El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy pidió llevar a juicio oral a Pedro Quispe, acusado de haber envenenado a sus hijas mellizas recién nacidas en julio de 2017 y causar la muerte de una de ellas. La solicitud fue presentada por el fiscal Aldo Lozano, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, en la audiencia de control de acusación.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, durante esa instancia fueron rechazados los planteos formulados por la defensa y se admitió la acusación fiscal, por lo que la causa quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral.

La Fiscalía acusa a P.G.Q. como presunto autor de los delitos de homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría por la muerte de una de las niñas, y homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en grado de tentativa y en coautoría respecto de la segunda bebé, que logró sobrevivir.

De acuerdo con la investigación, el acusado mantenía una relación con la madre de las recién nacidas, quien además era su cuñada. Durante la reactivación de la causa se realizaron nuevas medidas probatorias que permitieron establecer mediante estudios genéticos que Quispe era el padre biológico de ambas niñas.

La mujer había sido sometida a juicio en una etapa anterior de la investigación y resultó absuelta. A partir de nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía, la pesquisa se reorientó hacia Quispe, sobre quien pesaba una orden de captura desde 2017.

La confirmación de la paternidad fue uno de los elementos centrales incorporados durante la reactivación del expediente, señalaron las mismas fuentes a este medio.

La pesquisa reunió además numerosos elementos de prueba, entre ellos informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud que asistieron a las recién nacidas, declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo y otras evidencias incorporadas durante la investigación.

Según la hipótesis fiscal, las mellizas nacieron en la madrugada del 7 de julio de 2017 en una vivienda rural ubicada en Angosto del Perchel, jurisdicción de Huacalera. Tras el parto, ambas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida y posteriormente fueron colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones del inmueble.

Las bebés fueron encontradas horas después por personal policial y sanitario que intervino luego de que la madre ingresara al Hospital de Tilcara para recibir asistencia médica. Al advertir que presentaba signos compatibles con un parto reciente, se inició un procedimiento que permitió localizar a las niñas.

Ambas fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Sin embargo, una de ellas murió a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que su hermana sobrevivió luego de permanecer internada durante un prolongado período y recibir tratamiento especializado.

La investigación avanzó inicialmente en 2017, pero poco después el imputado abandonó el país. Desde entonces pesaban sobre él una orden de detención y una declaración de rebeldía.

Su captura se concretó recién en diciembre de 2025, cuando fue identificado en un paso fronterizo al intentar reingresar a la Argentina. A partir de entonces, la Fiscalía reactivó distintas medidas investigativas, incorporó nuevas pruebas y completó los elementos necesarios para requerir su juzgamiento.

Con la acusación admitida y superada la etapa de control de acusación, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del acusado en uno de los casos que más conmocionó a la provincia de Jujuy en los últimos años.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.

La División Explosivos de la Dirección General de Bomberos de la provincia de Jujuy debió activar un protocolo de seguridad este jueves luego de detectar la presencia de un contenedor de granada de fusil antitanque en la vía pública.

El objeto estaba en las inmediaciones de la Avenida Costanera de la capital jujeña a la altura de la pasarela que une los barrios Chijra y Campo Verde, según informó el medio local Somos Jujuy.

Mediante una publicación en redes sociales, la Policía de Jujuy explicó que, tras recibir el aviso telefónico, dispusieron el “inmediato desplazamiento de efectivos especializados, quienes, bajo estrictos protocolos de seguridad y empleando los medios técnicos correspondientes, procedieron al aislamiento preventivo del sector y a la inspección controlada del objeto”.

Luego de la inspección técnica del elemento, las autoridades provinciales precisaron que el contenedor “se encontraba vacío, sin carga explosiva ni componentes activos en su interior”, por lo que no representaba riesgo alguno para la comunidad. A su vez, explicaron que “el elemento hallado correspondía a un contenedor de granada de fusil antitanque FM MK-3 calibre 40 mm“.

Como parte del operativo, el personal realizó un rastrillaje en los alrededores del lugar. La inspección abarcó “una exhaustiva inspección en las inmediaciones, abarcando un radio aproximado de 50 metros, con el objetivo de descartar la presencia de otros elementos de similares características, obteniéndose resultados negativos”.

La intervención concluyó sin registrarse incidentes ni personas afectadas. La Dirección General de Bomberos aprovechó el episodio para reiterar a la ciudadanía las indicaciones de seguridad en el caso de que suceda una situación similar: “Ante el hallazgo de objetos sospechosos o de origen desconocido, se debe evitar su manipulación y dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 o al 100 División Explosivos dependiente de la Dirección General de Bomberos”, señaló el organismo.

A fines del mes pasado, el Escuadrón Antibombas de la policía porteña debió activar un protocolo de seguridad ante el descubrimiento de una granada de mano activa.

El artefacto fue hallado por operarios que realizaban trabajos de refacción en un departamento ubicado en Riobamba al 1200, en el barrio porteño de Recoleta. Mientras removían materiales del interior de la vivienda, se toparon con el elemento.

El descubrimiento motivó el despliegue inmediato del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el aislamiento del sector.

Los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto durante la mañana del 27 de mayo y avisaron de inmediato al 911. En pocos minutos, los equipos especializados llegaron al lugar y verificaron la existencia de la granada. Fuentes policiales confirmaron que el Escuadrón Antibombas activó el protocolo de emergencia correspondiente y realizó las primeras pericias para descartar riesgos adicionales en el edificio.

Tras la consulta con la autoridad judicial, las fuerzas de seguridad retiraron la granada del lugar para luego detonarla de manera controlada. Las autoridades investigaban cómo llegó el artefacto al departamento y si existió algún tipo de manipulación previa.

Semanas antes de dicho episodio, efectivos de la Policía de la Ciudad recibieron el aviso de la presencia de una granada de mano modelo FM1 dentro de un contenedor de basura en la intersección de avenida Pavón y San José, en el barrio porteño de Constitución.

De acuerdo a la información brindada a este medio, el hallazgo ocurrió cuando un hombre en situación de calle que revisaba el tacho encontró el explosivo. La secuencia fue observada por otra persona, que dio aviso inmediato al 911. Tras la llegada de los efectivos, intervino personal especializado en explosivos, que dispuso el traslado del artefacto a un sector controlado.

Como medida preventiva, agentes inspeccionaron otros contenedores de la zona para descartar la presencia de más explosivos. El rastrillaje no arrojó novedades. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo anticipo financiero para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe, en el marco del esquema dispuesto mediante el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

En el caso de Entre Ríos, la provincia ya había recibido un adelanto financiero de $220.000 millones a comienzos de año. El nuevo decreto amplió la asistencia financiera para las jurisdicciones alcanzadas y estableció que la Secretaría de Hacienda determinará los montos a otorgar en cada caso, dentro de un límite de hasta $400.000 millones por provincia.

El esquema establecido por el Gobierno nacional contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal.

La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento.

Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Jujuy y Santa Fe. La medida fue adoptada luego de que las jurisdicciones informaran dificultades financieras transitorias para afrontar gastos corrientes y compromisos de deuda contemplados en sus respectivos presupuestos.

El decreto establece que los gobiernos provinciales deberán afectar su participación en el régimen de distribución de recursos fiscales y autorizar la retención automática de fondos coparticipables hasta cubrir el monto anticipado más los intereses correspondientes.

Para el registro contable, la Contaduría General de la Nación inscribirá las erogaciones como anticipos de fondos de la Tesorería General de la Nación dentro de la estructura de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

La posibilidad de otorgar anticipos financieros a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prevista en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto y sus modificatorias. Esta normativa faculta al Ministerio de Economía a conceder adelantos a cuenta de la participación en impuestos nacionales, con la obligación de reintegro dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Según el decreto, el monto efectivo de cada anticipo será determinado por la Secretaría de Hacienda en función de la capacidad de repago de cada jurisdicción, considerando su participación en la recaudación de tributos nacionales.

El antecedente inmediato de esta medida fue el Decreto N° 219 del 1° de abril de 2026, que dispuso un esquema de anticipos de hasta $400.000 millones para las provincias que lo solicitaran formalmente. En esa oportunidad también se autorizaron transferencias para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El nuevo decreto fue dictado en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional. El servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía intervino en la revisión y validación del procedimiento administrativo.

Este mecanismo ha sido utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para atender necesidades transitorias de caja de las provincias sin recurrir al financiamiento en los mercados.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 cuando el colectivo de la empresa 20 de Junio, que cubría el trayecto Mendoza-Jujuy, embistió la parte trasera de un camión de la firma Transporte Victoria que transportaba un cargamento de carbón. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido de marcha al momento de la colisión, según las primeras informaciones de medios locales.

El impacto fue de tal magnitud que varias personas quedaron atrapadas dentro del micro, incluido uno de los choferes, que tuvo que ser rescatado entre los hierros por los equipos de emergencia. Los dos vehículos sufrieron daños estructurales de consideración.

De las 24 personas trasladadas, al menos una mujer resultó con fractura de pierna, mientras que el resto presentaba heridas de menor gravedad. Todos los lesionados fueron derivados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes, donde quedaron bajo observación médica, según indicó el portal Las 24 Horas de Jujuy. No trascendió información oficial sobre el estado actualizado de cada uno de los pacientes.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en la zona con la participación de bomberos voluntarios General Belgrano de Güemes, gendarmes, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia. La ruta nacional 9/34 permaneció cortada durante varias horas mientras los rescatistas liberaban a los ocupantes atrapados y los peritos avanzaban con las tareas de rigor.

Peritos de Criminalística trabajan en la reconstrucción de la mecánica del siniestro para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso. Las causas del choque aún son materia de investigación y se espera por novedades en cuanto a la evolución de los lesionados.

Un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

Un brutal accidente múltiple dejó al menos cuatro víctimas fatales y varios heridos sobre la Ruta Nacional 12. El siniestro ocurrió días atrás, a la altura del kilómetro 98, en la zona de Isla Talavera, próximo al complejo Zárate - Brazo Largo, que vincula la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.

Según la información disponible hasta el momento, el choque tuvo como protagonistas a dos autos y una camioneta. Medios locales reportaron que, por razones aún bajo investigación, los vehículos colisionaron entre sí y uno de ellos volcó, con un saldo fatal de cuatro personas.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en el sector bonaerense del Delta, entre los dos puentes del complejo vial. Este tramo forma parte de la Autovía del Mercosur, uno de los corredores de mayor circulación del país, que conecta Buenos Aires con las provincias del litoral argentino.

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional emitió un comunicado con el cierre total de la calzada en sentido norte-sur, es decir, desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. El organismo instó a los conductores a respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar y a prever demoras significativas hasta la restitución del tránsito normal.

Pasadas las 19, las autoridades habilitaron un carril en dirección a Buenos Aires, aunque mantuvieron el llamado a extremar precauciones en el sector.

En el lugar actuaron fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y personal de Seguridad Vial, con tareas simultáneas de asistencia a las víctimas, ordenamiento del tránsito y relevamiento pericial. La remoción de los vehículos involucrados también integraba el operativo al momento de elaborarse esta información.

