La reciente adopción de la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene lugar tras un contexto de violencia creciente que, según han informado las autoridades palestinas, incluye la muerte de al menos tres palestinos en un ataque realizado por colonos y durante una operación de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. Este repunte se inscribe en una sucesión de hechos violentos que, desde octubre de 2023, han frecuentado los territorios ocupados y que suman decenas de víctimas mortales, conforme han denunciado tanto Naciones Unidas como varias organizaciones no gubernamentales. Tal como documentó el medio, estas cifras reflejan una tendencia que ya se venía observando durante los primeros nueve meses de 2023, cuando se registró un récord de víctimas palestinas en esos territorios si se compara con los últimos veinte años, desde la Segunda Intifada.

Según consignó el medio, el Ministerio de Exteriores palestino manifestó su satisfacción por la resolución adoptada el viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrada en la situación en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, incluidos Jerusalén Este. El texto del proyecto, aprobado con 24 votos a favor, 19 abstenciones y cuatro votos en contra, pone énfasis en la obligación de asegurar la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia para los crímenes registrados en estas áreas. En declaraciones difundidas a través de redes sociales, las autoridades palestinas definieron esta resolución como un “paso importante hacia la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Exteriores palestino, la relevancia de la medida se acentúa ante el aumento de los ataques de colonos israelíes contra la población palestina, acciones que, según han denunciado, reciben protección del Ejército israelí. A juicio de las autoridades, la decisión del Consejo de Derechos Humanos garantiza que no prevalezca la impunidad y abre un camino hacia la consecución de justicia en el marco de la escalada de violencia que afectan estos territorios.

Tal como publicó el medio, el Gobierno palestino agradeció a los países que respaldaron la resolución, entre los que figura España. Según destacaron, el apoyo de estos Estados representa un “compromiso sincero con los principios de la Justicia Internacional, la protección de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”. En contraposición, mostraron su rechazo hacia los países que optaron por votar en contra, atribuyéndoles el alentar la continuidad de las violaciones cometidas contra el pueblo palestino.

El Ministerio de Exteriores de Palestina solicitó a la comunidad internacional que implemente medidas concretas y efectivas para hacer cumplir las disposiciones establecidas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos. Señaló la necesidad de garantizar la rendición de cuentas para los responsables de crímenes contra la población palestina y facilitar recursos efectivos para las víctimas. El Ministerio argumentó que la resolución implica un compromiso internacional de no reconocer la legalidad de la ocupación israelí y de no prestar apoyo alguno que perpetúe dicha situación, en concordancia con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia.

Según difundió el medio, las autoridades palestinas también solicitaron la prohibición del suministro a Israel de armas o equipos susceptibles de ser empleados en la comisión de más crímenes y violaciones. Argumentaron que esta medida forma parte de las obligaciones derivadas del marco internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El contexto en el que se produce la decisión del Consejo de Derechos Humanos incluye una escalada de tensiones tras los ataques liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023. Este episodio marcó el inicio de un aumento considerable en la cifra de víctimas palestinas y de incidentes violentos en la región, según reportó el medio, lo cual ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de organismos internacionales y de la sociedad civil.

La resolución recientemente aprobada por el organismo de Naciones Unidas adquiere particular importancia para el Gobierno palestino en la actual coyuntura, caracterizada por la persistencia de hechos violentos y por reiterados llamados internacionales a la protección de los derechos humanos y al respeto del derecho internacional en los territorios ocupados. Las autoridades palestinas insisten en que el cumplimiento integral de este tipo de resoluciones constituye una condición imprescindible para detener las violaciones, reparar a las víctimas y sentar las bases para la justicia, según informaron distintos medios.

La Unión Europea ha concretado una aportación financiera de 10 millones de euros para respaldar el trabajo preparatorio del Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania, una medida destinada a fortalecer su infraestructura institucional, logística y organizativa, según detalló el medio informativo. Este apoyo, acordado inicialmente con Kiev, representa un paso anterior a la integración formal del bloque comunitario como miembro fundador de la nueva corte, iniciativa impulsada oficialmente este miércoles por la Comisión Europea y que requiere la aprobación final de los veintisiete Estados miembros de la UE.

De acuerdo con el informe publicado por la fuente, la creación de este tribunal responde a una larga exigencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteada desde el inicio del conflicto con Rusia. El objetivo principal consiste en perseguir y procesar a individuos con responsabilidad directa en la invasión rusa sobre territorio ucraniano, actuando de manera complementaria al Tribunal Penal Internacional (TPI). A diferencia del TPI, el Tribunal Especial podrá juzgar a los acusados incluso en ausencia, siempre que estos hayan renunciado a ejercer su derecho de participación en el proceso.

Tal como reportó el medio, una vez que el Consejo de la UE dé luz verde a la propuesta formal, Bruselas informará al Consejo de Europa sobre la intención de la Unión de convertirse en miembro fundador del Tribunal. Esto permitirá que la UE participe activamente en el Comité de Gestión del organismo, contribuyendo a la dirección estratégica y las operaciones de la corte.

El tribunal contará con una estructura compuesta por quince jueces y una fiscalía dedicada. Su competencia abarcará a altos cargos tanto civiles como militares que se consideren responsables de la planificación, preparación, inicio o ejecución del acto de agresión contra Ucrania. La posibilidad de procesar 'in absentia' se menciona como una herramienta jurídica novedosa en el contexto de tribunales internacionales.

Esa propuesta ha recibido respaldo en el ámbito político europeo. La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó en un comunicado recogido por la fuente que la búsqueda de justicia contribuye a disuadir a futuros agresores y que la relevancia del tribunal es mayor en un momento en que el derecho internacional afronta presiones históricas. Según su perspectiva, la respuesta ante este contexto debe consistir en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

La fuente señala que Michael McGrath, comisario de Justicia y Estado de derecho, también se refirió a la importancia del mecanismo judicial. Señaló: “No puede haber una paz justa sin que haya rendición de cuentas”, y destacó que la conformación de este tribunal representa un “paso decisivo” para garantizar que los responsables de la agresión respondan ante la justicia.

El medio añadió que el proceso para establecer el Tribunal Especial implica la coordinación internacional. Según puntualizó, la redacción de los textos jurídicos fundacionales contó con la participación directa de la Unión Europea y recibió respaldo político de una coalición internacional de Estados y organizaciones internacionales, cuyo apoyo formal se firmó el 9 de mayo de 2025.

Actualmente, la formalización de la condición de miembro fundador de la UE depende del consentimiento de los gobiernos de los veintisiete países que conforman el bloque. Una vez completado ese proceso, la Unión podrá intervenir tanto en las fases iniciales como en la administración cotidiana del Tribunal, fortaleciendo su posición como actor relevante en la defensa del derecho internacional y en el esfuerzo global por la rendición de cuentas en contextos de agresión armada.

Según publicó la fuente, el Tribunal Especial busca ofrecer una respuesta complementaria a las funciones del TPI, actor tradicional en el procesamiento de crímenes internacionales, con competencias específicas para abordar la agresión estatal y la imputación directa de líderes políticos y militares que participen en dichas acciones. El establecimiento del tribunal surge a raíz del acuerdo celebrado entre Bruselas y Kiev en 2024, avanzando el proceso en 2026 con el apoyo financiero mencionado y la constitución del equipo de trabajo responsable de su implementación.

Este desarrollo forma parte de un esfuerzo internacional más amplio para asegurar que las acciones emprendidas durante el conflicto en Ucrania sean juzgadas en conformidad con el marco legal internacional. Organismos y actores estatales han reiterado la necesidad de un sistema efectivo para atribuir responsabilidades, tanto individuales como colectivas, en conflictos armados, consolidando la legitimidad del derecho internacional humanitario frente a los desafíos actuales.

El fiscal Mame Mandiaye Niang subrayó que los 78 asesinatos atribuidos formalmente a Rodrigo Duterte representan apenas una pequeña parte del número total de muertes que ocurrieron durante la llamada guerra contra las drogas en Filipinas. Según cálculos señalados por el propio Tribunal Penal Internacional (TPI), la cifra de civiles muertos en ese periodo podría ubicarse entre 12.000 y 30.000, una magnitud que supera ampliamente las estimaciones oficiales del gobierno filipino, que reconoce cerca de 6.000 fallecidos. De acuerdo con informaciones difundidas por la cadena de televisión ABS-CBN y recogidas por el medio, el fiscal Niang recalcó la importancia de la jornada para la justicia internacional y el pueblo filipino, situando en primer plano la investigación sobre crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por Duterte en el curso de la política antidrogas aplicada entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.

Tal como publicó la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional este lunes, existen "indicios suficientes" para considerar la posible implicación directa e indirecta del expresidente Rodrigo Duterte en la ejecución de crímenes contra la humanidad. Durante su gestión como alcalde de Dávao y posteriormente como presidente de Filipinas, Duterte habría participado, según sostuvo el fiscal Niang, de manera indirecta en ejecuciones consideradas generalizadas y sistemáticas. De acuerdo con la fiscalía, los asesinatos investigados incluyen víctimas menores de edad y forman parte de una parcela mucho mayor de crímenes perpetrados bajo la política de mano dura contra el narcotráfico.

El medio ABS-CBN informó que la intervención de Niang se produjo tras el inicio de las audiencias previas al juicio contra Duterte, que se desarrollarán a lo largo de la semana. Durante estas vistas se presentarán y leerán formalmente todos los cargos que enfrenta el exmandatario. Pese a la oposición mostrada por los fiscales y representantes de las víctimas, el tribunal aceptó la solicitud de la defensa y autorizó que Duterte tenga la posibilidad de ausentarse de las audiencias, reservando así el derecho de decidir si comparece físicamente ante la corte.

La investigación del TPI se asienta sobre una denuncia formal presentada en 2018, firmada tanto por organizaciones no gubernamentales como por familiares de personas asesinadas durante la guerra contra las drogas impulsada por Duterte. Estas denuncias señalaron prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales y reclamaron la intervención de la justicia internacional ante la inacción de las instituciones locales para garantizar la rendición de cuentas.

El Tribunal Penal Internacional remarcó que “quienes ostentan el poder no están por encima de la ley”, dirigiendo este principio tanto a Duterte como a sus colaboradores, y subrayó que la actuación de la fiscalía responde a una demanda de justicia emitida por sectores amplios de la sociedad filipina, víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Filipinas se retiró unilateralmente del TPI en 2019, siendo Duterte presidente, en respuesta a las investigaciones y cuestionamientos provenientes de La Haya relativos a la política antidrogas. Según consignó ABS-CBN, esta decisión no ha frenado el avance de las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la gestión de Duterte, ya que las denuncias y casos presentados antes de la retirada del país siguen en estudio por parte del tribunal internacional.

Entre los cargos que enfrenta, figure el asesinato de niños y adultos, episodios que, según la fiscalía del TPI, ocurrieron como consecuencia de una política estatal o de órdenes de autoridades superiores apuntadas a eliminar sospechosos de tráfico de drogas sin debido proceso judicial. Los informes de la fiscalía agregan que, más allá de los casos en los que existen registros formales, una estimación realizada por el TPI extiende hasta 30.000 la posible cantidad de víctimas fatales durante el periodo relevante, evidenciando un patrón sistemático más allá de los casos inicialmente imputados.

El proceso judicial en el TPI continuará con la presentación formal de cargos y la exposición de pruebas documentales y testimoniales que permitan establecer el grado de responsabilidad de Duterte en los hechos investigados. Mientras tanto, según reportó ABS-CBN, los familiares de las víctimas y las organizaciones promotoras de la denuncia insisten en la necesidad de una justicia efectiva y de un mecanismo internacional capaz de sustituir las carencias señaladas en el ámbito judicial filipino.

La audiencia previa a juicio contra Rodrigo Duterte ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contempla restricciones adaptadas a su estado de salud, como sesiones con pausas cada hora y limitaciones en la extensión del proceso, según detalló el propio tribunal en un comunicado. El TPI explicó que la Secretaría velará por la aplicación de los ajustes recomendados tras el examen médico del exmandatario, permitiendo que las diligencias no superen las tres horas diarias y solo se realicen cuatro veces a la semana, con un día de descanso entre audiencias. Este esquema busca facilitar la participación del expresidente filipino en la etapa procesal, aunque Duterte no asistirá personalmente a las audiencias argumentando sentirse “viejo, cansado y frágil”, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

Según publicó el TPI, el proceso iniciado este 23 de febrero en La Haya se extiende también por los días 24, 26 y 27 del mismo mes, con el objetivo de determinar la existencia de pruebas suficientes para establecer motivos fundados en relación con los presuntos delitos imputados a Duterte. La Fiscalía, la defensa y los representantes legales de las víctimas cuentan con turnos asignados para exponer ante los jueces sus argumentos. En la apertura de las audiencias, el tribunal resaltó que la finalidad principal del proceso radica en confirmar, o no, la existencia de elementos que justifiquen el inicio de un juicio formal contra el exmandatario filipino.

El expresidente Duterte enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad, en concreto, asesinato e intento de asesinato presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en Filipinas, en el contexto de la denominada "guerra contra las drogas". Según consignó el TPI, los hechos investigados abarcan tanto el periodo presidencial de Duterte como su gestión anterior como alcalde de Davao, en el sur de Filipinas. Dentro de las acusaciones, el tribunal ha recordado públicamente declaraciones del propio Duterte en las que afirmó estar dispuesto a matar “a 100.000 criminales” y a arrojar sus cuerpos a la bahía de Manila.

De acuerdo con el TPI, si la Sala encargada determina que existe una base sustancial para alguna de las imputaciones, el proceso pasará a una Sala de Primera Instancia donde se realizaría el juicio correspondiente. Por el momento, las audiencias actuales buscan que las partes presenten sus pruebas orales y argumenten la solidez de los cargos.

Las posiciones de los actores involucrados han originado reacciones en el ámbito internacional. Tal como reportó el medio, Amnistía Internacional destacó la audiencia como “un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sobrevivientes de la mortífera llamada ‘guerra contra las drogas’ de su administración”. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, afirmó: “La Sala de Cuestiones Preliminares del TPI debe ahora tomar rápidamente una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que se pueda hacer justicia”. Callamard instó también a la administración filipina a cooperar plenamente con la investigación del tribunal, solicitando que las autoridades ejecuten cualquier nueva orden de arresto emitida por el TPI.

El debate sobre la responsabilidad penal de Duterte ocurre en un contexto de divisiones en el país. Según reportó el TPI, la entrega del exmandatario a la corte internacional se realizó en marzo de 2025 por autoridades filipinas bajo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr., a raíz de la orden de arresto emitida por la corte. Marcos Jr. proviene de una familia previamente aliada del propio Duterte. La aprehensión ha generado discusiones dentro de Filipinas, donde el expresidente aún mantiene el respaldo de sectores significativos de la población. Paralelamente, la hija de Duterte, Sara Duterte, que ocupa la alcaldía de Davao tras suceder a su padre, ha declarado recientemente su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.

El proceso en el TPI ha suscitado observaciones sobre el alcance de la jurisdicción internacional frente a crímenes imputados a mandatarios, así como acerca de la capacidad de la comunidad internacional para hacer cumplir las órdenes emanadas de la corte. El TPI reiteró en su documento que los procedimientos actuales deben ser interpretados únicamente como la etapa de confirmación de cargos y no como un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Además, la organización judicial deslizó consideraciones sobre la presión y críticas que el TPI ha recibido históricamente por parte de determinados líderes globales, incluyendo incidentes bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, quienes han objetado la intervención de la corte en asuntos de jurisdicción nacional. La secretaria general de Amnistía Internacional, citada por el TPI, señaló que “este proceso judicial también recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, sin importar la ferocidad de los ataques, las sanciones y las amenazas dirigidas al TPI por parte de algunos líderes mundiales”.

Durante las sesiones en La Haya, tanto la Fiscalía del TPI como la defensa de Duterte y los representantes legales de víctimas exponen y justifican sus posiciones ante los jueces. El tribunal enfatizó que las audiencias previa a juicio formal incluyen todas las garantías procesales necesarias para la participación de las partes, y que la decisión tomada marcará el rumbo del proceso penal internacional en torno a los hechos atribuidos a la anterior administración filipina.

El caso permanece bajo la observación de organizaciones de defensa de derechos humanos y organismos internacionales, mientras se aguarda la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares respecto a la suficiencia o insuficiencia de las pruebas para abrir un juicio formal contra Duterte por crímenes de lesa humanidad.

La cuestión de la financiación internacional para la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia, marcada por la ausencia de consenso en el Consejo de Seguridad sobre las contribuciones prorrateadas, marcó uno de los puntos críticos planteados durante la apertura de la 39ª Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía. Según detalló el medio Europa Press, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a la comunidad internacional a reforzar sustancialmente el apoyo a África, tanto en materia de seguridad como en los ámbitos económico y medioambiental, subrayando la gravedad de los desafíos que enfrenta el continente en regiones como Sudán, República Democrática del Congo, el Sahel y el Cuerno de África.

Guterres inició su intervención con un llamado a la justicia para el continente africano en las luchas contra las crisis que afectan simultáneamente a la seguridad, la economía y el medio ambiente. El secretario general reconoció los esfuerzos de las instituciones y líderes africanos para buscar soluciones pacíficas, aunque insistió en que no pueden operar únicamente con buena voluntad política. "Muchas partes del continente, como Sudán, República Democrática del Congo, el Sahel y el Cuerno de África, se enfrentan a crisis profundas y complejas. Las instituciones y los líderes africanos se están esforzando por silenciar las armas. Pero ninguno puede operar solo con buena voluntad política", declaró Guterres, según publicó Europa Press.

Según el reporte del citado medio, el secretario general de la ONU resaltó como avance la reciente aprobación de la Resolución 2719 del Consejo de Seguridad, a la que definió como un mecanismo claro para respaldar operaciones de paz lideradas por la Unión Africana y autorizadas por el propio Consejo. No obstante, advirtió que dicho sistema sigue incompleto, dadas las diferencias que persisten entre los miembros del Consejo sobre el modo de financiar estas misiones. En ese sentido, lamentó la falta de acuerdo para la financiación basada en contribuciones prorrateadas, lo que ha dificultado dotar de recursos adecuados a iniciativas como la de Somalia.

Sobre el plano económico, Guterres remarcó la persistencia de un sistema global que, a su juicio, resulta desfavorable para el continente africano, el cual enfrenta obstáculos significativos para el acceso al crédito y financiación internacional. "Es simplemente inconcebible que, tras haber soportado las profundas cicatrices y las consecuencias duraderas del colonialismo, África aún deba lidiar con un sistema económico y financiero que sigue siendo totalmente injusto", afirmó el secretario general, tal como consignó Europa Press. En esta línea, reclamó triplicar la capacidad crediticia de los bancos multilaterales de desarrollo para que los países africanos puedan obtener los recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo.

