La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres policías sobrevivientes, acusándolos de la muerte de sus compañeros Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo en la vereda El Recreo (Cauca), después de que nuevas pruebas balísticas contradijeran la versión inicial de un ataque externo.

La investigación, reconstruida por la revista Semana, detalla que, tras nueve años de investigaciones, el caso cambió de orientación judicial tras un informe clave.

El 26 de junio de 2017, un grupo de la Policía Nacional fue asignado a un operativo en Almaguer, un municipio al sur del Cauca. La patrulla, integrada por cinco funcionarios, se desplazaba en una camioneta por la vereda El Recreo, jurisdicción de La Vega, cuando los policías Fabián Ordóñez Cancimance y Víctor Manuel López Giraldo murieron a causa de disparos.

Los tres sobrevivientes declararon, según el mencionado medio, que habían sido atacados por supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde una motocicleta—a partir de la presencia histórica del ELN en esa zona montañosa.

Informe balístico: el vuelco del caso

El análisis pericial solicitado por la Fiscalía General de la Nación, principal órgano de investigación penal en Colombia, marcó un punto de inflexión.

De acuerdo con el reporte citado, el informe de balística determinó que “en ningún momento los disparos realizados presuntamente desde el exterior del vehículo en el que se desplazaban los integrantes de la patrulla de policía judicial impactaron al interior”. Además, los impactos en los cristales y los disparos letales se originaron dentro de la camioneta.

A la luz de estos elementos materiales probatorios, la investigación concluyó que la muerte de las víctimas fue causada por compañeros de su propia institución. El caso fue catalogado en el ámbito judicial como fuego amigo o posible dolo.

Imputación formal y procesos judiciales

Sobre la base de las pruebas recabadas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos tras 9 años de investigaciones.

Iván Darío Ramírez Cardona y Yonier Alejandro Marín Millán fueron acusados de homicidio culposo, falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, todos en calidad de coautores y a título de dolo.

Por su parte, Jhon Jairo Martínez Martínez, actualmente residente en España y quien compareció remotamente, fue imputado por falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal, también como coautor y con dolo.

Ninguno de los 3 imputados aceptó los cargos. Se encuentran en libertad, dado que la Fiscalía no solicitó órdenes de captura ni medidas de aseguramiento.

La DEA desmantela red de policías vinculada al Clan del Golfo en Colombia

Una incautación de 1.849 kilogramos de cocaína en Bélgica permitió a la DEA, con colaboración de autoridades colombianas, destapar en 2023 una red de oficiales de la Policía Nacional que, en alianza con el Clan del Golfo, facilitaban envíos internacionales de droga.

Esta operación genera consecuencias jurídicas inéditas: por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, uno de los investigados será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

Según la investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos se sustenta en evidencias que incluyen grabaciones. En estas, dos uniformados son captados negociando exportaciones de cocaína con intermediarios del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El caso marca un hito en la cooperación judicial entre ambos países y revela el nivel de penetración de redes criminales en las estructuras de seguridad.

La incautación en el puerto de Amberes permitió a la DEA reconstruir en detalle todo el recorrido del cargamento desde Colombia, incluyendo el manejo de contenedores y la implicación directa de funcionarios policiales en la logística.

Uno de los oficiales identificados es el mayor Andrés Osorio, quien, según el reporte remitido a los juzgados colombianos, figuraba en la nómina tanto del Clan del Golfo como del grupo criminal Los Pachenca, también llamado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Las pruebas recabadas muestran que Osorio y al menos otro oficial utilizaban sus funciones para allanar el paso de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos y Europa.

Según la información enviada a la justicia, ambos se comunicaban “directamente con representantes de otras Organizaciones de Tráfico de Droga” y, para su beneficio personal, aprovechaban su posición de confianza y los procedimientos legales internos “para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia”.

El destino judicial de Dagoberto Peña, exjugador profesional de baloncesto de origen dominicano, quedó definido tras una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos por delitos de abuso sexual infantil. Esta resolución también contempla una libertad condicional supervisada de por vida y la obligación de inscribirse como delincuente sexual si alguna vez obtiene la libertad.

El proceso judicial se sustentó en hechos documentados por las autoridades entre octubre de 2024 y febrero de 2026. De acuerdo con información emitida por el Departamento de Justicia, en ese periodo Peña utilizó y persuadió a dos menores para que participaran en actos sexualmente explícitos con la finalidad de producir representaciones visuales del abuso. La evidencia presentada incluyó material audiovisual generado por el propio Peña, así como imágenes enviadas por una de las víctimas.

La investigación que derivó en la condena se inició en 2025, cuando el padre de una de las menores descubrió comunicaciones inapropiadas entre el exjugador y su hija. Este hallazgo fue el punto de partida para que las autoridades recopilaran pruebas digitales y testimonios que permitieron profundizar en los hechos y construir el caso, según información de EFE.

El 23 de enero, Dagoberto Peña se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. La aceptación de responsabilidad aceleró el proceso y dio paso a la imposición de la pena máxima prevista para estos delitos. El tribunal dispuso además que, en caso de salir en libertad, el exjugador estará sometido a un régimen de vigilancia permanente y deberá permanecer inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

Durante la investigación, se estableció que Peña había recibido imágenes de una menor desnuda y participando en actos sexualmente explícitos. Además, se encontraron videos y fotos tomadas por él durante el abuso de dos menores. Las autoridades también confirmaron la existencia de material donde aparece una tercera menor en situaciones similares, lo que agravó la situación judicial del acusado y fortaleció el caso de la fiscalía.

Peña, de 37 años, tuvo una trayectoria deportiva reconocida en distintos clubes de España y en la selección nacional de República Dominicana. Militó en equipos como Básquet Coruña, Breogán, Estudiantes y Barcelona B, y participó en el Mundial de 2019 con la selección de su país. Cerró su carrera profesional en 2023 en el Grupo Alega Cantabria.

Tras retirarse del baloncesto, Peña se radicó en Florida, donde ejercía como profesor de educación física y entrenador. Su labor en el ámbito educativo y deportivo se vio abruptamente interrumpida tras la apertura de la investigación y los cargos en su contra.

Según informó Diario Libre, la investigación fue desarrollada por el FBI y el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas de Fort Myers, en el que participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte y el Departamento de Policía de Punta Gorda. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Yolande G. Viacava.

Este proceso se forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional puesta en marcha en 2006 por el Departamento de Justicia para enfrentar la problemática de la explotación y el abuso sexual infantil. El programa, coordinado por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Penal, articula recursos de distintos niveles gubernamentales para identificar, detener y procesar a quienes cometen estos delitos, así como para localizar y rescatar a las víctimas.

Ricardo L. recibió una condena de 104 años de prisión por delitos de abuso sexual agravado y explotación infantil, según confirmó este martes la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia, dictada tras varios años de litigios, responde a los crímenes cometidos contra tres menores de edad. Las víctimas, todas en situación de desamparo, fueron sometidas a agresiones sexuales y obligadas a realizar trabajos en la vía pública bajo amenazas directas del acusado.

Según informó la FGR por medio de redes sociales, el caso se remonta al año 2017, cuando el ahora condenado se acercó a las niñas y adolescentes prometiendo respaldo y protección. Las investigaciones revelan que el imputado aprovechó la falta de una red familiar para ganar su confianza. Poco después, comenzó a coaccionarlas para que vendieran productos tanto en la calle como en el transporte público, bajo un régimen de intimidación física y psicológica. “El imputado utilizó la situación de abandono y vulnerabilidad de las víctimas para ejercer control absoluto sobre ellas”, comunicó la FGR.

La Fiscalía salvadoreña detalló que los hechos juzgados no solo involucran una serie de ataques sexuales, sino también la utilización sistemática de las menores para la venta ambulante de productos en la calle y en el trasporte público.

“Según las investigaciones, las victimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad y abandono, cuando el imputado se ofreció a apoyarlas y protegerlas. Tiempo después, López comenzó a amenazar a las menores para que salieran a vender productos en la calle y en el transporte público”, expresa el ente fiscal.

El fallo judicial, que implica un total de 104 años se dictó tras la presentación de pruebas materiales, testimonios y pericias psicológicas. La Fiscalía General de la República consideró que la condena representa una respuesta del sistema judicial frente a delitos que afectan gravemente a la niñez salvadoreña, especialmente a quienes se encuentran en situación de abandono.

La Fiscalía General de la República determinó que Ricardo L. utilizó su posición de poder y control sobre las menores para someterlas a agresiones sexuales. La institución señaló que estos hechos comenzaron hace 9 años.

Fiscalía apeló reiteradamente para lograr la condena integral

A lo largo del proceso judicial, la Fiscalía insistió en que Ricardo L. no solo abusó de la confianza de las niñas, sino que se valió de su autoridad para mantenerlas bajo sometimiento. En diferentes etapas del juicio, la fiscalía presentó pruebas que acreditaban la continuidad y gravedad de los delitos cometidos por el imputado contra las tres menores.

El Ministerio público informó que debió recurrir en varias ocasiones ante instancias superiores, ya que en fallos previos el tribunal únicamente había encontrado culpable a Ricardo L. por el abuso cometido contra una de las víctimas y había decidido absolverlo respecto a los delitos contra las otras.

“López solamente había sido condenado por una víctima y había sido absuelto por el resto de sus acciones”, indicó el ente.

Ante esta situación, la fiscalía presentó recursos de apelación hasta lograr que la justicia reconociera la totalidad de los crímenes y dictara una condena acorde a la magnitud de los hechos.

Luis Bertolini renunció este jueves a la intendencia de Plottier, ciudad de la provincia de Neuquén, en medio de una investigación judicial por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Resa, minutos después de que ese cuerpo legislativo votara su suspensión preventiva por mayoría.

El ahora exjefe comunal, que había asumido el cargo en diciembre de 2023 con el 57% de los votos por el partido Desarrollo Ciudadano, negó toda irregularidad y afirmó que su dimisión “no nace de la debilidad ni de la culpa, sino del profundo respeto” a la voluntad popular. En su escrito, denunció lo que describió como una “maniobra judicial y política sin precedentes” en la historia de la ciudad, e imputó al gobierno provincial haber utilizado las instituciones de la Justicia para “torcer la voluntad popular”.

La renuncia de Bertolini se produce tras una jornada de alta tensión institucional. Más temprano, la jueza de Garantías Carina álvarez rechazó el pedido de la fiscalía para que el exfuncionario cumpliera prisión domiciliaria. Horas después, el Concejo Deliberante aprobó su suspensión preventiva al quedar formalmente imputado, y la carta de dimisión llegó al cuerpo legislativo casi en simultáneo con esa votación.

En su misiva, Bertolini sostuvo que durante meses existió “una coordinación asombrosa”, orientada a construir públicamente un relato de fraude por 2.300 millones de pesos. Afirmó que sobre la base de esas imputaciones se allanó tanto su domicilio particular como el municipio que conducía.

El exintendente destacó que el Ministerio Público Fiscal debió desistir de los cargos de administración fraudulenta y abuso de autoridad que inicialmente se anunciaron. Según explicó en la carta, “la pericia contable elaborada por la propia Fiscalía confirmó que no hubo sobreprecios y que no falta un solo peso de las arcas del municipio”. Tras ese retroceso de la acusación, la única imputación que subsiste es la de negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a Bertolini fueron acusados en la audiencia de formulación de cargos su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, el hijo de esta y un empresario. Para Ramírez se dictó además una prohibición de acercamiento al municipio.

“No voy a permitir que el cargo que los vecinos de Plottier me confiaron sea el instrumento de una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia”, señaló Bertolini en el texto. Acusó, sin mencionar nombres, a personas que “desde el poder provincial utilizaron las instituciones de la Justicia” con ese fin, y afirmó que su renuncia tiene por objeto “defender la democracia de Plottier desde el llano, sin los privilegios del cargo, pero con la fuerza de la verdad”, según indicaron los medios locales.

Bertollini había llamado la atención por un episodio en agosto de 2025. En ese momento se transformó en un tema de debate por la viralización de un video en el que se lo vio inaugurando un cartel. La escena, en la que Bertolini develó personalmente la nueva señalización, fue interpretada por algunos sectores como un gesto excesivo para una modificación vial específica, aunque el jefe comunal aseguró que la acción constituye el lanzamiento de un plan de reordenamiento más amplio. La polémica se profundizó ante las críticas surgidas en redes sociales y la subsecuente aclaración oficial sobre el trasfondo del acto.

El episodio captó la atención de los usuarios de la red social X, donde distintas opiniones pusieron en duda la pertinencia de celebrar una ceremonia formal para instalar un cartel de tránsito. Sin embargo, el propio Bertolini explicó a Telenoche que la decisión se inscribe en el inicio de un programa que contempla la transformación del sentido de circulación en entre 15 y 20 calles de la ciudad neuquina. La intervención oficial, aseguró el intendente, marcó el inicio formal de un proceso diseñado para resolver una “crisis” en la movilidad urbana derivada del crecimiento poblacional de la localidad durante la última década.

El Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, desarrollado recientemente en la ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que las víctimas ya no son invisibles. Ha nacido una nueva era para la justicia argentina, con una víctima ubicada en el centro de la escena y cuyo nuevo paradigma se encuentra enfocado en la victimología penal.

Este giro copernicano a favor de quien sufrió un delito, que viene gestándose desde el año 2017, momento bisagra en el reconocimiento de los derechos y garantías de las víctimas de delito con la sanción de la Ley 27372, ha obtenido un respaldo contundente en el Simposio mencionado, evento que se desarrolló los días 9 y 10 de abril en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que fue organizado por el Instituto de Victimología de Usina de Justicia (IVUJUS) y el Programa de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito de dicho colegio.

La victimología penal como ciencia autónoma y nueva corriente

Luego de haberse escuchado a numerosos expositores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, las conclusiones que emergen de tales jornadas resultan por demás claras: la victimología penal es una ciencia autónoma que debe ser reafirmada como tal y profundizada en su estudio en las carreras de grado y de posgrado; el derecho penal debe adquirir un rol científico y alejarse de ideologías anacrónicas y de escritorio como el abolicionismo penal; la víctima es un verdadero protagonista en el proceso penal, y se le deben garantizar todos los derechos; y el paradigma imperante debe ser la perspectiva de víctima para todas las víctimas.

El abolicionismo penal, ideología contraria a una sana perspectiva de víctima, ha sido por mucho tiempo la moneda corriente en la justicia y en la academia argentinas, una verdadera espada de Damocles para quien padeció un ilícito, para sus familiares y para la ciudadanía en general.

A su vez, los estudios hiperenfocados en el delincuente por parte de la criminología tampoco ayudaron a que la victimología emergiera como una ciencia independiente; de hecho, fue subestimada como una rama de la primera. Ello contribuyó, en gran medida, a construir un sistema penal pensado solo para quien cometió el ilícito y a dejar a la víctima como el convidado de piedra del proceso judicial.

Este Simposio, único e inédito en el país, pretende ser un faro de luz frente a la oscuridad en la que viven quienes padecieron un delito y para la sociedad en términos generales. Claramente, aunque los cambios no se llevan adelante de un día para otro, no cabe duda de que deben reconocerse estos acontecimientos coadyuvantes, como la sanción de leyes de víctimas o la realización de un evento como el que se viene referenciando.

También puede agregarse en esta lista la impartición de una diplomatura en victimología y derecho victimal, como la que hoy ofrece el IVUJUS a toda la ciudadanía. Estos hitos marcan un cambio de época y refuerzan la idea de que no hay marcha atrás en el reconocimiento de la víctima como un actor más dentro de los litigios judiciales.

Usina de Justicia a la OEA, paso clave para la victimología

El sentido del nuevo rumbo quedó plasmado en la Declaración de Buenos Aires, documento que fue leído y firmado por las autoridades y los expositores del Simposio. Allí se establecieron los siguientes principios: la reivindicación de la Declaración de las Naciones Unidas de 1985 como estándar mínimo e irrenunciable; la exaltación del nuevo paradigma del sistema penal enfocado en la víctima; la transición hacia un derecho penal y procesal penal científico, basado en evidencias; la exhortación a la OEA para sancionar una Convención Interamericana sobre Derechos de las Víctimas y el compromiso académico e institucional para financiar y desarrollar el paradigma de la victimología científica.

Los postulados de la Declaración de Buenos Aires serán presentados próximamente, por parte de una delegación de Usina de Justicia, en la asamblea que organiza la OEA en Panamá, en la que se intentará convencer a los representantes del organismo panamericano sobre la necesidad de aprobar, justamente, la Convención Interamericana sobre Derecho de las Víctimas.

El camino por seguir es muy claro: o se opta por una justicia justa basada en el indiscutible protagonismo de la víctima, apoyada en una ciencia del derecho, o se continúa con un sistema anquilosado en doctrinas obsoletas, nacido en países en los que nunca se implementó formalmente, como lo es el abolicionismo penal, que permite que los delincuentes estén en las calles o reciban toda clase de beneficios mientras las víctimas y el resto de la ciudadanía padecen graves consecuencias.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, sostuvo este miércoles una reunión clave con el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes Theodore, en la que ambas autoridades acordaron fortalecer el trabajo conjunto en materia de justicia penal, en un contexto en el que diversos sectores han señalado la necesidad de mejorar la coordinación institucional para garantizar procesos más ágiles, transparentes y efectivos.

El encuentro, desarrollado en la sede del Poder Judicial, fue calificado como un paso importante hacia la consolidación de una agenda común entre la CSJ y el Ministerio Público, especialmente en áreas sensibles como la investigación penal, el juzgamiento de delitos y la ejecución de políticas orientadas a combatir la impunidad.

El objetivo central de la reunión fue reforzar la coordinación interinstitucional en materia de justicia penal, con énfasis en la cooperación técnica, el intercambio de información estratégica y el acompañamiento a las reformas del proceso penal que actualmente se discuten en el Congreso Nacional de la República.

Las autoridades coincidieron en que una comunicación fluida y permanente entre jueces y fiscales resulta fundamental para garantizar el debido proceso, evitar retrasos innecesarios y mejorar los índices de resolución de casos, especialmente en un sistema judicial que enfrenta importantes desafíos en términos de carga procesal y recursos.

En ese sentido, tanto Vallecillo como Reyes Theodore subrayaron la importancia de fortalecer los equipos técnicos de ambas instituciones, quienes serán los encargados de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y de impulsar iniciativas concretas orientadas a mejorar la operatividad del sistema penal hondureño.

“El diálogo institucional no solo es necesario, sino indispensable para avanzar hacia una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía”, destacaron fuentes del Poder Judicial, al tiempo que reiteraron que este tipo de reuniones continuarán desarrollándose de manera periódica.

Uno de los puntos relevantes abordados durante el encuentro fue el análisis de las reformas al proceso penal que actualmente se encuentran en discusión en el Congreso Nacional.

Si bien no se detallaron los aspectos específicos, trascendió que ambas instituciones buscan aportar criterios técnicos que permitan fortalecer el marco normativo, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la eficacia en la persecución del delito.

Expertos en derecho han señalado que la modernización del sistema penal pasa necesariamente por una mayor articulación entre los operadores de justicia, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos y cuerpos de investigación, lo que convierte este tipo de acercamientos en una señal positiva para el fortalecimiento institucional.

Además de los temas estrictamente judiciales, el presidente de la CSJ también sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, con quien abordó la necesidad de ampliar la cooperación académica e institucional entre el Poder Judicial y la academia.

Durante esta reunión se discutieron diversos aspectos relacionados con la formación de profesionales del derecho, la capacitación continua de operadores de justicia y el fortalecimiento de espacios de investigación jurídica que contribuyan a la mejora del sistema judicial.

Entre los temas destacados figura el establecimiento de convenios de capacitación conjunta, orientados a actualizar conocimientos en áreas clave del derecho penal, procesal penal y derechos humanos, así como la certificación de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”, considerada un pilar fundamental en la formación de jueces y personal del Poder Judicial.

La certificación de esta escuela representa un paso importante para garantizar estándares de calidad en la capacitación judicial, alineados con las mejores prácticas internacionales y adaptados a las necesidades del contexto nacional.

Asimismo, se abordó la necesidad de reglamentar la práctica profesional de los estudiantes de Derecho, con el objetivo de asegurar que esta etapa formativa contribuya efectivamente al desarrollo de competencias prácticas y al fortalecimiento del sistema de justicia.

En este punto, las autoridades coincidieron en que la vinculación entre la academia y las instituciones del Estado es clave para formar profesionales comprometidos con la ética, la legalidad y el servicio público.

“El fortalecimiento de la justicia no solo depende de reformas legales, sino también de la calidad de la formación de quienes integran el sistema”, señalaron representantes de ambas instituciones tras el encuentro.

Los padres del menor de 12 años, presuntamente víctima, explicaron que el niño fue agredido y luego buscó ayuda sin titubear. Según contaron a El Tiempo, destacaron la importancia de apoyar a quienes atraviesan situaciones similares y reclamaron rapidez a la justicia.

Según las declaraciones de los padres y como se mencionó antes, en la tarde del 10 de abril, un grupo de niños jugaba en el parque del conjunto. Un joven de 15 años se acercó; según la madre de la víctima, primero contactó a varios pequeños y terminó por aislar al menor de 12 años.

“Este joven se acerca a hablarles y a ganarse su confianza. Agrede a un niño de nueve años, este se va corriendo a su casa y queda mi hijo solo. El joven intimida a mi hijo y lo agrede sexualmente tocando sus partes y tratando de introducir sus dedos en la cola”, relataron los padres en diálogo con El Tiempo.

El niño escapó del lugar mientras el presunto agresor lo seguía. “Este joven lo persigue por todo el conjunto y le intenta quitar las llaves y el chip de acceso a nuestra torre, intenta llevárselo por la fuerza, jalándolo y amenazándolo. Mi hijo logró zafarse y corrió hasta la portería”, afirmaron.

A salvo, el menor pidió apoyo a los guardas de seguridad para regresar a su apartamento. “Angustiado, llorando”, llamó a su padre. Al arribar la madre tras su jornada, intentó dialogar con la familia del señalado.

“Llegamos al apartamento donde vive, me recibió un hombre con tres piedras en la mano, con actitud indiferente y ajeno a la situación. No le importó, nos gritamos, nos insultamos y cerró la puerta”, contó la mujer.

Cómo una denuncia de abuso desató una batalla campal en Usme

La intervención de la Policía Nacional fue inmediata. La madre explicó la tensión creciente: “Mientras me encontraba en ese piso, la Policía impidió el ingreso del papá del niño. Se calentaron los ánimos afuera y los vecinos se aglomeraron al ver la situación. Fue llegando más y más Policía”.

Videos difundidos en redes sociales mostraban a vecinos reunidos en las áreas comunes, aguardando al joven señalado de la agresión. La situación degeneró en un enfrentamiento que involucró piedras, objetos contundentes y artefactos aturdidores.

Para proteger al menor de 15 años, fue necesaria su evacuación en un vehículo oficial. De acuerdo con el parte policial, el joven ya presentaba lesiones en ese momento.

Durante la acción policial, otra persona resultó atropellada y una más sufrió heridas al tratar de impedir el paso de la patrulla, según el balance oficial.

Las autoridades confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido, tanto en relación con los menores de edad como por la respuesta de los uniformados.

Familiares exigen justicia y llaman a no guardar silencio ante el abuso sexual

En pleno proceso, la madre del menor presuntamente víctima valoró la confianza de su hijo para contar lo sucedido. “Gracias a Dios, la confianza de mi hijo con nosotros es bastante grande que ante el primer caso de abuso no se quedó callado. Exijo justicia”, subrayó, manifestando también que ha conversado con otros padres que sospechan situaciones similares.

La familia recalcó que su principal anhelo es acceder a la verdad a través de los procedimientos legales.

La otra cara: denuncia de agresión contra el menor acusado

Del otro lado, la madre del joven señalado denunció las heridas sufridas por su hijo durante la reacción de la comunidad. “Le dieron tres puñaladas. El doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón y que es complicado. Yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, expresó.

La madre pidió que la investigación también abarque lo sucedido con el menor acusado y que se analice la actuación de quienes participaron en la pelea.

Entre enero y marzo de 2026, los tribunales especializados en crimen organizado de El Salvador han dictado condena a 26 cabecillas de pandillas bajo el modelo de audiencias únicas abiertas.

Este sistema, implementado en juzgados de San Miguel, Santa Ana y San Salvador, permite mantener juicios colectivos abiertos hasta por dos años, centrados en líderes y miembros de estructuras criminales.

Las sentencias derivan de detenciones realizadas durante el régimen de excepción instaurado el 27 de marzo de 2022, prorrogado en 49 ocasiones por la Asamblea Legislativa. En este contexto, los jueces aplican la reforma de julio de 2023 a la Ley Contra el Crimen Organizado, que exige penas de 45 a 60 años de prisión para cabecillas de pandillas.

Según información de Diario El Salvador, en las audiencias únicas, fiscales de varias unidades especializadas acusaron a los responsables por agrupaciones ilícitas y, en casos específicos, los jueces impusieron penas que superan 300 y 400 años por delitos como extorsión, homicidio, tráfico ilícito, feminicidio, lavado de dinero y otros hechos relacionados con el crimen organizado. Los 26 cabecillas sentenciados forman parte de más de 30 expedientes abiertos en el primer trimestre de 2026, los cuales siguen activos y permiten que la Fiscalía solicite nuevas acusaciones durante los próximos 24 meses.

Para fundamentar las condenas, el ministerio público presentó perfiles criminológicos que detallan el rango, función y control territorial de los acusados. Como encargados de grupos territoriales, los líderes emitían instrucciones directas y tenían la última palabra sobre la ejecución de hechos delictivos. La desobediencia a sus órdenes era sancionada, incluso con la muerte.

En San Salvador, ocho dirigentes mareros resultaron sentenciados. Entre ellos, las resoluciones destacan los siguientes casos:

• Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, de la estructura Hollywood Ganster Revolucionarios, recibió 40 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
• El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso 45 años de prisión a:

- Vladimir Antonio Guzmán Olmedo (“Drogo”) - Edwin Giovanni Benítez Orellana (“Little Spi”) Por actividades criminales en Chalatenango .

• Carlos Javier Vásquez Amaya, corredor de la clica Saicos Locos Salvatruchos, fue condenado a 60 años por su papel operativo en Cuscatlán.

Además, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado sentenció a tres cabecillas de la estructura Peajes Locos Salvatruchos, que operaba en La Paz y tenía bases en Estados Unidos, a 45 años de prisión cada uno.

Las audiencias únicas abiertas permiten mantener juicios activos y facilitan la actuación de la Fiscalía contra las estructuras, adaptándose al avance de las investigaciones.

Audiencia única para más de 480 cabecillas de la Mara Salvatrucha en San Salvador

Las autoridades judiciales de El Salvador han programado una audiencia única abierta para más de 480 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso está previsto para comenzar durante este mes de abril en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El expediente judicial contiene más de 37,000 folios y documenta 37,402 delitos atribuidos por la Fiscalía General de la República. Entre los cargos figuran agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, actos de terrorismo y rebelión.

La mayoría de los imputados participará de forma virtual desde distintos centros penales donde se encuentran recluidos, algunos desde hace varios años y otros detenidos tras el régimen de excepción, según información de Diario El Salvador. El grupo de acusados incluye 24 miembros de la ranfla histórica, 215 ranfleros y 253 corredores de programas.

Los integrantes de la ranfla histórica permanecen en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz, mientras que otros cabecillas están internos en los penales de Izalco, Ciudad Barrios y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Entre los procesados se encuentran dirigentes localizados en México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

De acuerdo con la Fiscalía, los principales responsables son los corredores de los 32 programas que componen la estructura de la Mara Salvatrucha. La acusación sostiene que estos líderes coordinaban actividades delictivas desde prisión y desde el exterior.

La audiencia única se prolongará durante varios meses debido a la cantidad de personas involucradas y la complejidad de los hechos documentados entre 2012 y 2022. En este proceso se busca establecer la responsabilidad de cada cabecilla en la estructura organizativa y en los delitos cometidos.

Las investigaciones fiscales señalan que la organización utilizaba diferentes estrategias para cometer crímenes. Entre los métodos identificados se encuentra el denominado “H1”, que consistía en asesinar a personas y luego enterrarlas para impedir su localización.

El expediente reúne pruebas sobre la ejecución sistemática de delitos y detalla el funcionamiento jerárquico de la estructura, según los fiscales encargados del caso.

La Fiscalía considera que el enjuiciamiento de los cabecillas y el debilitamiento de las redes de mando forman parte de la estrategia institucional en la lucha contra la criminalidad organizada, mientras se desarrolla una audiencia que podría tener repercusiones en la aplicación de justicia penal contra estructuras de pandillas.

El caso de Emily Gómez, una estudiante guatemalteca de 18 años, generó conmoción nacional tras confirmar el hallazgo de su cuerpo sin vida, luego de permanecer varias semanas desaparecida. Las autoridades confirmaron que la joven había sido vista por última vez cuando se dirigía a un almuerzo de cumpleaños con una amiga, y su muerte reavivó la preocupación ante el aumento de desapariciones de mujeres en Guatemala.

Autoridades sospechan de una venganza y hay seis personas capturadas

La desaparición de la joven ocurrió el 15 de febrero, un día antes de que cumpliera 19 años. La última vez que fue vista pública y oficialmente, se encontraba frente a una farmacia en el kilómetro 54.3 de la ruta jurisdicción a Barberena, Santa Rosa, momento en que se dirigía al almuerzo organizado por una amiga. Pocas horas después, su familia perdió todo contacto con ella y se activó la alerta Isabel-Claudina para mujeres desaparecidas.

La angustia se mantuvo durante casi un mes hasta el hallazgo de un cuerpo el 8 de marzo. Las autoridades reportaron que el cuerpo presentaba señales de violencia y que la localización fue clave, dado que coincidía con la zona donde se había perdido el rastro de Emily.

Medios locales señalaron que los restos fueron encontrados por la familia mientras dirigen un operativo de búsqueda por cuenta propia.

Las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) condujeron a la captura de seis personas presuntamente vinculadas al caso. El 12 de marzo, fueron detenidos Ezequiel P., de 36 años; Jonathan A., de 20 años; Ludwin M., de 28 años; Breyner D., de 20 años; Erick L., de 40 años; y Yeimi H., de 20 años. Los detenidos se desempeñaban como motoristas de mototaxi, y enfrentan acusaciones formales por delitos de conspiración para plagio o secuestro, así como por obstaculizar la acción penal. La orden de captura fue emitida el 11 de marzo, según reportes de la PNC.

Hasta ahora, la hipótesis de los investigadores indica que el asesinato podría estar vinculado a una venganza relacionada con un supuesto conflicto amoroso, aunque la policía continúa indagando el grado de participación de cada persona detenida.

El 17 de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) confirmó que los restos encontrados pertenecían a Emily Fernanda Gómez Chávez. La identificación tardo semanas, ya que la escena donde fue hallado el cuerpo, una finca en el municipio de Barberena, Santa Rosa, presentaba indicios de alteraciones con la presencia de otros restos humanos, según informaron las autoridades.

Familias exigen justicia tras la entrega de los restos de Emily

La familia de Emily Gómez recibió formalmente los restos este fin de semana, tras la confirmación definitiva de identidad por el INACIF. La joven fue velada por sus allegados, quienes han exigido públicamente que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que los responsables enfrenten la justicia.

La repercusión del caso refuerza el reclamo social por garantías de seguridad para las mujeres en Guatemala y evidencia la rapidez con que operan los sistemas de alerta y la justicia penal en crímenes de esta naturaleza.

En marzo de 2024 fui víctima de motochorros. No tendría que estar escribiendo esta nota, porque tendría que haber muerto en una banquina de la autopista Panamericana.

Me dispararon a quemarropa un tiro certero al pecho con una frialdad y naturalidad propia de quien realiza una tarea repetitiva. Me emboscaron para robarme la moto. No me resistí; estaba lleno de gente, en hora pico a plena luz del día saliendo del trabajo. No les importó nada.

Atravesé un infierno (5 cirugías), sobreviví de milagro, con secuelas que me quedarán de por vida.

No tuve justicia… lo único que obtuve de la justicia fue el dato de que los que me dispararon eran de un barrio de emergencia de San Martín, GBA... y la recomendación sobre qué moto comprar para que no me roben.

Anteriormente me habían intentado robar múltiples veces cada vez con mayor violencia, en lugares y horarios que antes consideraba seguros. Me fui acomodando, resignando... acostumbrando.

Luego del ataque no quedé con estrés postraumático, ni ataques de pánico, miedo o resentimiento… quedé con bronca y un feroz sentido de propósito.

Creo que resignarse y acostumbrarse implica aceptar que estemos cada vez peor; por eso elijo tener bronca...

Imposible procesar lo que viví como una “anécdota triste”… porque no fue un hecho aislado, ocurre constantemente. Está concentrado en el conurbano bonaerense pero se replica en muchas otras partes de nuestro país, que parecen zonas de guerra donde no se puede salir a la calle. Ahí el Estado brilla por su ausencia o administra la inseguridad y la batalla la damos nosotros solos, sin poder defendernos. “A la buena de Dios”.