La cifra exacta de heridos no tuvo confirmación oficial, aunque fuentes vinculadas al operativo indicaron a medios locales que varios ocupantes de los vehículos recibieron atención de los servicios de emergencia en el lugar.

Durante la madrugada del viernes, un incendio en la Unidad Penitenciaria N°1 del barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy dejó en estado crítico a uno de los internos más notorios del penal. Raúl Abad, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda, resultó gravemente herido junto a otro recluso tras el siniestro que afectó una celda del pabellón 5. Las autoridades provinciales confirmaron que el incidente tuvo origen presuntamente intencional.

De acuerdo con Somos Jujuy, el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Ariel Gil Urquiola, detalló que las llamas comenzaron cerca de las 2.30 de la madrugada. El fuego alcanzó directamente la celda donde se encontraban Abad y otro interno de apellido Enríquez, ambos cumpliendo condenas firmes. La emergencia obligó a trasladar de urgencia a Abad al hospital Pablo Soria, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Según el funcionario, el recluso sufrió quemaduras en el rostro y complicaciones pulmonares debido a la inhalación de monóxido de carbono.

La rápida intervención del personal penitenciario evitó que el incendio se propagara a otras áreas del pabellón, limitando los daños materiales y personales. “El personal del servicio penitenciario intervino y evitó obviamente que las lesiones y los daños fueran mayores”, señaló Gil Urquiola. Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera concluyente el motivo del incendio, aunque existen hipótesis ligadas a reclamos internos entre los detenidos. La fiscalía de turno continúa la investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del suceso.

Este episodio adquiere relevancia pública por el perfil del principal afectado. Raúl Abad fue condenado a prisión perpetua en 2023 junto a Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó el 3 de mayo, cuando el Tribunal en lo Criminal N° 3, presidido por la jueza María Margarita Nallar, condenó a Abad y Cachizumba como responsables de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer”.

El femicidio de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy. La adolescente salió de su casa en bicicleta y no regresó, lo que motivó una denuncia inmediata por parte de su familia. La respuesta policial resultó insuficiente y la búsqueda formal se activó con demoras, mientras vecinos y allegados realizaron rastrillajes por la zona. Cinco días después, el cuerpo de Iara fue hallado en un descampado, atado de pies y manos y con signos de haber sido estrangulada.

La investigación judicial determinó que Iara fue abordada por Raúl Abad, Raúl Arnaldo Cachizumba y un menor de edad, con quien mantenía una relación sentimental. Los tres la subieron por la fuerza a un vehículo, la trasladaron a un área alejada y la sometieron a violencia física y psicológica. Tras inmovilizarla, la estrangularon con un lazo y, ya sin vida, intentaron quemar su cuerpo para borrar rastros del crimen, antes de enterrarlo en el descampado donde fue encontrada.

El femicidio de Iara Rueda impulsó la sanción de la llamada Ley Iara N° 6.186, que declaró la emergencia pública en violencia de género en la provincia y generó cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Este juicio paralelo se centra en la presunta responsabilidad de varios efectivos policiales que, según la acusación, omitieron activar de inmediato el protocolo general de búsqueda de personas desaparecidas, lo que pudo haber influido en el desenlace fatal del caso. La familia impulsó una causa paralela por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue elevada a juicio oral y público y cuenta con el acompañamiento del Ministerio.

En las últimas horas, Jorge Fernando Carrizo, el hombre de 27 años que era intensamente buscado por una causa de tentativa de femicidio, fue capturado en la provincia de Jujuy. El pasado 22 de mayo, en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, el acusado roció con un líquido inflamable a su pareja, la prendió fuego y escapó. Desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, confirmó la detención del sospechoso y la localización de la víctima, quien se encontraba ausente de su domicilio y fuera de la custodia dispuesta para su protección.

Fuentes del caso indicaron que el sospechoso y la mujer mantenían una relación de pareja con antecedentes de violencia y que, antes de la presunta tentativa de femicidio, Carrizo ya había sido imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En aquella causa, la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, durante la audiencia realizada el 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.

Poco más de un mes después, según la investigación, Carrizo volvió a atacar a la mujer. Tras el episodio, familiares de la víctima denunciaron que la joven había abandonado su domicilio y que ya no se encontraba bajo la custodia policial que había sido dispuesta para protegerla.

Ante esa situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el paradero de ambos, a través del Sistema de Emergencias 911.

La búsqueda demandó un trabajo conjunto entre personal de la Unidad UGAP Orán, del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.

El pasado 8 de junio, la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión que había dispuesto la libertad de Carrizo, ordenó su inmediata detención y lo declaró en rebeldía.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en la provincia de Jujuy, donde quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, la medida se cumple bajo la modalidad de prisión preventiva.

Por su parte, la víctima fue ubicada recientemente y será sometida a una evaluación médica para constatar su estado de salud. Además, se prevé la intervención de organismos especializados para brindarle asistencia integral y facilitar el reencuentro con su familia.

La fiscal Filtrín Cuezzo destacó el trabajo coordinado entre los equipos de investigación y el apoyo brindado por las fuerzas de seguridad de Jujuy para concretar la detención del acusado.

Un hombre murió en la noche del martes pasado tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió cerca de las 23:15, cuando una persona alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito a la altura del domicilio 261 de esa arteria. La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, quedó tendida sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Al llegar al lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas durante el impacto, que incluyeron múltiples fracturas, según los primeros informes médicos.

El conductor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho. Tras el aviso, la Policía de Jujuy desplegó un operativo cerrojo en la zona para localizar el vehículo involucrado, mientras se preservaban las pruebas en el sitio del siniestro y se realizaban relevamientos de evidencias. El operativo incluyó tareas de investigación y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del episodio, con la colaboración de peritos y efectivos de diferentes unidades.

La víctima, de quien solo trascendió que tendría entre 50 y 60 años, fue trasladada a la Morgue Judicial para la realización de los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima, a la espera de la notificación formal y la confirmación de la identidad por parte de sus familiares o allegados.

Y mientras avanzaban las tareas de búsqueda para dar con el responsable, se produjo un giro inesperado en la investigación. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa a las que pudo acceder el medio Todo Jujuy, un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó de manera voluntaria en la Seccional 23 acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal. Durante la declaración, informaron que el adolescente habría sido quien conducía la camioneta que embistió al peatón.

La presentación espontánea se produjo varias horas después del accidente. Según lo informado, el menor reconoció su participación en el hecho y señaló que el vehículo implicado era una Toyota Corolla Cross de color bordó, que permanecía en el domicilio de su padre. Ante estos datos, la Ayudante Fiscal interviniente dispuso el secuestro inmediato de la camioneta y de las prendas de vestir del adolescente, consideradas elementos de interés para la causa.

Las autoridades confirmaron que el adolescente compareció acompañado de su padre y de un asesor legal. La investigación se encuentra en curso para determinar si el menor conducía bajo algún tipo de influencia o si incurrió en conductas agravantes, como el exceso de velocidad o la omisión de auxilio a la víctima.

Tras la presentación, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados al caso. Se secuestraron los objetos hallados en la escena del accidente, entre ellos fragmentos de vidrio, restos de pintura y material vehicular, así como prendas de vestir relacionadas con el conductor.

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se aguarda el resultado de las pericias y la toma de declaración a testigos que puedan aportar datos relevantes sobre el momento del impacto y el accionar posterior del conductor.

La Fiscalía evalúa las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal y determinará la eventual imputación del adolescente. El hecho de que el conductor se haya retirado del lugar sin prestar ayuda podría agravar la situación judicial del menor. La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios de vecinos o transeúntes que presenciaron el hecho.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, aunque la calificación podría modificarse según el avance de las pericias y la declaración de los involucrados.

A una semana del grave accidente que se registró en el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, donde un alumno sufrió la caída de un ventanal, su familia denunció abandono de persona. Además, desmintió que el menor hubiera sido dado de alta, como lo habían comunicado las autoridades.

“Tiene el 95% de la mano destruida”, lamentó Débora Arce, la madre de la víctima, al contar que el incidente le provocó la cortadura de cuatro tendones en su mano derecha. Pese a que el estudiante de 1° año fue sometido a varias cirugías, advirtió que contaba con un pronóstico médico incierto sobre la recuperación de la movilidad.

El accidente ocurrió el viernes 29 de mayo, cuando el adolescente resultó herido gravemente tras la caída de un ventanal. El hecho reactivó reclamos por el estado edilicio de la institución, una situación que ya había sido denunciada ante el Ministerio de Educación de Jujuy.

Aparentemente, la docente que habría estado dictando clases al momento del incidente habría pedido que se cerrara una de las ventanas y, cuando el adolescente habría intentado hacerlo junto a un compañero, esta se quebró encima de sus dedos. A raíz de esto, su madre acusó de “abandono de persona” a la responsable que ordenó bajar la ventana pese a conocer el riesgo.

Actualmente, el estudiante permanece internado en el Hospital Materno Infantil, en donde le realizaron una limpieza profunda y le colocaron ganchos en los dedos. Por este motivo, la mujer criticó que, tras el alta hospitalaria provisional otorgada el miércoles, la secretaria del establecimiento comunicara públicamente y sin autorización que el joven había sido dado de alta.

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Momento, Arce negó las declaraciones que apuntaban a que “estaban todos felices”. Asimismo, consideró que se trató de una minimización de la gravedad del hecho y una falta de respeto hacia la familia.

En línea con esto, la madre del alumno consideró que se trató de un acto de desidia que las autoridades no les hubieran ofrecido una respuesta por el hecho. Además, denunció que el establecimiento no cuenta con una póliza de seguro de vida o de accidentes para los estudiantes.

Por otro lado, Arce también desmintió “categóricamente” el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Educación de Jujuy al exponer que “ninguna autoridad se presentó”. En este sentido, indicó que el chico fue entregado directamente al SAME y que la familia afronta la situación sin apoyo estatal ni acompañamiento psicológico.

El pasado 2 de junio, las autoridades aseguraron que “desde el primer momento en que el Ministerio de Educación tomó conocimiento de la situación, se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos, priorizando en todo momento la salud y el bienestar del estudiante que sufrió un accidente en la institución”.

Tras reconocer la gravedad del hecho, la cartera educativa consideró “oportuno emitir el presente comunicado para expresar su acompañamiento y cercanía al estudiante y a su familia, tal como se viene realizando a través de la Modalidad de Educación Hospitalaria, dependiente de este Ministerio, que brinda contención y seguimiento permanente”.

Al mismo tiempo que señalaron que el Departamento de Apoyo Institucional también acompañaría a los estudiantes y docentes “mediante talleres y espacios de escucha”, afirmaron que “se continuará trabajando de manera articulada con las áreas competentes, garantizando el cumplimiento de los protocolos vigentes y el acompañamiento integral del estudiante y su familia”.