El impacto del cambio climático sobre África ocupó otro eje central en el discurso de Guterres. El secretario general señaló que, a pesar de que los pueblos africanos no fueron responsables del origen de la crisis climática, actualmente soportan sus peores efectos, evidenciados en sequías, inundaciones, falta de alimentos y olas de calor extremas. Guterres exhortó a los países industrializados a triplicar, a corto plazo, la financiación destinada a la adaptación climática en África, además de movilizar 1,3 billones de dólares al año para el año 2035 e incrementar sus aportaciones al Fondo de Pérdidas y Daños. Asimismo, declaró que "el saqueo y la explotación de los recursos de África deben cesar", postura que Europa Press recogió entre sus principales reclamos ante la comunidad internacional.

En la dimensión interna de Naciones Unidas, Guterres expuso que su mandato como secretario general concluirá próximamente, aunque enfatizó que el continente africano continuará siendo un eje prioritario de sus futuras tareas, cualquiera sea su lugar en el futuro. “Dondequiera que esté y haga lo que haga, puedo garantizar que en el centro de mis preocupaciones y de mi solidaridad activa, África siempre estará. Como decimos en mi idioma: África sempre”, enfatizó según recogió Europa Press.

El contexto de la cumbre, desarrollada en Adís Abeba, tuvo como telón de fondo los recurrentes conflictos armados en varias naciones africanas, los desafíos derivados de la falta de recursos para sostener operaciones de paz y los esfuerzos por transformar la capacidad financiera del continente, limitado por deudas históricas y por la actual arquitectura del mercado internacional, según abordó Europa Press en su cobertura del evento.

Los esfuerzos multilaterales para impulsar la paz y el desarrollo en África, según el medio, encuentran obstáculos tanto en el plano de las decisiones políticas globales como en la realidad de un sistema económico que continúa generando barreras para el acceso a créditos y a fondos para inversiones estratégicas. De acuerdo con lo expuesto por Guterres y recogido por Europa Press, el abordaje de estos problemas exige una transformación profunda en el tratamiento internacional de las necesidades africanas, con especial énfasis en los recursos financieros y en los compromisos asumidos sobre acción climática.

El mensaje final de António Guterres en la apertura de la cumbre buscó reforzar el llamado a la comunidad internacional acerca de la urgencia de pasar del discurso a compromisos tangibles, tanto en el apoyo financiero a la seguridad africana como en la reforma de los mecanismos crediticios globales y la lucha contra los efectos de la crisis climática. Europa Press subrayó la reiterada insistencia del secretario general en movilizar fondos inéditos para asegurar que el continente africano reciba el respaldo necesario en la actual coyuntura global.

El proceso de extradición de Zulma Guzmán, principal sospechosa del envenenamiento de dos menores en Colombia por consumo de frambuesas con chocolate contaminadas con talio, permanece paralizado en el Reino Unido.

Los familiares de las víctimas expresan inconformidad ante la falta de avances y acusan demoras injustificadas,.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, afirmó que recursos judiciales internos en la administración británica están prolongando la extradición. “La información que tengo hoy es que recursos internos en la administración de justicia británica están demorando el tema de la extradición”, precisó Cuervo durante su primera rueda de prensa, conforme recogió Semana.

El funcionario explicó que la defensa de Guzmán ha presentado argumentos relacionados con el estado de salud mental de la acusada para evitar su traslado a Colombia.

“La defensa de esta persona estaría alegando condiciones de salud mental para evitar, en un momento determinado, responder ante la justicia”, señaló Cuervo, citado por el medio mencionado.

En cuanto a la situación de la acusada, permanece detenida en el Reino Unido desde el 17 de diciembre, tras ser arrestada en circunstancias en que presuntamente intentó arrojarse al río Támesis.

Las autoridades colombianas, incluidos el ministro de Justicia y la canciller Rosa Villavicencio, han sostenido reuniones para seguir de cerca las actualizaciones del caso. El Gobierno ha manifestado su compromiso de respetar los procedimientos judiciales internacionales y actuar conforme a los protocolos exigidos por el sistema británico.

Por su parte, los apoderados de los familiares de las menores fallecidas insisten en que la lentitud de los trámites y las omisiones en el proceso han permitido que la principal sospechosa evadiera la acción de la justicia durante un tiempo. Estas reclamaciones resaltan la sensación de frustración ante los obstáculos burocráticos y la falta de resultados.

Las investigaciones sostienen que Guzmán mantuvo una relación sentimental con el padre de una de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis de su responsabilidad intelectual en el envío del paquete.

La acusada planificó el envío de un regalo a la familia, que contenía las frambuesas con chocolate. Inicialmente, la persona que recibió al repartidor se negó a aceptar el paquete, ya que no esperaba ninguna entrega. No obstante, una supuesta amiga de Guzmán insistió con el repartidor, incluso ofreciendo una mejora en la propina.

Tras esta insistencia, finalmente se aceptó el paquete. Horas después de consumirlo, ambas menores fallecieron por intoxicación con talio.

La polémica abarca también la salida de Guzmán de Colombia y el proceder previo de las autoridades, pues no hubo impedimentos para que la empresaria abandonara el país a pesar de las sospechas existentes en su contra.

El modo en que se recibió el paquete, primero rechazado y luego aceptado tras presiones, también es objeto de revisión en el ámbito judicial.

El Gobierno colombiano reitera que, una vez finalicen los trámites dentro del sistema judicial británico, Zulma Guzmán será trasladada a Colombia para responder ante la justicia.

La empresaria Zulma Guzmán es detenida en Reino Unido por caso de envenenamiento en Bogotá

Zulma Guzmán, empresaria colombiana acusada de orquestar el envenenamiento de dos menores en Bogotá, fue detenida en Reino Unido tras lanzarse al río Támesis con el propósito de evadir a la policía, según información de Interpol y de la periodista María Elvira Arango.

Contrario a lo que se informó inicialmente, Guzmán no intentó suicidarse, sino que buscó huir mientras planeaba viajar a Brasil.

El proceso de extradición hacia Colombia, actualmente en curso, podría extenderse durante varios meses debido a maniobras legales de la defensa y evaluaciones conforme a la legislación británica de salud mental. La empresaria permanece bajo estricta custodia en el centro penitenciario HMP Bronzefield, a las afueras de Ashford, Surrey, que es el mayor de Europa.

Las investigaciones judiciales en Colombia han recabado pruebas técnicas y documentales que refuerzan la acusación en su contra. Entre los materiales incautados figuran cartas manuscritas obtenidas en una oficina vinculada al denominado ‘mentalista’, quien la asesoraba sobre asuntos personales y familiares, así como métodos de afrontamiento.

En una de estas labores, se halló una carpeta personal y correspondencia considerada relevante para determinar posibles elementos de premeditación en los hechos imputados.

La policía británica identificó a Guzmán cuando portaba equipaje y un paquete procedente de Colombia. Tras notificarle la existencia de un requerimiento judicial, la empresaria intentó fugarse arrojándose al río Támesis y rechazó la asistencia de los rescatistas. “Estaba decidida a no ser auxiliada”, explicó el comandante James Anthony a medios británicos. Posteriormente, Guzmán fue hospitalizada y, al recibir el alta, retornó a su residencia.

Durante ese periodo breve, compró boletos a Brasil, pero fue arrestada gracias a una alerta emitida por Interpol antes de abordar el vuelo.

Los análisis de Medicina Legal en Colombia determinaron que las menores afectadas habían ingerido al menos 20 miligramos de talio, una dosis letal detectada en frambuesas cubiertas de chocolate amargo y blanco, así como en café y galletas. El informe oficial detalla: “En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 UG/ML”.

El expediente médico del expresidente filipino Rodrigo Duterte ha sido objeto de revisiones independientes y periódicas, y los informes sobre su estado de salud ya se encuentran disponibles para que su equipo de defensa los utilice como requiera en el proceso, según lo subrayó el Tribunal Penal Internacional (TPI). Esta determinación forma parte de la resolución por la cual el TPI decidió rechazar la solicitud de la defensa de Duterte para que se realizara un nuevo informe pericial sobre su condición médica, medida vinculada a la causa que lo enfrenta con la justicia internacional en La Haya.

Según detalló el medio Europa Press, la Cámara Primera de lo Preliminar del TPI consideró infundados los argumentos presentados por la defensa, que pretendía contar con evaluaciones adicionales para sustentar sus observaciones en la revisión periódica de la situación de detención de Duterte. El tribunal remarcó que existe un panel designado específicamente para la supervisión independiente de su estado de salud, y que ese cuerpo ya ha presentado los informes correspondientes, tal como exige el mandato que le fue conferido. Estos documentos, aclaró el TPI, "están a disposición de la Defensa y a los que, si así lo desea, puede remitirse en sus observaciones relativas a la revisión de la detención del señor Duterte".

El próximo control médico periódico sobre la salud de Duterte está agendado para este viernes 9 de enero, en cumplimiento con las rutinas previste por el tribunal. De acuerdo con Europa Press, la Cámara Primera estableció que no existen razones legales ni procesales para ordenar una evaluación independiente adicional que supere las tareas ya otorgadas al panel médico responsable. El TPI sentenció en su resolución que “no ve razón alguna para ordenar un informe adicional que exceda su mandato”.

En paralelo, la corte también dio respuesta a la solicitud de la defensa para la celebración de una audiencia específicamente sobre la revisión periódica de la detención del exmandatario. El tribunal decidió posponer cualquier pronunciamiento al respecto, argumentando que "determinará el calendario de la audiencia en su debido momento", por lo que en esta resolución no aborda la petición concreta del equipo de Duterte sobre este aspecto.

Rodrigo Duterte, de 80 años, permanece en detención en La Haya desde marzo, enfrentando un proceso judicial en el que pesan sobre él tres cargos formales de crímenes contra la humanidad, según consigna Europa Press. Entre los delitos imputados figura la acusación de ser “coautor indirecto” de 19 asesinatos registrados entre 2013 y 2016, periodo en el que se desempeñó como regidor de la localidad filipina de Dávao. Los otros dos cargos se refieren a su tiempo como presidente de Filipinas.

La justicia internacional ya ha desestimado varias apelaciones presentadas por Duterte, quien buscó obtener la libertad provisional fundamentando presuntos errores en la decisión original de una cámara inferior del tribunal que decidió mantenerlo bajo custodia durante el juicio. Europa Press reportó que estas apelaciones han sido sistemáticamente rechazadas por el TPI, afirmando que las decisiones previas se han ajustado tanto a la normativa interna del tribunal como a los estándares internacionales aplicables a este tipo de procesos.

El caso contra Duterte se inscribe dentro del marco de la persecución judicial internacional a figuras políticas acusadas de delitos graves durante su gestión pública. El proceso judicial continúa bajo la jurisdicción del TPI, que sostiene la validez de sus procedimientos médicos y judiciales en relación con la situación personal y procesal del exmandatario filipino, de acuerdo a la información referida por Europa Press.

La acción legislativa internacional se enfrenta a nuevos desafíos tras la imposición de sanciones estadounidenses a dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI), una decisión que el Gobierno español interpreta como un intento de socavar la independencia y la integridad de la corte. Tal como reportó la fuente original, el Ejecutivo español ha señalado que estas medidas representan un ataque significativo a la autonomía del tribunal encargado de enjuiciar crímenes graves de alcance global. Con este pronunciamiento, el Estado español deja clara su preocupación por las consecuencias que este tipo de acciones podrían tener sobre la eficacia y la legitimidad del sistema de justicia internacional.

Según informó el medio original, el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores expresa la solidaridad y el respaldo explícito de España no solo a los dos jueces afectados, sino también a todos los fiscales y trabajadores del TPI. En ese contexto, el Gobierno ha destacado que continuará cumpliendo de manera estricta sus obligaciones legales derivadas del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, reafirmando su intención de respetar y proteger la jurisdicción plena del tribunal internacional.

El Ministerio de Exteriores subraya el valor esencial del TPI en la investigación y sanción de los delitos más graves contra la humanidad, así como en la reparación de los derechos de las víctimas. De acuerdo con la información publicada, el rechazo de España surge en respuesta directa a la decisión de Washington de sancionar a dos magistrados por supuestas actuaciones en investigaciones, arrestos y procesamientos vinculados a ciudadanos israelíes. Estas investigaciones tienen lugar en el marco de los procesos abiertos por el tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, tema que ha generado tensiones con autoridades estadounidenses que argumentan la ausencia de autorización de Israel para tales acciones judiciales.

Tal como consigna la fuente original, las autoridades españolas consideran que este tipo de sanciones representan un antecedente serio, puesto que podrían afectar considerablemente el funcionamiento, la independencia y la capacidad del TPI para ejercer su mandato de manera imparcial. Desde el punto de vista del Gobierno español, las sanciones de Estados Unidos no solo ponen en cuestión la autonomía de la justicia internacional, sino que también limitan la libertad que necesitan los tribunales internacionales para desarrollar procedimientos rigurosos en el combate a crímenes de magnitud internacional.

En la declaración oficial, el Ministerio ha enfatizado que el TPI ocupa un lugar central en el aparato de justicia mundial, siendo muchas veces el único recurso para asegurar la responsabilidad penal por homicidios, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en escenarios donde la justicia nacional no tiene la posibilidad o la voluntad de actuar. El Ejecutivo español también ha llamado la atención sobre la importancia del reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, uno de los ejes fundamentales del trabajo del tribunal, según publicó la fuente original.

El comunicado remarca una postura de rechazo a cualquier intento externo de restringir la actuación del TPI mediante la imposición de medidas punitivas. El Gobierno advierte sobre la amenaza que estas acciones suponen para la estructura legal internacional, la cual es fruto de décadas de consensos y negociaciones multilaterales. En ese sentido, la autoridad española ha reiterado su apoyo categórico y la máxima solidaridad con los integrantes del tribunal afectados por las sanciones, expresando su determinación para mantener el cumplimiento de los compromisos legales emanados del Estatuto de Roma y de los principios básicos del Derecho Internacional.

El desacuerdo entre Washington y el tribunal internacional, agregó el medio original, obedece en buena parte a divergencias sobre la jurisdicción y la autoridad del TPI en el enjuiciamiento de presuntos delitos cometidos por nacionales de Estados que no reconocen su competencia. El nuevo episodio de sanciones contra los jueces, vinculados al proceso judicial sobre Gaza, profundiza las diferencias entre Estados Unidos, Israel y la corte internacional. El Gobierno español, en este contexto, insiste en la importancia de proteger la autonomía de los tribunales supranacionales y en promover un marco de justicia internacional que garantice la rendición de cuentas por violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, tal como precisaron desde el Ministerio de Exteriores.

La imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a nueve altos miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI), entre ellos seis jueces, junto a la existencia de órdenes de arresto emitidas por las autoridades rusas contra un tercio de los magistrados y la totalidad del órgano de la Presidencia, ha alterado de manera significativa la rutina y la seguridad personal de los funcionarios, según reportó Europa Press. Bajo este escenario, la presidenta del TPI, Tomoko Akane, denunció que tanto Washington como Moscú buscan con estas acciones socavar la independencia y la reputación del tribunal con sede en La Haya.

De acuerdo con Europa Press, Akane declaró que estas "medidas coercitivas" y "amenazas" de ambos países se han intensificado en los últimos meses, recordando que ni Estados Unidos ni Rusia reconocen la jurisdicción del TPI. Akane enfatizó que las sanciones estadounidenses afectan la vida familiar y la capacidad financiera tanto de funcionarios jurídicos como de sus allegados, incluso en territorios europeos, dado que la imposibilidad de realizar transacciones alcanza a los Estados parte. En cuanto a las acciones rusas, la magistrada detalló que los jueces afectados han sido acusados y procesados “in absentia”, lo que, a su juicio, impacta de forma directa en su seguridad y limitada movilidad.

Europa Press consignó que Akane defendió la autonomía del tribunal de manera tajante al señalar: "Nunca aceptaremos ningún tipo de presión sobre la interpretación del marco estatutario ni sobre la resolución de casos." Sostuvo que el Estatuto de Roma otorga procedimientos legales que los Estados deberían emplear si detectan divergencias, en vez de recurrir a acciones que lesionen la imparcialidad del tribunal.

Durante la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma en La Haya, Akane comunicó que han implementado diferentes estrategias para mitigar el impacto de las sanciones y reforzar la resiliencia institucional, aunque la mayoría de estas medidas permanecen en reserva por motivos de efectividad y seguridad. Sobre este punto, agradeció la cooperación de los Estados que han respaldado al tribunal en la búsqueda de alternativas y soluciones, así como el apoyo de organizaciones internacionales y socios de la sociedad civil a favor de la ratificación universal del Estatuto.

Europa Press informó que la organización Human Rights Watch (HRW) hizo un llamado a los Estados parte del TPI para defender la integridad y las competencias del tribunal, insistiendo en que se cumplan las órdenes de detención internacionales y se coopere en la entrega de individuos buscados. HRW apuntó de forma directa a gobiernos como los de Estados Unidos y Rusia, a quienes señaló por entorpecer la labor de la justicia internacional.

Las tensiones entre el TPI y Washington se agravaron luego de la emisión de la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra en las operaciones desarrolladas en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 70.000 personas en los últimos dos años, según cifras reportadas por Europa Press. En el caso de Rusia, la acusación de crímenes en el marco de la guerra en Ucrania pesa sobre el presidente Vladimir Putin, situación que agudizó la hostilidad del Kremlin hacia el tribunal.

En relación a su funcionamiento interno, Akane abordó la política de cero tolerancia del TPI ante el acoso, la discriminación y el abuso de autoridad dentro de la corte, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Subrayó que tanto la Presidencia como el pleno de jueces se toman estas cuestiones con la máxima seriedad, asegurando que cuando han tenido competencia han exigido responsabilidades, incluyendo a funcionarios electos recientemente. Destacó la rapidez, la imparcialidad y el respeto al debido proceso en la protección del personal implicado.

Adicionalmente, Akane adelantó que continúan los trabajos para perfeccionar los sistemas y procesos internos de la institución y la actualización de la carta de ética, además de haber publicado recientemente los valores fundamentales que rigen la labor diaria del tribunal.

Finalmente, según informó Europa Press, Akane ratificó la continuidad de los esfuerzos para ampliar la membresía de la corte, así como la labor conjunta con actores de la sociedad civil para fomentar la adhesión universal al Estatuto de Roma y fortalecer la protección del personal del TPI frente a amenazas externas. Europa Press detalló que, a pesar de los desafíos, la presidenta sostuvo que los pilares de independencia e imparcialidad del TPI no se han visto debilitados y que su lealtad se mantiene exclusivamente vinculada a los principios del Estatuto y del Derecho Internacional.

La propuesta de un “ejército de la salvación del mundo” presentada por el presidente colombiano Gustavo Petro el 24 de septiembre a las 8:37 a.m. en la red social X ha generado debate.

