El candidato presidencial Vladimir Cerrón ha intentado, sin éxito, detener la orden de prisión preventiva en su contra mediante varios recursos, incluyendo una solicitud de ‘habeas corpus’ presentada al Tribunal Constitucional. La situación jurídica de Cerrón se mantiene como uno de los aspectos más controvertidos del actual proceso electoral en Perú, en el que más de treinta aspirantes compiten por alcanzar la presidencia del país, según informó la prensa peruana.

De acuerdo con información de la justicia peruana publicada por diversos medios, el juez Leodán Cristóbal Ayala ha ordenado ampliar la búsqueda y captura de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Cerrón se encuentra prófugo desde diciembre de 2023, cuando quedó vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses motivada por sospechas de organización criminal y blanqueo de capitales vinculadas al presunto financiamiento irregular de Perú Libre. Estos hechos abarcarían las campañas del partido desde 2008 hasta 2021, detalló la prensa local.

La orden de detención anterior contra Cerrón caducó el pasado domingo, lo que llevó a que las autoridades judiciales emitan una nueva directiva para asegurar que continúe la búsqueda en todo el país. Tal como reportó la prensa de Perú, la ampliación responde a la necesidad de garantizar la comparecencia del candidato en las investigaciones, dado que hasta ahora no se ha logrado su ubicación ni su presentación ante la justicia.

Cerrón ha rechazado todas las acusaciones en su contra y ha emprendido distintas acciones legales para revertir la medida cautelar. Según consignó la prensa peruana, el Tribunal Constitucional anunció que primero revisaría si hay irregularidades en la presentación de la mencionada solicitud de ‘habeas corpus’ antes de examinar el fondo del caso. Esta solicitud representa el más reciente intento de Cerrón por revertir su situación judicial, aunque al momento no ha resultado en la suspensión de la orden restrictiva.

Pese a la orden de captura y a la condición de prófugo, el líder de Perú Libre se encuentra actualmente inscrito como candidato presidencial para las elecciones del 12 de abril, proceso en el que participan una treintena de postulantes. Esta coyuntura sitúa al país ante la posibilidad de elegir a su noveno presidente en apenas una década, un escenario sin precedentes recientes en la región, según puntualizaron medios peruanos.

Durante la campaña electoral, Cerrón pidió al Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de intervenir mediante videoconferencia en uno de los debates organizados para los aspirantes a la presidencia. Las autoridades electorales rechazaron su solicitud y propusieron que su compañero de fórmula participara en su lugar. Finalmente, el espacio asignado para la candidatura de Cerrón en el debate quedó desierto, de acuerdo con reportes de la prensa local.

El caso de Vladimir Cerrón ha suscitado debate en distintos sectores de la sociedad peruana, tanto por el impacto judicial sobre el desarrollo del proceso electoral, como por la repercusión que podría tener el desenlace de la situación jurídica del candidato en la legitimidad del próximo gobierno. Según informó la prensa especializada, la investigación en curso busca esclarecer la presunta participación de Cerrón y otros miembros de Perú Libre en operaciones de lavado de dinero y la existencia de una posible organización criminal en el seno de la agrupación política.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Vladimir Cerrón en todo el territorio nacional y han solicitado la colaboración de organismos de seguridad para dar con su paradero. La continuidad de la investigación y la resolución de las solicitudes presentadas ante el Tribunal Constitucional seguirán definiendo los pasos inmediatos de este proceso judicial, detalló la prensa peruana. El destino electoral y judicial de Cerrón permanece incierto a menos de un mes de las elecciones generales, en una coyuntura caracterizada por una alta fragmentación política y la persistencia de investigaciones por corrupción a nivel nacional.

La condena a Vladimiro Montesinos, exasesor de Inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, se suma a una serie de sentencias previas por diversas violaciones a los derechos humanos que incluyen la muerte de seis campesinos en la provincia de Pativilca y la desaparición de personas a inicios de los años noventa. Según informó la prensa peruana, la Justicia de Perú ha impuesto a Montesinos una pena de 20 años de prisión tras hallarlo responsable de homicidio calificado en el caso por el asesinato de la periodista Melissa Alfaro y de Víctor Hugo Ruiz León, ocurrido durante una explosión con sobres bomba el 10 de octubre de 1991.

De acuerdo con la información consignada por varios medios peruanos, el tribunal consideró probada la responsabilidad de Montesinos en el asesinato de Alfaro, quien se desempeñaba como jefa de Informaciones en el semanario Cambio. Alfaro murió al recibir un sobre envuelto en periódicos en las oficinas del medio, incidente inserto en una ola de atentados atribuidos a la llamada trama de los ‘Sobres Bomba’. Estos actos, perpetrados en un contexto de ataques contra activistas de izquierda y opositores políticos, causaron varias víctimas fatales y heridos en Perú durante la administración de Fujimori.

La Fiscalía había solicitado una condena de 35 años de prisión para Montesinos, sin embargo la sentencia final fue de 20 años. Además de los hechos que culminaron con la muerte de Alfaro y Ruiz León, el exasesor fue encontrado culpable por el delito de “homicidio calificado en grave tentativa” en relación a los casos de Augusto Zúñiga Paz, el parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes. Estos nombres figuran entre las víctimas de los atentados con sobres bomba, según detalló la prensa local.