Invertimos en alarmas, rejas, cámaras, seguros carísimos, no podemos circular por ciertos lugares u horarios o hacemos verdaderas estrategias logísticas para entrar o salir de nuestras casas o para caminar a la parada del colectivo, etc., etc. cuando ya estamos pagando impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales ridículas para que nos garanticen seguridad. Una verdadera estafa que cuesta vidas, detrás de cada hecho de inseguridad quedan familias destrozadas.

El sentido común y la lógica no importan, las propuestas más elementales chocan con la política, estando todo a la vista... las redes sociales como herramienta del delito, subcultura marginal aspiracional, el delito como un trabajo, los celulares en las cárceles (PyMES del delito), los casos impunes, los delincuentes haciendo lo que quieren, la ausencia de consecuencias. Teniendo fuerzas de seguridad que conducen autos de aplicaciones para no estar por debajo de la línea de pobreza... mantener un preso cuesta casi tres sueldos de un policía. Hay drones para fotomultas pero no combustible para los patrulleros, etc.

Cada vez peor y nadie hace nada

Se puede revertir. Otros países con menos recursos lo lograron y con problemas de inseguridad aún más graves. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de grandes recursos, con impacto inmediato en la realidad de la gente.

Necesitamos medidas drásticas urgentes. Con leyes (reforma del código penal) únicamente no alcanza. Lo que se está haciendo no sirve, el sistema está mal; no hay una única solución. Tiene que existir voluntad política de combatir la inseguridad seriamente, con sentido común. Se pueden adaptar soluciones que funcionan en otros países, no hay que inventar nada.

El costo de delinquir tiene que aumentar (resumido: la probabilidad de que los agarren y la pena impuesta tiene que ser mayor que el beneficio que puedan ganar).

Tan simple como que los busquen, los agarren, no los suelten y que cuando salgan no se hayan perfeccionado en el delito. Tan obvio, tan lógico y tan tremendamente difícil de que ocurra...

Las fuerzas de seguridad necesitan menos marketing y mejores sueldos, que no se castigue la iniciativa, que estén capacitadas y equipadas a la altura de la situación que vivimos; empoderadas pero responsables, auditadas y profesionales.

Lo que pasé me convirtió involuntariamente en referente. Bien o mal, hablo desde mi lugar de víctima con bronca. Espero mucho de la nueva política porque prometió soluciones; de la vieja política que nos trajo a esta realidad no espero nada.

No es una sensación, no es una batalla perdida, no es más divertido que Suiza. La inseguridad no es un derecho adquirido; no es joda.

Personalmente apoyo todo lo que sume en seguridad. Inicié una petición online para exigir medidas urgentes (casi tengo más amenazas que firmantes), convoqué a marchas; impulsé y presenté propuestas y proyectos como el agravamiento de penas y encubrimiento (Art. 277 166 del código penal) que quedará dentro del proyecto de reforma del código penal. Esperemos que lo traten y aprueben en el Congreso lo antes posible.

Hice, hago, y haré todo lo posible con esa bronca hasta que las cosas cambien. Antes que resignación, elijo tener bronca y creo que sería lógico que todos la tengamos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso decisivo en la lucha contra la criminalidad al aprobar la ratificación de una reforma constitucional que permitirá la cadena perpetua como pena máxima para quienes sean condenados por delitos de homicidio, violación o terrorismo.

Esta modificación al artículo 27 de la Constitución de la República representa un giro en la política penal salvadoreña y obliga a replantear el marco legal secundario para evitar ambigüedades en la aplicación de la justicia, según informó el medio local.

El impacto inmediato de la decisión fue el aval otorgado con 58 votos de los legisladores a la enmienda, lo que modifica el inciso segundo del artículo mencionado.

La Comisión Política del órgano legislativo analizará la ratificación final y avanzará en la revisión de las leyes complementarias para asegurar la coherencia normativa.

La redacción modificada establece: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”, mientras se mantiene la prohibición para la prisión por deudas y delitos infames.

En la versión anterior de la Constitución salvadoreña, según el fragmento original, se prohibían expresamente “las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

Con la reforma, únicamente los delitos de homicidio, violación y terrorismo, junto a los cómplices necesarios de estos crímenes, serán susceptibles de la prisión de por vida.

El Salvador busca endurecer su régimen penal para crímenes graves

La iniciativa para autorizar la cadena perpetua partió del Gobierno de El Salvador y fue presentada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el titular de Defensa, René Merino Monroy, quienes entregaron la propuesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

El estudio de ratificación contó además con los aportes sustantivos del ministro de Justicia y Seguridad, el ministro de Defensa Nacional, el fiscal general de la República Rodolfo Delgado, así como el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Fernando Marroquín.

El paquete legislativo presentado junto con la reforma constitucional incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo.

El objetivo, detalló Villatoro, es “homologar las leyes secundarias con el artículo veintisiete, inciso segundo, de nuestra Constitución”, lo que implicará un proceso de revisión y alineamiento normativo para garantizar que la estructura penal contemple la aplicación efectiva de la prisión perpetua para los delitos más graves.

El bloque específico de la reforma responde de forma autónoma a la interrogante sobre el alcance de la decisión: El Salvador establecerá la cadena perpetua como pena máxima exclusivamente para delitos de homicidio, violación y terrorismo, excluyendo expresamente a otras conductas como la deuda civil o delitos considerados infamantes por la doctrina jurídica nacional, según indicó el gobierno central.

La propuesta incluyó además el compromiso de modificar toda legislación secundaria vinculada, con el propósito de que no existan vacíos legales al establecer la prisión perpetua. Las autoridades involucradas subrayaron que la medida busca reforzar el sistema de justicia frente a los delitos que más daño ocasionan a la sociedad salvadoreña.

A lo largo del debate parlamentario y en la documentación oficial, se mantuvo la cita fundante que orienta el cambio constitucional: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”, frase que marca el alcance exacto de la nueva política penal avalada por la mayoría legislativa en El Salvador.

Países con pena perpetua

• Estados Unidos (excepto en Alaska, donde no existe)
• Argentina
• Perú
• Cuba
• Guyana

Algunos estados de México, como Chihuahua, permiten la cadena perpetua en casos específicos (por ejemplo, asesinato en secuestro).

La mayoría de los países de América Latina han abolido la prisión perpetua y establecen penas máximas de entre 25 y 75 años, según el país.

La noche del lunes 16 de marzo, una discusión en una propiedad de Fallbrook, California, terminó en tragedia cuando un hombre armado disparó contra dos trabajadores de jardinería. El resultado fue la muerte de Martin Lucas Esteban, inmigrante guatemalteco, y lesiones de consideración a otra persona, quien recibió el alta médica horas después.

Michael Anthony Burke, de 70 años, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza. El incidente ocurrió cerca de las 20:00 en la cuadra 3800 de East Mission Road, que movilizó a agentes del Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

A su llegada, encontraron a dos hombres con lesiones de consideración. A pesar de los esfuerzos médicos, uno falleció en el lugar por una herida de bala. Según trascendió, el hecho se originó tras una acalorada discusión entre el presunto agresor y los trabajadores, según testigos y registros policiales.

Detalles del altercado y la detención

Las investigaciones señalan que Burke, residente y cuidador de una propiedad adyacente, inició una confrontación verbal que escaló. Un video muestra a Burke armado con una escopeta, amenazando a los trabajadores dentro de una camioneta. En la grabación se escuchan expresiones como: “¿Quieres morir hoy? Te mato ahora. No juegues conmigo. ¿Sabes en español o en inglés?”, dichas por el agresor.

El enfrentamiento físico ocurrió cuando el pasajero del vehículo intentó desviar el arma. Durante el forcejeo, se disparó el arma, provocando la muerte de Esteban. La otra víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, fue hospitalizada y luego dada de alta, según informes del sheriff y de medios locales como 10 News San Diego y Patch California, sitio informativo regional.

Investigación y antecedentes del sospechoso

Los detectives de homicidios del condado de San Diego asumieron la investigación, entrevistando a testigos y recabando pruebas para esclarecer el motivo exacto y las circunstancias del altercado. Hasta el momento, las autoridades consideran que se trata de un incidente aislado, sin amenaza para la población. Burke fue arrestado poco después de los hechos y trasladado al Centro de Detención Vista, donde permanece a la espera del proceso judicial.

Según el propietario de la vivienda donde trabajaba Esteban, Alan Hsu, el sospechoso tenía una reputación de “carácter irascible”. Hsu detalló que Burke residía en una parcela vecina y solía mostrarse hostil con quienes transitaban por la zona.

La víctima había sido invitada al lugar para colaborar en tareas de jardinería y, de acuerdo con su hija, era conocido por ayudar a amigos y familiares en trabajos similares.

Contexto comunitario y reacciones familiares

El asesinato de Esteban, quien emigró de Guatemala en busca de mejores oportunidades, generó conmoción entre sus allegados. Martina Lucas, hija del fallecido, expresó su dolor en declaraciones a la prensa: “Ese hombre no tuvo corazón al matarlo. Mi padre no merecía morir”.

La comunidad de Fallbrook, una localidad ubicada aproximadamente a 160 km al sureste de Los ángeles, quedó afectada por los hechos. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información relevante y habilitaron líneas telefónicas para denuncias anónimas.

Avances judiciales y situación procesal

Burke fue presentado ante la justicia el jueves posterior al incidente, donde se declaró no culpable de los cargos imputados. El acta de acusación detalla que cada uno de los delitos podría conllevar una condena de 25 años a cadena perpetua. Hasta el momento, no se confirmó si cuenta con representación legal; la oficina del defensor público local no respondió a las consultas de la prensa.

El caso continúa abierto y bajo investigación, mientras la familia de la víctima exige justicia y la comunidad espera que se esclarezcan los hechos en su totalidad. El Departamento del Sheriff reiteró que cualquier testimonio será recibido de forma confidencial para contribuir a la resolución del caso.

Los hermanos Alexander, multimillonarios conocidos en el sector inmobiliario neoyorquino, fueron declarados culpables de una extensa trama de tráfico sexual y abusos que, según el veredicto de un jurado de Manhattan emitido el 9 de marzo, prolongó durante más de una década. Frente a la sentencia prevista para el 6 de agosto, fuentes próximas al círculo de los Alexander aseguraron que los acusados sostienen la esperanza de evitar la cárcel, y confían en la influencia de sus poderosas conexiones sociales, incluso hasta aspirar a un posible indulto presidencial.

En la misma cobertura, Daily Mail informó que los hermanos Alon, Tal y Oren Alexander, de 38 y 39 años, enfrentan la posibilidad de pasar entre 15 años y cadena perpetua; esto se debe a que las condenas por delitos de tráfico sexual, conspiración y abuso bajo el efecto de drogas contemplan sentencias mínimas graves en el código penal de Nueva York.

El proceso judicial, que se prolongó cinco semanas, incluyó el testimonio de 11 víctimas y más de 30 personas, así como la exhibición de mensajes, publicaciones en blogs y vídeos en los que los acusados presumían de sus delitos y discutían sobre el uso de sustancias para someter a sus víctimas.

De acuerdo con el tabloide británico, el veredicto fue emitido por un jurado compuesto por seis hombres y seis mujeres, luego de escuchar relatos sobre cómo las víctimas eran atraídas hacia la lujosa vida de los Alexander para luego ser drogadas y agredidas en diversas localizaciones, incluyendo residencias en Nueva York, los Hamptons, durante un crucero por el Caribe y en un viaje a Colorado.

En la sala del tribunal, la familia de los acusados reaccionó de diferentes maneras: mientras que la esposa israelí de Alon, Shani Zigron, rompió en llanto, los padres, Shlomo y Orly Alexander, permanecieron imperturbables.

El círculo de los Alexander confía en su red de poder

Personas cercanas afirmaron a Daily Mail que los hermanos, ahora recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de la sentencia definitiva, no se consideran derrotados y continúan negociando opciones. Un allegado explicó que en el entorno de los Alexander siempre se considera la posibilidad de un nuevo acuerdo y persiste la esperanza de que alguien con poder pueda intervenir.

Otros colaboradores señalaron que “han pasado años cultivando relaciones con figuras de importante peso político y económico”. El debate sobre posibles estrategias habría comenzado casi inmediatamente después del fallo judicial.

Dentro de esas alternativas, un tema recurrente en esas conversaciones es la posibilidad de interceder ante figuras del sector inmobiliario, financiero y político que compartieran intereses o círculo social con los acusados. Varios testigos, citados por el tabloide británico, mencionaron expresamente la expectativa de obtener ayuda incluso del entonces presidente Donald Trump, con quien los Alexander coincidieron en entornos exclusivos, especialmente en Mar-a-Lago. Una fuente cercana explicó que el mundo del lujo inmobiliario, que reúne a desarrolladores, donantes y políticos, representa un círculo muy cerrado.

Para los hermanos Alexander y sus aliados, “el acceso al poder es moneda de cambio” y, según el tabloide británico Daily Mail, algunos aún confían en que quienes frecuentaron los mismos espacios sociales puedan recordar la relación y tenderles una mano. Así, especulan con la remota posibilidad de que Trump, cuya trayectoria se cruzó con la suya en eventos y negocios, valore la idea de concederles un perdón presidencial.

El precedente Epstein y el riesgo reputacional

No obstante, el diario británico señala que los riesgos de asociarse con los Alexander están presentes para todos los posibles “salvadores”. El descrédito y los escándalos que envolvieron a quienes se aproximaron a Jeffrey Epstein —como Steve Bannon, el ex príncipe Andrew, el banquero Jes Staley, el lingüista Noam Chomsky, el copropietario de los Giants Steve Tisch y el magnate hotelero Thomas Pritzker— operan hoy como un disuasivo para quienes puedan considerar intervenir en favor de los hermanos Alexander.

La magnitud del caso, la lista de testigos y el historial de relaciones con el poder político y financiero mantienen en vilo al entorno social de los acusados, que sigue explorando alternativas mientras ellos aguardan, en prisión preventiva, una sentencia que marcaría el desenlace de uno de los procesos penales de mayor repercusión entre las élites de Nueva York

Un peatón perdió la vida en el vecindario Allapattah de Miami tras ser atropellado la madrugada del viernes, en un accidente cuyas circunstancias permitieron a la policía avanzar rápidamente gracias a la intervención de un residente.

El sospechoso, Deshawn Daniels, de 41 años, se entregó a las autoridades y enfrenta un cargo por abandonar la escena. Permanece bajo custodia en el Turner Guilford Knight Correctional Center, mientras se resuelve su situación judicial.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, la víctima, Antonio Sánchez, de 62 años, fue embestido por una SUV Chevrolet Tahoe de color beige en la intersección de Northwest 12th Avenue y 28th Street, poco antes de las 3:30 a.m. del viernes.

Sánchez cruzaba la avenida fuera de un paso peatonal marcado cuando fue impactado por el vehículo, cuyo conductor huyó del lugar sin prestar auxilio, según consta en los registros policiales y carcelarios.

El hecho generó una rápida movilización de las autoridades y puso en marcha un operativo de búsqueda centrado en la identificación del sospechoso y del automóvil involucrado.

La reconstrucción inicial del accidente se apoyó en pruebas obtenidas de diversas fuentes. Un video captado por las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana registró el momento exacto en que la SUV impactó al peatón.

Las imágenes, revisadas por los investigadores, confirmaron que el vehículo no realizó ninguna maniobra de detención tras el choque, continuando su marcha sin disminuir la velocidad ni prestar asistencia a la víctima.

Esta evidencia resultó fundamental para la investigación, ya que permitió a los agentes delimitar la franja horaria y las características del automóvil buscado.

Un residente del área, al ver la noticia en los medios locales, acudió de manera voluntaria a la Estación Norte de la policía. Informó que un automóvil con características idénticas a las buscadas estaba estacionado en el complejo de apartamentos donde residía.

Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar y localizaron el vehículo, una Chevrolet Tahoe de color beige, que presentaba daños compatibles con el siniestro reportado.

La rápida acción del ciudadano facilitó la recolección de pruebas materiales y la preservación del lugar donde se encontró el automóvil.

La colaboración ciudadana fue clave para el avance del caso. Mientras los detectives inspeccionaban el vehículo y recababan pruebas, Deshawn Daniels se presentó voluntariamente en la comisaría y admitió haber conducido durante el accidente mortal.

Su entrega permitió a las autoridades formalizar la acusación y avanzar en la investigación judicial, asegurando la trazabilidad de los hechos y la protección de la cadena de custodia de las pruebas recabadas.

La investigación y testimonios directos

Según el informe de arresto del Departamento de Policía de Miami, Daniels circulaba en dirección sur por Northwest 12th Avenue y atropelló a la víctima fuera de un cruce peatonal marcado.

Tras el impacto, Sánchez fue trasladado de urgencia por el servicio de rescate al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas.

Axel Martínez, testigo presencial del accidente, relató: “Estaba mirando hacia afuera, escuché un fuerte golpe y salí y llamé al 911 de inmediato — resultó que el hombre es alguien a quien conozco desde que tenía 10 años”.

Su testimonio aportó información crítica para los primeros auxilios y permitió a los investigadores comprender el impacto del hecho en la comunidad local.

La policía destacó la importancia de la pronta reacción de los testigos y de la colaboración vecinal en este tipo de situaciones.

Situación judicial y consecuencias legales

La policía informó que Deshawn Daniels fue arrestado el viernes y acusado formalmente de abandonar la escena de un accidente con resultado fatal.

Según los registros en línea del Turner Guilford Knight Correctional Center, hasta la tarde del sábado, Daniels seguía detenido y la determinación de la fianza estaba pendiente.

El caso ilustra cómo la colaboración entre residentes y autoridades puede ser decisiva para esclarecer delitos viales. Además, subraya las consecuencias legales de huir tras un accidente que causa la muerte de una persona, un delito severamente penado en el estado de Florida.

Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, abandonar la escena de un accidente mortal puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión.

El proceso judicial continuará en los próximos días, a la espera de la audiencia preliminar y de la determinación de la responsabilidad penal del acusado.

El gobierno cubano ha informado que desde 2010 ha otorgado indultos a 9.905 reclusos, y en los últimos tres años otras 10.000 personas sentenciadas a privación de libertad han accedido a excarcelaciones mediante distintos beneficios. Este historial de liberaciones se enmarca en la más reciente decisión anunciada oficialmente: la próxima excarcelación de 51 personas condenadas, decisión en la que intervino el Vaticano y que, según la administración isleña, mantiene la tradición de revisiones penales coincidiendo con fechas de especial relevancia religiosa, en esta ocasión la Semana Santa. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Cuba comunicó que la medida se ejecutará "en los próximos días".

El Ministerio de Exteriores de Cuba expresó que la excarcelación responde a una política de "buena voluntad" y a las "estrechas y fluidas relaciones" existentes entre el Estado cubano y la Santa Sede. De acuerdo con el comunicado oficial citado por Europa Press, este clima diplomático ha facilitado una vía de diálogo recurrente sobre los procesos de revisión y eventual liberación de personas privadas de libertad, mecanismo que se ha desplegado en otras ocasiones.

Las autoridades cubanas indicaron que las 51 personas que integran el grupo beneficiado han cumplido ya una parte relevante de sus condenas y que su comportamiento en prisión ha sido adecuado, condición que establece el marco legal cubano para considerar estas medidas. El Ejecutivo subrayó que lo resuelto se alinea con la legislación vigente, que prevé diversos tipos de beneficios y aplicaciones de clemencia, y lo calificó como una "decisión soberana", enmarcada dentro de una práctica catalogada como habitual por el sistema de Justicia penal cubano.

En el comunicado difundido, el Ministerio de Exteriores destacó también la proximidad de celebraciones religiosas de gran peso, como la Semana Santa, coincidiendo tradicionalmente con iniciativas de revisión de casos y liberaciones. Según Europa Press, este enfoque se vincula con la llamada "trayectoria humanitaria de la Revolución", que establece la costumbre de conceder indultos y excarcelaciones en fechas asociadas a eventos religiosos y humanitarios.

A lo largo de los años, el diálogo entre el gobierno de La Habana y el Vaticano ha generado distintas rondas de beneficios penitenciarios. El medio Europa Press recuerda que el apoyo e intermediación de la Santa Sede ya ha sido determinante en ocasiones anteriores para facilitar liberaciones, en un contexto donde la isla ha tomado medidas similares coincidiendo con visitas papales o festividades religiosas.

Al mismo tiempo, organizaciones civiles han seguido el tema de la privación de libertad en la isla. De acuerdo con datos recientes de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, recogidos por Europa Press, a febrero de 2026 se registran 1.214 personas consideradas presos políticos en Cuba. Esta cifra representa un aumento respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 1.207 casos. El seguimiento de estos datos permite observar la evolución de los índices de encarcelamiento de acuerdo a criterios distintos de los aplicados por el sistema judicial cubano.

De acuerdo con la versión oficial detallada por Europa Press, la decisión de liberar a las 51 personas sancionadas se inscribe en el marco de la legislación cubana, la cual contempla el uso de distintos mecanismos legales para otorgar libertades de manera condicionada o definitiva a quienes cumplen parte de sus condenas y demuestran buena conducta. El comunicado ministerial resaltó la autonomía nacional para aplicar tales medidas, haciendo hincapié en que esta práctica forma parte del "carácter habitual" del tratamiento penitenciario en el país y no constituye un hecho excepcional.

El vínculo diplomático entre el Estado cubano y el Vaticano, según ha detallado el Ministerio de Exteriores, ha permitido que, en distintos momentos de la historia reciente, se establezcan canales de comunicación sobre temas delicados como los procesos de excarcelación. Estas iniciativas se desarrollan, según la misma fuente, en escenarios donde la voluntad política y diplomática converge con el calendario religioso y la tradición humanitaria reforzada desde la Revolución.

La evolución de la práctica de indultos y liberaciones en Cuba se refleja en la cifra total expuesta en el comunicado: cerca de 20.000 personas han recibido algún tipo de beneficio relacionado con la excarcelación en la última década y media. Europa Press subrayó que la repetición de este tipo de anuncios coincide frecuentemente con eventos religiosos de notoriedad, consolidando un patrón donde las intervenciones diplomáticas de instituciones internacionales como la Santa Sede contribuyen a la resolución de casos individuales y colectivos relacionados con la privación de libertad.

En cuanto al ambiente político y social, la publicación de Europa Press indicó que las cifras de presos políticos aportadas por organizaciones no gubernamentales muestran variaciones mensuales y se utilizan tanto para el seguimiento internacional de la situación de derechos humanos en la isla como para contextualizar medidas puntuales de indulto y beneficio penitenciario. La excarcelación anunciada de 51 sancionados responde así a un marco multicausal, en el que confluyen las decisiones de Estado, la interlocución diplomática y la propia dinámica penitenciaria, junto con la presión y vigilancia de grupos de la sociedad civil que monitorean permanentemente la situación en Cuba.

Un caso de violencia sexual que impactó a Francia emergió cuando Gisèle Pélicot abandonó el anonimato y decidió narrar públicamente el infierno vivido durante años, víctima de su esposo Dominique Pélicot y decenas de hombres. Su determinación, evidenciada en un proceso judicial sin precedentes, convirtió su historia en referencia internacional de denuncia y encendió el debate sobre justicia y dignidad en Francia.

Gisèle fue víctima de violaciones organizadas por su esposo durante casi una década. Al revelar su identidad y participar en un juicio en el que decenas de acusados enfrentaron cargos, su testimonio cobró relevancia en el debate sobre la violencia sexual y los derechos de las víctimas en Francia.

Mazan, la policía y el anonimato en el inicio del caso marcaron un antes y un después, uniendo la experiencia personal con el avance judicial y mediático del proceso.

Descubrimiento del horror y reacción inicial

Antes de los hechos, llevaba una vida tranquila, al sudeste de Francia, tras jubilarse. “Era una mujer que se retiró a los 60 años, después de trabajar toda la vida y criar a mis hijos. Siempre fui muy activa y pensaba pasar el final de mis días felizmente junto al señor Pélicot”, relató al podcast The Interview de The New York Times.

Nunca sintió que había algo anormal. “Jamás había sospechado nada malo de mi esposo en cincuenta años de matrimonio. Eso es lo más aterrador”.

El primer indicio llegó cuando su marido confesó haber tomado imágenes en un supermercado. Fue descubierto grabando en secreto bajo las polleras de mujeres en un supermercado cerca de su casa en el sureste de Francia. “Cuando me contó lo que había hecho, no lo podía creer. Nunca mostró nada extraño en tantos años, ni bromas, ni gestos indebidos. Le pregunté: ¿Por qué hiciste eso? Me dijo que le serviría de lección y que no volvería a repetirlo”.

Dos meses después, la policía los citó. Pélicot recordó el desconcierto: “Pensé que era por esas fotos en la tienda. El interrogatorio inició como algo rutinario, hasta que me preguntaron si practicaba intercambio de parejas. No entendía nada”.

Luego, le mostraron imágenes en las que no pudo reconocerse. “No me reconocí en la foto. Estaba junto a un hombre desconocido que me violaba. Creí que era un error, que sin mis gafas veía mal”. Los agentes le dijeron que era su habitación y que habían registrado su casa. “Supe que Dominique estaba bajo custodia y que no regresaría conmigo”.

Le comunicaron que fui víctima de cerca de 200 violaciones. “Detuvieron a 53 individuos. Después supe que unos 20 o 30 no fueron arrestados. Solo quería regresar a casa; era demasiado para asimilar”.

El impacto de la violencia y la reconstrucción personal

La magnitud de los abusos superó lo imaginable. Las pruebas de la investigación incluían videos y evidencias materiales. “Cuando vi los videos y la brutalidad con que actuaban esos hombres, noté que ni siquiera había compasión. Yo estaba totalmente inconsciente; era como ver a una mujer muerta en su cama y nadie mostraba piedad”.

El daño, más allá de lo físico, fue psicológico. “En algunos momentos pensaba que todo era irreal, que no podía ser cierto. Llegué a disociarme de lo que veía. Pedí un vaso de agua porque no podía hablar y solo quería huir de allí”.

Contar con pruebas facilitó el proceso judicial, pero también reflexionó sobre quienes no las tienen. “Tuve la suerte de contar con pruebas, con imágenes. No tengo recuerdos, y eso me ha ayudado a reconstruirme. Pero pienso en quienes sí recuerdan; para ellos debe ser aún más difícil cuando los casos se archivan por falta de pruebas”.

Romper el silencio: el juicio y la voz colectiva

Aunque la ley francesa protege el anonimato de las víctimas, ella decidió renunciar a este derecho. “Tardé cuatro años en llegar a esa decisión. Al principio quería el juicio a puertas cerradas, pero mi hija me convenció de que el secreto solo beneficiaba a los culpables. Comprendí que cargar con la vergüenza es una doble condena”.

El día del juicio, su voluntad se mantuvo. “Mis abogados defendieron mi deseo de que la audiencia fuera pública. Sentí las miradas de los acusados sobre mí; me trataron de cómplice y mujer que otorgó permiso. Aun así, me mantuve firme hasta el final, sin bajar la mirada”.

También tuvo que enfrentar a familiares de los acusados. “Vi cómo las madres defendían a sus hijos asegurando que eran incapaces de hacer algo así, sin mirar siquiera en mi dirección. Esa actitud resulta hiriente”.

Justicia, apoyo y heridas abiertas

A pesar de todo, la colaboración de otras mujeres fue determinante. “Cada mañana veía a mujeres esperando bajo la lluvia para ingresar a la audiencia. Me conmovía y me daba fuerza. Recibí miles de cartas desde todo el mundo, muchas de mujeres que veían en mi caso el reflejo de su propio dolor. Me agradecían por haber hablado”.

La justicia francesa, a través del tribunal de Avignon, condenó a Dominique Pélicot a 20 años de prisión, la pena máxima, y declaró culpables al resto de los acusados. “Para mí, se hizo justicia. No importaba la duración exacta de las penas; lo esencial era el reconocimiento de la culpa”.

Sin embargo, no todas las personas involucradas fueron identificadas, lo que genera incertidumbre. “He pensado que podía cruzarme con alguno de los agresores que nunca fueron identificados. Antes me inquietaba más; hoy, menos”.

El nombre de Gisèle Pélicot se transformó en emblema de la lucha contra la violencia sexual y la importancia de declarar públicamente para transformar el dolor en justicia. “Asumir lo vivido y reconstruirme ha sido posible. Camino, hago ciclismo, y disfruto la vida a mis 73 años”, compartió.

También consideró que su mayor suerte fue poder vivir y disfrutar. Para muchas víctimas, ese estado aún parecía lejano, pero en su testimonio encontraron fuerza y esperanza.

Un tribunal penal de Guatemala condenó este miércoles a Carlos García Rubio, exviceministro de Gobernación, a dos años de prisión conmutables tras hallarlo culpable del homicidio en estado de emoción violenta del asesor legal del Congreso Hansel Szarata, episodio que ocurrió en abril de 2025.

La sentencia dictada el 11 de marzo de 2026 desencadenará una apelación por parte de la defensa del exfuncionario, quien permaneció más de un año en prisión preventiva y anticipó que buscará que la condena sea revisada en instancias superiores, según informaron medios guatemaltecos.

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal comunicó el fallo luego de modificar la figura penal inicial y clasificar el caso como homicidio cometido bajo estado de emoción violenta. El juez Manolo López informó que la sanción será dos años de prisión conmutable. Es decir, García Rubio podrá sustituir la pena por un pago diario de 30 quetzales (USD 3.92) durante el periodo que defina la autoridad de ejecución. Este esquema permitirá a García Rubio evitar la cárcel si cumple con el pago estipulado.

El juez López especificó durante la lectura del fallo: “En el presente caso se establece la responsabilidad del acusado y se acredita su participación en el homicidio de Hansel Szarata”, según citó el medio Centroamérica 360.

“Yo no lo maté”, afirmó García Rubio. Y agregó en su defensa: “Esa noche hubo más de una persona disparando armas de fuego, señor juez. Lo que este juicio ha dejado claro, no es la certeza de mi culpabilidad, lo que ha dejado claro, es que este caso está lleno de dudas... y cuando el caso está lleno de dudas, la ley es clara, esas dudas protegen al acusado”, consigna el medio Soy502.com.

La condena reduce la acusación inicial y permite la conmutación

Este desenlace judicial ocurre casi un año después de los hechos que concluyeron con la muerte de Hansel Szarata en la madrugada del 5 de abril de 2025, a las afueras de un centro comercial ubicado en la zona 16 de Ciudad de Guatemala, donde el funcionario fue atacado a tiros y perdió la vida.

La Policía Nacional Civil de Guatemala lideró la investigación, bajo la dirección de David Custodio Boteo, quien explicó que la institución desplegó dos equipos especializados para esclarecer el caso. Uno de los grupos contaba con peritos en análisis videoforense de la División Especializada en Investigación Criminal. Los investigadores examinaron imágenes de cámaras de vigilancia y recolectaron los testimonios de testigos, acciones que permitieron identificar y detener a García Rubio días después del crimen.

El exviceministro integró el gabinete de Alejandro Giammattei durante su mandato presidencial y permaneció en prisión preventiva por más de un año. Tras escuchar la sentencia, García Rubio declaró sentirse “satisfecho por recuperar su libertad” aunque manifestó su desacuerdo con la resolución judicial e insistió en que “no se tomaron en cuenta algunos factores” que, a su juicio, resultaban determinantes para el caso.

La defensa del exfuncionario anunció formalmente que recurrirá a la apelación, mientras que el proceso ahora pasa al juez de ejecución, responsable de establecer los términos precisos de la conmutación de la pena.

Lo que comenzó como una denuncia en redes sociales se ha transformado en un proceso judicial de alto impacto en República Dominicana. El caso de Yamely Matos Beltré, una educadora investigada por el presunto maltrato de una niña de dos años en el centro de atención infantil “Little Steps-Mi Segundo Hogar”.

Este martes, la audiencia para la solicitud de medida de coerción fue aplazada. Noticias SIN informa que el tribunal tomó la decisión debido a que el Ministerio Público no depositó el expediente completo y a una solicitud de la defensa técnica, que alegó que la imputada presentaba una contusión en uno de sus brazos.

Sin embargo, más allá de los retrasos procesales, es la crudeza de las acusaciones lo que ha traspasado las fronteras de la isla.

El detonante de este proceso fue un material audiovisual que se viralizó rápidamente. En las imágenes, se observa a la docente en una situación que ha sido calificada por los familiares de la víctima como “inhumana”.

Según las denuncias que circulan en la opinión pública dominicana, se acusa a Matos Beltré de haber obligado a la menor a ingerir alimentos que previamente habían caído al suelo o, en la versión más extrema de la acusación, de obligarla a comer sus propios vómitos tras un episodio de malestar gástrico.

Ataviada con casco, chaleco antibalas y cadenas, la imagen de la educadora custodiada por agentes fuertemente armados simboliza la gravedad de un delito que atenta contra la población más vulnerable: la primera infancia.