En su mensaje, Petro planteó la necesidad de una fuerza global capaz de proteger a la población palestina, garantizar la justicia internacional y enfrentar la crisis climática, en respuesta directa a la intervención del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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En su declaración, el mandatario colombiano describió este “ejército de la salvación del mundo” como un instrumento para hacer cumplir las órdenes de la justicia internacional y prevenir genocidios y crímenes contra la humanidad.

Petro subrayó que esta fuerza no tendría injerencia en la autodeterminación de los pueblos, sino que su función principal sería salvaguardar los derechos humanos y evitar que se repitan tragedias como las que afectan actualmente a la población palestina.

“El ejército de la Salvación del mundo debe proteger de inmediato a la población Palestina del genocidio y asegurar que se habrá de nuevo la diplomacia para la paz entre el pueblo israelí y el pueblo Palestino”, afirmó el presidente en su publicación.

El contexto de este pronunciamiento se remonta a la reciente intervención de Prabowo Subianto en la ONU, donde el presidente indonesio ofreció el despliegue de veinte mil o más efectivos para contribuir a la paz en Gaza u otros escenarios de conflicto.

La propuesta de Subianto, orientada a la protección de civiles y la estabilización de la región, motivó la respuesta de Petro, quien amplió el debate hacia la necesidad de una acción multilateral más ambiciosa y coordinada.

Según el mandatario colombiano, los objetivos de este “ejército de la salvación del mundo” van más allá de la intervención militar tradicional.

Petro enfatizó que su propósito sería impedir la adopción de medidas unilaterales violentas en el ámbito internacional y promover la reactivación de la diplomacia para la paz entre israelíes y palestinos.

Además, defendió que el multilateralismo debe construirse sobre la base de una democracia global, donde las decisiones colectivas prevalezcan sobre los intereses particulares de las grandes potencias.

“El ejército dela salvación del mundo está para que no se tomen medidas unilaterales violentas en el concierto mundial. El multilateralismo debe construirse en la base de una democracia global”, expresó Petro en su mensaje.

El presidente también vinculó la creación de esta fuerza internacional con la urgencia de enfrentar la crisis climática. A su juicio, la existencia de un “ejército de la salvación del mundo” se vuelve indispensable si la comunidad internacional permite que la crisis climática avance hacia el colapso.

De este modo, Petro situó la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático como responsabilidades compartidas que requieren mecanismos globales de cumplimiento y protección.

En su mensaje, el mandatario colombiano lanzó una crítica directa al “ejército más poderoso del mundo” y a su gobierno, a quienes acusó de negar la ciencia y la gravedad de la crisis climática. Ante esta inacción, Petro sostuvo que la humanidad debe asumir las funciones que estos actores han dejado de cumplir, subrayando la necesidad de una respuesta colectiva y decidida frente a los desafíos globales.

Petro acusa a Trump de complicidad en genocidio durante Asamblea de la ONU

La intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas generó una reacción inmediata de la delegación de Estados Unidos, que abandonó el recinto en Nueva York durante el discurso, según registró la transmisión oficial.

Mientras avanzaba su intervención, Petro denunció que la migración es utilizada como pretexto “para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire, de acuerdo con su concepto, que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción”.

El mandatario también afirmó que “los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren Aragua, ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos”, y sugirió la apertura de un proceso penal contra funcionarios estadounidenses, “así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump”.

El presidente colombiano criticó la política exterior de Donald Trump hacia Colombia, Venezuela y el Caribe, asegurando que “es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”.

Además, Petro sostuvo que fue descertificado por Estados Unidos en la lucha contra las drogas “sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino, y sin razón mental”, y remarcó: “En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo, lo hizo este gobierno y me descertifican”.

En un comunicado titulado "Crímenes sin fronteras: exigimos justicia y protección internacional frente a la represión del régimen Ortega-Murillo", ese grupo de nicaragüenses, entre ellos la escritora Gioconda Belli, denunciaron "con profunda indignación y dolor, el asesinato a mansalva de nuestro amigo y colega Roberto Samcam, ocurrido en su vivienda en Moravia, San José, Costa Rica".

"El crimen fue cometido con premeditación, alevosía y ventaja, privándonos de un ser humano íntegro, comprometido con la verdad y la justicia", señaló ese grupo de nicaragüenses, entre ellos la histórica exguerrillera Dora María Téllez, y el periodista Carlos Fernando Chamorro.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) informó que investiga el atentado que acabó con la vida de Samcam, ocurrido este jueves en el cantón de Moravia, en San José, cerca de las 07.30 hora local (13.30 GMT) cuando "un masculino habría ingresado en un condominio" donde supuestamente vivía la victima y "sin mediar palabra alguna había presuntamente disparado en contra del ofendido en múltiples ocasiones, logrando impactarlo en el tórax y extremidades".

"Roberto y su familia contaban con protección internacional en Costa Rica desde el 2018, país en el que residía en condición de refugio. Ya en el exilio, fue alcanzado por la represión transnacional el 15 de febrero de 2023, cuando el régimen de Ortega le despojó de su nacionalidad nicaragüense. Posteriormente, fue nacionalizado por el Estado español", explicó el grupo de nicaragüenses exiliados.

"Roberto era nicaragüense de nacimiento, español por ley y refugiado protegido por el derecho internacional. Su historia refleja la persecución que sufrimos quienes hemos sido forzados al exilio y despojados de nuestra identidad jurídica", indicaron.

"Hoy, quienes compartimos esta condición de apátridas y refugiados, nos solidarizamos con su esposa Claudia Vargas y con sus hijos e hijas. Exigimos para ellos protección efectiva y acompañamiento inmediato, así como todas las garantías para enfrentar este doloroso momento en condiciones de seguridad", agregaron.

Asimismo, demandaron a las autoridades judiciales de Costa Rica "una investigación exhaustiva, rápida y transparente" sobre la muerte del mayor en retiro nicaragüense..

"No puede haber impunidad. No puede tratarse como un crimen más. Esperamos una posición firme y pública acompañada por la comunidad internacional", exhortaron.

¿Nicaragua está violando la soberanía nacional de Costa Rica?

A juicio de ese grupo de nicaragüenses, "la dictadura Ortega-Murillo ha llevado su represión más allá de las fronteras, atacando a opositores exiliados en Costa Rica mediante asesinatos selectivos, atentados armados y amenazas sistemáticas", y reiteraron que "estos crímenes siguen impunes y claman por justicia, evidenciando la continuidad de una política de persecución más allá del territorio nacional".

Aseguraron que solo del departamento de Carazo (Pacífico de Nicaragua) han sido víctimas Samcam; "Rodolfo Rojas, secuestrado y hallado muerto en la frontera con Honduras; y Joao Maldonado junto a su esposa Nadia Robleto, sobrevivientes de intento de asesinato" en enero de 2024.

A ellos se suma el caso de Jaime Luis Ortega Chavarría, líder campesino asesinado en Upala (Costa Rica) en octubre de 2024, también refugiado y solicitante de asilo, añadieron.

"Estos hechos confirman la existencia de una estrategia de persecución transnacional que vulnera el derecho internacional y pone en riesgo la vida de quienes defendemos la democracia desde el exilio", advirtieron.

"Al ejecutar acciones de crimen transnacional, el régimen Ortega-Murillo no solo persigue a sus críticos, sino que también compromete la soberanía y la seguridad nacional de países como Costa Rica, generando una amenaza regional que debe ser atendida con urgencia", alertaron.EFE

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este jueves a más de un millón el número de bajas sufridas por Rusia en la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, una cifra que incluye más de 1.100 muertos y heridos durante el último día.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que las Fuerzas Armadas rusas habrían sufrido 1.000.340 bajas en combate, con 1.140 durante las últimas 24 horas, sin que Moscú haya dado cifras oficiales desde hace meses.

Asimismo, ha detallado que 628.000 de estas bajas corresponden a los combates durante el último año y medio, que se suman a las 106.720 de 2022 y a las 253.290 de 2023, al tiempo que ha destacado que el número de bajas diarias ha ido aumentando desde el estallido de la guerra.

De esta forma, ha subrayado que Rusia perdió "una media de 340 personas al día" en 2022, entre muertos y heridos, cifra que aumentó a 693 al día en 2023 y a 1.177 al día en 2024. "De media, este año el enemigo ha perdido 1.286 personas al día", ha destacado, según datos correspondientes al 4 de junio.

Por otra parte, ha puntualizado que el Ejército ruso ha perdido además 10.933 carros de combate, 22.786 vehículos blindados de transporte de tropas, 29.063 sistemas de artillería, 1.184 sistemas antiaéreos, 416 aviones, 337 helicópteros, 40.435 drones, 28 buques de guerra y un submarino, entre otro material.

Tras la publicación de estas cifras, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha esgrimido que se trata de "un millón de personas perdidas para nada". "Rusia no ha logrado ni uno de sus objetivos estratégicos de su invasión a gran escala y no lo hará", ha sostenido a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"Ucrania no empezó esta guerra y quiere que termine más que nadie. Estamos comprometidos con la paz. Únicamente Rusia obstruye los esfuerzos de paz, rechaza el alto el fuego y la reunión entre líderes y hace todo lo posible para prolongar la guerra", ha reseñado, antes de incidir en que "debe aumentarse la presión sobre el agresor".

"La cúpula militar y política rusa debe rendir cuentas por esta agresión bárbara e ilegal. Todos los criminales rusos responsables de atrocidades en Ucrania deben hacer frente a la justicia", ha manifestado Sibiga, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre las cifras publicadas durante la jornada por Kiev sobre sus bajas en la guerra.

La ONG Amnistía Internacional ha tildado este miércoles de "atroz" la ejecución en Irán de un hombre que había sido condenado a pena capital por la muerte de siete personas, incluido un niño de diez años, en el marco de las protestas desatadas en 2022 a raíz de la muerte bajo custodia de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

"La noticia de la ejecución arbitraria de Mojahed Kurkuri es absolutamente atroz: expone una vez más el desprecio de las autoridades iraníes por el derecho a la vida y su determinación de utilizar la pena de muerte como herramienta para aplastar la disidencia e infundir miedo en la población iraní", ha dicho el director regional adjunto para Oriente Próximo y el Norte de África, Husein Baumi.

La ONG ha denunciado que Kurkuri fue condenado a muerte por un tribunal "en un juicio injusto", "sometido a desaparición forzada durante meses y torturado hasta arrancarle 'confesiones' que se difundieron en vídeos propagandísticos". Así, ha recordado que en uno de los vídeos se le ve en una cama de hospital con un brazo visiblemente vendado.

"La continua ejecución arbitraria de manifestantes en medio de un terrible aumento de las ejecuciones en Irán demuestra una vez más que las autoridades iraníes persistirán en la comisión de crímenes de Derecho Internacional y otras graves violaciones de Derechos Humanos a menos que la comunidad internacional adopte medidas concretas y contundentes para la rendición de cuentas", ha declarado Baumi.

Así, ha subrayado "la necesidad de que los Estados inicien investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal contra todos aquellos sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de Derecho Internacional durante las protestas, incluidos altos funcionarios iraníes".

El aparato judicial iraní había señalado que el hombre había sido ahorcado en la provincia de Juzestán (sureste), antes de incidir en que habría reconocido su responsabilidad y se habría declarado culpable de los cargos que pesaban contra él.

Hasta la fecha, varias personas detenidas e imputadas en el marco de las protestas por la muerte de Amini han sido ejecutadas en Irán, en la mayoría de los casos por cargos derivados de la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad o civiles durante los disturbios.

Varias organizaciones no gubernamentales denunciaron alrededor de 500 de personas muertas a causa de la represión de las protestas, mientras que las autoridades negaron su responsabilidad en la muerte de Amini y acusaron a países occidentales de azuzar las protestas, pese a que reconocieron algunos abusos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad.

El grupo parlamentario de Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la que pide al Gobierno del que forman parte acciones concretas en la Unión Europea y el resto del mundo contra las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, a la Corte Penal Internacional (CPI).

El pasado 6 de febrero Trump emitió una orden ejecutiva imponiendo sanciones contra la CPI y su fiscal jefe, Karim Khan, tras emitir en noviembre la Corte órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina.

La decisión estadounidense establece que cualquier persona u organización extranjera que ayude a la CPI en la investigación, detención, encarcelamiento o procesamiento de una "persona protegida" sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona podrá ser sancionada. Las sanciones incluyen la congelación de activos en EEUU y la prohibición de entrada al país tanto para los sancionados como para sus familias. Además, castigan a quienes presten asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico a la Corte.

Por "personas protegidas" se entiende a ciudadanos y personal militar estadounidense, así como a cualquier ciudadano o residente legal de países aliados de EEUU, incluyendo miembros de la OTAN y aliados importantes fuera de la organización, como Israel, Filipinas, Argentina, Brasil, Japón y Egipto, explica Sumar en su PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press.

HAY QUE PROTEGER A TESTIGOS Y DENUNCIANTES

"La medida no solo obstaculiza la labor de la Corte Penal Internacional, sino que también pone en riesgo a testigos, supervivientes, funcionarios judiciales y organizaciones aliadas con la justicia internacional, además de afectar a las investigaciones en curso. Las sanciones impuestas por la administración Trump dificultarán el acceso a la justicia para todas las víctimas que dependen de la CPI", esgrimen.

Tras la orden ejecutiva de Trump, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea declararon su "apoyo inquebrantable" a la Corte, pero para Sumar "es necesario ir más allá y concretar ese apoyo en acciones concretas para defender a la CPI, como la aprobación de leyes que protejan a las personas y empresas de la amenaza de las leyes sancionadoras de Estados Unidos, así como la plena cooperación con la Corte, incluida la detención y el traslado de las personas sobre las que pesan órdenes de detención".

Por todo lo expuesto, el Grupo plurinacional pide al Congreso de los Diputados que expresa su "profunda preocupación y rechazo" ante las sanciones impuestas contra CPI porque "suponen un ataque directo a la justicia internacional y a la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional", mientras manifiestan su solidaridad con el fiscal Karim Kham.

Asimismo, instan al Gobierno medidas oportunas y concretas, tanto en el ámbito de la UE como de la ONU, para continuar defendiendo y apoyando a la Corte Penal Internacional "que protejan a las personas y empresas de la amenaza de las leyes sancionadoras, así como garantizar la plena cooperación con la Corte, incluida la detención y el traslado de las personas sobre las que pesan órdenes de detención".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado el "firme apoyo" de la Unión Europea al Tribunal Penal Internacional y reclamado que se proteja su integridad y pueda trabajar "sin presiones"; y lo han hecho en sendos mensajes que no mencionan a Estados Unidos pero se producen después de que Washington haya sancionado a cuatro juezas del TPI que instruyen casos contra Israel y Estados Unidos.

"El Tribunal Penal Internacional no se enfrenta a ninguna nación, se enfrenta a la impunidad. Debemos proteger su independencia y su integridad", ha pedido el ex primer ministro portugués en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Costa también ha afirmado que "el Estado de derecho debe prevalecer sobre el poder", al tiempo que ha defendido que el TPI es "piedra angular" de la justicia internacional.

La jefa del Ejecutivo comunitario, por su parte, ha dicho que la institución que dirige "apoya plenamente al TPI y a sus funcionarios" y ha avisado de que el tribunal "debe ser libre de actuar sin presiones".

"El TPI lleva a rendir cuentas a los perpetradores de los crímenes más graves del mundo y da a las víctimas una voz", ha descrito la conservadora alemana, quien ha afirmado que la UE "siempre estará del lado de la justicia global y del respeto del Derecho internacional".

ESTADOS UNIDOS VE EN EL TPI UNA "AMENAZA"

Los mensajes de Costa y Von der Leyen no incluyen referencias directas a la Administración de Donald Trump, pero se producen horas después de que Washington anunciara las sanciones contra cuatro juezas del TPI por varios casos que afectan a Estados Unidos e Israel, incluida la orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad dictada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

En concreto, el Departamento de Estado norteamericano ha tomado medidas contra la ugandesa Solomi Blungi Bossa y la peruana Luz del Carmen Ibañez Carranza, de la división de apelaciones, y contra la beninesa Reine Alapini Gansou y la eslovena Beti Holer, de la división de cuestiones preliminares y de primera instancia.

En un comunicado, la oficina que dirige Marco Rubio explicó las sanciones porque "Bossa e Ibañez autorizaron la investigación del TPI contra personal estadounidense en Afganistán" y "Alapini Gansou y Hohler resolvieron autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte del TPI contra (...) Netanyahu y Gallant".

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que esta medida, "que no ha tomado a la ligera", refleja "la gravedad de la amenaza que supone la politización y el abuso de poder" del tribunal con sede en La Haya.

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha expresado este viernes el "firme apoyo" de la Unión Europea al Tribunal Penal Internacional (TPI) y reclamado que se proteja su "independencia e integridad", horas después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra cuatro juezas del tribunal en casos contra Israel y Estados Unidos.

"El Tribunal Penal Internacional no se enfrenta a ninguna nación, se enfrenta a la impunidad. Debemos proteger su independencia y su integridad", ha pedido el ex primer ministro portugués en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Costa también ha afirmado que "el Estado de derecho debe prevalecer sobre el poder", al tiempo que ha defendido que el TPI es "piedra angular" de la justicia internacional.

El mensaje del presidente del Consejo no incluye referencias directas a la Administración de Donald Trump, pero se produce horas después de que Washington anunciara las sanciones contra cuatro juezas del TPI por varios casos que afectan a Estados Unidos e Israel, incluida la orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad dictada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

En concreto, el Departamento de Estado norteamericano ha tomado medidas contra la ugandesa Solomi Blungi Bossa y la peruana Luz del Carmen Ibañez Carranza, de la división de apelaciones, y contra la beninesa Reine Alapini Gansou y la eslovena Beti Holer, de la división de cuestiones preliminares y de primera instancia.

En un comunicado, la oficina que dirige Marco Rubio explicó las sanciones porque "Bossa e Ibañez autorizaron la investigación del TPI contra personal estadounidense en Afganistán" y "Alapini Gansou y Hohler resolvieron autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte del TPI contra (...) Netanyahu y Gallant".

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que esta medida, "que no ha tomado a la ligera", refleja "la gravedad de la amenaza que supone la politización y el abuso de poder" del tribunal con sede en La Haya.

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.

El Gobierno de Colombia ha anunciado que tomará acciones diplomáticas en rechazo a la orden de captura emitida este lunes por la Fiscalía de Guatemala contra el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y la fiscal general del país sudamericano, Luz Adriana Camargo, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, en lo que ha considerado como "un atentado contra la Justicia internacional".

"Ante esta situación, hemos activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas", ha señalado el Ministerio de Exteriores de Colombia en un comunicado en el que ha manifestado su "profunda preocupación y enérgico rechazo" por la solicitud de detención para la fiscal y el exministro, que actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede.

La cartera diplomática ha considerado que la orden de captura "carece de sustento jurídico (y) constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional", al entender que están siendo "tergiversados" y empleados "como instrumentos de persecución política o personal".