El historial judicial de Montesinos incluye múltiples penas por causas similares. En 2024, las autoridades lo condenaron a 19 años y ocho meses por su participación en la muerte de campesinos que fueron presentados falsamente como miembros de Sendero Luminoso, en el marco de la llamada guerra sucia del Estado peruano contra grupos armados. El medio que cubrió el caso reportó que las tácticas ilegales y crímenes adjudicados a Montesinos formaron parte de la estrategia estatal contra insurgentes y disidentes.

En junio de 2023, Montesinos recibió una condena de 25 años de cárcel por la muerte de la agente de Inteligencia Mariella Barreto Riofano, secuestrada y ejecutada en 1997. La situación de Barreto evidenció la persecución a miembros de los propios organismos estatales vinculados a filtraciones o críticas a la administración de Fujimori y sus colaboradores.

Entre otras sentencias en su contra, destaca la impuesta en noviembre de 2021, que le asignó 17 años de prisión por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti en 1992. En 2016, la Justicia dictó 22 años de pena por la desaparición forzada de tres personas, de las cuales dos eran estudiantes universitarios, hechos registrados en 1993. Montesinos también fue declarado culpable por tráfico de armas a la organización armada FARC, de Colombia, causa por la que fue sentenciado en 2006.

La carrera en la clandestinidad de Montesinos terminó con su captura en Venezuela, en junio de 2001. Posteriormente, fue trasladado a Perú y juzgado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, donde se determinó su culpabilidad y se le impuso una sentencia de 25 años de prisión. Desde ese momento permanece recluido en la prisión naval de El Callao, en Lima, cumpliendo estas y otras penas acumuladas derivadas de su participación en crímenes cometidos durante el régimen de Fujimori.

Los juicios contra Montesinos han reconstruido parte del impacto de la violencia política en Perú durante la década de los noventa, periodo marcado por acciones estatales dirigidas contra presuntos simpatizantes o integrantes de grupos insurgentes, así como contra activistas, periodistas y opositores. En los expedientes judiciales, las acciones atribuidas a Montesinos incluyen tanto asesinatos como secuestros, desapariciones forzadas y tráfico de armas, según han detallado consistentemente medios peruanos e internacionales.

La historia de la salsa está marcada por episodios tan intensos como la vida de sus grandes protagonistas. Uno de ellos fue Willie Colón, el legendario “Malo del Bronx”, quien falleció este 21 de febrero en Nueva York a los 75 años, dejando un legado imborrable.

Sin embargo, pocos recuerdan el día en que el célebre trombonista y productor fue detenido en Lima, acusado de plagiar un tema musical peruano. El episodio, que mantuvo en vilo al mundo salsero y a la opinión pública, terminó con el artista librándose de la justicia peruana tras una jornada de tensión, argumentos legales y negociaciones de último minuto.

La acusación de plagio: “Llegó la banda” y la demanda de Walter Fuentes

El caso se remonta a la madrugada de un sábado 10 de septiembre del 2010 en Lima, tras un exitoso concierto de Willie Colón en La Molina. Apenas terminada la presentación, agentes de la Policía Fiscal y representantes del Ministerio Público intervinieron al músico y lo trasladaron al juzgado penal de turno, donde debía responder por una denuncia de plagio presentada por los familiares del compositor peruano Walter Fuentes.

La acusación señalaba que Colón había utilizado la letra de “Llegó la banda”, compuesta por Fuentes en 1973 y registrada en la Asociación Peruana de Autores y Compositores, para grabar su éxito “La banda”, incluido en su disco Asalto Navideño de 1974, interpretado por Héctor Lavoe.

El proceso judicial y la detención en Lima

La fiscal Lucila Cabrera, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal para delitos de propiedad intelectual, formalizó la denuncia ante el juzgado penal, citando el presunto delito contra los derechos de autor en la modalidad de plagio.

Willie Colón fue retenido por cerca de nueve horas, durante las cuales rindió manifestación y se sometió a los cuestionamientos de la justicia peruana. Según el artículo 219 del Código Penal, el delito de plagio conlleva una pena no menor de cuatro años ni mayor de ocho, además de multas económicas. La gravedad de la acusación hizo que el caso cobrara gran relevancia mediática.

El argumento de la defensa y la salida del “Malo del Bronx”

El abogado de Colón, Óscar Arenas, sostuvo desde el inicio que “no hubo plagio” y que, como corresponde a la ley, se abrió una investigación preliminar donde el juez debía determinar si existía o no delito.

Los medios reportaron que, tras varias horas de diligencias y negociaciones legales, la situación se resolvió sin que Colón fuera formalmente acusado o fuese a juicio. Se especula que pudo haberse llegado a un acuerdo extrajudicial con los representantes del compositor peruano.

Al salir del juzgado, Willie Colón se retiró en silencio, sin hacer declaraciones, y se dirigió a su hotel en el centro de Lima. El episodio terminó así, pero dejó huella en la memoria del espectáculo peruano.