Por último, comunicaron que el Área de Infraestructura Educativa se encontraría “ejecutando trabajos de mejora y renovación en establecimientos escolares de toda la provincia, incluyendo el recambio de aberturas en instituciones educativas de larga trayectoria”. Finalmente, remarcaron que el objetivo sería reforzar la seguridad, la funcionalidad y el bienestar de los estudiantes jujeños.

Frente a esto, las autoridades del colegio reconocieron que tuvieron una visita del ministerio. Sin embargo, indicaron que los técnicos les habrían anticipado que solo realizarían arreglos en las mamposterías y no harían obras estructurales como, por ejemplo, reparar los techos.

La hoja de coca volvió a subir de precio en Salta y Jujuy. El producto escasea, en medio de los bloqueos de rutas y la crisis política y social que tiene lugar en Bolivia, una combinación que dificulta la importación y el traslado del producto, genera faltantes y ya encarece las presentaciones más consumidas mientras cae la demanda, según reportaron distintos medios de la región.

En Salta, el precio de la hoja de coca generó la reacción de consumidores habituales que, según El Tribuno, denuncian aumentos que, ante una práctica arraigada en el norte argentino, empezó a percibirse como un gasto cada vez más difícil de sostener.

La suba quedó expuesta en una lista observada en un comercio salteño: las presentaciones más pequeñas rondan los $4.000 y $8.000, el octavo ya llega a $14.000, el cuarto figura a $27.000 y el medio kilo alcanza $54.000, según relevó El Tribuno. Para los consumidores consultados por ese medio, esas cifras generan un malestar que se arrastra desde 2020, en épocas de pandemia.

La pregunta que resume ese reclamo la formuló Jorge, un lector del diario salteño. Su planteo no estuvo dirigido contra el consumo ni contra la tradición, sino contra el modo en que, según dijo, “los kioscos en Salta arman y desarman los valores a su antojo”.

“Siempre te dicen lo mismo: ‘hay problemas en Bolivia’, pero nadie explica quién regula esto”, expresó Jorge en la publicación local. Allí relató que esta semana fue a comprar a una franquicia conocida de la ciudad y se encontró con nuevos valores que, según su testimonio, no dejan de aumentar.

Más al norte, en la provincia de Jujuy, los valores oscilan entre 10 mil y 22 mil pesos, según relevó el portal Somos Jujuy, y una de las subas más marcadas se dio en el cuarto kilo, que pasó de 15 mil a 20 mil pesos en apenas dos semanas, de acuerdo con ese medio.

La presión sobre el consumo también aparece en las ferias de la capital jujeña. Alicia, comerciante de la feria de avenida El Éxodo, dijo a Jujuy al Momento semanas atrás que la hoja especial cuesta 22 mil pesos el cuarto y que la común, la de mayor salida, ronda los 20 mil pesos, con variaciones según la calidad.

“Todo el tema del bloqueo y la situación socioeconómica del país vecino tiene un impacto directo en la importación de coca. Los cortes de ruta complican mucho los traslados”, explicó una vendedora.

Las bolsitas de 120 gramos, que figuran entre las opciones más buscadas, también aumentaron. Ahora se venden a 12 mil pesos cuando antes costaban 10 mil, según Somos Jujuy.

En las variedades, los paquetes de 120 gramos tienen un valor aproximado de 10 mil pesos. Desde los puestos de venta señalaron a ese medio que, pese a los aumentos, los compradores siguen eligiendo sobre todo las presentaciones pequeñas y de menor costo.

“Las bolsitas de 120 gramos son las que más se venden y la gente busca las opciones más económicas”, relató una comerciante. Alicia agregó a Jujuy al Momento que una “hoja linda” cuesta 13 mil pesos y otra de menor calidad, 12 mil.

El efecto central del aumento es una caída del consumo. La misma comerciante relató que muchos clientes redujeron sus compras o dejaron de consumir, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

“Ya no compran como antes. Antes llevaban dos cuartos o un cuarto; ahora compran medio cuarto. La gente cuida mucho el bolsillo y eso se nota”, afirmó Alicia al portal Jujuy al Momento.

La retracción también cambió la duración de cada compra. “Antes un cuarto les duraba tres días; ahora lo hacen durar una o dos semanas. Compran menos, pero tratan de que les rinda más”, señaló.

Según la misma comerciante, incluso entre los consumidores de hojas especiales hubo ajustes. “Los que consumen las especiales, como los doctores que vienen del centro, antes llevaban un cuarto; ahora llevan medio”, añadió.

Jujuy recibió $16.163 millones en regalías mineras entre enero y abril de 2026, una entrada de fondos que, según el gobierno local, ayudó a equilibrar las cuentas provinciales en un escenario de caída real de la coparticipación y de recorte de transferencias nacionales.

El detalle mensual de esos ingresos fue de $2.417 millones en enero, $2.771 millones en febrero, $4.932 millones en marzo y $6.041 millones en abril, según informó el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto Alberto Siufi en conferencia de prensa. El funcionario atribuyó esa suba a una recuperación del precio del litio que, según afirmó, se mantuvo durante mayo.

Siufi sostuvo que, sin ese aporte, la provincia habría registrado una baja de recaudación. “Las regalías significaron más de 4.000 millones de pesos adicionales. Eso equilibró mucho las cuentas de la provincia”, afirmó el funcionario, de acuerdo con las declaraciones recogidas por medios locales.

El secretario también defendió el peso del litio más allá de las regalías. En efecto, señaló que la minera Exar, la segunda en importancia en la provincia, anunció una inversión de USD 1.240 millones para duplicar su producción y sostuvo que ese flujo de capital es el que “derrama en la economía” y empuja el crecimiento local.

El funcionario resaltó además que el incremento en el ingreso por regalías mineras se da en un contexto en el que los fondos de coparticipación muestran una caída real cuando se los compara con la inflación.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario en conferencia de prensa, reflejada en los medios locales, la provincia recibió 149.413 millones de pesos en enero, 141.754 millones en febrero, 129.061 millones en marzo y 145.222 millones en abril.

En ese marco el gobierno local hizo saber que mientras en enero la coparticipación subió 19,13% la inflación llegó a 32,4%, lo que implicó una caída real del 13%; en febrero el alza fue cercana al 22% frente a 33,1% de inflación, y en marzo 23% frente a 32,6%.

Además Siufi añadió que el mayor golpe para las finanzas provinciales no proviene de la coparticipación. Sostuvo que la pérdida más fuerte está en los programas nacionales, los Aportes del Tesoro Nacional, la obra pública, salud, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y otros fondos que dejaron de transferirse.

Sobre los ATN, el funcionario aseguró que el año pasado dejaron de enviarse alrededor de 740 mil millones de pesos a las provincias y que, en lo que va de este año, la reducción ronda los 400 mil millones de pesos para el conjunto de las jurisdicciones.

El sector en alza

Las exportaciones mineras de Argentina pueden llegar a USD 9.000 millones en 2026 por la suba del oro y el litio, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras, un salto de casi 49% frente a 2025 que reforzaría el peso del sector en la economía, aunque la entidad advirtió que el desafío es convertir ese ingreso en empleo, proveedores locales y desarrollo dentro del país.

Si los siete proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones avanzan por completo, podrían sumar USD 22.000 millones en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio, según CAEM. La cámara también informó que hay 13 proyectos presentados y que dos de ellos, los de Glencore y Vicuña, concentran más de USD 30.000 millones en pedidos de incentivo.

Según declaraciones realizadas en el mes de abril por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, el cierre de 2025 dejó exportaciones por USD 6.056 millones, un alza del 30% respecto de 2024. Cacciola dijo durante una presentación de la cámara en Buenos Aires que la proyección para 2026 se hizo con precios internacionales del oro, la plata y el litio tomados con un criterio conservador: “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

La respuesta central del sector es esta: la minería argentina exportaría más en 2026 por la recuperación de los precios internacionales, sobre todo en oro y litio, y no solo por un mayor volumen de producción. En el caso del litio, además, CAEM proyectó ventas externas por encima de USD 1.400 millones para 2026.

La locura por las siempre codiciadas figuritas del mundial hace que sean material de robos y otros hechos delictivos, y el norte del país fue escenario de dos situaciones que nuevamente involucraron a esta pasión de multitudes.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina interceptaron cuatro camionetas que transportaban 3.100 álbumes del Mundial y mercadería valuada en 98 millones de pesos en las calles de Puerto Iguazú. Según fuentes oficiales, los vehículos trasladaban también unas 900 camperas. Uno de los vehículos, con patente paraguaya, era conducido por un ciudadano de la misma nacionalidad.

La fuerza federal había identificado previamente la presencia sospechosa de las furgonetas, que estaban bajo vigilancia por su posible vinculación con actividades de contrabando. Al dar la voz de alto, los conductores intentaron evadir el control acelerando a fondo, pero un móvil de Prefectura ya los aguardaba en la siguiente cuadra y logró cerrarles el paso. La detención ocurrió en República Argentina y la calle Ricardo Balbín de la mencionada ciudad.

Durante el operativo, uno de los agentes efectuó un disparo con escopeta al aire para forzar la detención. Al escuchar la detonación, uno de los conductores se arrojó al suelo y fue reducido rápidamente por los uniformados, mientras que el resto de los ocupantes también fue demorado en el lugar.

Las camionetas transportaban mercadería sin documentación, entre la que se destacaban los álbumes de la Copa del Mundo y prendas de vestir de alto valor comercial. Las autoridades investigan el origen de los productos y buscan establecer quiénes serían los destinatarios finales de la carga.

La causa quedó con intervención del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, que ordenó el secuestro de la mercadería y de los vehículos involucrados, además de la demora preventiva de un conductor identificado, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que ordenó el secuestro del material y la continuidad de las diligencias para determinar la responsabilidad de los involucrados y el circuito de distribución de la mercadería ilegal.

La búsqueda de nuevas figuritas hace que, en ocasiones, los coleccionistas no tomen los recaudos necesarios para evitar robos y fraudes. Una vecina de Perico, en Jujuy, denunció ante las autoridades que su primo de 16 años fue víctima de una estafa al intentar comprar figuritas y álbumes del Mundial 2026. Según informó El Tribuno de Jujuy, el adolescente había encontrado una oferta a través de la red social TikTok, donde un usuario promocionaba álbumes y paquetes a un precio inferior al habitual en los kioscos.

La publicación, bajo el nombre “Argentina campeón 2026”, llamaba la atención por sus precios accesibles. En una muestra de interés, y a pocos días de que comience la cita mundialista, el joven se contactó con el vendedor y acordó la compra de cinco álbumes y varias cajas de figuritas. Para formalizar la transacción, la víctima realizó transferencias por un total de 715 mil pesos a diferentes cuentas bancarias proporcionadas por el presunto estafador.

El vendedor aseguró que el pedido llegaría el 14 de mayo a una sede postal determinada, pero el envío nunca se concretó. Tras varios días sin novedades y al no recibir respuesta, el adolescente decidió acudir junto a su prima a la policía para dejar constancia del hecho.

