El caso de dos suboficiales de la fuerza pública que alteraron sin autorización los turnos de seguridad asignados a la residencia del expresidente Juan Manuel Santos en Bogotá culminó con una sentencia de prisión, según informó la Justicia Penal Militar.

Uno de los implicados, además de modificar el turno, se presentó a su puesto bajo los efectos del alcohol, lo que agravó su situación ante las autoridades.

La Justicia Penal Militar detalló que los hechos ocurrieron en marzo de 2024 y estuvieron relacionados con la alteración no autorizada de los turnos de servicio en el dispositivo de seguridad de la vivienda del exmandatario.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Penal Militar y Policial, permitió establecer que uno de los suboficiales no solo cambió el turno sin permiso, sino que también acudió a su labor en estado de embriaguez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La autoridad judicial precisó: “Se condenó a dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto”. La sentencia se dictó después de que ambos aceptaran su responsabilidad dadas las pruebas de la Fiscalía. “La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía”, añadió la Justicia Penal Militar en un comunicado revelado por Semana.

Por su conducta, el suboficial que se presentó bajo los efectos del alcohol recibió una condena de 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, sancionado por cambiar su turno de manera arbitraria, fue sentenciado a 12 meses de prisión por el delito de desobediencia.

“Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia”, explicó la autoridad militar.

Procuraduría redujo inhabilidad del gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos

Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, logró una reducción significativa en la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación en el marco del escándalo de Odebrecht.

Según informó el órgano máximo del Ministerio Público, la inhabilidad inicial de 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado fue reducida a ocho años tras una apelación en segunda instancia. Además, la multa económica fue ajustada a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) correspondientes a 2014.

“Modificar la sanción, la cual quedará en multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2014, concurrente con la inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de ocho (8) años”, señaló el fallo de la Procuraduría.

De acuerdo con la sentencia emitida por la Procuraduría, la decisión de reducir la sanción se fundamentó en la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como en la consideración de una atenuante clave: la ausencia de antecedentes disciplinarios de Prieto al momento de los hechos investigados. Este elemento fue determinante para que los delegados del Ministerio Público reconsideraran tanto la duración de la inhabilidad como el monto de la multa.

“Con fundamento en esta misma lógica de ponderación y en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la sanción de multa impuesta también será objeto de ajuste y, en consecuencia, se fija en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)”, señaló la decisión de la Procuraduría.

El documento también puntualizó que la sanción modificada incluye la inhabilidad para ejercer empleo público, desempeñar funciones públicas, prestar servicios a cargo del Estado o celebrar contratos con este durante un periodo de ocho años. Asimismo, se ratificó la responsabilidad disciplinaria de Prieto en el caso, aunque con las modificaciones mencionadas. La Procuraduría explicó que esta decisión responde a un análisis detallado de los argumentos presentados por la defensa, los cuales resultaron concluyentes para ajustar la sanción inicial.

“El Ejército es una Institución Armada, Federal, permanente y profesional, comprometida a la observancia estricta de las leyes y reglamentos; la base bajo la cual se da su organización es la disciplina, razón por la cual esta es determinante en la impartición de justicia, encomendada al Servicio de Justicia Militar”, refiere el portal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Sin embargo, la institución no está exenta de que algunos de sus elementos caigan o cometan actos que pongan en entredicho su rectitud castrense.

El fuero militar ha sido objeto de debate jurídico, político y social durante décadas para proteger la disciplina y la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, pero ha tenido que ser revisado y limitado, especialmente cuando se trata de delitos que afectan a civiles o violaciones graves a los derechos fundamentales.

La aplicación del fuero militar fue ampliamente permisiva, situación que generó abusos cometidos por soldados o marinos contra la población civil se resolvieran al interior de las propias instituciones militares, favoreciendo la impunidad, razón por la cual organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha cuestionado por no ofrecer garantías de imparcialidad, independencia ni transparencia.

La revelación

Es así que la CNDH reveló que, entre 2006 y 2024, al menos 318 militares mexicanos han sido vinculados con violaciones graves a derechos humanos, de los cuales, solo 23 de estos casos han derivado en una sentencia condenatoria, lo que representa apenas el 7.2 % del total.

De igual modo del total mencionado, 16 están prófugos; 16 han sido absueltos; 109 están procesados; y 154 están indiciados.