La defensa responde: “No era vómito”

A las afueras del tribunal, el equipo legal de la profesora intentó matizar las acusaciones, argumentando que existe una manipulación mediática de lo ocurrido en el centro educativo. El abogado defensor, Billy Jerónimo, fue enfático al desmentir la versión de la querella y de los usuarios en plataformas digitales.

“Los mismos alimentos que ella estaba ingiriendo le estaban cayendo en la misma parte del cuerpo de la niña; ni eran del suelo, ni mucho menos eran vómitos. Eso que quede claro”, declaró Jerónimo a los medios de comunicación, según recoge Noticias SIN.

El jurista explicó que lo que se observa en el video son trozos de brócoli que la niña habría escupido y que la maestra intentó que volviera a ingerir, pero negó rotundamente cualquier acto de degradación física. Según el abogado, Matos Beltré se encuentra en un estado emocional frágil: “Se encuentra muy arrepentida y muy avergonzada del hecho en la que está ella siendo encausada, no de lo que se ha dicho”, añadió, marcando una distinción entre la conducta administrativa/pedagógica y el delito criminal.

Impacto en el sistema de estancias infantiles

Este caso pone bajo la lupa no solo a una individuo, sino al sistema de supervisión de los centros de cuidado infantil en la República Dominicana. El Ministerio Público ya ha anunciado que su objetivo principal es lograr la prisión preventiva de la docente, considerando que existe un riesgo de obstrucción de la justicia y dada la conmoción social que el evento ha provocado.

Mientras tanto, los abogados de la familia de la menor insisten en que las pruebas son irrefutables y que el video es solo la punta del iceberg de una conducta negligente. La ausencia de los familiares en esta primera comparecencia no restó peso a la expectativa social; por el contrario, ha aumentado el interés por lo que sucederá en la próxima audiencia, programada para el jueves a las 9:00 a.m. (hora local).

Hacia un veredicto social y legal

Para los organismos internacionales, este incidente recuerda la urgencia de implementar cámaras de seguridad de acceso remoto para los padres y protocolos de evaluación psicológica más estrictos para el personal docente en toda América Latina.

La República Dominicana enfrenta ahora el reto de demostrar que sus instituciones pueden actuar con celeridad y transparencia. La suerte de Yamely Matos Beltré se decidirá en los tribunales, pero el debate sobre la seguridad en las aulas y el respeto a la dignidad infantil ya se ha ganado un lugar permanente en la agenda pública de la región.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asignó al condenado la obligación de indemnizar a la familia de la víctima con un monto que supera los 537.000 euros, distribuidos entre los padres, la hermana, la hija y la expareja del fallecido. Además de la compensación económica, el tribunal ratificó la condena de 20 años de cárcel, sumando otros 5 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena principal, según detalló Europa Press tras el acceso a la sentencia.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la Sección de Apelación Penal de la Sala Civil y Penal del TSJC rechazó en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la defensa. El fallo da por válido el veredicto anterior, que condenó al acusado por la muerte de un hombre ocurrida en una fiesta “chemsex” en una masía ubicada en Vallgorguina, en la provincia de Barcelona, en febrero de 2023.

Entre los principales argumentos que presentó la defensa, Europa Press reportó que se solicitó la aceptación de pruebas periciales científicas, consideradas “esenciales”, para demostrar que, en el momento de los hechos, el acusado habría actuado bajo un “miedo insuperable” y una “psicosis tóxica”. Sin embargo, la magistrada-presidenta del tribunal denegó estas pruebas, una decisión que la defensa interpretó como una desigualdad de armas al considerar que se desestimaron por poder favorecer al procesado. El tribunal respondió, según Europa Press, que la decisión de no admitir dichas pruebas obedeció a otros motivos y no a una supuesta parcialidad.

En relación con uno de los informes periciales, el tribunal consideró que la documentación informática, presentada en inglés junto a una traducción no firmada en castellano, carecía de carácter probatorio relevante, según informó Europa Press. El Ministerio Público argumentó que dicho informe se trataba de “alegatos disfrazados de pericia”, una opinión que el TSJC compartió. El informe toxicológico aportado por la defensa también fue revisado; en la versión en inglés abarcaba nueve páginas y en castellano solo tres. Este informe recogía opiniones del perito, quien no examinó directamente al acusado, y se basaba en conclusiones apoyadas en la versión del procesado, sin datos objetivos verificables. El tribunal respaldó la decisión de la magistrada de rechazar la incorporación de estos documentos.

Otro de los puntos destacados por la defensa fue la falta de una analítica sanguínea al acusado inmediatamente después de la detención, lo cual habría permitido determinar la cantidad exacta de sustancias tóxicas presentes en su organismo y evaluar su estado mental. No obstante, el TSJC determinó que existían suficientes pruebas toxicológicas. Según Europa Press, los test iniciales y una confirmación en laboratorio detectaron presencia objetiva de metanfetamina, anfetamina, MDMA y GHB. Tanto la Fiscalía como la acusación particular —representada por el abogado Ignacio García-Vituri en nombre de la familia de la víctima— y el jurado coincidieron en que el acusado consumió drogas antes de los hechos.

El TSJC subrayó que el nodo central de la discusión no era el consumo de sustancias, sino si este hecho derivó en un brote psicótico que anulara total o parcialmente las capacidades intelectuales del acusado. El jurado descartó esa posibilidad, apoyado en las pruebas presentadas y en la existencia de un episodio anterior en Londres, donde el acusado exhibió un comportamiento similar con otra persona.

Sobre la destrucción física del router que custodiaba la policía judicial, la defensa sostuvo que esta acción le privó de una prueba esencial para demostrar la existencia de conexiones externas, lo que respaldaría la versión del acusado de que pensó que la víctima retransmitía el encuentro en Internet. El TSJC coincidió con la Fiscalía al considerar que no existe ningún indicio racional que respalde teorías conspirativas en torno a este elemento.

La defensa también sostuvo que el actuar de su cliente debía considerarse legítima defensa, pero el tribunal estableció que no resulta coherente afirmar que un individuo puede comprender la ilicitud de quitar la vida si padece una alteración patológica de la percepción. La resolución precisa: “Mantener que alguien que alucina un ataque tiene la inteligencia intacta vulnera las reglas de la lógica y de la ciencia”.

El TSJC, en consecuencia, desestimó la totalidad de los motivos del recurso y confirmó la sentencia de primera instancia. La resolución incluye la obligación de compensar económicamente a los familiares directos de la víctima: 100.000 euros para cada uno de los padres, 30.000 euros para la hermana, 400.000 euros para la hija, y 7.000 euros para la expareja, tal como reportó Europa Press.

Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido como alias Ñoño, fue entregado el 7 de febrero en extradición a las autoridades en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Su entrega responde a acusaciones graves por secuestro, tortura y asesinato de su hija, además de estar vinculado a otros delitos cometidos en Buenaventura tras una prolongada operación internacional.

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Funcionarios de Migración Colombia recibieron a Flórez Moreno y lo pusieron bajo custodia para enfrentar los procesos judiciales en su contra.

El extraditado está solicitado por el asesinato de una menor de cuatro años y tiene procesos pendientes por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.

Como cabecilla de la estructura criminal Los Shottas, alias Ñoño figuraba en el cartel de los más buscados en Buenaventura. La Gobernación del Valle del Cauca ofrecía hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Su ubicación fue posible tras más de un año de investigaciones, que condujeron a la emisión de una circular roja de Interpol. Las autoridades lo buscaron en países del sur de América, especialmente en Argentina y Chile, donde también era considerado uno de los delincuentes más buscados.

La operación que culminó con la extradición fue resultado de la cooperación internacional entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Interpol y las autoridades colombianas, lo que permite profundizar el combate a las estructuras criminales y el avance de procesos judiciales relevantes en el país.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, señaló que la entrega de Flórez Moreno significa un avance contra la impunidad y destaca el papel central de la colaboración entre organismos nacionales y extranjeros. Este caso ilustra cómo el trabajo coordinado dentro de la política oficial permite fortalecer la justicia y responder ante los crímenes más graves.

La extradición de Pipe Tuluá marca nuevo récord durante el Gobierno Petro

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, a Estados Unidos, representa un hito en la política judicial del Gobierno de Gustavo Petro.

Este traslado, realizado bajo estrictas medidas de seguridad desde la Estación de Policía Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá, respondió a una orden presidencial que aceleró el procedimiento tras denuncias de intentos de soborno para obstaculizar la entrega a las autoridades estadounidenses.

El operativo puso de manifiesto la prioridad otorgada al caso dentro del Ejecutivo colombiano y expuso el peso simbólico de la medida en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la decisión presidencial impulsó la extradición sin demoras, asegurando que la cooperación internacional se mantuviera sólida y efectiva.

En paralelo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó la implementación de protocolos preventivos para evitar posibles represalias en la región tras la salida del líder criminal.

En palabras del ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, la operación contribuye a un récord histórico bajo el Gobierno Petro, quien alcanzó 809 extradiciones, cifra que supera en 6,3% a la gestión de Duque y en 7,6% al segundo mandato de Uribe. Idárraga subrayó que con este caso se demuestra que “La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”.

A pesar de la magnitud del operativo y del precedente en materia de cooperación bilateral, “Pipe Tuluá” enfrenta once investigaciones activas y había recibido diversas alertas sobre intentos de fuga en la etapa previa a la extradición.

El propio Idárraga señaló que se actuó de inmediato tras advertencias de que Marín Silva planeaba escapar, reforzando la vigilancia para asegurar su custodia y evitar contratiempos durante el traslado.

Andrés Felipe Marín Silva dirigía la banda La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca. Bajo su liderazgo, la organización se especializó en secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y sicariato. En Colombia acumulaba una condena de treinta años, con más de 39 homicidios comprobados, incluyendo asesinatos de funcionarios del Inpec. La persistencia de estas actividades generó alarma dentro del sistema penitenciario, alimentando el debate sobre la influencia de los cabecillas criminales desde centros de reclusión.

Un juzgado penal del circuito absolvió a Jónatan Stiven y Jhon Alexánder Mejía Hurtado, conocidos con los alias de ‘Truán’ y ‘Care Vieja’, quienes habían sido señalados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables del asesinato del líder social y estudiantil Lucas Villa Vásquez, ocurrido durante las protestas sociales de mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo, en Pereira.

La decisión judicial se fundamentó en la falta de pruebas suficientes para sustentar una sentencia condenatoria, al no lograrse un conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la autoría y participación de los procesados en los hechos investigados.

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Los cargos imputados y el fallo absolutorio

Contra los hermanos Mejía Hurtado avanzaba un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, tras la valoración del material probatorio presentado durante el juicio, la jueza concluyó que no se logró acreditar la vinculación directa de los acusados con el crimen.

Durante la lectura del sentido del fallo, la funcionaria judicial explicó que, pese a los esfuerzos de la Fiscalía, no fue posible establecer con certeza la existencia de acuerdos criminales ni de una estructura organizada destinada a delinquir.

“No tengo un elemento para decir ni siquiera en qué marco temporal pudieron ejecutarse esos vínculos o esas conexiones, o cómo se constituyó esa sociedad dirigida a delinquir”, señaló la jueza, según La Patria.

La autoridad judicial precisó que la absolución no equivale a una declaración de inocencia, sino que responde a la imposibilidad de alcanzar el estándar probatorio exigido por la ley penal colombiana.

Debilidad del material probatorio y contradicciones testimoniales

Uno de los aspectos determinantes en la decisión fue la debilidad del material testimonial, en especial el de un testigo considerado clave dentro del proceso. La jueza advirtió que dicho testimonio presentó múltiples contradicciones, lo que impidió su valoración como prueba sólida para sustentar una condena.

“Es bastante difícil, por no decir imposible, edificar una sentencia condenatoria cuando existe un testigo que incurre en tantas contradicciones y cuya información resulta vaga y contradictoria”, manifestó el despacho.

Según lo expuesto en la audiencia, estas inconsistencias afectaron de manera significativa la solidez de la hipótesis acusatoria planteada por la Fiscalía.

La hipótesis de la Fiscalía y su valoración judicial

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los acusados, junto a un hermano menor, habrían tenido interés en utilizar la violencia para eliminar los bloqueos instalados durante las protestas en el viaducto que conecta a Pereira con Dosquebradas, debido a que dichas obstrucciones afectaban el transporte de estupefacientes de la banda conocida como ‘La Cordillera’ entre ambos municipios.

No obstante, el juzgado determinó que no se logró demostrar, con la certeza requerida, la existencia de dichos intereses criminales ni la participación directa de los procesados en el ataque que causó la muerte de Lucas Villa.

Libertad inmediata y recursos judiciales

Como consecuencia del fallo absolutorio, la jueza ordenó la libertad inmediata de los hermanos Mejía Hurtado, al menos respecto de los delitos imputados dentro de este proceso.

La decisión judicial admite recursos, por lo que la Fiscalía y los representantes de las víctimas podrán acudir a una segunda instancia para solicitar la revisión del fallo absolutorio.

Pronunciamiento de la familia de Lucas Villa

Tras conocerse la decisión, la familia de Lucas Villa Uribe expresó cuestionamientos frente al desarrollo de la investigación. Sidssy Uribe Vázquez, hermana de la víctima, aseguró que desde el inicio del proceso tenían la convicción de que las personas capturadas no eran responsables de los hechos.

Según indicó, la familia entregó a la Fiscalía elementos probatorios que, a su juicio, no fueron valorados adecuadamente, y sostuvo que la investigación presentó irregularidades, tanto en la recolección de pruebas como en el manejo de los testimonios.

Uribe Vázquez también denunció la existencia de presiones a testigos y la falta de profundización en otras posibles líneas de investigación, incluyendo omisiones de la fuerza pública y la presunta participación de oficiales y miembros de grupos de seguridad ciudadana.

Referencia al sesgo de confirmación en investigaciones judiciales

En el contexto del proceso, La Patria aseguro que la familia señaló que la investigación habría estado marcada por un sesgo de confirmación, entendido como la tendencia a orientar la búsqueda e interpretación de la información para confirmar una hipótesis inicial, dejando de lado elementos que podrían conducir a otras responsabilidades.

Este tipo de sesgo, según se explicó durante las audiencias, puede afectar la objetividad de las investigaciones judiciales, al limitar el análisis integral de las pruebas y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Situación actual del caso

Con la absolución, el despacho judicial ratificó que no procede ninguna privación de la libertad contra los procesados en este expediente. Sin embargo, la decisión no cierra la posibilidad de que se adelanten nuevas investigaciones, siempre que se cuente con elementos probatorios suficientes.

El decreto firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez concede al Ejecutivo la facultad de suspender el derecho de reunión y manifestación, requisar bienes considerados necesarios para la defensa y regular de manera excepcional el tránsito de personas o vehículos dentro del país. Según informó el medio original, este instrumento legal también permite a la mandataria ordenar el cierre de fronteras y la restricción del acceso al territorio nacional como parte de la respuesta al ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El texto del decreto, fechado el 3 de enero y divulgado este lunes, declara el estado de conmoción exterior y establece una orden de búsqueda y captura de manera inmediata en todo el país contra cualquier ciudadano involucrado en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos contra Venezuela. El mismo documento precisa que las autoridades policiales a nivel nacional, estatal y municipal deberán encargarse de implementar esta medida de aprehensión sin demoras en todas las regiones del territorio venezolano. De acuerdo con lo publicado, los individuos detenidos bajo este precepto pasarán a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal para ser juzgados, con garantía de respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

Según reportó la fuente, la vigencia del estado de conmoción se ha fijado inicialmente en 90 días, con posibilidad de prórroga por un período adicional equivalente si así lo requiere la situación. Además, el decreto contempla un refuerzo de la vigilancia en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y la aplicación de medidas de militarización en infraestructuras estratégicas como los servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas básicas estatales.

El medio detalló que el decreto otorga a la presidenta encargada poderes excepcionales durante el tiempo de vigencia de la medida. Entre las facultades otorgadas se incluye la potestad de dictar regulaciones temporales y excepcionales necesarias para rechazar acciones hostiles externas, restablecer el orden interno y salvaguardar los derechos de la población. También se le reconoce la capacidad de adoptar cualquier otra resolución que se considere imprescindible para resguardar al pueblo venezolano, proteger la integridad del territorio y la soberanía nacional.

En cuanto al procedimiento legislativo, el documento indica que el decreto deberá presentarse ante la Asamblea Nacional para su evaluación y eventual aprobación en un plazo máximo de ocho días desde su emisión. De acuerdo con lo consignado por el medio, los protocolos para los detenidos contemplan la observancia de las garantías procesales básicas y la supervisión por parte de la administración de justicia venezolana.

La disposición incluye un llamado explícito a los cuerpos de seguridad para que se implementen medidas enérgicas destinadas a contener toda actividad vinculada al apoyo de la incursión militar extranjera y garantizar la protección de los sectores estratégicos ante posibles amenazas externas, según especificó la información divulgada.

La publicación original enfatiza que el alcance de los poderes extraordinarios engloba la adopción de restricciones al libre tránsito, la suspensión de ciertas libertades fundamentales y otras acciones que la Presidencia considere pertinentes para responder al contexto de emergencia generado tras los hechos del 3 de enero.

La mentora legal de Kim Kardashian rompió el silencio tras conocerse que la empresaria y estrella de reality no aprobó recientemente el examen de abogacía en California, un revés que llega después de seis años de estudio dentro de un exigente proceso alternativo de formación jurídica. La información fue confirmada por Jessica Jackson, abogada especializada en reforma de justicia penal y responsable de guiar el aprendizaje legal de Kardashian desde 2018.

Kim Kardashian, de 45 años, ha expresado de manera reiterada su intención de alejarse gradualmente de los focos mediáticos para consolidar una carrera en el ámbito legal durante la próxima década. Su camino no ha seguido la ruta tradicional de la facultad de Derecho, sino el programa de aprendizaje supervisado de California, una vía legal que exige cuatro años de estudio bajo tutoría directa de abogados en ejercicio.

La elección de este programa tiene un peso simbólico y personal. Kardashian es hija de Robert Kardashian Sr., el abogado que formó parte del equipo de defensa de O.J. Simpson, y ha señalado en diversas ocasiones que su interés por el Derecho está estrechamente ligado a la reforma del sistema de justicia penal y al impacto humano de las decisiones legales.

Un camino legal fuera de lo convencional

Según explicó Jackson, el proceso seguido por Kardashian carece de muchas de las estructuras habituales de una escuela de Derecho. No cuenta con un plan académico prefijado, ni con evaluaciones constantes de profesores o la presión cotidiana de compañeros de aula. En ese contexto, la abogada destacó que Kardashian tuvo que crear su propia disciplina, estructura y responsabilidad desde cero.

Ese esfuerzo constante se vio puesto a prueba cuando Kardashian no logró aprobar el examen de abogacía, una experiencia que decidió documentar públicamente. En redes sociales, la empresaria compartió videos y mensajes en los que se la vio llorando y reconociendo el impacto emocional del resultado, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir intentándolo hasta aprobar.

En una de esas publicaciones, Kardashian afirmó que quedarse cerca de la meta no representaba un fracaso, sino una fuente de motivación, y confirmó que continuará estudiando hasta lograr su objetivo profesional. También reveló que durante la preparación sufrió dolores físicos, incluidos espasmos en la espalda y problemas de disco, que complicaron el proceso.

Transparencia y compromiso con la reforma penal

Para Jackson, la reacción de Kardashian reflejó coherencia entre lo público y lo privado. La mentora subrayó que la transparencia al hablar de su fracaso académico permite visibilizar que los contratiempos forman parte de cualquier trayectoria profesional. Además, sostuvo que la fortaleza de Kardashian como pensadora jurídica radica en su capacidad para comprender el impacto real de las leyes en la vida de las personas.

Esa perspectiva se ha traducido en acciones concretas. Esta semana, Kardashian expresó su apoyo a la Ley de Supervisión Más Segura, un proyecto bipartidista que busca reformar el sistema de supervisión federal aplicado a personas que salen de prisión. Actualmente, el 99 % de los excarcelados a nivel federal queda bajo supervisión, pese a que el Congreso indicó que solo debería aplicarse a quienes realmente lo necesitan.

Organizaciones como REFORM Alliance, donde Jackson lidera el área de políticas públicas, participaron en la elaboración de la iniciativa tras impulsar 22 leyes en 12 estados enfocadas en reducir la reincidencia y aliviar la sobrecarga de los sistemas de libertad condicional.

Una victoria legal reciente en los tribunales

En paralelo a su formación jurídica, Kardashian obtuvo el mes pasado una victoria judicial significativa. Un juez de California desestimó una demanda por difamación presentada por un hombre de Nueva York que fue identificado erróneamente por la empresaria como un preso condenado a muerte.

El caso se originó en febrero de 2024, cuando Kardashian compartió en redes sociales una imagen creyendo que correspondía a Iván Cantú, un recluso de Texas ejecutado el 28 de febrero de ese año, quien sostuvo su inocencia hasta el final. Sin embargo, la fotografía pertenecía a otro hombre con el mismo nombre, sin antecedentes penales.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), en su análisis sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, resaltó que la resolución judicial reconoció la existencia de dudas razonables en torno a la autoría de la presunta filtración, elemento central del caso. Según consignó el medio, la asociación expresó que, pese a ese reconocimiento, el tribunal aplicó un razonamiento que invierte de forma encubierta la carga de la prueba y podría tener consecuencias para las garantías constitucionales en los procedimientos penales.

Según publicó el medio, la UPF criticó el hecho de que el fallo condenatorio se notificara antes de contar con una argumentación escrita, lo que la organización consideró un “error institucional de enorme gravedad”. Este proceder, advirtieron los fiscales, puede dar pie a la percepción de que la condena se decidió sin una deliberación adecuada, percepción que cobra especial relevancia considerando que la decisión contó con un margen estrecho dentro del tribunal: cinco magistrados votaron a favor de la condena y dos de la absolución.

En el comunicado difundido tras conocerse la sentencia, la UPF fundamentó sus inquietudes en el razonamiento seguido por la mayoría del Supremo. De acuerdo con lo reportado, la condena se sustentó en la presunta filtración de una información cuya autoría no se pudo probar fehacientemente y en la redacción, por parte del acusado, de una nota informativa posteriormente publicada. Para la asociación, unificar estas dos actuaciones como una sola conducta delictiva distorsiona los hechos y amplifica el impacto del fallo tanto para el acusado como para el sistema de garantías procesales.

El medio detalló que, de acuerdo con la UPF, la sentencia abandona el principio penal de certeza plena más allá de toda duda razonable y lo reemplaza por la falta de una explicación alternativa suficientemente convincente a la propuesta por la acusación. Según el comunicado, este cambio exige que la defensa proporcione una hipótesis alternativa con el mismo grado de solidez que la acusación. “Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente”, afirmó la asociación en su comunicado, subrayando el riesgo que supone este planteamiento para la presunción de inocencia.

Según remarcó el medio, la UPF señaló que tal razonamiento traslada al acusado la responsabilidad de demostrar su inocencia, cuando la Constitución española establece que quien debe probar la acusación es la parte acusadora y “el acusado no tiene que demostrar nada”. De acuerdo con la organización, esta alteración del principio procesal puede minar significativamente las garantías judiciales protegidas por la Carta Magna y afectaría gravemente la protección de cualquier persona sometida a un proceso penal.

El comunicado recogido por los medios subraya que el razonamiento evidenciado en la sentencia desplaza el estándar tradicional de prueba en el proceso penal, sustituyéndolo por la mera eliminación de alternativas sin acreditar más allá de duda razonable la autoría de los hechos. Para la UPF, el método mantuvo que, si la defensa no consigue construir una explicación alternativa igualmente plausible, la hipótesis de la acusación se asume como probada. La asociación señala que esto constituye una forma de argumentación circular que se aleja de los principios de la justicia penal basada en garantías.

El medio también recogió la preocupación de la UPF respecto a la proyección de esta sentencia más allá del caso concreto de García Ortiz. La asociación se preguntó hasta qué punto bajo este nuevo criterio puede asegurarse a cualquier persona procesada un juicio justo e imparcial. Alertaron que la función del sistema judicial se ve comprometida si la imparcialidad no solo deja de cumplirse, sino que también deja de proyectarse ante la ciudadanía. Según se reproduce en el comunicado, la pérdida de confianza pública en la justicia conlleva la desprotección del individuo frente al poder sancionador del Estado.

Respecto a los antecedentes de la causa, la UPF explicó, según publicó el medio, que el caso surgió en relación con la publicación de una nota institucional creada con el fin de desmentir informaciones que, según la asociación, dañaban la imagen de una institución constitucional. Para la organización, tanto la trascendencia institucional de los hechos como el impacto sobre la función pública trasladaban al tribunal la exigencia de máxima fundamentación y reflexión al tomar una decisión tan relevante.

En alusión al proceso seguido en el Supremo, los fiscales subrayaron el hecho de que la sentencia se adoptara por un margen estrecho de votos, lo que reflejaba discrepancias interpretativas entre los magistrados. Según detalló el medio, la UPF puso en valor la existencia de debate interno y diversidad de opiniones, considerando que el contraste y la crítica jurídica son esenciales para el funcionamiento democrático e institucional de la justicia.

La información recogida por el medio indica que la asociación finalizó su comunicado insistiendo en que la administración de justicia, como pilar fundamental del Estado constitucional, debe operar bajo los más altos estándares de garantía para la protección de los derechos de la ciudadanía. La UPF instó a la población a exigir el respeto de las garantías en cualquier proceso penal y recordó que la confianza pública en la labor de los tribunales constituye la verdadera medida de la protección efectiva ante el sistema judicial. En palabras reproducidas por el medio, “cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado”, insistiendo en la importancia de la tutela de los derechos procesales para garantizar la efectividad de la justicia y la defensa de los derechos fundamentales.

Luego de que la Fiscalía de Rosario considerara concluida la etapa de investigación por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza en 2023 en un contexto de violencia en el fútbol, comenzaron las audiencias previas al proceso judicial en el Centro de Justicia Penal de la ciudad.

Mientras los tres acusados siguen el proceso a través de videoconferencia desde los penales donde cumplen prisión preventiva, la querella representada por Marcos Cella cuestionó la presentación de la defensa de uno de los últimos capturados, Damián Reifenstuel. En este escrito, alegaron que el principal imputado padece psicosis.

Al respecto, Cella sostuvo que este síntoma nunca había sido manifestado por el acusado anteriormente: “Nunca había manifestado esa condición. Se fue a Bolivia, se cambió el nombre, dio clases engañando a alumnos y directivos. Nosotros creemos que nunca hubo una señal al respecto”. Y añadió: “Pasó de nunca usar lentes a tener problemas de la vista y después a tener psicosis. La preliminar ya debería estar por terminar y allí se debería poner la fecha del juicio, que calculo que podría hacerse a comienzos de 2026”.

Según los elementos presentados en la causa judicial, el 30 de septiembre de 2023, la mujer de 32 años circulaba en motocicleta junto a su pareja por la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo, cuando recibió un impacto en el cráneo ocasionado por una piedra. Esto le provocó un traumatismo severo en el parietal derecho que la llevó a la muerte, según el dictamen pericial. La autopsia practicada tras el ataque confirmó esta secuencia, de acuerdo con el detalle aportado por Rosario3.

La investigación avanzó con la imputación de Reifenstuel, de 46 años; Ariel Matías Cabrera, de 44; y Juan José Massón, de 42, como coautores de homicidio simple agravado por la comisión de un delito en el contexto de un espectáculo deportivo, en concordancia con la calificación propuesta por el fiscal Lisandro Artacho. El funcionario remarcó su intención de solicitar penas de 30 años de prisión para los tres detenidos una vez que se avance hacia el juicio oral, según informó el mismo portal local. En tanto, Cella hizo foco en una condena aún más elevada de 33 años de cárcel para cada uno de los acusados.

La familia de Garcilazo consideró que existen elementos de prueba suficientes como para sustentar la acusación, incluidos los testimonios de más de quince personas que se hallaban en el lugar de la agresión y el análisis de imágenes de videovigilancia urbana, que posibilitaron reconstruir el trayecto de los presuntos autores tras el hecho.

La hermana de la víctima, Silvina Garcilazo, expresó conformidad con el avance del proceso y con la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto de la responsabilidad de los imputados, quienes formaban parte de la parcialidad de Newell’s Old Boys.

Reifenstuel permaneció prófugo durante casi un año y medio bajo identidad cambiada en Samaipata, Bolivia. Lo atraparon en febrero de este año, luego de la difusión de una recompensa de 10 millones de pesos y de la intervención de un testigo de identidad reservada. En julio fue extraditado al país y trasladado a la cárcel de Piñero, donde permanece alojado bajo régimen de prisión preventiva. Los otros dos acusados se entregaron por iniciativa propia ante la autoridad apenas iniciada la investigación, aunque esto no modifica la figura de coautoría en el homicidio agravado, de acuerdo a la Fiscalía.

La audiencia preliminar reunió a todas las partes en la sala 8 del edificio judicial, con acceso restringido y sin presencia física de los imputados. La próxima sesión quedó fijada para este martes a las 13. La querella espera que el juicio oral y público se convoque entre marzo y abril del próximo año.

Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez formularon la imputación en contra del adolescente, "por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso en calidad de coautor", indicó la Fiscalía en un comunicado.

La pequeña fue encontrada sin vida el lunes pasado en la localidad de Fulgencio Yegros, en el departamento de Caazapá (centro), un caso que conmocionó a la opinión pública en el país.

El adolescente se presentó el viernes ante las autoridades horas después de que una jueza ordenara su detención y la Policía comenzara a buscarlo, tras no encontrarlo en una inspección en su vivienda.

Actualmente, se encuentra recluido en la Comisaría 1ra. de Caazapá.

"Teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado y las constancias de la carpeta fiscal, los agentes del Ministerio Público consideraron procedente solicitar la prisión preventiva del imputado", según el comunicado.

El chico es hermano de un hombre de 24 años señalado como supuesto responsable de la muerte de la niña tras conocerse que fue imputado en 2022 por presunta tentativa de abuso sexual contra la menor.

El hombre, que fue acusado el martes por la Fiscalía por presunto homicidio doloso, residía a unos 500 metros de la vivienda de la menor y se encontraba en libertad provisional desde mayo pasado, detalló el Ministerio Público.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo el viernes sentirse "realmente indignado" por el asesinato y se pronunció a favor de elevar las penas mínimas en estos casos. EFE

El próximo 8 de agosto, el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires será el escenario de la presentación de la obra Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado, editada por Astrea. La obra está dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien reunió a 50 juristas de renombre de distintas regiones de Argentina para elaborar un análisis integral y exhaustivo sobre la normativa procesal penal federal.

El evento de lanzamiento de este libro se produce en el contexto de la inminente implementación del sistema acusatorio en los Tribunales Federales de Comodoro Py y en los Tribunales del Fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, cuya entrada en vigencia está prevista para el 11 de agosto.

El libro, estructurado en dos tomos, abarca cada uno de los institutos centrales del sistema acusatorio, abordados con una perspectiva crítica y práctica que prioriza los desafíos vinculados al establecimiento de un nuevo paradigma en materia de enjuiciamiento penal.

El Código Procesal Penal Federal implica una transformación significativa en la justicia penal argentina, ya que sustituye el modelo inquisitivo por el sistema acusatorio, con énfasis en la oralidad, la transparencia, la celeridad procesal y la inmediación entre jueces, fiscales, defensores y participantes de los procesos penales. Estos principios, que hasta el momento solo figuraban en abstracto como pautas orientadoras, comenzarán a regir de manera concreta el trabajo de los operadores judiciales a partir de la aplicación plena del nuevo sistema en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la presentación, Mariano Borinsky expondrá los principales aportes doctrinarios y prácticos de la obra, que buscará posicionarse como fuente de consulta fundamental para jueces, fiscales, defensores, abogados litigantes y estudiantes de derecho. El juez resaltará los aportes colaborativos de los autores y la forma en que el volumen permite visualizar los principales retos que enfrenta el fuero federal frente a la transición hacia el sistema acusatorio.

La coordinación editorial del libro estuvo a cargo de Mariana Catalano y Natacha Annnovelli, quienes pusieron el acento en la pluralidad de miradas presentes en la obra, reflejando la diversidad de realidades y experiencias del sistema judicial argentino. Según Catalano y Annnovelli, el objetivo principal fue confeccionar un material respetuoso de la federalización y la diversidad del derecho procesal en las distintas jurisdicciones del país, brindando herramientas prácticas para facilitar la interpretación y aplicación diaria del Código Procesal Penal Federal.

El análisis contenido en la obra incluye referencias directas y concordancias normativas, con un abordaje de los institutos jurídicos específicos y una exposición clara de las modificaciones introducidas por el nuevo régimen procesal. Además, el texto ofrece interpretaciones fundamentadas sobre la modalidad de aplicación de las reglas del proceso, sus implicancias para los actores judiciales y el impacto en la protección de garantías constitucionales y derechos procesales.