"La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso", ha argumentado, al tiempo que ha denunciado que la medida "vulnera Derechos Humanos".

Por ello, "confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación" en los mismos términos que lo hace Bogotá, mientras el Ejecutivo de Gustavo Petro "reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados".

La cartera de Laura Sarabia ha hecho estas declaraciones después de que las autoridades judiciales de Guatemala hayan pedido la detención de Velásquez y Camargo por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco del caso de corrupción Odebrecht, y haya notificado de ello a la Interpol.

El exministro, que trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está acusado de dirigir una "estructura criminal" con la que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales", esto es, unos 340 millones de euros.

Velásquez ha cargado contra la Fiscalía guatemalteca asegurando que tanto él como Camargo son víctimas de una "persecución". El Ministerio Público del país centroamericano ya señaló a Velásquez a principios de 2023, por la presunta aprobación de acuerdos de cooperación irregulares con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht que habría tenido lugar en 2017.

"Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales", denunció la Cancillería a través de un comunicado.

El Gobierno expresó así su "profunda preocupación y enérgico rechazo" a la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco de ordenar la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro y embajador designado del país suramericano ante El Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Dicha Sala de Apelaciones, que ha sido cuestionada por diversos expertos en temas judiciales en otros casos, dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez que había sido planteada por el Ministerio Público guatemalteco por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.

Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.

La Cancillería colombiana insistió en el comunicado en que "la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso".

"El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto y derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad", señaló el mensaje.

Ante esta situación, agregó el Ministerio, el Ejecutivo ha activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas.

"Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta situación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados", concluyó la Cancillería.

En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya había anunciado que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht, y la misma advertencia se había extendido a Camargo.

Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa.

La Cicig, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.

En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.

"Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales", denunció la Cancillería a través de un comunicado.

El Gobierno expresó así su "profunda preocupación y enérgico rechazo" a la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco de ordenar la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro y embajador designado del país suramericano ante El Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Dicha Sala de Apelaciones, que ha sido cuestionada por diversos expertos en temas judiciales en otros casos, dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez que había sido planteada por el Ministerio Público guatemalteco por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.

Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.

La Cancillería colombiana insistió en el comunicado en que "la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso".

"El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto y derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad", señaló el mensaje.

Ante esta situación, agregó el Ministerio, el Ejecutivo ha activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas.

"Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta situación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados", concluyó la Cancillería.

En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya había anunciado que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht, y la misma advertencia se había extendido a Camargo.

Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa.

La Cicig, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.

En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano. EFE

A través de un acuerdo presidencial divulgado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes a su hijo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y representante especial de la Presidencia de la República para los asuntos con Rusia, para que, actuando en nombre y representación del Gobierno de Nicaragua, suscriba el convenio con Moscú.

Los copresidentes nicaragüenses autorizaron a su hijo a suscribir el 'Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la Justicia internacional'.

También el 'Acuerdo de cooperación entre la organización autónoma sin fines de lucro' entre la Agencia de Industrias Creativas, de Rusia, y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República de Nicaragua.

Laureano Facundo, uno de los hijos de los copresidentes Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones "fraudulentas" de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el 'delfin' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con la República Popular China, Rusia y Bielorrusia, por encima del canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y del titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo.

Daniel Ortega es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El pasado 5 de octubre, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja "de la mano" con Rusia "por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar".EFE

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Se trata de doce miembros de las juventudes del partido político Nueva Izquierda, que el martes subieron a la Acrópolis, donde, al lado del templo antiguo del Partenón que está en su cima, sacaron una bandera gigante de Palestina que levantaron en uno de los puntos más visibles de la Roca Sagrada de Atenas.

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de las juventudes de dicha formación se puede ver a varias personas ondeando la bandera en la Acrópolis, mientras que otras, probablemente encargadas de la seguridad del sitio arqueológico, tratan de quitársela de las manos.

"La bandera de Palestina ondeará en todas partes del mundo hasta que el pueblo palestino viva libre en su propia tierra. No dejaremos de hablar de genocidio", señalaron en un comunicado las juventudes de Nueva Izquierda y exigieron que sus compañeros detenidos sean puestos en libertad.

El comunicado también critica al primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, por "elegir estar al lado del Estado asesino de Israel".

También enfatiza que la Acrópolis, símbolo de democracia y libertad, es un escenario propicio para los reclamos internacionales de justicia.

En otras fotografías publicadas se puede ver cómo los agentes policiales arrestan a miembros de las juventudes y, tras esposar a algunos, los meten en una furgoneta para que sean trasladados a la Dirección General de Policía de la región capitalina de Ática (GADA).

Nueva Izquierda, que cuenta con 11 diputados en el Parlamento griego, apoyó en un comunicado la actuación de sus miembros y criticó al Gobierno de Mitsotakis por su "tolerancia y silencio" hacia lo que llamaron "crímenes de guerra" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"La lucha por la paz y la solidaridad en Palestina no es un crimen, es un derecho y una obligación", señala el partido, que exige la liberación inmediata de todos los detenidos, que algunos medios griegos elevan a 15.

En respuesta a los arrestos, las juventudes de la formación han convocado una manifestación de solidaridad frente a la GADA para exigir la liberación inmediata de los activistas detenidos. EFE

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El acusado es Osama Krayem, de 32 años y condenado a 30 años de prisión y a cadena perpetua por su participación en los atentados islamistas de París (2015) y Bruselas (2016), respectivamente.

El piloto jordano Muaz Kasasbeh fue capturado el 24 de diciembre de 2014 por el Estado Islámico (EI) en Siria, donde estuvo retenido hasta ser quemado vivo días después en una jaula, en una acción que fue filmada y usada con fines propagandísticos por ese grupo.

La acusación sostiene que Krayem, que aparece en el vídeo, ayudó a meter al piloto en la jaula, a la que otra persona prendió fuego a continuación.

"Es la primera vez que una persona es llevada ante los tribunales por uno de los asesinatos más brutales del EI. La gravedad de los hechos se refleja en que el acusado afronta dos de los delitos más graves", señaló en un comunicado la fiscal Reena Devgun.

Según explicó la Fiscalía en una rueda de prensa, Krayem era consciente de que los hechos estaban siendo filmados con el objetivo de usarlos luego como propaganda y recibió instrucciones sobre cómo posar durante la escena.

La participación de Krayem fue descubierta durante la investigación contra él en Francia y Bélgica, pero ninguno de esos países tiene jurisdicción para acusarlo, señaló Devgun.

Krayem, que fue trasladado a Suecia el pasado marzo, permanecerá en ese país mientras dure el proceso judicial y, a su término, será enviado de vuelta a Francia para seguir cumpliendo pena. EFE

La Fiscalía de Perú ha abierto un trámite tras una denuncia presentada por el abogado y político Julio Arbizu contra un militar israelí cuya identidad no ha trascendido por un delito de genocidio perpetrado en la Franja de Gaza.

"Un paso histórico en la justicia internacional: la Fiscalía peruana ha iniciado trámite a una denuncia penal por genocidio en Gaza", ha publicado Arbizu en su cuenta en la red social X.

Arbizu ha presentado la denuncia como asesor legal de la a Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés). "Este caso aplica el principio de jurisdicción universal y muestra el rol activo que el Perú puede asumir en la lucha contra la impunidad por crímenes de guerra", apunta el abogado.

El militar denunciado es ingeniero de combate y habría participado directamente en la "destrucción metódica y sistemática de barrios cviles en la Franja de Gaza durante la ofensiva militar de 2023-2024", según la HRF.

La denuncia está respaldada por documentación audiovisual y "fuentes de inteligencia abiertas" y señala al militar por "crímenes de guerra, críemenes contra la humanidad y actos de genocidio".

"El Cuerpo de Ingeniería ha actuado como brazo operativo nuclear de destrucción, reduciendo a escombros sistemáticamente las zonas civiles, borrando comunidades enteras y convirtiendo en inhabitables enormes terrenos de Gaza", ha acusado la HRF.

La HRF ha presentado denuncias contra militares israelíes en países en los que estaban de vacaciones, lo que ha provocado en algunos casos que Israel haya gestionado su evacuación inmediata.

Además, las Fuerzas Armadas israelíes han instado a sus miembros a evitar publicar información en redes sociales que pudiera ser utilizada para presentar denuncias.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este lunes que "los fiscales adjuntos Nazhat Shamim Khan y Mame Mandiaye Niang han asumido la dirección, gestión y administración" del organismo, tras la decisión del fiscal jefe Karim Khan de tomar una excedencia.

Khan anunció el pasado viernes que se retiraría temporalmente del cargo mientras dure la investigación en su contra por presunta conducta sexual inapropiada, a raíz de las acusaciones de una empleada del tribunal que incluyen tocamientos sexuales no deseados y "abusos" durante un largo período y que el fiscal ha denunciado como falsas.

La Presidencia de la Asamblea de Estados Parte del organismo ha abierto una investigación sobre este supuesto caso de acoso a una trabajadora, si bien ha rechazado firmemente las acusaciones, que salieron a la luz a finales de octubre.

"Al asumir el liderazgo, los fiscales adjuntos subrayan la importancia (...) de investigar y enjuiciar los crímenes más graves con independencia e imparcialidad", reza el comunicado difundido por el TPI. A su vez, la Fiscalía ha reafirmado su compromiso de "hacer justicia a las víctimas de los crímenes del Estatuto de Roma, en todas las situaciones y casos a escala mundial".

El fiscal del TPI negó las acusaciones que se le atribuyen y alegó que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) --todos ellos muertos o dados por muertos por Israel.

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.

Santo Domingo, 6 may (EFE).- El XXIX Congreso Mundial del Derecho concluyó este martes en Santo Domingo, con la entrega del World Peace & Liberty Award a la jueza asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos Sonia Sotomayor, quien recibió el reconocimiento de manos del rey de España, Felipe VI, y del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

El galardón, considerado el más alto del mundo jurídico, "corona una vida dedicada al derecho, a la libertad y a la dignidad de todas las personas", dijo el presidente de la Asociación Mundial de Juristas (organizadora del encuentro), el letrado español Javier Cremades.

Sotomayor, primera magistrada hispana de la Corte Suprema de Estados Unidos, "representa a tantas generaciones de hispanos que durante siglos han luchado por alcanzar metas elevadas a través de la educación, el esfuerzo y la integridad", añadió Cremades.

La jueza, en tanto, se declaró "muy emocionada" de recibir el premio, que consideró "un honor", al tiempo que expresó su compromiso con el Estado de derecho y la importancia de gobernar con la ley y no por motivaciones personales.

"Todos somos defensores del Estado de derecho", dijo la magistrada en el acto de clausura celebrado en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una de las dos sedes del congreso junto a la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Por su lado, el rey de España, una de las personalidades que ha recibido anteriormente el World Peace & Liberty Award, destacó el "compromiso cívico" de Sotomayor.

"Un compromiso que -es inevitable pensarlo- está enraizado en su propia biografía, en su condición de mujer, en una infancia y una juventud que la enseñaron a luchar, a salir adelante, y en esa raíz puertorriqueña y esa lengua compartida, el español, del que tan orgulloso se siente", añadió Felipe VI.

Resaltó la trayectoria de Sotomayor, un "ejemplo de coherencia y capacidad de superación", así como su energía, su hondura intelectural, "su comprensión de los problemas jurídicos y sociales de nuestro tiempo".

El Congreso Mundial del Derecho, inaugurado el domingo, "no ha sido solo un diagnóstico, ha sido también un espacio de propuesta y de esperanza", que parten, dijo Cremades, "de una verdad fundamental: para mantener el Estado de derecho no bastan leyes e instituciones, se necesita que los ciudadanos lo comprendan, lo hagan suyo y lo defiendan".

Unos 300 panelistas y más de 5.000 participantes, de ellos 1.600 jóvenes, se han reunido estos días en Santo Domingo "para garantizar el Estado de derecho en el mundo", apuntó el abogado español en el acto de clausura, amenizado por el cantautor colombiano Carlos Vives, quien interpretó ‘Una canción en español’, el himno del Congreso.

En esa misma línea se pronunció el rey de España, quien destacó la importancia de defender la ley como "única alternativa" al imperio de la fuerza.

Felipe VI dijo que "cualquier deterioro o menoscabo del Estado de derecho es un empobrecimiento de la sociedad, de su vida política, de su capacidad de afrontar los desafíos comunes".

En este congreso "se ha reflexionado, se ha propuesto, pero, sobre todo, se ha reafirmado un principio vital: el Derecho no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que debe moldear el futuro con humanidad, firmeza y visión", apuntó, por su lado, el presidente Abinader.

La actividad ha sido, además, "un espacio donde la tradición jurídica ha dialogado con la innovación tecnológica. Donde la sabiduría de jueces y magistrados ha encontrado eco en la pasión de miles de jóvenes que, con sus ideas y su compromiso, nos recuerdan que el porvenir de la justicia está en manos de una nueva generación que no teme al cambio, sino que lo lidera", añadió el gobernante.

La agenda incluyó diez foros académicos divididos en 54 paneles, donde se trató sobre la justicia internacional, los tribunales constitucionales en tiempos de peligro democrático, los derechos humanos y la libertad de expresión, el derecho de familia y la protección de la infancia; medioambiente, energía y Estado de derecho.

Asimismo, IA, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos; era electoral y eventos geopolíticos, principios constitucionales universales, práctica corporativa, arbitraje y resolución alternativa de disputas.

El galardón, considerado el más alto del mundo jurídico, "corona una vida dedicada al derecho, a la libertad y a la dignidad de todas las personas", dijo el presidente de la Asociación Mundial de Juristas (organizadora del encuentro), el letrado español Javier Cremades.

Sotomayor, primera magistrada hispana de la Corte Suprema de Estados Unidos, "representa a tantas generaciones de hispanos que durante siglos han luchado por alcanzar metas elevadas a través de la educación, el esfuerzo y la integridad", añadió Cremades.

La jueza, en tanto, se declaró "muy emocionada" de recibir el premio, que consideró "un honor", al tiempo que expresó su compromiso con el Estado de derecho y la importancia de gobernar con la ley y no por motivaciones personales.

"Todos somos defensores del Estado de derecho", dijo la magistrada en el acto de clausura celebrado en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una de las dos sedes del congreso junto a la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Por su lado, el rey de España, una de las personalidades que ha recibido anteriormente el World Peace & Liberty Award, destacó el "compromiso cívico" de Sotomayor.

"Un compromiso que -es inevitable pensarlo- está enraizado en su propia biografía, en su condición de mujer, en una infancia y una juventud que la enseñaron a luchar, a salir adelante, y en esa raíz puertorriqueña y esa lengua compartida, el español, del que tan orgulloso se siente", añadió Felipe VI.

Resaltó la trayectoria de Sotomayor, un "ejemplo de coherencia y capacidad de superación", así como su energía, su hondura intelectural, "su comprensión de los problemas jurídicos y sociales de nuestro tiempo".

El Congreso Mundial del Derecho, inaugurado el domingo, "no ha sido solo un diagnóstico, ha sido también un espacio de propuesta y de esperanza", que parten, dijo Cremades, "de una verdad fundamental: para mantener el Estado de derecho no bastan leyes e instituciones, se necesita que los ciudadanos lo comprendan, lo hagan suyo y lo defiendan".

Unos 300 panelistas y más de 5.000 participantes, de ellos 1.600 jóvenes, se han reunido estos días en Santo Domingo "para garantizar el Estado de derecho en el mundo", apuntó el abogado español en el acto de clausura, amenizado por el cantautor colombiano Carlos Vives, quien interpretó ‘Una canción en español’, el himno del Congreso.

En esa misma línea se pronunció el rey de España, quien destacó la importancia de defender la ley como "única alternativa" al imperio de la fuerza.

Felipe VI dijo que "cualquier deterioro o menoscabo del Estado de derecho es un empobrecimiento de la sociedad, de su vida política, de su capacidad de afrontar los desafíos comunes".

En este congreso "se ha reflexionado, se ha propuesto, pero, sobre todo, se ha reafirmado un principio vital: el Derecho no es una reliquia del pasado, sino una fuerza viva que debe moldear el futuro con humanidad, firmeza y visión", apuntó, por su lado, el presidente Abinader.

La actividad ha sido, además, "un espacio donde la tradición jurídica ha dialogado con la innovación tecnológica. Donde la sabiduría de jueces y magistrados ha encontrado eco en la pasión de miles de jóvenes que, con sus ideas y su compromiso, nos recuerdan que el porvenir de la justicia está en manos de una nueva generación que no teme al cambio, sino que lo lidera", añadió el gobernante.

La agenda incluyó diez foros académicos divididos en 54 paneles, donde se trató sobre la justicia internacional, los tribunales constitucionales en tiempos de peligro democrático, los derechos humanos y la libertad de expresión, el derecho de familia y la protección de la infancia; medioambiente, energía y Estado de derecho.

Asimismo, IA, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos; era electoral y eventos geopolíticos, principios constitucionales universales, práctica corporativa, arbitraje y resolución alternativa de disputas. EFE

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En este foro -inaugurado el domingo y que reúne a unas 2.500 personas de 87 países bajo la organización de la Asociación Mundial de Juristas que preside el abogado español Javier Cremades- más de 300 ponentes del mundo de la justicia, la política o la prensa, entre otros ámbitos, trataron en la Universidad del Caribe (Unicaribe) de una amplia variedad de asuntos, con la defensa del Estado de derecho en el punto de mira y la idea de que está en las manos de los jóvenes su salvaguarda y protección.

En el coloquio ´Nuevas generaciones y Estado de derecho´ la jueza asociada de la Corte Suprema de EE.UU. Sonia Sotomayor, quien mañana recibirá el World Peace & Liberty Award, abordó este asunto con estudiantes de distintos países, como la India, República Dominicana, Venezuela o España.

En este debate, con problemas de acceso para la prensa, Sotomayor destacó que "el derecho es parte de la sociedad" porque "la ley lo impacta todo", impacta todos los aspectos de la vida.

En total, unos 1.600 jóvenes asisten al congreso y, según declaró a EFE un grupo de universitarios, para ellos es un "orgullo" y un "honor" que se las haya incluido en un foro como este, al que acuden "a aprender lo más posible".

"Los jóvenes tenemos voz y también participamos en la formación de la sociedad", afirmaron, de ahí la importancia de poder asistir a un evento como este y compartir con grandes profesionales del derecho.

Pero este congreso va mucho más allá del derecho y, entre otros retos, también hoy se debatieron, con profesionales del periodismo, "Los desafíos de la desinformación", una desinformación que genera discursos de odio y contra la que hay que trabajar a fin de desmantelarla, pues "la libertad de información termina donde se daña a otras personas, no es ilimitada", según los ponentes.

De ahí la importancia de fijar reglas, de "regular sin censurar", y prestando especial atención a no violentar "las voces que hablan la verdad, pero que (los políticos, el poder) no quiere escuchar". Y sentenciaron: "Hay que salvar el periodismo para que no muera la democracia".