Un conflicto de años: la batalla legal de Walter Fuentes y la disquera

La denuncia de plagio no fue un hecho aislado, sino el clímax de un litigio de años entre la familia de Walter Fuentes y la disquera Emusica Récords, editora de Colón. Fuentes siempre sostuvo que su canción había sido utilizada en Estados Unidos sin autorización, apenas cuatro meses después de su registro en el Perú.

La polémica puso sobre la mesa los vacíos legales internacionales respecto a los derechos de autor y los desafíos para los artistas y compositores latinoamericanos al proteger sus obras en mercados globales.

Willie Colón: legado y despedida

El paso de Willie Colón por la justicia peruana fue solo uno de los muchos capítulos en una vida marcada por la genialidad y las controversias. Desde sus inicios en el Bronx, su alianza con Héctor Lavoe y Rubén Blades, hasta su activismo social y sus éxitos como “Idilio”, “El gran varón” o “Gitana”, Colón fue un arquitecto de la salsa moderna.

Paradójicamente, nunca ganó un Grammy competitivo, pero sí el respeto y el cariño de millones de fanáticos que hoy lloran su partida y celebran su legado.

Varios procedimientos judiciales abiertos han puesto en tela de juicio las decisiones tomadas desde la más alta instancia del poder ejecutivo peruano. De acuerdo con la información difundida por el medio, el Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente José Jerí, quien dejará su cargo de manera inmediata. La votación registró 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que determinó la salida del mandatario tras una serie de acusaciones sobre presuntas prácticas de tráfico de influencias y favorecimiento de personas cercanas durante su gobierno, según consignó el medio.

El contexto político se tensó tras revelarse que Jerí afrontaba siete mociones de censura en simultáneo y dos investigaciones formales por supuestos actos irregulares. Entre los elementos de las pesquisas, las autoridades judiciales han centrado su atención en la contratación de individuos próximos a Jerí, práctica que despertó cuestionamientos acerca de la transparencia en la función pública. El medio detalló que la situación se agravó después de que medios de comunicación locales informaron sobre reuniones privadas entre el presidente y empresarios provenientes de China, encuentros que no contaron con la debida publicidad y se mantuvieron al margen de la agenda oficial.

Según publicó la fuente, las mociones de censura contra Jerí se originaron dentro del Congreso tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las sospechas de que el presidente habría utilizado su posición para beneficiar a un círculo selecto de colaboradores. La respuesta institucional fue gestionar de modo rápido el proceso legislativo, terminando en una decisión que obliga al relevo inmediato del mandatario. Legisladores declararon a la prensa local que las graves evidencias no podían ser ignoradas, ya que comprometían el correcto funcionamiento democrático y la confianza pública en la administración estatal.

La investigación judicial sobre la contratación de personas allegadas a Jerí alcanzó dimensión nacional luego de que diversas bancadas pidieran explicaciones sobre los criterios utilizados para los nombramientos. Según reportó el medio, los expedientes judiciales analizan si los procedimientos administrativos respetaron la normativa o si las designaciones respondieron a un intercambio de favores y lealtades personales, lo que constituiría una violación al principio de mérito y transparencia exigidos por la ley peruana.

Además, de acuerdo con el reporte, la publicación de las reuniones “clandestinas” entre Jerí y representantes de empresas chinas generó inquietud en sectores políticos y empresariales. El secretismo que rodeó estos encuentros fue mencionado como un factor que alimentó el recelo entre parlamentarios, quienes requirieron al Ejecutivo un informe detallado sobre los motivos y resultados de dichas citas. La falta de respuestas satisfactorias en la sesión del Congreso marcó un punto de no retorno para la continuidad del presidente en el cargo.

El resultado de la votación en el Congreso, reportó el medio, refleja la magnitud de la crisis, situada en la confluencia entre la desconfianza institucional, el avance de las investigaciones judiciales y la presión política. Jerí, electo para dirigir el ejecutivo, enfrenta ahora el proceso de sucesión que establece la Constitución peruana, mientras la justicia evalúa la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Las bancadas que impulsaron la destitución subrayaron que el principal objetivo de su accionar legislativo residía en restaurar la confianza ciudadana y asegurar el respeto por los procedimientos legales dentro del gobierno nacional.

El documento judicial que funda el proceso advierte que el presidente peruano, José Jerí, habría considerado instruir a las fuerzas de seguridad para que ingresen en la Embajada de México en Lima, con el objetivo de ejecutar una orden judicial de prisión preventiva en contra de Betssy Chávez. Este hecho ha motivado la presentación de un recurso de ‘habeas corpus’ que busca, además del salvoconducto que le permita a la ex primera ministra salir del país, que ninguna autoridad estatal intervenga en la sede diplomática mexicana. Según consignó el medio, el ingreso por la fuerza en una embajada extranjera constituye una violación internacional. En consecuencia, el Poder Judicial ha otorgado un plazo de tres días a las partes implicadas en la demanda para que expongan sus argumentos.

