucedió después no entra dentro de nuestra jurisdicción”, detalló Ramelli, cerrando así la puerta a la posibilidad de que procesos judiciales ligados a hechos distintos sean asumidos por la justicia transicional.

La declaración del presidente de la JEP coincide con la postura de distintos expertos constitucionalistas, que han advertido que una vinculación de un expresidente como compareciente en la JEP solo sería viable si mediara una reforma constitucional específica o si se tratara de hechos previos a 2016 en los que el exmandatario participó de manera directa, siempre y cuando renunciara a su fuero especial y aceptara voluntariamente someterse a la jurisdicción del tribunal, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

El pronunciamiento de Ramelli también se alinea con las reglas pactadas en el Acuerdo de Paz de 2016, que estableció la JEP para juzgar hechos graves y representativos del conflicto armado, con un enfoque en quienes participaron como miembros de grupos armados, terceros civiles o agentes del Estado, pero excluyó de manera explícita a los expresidentes investidos de fuero constitucional.

En el ámbito político, la sugerencia de Petro fue interpretada desde distintos sectores como un llamado simbólico a la verdad sobre el conflicto, aunque jurídicamente la propuesta no se sostiene bajo la actual estructura legal de la JEP.

En medio del debate nacional por los alcances de la nueva ley de sometimiento propuesta por el actual Gobierno, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró que los autores del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe no podrán acceder a los beneficios contemplados en esta iniciativa legislativa.

Estas declaraciones se producen tras la identificación de alias Zarco Aldinever, integrante disidente de la ‘Segunda Marquetalia’, como presunto autor intelectual de la tentativa de homicidio contra el parlamentario.

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Montealegre fue enfático en señalar que, de aprobarse la nueva ley de sometimiento, ni los responsables directos ni quienes hayan participado en la planificación o ejecución del ataque contra Miguel Uribe serán admitidos dentro de los marcos de justicia transicional que promueve el Ejecutivo en el marco de la denominada “paz total”.

Durante una entrevista para Recap Blu, el Ministro precisó que “las personas que estén comprometidas con la tentativa de homicidio contra el senador Miguel Uribe jamás podrán entrar a este marco de justicia transicional o de sometimiento. Porque la llave para entrar a estos procesos las tiene el Gobierno. Solo con quien el Gobierno determine que tiene una negociación de paz, con voluntad expresa, pueden entrar. Pero quienes estén comprometidos en este atentado no podrán participar en estos modelos de justicia transicional”.

Esta postura surgió en respuesta a la preocupación de distintos sectores políticos y de la sociedad civil frente a la posibilidad de que autores de delitos de alto impacto queden cobijados por los beneficios legales que contempla el proyecto, que busca desmovilizar y reincorporar a la vida civil a organizaciones criminales bajo ciertas condiciones.

El nuevo modelo de sometimiento, uno de los ejes centrales de las políticas de seguridad y convivencia del Gobierno nacional, plantea una serie de incentivos para que miembros de bandas criminales y organizaciones armadas ilegales entreguen las armas, cesen sus actividades ilícitas y colaboren con la justicia a cambio de reducciones de pena y medidas alternativas a la cárcel.

Sin embargo, Montealegre subrayó que la iniciativa excluye del proceso a quienes hayan cometido crímenes que, por su gravedad y repercusión, son considerados incompatibles con cualquier tipo de beneficio.

El caso del senador Uribe ha servido como ejemplo para dejar claro que el Gobierno tiene control sobre la llave de acceso a los incentivos, decisión que, según Montealegre, salvaguarda el espíritu de reparación y no repetición a las víctimas de los hechos más graves.

La discusión sobre el proyecto de ley ha exponenciado las dudas hacia los grupos armados organizados de amplio alcance, como el Clan del Golfo.

Se ha cuestionado cómo enfrentará el Estado casos en los que estas estructuras piden acogerse al proceso, considerando que sus principales fuentes de ingresos provienen de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

El ministro de Justicia detalló que la condición básica para acceder a los beneficios será el cese total de toda acción ilegal, y que el compromiso debe ser colectivo e involucrar a la totalidad de la organización, no únicamente a algunos de sus integrantes.

“Los acuerdos aquí no son individuales. La llave para entrar en estos ejes de nuevas formas de justicia transicional o de sometimiento está en el desmantelamiento de la organización. La organización tiene que cesar toda actividad ilícita. Si la minería es ilegal, debe renunciar a esa actividad. Si están dedicados al narcotráfico, tienen que detener el narcotráfico. Lo mismo frente a la extorsión y el secuestro. Ese es un tema fundamental”, indicó Montealegre.

Afirmó que la transformación de las organizaciones criminales debe ir acompañada de un proceso de transición hacia actividades legales y sostenibles dentro de los territorios en los que ejercen influencia, con miras a una reinserción plena en la sociedad.

Montealegre expuso que el diseño colombiano de ley de sometimiento está inspirado en prácticas internacionales, en particular del modelo norteamericano de “justicia premial”, el cual ha sido implementado en Estados Unidos como mecanismo para desmantelar estructuras del crimen organizado a través de acuerdos judiciales.

“Nosotros estamos siguiendo un modelo norteamericano. Los colombianos no nos inventamos las políticas de sometimiento. Estamos aplicando una política que inventó Estados Unidos que es la justicia premial y de los acuerdos. Cuando empecemos a ver el desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico, la comunidad internacional va a reconocer que es mejor la justicia premial y negociada que apostar por la guerra total”, concluyó el ministro.

Este enfoque busca ofrecer alternativas tanto a los integrantes de los grupos ilegales como al Estado, permitiendo la desarticulación paulatina de los patrimonios ilícitos y estableciendo condiciones para la no repetición de los delitos.

En medio del debate nacional sobre la eficacia de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, el expresidente Ernesto Samper Pizano se pronunció con dureza sobre las falencias estructurales del enfoque actual.

Su intervención coincidió con la radicación en el Congreso de un nuevo proyecto de ley, presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que pretende establecer un marco jurídico claro para el sometimiento, desmantelamiento y negociación con distintos tipos de actores armados.

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Samper, con amplia trayectoria en temas de paz, no solo lanzó críticas, sino que propuso ese proyecto como una base legal necesaria para evitar que la paz en Colombia siga siendo, como él mismo expresó, “una esquiva ilusión”.

Samper advierte sobre el vacío institucional de la Paz Total

En un comunicado publicado en su cuenta de X, el exmandatario afirmó que la estrategia de Paz Total carece de tres pilares fundamentales: un plan claro, una ley marco que le dé sustento jurídico, y un comisionado que la dirija de forma efectiva. “A la actual política de paz total le ha faltado una estrategia, una ley de justicia marco que la regule y un Comisionado que las aplique”, sentenció Samper.

Frente a ello, Samper elogió el proyecto de ley radicado el 20 de julio: “El proyecto presentado por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre al Congreso constituye un primer paso para sintonizar los distintos procesos y mesas de paz en función de su sometimiento a la justicia, si son organizaciones criminales; la negociación del conflicto, si se trata de organizaciones armadas subversivas; o el cierre final de las causas abiertas contra los grupos paramilitares desmovilizados…”, explicó el expresidente.

El articulado establece tres rutas legales principales:

1. Sometimiento de estructuras criminales de alto impacto como los Shottas, Espartanos o el Clan del Golfo, bajo condiciones de colaboración eficaz, entrega de bienes y reparación a víctimas.
2. Negociación con grupos subversivos como el ELN o disidencias de las Farc, aplicando penas alternativas si se desmovilizan, renuncian a las armas y participan en la verdad histórica.
3. Modificación de la Ley de Justicia y Paz para cerrar jurídicamente los procesos pendientes con paramilitares desmovilizados, bajo nuevos compromisos de verdad y reparación.

Además, uno de los elementos centrales del proyecto de Montealegre es la combinación entre justicia retributiva y restaurativa, ajustando las penas según el rol de los implicados y garantizando la participación activa de las víctimas. En casos de macrocriminalidad, la ley exige la aplicación de estructuras de imputación que reconozcan el patrón delictivo colectivo y no solo la conducta individual.

Samper remarcó que, en todos los casos, debe garantizarse la sujeción a estándares internacionales: “Se deben atender las exigencias del Derecho Internacional Humanitario, respetar su territorialidad y asegurar la reparación de las víctimas con la verdad que esperan y su resarcimiento económico.”

La propuesta también contempla la creación de espacios de reclusión especiales —como colonias agrícolas o centros comunitarios— distintos a las cárceles tradicionales, para facilitar la participación de los desmovilizados en procesos de reconstrucción territorial.

En su declaración, Samper instó al Gobierno y a la oposición a encontrar consensos para que esta ley sea aprobada, advirtiendo que sin un marco legal como este, la Paz Total podría fracasar: “Aún están a tiempo el gobierno y la oposición para acordar esta ley sin la cual la paz seguirá siendo una esquiva ilusión“.

El mensaje cobra mayor relevancia si se considera que el proyecto incluye una cláusula que impide otorgar beneficios penales a quienes interfieran en las elecciones de 2026, lo que demuestra su intención de blindar el proceso de paz ante eventuales amenazas a la democracia.

“En el caso de ‘Epa Colombia’, ella tiene problemas muy serios de seguridad (…) La ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes cuando hay problemas de seguridad”.

Con esta afirmación, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre dejó claro que el marco legal colombiano contempla alternativas para quienes, como la influencer Daneidy Barrera, enfrentan riesgos dentro del sistema penitenciario.

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La declaración, realizada durante una entrevista en El Reporte Coronell de La W Radio, surgió tras la revelación de una petición directa del presidente Gustavo Petro para revisar la situación de Epa Colombia.

El propio Montealegre confirmó que, en un consejo de ministros, el mandatario le solicitó: “ayúdeme a sacar a Epa, que no duerma en una celda, ¿cómo así que no se puede?”.

La noticia principal gira en torno a la defensa pública que hizo el ministro Montealegre del nuevo anteproyecto de ley para la Paz Total, una iniciativa que busca introducir un tratamiento penal diferenciado para ciertos actores del conflicto y que ha generado debate en el país.

Según lo expuesto en El Reporte Coronell, el funcionario argumentó que la propuesta se ajusta plenamente a la legalidad y que no representa una fragmentación del sistema penal, como han señalado algunos críticos.

Durante la conversación, Montealegre abordó varios temas sensibles. Uno de los puntos centrales fue la situación de los miembros de la Primera Línea, así como el proceso de sometimiento de estructuras criminales y el futuro de la justicia transicional en Colombia.

El ministro insistió en que el proyecto de ley responde a la necesidad de adaptar el sistema judicial a las realidades del conflicto y a los compromisos asumidos por el Gobierno de Gustavo Petro en materia de paz.

En relación con el caso de Epa Colombia, Montealegre negó que la solicitud presidencial implique una extralimitación de funciones o una injerencia indebida en las decisiones judiciales.

“Nunca vamos a pasar por encima de las decisiones de los jueces de Colombia. Yo no comparto las calificaciones que se hicieron en ese caso, y me parece que son penas absolutamente desproporcionadas”, afirmó el ministro, subrayando su desacuerdo con la severidad de la condena impuesta a la influencer.

El ministro explicó que cualquier actuación de su despacho se limitará estrictamente a lo que permite la legislación vigente. Reiteró que la ley contempla la posibilidad de modificar las condiciones de reclusión cuando existen amenazas a la integridad de la persona privada de la libertad.

Esta postura, según Montealegre, no solo se ajusta al marco normativo, sino que responde a criterios de humanidad y proporcionalidad en la aplicación de la justicia.

Montealegre defiende Paz Total y rechaza estatus político para delincuentes comunes

“Vamos a plantear una política de tercera vía que gire entre retribución y restauración”, anunció Eduardo Montealegre al final de una entrevista en la que defendió la necesidad de transformar la justicia penal en Colombia.

El exfiscal general detalló que, tras el proyecto de paz total, impulsará una reforma inspirada en modelos europeos, como el arresto de fin de semana o el trabajo diurno con retorno nocturno a prisión.

Esta visión, que prioriza la dignidad humana y las penas restaurativas, marca un giro respecto al enfoque tradicional centrado en el castigo y la reclusión.

El anteproyecto de paz total, según Montealegre, introduce un cambio profundo en la relación entre el Estado y las estructuras criminales. En palabras del exfiscal, “el que tenemos en este momento está muy cifrado en la imputación a organizaciones y el desmantelamiento de organizaciones”.

El enfoque abandona la persecución exclusiva de individuos para adoptar la doble imputación, una figura del derecho penal internacional que permite procesar tanto a los miembros como a la estructura criminal en su conjunto.

Esta estrategia busca desarticular organizaciones y no solo castigar a sus integrantes, lo que representa una ruptura con la tradición penal colombiana.

Durante la entrevista, Montealegre abordó las críticas sobre una posible fragmentación del sistema penal. Aseguró que “los tratos diferenciados serán muy pocos” y negó que el proyecto pretenda crear una jurisdicción paralela.

Montealegre fue categórico al rechazar la concesión de estatus político a delincuentes comunes: “Los únicos que cometen delitos políticos son la insurgencia (…) El Clan del Golfo no comete delitos políticos, no tiene estatus político. A ellos no se les va a dar estatus político”.

Sin embargo, reconoció que las disidencias de las Farc mantienen un estatus político, pese a las críticas que las vinculan más con el narcotráfico que con una agenda de transformación social.

La viabilidad política del proyecto fue otro de los puntos discutidos. Ante la pregunta sobre si la paz total tiene futuro en un contexto de Gobierno saliente y Congreso fragmentado, Montealegre defendió los avances logrados.

“Yo creo que no ha fracasado. Vale la pena una apuesta por la Paz Total, a pesar de que entramos en el último año de gobierno”, sostuvo el ministro de Justicia.

Una controversia jurídica rodea a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que la defensa de más de 1.320 comparecientes miembros de la fuerza pública interpusiera una demanda ante la Corte Constitucional en la que solicita revisar la legalidad de una herramienta utilizada por este tribunal transicional: el Juicio de Prevalencia Jurisdiccional.

La acción, radicada por el abogado Juan Daniel Mora Herrera, de la Corporación Defensoría Militar, busca que el alto tribunal analice los efectos que esta figura ha tenido sobre los derechos de los comparecientes obligados a someterse al sistema.

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¿Qué es el Juicio de Prevalencia Jurisdiccional?

El Juicio de Prevalencia Jurisdiccional es un mecanismo procesal adoptado por la JEP para dirimir conflictos de competencia con otras jurisdicciones del Estado, como la justicia ordinaria o la disciplinaria. Esta herramienta permite a la JEP determinar si puede o no asumir un caso en el que existan procesos paralelos o decisiones en otras instancias judiciales, y ha sido utilizada para evaluar la permanencia de comparecientes dentro del sistema, especialmente en casos donde se cuestiona el cumplimiento del Régimen de Condicionalidad.

Sin embargo, la defensa de los militares asegura que esta figura no fue contemplada en el Acuerdo Final de Paz, ni regulada por el Congreso de la República, y que su aplicación ha derivado en afectaciones directas al debido proceso, la presunción de inocencia y la estabilidad jurídica de los comparecientes.

La demanda: advierten sobre arbitrariedad y falta de legalidad

En su demanda, el abogado Juan Daniel Mora Herrera señaló que con el uso del Juicio de Prevalencia Jurisdiccional, “se han rechazado casos ya aceptados, revocado beneficios y condicionado la permanencia de miembros de la fuerza pública, muchos de los cuales comparecen por obligación, no por voluntad”.

El jurista también explicó que el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio vida a la JEP, estableció en su artículo 12 que las normas procesales debían regular los parámetros para evaluar el incumplimiento del Régimen de Condicionalidad, y que el único mecanismo previsto para ese fin fue el Incidente de Incumplimiento, tal como lo establece la Ley 1922 de 2018, en sus artículos 67 y siguientes.

En ese sentido, criticó que haya sido la propia JEP la que, mediante decisiones jurisdiccionales, haya introducido esta nueva figura sin una base legislativa clara: “Era el Congreso el que debía establecer esas competencias, pues ha sido la misma JEP la que ha introducido el Juicio de Prevalencia Jurisdiccional como un mecanismo o herramienta de seguimiento al Régimen de Condicionalidad distinto al Incidente de Incumplimiento”, afirmó Mora Herrera.

Con ello, la defensa alega que la JEP ha creado una herramienta que permite condicionar, rechazar o incluso expulsar comparecientes del sistema sin que exista un sustento normativo que lo autorice, lo que vulneraría principios fundamentales del derecho penal y procesal colombiano.

Una petición urgente a la Corte Constitucional

La demanda solicita a la Corte Constitucional intervenir para frenar lo que considera una práctica que “vulnera el principio de legalidad y afecta derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa y el trato igualitario”. Según explicó Mora Herrera, detrás de esta solicitud existen “historias de militares señalados sin pruebas, excluidos sin defensa y sometidos a decisiones que cambian en medio del camino, poniendo en riesgo su dignidad, su libertad y su aporte a la verdad”.

“Hoy, se pide a la Corte que actúe para evitar que se sigan tomando decisiones posiblemente arbitrarias y que afectan profundamente la vida de quienes han cumplido con comparecer”, concluyó el abogado.

La Corte Constitucional deberá ahora evaluar la admisión de la demanda y, de considerarlo pertinente, revisar el alcance de las competencias de la JEP frente al marco legal que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El caso podría sentar un precedente sobre la legalidad y los límites de las figuras jurídicas creadas por los tribunales transicionales sin intervención legislativa.

En una nueva y contundente decisión judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a seis exintegrantes del Ejército Nacional, por su presunta participación en casos de falsos positivos cometidos entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare.

La decisión se registró en el desarrollo del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. Los seis militares señalados formaban parte de la XVI Brigada del Ejército y ya habían sido determinados previamente como máximos responsables o partícipes relevantes en este subcaso.

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Se trata de Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García, y Zamir Humberto Casallas Valderrama. Este último fue definido como partícipe no determinante, pero también fue llamado a reconocer su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con lo informado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la imputación se fundamenta en el análisis detallado de 17 hechos documentados, que implican a 26 víctimas. Estas personas fueron asesinadas y luego presentadas falsamente como combatientes caídos en enfrentamientos armados.

No obstante, el enfoque de esta nueva imputación se centra en el trato que recibieron las víctimas antes de ser ejecutadas. Las investigaciones revelaron actos de violencia física y psicológica, engaños para capturarlos y condiciones de traslado que incrementaron su vulnerabilidad.

Estos actos, con base en el análisis jurídico realizado por la magistratura, constituyen tortura contra personas protegidas, una conducta violatoria tanto del Código Penal colombiano como del derecho internacional humanitario y el Derecho Penal Internacional.

Es preciso mencionar que estos hechos no fueron aislados. La JEP reiteró que lo ocurrido en Casanare entre 2005 y 2008 correspondió a un patrón criminal sistemático, previamente expuesto en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del subcaso Casanare, proferido en 2022. En ese entonces, se documentó la existencia de al menos 296 víctimas directas atribuidas a la XVI Brigada, que habrían sido asesinadas bajo este modus operandi.

La nueva calificación jurídica que incluye el delito de tortura no solo amplía el espectro de responsabilidad penal, sino que profundiza el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y de sus familias, al establecer que la violencia no se limitó a los asesinatos, sino que incluyó actos previos igualmente graves y denigrantes.

Derivaciones judiciales y nuevas investigaciones

Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento decidió trasladar algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para continuar el esclarecimiento del trato que recibieron las víctimas por parte de comparecientes que, si bien participaron directamente, no fueron seleccionados como máximos responsables.

Adicionalmente, se remitió información al Subcaso Costa Caribe II, relacionada con la actuación del compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo durante su paso por la XVI Brigada en Casanare. Este oficial ya fue imputado como máximo responsable en la Costa Caribe, en calidad de coautor de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Entre tanto, los seis exmilitares imputados tienen 15 días hábiles para informar si aceptan o rechazan los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo lapso, podrán aportar pruebas, pronunciarse sobre los hechos y conductas, y referirse a su participación individual.

Este paso es clave dentro del procedimiento de justicia transicional: el reconocimiento de responsabilidad voluntaria y plena permite acceder a sanciones propias, mientras que la negativa abre paso a investigaciones más rigurosas y, eventualmente, a sanciones ordinarias, en caso de comprobarse la culpabilidad sin cooperación.

La JEP señaló que seguirá ampliando las investigaciones para incluir a los autores materiales, así como a los responsables por acción u omisión, dentro de la cadena de mando militar.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió sentenciar al exmarino como autor del homicidio calificado de la víctima, en tanto lo absolvió, junto al excapitán de navío Germán Valdivia, del delito de secuestro.

La abogada querellante, Carolina Vega, valoró el fallo judicial señalando que se trata de "un gran paso contra la impunidad".

"La sentencia confirmada es un hito significativo para el querellante, hijo de la víctima. Además, es un avance en materia de justicia transicional. Hay que tener presente que han pasado más de 50 años y recién hoy se está discutiendo sobre el homicidio de don Ramón Donato Navía Martínez", subrayó la profesional, miembro del estudio especializado en derechos humanos Caucoto Abogados.

Durante el transcurso de la investigación se logró establecer que Navia, un obrero de 54 años militante del Partido Comunista, fue aprehendido en octubre de 1973 por funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), "atendida su orientación política contraria al gobierno militar".

La unidad que lo detuvo, una agrupación de Inteligencia denominada Ancla II, operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la Base Aeronaval El Belloto, ubicada en la región de Valparaíso, e incluso funcionarios de otras reparticiones como Infantes de Marina, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar.

Ramón Navia, detalla el fallo, fue ingresado al recinto de reclusión con el objeto que respondiera preguntas sobre la ubicación de las armas que presuntamente tenía en su poder y de los nombres de todos sus compañeros y miembros de la directiva política que él integraba.

En ese contexto, puntualiza la sentencia, la madrugada del 15 de octubre de 1973, uno de los funcionarios del Servicio Ancla II, ante una supuesta evasión del detenido, le disparó con fusil M 1, ocasionándole la muerte.

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales del Gobierno. EFE

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este miércoles que el excabecilla del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco', ha sido condenado a 20 años de cárcel por 141 hechos criminales llevados a cabo entre el año 2000 y 2005.

'Macaco' también tendrá que pagar una multa "equivalente a 25.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes", mientras que permanecerá entre rejas después de que la Justicia haya rechazado una petición para que cumpla la pena --a la que ha aceptado someterse de forma anticipada-- bajo modalidad domiciliaria.

En concreto, un juez especializado de Bucaramanga, en el departamento de Santander, ha declarado culpable a 'Macaco' por delitos de homicidio agravado, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito y deportación, tortura en persona protegida o acceso carnal violento en persona protegida, entre otros.

"Se acreditaron 237 víctimas de un plan sistemático promovido por alias 'Macaco' y otros cabecillas de las AUC para asesinar, desaparecer y desplazar a toda persona que se oponían a su actuar delictivo entre 2000 y 2005", ha agregado en un comunicado.

