El proceso contra Mahdié Esfandiari, traductora iraní de 39 años, ha captado atención internacional debido a la propuesta de las autoridades iraníes de incluir su nombre en intercambios de presos con Francia, según reportó BFM TV. Este caso cobró aún mayor relevancia cuando Teherán consideró la posibilidad de canjear a Esfandiari por los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados en Irán por cargos de espionaje, mientras que la situación del arresto domiciliario de ambos en la Embajada de Francia en Teherán refleja la complejidad de las negociaciones diplomáticas entre ambos países.

Según informó la cadena BFM TV, el tribunal de París dictó una sentencia de un año de prisión contra Esfandiari por apología del terrorismo, después de considerar que impulsó una campaña en redes sociales, particularmente en la plataforma Telegram, en apoyo a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Las autoridades judiciales evaluaron que los mensajes publicados glorificaban aquellos actos violentos al describirlos como “un acto de resistencia” y estimulaban abiertamente la comisión de atentados terroristas.

De acuerdo con lo publicado por BFM TV, la acusada ya había pasado ocho meses en prisión preventiva antes de la resolución judicial. Además de la sentencia de prisión, el tribunal determinó la expulsión definitiva de Esfandiari del territorio francés una vez que cumpla la pena impuesta, así como la prohibición permanente de reingreso al país.

El caso judicial incluyó a otros cuatro acusados, entre ellos Alain Soral, ensayista identificado en medios franceses por sus posturas de extrema derecha. Conforme difundió BFM TV, la participación de Esfandiari se centró en mensajes en los que expresó que los atentados del 7 de octubre “hacían felices a miles de millones de personas en todo el mundo”, un argumento que llevó a las autoridades judiciales a establecer su responsabilidad penal por apología e incitación al terrorismo.

Esfandiari enfrentó también la sospecha por parte de las autoridades francesas de actuar como agente del gobierno iraní. Desde que fue detenida, diversos sectores han señalado la influencia de intereses políticos que trascienden el ámbito estrictamente penal. La dimensión internacional del caso se profundizó cuando Teherán sugirió intercambiar a Esfandiari por los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris. Estos últimos se encuentran condenados en Irán a 20 y 17 años de prisión respectivamente por delitos de espionaje, según detalló BFM TV.

Pese a que la pareja francesa fue liberada a comienzos de noviembre de 2025, todavía permanece bajo arresto domiciliario en la sede diplomática de Francia en la capital iraní. Conforme refirió BFM TV, han existido negociaciones entre las autoridades de ambos países para explorar la posibilidad de un intercambio de presos, sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre la situación de Esfandiari.

El juicio puso de manifiesto la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y la legislación francesa sobre apología del terrorismo. Los elementos presentados por la Fiscalía incluyeron la recopilación de mensajes y evidencias relacionadas con la campaña digital que Esfandiari habría coordinado, centrándose en su repercusión y alcance tanto en el contexto local como internacional.

El fallo de la justicia francesa sienta un precedente en materia de lucha contra el enaltecimiento del terrorismo en plataformas digitales, subrayando la colaboración entre servicios de inteligencia y policiales para detectar y procesar este tipo de delitos. Según consignó el medio BFM TV, las acciones de Esfandiari fueron evaluadas bajo la perspectiva de seguridad nacional, especialmente por la naturaleza de los ataques del 7 de octubre en Israel y su impacto en la comunidad internacional.

El proceso legal y el posterior debate diplomático han generado reacciones en círculos políticos y mediáticos, tanto en Francia como en Irán. La cobertura mediática pone en relieve la utilización de casos judiciales como herramienta dentro de las negociaciones bilaterales, así como los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales frente a la creciente incidencia de redes sociales en la propagación de discursos violentos.

La condena y expulsión permanente de Mahdié Esfandiari marcan el final de una etapa judicial específica y abren la puerta a nuevas dinámicas en la relación franco-iraní, especialmente en lo referente a la protección de ciudadanos propios y al tratamiento judicial de extranjeros implicados en delitos considerados de máxima gravedad por ambos Estados.

"Es hora de que la vergüenza cambie de bando". Con esa frase, la francesa Gisèle Pelicot sintetizó el vuelco que dio su vida y el de toda Francia cuando, tras medio siglo de matrimonio, descubrió que su esposo la había drogado sistemáticamente durante una década para que más de ochenta hombres la violaran mientras él grababa todo. El caso salió a la luz en 2022, después de que un guardia de seguridad sorprendiera al marido de Gisèle grabando bajo la falda de varias clientas en un supermercado.

La policía intervino el teléfono celular y la computadora del hombre. Poco después, en la comisaría, Gisèle fue separada de su esposo y enfrentada a la evidencia: miles de fotos, vídeos y mensajes que documentaban los abusos y la promoción de encuentros sexuales con su esposa inconsciente, según relató la propia Pelicot en entrevista con El País Semanal.

Intenté guardar lo mejor que viví con el señor Pelicot. Necesitaba saber que esos 50 años no eran solo una mentira. Separé lo negativo.

Gisele Pelicot

La noticia destruyó de forma abrupta los recuerdos de cincuenta años de convivencia, convirtiendo su historia en una mezcla de felicidad, traición y terror. La revelación no solo marcó el inicio de una investigación judicial sin precedentes, sino que también la transformó en un símbolo de resistencia y en la voz de quienes exigen que la culpa recaiga en los agresores y no en las víctimas.

Gisèle Pelicot reapareció ante la opinión pública en enero, en París, para presentar Un himno a la vida, el libro en el que relata, junto a la periodista Judith Perrignon, la brutalidad de los hechos y el proceso de reconstrucción personal que siguió al escándalo. La publicación coincide con un momento clave: Francia aún digiere el impacto social y legal del caso, y la propia Gisèle emerge como un referente internacional en la lucha contra la violencia sexual.

El equipo de El País Semanal la entrevista en la agencia literaria que gestiona su obra. La autora se muestra serena, sonriente y decidida a aligerar la carga de quienes la rodean, consciente del peso que su historia provoca en el interlocutor.

Durante años, Gisèle preparaba cada noche la mesa del desayuno, un hábito que con el tiempo entendió como un mecanismo inconsciente para evitar el recuerdo de las noches. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, su marido tejía un entramado de abusos sin que nadie, ni siquiera sus hijos o nietos, sospechara nada. La rutina se rompió con una llamada de la comisaría. Creyó que se trataba de un trámite más, un incidente menor tras el episodio del supermercado. Al llegar, la separaron de su esposo y un agente le mostró imágenes y vídeos que no podía imaginar. Ahí empezó la segunda mitad de su vida: la conciencia de haber sido víctima de una traición inimaginable.