Dicha información parte de un informe oficial presentado por el citado organismo de derechos humanos, publicado en un diario de circulación nacional, en el que se detalla la falta de avance judicial en múltiples investigaciones contra elementos castrenses en los siguientes delitos, la mayoría de estos casos permanecen en calidad de proceso penal abierto:

• Desaparición forzada.
• Ejecuciones extrajudiciales.
• Tratos crueles e inhumanos.
• Cateo ilegal.
• Violación.
• Tortura (en el contexto de operativos militares desplegados en tareas de seguridad pública).
• Privación de la vida.
• Abuso de autoridad.

En muchos de los casos, refiere el documento, las víctimas y sus familiares enfrentan dificultades para acceder a la justicia, sufren hostigamiento o bien carecen de recursos legales para continuar con los procesos.

Por tal motivo, la CNDH ha sugerido una mayor rendición de cuentas y transparencia institucional dentro del sistema castrense mexicano; que los casos en los que estén involucrados elementos del Ejército o Marina pasen al fuero civil, tal como lo determinan organismos internacionales.

El Gobierno ha respondido al portavoz de IU en el Congreso, y diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que ha remitido a la Fiscalía "los hechos descritos" en la pregunta que le formuló Santiago sobre las medidas que va a tomar el Ejecutivo central después de que un grupo de legionarios, uniformados y armados, amenazara a un grupo de jóvenes comunistas en Córdoba, coreando frases como "rojo muerto, abono para mi huerto", llamándoles también "subcampeones del 36", mientras cantaban el 'Cara al Sol', el himno de la Falange Española de las JONS.

En concreto y según recoge la respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, y que ha dado el Gobierno de España a Santiago, el Ejecutivo ha precisado que, "en relación con el asunto interesado, se señala que el pasado 7 de mayo de 2025 se procedió a la remisión de los hechos descritos en la iniciativa a la Fiscalía Togada", que actúa en el ámbito de la justicia militar.

El Gobierno ha respondido así después de que el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados registrara una pregunta por escrito, a la que también accedió Europa Press, mediante la que Santiago quería saber qué se ha hecho desde que ocurrieron tales hechos, el pasado jueves 17 de abril, mientras el grupo de legionarios y el de jóvenes comunistas estaban alojados, simultáneamente, "en el Albergue Provincial de Cerro Muriano" .

En concreto y según recogió Santiago en la exposición de motivos de su pregunta, "durante los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2025, la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) celebró su XIII Escuela Central de Cuadros" en el referido albergue, "con la asistencia de un numeroso grupo de jóvenes, de entre 15 y 30 años".

Según el relato de Santiago, "la noche del jueves 17 y la mañana del viernes 18, la organización coincidió en el espacio con un grupo de aproximadamente 90 personas pertenecientes a la Legión Española, lo que acabó con que la mañana del viernes 18, después de coincidir durante el desayuno en el comedor común del albergue, un grupo de legionarios cantaran y silbaran el 'Cara al Sol', además de gritar cánticos como 'rojo muerto, abono para mi huerto' o se dirigieran a miembros de la UJCE como 'subcampeones del 36'".

Estos acontecimientos, según señaló en su pregunta el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, "ocurrieron en el recinto del Albergue Provincial de la Diputación de Córdoba mientras el grupo de legionarios abandonaba el mismo, uniformados y con armas de fuego, probablemente fusiles empleados en el desfile de la noche anterior", acompañando a un paso de los que procesionan en la Semana Santa de Córdoba.

Ante todo ello, Enrique Santiago preguntó al Gobierno central si "¿se ha iniciado un procedimiento sancionador contra el jefe de la unidad como consecuencia de actos de acoso y amenazas a jóvenes alojados en el mismo centro por miembros de la Legión?".

Igualmente, quiso saber el portavoz de IU en el Congreso si "¿se ha iniciado un procedimiento sancionador contra el jefe de la unidad como consecuencia de cánticos de himnos ultraderechistas realizados por miembros de la Legión alojados en el albergue?", y también si "¿se van a tomar medidas para evitar que la unidad vuelva a alojarse en una instalación civil, especialmente considerando que portaban armas, dada la gravedad de su comportamiento?".