Los delitos fueron cometidos en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander. La Fiscalía ha detallado que entre los homicidios por los que ha sido condenado se encuentra el del periodista Eduardo Estrada Gutiérrez, quien murió tiroteado el 16 de julio de 2001 en San Pablo, municipio en el sur de Bolívar.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó en marzo de 2020 una solicitud de 'Macaco' --sentenciado también en Estados Unidos a 33 años de prisión por cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y financiación del terrorismo-- para someterse a la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En conversación con EFE, una de las nietas restituidas por las Abuelas de Plaza de Mayo, Claudia Victoria Poblete, subraya que su desplazamiento a Europa tiene el doble objetivo de que sus interlocutores "tomen conciencia" de las acciones que está llevando a cabo el Gobierno argentino contra la memoria y de buscar nuevas fuentes de financiación para continuar con su labor.

Según denuncia Poblete, las Abuelas de Plaza de Mayo han dejado de recibir todos los subsidios que les correspondían por parte del Gobierno argentino, mientras que la Comisión Nacional por Derecho a la Identidad y el Banco Nacional de Datos Genéticos - entes creados por las Abuelas- han sufrido graves recortes presupuestarios y de personal.

"Todo esto afecta a la manera en que el Estado lleva a cabo esas políticas públicas de memoria que habían sido parte de nuestro consenso democrático durante los últimos 41 años", señaló Poblete, ella misma nieta restituida en el año 2000 después de ser separada de su familia biológica por la dictadura en 1978, si bien sus padres nunca fueron localizados.

En las condiciones actuales, señalan, "se dificulta muchísimo seguir la búsqueda". Sin embargo, asegura Poblete, al igual que las Abuelas recurrieron a la "solidaridad internacional" cuando la dictadura complicaba su labor, los nietos y nietas restituidos siguen trabajando para que "se tome conciencia" de los ataques contra la memoria democrática y los derechos humanos.

"(Esperamos) que haya una toma de conciencia de las consecuencias que esto va a tener para Argentina, que siempre fue un Estado ejemplo en lo que significa la justicia transicional, la reparación de las atrocidades cometidas por la dictadura (...) y la posibilidad de la condena. Argentina siempre fue reconocido por eso y ahora es algo que está siendo sistemáticamente destruido", lamentó.

Con ese objetivo en mente se reunirán esta semana con diputados del Parlamento Europeo de varios países, incluyendo españoles, en un encuentro auspiciado por el Partido Democrático italiano, y posteriormente viajarán a Madrid para verse con el sindicato Comisiones Obreras y varios partidos políticos.

Concluirán su gira en Italia, donde de nuevo se verán con formaciones políticas y sindicatos y acudirán a universidades, como la de Florencia, para explicar su labor.

La organización insiste en que aún quedan más de 300 personas por ser restituidas y que cualquier persona que tenga dudas de sus orígenes, no sólo en Argentina sino en otros países del mundo (desde España a Países Bajos o Estados Unidos), puede recurrir a www.abuelas.org.ar para tratar de esclarecer sus orígenes. EFE

La Unión Europea y Naciones Unidas han calificado de "paso importante" la creación de dos comisiones para investigar los crímenes y documentar los desaparecidos durante el régimen del expresidente Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeles.

Desde Bruselas, el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar el Anouni, ha celebrado la creación de la Comisión Nacional para la Justicia Transnacional y la Comisión Nacional para las Personas Desaparecidas y ha subrayado que es "un paso importante hacia la justicia integral y la verdad que merece el pueblo sirio".

A través de un comunicado, ha hecho hincapié en que "los esfuerzos en materia de justicia transicional son fundamentales para sentar las bases de la reconciliación y una paz duradera en Siria". Así, ha remarcado que "investigar la suerte de todas las personas desaparecidas será un paso crucial para poner fin a la situación de las familias y comunidades afectadas".

En este sentido, ha instado a las autoridades de transición sirias a garantizar que "estos esfuerzos se lleven a cabo de manera transparente, imparcial e inclusiva, de conformidad con los estándares internacionales de justicia". "Es esencial que los organismos internacionales pertinentes, así como las organizaciones de la sociedad civil siria e internacional, se asocien plenamente a estos esfuerzos", ha agregado.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha sostenido que el establecimiento de dichas comisiones es un "paso fundamental para construir un futuro mejor para todos los sirios" y ha afirmado que "la justicia transicional es vital para lograr la paz y la reconciliación a largo plazo" entre la población siria.

"Toda víctima y comunidad afectada tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, así como a la garantía de que las violaciones y abusos del pasado no se repetirán. Es imperativo que la Comisión Nacional de Justicia Transicional considere con imparcialidad las violaciones y abusos cometidos por todos los actores, mediante un proceso inclusivo y centrado en las víctimas, con la participación efectiva y significativa de la sociedad civil", ha declarado.

Turk ha afirmado que su oficina está "preparada" para brindar el apoyo "necesario" a cada una de estas comisiones y para "asistir los esfuerzos de todos los actores pertinentes, incluida la sociedad civil y las víctimas, para este fin, así como para seguir respaldando los esfuerzos encaminados a cumplir con las obligaciones internacionales más amplias de Siria en materia de Derechos Humanos".

"La Unión Europea acoge con satisfacción la formación de la Autoridad Nacional para la Justicia Transicional y la Autoridad Nacional para las Personas Desaparecidas en Siria. Se trata de un paso importante hacia la justicia integral y la verdad que el pueblo sirio merece", dijo en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior.

La diplomacia comunitaria subrayó que "los esfuerzos en materia de justicia transicional son fundamentales para sentar las bases de la reconciliación y una paz duradera en Siria".

"Investigar el destino de todas las personas desaparecidas será un paso crucial para aportar consuelo a las familias y comunidades afectadas", añadió el Servicio Europeo de Acción Exterior.

La Unión Europea pidió a las autoridades de transición en Siria que garanticen "que estos esfuerzos se lleven a cabo de manera transparente, imparcial e inclusiva, conforme a las normas internacionales de justicia".

"Es esencial que los organismos internacionales pertinentes, así como las organizaciones de la sociedad civil siria e internacional, estén plenamente implicados en estos procesos", agregó la diplomacia comunitaria, que subrayó que la UE "continúa apoyando al pueblo sirio en su camino hacia la paz, la estabilidad y la justicia".

Decenas de miles de personas han muerto o desparecieron durante las más de cinco décadas de gobierno de la familia Al Asad, en su mayoría durante los años de conflicto interno iniciado en 2011 contra el gobierno de Bachar al Asad, (hijo de Hafez al Asad, 1971-2000), y que acabo con su régimen en diciembre pasado.

Naciones Unidas ha llamado en varias ocasiones en los últimos meses a que los responsables de violaciones de derechos humanos en Siria rindan cuentas tras la caída de Al Asad, considerando "crucial" la justicia transicional en la nueva Siria. EFE

La "Comisión Nacional de Justicia Transicional" se ocupará de "descubrir las graves violaciones cometidas por el régimen anterior y exigir cuentas a los responsables en coordinación con las autoridades pertinentes", dice el decreto emitido por la Presidencia Siria.

El documento indica que la comisión también "será responsable de garantizar la reparación del daño sufrido por las víctimas y establecer los principios de no repetición, así como la reconciliación nacional".

Subrayó asimismo que esta entidad "gozará de independencia financiera y administrativa y actuará en todo el territorio sirio".

Decenas de miles de personas han muerto o desparecieron durante las más de cinco décadas de gobierno de la familia Al Asad, en su mayoría durante los años de conflicto interno iniciado en 2011 contra el gobierno de Bachar al Asad, (hijo de Hafez al Asad, 1971-2000), y que acabo con su régimen en diciembre pasado.

Naciones Unidas ha llamado en varias ocasiones en los últimos meses a que los responsables de violaciones de derechos humanos en Siria rindan cuentas tras la caída de Al Asad, considerando "crucial" la justicia transicional en la nueva Siria. EFE

El nuevo Gobierno de Siria anunció este sábado la creación de dos comisiones que serán clave para dar respuesta a la población, tras más de una década de crímenes contra civiles, así como para garantizar el apego de las autoridades con los compromisos asumidos.

Según se lee en un decreto Ejecutivo, los nuevos líderes sirios dispusieron la conformación de un organismo nacional para las personas desaparecidas y otro para la justicia transicional, a cinco meses de haber llegado al poder tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad.

Ambos tendrán “independencia financiera y administrativa” y su competencia se extenderá a todo el territorio nacional, con el objetivo de identificar a los responsables de los crímenes de la era dictatorial y encaminar al país en un sendero de orden y legalidad.

Con el estallido de la guerra civil en 2011, las fuerzas de al-Assad reprimieron violentamente a los civiles que se manifestaban en su contra, derivando en la muerte, detención y desaparición de decenas de miles de personas. Hasta el día de hoy, de hecho, se desconoce qué fue de muchas de ellas.

Sin embargo, al llegar a Damasco el 8 de diciembre pasado, al Shara se comprometió a hacer justicia en todos estos casos y a responsabilizar a quienes estuvieron detrás de estos actos, que en muchos casos incluyeron el empleo de armamento pesado y sustancias químicas.

Inclusive, la Constitución de transición firmada en marzo -que tiene vigencia por cinco años- establece esta como una de las prioridades de la gestión.

Así, la Comisión para los desaparecidos se encargará de “investigar y descubrir el destino de los desaparecidos y desaparecidos forzosos, documentar los casos, crear una base de datos nacional y proporcionar apoyo jurídico y humanitario a sus familias”, mientras que la de la justicia transicional se enfocará en “esclarecer la verdad sobre las graves violaciones cometidas por el antiguo régimen”.

En el marco de sus tareas, deberán hacer que los responsables rindan cuentas, “en coordinación con las autoridades competentes, reparar el daño causado a las víctimas y establecer firmemente los principios de no repetición y reconciliación nacional”, detalla el decreto.

Asimismo, el documento insiste en “la necesidad de alcanzar una justicia transicional como pilar fundamental para la constitución de un Estado de Derecho, la garantía de los derechos de las víctimas y el logro de una reconciliación nacional integral”.

Desde su llegada al poder, el nuevo liderazgo de facto en Siria se enfrenta al desafío de reconciliar a una sociedad que, durante más de diez años, vivió en un contexto de guerra civil y represión. A ello se suman, además, las condiciones propias de un contexto tal, como el debilitamiento de las instituciones del Estado y la crisis económica, que dificultan aún más la situación.

En un intento por tomar distancia de su antecesor, al Shara aseguró que trabajará por la unidad del pueblo, la inclusión de las minorías y la búsqueda de respuestas a todos los crímenes cometidos en el pasado.

La ONU celebró esta postura y destacó que su exitosa ejecución será clave, dado que no se puede reconstruir un país que carece de “un sistema que espete los derechos humanos y la dignidad de todos”.

“Cualquier transición política debe garantizar que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos paguen por sus actos, que la evidencia sea preservada con cuidado para su futuro uso y que el aparato de seguridad se reforme de manera adecuada”, apuntó a comienzos de año el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk.

(Con información de AFP y EFE)

La Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de detención contra Úber Enrique Banquez, conocido como “Juancho Dique”, excomandante del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión se fundamenta en una condena por falso testimonio y fraude procesal, lo que, según el alto tribunal, incumple los requisitos establecidos en la Ley de Justicia y Paz para mantener su libertad.

Banquez, que se desmovilizó en 2005, calificó esta medida como una persecución política y una violación a su debido proceso.

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“Yo no he seguido delinquiendo”, repitió varias veces durante la conversación. “Ese proceso (de falso testimonio) ocurrió dentro del marco del conflicto. Lo que están haciendo conmigo es una persecución”, aseguró Banquez.

El fallo, emitido el 5 de marzo de 2025, confirma que no procede sustituir la medida de aseguramiento contra Banquez, argumentando que este incurrió en delitos dolosos tras su desmovilización.

La Corte Suprema destacó que la imputación en su contra es suficiente para negar los beneficios contemplados en el marco del proceso transicional.

En una entrevista con La W Radio, Banquez expresó su inconformidad con la decisión, afirmando que “es más fácil hacer la guerra que hacer la paz” y señaló que enfrenta una “judicialización política” que busca excluirlo del proceso de Justicia y Paz.

La condena que sustenta esta decisión fue dictada en octubre de 2024 por el Juzgado 22 Penal de Bogotá, que sentenció a Banquez a 10 años y 3 meses de prisión.

Según el fallo, el excomandante paramilitar mintió bajo juramento en 2008 para favorecer al exsenador Javier Cáceres Leal, que fue condenado en 2012 por sus vínculos con grupos paramilitares.

Aunque la sentencia aún no está en firme debido a una apelación, la Corte Suprema consideró que la gravedad de los hechos justifica la restricción de su libertad.

Banquéz ha defendido su inocencia, argumentando que sus declaraciones en 2008 fueron producto de coacción y amenazas recibidas durante su reclusión.

En la entrevista con el medio citado, aseguró que desde 2007 comenzó a ser presionado para no implicar a políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública en sus testimonios.

“Yo no he seguido delinquiendo”, insistió Banquéz, que también afirmó que ha cumplido con los compromisos del proceso de Justicia y Paz, enfocados en la verdad, la reparación y la resocialización.

“En 2007 comenzó mi calvario, cuando me visitaban en la cárcel para que no hablara de políticos, empresarios o miembros de la fuerza pública”, afirmó alias Juancho Dique durante la entrevista con La W.

El excomandante de las AUC también denunció lo que considera un trato desigual hacia algunos desmovilizados, señalando que su caso refleja un “doble rasero” en la aplicación de la justicia transicional.

“Yo elegí el camino del sistema de justicia, pero ahora el mismo sistema me encierra. No puede ser”, declaró. A pesar de la decisión judicial, Banquéz informó que ha interpuesto una tutela contra la providencia y manifestó su disposición a entregarse si su apelación no prospera.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema subrayó que Banquéz faltó a la verdad en un proceso penal con el objetivo de desvincular al exsenador Cáceres de sus nexos con las AUC.

Según el tribunal, este comportamiento constituye un incumplimiento de los requisitos para acceder a beneficios futuros en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que exige a los desmovilizados abstenerse de cometer nuevos delitos.

“Presuntamente faltó a la verdad al interior de un proceso penal, en aras de favorecer o desvincular a un exsenador de la República de sus nexos con la organización paramilitar, por lo que esta Corte compulsó copias para que fuera investigado”, dice el fallo emitido por la Corte Suprema.

El caso de Banquéz pone de relieve las tensiones y desafíos en la implementación de los procesos de justicia transicional en Colombia.

Mientras el excomandante insiste en que ha sido víctima de presiones y amenazas, las autoridades judiciales consideran que su conducta posterior a la desmovilización compromete la credibilidad de su participación en el proceso de paz.

El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, que ofició como jefe de seguridad del expresidente de la República Álvaro Uribe, enfrenta un incidente de incumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que podría conllevar su expulsión de este tribunal transicional. Lo anterior, debido a que a juicio de los magistrados de este organismo, el exalto oficial no ha hecho aportes significativos de verdad.

Frente a este proceso, la defensa de Santoyo, en un documento de tres páginas enviado a la JEP y que fue revelado el lunes 12 de mayo de 2025 por Blu Radio, argumentó que su cliente ha cumplido con su obligación de aportar a los procesos que tiene en curso y solicitó que se reconozcan las pruebas presentadas en los casos en su contra. Una dura respuesta frente a la postura de la jurisdicción, que advirtió que el exuniformado está poniendo en riesgo el sometimiento aprobado el 17 de septiembre de 2021.

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El incidente, según se precisó, surgió luego del concepto del tribunal de que Santoyo no ha ofrecido información sustancial sobre los crímenes por los cuales es investigado, entre los que se incluyen los casos relacionados con desapariciones forzadas y alianzas con grupos paramilitares. En ese sentido, el general (r), que fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es investigado en Colombia por las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, ambos defensores de derechos humanos.

En el documento referido por el citado medio, su abogado pidió que se valoren los aportes entregados por Santoyo -que se encuentra privado de la libertad- a lo largo de esta etapa judicial. En palabras de la defensa, se pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que “se dé valor probatorio a todas sus aserciones y los anexos que ha allegado con sus solicitudes o respuestas a cada uno de los requerimientos de la Jurisdicción”, al destacar los esfuerzos hechos desde su reclusión para garantizar estas contribuciones.

Los argumentos de la defensa de Mauricio Santoyo en respuesta a la JEP

Asimismo, en su escrito, la defensa del general (r) Santoyo sostuvo su inocencia en los crímenes por los que se le investiga en el país, al indicar que no se puede exigir a una persona que confiese hechos en los que no estuvo involucrada. “Una persona que no ha tenido participación alguna en un hecho no puede, así lo constriñan en contra de su voluntad, dar razones o aportar circunstancias detalladas y concretas respecto de esos hechos que no conoce”, se le leyó en el documento, revelado por Blu Radio, y con el que se trató de precisar que las acusaciones de incumplimiento no serían ciertas.

Es válido destacar que el general retirado desempeñó diversos cargos clave dentro de la Policía Nacional, como el de subdirector antisecuestro y antiextorsión, entre diciembre de 1999 y mayo de 2001; al igual que comandante del cuerpo élite antiterrorista en Medellín durante 2001. Asimismo, tras esta labor, fue designado como jefe de seguridad del expresidente Uribe entre 2002 y 2005; en funciones que hoy siguen siendo objeto de investigaciones por parte de la justicia.

“Si se le está pidiendo un imposible a mi representado, en tanto debe dar cuenta de detalles que no conoce por no haber tenido participación en el hecho, no puede, por ello, desconocerse sus derechos fundamentales”, se añadió por parte de la defensa, que indicó que se podría estar incurriendo en un uso arbitrario de las facultades legales otorgadas a los magistrados si se exige información basada en rumores y/o conjeturas.

El exalto oficial fue extraditado a Estados Unidos en 2012 y condenado por colaborar con grupos paramilitares en el tráfico de drogas. Tras cumplir su sentencia en ese país, regresó a Colombia, a enfrentar este nuevo capítulo judicial, que lo vincula esta vez a la justicia transicional que fue creada en 2017, tras el Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En caso de que se determine que no entregó verdad a la JEP, la decisión podría ser la de su exclusión del proceso que avanza en el tribunal.

Y es que según plantean los defensores de Santoyo, “la diferencia entre un real conocimiento y algo que debería saber por qué en su juicio arbitrario y subjetivo le parece a los magistrados, es la diferencia entre administrar justicia con independencia reglada o hacer uso y abuso arbitrario de las facultades”.

"La UE pide el fin de la violencia en el país, la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria y el respeto a las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en toda circunstancia", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

En el mismo, el bloque comunitario pidió también que se permita el acceso a la zona de los organismos de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a investigar los hechos.

La UE reaccionó así a los enfrentamientos que desde la semana pasada están teniendo lugar en el sur de Siria, en particular en la región de Sueida, de mayoría drusa, a raíz de la difusión de una grabación con insultos al profeta Mahoma falsamente atribuida a un líder druso y que se han ido extendiendo a otros puntos del país con una concentración de población drusa.

Tras lo ocurrido, las fuerzas de seguridad sirias tomaron el control de las zonas conflictivas y finalmente las autoridades anunciaron la consecución de un acuerdo "preliminar" con representantes drusos para poner fin a los enfrentamientos, sobre los que no han ofrecido un balance total de víctimas.

Este mismo miércoles al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un ataque contra fuerzas oficialistas.

La UE consideró que estos incidentes "subrayan la necesidad de que las autoridades de transición cumpla su responsabilidad de mantener el orden y proteger a la población en toda Siria" y son un recordatorio de la urgencia de los esfuerzos de reconciliación y la justicia transicional "como único camino hacia una transición pacífica e inclusiva".

Asimismo, llamó a "todos los actores externos a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Siria, en particular a la vista de los recientes ataques de incursiones de Israel" que, afirma en su comunicado, amenazan con "socavar la estabilidad, exacerbando las tensiones sectarias y poniendo en peligro la transición".

"Urgimos a Israel a respetar los términos del Acuerdo de Retirada de las Fuerzas de 1974", dijo la UE, en referencia al pacto de separación entre los territorios de los Altos del Golán ocupados por Israel y el territorio controlado por el Gobierno Sirio.

Según Naciones Unidas, Israel habría violado este acuerdo al ocupar este año posiciones en los Altos del Golán que estarían o en la zona en teoría desmilitarizada entre ambas partes o ya en territorio sirio.

"La UE sigue comprometida con el apoyo a una transición pacífica e inclusiva, libre de interferencias extranjeras perjudiciales, que garantice los derechos de todos los sirios sin distinción de ningún tipo", dijo el portavoz. EFE

La obra "Pasado, presente y futuro de la justicia transicional", de casi 500 páginas, ha sido promovida por la Conferencia de ministros de Justicia de los países iberoamericanos (COMJIMB), el Consejo General del Notariado de España y la Fundación Notariado, y su portada es una poderosa imagen de 'Los fusilamientos del 3 de mayo' de Francisco de Goya; contiene, además, media docena de ilustraciones prestadas por el Museo del Prado y relacionadas con la idea del conflicto.

El libro consiste en una selección de artículos de una veintena de autores iberoamericanos: exgobernantes o exministros, filósofos, humanistas y profesores universitarios involucrados de uno u otro modo en transiciones políticas en sus países.

Comienza con unas palabras introductorias del difunto Papa Francisco y un prólogo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que intervino en el acto por videoconferencia y estableció los cuatro principios que deben fundamentar todos los procesos de justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Uno de los 'ideólogos' intelectuales de la justicia transicional, el profesor estadounidense Joseph Weiler de la Universidad de Harvard, llegó a afirmar que "Latinoamérica es, en cierto modo, laboratorio del mundo" en este ámbito, y subrayó que las enseñanzas que se pueden extraer de una correcta justicia transicional son aplicables incluso a las relaciones personales, y puso como ejemplo -entre bromas y veras- los procesos de divorcio, que mejorarían mucho si se aplican esos cuatro grandes principios.

Para Weiler, Europa proporciona ejemplos perfectos de lo que no debe ser una transición -la conclusión de la Primera Guerra Mundial, donde primó el espíritu vengativo-, pero también de lo que sí debe ser, pues la Segunda Guerra Mundial terminó con una voluntad real de reconciliación expresada en el Tratado de París (1947), que garantizó a Europa su periodo más largo de paz en toda su historia.

El secretario general del COMJIMB, el colombiano Enrique Gil Botero, subrayó que "una justicia imperfecta es mejor que una guerra perfecta", y esa es la esencia misma de la justicia transicional, y subrayó que la idea que debe presidir su realización es que sea "un proceso colectivo que requiere consenso civil" y que "tome en cuenta las voces de las víctimas".