La aplicación del sistema acusatorio en Comodoro Py y en el Fuero Penal Económico de la Capital Federal se inscribe en un proceso iniciado en 2019, cuando comenzaron a implementarse los primeros tribunales bajo este modelo en provincias del norte argentino. Según Astrea, la extensión de la oralidad y la agilización de los trámites procesales ya ha generado mejoras en la eficiencia, transparencia y equidad del proceso penal federal, contribuyendo a fortalecer la confianza en las instituciones de justicia penal.

El evento de presentación, de acceso libre y gratuito, está pautado para las 17.00 horas del 8 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Se espera la asistencia de magistrados, fiscales, defensores, abogados, docentes y estudiantes, quienes podrán participar en un intercambio abierto acerca de los principales lineamientos del nuevo Código Procesal Penal Federal y las herramientas que la obra de Astrea ofrece para acompañar el proceso de cambio.

La publicación del Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado se presenta como una respuesta a la demanda de material actualizado y específico, en un momento de cambio histórico para la justicia penal argentina, con el desafío de consolidar un modelo realmente acusatorio, transparente y eficiente en todo el territorio nacional.

Sidney Holmes, sentenciado a 400 años en una prisión de Florida por un robo a mano armada y posteriormente exonerado, recibirá una compensación económica tras la promulgación de una legislación especial que lleva su nombre. Holmes pasó 34 años privado de libertad antes de que una revisión judicial determinara su inocencia, convirtiéndose en uno de los casos de mayor duración en la historia reciente del sistema judicial de Estados Unidos.

La aprobación del proyecto de ley SB 10, firmada el 2 de julio de 2025 por el gobernador Ron DeSantis, autoriza el pago de 1,7 millones de dólares en compensación a Holmes. La iniciativa se concretó debido a que la ley estatal impedía que personas con antecedentes previos pudieran acceder a indemnizaciones automáticas previstas en casos de encarcelamiento injusto. El caso de Holmes motivó un debate acerca de las condiciones que regulan las exoneraciones y los derechos de reparación para víctimas de condenas erróneas en Florida.

La revisión judicial del expediente, impulsada en 2020 por la Unidad de Revisión de Condenas de la Fiscalía Estatal del condado de Broward, concluyó que la condena de Holmes se basó en una identificación incorrecta y en prácticas de reconocimiento facial y fotográfico ya superadas. Tras el dictamen exoneratorio, el caso fue citado por legisladores y organizaciones civiles como ejemplo de la importancia de mecanismos de control y revisión dentro del sistema judicial estadounidense.

¿Por qué Sidney Holmes fue condenado a 400 años de prisión en Florida?

Holmes fue arrestado a los 23 años bajo la sospecha de haber sido el conductor en un robo armado en Fort Lauderdale en 1988. El proceso judicial se desarrolló en ausencia de pruebas físicas y solo incluyó la identificación de las víctimas y la coincidencia de un Oldsmobile amarillo. El fiscal de la causa solicitó una condena mayor, pero finalmente el juez dictó los 400 años, basando su decisión en los delitos imputados y los antecedentes penales registrados por Holmes, según Florida Politics.

La condena se fundamentó exclusivamente en la identificación de las víctimas y en métodos de reconocimiento que actualmente se consideran poco confiables. No existían registros forenses ni pruebas directas que vincularan a Holmes con el delito. Una investigación posterior de la Unidad de Revisión de Condenas determinó que la identificación era poco fiable y que el vehículo no correspondía exactamente, como consta en documentos de la fiscalía estatal y reportes de NBC Miami.

¿Cómo se logró la revisión y la anulación de la condena?

En 2020, Holmes contactó a la Unidad de Revisión de Condenas del condado de Broward. En colaboración con el Proyecto Inocencia de Florida, se realizó una evaluación integral del expediente. El informe oficial estableció que la identificación del sospechoso presentaba inconsistencias y que la coincidencia del automóvil se debía a la alta circulación de ese modelo durante esa época. La Fiscalía Estatal de Broward, liderada por Harold Pryor, concluyó en un memorando que existían fundamentos suficientes para declarar la inocencia del condenado.

El tribunal del 17º Circuito Judicial de Florida aceptó el dictamen y, en marzo de 2023, anuló la sentencia. Los detectives originales y las víctimas estuvieron de acuerdo con la decisión. Tras 34 años en prisión, Holmes fue liberado.

¿Por qué Sidney Holmes no recibió compensación automática y qué implica la ley SB 10?

La legislación vigente contempla pagos automáticos de 50.000 dólares por cada año de encarcelamiento injusto. Sin embargo, la “regla de manos limpias” excluía a personas con antecedentes previos, como el caso de Holmes. Por ese motivo, legisladores respaldaron el proyecto SB 10, que habilitó la compensación, según Florida Politics.

La ley fue aprobada por ambas cámaras y firmada por el gobernador DeSantis. Holmes estuvo presente en la votación y fue reconocido por representantes de ambos partidos y organizaciones civiles por su resiliencia durante el proceso.

¿Cuál es el impacto del caso en la justicia penal de Florida?

El caso de Holmes generó un debate sobre la vigencia de los métodos de identificación en procesos judiciales y la necesidad de mecanismos de revisión de condenas. Desde 1989, al menos 91 personas han sido exoneradas tras pasar años en prisión por condenas injustas, según Florida Politics.

Holmes declaró que buscará facilitar la reinserción de personas exoneradas y promover reformas que eviten nuevas sentencias erróneas. Organizaciones como OIC of South Florida ofrecieron apoyo a su reintegración y capacitación laboral. El caso contribuye al debate nacional sobre las reparaciones a víctimas de errores judiciales y la actualización de los protocolos de reconocimiento y prueba en procesos penales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena a seis años de prisión al hombre que asesinó a su pareja en abril de 2023 en el transcurso de un ritual esotérico en Puente de Vallecas pero ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid que reformule la motivación que justificó la rebaja de la pena en dos grados al sufrir un trastorno psicótico.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima en su totalidad el recurso presentado por la defensa del condenado, que había solicitado la nulidad del juicio y la aplicación de una eximente completa por alteración psíquica.

En contra, estima parcialmente el recurso de apelación de la acusación particular, representada por la hija de la víctima, que solicitaba una pena de 14 años de prisión, en lugar de los seis años finalmente impuestos.

El tribunal del jurado dio por probado que el acusado mantenía una relación sentimental con la víctima. En la madrugada del 2 de abril de 2023 sufrió un trastorno psicótico inducido probablemente por el consumo de metanfetaminas, lo que provocó un grave deterioro de sus facultades mentales.

En ese estado, el acusado atacó a su pareja con cuchillos, martillos y destornilladores, causándole un total de 71 lesiones, incluyendo heridas contusas, incisas y punzantes, y dejándole clavados varios objetos en el cuerpo. La víctima falleció tras sufrir una agonía de al menos quince minutos por hemorragias múltiples.

El jurado consideró que las facultades del procesado estaban gravemente menoscabadas, pero no anuladas completamente, lo que motivó la aplicación de una eximente incompleta por alteración psíquica.

DISCREPA EN LAS EXIMENTES

El Tribunal Superior ha ratificado esta interpretación, al señalar que la valoración del jurado fue coherente, razonada y suficientemente motivada en base a las testificales y los informes periciales de Gustavo D. O.

Sin embargo, discrepa de la decisión que adoptó la AP en el momento de aplicar el artículo 68 del Código Penal, que permite reducir la pena en uno o dos grados en caso de eximentes incompletas.

Aunque la reducción en un grado es obligatoria, la rebaja en dos requiere una motivación cualificada que, a juicio del TSJ, no quedó suficientemente justificada, por lo que ordena al magistrado presidente del Tribunal del Jurado que amplíe su fundamentación valorando los criterios exigidos legalmente.

“Cuando nos dicen que el ICE existe para mantener nuestro país seguro y deportar a criminales violentos, está bien. Pero cuando vemos a gente inocente y trabajadora siendo arrancada de sus familias de maneras inhumanas, tenemos que levantar la voz”, escribió la empresaria de moda Kim Kardashian.

La también estrella televisiva denunció este miércoles las redadas del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Los Ángeles como “inhumanas”, defendió la contribución de los inmigrantes a la sociedad y pidió no “ignorar” las injusticias.

Kardashian, de 44 años, publicó a la vista de sus más de 350 millones de seguidores en Instagram una historia en la que se hace eco de las protestas en contra de las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en su ciudad natal, que han degenerado en disturbios en los últimos días.

“Creciendo en L.A., he visto cuán profundamente los inmigrantes están integrados en el tejido de esta ciudad. Son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase y trabajo, y familiares”, dijo en su texto, en el que destaca las “contribuciones” de estos y pide ver más allá de la ideología.

“No podemos hacer la vista gorda cuando el miedo y la injusticia impiden a la gente vivir sus vidas de manera libre y segura. Tiene que haber una vía MEJOR”, sentenció.

Kardashian es hija del fallecido abogado de alto perfil Robert Kardashian y recientemente obtuvo una titulación como abogada tras varios años de activismo por la reforma del sistema de justicia penal de EE.UU. que le llevaron incluso a reunirse con Trump en su primer mandato para tratar el asunto.

Tras ese mensaje, compartió un vídeo de la rapera Doechii pronunciando su discurso en los premios BET, en el que ésta denunció el uso de la fuerza militar por parte de Trump ante el derecho a la protesta.

Protestas se extienden por todo Estados Unidos

Las manifestaciones en Estados Unidos han intensificado su rechazo a las redadas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump, atrayendo a miles de personas a las calles de diversas ciudades. En Nueva York, donde las concentraciones empezaron el martes por la noche, la protesta se ha convertido en una de las más significativas del país. Asimismo, Chicago ha sido escenario de movilizaciones similares, con multitudes expresando su descontento con las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los organizadores planean continuar sus acciones hasta el sábado, coincidiendo con un desfile militar que Trump tiene previsto presidir en Washington.

Paralelamente, la situación política en Texas se ha visto alterada con la decisión del gobernador republicano Greg Abbott de desplegar la Guardia Nacional estatal para enfrentar una protesta prevista en San Antonio. Mientras tanto, en Los Ángeles, donde los disturbios comenzaron la semana anterior, se ha logrado una calma relativa gracias a la implementación de un toque de queda nocturno. Las calles han sido resguardadas por agentes, algunos incluso montados en caballos, mientras que los comerciantes han protegido sus negocios ante posibles actos de vandalismo.

Estas manifestaciones surgen como respuesta a los operativos del ICE, los cuales han sido criticados por su severidad, ya que contemplan arrestos en espacios públicos, lugares de trabajo e incluso en tribunales.

Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, con banderas de México y carteles en contra del ICE, se han reportado episodios de violencia, como la quema de taxis y el lanzamiento de piedras. Los manifestantes han sido contundentes en sus reclamos y denuncias, tal como expresó un joven de 26 años, quien se mostró indignado por la actuación de agentes de inmigración que arrestan sin inscripciones visibles y que emplean gases lacrimógenos.

Con ayuda de EFE.

Matthew Vogel tenía 39 años y estaba a un día de recuperar la libertad cuando fue asesinado dentro de una celda del South Central Correctional Facility, en Clifton, Tennessee. Su agresor, Travis Bess, cumplía tres cadenas perpetuas por homicidio y ya había matado a un compañero de celda en 2014. Según la demanda interpuesta por la familia de Vogel, el crimen se produjo como resultado de la negligencia y el modelo de operación con fines de lucro de CoreCivic, la empresa privada que administra el penal.

El asesinato ocurrió en agosto de 2024. De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, Bess atacó a Vogel con la tapa de una alcantarilla antes de apuñalarlo con un fragmento de vidrio proveniente de un televisor roto. Fue un ataque brutal contra un hombre que ya había cumplido su condena y estaba listo para salir al día siguiente.

—Tenía un gran corazón, era muy emocional —declaró María Googe, madre de la víctima, en entrevista con CBS News.—. Sigo haciéndome preguntas: ¿Quién fue el responsable?, ¿nadie escuchó?, ¿no había guardias que pudieran detenerlo? Hay demasiados”.

La familia de Vogel demanda a CoreCivic por negligencia grave y reducción de costos a expensas de la seguridad

La demanda contra CoreCivic fue presentada a comienzos de este año por el abogado Ben Raybin, quien asegura que la empresa minimizó deliberadamente el nivel de riesgo del agresor. De acuerdo con la denuncia, el perfil criminológico de Bess fue manipulado. Un documento compartido por Raybin muestra que se le redujo la clasificación de peligrosidad de cuatro —el nivel más alto— a cero, sin ninguna justificación registrada, tal como lo exigen los lineamientos del Departamento Correccional de Tennessee.

“Esta es una empresa que gana decenas de millones de dólares cada año y, sin embargo, mantiene sus prisiones con poco personal”, afirmó Raybin en conversación con CBS News.

CoreCivic ha rechazado los señalamientos, asegurando que sus instalaciones cuentan con personal suficiente y que cualquier reubicación o cambio en la asignación de reos se toma conforme a criterios establecidos. “No podemos divulgar detalles específicos sobre la custodia o alojamiento de los internos por razones de seguridad y privacidad”, declaró Steve Conry, asesor de la compañía.

CoreCivic registra mayor rotación de personal y tasa de homicidios que el promedio estatal, según auditorías

Una auditoría estatal de Tennessee publicada en 2023 reportó que las cárceles operadas por CoreCivic tenían una tasa de rotación del 146%, comparada con el 37% registrado en centros estatales. Además, el número de plazas vacantes para agentes correccionales era notablemente superior. Estos déficits, según una encuesta interna a empleados citada por el informe, generaban sensación de inseguridad y mayor exposición a situaciones peligrosas.

La empresa disputa los hallazgos: sostiene que “comparar números agregados sin contexto produce conclusiones erróneas” y afirma que variables como afiliaciones a pandillas, clasificaciones de seguridad y naturaleza de los crímenes deben tenerse en cuenta. CBS News, sin embargo, revisó datos que indican que la probabilidad de ser asesinado en una prisión de CoreCivic en Tennessee es el doble que en una institución pública.

Tras el regreso de Trump, las prisiones privadas vuelven a ser parte de la estrategia federal

El homicidio de Vogel ocurre en un momento crítico para el sistema penitenciario privado en Estados Unidos. El gobierno federal revirtió las restricciones impuestas por la administración Biden sobre el uso de prisiones privadas para albergar a reclusos federales. La medida abre la puerta a una expansión significativa de contratos, y posiciona a CoreCivic como uno de los principales beneficiarios.

En marzo de 2025, CoreCivic obtuvo un contrato de hasta 22.6 millones de dólares para reabrir un centro de detención del ICE en Leavenworth, Kansas, aunque una demanda municipal detuvo el proyecto. En abril, recibió otro contrato por 31.2 millones de dólares para operar un centro en California City. En total, el 90% de las personas detenidas por el ICE en Estados Unidos están recluidas en instalaciones privadas, pese a que apenas el 7% de los presos del sistema general del país están en centros de este tipo.

“Trabajé en CoreCivic durante 32 años, y este es uno de los periodos más emocionantes de mi carrera”, expresó el CEO Damon Hininger durante una llamada con accionistas en febrero de 2025.

Las cifras de violencia y las muertes elevan el escrutinio sobre la prisión de Trousdale Turner

Una instalación operada por CoreCivic, el centro correccional de Trousdale Turner, ha sido objeto de una investigación del Departamento de Justicia desde 2024. Según declaraciones de la entonces fiscal general adjunta Kristen Clarke, se registraron cinco apuñalamientos en tres semanas a inicios de ese año, junto con 196 agresiones, dos homicidios y 15 muertes clasificadas como accidentales entre julio de 2022 y junio de 2023. En ese mismo período hubo 90 denuncias por conducta sexual inapropiada y, solo en junio de 2023, se incautaron 97 cuchillos.

Durante los primeros seis meses de 2025, las autoridades locales respondieron a 47 llamados de emergencia desde ese penal, incluidos cuatro intentos de suicidio, cinco presuntas sobredosis y nueve apuñalamientos. El último incidente grave fue un motín el domingo por la noche, en el que participaron hasta 200 internos. Aunque se reportó inicialmente que hubo rehenes entre el personal, CoreCivic luego lo negó y aseguró que todos salieron ilesos.

“La seguridad y la dignidad de los internos son prioridad para nuestra organización”, dijo la empresa en respuesta al escándalo. Agregaron que trabajan junto al Departamento de Corrección de Tennessee para mejorar los protocolos.

Nueva legislación estatal impone reducciones de población carcelaria privada si duplican la mortalidad de las públicas

La presión pública ha generado reacción en el plano legislativo. El senador estatal Mark Pody introdujo una ley que exige una reducción del 10% en la población de prisiones privadas si se comprueba que su tasa de mortalidad duplica la de las cárceles estatales. Según cifras actuales, CoreCivic cumple con ese umbral.

Expertos en justicia como Christopher Slobogin, de la Vanderbilt Law School, advierten que el manejo de internos con perfiles de alto riesgo requiere mayores recursos y personal capacitado, algo que suele entrar en conflicto con los objetivos financieros de las firmas privadas. Para Eunice Cho, abogada de la ACLU, el problema central es que “las empresas carcelarias privadas responden a sus inversionistas, no al interés público”.

El descornado de rinocerontes resulta en una drástica reducción de la caza furtiva de estos animales en peligro de extinción, según un análisis de datos de 11 reservas en Sudáfrica entre 2017 2023.

La caza furtiva por su cuerno representa una grave amenaza para las cinco especies de rinocerontes del mundo. Otras medidas frente a esta lacra no resultan eficaces, según el estudio.

El autor principal, el Dr. Tim Kuiper, de la Universidad Nelson Mandela, afirmó en un comunicado: "Documentamos la caza furtiva de 1985 rinocerontes (aproximadamente el 6,5 % de la población anual) en 11 reservas del Gran Kruger durante siete años. Este paisaje es un bastión global crucial que conserva alrededor del 25 % de todos los rinocerontes de África".

"Descornar a los rinocerontes para reducir los incentivos a la caza furtiva (2284 rinocerontes fueron descornados en ocho reservas) logró una reducción del 78 % en la caza furtiva utilizando tan solo el 1,2 % del presupuesto total para la protección de los rinocerontes". Esto se basó en la comparación entre sitios con y sin descornado, así como en los cambios en la caza furtiva antes y después del descornado.

Sin embargo, el estudio mostró que la caza furtiva de rinocerontes descornados para obtener muñones y rebrotes continuó, mientras que la evidencia más reciente (2024-2025) desde la conclusión del estudio en 2023 sugiere que este es un problema creciente. El descornado también podría desviar la atención de los cazadores furtivos hacia poblaciones de rinocerontes con cuernos en otras zonas.

MEDIDAS DE VIGILANCIA O JUSTICIA PENAL NO FUNCIONAN

Las reservas estudiadas invirtieron 74 millones de dólares en intervenciones contra la caza furtiva entre 2017 y 2021. La mayor parte de la inversión se centró en medidas reactivas de seguridad (guardabosques, perros rastreadores, helicópteros, controles de acceso y cámaras de detección), lo que permitió arrestar a más de 700 cazadores furtivos.

Sin embargo, los autores no encontraron evidencia estadística de que estas intervenciones redujeran significativamente la caza furtiva. Las intervenciones que facilitan la detección y el arresto de cazadores furtivos, si bien son un elemento necesario de las herramientas contra la caza furtiva, se ven comprometidas por factores sistémicos, como la pobreza local (que impulsa a las personas a asumir riesgos) y la corrupción (que ofrece una vía para eludir las intervenciones, como destaca este reciente y contundente informe).

"Finalmente, la ineficacia de los sistemas de justicia penal implica que los delincuentes arrestados a menudo eluden el castigo, y en nuestra área de estudio se ha observado que hay múltiples reincidentes", afirmó el Dr. Kuiper.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que condenó al exentrenador de un equipo de baloncesto femenino de Gernika a 13 años y 6 meses de prisión por agresión sexual continuada a una jugadora menor de edad, unos hechos que se iniciaron en 1998, cuando ella tenía 13 años y el acusado 31, y que se prolongaron durante aproximadamente tres años y medio.

El tribunal de instancia estimó probado que en ese periodo el acusado, que entonces entrenaba a baloncesto a la menor, mantuvo alrededor de "cincuenta encuentros" con ella en los que llevó a cabo "múltiples conductas de naturaleza sexual" que fueron "adquiriendo creciente relevancia en cuanto a frecuencia e intensidad".

Contra esa sentencia de la Audiencia de Bizkaia, el acusado interpuso recurso ante el TSJPV alegando principalmente que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y el principio "in dubio pro reo", así como el derecho a tener un proceso con todas las garantías. La acusación particular y la Fiscalía impugnaron el recurso y solicitaron la confirmación de la sentencia.

La representación letrada del acusado mantenía en su recurso que había tenido una "dificultad manifiesta" para preparar su defensa "con testigos amenazados constantemente" y con toda su testifical "coaccionada" en el marco de un "hostigamiento" social y "proceso de muerte civil" hacia su defendido.

El TSJPV recuerda que el tribunal de instancia admitió como "verosímil el hostigamiento" hacia el acusado, pero incide que en su resolución ya señaló que no le constaba que de esa situación se hubiera derivado "una situación de perjuicio o de menoscabo del libre ejercicio del derecho de defensa", ya que en la vista oral declararon los testigos propuestos por la defensa que habían sido admitidos "sin ninguna restricción".

El TSJPV añade que la Audiencia "tuvo mucho cuidado" en que las "informaciones probatorias proporcionadas por las testigos que habían sido cuestionadas por la defensa del acusado fueran objeto de una valoración particularizada al extremo de ponderar como eficaces aquellos datos que suministrasen en cuanto estuviesen refrendados mediante otras declaraciones".

DECLARACIÓN "GUIONIZADA"

La defensa del acusado también alegó que la condena se había basado solo y exclusivamente en la declaración de la mujer sobre unos hechos ocurridos hace 23 años, que su testimonio no fue espontáneo, sino una "declaración novelada o guionizada" y que había ido variando "ostensiblemente" desde que interpuso la denuncia en junio de 2022.

El TSJPV destaca el valor dado por la Audiencia vizcaína a los informes de la Unidad de Valoración Forense Integral y a la psicóloga que trató a la víctima.

En esa línea, indica que con la información probatoria proporcionada por estos profesiones "la sala de instancia consideró razonablemente" que su declaración "poseía una fiabilidad reforzada" y que el proceso que siguió de toma de conciencia a posteriori de la situación de la que había sido víctima y de la necesidad de liberar esa carga fue "coherente, lógico y concordante con las pautas habituales de producción y descubrimiento de los abusos en víctimas a temprana edad".

"Todo este proceso de afloramiento de los hechos y la interposición posterior de la denuncia que motivó la incoación del procedimiento penal es totalmente lógico y normal y el hecho de que hayan intervenido profesionales de la psicología, de la atención primaria e incluso otros profesionales en modo alguno resta espontaneidad al relato ni tampoco que su versión de los hechos sea guionizada o novelada por el hecho de que se haya presentado por escrito, que es una forma normal de poner unos hechos delictivos en conocimiento de los agentes policiales como también lo son las comparecencias", añade el TSJPV.

El Superior vasco también dice que el hecho de que en algún momento del proceso pueda aparecer algún dato nuevo producto del recuerdo posterior del mismo no implica que la víctima haya incurrido en contradicciones o que su versión sea variable. No hubo "duda razonable alguna sobre su culpabilidad", mantiene.

Respecto a la vulneración del principio de "in dubio pro reo", el TSJPV precisa que existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, este principio carece de aplicación.

En este caso, apunta, "no solo la sala de instancia no ha expresado duda alguna en la que pudiera apoyarse" esa alegación, sino que además se ha reafirmado "en la consistencia" de la declaración de la denunciante, "lo cual supone con rotunda claridad un rechazo total al planteamiento alternativo que efectúa el apelante que se expresa con valoraciones relativas al amor, admiración compañerismo y buenas relaciones, en cuanto que no son valores que resulten acreditados tras la reconstrucción fáctica efectuada fundamentalmente mediante la declaración de la víctima".

El TSJPV concluye que la Audiencia vizcaína "ha dispuesto de suficientes informaciones probatorias que han permitido la reconstrucción fáctica de los hechos" y que ha realizado "una ponderación razonable de las mismas".

También afirma que el tribunal de instancia "ha otorgado fiabilidad" y la "condición de creíble" a la declaración de la víctima y al hecho de que denunciara 23 años después, y que ha contado con "corroboraciones periféricas" evidenciadas por otros medios de prueba que permiten descartar "todas las objeciones efectuadas por la defensa del acusado en su planteamiento estratégico defensivo, habiendo estimado que fue enervada su presunción de inocencia" en cuanto que "no tuvo duda razonable alguna sobre su culpabilidad". Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Darmanin, en un mensaje en redes sociales, lamentó que "tras los graves incidentes" del fin de semana, una parte de las condenas emitidas en los primeros juicios rápidos "no están a la altura de la violencia que conoce nuestro país".

Por ejemplo, cuatro jóvenes juzgados el lunes en París por disparar fuegos artificiales contra la policía fueron condenados a penas de entre dos y ocho meses de cárcel exentos de cumplimiento debido a que no tenían antecedentes y mostraron su arrepentimiento.

Otras penas similares se han impuesto en otros tribunales de distintos puntos de Francia por destrozos o saqueos de comercios.

Darmanin pidió "una escala de penas firme, simple y adaptada a la delincuencia de hoy",

"Hace falta cambiar radicalmente la ley: Suprimir los ajustes obligatorios de penas, suprimir la exención" de entrada en prisión para penas leves y "poner en marcha una condena mínima sistemática una vez que se ha reconocido la culpabilidad", detalló.

Por ejemplo, pidió "tres meses de prisión mínimos cumplidos realmente para cualquier agresión a un representante del Estado o una multa muy elevada para cualquier destrozo".

La violencia de la noche del sábado causó dos muertos, más de 200 heridos (entre ellos varias decenas de policías y bomberos, con un agente en coma), 559 detenidos, casi 700 incendios y numerosos saqueos de comercios. Y en la noche del domingo hubo otros 79 detenidos solo en París. EFE

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad malagueña de Vélez-Malaga, en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por su presuntamente acabar con la vida de su padre en dicho municipio.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han indicado que a este hombre, de 45 años, se le investiga por un delito de homicidio.

La Policía Nacional detuvo el sábado pasado a este hombre por su presunta relación con la muerte violenta de su padre, de 70 años, ocurrida sobre las 20.15 horas del viernes.

Ese día, la Sala del 091 recibió una llamada en la que se comunicaba la existencia de un hombre herido en la Urbanización Caleta del Sol en la zona de Caleta de Vélez de dicho municipio.

Así, los agentes desplazados hasta el lugar localizaron el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba síntomas de violencia, y tras las primeras gestiones, detuvieron al hijo del fallecido.

En una publicación en Instagram, la institución señaló que los tres hombres detenidos transportaban 615 envoltorios de marihuana, con un peso de 369 kilogramos, cuando fueron detenidos en la localidad de Biruaca.

Asimismo, dijo que estas acciones buscan combatir la "corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, mediante la actuación coordinada entre los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para salvaguardar la paz y estabilidad del pueblo venezolano".

El jueves, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que un ciudadano colombiano y su hijo fueron detenidos y acusados en Venezuela de presuntamente traficar una veintena de envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 20 kilos en total.

Durante la audiencia de presentación ante el juez, la Fiscalía los imputó "por la presunta comisión de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y transporte, además de asociación (para delinquir)", indicó la institución en una nota oficial.

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado 17 de mayo en la capital del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de que intentaran huir en un vehículo "en estado de deterioro" donde se encontraban junto a otra persona, que logró escapar.EFE

Las autoridades de Luisiana siguen ampliando el cerco contra una red de al menos quince personas acusadas de colaborar en la fuga de diez reos del centro penitenciario de Nueva Orleans ocurrida el pasado 16 de mayo. Documentos judiciales indican que la mayoría de los implicados en la ayuda a los fugitivos tienen vínculos cercanos con ellos: familiares, amistades de larga data, incluso relaciones sentimentales.

Los presos escaparon cortando un hueco detrás de un inodoro. Entre ellos se encuentran Derrick Groves, condenado por asesinato, y Antoine Massey, quien enfrenta cargos por secuestro y violación. Ambos permanecen prófugos. Según los investigadores, las personas acusadas de colaborar ofrecieron desde transporte y refugio hasta dinero en efectivo, alimentos y teléfonos “limpios”.

La cifra de presuntos cómplices ha crecido conforme avanzan las pesquisas. Muchos de ellos están detenidos bajo fianzas que superan el millón de dólares, enfrentando cargos por “accesorios después del hecho”, un delito grave en el estado de Luisiana.

Apoyo material y logístico por parte de allegados antes, durante y después de la fuga

Los documentos revisados por The Associated Press revelan que algunos reclusos comenzaron a coordinar la logística del escape incluso antes de abandonar el penal. En el caso de Lenton Vanburen, las autoridades determinaron que éste utilizó una llamada desde prisión para pedir a sus hermanas que contactaran a “mi chica” y le entregaran un teléfono celular nuevo. Las hermanas se reunieron con él la misma noche del escape en casa de un familiar, donde se bañó, cambió de ropa y recibió artículos de aseo personal.

Luego, otro pariente lo trasladó a una residencia en Misisipi. Según la policía, al menos siete personas con vínculos directos con Vanburen han sido arrestadas por ayudarlo. Entre ellas se encuentra una exempleada del centro penitenciario que, aunque no ha sido acusada formalmente, aparece en los registros de la investigación como la persona que condujo a Vanburen desde el penal hasta una vivienda, y que durante el trayecto realizó una videollamada para que el fugitivo hablara con sus hermanas.

Esa misma mujer fue arrestada en 2023 por intentar ingresar un cuchillo plegable y una bolsa de Cheetos que contenía tabaco y marihuana al penal. Aunque los cargos fueron retirados por no tener antecedentes penales, completó un programa de desvío judicial, según informó la Fiscalía del Distrito de Orleans a The Associated Press. Ella negó vía mensaje de texto haber introducido contrabando o participado en la fuga.

Mensajes por redes sociales, teléfonos por internet y amenazas digitales: las herramientas tecnológicas de los fugitivos

Las autoridades han destacado el papel de la tecnología en la organización de la fuga y la posterior evasión. Reportes policiales citados por AP detallan que varios de los reclusos, entre ellos Antoine Massey y Corey Boyd, utilizaron servicios de telefonía por internet para evitar dejar rastros mediante señales celulares.

Boyd, por ejemplo, empleó una aplicación de mensajería para contactar con conocidos a quienes solicitó dinero y acceso a sus cuentas de iCloud. En al menos un caso, amenazó con matar a una persona si no accedía a sus peticiones. Los agentes del FBI analizaron meses de llamadas previas de Boyd y lograron identificar un nuevo número utilizado la noche posterior a la fuga. Esa pista resultó clave para rastrearlo hasta un apartamento donde fue detenido por un equipo SWAT el 20 de mayo. Su tía había estado comunicándose con él por Instagram para coordinar la entrega de alimentos mientras permanecía escondido.

Violencia doméstica, complicidad forzada y omisiones intencionales: otras aristas del caso

Uno de los casos más complejos involucra a una mujer que ayudó a Massey pese a haber sido víctima de violencia por parte de él. Según los documentos judiciales citados por AP, la mujer contaba con una orden de alejamiento previa contra Massey, quien había intentado estrangularla. Aun así, colaboró con su fuga y mintió a las autoridades durante el proceso de búsqueda.

Ella intercambió mensajes con la hermana de Massey, de 31 años, en los que expresaban su deseo de que el fugitivo “nunca sea capturado”. La policía vigiló durante días la casa de la hermana, aunque en el allanamiento realizado seis días después del escape ya no se encontraba allí. De acuerdo con los registros, Massey estuvo dentro de la vivienda y su hermana alteró y borró evidencia de su teléfono, lo que generó demoras críticas en el operativo de captura.

Llamado urgente a la ciudadanía mientras se elevan las recompensas por los prófugos

Ante la posibilidad de que Groves y Massey continúen recibiendo ayuda, las autoridades han elevado a 50,000 dólares la recompensa por cada fugitivo. El FBI insiste en que el apoyo de la comunidad es esencial para localizarlos.

“Entendemos que podrían estar reportando a un amigo, un ser querido, un pariente, y aunque no sea fácil, es fundamental para su seguridad y la del público”, dijo el agente especial del FBI en Nueva Orleans, Jonathan Tapp, en rueda de prensa el jueves.

El superintendente de la Policía Estatal de Luisiana, Robert Hodges, agregó: “Están cansados, están vigilantes, buscando recursos. Creemos que la ventaja está ahora del lado de la ley y necesitamos la ayuda del público para mantenerla”.

Mientras tanto, la Oficina del Defensor Público de Orleans, a través de su directora de comunicaciones Lindsey Hortenstine, informó que la mayoría de los arrestados aún no cuenta con representación legal.

Las autoridades insisten en que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones conforme se acceda a más registros digitales y testimonios que permitan reconstruir la cadena de complicidades que permitió la fuga.