Noches de horror

En la computadora requisada por la policía se hallaron miles de grabaciones y mensajes. En ellos, el agresor ofrecía en una web de contactos la posibilidad de abusar de su esposa inconsciente. La acción del vigilante del supermercado y la perseverancia del policía Perret resultaron determinantes para esclarecer el caso y salvar la vida de Gisèle. Sin la intervención de ambos, la red de abusos podría haber continuado de forma indefinida.

Es falso que los dramas unan a las familias. Un drama de este tipo es una deflagración que se lo lleva todo por delante

Gisele Pelicot

La investigación policial confirmó que al menos 50 hombres participaron activamente en los hechos y que la sumisión química fue el instrumento central de la violencia. Según las pruebas, los agresores actuaron con pleno conocimiento de que Gisèle se hallaba sedada. El juicio documentó que muchos de ellos se excusaron o intentaron justificar su conducta, pero las imágenes demostraron la complicidad y la negación colectiva.

En la entrevista, Gisèle Pelicot alterna la lucidez con la serenidad. Reconoce que, tras el juicio, su vida era “un campo de ruinas”, pero afirma: “Pude hacer un proceso de introspección y un balance de mi vida. Estoy intentando reconstruirla. Y la verdad es que va bien.” La escritura del libro fue una herramienta para entender por qué seguía en pie y, al mismo tiempo, una forma de tender la mano a otras víctimas. “Podemos atravesar pruebas muy difíciles en nuestras vidas, pero tenemos recursos de los que no somos conscientes.”

Ante la pregunta sobre si es posible separar los recuerdos felices de los años de matrimonio del horror vivido, Gisèle responde: “Intenté guardar lo mejor que viví con el señor Pelicot. Necesitaba saber que esos 50 años no eran solo una mentira. Separé lo negativo, los traumatismos, los encerré en un cofre y tiré la llave. Solo guardo lo mejor. Viví mucho con él, nos enamoramos muy jóvenes y tuvimos tres hijos. Y eso no lo puedo borrar. A algunos les parecerá raro o sorprendente. Pero no conservo ni odio ni rabia. Solo un sentimiento de traición, de impotencia e indignación. El odio y la rabia te destruyen.”

En el juicio, Gisèle Pelicot tomó una decisión histórica: solicitó que el proceso se celebrara de forma pública para evitar que la vergüenza recayera sobre la víctima. “Me propuse que la vergüenza cambiase de bando: un juicio de este tipo suele ser una doble pena para las víctimas. Había que trabajar para el colectivo luchando contra esa vergüenza”, afirmó a El País Semanal.

El juicio

La exposición mediática fue total. En la sala del tribunal, Gisèle se enfrentó a 44 abogados y a la mirada de los acusados. Pese a la presión, mantuvo la dignidad sin dejarse arrastrar por el odio. Recuerda el gesto de la abogada de su marido, que cruzó la sala para estrecharle la mano. “No le haga ningún regalo”, le aconsejó. “La señora Pelicot no es mi adversaria”, aclaró ante los demás letrados.

El juicio evidenció la negación sistemática de los agresores. Muchos intentaron excusarse, afirmar que desconocían su estado o que el propio marido los había coaccionado. Sin embargo, las imágenes grabadas demostraron la complicidad y la plena consciencia de los hechos.

El estallido del caso tuvo un efecto devastador en la familia de Gisèle. La relación con sus hijos, especialmente con su hija Caroline, sufrió una ruptura profunda. Durante el proceso judicial, Caroline y uno de los hijos de Gisèle se distanciaron de ella, incapaces de comprender algunas de sus decisiones y abrumados por la sospecha de que el padre también pudo haber abusado de la hija. Gisèle reconoce la fractura: “Es falso que los dramas unan a las familias. Un drama de este tipo es una deflagración que se lo lleva todo por delante. Y cada uno intenta reconstruirse como puede, como sabe. Y para Caroline fue muy duro. Y, además, tiene una duda que puede ser una condena perpetua”.

Viví mucho con él, nos enamoramos muy jóvenes y tuvimos tres hijos. Y eso no lo puedo borrar. A algunos les parecerá raro o sorprendente. Pero no conservo ni odio ni rabia. Solo un sentimiento de traición

Gisele Pelicot

La experiencia de Gisèle Pelicot expuso no solo la brutalidad de los hechos, sino la negación social y la revictimización que enfrentan las mujeres en el sistema judicial y médico. Gisèle fue cuestionada, incluso por especialistas, sobre la posibilidad de no haber notado nada. “No comprendían que sufrí anestesias generales. Me trataron como si fuera culpable. Por eso digo que esta sociedad cultiva la negación. Y eso debe cambiar.”

Subraya que la violencia sexual sigue siendo un instrumento de dominación masculina. La aprobación reciente en Francia de una ley sobre la definición del consentimiento representa un avance, aunque insuficiente. “La mentalidad debe cambiar. Por mucho que votemos leyes, no cambiará si no se modifica la educación de los chicos, se inculca el respeto al prójimo.”

El caso también evidenció el papel de internet en la proliferación de los delitos. Gisèle advierte sobre la facilidad con la que se organizan abusos y sobre el acceso ilimitado de los jóvenes a la pornografía. “Hay que limitarlo, hay que restringirlo, poner códigos. Y hay que educar en el colegio, hablar de todo eso. Si uno entra en ese engranaje, es muy difícil salir. Es como la droga, una adicción.”

A pesar de todo, Gisèle rechaza vivir en el odio. Su objetivo es aprovechar los años que le quedan, rodeada de afectos y colaborando para que otras víctimas encuentren esperanza.

El equipo jurídico de Nicolas Sarkozy ha solicitado incorporar la condena por asociación ilícita —vinculada a la presunta financiación libia de su campaña— a la sentencia ya dictada por el caso de las escuchas telefónicas, con el objetivo de impedir la imposición de un nuevo brazalete electrónico tras su régimen de libertad condicional. De acuerdo con la cadena francesa BFMTV, esta petición busca que ambas penas se unan para evitar una segunda medida de control electrónico, después de la liberación condicional que recibió el expresidente en noviembre.