El jurista y exministro peruano Diego García Sayán se refirió a las reticencias que presentan las 'comisiones de la verdad' entre quienes consideran que "reabren heridas", y destacó su papel constructivo siempre que logren "individualizar e identificar a las víctimas" para que se sientan representadas en esos procesos.

Todos los ponentes insistieron en que la justicia transicional debe incluir procesos de "arrepentimiento" como "reconocimiento del daño", y destacaron que para muchas víctimas eso es tanto o más importante que la reparación monetaria por los daños.

El vicepresidente de la Fundación Notariado español, Manuel Seda, explicó a EFE la implicación de su organismo en este proyecto: primero, porque el notariado "tiene una función preventiva importante: evitar el conflicto", y segundo, porque el notariado español ha liderado toda una generación de notarios latinoamericanos y una forma de entender su labor constructiva ante los distintos conflictos. EFE

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- La Universidad Columbia entrega los premios Pulitzer, que distinguen la excelencia en periodismo, música, literatura y teatro.

- El juicio contra el rapero Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado comienza en Nueva York con la selección del jurado. (video) (infografía)

- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúne con el rey de Jordania, Abdalá II.

- Presentación en la ONU del libro "Pasado, presente y futuro de la justicia transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz". (foto) (video)

- Se lleva a cabo la Met Gala, uno de los grandes eventos de moda de EE.UU. (foto) (video)

- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York presenta la exposición 'Superfine: Tailoring Black Style', que inspira la Met Gala. (foto) (video)

- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una Asamblea General extraordinaria para elegir a la secretaria general adjunta del organismo para el período 2025-2030.

- Ford publica los resultados financieros del primer trimestre del año.

- El Miami Dade College (MDC) lanza el nuevo programa de pasantías en startups. (foto) (video)

- La actriz y diseñadora Lisa Wu devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (video)

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile cívico militar del 163º aniversario de la Batalla de Puebla, en un acto de reivindicación de la soberanía del país en medio de las tensiones con EE.UU. (foto) (video)

- Las organizaciones Plan International y Save the Children presentan los resultados de la investigación ‘Niñez no acompañada: riesgos y violencias en la ruta migratoria por México’. (foto) (infografía)

- Las perspectivas de la economía de México se deterioran por la incertidumbre de los aranceles.

- La escritora argentina Gabriela Cabezón, de visita en México, habla con EFE sobre ‘Las Moiras’, el grupo de mujeres latinoamericanas del que es embajadora y que pretende impulsar la literatura femenina. (foto) (video)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)

ARGENTINA

- Previa de la nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

- A un año de su fallecimiento, Argentina recuerda este lunes a César Luis Menotti, entrenador de la 'Albiceleste' en su primer triunfo mundialista (1978), impulsor de un estilo de juego que llegó hasta la actualidad y considerado por muchos como el gran "refundador" del fútbol del país suramericano. (foto) (video)

VENEZUELA

- El candidato a diputado del Parlamento de Venezuela Henrique Capriles ofrece una rueda de prensa en Maracaibo sobre el panorama político en el país. (foto) (video)

- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca una "Ruta global por la justicia" con la que acudirán a la Embajada de Colombia para denunciar "violaciones sistemáticas de derechos humanos" en Venezuela. (foto) (video)

COLOMBIA

- El presidente del Senado de Colombia pide a los legisladores que no se dejen amedrentar por lo que él considera presiones del presidente Gustavo Petro para que se apruebe la convocatoria a la consulta popular.

- El expresidente colombiano Álvaro Uribe afronta un interrogatorio presencial en el juicio en su contra por soborno a testigos y fraude procesal. (foto) (video)

- Preocupación en el Gobierno por el llamado 'plan pistola' implementado por organiozaciones criminales y por el que ya han sido asesinados una treintena de policías y militares.

- Las poetas gallegas Berta Dávila, María Lado y María do Cebreiro conversan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) sobre las dificultades a las que se enfrenta la producción literaria en las lenguas periféricas. (foto)

CHILE

- Crónica sobre el inicio de las excavaciones en un cuartel militar ubicado en el Cerro Chea, a las afueras de Santiago, utilizado como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet. (foto)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El rey de España, Felipe VI, llega a Santo Domingo para participar este martes en la clausura del Congreso Mundial del Derecho, entregar el World Peace & Liberty Award a la jueza de la Corte Suprema de EE.UU. Sonia Sotomayor, e inaugurar junto al presidente dominicano, Luis Abinader, una universidad en La Romana. (foto) (video)

- El Congreso Mundial del Derecho aborda en Santo Domingo los retos del mundo actual. (foto) (video)

PERÚ

- Los familiares de los trece trabajadores de una mina de oro en Perú que fueron secuestrados y asesinados esperan en Trujillo que las autoridades entreguen los cuerpos de sus parientes, mientras crecen las voces que critican al Gobierno por su incapacidad para frenar la inseguridad en esta zona. (foto) (video)

URUGUAY

- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, debate en una reunión del Parlamento del Mercosur (Parlasur) los desafíos y las perspectivas del acuerdo entre el bloque suramericano y la Unión Europea. (foto) (video)

- El Ministerio de Ganadería de Uruguay, único país del mundo que tiene todo su ganado identificado y trazado, hace un llamado internacional para el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan actualizar el sistema de trazabilidad creado hace dieciocho años.

- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a la inflación para abril de 2025.

EL SALVADOR

- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entrega detalles de su informe sobre la libertad de prensa en 2024. (foto) (video)

BRASIL

- La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, comenta los preparativos para la COP30 que se realizará en noviembre próximo en la ciudad brasileña de Belém.

COSTA RICA

- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, presenta ante el Congreso su tercer informe anual de labores. (foto)

DEPORTES

Argentina.- Se cumple un año del fallecimiento de César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978 y que marcó un antes y un después en el fútbol del país suramericano. (foto) (video)

Ecuador.- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) celebra sus elecciones para el periodo 2025-2029, en las que el actual presidente, Jorge Delgado, se presenta a la reelección con el campeón olímpico Jefferson Pérez como su candidato a vicepresidente.

Ecuador.- Comentario del partido entre Aucas y Libertad, que cierra la undécima jornada en la primera división del fútbol en Ecuador.

Colombia.- Previa del partido de la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores entre el colombiano Atlético Bucaramanga y el Racing de Argentina.

Bolivia.- Previa del partido entre el San Antonio de Bulo Bulo boliviano y el Peñarol uruguayo, en la cuarta fecha del grupo H de la Copa Libertadores. (foto)

Bolivia.- Previa del partido entre el Nacional Potosí boliviano y el Guaraní paraguayo, en la cuarta fecha del grupo A de la Copa Sudamericana.

Uruguay.- Previa del encuentro que el uruguayo Boston River y el argentino Independiente disputarán por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Perú.- Previa del partido por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores entre el Alianza Lima y el Sao Paulo.

Perú.- Previa del partido por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana entre el Melgar de Arequipa y el Lanús.

Paraguay.- Previa del partido entre el paraguayo Sportivo Luqueño y el argentino Godoy Cruz en la llave D por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. EFE

mesaamerica@efe.com

ma/mf

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- OEA SECRETARÍA.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una Asamblea General extraordinaria para elegir a la secretaria general adjunta del organismo para el período 2025-2030. (foto) (video)

Nueva York.- ONU JUSTICIA TRANSICIONAL.- Presentación en la ONU del libro "Pasado, presente y futuro de la justicia transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz".

Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- El Miami Dade College (MDC) lanza este lunes el nuevo Programa de Pasantías en Startups de Miami, una iniciativa que busca conectar a estudiantes, especialmente de comunidades subrepresentadas, con oportunidades remuneradas en empresas tecnológicas emergentes y pequeñas empresas locales. (foto)(video)

Nueva York.- PREMIOS PULITZER.- Entrega de los premios Pulitzer por parte de la Universidad Columbia, que distinguen la excelencia en periodismo, música, literatura y teatro. (video)

Nueva York.- SEAN DIDDY.- El juicio contra el rapero Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado comienza hoy en Nueva York con la selección del jurado, mientras el artista permanece detenido sin derecho a fianza. (foto) (video)

Nueva York.- EEUU MODA.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York presenta la exposición 'Superfine: Tailoring Black Style', que inspira la Met Gala, sobre los dandis negros y su influencia en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, que se ubica en América, Gran Bretaña y el Caribe. (foto) (video)

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La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP que los "halló máximos responsables de crímenes de lesa humanidad como asesinato, desaparición forzada, traslado forzado de población y otros actos inhumanos", dijo el magistrado Raúl Sánchez.

Además de Catatumbo, también fueron imputados Édgar López, alias 'Pacho Chino' y Juan Carlos Ramírez, alias 'Sargento Pascuas', entre otros.

Los imputados pertenecieron al Bloque Occidental, al Bloque Móvil Arturo Ruiz, al Frente 6, a la Columna Móvil Miller Perdomo y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

El magistrado los acusó además de cometer crímenes de guerra como "homicidio, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento y destrucción del medio ambiente".

Los imputados fueron llamados a reconocer su responsabilidad en 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos investigados en 14 poblaciones de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, dentro del Caso 05.

Ese caso investiga la situación de violencia en esa parte del país, el cual tiene el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP con más de 200.000 personas y 138 organizaciones.

La Sala llegó a esta decisión luego de una contrastación judicial que incluyó, entre otros, el análisis de 20 informes de organizaciones de víctimas, siete versiones colectivas, 50 versiones individuales y los informes de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como decisiones de la Corte Constitucional.

Así mismo, analizó 130 observaciones de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación a lo dicho por los comparecientes ante la JEP, tribunal creado al amparo del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Como parte de la investigación, se incluyeron versiones contrastadas con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana.

Para el esclarecimiento de los hechos mencionados en esta investigación, la Sala de Reconocimiento además llevó a cabo versiones voluntarias colectivas y de construcción de la verdad.

En cada una de estas diligencias, los desmovilizados entregaron a la JEP y a las víctimas documentos de aporte temprano a la verdad y realizaron actos restaurativos en los que reconocieron afectaciones causadas frente a delegados de las víctimas indígenas, afrocolombianas y campesinas, agregó ese tribunal.

La JEP ya ha imputado cargos a los máximos jefes de las FARC por diversos crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En noviembre pasado, por ejemplo, imputó a seis exintegrantes del último Secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', como "máximos responsables" por el reclutamiento forzado de 18.677 niños principalmente entre 1996 y 2006. EFE

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Damasco, 30 ene (EFE).- El recién designado presidente de Siria para la transición, Ahmed al Sharaa, anunció este jueves en un discurso televisado la creación de un comité preparatorio con el objetivo de escoger un consejo legislativo para cubrir el vacío hasta la formación de un nuevo gobierno.

"Anuncio un comité preparatorio para seleccionar un pequeño consejo legislativo que llene este vacío en el período transitorio", afirmó Al Sharaa, tras garantizar que trabajarán para formar un gobierno de transición "integrador" que "refleje la diversidad de hombres, mujeres y jóvenes de Siria".

El presidente sirio apuntó que "en los próximos días" anunciarán el comité preparatorio de la Conferencia de Diálogo Nacional, que será "una plataforma directa para deliberaciones, consultas y escuchas de diversos puntos de vista" sobre su próximo programa político.

Aseguró que, después de completar estos pasos, anunciarán "la declaración constitucional que será la referencia jurídica para la fase de transición".

Al Sharaa afirmó también que durante este periodo de transición se centrarán en abordar cinco puntos que consideró como sus prioridades, entre las que se encuentran lograr la paz civil y perseguir a los criminales "que derramaron sangre siria y cometieron masacres", estén escondidos en el país o exiliados, mediante "justicia transicional".

A estos puntos agregó el objetivo de cumplir con la unidad de todo el territorio sirio e imponer su soberanía bajo una sola autoridad, en alusión a los territorios sirios más allá de la zona desmilitarizada de los Altos del Golán ocupados por el Ejército de Israel tras la caída de Bachar al Asad.

Al Sharaa reiteró su intención de construir instituciones estatales fuertes "basadas en la eficiencia y la justicia, sin corrupción, favoritismo, ni soborno" y de sentar las bases para una economía fuerte, tanto para restablecer su posición internacional como para ofrecer una vida digna a la ciudadanía.

El presidente sirio concluyó su declaración animando a toda la sociedad a participar en la reconstrucción de la nación y prometiendo prosperidad y progreso.

Esta intervención se da un día después de anunciar su designación como presidente de Siria durante el periodo de transición, así como la disolución de las facciones militares para su integración bajo un mismo mando dentro del Ministerio de Defensa, y la extinción del Partido Baaz, de Bachar al Asad, junto a la prohibición de volver a constituirse incluso bajo otras denominaciones. EFE

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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, advirtió que la reciente ola de violencia armada en Colombia, impulsada por el llamado plan pistola del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, ha generado un impacto significativo en las labores de justicia transicional y en la búsqueda de desaparecidos.

Estos ataques han dejado un saldo de 27 policías y militares asesinados en diversas regiones del país, lo que llevó al magistrado a realizar un llamado urgente para “repensar la paz” en el país.

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“Hay que repensar la paz en Colombia, que efectivamente ese ciclo de violencia que no se pudo cerrar, infortunadamente con el acuerdo de 2016, hay que cerrarlo de alguna manera porque quien está sufriendo es la población civil y efectivamente, si no hay una adecuada garantía de seguridad en esos territorios para la población frente a ese tipo de ataques, pues se van reproduciendo”, dijo el magistrado de la JEP en entrevista con La FM se RCN.

Así mismo, Alejandro Ramelli señaló que estos homicidios constituyen graves violaciones a los derechos humanos y son considerados crímenes de guerra bajo el derecho internacional.

Explicó que las víctimas de estos ataques, en su mayoría miembros de la fuerza pública, se encontraban fuera de servicio o en condiciones de indefensión, lo que agrava la naturaleza de los delitos.

“Desde el punto de vista jurídico, este tipo de delitos son crímenes de guerra, porque se cometen contra personas que están fuera del servicio. Son violaciones muy graves al derecho internacional humanitario y, por tanto, no son amnistiables”, afirmó el magistrado.

El presidente de la JEP también destacó que la violencia armada no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene repercusiones profundas en el trabajo de la jurisdicción. Según explicó, las alteraciones del orden público han dificultado el acceso a zonas donde se llevan a cabo labores esenciales, como la búsqueda de restos de desaparecidos y la implementación de sanciones propias para los comparecientes.

“Esas alteraciones dificultan nuestras labores para llegar a zonas específicas, por ejemplo, en temas de búsqueda de desaparecidos. También complican la ejecución de sanciones en terreno”, indicó Ramelli.

La JEP, que opera como una jurisdicción itinerante, depende de la posibilidad de desplazarse a las regiones más afectadas por el conflicto armado para cumplir con su mandato. Sin embargo, Ramelli advirtió que en varias zonas del país no existen garantías de seguridad suficientes para que los equipos de la jurisdicción puedan realizar su trabajo.

“Tenemos un sistema de monitoreo constante y hay regiones donde se nos dice claramente: ‘No pueden ir a determinada zona porque no hay garantías de seguridad’. Eso, evidentemente, afecta nuestra labor judicial”, explicó.

El magistrado subrayó que la falta de seguridad en los territorios no solo limita el acceso de la JEP, sino que impide que las víctimas del conflicto armado puedan ser escuchadas y que los responsables rindan cuentas en las zonas más golpeadas por la violencia.

En este contexto, Ramelli insistió en la necesidad de reforzar la presencia institucional en las regiones históricamente olvidadas, donde los actores ilegales continúan ejerciendo control territorial.

El llamado del presidente de la JEP se produce en un momento crítico para el proceso de paz en Colombia, que enfrenta serios desafíos debido al resurgimiento de formas de violencia como el “plan pistola”.

El presidente de la JEP reiteró que, aunque la entidad está comprometida con avanzar en su mandato, el proceso de justicia transicional no puede desarrollarse plenamente sin un entorno seguro que facilite el acceso a los territorios.

En este sentido, instó al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto y a mantener el enfoque de justicia restaurativa, adaptándose a las condiciones actuales.

“Debemos cerrar ese ciclo de violencia pendiente. La paz no puede darse por sentada, hay que construirla todos los días”, concluyó Ramelli en su entrevista con La FM.

La situación actual refleja los retos persistentes en la implementación del proceso de paz en Colombia, donde múltiples actores armados continúan desafiando la estabilidad y la seguridad en varias regiones del país.

El llamado del presidente de la JEP busca generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad y avanzar en la construcción de una paz sostenible, en beneficio de las comunidades más vulnerables y de las víctimas del conflicto armado.

Túnez, 30 ene (EFE).- El juez de instrucción del departamento financiero tunecino prolongó cuatro meses más la prisión preventiva para Sihem Ben Sedrine, expresidenta de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), hospitalizada por el deterioro en su salud debido a la huelga de hambre, confirmaron este jueves a EFE fuentes familiares.

Detenida en agosto de 2024 en una investigación por supuesta falsificación en el informe final de dicho organismo, pieza clave de la Justicia transicional en Túnez, Ben Sedrine no ha sido interrogada hasta el momento, critican defensores de derechos humanos que cuestionan la legitimidad del proceso.

"Su permanencia en prisión está injustificada y demuestra la existencia de represalias por su labor en la justicia transicional", declaró a EFE su esposo, Omar Mestiri, sobre su labor en la comisión que investigó las violaciones durante la dictadura.

"Estamos presenciando una justicia punitiva dirigida por aquellos que Ben Sedrine intentó llevar ante los tribunales por crímenes cometidos durante la dictadura", valoró Mestiri.

Ben Sedrine, de 74 años, se encuentra actualmente hospitalizada por el deterioro en su salud después de iniciar una huelga de hambre el pasado 14 de enero.

Según su pareja, su estado es "inquietante", ya que presenta complicaciones metabólicas derivadas de una deshidratación severa.

Familiares y abogados no han podido visitarla, una situación que, según organizaciones de derechos humanos, constituye una violación de sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a una defensa adecuada.

Según Elyes Ben Sedrine, su abogado defensor y miembro de Avocats Sans Frontières, el caso se remonta a marzo de 2021, tras lo que se intensificaron los procedimientos judiciales con la publicación oficial del informe de la IVD.

Dicho informe documentaba graves violaciones de derechos humanos y delitos financieros cometidos en Túnez entre 1955 y 2013, e incluía expedientes contra responsables de seguridad por abusos graves.

"Nada justifica su privación de libertad, especialmente estando hospitalizada. El juez tenía la opción de dejarla en libertad bajo arresto domiciliario, ya que tenía prohibido del país desde 2021" sin embargo el pasado martes amplió la prisión preventiva, afirmó a EFE.

En cuanto a los próximos pasos, el abogado confirmó que pedirán su liberación y requerirán que los jueces de instrucción la interroguen.

"Esto es un ataque contra la justicia transicional, más allá de la figura que representa Sihem", valoró. EFE

Damasco, 29 ene (EFE).- La nueva administración siria aseguró a una delegación rusa, de visita en Damasco, que para restablecer las relaciones entre los dos países, antes estrechos aliados bajo el depuesto presidente Bachar al Asad, se deben "abordar los errores del pasado", informaron este miércoles fuentes oficiales.

La nueva administración siria subrayó que "el restablecimiento de las relaciones debe abordar los errores del pasado, respetar la voluntad del pueblo sirio y servir a sus intereses", según un comunicado oficial de la administración siria, acompañado de una fotografía del líder de facto de Siria, Ahmed al Sharaa, y el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Bogdánov, estrechándose la mano.

Las conversaciones mantenidas durante la reunión se centraron en "cuestiones clave, entre ellas el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Siria", y la administración siria hizo hincapié en su compromiso de "colaborar con todas las partes interesadas con arreglo a unos principios para construir un futuro para Siria basado en la justicia, la dignidad y la soberanía", en alusión al rechazo de las nuevas autoridades a buscar venganza sobre los miembros del derrocado régimen de Al Asad.

Por su parte, la delegación rusa subrayó su "apoyo a los cambios positivos que se están produciendo en Siria", de acuerdo al comunicado, que añadió que el diálogo puso de relieve "el papel de Rusia en la reconstrucción de la confianza con el pueblo sirio a través de medidas concretas como la indemnización, la reconstrucción y la recuperación".

Ambas partes, igualmente, entablaron conversaciones sobre los "mecanismos de justicia transicional destinados a garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de la brutal guerra librada por el régimen de Al Asad", exiliado en Moscú desde que fue derrocado el pasado 8 de diciembre.

Rusia ha declarado que su embajada en Damasco no ha cerrado las puertas y que mantiene contactos "diarios" con las nuevas autoridades sirias, aunque guarda silencio sobre la situación en torno a las bases militares rusas en el país árabe, cruciales para la política exterior del Kremlin en Oriente Medio y el norte de África.

A finales del pasado año, el presidente ruso, Vladímir Putin, negó que la caída de Al Asad supusiera una derrota estratégica para Rusia en el país árabe.

La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó en diciembre una ley que permite excluir de la lista de organizaciones terroristas al Organismo de la Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham), cuyo líder es Al Sharaa. EFE

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Las nuevas autoridades de Siria han reiterado este martes ante el viceministro de Exteriores de Rusia, Mijaíl Bogdánov, que el restablecimiento de las relaciones entre los dos países debe pasar por "la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas" de Bashar al Assad, huido a Moscú tras ser derrocado en diciembre de 2024, mientras las autoridades rusas tratan de preservar el control de sus bases militares en territorio sirio.

"La nueva administración también ha enfatizado que el restablecimiento de las relaciones debe abordar los errores del pasado y respetar la voluntad del pueblo sirio y servir a sus intereses", ha señalado el Mando General de Siria en un comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha mencionado la necesidad de que el Gobierno de Rusia adopte "medidas concretas como la indemnización, la reconstrucción y la recuperación".

El líder 'de facto' de Siria, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani, ha trasladado estas peticiones a Bogdánov durante un encuentro que ambos han mantenido en la capital siria, Damasco, en la que ha sido la primera visita al país árabe de un representante de Rusia --apoyo esencial de Al Assad durante la guerra-- desde que el presidente sirio fuera evacuado a Moscú tras la ofensiva relámpago llevada a cabo por fuerzas opositoras, encabezadas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

"Las dos partes han entablado conversaciones sobre los mecanismos de justicia transicional destinados a garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de la brutal guerra del régimen de Assad", reza la nota.

Por su parte, el representante ruso ha asegurado ante la prensa que el futuro de las bases militares del país en territorio sirio "requiere negociaciones adicionales" y que "nada ha cambiado" en torno a esta cuestión. "Acordamos continuar las consultas detalladas sobre cada tema de nuestra cooperación", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Asimismo, Bogdánov ha transmitido a las autoridades sirias su "gratitud por el hecho de que nuestros ciudadanos e instalaciones no resultaron dañados durante los últimos eventos". "Expresamos nuestra esperanza de que esta política continúe y que nuestros intereses en Siria no se vean afectados", ha señalado.