Los últimos antecedentes

También una mujer residente en La Plata denunció ser víctima de una estafa tras intentar comprar figuritas del Mundial 2026 a través de Internet. El hecho ocurrió el 12 de mayo, cuando el hermano menor de la mujer, de 16 años, le facilitó el contacto de una supuesta distribuidora que ofrecía sobres y cajas promocionales. Atraída por la oferta, la compradora acordó la adquisición de una caja con cien paquetes y transfirió 135 mil pesos a una cuenta vinculada a una mujer.

Tras enviar el comprobante de pago por WhatsApp, los supuestos vendedores cortaron todo tipo de comunicación. Al no recibir respuesta ni novedades sobre el envío, la víctima se presentó personalmente en la dirección comercial publicada en el perfil del comercio. Allí, empleados del lugar le informaron que no tenían vínculo alguno con la venta de figuritas y que otras personas ya se habían acercado a reclamar por situaciones similares. La denuncia fue presentada ante las autoridades, que investigan el caso. Según el relato de la afectada, los estafadores utilizaron canales digitales y datos ficticios para captar incautos.

Una semana después, pero en Mendoza, un ciudadano peruano fue detenido, cuando intentó fugarse de un control de Gendarmería Nacional y en estado de ebriedad. Tras una persecución y un posterior accidente, se incautaron álbumes y figuritas del Mundial valuados en más de 17 millones de pesos. La mercadería quedó a disposición de la justicia federal.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de dos personas dentro de un auto incenciado en un pasaje rural del departamento El Carmen, el Ministerio Público confirmó que el caso como doble homicidio. Las víctimas, identificadas como L.C.L. y M.N.P., fueron encontrados calcinados y presumen que el crimen ocurrió entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2025 en la provincia de Jujuy.

Este sábado, el Ministerio Público de la Acusación pidió la apertura de juicio oral y público contra los imputados reconocidos como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. por el crimen de una pareja asesinada en Pozo Cavado. De acuerdo con Somos Jujuy, el juez de Control Gastón Mercau admitió el requerimiento del fiscal Luis Marcelo De Aparici y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

La acusación atribuye a D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. los delitos de “doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real”. La causa requirió un trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la policia de Jujuy.

El magistrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria que tenía D.F.M. y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario, a pedido de la fiscalía. En la audiencia de control de acusación, que finalizó el último viernes, la fiscalía expuso evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas durante la pesquisa.

La investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen - Perico, dirigida por De Aparici. En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, como querellante particular.

El hallazgo del crimen

En mayo del 2025, encontraron una Jeep Renegade incendiada, dentro hallaron dos cuerpos calcinados. El hallazgo ocurrió por la noche, cerca de las 21, en un camino vecinal situado a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado, en el departamento El Carmen. La denuncia había sido recibida a las 20.30 y, según los fiscales del caso, un testigo alertó a la Policía después de escuchar ruidos, acercarse al lugar y ver el vehículo envuelto en llamas.

A través de la patente, los investigadores identificaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Lucía del Carmen Lera, de 52 años, con domicilio en la ciudad de Perico. Según publicó Somos Jujuy, la mujer salió el mismo miércoles por la tarde en ese vehículo junto a su pareja, Matías Nicolás Pérez, de 36 años, y ninguno volvió a ser visto desde entonces.

“Se desconoce el paradero de la propietaria del vehículo. Es una mujer vinculada con el comercio. Y hay un masculino cercano a la propietaria cuyo paradero tampoco conocemos”, dijo la fiscal María Curten Haquim. Los policías llegaron al lugar pocos minutos después del aviso con personal de la Comisaría Sección 45 de Pampa Blanca, dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Jujuy. También intervinieron bomberos, que sofocaron los focos activos en el interior del rodado y enfriaron la estructura para permitir la inspección.

Recién entonces, según la reconstrucción oficial, los agentes pudieron observar el interior del vehículo. En la parte trasera del habitáculo encontraron dos cuerpos completamente carbonizados. Haquim explicó que el nivel de carbonización impidió cualquier reconocimiento inicial. “Los dos cuerpos estaban en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento de los mismos. No podemos determinar ni el sexo ni las edades”, detalló la fiscal.

Las bajas temperaturas trajeron un alivio inesperado para la provincia de Jujuy: la propagación de chikungunya y dengue muestra señales claras de retroceso, mientras el sistema de salud redobla la vigilancia ante el avance de enfermedades respiratorias.

En la última semana, solo se confirmaron tres nuevos casos de arbovirosis, aunque desde el Ministerio de Salud insisten en no bajar la guardia con las tareas de prevención.

Tras meses de preocupación por el aumento de contagios transmitidos por mosquitos, el descenso térmico genera un cambio de escenario. El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, presentó el reporte epidemiológico provincial y subrayó que hay una “meseta” en el número de casos.

El descenso en la curva de infecciones es atribuible, según Cadar, a la llegada del frío. El escenario epidemiológico, no obstante, mantiene a las autoridades en alerta para evitar un rebrote. Por ahora, las áreas más afectadas siguen siendo San Pedro, Aguas Calientes y Caimancito, localidades que concentraron el mayor número de contagios en los últimos meses.

Según informó el portal Somos Jujuy, el informe sanitario del Ministerio de Salud indica que la propagación de chikungunya y dengue ha disminuido significativamente en las últimas semanas, con registros mínimos de nuevos contagios. El funcionario Cadar detalló que la mayoría de las muestras que se procesan por sospecha de dengue resultan negativas y anticipó que las pocas pendientes de confirmación “todo indica que serían negativas”.

El descenso de casos coincide con el inicio de jornadas frías, que afectan el ciclo biológico del mosquito vector, lo que explica la caída en las infecciones. Sin embargo, las autoridades insisten en mantener activos los operativos de descacharrado y las medidas de prevención, para evitar la acumulación de criaderos domésticos y cortar la cadena de transmisión.

Hasta el momento, Jujuy reporta un total de 125 casos de chikungunya y apenas dos de dengue confirmados en lo que va del año. El Ministerio de Salud solicita a la población continuar con las acciones preventivas, como eliminar recipientes con agua estancada, utilizar repelente y colaborar con los equipos en terreno.

El alivio por la caída de los casos de arbovirosis contrasta con la preocupación por el avance de las enfermedades respiratorias en la provincia. El Ministerio de Salud de Jujuy alertó sobre un marcado incremento de infecciones por influenza H3N2, el virus de la gripe estacional que está circulando con fuerza.

De acuerdo al monitoreo epidemiológico, se detectaron 509 casos de virus respiratorios, de los cuales 473 corresponden a influenza y 32 a Covid-19. Las autoridades precisaron que la circulación de Covid-19 “existe, pero es baja” en la provincia, mientras que la gripe muestra un comportamiento expansivo.

El funcionario recomendó extremar los cuidados y retomar el uso de barbijo en espacios cerrados, hospitales y sitios concurridos, especialmente para personas con síntomas.

Además, advirtió sobre el inicio de la temporada del virus respiratorio sincitial, principal causa de bronquiolitis en menores de dos años. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud enfatiza la importancia de la vacunación antigripal, dirigida a los grupos de riesgo: mayores de 65 años, niños menores de dos años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La provincia cuenta con provisión de dosis, y se invita a la población objetivo a acercarse a los vacunatorios para protegerse ante el aumento de circulación viral. Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención, el monitoreo de síntomas y la vacunación son las herramientas principales para evitar complicaciones graves durante el invierno.

La confluencia de descenso en los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos y el incremento de cuadros respiratorios configura un panorama epidemiológico dinámico en Jujuy, donde la vigilancia y la prevención siguen siendo las prioridades para el sistema de salud provincial.

Fue el director de Incendios Forestales, Jorge Torrico, quien confirmó el origen del siniestro. Según explicó en declaraciones a Todo Jujuy, la denuncia llegó el lunes, cuando pobladores de la zona alertaron sobre un foco ígneo de grandes dimensiones. “El viento hizo el resto”, señaló Torrico al referirse a la velocidad con la que las llamas se propagaron entre la vegetación de los cerros.

A partir del aviso de los vecinos, las autoridades pusieron en marcha un operativo de detección satelital para localizar los puntos calientes y obtener las coordenadas exactas del sector afectado, de difícil acceso, indicó El Tribuno Jujuy.

Desde la base de El Brete se despachó una primera cuadrilla que, con la colaboración de personas del lugar, logró llegar hasta el foco y confirmar la magnitud del desastre: el fuego llevaba cerca de dos días activo y el panorama era complicado.

Luego, la Brigada de El Brete desplegó dos cuadrillas para enfrentar las llamas. Mientras el lunes los trabajos se concentraron sobre el flanco izquierdo del incendio, este martes los esfuerzos se volcaron sobre el flanco derecho. Según precisó Torrico a Todo Jujuy, al cierre de la jornada se esperaba contar con más información sobre el comportamiento del fuego y si había bajado su intensidad.

Las estimaciones satelitales sitúan en aproximadamente 40 hectáreas la superficie afectada en el límite entre Lozano y León. Los brigadistas continúan en el terreno para contener el avance del fuego y evaluar la situación en el sector, mientras las autoridades mantienen activo el monitoreo desde el aire.

El incendio que afectó al Parque Los Alerces, en la Patagonia

El incendio que afectó al Parque Los Alerces se desató a fines de enero y se extendió por 26 días, con un saldo de 6.924 hectáreas de bosque nativo, arbustos, matorrales y pastizales destruidos solo dentro del área protegida, lo que privó a numerosos productores ganaderos de las reservas de alimento para sus animales. Por la dimensión del siniestro, distintas provincias aportaron equipamiento y personal especializado para reforzar el combate del fuego. En los momentos de mayor intensidad, la línea de combate llegó a reunir hasta 400 brigadistas y voluntarios.

Gracias al trabajo coordinado entre la Nación y la Provincia, el 21 de febrero se declaró que la totalidad de los focos ígneos estaba controlada, lo que significó que el fuego dejó de avanzar sobre el bosque. Aun así, algunas zonas todavía registraban llamas activas y, sobre todo, brasas encendidas con el suelo a alta temperatura.

Ese calor residual bastaba para encender nuevo material combustible ante la presencia del viento. Por esa razón, los brigadistas dedicaron esa etapa a humedecer cada pequeño foco y los perímetros del incendio, en la tarea conocida como “guardia de cenizas”. El 23 de marzo se anunció la extinción completa y oficial del siniestro.

La noticia se conoció pocas horas después de que la Policía Federal Argentina recuperara evidencia de valor para la investigación que busca esclarecer el origen de las llamas, dado que las autoridades ya dan por confirmada la intencionalidad del incendio.

Poco más de un mes después, se produjo la reapertura del Sendero Lahuán Solitario, que marcó un primer paso concreto en la recuperación del parque, tras el incendio forestal que durante el verano consumió más de 77.000 hectáreas en varios sectores de alto valor de conservación, áreas de uso público y zonas de poblaciones rurales en toda la Patagonia.