Fiscalía de Valladolid solicita una condena global de doce años y dos meses de cárcel para el joven Roberto A.A.D, al que acusa de la violación de una joven en febrero de 2024 en Medina del Campo, donde coincidió con la víctima en una discoteca de la localidad, bailó con ella y luego la siguió hasta su domicilio y dentro del portal, presuntamente, la abordó y obligó a practicarle una felación.

Durante el juicio que se celebrará, en fecha aún por concretar, en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, se reproducirán unos hechos que se remontan a la madrugada del día 11 de febrero de 2024 cuando el procesado, de 23 años y de nacionalidad rumana, acudió con un amigo a la discoteca-pub Imperium, sita en la Plaza de Segovia en Medina del Campo, y allí coincidió con la víctima, a la que no conocía de nada, con la que estuvo bailando y, luego besándose, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Cuando el pub cerró, no antes de las 06.30 horas, ambos salieron de dicho local junto con un amigo del acusado y una amiga de ella, y se separaron. La víctima se dispuso entonces a dirigirse a su domicilio y en ese trayecto fue seguida, sin ella saberlo, por la persona con la que minutos antes había estado en la 'disco'.

Una vez que la joven entró en el portal, su perseguidor hizo lo propio y, presuntamente, la empujó por la espalda. Ella cayó hacia adelante y quedó apoyada en los primeros escalones de la escalera que da acceso a las viviendas. Allí, "con evidente ánimo libidinoso", el acusado forcejeó con la joven, le tocó los genitales y trató de quitarle el pantalón. Acabó por bajar los pantalones de la mujer y los suyos propios y, aprovechando la posición de aquella pretendió penetrarla analmente, por la fuerza, lo que no consta consiguiese.

NO FUE CAPAZ DE PEDIR AUXILIO A UNA VECINA

En un momento dado, una vecina que iba a trabajar encendió la luz, lo que hizo que el procesado se separara mientras la joven se quedó completamente paralizada y sin ser capaz de gritar ni pedir ayuda. Cuando la vecina marchó, la joven intentó escapar escaleras arriba, lo que le fue impedido por el acusado que la alcanzó y le exigió mantener relaciones, pues manifestaba estar "muy caliente".

Allí, la acusación pública sostiene que la víctima, "completamente intimidada" y tras caer boca arriba, fue golpeada en la cara por su agresor, sujetada por la coleta y obligada a masturbarle, tras lo que le exigió que le hiciera una felación, como así hizo ella, "completamente indefensa y aterrorizada". Finalmente, la agredida consiguió soltarse y, tras vomitar, llamó a la puerta de su casa, momento en que el procesado emprendió veloz huida, dejando abandonada una camisa en el portal.

Como consecuencia de los hechos, la mujer sufrió distintas lesiones y un trastorno por estrés postraumático.

El procesado, por su parte, está en prisión provisional por tales hechos desde el día 13 de febrero de 2024 y hasta el momento presente.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, la acusación pública tipifica la conducta del encausado, de 23 años, como un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Por el primero de ellos solicita una condena de diez años y tres meses de prisión, junto con la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de quinientos metros, su domicilio, lugar de estudios y lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por la misma y la de prohibición de comunicación con ella por cualquier medio durante diez años y tres meses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Igualmente, pide la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad por un tiempo de veintisiete años y tres meses, y libertad Vigilada por diez años a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad

Con respecto al delito de lesiones, el encausado se expone a una pena de veintiséis meses de prisión y la prohibición de acercarse o comunicar con la víctima durante el mismo tiempo que dicha pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal del caso pide una indemnización de 30.000 euros en favor de la denunciante por los perjuicios ocasionados por la agresión sexual y las lesiones ocasionadas.

Ciudad de México, 24 may (EFE).- En México hay alrededor de 2.000 mujeres privadas de su libertad por delitos de drogas, muchas de ellas víctimas del narcotráfico y del sistema que las detiene injustamente, y ninguna de ellas podrá ser parte de las históricas elecciones judiciales del 1 de junio.

"Muchas son inocentes, porque no se está deteniendo a quienes deberían”, espetó a EFE Alex, quien estuvo casi tres años en prisión tras haber sido sentenciada por posesión y comercio de narcóticos.

En un país donde, dice, “no hay justicia” y detienen a quien "no tiene dinero", Alex, quien prefirió reservar su identidad, lamentó que se excluya a las personas en prisión preventiva oficiosa de las elecciones judiciales del próximo domingo 1 de junio, una medida aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la falta de recursos económicos.

La joven de 32 años aseguró que esa ausencia de justicia la vivió en 2023, cuando por ser consumidora de sustancias, fue sentenciada y recluida en el penitenciario Cefereso 16 de Morelos (centro), uno de los más grandes y de mayor nivel de seguridad en América Latina, y donde solo vio dos veces a su defensa.

“Es más fácil detenernos a nosotras que a los grandes criminales (...) No investigan, seas o no culpable te apresan”, aseveró sobre su captura en Guanajuato, estado donde operan dos de los principales grupos del crimen organizado: el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa.

La fundadora y directora de la organización Elementa DDHH, Adriana Muro, explicó que las mujeres más vulnerables están siendo encarceladas, "cuando los grandes eslabones, que son hombres, están siendo liberados o incluso extraditados a Estados Unidos”.

A inicios de 2025, México extraditó a 29 narcotraficantes a EE.UU, mientras que en los últimos seis años, el encarcelamiento de mujeres ha aumentado un 22 %, según investigaciones de la organización Equis Justicia.

"Y el mercado ilícito de las drogas sigue intacto”, sentenció Muro, y agregó que este problema también viene del “sistema internacional” y de una política de seguridad nacional que “alimenta la idea de que se están dando resultados en la falsa guerra contra las drogas”, un enfrentamiento del que estas mujeres están siendo “víctimas”.

La fundadora del Centro de Estudios y Acción (CEA) por la Justicia Social, Angela Guerrero, detalló que algunas mujeres “no están involucradas en el mercado ilícito de las drogas”, es más bien “su pareja, su papá o alguna persona con la que tienen una relación de poder”.

Guerrero argumentó que, de las 50 mujeres que entrevistaron en el Cefereso 16, sentenciadas por posesión de drogas, el 80 % era víctima de la dominación masculina basada “en muchos tipos de violencia”.

Para Guerrero y Muro, el sistema de justicia penal, además de ser punitivista, cuenta con fiscalías que no están investigando lo suficiente, abogados que no están defendiendo sus casos y jueces que no están sentenciando con enfoque de género. EFE

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El veredicto del tribunal de París decidió penas inferiores a las que había solicitado la Fiscalía el miércoles, de 6 a 10 años para ocho de los acusados, y absolvió a dos de los acusados, a quienes otorgaba un papel de informadores.

Aomar Aït Khedache, considerado el principal artífice de la operación y que confesó los hechos, fue condenado a ocho años, de ellos tres efectivos, pero su pena se une a otra precedente.

Esto significa que este hombre, de 69 años y con un largo historial criminal pero gravemente enfermo (está sordo y casi mudo), no retornará a la cárcel, tal y como había solicitado su abogado.

Yunice Abbas, de 71 años, autor de un libro titulado 'Yo secuestré a Kim Kardashian', fue condenado a siete años de cárcel, cinco exentos de cumplimiento, pero tampoco entrará entre rejas.

En cuanto a los otros dos acusados de haber participado directamente en el robo, Didier Dubreucq y Marc-Alexandre Boyer, el tribunal dictó una pena de siete años, cinco sin cumplimiento, y tampoco tendrán que ingresar en prisión.

Estos cuatro acusados eran los que habían recibido la petición de 10 años por parte de la Fiscalía.

Harminy Aït Khedache, hijo del cerebro de la operación, acusado de haber sido el chófer del comando que llevó a cabo el robo, fue condenado a cinco años de cárcel, cuatro de ellos exentos de cumplimiento.

El tribunal condenó a cuatro años de cárcel exentos de cumplimiento a Christiane Glotin, expareja de Khedache, acusada de complicidad y para quien la Fiscalía pedía seis años de reclusión, y a tres años, también sin cumplimiento, a François Delaporte y Marc Boyer.

Finalmente, el tribunal absolvió a Florus Heroui y Gary Madar, este último hermano del chófer de Kim Kardashian, los dos hombres a los que la fiscalía consideraba como los que dieron la información de los movimientos de la víctima.

El robo, cometido en octubre de 2016 en la suite de un pequeño hotel de lujo de París, tuvo como botín joyas por valor de 10 millones de dólares y causó sensación en todo el mundo por la fama de la víctima, una estrella de la telerrealidad y las redes sociales. EFE

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La solicitud tuvo lugar durante la fase final del proceso judicial que enfrentan siete personas, incluido el exdirector de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Rodas, quien ocupaba dicho puesto en marzo de 2017 cuando tuvo lugar la tragedia.

Las 41 niñas murieron y otras 15 resultaron heridas el 8 de marzo de 2017 durante un incendio dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la ciudad de Guatemala.

De igual manera, el Ministerio Público pidió penas de 4 a 126 años para los otros seis implicados en el caso, incluyendo al director del hogar estatal, Santos Torres, sobre quien recae la solicitud de más de 100 años de cárcel en su contra.

La exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahy Keller, cercana al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quedó desligada del caso esta semana.

Las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar después de haber escapado una noche anterior del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

Los otros acusados son la exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato de dicha secretaría, Brenda Chamán; la exsubinspectora de la Policía Nacional Civil Lucinda Eva Marroquín; el excomisario policíaco Armando Pérez Borja; el exmiembro del área jurídica de la Procuraduría General de la Nación Harold Flores y la exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, Gloria Castro.

Las penas solicitadas por la Fiscalía son de más de 100 años de cárcel en contra de todos los implicados salvo por Castro, para quien fue exigida una pena de cuatro años de prisión.

El proceso judicial del caso se encuentra en su fase final y podría concluir en los próximos días o semanas, de acuerdo a fuentes vinculadas al debate oral y público que se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala. EFE

Según recoge Bloomberg, el abogado de los afectados ha emitido una carta al Departamento donde señala que este acuerdo sería una solución "notablemente mala y sin precedentes", así como un "error judicial". Por eso, en vez de tratar de llegar a un acuerdo, el abogado pide al Departamento que "simplemente lleve el caso a juicio".

Los accidentes ocurrieron entre octubre de 2018 y marzo de 2019, causando la muerte a 346 personas debido a un error en el diseño de su 'software'.

La semana pasada, el Departamento de Justicia se reunió con las familias para informarles de las opciones que se barajan en este caso, entre las que se encuentra la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite el juicio, previsto para el 23 de junio, o procesar al fabricante por "conspiración criminal".

En 2021, el fabricante llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para aplazar el procesamiento por una acusación de engaño al regulador, la Administración Federal de Aviación (FAA), sobre un sistema relacionado con esos accidentes.

Meses después, el gobierno afirmó que Boeing había violado ese acuerdo y recomendó una acusación penal, por lo que la compañía acordó declararse culpable de conspiración criminal, pagar una multa y comprometerse al gasto de al menos 455 millones de dólares (421 millones de euros) para reforzar sus programas de cumplimiento y seguridad.

Actualmente, el juez había concedido al fabricante y a los abogados del gobierno varias prórrogas para facilitar las negociaciones sobre un nuevo acuerdo.

"No hay duda sobre la culpabilidad de los acusados", afirmó claramente la fiscal Anne Dominique Merville en su alegato final ante el tribunal que juzga a los diez procesados.

La fiscal definió como el líder del grupo y organizador del atraco a Aomar Aït Khedache, un atracador multirreincidente que fue uno de los que amenazaron a Kardashian para que entregara sus joyas.

Aït Khedache, ahora de 69 años, tiene serios problemas de salud, ya que está sordo y casi mudo, pidió perdón a Kardashian a través de una auxiliar durante el juicio.

A pesar de su situación y de que el riesgo de reincidencia es inexistente, la fiscal solicitó la pena porque "debe pagar por sus delitos".

El robo, que dio la vuelta al mundo por la condición de estrella de la telerrealidad y de las redes sociales de la víctima -que ahora tiene 356 millones de seguidores en Instagram-, ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 2016.

Esa noche, la banda asaltó un pequeño y discreto hotel de lujo en la zona de la Madeleine, en el centro de París, donde Kardashian se alojaba dentro de su asistencia a la Semana de la Moda.

Los asaltantes se llevaron joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, entre ellas el anillo de bodas que el rapero Kanye West había regalado a Kim Kardashian, una pieza con un diamante de 19 quilates y valorada en unos cuatro millones de dólares.

Los acusados fueron detenidos en enero de 2017. Algunos han admitido su participación, ya que fueron identificados por restos de ADN, mientras que los demás han defendido su inocencia.

Los miembros de la banda fueron bautizados por la prensa francesa como los "yayoladrones" porque muchos de ellos superan o rondan los 70 años, con un largo historial delictivo y muchos años de prisión a sus espaldas.

Excepto un collar, perdido por los ladrones en su apresurada huida y recuperado por la policía, el resto de joyas no ha vuelto a aparecer, y se cree que fueron vendidas en Bélgica.

Kardashian declaró el pasado martes en el juicio, en una sesión en la que narró el trauma que sufrió porque, según dijo, temió que iba a ser violada y asesinada al ser amenazada con una pistola que apuntaba a su cabeza.

La famosa estadounidense fue atada con bridas y puesta en una bañera, y desde entonces necesita tener guardias de seguridad por la noche para poder dormir con serenidad, aseguró. EFE

El crimen se registró el 22 de diciembre de 2022 en la ciudad de La Joya de los Sachas, ubicada en la amazónica provincia de Orellana, en el este del territorio ecuatoriano.

El policía, identificado como Cristian Eduardo U. V., usó un arma de dotación policial para matar al hermano del entonces fiscal de la provincia amazónica de Orellana, que responde al nombre de Óscar Franco Ch. Ch., quien participó como cómplice en el crimen.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas los informes de la autopsia y de la trayectoria balística; testimonios y evidencias de las cámaras de seguridad, entre otros elementos. EFE

La Fiscalía General del Estado indicó, en un comunicado, que el ahora condenado trató de ejercer su derecho al voto en nombre de otra persona.

Los integrantes de mesa se percataron de esta anomalía y alertaron a las autoridades, siendo finalmente aprehendido por la Policía en delito flagrante.

La Fiscalía le formuló cargos por el delito de 'falso sufragio' y, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Julio Claudio A. G. decidió –voluntariamente– acogerse a un procedimiento abreviado, aceptando su participación en el hecho que el fiscal del caso le imputó.

En la audiencia, el juez competente conoció los elementos de prueba e impuso la pena privativa de la libertad de ocho meses.

Al tratarse de un delito cuya pena no alcanza una sanción de diez años de cárcel, la defensa del procesado solicitó a la Fiscalía la aplicación del procedimiento abreviado, lo que significa que el procesado consiente su enjuiciamiento y admite el hecho que se le atribuye, así como la pena determinada, la cual es inferior a la prevista en la tipificación del delito.

Por este motivo, a pesar de que los delitos de estas características están penados con prisión de uno a tres años, se le impuso una pena de ocho meses de privación de libertad. EFE

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años de prisión a un hombre que se aprovechó de que una mujer con la que estaba había perdido la consciencia para violarla.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito de agresión sexual con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de reparación del año y embriaguez.

Antes del juicio, celebrado el pasado 1 de abril, la fiscalía solicitaba una pena de 10 años de prisión para el acusado, natural de Ecuador, de 50 años.

El condenado ya había depositado con anterioridad al comienzo de la vista oral los 9.000 euros estipulados para indemnizar a la víctima, a la que no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante 3 años. Además, el encausado deberá cumplir una medida de libertad vigilada de 5 años y tendrá que realizar un programa de agresores sexuales.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), entre las 15.30 y las 20 horas del 9 de septiembre de 2023, el acusado estaba en una localidad de Tierra Estella en compañía de la víctima.

En un momento dado, según recoge la sentencia, la mujer perdió la consciencia, "sin que quede determinado si fue por la ingesta de bebidas alcohólicas o porque le fuera suministrada alguna sustancia química a tal efecto".

El procesado, "con ánimo de satisfacer su deseo sexual y prevaliéndose del estado de inconsciencia y de falta de voluntad" de la denunciante, "aprovechó dicha circunstancia para mantener con ella relaciones sexuales".

Según consta en la resolución judicial, el inculpado se encontraba en el momento de los hechos influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas. Tras expresar las partes su voluntad de no recurrir, la sentencia fue declarada firme el mismo día del juicio.

Los diez presos, todos hombres y con edades comprendidas entre los 20 y los 42 años, escaparon a medianoche del viernes tras abrir un agujero detrás de un inodoro en el Centro de Justicia de Nueva Orleans. El único guardia presente en ese momento se había ausentado para ir a buscar comida.

Kendall Myles, sospechoso de asesinato, fue el primero en ser detenido, el viernes, en un estacionamiento del centro de la ciudad. Horas más tarde, las autoridades capturaron a Robert Moody, acusado de agresión, y a Dkenan Dennis, procesado por robo a mano armada.

Los siete prófugos restantes, que según las autoridades son peligrosos y podrían estar armados, siguen en busca y captura.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que conduzca a su captura.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a los reclusos saliendo a toda prisa del penal, algunos vestidos con un mono naranja y otros de blanco.

Tras atravesar el agujero, escalaron una valla utilizando mantas para evitar cortarse con el alambre de púas y luego huyeron corriendo por la autopista interestatal cercana.

Junto al agujero en la pared, escribieron con bolígrafo: “Demasiado fácil, jaja”.

La fuga pasó desapercibida durante varias horas y no fue detectada hasta un recuento rutinario realizado el viernes por la mañana.

La sheriff del condado de Orleans, Susan Hutson, sospecha que los presos pudieron haber recibido ayuda desde el exterior para huir.

La prisión ha recibido críticas desde hace años por el deficiente estado de sus instalaciones. EFE

"No hay ningún problema con que Vybez Kartel se presente en Trinidad", aseguró Adidja Palmer, nombre de pila del artista, en un video que colgó en sus redes sociales.

Las declaraciones de Kartel se dan un día después de que el Gobierno trinitense anunciara que le prohibió al artista que conceda entrevistas a medios y limitó su visita al país entre el 26 y el 31 de mayo para ofrecer varios conciertos, debido a su polémico pasado, que incluye estar en prisión por asesinato.

Según una orden de inmigración, Kartel no podrá realizar una entrevista que tenía programada en una emisora de radio por la mañana, ni aparecer en televisión, ni realizar una rueda de prensa local el 27 de mayo, explicó el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge.

Del mismo modo, el cantante tampoco podrá visitar una escuela o centro juvenil ni llevar a cabo un almuerzo cultural con líderes comunitarios, tal y como tenía planeado.

Sturge afirmó en una rueda de prensa este jueves que le preocupaba que Kartel interactuara con los jóvenes del país, "sobre todo porque su condena no se basó en méritos, sino en un tecnicismo legal".

No obstante, Sturge aclaró que Kartel sí podrá presentarse en el país en un concierto que sea "pre-aprobado" por las autoridades trinitenses, aunque será impedido de ofrecer las entrevista a los medios y las visitas a las comunidades.

En esta línea, Sturge se amparó de las leyes de Trinidad y Tobago y de los Derechos de los Niños de la Convención de la ONU, al decir que "la protección de los niños debe ser fundamental".

De acuerdo con Kartel, la presunta culpa para que el Gobierno trinitense decidiera dichas pautas, es por Jacho Entertainment, el promotor de un concierto que tiene en agenda el 31 de mayo próximo, y quien también organizó otros eventos aparte del espectáculo.

"Mi trabajo es ir y presentarme en Trinidad. Extraño estar allá, pues no he estado allí desde hace más de 15 años", sostuvo Kartel, quien aprovechó el momento para felicitar a Trinidad y Tobago por su nuevo gobernante.

Kartel salió de prisión en julio de 2024 cuando el Tribunal de Apelaciones de Jamaica dictaminó que no deberá ser juzgado nuevamente por asesinato.

Así culminó un viaje de casi 13 años de arrestos, juicios, condenas a cadena perpetua y una apelación exitosa para Kartel y los otros tres coacusados: Shawn 'Shawn Storm' Campbell, Andre St John y Kahira Jones.

Los cuatro habían sido sentenciados en 2014 a cadena perpetua tras ser encontrados culpables de haber matado a golpes a su antiguo socio Clive 'Lizard' Williams en 2011, en un caso que despertó gran controversia.

El juicio de 2014, uno de los más mediáticos de Jamaica, necesitó de fuerte presencia policial alrededor de los juzgados debido a la concentración de simpatizantes del cantante que pedían su libertad. EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad de San Bartolomé de Tirajana ha emitido este jueves una aclaración respecto a su auto del miércoles en el que excluye "expresamente" al defensa del Real Madrid Raúl Asencio de la grabación no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor de edad y también a otra joven.

El tribunal formalizó este miércoles un proceso penal contra Raúl Asencio y otros tres futbolistas canteranos del Real Madrid por su presunta implicación en este asunto. "La autoridad judicial acuerda transformar las diligencias previas incoadas en 2023 contra los cuatro investigados en un procedimiento abreviado (es decir, la finalización de la investigación y su conversión a un proceso penal con todas sus consecuencias) y califica su actuación como presuntamente constitutiva de delitos", aclaró una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Sin embargo, el mismo juez ha emitido esta jueves una aclaración, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC), en el que detalla que se vinculó al jugador "erróneamente" con la grabación de los videos, cuando lo único que se le imputa en estos momentos es "la presunta tenencia del vídeo no consentido y su difusión".

Antes de la aclaración del juez, Asenció publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que no ha participado "en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad". "Así lo confirma la resolución dictada por el citado Juzgado, que no me atribuye haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento", añadió el canario.

El central madridista sostiene además que el auto judicial "aclara igualmente" que no fue él quién "envió a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo", reiterando que estos fueron grabados "en un lugar distinto de aquel" en el que él se encontraba.

"El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación alguna en su grabación ni en su difusión", puntualiza Asencio.

El jugador del Real Madrid señala que "la imputación" que recae sobre él, "como expresamente señala la propia resolución judicial, tiene carácter estrictamente provisional". "Por tanto, debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia", subraya.

"En caso de que finalmente se formulen cargos y se abra juicio oral, continuaré ejerciendo mi defensa ante los Juzgados y Tribunales, en los que mantengo plena confianza, reafirmando mi ajenidad a cualquier conducta delictiva. Todo ello, sin perjuicio del máximo respeto que me merece el desarrollo del procedimiento judicial en su conjunto, también en lo que se refiere a las demás personas investigadas. Quiero reiterar, una vez más, mi absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres", sentencia Asencio.

Según una orden de inmigración, Adidja Palmer, nombre de pila del artista, no podrá realizar una entrevista que tenía programada en una emisora de radio por la mañana, ni aparecer en televisión, ni realizar una rueda de prensa local el 27 de mayo, explicó el ministro de Defensa de Trinidad y Tobago, Wayne Sturge.

Del mismo modo, el cantante tampoco podrá visitar una escuela o centro juvenil ni llevar a cabo un almuerzo cultural con líderes comunitarios, tal y como tenía planeado.

Sturge afirmó en una rueda de prensa que le preocupaba que Kartel interactuara con los jóvenes del país, "sobre todo porque su condena no se basó en méritos, sino en un tecnicismo legal".

Kartel salió de prisión en julio de 2024 cuando el Tribunal de Apelaciones de Jamaica dictaminó que no deberá ser juzgado nuevamente por asesinato.

Así culminó un viaje de casi 13 años de arrestos, juicios, condenas a cadena perpetua y una apelación exitosa para Kartel y los otros tres coacusados: Shawn 'Shawn Storm' Campbell, Andre St John y Kahira Jones.

Los cuatro habían sido sentenciados en 2014 a cadena perpetua tras ser encontrados culpables de haber matado a golpes a su antiguo socio Clive 'Lizard' Williams en 2011, en un caso que despertó gran controversia.

El juicio de 2014, uno de los más mediáticos de Jamaica, necesitó de fuerte presencia policial alrededor de los juzgados debido a la concentración de simpatizantes del cantante que pedían su libertad. EFE

El Consejo de Europa ha formalizado este miércoles su respaldo al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en Ucrania, un nuevo órgano que nace también con el aval de la Unión Europea y que está llamado a imputar y juzgar a los responsables individuales de la invasión rusa sobre territorio ucraniano.

El Comité de Ministros, el principal órgano ejecutivo del Consejo, ha cumplido con el trámite para iniciar un proceso con el que establecer el tribunal. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, será el responsable de liderar este nuevo proceso, en colaboración con la propia Ucrania, como ha explicado la organización.

El tribunal es una de las grandes reivindicaciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desde el inicio del conflicto, a falta de ver cómo se concretan cuestiones clave y la medida en que puede afectar al ruso Vladimir Putin, al menos mientras siga siendo presidente.

El propio Consejo de Europa reconoce "claros obstáculos legales, políticos y prácticos" para el desempeño del tribunal, por encima de todo la inmunidad de la que disfrutan los jefes de Estado y de Gobierno, así como los ministros de Exteriores, y siguiendo con la dificultad de detener a los potenciales defendidos en el caso de su imputación.

Sin embargo, y a diferencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), el nuevo órgano, que contará con 15 jueces y una Fiscalía, sí podrá juzgar a acusados 'in absentia' "cuando el imputado renuncie a participar en estos procedimentos".

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha confirmado la condena de 2 años y 9 meses de prisión impuesta el pasado enero al conductor de un autobús que enero de 2020, a la entrada de Estella, perdió el control del mismo y, a consecuencia de la colisión contra un vehículo, fallecieron los dos niños pequeños que iban en el interior del coche, conducido por su madre, que resultó gravemente herida, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

La sentencia de la Audiencia, que puede ser recurrida en casación, ratifica la resolución del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, que consideró al encausado responsable de dos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y dos delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones. Además, el condenado no podrá conducir vehículos a motor durante 3 años y un día.

El 19 de enero de 2020 el acusado conducía un autobús que realizaba el trayecto Logroño-Pamplona, un itinerario que ya conocía con anterioridad, pero, sin embargo, era la primera vez que lo recorría al volante de ese concreto autobús.

Sobre las 20 horas, se detuvo brevemente en el apeadero de Ayegui y reanudó la marcha camino de Estella. El acceso a esta localidad se efectuó a través de la rotonda de la calle Carlos VII con la calle Merkatondoa, donde la velocidad máxima en aquellas fechas era de 40 km/h.

Sin embargo, el inculpado aceleró en lugar de reducir su marcha. A consecuencia de ello, el autobús se salió de la calzada, por su derecha, y se subió a la acera. Se reventó la rueda delantera. Al perder por completo el encausado el control sobre el autobús, "ya que no utilizó el freno de mano ni ningún otro medio para frenar el vehículo", este chocó con una valla y un semáforo volviendo a la vía, que atravesó oblicuamente, según recoge la sentencia. Impactó contra un vehículo que circulaba a escasa velocidad a la altura del paso de peatones. La conductora no pudo eludir la colisión, que afectó prácticamente a la totalidad del coche, que dejo "destrozado".

A consecuencia del impacto, fallecieron los dos hijos menores de la conductora, quienes iban en el asiento trasero. La niña, en el momento, y el niño, poco después en el Hospital de Estella al que fue trasladado. La madre, por su parte, sufrió lesiones que precisaron de tratamiento médico quirúrgico especializado.

Tras esta colisión, el autobús volvió a salirse de la calzada y chocó contra una serie de vehículos y las instalaciones de una gasolinera. Provocó numerosos daños materiales que han sido indemnizados ya por la aseguradora del autobús.

A raíz de esta colisión multitudinaria resultó lesionada una mujer. Sufrió fractura de tibia y de peroné. Precisó de cuatro intervenciones quirúrgicas. Tardó 516 días en curarse de las lesiones. Entre otras secuelas, padece limitación para desarrollar la vida cotidiana en forma similar a antes de sufrir este accidente, así como en el área del ocio y la actividad deportiva.

La compañía aseguradora del autobús abonó la totalidad de los perjuicios personales y materiales ocasionados por estos hechos.

La defensa recurrió la sentencia por un doble motivo. En primer lugar, porque discrepó de la calificación penal de los hechos, al entender que la imprudencia no se podía calificar como grave. Y, en segundo término, porque consideró que las pruebas de cargo recogidas no eran suficientes para acreditar que la acción del conductor fuera la causante directa del accidente de tráfico.

Respecto al primer motivo, la Audiencia lo rechaza al destacar que, desde hace ya décadas, existe una consolidada jurisprudencia que avala la calificación de grave en función de las lesiones y secuelas, cuando se produce una pérdida o inutilidad de un órgano, o cuando se origina una deformidad.

En la sentencia de instancia, la juez señaló tres causas del accidente: que el conductor acelerara en lugar de reducir la macha; que no utilizara el freno de mano ni ningún otro medio para detener el vehículo; y que condujera sin la atención exigible.

Los magistrados de la Audiencia comparten las conclusiones de la juez. "La sentencia impugnada valora de forma coherente, a través de un detallado y pormenorizado análisis, la prueba practicada", recalcan.

La juez de instancia se basó en el informe de los peritos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, que sostuvieron que la inicial aceleración se debió a la acción del conductor. E igualmente señalaron la incidencia de la pendiente sobre la velocidad, que alcanzó hasta los 61 km/h en el momento en que literalmente arrolló al vehículo en el que viajaban los menores fallecidos.

Los informes periciales, subrayó la juez, descartaron fallo o defecto alguno en el sistema de frenado. Según la magistrada, por tanto, "había modos de parar el autobús, pero el conductor no hizo uso de ellos, no supo afrontar la situación".

Para la Audiencia, en definitiva, "ningún reproche se puede hacer al razonamiento efectuado por la juzgadora para tener por acreditado este hecho", que de manera "detallada y pormenorizada" justifica en la sentencia.

Los jueces de la Corte Provincia de Justicia de Pichincha, provincia cuya capital es Quito, consideraron que las pruebas presentadas por la fiscal del caso demostraron la responsabilidad de Dylan Alberto A. en el delito, que causó conmoción y daño ambiental en Quito, especialmente en el sector montañoso y populoso de Guápulo.

La defensa del acusado, que solicitaba su absolución, había apelado el fallo al argumentar que no se respetaron los tiempos establecidos por la Ley para las detenciones en flagrancia.

La fiscal rebatió esta alegación, al explicar que el evento ocurrió aproximadamente a las 16:00 hora local (21:00 GMT) del 24 de septiembre y que el acusado fue detenido a las 12:00 hora local (17:00 GMT) del 25 de septiembre, dentro del plazo de 24 horas estipulado por el código penal ecuatoriano.

La Fiscalía también refutó al abogado del condenado, quien buscó poner en duda la coherencia del testimonio de una testigo presencial que observó cómo Dylan Alberto A. inició el incendio forestal.

La jueza de primera instancia sentenció al causante del incendio con una pena reducida por haberse acogido a la colaboración eficaz (delación premiada), motivo por el que recibió la condena de ocho meses de cárcel que deberá cumplir. EFE

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) celebrará este martes, 6 de mayo, la vista por el recurso interpuesto por la defensa de David M.L, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de Paloma P. y a la permanente revisable por el también asesinato de la hija de ésta, India, de ocho años, a quienes la madrugada del 23 de enero de 2023 dio muerte a cuchilladas en el piso que compartía con ellos en el Paseo de Zorrilla de Valladolid.

La defensa recurrió el fallo del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valladolid que supuso la condena a David M.L. y ahora será la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL la que vea el recurso el día 6, han informado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.

El pasado 19 de diciembre de 2024 el jurado popular dictaminó sobre la culpabilidad del encausado, a quien consideró, de forma unánime, autor de sendos asesinatos con las agravantes de parentesco, género y de, en el caso de Paloma, ensañamiento, delitos que también entendió que fueron cometidos por David de forme absolutamente consciente. Un mes después la Audiencia dictó una sentencia con penas recibidas por el verdugo de madre e hija que podrían llevarle a cumplir de forma efectiva un total 30 años.

En dicho fallo, el magistrado impuso al acusado 25 años de cárcel por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su compañera sentimental, con las agravantes de parentesco y de actuar por razones de género. Por el asesinato con alevosía de la niña, con la agravante de parentesco, le condenó a prisión permanente revisable.

Como medidas de seguridad, por el asesinato de Paloma, la sentencia le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la madre y las dos hermanas de la fallecida y a comunicarse con ellas durante 35 años, medida que en el caso del asesinato de la pequeña se estableció por diez años, a mayores de la pena impuesta, respecto de su padre biológico. También estableció ocho años de libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, se estableció una indemnización para la madre de Paloma de 113.000 euros y de 25.000 a cada una de sus dos hermanas, así como con 160.000 euros al padre biológico de India.

Todas las acusaciones, la pública, las tres particulares ejercidas por la madre y hermanas de Paloma, el padre biológico de la niña y la Junta de Castilla y León, además de la popular representada por la Asociación Clara Campoamor, habían pedido 25 años de prisión por el asesinato de la madre y prisión permanente revisable por la pequeña, mientras que la defensa, que inicialmente entendía que ambas muertes eran constitutivas de sendos homicidios--pedía globalmente 25 años--, se vio obligado a modificar al objeto de pedir al tribunal las mínimas penas posibles.