La respuesta del Gobierno de España ha sido la ya mencionada de que, "en relación con el asunto interesado, se señala que el pasado 7 de mayo de 2025 se procedió a la remisión de los hechos descritos en la iniciativa a la Fiscalía Togada".

Según un comunicado difundido por la agencia congoleña de noticias ACP, el Senado abordará la petición del auditor general de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), en la que se solicita autorización para procesar a Kabila, quien ocupó el poder de 2001 hasta 2019 y ostenta actualmente el cargo de senador vitalicio.

El ministro de Justicia, Constant Mutamba, ya había adelantado a finales del pasado abril que la justicia militar pretende juzgar al expresidente congoleño por delitos como “traición, participación en un movimiento insurgente, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

"Les informo de que el auditor general -una especie de fiscal- de las FARDC presentó el 30 de abril una solicitud al Senado congoleño para que se autorice el procesamiento y se retire la inmunidad vitalicia del senador Joseph Kabila", confirmó entonces Mutamba a los medios.

El exmandatario, que estuvo fuera del país desde finales de 2023 –principalmente en Sudáfrica–, anunció a principios del mes pasado su regreso a la RDC para ayudar a encontrar una solución a la crisis en el este, donde los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, han ocupado numerosas zonas este año.

Mutamba espera que el Senado levante la inmunidad y "autorice a la Fiscalía a permitir que los tribunales investiguen seriamente el caso".

En paralelo, el Gobierno congoleño suspendió a mediados de abril las actividades del partido político de Kabila y ordenó la incautación de sus bienes muebles e inmuebles, también bajo la acusación de colaborar con el M23.

Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron el pasado 25 de abril, cuando Ruanda y la RDC firmaron en Washington, con mediación de Estados Unidos, un acuerdo para iniciar negociaciones de paz.

Además, el Gobierno congoleño y el M23 retomaron a principios de mayo las negociaciones de paz en Doha, bajo auspicio de Catar.

La actividad armada del M23, grupo formado principalmente por tutsis -comunidad que sufrió el genocidio ruandés de 1994-, se reanudó en Kivu del Norte en noviembre de 2021 con ataques relámpago contra el Ejército congoleño.

El este de la RDC está sumido desde 1998 en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

Las nuevas autoridades de Siria han arrestado este jueves al sureste de la ciudad siria de Tartus al que fuera director del departamento de Justicia militar del antiguo régimen de Bashar al Assad, Muhamad Kanjo Hasan, que había sido uno de los responsables de los crímenes perpetrados en la prisión de Sednaya, según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres pero con informantes en el país árabe, ha explicado que el Departamento de Operaciones Militares ha logrado detener a Kanjo Hasan y a 20 de sus miembros en la localidad de Jirbet al Mazá, en la gobernación de Tartus, tras una operación contra "milicias" leales al antiguo régimen.

Horas antes, fuentes consultadas por el Observatorio explicaron que varias localidades de Tartus fueron testigo de un fuga masiva de funcionarios durante el Gobierno de Assad que habían estado involucrados en crímenes contra el pueblo sirio, coincidiendo con el lanzamiento de una campaña de seguridad a gran escala.

El Departamento de Operaciones Militares, que ha registrado varias viviendas, también ha establecido varios puntos para la entrega voluntaria de armas en la zona durante un plazo de 24 horas para el cumplimiento.

El anuncio ha llegado un día después de la muerte de al menos catorce miembros del nuevo Ministerio del Interior en una "emboscada" llevada a cabo por hombres armados. Tras ello, la cartera miniserial recalcó que "golpeará con mano de hierro a cualquiera que se atreva a alterar la seguridad de Siria y la vida de su pueblo".

Las nuevas autoridades han sido instauradas tras la caída de Al Assad a causa de la ofensiva lanzada por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani, es en la actualidad el líder 'de facto' del país asiático.

Una mujer presentó denuncia formal por desaparición de dos hombres, en diciembre de 2017, ante organismos venezolanos y el Consulado de Colombia en Guasdualito, contra el entonces jefe de la Brigada Caribe, G/B Robinson José Vera, el capitán (Ej) William José Vivas Chacón y quince miembros de la Tropa Profesional de 9209 Compañía de francotiradores, Adscritos a la 92 Brigada Caribes. Los dos hombres que se llevaron nunca aparecieron, Dayana Díaz huyó y el general Vera Cumare logró que se hiciera silencio sobre el caso y lo ascendiera a jefe de la ZODI Apure.