El sendero, uno de los más emblemáticos del parque, volvió a estar disponible para los visitantes tras las tareas de remediación y mitigación posteriores al incendio.

El recorrido habilitado se extiende en ambas direcciones desde la Pasarela del río Arrayanes hasta el mirador del Glaciar Torrecillas, con paso por el Lahuán Solitario y Puerto Chucao, bordeando el río Menéndez.

El hecho ocurrió sobre el final del tradicional desfile patrio, cuando las agrupaciones gauchas transitaban frente al público. En un momento, uno de los jinetes perdió el control del equino, que se desvió hacia el sector donde los espectadores observaban la pasada. El caballo impactó contra ambas víctimas antes de que pudiera ser controlado.

La niña fue atendida en el lugar por personal del SAME y trasladada a la Clínica Fátima, donde le realizaron los controles correspondientes y fue dada de alta sin lesiones de gravedad. La situación de la mujer resultó más comprometida: manifestó haber recibido un fuerte golpe en la cabeza y, al cierre de la información, continuaba internada a la espera de los resultados de los estudios médicos.

El comisario Dino Narváez, de la Unidad Regional Nº 8, confirmó el episodio y brindó precisiones sobre las actuaciones en curso. Según explicó, la Seccional Nº 23 inició de forma inmediata las actuaciones judiciales para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. El jinete ya fue identificado, y las cámaras que registraron el momento serán incorporadas como prueba a la investigación.

Narváez también se refirió a las condiciones en que los animales participan de este tipo de eventos. Señaló que muchos equinos llegan al desfile tras largas horas de traslado y que el contexto —la cantidad de personas, los ruidos y los espacios reducidos— genera situaciones de estrés que vuelven impredecible su comportamiento. “Las avenidas no son lugares acordes para el tránsito de caballos”, afirmó el funcionario policial en declaraciones a Jujuy al Momento, quien además reconoció que episodios similares ya se registraron en otros desfiles de la región. A partir de ello, anticipó que será necesario analizar mayores controles y medidas preventivas de cara a futuros eventos.

Más allá del incidente con el equino, el comisario Narváez realizó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana en Palpalá. En total, se labraron 26 actas contravencionales en el marco de los controles de prevención. Entre los hechos registrados, se detectó una infracción en un local bailable por exceso de personas y una fiesta clandestina en una vivienda particular durante los festejos del 25 de Mayo, donde también se constató venta de bebidas alcohólicas. En el mismo período, se realizaron cerca de 30 procedimientos policiales y siete personas fueron demoradas por distintas causas judiciales y contravencionales.

El operativo también arrojó dos aprehensiones por hechos de robo. En el barrio Antártida Argentina, efectivos lograron detener a un hombre acusado de intentar sustraer una motocicleta perteneciente a un albañil; el sospechoso fue localizado a pocas cuadras del lugar y permanece detenido. En barrio Alto Palpalá, otro sujeto fue sorprendido con elementos de construcción que habrían sido sustraídos de una vivienda en obra.

Las autoridades confirmaron que los operativos de seguridad continuarán en distintos sectores de la ciudad como parte de las acciones de prevención del delito y control contravencional.

En Molulo, la vegetación de la zona quedó teñida de blanco por la caída de nieve. El paisaje de las Sierras de Tilcara, que habitualmente presenta características propias de la altura, se transformó por completo durante la jornada. Las imágenes del lugar mostraron cómo la nieve cubrió la vegetación de la zona.

En Salta, se registró de un video donde se ve la nieve sobre la Ruta Provincial 33, en el tramo de Piedra del Molino, camino a Cachi. El material muestra el suelo pedregoso y la vegetación escasa de la zona de altura cubiertos de blanco, a medida que la nieve avanza sobre las curvas del camino.

Ante las condiciones del tramo, El Tribuno recomendó a quienes circulen por la zona extremar la precaución al conducir y respetar las señales de tránsito.

El fenómeno, aunque llamativo, no resulta del todo inesperado para las zonas altas del norte del país. El meteorólogo Edgardo Escobar explicó a Todo Jujuy que las nevadas en sectores de menor altura responden a dinámicas climáticas específicas. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, sostuvo el especialista.

Escobar precisó que el escenario actual corresponde a una etapa climática neutral, con posibilidad de ingreso a un fenómeno El Niño. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento”, afirmó. Ese comportamiento climático, según detalló, incide directamente sobre las posibilidades de precipitaciones níveas en distintas regiones.

En cuanto a las perspectivas para el resto del invierno, el meteorólogo señaló que los pronósticos trimestrales apuntan a temperaturas levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, indicó Escobar.

Con ese panorama, las probabilidades de nieve en zonas bajas son, por el momento, menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, concluyó el especialista.

Cómo estará el clima en Salta y Jujuy este fin de semana, según el SMN

El fin de semana llegará a Salta y San Salvador de Jujuy con temperaturas bajo los 13° y cielos variables, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El viernes marcará el punto más frío del período, con máximas de apenas 11° en ambas ciudades, mientras que el domingo traerá una recuperación térmica hasta los 18°.

El viernes abrirá con nubes en Salta capital: la mañana registrará entre 0% y 10% de probabilidad de lluvia y vientos de entre 7 y 12 km/h, con una mínima de 4°. En el segundo turno matinal, la niebla o neblina tomará protagonismo, con vientos que caerán a entre 0 y 2 km/h. La tarde traerá un cie

lo parcialmente nublado y vientos igualmente calmos, de 0 a 2 km/h, antes de que la noche vuelva a cerrarse con nubes y ráfagas de entre 7 y 12 km/h. La máxima del día no superará los 11°.

En San Salvador de Jujuy, ese mismo viernes el panorama será muy similar. La mínima llegará a 5° y la máxima a 11°. La mañana arrancará nublada con niebla y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%, con vientos de 0 a 2 km/h. La tarde despejará parcialmente, pero los vientos subirán a entre 7 y 12 km/h. La noche cerrará con nubes y vientos de 0 a 2 km/h.

El sábado traerá algo más de alivio térmico. En Salta, la mínima descenderá a 3° y la máxima subirá a 13°. Los cielos alternarán entre despejados y parcialmente nublados a lo largo del día, con probabilidad de lluvia del 0% en todos los turnos. Los vientos se mantendrán entre 0 y 2 km/h por la mañana, y escalarán a entre 7 y 12 km/h por la tarde y la noche.

Jujuy registrará condiciones prácticamente iguales: mínima de 4°, máxima de 13°, sin lluvia prevista y vientos que también oscilarán entre 7 y 12 km/h en los turnos vespertino y nocturno.

El domingo será la jornada con mayor ascenso de las temperaturas. Tanto Salta como Jujuy alcanzarán una máxima de 18°, con mínimas de 3° y 4° respectivamente.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante todo el día en las dos ciudades. Los vientos serán leves por la mañana, de 0 a 2 km/h, y aumentarán hacia la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De norte a sur y de este a oeste, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades del interior argentino este martes para reclamarle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Mientras el acto central se desarrollaba en Plaza de Mayo, columnas de docentes, estudiantes, personal no docente e investigadores avanzaron por los centros urbanos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia, entre otras ciudades, con un reclamo compartido: el desfinanciamiento del sistema universitario público alcanza niveles sin precedentes desde la apertura democrática.

Córdoba fue uno de los epicentros de mayor convocatoria en el interior. Pasadas las 15, la columna partió desde la Ciudad Universitaria y avanzó lentamente por la avenida Hipólito Yrigoyen. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, encabezó la cabecera junto a las principales autoridades de la institución, bajo una bandera con la leyenda “En defensa de la universidad pública y la ciencia”.

Al cierre de la manifestación, Boretto fue categórico: “Estamos hablando de una ley vigente. El gobierno no cumple con esa ley que fue sancionada en dos oportunidades, fue ratificada después de un veto y además está incumpliendo los fallos judiciales”, afirmó en declaraciones a Canal 10. El rector sostuvo que la situación “no tiene antecedente en el país” y aclaró que el reclamo no apunta a un incremento presupuestario, sino a “una recomposición, una actualización frente a la pérdida que hemos tenido frente al proceso inflacionario de los últimos años”.

En Santa Fe, la movilización arrancó desde la bajada del Puente Colgante. Pasadas las 15:30, manifestantes que venían del barrio El Pozo cruzaron el puente para unirse a la concentración frente a Telefé Santa Fe. Cerca de las 17, la columna llegó al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se leyó un documento producido de manera conjunta por las universidades santafesinas. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, encabezó la marcha y llamó “provocativos” los dichos de funcionarios del Ministerio de Capital Humano y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. “Ya son 203 días sin implementación de la ley que sancionó el Congreso; si creemos en la división de poderes, no podemos permitir esto”, señaló Tarabella en diálogo con Aire Digital.

Rosario también respondió a la convocatoria. Desde la Plaza San Martín, la columna avanzó hacia el Monumento Nacional a la Bandera con una participación que, según describió el corresponsal Rodrigo Miró desde el móvil de Aire Digital, se extendió por alrededor de 15 cuadras de manifestantes. Familias, jóvenes y adultos mayores se sumaron a la movilización, que tuvo una particularidad: la Universidad Nacional de Rosario (UNR) instaló una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre orientadas a estudios sobre el cáncer, una forma de mostrar en la calle el trabajo científico que, según las autoridades universitarias, está amenazado por los recortes. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, advirtió que las transferencias nacionales hacia las universidades sufrieron una caída real del 45% desde 2023 y que alrededor del 70% del personal docente y no docente del país percibe ingresos en niveles de precariedad.

En Mendoza, la columna de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) partió a las 16 desde la rotonda de la universidad y recorrió las calles del Parque General San Martín rumbo a la Plaza Independencia, donde el acto de cierre estaba previsto entre las 17 y las 17:30. La secretaria general del rectorado, Estefanía Villarruel, explicó en MDZ Radio que uno de los ejes de la ley es “una ecualización salarial que permita un acompañamiento acorde a los índices de inflación” y precisó que las universidades acumulan más del 47% de pérdida salarial.

Villarruel también alertó sobre el impacto del atraso presupuestario en los gastos de funcionamiento: “La universidad no está subsidiada, está catalogada como gran consumidora porque tiene muchísimos edificios y está en todo el territorio de la provincia”. Sobre la beca Progresar, fue directa: “Está en 35.000 pesos, no ha tenido aumentos y es irrisorio el monto”.

En el noroeste, Salta y Jujuy sumaron sus propias columnas. En la capital salteña, la protesta partió desde el Monumento 20 de Febrero y avanzó por la avenida Sarmiento hasta la Plaza 9 de Julio.

La decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Cristina Sanz, fue contundente: “Estamos acá en la cuarta marcha por la aplicación de la ley de financiamiento educativo. Es el momento más crítico desde la apertura democrática. Si no tenemos financiamiento, la universidad va a ir agonizando”, afirmó.