El proceso estuvo caracterizado por la tensión vivida durante los cuatro días del juicio, especialmente cuando la prueba pericial forense que detallaba la brutalidad de las cuchilladas infligidas a la niña llevó a su padre y a otros dos familiares a saltar como resortes de entre el público y a protagonizar un intento de linchamiento del verdugo de la pequeña.

El doble crimen se produjo la madrugada del 23 de enero de 2023 en un piso del Paseo de Zorrilla de Valladolid, a cuya puerta se presentó David M.L. tras haber pasado la tarde tomando unas copas con unos amigos en la localidad de La Cistérniga y en la capital.

Tras franquearle la entrada Paloma, se produjo una discusión, cuyo origen no ha sido esclarecido, y en la cocina el acusado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, comenzó a darle de cuchilladas de forma indiscriminada, hasta 15, cuando ella se hallaba en un plano inferior caída en el suelo. Eran mortales porque le alcanzaron el corazón y los pulmones. Incluso le tapó la boca para tratar de acallar sus gritos, de ahí que el total de las heridas objetivado se elevó a un total de 27, entre las producidas por el arma blanca y otras producto de erosiones y hematomas.

La niña, que oyó la escena, corrió a la habitación donde sabía que había un móvil de la madre y lo cogió para llamar al 112 desde el sofá del salón, donde David la agredió cinco cuchilladas, la primera de ellas brutal, mortal de necesidad, porque le atravesó el cráneo, otras tres en la espalda y una más entre las mamas, sin precisar el orden de estas cuatro últimas.

Tras dar muerte a las víctimas, David M.L. trató de contactar con sus dos hermanas, y es una de ellas la que le cogió el teléfono. "¡He matado a Paloma e India!", es lo que la hermana puso en boca del acusado y lo que llevó al cuñado a dar parte de lo ocurrido al 112.

PLENAMENTE CONSCIENTE DE SUS ACTOS

Los agentes de la Policía Nacional y los facultativos que, nada más llegar al escenario del crimen, asistieron a David en los primeros instantes y le condujeron hasta la ambulancia fueron unánimes al apuntar que el acusado era plenamente consciente de la que había "liado", como él mismo advirtió a la enfermera que acudió en la ambulancia.

Refuerza la plena consciencia de David en el momento de los hechos categórica pericial de las forenses, que rechazaron cualquier alteración de las capacidades volitivas y de querer de David pese a que éste, en su declaración en el juicio y más tarde ejerciendo su derecho a unas últimas palabras, alegó que uno de los amigos con los que había estado de copas le dio fentanilo. A partir de ese momento, no recuerda nada, hasta el momento en que se despertó en el hospital, según dice, y se creyó víctima de un accidente de tráfico.

Además de descartar de plano esa supuesta amnesia por la ingesta de productos químicos, las acusaciones entendían probado que ambas muertes se produjeron de forma alevosa ya que ninguna de las víctimas pudo defenderse, sobre todo la pequeña, de especial vulnerabilidad, a lo que sumaron la vulnerabilidad sorpresiva porque la atacó estando ella de espaldas. Imputaban también la alevosía convivencial que llevó a las víctimas a bajar o relajar las barreras de protección y otra alevosía derivada del reducido espacio, la cocina, en la que David acabó con la vida de Paloma.

"¡LA MATÉ PORQUE ERA MÍA!"

Junto con la agravante de parentesco, que ni siquiera negó la defensa, todos los acusadores, a excepción del fiscal, mantuvieron en todo momento que en los hechos también concurrieron las agravantes de ensañamiento y género, como así recogió el veredicto, en el sentido este último de que la muerte de Paloma es fiel exponente de la dominación del hombre sobre la mujer o del dicho: "¡La maté porque era mía!".

Lo que sí salió a relucir a lo largo del juicio fue el retrato robot o perfil impulsivo, violento, celoso, machista y narcisista de David, un hombre a quien igualmente se presentó como un "mentiroso compulsivo" y un "actor de libro", pues desde el inicio trató de "embaucar" a la madre de Paloma mientras intentaba separar a ésta de sus hermanas y crear mal ambiente en el seno de la familia.

En el lado opuesto, la defensa se había aferrado a la tesis del consumo de alcohol y drogas de su cliente y de sus violentas reacciones cuando consumía, acrecentadas por su especial personalidad, y al hilo de ello rechazaba que las dos muertes fueran alevosas --las calificaba como dos homicidios-- al entender que no había capacidad cognitiva ni volitiva del acusado por esa ingesta, sin que tampoco considerara de aplicación las agravantes de ensañamiento ni de género.

Los hechos, que han sido enjuiciados este lunes en la Sección tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, afectaron entre los años 2020 y 2022 a niños de entre 12 y 15 años, la mayoría de ellos varones.

Al menos una de estas víctimas intentó suicidarse debido a las presiones recibidas y a la situación sufrida ante la posibilidad de que las imágenes fueran difundidas en las redes sociales y llegaran a ser vistas por sus amigos y compañeros de clase, han informado a EFE fuentes del caso.

La condena impuesta ahora a lo dos procesados, que han reconocido los hechos, ha sido fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado por las defensas con la Fiscalía y con las acusaciones particulares que representaban a varias de las víctimas.

El acuerdo, que rebaja parcialmente las penas iniciales a las que se enfrentaban los dos hombres, ha permitido aplicarles la atenuante muy cualificada de reparación del daño causado, ya que han consignado en la cuenta del juzgado las indemnizaciones económicas con las que serán compensadas las víctimas por los daños sufridos. Además, uno de los inculpados ha iniciado un programa de reeducación sexual.

Como consecuencia del acuerdo, los menores no deberán comparecer en un juicio cuya duración iba a prolongarse dos semanas y en el que se habrían visto obligados a testificar y a revivir las situaciones que padecieron a manos de los imputados.

A pesar de lo elevado de las penas, fuentes del caso han explicado a EFE que el período máximo de cumplimiento efectivo en prisión será de unos 18 años para el encausado principal y de siete años y medio para el segundo.

Además de las citadas penas de cárcel, los dos hombres también han sido condenados a numerosas penas accesorias de inhabilitación para ejercer profesiones y actividades relacionadas con los menores de edad, así como de libertad vigilada una vez sean excarcelados y de privación de la patria potestad entre otros derechos.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los dos varones compartían un sitio en internet para el intercambio y almacenaje de material sexual de explotación infantil que contenía 137.221 archivos clasificados en 1.177 carpetas con un tamaño total de 1.45 terabytes de información.

El contenido de esta cuenta estaba compuesto íntegramente por fotos y vídeos de contenido sexual, predominantemente niños de entre 10 y 15 años.

Asimismo, en el momento de su detención la Policía descubrió en sus domicilios "una cantidad ingente de archivos de fotografía y vídeo" de material sexual de explotación infantil, contenidos en distintos dispositivos electrónico, discos duros y teléfonos móviles. EFE

La sentencia recoge así el veredicto de culpabilidad emitido al término del juicio por un jurado popular y fija 150.000 euros de indemnización para cada uno de los dos hijos de la fallecida, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Durante el juicio, el acusado, de 73 años en la actualidad y nacionalidad finlandesa, asumió la autoría del crimen en su declaración ante el jurado.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2021, cuando el acusado se abalanzó sobre su pareja en el domicilio donde ambos convivían y le asestó numerosas puñaladas en distintas partes del cuerpo, según se relata en la resolución judicial.

Días antes, el penado, que había decidido acabar con la vida de su pareja, de 68 años y misma nacionalidad, escribió en el calendario de su teléfono móvil anotaciones expresivas de su intención de torturarla y acabar con su vida, indica el fallo.

Tras causarle la muerte, desmembró el cadáver y depositó diferentes restos del mismo en contenedores de basura y otras zonas cercanas al lugar de los hechos, dejando en el interior de la vivienda común el tórax, sin que haya aparecido la cabeza.

El magistrado que presidió este juicio considera al acusado autor de un delito de asesinato doblemente cualificado, por alevosía y por ensañamiento, para el que concurre la agravante de parentesco, y le impone las penas solicitadas por la fiscalía, la acusación particular, ejercida por los familiares de la víctima, y la acusación popular, representada por la Abogacía de la Generalitat: 22 años, 6 meses y 1 día de prisión.

También prohíbe al penado aproximarse a una distancia inferior a los 500 metros a los dos hijos de la fallecida o comunicarse con ellos por cualquier medio durante diez años y fija una medida de libertad vigilada por el mismo periodo.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV. EFE

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La Fiscalía Provincial de Madrid considera a M. A. F. C., de 35 años de edad, culpable de un delito de difusión de material pornográfico infantil, tres de utilización de menores de edad para elaboración de material pornográfico, 28 de embaucamiento de menores para conseguir contenido sexual y diez delitos de exhibicionismo y provocación sexual.

Según el escrito de acusación, en 2020 el procesado contactó sistemáticamente con usuarios de Instagram que eran menores de edad, dato que era conocido por el acusado, algunos de ellos con menos de 16 años.

Para ello, creó un perfil falso con el que simulaba ser una chica joven y mantenía con ellos conversaciones, añadiendo fotografías y vídeos sexuales de chicas, de forma que conseguía que estos enviaran también fotos y vídeos de ellos mismos, desnudándose y realizando actos sexuales, como masturbarse.

La investigación comenzó con un rastreo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que reveló que el acusado había descargado en su equipo de su domicilio de Fuenlabrada en marzo de 2020 145 archivos de contenido sexual en los que aparecían menores de edad.

Más tarde, la Policía descubrió que, a través de la aplicación emule, el acusado había compartido en octubre de 2020 archivos multimedia en los que aparecían menores no identificados en actitud sexual explícita, mostrando sus genitales, masturbándose y manteniendo relaciones entre sí.

Tras estas averiguaciones, se procedió a la entrada y registro de la casa del acusado, en diciembre de 2020, en el que se intervino un ordenador portátil, dos discos duros y un teléfono móvil.

En los dispositivos y en la cuenta de Instagram utilizada por el procesado se encontraron más de 8.000 archivos de contenido sexual de jóvenes, entre ellos 1.016 fotos y vídeos de carácter sexual de 109 usuarios de Instagram, 63 de los cuales eran menores de edad.

Además de la pena de cárcel, el fiscal pide otras medidas para el acusado, como la inhabilitación especial para empleos relacionados con menores y libertad vigilada tras su salida de prisión, además de una serie de indemnizaciones para las víctimas con cuantías de entre 3.000 y 6.000 euros. EFE

Granada, 31 ene (EFE).- El jurado popular constituido este lunes para el juicio contra el joven acusado de asesinar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras lo ha declarado por unanimidad culpable de acabar con su vida al golpearlo antes de robarle.

Los miembros del jurado han emitido este viernes el veredicto tras una jornada de deliberación en la que han acordado por unanimidad declarar culpable al joven procesado en esta causa, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable que han solicitado tanto la Fiscalía como la acusación particular.

Tras la declaración de los testigos y las pruebas periciales, el jurado ha considerado probado que el procesado golpeó a la víctima con fuerza, un golpe que le hizo caer al suelo y sufrir un traumatismo craneoencefálico que aprovechó para robarle.

Los hechos se remontan a la mañana del 23 de enero de 2022 cuando el exconcejal salió de su casa como hacía habitualmente y se dirigió desde San Antón en dirección a Recogidas, vías céntricas, hasta que se cruzó con el procesado.

Los miembros del jurado no han considerado probado que el procesado fuera el autor de una primera agresión al exconcejal, la que lo dejó aturdido y caminando durante una media hora, pero sí de la segunda, el golpe captado por las cámaras de seguridad de un hotel y visionado durante el juicio.

Fue esa segunda agresión la que dejó en coma a la víctima, según la testifical de los policías que se desplazaron al lugar de los hechos.

El jurado también ha considerado probado que esa agresión fue la causa de la muerte de Castillo Higueras, que fue un golpe dado de forma "súbita" y que el procesado aprovechó para robarle, y ha descartado que la causa fuera una deuda de la víctima al acusado.

Con estos datos, las acusaciones han pedido una condena a prisión permanente revisable por el asesinato de la víctima, mientras la defensa mantiene que los hechos se corresponden con un homicidio imprudente y un robo.

El jurado se ha opuesto además a que el procesado pueda beneficiarse de medidas como una reducción de la pena o un indulto si la Audiencia de Granada dicta una sentencia condenatoria, fallo en el que determinará la calificación de los hechos y la pena. EFE

mro/fs/jdm

Alicante, 30 ene (EFE).- Un hombre de 27 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a 13 años de prisión por agredir sexualmente a una menor de 15 años, a la que había conocido a través de las redes sociales, y por amenazar de muerte a su padre para que retirara la denuncia.

El tribunal le impone 12 años por la agresión sexual más seis meses por un delito de hurto, ya que el procesado sustrajo varios objetos de valor de la vivienda de la víctima antes de abandonarla, y otro medio año más por las amenazas al progenitor, a quien envió un mensaje de audio a través de una aplicación de mensajería móvil para forzarle a que retirase la denuncia interpuesta contra él.

Los hechos ocurrieron entre los días 19 y 23 de mayo de 2023 en Altea donde, según el tribunal de la Sección Segunda que enjuició los hechos, considera probado que el acusado, que se había quedado a dormir en el domicilio de la adolescente, entró a su habitación a las 3:30 horas de la madrugada y la agredió sexualmente bajo amenazas de muerte.

Después y antes de abandonar la vivienda, robó distintos efectos propiedad de la familia de la víctima como dos teléfonos móviles, un ordenador, dos cadenas de oro y 400 euros en efectivo, todo lo cual tiene un valor estimado de 1.356 euros.

El padre de la menor acudió a la Guardia Civil a denunciar y, al enterarse, el acusado le envió un mensaje de audio con el siguiente aviso: “Como no me quites la denuncia, te rajo el cuello, hijo de puta”.

Finalmente, fue detenido y enviado a prisión provisional por un juez el 20 de junio de 2023 mientras que la víctima sufrió un cuadro de ansiedad depresiva por el que tuvo que ser ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital de la Villajoyosa.

En el juicio, el acusado -que solo respondió a las preguntas de su abogado- negó la agresión sexual y manifestó que se fue del domicilio de la víctima para evitar problemas tras asegurar que la menor le atosigaba con la intención de mantener un contacto sexual con él, versión a la que el tribunal no ha dado credibilidad. EFE

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Fundación TAEDA y la asociación civil Usina de Justicia presentaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el libro Nuevos Paradigmas para la Justicia Penal: hacia una era con perspectiva de víctima, una compilación de Diana Cohen Agrest y María Jimena Molina, que reúne artículos de autores renombrados del ámbito académico y judicial y pretende sentar las bases de una discusión ética y transformadora de la justicia penal en Argentina.

“Una revolución copernicana en el derecho penal”

La presentación de la obra de Diana Cohen Agrest y María Jimena Molina congregó a importantes autoridades del ámbito judicial, político y académico, y los familiares y allegados de víctimas de delitos violentos que para las autoras constituyen el verdadero corazón de la publicación.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau, quien destacó que este libro es un paso para dejar atrás “líneas hegemónicas que dominaron realmente no solo el pensamiento, sino la praxis de la actividad del sistema penal en la Argentina”. Además, aseguró que constituye una clave para “encontrar el lugar de la víctima tanto frente al delito convencional como frente a una criminalidad más compleja, como el narcotráfico”.

Por su parte, el presidente de TAEDA, Mario Montoto, reconoció la labor de la asociación civil Usina de Justicia durante sus más de diez años de existencia y los lazos colaborativos que unen a ambas organizaciones. Destacó también la tarea de las autoras, Diana Cohen Agrest y María Jimena Molina, para instalar una agenda en favor de las víctimas y convocó a los presentes, tanto del mundo judicial como de la prensa, a brindar asistencia frente a “situaciones donde las víctimas terminan transformadas en victimarios”, una problemática que no solo sucede en la Argentina sino en todo el mundo.

Una de las autoras y compiladoras, María Jimena Molina, calificó a la obra como “un puntapié para la era de las víctimas”. También resaltó la labor nacional e internacional de Usina de Justicia en tres ejes: el acompañamiento de las víctimas de homicidio y femicidio, el debate público de políticas públicas y la colaboración con el ámbito académico y medios de comunicación. Además, ponderó la participación de la ONG en calidad de miembro en asambleas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el trabajo que realizaron, gracias a su campus virtual, con el que capacitaron a más de 10.000 fiscales públicos provinciales, defensores, centros de asistencia a la víctima, comisarías, entre otros espacios claves para la justicia penal, en un curso sobre leyes de víctimas y victimología.

En el cierre de la presentación, Diana Cohen Agrest estableció que “la obra que presentamos es la encarnación discursiva de ese sufrimiento, volcado en palabras validadas por la experiencia, palabras que aspiran en figurar las razones y sin razones de víctimas y victimarios”. Detalló que las reflexiones que emergen de esta obra colectiva “cobran su fuerza del noble deseo de mejorar la calidad de la justicia penal en Argentina y enaltecer los derechos humanos de las víctimas y sus allegados en vistas a que nuestro territorio en seguridad se ha convertido en una política de Estado”.

Finalmente, reafirmó “la importancia de recuperar el universo de la palabra como espacio de encuentro y de reivindicación de una Argentina que honra a sus muertos, porque en tiempos de constantes desacuerdos, apostar por la palabra justa es un gesto valiente”.

”La justicia en Argentina comenzó a decaer con el abolicionismo penal”

Con motivo de la presentación del libro “Nuevos Paradigmas para la Justicia Penal: hacia una era con perspectiva de víctima” DEF tuvo la oportunidad de entrevistar a María Jimena Molina, abogada egresada de la Universidad Católica de la Plata, Magíster en Ética y diplomada en Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas en el Instituto Bonavero de Derechos Humanos de la Universidad de Oxford.

Esta obra surgió como una idea de compilar “una serie de artículos sobre algunos temas puntuales que previamente habíamos trabajado en conversatorios, audiencias públicas y debates virtuales”, basados en temas importantes para la ciudadanía, como la inseguridad y los entramados de la justicia penal argentina, el abolicionismo penal, las penas de prisión la minoridad, y la salud mental.

El libro fruto de la colaboración entre TAEDA y Usina de Justicia establece que en Argentina se experimenta una justicia injusta al pensar “en la contienda judicial únicamente en función del victimario” y principalmente “en penas irrisorias frente a delitos graves o con límites perentorios luego de los cuales la víctima ya no puede constituirse formalmente en el proceso penal”.

Molina apunta contra los promotores del abolicionismo penal como Eugenio Raúl Zaffaroni como responsables de que la justicia se centre en el victimario y no en la víctima, lo que conllevó, para ella, la destrucción del sistema penal. Esta ideología permitió “todo tipo de artilugios jurídicos para intentar salvar al delincuente, ya sea durante el transcurso del proceso penal, como en el dictado y cumplimiento de una pena de prisión”.

Para la autora, otro punto clave es la idea de la reinserción social y que “es una quimera porque la realidad ha demostrado que, en la mayoría de los casos, quienes cometen delitos graves poseen un prontuario importante en materia delictiva y han estado previamente en prisión”. Además, destacó que la discusión sobre la edad mínima de imputabilidad es un puntapié y “es imperioso que se sancione una ley que baje la edad de imputabilidad, tal como sucede en otros países de la región y en otros continentes”

Finalmente, María Jimena Molina estableció que el principal desafío para mejorar la justicia penal en el país es “dejar atrás ideologías anacrónicas y dañinas como el abolicionismo penal” y “contar con el esfuerzo de quienes integran la justicia, mejorando el servicio y capacitándose, como también de la sociedad y de organizaciones como la Usina de Justicia”, con el foco puesto en la necesidad de que los jueces en Argentina sean elegidos por sus méritos académicos, profesionales y por sus cualidades en general.

James Batt, de 66 años, fue arrestado el pasado miércoles por su presunta implicación en el robo de aproximadamente 3,7 millones de dólares a Alice Lineman, una mujer de 92 años que sufría de demencia senil. Según las autoridades del condado de Montgomery en Pensilvania, Batt, quien fue designado ejecutor de su testamento, aprovechó su posición para realizar una serie de transacciones fraudulentas que incluyeron desde lujosos viajes y estancias en hoteles exclusivos hasta cirugía plástica y compras en tiendas de alto nivel.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal del Condado de Montgomery, Batt no solo malversó fondos de la cuenta personal de Lineman, sino que también abusó de su confianza, gastando grandes sumas en actividades personales sin autorización. La mujer, quien necesitaba asistencia constante debido a su condición, había nombrado a Batt como fideicomisario y el mayor beneficiario de su patrimonio, otorgándole el 45% del control sobre los bienes. Sin embargo, lejos de distribuir los fondos como lo estipulaba el testamento, Batt presuntamente desvió los recursos hacia su propio beneficio.

Las investigaciones revelaron que, antes de la muerte de Lineman, Batt realizó gastos personales por un total de 30.003 dólares utilizando la tarjeta American Express de la mujer, y adicionalmente, agregó a su pareja como usuario autorizado de la cuenta. En paralelo, realizó extracciones de dinero en efectivo que sumaron 884.743 dólares de la cuenta de Wells Fargo, y 156.068 dólares de la cuenta de Morgan Stanley de Lineman. Estas transacciones levantaron sospechas y fueron clave para descubrir la magnitud del robo.

Investigaciones revelan el uso de los fondos malversados para lujos y cirugía plástica

Según los fiscales, tras el fallecimiento de Lineman en 2019, Batt continuó con las maniobras ilegales. En total, se detectaron 139 cheques emitidos a su nombre desde la cuenta de Wells Fargo, por un monto de 592.400 dólares. Aparte de ello, se realizaron transferencias y cargos adicionales desde la cuenta de Morgan Stanley, que alcanzaron los 1.384.435 dólares. También se identificaron otros 490.632 dólares en cargos realizados con la tarjeta American Express de Lineman después de su muerte.

La investigación judicial, liderada por la Oficina del Fiscal del Condado de Montgomery, también descubrió que, a pesar de que se realizó un pago de 150.000 dólares a uno de los beneficiarios mencionados en el testamento de Lineman, el resto de los fondos no fueron distribuidos de acuerdo con las leyes del estado de Pensilvania. Esto implica que Batt incumplió con su responsabilidad fiduciaria y se desvió de las disposiciones legales para beneficiar sus propios intereses.

Cargos criminales y condena por el robo a una persona vulnerable

A raíz de estos hallazgos, Batt enfrenta varios cargos criminales, incluyendo explotación financiera de un adulto mayor, robo por toma ilegal, recepción de propiedad robada, mal uso de bienes confiados y robo por incumplimiento de disposiciones requeridas, entre otros. El fiscal del condado de Montgomery, Kevin Steele, condenó rotundamente el comportamiento de Batt, calificando el hecho como una clara explotación de una persona vulnerable, que resultó en el drenaje de los recursos de Lineman, su patrimonio y sus herederos.

Steele señaló que este tipo de abuso, que involucra a personas mayores en situación de vulnerabilidad, no puede ser tolerado. El fiscal subrayó que la presunta conducta de Batt constituye una grave violación de la confianza y una tragedia para los familiares y seres queridos de la víctima. El hecho de que Lineman fuera una mujer con demencia senil, una condición que limita significativamente las capacidades de decisión, hace que el abuso de su confianza sea aún más atroz.

Condiciones de la fianza, audiencia preliminar y próximos pasos legales

Batt fue procesado el 21 de abril de 2025, y el juez a cargo del caso fijó una fianza de 99.000 dólares en efectivo. Sin embargo, se estableció una condición adicional: Batt no podrá utilizar fondos provenientes del patrimonio de Lineman para cubrir su fianza. El acusado no pudo reunir el monto de la fianza, por lo que fue trasladado a un centro de detención cercano. Se espera que la audiencia preliminar de Batt se lleve a cabo el 6 de mayo de 2025, donde se decidirán los siguientes pasos en el proceso judicial.

La Oficina del Fiscal del Condado de Montgomery continúa trabajando en la recopilación de pruebas y en el análisis de las transacciones financieras relacionadas con este caso. Además, se espera que durante la audiencia preliminar se presenten más detalles sobre el alcance de los cargos y las posibles repercusiones legales para Batt.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores frente a abusos financieros, un problema creciente en muchas comunidades. Según las autoridades, el robo a personas de la tercera edad es un delito que afecta a muchos individuos que, debido a su condición de salud o a la falta de supervisión adecuada, se convierten en blancos fáciles para los delincuentes. La justicia, en este caso, busca asegurarse de que Batt rinda cuentas por sus actos y de que los responsables de estos abusos sean severamente castigados.

Este caso ha llamado la atención no solo a nivel local, sino también en otras jurisdicciones que enfrentan problemáticas similares. El Philadelphia Inquirer y NBC News han cubierto el caso, resaltando la gravedad de la acusación y el impacto que tiene el abuso financiero de personas mayores en la sociedad.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la pena de 15 años de prisión impuesta el pasado julio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a uno de los cinco condenados por el intento de asesinato a machetazos de un joven en el barrio de San Jorge de Pamplona el 23 de julio de 2021.

Los otros cuatro condenados a entre 2 y 10 años de prisión por este intento de asesinato no recurrieron puesto que sus penas se dictaron de conformidad al comienzo del juicio tras haber reconocido los hechos.

Tras una supuesta agresión sufrida en Pamplona, que no fue denunciada, por el padre de dos inculpados, estos concertaron una reunión con miembros de la banda Black Panther de Zaragoza. En la capital aragonesa, acordaron el asesinato de dos personas a las que consideraban los responsables de la mencionada agresión.

Como contraprestación, los acusados residentes en Pamplona se comprometían a realizar, en el plazo de quince días, una actuación similar en Zaragoza. Durante la ejecución de los asesinatos previstos, llevada a cabo con machetes y otras armas blancas, una de las víctimas consiguió huir. El otro hombre, sin embargo, sufrió graves lesiones a consecuencia de los machetazos recibidos.

Al comienzo del juicio, dos acusados aceptaron 10 años de prisión, un tercer procesado se conformó con 7 años y 6 meses, y una cuarta encausada pactó una pena de 2 años. Tras la vista oral, la Sección Segunda de la Audiencia condenó a un quinto procesado a 15 años de prisión como cooperador necesario e inductor de un delito de asesinato en grado de tentativa con la concurrencia de la agravante de disfraz.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN desestima el recurso del condenado al destacar que en relación a los hechos cuentan con el reconocimiento de cuatro de los coacusados.

Al respecto, la Sala subraya que, según el Tribunal Supremo, la declaración incriminatoria de un coimputado puede ser considerada prueba legítima desde la perspectiva constitucional, siempre que su contenido quede mínimamente corroborado mediante la concurrencia de hechos, datos o circunstancias externos que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración y la intervención en el hecho concernido.

"En el presente caso contamos con las declaraciones de cuatro coimputados, que incriminan de forma clara y unánime a un quinto, (...) y, además, contamos con elementos corroboradores, datos y hechos externos que avalan de forma genérica la veracidad de las declaraciones de los coacusados y su intervención en los hechos enjuiciados", sostienen los magistrados.

Dichos datos externos corroboradores, añaden los jueces, son los informes policiales obrantes en autos, y ratificados en el acto del juicio, donde se recogen y analizan los geoposicionamientos y localizaciones de los teléfonos de los acusados los días de los hechos, entre ellos el del recurrente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, que condena a un hombre en Jerez de la Frontera a cinco años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a su hija de siete años, además de inhabilitarlo para el ejercicio de la patria potestad de la niña.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos sucedieron entre mediados del año 2019 y marzo de 2020, cuando el acusado aprovechaba para dormir a solas con la hija durante el régimen de visitas de fines de semanas con sus hijos menores, que pernoctaba en el que había sido domicilio familiar.

Una vez condenado a cinco años de prisión, presentó un recurso de apelación "por error en la valoración de la prueba" y vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En este sentido, la defensa del acusado y padre de la víctima sostiene que el relato de la menor "no es verosímil ni creíble".

En su exposición, el TSJA recuerda que la Audiencia Provincial señala en su sentencia que el relato mantenido por la niña era "verosímil, convincente y veraz". Así, el alto tribunal andaluz indica que "no halla base para desautorizar esa conclusión" y añade que "no se aprecia ni se alega la presencia de motivos de malquerencia, voluntad de perjudicar ilícitamente al recurrente (acusado) u otra intención similar que haya podido llevar a la niña a idear falsamente" los abusos relatados.

Además, afirma que "el relato de la menor es verosímil y ha sido mantenido de forma estable, coherente y sin contradicciones relevantes desde que reveló a su madre lo ocurrido". Asimismo, recuerda que el relato expuesto no se presenta como prueba única, "sino que aparece reforzado por otras vías probatorias externas que lo apoyan y confirman". Con todo ello, el TSJA ha desestimado el recurso del acusado y confirmado la pena de cinco años de prisión.

San Salvador, 22 ene (EFE).- El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ahora oposición) lamentó cerca de la medianoche de este miércoles el fallecimiento del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien murió a los 65 años en Managua, donde se encontraba asilado.

"Mauricio Funes, tanto en su faceta de periodista de investigación e incisivo generador de opinión pública, como en su trayecto como presidente de la República, gozó de una amplia aceptación y respaldo del pueblo salvadoreño y de la comunidad internacional", mencionó el partido en un comunicado difundido en redes sociales.

Señaló que "el FMLN cuestionó el actuar de alguno de sus aliados en el gabinete, no obstante siempre le reconoceremos como el presidente del Cambio, y su legado perdurará a pesar de sus detractores".

"El FMLN con mucha consternación recibe la lamentable noticia del fallecimiento de quien en vida fuera el primer presidente de El Salvador bajo nuestra bandera política, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena", apuntó.

El expresidente Funes (2009-2014) será recordado como el salvadoreño -en su momento sin un vínculo político- que llevó al partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,izquierda) al poder, gobernó la nación centroamericana y tras su mandato fue señalado y procesado civil y penalmente por varios delitos, entre estos corrupción.

Funes falleció la noche del martes en Managua a causa de "su grave dolencia crónica", informó el Ministerio de Salud nicaragüense.

En 2009, en un hecho histórico para El Salvador el periodista de profesión llegó a la Presidencia acompañado de la brasileña Vanda Pignato, su entonces esposa, madre de uno de sus hijos y en su momento representante en Centroamérica del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva.

El expresidente, que vivía en Nicaragua, fue condenado en mayo pasado en El Salvador a 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno entre 2012 y 2014.

Funes fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite y se convirtió así en el segundo presidente de la etapa democrática salvadoreña en recibir una condena de cárcel.

Funes llegó a Nicaragua en 2016 y, el 30 de julio de 2019, recibió la nacionalidad en Nicaragua, cuya Constitución, en su artículo 43, establece que "los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional".

La nacionalización de Funes fue oficializada en el Diario Oficial La Gaceta, donde también se validó el mismo beneficio para su esposa Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.

Funes, de acuerdo con la Fiscalía General, mantiene órdenes de captura en procesos penales por la supuesta malversación de 351 millones de dólares, el supuesto pago de sobornos al exfiscal Luis Martínez, por la revelación de un documento confidencial del Gobierno de Estados Unidos relacionado con donativos de Taiwán desviados, y la construcción irregular de una represa y una más por supuesta evasión de impuestos.EFE

A pesar de que en Colombia existe la libertad de culto, la mayoría de las personas residentes en el territorio nacional tienen algún tipo de creencia religiosa, siendo el catolicismo el que mayor porcentaje tiene en la actualidad.

Es por ello por lo que Semana Santa, que es cuando se conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sigue siendo una época del año en la que gran parte de la ciudadanía reflexiona sobre sus actos y asiste a ceremonias religiosas de esa índole.

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Teniendo en cuenta esto, son múltiples las preguntas que se tienen sobre el comportamiento indebido que se puede registrar en estos eventos por parte de creyentes o de personas que no siguen ningún tipo de religión, y si estos pueden ser considerados un delito.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Jonny Sneider Villegas, de la firma LegalPro, habló sobre los crímenes asociados a la religión que existen en Colombia y cómo era esta situación antes del cambio de la constitución en 1991.

En primer lugar, el jurista explicó que desde 1991 en Colombia no se puede discriminar a una persona por el tipo de creencia que tenga.

“En Colombia la relación entre justicia y religión está ligada a la constitución, que en 1991 regularon las prácticas y las actividades religiosas, entendiendo que desde ese año hablamos de libertad de culto, esa garantiza que las personas tienen la libertad de practicar la religión de su elección y no ser discriminadas por sus creencias”.

De la misma forma, recordó antes del cambio de constitución el Estado estaba ligado a la Iglesia católica, que es algo que aún se registra en otras naciones.

“A partir de la constitución se registró una separación entre la Iglesia y el Estado, lo que no se registraba antes con la constitución del 86, que tenía como religión a la Iglesia católica. Hoy lo sigue teniendo, pero el Estado ahora no se debe a ninguna religión. El registro de los cultos también existe, hoy deben estar registradas y reconocidas, lo que permite que tengan beneficios en los impuestos”.