El 2 de diciembre de 2017, cerca de las nueve de la mañana, militares al mando del general Vera Cumare detienen a César Eduardo Sánchez y a Jeison Pardo León, con la Orden de Allanamiento, N° 599, del 2 de diciembre 2017, solicitada por la Fiscalía Militar 52 de Guasdualito a cargo del primer teniente José Gregorio Rangel, ante el Tribunal Militar 14 de Control. Nunca más se volvió a saber de ellos. La Fiscalía dijo que no había investigación y el juez declaró improcedente el Amparo Constitucional. Todo lo ocultó el manto del poder, aunado a que uno de los desaparecidos había pertenecido a un grupo de la guerrilla colombiana.

Dayana Daniela Díaz Piñero estaba en la casa el día que el grupo de Caribes se lleva a los dos hombres, pues era la concubina del obrero César Eduardo Sánchez, venezolano con quien convivía en el barrio La Primavera de Guasdualito, municipio Páez del estado Apure; en la vivienda, alquilada por habitaciones, también vivía el colombiano residente venezolano Jeison Pardo León. “Agarraron a mi concubino a golpes...”. Así describe Díaz cómo los militares detuvieron a Sánchez y Pardo León en la misma vivienda, en presencia de los vecinos del sector.

Lo único que Dayana Díaz asumió cuando se llevaron a los dos hombres de su casa es que serían trasladados hasta la 92 Brigada Caribes, que está ubicada en la carretera Nacional vía Guasdualito San Cristóbal El Amparo, frente al Aeropuerto de Guasdualito, donde antes operó el Teatro de Operaciones N° 1. Como es costumbre desde hace años con muchos detenidos, Sánchez y Pardo fueron incomunicados. “Se me dijo que sus derechos serían respetados”, según el relato inconcluso de la pareja de Sánchez al consulado colombiano.

Los responsables serían el jefe de la Brigada Caribe, G/B Robinson José Vera, el capitán (Ej) William José Vivas Chacón y quince miembros de la Tropa Profesional Adscritos a la 9209 Compañía de Francotiradores, Adscritos a la 92 Brigada Caribes pertenecientes a la Zona de Defensa Integral N° 311 (ZODI) del estado Apure.

Dayana Díaz introduce un Amparo Constitucional para que se restablezca el derecho de los detenidos, pero el 9 de diciembre de 2017, el abogado David Quintero Flores, juez de Control de Primera Instancia de Guasdualito en Apure, le notifica a Dayana Daniela Díaz Piñero, pareja del desaparecido César Eduardo Sánchez, que es improcedente la solicitud que ha hecho, porque el Ministerio Público le dijo, según oficio Nr. 04-DDC-F3-2392-2017, que ahí no cursa ninguna investigación sobre los tres desaparecidos.

En información recibida por parte del G/D Robinson José Vera Cumare, comandante de la 92 Brigada Caribe con sede en Guasdualito, quien manifestó a través del oficio N. 3439 del 9 de diciembre de 2017, que en allanamiento realizado el 2 de diciembre de ese año, la vivienda se encontraba deshabitada por lo que no hubo detención alguna de personas. “En allanamiento realizado... se encontraba deshabitada”, aseveró el General Vera Cumare, negando cualquier conexión directa con el caso de Sánchez y Pardo León.

En el oficio al que hace mención el juez, el general Vera Cumare dice que cuando se hizo el allanamiento la vivienda “se encontraba deshabitada, pudiendo incautar un bolso negro y en su interior cuatro armas de fuego y varios folletos pertenecientes a grupos generadores de violencia”. Agrega el juez que Vera Cumare dijo que “no hubo detención de personas”, además que, en la comunicación emitida el 8 de diciembre de 2017, según oficio N°. N°04 DDC-F3-2392-2017, suscrito por Julia María Quintero de Acevedo, Fiscal Provisorio Tercero de Apure, “informa que en ese despacho Fiscal no cursa ninguna investigación relacionada con César Eduardo Sánchez y Jeisson Pardo León".

El 16 de diciembre 2017 lo único que pudo hacer Dayana Daniela Díaz Piñero fue acudir al cónsul de Colombia en El Amparo y plasmar la denuncia, enfatizando que ella es de nacionalidad colombiana residente en Venezuela y por eso pide ayuda.