Su par de la Facultad de Ciencias Económicas, Teodelina Zuviría, detalló que la institución opera con un déficit de 4.500 millones de pesos, con consecuencias directas en becas de comedor, proyectos de investigación y la posibilidad de que los docentes se dediquen de forma exclusiva a la enseñanza. Entre las pancartas que avanzaron por el centro salteño se leían consignas dirigidas al jefe de Gabinete Manuel Adorni: “Menos propiedades para Adorni, más presupuesto para nuestra educación”.

En San Salvador de Jujuy, la columna de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) partió desde la Facultad de Ciencias Agrarias hacia la Plaza Belgrano. La masiva concurrencia interrumpió la circulación vehicular en el casco céntrico. La secretaria general de ADIUNJU, Gabriela Gresores, destacó que la protesta se replicó en localidades del interior provincial como San Pedro, Purmamarca y Humahuaca. Una docente de la UNJu advirtió que “las últimas transferencias a las universidades nacionales fueron de menos de la mitad” y calificó la crisis como la más grave en 40 años de democracia. El acto de cierre estaba previsto frente a la Casa de Gobierno provincial, donde se expondrían las demandas locales y nacionales.

En el nordeste, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) movilizó a sus comunidades en las dos capitales provinciales. En Corrientes, la concentración fue a las 17:30 frente al Museo de Ciencias Naturales, y en Resistencia, en el Campus de la Universidad del Sol. Pasadas las 18, las columnas avanzaron hacia el Rectorado en Corrientes y hacia el mástil mayor frente a la Plaza 25 de Mayo en Resistencia.

El rector de la UNNE, Omar Larroza, reclamó que el Gobierno cumpla con la ley y precisó que el salario universitario perdió “el 45% solamente el año pasado, no se ajustan a los índices de inflación de este año y no se habilitaron las paritarias”.

En cada punto de cierre, la lectura del documento final estuvo a cargo de estudiantes, quienes repasaron los ejes del reclamo: cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, recuperación del salario docente y no docente, actualización de las becas universitarias y rechazo a la intervención del Poder Ejecutivo Nacional.

En Mar del Plata, la movilización llegó con una advertencia explícita sobre el futuro del calendario académico. La secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, sostuvo que “el tiempo de las excusas terminó” y lanzó un ultimátum: “Si no hay respuestas, vamos a profundizar el plan de lucha: en estas condiciones el segundo cuatrimestre no puede comenzar”.

Araujo también denunció que la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) perdió 613 docentes desde el inicio del ajuste. La secretaria general de APU, Victoria Schadwill, remarcó que la movilización marplatense reunió en unidad a gestión, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, y dirigió el mensaje también hacia el Poder Judicial: “Las calles llenas de gente son un mensaje claro al Gobierno, para que aplique la ley. Pero también es un mensaje para la Justicia, para que haga respetar una norma democrática y ordene su cumplimiento”, sostuvo.

Cómo se vivió en La Patagonia

Más de 15 mil personas se plegaron en Neuquén, Río Negro y Chubut a la cuarta marcha universitaria durante la gestión del presidente Javier Milei en reclamo por el desfinanciamiento de las universidades públicas y el incumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso Nacional. 

La manifestación contó con participación de estudiantes, docentes y personal no docente, representantes gremiales y cientos de vecinos que se acoplaron a la actividad “para respaldar el funcionamiento de las universidades”.

Río Negro y Neuquén comparten la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), una casa de estudios con sede en ambas provincias y con prestigio internacional, cuya comunidad educativa participó de la jornada de reclamo.

La rectora de la institución Beatriz Gentile aseguró que las universidades atraviesan una situación crítica y afirmó que el conflicto no solo afecta al ámbito educativo, sino también al funcionamiento institucional. La rectora señaló que la ley (de financiamiento universitario) “fue aprobada en dos instancias legislativas y además recibió respaldo judicial, aunque todavía no se ejecuta”.

Uno de los principales puntos planteados por las autoridades universitarias estuvo relacionado con las consecuencias del ajuste sobre los trabajadores del sector. Según informaron, entre 2024 y 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes de la UNCo.

Desde la conducción universitaria vincularon esas salidas con el congelamiento salarial y las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones nacionales. Además, advirtieron que la situación se produce en un contexto de crecimiento de la matrícula estudiantil.

“Crecimos en cantidad de estudiantes, pero disminuyó la planta docente”, señalaron durante la conferencia, donde alertaron sobre el impacto que eso genera tanto en el dictado de clases como en las tareas de investigación y extensión.

En la capital neuquina, una multitud participó de la caravana entre la sede principal de esa casa de estudios y la plaza San Martín, uno de los puntos neurálgicos de la capital petrolera.

En Río Negro el reclamo se hizo sentir en Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma, también con ampla adhesión de estudiantes de la UNCO y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

En la ciudad cordillerana, el vicerrector de la Sede Andina de esa universidad, Diego Aguiar, describió el crudo panorama por el atraviesan “todas las universidades en general, con recortes y falta total de apoyo de parte del gobierno nacional”.

El directivo aseguró que “estamos hace dos años con ajuste salarial, en las becas de los estudiantes, en los fondos para infraestructura y también para investigación” y aseguró que “el sector docente y no docente sufrió una pérdida cercana al 40% del salario real desde diciembre de 2023. Es como si hubiéramos perdido diez salarios docentes”.

En Bariloche, la UNRN cuenta con un campus universitario que aún no fue inaugurado, debido a que el gobierno nacional interrumpió el desembarco de fondos para la culminación del edificio, construido en un 97 por ciento. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck anunció que ese 3 por ciento “será financiado con recursos provinciales, para que la sede universitaria pueda comenzar a funcionar”.

En la ciudad cordillerana una populosa columna de manifestantes transitó las calles céntricas y culminó en el Centro Cívico, una de las postales más tradicionales de la ciudad turística, que también es epicentro de reclamos y manifestaciones.

Chubut no fue la excepción y miles de manifestantes se congregaron en los puntos neurálgicos de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, aunque también hubo movilizaciones más pequeñas en ciudades de menor densidad poblacional.

En Comodoro, la ciudad con mayor matrícula universitaria, la actividad se realizó durante el mediodía, con la movilización de cientos de docentes, estudiantes y acompañantes, quienes reclamaron por el cumplimiento de la normativa aprobada, para garantizar el funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Desde la institución advirtieron que la situación económica “se agrava mes a mes” y alertaron por el impacto sobre salarios, becas y funcionamiento general.

Gustavo Fleitas, principal referente de esa casa de estudios, destacó la masiva participación que tuvo la Marcha Federal Universitaria en Chubut y aseguró que la movilización reflejó un acompañamiento genuino de toda la comunidad. “Fue muy emocionante ver cómo toda la comunidad salió a defender la educación pública”, expresó.

Rechazó las críticas del Gobierno Nacional, que calificó la movilización como una manifestación política, y sostuvo que el reclamo tiene un fuerte respaldo social. “La comunidad universitaria se embanderó y le pidió a las familias que acompañen. Querer convertir esto en una pelea política es atacar el mensaje que las universidades están dando”, afirmó.

En relación al conflicto presupuestario, el rector advirtió sobre el fuerte desfinanciamiento de las universidades nacionales y cuestionó las decisiones del Gobierno Nacional. Explicó que el presupuesto aprobado para 2026 quedó rápidamente desactualizado por la inflación y aseguró que actualmente las universidades reciben apenas un 60% de los recursos necesarios para funcionar normalmente. “La pérdida salarial de los trabajadores universitarios ya supera un tercio en los últimos dos años”, alertó.

El titular de la UNPSJB también remarcó que la situación afecta no solo el funcionamiento cotidiano de las universidades, sino también la investigación científica, el equipamiento y el desarrollo tecnológico.

En medio de un operativo llevado a cabo en la ciudad de Libertador General San Martín, personal de Gendarmería Nacional detuvo a dos pasajeros luego de que se realizaran controles médicos. Todo ocurrió durante un control en un colectivo de larga distancia en el kilómetro 1.287 de la Ruta nacional N° 34.

El colectivo tenía como destino final la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los pasajeros, dos ciudadanos de nacionalidad boliviana llamaron la atención de los uniformados por su comportamiento inusualmente nervioso. Según informaron fuentes oficiales, ambos presentaban signos claros de palidez y transpiración excesiva, lo que motivó una revisión más exhaustiva por parte del personal de la Sección Reforzada “Libertador Gral. San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”.

Durante la verificación de la documentación, los agentes no solo advirtieron la actitud sospechosa de los dos sujetos, sino que también constataron que ambos viajaban juntos y evitaban el contacto visual con el resto de los pasajeros. Ante la presunción de que se trataba de un caso de tráfico de drogas ingeridas o alojadas en el organismo, se procedió de inmediato a solicitar la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy.

Los gendarmes trasladaron a los individuos al nosocomio local para efectuarles los estudios pertinentes. En la institución de salud, se les practicaron placas radiográficas que confirmaron la presencia de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambos sospechosos. A partir de este hallazgo, se dispuso su internación bajo observación y custodia, mientras se aguardaba la expulsión natural del material oculto.

En el transcurso de las horas posteriores, los sujetos expulsaron un total de 216 cápsulas, que contenían en conjunto 2 kilos 952 gramos de cocaína. La situación fue informada de inmediato a la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso el secuestro de la droga y la detención formal de los ciudadanos bolivianos.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy dispuso el decomiso inmediato de la droga hallada y la detención de los dos ciudadanos. Ambos permanecen bajo custodia, a disposición de la justicia, mientras avanza la investigación sobre el origen y el destino final de la sustancia incautada.

Tres detenidos en Jujuy por traficar 4 kilos de cocaína adosadas a sus cuerpos

A fines del mes de febrero, un control de rutina en una de las principales rutas también de Jujuy derivó en la detención de tres personas y el decomiso de una cantidad significativa de estupefacientes.

En el marco de los operativos habituales de la Gendarmería Nacional Argentina, los agentes interceptaron un colectivo de larga distancia en la localidad de Libertador General San Martín. Durante la inspección, surgieron indicios que derivaron en el hallazgo de casi cuatro kilos de cocaína ocultos en el cuerpo y calzado de tres pasajeros.

El procedimiento se llevó a cabo en la Sección “Libertador General San Martín”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”. Este tipo de controles forma parte de la estrategia de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en corredores clave del norte argentino, una región identificada como punto de paso en el traslado de sustancias ilícitas hacia distintos destinos del país.

La operación comenzó cuando los uniformados advirtieron anomalías en la vestimenta de dos mujeres que viajaban entre los pasajeros. El personal de la Gendarmería realizó una inspección más minuciosa, detectando paquetes adheridos al cuerpo de ambas, sujetos debajo de la ropa.

Los gendarmes también identificaron a un hombre que ocultaba envoltorios en las plantillas de su calzado. De acuerdo con el reporte oficial, la droga secuestrada alcanzó un peso total de 3 kilos 989 gramos, resultado que se confirmó tras las pruebas de campo realizadas en el lugar.

La causa quedó caratulada como violación a la Ley de Estupefacientes, bajo la órbita del juzgado federal con competencia en la jurisdicción. El cargamento incautado fue enviado a los laboratorios oficiales para su análisis y resguardo como prueba judicial.