Según informó el medio, la Justicia peruana admitió la tramitación de un ‘habeas corpus’ presentado en favor de Chávez, quien fue sentenciada a once años y cinco meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de octubre de 2022. Chávez se encuentra refugiada desde noviembre del año pasado en la Embajada de México ubicada en Lima. El recurso fue interpuesto por un ciudadano contra el presidente Jerí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía y el Poder Judicial, y tiene como objetivo que se conceda un salvoconducto a la ex primera ministra para que pueda salir del país, previsiblemente rumbo a México.

El procedimiento judicial también busca que, mientras Chávez permanezca en la Embajada mexicana, ninguna autoridad del Estado peruano realice intentos de allanamiento o intervención en dicha sede, atendiendo a las advertencias sobre las posibles consecuencias internacionales de esa acción. Tal como publicó el medio, el recurso sostiene que cualquier acción de ingreso por parte de la fuerza pública en una misión diplomática contradice las normas internacionales y abriría un conflicto diplomático.

El fallo preliminar, que permite la tramitación del recurso, considera válidas las alegaciones que alertan del posible riesgo que supondría una intervención armada en instalaciones diplomáticas, en particular ante la existencia de la mencionada orden de prisión preventiva sobre la ex jefa de gabinete. El tribunal encargado de este proceso concedió a las entidades estatales demandadas un plazo de tres días para responder a las acusaciones planteadas y ofrecer sus justificaciones.

De acuerdo con la información proporcionada, la entrega de un salvoconducto recae en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Presidencia de la República. Este salvoconducto resultaría imprescindible para que Chávez salga de Perú bajo la protección de la Embajada de México, país al que buscaría trasladarse tras la tramitación de la medida.

El caso de Betssy Chávez ha generado tensiones entre los gobiernos de Perú y México. El medio detalló que, tras la recepción de Chávez en la sede diplomática mexicana, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, profundizando la crisis internacional derivada de la fallida asonada de 2022. La condena a Chávez, dictada por su implicación en los hechos en torno al intento de autogolpe de Estado, constituye el núcleo de las causas judiciales por las cuales se encuentra actualmente bajo protección diplomática.

La situación se mantiene a la espera de la presentación de alegaciones por parte de los organismos demandados. Hasta la fecha, Chávez permanece en la Embajada de México en Lima, resguardada mientras se resuelve la petición judicial de salida del país y se debaten las implicaciones legales y diplomáticas de su caso.

"Necesito que se respeten mis derechos", sostuvo Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', durante su comparecencia ante la prensa poco antes de ser trasladado a la Base Naval del Callao, centro penitenciario donde permanece bajo custodia desde su reciente extradición. Según detalló el medio Europa Press, el traslado tuvo lugar en medio de estrictas medidas de seguridad y una amplia cobertura mediática, reflejando la relevancia del caso en la agenda pública nacional. La Justicia peruana ha ordenado la reclusión provisional de Moreno Hernández por un periodo de 36 meses, decisión que se tomó tras su repatriación desde Paraguay este miércoles.

De acuerdo con Europa Press, la llegada de 'El Monstruo' al país fue seguida muy de cerca por el presidente José Jerí y otros altos funcionarios, lo que evidenció el impacto del caso en las autoridades nacionales. La orden de prisión preventiva se aplicó luego de evaluar los cargos que pesan sobre Moreno Hernández, a quien se le atribuye la jefatura de la organización criminal conocida como Los Injertos del Cono Norte, con operaciones centradas en el norte de la provincia de Lima.

La acusación formulada contra Erick Moreno Hernández considera su presunto rol como líder de una red dedicada a la extorsión y el secuestro, delitos por los cuales las víctimas llegaban a enfrentar amenazas de asesinato si no accedían a las demandas económicas, según publicó Europa Press. La misma organización a la que pertenece Moreno Hernández ha sido objeto de numerosas investigaciones policiales y judiciales debido a su vinculación con actos violentos y exigencias monetarias a cambio de la liberación de personas privadas de su libertad.

El proceso judicial recibió atención mediática e institucional desde que las autoridades peruanas lograron la captura de 'El Monstruo' en territorio paraguayo el 24 de septiembre anterior. Tras su detención, inició un procedimiento de extradición que, al completarse, permitió el envío de Moreno Hernández directamente a la Base Naval del Callao. Este establecimiento carcelario se caracteriza por albergar a internos considerados de alta peligrosidad, incluidos exintegrantes de agrupaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), según consignó el medio Europa Press.

Durante su traslado y comparecencia ante los medios, Erick Moreno Hernández solicitó expresamente contar con su abogado particular. "Necesito a mi abogado particular", expresó ante las cámaras luego de reiterar su petición de respeto por sus derechos legales en el desarrollo del proceso, informó Europa Press. A pesar de estas demandas públicas, el procedimiento judicial avanzó con la imposición de la medida de prisión provisional a la espera del desarrollo de las investigaciones y el proceso penal correspondiente.

La situación procesal de Moreno Hernández resulta aún más compleja, dado que ya registra una sentencia previa por 32 años de prisión. De acuerdo con lo indicado por Europa Press, la nueva causa se suma a su historial delictivo, en el que figuran delitos violentos como secuestro y extorsión, cometidos supuestamente bajo amenazas letales hacia las víctimas si sus exigencias económicas no eran satisfechas.