Las autoridades rusas han abogado por un proceso de conversaciones con Damasco para intentar preservar el control de la base aérea de Hmeimim y la base naval de Tartús, de importancia estratégica para sus intereses y hasta ahora protegidas bajo el régimen de Al Assad.

Bogotá, 28 ene (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió este martes a cinco instituciones estatales colombianas investigar el paradero de 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos durante el conflicto armado.

El tribunal de justicia transicional, creado por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016, "hizo este llamado a más de cinco instituciones del Estado, a las cuales les solicitó información que permita esclarecer la situación de estas víctimas que fueron incluidas en los listados que el Ministerio de Defensa le entregó a esta Jurisdicción".

En ese sentido la JEP, según detalló en un comunicado, ordenó a la Fiscalía, la Sección de Investigación Criminal (Sijin), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal enviar información que permita avanzar en la identificación y localización de estas personas.

Según las cifras del Ministerio de Defensa, publicadas por la JEP, de los 546 miembros de la fuerza pública desaparecidos, 384 pertenecen al Ejército, 139 a la Policía, 13 a la Fuerza Aeroespacial y 10 a la Armada.

"Aunque el detalle de esta información es de carácter reservado debido a la investigación judicial, su presentación general representa un avance clave en las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer estos casos", agregó el alto tribunal.

El magistrado Raúl Sánchez, que fue quien adoptó esta decisión, señaló que "la búsqueda de los desaparecidos no es solo un acto de justicia, sino un deber ético con quienes dejaron un vacío irreparable en sus familias y en la sociedad".

La JEP también pidió a la Organización Humanitaria Reencuentros (conformada por firmantes de paz) que informe si dispone de datos sobre alguna de estas víctimas o de cualquier detalle sobre lugares de interés forense donde se puedan encontrar los cuerpos de estas personas. EFE

En un esfuerzo por arrojar luz sobre las alianzas entre grupos paramilitares y agentes estatales en el Magdalena Medio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar bajo juramento a Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como alias ‘Macaco’, exlíder del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según informó la JEP, esta diligencia busca profundizar en los mecanismos que permitieron la expansión de este bloque paramilitar y su influencia en procesos electorales y contratos públicos en la región.

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De acuerdo con el fallo emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, la declaración de alias ‘Macaco’ se da en medio del Caso No. 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles en asociación con grupos paramilitares.

Este caso también abarca delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado colombiano.

Según detalló la JEP, el objetivo principal es determinar cómo estas alianzas permitieron la consolidación del control territorial y político en la región, así como la financiación de actividades ilegales mediante prácticas como cobros indebidos a contratistas de Ecopetrol, entrega de cuotas de empleo y el hurto de combustibles.

El Bloque Central Bolívar (BCB), liderado por alias ‘Macaco’, desempeñó un papel crucial en la consolidación del paramilitarismo en el Magdalena Medio entre 1996 y 2006. Durante este período, se habrían establecido pactos con agentes estatales que facilitaron la incursión y operación de esta estructura armada en la región.

El testimonio de Carlos Mario Jiménez es considerado clave para esclarecer los vínculos entre los paramilitares y la fuerza pública, así como para identificar las redes de poder que permitieron la financiación y expansión del BCB.

Según consignó la JEP, las víctimas acreditadas en el caso solicitaron que alias ‘Macaco’ explique cómo se estructuraron estas alianzas y qué papel desempeñaron los agentes estatales en la consolidación del control territorial.

Alias ‘Macaco’ deberá responder a un cuestionario que será entregado el viernes 25 de abril. El exjefe paramilitar tendrá un plazo de 15 días calendario para enviar su testimonio, ya sea en formato escrito o en video.

Aunque podrá contar con la asistencia de un defensor, esta declaración no es voluntaria, sino que se trata de un testimonio obligatorio bajo juramento en calidad de testigo.

El documento judicial aclara que esta diligencia tiene carácter probatorio y que cualquier falsedad en las declaraciones podría acarrear consecuencias legales.

Además, el testimonio será incorporado al expediente del Caso 08 y estará disponible para observaciones por parte de las víctimas, quienes también podrán proponer preguntas adicionales para el interrogatorio.

Contexto judicial de alias ‘Macaco’

Carlos Mario Jiménez cumple actualmente una condena en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, por múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.

Aunque su extradición a Estados Unidos en 2008 y su posterior regreso a Colombia lo alejaron inicialmente del Sistema Integral para la Paz, la JEP tiene la facultad de citar a declarar a personas no sometidas cuando su testimonio es considerado útil para el esclarecimiento de los hechos.

Según destacó la JEP, esta citación responde a la necesidad de reconstruir la verdad judicial sobre los crímenes sistemáticos cometidos en medio del conflicto armado, especialmente aquellos que involucraron la colaboración entre grupos paramilitares y agentes del Estado.

El testimonio de alias ‘Macaco’ es esperado con gran interés por las víctimas del conflicto en el Magdalena Medio, que buscan justicia y verdad sobre los hechos que marcaron esta región durante una década de violencia.

Las víctimas solicitaron que se esclarezcan los vínculos entre los paramilitares y las instituciones estatales, así como las dinámicas de poder que permitieron la financiación y expansión del Bloque Central Bolívar.

La JEP destacó que este proceso es parte de su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La declaración de alias ‘Macaco’ podría ser un paso crucial para desentrañar las complejas relaciones entre los actores armados y el Estado en una de las regiones más afectadas por la violencia paramilitar.

Damasco, 22 ene (EFE).- El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, reiteró este miércoles en Damasco que la solución a la crisis en Siria debe ser un proceso liderado por los propios sirios y ser inclusivo, en cuyo desarrollo participarán las Naciones Unidas para ofrecer apoyo en la implementación de medidas que lo hagan posible.

En sus declaraciones ante la prensa, Pedersen subrayó la importancia de avanzar hacia una transición política "creíble, inclusiva, transparente y efectiva", que respete la soberanía e integridad territorial del país.

Además, resaltó la necesidad de "abordar la justicia transicional como parte fundamental del proceso de reconciliación nacional para garantizar la protección de todos los sirios".

El diplomático también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que revise las sanciones impuestas a Siria, que considera un obstáculo para la recuperación económica y la reconstrucción del país.

Según Pedersen, las sanciones fueron aplicadas bajo el régimen anterior de Bachar al Asad y su eliminación es crucial para permitir el desarrollo y afrontar los retos de la nueva Siria.

En cuanto a la crisis humanitaria, el representante de la ONU recordó que más de 17 millones de personas en Siria aún necesitan asistencia y aseguró que las Naciones Unidas seguirán trabajando para garantizar que esa ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Pedersen también destacó el importante papel de Ahmed al Sharaa, el nuevo líder interino de Siria, quien se mostró dispuesto a avanzar hacia una nueva fase política, que garantice la participación de todos los grupos y regiones, y que se base en el respeto de los derechos de todos los sirios.

Respecto a los Altos del Golán, Pedersen afirmó que la cuestión sigue siendo clave en la resolución del conflicto, por lo que aseguró que las Naciones Unidas continúan trabajando para encontrar una solución que respete las resoluciones internacionales y el derecho internacional.

Sobre esta cuestión, subrayó que la ocupación israelí de esta región sigue siendo un tema de gran preocupación y que las Naciones Unidas consideran "ilegal", por lo que hizo un llamamiento para que la parte involucrada cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad en relación con la restitución de esa zona a Siria.

Desde hace poco más de un mes y medio, tras la caída del régimen de Bachar al Asad, Israel desplegó sus tropas en el lado sirio del monte Hermón, en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, en una operación que el Estado judío consideró temporal. EFE

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Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre y exembajador de Colombia en Chile durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, deberá comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el lunes 7 y martes 8 de abril, en audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal transicional; con el fin de hacer seguimiento al régimen de condicionalidad establecido para los comparecientes.

Durante la audiencia, Arana tendrá que detallar sus avances en proyectos de reparación dirigidos a las víctimas ye responder a las solicitudes relacionadas con posibles medidas cautelares en las fincas Tierra Santa o Las Flores: ubicadas en la vía entre Sincelejo y Sampués. En estas propiedades se sospecha la posible existencia de restos de personas desaparecidas durante la ola de violencia que azotó la región.

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Estas diligencias han generado expectativa frente a la conducta de Arana, que si bien reconoció ser el determinador de crímenes como el asesinato del exalcalde de El Roble (Sucre) Eudaldo Díaz, cuyo cadáver fue encontrado el 10 de abril de 2003, no habría avanzado en las labores de reparación a las víctimas de este suceso; que tras más de 21 años sigue causando dolor entre sus familiares.

Como Juan David Díaz, hijo del ultimado exmandatario, que expresó en entrevista con Infobae Colombia que existe desconfianza respecto a la actitud del exgobernador, pues no mostraría interés de ejercer una labor de reparación a los que padecieron su accionar criminal. “De él no esperamos nada, porque lo que hemos visto son verdades a medias y compromisos sin cumplir”, afirmó el defensor de derechos humanos.

Las duras críticas del hijo de Eudaldo Díaz al sometimiento de Salvador Arana

En consecuencia, Díaz no disimuló su desencanto respecto al proceso que ha seguido el exfuncionario ante la JEP. En diálogo con esta redacción, señaló que “él se comprometió a entregar información importante que hasta la fecha no ha cumplido” y calificó esta ausencia de resultados como un incumplimiento de las condiciones a las cuales está sujeto el exmandatario regional, que goza de libertad condicionada.

“Han pasado aproximadamente dos años desde que se le concedió la libertad, y ni hemos conocido esa verdad ni hemos visto una reparación efectiva”, enfatizó el líder, que además hizo una dura advertencia hacia los beneficios que el tribunal transicional estaría otorgando si los comparecientes no cumplen con la verdad ni la reparación.

Según explicó en declaraciones que entregó a Infobae, “la JEP debe actuar con responsabilidad y retirar los beneficios a quienes demuestren que no están comprometidos con las víctimas”. Con ello, Juan David Díaz se sumó a las solicitudes de otros familiares de víctimas, que también abogan por la expulsión de Arana del sistema transicional debido a supuestas irregularidades.

Las denuncias contra Salvador Arana por presunta falsedad en su condición económica

Otro de los aspectos que de acuerdo con las víctimas debe ser revisado es la acusación contra Arana sobre una presunta falsedad en su declaración patrimonial. Al respecto, Díaz mencionó que, tras la salida de prisión, el exgobernador afirmó ante la JEP no contar con recursos económicos, motivo por el cual se le asignó un abogado de oficio para su defensa; tal y como obliga la ley colombiana.

No obstante, y de acuerdo con las declaraciones del hijo del alcalde asesinado, esta versión de Arana carecería de verdad y sería una fachada para ocultar su verdadera condición. “Su esposa introdujo una demanda de divorcio y en ella demostró que Arana posee múltiples propiedades; es decir, engañó no solo a las víctimas, sino también a la jurisdicción”, aseguró Díaz.

Como es de esperarse, el caso dio pie para preocupaciones más amplias sobre este asunto, como lo reveló otra denuncia de Díaz y respaldada por la hija de la asesinada exfiscal Yolanda Paternina Negrete, que investigó la masacre de Chengue antes de ser ultimada. En este caso, los familiares señalan a Arana como responsable de ese crimen; en medio de las denuncias ante la JEP por los casi nulos aportes a la verdad.

La JEP en la lupa de las víctimas: piden máximas garantías

Según le comentó Díaz a Infobae Colombia, el tribunal tiene la obligación de garantizar tanto verdad como reparaciones completas para las víctimas de delitos relacionados con el conflicto armado colombiano. Y es que, pese a las amenazas, persecuciones y obstáculos, tanto él como otras víctimas de estos hechos, lograron demostrar que Arana habría establecido una alianza macabra con las autodefensas

Por ello, reiteró que “la JEP debe responder y cumplir con su deber de justicia, ya que tomó decisiones contrarias incluso a las recomendaciones de la Corte Suprema, que había señalado que él no debía ser acogido bajo esta jurisdicción”. En consecuencia, es un deber que se detallen los avances en proyectos de reparación dirigidos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Un proyecto fundamental para el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia recibió un nuevo impulso tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de reactivar una parte de los recursos que habían sido congelados durante la administración de Donald Trump.

La financiación, que asciende a diez mil millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares), permitirá retomar actividades esenciales en el marco de la justicia transicional en el país sudamericano.

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De acuerdo con el reporte, los fondos están destinados a un proyecto denominado Aumentando el impacto de la JEP con un enfoque holístico de la justicia transicional.

Esta iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

El proyecto, que involucra a la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo, había quedado en pausa tras la decisión de Trump de suspender proyectos de cooperación internacional en enero de 2021.

El congelamiento de los fondos, que afectó no solo a la JEP sino también a otros proyectos humanitarios en Colombia, fue parte de una política más amplia de la administración Trump.

El 25 de enero de 2021, el entonces presidente ordenó una revisión exhaustiva de los recursos destinados a cooperación internacional, con el objetivo de verificar su uso y los sectores en los que se invertía el dinero público.

Esta medida tuvo repercusiones significativas en países como Colombia, donde la cooperación internacional es un pilar fundamental para iniciativas de paz y desarrollo.

En el caso específico de la JEP, la suspensión de recursos significó la interrupción de actividades clave para la implementación de la justicia transicional, un componente esencial del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc. Según el informe, al menos 15.000 millones de pesos (aproximadamente 3,6 millones de dólares) dejaron de llegar a la JEP como resultado de esta política.

La reciente decisión del Departamento de Estado de reactivar parte de los recursos congelados representa un avance significativo para la JEP y las organizaciones asociadas al proyecto.

La Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law recibió una carta oficial confirmando la reactivación de los fondos. Esta comunicación permitió a la institución reajustar sus calendarios y planificar la reanudación de las actividades lo antes posible.

El proyecto, que tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos colombianos para un periodo inicial de dos años, podría extenderse hasta 2026. Su objetivo principal es contribuir de manera decisiva a la eficacia de la JEP en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

Esta iniciativa busca no solo fortalecer la rendición de cuentas, sino también garantizar un enfoque integral que abarque las diversas dimensiones de la justicia transicional.

Aunque la reactivación de estos fondos representa un avance importante, persisten interrogantes sobre el futuro de otros proyectos de cooperación internacional en Colombia. Aún no se ha definido qué ocurrirá con los recursos gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que también fueron afectados por las políticas de la administración Trump.

La JEP y otras entidades involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz permanecen a la expectativa de nuevas decisiones que puedan garantizar la continuidad de los proyectos financiados por Usaid.

Mientras tanto, la reactivación de los recursos para el proyecto de justicia transicional marca un paso adelante en el fortalecimiento de los mecanismos de justicia y reparación en Colombia, un país que sigue enfrentando los desafíos de consolidar la paz tras décadas de conflicto armado.

Este avance resalta la importancia de la cooperación internacional en procesos de paz y justicia, y refuerza el compromiso de actores internacionales con la búsqueda de soluciones sostenibles para las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ha abogado este viernes por revisar las sanciones impuestas sobre Siria durante el régimen de Bashar al Assad, en previsión del "monumental" desafío que puede suponer el inminente retorno de cientos de miles de refugiados.

Actualmente, más de seis millones de personas viven fuera del país, pero dentro de Siria hay 7,2 millones de desplazados internos y 16 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, como ha recordado Pope durante un discurso este viernes en el que ha anticipado lo que está por venir.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de un millón de refugiados pueden regresar a Siria en la primera mitad de 2025. "Los retornos que prevemos serán en una escala mucho mayor a la que hemos visto hasta hora e integrar a estas personas en paralelo a la justicia transicional va a ser una tarea monumental", ha advertido Pope.

La "prioridad número uno" es la asistencia humanitaria, paso previo a la ansiada "estabilización" que reclaman ahora las agencias internacionales. La jefa de la OIM, que ha visitado Damasco, ha advertido de que "la situación es frágil", en un país donde persiste "una grave carencia de bienes normales".

Pope ha puesto como ejemplo de la pobreza que sufre el 90 por ciento de la población siria la situación de una médica residente que apenas ganaba 50 dólares al mes con su empleo en un hospital público. "Tenía otro trabajo, sólo para sobrevivir", ha señalado.

Por ello, ve "clave" que haya "exenciones" a los castigos internacionales, con el objetivo de fomentar los esfuerzos encaminados al desarrollo y la reconstrucción de Siria. Pope, no obstante, ha asumido que depende en última instancia de la decisión que adopten los distintos países o bloques que han aprobado las sanciones.

Ginebra, 20 dic (EFE).- Un equipo de tres miembros de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos viajará la próxima semana a Siria para apoyar los esfuerzos "encaminados a garantizar que la transición en el país es inclusiva y respeta el marco de la ley internacional", anunció este viernes el portavoz Thameen Al Kheetan.

"No hemos estado en Siria durante años, por lo que es importante comenzar a establecer una presencia que esperamos nos ayude a complementar el resto de trabajo de Naciones Unidas en términos de derechos humanos", destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina que encabeza el alto comisionado Volker Türk.

Añadió que "la justicia transicional y la construcción de confianza comunitaria, con base en los derechos humanos, serán importantes en el futuro de Siria y son la única forma de atender el enorme dolor sufrido por individuos y familias en el país".

En alusión a esa justicia transicional, que debería juzgar los crímenes cometidos por los distintos bandos durante la guerra civil, el portavoz insistió en que el Gobierno de transición tome medidas para preservar las evidencias.

"Ello incluye fosas comunes y documentos de prisiones, centros de detención, ministerios e instituciones estatales, así como otras pruebas que puedan ser cruciales a la hora de documentar lo ocurrido y permitir que los responsables rindan cuentas", subrayó.

Al Kheetan destacó por otro lado, en relación con esa justicia transicional, el reciente nombramiento de la mexicana Karla Quintana como jefa de la nueva Institución Independiente para Personas Desaparecidas en Siria, aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado año.

En la misma rueda de prensa para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra participó desde Damasco la representante en funciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Siria, Christina Bethke, quien subrayó las enormes necesidades que sigue teniendo la población del país tras 14 años de conflicto.

"Las poblaciones desplazadas, especialmente aquéllas que viven en campamentos informales, son especialmente vulnerables al estar en condiciones de hacinamiento, inseguridad alimentaria y condiciones inadecuadas de higiene". destacó.

Esas zonas son "campos de cultivo para problemas nutricionales, infecciones respiratorias y otras enfermedades contagiosas que pueden llevar a problemas de salud a largo plazo", explicó, recordando que se detectaron brotes de cólera en emplazamientos de ese tipo en Siria durante los pasados dos años.

Bethke agregó que en una nación que ha sufrido más de una década de conflicto y desplazamientos los servicios de salud mental y psicosociales son críticos.

La responsable de la OMS indicó por otro lado que en las últimas tres semanas, marcadas por la ofensiva final de los rebeldes que condujo a la caída del régimen de Bachar al Asad, se registraron 36 ataques a instalaciones sanitarias en Siria, una cifra que superó la de todo el año 2023 (26).

Esos ataques recientes causaron 23 muertos y 128 heridos, incluyendo 25 que afectaron directamente a instalaciones sanitarias como ambulatorios u hospitales, detalló.

Indicó, por último, que la OMS ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 56,4 millones de dólares con el fin de atender las necesidades más urgentes en Siria durante los próximos seis meses. EFE

Bogotá, 19 dic (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia decretó el cierre de todos los procesos penales y eliminación de antecedentes relacionados con 'falsos positivos' a 36 militares implicados en asesinatos entre 2006 y 2008 en el departamento de Norte de Santander, informó este jueves el alto tribunal.

La determinación la tomó la Sala de Definición de la JEP luego de concluir que no fueron los máximos responsables de esos crímenes y cumplieron con aportar a la verdad, así como el compromiso de no repetición y dignificación de las víctimas.

Las dos resoluciones emitidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP incluyen a 10 soldados profesionales activos, 21 retirados, además de dos sargentos viceprimeros, un sargento primero, un cabo segundo y un subteniente, implicados en los llamados 'falsos positivos'.

En total, la JEP asegura que hay 6.402 víctimas de uno de los episodios más oscuros del conflicto de Colombia, en el que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerles pasar como bajas guerrilleras en combate, conocidos como 'falsos positivos'.

Al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales, conforme a las normas vigentes y en línea con el Acuerdo Final de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

"Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad", explicó el alto tribunal de justicia transicional en un comunicado.

Los militares enfrentaban procesos penales y disciplinarios por hechos ocurridos entre 2006 y 2008, relacionados con homicidios en persona protegida, homicidios agravados en algunos casos y desaparición forzada.

Los 36 miembros del Ejército reconocieron "su participación en la planeación, ejecución y/o encubrimiento de seis hechos en los que ocho civiles fueron asesinados" en municipios de Norte de Santander.

Además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes.

Para lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas los comparecientes participaron en siete Audiencia de Seguimiento a Régimen de Condicionalidad, en las que respondieron las demandas de verdad y reconocimiento que les hicieron los familiares de las víctimas.

En caso de que alguno de los comparecientes incumpla con sus compromisos -ya sea cometiendo nuevos delitos, no atendiendo requerimientos de la Jurisdicción o no llevando a cabo contribuciones a la restauración- el beneficio podrá ser revocado y su caso será remitido a la jurisdicción ordinaria para continuar con el proceso correspondiente. EFE

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la prórroga de la medida cautelar que protege los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, con el objetivo de preservar y asegurar la información contenida en ellos, lo cual resulta clave en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Esta decisión responde, en principio, a una solicitud urgente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), que alertó sobre el riesgo de destrucción o alteración de estos documentos, algunos de los cuales contienen información sobre graves violaciones a los derechos humanos.

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La Brigada XX del Ejército Nacional fue desmantelada en 1998 tras múltiples señalamientos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, algunos de los cuales fueron denunciados incluso por organismos internacionales como el Gobierno de los Estados Unidos.

Esta brigada operó en el contexto del conflicto armado colombiano desde 1985 hasta su disolución a fines de la década de los 90, un período en el que las prácticas de inteligencia y contrainteligencia del Ejército generaron gran preocupación por su posible vinculación con crímenes de lesa humanidad.

Para la JEP, es fundamental contar con estos archivos, pues su contenido podría ser clave para esclarecer las circunstancias de estas violaciones y para identificar a los responsables. La providencia emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad explica que la prórroga de la medida cautelar responde a la necesidad de preservar la integridad de la información almacenada en diversas dependencias del Ministerio de Defensa, especialmente en el Archivo General del Ministerio de Defensa, el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi) y el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim).

Según el texto de la providencia, “los archivos resultan de invaluable importancia para establecer la verdad y construir la memoria histórica sobre lo acontecido en el desarrollo del conflicto armado no internacional”. Este es paso fundamental en el proceso de reparación integral de las víctimas, ya que los archivos contienen información que podría ser utilizada como evidencia en futuras investigaciones relacionadas con crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.