Un hombre fue condenado a 6 años de prisión efectiva por un intento de homicidio en una barrio de San Salvador de Jujuy. La sentencia derivó de una pelea callejera con un hombre al que le clavó un puñal en el abdomen.

El ataque ocurrió en enero de este año cerca de las 20.30 en Punta Diamante, cuando la víctima, identificada como R. L. V., caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín, a la altura de la calle Vuelta de Obligado. El agresor, R. R. González, junto a unos familiares comenzaron a insultar a R. L. V., quien respondió al ataque. La situación escaló y derivó en una pelea.

En ese momento, González extrajo un puñal y le provocó una herida en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también fue agredido por un grupo de personas cuya identidad no lograron establecer.

Tras el ataque, R. L. V. se retiró del lugar por sus propios medios y llegó hasta su domicilio, donde fue atendido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con lo indicado por el portal de noticias Somos Jujuy, la sentencia la dictó este martes el Tribunal Colegiado conformado por los jueces Rodolfo Miguel Fernández, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir. La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbello, en representación del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica de González estuvo a cargo de la abogada Rita Luciana Vilte.

El tribunal evaluó las pruebas presentadas, entre ellas testimonios y pericias médicas, y determinó la responsabilidad penal del acusado en el hecho. Se consideró el delito de homicidio simple en grado de tentativa, al constatarse que la agresión con arma blanca tuvo como objetivo causar la muerte de la víctima, aunque el resultado letal no se produjo.

Imputaron a los agresores de Granadero Baigorria

Dos jóvenes quedaron detenidos y fueron imputados por tentativa de homicidio y robo agravado tras atacar a un hombre de 54 años y a su madre, una mujer ciega de 84 años, durante una entradera en Granadero Baigorria, en el Gran Rosario. La Fiscalía les atribuyó haber actuado con extrema violencia y el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió semanas atrás por la noche en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, ubicada en un barrio residencial próximo a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. Uno de los acusados, de 21 años, fue considerado autor del hecho, mientras que el segundo, de 24 años, se consideró partícipe primario, según la reconstrucción judicial.

La víctima fue golpeada con una pala -lo que le provocó una fractura de cráneo-, y un machete -con el que le amputaron la primera falange del índice derecho-. La madre del hombre, no vidente y de avanzada edad, también fue agredida a golpes en la cintura y el tobillo. Los asaltantes intentaron huir con un televisor y un celular, aunque la presencia de vecinos en la calle los obligó a abandonar parte del botín.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde quedó internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. Las lesiones incluyeron fractura de mandíbula y un profundo corte en la cabeza, además de la pérdida del dedo. La policía detuvo a ambos sospechosos horas después en el monte de Celulosa, zona cercana al domicilio atacado, y secuestró el machete, el televisor y el fragmento de dedo amputado.

La fiscal Anabel Cerutti sostuvo ante el juez la gravedad del ataque y subrayó que la agresión puso en riesgo la vida de la víctima. El juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años para ambos imputados, mientras la investigación avanza en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La Justicia de Jujuy investiga un grave episodio de violencia de género ocurrido la noche del 26 de abril, cuando un hombre fue detenido tras ser acusado de disparar un arma de fuego hacia el interior de la vivienda donde se encontraba su expareja junto a sus hijos. El hecho, que no dejó heridos, generó alarma en la comunidad y motivó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales y policiales.

Según consta en el legajo judicial, el acusado se presentó en el domicilio de la mujer con la intención de conversar. Al no recibir respuesta, permaneció en las inmediaciones, aumentando la tensión en el entorno familiar. En determinado momento, abrió una ventana desde el exterior y efectuó un disparo hacia el interior del hogar, para luego darse a la fuga. La rápida reacción de quienes se encontraban dentro permitió advertir el ataque y contactar de inmediato a la policía.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, el incidente fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, que habilitó de urgencia la intervención del fiscal Pablo De Tezanos Pintos. Se dispuso la realización de distintas diligencias para dar con el paradero del sospechoso y resguardar la integridad de la víctima y sus hijos. La investigación se orientó a reconstruir los hechos y determinar el nivel de riesgo al que estuvo expuesta la familia.

Con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Coronel Arias, los efectivos realizaron un allanamiento en un domicilio vinculado al sospechoso. Durante el procedimiento, se concretó la detención del hombre, cuya identidad no fue difundida oficialmente. En el lugar, los investigadores encontraron un revólver con capacidad para ocho cartuchos, el cual se encontraba cargado al momento de la intervención policial.

Además, el operativo permitió secuestrar más de 100 cartuchos de distintos calibres y municiones de aire comprimido. Desde la fiscalía se remarcó que el hecho de que el arma estuviera lista para disparar refuerza la gravedad del caso y el nivel de peligro al que estuvieron expuestas la mujer y los menores. Las autoridades subrayaron la importancia de la intervención rápida para evitar un desenlace más trágico.

Actualmente, la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada, que lleva adelante diversas medidas probatorias. La investigación busca profundizar en la reconstrucción de los hechos y esclarecer el contexto que rodeó el ataque. El acusado permanece bajo custodia mientras se avanza con el proceso judicial y se evalúan las pruebas recabadas.

De acuerdo con la investigación, el ataque fue advertido por las personas dentro de la casa en el momento en que el disparo atravesó la ventana. Afortunadamente, ninguna de ellas resultó herida. La denuncia permitió activar los protocolos de emergencia y asegurar la contención de la familia afectada.

En relación con el imputado, la fiscalía no ha difundido su identidad para resguardar el proceso y garantizar la protección de la víctima. Se informó que el hombre fue puesto a disposición de la Justicia y permanece detenido mientras se evalúan las medidas cautelares pertinentes.

El caso continúa en etapa investigativa, con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar realizando nuevas diligencias para establecer la secuencia exacta de los hechos. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de pruebas balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Todas estas acciones buscan determinar con precisión el accionar del imputado y el alcance del riesgo generado.

Es de destacar que la Fiscalía Especializada continúa recabando elementos de prueba para avanzar en la causa y definir la situación procesal del detenido. Mientras tanto, la víctima y sus hijos cuentan con medidas de protección y acompañamiento institucional, en el marco de los protocolos previstos para casos de violencia de género.

El 23 de abril se cumplieron cuatro años de la desaparición de Sergio Daniel Callata, un hombre que desapareció a sus 36 años en San Salvador de Jujuy. Pese al paso del tiempo, el hecho continúa sin resolverse ante la falta de avances concretos. Ahora, su caso podría vincularse a la causa contra Matías Jurado, el presunto asesino serial al que le endilgaron, hasta el momento, cinco homicidios.

“Es como siempre, hace cuatro años que sentimos lo mismo. Es una incertidumbre todos los días, sin saber qué pasó”, manifestó la pareja de Callata, Jorgelina Peloc, sobre la ausencia repentina de su esposo. De acuerdo con los registros, fue visto por última vez en 2022 cuando se dirigía hacia el centro.

Días después de que se denunciara su desaparición, las autoridades localizaron su vehículo, un Fiat Mobi gris, abandonado sobre la ruta provincial 35 camino a Ocloyas, sin signos de violencia visibles. Este hallazgo profundizó el misterio en torno al caso, ya que no se encontraron indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido ni rastros que orientaran la búsqueda.

Desde entonces, se desplegaron múltiples operativos de búsqueda con la participación de diferentes unidades policiales. Sin embargo, estas acciones no arrojaron resultados positivos ni condujeron a nuevas pistas sobre el paradero de Callata.

A pesar de esto, recientemente, las autoridades plantearon como hipótesis que el hombre pudiera haber sido víctima de Matías Jurado, el presunto asesino serial que fue detenido a mediados de 2025 en su vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero.

Según la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Beller, Jurado habría utilizado estrategias para atraer a sus víctimas hacia su domicilio. Entre ellas, identificaron supuestas ofertas laborales y ofrecimiento de bebidas alcohólicas.

Una vez que lograba llevarlos hacia su domicilio, se cree que el acusado los asesinaba y, posteriormente, los descuartizaba para facilitar la tarea de ocultamiento. Algunos de los restos humanos fueron encontrados en el patio trasero de la propiedad, aunque otros fueron descubiertos en basurales. En algunas ocasiones, también los habría incinerado.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Sin embargo, el fiscal Beller confirmó que se habían detectado otros dos perfiles genéticos, pero todavía no lograron identificar las identidades de estas dos víctimas.

A raíz de esto, en los últimos días, la investigación avanzó con la realización de pruebas de ADN a familiares de Callata, con el objetivo de cotejarlas con restos que podrían estar relacionados con la causa. Según contó Peloc a Jujuy247.com, la muestra fue aportada por la madre del desaparecido.

“Mi suegra se hizo el ADN para ver si hay coincidencias con lo de Jurado. Estamos esperando esos resultados”, indicó. Según la información publicada por Somos Jujuy, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre la posible relación entre ambos casos, debido a la reserva de información que mantienen los investigadores en esta etapa.

Los resultados de las muestras genéticas son aguardados con expectativa por la familia, mientras las autoridades solicitaron paciencia. “Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber qué pasó, sacarse la duda”, relató la mujer de Callata.

“Siempre tengo la esperanza de volver a verlo. Eso es lo que me mantiene día a día, por mí y por mis hijos”, se sinceró Peloc, tras reiterar el pedido a la comunidad para que cualquier persona que posea información relevante la aporte a las autoridades, incluso de manera anónima.

De acuerdo con los datos aportados por la División de Búsqueda de Personas, Callata tiene una altura de 1,75 metros, es de contextura robusta, la tez de su piel es trigueña y tenía el pelo corto y de color negro. La última vez que lo vieron vestía una remera celeste, un pantalón gris y zapatillas negras. Además, mencionaron que es padre de dos menores que, al momento de su desaparición, tenían 4 y 9 años.

La Justicia dictó prisión perpetua para Matías Manuel Tinte, condenado como autor material y penalmente responsable del femicidio de Araceli Daniela Mamani, de 31 años. El hecho ocurrió en noviembre de 2025 en un inquilinato del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy. La sentencia se alcanzó a través de un juicio abreviado solicitado por la familia de la víctima y avalado por la jueza Mónica Cruz Martínez.

El fallo consideró a Tinte responsable del delito de “homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género”. La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N°3 de la circunscripción San Salvador de Jujuy, a cargo de la agente fiscal María Emilia Curten Haquim, condujo la investigación y sostuvo la acusación en base a los elementos probatorios incorporados.

La jueza Mónica Cruz Martínez dictó la condena tras un pedido expreso de la familia de la víctima para avanzar con el juicio abreviado. El Ministerio Público de la Acusación priorizó la voluntad de los familiares y solicitó la pena de prisión perpetua. Durante la audiencia, la fiscalía expuso los elementos de prueba recolectados durante la investigación, que confirmaron la responsabilidad de Tinte en el homicidio agravado por la relación de pareja, el ensañamiento y la violencia de género.