Según detalló BFMTV, los abogados de Sarkozy entregaron la solicitud de acumulación de penas este lunes ante las autoridades judiciales, esperando que el tribunal de París celebre la vista el 23 de febrero. El equipo legal considera este proceso como un mecanismo habitual en el sistema judicial francés y sostiene que la unificación de sentencias podría impedir que Sarkozy se vea obligado otra vez a portar el brazalete electrónico, un dispositivo que permite a las autoridades supervisar el cumplimiento de penas fuera de la cárcel.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia entre 2007 y 2012, sostiene que es víctima de una persecución judicial motivada políticamente. El antiguo mandatario ingresó en prisión el 21 de octubre y, al hacerse pública la condena, expresó que la situación representa un “escándalo judicial” que ha supuesto una humillación para Francia, según informó BFMTV. Siempre ha manifestado su inocencia ante las acusaciones relacionadas tanto con la presunta financiación libia como con otras causas.

El antiguo dirigente conservador ha subrayado reiteradamente que no cometió irregularidades, postura que ha defendido desde que comenzaron los procesos judiciales en su contra. Esta denuncia de persecución política ha sido constante a lo largo de los procedimientos, según publicó la cadena francesa, que también señala la singularidad de su caso en la historia reciente de la política francesa.

Sarkozy fue el primer exjefe de Estado en comparecer de manera presencial ante el tribunal penal. En contraste, Jacques Chirac, quien lo precedió en la presidencia de la República, sí fue condenado por delitos cometidos durante su etapa como alcalde de París en 2011, aunque nunca llegó a presentarse físicamente ante la justicia debido a problemas de salud, recordó BFMTV. Esta diferencia marca una distinción relevante en el tratamiento judicial hacia ambos expresidentes.

En la actualidad, el caso más reciente relacionado con Sarkozy se centra en las acusaciones de que su campaña electoral recibió fondos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi durante la contienda presidencial en Francia. Esta causa se sumó a la ya resuelta de las escuchas telefónicas, en la que el expresidente recibió una sentencia firme. Según BFMTV, la estrategia de la defensa gira en torno a agrupar estas penas para limitar las medidas restrictivas futuras, como el brazalete electrónico.

De acuerdo con la información publicada, el tribunal de París evaluará la solicitud presentada por los abogados el 23 de febrero. Dependiendo del resultado de esa vista, se aclarará si Nicolas Sarkozy enfrentará una nueva vigilancia electrónica o si la acumulación de penas será reconocida y, con ello, evitará dicha medida. Según el medio francés, la defensa insiste en que el trámite de acumulación es una práctica común que pretende ofrecer garantías procesales a los condenados que enfrentan distintas sentencias por causas independientes pero relacionadas.

El desenlace de este proceso judicial resulta relevante no solo para la situación personal de Sarkozy, sino también para las dinámicas entre justicia y política en Francia, ya que involucra acusaciones, estrategias legales y la reiterada denuncia por parte del exmandatario de sentirse perseguido por motivos ajenos a lo judicial, según argumentó en repetidas ocasiones ante los medios y el tribunal, según consignó el canal francés.

Información contenida en la orden europea de detención detalla que el hombre arrestado en Elche enfrenta cargos derivados de varias agresiones sexuales a menores cometidas desde 2017 hasta el año 2025 en Francia. Según informó la Jefatura en un comunicado recogido por diversos medios, agentes de la Policía Nacional detuvieron al individuo, de 37 años, cuando se presentó en dependencias policiales de Elche, en la provincia de Alicante, para cumplir con trámites administrativos. Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida en octubre de 2025 por las autoridades francesas.

La Policía Nacional identificó al sospechoso a raíz de los datos aportados por la orden europea, que lo vinculaba no solo con hechos recientes ocurridos en octubre de 2025, sino también con una serie de agresiones sexuales similares perpetradas en la localidad francesa de Montreuil entre los años 2017 y 2021. Según publicó la Jefatura, la acumulación de delitos atribuibles al detenido conlleva una posible condena de hasta 20 años de privación de libertad en Francia.

Tras la agresión sexual cometida en el mes de octubre de 2025, el ahora arrestado eludió a las autoridades francesas, desencadenando inmediatamente la investigación internacional para su localización y captura, detalló la Policía Nacional en su comunicado. La colaboración entre organismos permitió rastrear el paradero del fugitivo en la ciudad de Elche, donde intentó realizar trámites administrativos sin advertir que su identidad coincidía con la persona buscada en el espacio Schengen por la OEDE.

La información aportada por la policía subraya que, durante la fase de localización, los agentes confirmaron que el individuo también estaba implicado en delitos semejantes cometidos desde el año 2017 en Montreuil, reforzando el expediente de extradición solicitado por Francia. El medio indica que la cadena de hechos exclusivos que se le atribuyen, y la reiteración en las conductas delictivas señaladas por la Justicia francesa, motivó la emisión urgente de la OEDE.

Informó el comunicado que, tras el arresto, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. Una vez finalizadas, se puso al detenido a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano judicial designado para tramitar el procedimiento judicial previo a la extradición internacional, conforme estipulan los tratados vigentes.

El expediente remitido por las autoridades francesas se basa en la gravedad de los hechos y en la presunta reincidencia, aspectos que, según detalló la Jefatura, constituyen elementos centrales en la solicitud de extradición. La intervención de las fuerzas de seguridad y la cooperación entre ambos países permitieron que el proceso avanzara de manera rápida tras la localización del sospechoso en territorio español.

De acuerdo al comunicado difundido por la Jefatura y recogido por los medios, el arresto se produjo como resultado del chequeo rutinario de la identidad del individuo durante los trámites administrativos, lo que evidenció la vigencia de la investigación en curso sobre las agresiones sexuales denunciadas en Montreuil en años anteriores y el ataque más reciente en 2025. La Audiencia Nacional valorará en las próximas semanas la solicitud formal de extradición presentada en base al historial criminal que figura en los registros judiciales franceses, consignó la Jefatura en su nota informativa.

Las autoridades españolas mantienen la colaboración con sus homólogas francesas para aportar las pruebas recogidas durante el proceso de detención y asegurar la entrega del arrestado conforme al marco legal europeo sobre extradición. Tal como reportó la Jefatura, la imputación por hechos cometidos en un periodo de siete años agrava la posición judicial del acusado y constituye el principal argumento de la petición de extradición remitida a España.