Proceso de conservación y análisis de los archivos

La medida cautelar extendida tiene una vigencia adicional de un año, a partir del 14 de marzo de 2025, con el fin de completar el proceso de revisión, indexación y traslado definitivo de los documentos al Archivo General del Ministerio de Defensa. Esta prórroga será clave para continuar con el análisis detallado del material recolectado, que ha estado bajo el estudio del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP.

En 2023, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizó inspecciones judiciales en diversas sedes militares, donde se encontraron cientos de cajas con material sensible. Dicho material fue digitalizado con el fin de evitar su deterioro y facilitar su análisis posterior; y la medida de protección se ha implementado para evitar que estos documentos sean destruidos o alterados, lo que podría obstaculizar la obtención de justicia para las víctimas del conflicto armado.

Esta prórroga representa un avance significativo en la construcción de una memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Además, facilita el acceso a la información que podría arrojar nuevos elementos probatorios en los macrocasos que la JEP tiene a su cargo, particularmente en los relacionados con crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos perpetrados por actores del Estado.

En su providencia, la JEP subraya que esto se logra bajo el principio de justicia restaurativa, con el fin de garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

El tribunal también ha dispuesto que las autoridades competentes sigan vigilantes sobre la seguridad de los archivos y que mantengan informada a la JEP sobre cualquier cambio o movimiento en los documentos. Además, se establecen nuevas directrices para asegurar la correcta gestión de la información contenida en estos archivos, y se especifica que las autoridades deben cumplir con todas las disposiciones establecidas por la JEP para evitar cualquier alteración de los documentos.

El reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en Colombia es un proceso largo y complejo, en el que algunas poblaciones han permanecido invisibilizadas durante años. Sin embargo, un hecho histórico marcó un avance significativo en este camino: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó por primera vez a una mujer trans y a su hijo como víctimas dentro del macrocaso 11, que investiga las violencias basadas en género, violencia sexual y reproductiva, así como aquellas motivadas por prejuicios hacia la orientación sexual y la identidad de género en el marco del conflicto.

Este reconocimiento no solo validó los crímenes y agresiones sufridos por la mujer trans y su familia, sino que también dejó en evidencia cómo su identidad de género influyó en la persecución sistemática que vivió y que, en muchos aspectos, aún persiste. Durante décadas, la violencia motivada por prejuicios contra la población Lgbtiq+ se mantuvo en la sombra, sin justicia ni un reconocimiento claro por parte de las instituciones. Sin embargo, este caso podría representar un punto de inflexión en la manera en que se abordan estas violencias dentro del proceso de justicia transicional.

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Por razones de seguridad, la JEP mantiene en reserva los detalles específicos y la identidad de las víctimas. No obstante, se sabe que la historia de esta mujer trans y su hijo está marcada por múltiples vulneraciones a los derechos humanos ocurridas entre 1990 y 2006 en el departamento del Tolima. Entre los hechos documentados se encuentra el asesinato de su pareja, quien fue objeto de discriminación y estigmatización antes de ser ejecutado, así como la violencia sexual ejercida por la guerrilla bajo la lógica de “violencias correctivas” dirigidas contra personas Lgbtiq+.

Además, la víctima y su hijo sufrieron tres episodios de desplazamiento forzado debido a la constante amenaza contra sus vidas. Uno de los hechos más atroces de esta historia fue el reclutamiento forzado del menor por parte de un grupo armado, con el argumento de que “un travesti no era apto para criar a un niño”.

La violencia por prejuicio en el conflicto armado colombiano no fue un fenómeno aislado, sino un mecanismo de control social que buscaba someter y eliminar a quienes eran considerados diferentes. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, este tipo de violencia no solo fue generalizada, también respondió a patrones de persecución y discriminación. En su informe final, Mi cuerpo es la verdad, se documentaron 709 actos violentos categorizados como persecución y 369 víctimas identificadas, de las cuales el 64,2% eran hombres y el 35,8% mujeres. Las agresiones más frecuentes incluyeron amenazas (37,2%), desplazamientos forzados (33,6%) y exilios (19,2%), lo que refleja la magnitud del impacto sufrido por estas comunidades.

Desde todos los actores armados, la violencia basada en género y en la orientación sexual se convirtió en una herramienta de sometimiento, aprovechándose de quienes se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad. Según la Jurisdicción Especial para la Paz y la organización Colombia Diversa, este tipo de violencia no solo castigaba a las víctimas individuales, sino que enviaba un mensaje disuasorio a la comunidad. “La violencia ejercida ha cumplido un propósito: enviar un mensaje a la comunidad consistente en que quien pensara y actuara de forma análoga, correría la misma suerte”, señala la JEP.

El macrocaso 11, que investiga este tipo de agresiones, no se limita a analizar los hechos del conflicto, sino que busca comprender las estructuras sociales que históricamente han colocado a las mujeres y personas de género diverso en posiciones de exclusión y vulnerabilidad. Para la JEP, la violencia basada en prejuicio cumple tres objetivos principales: expulsar a las personas de sus territorios, aprovecharse de su situación y castigarlas por no ajustarse a las normas impuestas por los grupos armados.

El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, que lideró las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y está vinculado a más de 75.000 crímenes durante el conflicto armado en Colombia, fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir testimonio sobre hechos de violencia ocurridos en las regiones de Córdoba y Urabá.

Las audiencias se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de abril de 2025, en un proceso que contará con la participación de las víctimas y será de carácter reservado.

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La Sala de Reconocimiento de la JEP considera que el testimonio de Mancuso es “útil, necesario y pertinente” para avanzar en la investigación sobre el conflicto armado en estas regiones.

Aunque la Corte Constitucional recientemente revocó el sometimiento de Mancuso a la JEP, el exlíder paramilitar podrá participar en calidad de testigo, lo que permitirá que entregue información clave sobre las dinámicas de violencia y los actores involucrados en el conflicto.

El despacho relator de la Situación Territorial de Urabá solicitó que Mancuso aporte detalles sobre varios aspectos críticos del conflicto armado en Córdoba y Urabá.

Entre los temas que deberá abordar se encuentran las operaciones de despojo, vaciamiento y repoblamiento de territorios, así como las alianzas entre los grupos paramilitares y sectores económicos de la región. Además, se espera que explique los pactos y acuerdos establecidos entre las AUC y actores políticos locales, así como el papel de miembros de la fuerza pública en la expansión y consolidación del paramilitarismo en estas zonas.

La información que Mancuso pueda proporcionar es considerada fundamental para esclarecer las dinámicas de violencia que afectaron a estas regiones durante el conflicto armado. Su testimonio podría arrojar luz sobre las estrategias utilizadas por los grupos paramilitares para ejercer control territorial y sobre las redes de apoyo que facilitaron su accionar.

La participación de las víctimas en estos procesos es un componente esencial del modelo de justicia transicional implementado en Colombia, ya que permite que sus voces sean escuchadas y que se reconozca el impacto que los crímenes cometidos tuvieron en sus vidas y comunidades.

Las regiones de Córdoba y Urabá fueron escenarios de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano. Estas zonas, estratégicas por su ubicación geográfica y su riqueza en recursos naturales, fueron disputadas por diversos actores armados, incluidos los grupos paramilitares liderados por Mancuso. Durante años, las comunidades locales sufrieron desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y otras graves violaciones a los derechos humanos.

El testimonio de Mancuso podría ayudar a esclarecer cómo se llevaron a cabo las operaciones de despojo y repoblamiento en estas regiones, así como a identificar a los responsables de estos crímenes. Además, su declaración podría revelar detalles sobre las relaciones entre los paramilitares y sectores económicos y políticos que habrían facilitado su accionar.

El proceso de justicia transicional en Colombia busca no solo sancionar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sino también garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general. La información que Mancuso pueda aportar en sus declaraciones ante la JEP será clave para avanzar en este objetivo y para construir una memoria histórica que permita comprender las causas y consecuencias de la violencia en el país.

La citación de Mancuso por parte de la JEP representa un paso importante en este proceso, ya que su testimonio podría contribuir a esclarecer algunos de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y a sentar las bases para una reconciliación duradera.

Salvatore Mancuso Gómez, que fue deportado a Colombia el 27 de febrero de 2024 tras cumplir una condena de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, es una figura central en la historia del conflicto armado colombiano.

Como líder de las AUC, Mancuso estuvo al frente de una de las organizaciones responsables de la mayor cantidad de homicidios y violaciones a los derechos humanos en el país. Su regreso a Colombia generó expectativas en torno a su posible contribución al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los paramilitares.

La JEP, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Aunque Mancuso no fue aceptado como compareciente pleno en esta jurisdicción, su participación como testigo podría ser crucial para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas.

Los órganos políticos de la oposición siria han comenzado este domingo a trazar las líneas maestras de un futuro político para el país tras la caída de la dinastía Al Assad tras medio siglo de mandato con puño de hierro con intenciones más o menos coincidentes a pesar de la rivalidad que les separa.

Las dos entidades más destacadas son la Coalición Nacional Siria (CNS), una alianza de grupos de oposición formada en el exilio tras el levantamiento de 2011 contra Al Assad, y el Gobierno de Salvación Nacional, considerado a todos los efectos el brazo político del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, rival de la CNS.

Este domingo, el presidente de la CNS, Hadi al Bahra, ha propuesto un período de transición de 18 meses en el país, incluidos seis meses para redactar una nueva Constitución. Al Bahra también ha recomendado la "ampliación de la coalición que dirige" para recabar apoyos dentro de Siria, teniendo en cuenta que la CNS está reconocida por EEUU y sus aliados pero su respaldo dentro del país es muy limitado (sobre todo en la comunidad kurda, que considera a la coalición un instrumento de Turquía, su enemigo declarado).

En cualquier caso, Al Bahra ha asegurado a la cadena CNBC Arabia que su intención es la de restaurar el Estado de Derecho, y de aplicar, en el momento en que arranque el proceso de transición en concordia con los países vecinos, "un programa de justicia transicional y reconciliación nacional, incluidos mecanismos de rendición de cuentas bajo un poder judicial imparcial e independiente.

El llamado Gobierno de Salvación, la extensión política de los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham, se ha pronunciado casi exactamente en los mismos términos a pesar de la rivalidad que enfrenta a ambos grupos. En un comunicado nada más anunciar la presencia de sus fuerzas en la capital, Damasco, el Gobierno de Salvación ha prometido que "la nueva Siria será un Estado de Derecho que garantice dignidad, justicia e instituciones que reflejen las aspiraciones del pueblo sirio".

"La liberación de Siria representa el comienzo de una nueva fase de reforma económica. Estableceremos prioridades para desarrollar sectores vitales, crear oportunidades de empleo y fomentar las inversiones nacionales e internacionales", ha indicado.

"La siguiente etapa requiere una reconciliación social integral basada en la justicia y la rendición de cuentas. Trabajaremos para abordar los efectos del pasado a través de mecanismos transparentes destinados a lograr una paz duradera y restaurar el tejido social", ha remachado.

El líder del HTS, Abú Mohamed al Golani, ha abundado en estas ideas durante su paseo triunfal de este domingo por Damasco, que ha culminado en la gran mezquita de los Omeyas, en pleno centro de la ciudad y considerado como el cuarto sitio más importante para el islamismo tras las mezquitas de la Meca y Medina (Arabia Saudí) y la Cúpula de la Roca de Jerusalén.

"Esta victoria marca el inicio de una nueva historia para toda la umma (nación) islámica y para toda la región", ha afirmado ante sus simpatizantes en un discurso recogido por BBC Arabia.

El líder yihadista, objeto de las suspicacias internacionales dada la proximidad de la organización, en sus orígenes, a la red terrorista Al Qaeda, aprovechó para acusar a Al Assad de haber convertido a Siria en "una finca para las ambiciones iraníes" -- el HTS es un grupo suní, rival de la república islámica chií, aliada estratégica de Al Assad -- y de propagar "el sectarismo y la corrupción".

En un nuevo giro en el proceso de justicia transicional en Colombia, la Subsala A de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Sala de Amnistía e Indulto del mismo tribunal conceder amnistía a exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc.

La propuesta de amnistía se centra en aquellos secuestros que, según la JEP, no cumplen con la tipicidad del crimen de guerra de toma de rehenes o que corresponden a “aprehensiones de combatientes efectuadas en operaciones militares”. Esta medida se sustenta en los artículos 23 de la Ley 1820 de 2016 y 83 de la Ley 1957 de 2019.

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En particular, se propone conceder el beneficio a Rodrigo Londoño y Joaquín Gómez, por el secuestro de militares durante la Toma de Las Delicias en 1996 y otros casos de privaciones de la libertad de miembros de la fuerza pública.

Responsabilidad y sanciones propias en espera

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que el antiguo secretariado de las Farc aceptó su responsabilidad en el caso que investiga los secuestros cometidos durante el conflicto armado. Ahora, los excomandantes de la guerrilla esperan la imposición de una sanción propia por parte de este tribunal especial.

En el auto enviado a la Sala de Amnistía e Indulto, los magistrados explicaron que la privación de la libertad de miembros de la fuerza pública en medio de acciones bélicas no fue uniforme y obedeció a propósitos cambiantes a lo largo del tiempo. Según el documento, “las diferentes formas en las que las FARC-EP privaron de la libertad a los miembros de la Fuerza Pública influyen en la calificación jurídica por parte de la Sala de Reconocimiento”.

Entre los escenarios presentados se encuentran las privaciones de la libertad que cumplen con los elementos del crimen internacional de toma de rehenes, aquellas conductas no amnistiables durante el cautiverio y, finalmente, las que podrían ser susceptibles de amnistía.

Casos específicos: Las Delicias, Patascoy y otros operativos militares

Uno de los ejemplos destacados en el auto es el de la Toma de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde 60 militares fueron secuestrados en agosto de 1996. “La Subsala A recomendará a la Sala de Amnistía o Indulto la amnistía de las 60 ‘aprehensiones de combatientes efectuadas en operaciones militares’ ocurridas en la Toma a la Base Militar de Las Delicias al considerar que en este caso no se dan los elementos del crimen de guerra de toma de rehenes”, señala la JEP.

Un caso similar se presenta en la toma de Patascoy, en Pasto, Nariño, donde en diciembre de 1997 fueron secuestrados 18 militares. De estos, 16 fueron liberados de manera unilateral, por lo que la amnistía aplicaría únicamente en estos casos.

Otros operativos mencionados incluyen la toma de El Billar, en Cartagena del Chairá, Caquetá, y la toma de Miraflores, en Guaviare, donde fueron secuestrados 43 y 132 integrantes de la fuerza pública, respectivamente. En ambos casos, la recomendación de amnistía excluye aquellos secuestros con fines de intercambio de prisioneros o donde se evidenciaron tratos crueles y torturas.

Secuestros de civiles: un análisis particular

La JEP también aborda el secuestro de civiles, ejemplificando el caso de Augusto Hinojosa, privado de la libertad en septiembre de 2001. Según el documento, “el señor Augusto Hinojosa fue liberado ese mismo día a las 8:00 p. m.”, lo cual podría abrir la puerta a la amnistía, siempre y cuando no se evidencien crímenes de guerra adicionales.

La propuesta de la JEP ha generado reacciones mixtas en diversos sectores, entre quienes consideran que la amnistía contribuye al proceso de paz y reconciliación, y aquellos que cuestionan si esta medida podría significar impunidad para crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

El debate ahora queda en manos de la Sala de Amnistía e Indulto, que deberá evaluar la recomendación y decidir si concede o no la amnistía a los excomandantes guerrilleros.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado al exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, a una audiencia de seguimiento el próximo 7 y 8 de abril, de acuerdo a información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

En este espacio, el exmandatario deberá exponer sus planes de reparación a las víctimas y responder a las solicitudes relacionadas con la finca “Tierra Santa”, donde se presume que podrían hallarse restos de personas desaparecidas.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP ha puesto el foco en Arana, quien fue condenado a 40 años de prisión por el homicidio de Eudaldo León “Tito” Díaz Salgado, exalcalde de El Roble (Sucre), ocurrido en 2003.

En mayo de 2023, el exgobernador obtuvo libertad transitoria, condicionada y anticipada tras suministrar información sobre redes criminales en Sucre y sus nexos con estructuras paramilitares. No obstante, la JEP recalca que su proceso no está cerrado y que aún debe cumplir con compromisos en materia de verdad y reparación.

Durante la audiencia, intervendrán Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, y Ketty Yolanda Martínez Paternina, descendiente de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada en 2001.

Díaz reiteró su postura frente a la reparación estatal: “no deseo conciliar con el Estado”, enfatizando su exigencia de una compensación integral más allá de los mecanismos judiciales.

Por su parte, Martínez Paternina insistirá en la necesidad de obtener garantías de no repetición y esclarecer los detalles del crimen de su madre.

Uno de los temas centrales será la situación de la finca “Tierra Santa”, que ha sido señalada por víctimas y organizaciones como posible escenario de enterramientos clandestinos.

Las familias han solicitado que se adopten medidas cautelares para proteger el sitio y que se realicen estudios forenses que permitan confirmar o descartar la presencia de restos humanos.

“El propósito de la audiencia es analizar las iniciativas de reparación propuestas por Arana y escuchar las recomendaciones de los representantes de las víctimas, así como del Ministerio Público”,* detalla el documento emitido por la SDSJ.

En la diligencia, la Subdirección de Justicia Restaurativa de la JEP también presentará su evaluación sobre los proyectos planteados por Arana, los cuales fueron detallados en mayo del año pasado.

Las iniciativas presentadas por el exgobernador incluyen actos de reconocimiento público, aportes económicos dirigidos al desarrollo de comunidades afectadas y respaldo a proyectos de memoria histórica.

Sin embargo, los afectados insisten en que la reparación debe incluir medidas concretas para la localización de desaparecidos y la entrega de información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La audiencia será clave para determinar si Arana ha cumplido con las condiciones establecidas por la JEP o si aún tiene pendientes con las víctimas y la justicia transicional.

La Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia técnica el viernes 7 de febrero para analizar la demanda contra el concepto de “bisagra”, utilizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la aceptación del sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Este término, incorporado por la JEP, establece que ciertos actores del conflicto actuaron de manera “funcional y materialmente incorporados a la fuerza pública”, generando una conexión entre paramilitares, militares y otros sectores del Estado en el desarrollo de estructuras criminales.

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El concepto ha sido objeto de controversia debido a su alcance y las implicaciones legales que conlleva. En agosto de 2024, la Corte Constitucional determinó que la JEP no tiene competencia para juzgar a Mancuso y que sus procesos deben continuar en la jurisdicción de Justicia y Paz. Sin embargo, la figura de la “bisagra” sigue vigente, lo que ha provocado el rechazo de varios sectores, incluidos miembros de la fuerza pública y la Corte Suprema de Justicia.

Posición de la Corte Suprema: “Es inconstitucional”

Durante la audiencia, la magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que la figura de “bisagra” resulta contraria a la Constitución. Según la magistrada, “esa interpretación no solo se aparta de lo dispuesto por el Constituyente y el legislador estatutario, sino que es innecesaria debido a la existencia de otros mecanismos adecuados en el marco de la Jurisdicción Ordinaria”.

Ávila argumentó que la incorporación de exparamilitares a la JEP bajo esta figura no genera beneficios reales para las víctimas, ya que existen otros procesos judiciales, como el sistema de Justicia y Paz, que han avanzado en la investigación y sanción de estos crímenes. Además, alertó que aceptar este criterio implicaría desconocer los esfuerzos institucionales realizados durante los últimos 20 años y socavar la confianza en el Sistema de Justicia y Paz.

Asimismo, la togada enfatizó que la JEP tiene competencia exclusiva sobre los exintegrantes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 y sobre agentes de la fuerza pública que, dentro del marco de la legalidad, ejercieron el uso de la fuerza. En ese sentido, señaló que la interpretación de la JEP es inconstitucional porque “la pertenencia a la fuerza pública no puede ser catalogada como un delito”.

La demanda de los exmilitares

Uno de los más vehementes opositores a la figura de “bisagra” es el coronel en retiro Julio Prieto, que junto a un grupo de veteranos de la fuerza pública interpuso una acción de inconstitucionalidad en julio de 2023 para que la Corte Constitucional declarara inexequible la decisión de la JEP. Durante la audiencia, Prieto reiteró su rechazo a la interpretación del tribunal de paz, argumentando que afecta la honra y el legado de quienes han servido al país en las Fuerzas Militares.

El exmilitar enfatizó que la decisión de la JEP pone en el mismo nivel a los miembros de la fuerza pública con criminales de guerra: “¿Qué buscamos los veteranos? Que se declare inexequible ese fallo proferido por la JEP, donde nos están involucrando a los hombres y mujeres que entregamos la vida al servicio de la patria con un terrorista. Somos más de cinco millones de colombianos que hemos pasado durante los últimos 40 años por la fuerza pública”.

Acto seguido, sentenció: “Son máximo 5.000 hombres los que están vinculados hoy en día a la JEP, no equivalen al 1% del total de los efectivos y a todos nos están equiparando con un terrorista de la calaña de Salvatore”

Un debate clave para la justicia transicional

El debate sobre la figura de “bisagra” es crucial para el futuro de la justicia transicional en Colombia. La Corte Constitucional deberá determinar si este concepto es compatible con la Constitución o si debe ser eliminado del marco legal. Mientras tanto, los sectores involucrados en el proceso seguirán aportando sus argumentos en defensa de su postura.

Por un lado, la JEP defiende su competencia para juzgar casos donde actores del paramilitarismo hayan actuado en coordinación con agentes del Estado, con el propósito de esclarecer la verdad y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, para la Corte Suprema y los militares retirados, esta interpretación excede los límites legales y desvirtúa la naturaleza de la JEP como un mecanismo exclusivo para los excombatientes de las Farc y agentes estatales vinculados en el marco del conflicto.

En el marco del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, que se desempeñó como primer comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, negó categóricamente haber utilizado o avalado la expresión “litros de sangre” para referirse a los resultados operacionales del Ejército. Mora Rangel compareció como testigo de la defensa en la audiencia y rechazó cualquier vínculo entre esta frase y las políticas implementadas durante su gestión.

El general retirado, que lideró las Fuerzas Militares entre agosto de 2002 y noviembre de 2003, fue interrogado por los abogados defensores del coronel Mejía, Germán Guillermo Navarrete y Brenda Esperanza Acosta. Durante su intervención, Mora Rangel aseguró que nunca utilizó dicha expresión en su carrera militar ni civil. Además, enfatizó que no promovió prácticas que relacionaran el número de bajas con incentivos o reconocimientos dentro de las filas castrenses. “Ese término nunca lo utilicé ni en mi vida militar, ni civil, ni retirado. Nunca pedí que se usaran el número de bajas para influir en las calificaciones o conceptos personales del oficial”, afirmó el general.

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En su testimonio, el oficial retirado explicó la estructura de la cadena de mando en la región donde operaba el Batallón La Popa, unidad militar que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades. Según el general, esta unidad estaba adscrita a un comando operativo subordinado a la Segunda Brigada, con sede en Barranquilla, que a su vez reportaba a la Primera División, ubicada en Santa Marta.