No es el único

Cuando han transcurrido más de 7 años, vecinos de Guasdualito le dijeron a Infobae que no es el único caso de ese tipo en que aparece involucrado el general Vera Cumare. “Le tenían mucho miedo, porque él no solo era el jefe de los Caribes, sino que además su familia en la zona también son un radar de información”.

La mujer de César Sánchez le dijo al consulado colombiano, durante esos días en que los dos hombres estaban desaparecidos, que ante la incertidumbre, “el 7 de diciembre 2017, procedí a interponer ante el Tribunal de Primera Instancia de Control de Garantías de Guasdualito, formal solicitud de Habeas Corpus, declarado improcedente alegando que la Fiscalía y el comandante de la 92 Brigada Caribe habían informado que ahí no se encontraban Investigados dichos ciudadanos”.

Finalmente, la complicidad entre el Ministerio Público ordinario y militar, el Tribunal Militar y el tribunal de primera instancia en Guasdualito, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encubrieron al general Cumare y a sus hombres en la desaparición de venezolano César Eduardo Sánchez y del colombiano Jeison Pardo León. Dayana Díaz se encontró con el muro de la injusticia y huyó de Apure.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sanción de dos meses y 15 días de cárcel, así como 500 euros por "daños morales", impuesta a un sargento condenado por un delito de extralimitación en el ejercicio del mando por estropearle la boda a un subordinado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, relata que fue el 7 de julio de 2022, estando de maniobras en Valencia, cuando el soldado recibió la noticia de que le habían dado cita en una notaría de Ceuta --donde estaba destinado-- para casarse el día 13 de ese mismo mes.

Según los hechos probados, el soldado intentó tramitar el permiso por matrimonio en ese momento pero le indicaron que lo gestionara al regresar a Ceuta. Una vez allí, así lo hizo, solicitando ausentarse del 13 al 27 de julio. Al no estar el sargento en cuestión, quedó autorizado por el teniente coronel jefe del batallón.

Llegado el día 13, sobre las 10.30, el sargento preguntó por el soldado y, a pesar de que le informaron de que contraía matrimonio ese mismo día, ordenó a un cabo que le llamara para transmitirle la orden de que se personara "de inmediato" en la unidad.

Quince minutos después, el soldado se presentó ante el sargento para explicarle que tenía permiso del teniente coronel. No obstante, el sargento le ordenó ponerse a trabajar.

El soldado, "en un estado de nerviosismo y ansiedad", se dirigió al teniente coronel, que --"ante el asombro de ver que el soldado se encontraba en la unidad"-- "le dijo que se marchase y que se casara, que estaba todo en regla".

El sargento fue condenado por el Tribunal Militar Territorial Segundo pero siguió litigando hasta llegar al Supremo para "demostrar que no tenía conocimiento de que el soldado (...) estuviera autorizado a ausentarse de la unidad con motivo de contraer matrimonio", y que le hizo personarse y cambiarse de uniforme para "aclarar la situación", no para que "se pusiese a trabajar".

Para la defensa, la sentencia condenatoria hace "un relato incongruente y contradictorio" y realiza "una motivación deficitaria de la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa".

UN COMPORTAMIENTO "INADMISIBLE"

Sin embargo, la Sala de lo Militar considera que "el tribunal sentenciador ha llevado a cabo un razonamiento lógico y acorde a las reglas de la sana critica para dar por probado que, el ahora recurrente, antes de ordenar la localización e inmediata personación en la unidad del soldado, tenía conocimiento de que dicho soldado disponía de autorización para ausentarse a partir del 13 de julio de 2022".

La Sala Quinta, en una ponencia del magistrado Ricardo Cuesta, indica que, "si bien no cabe duda alguna de que entre sus facultades se encontraba el llevar a cabo el control del personal", su actuación "puede ser calificada de arbitraria y excesiva, inadmisible, no acorde a un ejercicio responsable del mando que ostentaba, al disponer en esos momentos de otros medios para tratar de no ocasionar perjuicios o daños innecesarios" al soldado.

Para el Supremo, "un ejercicio lógico, justo y responsable del mando que ostentaba" debió conducir al sargento a "comprobar si por el teniente coronel jefe del batallón --mando que con arreglo a la normativa existente tenía atribuida la competencia para conceder permisos por matrimonio-- le había sido concedido dicho permiso" al soldado.