También, entre otros muchos temas, se abordaron cuestiones de política internacional y, aquí tuvo cabida la situación de Venezuela.

En su intervención virtual en el congreso sobre "Delincuencia organizada transnacional y su impacto en la región", la líder opositora María Corina Machado subrayó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, representa una "amenaza directa" a la seguridad del hemisferio occidental y denunció que "el crimen organizado está en el poder en Venezuela", hasta el punto, precisó, que el año pasado el narcotráfico generó ingresos superiores a los 8.000 millones de dólares en el país.

Pero los debates de este foro, abierto también a la sociedad civil, fueron más allá, en una decena de ejes temáticos: justicia internacional, tribunales constitucionales en tiempos de peligro democrático, derechos humanos y libertad de expresión, derecho de familia y protección de la infancia; medioambiente, energía y Estado de derecho; IA, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos; era electoral y eventos geopolíticos, principios constitucionales universales, práctica corporativa y Estado de derecho, y arbitraje y resolución alternativa de disputas.

Como recordó a EFE el presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde-Pumpido, "no hemos conseguido un Estado mundial de derecho. Y aquí, en esta reunión, estamos en una fase para construirlo".

"El derecho ordena toda nuestra vida: todos contratamos, todos necesitamos ser protegidos de los delitos que puedan agredirnos, todos necesitamos que el Estado funcione de una manera correcta. Por lo tanto, el que nos pongamos de acuerdo a nivel mundial es muy importante", indicó respecto a la relevancia de este congreso.

Además, agregó, aunque se ha ido edificando un sistema pacífico de resolución de conflictos, "tenemos que trabajar mucho para construir un mundo en el que los problemas se solucionan legalmente, de una forma razonada y razonable, y no por la fuerza, por la violencia".

Mañana se pondrá punto final al XXIX Congreso Mundial del Derecho, una clausura a cargo del rey de España, Felipe VI, y del presidente dominicano, Luis Abinader, en la que será galardonada Sonia Sotomayor y en la que se pasará el testigo a Albania, que acogerá su celebración en 2027. EFE

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La viceministra adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU, Reem Ketait, declaró en un comunicado que esta decisión es "una afirmación clara y decisiva de que este caso carecía de todo fundamento", así como un "intento" del Ejército de Sudán de "instrumentalizar al Tribunal para su campaña de desinformación y distraer la atención de su propia responsabilidad".

Sin embargo, la CIJ no entró a evaluar el contenido del caso porque, como señaló el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, el cierre del caso se debe a una reserva hecha en 2005 por EAU al artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio (1948), “y al no haber otra base de jurisdicción”, la Corte “claramente no tiene jurisdicción para atender la solicitud de Sudán”.

Dicho artículo trata sobre la presentación de disputas sobre la interpretación, aplicación o cumplimiento de esta convención ante la CIJ.

“En un sistema donde la jurisdicción depende del consentimiento, mantener un caso en la lista general sabiendo que no se podrá resolver no ayuda a una buena administración de la justicia. Así que este caso será eliminado de la lista”, afirmó Iwasawa.

Emiratos, en su reacción al cierre del caso en el que Sudán buscaba que el país del golfo pusiera fin a su presunto apoyo al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en su “campaña genocida” contra el pueblo masalit -un grupo étnico africano no árabe en Darfur, en el oeste de Sudán-, desde 2023, no hizo referencia a esa reserva del artículo, pero sí arremetió contra el Ejército sudanés al acusarle de que inició un caso "infundado".

Asimismo, Ketait indicó que ahora que la guerra de Sudán entra en su tercer año, su país pide tanto al Ejército como a las FAR -grupo al que se le acusa de apoyar en el conflicto- que "pongan fin a la guerra sin condiciones previas, se comprometan a negociar y permitan el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria".

"La comunidad internacional debe actuar con decisión para ayudar a facilitar un proceso político dirigido por civiles, independiente del control militar, y exigir responsabilidades a los autores de atrocidades", concluyó.

La semana pasada, el Gobierno sudanés -controlado por la cúpula militar- acusó a Abu Dabi de intentar "encubrir" su apoyo a las FAR en el conflicto en Sudán, después de que las autoridades emiratíes afirmaran haber frustrado un intento de "contrabando ilegal de armas" al Ejército sudanés.

Desde su inicio hace más de dos años, la guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 12,5 millones, lo que ha causado la peor crisis humanitaria en el planeta. EFE

Madrid, 26 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su apoyo a las órdenes de arresto cursadas en la Corte Penal Internacional (CPI) contra dos autoridades talibanas, acusadas de vulnerar los derechos de las mujeres y de las niñas en Afganistán.

A través de un mensaje en su cuenta de la red X, Albares manifiesta que "la política exterior de España está firmemente comprometida con los derechos de las mujeres y las niñas" afganas.

Tras estas palabras, expresa el respaldo del Gobierno a "la labor de la Corte Penal Internacional" y "la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres" en el país asiático.

El ministro alude en el post de su cuenta a una publicación en X del Ministerio que dirige, el pasado viernes, en la que se posicionaba respecto de la decisión tomada por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el día antes.

Khan solicitó a los jueces de la Corte la aprobación de dos órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

El viernes, Exteriores subrayaba su "satisfacción" por las órdenes de arresto pedidas por el fiscal de la Corte Penal porque, tal y como recuerda el Departamento de Albares, España formó parte del grupo de países que en noviembre de 2024 pidió que en dicho país se investigaran las vulneraciones de los derechos de las mujeres y de las menores.

"España seguirá exigiendo la rendición de cuentas del gobierno talibán ante las instancias internacionales", concluía Exteriores.

Este domingo, por otra parte, el diario 'El Periódico de España' ha publicado que España niega salvoconductos a mujeres en riesgo de deportación a Afganistán, desoyendo así una sentencia europea, en concreto la que, con fecha 4 de octubre de 2024, sentenciaba que sólo ser mujer de nacionalidad afgana se consideraba suficiente para acreditar riesgo de persecución y conceder, por tanto, el asilo. EFE

Ginebra, 24 ene (EFE).- El relator de la ONU para los pueblos indígenas, Albert Kwokwo Barume, celebró la reciente conmutación de la cadena perpetua al activista estadounidense de ascendencia lakota Leonard Peltier, en prisión desde 1976 tras un controvertido juicio en el que se le culpó del asesinato de dos agentes del FBI.

Peltier, en la lista de los beneficiados por los indultos y conmutaciones dictados por el presidente estadounidense Joe Biden horas antes del fin de su mandato, tiene 80 años, entró en prisión con poco más de 30 y su pena ha sido reducida por la de arresto domiciliario.

"Aunque la conmutación no puede devolverle las décadas de vida que ha perdido, le brinda la posibilidad de recibir el necesario cuidado médico y reconectar con su pueblo. Es un importante gesto de los EE.UU. hacia sus indígenas", destacó el relator este viernes en un comunicado.

Peltier, de ascendencia lakota (sioux) aunque también ligado desde su infancia al pueblo chippewa, fue detenido en 1976 en Canadá, extraditado a EE.UU. y condenado por el asesinato de dos agentes del FBI en un enfrentamiento en junio de 1975 con activistas indígenas en la reserva de Pine Ridge, en territorios sagrados de Dakota del Sur.

Durante todos estos años Peltier ha defendido su inocencia y han permanecido las dudas sobre la validez del juicio, destacó el relator, recordando que en 2022 el Grupo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias consideró que la condena al activista no respetaba el derecho internacional, por lo que debía ser puesto en libertad. EFE

Trípoli, 24 ene (EFE).- La ONG de vigilancia de los crímenes en Libia (LCW, por sus siglas en inglés) consideró un "grave revés en la búsqueda de la Justicia" la repatriación por parte de Italia del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, perseguido por la Corte Penal internacional (CPI).

"Las autoridades italianas son cómplices de los crímenes y violaciones internacionales que se están cometiendo en Libia, especialmente en las prisiones", valoró en declaraciones a EFE Ali Omar, director de LCW, después de que Italia liberara el pasado martes a Al Masri tras su arresto en Turín por mandato del CPI.

"Esta decisión no sólo perpetúa la cultura de la impunidad, sino que también envalentona a los responsables de las continuas violaciones de derechos humanos contra civiles en Libia. Socava directamente los esfuerzos para responsabilizar a los autores y refuerza la prevalente evasión de responsabilidad", añadió Omar.

La CPI exigió el pasado miércoles explicaciones a Italia por esta liberación y lamentó que la decisión se tomase "sin previo aviso o consulta" con el tribunal.

El Gobierno de Italia justificó su exarcelación por tratarse de un proceso "inusual y no previsto por la ley" y su posterior repatriación a Libia por su "peligrosidad".

Detenido el 19 de enero, el Tribunal decidió el martes 21 no mantener arrestado al acusado, tras lo que posteriormente fue "repatriado a Trípoli por urgentes razones de seguridad (...) vista la peligrosidad del sujeto", explicó el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, que avanzó que la semana que viene dará más explicaciones ante el Parlamento.

El pasado 18 de enero, la CPI emitió una orden de arresto contra Osama al Masri Najim, "acusado de crímenes contra la humanidad y de guerra, incluidas muerte, torturas, violaciones y violencia sexual" durante su jefatura de las instalaciones penitenciarias de Trípoli donde miles de personas estuvieron detenidas.

La Sala concluyó que los crímenes documentados en la prisión de Mitiga desde febrero de 2015 fueron supuestamente cometidos por Al Masri "personalmente, por orden de él o por la ayuda de miembros de las Fuerzas Especiales de Disuasión, conocidas coloquialmente como RADA".

El senador italiano Peppe De Cristofaro denunció que el criminal fue llevado a Trípoli en un avión estatal, un Falcon 900 usado por los servicios secretos, y que la decisión respondía a "motivos políticos".

Sobre las presuntas celebraciones y fuegos artificiales en Trípoli por la llegada de Al Masri, la ONG LCW dijo poder "afirmar con seguridad que Osama Najim no cuenta con apoyo popular en Libia".

"Las celebraciones mostradas en los vídeos son limitadas y representan principalmente a individuos de su grupo armado. La población general de Libia permanece bajo un clima de opresión e intimidación, incapaz de expresar libremente sus opiniones u oponerse a tales figuras debido al miedo y la represión generalizados", declaró. EFE

Kabul, 24 ene (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes rechazó este viernes con vehemencia las órdenes de arresto solicitadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra dos de sus altos líderes, incluido el líder supremo Hibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres en Afganistán.

Los talibanes calificaron las acusaciones de la CPI como "infundadas" y "políticamente motivadas", y acusaron a la corte de "mala conducta". EFE

Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han destacado que la petición por parte del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de emitir órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el jefe del aparato judicial de Afganistán, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la "persecución por motivos de género" contra las mujeres afganas supone un avance de cara a hacer justicia a las víctimas.

"La solicitud del fiscal del TPI de que se emitan órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibán por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género debería poner de nuevo en el punto de mira de la comunidad internacional la opresión de las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género por parte de los talibán", ha declarado la directora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson.

En este sentido, ha manifestado que "sin justicia a la vista en Afganistán, las solicitudes de órdenes de arresto de la TPI ofrecen una vía esencial para que se rindan cuentas". Además, Evenson ha subrayado que "los crímenes internacionales cometidos en Afganistán son numerosos, pero se necesita un enfoque amplio en materia de rendición de cuentas para romper los ciclos de impunidad que han llevado a más abusos".

Así, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha afirmado que el anuncio "es un acontecimiento importante que da esperanza, dentro y fuera del país, a mujeres y niñas afganas y a los perseguidos a partir de su identidad de género o expresión, incluidos miembros de la comunidad LGBTI".

"Es un paso crucial para que rindan cuentas todos los presuntamente responsables de la privación por motivos de género los de derechos fundamentales a la educación, la libertad de movimiento y expresión, a la vida privada y familiar, de asamblea y a la integridad física", ha sostenido.

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "reconozca el apartheid de género como un crimen bajo el Derecho Internacional para reforzar los esfuerzos a la hora de combatir los regímenes institucionalizados de opresión sistemática y dominación impuestos a partir de motivos de género".

"El fiscal ha reconocido que los cargos representan sólo una fracción de la victimización que ha tenido lugar en Afganistán desde hace más de dos años y que afecta a gran parte de la población", ha sostenido Callamard, quien ha pedido al TPI y a la comunidad internacional en su conjunto que "incrementen de forma significativa sus esfuerzos para abordar la persecución de género y otros crímenes bajo el Derecho Internacional en Afganistán".

AMNISTÍA PIDE A KHAN "EXPANDIR" SUS INVESTIGACIONES

Por ello, ha pedido a Khan que "expanda" sus investigaciones en Afganistán para incluir las "graves violaciones" registradas desde mayo de 2003, "incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros malos tratos, arrestos arbitrarios y detenciones, desapariciones forzosas, masacres de civiles y ataques sistemáticos y generalizados contra hazaras y otras minorías étnicas por parte de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)".

"Amnistía Internacional pide también al fiscal del TPI que reconsidere su decisión de 2021 de dar menos prioridad a las investigaciones sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por el Ejército estadounidense, el personal de la CIA y otras fuerzas internacionales que tenían presencia en el país, así como por el antiguo aparato de seguridad del gobierno", ha recalcado.

"Esta decisión conlleva el riesgo de contribuir a la percepción de un enfoque selectivo de la justicia internacional que prioriza los intereses de los Estados poderosos y sus aliados sobre el derecho a la justicia de las víctimas de crímenes de Derecho Internacional", ha zanjado Callamard.

El fiscal jefe del TPI explicó que las peticiones "se basan en diversas pruebas" y ha insistido en que "mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI hacen frente a una persecución sin precedentes e inconcebible por parte de los talibán". "Nuestra acción demuestra que el 'statu quo' de las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supervivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen una rendición de cuentas (por parte de los responsables de estas violaciones) ante un tribunal de justicia", señaló.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto una batería de restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, llegando a prohibir que trabajen en el sector público o limitando su escolarización más allá del sexto curso.

Entre las medidas restrictivas se incluyen la "ley del silencio" que declara la voz de la mujer como algo que sólo puede ser escuchado "en casos de necesidad".

El régimen impuesto por los talibán en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retiren las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.

La Asamblea de Estados Parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha expresado este jueves su "profunda preocupación" por las amenazas sobre sanciones contra el personal del organismo después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara recientemente a favor de imponer medidas punitivas contra el organismo por emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La mesa de la Asamblea de Estados Parte del tribunal internacional --el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte-- ha mostrado en un comunicado su "profunda preocupación" por "las medidas relativas a las sanciones" el TPI y su personal, "así como contra las personas y entidades que la ayudan a investigar, arrestar, detener o enjuiciar a determinadas personas".

"Las sanciones pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso en todas las situaciones y otras actividades del tribunal y afectar a la seguridad de las víctimas, los testigos y las personas sancionadas", ha advertido, antes de resaltar que lamenta "todo intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad" de la corte.

Así, ha recalcado su "firme compromiso" a la hora de "mantener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma", así como de "preservar su integridad, sin dejarse intimidar por ninguna amenaza o medida contra el tribunal, sus funcionarios, su personal y quienes cooperan con ella".

"El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de transcendencia para la comunidad internacional", ha recordado, al tiempo que ha sostenido que "salvaguardar la integridad" del tribunal, "incluida su independencia judicial y de enjuiciamiento", es algo "fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato de garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes y hacer justicia a las víctimas por igual".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Asamblea de Estados Parte "apoya firmemente" al TPI, a sus miembros y a los que cooperan con el organismo y ha destacado su "importancia" en la defensa de la "justicia internacional, al tiempo que ha reclamado "a todos los Estados, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a que respeten su independencia e imparcialidad".

El comunicado ha sido publicado cerca de dos semanas después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara a favor de sancionar al TPI en protesta por las órdenes de arresto dictadas contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant en relación con presuntos crímenes cometidos en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.

Asimismo, el nuevo presidente estadounidense, Donald Truimp, firmó en su primer día en el cargo una orden ejecutiva que restaura una anterior que podría servir como base legal para futuras sanciones contra el tribunal internacional y su personal, si bien hasta ahora no se han anunciado sanciones específicas.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, comunicó la semana pasada a los jueces del organismo que las objeciones presentadas por Israel a su investigación y las citadas órdenes de arresto no deben ser admitidas. El tribunal emitió además una orden de arresto contra el jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', al que las autoridades israelíes dieron por muerto.

El tribunal, que rechazó los recursos previos de Israel y dictaminó que tiene jurisdicción sobre el caso, afirmó que hay pruebas de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a los palestinos residentes en Gaza sin elementos "indispensables para su supervivencia", incluido el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria.

Así, los jueces creen que ambos pueden ser "penalmente responsables" del uso del hambre como método de guerra, así como de asesinatos, actos inhumanos y persecución, que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad, aceptando así la petición de Khan para que se emitieran órdenes de arresto contra ellos.

La decisión supone que los países miembro del organismo deberían detener a Netanyahu y Gallant en caso de que se desplacen a su territorio, si bien varios Estados firmantes del Estatuto de Roma han afirmado ya que podrían no hacerlo, lo que ha provocado críticas a nivel internacional.

La Haya, 23 ene (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que las sanciones de Estados Unidos contra miembros del tribunal "pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso” por crímenes graves en diferentes países y “afectarían la seguridad" de las víctimas, testigos e individuos sancionados.

En un comunicado, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, subrayó su “profunda preocupación” por las sanciones contra el personal, individuos y entidades que asisten al tribunal “en la investigación, arresto, detención o enjuiciamiento de ciertas personas”.

“Las sanciones pueden obstaculizar gravemente las investigaciones en curso en todas las situaciones y otras actividades de la Corte, además de afectar la seguridad de las víctimas, testigos e individuos sancionados. La Mesa lamenta cualquier intento de socavar la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte”, agregó la Mesa, que tiene un carácter representativo y asiste a la Asamblea en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Además, señaló su compromiso para “defender y respaldar los principios y valores consagrados” en el Estatuto de Roma, y “preservar su integridad sin dejarse intimidar por amenazas o medidas contra la Corte, sus funcionarios, su personal y aquellos que cooperan con ella”.

Varios funcionarios de la Corte admitieron a EFE su preocupación por el impacto que podrían tener unas sanciones emitidas por Estados Unidos contra la CPI, y subrayan estar pendientes del alcance de las medidas que se tomen porque podrían afectar a un grupo de funcionarios, o a la institución en su totalidad.

“El Estatuto de Roma representa un compromiso internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves que preocupan a toda la comunidad internacional. Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y fiscal, es fundamental para cumplir exitosamente con su mandato de garantizar la rendición de cuentas por dichos crímenes y ofrecer justicia equitativa a las víctimas”, añadió hoy la CPI.