La evaluación médica y psicológica de Lucie C. detectó la presencia de un trastorno por estrés postraumático y una crisis de identidad asociadas directamente a su estadía en zonas de conflicto y a la exposición a episodios violentos en Siria. Pese a estos diagnósticos, el tribunal parisino concluyó que la acusada conservaba capacidad plena para tomar decisiones conscientes en el momento en que optó por unirse a la organización yihadista Estado Islámico, de acuerdo con el análisis de los expertos citados por Le Figaro. Sobre esa base, la sala desestimó los argumentos que buscaban eximirla de responsabilidad penal y optó por imponer tanto una condena de prisión como un régimen de vigilancia reforzada posterior, tal como informó Le Figaro.

Según publicó Le Figaro, Lucie C., ciudadana francesa que fue repatriada desde Siria, recibió una sentencia de ocho años de cárcel dictada por el tribunal penal especializado de París. La decisión judicial respondió a pruebas que demostraron su participación activa en la estructura del Estado Islámico y consideró determinante la declaración efectuada durante la audiencia, donde afirmó que hubiera preferido morir antes que rendirse en los combates de Baghuz. Este testimonio evidenció, según psicólogos y jueces, un nivel considerable de radicalización y convencimiento ideológico, lo que llevó a las autoridades a estimar necesario un protocolo de vigilancia y control especial al finalizar la condena en prisión.

El expediente judicial incorporó detalles sobre el recorrido de Lucie C. desde su salida de Francia en 2014 hasta su vinculación con la organización yihadista en Siria. Las investigaciones oficiales, referidas por Le Figaro, reconstruyeron la integración de la acusada al califato, incluyendo actividades en combate y en tareas administrativas dentro del autodenominado Estado Islámico. En el proceso judicial, se expusieron pruebas sobre su empleo de un cinturón explosivo, la participación en actos violentos en territorio sirio y su fiel juramento al liderazgo de la organización. Según consignó Le Figaro, Lucie C. también asumió responsabilidades en labores sociales y administrativas en Raqqa, un enclave destacado bajo dominio yihadista.

Le Figaro detalló que la sentencia del tribunal contempló, además de los ocho años de privación de libertad, la obligación de someterse a tratamientos médicos y psiquiátricos durante cinco años una vez recupere la libertad. Este protocolo reforzado incluye controles médicos y judiciales regulares, presentación periódica ante las autoridades y la obligación de seguir programas destinados a prevenir recaídas en conductas extremistas. Las medidas aplicadas buscan facilitar la reinserción social y asegurar una intervención inmediata en caso de que surjan signos de persistencia ideológica radical.

Francia ha desarrollado un esquema de respuesta integral frente a la repatriación de ciudadanos acusados de colaborar con organizaciones terroristas en Siria. Le Figaro señaló que, en 2022, al menos dieciséis mujeres en situaciones similares a la de Lucie C. comparecieron ante la justicia tras su regreso de campos gestionados por autoridades kurdas o bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias. El enfoque institucional francés articula los esfuerzos del sistema judicial, los servicios sanitarios y las fuerzas de seguridad, priorizando la rehabilitación y la vigilancia estrecha para prevenir riesgos asociados a la reincidencia en el extremismo.

La defensa de Lucie C. argumentó durante la audiencia que el deterioro psicológico de la acusada tenía relación directa con la continua exposición a la violencia en Siria y con contextos personales adversos anteriores a su radicalización. Los abogados plantearon que su viaje fue resultado de mecanismos de reclutamiento y de la explotación de vulnerabilidades personales, alegando que muchas de sus acciones respondieron a presiones colectivas y estrategias de supervivencia propias de los entornos dominados por el Estado Islámico. No obstante, la sala consideró que estos elementos no invalidaban la plena capacidad de discernimiento de Lucie C. al decidir incorporarse voluntariamente a la estructura yihadista, según los informes periciales incluidos en la causa y recogidos por Le Figaro.

Los informes clínicos incorporados al expediente analizaron tanto los antecedentes biográficos de la acusada como la progresión de su situación intelectual y emocional en los años recientes. Los peritos identificaron factores que favorecieron su captación y adhesión al ideario yihadista, pero indicaron que esas influencias no eliminaron la responsabilidad penal de las decisiones tomadas. Le Figaro especificó que el tribunal, apoyado en estos análisis, descartó los argumentos de exención por motivos psiquiátricos.

El proceso también permitió profundizar en los métodos empleados por el Estado Islámico para atraer y reclutar a ciudadanos europeos. Según el medio francés, se pusieron de manifiesto los procedimientos de adoctrinamiento, pruebas de lealtad y programas de formación a los que se sometía a los nuevos miembros, datos que las autoridades francesas consideran esenciales para ajustar los protocolos de detección y prevención de nuevos casos de radicalización.

La legislación francesa prevé que toda persona condenada por delitos vinculados al terrorismo está sujeta, una vez liberada de prisión, a un seguimiento intensivo. Le Figaro explicó que este control incluye revisiones médicas, comparecencias judiciales periódicas y la obligatoriedad de participar en programas de evaluación, para identificar posibles signos de reincidencia o de persistencia en el pensamiento radicalizado. Si los responsables detectan indicios de riesgo, los mecanismos institucionales pueden ampliarse con rapidez y adaptarse conforme evolucionen las necesidades del caso.

El procedimiento global integra la valoración periódica del estado clínico de cada individuo, la eficacia del modelo de intervención y su impacto en el marco social y la seguridad ciudadana. Las autoridades francesas efectúan revisiones constantes de estas políticas y protocolos frente a la aparición de nuevos patrones de radicalización, buscando reforzar la respuesta estatal ante la repatriación de excombatientes, menores o individuos que hayan atravesado traumas asociados a la experiencia en zonas de conflicto, tal como subraya Le Figaro.

El seguimiento institucional aborda de forma específica la detección de señales como crisis de identidad, trastornos emocionales severos u otros efectos consecuencia del conflicto o del adoctrinamiento. Según la información recabada por Le Figaro, estos dispositivos de vigilancia e intervención médica están diseñados para responder de manera inmediata ante cualquier manifestación de riesgo en el proceso de reinserción. El formato estructural del modelo francés prevé la colaboración permanente entre equipos judiciales, sanitarios y de seguridad, con el objetivo de contener la propagación del extremismo al interior de la sociedad y de facilitar un proceso de desradicalización real y controlado para los repatriados.