"Y, en caso de resultar que no contaba con dicho permiso, en ese momento, aparte de ordenar su inmediata incorporación a la unidad, debía cursar el correspondiente parte militar por si la conducta observada por el mismo pudiera ser recriminable en el ámbito penal o disciplinario", añade el alto tribunal.

Madrid, 21 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta tres años de prisión a seis militares y al antiguo cocinero del buque Juan Sebastián Elcano, por suministrar más de 30 kilos de cocaína a unos narcos en una escala del barco en EE.UU., que transportaron en el buque escuela tras recogerla en Colombia.

Los hechos ocurrieron entre los meses de abril y mayo de 2014 cuando los militares -dos cabos y cuatro marineros- junto al cocinero hicieron tres entregas de cocaína a narcotraficantes durante la estancia del buque en Nueva York, tras haber embarcado la droga en la escala anterior del barco en Cartagena de Indias (Colombia).

Dice la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que los condenados se aprovechaban de que "el buque escuela no era sometido a los controles aduaneros en los puertos internacionales en los que atracaba, así como de que al personal de la dotación no se le sometía a registro alguno en el embarque y desembarco por parte de la Guardia Militar".

La droga que recibían en Colombia la escondían en calzones y en mochilas. Hicieron tres entregas de cocaína. La primera de 4 kilos a unos compradores en el barrio de Bronx de Nueva York, que estaban siendo investigados por agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); la segunda de 7,2 kilos la entregaron a unas personas en una bolera y la tercera, de 19,8 kilos en un hotel de la misma ciudad.

El 13 de mayo de 2014 las autoridades estadounidenses detuvieron a dos de los narcos en Nueva Jersey que estaban siendo ya investigados con 26 kilos de cocaína en su poder y dijeron que se la habían entregado tres marineros españoles.

Poco después, EEUU comunicó a la Guardia Civil los hechos y el 12 de julio a la llegada del buque a Cádiz, los agentes actuaron contra los tres militares al registrar sus taquillas y camarotes.

La sentencia dice que el cocinero civil actuó como colaborador con estos narcotraficantes colombianos, a modo de hombre de confianza, que, a cambio de una comisión, intermedió para qué estas actuaciones ilícitas se llevaran a efecto cuando se diera alguna incidencia que pudiera poner en peligro su correcto desarrollo.

La Sala de lo Militar rechaza así los recursos de dos de los condenados contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero, que les impuso penas de uno a tres años de prisión por un delito militar contra la eficacia del servicio, en relación con un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, con la atenuante de dilaciones indebidas porque ha transcurrido una década de los hechos.

Eso sí, la resolución no dice nada de los casi 130 kilos que se incautaron en el buque a su llegada a España ese mismo año. EFE

San José, 3 oct (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves al Estado de Venezuela por la detención arbitraria e ilegal, así como por violar las garantías judiciales del general de Brigada retirado del ejército de ese país, Ovidio Jesús Poggioli Pérez.

La CorteIDH indicó en la sentencia comunicada a las partes, que Venezuela es responsable internacional por la violación a los derechos a la libertad personal, integridad personal, a la honra, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Poggioli luego de su detención ilegal y arbitraria, así como a las vulneraciones al debido proceso de las cuales fue víctima en el marco de dos procesos ante la jurisdicción penal militar.

"La Corte determinó que la detención del señor Poggioli por la Dirección de Inteligencia Militar fue ilegal al no contar con una orden judicial ni presentarse una situación de flagrancia y que se vulneró su derecho a ser informado de las razones de su detención no informarle el motivo de la detención", expresa la sentencia.

Los hechos del caso se desarrollaron en el contexto de la movilización social en Venezuela entre diciembre de 2001 y abril de 2002, cuando el 19 de abril de 2002 el Ministerio de Defensa ordenó la apertura de un proceso en la jurisdicción militar contra Poggioli por la presunta comisión de delitos de naturaleza penal militar sin especificar los cargos.

La defensa de Poggioli presentó una acción de amparo constitucional solicitando la nulidad del proceso penal, la cual fue admitida por la Sala Constitucional, que suspendió el caso en 2002.