Una de las primeras decisiones de Donald Trump tras tomar posesión el pasado lunes fue anular una orden ejecutiva de su predecesor, Joe Biden, que revocaba una decisión de Trump en 2020 con sanciones contra funcionarios de la CPI cuando el tribunal examinaba los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, lo que también incluía a las tropas estadounidenses.

Pero ahora es Israel quien urge a Trump a sancionar a la CPI por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza, como parte de una investigación de la situación en Palestina, que también incluye los presuntos crímenes cometidos por grupos palestinos como Hamas.

A principios de este mes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley -que está ahora en manos del Senado estadounidense- para imponer sanciones y cortar la financiación a la CPI por la investigación sobre Israel.

No está claro cómo serán esas sanciones, pero una variante ligera que, por ejemplo, impida a empresas estadounidenses prestar servicios a la CPI tendría grandes efectos en el funcionamiento del tribunal, puesto que no podrían usar software o sistemas de pago.

Ni Israel, ni Estados Unidos son miembros de la CPI, aunque Washington sí ha cooperado con este tribunal por investigaciones como la de los crímenes de guerra en Ucrania, que llevó a la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, pero retiró ese apoyo cuando las investigaciones afectaron a su aliado israelí por crímenes de guerra en Gaza. EFE

El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Abú Obeida, ha asegurado que el grupo mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y prisioneros alcanzado con Israel y ha instado a los países mediadores a obligar a las autoridades israelíes a cumplir con su parte del pacto.

"Queremos que el acuerdo sea un éxito y ponga fin a la sangría de nuestro pueblo. Estamos dispuestos a cumplir con todos los puntos del acuerdo y a respetar los plazos establecidos. Todo depende de la reciprocidad", ha afirmado Abú Obeida en un vídeo publicado en redes sociales.

El responsable de Hamás se ha lamentado porque "el acuerdo podría haberse logrado hace un año" y ha atribuido el retraso a las "ambiciones de (Benjamin) Netanyahu que "le han llevado a seguir con esta guerra genocida".

"Han pasado 471 desde el inicio de la histórica Batalla de la Inundación de Al Aqsa, que prendió la llama de la liberación de Palestina y clavó el último clavo en el ataúd de esta ocupación que inevitablemente está desapareciendo", ha señalado.

El portavoz de Hamás ha destacado que "la batalla comenzó a las afueras de Gaza, pero ha cambiado la faz de la región y más allá y ha introducido nuevas ecuaciones al conflicto con la entidad ocupante". En particular destaca que Israel "ha tenido que recurri al apoyo de otras potencias internacionales" y que ha "deshechado la teoría de la disuasión" tras la "muerte de miles de sus soldados y unos 2.000 vehículos militares destruidos o fuera de servicio".

Asimismo ha destacado la sintonía de la "resistencia" en referencia a Hezbolá en Líbano, a Irán o a los hutíes de Yemen que "han impuesto el desplazamiento en vastas zonas al abrirse múltiples frentes de batalla".

"Todo ello, junto a la exposición de la brutal y criminal entidad (israelí) que ha distorsionado su rostro, ha puesto en evidencia a los tiranos del mundo y a las organizaciones que están con ellos. Ahora sus líderes y soldados son perseguidos por la justicia como criminales de guerra", ha resaltado.

Para Hamás, Israel "es la raíz del problema de esta región" y por ello apela al pueblo palestino en Cisjordania "cuya responsabilidad aumenta" y ha saludado en particular a Yenín "alma hermana de Gaza en su heroísmo y resistencia" en referencia a los enfrentamientos entre milicianos y las fuerzas de seguridad palestinas.

La Haya, 17 ene (EFE).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha viajado a Damasco por invitación del Gobierno sirio de transición, con el objetivo de “explorar” las posibilidades de que la Justicia internacional pueda “garantizar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos” en el país durante la dictadura de Bashar al Asad.

Según explicó este viernes la oficina del fiscal, la visita de Khan a Damasco está en línea con “su política de cooperación y complementariedad”.

Ese viaje se basa en el “enfoque dinámico” de la oficina para “interactuar” con las autoridades nacionales de un país, en este caso Siria, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro del tribunal, uno de los motivos por los que la Corte no ha podido abrir una investigación estos años.

“El fiscal de la CPI ha viajado a Damasco por invitación del Gobierno de transición de Siria, tras los acontecimientos recientes y con el objetivo de explorar cómo la Oficina del Fiscal puede ofrecer su colaboración en apoyo a los esfuerzos de las autoridades sirias para garantizar la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos en el país”, indicó.

Una de las cuestiones que ha tratado Khan con las autoridades de transición política en Siria es “la clarificación de los parámetros legales y los requisitos del Estatuto de Roma”, aunque también ha abordado “posibles áreas en las que el apoyo y la asistencia” de la fiscalía de la CPI “puedan ser valiosos” para Damasco durante el proceso de rendición de cuentas.

“El fiscal expresó su gratitud por las discusiones abiertas y constructivas durante su visita, en las cuales se acordaron acciones de seguimiento”, aseguró su oficina desde La Haya.

La guerra civil en Siria, que empezó a principios de 2011, se ha cobrado la vida de más de 230.000 civiles y suma más de 100.000 desaparecidos y millones de desplazados dentro y fuera del país.

El miércoles, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la justicia transicional es "crucial" para que los responsables de violaciones de derechos humanos en Siria rindan cuentas ahora.

Y calificó de “fundamental” abordar "los errores cometidos por todos los actores en Siria durante las últimas cinco décadas", en referencia al más de medio siglo de la familia Al Asad en el poder.

En este sentido, recordó que durante casi 14 años de conflicto civil se han documentado “casos de los crímenes de guerra más graves e incluso crímenes de lesa humanidad” como desapariciones forzadas, tortura o el uso de armas químicas, actos que “deben investigarse a fondo” para luego impartir justicia “de manera justa e imparcial”.

El régimen de Al Asad fue derrocado el pasado 8 de diciembre, cuando una coalición rebelde islamista liderada por Hayat Tahrir al Sham (HTS) logró tomar Damasco tras poco menos de una semana de ofensiva relámpago que culminó con la huida del ahora expresidente a Moscú. EFE

São Paulo, 16 ene (EFE).- Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a Brasil que cumpla la orden de arresto internacional contra Vladímir Putin, si el presidente ruso decide acudir a la cumbre del foro BRICS, que se celebrará en Río de Janeiro a mediados de año.

"Brasil necesita dejar claro que cumplirá las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional, incluso contra el presidente Putin, si acude a Brasil para la cumbre de los BRICS", afirmó la directora ejecutiva de HRW, Tirana Hassan, en una rueda de prensa telemática con motivo de la divulgación del informe anual de la ONG.

Sobre el líder ruso pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra en Ucrania, donde el conflicto se prolonga desde febrero de 2022, cuando el Ejército ruso inició una invasión terrestre apoyada por ataques aéreos.

Brasil acogerá este año la cumbre de líderes de los BRICS, foro integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudí, este último pendiente de confirmación.

El país suramericano es además signatario del Estatuto de Roma, que establece las bases de la Corte Penal Internacional.

En este contexto, Hassan subrayó que HRW "no tiene indicios de que Brasil" no vaya a cumplir la orden de arresto contra Putin, pero recordó que en anteriores cumbres de los BRICS se ejerció "una enorme presión sobre el Estado anfitrión" para que permitiera la participación física del gobernante ruso.

"Esperamos que Brasil, en este caso, sea un buen ejemplo" y adopte "una postura de principios en consonancia con sus obligaciones internacionales", confió.

Hassan resaltó que Brasil "desempeñó un papel muy importante en la creación de la CPI y ha dejado muy clara su posición de que cree en la justicia internacional".

Putin ya declinó viajar el año pasado a la cumbre del G20, para la cual fue invitado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cita que tuvo lugar en Río de Janeiro.

Entonces, el mandatario ruso reconoció que su presencia "impediría el trabajo normal del G20", aunque remarcó que tiene "relaciones magníficas, de amistad", con Lula. EFE

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Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha instado al Senado de Estados Unidos a rechazar un proyecto de ley que busca sancionar a cargos del Tribunal Penal Internacional (TPI) en respuesta a las órdenes de arresto emitidas por el TPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

"Es chocante ver a un país que se considera un defensor del Estado de derecho tratando de obstaculizar las acciones de un tribunal independiente e imparcial creado por la comunidad internacional, para frustrar la rendición de cuentas", han detallado.

Los expertos han mostrado su preocupación sobre las implicaciones de la ley, aprobada en la Cámara de Representantes de EEUU, por la cual busca sancionar a cualquier persona involucrada en investigar o procesar a funcionarios de EEUU o países aliados, como Israel, ante la TPI.

"La aprobación de un proyecto de ley que crea un punto ciego para la justicia respecto de ciertos países no sólo legaliza los dobles estándares y la impunidad, sino que socava irreparablemente el espíritu de universalidad sobre el que se construye el sistema de justicia internacional", han dicho.

También han reiterado que "las normas internacionales establecen que los abogados y el personal de justicia deben poder desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas".

"Instamos a los legisladores estadounidenses a defender el estado de derecho y la independencia de los jueces y abogados, y llamamos a los Estados a respetar la independencia de la Corte como institución judicial y proteger la independencia e imparcialidad de quienes trabajan en ella", han denunciado.

El texto fue aprobado el jueves con el apoyo de los republicanos y de buena parte del ala centrista demócrata, que considera que el TPI no tiene jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.

El proyecto pide sanciones a cualquier cargo del tribunal o aquellos individuos que apoyen al TPI en sus esfuerzos de "investigar, arrestar, detener o procesar" a un ciudadano estadounidense o de un país aliado que no sea firmante del Estatuto de Roma, según 'The Hill'.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se ha comprometido a llevar la legislación al pleno del Senado. Esta medida ya fue impulsada el año pasado por los republicanos, si bien no salió adelante debido a la entonces mayoría demócrata en la Cámara Alta estadounidense.

El TPI dictó el pasado mes de noviembre sendas órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques previos de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron casi 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas.

COREA DEL SUR ACCIDENTE

Seúl.- Al menos 176 personas han perdido la vida este domingo después de que un avión se saliera de pista y chocara contra un vallado tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en la provincia surcoreana de Jeolla del Sur (suroreste) por causas que aún se investigan.

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- La torre de control del aeropuerto Muan emitió una alerta por colisión aviaria para el vuelo comercial que se estrelló unos seis minutos después en el mencionado aeródromo.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Gaza - Con las negociaciones de tregua de nuevo estancadas, Israel intensifica su ofensiva en el norte de la Franja de Gaza, expandiendo su presencia militar al área de Beit Hanoun, tras concluir su operación en el hospital Kamal Adwan, donde ha detenido a 240 personas, incluido su director, al que acusa de pertenecer a Hamás.

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SIRIA TRANSICIÓN

Damasco - El nuevo Gobierno sirio mantiene dispositivos de búsqueda de miembros del régimen de Bachar al Asad mientras avanza en las relaciones diplomáticas con países del entorno y los ciudadanos reclaman respuestas por la desaparición de sus seres queridos bajo el régimen anterior.

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ORIENTE MEDIO

Jerusalén/Saná - La tensión entre los rebeldes hutíes del Yemen e Israel sigue latente, mientras los insurgentes mantienen sus ataques contra diferentes infraestructuras israelíes pese a las amenazas del Estado judío de intensificar su respuesta.

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PANAMÁ CANAL (entrevista)

Ciudad de Panamá - Hay razones contractuales y entendimientos entre Panamá y los EE.UU. que impiden que el canal interoceánico sea retomado obligatoria y unilateralmente por el país norteamericano, dijo a EFE en una entrevista Aristides Royo, expresidente de Panamá (1978-1982) y exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 que ayudaron a que el país centroamericano recuperara su soberanía.

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MÉXICO NARCOTRÁFICO

Ciudad de México - El periodista Manu Ureste presenta en una entrevista con EFE ‘Vivir con el narco. Crónica y retratos de un país en guerra’, un libro con 17 historias sobre cómo México ha normalizado y asimilado en su vida cotidiana la violencia del crimen organizado.

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GEORGIA CRISIS

Tiflis (EFE).- El exfutbolista y diputado Mijaíl Kavelashvili, de 53 años, fue investido hoy presidente de Georgia en una ceremonia en la sede del Parlamento, al que la oposición le niega toda legitimidad y en medio de las protestas los ciudadanos que piden la integración del país en Europa.

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CROACIA ELECCIONES

Zagreb - Más de 6.700 colegios electorales de Croacia abren sus puertas este domingo para que puedan votar los cerca de 3,8 millones de ciudadanos convocados a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el actual jefe del Estado, el populista Zoran Milanovic, parte como el gran favorito de los sondeos.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Los villancicos suenan en Leópolis, en el oeste de Ucrania, y en el frente, mientras los habitantes de este país asolado por la guerra recurren a las tradiciones en busca de unidad y fuerza en un momento en que su propia cultura se enfrenta a un peligro existencial por la invasión rusa en curso. Por Rostyslav Averchuk.

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JUSTICIA INTERNACIONAL

La Haya - Después de vivir a uno de sus años más intensos, la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a un 2025 lleno de incertidumbre, con una treintena de órdenes de arresto emitidas y el foco puesto en crímenes graves.

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VIDEOJUEGOS 2025

Madrid - El mundo de los videojuegos afronta un 2025 apasionante con grandes lanzamientos y muchas sorpresas en el horizonte, entre ellas la salida al mercado de la consola Nintendo Switch 2, acompañada casi con seguridad de la novena entrega del juego de ‘Mario Kart’, y la llegada en otoño de la secuela más esperada en multiplataformas, GTA VI.

AGENDA INFORMATIVA

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EUROPA

Tiflis.- GEORGIA CRISIS.- Ceremonia de investidura del nuevo presidente de Georgia.

AMÉRICA

21:00h.- Cali.- COLOMBIA TOROS.- Festival taurino nocturno de la Feria de Cali con los diestros Antonio Ferrera, Sebastián Castella, Alejandro Talavante, Octavio García 'El Payo', Luis Miguel Castrillón, Guillermo Valencia y Juan Sebastián Hernández, con novillos toros de diferentes ganaderías. Plaza de toros Cañaveralejo. (Texto) (Foto)

Uyuni.- BOLIVIA TURISMO.- El Salar de Uyuni es uno de los sitios más visitados por el turismo en Bolivia debido al efecto de espejo que provoca la lluvia. A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, este desierto de sal tiene una extensión de 10.582 kilómetros cuadrados. (Texto)(Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA CROMAÑÓN - Al cumplirse veinte años de la 'Tragedia de Cromañón', un incendio que causó 194 muertos y más de 1.400 heridos durante un concierto de rock en Buenos Aires, sobrevivientes y familiares de las víctimas mantienen viva la lucha por la memoria, señalan a las autoridades y advierten que un Estado ausente aumenta el riesgo de que se repita. (Texto) (Foto) (Video)

ASIA

09:00h.- Meitan (China) - CHINA TÉ.- El condado chino de Meitan, apodado el 'mar de té', presume de ser la mayor plantación continua del mundo de hojas de té, una bebida que se adapta a la sociedad moderna de China mientras convive con nuevas tendencias como el café. (Texto) (Vídeo)

Bangkok.- TAILANDIA CRIMEN.- Se cumple la nueva fecha límite para que la defensa del español Daniel Sancho presente el recurso a la sentencia que le condenó a pena de muerte por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

ÁFRICA

Argel.- ARGELIA POLÍTICA.- El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, pronuncia su tradicional discurso sobre el estado de la nación ante el Parlamento. (Texto)

Yamena.- CHAD ELECCIONES.- Chad celebra elecciones legislativas, provinciales y municipales, tras las presidenciales del pasado 6 de mayo, después de un período de transición de tres años y entre críticas de la oposición. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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 Imane Rachidi

La Haya, 29 dic (EFE).- Tras vivir uno de sus años más intensos, la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a un 2025 lleno de incertidumbre, con una treintena de órdenes de arresto emitidas y el foco en crímenes graves.

El efecto de las intimidaciones a sus funcionarios, y las amenazas y falta de cooperación de varios países, es un reto a la Justicia internacional.

La CPI tiene abiertas un total de 12 investigaciones, en su mayoría se centran en el continente africano, destacando fuera de éste los casos abiertos por la situación en Venezuela, Afganistán, Filipinas, Birmania (Myanmar), Palestina y Ucrania, pero no todas incluyen ya órdenes de arresto de sospechosos de los crímenes bajo investigación.

Tampoco todas son tan problemáticas para la CPI como lo están siendo Ucrania y Palestina.

Las amenazas y presiones que están llegando desde dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y Estados Unidos, son vistas como intentos “de influir en la independencia y la imparcialidad de la Corte” y esfuerzos por “politizar” su función, según denunció la presidenta de CPI, la japonesa Tomoko Akane.

“Nunca cederemos a medidas coercitivas, amenazas, sabotajes o ultrajes. La Corte, que defiende el principio del Estado de derecho, continuará persiguiendo la justicia y defendiendo la dignidad y los derechos de las víctimas de atrocidades sin temor ni favoritismo”, advirtió Akane, ante los representantes de los 124 miembros del tribunal, a los que se sumará Ucrania a partir de enero.

Mientras Moscú emitió órdenes de arresto contra los jueces y el fiscal Karim Khan por la investigación de los crímenes de guerra en Ucrania, llegan desde Estados Unidos amenazas con “sanciones económicas draconianas” que tratan a la Corte “como si fuera una organización terrorista” por su investigación de los crímenes cometidos por Israel en Palestina.

Las sanciones podrían ser contra algunos de sus funcionarios, o contra el tribunal en sí mismo, lo que amenazaría el funcionamiento general de la institución judicial.

Akane consideró que las medidas de seguridad actuales para ciertos funcionarios y la Corte son “insuficientes” dada esta “situación sin precedentes” y subrayó que los empleados del tribunal están “gravemente preocupados de que cualquier recorte” en el presupuesto tenga “repercusiones peligrosas en la capacidad de garantizar operaciones seguras y consistentes”.

La CPI tiene una lista de 30 sospechosos en busca y captura por cometer algunos de los crímenes más graves del derecho internacional, entre ellos están el presidente ruso, Vladímir Putin, acusado de deportación de niños ucranianos a Rusia; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sospechoso de, entre otras cosas, el uso del hambre como método de guerra en Gaza.

También están el expresidente sudanés Omar al Bashir, por crímenes que incluyen genocidio en Darfur entre 2003 y 2008; Saif al Islam, hijo del difunto dirigente libio Muamar Gadafi; así como otros buscados de larga data como el señor de la guerra ugandés Joseph Kony, cuya confirmación de cargos será, sin precedentes, en rebeldía en septiembre de 2025.

La paradoja es que, mientras se espera que siga aumentando el número de sospechosos en busca y captura por la CPI, el centro de detención internacional en La Haya, donde los sospechosos están arrestados durante el juicio, está cada vez más vacío y solo le quedan cinco residentes, todos ellos comandantes de algún país africano y con un perfil medio.