En el contexto de las políticas públicas, Le Figaro indica que la vigilancia permanente y la cooperación interinstitucional constituyen los ejes sobre los que se articula la estrategia francesa ante los desafíos asociados al retorno de quienes participaron en actividades con el Estado Islámico. Las evaluaciones periódicas del impacto en la seguridad ciudadana y en el entramado social refuerzan la necesidad de adaptar los protocolos a las características cambiantes de este fenómeno, consolidando la vigilancia activa y la atención médica integrada como respuesta estatal a casos como el de Lucie C.

“Hasta que la muerte nos separe” es una frase habitual al contraer matrimonio, una promesa que sella la unión de dos personas con la vida como límite. Sin embargo, en Francia, esta frontera puede difuminarse. Desde hace más de dos siglos, el país permite que una persona se case incluso después del fallecimiento de su pareja. Esta singular práctica, conocida como matrimonio póstumo, tiene validez legal bajo condiciones estrictas y responde, en su origen, a una tragedia que conmovió al país entero.

La posibilidad de casarse tras la muerte del prometido se basa en la modificación de la Ley nº 59-1583, sancionada el 17 de marzo de 1803, para proteger a las viudas de las guerras. Después se utilizó durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, y se modificó en numerosas ocasiones.

En diciembre de 1959, por ejemplo, cuando la presa de Fréjus colapsó y provocó una catástrofe que dejó 421 víctimas. Entre los fallecidos se encontraba un joven que iba a casarse pocas semanas después. Su prometida, embarazada al momento de la tragedia, enfrentó la posibilidad de que su hijo naciera fuera del matrimonio, situación que entonces implicaba consecuencias legales y sociales importantes. La presión pública motivó a las autoridades a modificar la legislación y reconocer el matrimonio aun tras la muerte del contrayente.

Si bien es una situación excepcional, según el medio Ouest France, cada año se celebran varias decenas de matrimonios de este tipo en Francia. El proceso requiere una serie de aprobaciones legales y familiares, y solo puede realizarse si se prueba que el difunto expresó de manera clara su voluntad de casarse.

Hoy en día, sólo el Presidente puede autorizarlo. El artículo 171 del Código Civil francés establece: “El presidente de la República podrá, por causas graves, autorizar la celebración del matrimonio si uno de los futuros cónyuges hubiere fallecido después de haberse cumplido las formalidades oficiales que indiquen inequívocamente su consentimiento. En este caso, los efectos del matrimonio se remontan a la fecha anterior a la muerte del cónyuge”.

Esta norma continúa vigente y rige cada caso particular que llega a las autoridades.

Cómo es la solicitud para contraer matrimonio

De acuerdo con TF1 Info, “para tomar esta decisión, el Estado se basa en razones fundadas y en un conjunto de pruebas que acrediten una voluntad matrimonial mutua”. Aun cuando la unión se concrete, el matrimonio póstumo no otorga derecho a herencia intestada ni se reconoce un régimen matrimonial entre las partes.

La solicitud debe dirigirse al presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Asuntos Civiles y del Sello. Antes de su aprobación, el expediente pasa por el análisis del Fiscal General del Tribunal de Apelación y del Tribunal de Justicia. Solo entonces el Presidente emite un decreto que autoriza o rechaza el matrimonio.

Según Actu Juridique, “es necesario reunir los elementos que permitan establecer inequívocamente el consentimiento del difunto para el matrimonio. Los documentos presentados deben indicar claramente el deseo de llevar a cabo la celebración, y puede ser respaldado por el testimonio de personas creíbles. Entre los miembros de la familia del difunto a veces no todos están a favor del matrimonio y conviene sopesar los argumentos de cada uno”, precisa el medio.

La falta de pruebas sólidas puede dificultar la aprobación. Cartas, testigos, fotografías y otros documentos pueden respaldar el expediente, aunque no garantizan el resultado. La presunción de paternidad, el consentimiento de familiares directos o la planificación previa del matrimonio ayudan a fortalecer el pedido, pero la última palabra pertenece al presidente.

Ceremonia y efectos

La ceremonia tiene un carácter simbólico. Dada la ausencia obligada del contrayente fallecido, un cuadro con su fotografía suele ocupar un lugar junto a su pareja. El alcalde local oficia el acto, lee el decreto presidencial y, en lugar de los votos tradicionales, valida el consentimiento ya expresado en vida por el difunto.

Tras la celebración, el cónyuge vivo pasa a ser legalmente viudo o viuda, aunque la unión no implica derechos patrimoniales automáticos. Según TF1 Info, el Ministerio de Justicia recibe cerca de cien solicitudes cada año, de las cuales casi la mitad se rechaza. “En una sentencia de 2007, el Tribunal de Casación reiteró que la ausencia de formalidades oficiales que demuestren inequívocamente las intenciones matrimoniales del difunto justifica la negativa del Presidente de la República a autorizar un matrimonio póstumo”, detallaron.

Este tipo de bodas no responde al romanticismo ni a una tradición cultural arraigada. En la mayoría de los casos, refleja una necesidad jurídica y emocional por parte de quienes perdieron a sus parejas antes de cumplir el sueño de casarse. Aunque la ley puede parecer insólita, ofrece una forma de cerrar un vínculo que la muerte interrumpió abruptamente.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el arrestado es un hombre de 77 años que supuestamente acabó con la vida de la víctima el pasado lunes, día 16, en un domicilio de su propiedad, ubicado en el departamento francés de Hérault.

Las primeras investigaciones determinaron que esta persona, que había huido del lugar del crimen, disponía de un alojamiento en el núcleo de Empuriabrava, en el municipio gerundense de Castelló d'Empúries.

La rápida coordinación entre investigadores franceses, Centro de Coordinación Policial Aduanera (CCPD) del Pertús, Mossos d'Esquadra de Roses y el Área de Coordinación Interpolicial de este último cuerpo permitió localizar al fugitivo después de constatar que su vehículo había cruzado la frontera a las 13:35 horas del día de los hechos.

Las autoridades de Francia enviaron la información y el CCPD informó a la Comisaría de Roses, que activó un dispositivo de búsqueda que movilizó a una veintena efectivos de las unidades de Seguridad Ciudadana e Investigación y contó con la colaboración de la Policía Local de Castelló d'Empúries.

Aquella misma tarde se localizó el vehículo del presunto asesino cerca de su vivienda y se estableció una vigilancia hasta detectar al día siguiente a mediodía cómo salía del domicilio.

Tras interceptarlo, fue trasladado a Roses, donde se tramitó por medio del Área de Coordinación Interpolicial la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por la autoridad judicial francesa competente.