Mora también aseguró que durante su periodo al frente de las FF. MM. no recibió reportes que involucraran al coronel Mejía Gutiérrez o al entonces coronel Hernán Giraldo en actividades ilícitas. Estas declaraciones buscan desvirtuar las acusaciones que pesan sobre Mejía, que enfrenta cargos relacionados con homicidio y tortura de personas protegidas.

Relación entre el expresidente Uribe y los mandos militares

Otro de los temas abordados durante la audiencia fue la supuesta comunicación directa entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y oficiales de rango medio en las Fuerzas Militares. Mora Rangel reconoció que, en ocasiones, el entonces mandatario se comunicaba directamente con oficiales de diferentes niveles jerárquicos para obtener información de primera mano sobre la situación en regiones afectadas por grupos armados ilegales. Sin embargo, el general aclaró que estas llamadas no alteraron el conducto regular ni la cadena de mando establecida. Según explicó, él mismo procuraba garantizar que las órdenes se transmitieran de acuerdo con los protocolos militares.

De otro lado, el representante de las víctimas del Colectivo José Alvear Restrepo, Sebastián Escobar Uribe, interrogó a Mora Rangel sobre la implementación de la Política de Seguridad Democrática, eje central del gobierno de Uribe. En respuesta, el general retirado afirmó que los reglamentos y las facultades disciplinarias no experimentaron cambios significativos durante su gestión al frente de las Fuerzas Militares.

En relación con la operación Tormenta, llevada a cabo en el departamento del Cesar en 2002, Mora Rangel señaló que asumió el cargo de comandante de las Fuerzas Militares el 7 de agosto de ese año, por lo que dejó de dirigir el Ejército. Por esta razón, aseguró no contar con información directa sobre dicha operación ni sobre posibles irregularidades cometidas por oficiales involucrados en la misma.

La audiencia, conducida por los fiscales Samuel Serrano y Luz Helena Morales, incluyó un contrainterrogatorio al general Mora Rangel por parte de representantes de la Procuraduría Delegada, encabezados por Jairo Ignacio Acosta. Durante esta etapa, se buscó profundizar en los detalles de las políticas y operaciones militares implementadas durante el periodo en cuestión. Finalmente, se espera que en las próximas sesiones del juicio se presenten nuevos testimonios y evidencias que permitan esclarecer la presunta responsabilidad del coronel Mejía Gutiérrez en los delitos que se le imputan.

Bogotá, 13 nov (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia denegó este miércoles la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien había salido de prisión en julio pasado por orden de un juez, al considerar que al ser nombrado gestor de paz por el Gobierno se buscaba otorgarle un "beneficio ilimitado" de libertad.

La Sala Penal de la Corte señaló que Mancuso, que fue comandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quedó en libertad "sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas".

"En la resolución en comento (con la que fue nombrado gestor de paz) no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas", explicó la Corte.

El alto tribunal agregó: "El agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el Sistema de Justicia y Paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación".

La providencia de la Corte Suprema se da a conocer un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombrara como gestores de paz a 17 antiguos jefes de las AUC, entre ellos Mancuso, acusados de crímenes de lesa humanidad, medida que ha causado una controversia en el país dada la gravedad de los delitos que se les imputan y la falta de colaboración de muchos de ellos con la justicia.

La Corte considera que no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención" de Mancuso "pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo (de la paz)".

El alto tribunal justifica su decisión con el hecho de que el exjefe paramilitar "ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen con los que el Gobierno Nacional busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias".

La libertad condicional de Mancuso, quien está investigado en Colombia por más de 75.000 crímenes como líder de las AUC, el grupo al que más homicidios se le atribuyen durante el conflicto armado, está en disputa por varias instancias judiciales, que debaten cuál debería juzgar al exparamilitar.

Sin embargo, en julio pasado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que Mancuso recibió "la boleta de libertad" por parte de un juez de Justicia y Paz, la jurisdicción que se creó tras el desmantelamiento de las AUC en 2006.

Tras recibir la luz verde de Justicia y Paz, el Inpec remitió 31 oficios a despachos judiciales entre fiscalías, justicia ordinaria, Unidad Nacional de Lavado de Activos, justicia transicional, Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "para la revisión de radicados que figuran en el expediente del privado de la libertad, con el objetivo de determinar o descartar medidas de aseguramiento".

Y tras ello "emitió el concepto de viabilidad que le otorga la libertad a Salvatore Mancuso con la trazabilidad de cada una de estas autoridades", informó entonces el Inpec en un comunicado.

Sin embargo, semanas antes la JEP denegó la libertad transitoria para Mancuso porque la competencia de ese tribunal para tomar la decisión era estudiada por la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Bogotá ya había otorgado la libertad al exjefe paramilitar, uno de los más sanguinarios jefes de las desmovilizadas AUC, al levantar las 57 órdenes de captura que tenía en su contra, aunque señaló que deberá acudir a diferentes tribunales cuando sea requerido.

El excomandante paramilitar llegó a Colombia el pasado 27 de febrero para rendir cuentas ante las salas de Justicia y Paz, tras ser deportado de Estados Unidos donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico. EFE

jga/joc/sbb

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Madrid, 11 nov (EFE).- (Actualiza con Cuenca y Lima)

Bakú - La Cumbre de Líderes Mundiales para la Acción Climática arranca este martes en Azerbaiyán con el objetivo de acercar posturas para ayudar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático, en una cita repleta de grandes ausencias como las del presidente de EEUU, Joe Biden, el ruso, Vladímir Putin, el chino, Xi Jinping, o el de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. (foto)(vídeo)

Bakú- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la cumbre mundial del Clima que se celebra en Bakú (Azerbaiyán). (foto)(vídeo)(directo)

Lahore (Pakistán)- La ciudad paquistaní de Lahore, con unos 14 millones de habitantes, permanece sumergida bajo una niebla tóxica que asfixia la vida de los habitantes y la hace la metrópoli más contaminada del planeta. (foto)(vídeo)

Bruselas - La candidata a vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, así como responsable de Competencia, Teresa Ribera, es examinada hoy en una audiencia en el Parlamento Europeo, en una sesión en la que también se evaluará a la estonia Kaja Kallas como nueva jefa de la diplomacia de la UE. (foto)(vídeo)(directo)

Washington - Los equipos de Joe Biden y Donald Trump preparan la reunión de mañana miércoles en la que dialogarán sobre la transición entre ambas administraciones antes de que el líder republicano asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. (foto)(vídeo)

Berlín - El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, participan en el Foro de Política Exterior de Berlín. (foto)(vídeo)

Bruselas - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja a Bruselas para abordar la llegada de fondos europeos para ayudar a los afectados por la DANA en Valencia. (foto)(vídeo)(directo)

Jerusalén/Beirut - El plazo de un mes dado por Estados Unidos para que el Gobierno israelí mejore el acceso de la ayuda a Gaza se cumple sin que la asistencia esté entrando de manera suficiente y con el Ejército del estado judío inmerso en su ofensiva militar en este enclave y en Líbano. (foto)(vídeo)

Lisboa - La Web Summit, uno de los mayores congresos tecnológicos del mundo, se desarrolla con la presencia confirmada de más de 3.000 empresas y un programa en el que destaca el presidente de Microsoft, Brad Smith. (foto)(vídeo)

París.- Conferencia sobre la justicia transicional en Colombia y el café como producto para la reincorporación de guerrilleros a la vida civil. 180, boulevard Hausmann. (foto)(vídeo)

París- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir sobre los retos de la organización, así como del apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. (foto)(vídeo)

Viena - Irina Scherbakova, cofundadora de la organización rusa de derechos humanos 'Memorial' -galardonada en 2022 con el premio Nobel de la Paz- advierte en una entrevista con EFE que no habrá paz en Europa mientras siga en el poder Vladímir Putin, el presidente de Rusia. (foto)(vídeo)

Valencia (España) - Tras la accidentada visita de los reyes a Paiporta que concluyó con incidentes, Felipe VI vuelve de nuevo a Valéncia este martes para visitar las unidades militares desplegadas en la zona. (foto)(vídeo)

Nueva York.- Pase de prensa previo a la exposición "Flight into Egypt: Black artists and ancien Egypt 1876-Now". (foto)(vídeo)

Miami.- El compositor colombiano Julio Reyes Copello, el reguetonero Francisco Saldaña 'Luny' y Saúl Hernández, compositor y cantante de Jaguares y Caifanes, entrarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) en la ceremonia que de los Premios La Musa, en Miami. (foto)(vídeo)

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece un informe de seguridad mientras el comienzo de su Gobierno ha estado marcado por recientes masacres con decenas de muertos en Querétaro y Guerrero, además de la pugna del narcotráfico que ha dejado cerca de 350 fallecidos en Sinaloa. (foto)(vídeo)

San José - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto a su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, visitan la cárcel La Reforma, una de las principales de Costa Rica, país que en los últimas años ha luchado contra el hacinamiento en los centros penales y que en la actualidad enfrenta elevados registros de homicidios ligados al narcotráfico. (foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá - El juicio por el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, está previsto que comience este martes tras un largo y complicado proceso y sucesivas suspensiones, con más de 30 imputados por blanqueo, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela.(2014-2019). (foto)(vídeo)

Cuenca - Cuenca, la tercera ciudad de Ecuador, enclavada en la cordillera de los Andes y rodeada de historia incaica y colonial, se alista para acoger la XXIX Cumbre Iberoamericana, el evento de mayor importancia internacional que ha celebrado el país andino en décadas.(foto)(vídeo)

Lima - La semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) cita en Lima este martes a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y al sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, para analizar cómo mejorar las relaciones a partir de la cooperación económica, mientras los altos funcionarios de los 21 países que componen el grupo cierran una de las reuniones preliminares a la cumbre de mandatarios. (foto)(vídeo)

Lima - El sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah, realiza una visita de Estado a Perú, donde participará también en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) junto a otros 15 jefes de Estado o de Gobierno.(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica una nueva edición de su informe anual "Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024", donde actualiza los datos sobre pobreza, desigualdad de ingresos y gasto social en la región. (foto)(vídeo)

lgs/jz

ftv/EFETV

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París, 11 nov (EFE).- Los ministros de Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Francia, Jean-Noël Barrot, sellaron este lunes en París una reforma de su tratado bilateral de extradición, que databa de mediados del siglo XIX, en el marco de un refuerzo de su cooperación en el terreno judicial.

Este acto es la conclusión de un proceso en el que han trabajado las misiones diplomáticas de los dos países, explicó en declaraciones a EFE Murillo, que participó en el Foro de París por la Paz, donde se entrevistó con Barrot.

El ministro colombiano recordó que el tratado de extradición databa de 1850 y que "había que actualizarlo".

Para Colombia, la necesidad de esa actualización había quedado en evidencia cuando solicitó a Francia la entrega del sospechoso de ser el autor del crimen de un religioso muy conocido y se plantearon numerosas dificultades en la tramitación ante la Justicia francesa.

Murillo se refirió también a otras áreas de cooperación bilateral en la lucha contra las redes criminales internacionales, "que son una amenaza y a las que hay que responder de manera conjunta.

El Gobierno francés anunció el pasado viernes el envío a Bogotá de un magistrado de enlace, algo que presentó como una forma de intensificar el trabajo contra el narcotráfico.

El jefe de la diplomacia colombiana recordó que su país tiene mucha experiencia en la lucha contra las redes criminales dedicadas al narcotráfico y que en particular con Estados Unidos hay "una cooperación muy fluida".

Añadió que con los cambios que se han producido en el mercado internacional, han aumentado los flujos hacia Europa y hacia otras regiones "y eso implica que tenemos que colaborar de la manera más cercana", como ya lo están haciendo con la Unión Europea como conjunto y con países individuales como Francia.

La presencia de magistrados de un país en el otro responde también a otras cuestiones, como su implicación en los procedimientos de justicia transicional y restaurativa derivada de los acuerdos de paz con la guerrilla.

Francia -señaló el jefe de la diplomacia colombiana- asumió un papel de "acompañante principal" en el primer punto del acuerdo con la guerrilla de las FARC, que tiene que ver con el desarrollo rural y la reforma agraria, algo que para el ministro supone una prueba de que se está llevando la relación bilateral entre los dos países "a un buen nivel". EFE

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el titular de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, en la Casa de Nariño para abordar temas clave relacionados con la justicia transicional en el país, de acuerdo con información conocida por la emisora W Radio.

Entre los principales puntos discutidos estuvieron la implementación de las sanciones propias para los máximos responsables y la necesidad de garantizar recursos para que este tribunal cumpla con sus objetivos.

Me reuní con el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, Justicia Especial para la paz.

Queremos articular, mucho más, el ejecutivo y la JEP en la perspectiva de la verdad y la reparación real de las víctimas de la violencia en Colombia pic.twitter.com/00QKabd7F2

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2024

En su cuenta oficial en X, Petro destacó la importancia de trabajar conjuntamente con la JEP. “Queremos articularnos en la perspectiva de la verdad y la reparación real de las víctimas de la violencia en Colombia”, expresó el mandatario, subrayando su compromiso con las tareas de este sistema de justicia creado tras el acuerdo de paz.

Durante el encuentro, se habló también del papel de los paramilitares en la construcción de la verdad histórica y de cómo esta contribución se ha convertido en un eje fundamental del proceso de justicia. Los representantes de la JEP explicaron al presidente cómo se está configurando esta verdad judicial y los avances alcanzados en los últimos años.

Entre los resultados destacados, se mencionó la reciente imputación al antiguo secretariado de las FARC por crímenes de violencia sexual, un hecho histórico que marca un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de estos delitos. Además, se discutieron los progresos en las investigaciones relacionadas con los llamados “falsos positivos”, un episodio oscuro del conflicto armado.

Otro de los temas tratados fue el trabajo conjunto entre la JEP y otras entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que ha dado frutos significativos, como el hallazgo de restos humanos en sitios emblemáticos del conflicto, incluido La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.

El general (r) Mario Montoya irá a juicio ante la JEP

El general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, será sometido a juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, crímenes cometidos bajo su mando entre 2002 y 2003.

La JEP anunció el miércoles 18 de diciembre que remitirá el caso de Montoya a la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación, UIA), donde enfrentará un juicio adversarial y, de ser hallado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión.

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El proceso contra Montoya se centra en su supuesta responsabilidad en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia, conocidas como “falsos positivos”, en el que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

La JEP determinó que Montoya implementó una “política de conteo de cuerpos”, presionando a sus subordinados para que reportaran un número elevado de muertes en combate, en lugar de optar por capturas. Esto resultó en la muerte de civiles inocentes, quienes fueron luego presentados como guerrilleros o paramilitares caídos en enfrentamientos.

La magistrada Catalina Díaz, que lideró el caso, aseguró que Montoya promovió la consecución de estas muertes a toda costa, sin importar las condiciones de tiempo, lugar o modo en las que se cometieron los crímenes. “El general Montoya generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados”, señaló Díaz.

El expediente de Montoya fue trasladado a la UIA de la JEP, que evaluará si el excomandante del Ejército deberá ser procesado por los crímenes imputados.

La Jurisdicción Especial para la Paz dejó claro que Montoya es presunto responsable de la implementación de esta política de “conteo de cuerpos”, lo que agravó la situación y permitió la ejecución de al menos 118 víctimas inocentes. De ser condenado, Montoya podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

El lunes 16 de diciembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (Srvr) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notificó al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que deberá entregar un informe detallado en los próximos cinco días hábiles.

Esta solicitud forma parte del proceso en curso dentro del Caso 08, que investiga el vínculo entre agentes estatales y grupos paramilitares en Medellín durante 2001, con un enfoque particular en las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo.

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La resolución, que está sustentada en la justicia transicional acordada en los diálogos de paz, exige que Santoyo proporcione un “aporte exhaustivo y detallado” que permita esclarecer las circunstancias y hechos relacionados con la colaboración entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares en la región de Antioquia.

El contexto de la investigación

El Caso 08, que es parte de la investigación de la JEP, busca determinar la magnitud de la colaboración entre miembros de las Fuerzas Armadas y los paramilitares, en especial en lo relacionado con las dinámicas criminales que subyacen a las violaciones de derechos humanos en ciudades como Medellín.

Por lo tanto, la Sala de Reconocimiento consideró que el testimonio de Santoyo podría ofrecer información crucial sobre los hechos investigados, dados sus cargos y su cercanía con altos funcionarios del gobierno de Uribe en ese entonces.

En su resolución, la Srvr especificó que las conductas cometidas en ese contexto, tal como las describe la Resolución de Acusación emitida por la Fiscalía General de la Nación, son fundamentales para la prosecución del caso.

Además, recalcó que debido a la posición de Santoyo en el aparato estatal, su contribución a la investigación podría iluminar aspectos clave de la relación entre el Estado y los grupos paramilitares, especialmente en lo relacionado con las dinámicas de violencia en Medellín en el año 2001.

La solicitud de la JEP

En ese sentido, el tribunal ordenó que Santoyo entregue, en un plazo de cinco días, un pronunciamiento “claro, concreto, exhaustivo y detallado” sobre el contenido de la acusación presentada por la Fiscalía, además, la Sala de Reconocimiento incluyó en su decisión la obligación de notificar personalmente al general retirado y a su representante judicial.

La JEP señaló que, si Santoyo no cumple con su obligación de colaborar, podría enfrentar la revocatoria de los beneficios que actualmente disfruta dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, un sistema legal que establece beneficios para aquellos que aporten a la verdad y se comprometan con el proceso de paz.

El historial judicial de Santoyo

Mauricio Santoyo ha sido una figura clave en la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe. Durante su carrera, ocupó varios cargos en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional; sin embargo, su historial se ha visto empañado por su implicación con los grupos paramilitares.

En 2018, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, un delito cometido en colaboración con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), un grupo paramilitar de gran notoriedad en Colombia.

Santoyo fue detenido en 2017 y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió su condena y tras su liberación, fue admitido en el Sistema Integral de Justicia para la Paz, en la que se comprometió a aportar a la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su servicio en el gobierno de Uribe.

Sin embargo, su actitud ante la JEP ha sido ambigua, ya que ha sido señalado por no entregar la información suficiente que se espera de los exmiembros de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares en el marco de este sistema judicial transicional.

En mayo de 2024, la JEP ya había negado su solicitud de libertad condicional, argumentando que sus aportes a la verdad eran insuficientes. En ese entonces, el tribunal le ordenó ampliar sus declaraciones y proporcionar información adicional, con el riesgo de que su incumplimiento resultara en su expulsión del sistema de justicia transicional.

El Fondo Colombia en Paz, en una sesión realizada el miércoles, aprobó la creación de una subcuenta destinada a gestionar recursos públicos que permitan financiar las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

Estos fondos serán utilizados en proyectos establecidos dentro del enfoque restaurativo del sistema, y su administración estará a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), liderada por Alejandra Miller.

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La decisión de asignar la administración a la ARN surge luego de una polémica inicial en la que la Unidad para las Víctimas estaba prevista para gestionar los recursos. Sin embargo, diferencias internas impidieron concretar esta colaboración, lo que llevó al diseño de la nueva subcuenta.

Este mecanismo tiene como propósito que la JEP, en su calidad de autoridad judicial, no asuma directamente la responsabilidad administrativa de manejar fondos gubernamentales.

La creación de esta herramienta es clave para garantizar la ejecución de sanciones propias, que incluyen proyectos de reparación y actividades restaurativas dirigidas a las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Esta subcuenta se nutrirá de recursos públicos previamente aprobados y otros fondos que puedan ser gestionados por la ARN, asegurando así la operatividad de las sanciones y proyectos ordenados por la JEP.

Este avance también busca fortalecer la credibilidad del sistema de justicia transicional y garantizar que los máximos responsables cumplan con las medidas establecidas.

Entre las acciones contempladas se encuentran iniciativas de recuperación ambiental, obras comunitarias y apoyo a la infraestructura social en territorios afectados.

Además de ser un paso hacia la consolidación de la paz, la creación de esta subcuenta refleja un esfuerzo por mejorar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos asignados a la justicia transicional.

Con esta medida, el gobierno busca disipar las críticas que surgieron respecto a posibles vacíos en la implementación de las sanciones de la JEP y reforzar su compromiso con la reconciliación nacional.

La ARN ha señalado que continuará trabajando de la mano con las comunidades para garantizar que los proyectos restaurativos beneficien directamente a las víctimas y respondan a sus necesidades prioritarias.

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Por su parte, la JEP seguirá imponiendo sanciones que cumplan con su objetivo de reparación, promoviendo tanto la rendición de cuentas como la transformación social en los territorios más afectados por la violencia.

Este esfuerzo conjunto entre la JEP, el Fondo Colombia en Paz y la ARN busca consolidar un modelo que asegure justicia y reparación efectiva, promoviendo la reconstrucción del tejido social en Colombia.

San Salvador, 1 nov (EFE).- La organización humanitaria Tutela Legal 'María Julia Hernández' pidió este viernes al Gobierno salvadoreño ser "responsable" con las reparaciones para las víctimas de la guerra civil (1980-1992), principalmente por las desapariciones.

"Pedir al Gobierno que actúe como una entidad responsable sobre la situaciones que padece la población, la reparación por excelencia en este caso es la Justicia", dijo el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.

Los representantes de esta organización y sobrevivientes de la guerra civil presentaron ofrendas florales en el Monumento a la Memoria, en la capital salvadoreña, para recordar a miles de personas asesinadas y desaparecidas en el marco del conflicto interno.

Mauricio pidió además que se juzgue y condene penalmente "a quienes violentaron los derechos humanos" y cuya autoría principalmente se atribuye al Ejército salvadoreño.

"No sabemos por qué el Estado no hace lo que le corresponde, hacer justicia en estos casos, juzgar a esos militares. Creemos que hay un acuerdo entre ellos para no juzgarse", lamentó el defensor de derechos humanos.

David Ortiz, abogado de Tutela Legal, señaló que una propuesta de ley de reparación presentada recientemente al Congreso, por tercera ocasión desde 2019, incluye un apartado para el acceso a la Justicia para las víctimas.

Recordó que una sentencia de inconstitucionalidad de 2016, que anuló una ley de amnistía de 1993, ordenó al Congreso emitir una ley de justicia trancisional, misma que no se ha promulgado.

"Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que ejercieron el cargo posteriormente a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía han cometido desacato", apuntó el letrado y recalcó que los diputados vigentes también incurren en este delito al no aprobar la referida norma.

La propuesta fue presentada por los miembros de la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

Entre 1980 y 1992, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberacióón Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.

La ley de amnistía frenó por décadas los proceso penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, principalmente por el Ejercito salvadoreño, y su anulación permitió la reapertura de casos, como la masacre de al menos 1.000 campesinos en la remota localidad de El Mozote.