La repatriación de Erick Moreno Hernández desde Paraguay se convirtió en un episodio ampliamente cubierto por la prensa peruana, que acompañó cada paso del procedimiento, desde la llegada al país hasta el ingreso al penal. Las autoridades comunicaron la importancia de la captura de un cabecilla de una de las organizaciones criminales consideradas más activas en el norte de Lima.

Los elementos reunidos por la investigación, reportados por Europa Press, sustentan la gravedad de las acusaciones que motivaron tanto la solicitud de extradición como el dictado de prisión preventiva, en base a la presunta peligrosidad del acusado y la posibilidad de que intente obstruir el curso de las pesquisas. La decisión judicial busca asegurar la presencia del imputado durante la etapa de investigación y el eventual desarrollo del juicio oral.

Según el medio Europa Press, la presencia de 'El Monstruo' en la Base Naval del Callao lo sitúa bajo un régimen de seguridad especialmente estricto, equiparable al de internos por terrorismo y graves delitos contra la seguridad del Estado, reflejo de la preocupación institucional por el manejo de figuras delictivas de alto perfil en el sistema penitenciario nacional.

El seguimiento realizado al caso por el presidente José Jerí y distintas dependencias gubernamentales responde al interés de reducir la incidencia del secuestro y la extorsión, delitos que generan gran alarma social en la región norte de Lima. Hasta el momento, el avance del proceso judicial mantiene su curso bajo estricta observación pública y mediática, mientras la defensa de Moreno Hernández insiste en la garantía de sus derechos legales.

En medio de tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú, un juez peruano ordenó la detención preliminar por siete días de los ciudadanos colombianos Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, que fueron arrestados el martes 12 de agosto en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

Ambos hombres, contratistas topográficos, fueron detenidos por presuntamente realizar trabajos de medición de forma irregular en territorio que las autoridades peruanas consideran de su soberanía.

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El juez César Vela, del Juzgado de Paz Letrado de Ramón Castilla, emitió la medida alegando que su presencia es necesaria mientras se adelantan las diligencias preliminares de una investigación por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, que en Perú puede estar relacionado con actos encaminados a someter al país a dominación extranjera.

“Se evidencia de manera objetiva que los imputados, en caso de ser hallados responsables del ilícito penal que se les atribuye, podrían huir del accionar de la justicia”, dijo el magistrado durante la audiencia virtual. La detención se extenderá hasta el 19 de agosto, mientras avanza la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía peruana.

Según se conoció, los colombianos estaban realizando labores técnicas con equipos GPS cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Según la versión de los detenidos, fueron enviados por el Gobierno colombiano para realizar mediciones, sin saber que requerían un permiso especial para operar en territorio peruano.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de los topógrafos a medios locales, restando intencionalidad política a sus acciones.

Sin embargo, para el Gobierno del Perú, estos hechos no son aislados ni inocentes. En un comunicado del 13 de agosto, la Cancillería expresó su “más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía peruana sobre la isla Chinería”, y denunció una “sucesión de actos de provocación” por parte de ciudadanos colombianos en la zona fronteriza.

El caso escaló a nivel diplomático, luego de que Petro calificara la detención como un “secuestro ilegal”. A través de su cuenta en la red social X, Petro cuestionó la legitimidad de la acción peruana y puso sobre la mesa una vieja disputa fronteriza.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo con el Protocolo de Río de Janeiro”, publicó el mandatario.

El presidente hizo referencia al tratado de 1922 entre Colombia y Perú, que definió la frontera amazónica y le otorgó a Colombia acceso al río Amazonas a través del llamado Trapecio Amazónico, donde se encuentra la ciudad de Leticia. Sin embargo, Colombia sostiene que Santa Rosa, al ser una isla fluvial formada posteriormente, no quedó claramente asignada en el tratado.

Por su parte, el gobierno peruano afirma que Santa Rosa de Loreto forma parte de la isla Chinería, bajo soberanía peruana desde 1929, y que la línea fronteriza fue claramente demarcada y reconocida internacionalmente.

Es preciso mencionar que, la localidad de Santa Rosa se encuentra en un punto geográfico clave: la confluencia del Amazonas donde se encuentran Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), en lo que se conoce como la triple frontera. El área, además de su valor estratégico, ha sido históricamente vulnerable a disputas territoriales y movimientos irregulares.

En cuanto a los colombianos detenidos, aunque no se ha detallado la posible duración del proceso, las autoridades del Perú indicaron que se llevarán a cabo “una serie de diligencias pertinentes” en el marco del procedimiento penal.

Pronunciamiento de la Cancillería colombina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su preocupación por la detención de los dos colombianos, surgida en el río Amazonas, resaltando que la única asignación territorial se hizo en 1929. Según el comunicado, la detención fue llevada a cabo por autoridades peruanas instaladas de manera unilateral, cuya legitimidad Colombia no reconoce en ese territorio.

La Cancillería informó que los ciudadanos estaban realizando trabajos técnicos vinculados a la expansión del muelle Victoria Regia de Leticia y no acciones relacionadas con reclamos territoriales. Por eso, Colombia rechazó las acusaciones de atentado contra la integridad de Perú e instó a liberar de inmediato a los detenidos.