Uno de ellos es el yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, condenado ya en noviembre a 10 años de prisión por crímenes cometidos en Tombuctú en 2012; y otro es el único detenido por los crímenes cometidos en Darfúr (Sudán) desde 2003: Ali Muhammad Abd-al-Rahman, acusado de ordenar a milicianos progubernamentales janjaweed cometer asesinatos, saqueos y violaciones.

Por crímenes de guerra y lesa humanidad en la República Centroafricana (RCA) está detenido Mahamat Said Abdel Kani, antiguo alto cargo de la Seleka, que está siendo procesado por crímenes cuando dirigía dos prisiones en Bangui en 2013.

Además, están detenidos a la espera de conocer su sentencia dos líderes anti-Balaka, Alfred Yekatom y Patrice-Edouard Ngaïssona por crímenes entre 2013 y 2014 en RCA.

La CPI es el único tribunal que no reconoce la inmunidad por cargo, pero no celebra juicios en rebeldía.

Sus jueces estarán pendientes el próximo año de que los países miembros del tribunal cumplan su obligación de cooperar y detener a los sospechosos, permitiendo hacer justicia por la larga lista de crímenes graves cometidos en diferentes puntos del planeta. EFE

San Juan, 25 dic (EFE).- El expresidente de Surinam Desi Bouterse (2010-2020), condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, época en la que dirigía un Gobierno militar, ha fallecido a los 79 años, informó este miércoles el vicepresidente surinamés, Ronnie Brunswijk, en un mensaje en su página de Facebook.

En su mensaje, Brunswijk expresó sus "sinceras condolencias" por la muerte de Bouterse.

"Su vida provocó un duradero impacto en nuestro país y sus esfuerzos nunca serán olvidados", resaltó Brunswijk en su mensaje.

"En este momento de duelo, les deseo a todos fuerza y valor. Que su legado continúe siendo inspiración para muchos y que su alma descanse en paz", agregó.

La noticia del fallecimiento de Bouterse se da un par de días después de que, al parecer, las autoridades de Surinam llevaron a cabo un operativo para detenerlo y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Por ello, las autoridades surinamesas pusieron en marcha la operación 'Kerstbrood' dentro del operativo 'Pan de Navidad', una amplia redada para localizar a Bouterse y un registro simultáneo en el domicilio de Iwan Dijksteel, uno de sus guardaespaldas, también prófugo y condenado por el mismo caso.

El abogado que representa a los familiares de las 15 personas asesinadas el 8 de diciembre de 1982, solicitó en una misiva al gobierno que ofrezca una recompensa para facilitar la detención de Bouterse.

Interpol, por su parte, emitió a mediados de marzo de este año una notificación roja contra Bouterse para que las fuerzas del orden de todo el mundo lo localicen y arresten, tres meses después de que se fugara tras una sentencia en diciembre a 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de 15 opositores en 1982.

A su vez, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia en diciembre del año pasado, tras ser recurrida la condena dictada en agosto de 2021, cuando la Justicia de Surinam confirmó la sentencia del Tribunal militar de 2019 de 20 años de prisión.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los 80 del siglo pasado, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos, la antigua potencia colonial de Surinam. La orden de captura internacional le impidió salir de su país. EFE

China Hoy: El día en que el mundo sea más justo, la vida será más sencilla

PR Newswire

PEKÍN, 18 de diciembre de 2024

PEKÍN, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- En la sección "Sabiduría sin fronteras", explicamos el motivo, el momento y la ocasión de las citas clásicas utilizadas por el presidente chino, Xi Jinping. En este número explicaremos la frase de Oscar Niemeyer, famoso arquitecto y diseñador del Palacio del Congreso Nacional de Brasil: "El día en que el mundo sea más justo, la vida será más sencilla".

El 16 de julio de 2014, Xi citó esta frase en su discurso ante el Congreso Nacional de Brasil, en el que pidió aunar esfuerzos para salvaguardar y promover la equidad y la justicia internacionales, y trabajar por un mundo armonioso de paz duradera y prosperidad común. La equidad y la justicia son objetivos elevados dentro de las relaciones internacionales. Mantener el compromiso con estos valores ha sido una tradición consagrada y una inquebrantable fortaleza de carácter en la diplomacia china.

Desde la Iniciativa para el Desarrollo Global hasta la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa de la Civilización Global, China ha presentado propuestas prácticas en apoyo de la equidad y la justicia internacionales, lo que ha fomentado el consenso global, y ha contribuido a un desarrollo abierto, inclusivo, equilibrado y universalmente beneficioso.

La Cumbre del G20 de 2024 tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre. Este año también se celebra el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Brasil. Como los países en vías de desarrollo más grandes de los hemisferios oriental y occidental, China y Brasil han mantenido su compromiso con el verdadero multilateralismo. Juntos han abogado por reformas en el sistema de cuotas del Fondo Monetario Internacional y han emitido una declaración conjunta sobre cómo abordar el cambio climático.

Este esfuerzo colectivo es la clave para construir una comunidad de destino de la humanidad, donde la equidad y la justicia sean defendidas en el escenario global. El curso de la historia nunca ha sido tranquilo. En nuestro mundo actual, el proteccionismo y el unilateralismo están en aumento, mientras que la brecha entre el Norte y el Sur Global continúa ampliándose. Las naciones deben unirse para asumir la responsabilidad de salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, sostenidas en la creencia de que "el día en que el mundo sea más justo, la vida será más sencilla".

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FUENTE China Hoy

Ginebra, 16 dic (EFE).- El relator de la ONU para Birmania (Myanmar), Tom Andrews, pidió este lunes a los Estados apoyar la solicitud de orden de detención emitida por un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el líder de la Junta Militar birmana, Min Aung Hlaing, acusado de presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad contra la comunidad rohinyá en 2017.

El fiscal de la CPI Karim Khan emitió la solicitud el 27 de noviembre tras considerar que existían "motivos razonables" de deportación forzada y persecución contra la comunidad rohinyá, minoría étnica a la que el régimen birmano no reconoce la ciudadanía.

Es la primera solicitud de este tipo en el seno de la CPI contra un alto funcionario de la Junta birmana desde el golpe militar de hace tres años.

Andrews destacó que se trata de un paso adelante "crucial y largamente esperado" que debe ser aprovechado por la comunidad internacional para "hacer justicia" para las víctimas de los ataques de 2017 contra los rohinyás.

Birmania no es Estado parte de la CPI, pero el fiscal emitió esta solicitud al considerar que estos presuntos crímenes, que tuvieron lugar entre agosto y diciembre de 2017, se cometieron en parte en el territorio de Bangladés, Estado que sí es parte de la CPI y a donde fueron deportados muchos ronhiyás.

En este sentido, Andrews reconoció que si bien la solicitud es pionera presenta "limitaciones".

"El caso del fiscal no aborda toda la amplitud de las atrocidades cometidas contra los rohinyás, los crímenes internacionales en curso cometidos por la junta desde el golpe militar de febrero de 2021, ni los crímenes históricos perpetrados por los militares contra activistas prodemocráticos y grupos étnicos", afirmó Andrews.

Por ello, el relator reiteró su llamamiento a los gobiernos para que apoyen éste y otros casos de jurisdicción universal relativos a Birmania en los tribunales nacionales competentes, así como en la CPI y otros órganos internacionales.

"La reciente decisión del fiscal es un importante paso adelante, pero es necesario hacer mucho más para garantizar una rendición de cuentas firme por el asombroso catálogo de crímenes cometidos en Birmania", aseguró.

El brutal operativo que el Ejército birmano lanzó en agosto de 2017 contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin (Arakan) motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés. EFE

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha celebrado la etapa final del juicio contra Alí Muhamad Alí Abdelrahmán, alias 'Alí Kushaib', un destacado comandante de las milicias yanyauid que respaldaron al expresidente sudanés Omar Hasán al Bashir durante su campaña de atrocidades en el conflicto de Darfur entre 2003 y 2004.

"Las pruebas demuestran de manera contundente que se ha cometido la conducta alegada por la Fiscalía", ha explicado durante la sesión el fiscal general del TPI, Karim Khan, agregando que el líder de las milicias yanyauid "participó activamente en la comisión de delitos, con voluntad y entusiasmo".

Los testigos, ha subrayado Khan, han detallado "asesinatos en masa, torturas, violaciones, ataques contra civiles, incendios y saqueos de pueblos enteros", así como "el desplazamiento de millones" de personas que hasta el día de hoy "no han podido regresar a la tierra" de la que pertenecen.

En concreto, Abdelrahmán --considerado 'Aqid al Oqdada', coronel de los coroneles-- está acusado de 31 cargos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la región de Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004 en las aldeas y ciudades de Kodoom, Bindisi, Mukjar y Arawala.

Entre estos cargos figuran orquestar ataques contra civiles, asesinatos, saqueos, destrucción de propiedades, actos inhumanos, acciones contrarias a la dignidad de las personas, violaciones sexuales, traslado forzoso de población, persecución, tortura, tratamiento cruel e intento de secuestro.

'Alí Kushaib' comandó a miles de yanyauid, las milicias que apoyaron al Ejército sudanés en la lucha contra los grupos rebeldes en la región Darfur, y presuntamente habría aplicado una "estrategia de contrainsurgencia" que tuvo como resultado la comisión de estos crímenes contra la humanidad.

La orden de arresto en su contra, emitida en abril de 2007, le vincula a más de 500 asesinatos, una veintena de violaciones y el desplazamiento forzado de más de 41.000 personas, así como casos de violencia sexual, torturas y saqueos de las que fueron responsables sus hombres.

Abdelrahman, que ha rechazado los cargos, huyó de Sudán en 2020, si bien se entregó ante las autoridades de República Centroafricana (RCA) cuatro meses después de que el Gobierno sudanés anunciara que cooperaría en el caso. El juicio, que arrancó hace casi tres años, ha contado con el testimonio de un total de 56 testigos.

El tribunal también ha exigido la extradición del expresidente Al Bashir, derrocado en 2019. Sobre él pesan dos órdenes de arresto por genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra por los presuntos abusos cometidos bajo su mando en la región de Darfur.

A pesar de que las autoridades de transición sudanesas se mostraron abiertas a entregar al expresidente --juzgado además por el golpe de Estado militar de 1989, que derrocó al gobierno electo y le alzó al poder-- hasta ahora este paso no se ha materializado.

Entre las figuras acusadas por el TPI figuran, además de Al Bashir y 'Alí Kushaib', el exministro del Interior y antiguo gobernador de Kordofán Sur Ahmed Harun y el exministro de Defensa Abdelrahim Mohamed Husein, ambos detenidos tras la asonada que derrocó a Al Bashir y bajo custodia desde entonces.

San José, 10 dic (EFE).- Un informe del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua registró 229 casos de torturas desde 2019 hasta la fecha en el país centroamericano, los cuales los atribuyó al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

"Desde 2019 hasta la fecha, el Colectivo ha recopilado 229 testimonios de víctimas de torturas y malos tratos, entre ellas 46 mujeres y 183 hombres, lo que representa un aumento de 71 casos desde el informe anterior", indicó esa ONG humanitaria en la presentación este martes de su noveno informe contra la tortura.

Este nuevo informe incorpora además testimonios de menores de edad y de personas sometidas a desaparición forzada, "lo que evidencia la creciente gravedad, extensión de estos abusos y el sometimiento a una situación de especial vulnerabilidad contra las personas presas políticas" en Nicaragua, advirtió ese organismo.

El informe señala que, además de las fuerzas policiales, el Ejército de Nicaragua ha participado en esos actos de represión, "contribuyendo a la violencia, las detenciones arbitrarias y el destierro de los nicaragüenses".

"La intervención del ejército en estos operativos intensifica el panorama de represión y vulneración de derechos en Nicaragua", alertó.

 Identifican más de 40 métodos de tortura

Según el Colectivo, basado en el testimonio de las víctimas, lograron identificar al menos 40 métodos de torturas aplicados en Nicaragua, entre ellos violencia sexual, abuso sexual y tortura psicológica.

También quemaduras con cigarrillos, choques eléctricos, torturas por suspensión o colgamiento, desprendimientos de uñas, simulaciones de asesinatos y casos de amenazas de muerte contra las víctimas o sus familiares.

El noveno informe contra la tortura documentó siete violaciones, 113 casos de violencia sexual como tocamientos indebidos y tomas de fotografías a las víctimas desnudas con amenazas de publicación, así como 131 casos de desnudez forzada.

Asimismo, el informe documentó con nombres y apellidos, cargos y hechos detallados a 179 perpetradores intelectuales y materiales de las torturas, principalmente policías, encabezados por su jefe, Francisco Díaz, así como a alcaldes sandinistas y "parapoliciales y paramilitares" que el Estado los cataloga como "policías voluntarios".

"Frente a todo esto que hemos documentado, obviamente los principales responsables son Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos son los autores intelectuales, son los que dieron las órdenes y son los principales responsables. De ahí se derivan otros actores, que son los autores materiales”, explicó el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.

 ONG aboga por justicia internacional

Según esa ONG, con todos los elementos planteados, el informe prevé aportar en la búsqueda de justicia de las víctimas y supervivientes de crímenes de lesa humanidad como el encarcelamiento o detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el traslado forzado o destierro y la represión a través de la apatridia.

Para el Colectivo, esos delitos no solo podrían ser perseguidos por los demás Estados democráticos, sino también, por la Corte Penal Internacional.

"El Colectivo considera que al haberse cometido algunos de ellos de forma extraterritorial en Estados parte del Estatuto de Roma existe una posibilidad de que dicho órgano tenga competencia para investigar, juzgar y sancionar a sus responsables", señaló en el informe.

En ese sentido, advirtió que las recientes reformas constitucionales en Nicaragua son contrarias a los tratados de derechos humanos.

Ortega propuso una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una "democracia directa" ejercida a través de la Presidencia, que legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.

El informe, realizado desde el exilio por los miembros del Colectivo, que tienen su sede en Costa Rica, se enmarca en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018, año en el que murieron cientos de personas, y que se agudizó en las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega y Murillo fueron reelegidos con siete de sus rivales presos y dos en exiliados.EFE

La Haya, 12 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó hoy las objeciones planteadas por Azerbaiyán y confirmó que tiene jurisdicción sobre el procedimiento iniciado por Armenia por presuntas violaciones en 2021 de la convención contra la discriminación racial (CERD) por el trato dado a personas de etnia armenia en el enclave de Nagorno-Karabaj.

En una audiencia pública este martes, la CIJ falló, en una decisión vinculante y sin opción de apelación, por 15 votos a dos que “tiene jurisdicción”, en base a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), para tratar el procedimiento presentado por Armenia el 16 de septiembre de 2021.

En su objeción preliminar, Azerbaiyán había argumentado que la Corte, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, carecía de jurisdicción porque no se había cumplido la condición previa de “negociación” establecido en la CERD como requisito antes de recurrir a la CIJ para resolver la disputa, pero los jueces opinaron que sí hubo intentos de diálogo.

"Tras considerar la correspondencia intercambiada y las reuniones entre las partes entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, la Corte concluye que Armenia hizo un intento genuino de entablar negociaciones con Azerbaiyán para resolver la disputa”, señaló.

La CIJ se limitará a determinar si, bajo la CERD, “los actos específicos denunciados por Armenia pueden constituir un trato discriminatorio basado en el origen nacional o étnico armenio de las víctimas”.

Ereván aseguró que Azerbaiyán ha sometido a “personas de etnia armenia, civiles o miembros de las fuerzas armadas de Armenia, a actos de asesinato, tortura y trato inhumano”, así como de detención arbitraria y desaparición forzadas de personas, “en base a su origen nacional o étnico” armenios.

El pasado abril, la CIJ escuchó las objeciones preliminares de Armenia y Azerbaiyán contra casos presentados en 2021. Ambos iniciaron procedimientos separados por presunta violación de la CERD, acusándose mutuamente de estar llevando a cabo una “limpieza étnica”.

El tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el caso iniciado por Azerbaiyán.

La Corte pidió a finales de 2021 a los dos países evitar violar la Convención, pero ambos ignoraron las órdenes de la CIJ, que no tiene mecanismos prácticos para imponer sus fallos.

El 19 de septiembre del año pasado, Azerbaiyán lanzó una operación militar de 24 horas para recuperar todo Nagorno Karabaj, perteneciente a este país, pero poblado hasta entonces por unos 120.000 armenios, una ofensiva que causó un éxodo masivo.

Armenia volvió entonces a recurrir al tribunal, acusó a Azerbaiyán de haber culminado “una limpieza étnica” en Nagorno Karabaj y denunció que ya “no queda casi ninguna persona de etnia armenia” en el enclave.

Azerbaiyán rechazó esa afirmación y recalcó que la salida de los karabajíes del enclave “es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa”, y les pidió públicamente quedarse como ciudadanos de Azerbaiyán.

No obstante, los karabajíes rechazan cualquier forma de convivencia con los azerbaiyanos tras dos guerras por el control de Nagorno Karabaj en las últimas tres décadas y temen que sus derechos y su seguridad no estén garantizados si permanecen en el enclave. EFE

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha arremetido este sábado contra los medios de comunicación occidentales por ser cómplices de Israel, tras los incidentes registrados en la capital de Países Bajos, Ámsterdam, entre un grupo de manifestantes propalestinos y aficionados del equipo de fútbol Maccabi de Tel Aviv.

"Una vez más, los medios de comunicación occidentales deberían ser investigados por el papel que desempeñan en ocultar las atrocidades de Israel", ha sentenciado Albanese en una publicación en su cuenta en la red social X.

A este respecto, la relatora de Naciones Unidas ha criticado el doble rasero de la Justicia internacional y ha argumentado que, "en otros contextos", han señalado a "figuras de los medios de comunicación como responsables de complicidad, incitación y otros crímenes".

Los incidentes a los que alude Francesca Albanese estallaron después de un partido entre Maccabi de Tel Aviv y el Ajax, disputado en el estadio Johan Cruijff Arena, en cuyos alrededores se habían concentrado decenas de manifestantes propalestinos para protestar contra el hecho de que el equipo israelí siga compitiendo y no haya sido excluido a raíz de la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza.

Tras estos acontecimientos, el primer ministro holandés, Dick Schoof, ha trasladado al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, que la comunidad judía puede sentirse a salvo después de los disturbios ocurridos el jueves en Ámsterdam y ha aseverado que su Ejecutivo "está haciendo todo lo que puede para garantizar que la comunidad judía de (su) país se sienta a salvo".

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado hizo este viernes un llamado a la justicia internacional a que "actúe" y "disuada" al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como para que se detenga la "persecución de ciudadanos" y negocie con la oposición.

"Maduro se va a sentar a negociar el día en que el costo de quedarse aferrado a la fuerza en el poder sea más alto que el costo de aceptar una negociación para la transición. Y no estamos ahí todavía", señaló Machado durante su participación vía remota en el Foro América Libre, realizado en la capital mexicana.