En diciembre de 2003, Poggioli fue detenido sin orden judicial por la Dirección de Inteligencia Militar y sin que se conocieran los motivos de dicha privación a la libertad. Posteriormente, en 2004 se le inició un segundo proceso penal, siendo acusado de instigación a la rebelión militar. Finalmente, fue condenado en 2005 a 2 años, 5 meses y 10 días de prisión, obteniendo su libertad plena en 2006.

"En este caso, el señor Poggioli, quien no era militar activo, fue juzgado por la justicia militar, lo que constituyó una violación a su derecho a ser oído por un tribunal competente (...) La Corte encontró que el Estado vulneró su derecho a ser informado detalladamente de los cargos en su contra en el proceso iniciado en 2002 y determinó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no fundamentó adecuadamente una solicitud en un recurso de amparo, lo que supuso otra vulneración a las garantías judiciales", explica la CorteIDH.

En razón de las violaciones declaradas la Corte Interamericana ordenó a Venezuela adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto los procesos penales militares instruidos en contra Poggioli, así como establecer límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que la jurisdicción militar únicamente se aplique a militares en ejercicio. También le corresponderá pagar las sumas por daño material e inmaterial y gastos y costas. EFE

María Serrano es la primera agente de la Guardia Civil que se atreve a denunciar públicamente un caso de corrupción en el seno del instituto armado, valiéndose de la Ley 2/2023, que desde el pasado año protege a los informantes en la lucha contra la corrupción. Esta suboficial lleva un total de “nueve años de baja médica” y desde hace siete se encuentra inmersa en un procedimiento judicial castrense en el que le piden “un año de prisión militar”.

“Me cambiaron dos veces de destino y me enteraba por los compañeros que lo veían en el Boletín Oficial de la Guardia Civil”. En una conversación con Infobae España, Serrano enumera la veintena de “represalias” que ha sufrido desde que en el año 2015 denunciase a su cadena de mando (tres oficiales de la Comandancia de Sevilla) tras destapar presuntas corruptelas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla, donde prestaba servicio. Denunció, entre otros hechos, que un cabo primero de su unidad presuntamente realizaba recursos para quitar multas en Mercasevilla mientras asesoraba a empresas de gestión de residuos.

En el ejercicio de sus funciones, elaboró un informe y logró que se abrieran diligencias de investigación contra este agente, pero el caso se acabó archivando al estar prescritos los hechos para la justicia. Después, denunció por insubordinación a dicho cabo primero, al que la Guardia Civil abrió un expediente disciplinario que también se cerró sin castigo. Pero Serrano no se rindió.

En su afán por involucrar a sus mandos en la investigación, un día de julio del año 2015 la llamaron al despacho del jefe de la Comandancia, el por entonces coronel Fernando Mora Moret. Allí estaban el teniente jefe de su unidad, el teniente coronel jefe de Operaciones y el propio coronel jefe de la Comandancia. Lo que ocurrió fue “una total humillación” para Serrano. “La gota que colmó el vaso”, subraya. Dada la gravedad de los hechos, denunció a la cadena de mando ante el Juzgado Togado Militar Central. En su denuncia, a la que ha tenido acceso Infobae España, además de las presuntas corruptelas investigadas en su unidad, describió una “actitud vejatoria y humillante” por parte del máximo responsable de la Comandancia, quien la “vociferó, insultó, abochornó y ofendió”, según dijo en su reciente revelación pública.

El tribunal militar solo atendió la denuncia de la brigada en lo que se refería a las descalificaciones del coronel, las cuales calificó como “riña parental”. Al dejar impunes el resto de hechos denunciados, el jefe de la Comandancia, ahora general de división y recién nombrado jefe de la Primera Zona de la Comunidad de Madrid, interpuso en 2017 una denuncia contra Serrano por la vía castrense.

Más de un año de prisión militar

El procedimiento ha derivado en un inminente juicio que estaba fechado para los próximos días 17 y 18 de septiembre, pero recientemente el tribunal lo ha suspendido sine die. Tras un proceso judicial que se ha prolongado durante siete años, la brigada Serrano, apoyada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se enfrenta a peticiones de 10 meses de prisión militar por parte de la Fiscalía y 11 por parte de la acusación particular. “Llevo siete años con la espada de Damocles sobre mí”, denuncia.