El Gobierno colombiano, a través de su consulado en Iquitos, está interviniendo para asegurar que se respeten los derechos procesales de los connacionales y sus condiciones de detención, de acuerdo a acuerdos internacionales. Finalmente, Colombia reafirmó su intención de tratar el tema con Perú mediante canales diplomáticos, señalando los lazos históricos entre ambos países.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional inició este jueves la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra Vizcarra como parte del juicio oral por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

Tras escuchar los argumentos del fiscal y del abogado del expresidente desde las 17:00 hora local (22:00 GMT), el juez Víctor Alcocer suspendió la sesión y programó la continuación para este viernes a partir de las 9:00 horas (14:00 GMT).

A la salida de la audiencia, Vizcarra declaró a la prensa que no existe el peligro de fuga que argumenta la Fiscalía y dijo que seguirá atendiendo todas las citaciones judiciales como viene haciendo, puesto que "está dando la cara" porque no ha hecho "nada ilegal".

"Mañana estaré presente, no voy a fugarme, voy a dar la cara", remarcó al añadir que los "millones" de peruanos que apoyan su partido, Perú Primero, merecen respeto.

Expuso que en los últimos meses ha viajado a varias localidades fronterizas del país con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, y en ningún momento ha salido del territorio peruano.

En este sentido, afirmó que los argumentos del fiscal anticorrupción Germán Juárez están "forzados y tergiversados" y no tienen "ningún sustento".

Además, aseguró que está sufriendo una "persecución política", al nombrar su destitución por el Congreso cuando era presidente, en 2020, y la triple inhabilitación, hasta por 10 años, que le ha impuesto el Parlamento para ocupar cargos públicos.

Este viernes continuará la audiencia en la que el juez deberá decidir acepta el pedido fiscal en el juicio oral contra Vizcarra por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, cuando fue gobernador de Moquegua.

La solicitud fue hecha por la Fiscalía ante el próximo vencimiento del impedimento de salida del país impuesto al exgobernante mientras afronta una petición de 15 años de cárcel.

El juicio oral comenzó el 28 de octubre del año pasado por los casos del proyecto de irrigación 'Lomas de Ilo' y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que Vizcarra es acusado de haber recibido unos 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares o 552.300 euros).

La Fiscalía ha pedido que por el caso 'Lomas de Ilo' se le impongan 6 años de prisión y por la licitación del hospital, otros 9 años de cárcel.

También solicitó que sea inhabilitado durante 9 años para ejercer cualquier cargo público.

"El Ministerio Público ha considerado que existe un concurso real de hechos punibles y se deben sumar las penas, por lo que solicita por ambos delitos la pena de 15 años de pena privativa de la libertad", remarcó el fiscal Germán Juárez cuando comenzó el juicio.

La Justicia de Perú ha impuesto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski la prohibición de salir del país durante los próximos 18 meses mientras avanza la investigación en su contra por lavado de dinero, una medida que ha llegado poco después de que intentara este sábado viajar a Estados Unidos.

Kuczynski, de 87 años, está acusado de liderar una organización criminal dentro de su partido --ya disuelto--, Peruanos por el Kambio, que habría recibido dinero de manera irregular para la campaña de 2016 por parte de la constructora CASA, que forma parte de la red bautizada como 'Club de la Construcción', un consorcio de empresas que desde 2001 habrían ofrecido sobornos para lograr contratos públicos.

La decisión de la Justicia viene poco después de que la defensa de Kuczynski presentara sin éxito una petición de cambio de jueces alegando una supuesta parcialidad de los que participan en este proceso judicial, informa 'La República'.

Kuczynski ha adelantado que presentará un recurso de 'habeas corpus' para poder viajar a Estados Unidos, donde se encuentra su esposa, Nancy Lange, a quien no ve desde hace siete años, y ha denunciado que las autoridades migratorias, "de manera arbitraria", le impidieron tomar su vuelo, vulnerando así todos sus derechos.

Cuando apenas llevaba 20 meses en el cargo, Kuczynski renunció en marzo de 2018 negando las acusaciones de corrupción. Un año después, la Justicia le impuso una pena de 36 meses de prisión preventiva, si bien acabó cumpliendo en arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

La Justicia peruana ha prohibido al exministro del Interior Juan José Santiváñez salir del país durante los próximos 18 meses mientras continúa la investigación en su contra por un posible delito de tráfico de influencias relacionado con un supuesto soborno al Tribunal Constitucional para beneficiar a un investigado.

El caso se remonta a 2021, tres años antes de asumir el cargo de ministro del Interior, del que fue despojado en marzo de 2025 tras no superar una moción de censura en el Congreso por gestión de la crisis de seguridad.

Santiváñez se encargó por entonces sin éxito de la defensa de Miguel Marcelo Salirrosas, antiguo policía con nexos con el crimen organizado, que finalmente fue condenado y enviado a prisión en agosto de 2022 tras agotar varios procedimientos.