De cara al 10 de enero, cuando está previsto que tome posesión el vencedor de las presidenciales, como establece la Constitución venezolana, Machado afirmó que seguirá luchando "hasta el final" y pidió el apoyo de los países del mundo.

La líder opositora dijo que "Maduro siente hoy que puede cometer todo tipo de abusos y crímenes de lesa humanidad, y la reacción de la comunidad internacional será cero", aunque reconoció que ha habido "importantes declaraciones e informes de organizaciones de Derechos Humanos".

"Pero la justicia internacional tiene que actuar, porque es la manera de disuadir a aquellos que hoy están siendo presionados por Maduro a continuar persiguiendo, torturando y asesinando venezolanos", sostuvo.

"Al elevar este costo de la represión, nosotros, los venezolanos, podemos ejercer mucha más presión interna sin los costos que hemos asumido hasta ahora", agregó, en referencia a las detenciones que han tenido lugar luego de las presidenciales, que la oposición venezolana califica de "presos políticos".

Asimismo, en el plano diplomático, pidió reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, pese a que Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los comicios del pasado 28 de julio.

"Hay que lograr presionar a que Nicolás Maduro entienda que la comunidad internacional no va a pasar la página. El 28 de julio es un antes y un después que no nos va a abandonar nunca, y al igual que nosotros, esta lucha tiene un solo destino, la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos a casa", insistió.

Asimismo, Machado agradeció a los países que han reconocido a González Urrutia, entre ellos, Argentina, Chile y Ecuador.

En su segunda edición este año, el Foro América Libre reunió del 6 al 9 de noviembre representantes de 70 países en la capital mexicana, en busca ser un contrapeso al Foro de Sao Paulo, que congrega a la izquierda latinoamericana. EFE

(foto)

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aspira que la justicia internacional actúe y disuada al régimen de Nicolás Maduro para que detenga “la persecución”, algo que, aseguran expertos, ya están haciendo diversos organismos, como la Corte Penal Internacional (CPI), con la advertencia de que son procesos lentos.

La ex diputada venezolana hizo un llamado recientemente a la justicia internacional para que actúe, porque, a su juicio, es la “manera de disuadir a aquellos que hoy están siendo presionados por Maduro a continuar persiguiendo, torturando y asesinando venezolanos”.

Machado, quien hizo recientemente este exhorto en el Foro América Libre, dijo que “Maduro siente hoy que puede cometer todo tipo de abusos y crímenes de lesa humanidad, y que la reacción de la comunidad será cero”, pero -señaló- ha habido “importantes declaraciones e informaciones de organizaciones de derechos humanos” al respecto.

Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos, señaló a la agencia de noticias EFE que, desde hace varios años, las ONG, las presuntas víctimas, juristas especializados y organizaciones internacionales han venido activando mecanismos de justicia internacional para que atiendan crímenes de lesa humanidad si se prueba su comisión.

Señaló que hay dos mecanismos activados: la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la orden de captura a Maduro y otros funcionarios del Gobierno, emitida por Cámara Federal de Buenos Aires, Argentina, por el principio de la jurisdicción universal.

“Son procesos que van a tomar tiempo. En el caso de Argentina, se han abierto más de 100 investigaciones en virtud de la jurisdicción universal y ninguna ha llegado hasta el momento de la etapa de juicio”, explicó el también representante de la ONG Provea en Europa.

Una respuesta coordinada

Tras las presidenciales del 28 de julio -en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado tachado de fraudulento por la oposición mayoritaria-, la crisis política en Venezuela recrudeció, lo que activó las alarmas de diferentes organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, entre otros.

El abogado especialista en derecho internacional Simón Gómez explicó a EFE que la “severa crisis” de derechos humanos en el país dio lugar a una “respuesta coordinada” de los órganos de protección internacional y se han establecido -dijo- mecanismos especiales, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, cuyo mandato fue renovado en octubre pasado.

“Esta misión ha sido fundamental para el avance de la investigación que lleva a cabo el fiscal de la Corte Penal Internacional”, indicó Gómez.

A su juicio, la coordinación entre los diversos mecanismos creados para monitorear la situación de derechos humanos ha dado como resultado que Venezuela se haya convertido en el primer país de la región en el que la CPI abre una investigación formal.

La documentación es “presión”

Por su parte, Ávila señaló que la permanente acción de documentación ya significa una “importante presión internacional” sobre Maduro.

“Esos organismos internacionales deben continuar ese trabajo y el Estado venezolano entiende que ese trabajo, aunque impida el ingreso de la Misión de Determinación de Hechos, aunque haya expulsado a la Oficina del Alto Comisionado, ese trabajo de investigación se está construyendo en torno a esos responsables, una telaraña que en algún momento podrá llevar al establecimiento de responsabilidades”, apostilló.

Explicó que la obligación de respetar los derechos humanos en el país corresponde al Estado y ante su “incumplimiento”, se han activado las instancias internacionales.

“Estas instancias, efectivamente, han entrado a actuar y ejercen un poder de persuasión sobre el Estado venezolano, aunque las autoridades lo nieguen”, dijo.

Entretanto, Simón Gómez reitera que los organismos internacionales han hecho su labor de monitorear y documentar la situación venezolana, al tiempo que indica que con la profundización de la crisis política hay una mayor exigencia sobre la actuación de la CPI para “imprimir mayor celeridad” y prioridad a la situación del país.

(EFE)

Un tribunal de Uganda ha condenado al excomandante y excoronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en inglés) Thomas Kwoyelo a 40 años de cárcel tras ser acusado de 44 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad tras su participación en las operaciones de los insurgentes entre 1994 y 2005 en el país africano.

La sentencia se ha anunciado este jueves por el juez que preside este caso en el Alto Tribunal de la División de Crímenes Internacionales en Gulu, una suerte de equivalente nacional al Tribunal Penal Internacional de La Haya, Michael Elubu, que le declaró en agosto culpable de 44 cargos, según la televisión ugandesa NBS.

Entre ellos, se encuentran delitos de crímenes contra la humanidad, de guerra y otros graves, incluidos asesinato, violación, esclavitud, tortura, encarcelamiento ilegal y saqueo.

Kwoyelo fue acusado inicialmente de 93 cargos. Sin embargo, en diciembre de 2023, el tribunal lo absolvió de 14 de ellos. Tras celebrarse un juicio, la Sala exoneró a Kwoyelo de 34 cargos y lo condenó por 44, que incluyen diez de delitos sexuales y de género.

En su cuenta de la red social X, el Poder Judicial de Uganda ha detallado en un resumen del caso que "Kwoyelo reconoció sus acciones y pidió clemencia al tribunal". "La Fiscalía solicitó cadena perpetua por asesinato y secuestro con intención de asesinar, destacando la gravedad de estos delitos (...) La defensa argumentó que los 16 años que Kwoyelo ha pasado en prisión preventiva deberían considerarse castigo suficiente", han explicado.

Así, según las cifras que ha arrojado la Justicia ugandesa, Kwoyelo pasará en la cárcel previsiblemente otros 24 años.

Kwoyelo, capturado por fuerzas ugandesas en 2005 en República Democrática del Congo y formalmente imputado en 2009 con 78 cargos, se ha pasado los últimos 14 años bajo detención hasta el juicio.

El comandante fue acusado de violar la Ley de los Convenios de Ginebra de 1964 de Uganda por cargos de asesinato premeditado, secuestro y destrucción generalizada de propiedad en las localidades ugandesas de Amuru y Gulu, así como ataques como el efectuado en 1994 contra la población de Abera, donde sus fuerzas asaltaron varios domicilios antes de proceder a torturar, mutilar y secuestrar a una decena de civiles.

La Fiscalía rechazó una petición de amnistía que sí fue concedida a casi 13.000 antiguos miembros del LRA, grupo fundado por Joseph Kony, actualmente a la fuga y que tiene una orden de detención en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El LRA, formado en 1987, comenzó sus actividades como un grupo insurgente hasta convertirse en un movimiento extremista cristiano al que se le atribuyen los secuestros de más de 50.000 niños ugandeses para su reclutamiento forzado como sicarios y esclavos sexuales.

El grupo es una organización criminal que se caracteriza por su extrema violencia, con casos de asesinatos en masa, mutilaciones, violencia sexual y desplazamientos forzados. Aunque sus filas han quedado reducidas a unos pocos cientos de combatientes, sigue realizando ataques contra civiles. Kwoyelo es el primer miembro de alto rango del Ejército de Resistencia del Señor que ha sido juzgado, condenado y sentenciado.

Kampala, 25 oct (EFE).- Un tribunal de Uganda condenó este viernes a 40 años de cárcel a Thomas Kwoyelo, un excomandante del grupo rebelde con ideología extremista cristiana Ejército de Resistencia del Señor (LRA, en inglés), declarado culpable el pasado agosto de un total de 44 cargos, incluidos crímenes de guerra.

La sentencia fue anunciada por el magistrado Michael Elubu, de la División de Crímenes Internacionales (ICD, en inglés) en el Tribunal Superior de Gulu (norte).

Kwoyelo tiene un plazo de dos semanas para presentar un recurso de apelación contra la sentencia.

El antiguo rebelde, que estaba acusado -entre otros cargos- de asesinato, violación, secuestro, esclavitud, tortura y saqueo, negó los más de 70 cargos que se le imputaban, cometidos en Uganda, lo que ahora es Sudán del Sur y la República Democrática del Congo (RDC) cuando era miembro del LRA.

De los 70 cargos, el tribunal desestimó 31 por ser duplicaciones de otros y lo absolvió de tres.

"El veredicto de este tribunal es que el acusado ha sido declarado culpable", afirmó Elubu, en el primer caso de un miembro de alto rango del LRA juzgado en Uganda.

El excomandante fue detenido en 2009 en un enfrentamiento entre el grupo paramilitar y el Ejército, y acusado de crímenes de guerra, entre los que figuran el asesinato deliberado de civiles, secuestros, destrucción de propiedad y tratamientos inhumanos.

La ICD, juzgado dependiente del Tribunal Supremo, comenzó su juicio, el primero de este tipo en Uganda, en julio de 2011, pero el Tribunal Constitucional decidió en septiembre de ese año que Kwoyelo debía ser puesto en libertad porque el Gobierno no había contemplado su demanda de acogerse a la amnistía dictada en el año 2000.

La Fiscalía rechazó su petición de ser amnistiado en febrero de 2012, y en abril de 2015 una corte superior decidió que el juicio por crímenes de guerra debería continuar.

Sin embargo, su caso se ha ido dilatando en el sistema judicial ugandés hasta ahora.

El LRA, en la actualidad muy poco activo, es un grupo rebelde que desde 1986 ha pretendido instalar en Uganda un sistema de Gobierno fundamentado en los diez mandamientos bíblicos y el nacionalismo del pueblo acholi.

Según la ONU, mató a alrededor de 100.000 personas en el norte de Uganda y el temor por sus ataques obligó a unos 1,8 millones a abandonar sus hogares, desencadenando uno de los peores desastres humanitarios del mundo en ese momento.

El LRA también secuestró a miles de niños para obligarles a luchar.

El grupo está liderado históricamente por Joseph Kony, un autodeclarado profeta y el prófugo más antiguo de la Corte Penal Internacional (CPI).

Kony es uno de los criminales más buscados del mundo y sigue escondido en algún país del centro de África, después de que las ofensivas del Ejército ugandés obligasen a su grupo a huir primero a la RDC en 2006 y después a la República Centroafricana.

Pese a los esfuerzos de los Ejércitos de Estados Unidos y Uganda, que cooperaron hasta mediados de 2017 para buscar y arrestar a Kony, la ubicación del jefe rebelde aún es un misterio. EFE

La Haya, 24 oct (EFE).- Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) denunciaron este jueves a Mongolia ante la Asamblea de Estados Partes, su órgano legislativo y de supervisión, por “no cumplir con la solicitud” de detención del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando viajó a su territorio en septiembre, lo que “impidió” que el tribunal ejerza sus funciones.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó hoy que, “al no arrestar a Putin mientras se encontraba en su territorio y no entregárselo a la Corte, Mongolia no cumplió con la solicitud de cooperación” en este sentido, lo que es contrario al Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, y le impide ejercer “sus funciones y poderes” como órgano judicial.

“En vista de la gravedad del incumplimiento de Mongolia de cooperar con la Corte, la Sala consideró necesario remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes. La Sala reafirmó que la inmunidad personal, incluida la de los jefes de Estado, no es oponible ante la CPI, y no se requiere renuncia alguna”, explicaron los jueces.

Además, advirtió a Mongolia de que los países que aceptan la jurisdicción de la Corte “tienen la obligación de arrestar y entregar a los individuos sujetos a órdenes de arresto de la CPI, independientemente de su posición oficial o nacionalidad”, y le recordó que este tribunal “opera de manera independiente de la intervención estatal, abordando crímenes internacionales graves”.

“La Corte desempeña funciones que están alineadas con los intereses generales de la comunidad internacional, ejerciendo jurisdicción sobre los crímenes internacionales más graves, que incluyen violaciones graves de las normas fundamentales del derecho internacional”, señaló la Sala.

Ante la anunciada visita de Putin a Mongolia, la CPI pidió a finales de agosto a las autoridades de ese país que cooperen con el tribunal y detengan al mandatario ruso, y les alertó de que, “en caso de falta de cooperación”, los jueces “pueden emitir una constatación en ese sentido” e informar de ello a la Asamblea, que adoptaría “las medidas que considere apropiadas”.

Mongolia ignoró las solicitudes de la Corte en la que fue la primera visita de Putin a un Estado miembro de la CPI desde que este organismo emitió el pasado año una orden de detención contra el mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, en concreto por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.

Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitando los países que habían ratificado el Estatuto de Roma. Mongolia ratificó el tratado de la CPI en 2002. EFE

Caracas, 15 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo este martes que el informe de la Misión Independiente de la ONU, que recoge denuncias de supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con los comicios del 28 de julio, es "crucial para el aislamiento" del "régimen", como llama al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Este informe representa un elemento crucial para el aislamiento cada vez mayor del régimen, y las pruebas para que se concrete la justicia internacional", manifestó Machado a través de X.

Asimismo, dijo que el informe de la Misión es "un paso muy importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas de torturas, persecución y violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como también para sus familiares".

En el documento, que tiene 158 páginas y abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 en Venezuela, la Misión acusa, además, a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela rechazó "enérgicamente" el informe, que calificó de "panfleto", publicado "por la vergonzosa misión", al considerar que es "un documento novelesco" y "un guion fantasioso", sin responder a los señalamientos que contiene el informe.

Washington, 10 oct (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó este jueves su repudio por los reportes de "secuestro y tortura" de menores en centros de detención en Venezuela y los calificó como "crímenes de lesa humanidad" que deben ser castigados.

Almagro señaló en un comunicado la existencia de audios "escalofriantes" de dentro de los centros de detención donde "menores de edad son torturados con descargas eléctricas, golpes, falta de alimentación o incluso abusos sexuales".

Esos menores, detalló el secretario general, están detenidos "con acusaciones irracionales e infundadas como terrorismo y traición a la patria".

Almagro condenó "en los más fuertes términos las atrocidades cometidas" y afirmó que "estos crímenes de lesa humanidad cometidos contra menores constituyen una nueva dimensión jurídica de responsabilidad criminal internacional de las autoridades del régimen".

"Como comunidad internacional, debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia", declaró. EFE

Zagreb, 8 oct (EFE).- El presidente de Croacia, el populista Zoran Milanovic, aseguró este martes que la OTAN, de la que su país es miembro, desarrolla actividades bélicas en Ucrania e insistió en que vetará la participación de Croacia en la misión de apoyo logístico aprobada por la Alianza el pasado junio.

"La misión de la OTAN para el entrenamiento, y lo que es más importante, para el apoyo logístico a Ucrania, es una misión por la que la OTAN, por primera vez, entra en el conflicto”, aseguró Milanovic en rueda de prensa en Montenegro, donde participa en una cumbre regional.

El jefe del Estado aseguró en una rueda de prensa retransmitida en vivo que "sólo los niños pueden creer que ese tipo de inclusión de la OTAN en el conflicto en Ucrania no es una actividad bélica".

Milanovic, que es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, vetó la semana pasada el envío de cinco oficiales croatas a la sede de esa misión en la base estadounidense de Wiesbaden, en Alemania.

Argumentar que esos militares no estarían físicamente en Ucrania sino en Alemania no tiene sentido, según Milanovic.

"Ya están en Ucrania, yo sé que están en Ucrania y quien lo esconde desinforma al público europeo”, aseguró refiriéndose a una supuesta presencia de la OTAN en Ucrania.

Dijo que tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, deberían rendir cuentas ante cortes internacionales de Justicia, pero también opinó que no se puede ignorar que Rusia es una potencia con armamento nuclear.

Además, aseguró que en la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania ya han muerto o resultado heridos más de 500.000 hombres.

"¿Cuántos más son necesarios? ¿50.000 más? ¿Eso satisfaría los apetitos de los que quieren la guerra? !Que manden a sus propios hijos allí!”, alegó el presidente croata, que este año competirá en las elecciones por otro mandato de cinco años.

El primer ministro croata, el conservador Andrej Plenkovic, ha acusado a Milanovic de desinformar sobre un supuesto envío de soldados croatas a Ucrania y ha dicho que con su veto quiere deteriorar las relaciones del país con la OTAN.EFE

Madrid, 30 sep (EFE).- El Congreso de los Diputados ha sido una de las paradas en España de Benjamin Ladraa, el activista sueco de derechos humanos que lleva dos años recorriendo en bicicleta 25 países para poner de relieve la situación del Sáhara Occidental.

Ladraa ha sido recibido en la escalinata de la Puerta de los Leones por el diputado de IU Enrique Santiago, a quien ha trasladado sus reivindicaciones, como ha hecho ya con políticos, medios de comunicación y sociedad civil de los países que ha visitado.

Un periplo que inició en 2022 en su Suecia natal con su compañera, la también activista Sanna Ghotbi, y que se ha extendido por diversos países del centro y este europeo hasta llegar a Turquía y continuar en Asia Oriental, con escalas en Indonesia, Japón, Corea del Sur o Taiwán.

"Es la última colonia de África, es la mayor colonia de todo el mundo", ha denunciado Ladraa, quien ha señalado que España tiene una "responsabilidad histórica como administrador oficial de este territorio", al que espera llegar como última etapa de su viaje reivindicativo que sumará 30.000 kilómetros.

Ladraa ha reclamado que se resuelva la situación de la gente que "vive bajo la ocupación marroquí desde hace casi 50 años, que sigue sufriendo violaciones de los derechos humanos y viviendo en campos de refugiados en Argelia".

Ha advertido además de que si no se resuelve la situación del Sáhara Occidental no se podrá solucionar tampoco la de Palestina, Líbano o Ucrania, al tiempo que ha pedido a España que ponga de su parte "para tener alguna credibilidad cuando se habla de justicia internacional en el ámbito internacional". EFE