Entendiendo los cambios registrados, el abogado indicó que en la actualidad no es legal obligar a que los menores tengan clases de religión, puesto que estas deberán de ser aprobadas por sus padres o tutores.

“Existe la educación religiosa, pero ahora las familias pueden escoger si quieren participar de esas clases, los colegios deben respetar eso. Estos cambios han hecho que se establezcan instituciones religiosas que son privadas, ellas ya pueden poner su reglamento”.

Enfocándose en los posibles crímenes ligados a la religión, el Villegas indicó que hay cuatro tipos de acciones indebidas, pero solo una tiene como consecuencia la privación de la libertad. Los delitos mencionados son:

• Violación a la libertad religiosa: Es cuando alguien ejerce violencia sobre otra persona para cumplir actos religiosos o lo contrario, puede terminar con un castigo de 16 a 36 meses de prisión.
• Impedimento y perturbación de actividades religiosas: Es cuando una persona interrumpe una ceremonia de cualquier culto permitido, puede ser multado.
• Daños a cosas destinadas al culto: Se registra cuando una persona daña objetos o símbolos de un culto establecido y reconocido, el culpable recibirá una multa por su accionar.
• Irrespeto a cadáveres: Que es cualquier tipo de comportamiento indebido con un cuerpo, que según el jurista se registra cotidianamente en el país por prácticas satánicas.

Al explicar el delito de daños a cosas destinadas al culto, el abogado indicó que este incluye protección a personas que busquen exponer su creencia, dando un ejemplo de ello.

“Es como cuando están los testigos en el barrio, no porque ellos ofrezcan sus clases y servicios en la calle, eso da derecho de que alguien los pueda agredir”.

Por último, recordó que hay tipos de creencias que siguen sin ser reconocidas en el país, por lo que no son protegidas por la ley bajo los términos argumentados.

“Los que no hacen parte de las comunidades laicas, en Colombia estos no han sido reconocidos, aunque ellos consideren que tienen derechos con adoración al diablo o el demonio, pues no son destinatarias a estas leyes”, puntualizó.

A medida que se aproxima el 20 de abril, fecha reconocida por distintos grupos como un día simbólico en torno al consumo de marihuana, el panorama regulatorio en Estados Unidos refleja diferencias marcadas entre los estados. Mientras algunos han legalizado plenamente el uso de cannabis, otros aún mantienen restricciones, ya sea totales o parciales.

La marihuana continúa clasificada como una sustancia ilegal a nivel federal, lo que genera contradicciones entre las leyes estatales y nacionales. Esta disparidad afecta la implementación de políticas públicas, la operación de negocios del sector y la financiación de investigaciones científicas. La clasificación actual del cannabis como sustancia de Lista I implica que no se reconoce un uso médico aceptado y se considera que tiene un alto potencial de abuso, según la Drug Enforcement Administration (DEA).

A pesar de ese estatus, varios estados han modificado sus leyes para permitir su consumo, venta y cultivo, ya sea con fines recreativos, medicinales o ambos. La información más reciente sobre el estado legal del cannabis en cada estado ha sido publicada por DISA Global Solutions, Ballotpedia y el Rockefeller Institute of Government.

¿Qué estados han legalizado el cannabis para uso recreativo y medicinal?

Hasta abril de 2025, 24 estados y el Distrito de Columbia permiten la compra y el consumo de cannabis para uso recreativo y médico. Esto incluye tanto el acceso a dispensarios autorizados como, en algunos casos, el cultivo doméstico de plantas.

Los estados donde ambas formas están legalizadas son:

• Alaska
• Arizona
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Illinois
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michigan
• Minnesota
• Misuri
• Montana
• Nevada
• Nueva Jersey
• Nuevo México
• Nueva York
• Ohio
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Virginia
• Washington

A estos se suma el Distrito de Columbia, que autoriza el uso y posesión personal, aunque con limitaciones sobre las ventas comerciales. Los primeros estados en legalizar el uso recreativo fueron Colorado y Washington en 2012, mediante votación popular, según el Rockefeller Institute of Government.

¿En qué estados solo se permite el uso medicinal del cannabis?

En 39 estados se permite el uso medicinal del cannabis, aunque las condiciones específicas de acceso varían. Algunos estados restringen el consumo a productos con bajo contenido de THC o con concentraciones predominantes de CBD, un cannabinoide no psicoactivo.

Según DISA Global Solutions y el National Conference of State Legislatures (NCSL), los estados donde el cannabis es legal solo para fines médicos incluyen:

• Alabama
• Arkansas
• Florida
• Hawái
• Kentucky
• Luisiana
• Mississippi
• Nebraska
• Nuevo Hampshire
• Dakota del Norte
• Oklahoma
• Pensilvania
• Dakota del Sur
• Utah
• Virginia Occidental

Las condiciones para acceder a estos tratamientos suelen incluir enfermedades como epilepsia, dolor crónico, náuseas severas, trastornos neurológicos y casos oncológicos. La legislación varía en cuanto a métodos de administración permitidos, dosis máximas y requisitos de registro.

¿Qué estados prohíben completamente la marihuana?

Cuatro estados prohíben el uso recreativo y medicinal del cannabis sin excepciones. Se trata de Idaho, Kansas, Carolina del Sur y Wyoming. En estas jurisdicciones, la posesión, el cultivo y la venta de marihuana están penalizados bajo las leyes estatales.

La información ha sido confirmada por DISA Global Solutions y complementada con reportes de seguimiento legislativo de NORML, una organización especializada en monitorear la reforma de leyes de cannabis en Estados Unidos.

¿Qué estados han despenalizado sin legalizar?

En estados como Texas, Indiana, Georgia, Tennessee, Kentucky, Wisconsin e Iowa, el consumo de cannabis no ha sido legalizado, pero se han adoptado medidas de despenalización. Estas políticas reducen las penas por posesión de pequeñas cantidades a multas civiles, sin cargos penales ni antecedentes.

Además, en algunas de estas entidades se permite el uso limitado de aceites de CBD o preparados de bajo THC para condiciones médicas específicas, aunque sin que exista una legalización formal del cannabis.

¿Cuál es la situación del cannabis a nivel federal?

A pesar de la expansión en los estados, el cannabis sigue siendo ilegal bajo la ley federal. Desde 1970, está clasificado como droga de Lista I en la Ley de Sustancias Controladas, junto a sustancias como la heroína. Esto impide que la planta sea utilizada con fines médicos en programas federales o que se financien investigaciones clínicas a gran escala.

En 2024, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recomendó su reclasificación a la Lista III, lo que lo colocaría junto a medicamentos con uso médico aceptado y menor potencial de abuso. La DEA confirmó que el proceso está en evaluación, según reportes de The New York Times y declaraciones oficiales del HHS.

¿Cómo afecta esto a la economía del cannabis?

El mercado legal del cannabis generó más de 33.000 millones de dólares en ventas en 2023, según datos del Cannabis Business Times. No obstante, la falta de reconocimiento federal impide a muchas empresas acceder a cuentas bancarias, créditos comerciales y procesadores de pago, forzando a algunas a operar en efectivo.

El Federal Reserve Bank of Kansas City ha señalado que esta situación genera riesgos financieros y de seguridad para las empresas, además de limitar el desarrollo de un mercado más formal y regulado.

¿Qué impacto tiene la legalización en la justicia penal?

Según un informe de ACLU, los arrestos por posesión de marihuana han disminuido considerablemente en los estados con legalización recreativa. En Colorado y Washington, la tasa de arrestos cayó en un 70% entre 2010 y 2020. Sin embargo, las disparidades raciales en la aplicación de las leyes persisten.

Las personas afroamericanas y latinas siguen siendo detenidas con mayor frecuencia que los blancos, incluso en estados donde el cannabis es legal. La ACLU atribuye esta diferencia a patrones históricos de aplicación selectiva de la ley.

¿Qué cambios se esperan en 2025?

De acuerdo con Ballotpedia, al menos cinco estados están considerando iniciativas populares o proyectos de ley para modificar el marco legal del cannabis. Entre ellos figuran Florida, Carolina del Norte y Nebraska, donde se han presentado propuestas para legalizar el uso recreativo o ampliar el acceso al uso médico.

Estos procesos podrían someterse a votación en elecciones estatales, dependiendo del respaldo legislativo o del número de firmas ciudadanas recolectadas.

El tribunal señala, en cuanto a los hechos sucedidos entre 2016 y 2019, relativos a las menores, nacidas en 2007 y 2012, que acudían de forma frecuente a ver a su abuela, llegando a convivir con ella y el procesado.

"Durante los años en los que se desarrolló esta situación, mantenían con el acusado una relación de confianza y afecto, siendo para ellas una figura asimilable a la de un abuelo", resaltan los jueces, quienes afirman que, en una ocasión, cuando se encontraba con una de ellas en la vivienda, le explicó aspectos de la reproducción sexual y le preguntó si quería probar lo que le decía, ante lo que le contestó que no.

"El acusado, entonces, le bajó el pantalón del pijama a la menor y colocó sus genitales contra la zona lumbar de la niña, quien se marchó de la habitación dando una excusa y se fue muy nerviosa a hablar con su abuela", explica la sala en el fallo.

En otra ocasión, según la resolución, el acusado introdujo las manos debajo de la ropa de la menor y le bajó el pantalón, tocándole con las manos el pecho, el culo y la zona genital. Además, según consta probado en la sentencia, en otra ocasión también le realizó tocamientos a su hermana en esa zona.

Como consecuencia de estos hechos, ambas menores sufren sintomatologías que precisan tratamiento psicoterapéutico. El tribunal ha considerado al acusado autor de dos delitos --uno de ellos continuado--, de abuso sexual del artículo 183.1 y 4d del Código Penal, en la redacción vigente cuando ocurrieron los hechos.

En ambos casos ha tenido en cuenta la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. Además de la pena de prisión, le ha impuesto el pago de una indemnización de 30.000 euros a una de las víctimas; y de 10.000 euros, a su hermana.

LA VÍCTIMA MAYOR DE EDAD

En cuanto a la víctima mayor de edad, nacida en 1995, la sala relata que se desplazó a Santiago, lejos de su residencia familiar, con el objetivo de buscar trabajo en la zona, por lo que el acusado y su pareja estuvieron de acuerdo con que se alojara con ellos, lo que hizo entre enero y agosto del 2017.

Los magistrados entienden probado que en una ocasión en la que el procesado se encontraba a solas con ella, le puso la mano en la zona de los genitales. Finalmente, ante la oposición de la afectada, cesó.

En otras ocasiones, cuando se encontraba acostada en su habitación, entró desnudo y se introdujo en la cama con ella, diciéndole su prima segunda que se marchase, lo que acabó haciendo.

Los jueces indican que, en otra ocasión, se bajó los pantalones y los calzoncillos y le mostró el pene. Como resultado de los hechos, la víctima necesitó tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico.

"Los actos son claramente inconsentidos y rechazados por la víctima y aptos para vulnerar la libertad sexual. Fueron llevados a cabo con voluntad sexual, evidenciada no solo por su contenido objetivo (tocamiento en la zona genital), apto para vulnerar los bienes jurídicos protegidos, sino también por las manifestaciones de contenido sexual con las que el acusado trató de disfrazarlas para convencer a la víctima para que se plegase a sus intenciones", explican los jueces en la resolución.

Por estos hechos, lo han considerado autor de un delito de abuso sexual, con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de confianza y de la atenuante de dilaciones indebidas.

Además de dos años de cárcel, le han impuesto el pago de una indemnización a la víctima de 15.000 euros. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante el TSXG.

Yakarta, 17 dic (EFE).- La filipina Mary Jane Veloso, quien ha pasado casi 15 años en el corredor de la muerte en Indonesia acusada de narcotráfico y en 2015 se salvó de ser ejecutada en el último momento, regresa esta noche a su país gracias a un acuerdo bilateral para su repatriación.

Veloso, de 39 años, será trasladada en un vuelo de la aerolínea Cebu Pacific que tiene previsto despegar de Yakarta el miércoles a las 00:05 hora local (15:05 GMT del martes), y llegar a Manila en torno a las 5:40 hora filipina (19:40 GMT).

Durante el trayecto, de unas 4 horas y 35 minutos de vuelo, Veloso estará escoltada por funcionarios filipinos y a su llegada se espera que sea trasladada a un penal.

Esta repatriación se produce días después de que Indonesia, uno de los países con las leyes más duras contra las drogas, enviara a Australia a cinco australianos -miembros de un grupo bautizado como "los nueve de Bali"- tras pasar casi dos décadas en prisión también por delitos de narcotráfico.

Las autoridades indonesias alegaron razones humanitarias en ambos casos, que han contado con la intervención directa del presidente, Prabowo Subianto.

Veloso fue detenida en Indonesia en 2010 por transportar 2,6 kilos de heroína en su maleta, un delito por el que fue condenada a muerte ese mismo año, aunque la mujer siempre alegó que fue víctima de un engaño y que transportó las drogas a Indonesia sin su conocimiento.

Esperaba trabajar como empleada del hogar en el país vecino por intermediación de una compatriota, Maria Kristina Sergio, quien le dio una maleta con heroína oculta en su interior, según denunció Veloso en su momento.

La filipina debía ser fusilada en 2015 junto con otros ocho reos condenados por narcotráfico, pero salvó la vida en el último momento después de que la mujer que la contrató para transportar droga se entregara a la Policía en Filipinas citando haber recibido amenazas.

Entre los ejecutados en esa ocasión se encontraban dos miembros de "los nueve de Bali".

El pasado 20 de noviembre, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., anunció la repatriación de Veloso tras un acuerdo con el Gobierno de Yakarta y la intermediación de su homólogo indonesio.

Marcos describió a la filipina como una mujer "atrapada por la pobreza" y "víctima de sus circunstancias".

El Gobierno filipino señaló que Veloso, que no ha recibido el perdón en Indonesia, seguirá encarcelada en Filipinas, un país que no contempla la pena de muerte, aunque eventualmente consideraría otorgarle una medida de gracia. EFE

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La Habana, 11 dic (EFE).- El tribunal provincial de La Habana condenó a un cubano a 15 años de cárcel por la posesión, comercialización y distribución de drogas, en un juicio celebrado en la última semana durante una cruzada de las autoridades contra el delito en el país, informaron este miércoles medios estatales.

El acusado, un joven de 22 años, fue detenido en La Habana por la Policía, que le ocupó 24 envoltorios de cannabinoide sintético -droga conocida como ‘El químico’- y otros 20 gramos de ABD Butinaca, de acuerdo a Tribuna de La Habana.

Además, en un registro en su vivienda también fueron ocupados bienes como una pesa digital, grandes sumas de dinero y varios gramos más de las drogas.

El fiscal -que en principio solicitó una sanción de 20 años de prisión para el acusado- señaló que "el imputado venía dedicándose a la venta de cannabinoide sintético y hachís" y como factores agravantes citó "las grandes cantidades de drogas, la participación de menores y la reincidencia del acusado".

"La Fiscalía, teniendo en cuenta la política cero de tolerancia con respecto a esta actividad relacionada con las drogas, fuimos veladores de que se cumplan las garantías constitucionales en este caso", afirmó.

En otro juicio, el tribunal de la provincia Camagüey (centro-este) condenó a 19 años de prisión a un hombre que cumplía una sanción de seis años de cárcel, y le ocuparon 27 envoltorios de la marihuana sintética ‘El químico’ al regreso al centro penitenciario luego de un pase (permiso que se les da a los reclusos para visitar a su familia), según el periódico local Ahora.

"Con esa cantidad se estima pueden confeccionarse 54 dosis, que en el mercado ilegal cada una tiene un precio de 350 pesos cubanos (2.91 dólares)", subraya el informe.

Asimismo recalca que "ante la más mínima acción vinculada al tráfico de drogas la voluntad del Estado cubano sigue siendo cero tolerancia y todo el peso de la Ley sobre quienes intenten hacer proliferar ese flagelo en nuestra sociedad".

Desde hace meses las autoridades del país han reconocido un crecimiento del consumo de drogas y mostrado preocupación por la presencia de ese flagelo, y aseguran que Cuba no ha dejado de enfrentar el tráfico ilícito de drogas ni de prevenir el uso indebido de esas sustancias.

En los últimos días, los medios oficiales han reportado varios "juicios ejemplarizantes" por distintos delitos efectuados durante un "ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito" desarrollado la semana pasada.

Uno de ellos, el que tuvo lugar en el tribunal provincial de Santiago de Cuba (sureste), en el que tres acusados resultaron sancionados a 20, 25 y 30 años de prisión como autores de los delitos de asesinato en tentativa, homicidio, desórdenes públicos más la portación y tenencia ilegal de armas.

Los inculpados participaron armados de machetes en un violento incidente durante una fiesta de cumpleaños el pasado 4 de diciembre en el poblado oriental de El Cobre, en el que causaron la muerte a un joven, intentaron asesinar a otro y lesionaron a cuatro personas, según reportó el periódico Sierra Maestra, de Santiago de Cuba. EFE

Dos ciudadanos ecuatorianos fueron condenados recientemente a más de 14 años de prisión tras ser sorprendidos transportando más de 730 kilogramos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Perú. Según lo detallado por el Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao, la sentencia recayó sobre Edwin Fernando Pazmiño Cabrera, de 64 años, y Johnatan Guido Rosero Paspuel, de 35 años, quienes aceptaron su culpabilidad como parte de una terminación anticipada del proceso penal. “Los sentenciados cometieron el delito de promoción y favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas agravado”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias Andina.

El caso se desarrolló el 6 de diciembre de 2024, alrededor de las 4:40 de la mañana, cuando agentes de la Fiscalía y de la División de Investigación del Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía acudieron a la avenida Néstor Gambetta, en el distrito Mi Perú, provincia del Callao. Se trató de un conjunto operativo que se activó tras recibir información de inteligencia. En dicho lugar, encontraron un vehículo pesado de placas ecuatorianas y un semirremolque con matrícula colombiana estacionado frente a un policlínico. Según informó la fuente, “con autorización de los intervenidos, el vehículo fue revisado, descubriéndose 730 paquetes tipo ladrillos ocultos en una estructura metálica”.

El transporte de la droga, con un peso preciso de 730.715 kilogramos, iba aparentemente dirigido a destinos estratégicos en Callao, Tacna o Juliaca, como paso previo para su traslado hacia Bolivia o Chile. También se destacó que los paquetes incautados presentaban logotipos identificables como “147″, “LBT” y “ODIN”, lo que refuerza las sospechas sobre sus pertenencias a bandas internacionales de narcotráfico. La relevancia de esta operación residió en que “el vehículo parecía sin carga inicialmente, pero gracias a una inspección detallada, se encontró el compartimento donde estaba escondida la droga”, explicó la Fiscalía, citada por el medio.

Durante la investigación preliminar, las autoridades recopilaron pruebas que detallan el complejo tránsito de esta droga desde Colombia, pasando por Ecuador y finalmente llegando a territorio peruano. También se determinaron posibles nexos y coordinaciones telefónicas realizadas entre los involucrados, así como conversaciones mantenidas por la aplicación WhatsApp. El medio difundió una declaración oficial: “El fiscal Miguel Ernesto Velásquez Cabrera presentó pruebas suficientes en menos de 15 días, las cuales permitieron realizar un proceso inmediato”, garantizando así justicia eficiente.

El proceso de terminación anticipada fue clave en este caso. Según establece el artículo 471 del Código Procesal Penal, los acusados, al reconocer su responsabilidad penal, obtuvieron “una reducción de la pena de hasta un sexto (1/6) del total correspondiente”, subrayó el medio. Esto, sin embargo, no evitó que recibieran una sentencia contundente de catorce años, ocho meses y ocho días de prisión.

Los sentenciados no lograron justificar su presencia en Perú ni explicar el propósito de su recorrido en el país. Su nerviosismo durante el interrogatorio inicial fue uno de los elementos que despertó sospechas en los agentes, lo que posteriormente llevó a la autorización de registro del vehículo. La Fiscalía considera que este caso reafirma el compromiso de las autoridades peruanas en la lucha contra el tráfico de drogas que afecta al Estado.

Con esta operación, la Fiscalía y la Policía peruana subrayan la importancia de la cooperación entre países de la región para combatir el narcotráfico y sus redes internacionales. La ubicación estratégica de Perú como ruta de tránsito hacia el mercado de drogas en Chile y Bolivia sigue siendo un desafío crítico, con casos similares que marcan la urgencia de reforzar las medidas de control en fronteras y puertos.

Eduardo Arana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha anunciado la apertura de un debate nacional sobre la implementación de la pena de muerte en casos de violación. Este proceso buscará recoger opiniones de todos los sectores para obtener una posición más precisa sobre la propuesta, tal como informa la agencia de noticias Andina. “Se pedirá la opinión de quienes están a favor y de los que están en contra, se recogerá la posición de la ciudadanía, de las autoridades, de la academia”, declaró Arana. La propuesta se origina de las inquietudes planteadas por el congresista Jorge Montoya, quien expresó su preocupación por delitos como el homicidio, sicariato y violación sexual.

El medio resaltó que el ministro Arana ha subrayado la necesidad de considerar la gravedad del problema social, detallando que “hay una cifra alarmante de violadores que están en prisión, son 16 mil, de los cuales 12 mil están acusados de violaciones a menores de edad”. Esta estadística refleja un problema significativo que enfrenta la sociedad y, por ello, el debate está planteado como un esfuerzo de análisis y consulta a nivel nacional. Arana destacó que “desde el Gobierno, a través de diversos ministerios, se desarrollan programas de prevención incluso en los penales”.

La iniciativa para llevar a cabo este debate también responde a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la seguridad y la adecuada sanción de los delitos graves. La agencia recoge que Arana asumió “la preocupación del parlamentario” Montoya y vio necesario abrir este diálogo, reflejando igualmente un sentir colectivo. En otro contexto, el ministro calificó como especulaciones los rumores sobre su posible asunción de la Presidencia del Consejo de Ministros, señalando que “no es su preocupación asumir una tarea adicional a la que ha iniciado”.

En un giro sobre la legislación en procedimiento penal, se reportó que Arana fue consultado sobre la autógrafa referida a cambios en la detención preliminar aprobada por el Congreso. El ministro explicó que dicho documento aún no ha llegado a su despacho y que cuando lo haga, emitirá su opinión. “Cuando llega una autógrafa al Ejecutivo hay un trámite que pasa por la Presidencia del Consejo de Ministros”, comentó Arana.

Este tema también está en la esfera de la opinión pública, donde el consenso y disenso respecto a la pena de muerte genera debates encendidos. El medio indica que el diálogo tiene como fin englobar perspectivas amplias, más allá de las políticas de prevención que ya se están ejecutando. De hecho, la conversación implica múltiples dimensiones del sistema de justicia y derechos humanos, centrándose en cómo equilibrar la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales.

Es relevante resaltar cómo la introducción de este debate podría influir en futuras decisiones legislativas respecto a sanciones penales más severas. Se prevé que el proceso será extenso y será el centro de atención tanto de medios nacionales como del público general. La participación de académicos, expertos en derechos humanos, y otros actores sociales será crucial en el desarrollo de un debate informado y balanceado.

Los Ángeles (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Los votantes de California han dado un giro hacia la derecha en materia de justicia penal, tras negarse a enmendar la Constitución del estado para terminar con el trabajo forzado de los prisioneros, conocida como la servidumbre involuntaria.

El trabajo forzado está prohibido en la Constitución de California exceptuando cuando se impone como castigo por un delito.

La Proposición 6 pretendía prohibir que las prisiones estatales obliguen a las personas encarceladas a trabajar en contra de su voluntad, pero la medida no ha conseguido el apoyo suficiente.

Se estima que aproximadamente un tercio de las personas encarceladas en prisiones californianas desempeñan trabajos que ayudan al mantenimiento de las cárceles, así como combatir los incendios forestales, al cortar las líneas de fuego y podar la vegetación.

“Las personas que se niegan a trabajar o a hacer otras actividades enfrentan consecuencias como no poder hacer llamadas regulares”, de acuerdo a un informe de la Oficina del Analista Ejecutivo.

Los reos reciben un pago de menos de un dólar por hora, un salario que ha levantado críticas entre los defensores de los derechos civiles.

La Proposición 6 también ponía fin a los castigos impuestos a los detenidos que se negaran a trabajar.

Estados conservadores como Alabama y Tennessee ya han puesto fin a la "servidumbre involuntaria", como se le conoce a los trabajos forzados, en sus prisiones en elecciones recientes, por lo que la decisión de los votantes marca un giro a la derecha en uno de los estados más liberales del país.

Este no es el único rechazo al progresismo que dan los votantes en California, la Proposición 36, que impondrá sanciones más estrictas para los robos menores y los delitos relacionados con el fentanilo, fue aprobada por una gran mayoría.

La medida anula partes clave de la Proposición 47, aprobada por los votantes en 2014 y que relajó las penas contra crímenes menores como el robo de las tiendas, bajo el argumento que la política de mano dura era ineficaz y aumentaba la población carcelaria.

A esto se suma que el fiscal de Los Ángeles, el cubanoamericano George Gascón, de tendencia progresista, fue derrotado por un candidato independiente, que se retiró del Partido Republicano. EFE

Los Ángeles, 6 nov (EFE).- El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, el cubanoestadounidense George Gascón, considerado uno de los más progresistas en Estados Unidos, perdió la reelección al cargo tras ser derrotado por su rival, el independiente Nathan Hochman.

"Los votantes del condado de Los Ángeles se han pronunciado y han dicho que ya basta de las políticas extremas pro-criminales del fiscal de distrito Gascón, esperan un futuro más seguro", dijo Hochman este miércoles en un mensaje en X.

"Como fiscal de distrito, espero representar a todas las personas, ya sea que hayan votado por mí o no, ya que su seguridad será mi responsabilidad", agregó.

De ala más conservadora, Hochman, un exmiembro del Partido Republicano, ha prometido endurecer la justicia penal en Los Ángeles y restaurar la seguridad pública en el condado.

De 70 años y nacido en Cuba, Gascón fue el jefe de la Fiscalía condal más importante de Estados Unidos y además el primer inmigrante en ocupar ese cargo.

En sus cuatro años al frente, encaró dos intentos fallidos de destitución y su nombre salió a relucir varias veces en la Convención Nacional Republicana, donde lo acusaron de no tener una mano dura contra el crimen en el condado más poblado y con el mayor sistema carcelario del país.

En las últimas semanas en el cargo, Gascón acaparó la atención pública con el apoyo de clemencia de Lyle y Erik Menénedez, los hermanos condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, un caso con el que, precisamente, buscaba arrastrar el voto popular en busca de su reelección.

Este no es el único rechazo al progresismo que dan los votantes en California, la Proposición 36, que impondrá sanciones más estrictas para los robos menores y los delitos relacionados con el fentanilo, fue aprobada por una gran mayoría.

La medida anula partes clave de la Proposición 47, aprobada por los votantes en 2014 y que relajó las penas contra crímenes menores como el robo de las tiendas, bajo el argumento que la política de mano dura era ineficaz y aumentaba la población carcelaria. EFE

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- La organización México Evalúa advirtió este jueves de que más del 93 % de los delitos que se denuncian e investigan quedan impunes en el país, y avisó de la falta de atención a las causas y los riesgos que la reforma judicial y la militarización suponen para las instituciones de justicia penal.

Según el reporte 'Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal', presentado en la capital mexicana, el año pasado 93,6 % de los delitos investigados quedaron impunes en todo el país, con mayores índices en los estados de Oaxaca (99,9 %), Jalisco (99,1 2%) y Colima (97,5 %).

Además, los delitos con mayores índices de impunidad el año pasado fueron desaparición forzada (99,5 %), extorsión (98,3 %), fraude (97,2 %) y homicidio doloso (96,8 %).

El informe pone lupa en las deficiencias del sistema de justicia penal mexicano y resalta que "la sobrecarga en fiscalías, juzgados y defensorías públicas puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo el debido proceso".

Además, destaca que en 2023, cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento de un 71 %, frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas, cuando el año anterior fueron 335.

En medio de la polémica por la elección de jueces en 2025, la ONG advirtió que los promotores de la reforma judicial aseguraron que esta contribuirá a la reducción de la impunidad, pero "en realidad se ignoraron sus causas y condiciones".

Asimismo, alertó de que "involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva".

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, apuntó que "actualmente, solo 3,6 % de las carpetas de investigación llegan ante un juez".

"Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías”, señaló Camacho, en la presentación del informe.

Mariana Campos, directora general de la organización indicó que "para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente".

"Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos. Se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”, afirmó.

Entre otros hallazgos, México Evalúa destacó que los procesos penales más rápidos fueron mediante acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio; mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días.

Con ello, la ONG cuestionó el acceso a una justicia pronta y expedita que promete la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.

mjc/csr/gpv

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El día 5 de noviembre de 2024, se inició el primer Taller de Bienestar Laboral en la Cámara Federal de Casación Penal.

Quiero expresar mi agradecimiento a las secretarias de Cámara, María Carolina Bienatti y Nadia Samaha, por idear y llevar adelante la propuesta del Taller de Bienestar Laboral junto con el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El taller, que constará de cuatro encuentros, trabajará en torno a las temáticas de “trabajo en equipo”, “enemigos del aprendizaje - mejora permanente”, “comunicación efectiva” y “herramientas de bienestar”.

Como presidente del Máximo Tribunal Penal de la Nación, he tomado la iniciativa de abrir las puertas a todas las propuestas que se me han presentado durante este año. Mi compromiso, así como el de Cámara, es fomentar espacios como el que hoy se inauguró.

Al respecto, cabe recordar que la Cámara Federal de Casación Penal dictó la Acordada 3/24 (21/5/2024) con la finalidad de proveer un ambiente laboral saludable y contribuir con la prevención, intervención y erradicación de todo tipo de violencia o acoso laboral de manera eficaz en esta cámara y en los tribunales que se encuentran bajo su Superintendencia. Así, se adhirió al protocolo aprobado por resolución 153/2023 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

En ese contexto, el inicio del Taller de Bienestar Laboral me parece especialmente innovador por diversas razones.

Primero, es importante señalar que estas iniciativas están tradicionalmente más asociadas al ámbito privado. En efecto, en el ámbito de la Justicia su enfoque es menos común. Pero incorporar este tipo de talleres es un paso novedoso y necesario porque entendemos que quienes trabajan en la administración de justicia también necesitan herramientas de autocuidado y bienestar para enfrentar los desafíos únicos de su rol.

Es fundamental que, como profesionales del sistema judicial, nos mantengamos actualizados y seamos capaces de adaptarnos a las demandas actuales. Un claro ejemplo de esta capacidad de adaptación fue el desafío que representó implementar el trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19.

Este cambio no solo implicó un desafío técnico y logístico, sino también un cambio cultural en nuestro modo de ejercer la justicia. Nos permitió continuar con nuestras funciones en circunstancias excepcionales y, además, nos enseñó que, con la tecnología adecuada, podemos flexibilizar las dinámicas de trabajo sin comprometer la calidad del servicio judicial.

La experiencia del trabajo remoto, y ahora en su modalidad mixta, es un claro ejemplo de cómo supimos adaptarnos a las necesidades del momento, demostrando que la justicia puede y debe evolucionar para responder a las exigencias actuales.

En cuanto al bienestar laboral, es crucial destacar que no se limita únicamente a la salud mental o física individual —aspectos que, por supuesto, son vitales—, sino que también es un factor esencial para asegurar un sistema de justicia justo y eficiente.

No podemos soslayar que, en nuestra tarea jurisdiccional, principalmente en el ámbito penal, se dictan resoluciones que generan una gran responsabilidad.

El entorno judicial presenta desafíos únicos, como la exigencia de tomar decisiones justas y la responsabilidad de tener un impacto profundo en la vida de las personas.

La sociedad espera mucho del sistema judicial. Se requiere que la justicia sea accesible, rápida e imparcial, y que pueda atender las demandas y urgencias del presente. Los ciudadanos quieren que los y las operadoras judiciales resuelvan los conflictos de manera expedita, justa y de forma clara y sencilla.

Esta tarea implica una carga emocional significativa.

Es imprescindible reconocer los beneficios de un sistema judicial que prioriza el bienestar de sus profesionales. Al cuidar de sus operadores y operadoras, el sistema no solo mejora en justicia y eficiencia, sino que también aumenta, de manera indirecta, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El objetivo es fortalecer tanto a cada participante del Taller de Bienestar Laboral en su desarrollo profesional como al sistema judicial en su totalidad, y también servir como un punto de partida para inspirar experiencias similares.

En este camino hacia la mejora continua, el cuidado de quienes administran justicia nos beneficia a todos como sociedad.

*Mariano Hernán Borinsky es presidente y juez de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), doctor y pos doctor en Derecho Penal, vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal.