Ya en 2024, ocupando la titularidad de la cartera, el entorno de Salirrosas se puso en contacto con él. Santiváñez solicitó 20.000 dólares (17.000 euros) para sufragar "asesores externos" si bien el dinero sería para sobornar a jueces del Tribunal Constitucional, según la versión de la Fiscalía, informa 'La República'.

Sin embargo, a pesar del supuesto pago de este soborno, Salirrosas continuó en prisión por lo que se le reclamó dicho dinero, lo cual hizo.

Santiváñez es el sexto ministro en ocupar la cartera del Interior en apenas poco más de tres años de Gobierno de una también muy cuestionada presidenta Dina Boluarte. Su reemplazo ha sido Julio Díaz Zulueta.

“Un hombre nos atacó sin provocación, nos persiguió y trató de hacernos daño. No golpeé al hombre con una botella de vidrio, fue de plástico. Perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza, y eso causó su muerte”, aseguró el estadounidense a Heartland News, donde también explicó que enfrenta una acusación por “homicidio con intención eventual”, una figura legal que implica causar la muerte con conocimiento de que podría ocurrir.

Proceso judicial y negociaciones complicadas

El caso permanece en fase preliminar en el sistema judicial peruano, y el acusado reside actualmente en Cusco, siguiendo el consejo de sus abogados para no abandonar el país. “Me dijeron que no debía irme porque podrían usar eso en mi contra, alegando que estoy tratando de huir de un delito que no cometí intencionalmente”, comentó en su entrevista.

La situación se ha complicado tras el rechazo por parte de la familia de la víctima a un acuerdo económico propuesto por el estadounidense. Según él, inicialmente ofrecieron una suma razonable que incluía algunos miles de dólares y pagos mensuales de alquiler durante un año, pero los familiares exigen ahora medio millón de soles (aproximadamente 136,000 dólares), un monto que considera “muy por encima del límite legal y lo que no es físicamente posible para mí pagar”.

En una publicación reciente en su cuenta de Facebook, expresó: “Ahora seguiremos nuestra defensa y el tribunal decidirá cuánto debemos pagar. Estaré aquí mucho más tiempo del que había planeado. Puede tardar semanas, incluso meses en resolver este problema dentro del sistema judicial”.

Denuncias de corrupción y discriminación en el sistema judicial peruano

El estadounidense no solo critica las acusaciones en su contra, sino también la actuación de la policía y la justicia en Perú. En su cuenta de TikTok ha denunciado corrupción y falta de transparencia en el proceso. “Si estás en Perú y necesitas ayuda, no acudas a la policía. La policía peruana está plagada de corrupción, secuestra y extorsiona, especialmente a extranjeros. Encontrar un buen policía es tan raro que es más seguro no hablar con ninguno”, afirmó en uno de sus videos.

Estas críticas se reflejan también en su experiencia personal. “No tengo privilegio blanco en Perú. Me están apuntando únicamente porque soy un extranjero”, dijo en declaraciones para Heartland News, agregando que cuenta con evidencias que respaldan su versión, pero siente que estas no han sido tomadas en cuenta.

Apoyo familiar y búsqueda de respaldo internacional

En Estados Unidos, la familia del joven ha intensificado sus esfuerzos para lograr su regreso. Su madre, Kelly Brown, quien habló con Heartland News, expresó que ha enviado múltiples cartas y correos electrónicos a autoridades y organismos en busca de ayuda. “Estoy en una situación mucho más grave que la que habría estado si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos. Sé que el presidente y su gabinete defenderán a sus ciudadanos, espero que ayuden a mi hijo a regresar”, afirmó.

Mientras tanto, el acusado cumple con las medidas recomendadas por sus abogados, a la espera de que el proceso legal avance y se resuelva. Al cumplir 25 años, expresó su deseo de cerrar este capítulo difícil: “Es hora de volver a casa, terminar mi carrera universitaria y seguir adelante con mi verdadera pasión”, declaró durante la entrevista.

"La empresa reafirma su compromiso con el Acuerdo de Colaboración suscrito con el Estado peruano, representado por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, así como el respeto irrestricto a todas las leyes aplicables en las diferentes jurisdicciones donde desarrolla sus actividades", asegura un comunicado divulgado en sus redes sociales por el grupo Novonor, el nuevo nombre asumido por Odebrecht.

La nota agrega que dicho acuerdo prevé no solo la entrega de documentos y de testimonios de sus ejecutivos sino también los mecanismos de cooperación jurídica entre Perú y Brasil, pero desde que se respeten las restricciones al uso de pruebas previstos por los mismos.

"La presente suspensión de la cooperación jurídica internacional responde a reiterados incumplimientos, debidamente documentados por la empresa y oportunamente comunicados a las autoridades de Brasil, de compromisos asumidos por la Procuraduría Pública y el Equipo Especial de Fiscales en los Acuerdos de Compromiso Internacional", asegura Novonor al justificar la decisión de las autoridades brasileñas.

Según la otrora gigante constructora, el acuerdo de colaboración prevé la imposibilidad de que las fuentes y medios de pruebas proporcionados voluntariamente por la compañía sean utilizados en su contra para la instrucción de procesos penales, civiles y administrativos.

La nota agrega que tales incumplimientos se viene repitiendo desde 2018, "lo que demuestra que trasciende a gobiernos y a la política".