El arresto de este septuagenario, para quien la Justicia de Francia solicita una pena máxima de 30 años de prisión, se comunicó al juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional como órgano competente. EFE

Le Scouarnec, de 74 años, fue reconocido culpable de prácticamente todos los cargos por el Tribunal de lo Criminal de Vannes (Bretaña, oeste) y sentenciado al máximo posible en Francia por delitos de graves de violación. EFE

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Ocho personas fueron declaradas culpables este viernes por un tribunal de París en relación con un audaz robo perpetrado contra Kim Kardashian hace casi una década. Este caso ha capturado la atención mundial desde que Kardashian, presentada a menudo como una figura imponente en el entretenimiento y los negocios, fue atacada en su residencia de lujo durante la Semana de la Moda de París en octubre de 2016.

A sus 44 años, Kardashian recordó el escalofriante incidente cuando fue amordazada, atada con cintas de plástico y despojada a punta de pistola de joyas valoradas en millones de dólares.

Entre las piezas sustraídas se encontraba un anillo de compromiso de diamantes, obsequio de su entonces marido, con un valor estimado en al menos 8 millones de euros (aproximadamente 9 millones de dólares). Sin embargo, solo un remanente de su preciada colección ha sido recuperado; la compensación del seguro alcanzó los 6 millones de dólares, según declaró Kardashian al tribunal.

El veredicto y sus implicaciones

El tribunal juzgó a siete hombres y una mujer por cargos que varían desde la participación directa en el robo hasta una menor complicidad. Las sentencias oscilaron entre tres y ocho años de prisión, en su mayoría suspendidas. El juez, David De Pas, reconoció que las condenas eran bastante indulgentes, justificando la decisión debido a la avanzada edad y problemas de salud de muchos de los acusados.

“Cometieron daño”, enfatizó De Pas, a pesar de las penalizaciones más leves. Este veredicto ha suscitado debate tanto por su severidad como por su simbolismo en cómo la justicia enfrenta delitos de alto perfil.

Los “Atracadores Abuelos”: Un perfil criminológico

Apodados por los medios como los “atracadores abuelos”, este grupo de curtidos delincuentes, la mayoría de ellos en sus sesenta y setenta años, es acusado de planificar uno de los robos de celebridades más audaces en la reciente historia francesa.

De los diez imputados, solamente dos han reconocido su implicación: Aomar Aït Khedache, de 69 años, cuyo ADN se encontró en la escena, y Yunice Abbas, de 72 años, quien actuó como vigía y posteriormente escribió un libro sobre el atraco.

Durante el juicio, Kardashian explicó el profundo impacto emocional y la transformación que el incidente tuvo en su vida. “Perdoné por lo sucedido”, manifestó, pero admitió que las emociones y el trauma continúan marcando su existencia.

La argumentación de la defensa

Los abogados defensores de los acusados más ancianos pidieron clemencia, argumentando que no constituían un riesgo futuro para la sociedad y que pasaran el resto de sus días tras las rejas sería innecesariamente cruel dada su condición de salud. Entre los acusados, Abbas sufría de párkinson, mientras que Didier Dubreucq, de 69 años, se ausentó en varias ocasiones del tribunal para someterse a quimioterapia. Uno de los presuntos implicados falleció, y otro estaba demasiado enfermo para ser juzgado.

La fiscal del caso, Anne-Dominique Merville, sostuvo que los acusados no eran jubilados inofensivos, sino delincuentes con carreras delictivas extensas. Alegó que estos “ladrones experimentados” planificaron minuciosamente el robo y mostraron poca compasión tanto hacia Kardashian como hacia el vigilante nocturno que fue obligado a llevarlos al apartamento.

La Justicia francesa ha suspendido este miércoles la orden de expulsión de un 'influencer' argelino decretada por el ministro del Interior, Bruno Retailleau, una polémica medida que ha alimentado las tensiones en las últimas semanas entre París y Argel.

El juez del tribunal administrativo de París ha determinado que la retirada del permiso de residencia de Doualemn está justificada, ya que "los hechos que se le imputan representan una grave amenaza para el orden público", si bien ha indicado que el Ministerio a aplicado "de forma errónea el procedimiento de expulsión".

En este sentido, el juez ha argumentado que las razones esgrimidas por el Ministerio para aplicar la orden de expulsión inmediata al tiktoker, de 59 años, no son suficientes y que se debería haber llevado a cabo un procedimiento de expulsión ordinario.

En concreto, detalla en un comunicado que el Ministerio falló en demostrar los supuestos vínculos de Doualemn con otros influencers argelinos radicalizados. Además, señala la contradicción de que las autoridades judiciales no ordenaran someterle a supervisión en espera de su juicio o que su última condena se remonta a sus 23 años.

La situación del 'influencer' fue criticada por el Ministerio de Exteriores de Argelia, que tachó de "arbitraria" su detención y acusó a Francia de liderar una "campaña de desinformación" contra Argel, unas palabras que fueron contestadas por París.

Las relaciones bilaterales no pasan por buen momento. Francia ya ha marcado distancias a cuenta precisamente de otro arresto, el del escritor franco-argelino Boualem Sansal, detenido a mediados de noviembre en Argel después de que realizase unos polémicos comentarios sobre la colonización.

París, 24 ene (EFE).- La Justicia francesa condenó este viernes a cadena perpetua a una madre que causó la muerte de su hija de 13 años al dejarla sin comer y torturarla hasta su fallecimiento por paro cardíaco y septicemia en agosto de 2020, con un peso de tan solo 28 kilos.

La condenada, Sandrine Pissarra, según el canal televisivo BFM, deberá cumplir al menos 20 años entre rejas antes de poder solicitar cualquier beneficio penitenciario y su abogado confirmó que no recurrirá la sentencia emitida por el Tribunal de lo Criminal de Hérault, en Montpellier (sur).

También fue condenado el padrastro de Amandine, la víctima, ya que el tribunal lo declaró igualmente culpable de haberla privado de alimentos y cuidados, así como de omisión de socorro.

Para él la pena fue de 20 años de prisión, superior incluso a la petición de la Fiscalía, que había solicitado 18.

La pena de la madre, la máxima contemplada en el Código Penal francés, va en línea con lo requerido por la Fiscalía, que durante este proceso en Montpellier -que duró cinco días- la señaló como una "tirana doméstica".

"El veredicto está a la altura de la gravedad de los hechos", manifestó a la prensa el padre de la adolescente, Luc Abratkiewicz, a la salida del tribunal.