Sin embargo las organizaciones humanitarias han señalado que estos casos se mantienen paralizados, especialmente después de una reforma judicial impulsada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI) que obligó a jubilar a buena parte de los jueces. EFE

Cali (Colombia), 30 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó este miércoles a Colombia perseverar en sus esfuerzos para "consolidar la paz" en el país, que en la COP16 de Biodiversidad que se lleva a cabo en Cali se expresa en el lema de 'Paz con la naturaleza'.

"Quiero aprovechar la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la paz en Colombia. Me complace estar de nuevo en Colombia en este momento propicio para cerrar los dolorosos capítulos de guerra y consolidar este ejemplo de paz para el país y el mundo", manifestó Guterres en una rueda de prensa en Cali, donde se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16).

Guterres saludó "los esfuerzos renovados" del presidente colombiano, Gustavo Petro, y de su Gobierno "para acelerar la implementación del acuerdo final de paz" firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, pese a los tropiezos surgidoS en el camino de consolidación de ese proceso.

En ese sentido, reconoció también "el compromiso firme de la otra parte firmante", en referencia a las antiguas FARC, y dijo: "Estos antiguos adversarios trabajan hoy como socios en la construcción de la paz, llegando con avances y desafíos a un octavo aniversario de este histórico acuerdo".

Guterres, que anoche se reunió con Petro, subrayó que el acuerdo de paz de 2016 "sigue siendo la hoja de ruta principal para romper con los ciclos de violencia en Colombia" y también "debe servir para enfrenar las causas estructurales de la violencia, llevando la presencia del Estado a las partes históricamente olvidadas".

"Una presencia que conlleva seguridad, oportunidades de desarrollo y gobernanza inclusiva", explicó.

Por eso abogó por que "los dividendos de la paz lleguen a todos los territorios", dijo que "asegurar la justicia para las víctimas es igualmente impostergable" y reconoció "la noble y valiente labor del sistema pionero del sistema de justicia transicional" creado por el acuerdo de paz para juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

"La violencia sigue azotando a regiones que también son clave para la paz, especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianos, a desplazados y confinados por los grupos armados, a las mujeres víctimas de la violencia sexual y a los niños y niñas reclutados por la guerra", lamentó.

Ante ese panorama, el secretario general de la ONU animó a los colombianos a "no dejar de lado el camino del diálogo" y elogió "la paz total impulsada por el Gobierno nacional" mediante negociaciones con distintos grupos armados ilegales, de la que dijo que es "un objetivo loable" porque, iniciativas como esa, "a pesar de los desafíos, buscan ampliar la paz".

"Seguiremos acompañado a Colombia en su camino hacia la paz a través de la Misión de Verificación de la ONU y las agencias de la ONU", dijo Guterres y concluyó: "Estaremos siempre al lado de Colombia". EFE

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San Salvador, 29 oct (EFE).- Sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y organizaciones de derechos humanos presentaron este martes al Congreso un anteproyecto de ley de justicia transicional para que se genere un marco legal que garantice reparaciones integrales para los afectados por el conflicto armado.

Esta es la tercera vez que se presenta la iniciativa ante el Órgano Legislativo, dado que en 2021 la primera legislatura dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), la archivó y una segunda presentación no fue discutida durante los tres años de su período.

Esta tercera entrega, bajo una nueva legislatura nuevamente dominada por NI, tuvo el respaldo de la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, y se basa en la "justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición y memoria histórica, bajo los estándares nacionales e internacionales", según explicaron en un comunicado.

Este anteproyecto busca, de acuerdo con sus impulsores, cumplir con lo mandado en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló en 2016 la Ley de Amnistía de 1993, de establecer una ley que facilite el acceso a la justicia y cree programas de reparación para las víctimas.

"Exigimos a la Asamblea Legislativa cumpla con el mandato, (...) sobre la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional, que sea de beneficio para las víctimas del conflicto armado, siendo ellas el centro de todo el proceso, evitando la invisibilización y la revictimización", señalaron.

La propuesta fue presentada por los miembros de la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

También, pidieron que durante el proceso de análisis "se abra un diálogo amplio con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos".

Indicaron que esperan que esto "culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado".

Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

La ley de amnistía frenó por décadas los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra civil, principalmente por el Ejercito salvadoreño, y su anulación permitió la reapertura de casos, como la masacre de al menos 1.000 campesinos en la remota localidad de El Mozote. EFE

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la represión de políticos opositores, activistas y periodistas durante la reciente campaña para las elecciones presidenciales de Túnez, en las que se impuso el actual mandatario, Kais Saied, con más del 90 por ciento de los votos, y ha reclamado la liberación de "todas las personas detenidas de manera arbitraria".

Turk ha recordado que en las semanas previas a los comicios del 6 de octubre fueron detenidas más de un centenar de personas, entre ellas varios potenciales candidatos, por un amplio abanico de cargos. La comisión electoral, de hecho, sólo terminó aceptando a tres de los 17 aspirantes a la Presidencia, esgrimiendo en algunos de estos casos los cargos penales pendientes.

Para el Alto Comisionado, estos procesos evidencian una "falta de respeto" hacia las mínimas garantías judiciales y se suman a una cadena de retrocesos en materia de libertades políticas y sociales en un país que en su día llegó a ser ejemplo de progresos democráticos al albor de las revueltas de la conocida como Primavera Árabe.

Turk cree que Túnez "ha perdido varios de los avances" logrados desde el año 2011 y que facilitaban entre otras cuestiones la rendición de cuentas y la revisión de "abusos pasados", perpetrados durante el régimen de Zine el Abidine Ben Alí. Por ello, ha emplazado a las actuales autoridades a "volver a comprometerse" con temas como la justicia transicional y las reformas en materia de libertades y Derechos Humanos.

Saied, que en 2021 anuló el Parlamento electo dominado por la opositora Ennahda y se arrogó poderes excepcionales, ha revalidado su mandato tras arrasar en unas elecciones marcadas por una baja participación, inferior al 29 por ciento.

Ginebra, 15 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este martes su preocupación por las irregularidades que rodearon las recientes elecciones en Túnez, el país donde se inició en 2011 la "Primavera Árabe" y uno de los pocos donde ese movimiento condujo a avances democráticos que según el responsable de Naciones Unidas se han perdido parcialmente.

"Desde 2011 Túnez ha sido pionera en la rendición de cuentas de abusos pasados mediante el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, pero desafortunadamente muchos de esos avances se han perdido, y el reciente arresto del exjefe de esa comisión es un ejemplo", lamentó Türk en un comunicado.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas denunció que en las semanas previas a las elecciones del 6 de octubre fueron detenidos más de un centenar de candidatos, participantes en sus campañas y otras figuras políticas.

Sólo tres de los 17 potenciales candidatos fueron finalmente aceptados en unos comicios donde el presidente, Kais Said, logró más del 90 % de los votos, según la instancia electoral.

Varios de los aspirantes fueron condenados a largas penas de prisión por varios delitos, como falsificación de avales, una situación que Türk consideró "preocupante, ya que sus juicios mostraron falta de respeto por el debido proceso y las garantías de un proceso justo".

Ante ello, el alto comisionado austríaco encareció a las autoridades a "proteger los procesos democráticos y mantener las libertades fundamentales" tras una campaña "marcada por la persecución a la oposición, los activistas independientes y periodistas".

"Ruego encarecidamente a Túnez a renovar su compromiso con la justicia transicional por el interés de las víctimas, y a embarcarse en la muy necesaria reforma del Estado de derecho, en línea con los derechos humanos", indicó Türk, quien pidió también la liberación de los detenidos arbitrariamente. EFE

Bogotá, 9 oct (EFE).- La renuncia a la presunción de inocencia de los antiguos miembros del secretariado de las FARC busca agilizar los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque, en su opinión, ese tribunal colombiano "ha perdido su espíritu inicial" y aún no ha emitido condenas en siete años de funcionamiento.

El senador Carlos Antonio Lozada, uno de esos excomandantes guerrilleros, aseguró en una rueda de prensa que espera que con la renuncia de la presunción de inocencia ante la JEP "se agilicen los procedimientos teniendo en cuenta que se trata de una justicia especial para la paz, que se abrevien los tiempos".

El congresista, uno de los principales líderes del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC, recordó que han "aportado verdad" cada vez que fueron llamados a comparecer ante la JEP y pidió al alto tribunal "que no se siga adentrando en ese laberinto jurídico".

Los exmiembros de la cúpula de las FARC también solicitaron a la JEP que emita "una resolución única de conclusiones" en la que estén incluidos todos los hechos y conductas que se achacan a los firmantes de paz en los 11 macrocasos que estudia el tribunal especial.

La idea es que esto lleve al cierre jurídico del conflicto y el cumplimiento de los principios de justicia restaurativa establecidos en el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Sin embargo, al ser preguntado sobre otros delitos que la JEP les puede imputar en el futuro, Lozada señaló que prescindieron de la presunción de inocencia por "todos los delitos por los cuales" los han "llamado a comparecer ante la JEP".

"No sabemos qué otros delitos nos vayan a imputar, nosotros dejamos claro que es por aquellos delitos que ya hemos rendido versiones, hemos aceptado responsabilidades y hemos aportado verdad (...) Es muy difícil extenderle un cheque en blanco a la Jurisdicción Especial sin conocer cuáles serían los delitos por los cuales nos pudieran realizar nuevas imputaciones", precisó.

Los antiguos jefes guerrilleros han manifestado en los últimos meses su malestar por la prolongación en el tiempo de los procesos de la JEP, ya que ellos fueron declarados culpables hace casi dos años, pero aún no se han formulado las sentencias propias.

Además, el Caso 01 por el que fueron acusados, que trata los secuestros y otros graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, se ha extendido y ahora los magistrados juzgan a mandos intermedios de columnas y frentes de la extinta guerrilla.

"Estamos solicitando que la JEP recobre su espíritu inicial (...) que es reconciliar a los colombianos, cerrar este conflicto y reconstruir la verdad total", manifestó, por su parte, el senador Pablo Catatumbo.

Añadió: "No es posible que ocurran cosas que están por fuera del espíritu de la JEP, como por ejemplo que después de siete años no se haya emitido ninguna sentencia porque se han abierto macrocasos y microcasos y así no vamos a terminar nunca".

La JEP nació con el acuerdo de paz de 2016 con la intención de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, la Fuerza Pública y terceros civiles con un periodo de acción de 20 años como máximo. EFE

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden a la Unidad para las Víctimas para incluir a 2.721 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), afectadas por secuestros perpetrados por la extinta guerrilla de las Farc-EP durante el conflicto armado colombiano. Esta determinación permitirá, según se ha conocido en redes sociales, evaluar la procedencia del pago de las indemnizaciones, como medida de reparación a quienes sufrieron este flagelo en el territorio nacional.

La decisión del tribunal transicional se basa en las peticiones reiteradas de las víctimas acreditadas en el caso 01 de la JEP, que cubre el accionar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que está orientado a investigar este crimen. En ese sentido, la entidad tiene hasta el 1 de septiembre de 2025 para completar este proceso, que representa una decisión trascendental para quienes fueron blanco del obrar de esta organización ilegal, que firmó la paz a finales del 2016.

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Según se detalló por la JEP, el RUV alberga a 9.781.883 personas, de las cuales 38.880 han sido reconocidas como víctimas, de forma directa e indirecta, del delito del secuestro. Esta cifra abarca a casi el 20 % de la población del territorio nacional, lo que permite tener una dimensión de la magnitud del conflicto armado en Colombia, que con esta determinación de organismo de justicia se responde a las constantes solicitudes de quienes habían solicitado la reparación.

Una decisión que podría marcar el rumbo de los procesos de reparación de las víctimas de las Farc

Al respecto, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción y que está a cargo del macro caso 01, detalló la responsabilidad del tribunal no solo de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves; además, de garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral de las víctimas. Un proceso que, según parece, marcha a paso lento, pero que con esta decisión da un paso vital hacia el reconocimiento integral.

Del mismo modo, como lo declara la misiva, la JEP también ha instruido a la Unidad revisitar los casos de personas previamente incluidas en el RUV por otros delitos, pero que no han sido totalmente reconocidas por todos los hechos victimizantes. Esto incluye punibles como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, y otros vejámenes sufridos durante el secuestro; en un listado que incluye, entre otras, a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Según se precisó por parte del tribunal transicional, para dar seguimiento a esta orden judicial, la Unidad deberá presentar tres informes, el primero de ellos el 2 de diciembre de 2024. El segundo está previsto para el 3 de marzo de 2025, y el tercero para el 2 de junio de 2025; en los que se tendrán que detallar los avances sobre la inclusión de las víctimas en este listado y, en consecuencia, dejar en claro los aspectos que falten para resolver este asunto.

En este orden de ideas, el informe final, que consolidará toda la información referente a las víctimas y las decisiones tomadas por la entidad, debe estar listo para el 1 de septiembre del siguiente año en el despacho de la magistrada Lemaitre. Todo esto, enfocado en definir las medidas de asistencia, atención y reparación que se han brindado a las víctimas de este flagelo; una de las prácticas más comunes de la guerrilla, ya fuera con fines económicos o políticos.

Estas víctimas, según la JEP, están representadas por la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), la Fundación IPS para el Desarrollo Humano Integral del Sur Colombiano (Funipsi), el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh) y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (Saad- Víctimas). Tanto el despacho como las organizaciones deben aportar a la Unidad para las Víctimas toda la información necesaria para el proceso de inclusión.

Según se estableció, la JEP también ha pedido la colaboración de las organizaciones de víctimas para que aporten información necesaria en el proceso de inclusión al RUV. La clave para tal propósito es que todas las voces sean escuchadas, con miras al objetivo del proceso de reparación y reconciliación en el país y, de esta forma, empiece a cerrarse la espiral de violencia que protagonizó esta agrupación por más de cinco décadas.

Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, ha expresado su preocupación por la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, sugiriendo que la Corte Constitucional podría necesitar intervenir para resolver el complejo panorama judicial que enfrenta esta entidad. Según una entrevista con Cambio, Moreno Ocampo destacó que la JEP se encuentra atrapada en un “laberinto” debido a la fragmentación de sus investigaciones, lo que impide un cierre efectivo de los procesos relacionados con el conflicto armado en el país.

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Moreno Ocampo, que ha tenido un papel destacado en la justicia internacional, explicó que la JEP debe centrarse en cumplir con lo que la ley establece, priorizando el juzgamiento de los máximos responsables de las Farc, como lo estipula el acuerdo de paz. Según él, la fragmentación de las investigaciones ha llevado a la JEP a perder el enfoque, lo que podría requerir la intervención de la Corte Constitucional para ajustar el proceso a la ley.

“Respetando lo que hace la JEP, creo que han creado un sistema que se ha convertido en un laberinto del que no pueden salir. La JEP no va a poder salir de allí. Va a ser necesario que intervenga la Corte Constitucional. Esa fue justamente mi conclusión tras el día entero que pasé con los jueces”, le dijo Moreno Ocampo a Cambio.

Desde su perspectiva, la “JEP debería centrarse en lo básico: cumplir exclusiva y prioritariamente con lo que la ley establece. Colombia pidió que juzgaran a los involucrados en el conflicto, y aceptó de forma excepcional que si los máximos responsables de las Farc reconocían su responsabilidad por los hechos criminales se les aplicarían penas alternativas. Está claro que los máximos responsables de las Farc son el Secretariado. Hay que resolver las situaciones de ellos. Eso es lo que deben hacer”.

Luis Moreno Ocampo también destacó la importancia del acuerdo de paz, cree que es fundamental para aplicar el régimen especial de justicia establecido. Sin embargo, Moreno Ocampo critica la fragmentación de las investigaciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que, según él, impide cerrar el proceso de manera efectiva.

El acuerdo, que es ley en Colombia, establece que los líderes de las Farc deben reconocer los hechos para recibir sanciones alternativas en lugar de penas de cárcel. Este enfoque ha sido considerado histórico, ya que, a diferencia de otros procesos internacionales, los líderes de la extinta guerrilla reconocieron su responsabilidad en algunos casos. No obstante, Moreno Ocampo señala que la JEP ha presentado solo un requerimiento parcial, lo que ha llevado a una investigación atomizada que dificulta el avance del proceso.

El exfiscal también resalta el impacto global del acuerdo de paz, comparándolo con situaciones de conflicto en otras regiones como Gaza y Líbano, donde prevalece la violencia. En contraste, Colombia ha demostrado que es posible desmovilizar un grupo insurgente mediante un acuerdo político que incluye verdad, justicia y reparación, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz.

“Colombia logró disolver un grupo insurgente por medio de un acuerdo político que incluye una dosis importante de verdad, justicia y reparación. Por eso el Premio Nobel. Compárelo con lo que está pasando en Gaza y en el Líbano, donde prevalece la idea de que, para enfrentar al terrorismo, hay que bombardear ciudades enteras. Colombia, en cambio, mostró un ejemplo alternativo. La desmovilización de las Farc no solo es el mayor éxito de Colombia, sino también el mayor éxito a nivel mundial. El único precedente de valor similar, también es colombiano, la desmovilización de los paramilitares”, aseguró en el medio de comunicación citado.

A pesar de los logros del acuerdo, Moreno Ocampo advierte que Colombia aún enfrenta graves formas de violencia que requieren atención judicial. La implementación completa del acuerdo es crucial para abordar estos desafíos y avanzar hacia una paz duradera.

El proceso de negociación con las Farc fue complejo. Moreno Ocampo relata un encuentro en La Habana, facilitado por su hijo, donde los líderes guerrilleros expresaron su resistencia inicial a aceptar sanciones. Sin embargo, finalmente acordaron desmovilizar a miles de combatientes a cambio de sanciones alternativas, un paso significativo hacia la paz.

La aceptación de responsabilidad por parte de las Farc es central para el acuerdo, pero la JEP debe consolidar las investigaciones en un único requerimiento que permita a los líderes guerrilleros reconocer su responsabilidad en todos los hechos imputables. La revisión caso por caso ha atrapado al proceso en un laberinto del que, según Moreno Ocampo, solo se puede salir con la intervención de la Corte Constitucional para ajustar el proceso a la ley.

Bogotá, 5 oct (EFE).- La Fiscalía de Colombia entregó este sábado los restos de dos víctimas de desaparición forzada de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) a sus familias, informó el ente acusador.

Una de las víctimas es Solfanor Gamba Padilla, quien fue obligado a salir de su vivienda en zona rural de Tauramena, en el departamento de Casanare, el 8 de mayo de 2002. Por este hecho, un juzgado especializado de Yopal condenó a los cabecilla de las ACC a 24 años de prisión por los delitos desaparición forzada agravada, tortura agravada y homicidio.

La otra víctima es Luis Alirio Torres Lozano, a quien los paramilitares obligaron a bajar de su vehículo en la vereda Sirasí, en el departamento de Boyacá, el 27 de enero de 2003.

"El trabajo investigativo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Dirección de Justicia Transicional, permitió establecer las circunstancias en las que se perdió el rastro de dos hombres en Boyacá y Casanare, y avanzar en su localización y proceso de identificación para cumplir con la entrega a sus familiares", agregó la Fiscalía.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) contempla un universo de 111.640 personas desaparecidas, de las cuales más de 89.000 continúan desaparecidas, haciendo de Colombia uno de los países que registra cifras más altas de este delito de lesa humanidad. EFE

San Salvador, 3 oct (EFE).- La organización humanitaria Cristosal denunció este jueves la "instrumentalización de la justicia transicional" en el caso que enfrentan cinco lideres ambientales y exigió "imparcialidad" en el caso.

Se trata de cinco líderes y activistas medioambientales de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), además de otra persona, acusados por la Fiscalía General de supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992).

De acuerdo con Cristosal, "contrasta con la celeridad en el caso ADES-Santa Marta" con otros casos, dado que "la impunidad sigue siendo una constante, con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la paralización del juicio por la masacre de El Mozote".

"Cristosal expresa su preocupación por las violaciones al debido proceso, incluida la falta de seriedad en la investigación fiscal y las restricciones a la libertad que han puesto en riesgo su salud e integridad", señaló en un comunicado.

La organización detalló que los ambientalistas "sufrieron ocho meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario", y que "esta situación ha sido condenada por la relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, solicitó su libertad.

"Cristosal reitera su llamado a las autoridades para que la justicia prevalezca sin sesgos ni manipulaciones políticas. Solo con procesos justos y transparentes se podrá garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia tanto para los ambientalistas como para las víctimas de las atrocidades del pasado conflicto armado", subrayó.

También mostró preocupación por "el posible interés del Gobierno en reactivar la minería metálica, prohibida desde 2017", dado que los ambientalistas y la ADES fueron parte del movimiento que llevó a esa prohibición.

Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

Este caso también ha sido llevado por la organización Tutela Legal María Julia Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, la denuncia fue interpuesta a finales de julio y la CIDH dio al Estado salvadoreño hasta el 14 de agosto de 2023 para responder a un requerimiento de información sobre el caso, sin que se conozca si hubo respuesta oficial. EFE

Barcelona, 3 oct (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha concluido que la ley de amnistía de 1977 hace "inviable" abrir la vía penal ante denuncias por torturas durante la dictadura y apunta a que el derecho a la investigación que recoge la Ley de Memoria Democrática de 2022 "puede satisfacerse" fuera de los tribunales.

Así lo ha acordado la sección segunda de la Audiencia en un auto en que, en contra del criterio de la Fiscalía, avala la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, que en marzo pasado rechazó abrir una investigación a raíz de una querella que interpusieron dos hermanos mellizos por torturas sufridas en 1971 en la comisaría de Via Laietana de Barcelona por parte de cuatro policías.

La sala remarca que en el ordenamiento jurídico y penal español no se introdujo el delito de lesa humanidad -que no prescribe- hasta octubre de 2004 y que este precepto únicamente se puede aplicar por hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigor y no de forma retroactiva.

Además, esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que aluden a la ley de amnistía de 1977 "como fuente que haría inviable la persecución penal" en el ordenamiento jurídico español de hechos como los denunciados por los dos hermanos mellizos, que ocurrieron con anterioridad a que se aprobara la ley del perdón al inicio de la Transición.

En su auto, la Audiencia rechaza también que se tenga que abrir una causa judicial por las denuncias por torturas durante el franquismo en aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, que dispone que el Estado "garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura".

Tanto la Fiscalía como la abogada de los dos hermanos mellizos se apoyaron en la Ley de Memoria Democrática en sus recursos para que se admitiera la querella, al considerar que si los hechos podían revestir caracteres de crímenes contra la humanidad sería preciso practicar las diligencias de investigación necesarias.

No hacerlo, según sostuvieron la Fiscalía y los querellantes, supondría contravenir no solo el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, sino la "obligación legal" derivada de su artículo 29.1, que dispone que el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo.

Por el contrario, la Audiencia rechaza este planteamiento, al entender que la Ley de Memoria Democrática "no puede desvirtuar" el principio de legalidad penal establecido por la amnistía de 1977.

