Las recientes condenas a los cinco hombres implicados en el caso conocido como la 'manada de Castelldefels' han generado preocupación sobre la inminente posibilidad de excarcelación para algunos de los sentenciados, pese a que, de acuerdo con CC.OO. de Catalunya, los informes penitenciarios no reflejan un arrepentimiento genuino por parte de los condenados. Según informó el sindicato mediante un comunicado, esta situación se produce luego de una reducción sustancial en las penas, resultado de un acuerdo de conformidad entre las partes implicadas.

El medio consultado detalló que la Fiscalía había solicitado inicialmente para cada acusado penas de entre 28 años y 53 años de prisión, en relación con las agresiones sexuales perpetradas contra tres mujeres en 2021 en Castelldefels, Barcelona. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado —justificado, según las partes, por el objetivo de evitar la revictimización de las afectadas—, los años de condena se situaron en un margen de 3 a 8 años. Esta rebaja ha llevado a CC.OO. de Catalunya a manifestar su rechazo y a calificar el sistema judicial como una "justicia patriarcal lenta".

Tal como consignó el sindicato en su postura pública, se considera que el caso evidencia nuevamente las limitaciones del sistema judicial para brindar una protección adecuada a las víctimas de violencia sexual. La organización sindical sostiene que la justicia, al favorecer acuerdos que atenúan las penas mediante la consideración del 'perdón' y la conformidad sin constatar acciones de responsabilidad ni reparación por parte de los agresores, sigue sin responder plenamente a las necesidades de quienes han sufrido este tipo de delitos.

Según reportó el propio sindicato, estas decisiones contribuyen a perpetuar la desprotección de las víctimas, pues la vía de acuerdos y reducciones de pena se ha utilizado en reiteradas ocasiones. CC.OO. de Catalunya alerta de que esta práctica puede desembocar en la liberación anticipada de condenados por delitos graves, sin que existan garantías de reinserción ni señales claras de rehabilitación, tal como indican los documentos penitenciarios citados en el comunicado.

El sindicato ha trasladado también su respaldo a la convocatoria de protesta prevista para el 29 de septiembre en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Esta concentración, que ha sido organizada por la Coordinadora 8M, tiene como objetivo exigir reformas en el sistema judicial para garantizar una administración de justicia que ofrezca mayores garantías para las víctimas y que incorpore una perspectiva feminista.

La reacción sindical recalca que la respuesta judicial a las agresiones sexuales requiere cambios estructurales. Según CC.OO. de Catalunya, la aplicación reiterada de la atenuante del 'perdón', sin que existan acciones de reparación ni muestras de reconocimiento del daño causado, refuerza una percepción de impunidad e insuficiencia de protección institucional frente a estos delitos. Por ese motivo, la organización considera esencial avanzar en reformas jurídicas para que la justicia actúe con mayor diligencia y contemple el interés de las víctimas de manera prioritaria.

A través de su pronunciamiento, el sindicato pone en foco la necesidad de revisar el funcionamiento y la filosofía del sistema de justicia penal en materia de violencia sexual, para evitar que acuerdos procesales permitan la reducción sustancial de penas, con los consecuentes riesgos para las víctimas y la percepción social de falta de respuesta ante delitos de esta magnitud.

Podemos ha exigido crear un juzgado especializado en violencia sexual "para evitar sentencias como la de los empresarios pederastas", según ha hecho saber la portavoz de la formación morada en la Asamblea Regional, María Marín.

En este sentido, Marín ha considerado que "la decisión de la Audiencia de Murcia de no enviar a prisión a la red de empresarios proxenetas y violadores de menores" es "la sentencia más vergonzosa desde la de La Manada".

La diputada regional de Podemos ha lamentado a las puertas de los juzgados de Cartagena que este caso "no es el único". "Aquí mismo otro hombre recibió hace dos semanas otra condena benévola después de agredir sexualmente durante meses y violar a una mujer discapacitada", ha apostillado.

"Frente a esta vergüenza de justicia patriarcal y machista", desde Podemos exigen "la creación en la Región de un juzgado especializado en violencias sexuales", tal y como ha añadido.

Se trataría de un tribunal que "ampliara las competencias del juzgado de violencia sobre la mujer", según Marín, quien ha recordado que este apartado queda establecido en la ley de garantía integral de la libertad sexual.

Sin embargo, ha considerado que "esta parece la última prioridad para la justicia murciana y para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, al que no se le ha oído ni una palabra sobre este caso", un comportamiento que Marín tilda de "vergonzoso".

La diputada ha incidido en que las mujeres víctimas de la violencia sexual "merecen una atención especializada con jueces formados en materia de género". Según ella, si ya existiese este juzgado, "la sentencia hubiera sido otra".

"Hasta que este tribunal especializado en violencias sexuales sea realidad", ha afirmado que Podemos seguirá adelante con las movilizaciones. De hecho, ha anunciado que este mismo martes por la tarde formarán parte de la comitiva que protestará por este caso a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia. "No habrá paz feminista hasta que haya justicia", ha concluido Marín.