"La empresa continúa cumpliendo íntegramente con sus obligaciones y espera que se subsanen todos los incumplimientos, restableciendo las condiciones de seguridad jurídica para el pleno respeto de los compromisos internacionales y del Estado de Derecho", concluye el comunicado.

Novonor divulgó su comunicado un día después de que el Gobierno de Brasil advirtiera que no retomará la colaboración con Perú en el caso Odebrecht hasta que las autoridades de ese país desestimen el uso de las pruebas anuladas por el Tribunal Supremo brasileño.

El Ministerio de Justicia de Brasil interrumpió la colaboración con las autoridades siguiendo el ejemplo de la Procuraduría General, que en abril de 2024 anunció la suspensión de la colaboración con el país andino por tercera vez.

El Tribunal Supremo anuló en 2023 todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora debido a errores procesales cometidos en la Justicia brasileña, pero la Justicia peruana continúa usándolas en los procesos por corruptelas en ese país.

Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que, entre 2001 y 2016, pagó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de doce países, en su mayoría de América Latina.

La constructora admitió haber pagado sobornos para adjudicarse un centenar de proyectos de construcción, unos actos criminales que le permitieron obtener beneficios calculados en 3.336 millones de dólares.

Las revelaciones del caso tuvieron una enorme repercusión política en países como Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador, países donde fueron investigados o condenados políticos de alto nivel, entre ellos varios expresidentes.

El último de ellos es el peruano Ollanta Humala (2011-2016), quien el pasado 15 de abril comenzó a cumplir una condena a 15 años de cárcel por haber recibido aportes ilícitos a sus campañas electorales, entre ellos de Odebrecht. EFE

Lima, 22 ene (EFE).- La Justicia peruana condenó a cinco años de prisión a un guía turístico de Machu Picchu que recibió 100 soles (26 dólares o 25 euros) de un turista que no tenía entrada y quería ingresar al yacimiento, informó este miércoles el Ministerio Público.

"La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cuzco (Segundo Despacho) logró que se dicte sentencia condenatoria de cinco años de prisión efectiva contra el vigilante conservador del Parque Arqueológico de Machu Picchu Eison J. A.", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El guía fue denunciado por cobrar 100 soles para permitir que un turista peruano ingresara sin entrada al circuito Nº 3 de la ciudadela inca para tomarse fotos junto a sus familiares, según la información difundida.

La condena comprende también cinco años de inhabilitación, el pago de 3.000 soles como reparación civil a favor del Estado, una multa de 4.589 soles y 261 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

"El sentenciado aceptó la responsabilidad penal por el delito de cohecho pasivo propio y se acogió al mecanismo legal de la terminación anticipada planteado por el despacho a cargo de la fiscal provincial Gladys Victoria Aparicio", agregó el Ministerio Público.

Además, también fue sentenciado el turista que le pagó esta cantidad a través de una aplicación billetera digital, Edgar A. Durand, quien también aceptó ser autor del delito de cohecho activo genérico.

El juez le impuso al turista una pena de tres años y cuatro meses de prisión suspendida bajo reglas de conducta, así como 2.000 soles de reparación civil y 304 días multa equivalente a 6.333 soles.

El Ministerio Público agregó que gracias a "las diligencias urgentes e inaplazables dirigidas" por la representante fiscal, se logró acreditar que el vigilante conservador de Machu Picchu "omitió cumplir con su función de cuidar las rutas, circuitos del yacimiento". EFE

Lima, 25 oct (EFE).- La Justicia peruana ratificó este viernes la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), porque, según el magistrado, "persiste el riesgo de fuga" en el caso abierto por el autogolpe de Estado fallido de 2022.

"El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el acusado expresidente Pedro Castillo y, consecuentemente, declaró vigente esta medida impuesta en el proceso por el delito de rebelión y otros", anunció en la red social X la institución.

Precisó que esta decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.

El magistrado señaló en su resolución que "persiste el peligro de fuga del acusado" y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo.

El 9 de septiembre, Checkley determinó que Castillo irá a juicio oral por el fallido golpe de Estado que intentó dar el 7 de diciembre de 2022, junto con sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.

Entre los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados "deben ser contrastados en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación" del caso.

Con esta medida, el Poder Judicial resolvió "continuar con el proceso que enfrenta Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y otros por el delito de rebelión y otro en agravio del Estado".

Al presentar su solicitud de acusación en enero pasado, la Fiscalía pidió que el exmandatario sea condenado a 34 años de cárcel por la comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Actualmente, el juez Checkley lleva adelante la etapa de control de pruebas, en la que se evalúan las evidencias presentadas por la Fiscalía, así como la pertinencia de los testigos que serán convocados a declarar.

El proceso aún debe esperar a que el magistrado concluya con esta etapa y emita un auto de enjuiciamiento, en el que debe formalizar el inicio de un juicio oral que, de acuerdo con el alto cargo que ocupó Castillo, deberá ser asumido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.

En respuesta, fue destituido por "permanente incapacidad moral" y luego detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que desde entonces permanece en prisión mientras es procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción. EFE