"Sin duda, un Estado y sus instituciones tienen que velar por que resplandezca la verdad y la justicia tutelando a las víctimas de hechos delictivos, especialmente si son de la gravedad de los que pudieran configurarse como crímenes contra la humanidad, siendo loable el intento de investigar los mismos con el fin de proporcionar la mayor satisfacción posible a sus víctimas y a sus familiares", apunta.

Sin embargo, precisa que ello "no podrá ser a costa de contravenir principios tan esenciales como el de la legalidad penal y quebrar la necesaria seguridad jurídica", en este caso establecida por el Constitucional y el Supremo que determinaron en la amnistía de 1977 hace inviable perseguir penalmente casos como las torturas del franquismo.

Para la Audiencia, el derecho a la investigación al que hace referencia la ley de Memoria Democrática de 2022 "puede satisfacerse fuera del ámbito de un proceso penal que no puede conducir a condena alguna" al tratarse de hechos amnistiados en 1977.

Según la Audiencia, la "inviabilidad" de abrir un proceso penal por hechos ocurridos hace más de cincuenta años está refrendada por la doctrina establecida en 2012 por la sala segunda del Supremo y en 2021 por el pleno del Constitucional.

Según la querella, presentada por Irídia, asociación por la defensa de los Derechos Humanos, los mellizos María Isabel y José Pablo Ferrándiz sufrieron torturas en la comisaría de Via Laietana tras ser detenidos en 1971 por su militancia antifranquista, con tan solo 17 años de edad, acusados de formar parte de la organización Jove Guàrdia Roja.

La noche del 23 de abril de 1971, cuatro agentes de la Brigada Político-Social (BPS) entraron en su casa y comenzaron a registrar la vivienda buscando lo que la dictadura calificaba "de propaganda ilegal", por su vinculación con la organización juvenil, ligada al Partido Comunista de España Internacional (PCE-I), según la querella.

"Durante el periodo de detención, los hermanos Ferrándiz fueron sometidos a diferentes técnicas de tortura física y psicológica con la finalidad de extraerles información sobre la militancia política de otras personas del PCE-I y su organización", subraya la querella.

Iridia ha anunciado en un comunicado que recurrirá la decisión de la Audiencia, ya que entiende que "la gravedad" de los hechos requiere una respuesta judicial "que cumpla los estándares internacionales de justicia transicional", que establecen la necesidad de abordar los crímenes del pasado a través del acceso a la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición.

La abogada Laura Medina, que representa a los dos mellizos, ha insistido en que el derecho internacional establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no son susceptibles de amnistía y que ya estaban penalizados por tratados y normas internacionales vigentes cuando se cometieron. EFE.

Bogotá, 30 sep (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada del coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha, quien tiene tres procesos en ese tribunal con 22 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate (lo que se conoce en Colombia como 'falsos positivos') en 2002 y 2003.

Ruiz Mahecha estaba al mando de un grupo de élite del Batallón La Popa, situado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, que entonces dirigía el coronel Publio Hernán Mejía.

Ambos, junto a otro coronel retirado, Heber Hernán Gómez, y otros 12 militares fueron acusados por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.

Todos aceptaron los cargos, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para un "proceso adversarial", en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, informó el tribunal este lunes.

En ese sentido, la JEP se declaró competente para continuar con el sometimiento de Ruiz Mahecha, quien se encuentra recluido en una cárcel para militares, pero no le concedió la libertad transitoria y le dio 10 días hábiles para que "remita sus aportes y compromisos para el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".

El juicio adversarial contra quien fuera su superior, Publio Hernán Mejía, comenzó este mismo mes en la JEP.

Ese es el primer proceso disciplinario a un acusado que no ha aceptado los delitos imputados por esta justicia transicional o que no ha mostrado la suficiente colaboración durante el proceso especial brindado por la JEP, creada por el acuerdo de paz con las FARC en 2016 para juzgar crímenes de lesa humanidad.

En este caso, Mejía, juzgado por asesinatos extrajudiciales de jóvenes inocentes, llamados 'falsos positivos', no quiso reconocer su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados por la JEP que le halló máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur del vecino departamento de La Guajira.

Por ello, el excoronel fue remitido a la UIA, la Fiscalía de la JEP, que actúa como un juzgado más tradicional y donde el acusado puede llegar a enfrentar la pena máxima pedida por la acusación, que son 20 años de prisión.

Se espera que Ruiz Mahecha siga este mismo camino. EFE

Túnez, 30 sep (EFE).- Human Right Watch (HRW) instó este lunes a las autoridades tunecinas a liberar a la histórica disidente Sihem Bensedrine, detenida en agosto en "un contexto de creciente represión" por parte del presidente, Kais Said, ante las presidenciales del domingo 6 de octubre.

Bensedrine, expresidenta de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD) para investigar los crímenes del antiguo régimen, representa además un icono del proceso de Justicia transacional que el país inició en 2011 con la transición democrática y que quedó "socavada" por Said, según denuncia HRW.

"Con Said postulándose para un segundo mandato, las autoridades han excluido o encarcelado a posibles competidores, encarcelado a activistas y atacado a los medios independientes y a los grupos de la sociedad civil que observaban el proceso electoral", reprobó la ONG.

Según HRM, más de 170 personas están detenidas en Túnez "por motivos políticos o por ejercer sus derechos fundamentales".

El fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez abrió una investigación en febrero de 2023, sobre la base de una denuncia de 2020 de un antiguo miembro de la IVD, y la acusó de "utilizar su cargo para obtener una ventaja injusta", "fraude" y "falsificación".

Tras su detención en agosto tres expertos de las Naciones Unidas valoraron que el arresto de Bensedrine "podría equivaler a acoso judicial por el trabajo que ha realizado" como jefa de la comisión, con el objetivo de "desacreditar" el informe de la IVD.

Durante los cinco años de mandato de Bensedrine (2014-2018), la IVD recibió 62.000 denuncias de particulares y organizaciones y llevó a cabo decenas de sumarios a través de tribunales especializados, en los que fueron incriminados antiguos cargos, incluido el dictador Zine el Abidine Ben Ali, derrocado por las protestas populares de 2011.

"Este es un claro caso de represalia, y las autoridades deberían liberar inmediatamente a Bensedrine, retirar los cargos y dejar de atacar a los defensores de los derechos humanos", reclamó Bassam Khawaja, director adjunto para Oriente Medio y África del Norte de HRW. EFE

Piedad Zuccardi, exsenadora del Partido de la U, deberá enfrentar las acusaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió rechazar su solicitud de sometimiento, argumentando que los aportes de Zuccardi a la verdad no eran adecuados ni aptos para la jurisdicción transicional, según informó el documento del tribunal de paz.

Este fallo implica que el proceso en su contra seguirá su curso habitual ante la instancia judicial mencionada.

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La parapolítica hace referencia a la supuesta colaboración de ciertos políticos con grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia. Piedad Zuccardi había solicitado que su caso fuera trasladado a la JEP, con el argumento de que, debido a su extensa carrera como senadora, la justicia transicional debía encargarse de su situación, alega su defensa.

Según lo informado, la JEP realizó una revisión exhaustiva de los aportes de Zuccardi a la verdad y concluyó que no cumplían con los requisitos para ser admitidos en su jurisdicción. Este desenlace ha determinado que la Corte Suprema de Justicia continúe investigando el caso, en línea con los procedimientos judiciales convencionales.

A pesar de las acusaciones, Piedad Zuccardi todavía goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva sea dictada. En este escenario, la Corte Suprema se encargará de esclarecer los hechos relacionados con la parapolítica y su implicación en ellos.

El anuncio reafirma la postura de la JEP de asumir únicamente casos que contribuyan de manera sustancial a la construcción de la verdad y la reconciliación en el marco de la justicia transicional en Colombia.

La complejidad de los vínculos entre política y conflicto armado sigue siendo un desafío para las instituciones judiciales del país, buscando siempre arrojar luz sobre los episodios oscuros de la historia reciente.

El caso de Zuccardi

En Sincelejo, Sucre, en 1952 nació Piedad Zuccardi de García, actualmente bajo investigación por su presunta relación con grupos paramilitares. Esta situación ha marcado su trayectoria política, especialmente desde junio de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia comenzó a cuestionar sus posibles vínculos con el paramilitarismo, motivada por las declaraciones del exjefe paramilitar Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino.

Zuccardi, quien contrajo matrimonio a los 20 años con el empresario Juan José García Romero y se radicó en Cartagena, ha vivido un camino intrincado en la política. En medio de las investigaciones en su contra, Zuccardi fue detenida el 24 de febrero del 2013 en el Centro de Estudios de la Policía en Bogotá.

Ella ha defendido su inocencia, afirmando que los testimonios en su contra provienen de personas indirectas o de oídas, insistiendo en que no existen pruebas concretas de alianzas con las autodefensas. Además, argumenta que las reuniones que mantuvo con líderes paramilitares formaron parte de los procesos de paz de la era Uribe y fueron debidamente autorizadas. Asimismo, denuncia que la información en los medios ha sido manipulada, y se considera víctima de juicios paralelos que pretenden vincularla con acuerdos ilegales.

El nombre de Piedad Zuccardi comenzó a resonar fuertemente cuando, estalló el escándalo de los narcocasetes, en donde se nombró a su cuñado, Álvaro García. Este último se perfiló rápidamente como el líder liberal en Sucre durante los años 80. En contraste, su esposo, Juan José García, fue elegido senador por Bolívar en 1982 y ocupó su escaño durante cuatro períodos.

De hecho, fue a mediados de los años 90 cuando comenzaron las dudas. En el momento en que se supo de los narcocasetes, la mención de ‘El Gordo García’ en una de las conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y los hermanos Rodríguez Orejuela, enfocó los reflectores en Álvaro García. Sin embargo, el que resultó investigado y absuelto fue su hermano Juan José. Aún así, debido a un proceso en su contra por malversación de auxilios parlamentarios, decidió dejar la política. Fue entonces cuando su esposa Piedad Zuccardi entró a reemplazarlo.

Piedad Zuccardi fue una figura política clave para la reelección de Álvaro Uribe en 2006. Aún así la decisión de investigarla se tomó tras analizar diversas pruebas y considerar que la exsenadora representaba un riesgo para la sociedad, lo que llevó a decretar medida de aseguramiento en su contra.

La trayectoria política de Zuccardi, iniciada en 1998 con su llegada al Senado, se fortaleció cuando se unió al Partido de la U y se convirtió en aliada de Uribe en la región del Caribe. Para 2010, alcanzó uno de los mayores niveles de votación en el Senado con 75.450 votos. Sin embargo, desde entonces surgieron rumores de sus posibles conexiones con la parapolítica. En marzo de 2012, fue escuchada en versión libre tras recopilarse diversos testimonios, pero la Procuraduría pidió a la Corte que no la investigara, alegando falta de pruebas suficientes. A pesar de esto, la Corte continuó la indagación, encontrando elementos para proceder.

Las acusaciones contra Zuccardi provienen, en gran parte, de testimonios de paramilitares como Ernesto Báez y Diego Vecino, quienes señalaron reuniones clave donde se discutieron apoyos electorales. Uno de estos encuentros estaría relacionado con la campaña de Alfonso López Cossio a la Gobernación de Bolívar en 2003, supuestamente financiada por su esposo, Juan José García. Húber Bánquez, alias Juancho Dique, también declaró que García contribuyó económicamente a dicha campaña y que esto beneficiaba la elección de Zuccardi.

En 2003, la Corte Suprema expresó que Juan José García y Zuccardi estuvieron conectados a actividades de grupos paramilitares a través del apoyo a la campaña de López Cossio para la gobernación de Bolívar. Según la declaración de Húber Bánquez presentada en julio de 2009, García financió dicha campaña, facilitando así el proyecto de las autodefensas para asegurar la elección de Zuccardi. Además, el otro candidato era Libardo Simancas, a quien apoyaban Enilce López, alias La Gata, y Alfonso Ilsaca, conocido como El Turco.

Por su parte, Ernesto Báez, jefe paramilitar, indicó en sus testimonios que tuvo dos reuniones clave, una en Pueblito Mejía y otra en Ñanguma, donde se discutió el respaldo a la candidatura de López Cossio. Zuccardi, sin embargo, ha negado rotundamente su participación en tales reuniones, destacando su concentración en apoyar a Luis Guillermo Martínez en Cartagena durante su campaña de 2002.

Adicionalmente, en el proceso de investigación, surgieron referencias a otros encuentros en Los Manguitos y Casaloma en el municipio de Arjona, lugares donde se presume que Zuccardi tuvo interacciones con Carlos Castaño. La congresista ha sostenido que nunca asistió a estas reuniones y que las interacciones con Castaño eran de carácter institucional y llevadas a cabo en el marco de responsabilidades del Senado, de manera similar a encuentros con dirigentes del ELN en la cárcel de Itagüí.

La investigación también tocó el tema del congresista Javier Cáceres, sobre quien Zuccardi mencionó que ya estaba en la política cuando lo conoció y que no fue testigo de ninguna de sus reuniones con las autodefensas.

Zuccardi ha negado enfáticamente su participación en reuniones con paramilitares, afirmando que nunca asistió a los encuentros mencionados. Alega que ni ella ni su esposo han promovido o financiado grupos fuera de la ley.

El proceso ha incluido testimonios de testigos como Aleider Soto, alias El Primo, quien indicó que los medios han creado la percepción del vínculo entre Zuccardi y los paramilitares. La fase de pruebas terminó con cerca de 45 testimonios recogidos en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

Entre otros aspectos de su pasado político, en 2009, Zuccardi y otros congresistas afrontaron demandas por presunto tráfico de influencias en el proyecto reeleccionista, aunque fueron absueltos por el Consejo de Estado.

El Gobierno de Colombia ha dado un significativo paso en su estrategia de pacificación al anunciar su intención de iniciar diálogos con el Clan del Golfo, un grupo armado ilegal involucrado en múltiples actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico, según reveló una entrevista con el abogado del grupo criminal, Ricardo Giraldo.

Estas declaraciones se dieron a conocer durante una entrevista con Blu Radio, en donde Giraldo explicó que el grupo al margen de la ley busca explorar un proceso de justicia transicional en lugar de someterse a las autoridades, marcando la diferencia con otros acercamientos tradicionales.

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Ricardo Giraldo explicó que el Clan del Golfo no está demandando la creación de nuevas jurisdicciones ni la instauración de nuevas leyes para el proceso de negociación.

“Ellos no son pastorcitos de Belén... tampoco son narcotraficantes puros”, afirmó, subrayando que, a pesar de sus actividades delictivas, el grupo no puede simplemente ser etiquetado como narcotraficante.

En esta línea de ideas, propuso que la resolución del conflicto armado en Colombia no se logrará mediante el sometimiento, sino explorando otras rutas de justicia, en consonancia con las declaraciones del comandante del Ejército Gaitanista hace aproximadamente 15 días.

Durante su intervención en Blu Radio, Giraldo expresó una preocupación crucial del Clan del Golfo: la ineficacia de los procesos de sometimiento en el pasado. “Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista lo dijo hace unos 15 días: ellos quieren que haya justicia transicional porque el sometimiento no va a garantizar la pacificación de los territorios”, enfatizó.

La propuesta del Gobierno colombiano de entablar diálogos “socio jurídicos” ha abierto un debate en la nación. Mientras los actos administrativos actuales siguen hablando de sometimiento, los representantes legales del Clan del Golfo han rechazado esta posibilidad. Argumentan que la verdadera vía hacia la paz y la resolución del conflicto armado interno no radica en el sometimiento, sino en la negociación y la justicia transicional.

Giraldo también mencionó que “se abre la puerta para que se sienten las partes y se miren a la cara” con el propósito de discutir las propuestas. Este primer paso hacia la conversación podría ser fundamental para una solución pacífica y sostenible en las zonas azotadas por la violencia del Clan del Golfo.

Conocido por su participación en actividades delictivas y por su dominio en varias áreas del país, el Clan del Golfo ha recibido críticas severas debido a sus métodos de financiamiento y su implicación en el narcotráfico. Sin embargo, la representación legal del grupo está trabajando para diferenciarse de otros grupos criminales más centrados en el tráfico de drogas, presentando el diálogo y la justicia transicional como una vía viable para contribuir a la pacificación de las regiones en conflicto.

Diversos sectores de la sociedad han reaccionado con escepticismo hacia este enfoque. Organismos de derechos humanos y otras instituciones han mostrado reservas ante la posibilidad de negociar con un grupo tan controvertido.

Los críticos argumentan que este tipo de iniciativas podría interpretarse como una forma de legitimación de las acciones delictivas del Clan del Golfo. Sin embargo, los defensores del diálogo insisten en la necesidad de encontrar soluciones alternativas y pragmáticas al prolongado conflicto armado colombiano.

Las críticas también se dan en el contexto de experiencias fallidas anteriores con los procesos de sometimiento que, según las afirmaciones de los representantes del Clan del Golfo, no han logrado frenar la violencia ni asegurar una paz duradera.

Por su parte, el gobierno colombiano sigue firme en su postura a favor de la búsqueda de soluciones negociadas, intentando involucrar a todas las partes interesadas en un esfuerzo por poner fin a décadas de conflicto. Este cambio en la estrategia estatal no solo busca combatir el crimen y la insurgencia con fuerza militar, sino que también considera enfoques más integrales y humanitarios.

En este contexto, las palabras de Giraldo resaltan un aspecto crucial: “por lo menos se abre la puerta para que se sienten las partes y se miren a la cara”.

Como un paso fundamental para conocer la verdad calificó el exvicepresidente, exministro y exsenador de la República Germán Vargas Lleras, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acreditarlo como víctima del conflicto armado en Colombia. Lo anterior, como parte del proceso que adelanta el tribunal transicional por crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc en el territorio nacional.

Desde Neiva, el exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos, que además fue candidato a la Presidencia en 2010 y 2018, se manifestó en relación con la determinación del tribunal, que reseñó los atentados que sufrió el hoy líder del partido Cambio Radical, el 13 de diciembre de 2002, y el 10 de octubre de 2005, ambos en Bogotá; y en el primero de ellos producto de un “libro bomba” que le quitó dos de sus dedos.

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“Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización, lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido”, afirmó Vargas Lleras en su caso. Al punto que afirmó que desde hace más de 20 años que viene reclamando a las autoridades judiciales que le esclarezcan “qué pasó” en ambas ocasiones en las que su vida estuvo en serio riesgo.

El político bogotano de 62 años, que comenzó su trasegar como miembro del movimiento Nuevo Liberalismo, fundado por el asesinado ex aspirante a la Presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento, tendrá la facultad de entregar su testimonio ante la JEP, en lo que respecta a estos ataques; durante la época más sanguinaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Los atentados que marcaron la vida de Germán Vargas Lleras

El primero de los ataques de los que fue víctima el veterano político se produjo cuando Vargas Lleras se encontraba en su oficina en el Congreso y recibió un libro, que no parecía despertar sospecha alguna. En el momento en el que quiso ojearlo, detonó y le causó al líder de Cambio Radical graves lesiones en su mano izquierda: perdió dos dedos, y uno más quedó afectado.

Desde entonces, el exvicepresidente usa una especie de guante, con el que oculta parte de su extremidad superior, que quedó casi destruida.

En diferentes oportunidades se ha referido a este ataque como algo que marcó su vida, pues todo se produjo cuando vio unos regalos de Navidad sobre su escritorio, entre ellos un libro grueso de Ana Mercedes Hoyos, que confesó resultó ser su tabla de salvación. “Y, debajo del mismo, una agenda cuyo remitente era mi mujer, Luz María Zapata”, contó a Soho, lo que le generó cierta sospecha.

“Luego cogí la agenda. Ya no me acuerdo de qué color era ni cómo venía empacada, solo sé que me causó curiosidad el hecho de que Luz María me enviara un regalo a la oficina. Y cuál sería mi sorpresa cuando la abro y ¡pum!, explota entre mis manos”, destacó en este diálogo.

Por su parte, el segundo atentado en su contra se registró cuando se movilizaba con sus escoltas en un vehículo asignado para su seguridad. Mientras el político resultó ileso, algunos de los hombres que lo custodiaban sufrieron heridas de gravedad; en un suceso del que se recuerda fue señalado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como autoría de las Farc; ante la insistencia del congresista con el supuesto accionar de los paramilitares.

“Una primera aproximación a esta información nos permite esclarecer, con base en varios correos electrónicos que hemos encontrado hasta el momento, la autoría intelectual y material de las Farc en este atentado”, afirmó el 12 de octubre de 2010 el entonces ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, tras el análisis de los computadores del abatido cabecilla de las Farc, alias Raúl Reyes.

En afirmaciones que generaron reacciones diversas, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló el martes 14 de mayo del papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): ente que fue creado luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con la misión de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Según el primer mandatario, el tribunal transicional no es la instancia de cierre de verdad del conflicto armado en Colombia y puso como ejemplo el caso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso: al que el tribunal acogió como elemento bisagra de la relación entre estas estructuras y las Fuerzas Militares durante el accionar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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El pronunciamiento se conoció durante la posesión de Mary Lucero Novoa como nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. Y en el que también manifestó que irá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para advertir que “el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, por las trabas que se han registrado en la implementación.

“Si vamos a la práctica, ya siete años del acuerdo de paz, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad. La demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso. La discusión jurídica cuál era: que Mancuso es un paramilitar, no una bisagra. Mis debates parlamentarios mostraron que siempre había sido una bisagra, y al ser un paramilitar, su instancia no es la JEP, sino Justicia y Paz”, afirmó Petro.

Gustavo Petro insistió en un tribunal único de verdad

Del mismo modo, el primer mandatario insistió, con sus afirmaciones, en la necesidad de un tribunal único, para que en su concepto la verdad no se fragmente. En este caso, puso como en consideración lo sucedido en la masacre de El Aro, en el que hubo participación, según agregó, de paramilitares y miembros de las Fuerzas Militares.

“Entonces los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles a justicia ordinaria. La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad. Así se hizo la impunidad premeditada y estructurada en Colombia. Si se fragmenta, nunca llegamos a saber la verdad”, indicó el presidente.

Invitó a reflexionar sobre la congestión que hay en la Fiscalía General de la Nación sobre casos relacionados con los grupos armados y el accionar del conflicto en el territorio nacional. Un análisis que ya había hecho el 14 de marzo, cuando habló de que quería una reforma a la justicia “de cuatro o cinco artículos”, en pro de que el texto sea corto y fácil de entender, y fuera aprobado sin inconvenientes en el Congreso.

A su vez, el 18 de marzo, a través de su perfil de X (antes Twitter), al conocerse la decisión de la JEP de acoger a Mancuso, manifestó su beneplácito de la determinación, al punto de que reiteró la conveniencia de que existiera un solo tribunal de cierre de verdad.

“Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad. La verdad es la antesala de la reconciliación nacional. La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza, sino a través de establecer la verdad”, expresó Petro, lo que generó un debate sobre la idoneidad de la iniciativa.