A esa acusación se suman las continuas represalias que ha sufrido en forma de 18 expedientes disciplinarios o cambios de destino forzosos. En primer lugar, fue enviada a la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose) de la Guardia Civil en Madrid en 2019. Después, la alejaron aún más de su casa, Sevilla, al destinarla a Zaragoza, donde no ha llegado a prestar servicio. Serrano recurrió este segundo cambio de destino forzoso y un tribunal de lo Contencioso-Administrativo le dio la razón, aunque el fallo todavía no se ha hecho efectivo.

A raíz de lo ocurrido con la cadena de mando en 2015, estuvo de baja médica hasta 2019, cuando recibió el alta en Madrid. Ese mismo año volvió a la baja, hasta el día de hoy. Explica que le abrieron dos expedientes por la supuesta pérdida de aptitudes psicofísicas. El primero se resolvió a su favor con un 10% de limitaciones, mientras que el segundo se encuentra paralizado hasta que se cierre el procedimiento militar que permanece abierto.

Serrano remarca que en su denuncia pública “no hay sed de venganza”, sino un intento de “abrir el camino” a toda persona que quiera luchar contra la corrupción en nuestro país.

Este miércoles, día 4 de septiembre, se hace efectivo el traspaso en la jefatura de Zona de la Comunidad de Madrid de la Guardia Civil o lo que es lo mismo, el máximo mando del instituto armado en la región. Tras la salida del general de división José Antonio Berrocal por razón de edad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designó de forma anticipada el cargo al también general Fernando Mora.

El nombramiento del nuevo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de agosto. Distintas voces internas de la Guardia Civil afirman que “no es habitual” que se designen este tipo de cargos de responsabilidad con tanta anticipación. Algunas fuentes apuntan a un posible intento de “frenar” la posible asunción del cargo de forma interina por parte del coronel Diego Pérez de los Cobos, que mantiene su particular cruzada con Marlaska en el reclamo de su ascenso a general.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

No obstante, el nombre del general de división Fernando Mora, que hasta hora ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, no solo fue noticia en la recta final del periodo vacacional por su nuevo destino. El pasado 28 de agosto, la actual brigada del instituto armado María Serrano realizó una “revelación pública” en amparo de la ley de protección a los denunciantes de corrupción, que entró en vigor el año pasado. Ante un nutrido público y apoyada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aseguró haber sido “brutalmente represaliada” en el seno del instituto armado y, en concreto, por el propio general Mora, que pide para ella una pena de un año de prisión militar.

Según el testimonio de la brigada Serrano, en 2015, cuando ella era sargento, denunció a un cabo primero, uno de sus subordinados, por presuntas corruptelas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla. Elaboró un informe, logró que se abrieran diligencias de investigación, pero el caso se acabó archivando al estar prescritos los hechos. Después, denunció por insubordinación a dicho cabo primero, al que abrieron un expediente disciplinario que también se cerró sin castigo.

Al mando de la Comandancia de Sevilla estaba el que por entonces era coronel Fernando Mora. En su revelación pública, la brigada Serrano aseguró que este mando la “humilló, vociferó, insultó, abochornó y ofendió” en el interior de su despacho, “en un tono de los más agresivo, fuera de sí y a viva voz”. Le dijo que era ella quien “no encajaba en la unidad” y que “estuviera quieta de una puta vez, que no había ganado, que dejara de sacar mierda de la unidad, que hiciera las maletitas”. María Serrano perdió el destino y fue apartada de la especialidad. Mientras tanto, un tribunal militar decretó que las palabras del por entonces jefe de la Comandancia de Sevilla formaron parte de una “riña paternal”.

Juicio militar por “denuncia falsa”

Pero las “represalias” no quedaron ahí. El ahora general de división Fernando Mora la denunció en 2017 por denuncia falsa, por lo que se enfrenta a una petición de un año de prisión militar. El juicio había sido fechado para los días 17 y 18 de este mes de septiembre, pero el tribunal militar lo ha suspendido sine die. Ahora, Serrano se encuentra de baja médica y ha decidido dar un paso adelante.

Desde AUGC, asociación que ha dado soporte a la revelación de Serrano, insisten en su rechazo a la justicia militar como “medio de represión” contra los guardias civiles. En este sentido, cabe recordar que los agentes condenados a penas privativas de libertad deben cumplirlas sea cual sea la cuantía de la misma. Además, no tienen derecho a recurrir a una segunda instancia.