La niña falleció en su domicilio de la localidad de Montblanc, después de varias semanas enferma, sin comer y encerrada en una habitación sin ventanas. EFE

La Justicia francesa ha condenado a 30 años de prisión a Zahir Mahmud, el ciudadano paquistaní que apuñaló en 2020 a dos personas frente a la antigua sede en París del semanario satírico 'Charlie Hebdo', que fue objeto de un atentado terrorista en enero de 2015.

"El camino hacia la convivencia con esta tragedia absoluta es largo, pero al reconocer la culpabilidad de los acusados, al condenarlos a penas fuertes pero proporcionadas, con esta decisión se podrá decir que aquí se ha hecho justicia", ha señalado uno de los fiscales generales.

Los seis magistrados del tribunal especial de París han acusado a cadena perpetua a Mahmud por intento de asesinato y conspiración terrorista. Además, el acusado estará sometido a una prohibición permanente de entrar a territorio francés. La Fiscalía había pedido 30 años de cárcel para el atacante.

La Justicia francesa también ha sentenciado a entre tres y doce años de prisión a los otros cinco acusados por el caso, compañeros de habitación del principal atacante, todos ellos de nacionalidad paquistaní, según ha recogido el diario 'Le Figaro'.

Mahmud acuchilló de gravedad el 25 de septiembre de 2020 a dos jóvenes que fumaban un cigarrillo frente al vestíbulo de un edificio en la calle Nicolas-Appert de París. Su objetivo era el de atacar a los empleados del semanario satírico, que abandonó el local tras el atentado de 2015.

El ataque pretendía ser una venganza contra la reedición de las caricaturas del profeta Mahoma publicadas por 'Charlie Hebdo', que sirvieron de pretexto para el ataque terrorista de 2015 en el que perdieron la vida 12 de sus trabajadores. La rama yemení de Al Qaeda reivindicó el atentado.

Mahmud era simpatizante del partido islamista Tehrik-e-Labbaik Pakistan (TLP), liderado por el clérigo Saad Husain Rizvi, formación que pidió la expulsión del embajador francés por la publicación de las polémicas caricaturas e incentivó importantes protestas contra París.

París, 23 ene (EFE).- La Justicia francesa condenó este jueves a 30 años de prisión a un hombre pakistaní que en 2020 causó dos heridos graves al atentar contra la que pensaba que era la sede de la revista satírica Charlie Hebdo, publicación que, tras el sangriento atentado de 2015, se había mudado a un lugar secreto.

Zaheer Mahmood, hoy con 29 años, fue declarado culpable por cargos de tentativa de asesinato en asociación de malhechores con objetivos terroristas.

Una vez cumplida la pena, los jueces decretaron que Mahmood no podrá quedarse en territorio francés y no podrá regresar legalmente al país.

Mahmood, que llegó de manera ilegal a Francia en 2018, atacó el 25 de septiembre de 2020 con un machete de carnicero a dos trabajadores de una agencia audiovisual que se encontraban fumando en la puerta del edificio donde antes estaba Charlie Hebdo, en unos locales de la calle Niclas-Appert, en el distrito XI de París.

El joven, quien ignoraba ese cambio de dirección, tenía como objetivo vengarse de que la revista siguiera realizando publicaciones de Mahoma tras los atentados del 7 de enero de 2015, en los que fueron asesinados a balazos 12 víctimas, la mayoría periodistas y dibujantes de la publicación, a manos de unos yihadistas.

También fueron condenados con penas que oscilaron entre los tres y los 12 años de cárcel otros cinco cómplices, todos ellos también pakistaníes y tres de ellos menores en el momento del ataque.

Como el principal acusado, los dos mayores de edad en el momento de los hechos no podrán quedarse en Francia una vez cumplida su pena.

La investigación encontró que todos ellos mantenían contactos regulares, que incluían el intercambio de vídeos y de comentarios acerca del asesinato de los que denominaban "blasfemos". EFE

El presidente del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha reconocido este jueves que su formación "está de rodillas", ante la posible inelegibilidad de su líder, Marine Le Pen, después de que la Fiscalía de París haya pedido cinco años de prisión y de inhabilitación para cargos públicos por delitos de malversación de fondos de la Unión Europea.

"No podemos aceptar que un juez, porque ha decidido tener a Marine Le Pen en sus narices, exija la inelegibilidad de un candidato potencial en las elecciones presidenciales", ha declarado durante una entrevista en la cadena francesa CNEWS.

En línea con las palabras de Le Pen, que llegó a acusar a la Fiscalía de pretender "excluirla de la vida política" y de "privarla a ella y a los franceses de la capacidad de votar por quien quieran", Bardella ha denunciado que la Justicia francesa "busca triunfar donde la clase política ha fracasado".

El líder ultraderechista considera que el objetivo de la Fiscalía es "hacer que Marine Le Pen sea inelegible y arruinar financieramente" al partido, que se enfrenta a una multa de 4,3 millones de euros, incluidos dos millones suspendidos.

Bardella ha calificado de "desproporcionadas", "graves" e "inaceptables" las solicitudes de la Fiscalía, que pidió este miércoles para ella una pena de cinco años de prisión y de inhabilitación de ejecución provisional, con lo que podría verse privada de participar en las elecciones presidenciales de 2027.

El presidente de AN ha defendido la "total honestidad" de Le Pen, que se ha declarado inocente de las acusaciones, por las que le piden asimismo una multa de 300.000 euros. Preguntado por los cargos, Bardella se ha negado a hablar de "trabajos ficticios", sino que ha evocado "un desacuerdo administrativo sobre la naturaleza y el papel de la misión llevada a cabo por los asistentes parlamentarios".

Le Pen, Bardella y otros 24 miembros de AN están siendo juzgados por un caso de presuntos falsos asistentes parlamentarios con los que habrían malversado fondos por valor de al menos tres millones de euros de la Unión Europea. En concreto, a Le Pen se le acusa de pagar a tres asistentes que trabajan en nombre del partido y con fondos de la UE.

Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado un "sistema de gestión centralizada" de las dietas abonadas a los eurodiputados para remunerar a sus asistentes parlamentarios y que realmente servían para pagar los salarios de trabajadores del partido en una maniobra por "aliviar las finanzas" de la formación ultraderechista.

La líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha defendido este lunes que no cometió "ni la más mínima irregularidad" durante su declaración en el juicio celebrado por un caso de presuntos falsos asistentes parlamentarios con los que tanto ella como otros 30 miembros de la formación francesa habrían malversado fondos por valor de al menos tres millones de euros de la Unión Europea.

"No tengo la menor sensación de haber cometido la más mínima irregularidad, la más mínima ilegalidad", ha expresado Le Pen durante su declaración en el juzgado, según recoge la cadena de televisión francesa BFMTV.

En concreto, a ella se le acusa de pagar a tres asistentes que trabajaban en nombre del partido con fondos europeos, y la sesión de esta jornada se ha centrado en el caso de Catherine Griset, asistenta histórica de Le Pen.

A pesar de negar los cargos, ha reconocido su "lentitud" a la hora de reaccionar al cambio de la situación personal de Griset, quien debía residir en Bruselas al constar como asistenta parlamentaria acreditada, si bien vivía en la región de París y en todo un año tan solo pasó doce horas en la capital belga.

"Su situación personal había cambiado. Me dijo que quería volver a París. Reaccioné con lentitud", ha afirmado Le Pen, que además ha justificado la actividad política de su asistenta debido a que "forma parte del mandato" y que no ve la "diferencia" entra un asistente nacional y uno europeo.

El juicio comenzó la semana pasada en París en el marco de una investigación que sostiene que se habrían malversado al menos tres millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2016. Estos asistentes se habrían centrado en los asuntos del partido en Francia, en lugar de cumplir funciones en lo concerniente a la UE, como especificaban sus contratos.

Además de Le Pen, también han sido acusados otras figuras del partido como varios ex vicepresidentes, como Wallerand de Saint-Just, Bruno Gollnisch, o Louis Aliot, así como el portavoz y diputado Julien Odoul y el propio expresidente de la formación y padre de la actual líder, Jean-Marie Le Pen. En el caso de este, se le ha eximido de comparecer ante el tribunal debido a su precario estado de salud.

En caso de que fueran declarados culpables, la Justicia francesa prevé penas de prisión de hasta diez años de cárcel y los mismos de inhabilitación política, lo que podría dar al traste con sus teóricas aspiraciones de presentarse a las presidenciales de 2027.

Bruselas, 4 oct (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló hoy a favor del diario Le Monde y de uno de sus periodistas y consideró "desproporcionada" la indemnización que le impuso un juzgado español por vincular al Real Madrid y al Barcelona con la red de dopaje del doctor Eufemiano Fuentes, anunció hoy el servicio de prensa de la corte comunitaria.

"La ejecución de una sentencia que condena a un periodista y a un editor de prensa al abono de una indemnización por daños y perjuicios debe denegarse en la medida en que vulnere la libertad de prensa", indicó en un comunicado el TJUE.

La corte comunitaria consideró que la indemnización de 390.000 euros a favor del Real Madrid y de 33.000 euros a favor de un miembro del equipo médico impuesta por un tribunal español, y contestada por el periódico en la justicia francesa, es "desproporcionada" y "entraña el riesgo de disuadir a la prensa".

El TJUE se alinea así con el razonamiento del abogado general del tribunal asignado al caso, Maciej Szpunar, que en su análisis previo del caso había considerado que la cuantía de la condena era "manifiestamente irrazonable" y "genera un efecto disuasorio que afecta tanto a la libertad de prensa como a la libertad de información".

En la respuesta que el TJUE dio este viernes a las preguntas enviadas por el Tribunal de Casación de Francia, que examina el caso, el TJUE asume los argumentos del abogado general, que se inclinó por la tesis de los tribunales franceses frente a los españoles.

"La ejecución de una sentencia que condena a un periódico y a uno de sus periodistas al abono de una indemnización por daños y perjuicios por el menoscabo de la reputación de un club deportivo debe denegarse en la medida en que entrañe, en el Estado miembro requerido, la vulneración manifiesta de la libertad de prensa", señaló el TJUE.

El tribunal subraya que le corresponde a la justicia francesa aplicar esa orientación, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la Unión Europea.

El caso se remonta a 2006, cuando Le Monde publicó en portada una información que relacionaba al Real Madrid y al Barcelona con el médico Eufemiano Fuentes, vinculado entonces a escándalos por dopaje en el ciclismo.

El diario francés tituló esa información "El Real Madrid y el Barça vinculados al doctor Fuentes" y añadía una entrevista con el médico, después de que se hubiera destapado que dirigía una amplia red de dopaje sanguíneo en el ámbito del ciclismo, y numerosos medios españoles se hicieron eco de la información.

El Real Madrid y un miembro de su equipo médico denunció los hechos ante un juzgado madrileño por vulneración de su honor, y tras un largo recorrido judicial, los tribunales dieron la razón al club en 2014 y exigieron las citadas indemnizaciones al periódico y al periodista.

Pidieron la ejecución de la sentencia a través de los tribunales franceses, que en primera instancia accedieron. Pero en un recurso, el Tribunal de Apelación de París anuló en 2020 el pago, al considerar que las resoluciones españolas no podían ser ejecutadas en Francia por ser manifiestamente contrarias al orden público internacional francés.

En concreto, la corte parisina consideró que los tribunales españoles habían impuesto las penas sin que el Real Madrid alegara daño patrimonial alguno y añadía que el impacto del artículo publicado en el sitio de internet del periódico Le Monde fue limitado porque los medios de comunicación españoles no aceptaron la veracidad de la noticia, sino que la pusieron en tela de juicio porque se publicó un desmentido.

El tribunal francés también sostenía que la cuantía de las indemnizaciones es insólita y excesiva, tanto para la sociedad editora como para el periodista, y que la legislación francesa sólo castiga la difamación respecto de particulares con una multa de un máximo de 12.000 euros.

El Real Madrid recurrió al Tribunal de Casación de Francia y alegó que la cuantía es adecuada porque se trata de una indemnización, no de una multa, y que el tribunal francés no podía revisar la sentencia española, sólo ejecutarla.

El Tribunal de Casación pidió aclaraciones al TJUE sobre las consecuencias de la ejecución de la sentencia para la libertad de prensa, asunto que hoy aclaró la corte comunitaria señalando que "esa vulneración manifiesta de la libertad de prensa forma parte del orden público del Estado miembro requerido y constituye un motivo excepcional de denegación de la ejecución".

Agrega que "toda resolución que conceda una indemnización por menoscabo de la reputación debe guardar una relación razonable de proporcionalidad entre la cantidad concedida y el menoscabo de que se trate". EFE