**Nicole Zoe Amquie es prosecretaria de Cámara de la CFCP, maestranda de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Pensar en un delito penal es poner en foco en un hecho, en sus autores, en su detención y, con el tiempo, si el juicio avanza, en la existencia de una condena. ¿Pero qué pasa con las víctimas? ¿Qué procesos atraviesan durante el tiempo que dura la búsqueda de los responsables, la detención y el dictado de una condena? Ese punto de vista, el de las víctimas, es uno de los aspectos que fue abordado en el libro ¿Puedo ir preso?, una obra colectiva de 110 autores dirigida por el juez Mariano Borinsky, que representa un esfuerzo notable por abordar la compleja intersección entre la justicia penal y la prisión preventiva, que abarcan desde los fundamentos legales hasta las implicancias personales y sociales de la privación de libertad.

Uno de los capítulos de este libro, “La mirada de las víctimas”, fue escrito por Julián Rubinska, abogado y funcionario de la Cámara de Casación Penal, y uno de los coordinadores de esta extensa obra, junto con Laura Kvitko. Lo que hace aún más valioso su aporte es que él mismo fue víctima de un hecho delictivo violento junto a su familia y amigos.

La noche del 20 de marzo de 2016, Rubisnka cenaba con su esposa, sus dos hijos y un matrimonio amigo con su hijo en su casa del Centro Israelita Sionista Scholem Aleijem Bialik (Cissab), un country ubicado en Tristán Suárez. Pero a las 21:15 todo cambió. Tres hombres encapuchados y armados ingresaron en su domicilio. Robaron objetos de valor y dinero pero exigieron más, bajo la amenaza de secuestrarlos. “Elegí a quien nos llevamos, ¿a tu esposa, a tus hijos?”, le dijeron a Rubinska. “Llévenme a mí”, les contestó. Una de las víctimas dijo que en la casa de un familiar había 50 mil dólares, y los delincuentes decidieron llevarse a los siete. Algunos fueron retenidos por los secuestradores, otros fueron a buscar el dinero, y finalmente, tras el pago del rescate, todos fueron liberados. Seis años después, en 2022, la Justicia Federal de La Plata condenó a penas de 14 y 15 años de prisión a los culpables.

En la introducción de este capítulo, Rubisnka señala: “Cuando de hechos de inseguridad hablamos, más allá de los bienes jurídicos afectados, lo primero que pierde la víctima es su libertad (entendiéndose esta como facultad de autodeterminación), pues la misma se ve traccionada a una relación con su victimario que ésta no buscó; vínculo, que incluso trascenderá los límites temporales del hecho delictivo. (...) por más que sea obvia, vale destacar aquí la diferencia medular: una de esas dos partes pudo decidir el génesis de ese abanico de consecuencias, la otra no”.

En diálogo con Infobae Cultura, Rubisnka respondió algunas preguntas sobre este capítulo del libro.

—¿Por qué decidieron incorporar la mirada de la víctima en un libro que es sobre la privación de la libertad?

—Bajo la dirección de Mariano Borinsky y con la coordinación de Laura Kvitko queríamos hacer una obra colectiva que tenga como eje temático la privación de la libertad, pero decidimos superar el análisis jurídico e incorporar todas las miradas posibles sobre este fenómeno social que es la prisión. Así nos empeñamos en incluir la visión sociológica, cultural, la religiosa, psicológica, el aspecto económico de la prisión y también la perspectiva de la víctima. ¿Por qué? Porque históricamente para pensar en el delito se puso en el centro al delincuente, al autor, pero en las últimas décadas nació la victimología para reclamar, en la ciencia penal, el lugar de la víctima: la otra cara de la moneda o la otra mitad del binomio. Nos pareció importante incorporar este nivel analítico.

—El artículo sostiene que la víctima de un delito pierde principalmente su libertad y es arrastrada a una relación con su victimario que no buscó, lo que genera una serie de consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son?

—La víctima es la primera que pierde la libertad en el fenómeno delictivo. Puede que no sea la libertad en sentido de libertad ambulatoria (dependiendo del hecho), pero sí la pierde en su sentido de autodeterminación. Y a partir de ese suceso –que obviamente no eligió– se abren un sinfín de consecuencias: jurídicas, sociales, identitarias, patrimoniales etc. que pueden durar años. Lo que realmente no se visualiza sobre la victimización es todo lo que sucede después del hecho delictivo. Es decir, normalmente cuando se habla de víctima el concepto que se tiene es sobre un momento, el momento del delito. Pero luego de “concluido” el momento delictivo, es recién el comienzo de “el camino de la víctima”. Un camino que tiene aspectos jurídicos, como participar de un proceso penal, pero también tiene su costado psicológico (transitar el trauma), y uno social, porque su nueva categoría (de víctima) tiene un impacto muy fuerte frente al entorno de la persona que sufre el delito. También la victimización puede tener otras aristas dependiendo del hecho: afectación a la salud y necesidad de recuperarse, laboral y/o patrimonial, por dar algunos ejemplos. Estas dimensiones de afectación no tienen mucha “prensa”, porque, como decía, cuando se piensa en víctima se piensa solo en el momento del delito y las consecuencias inmediatas, pero es más complejo. Por eso hablamos de victimizaciones primaria, secundaria y terciaria categorizando sus consecuencias, que además se pueden dar de forma simultánea.

—¿Qué tipo de efectos psicológicos puede sufrir una víctima tras un delito violento, no sólo en lo inmediato sino a lo largo del tiempo?

—Las víctimas de un delito violento pueden experimentar una variedad de efectos psicológicos tanto inmediatos como a largo plazo. Estos efectos suelen depender de la naturaleza del delito, la duración del trauma y las características individuales de la víctima. Algunos efectos inmediatos son shock, miedo, inseguridad, desorientación, e hipervigilancia (sensación de estar constantemente alerta).Aunque los efectos a mediano y largo plazo son los que realmente generan un cambio en la vida cotidiana. Algunos son:

• Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT): incluye síntomas como pesadillas o flashbacks que reviven el trauma.
• Evitación: evitar lugares, personas o situaciones que recuerden el evento.
• Hiperactivación: irritabilidad, sobresaltos excesivos, dificultad para dormir.
• Ansiedad y depresión: muchas víctimas experimentan un aumento en la ansiedad o depresión, que puede manifestarse en sentimientos de desesperanza, aislamiento, problemas para dormir y una visión negativa de la vida.

También tienen que tenerse en cuenta los trastornos de la salud mental a largo plazo: Además del TEPT, las víctimas pueden desarrollar otros trastornos como fobias, ataques de pánico o trastornos de ansiedad generalizada e incluso sentimientos de culpa. Sumado a eso, hay un amplio abanicos de posibles impactos en la vida cotidiana, por ejemplo en las relaciones interpersonales: las víctimas pueden tener dificultades para mantener relaciones sanas debido a la desconfianza o al temor de volver a ser lastimadas

—¿Qué relación establece el texto entre el sufrimiento y el sistema de justicia penal, y cómo fue cambiando esa concepción?

—La pena puede ser considerada una privación de derechos que conlleva un sufrimiento. Hay una idea –quizás un poco arcaica– retributiva de la pena en la cual se administra este sufrimiento para contrarrestar el sufrimiento causado. Esta visión fue superada por otras concepciones. Hay diferentes teorías sobre la función de la pena: la resocialización, la comunicación a la sociedad sobre la vigencia de la norma, la prevención del delito, y muchas otras versiones que se derivan de estas. La Constitución nos define una prisión que sea para la seguridad y no para el castigo de los presos.

—¿Cuáles son las principales frustraciones que enfrentan las víctimas al interactuar con el sistema jurídico penal?

—La interacción de la víctima en el sistema penal puede conllevar a una revictimización, es decir un padecer nuevamente los efectos del delito. Esta puede darse al someter a la víctima a numerosos interrogatorios, cuestionarla en cuanto su vivencia, e incluso culparla por el delito. Hoy en día hay toda una normativa nacional e internacional que busca prevenir esta victimización secundaria y darle una participación plena y respetuosa de sus derechos. Incluso los magistrados, funcionarios, empleados del poder judicial y también de los agentes de las fuerzas de seguridad reciben capacitaciones en torno a la materia. Si bien las cosas han mejorado, eso no implica que el tránsito de la víctima en el proceso sea fácil. Hay mucha frustración, a veces provocada por la falta de resultados. En mi caso, porque se demoró más de dos años la individualización de los autores del delito y también por la excesiva duración del proceso.

—¿Cómo influyen los agentes del sistema, como la policía y los tribunales, en la experiencia de las víctimas?

—Como decía: tienen un rol central. En general yo veo mucho profesionalismo en esa área. Lo digo como funcionario de la Justicia pero también como alguien que tuvo que transitarlo del lado de la víctima. Como en todo ámbito, hay mejores y peores experiencias; lugares donde se trabaja mejor o peor; distintas circunstancias en distintos casos, pero el balance general es bueno. Gente dedicada a su trabajo: prestar servicio de justicia.

—¿De qué manera puede una sentencia condenatoria ayudar en el proceso de desvictimización?

—Hay que entender algo, cuando hay un juicio hay dos partes y dos visiones que se encuentran en conflicto. Entonces, no solo es el imputado quien se encuentra sometido a juicio, sino también la víctima. Su versión de los hechos, su reputación y sus derechos están también en juego. Es por eso que muchas víctimas deciden no continuar en el proceso, pues (además de haber sufrido los efectos inmediatos del delito) se encuentran en la posición de tener que convencer a los jueces de lo que ocurrió y eso puede resultar demasiado oneroso (económica y psicológicamente). Cuando como víctima se logra una sentencia condenatoria, como acto comunicacional tiene claros efectos desvictimizantes; esto es un el camino inverso de la victimización. En una palabra: sanación.

—A partir de tu experiencia personal, ¿qué aspectos de esta problemática descubrió?

—Mi caso se trató de un delito muy grave del que no solo yo fui víctima sino también mi familia. El aspecto psicológico es devastador: sensaciones de miedo e impotencia me invadieron al punto tal que me fue muy difícil continuar con mi vida cotidiana. Meses de pesadillas y ansiedad. Fue muy importante el tratamiento psicológico en este aspecto, pero más allá de eso el trauma se supera con tiempo, como una lesión física.

Para la recuperación es esencial recurrir a los vínculos afectivos y sociales. Pero ahí hubo otro problema: la sociedad en general a veces puede ser muy hostil con la víctima.

—¿Qué factores sociales y culturales contribuyen a esa culpabilización de las víctimas en nuestra sociedad?

—Hay un fenómeno muy interesante en esto. Como sucede con la enfermedad, la gente (en términos generales, como sociedad) es propensa a pensar que nunca le va a “tocar”, seguramente como mecanismo de defensa a la imprevisibilidad y la incertidumbre de la vida misma. Es imposible ir por la vida pensando en cosas horribles que pueden suceder.

Entonces, a partir de eso surgen varias racionalizaciones para pensar: “eso no me va a pasar” y tenemos como consecuencias de eso la discriminación de la víctima, la culpabilización de la victima y el etiquetamiento de la víctima. Discursos como “se lo buscó” o “se lo tenía merecido” son muy frecuentes: la teoría de la “pollera corta”. Obviamente son discursos irracionales y a veces mágicos, como pensar que alguien sufrió un delito como consecuencia de compensación natural o del destino. A veces las motivaciones para ser hostil a la víctima pueden no ser tan “inocentes”. Además de los procesos socio-psicológicos comentados, el hostigamiento también puede derivar, en algunos casos, de la necesidad de algunos actores para mantener el control y las estructuras de poder existentes.

Todo lo descripto es particularmente pesado para la víctima, que tiene que lidiar a la vez con la victimización primaria (las consecuencias directas del delito), la secundaria (transitar por el proceso penal, civil etc.) y la terciaria o social.

—¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la percepción pública de las víctimas y su sufrimiento?

—Obviamente los medios tienen sus propias reglas, en donde se ilumina una situación por un breve momento y luego pasa a otra. Creo que en el último tiempo hubo un cambio de cánones en la relación de los medios de comunicación con la víctima. Veo en general una mayor capacitación y un tratamiento más profundo del fenómeno. Creo que un tratamiento adecuado (tanto de los medios como de cualquier actor social) puede resumirse en el reconocimiento que la víctima tiene un rasgo fundamental y compartido entre casi todos los casos: su vulnerabilidad.

—¿Cómo pueden los movimientos sociales como Me Too y Ni Una Menos cambiar la narrativa sobre las víctimas de delitos?

—Bueno, creo que estos movimientos fueron sumamente exitosos para concientizar e ilustrar a la sociedad en varios planos: sobre la existencia de un tipo de delitos, sus características, su explicación histórico-cultural como fenómeno criminológico, etc. Esto es muy loable: no se me ocurren antecedentes de un impacto tan grande generado. Ojalá pueda replicarse con otros delitos. Para dar un ejemplo: poca visibilidad tienen las víctimas de los delitos ambientales. Y ni hablar la extendida naturalización que existe hoy del antisemitismo: son cosas que también tienen que cambiar.

En general es importante que los actores sociales puedan reconocer al fenómeno de la victimización –en todas sus variantes y tipos–, como tal, un fenómeno con múltiples aristas: jurídico, sociológico, psicológico. Sin lugares comunes, sin maniqueísmos. Con la comprensión, en cambio, que otorga el concepto de vulnerabilidad.

Fotos: Maximiliano Luna y Jaime Olivos.

Islamabad, 10 oct (EFE).- Un nuevo informe de la organización Justice Project Pakistan (JPP) reveló este jueves un aumento preocupante en el número de presos condenados a muerte, con un total de 6.161 personas estaban esperando su ejecución pese a la moratoria sobre este castigo.

De acuerdo con "Pena de muerte en Pakistán: mapeo de datos sobre la pena capital", el informe anual correspondiente a 2024 de la organización jurídica sin ánimo de lucro, esto supone un aumento significativo respecto de la cifra del año anterior de 6.039.

El crecimiento de la población en el corredor de la muerte es todavía más drástico en comparación con los datos de 2022 cuando la población condenada a muerte era de 3.226.

La organización llama la atención sobre una alta concentración de presos condenados añadidos a la lista en el último año provenientes de Baluchistán, más de la mitad de ellos.

Esta proporción "exige un examen más detallado de las prácticas judiciales y de imposición de sentencias en la región, en particular a la luz de las reformas en curso destinadas a reducir el uso de la pena capital", alertó.

Del total de los condenados a muerte en todo el país 2.505 corresponden a la provincia de Punjab, 15 de ellos mujeres.

JPP lamenta que a pesar de una moratoria de las ejecuciones desde diciembre de 2019, Pakistán sigue siendo uno de los países con las tasas más altas de pena capital a nivel mundial.

Más de 31 delitos se castigan con la muerte en este país, pese a las críticas de las organizaciones de derecho que demandan reformas en el sistema de justicia penal.

El informe revisa en particular la persistencia de casos de pena de muerte en virtud de la Ley de Control de Sustancias Narcóticas (CNSA), incluso después de la enmienda de 2023 que eliminó este castigo para los delitos relacionados con los estupefacientes. EFE

Madrid, 8 oct (EFE).- La Audiencia Nacional consultó en 2023 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la ley española que impide descontar las condenas cumplidas en Francia por un etarra del posterior cumplimiento de su castigo en España vulnera sus derechos fundamentales.

Se trata de un auto dictado por la sección segunda de lo Penal el 26 de octubre de 2023 en el procedimiento que sentó en el banquillo a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, por un atentado contra un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997.

Anboto resultó absuelta de estos hechos, si bien el Tribunal Supremo, al revisar la resolución, anuló la sentencia y ordenó a la Audiencia Nacional volver a dictar otra. Tras este fallo, la Audiencia planteó sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aún no ha respondido.

El tribunal muestra en su auto dudas sobre la ley de intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, de 2014, que contaba con una disposición adicional que impedía que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Ahora, las Cortes tramitan una modificación de esta norma, con una enmienda de Sumar que suprime precisamente esa disposición y que ha salido adelante por unanimidad en el Congreso, con apoyo de Vox y PP, que ahora ha ralentizado el debate en el Senado, aunque el texto acabará siendo aprobado si el Ejecutivo no retira el proyecto.

El auto, del que fue ponente el magistrado José Ricardo de Prada, hablaba de una "grave desproporción" y "desigualdad" generada por la ley, "que impide dar cualquier reconocimiento a las sentencias de condena extranjeras".

De acuerdo a dicha norma, exponía el tribunal, Anboto, que cumplió 20 años de cárcel en Francia, tendría que cumplir otros 30 más que "con suma probabilidad se le impusiera en España"; es decir, tendría un "mínimo de cumplimiento de 50 años de prisión efectiva real" si no es posible "refundir las condenas refundidas en Francia y la refundidas en España en una sola pena limitada temporalmente".

Esto, dice el auto, implica "una grave desproporción punitiva", que "discriminaría" a Anboto respecto a aquellos que han sido condenados en un solo país, e incluso implicaría una peor situación que si se le hubiese impuesto la prisión permanente revisable, "lo que excedería de cualquier estándar constitucional admisible razonable y civilizado de cumplimiento de penas".

Con estos argumentos, la Audiencia Nacional consultó al TJUE si dicha disposición legal que no permitía reconocer las condenas en otros países es compatible con la normativa comunitaria.

Aparte de esta, planteaba otras cuestiones, como si en esta causa seguida en España se produce una situación de "bis in idem" (el principio por el cual no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos) respecto a los procedimientos que ha tenido en Francia.

Estas dudas no fueron compartidas por todo el tribunal. La magistrada María Fernanda García emitió un duro voto particular, en el que criticaba que "en ningún momento" sus compañeros la convocaron para deliberar la nueva sentencia, como ordenó el Supremo, "ni tampoco respecto al planteamiento de la cuestión prejudicial, que se inició y desarrolló a espaldas" de ella.

La magistrada expresó su "legítima discrepancia" con el contenido de la cuestión prejudicial y "todo el trámite procesal seguido hasta su adopción", y aclaró que ella nunca ha tenido duda sobre si los hechos por los que fue condena a Anboto en España eran los mismos que en Francia, algo que rechazó.

Cuestionó que el tribunal intentase "dilatar" el pronunciamiento del Supremo en lugar de dictar una nueva sentencia contra Anboto y señaló que la cuestión prejudicial plantea una "hipotésis" en el caso de que la resolución sea condenatoria que no correspondía a la Sala.

Por ello, no entró a "analizar la legislación española en su comparación con la comunitaria apuntada".EFE

Moscú, 2 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó este miércoles dos leyes que permiten a los imputados por la Justicia combatir en Ucrania y, además, suspende la persecución penal a aquellos que se alisten voluntariamente en el Ejército o sean movilizados como reservistas.

La primera ley, que ya fue aprobada hace una semana por la Duma o cámara de diputados, permite a los acusados cuyo caso se encuentra en un tribunal de primera instancia firmar contratos con las Fuerzas Armadas.

Eso sí, según el documento publicado en el portal de información legal del Estado, con la condición de que el servicio militar coincida con el período de movilización o transcurra en tiempos de guerra.

Además, la segunda norma interrumpe el proceso penal y anula las medidas cautelares adoptadas contra los imputados durante el cumplimiento de su deber militar.

Con todo, para lograr la plena liberación de toda responsabilidad penal y la retirada de los cargos deben recibir condecoraciones, concluir el servicio por motivos de edad o de salud, o al término del período de movilización y la ley marcial, opción que antes sólo beneficiaba a las personas con condenas en firme.

La nueva ley amplía la normativa aprobada en marzo de este año que condonaba las penas a los personas que cumplieron condenas y firmaron contratos con el Ejército, pero no se aplicaba a aquellos contra quienes todavía no había sido dictada una sentencia.

Precisamente, según informaron el martes medios independientes, el Ministerio de Defensa tiene previsto reclutar en los próximos meses a unos 20.000 hombres en prisiones preventivas ante la acuciante falta de soldados en el frente ucraniano.

Esos hombres representarán casi un 40 % del total de imputados -unos 60.000- que esperan comparecer a juicio en las prisiones rusas, señaló una fuente de Defensa al portal de investigación Historias Importantes.

En el primer año de la guerra en Ucrania el Grupo Wagner reclutó a unos 50.000 presidiarios, de los que la mayoría murieron, desaparecieron, desertaron o cayeron presos, según organizaciones de derechos humanos.

Los que regresaron con vida del frente fueron indultados, según el fallecido fundador de Wagner, Yevgueni Prigozhin, que los cifró en unos 5.000.

En su momento, expertos de la ONU advirtieron que el reclutamiento de presidiarios, que también tendría lugar en las prisiones situadas en los territorios ocupados por las tropas rusas en Ucrania, podría constituir un crimen de guerra.

Pese a la insistencia de los halcones, el presidente ruso, Vladímir Putin, se resiste a convocar una nueva movilización de reservistas, tras lo impopular que fue la anunciada en septiembre de 2022 y que provocó el éxodo al extranjero de cientos de miles de rusos.

La firma de contratos por parte de voluntarios se había reducido dramáticamente en la primera mitad del año, aunque ascendió notablemente tras la invasión ucraniana en agosto de la región de Kursk, por lo que Putin se vio obligado a incrementar hasta 1,5 millones el número de soldados en el ejército ruso.EFE

En el Centro de Justicia de Orleans, uno de los establecimientos más conflictivos de Estados Unidos, ha surgido una unidad de salud mental que está marcando una diferencia significativa. NBC News informó sobre la llegada de Marvell Smith, un joven de dieciocho años, en junio. Smith, quien se sentía ansioso y abrumador esperando su juicio, fue rápidamente víctima de acoso por ser gay. Sin embargo, el teniente del sheriff Michael Lewis actuó de inmediato y expulsó al acosador de la unidad. Smith expresó su alivio ante la acción de Lewis y comentó: “A medida que pasan mis días, me doy cuenta de que todos somos humanos, todos somos hombres”.

Esta unidad representa una nueva comunidad dentro de la cárcel, con enfoque en salud mental y que pretende revertir años de violencia y negligencia. Según NBC News, el programa, encabezado por la sheriff Susan Hutson, busca tratar a los reclusos en espera de juicio más como pacientes que han sufrido traumas severos. La misma sheriff mencionó que, tras la devastación del huracán Katrina, las necesidades de atención mental en Nueva Orleans se incrementaron de manera drástica. “Las cárceles son el sistema...Y es lo mismo en todo el estado y en todo el país”, declaró Hutson a NBC News.

Un aspecto crucial del modelo experimental es que los internos pueden establecer sus propios horarios y participar en diversas actividades como jugar al baloncesto y ver películas. A cambio, se comprometen a una política de tolerancia cero contra el acoso y la violencia. “Realmente quieres estar ahí para el otro”, dijo Zachary Terrell, otro residente, a NBC News.

Las autoridades aseguran que los logros de esta unidad tienen gran importancia en un contexto donde las cárceles de ciudades grandes han asumido el papel de los mayores proveedores de atención de salud mental en Estados Unidos. Una de las razones, según NBC News, es que grandes instituciones mentales y centros psiquiátricos cerraron después de Katrina y nunca fueron reemplazadas adecuadamente. Andrea Armstrong, profesora de la Universidad de Loyola, destacó a NBC News que Luisiana tiene la tasa más alta de encarcelamiento per cápita y sigue teniendo altas tasas de delitos violentos. “Las matemáticas no son matemáticas...Si el encarcelamiento fuera lo que hace que la gente esté segura, seríamos el estado más seguro del país”.

NBC News menciona que más de la mitad de las 1,400 personas internadas en la unidad de Hutson están medicadas para tratar trastornos como esquizofrenia, depresión y trastorno de estrés postraumático. Casi todos los hombres entrevistados generalizan experiencias de haber perdido a un familiar o amigo debido a la violencia con armas de fuego. Leonard Patty, otro recluso, compartió con NBC News cómo el programa le ayudó a abordar traumas pasados.

La iniciativa de reformar el sistema carcelario enfrenta desafíos, especialmente ante como la Ley Senatorial 3, la cual soporta el tratamiento de jóvenes de diecisiete años acusados de ciertos delitos en Luisiana. Según datos revisados por NBC News, desde marzo, la población en la instalación de Hutson ha aumentado entre 3% y 5% mensualmente. Además, ha tenido que crear una nueva unidad para menores, lo que ha añadido desafíos logísticos y financieros.

Ante esta situación, el sheriff Hutson mantiene su visión de futuro: “No quiero una cárcel para enfermos mentales...Quiero un centro de salud mental”. Leonard Patty agregó que el esfuerzo de Hutson y Lewis es “una forma de salvar vidas”.

Por su parte, los legisladores estatales no han respondido a las solicitudes de NBC News para comentar al respecto. Sin embargo, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, afirmó en abril en X (anteriormente Twitter): “Hoy se marca el comienzo de un nuevo sistema de justicia aquí en Luisiana. Los jóvenes de diecisiete años que cometen delitos ya no serán tratados como niños”.

En los últimos meses, Lewis ha estado recopilando datos sobre las necesidades de tratamiento y la educación de los hombres bajo su cuidado, con la esperanza de expandir este programa de salud mental. “Los políticos no lo entienden... Si nosotros, los seres humanos, podemos tomar una decisión y tratar a los demás como seres humanos, eso marcará una diferencia”, concluyó a NBC News.

Un estudio adecuado del Derecho Procesal Penal debe comenzar por la comprensión del problema cultural y político que tras él reside, marca en definitiva, el termómetro de la sociedad. El Derecho Procesal Penal toca de cerca al ser humano, sus valores y principales atributos jurídicos, que le permiten desarrollar su vida social. De allí que los sistemas de enjuiciamiento penal han ido a la par de la historia política y guardan correspondencia con ella.

El Derecho Procesal Penal dispone la organización de los tribunales y el procedimiento necesario para aplicar una pena que, según la historia fue: inquisitivo, acusatorio o mixto.

El Procedimiento Acusatorio aspira a un acercamiento de la Justicia a lo que la sociedad legítimamente reclama: un servicio que brinde respuestas en tiempos útiles, que sea transparente, que acompañe a la víctima, que abandone el expediente papel, que llegue al núcleo de las grandes organizaciones criminales; en suma, que sea más eficiente, accesible y humano.

En algunas provincias el sistema acusatorio es la regla y existen algunas experiencias en la implementación de juicios por jurados.

En paralelo, transitamos la vigilia de una ansiada reforma integral del Código Penal (actualmente en el Senado de la Nación), tras más de 100 años de vigencia del que nos rige actualmente.

Es necesario propender legalmente al fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias.

Son estos los condimentos que confluyen a reforzar la necesidad del “Sistema acusatorio o adversarial”, en el cual se divide con absoluta claridad las funciones requisitoria y judicial, entre un fiscal que investiga y acusa y un juez que resuelve. El Ministerio Público Fiscal, que desde la reforma de 1994 al art. 120 de la Constitución Nacional cumple un rol independiente en la promoción de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad, tiene en el nuevo sistema instrumentos para descomprimir el proceso, para ejercer una persecución penal selectiva que le permita llevar a juicio lo verdaderamente trascendente, siguiendo lineamientos internos de política criminal. Para ello, y bajo ciertas condiciones, se le permite disponer de la acción, conciliar, acordar la suspensión del juicio a prueba y la abreviación del proceso.

Cambia el eje troncal del sistema procesal, de mixto a acusatorio. En aquél, la investigación es escrita y secreta a cargo de un juez “de instrucción”, luego de lo cual se avanza hacia una etapa oral, que es el juicio. En éste, el investigador es el fiscal, quien recolecta la prueba en una etapa preliminar informal y tan oral como el debate, para luego en el juicio producir sus probanzas en orden a sustentar la teoría del caso en que basó su acusación. La contradicción consistente entre las partes, conducida por un juez imparcial, es lo que marca la dinámica de este modelo, por ello mismo llamado adversarial.

El Código Acusatorio elimina el expediente en papel para pasar a la digitalización, el expediente electrónico y la firma digital, con audiencias orales con presencia del juez, las partes, el imputado, la víctima y la querella, dando espacio al contacto directo del magistrado con el conflicto, con el imputado de carne y hueso y también con la víctima; lo cual humaniza las decisiones.

Figuras como el arrepentido, receptada en el citado proyecto de Código Penal, el agente encubierto y el informante clave, junto a la entrega vigilada, son opciones cuidadosamente elaboradas para facilitar el trabajo del Ministerio Público Fiscal, bajo el control del juez de garantías, con la mirada puesta en la sociedad.

La característica fundamental del sistema acusatorio reside en la división de poderes ejercidos en el proceso. Por un lado, el acusador, persigue penalmente y ejerce el poder requirente y por el otro, el tribunal tiene en sus manos el poder de decidir la situación de un imputado especialmente habilitado a resistir la imputación ejerciendo el derecho de defensa. El principio fundamental que le da nombre al sistema se afirma en la exigencia de que la actuación de un tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo.

En la Argentina, por su estructura federal, cada Provincia establece su propia legislación procesal y construye su propio sistema judicial: ello provoca que coexistan distintos modelos.

El nombre de Código Procesal Penal Federal (CPPF) entró en vigencia en las Provincias de Salta y Jujuy en junio de 2019, en Rosario desde mayo de 2024, en todos los casos, con intervención de la Cámara Federal de Casación Penal en las impugnaciones y en Superintendencia. Además, en todo el país rigen diez (10) normas del nuevo CPPF, por Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo de Implementación del Código Procesal Penal Federal (sobre prisión preventiva, domiciliaria; entre otros). También regirá en la jurisdicción de Mendoza (Mendoza, San Juan y San Luis, desde el 5 de agosto de 2024)

El CPPF moderniza el proceso, abandonando el sistema de características inquisitivas imperante, adoptándose un diseño adversarial o acusatorio en el cual se distingue en forma tajante, por un lado, la facultad investigativa y de acusación del Ministerio Público Fiscal y, por otro, la función de decisión y de control de cumplimiento de las garantías del imputado por parte del juez.

Se establecen criterios específicos para habilitar, o no, la prisión preventiva. Otro punto destacable del cuerpo normativo es el lugar asignado a la víctima, ya que se incorporó la ley de protección de víctimas del delito, dándole plena autonomía.

Los jueces y fiscales tendrán que resolver el conflicto surgido como consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

La víctima y el imputado pueden concluir un acuerdo conciliatorio en determinados casos previstos; por ejemplo, en causas de delitos con contenido patrimonial y cometidos sin grave violencia, descomprimiendo el sistema y evitando la realización de un juicio en casos en que las partes pueden arribar a un acuerdo.

La oralidad –en contraposición a los procedimientos escritos– será la regla para asegurar mayor eficiencia y celeridad. Se produce un cambio de paradigma: el paso de un sistema fundamentado en expedientes a uno sustentado en audiencias orales, de uno con fuertes resabios inquisitivos a uno acusatorio y adversarial.

Esta oralidad también irradia en la etapa de los recursos, pues si bien los recursos deben interponerse por escrito, los jueces revisores deben resolver en el marco de una audiencia celebrada con las partes. En el caso de que la resolución impugnada sea una sentencia (absolución o condena), los jueces contarán con veinte días desde la celebración de la audiencia para hacerlo; mientras en los demás casos, decidirán inmediatamente, exponiendo en la propia audiencia sus fundamentos.

Se prevé que la investigación no podrá durar más de un año desde que ella se formaliza, y todo el proceso no puede durar más de tres años, aunque existen excepciones ante la complejidad del caso, declarado y tramitado como tal, hipótesis en que el término puede duplicarse. Todo ello tiene como objetivo realizar el juicio en un “plazo razonable”.

La Oficina Judicial (OFIJU) aparece como una novedad dentro de la estructura de trabajo judicial, concentrando y profesionalizando el engranaje de la actividad judicial administrativa. Le corresponde organizar las audiencias y las cuestiones administrativas relacionadas a los jurados, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, disponer la custodia de objetos secuestrados. La OFIJU descomprimirá las tareas administrativas de los jueces, quienes podrán dedicarse exclusivamente a su actividad jurisdiccional, alentando la celeridad y eficiencia del proceso.

Asimismo, otra novedad es el Colegio de jueces, que con criterios de flexibilidad y rotación, permite tener siempre cubierto los tribunales. Cabe citar al respecto, los Colegios de jueces creados por la Cámara Federal de Casación Penal en Rosario y Mendoza, para todas las etapas del proceso, tales como los Colegios de jueces de garantías, revisión, juicio y ejecución.

El nuevo procedimiento prevé un catálogo de medidas cautelares alternativas y menos gravosas a la privación de la libertad (prisión preventiva) sujetas a requisitos de admisibilidad, tales como la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, vigilancia del imputado mediante dispositivos electrónicos de rastreo y el arresto domiciliario, entre otros.

En beneficio de la celeridad y la desformalización, se abandona el tradicional expediente secreto y formal característico de la instrucción, adoptándose la figura del legajo de investigación. Éste será formado por el M.P.F. y no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas prácticas que eventualmente adopte el Procurador General de la Nación.

Las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del acusado. Así, la sentencia debe fundarse en las pruebas producidas durante el juicio oral y público. Los jueces a cargo de la realización de un juicio oral no podrán participar de otro hasta tanto concluyan con el primero, en jornadas consecutivas.

Se concluye de esta forma, cuál es el marco jurídico de enjuiciamiento de la justicia penal federal por medio del Sistema Acusatorio.