Los hechos del femicidio sucedieron la noche del 10 de noviembre de 2025 cuando vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima. Al menos dos llamadas de emergencia, una realizada por un estudiante que advirtió que “una mujer pedía auxilio”, figuran en los registros policiales.

La Policía de Jujuy acudió al lugar alrededor de las 23:06, pero no ingresó al inmueble ni forzó la entrada, argumentando que no podían entrar sin una orden judicial y que el dueño del inquilinato no estaba presente. La autopsia determinó que la muerte de Daniela Mamani se produjo entre la 1:00 y las 3:00 del martes, al menos dos horas después de la llegada de la policía.

Este dato, refuerza el reclamo de la familia, que sostiene que la joven estaba viva cuando los efectivos se presentaron y podría haber recibido asistencia. Elizabeth, la hermana de la víctima declaró: “Tocaron la puerta y se fueron. No ingresaron, no rompieron la puerta, nada. Si hubieran entrado, capaz, hoy mi hermana estaría viva”.

Daniela Mamani y Matías Manuel Tinte fueron pareja durante una década, pero ella había decidido separarse cuatro meses antes del crímen por episodios reiterados de acoso. “Él nunca trabajó, no estudiaba y la molestaba todo el tiempo. Mi hermana trabajaba todo el día y cuidaba a mi papá. Él no aceptó la separación”, aseguró la hermana de la víctima. Si bien no existían denuncias formales recientes, la familia afirmó la existencia de antecedentes de violencia en años anteriores.

El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 7 de la mañana del 11 de noviembre, cuando el propietario del inmueble notó la puerta entreabierta y decidió ingresar. Allí encontró sin vida a Daniela Mamani. Alrededor de las 7:50, el propio Tinte se presentó de manera espontánea en la Seccional 1° y confesó ante los efectivos: “Maté a mi ex”.

El caso de Daniela Mamani reabre el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la justicia frente a situaciones de violencia de género en la provincia de Jujuy. Organizaciones sociales y familiares insisten en que la intervención policial podría haber cambiado el desenlace del hecho. La familia de la víctima advirtió que “en Jujuy ya vimos casos donde los culpables salen libres a los pocos años. No queremos que esto quede en el olvido”.

La provincia de Jujuy reportó 72 diagnósticos de chikungunya confirmados, mientras que 24 casos adicionales son analizados como probables, según la información proporcionada por el Ministerio de Salud provincial. Además, se remarcó que la mayor concentración de infecciones se localiza en Aguas Calientes y San Pedro de Jujuy.

Ante este escenario, el único paciente que requirió internación fue un menor de edad que muestra “evolución favorable y alta médica próxima”, de acuerdo con el reporte oficial. El resto de los afectados manifiesta síntomas leves a moderados y es seguido por equipos médicos junto a su entorno familiar, confirmó la Dirección General de Epidemiología.

El secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, informó que “la situación epidemiológica frente a chikungunya está controlada” y remarcó la continuidad del cronograma de descacharrado en articulación con equipos locales y regionales, junto a la vigilancia para detección temprana de casos, según declaraciones difundidas por el medio Somos Jujuy.

Los estudios de laboratorio permitieron además la confirmación de un caso de dengue en la zona de Perico. La autoridad sanitaria instó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar la transmisión de la enfermedad.

En cuanto a las medidas a tomar para evitar la transmisión, se remarcó eliminar posibles criaderos de mosquitos, usar repelente, revisar ambientes interiores y consultar de inmediato ante síntomas compatibles con estas infecciones, es decir: fiebre alta, dolor de cabeza, molestias articulares, musculares o detrás de los ojos.

El último reporte epidemiológico del sistema de salud de Jujuy agrega que se encuentran en vigilancia activa otros virus respiratorios, con 154 registros de Influenza A y 29 casos de COVID-19; no se notificaron hasta el momento infecciones por virus sincicial respiratorio.

Cuáles son las localidades con más casos de chikungunya en Jujuy

Aguas Calientes: 30 casos confirmados, 4 de ellos por nexo epidemiológico y 8 probables

San Pedro: 21 casos confirmados y 2 probables

Perico: 7 casos confirmados

San Salvador de Jujuy: 6 casos confirmados y 4 probables

Caimancito: 5 casos confirmados y 10 probables

Libertador General San Martín: 1 caso confirmado

Yuto: 1 caso confirmado

Pampa Blanca: 1 caso confirmado

Pese a los diversos casos detectados en la provincia, el referente del ministerio de Salud, Cadar remarcó en diálogo con medios locales que “al día de hoy la situación epidemiológica frente a chikungunya está controlada, con nuestros equipos trabajando permanentemente en terreno con cronograma de descacharrado”.

Por tal motivo, instó a la comunidad a “continuar con las medidas de cuidado como el descacharrado todos los días, evitando que el mosquito Aedes Aegypti que transmite estas infecciones se reproduzca en nuestra casa”.

Medidas de protección personal contra el mosquito Aedes aegypti

El mosquito Aedes aegypti es el principal vector de transmisión de diversas infecciones virales que afectan a la población en entornos urbanos. Este insecto completa su ciclo de vida en el ámbito doméstico, lo que incrementa el riesgo de contagio en las viviendas y sus alrededores.

Para reducir la presencia de Aedes aegypti en los hogares, se recomienda eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua. Elementos como latas, botellas o baldes son señalados como criaderos habituales de este mosquito, por lo que deben ser retirados o dispuestos adecuadamente. Además, se aconseja cambiar todos los días el agua de bebederos y floreros, limpiar patios, canaletas y desagües, así como lavar con cepillo y mantener tapados los recipientes donde se almacena agua. El mantenimiento frecuente de patios y terrenos mediante tareas de desmalezado también se considera fundamental.

Para evitar las picaduras del mosquito, se recomienda el uso de repelente, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante y prestando especial atención en el caso de personas gestantes. Asimismo, se sugiere utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas para disminuir las áreas expuestas.

La instalación de mosquiteros en puertas y ventanas es otra medida clave para impedir el ingreso del insecto a los espacios interiores. En el caso de los bebés, se aconseja protegerlos mediante telas mosquiteras colocadas sobre cunas o cochecitos, limitando así el contacto directo con los mosquitos.

Las acciones preventivas descritas buscan interrumpir el ciclo de vida del Aedes aegypti y reducir el riesgo de enfermedades asociadas, como el dengue, el zika y el chikunguña. Estas recomendaciones se enfocan en el control ambiental y en la protección personal como estrategias complementarias para minimizar la transmisión de virus en áreas residenciales.

Un hombre fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, tras admitir haber abusado sexualmente de la hija de su entonces pareja. Los hechos se registaron entre 2018 y 2022, cuando la víctima tenía entre 6 y 10 años.

El fallo se dictó luego de aplicar el mecanismo de juicio abreviado, en el que el acusado, identificado como P. L. G. T., reconoció su responsabilidad penal por el delito.

Los hechos ocurrieron cuando el imputado se encontraba en pareja con la madre de la víctima. Según las declaraciones, abusó de la menor entre 2018 y 2022, de manera sistematica y aprovechándose de la convivencia. En este marco, fue condenado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia con la víctima menor de 18 años en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

El tribunal, integrado por Liliana Pellegrini (presidente de trámite), Pamela de las Cruces y Sergio Martín González, ordenó que el condenado permanezca en el Servicio Penitenciario provincial y dispuso la extracción de muestras genéticas para su incorporación en el Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos Contra la Integridad Sexual.

El Ministerio Público de la Acusación, representado por el agente fiscal Juan Carlos Baiud, determinó que los abusos ocurrieron de forma reiterada en la ciudad de San Pedro de Jujuy, aprovechando la convivencia con la menor. Silvana Fernández intervino como querellante por el Centro de Asistencia a la Víctima, y la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado Guillermo Sosa.

Condenaron a 12 años de prisión al hombre que abusó de su hija

El Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora impuso una condena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a J. C., acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el progenitor de la víctima, una niña conocida públicamente como “Osita”. El fallo se dictó el martes 15 de abril, tras un juicio por jurados en el que once de los doce integrantes votaron por la culpabilidad del acusado.

El proceso judicial se extendió durante más de 8 años. Según la reconstrucción del caso, la denuncia se originó cuando una docente del jardín de infantes advirtió que la niña, que entonces tenía 4 años, se orinaba con frecuencia. La madre consultó a profesionales, lo que permitió identificar los abusos. Durante el proceso, el acusado permaneció en libertad hasta que se conoció el veredicto y fue detenido.

La fiscal Marcela Dimundo solicitó 11 años de cárcel, mientras que la querella, integrada por Samantha Pedrozo, Mariana Graña y Lorena De La Cruz, pidió una pena de 18 años. La defensa reclamó la pena mínima y anunció que apelará la sentencia. El juez Nicolás Amoroso rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria y de prisión domiciliaria planteado por la defensa.

El colectivo Todxs Por Osita acompañó a la familia durante el proceso y denunció que la estrategia de la defensa, orientada a dilatar el juicio, afectó la salud emocional de la víctima y su entorno. El debate oral comenzó el 30 de marzo y se extendió por tres jornadas, con la presencia de familiares y organizaciones sociales que reclamaron justicia frente a los tribunales lomenses.

La madre de la víctima, que actualmente tiene 13 años, fue clave en el impulso de la causa. En redes sociales, la abogada Samantha Pedrozo expresó tras el fallo: “Hoy comienza una nueva vida para Osita, quien disfruta de su adolescencia y crecerá sabiendo que toda su familia, amigues y abogada hemos luchado a capa y espada por ella, por su verdad, por su historia”.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó las provincias de Salta y Jujuy en el marco de su primera misión oficial al interior desde que asumió el cargo. El diplomático priorizó el norte argentino, destacando la relevancia estratégica de la región. Durante su recorrido, mantuvo encuentros institucionales con los gobernadores, empresarios del sector minero en una agenda que combinó oportunidades de inversión y celebraciones.

Lamelas participó de la tradicional Serenata a la Ciudad en San Salvador de Jujuy, donde compartió escenario con el grupo Los Tekis en el aniversario 433° de la capital. El embajador enfatizó el valor estratégico de Jujuy y Salta para los Estados Unidos en sectores como la minería y la energía, y adelantó: “Aquí va a haber muchas inversiones de los Estados Unidos”. Para Lamelas, el potencial humano de la provincia es el factor diferencial: “Lo que me impresionó más no fueron los recursos de Argentina, sino la gente”, remarcó.

La agenda institucional de Peter Lamelas incluyó reuniones en Casa de Gobierno con ambos gobernadores. En Jujuy, Carlos Sadir agradeció la visita del diplomático y resaltó que la provincia haya sido uno de los primeros destinos elegidos en su gira federal.

“Cuando celebramos la libertad, crecemos más fuertes juntos”, publicó Lamelas en sus redes sociales en referencia al evento en Salta, donde compartió actividades junto el gobernador Gustavo Sáenz y al intendente Emiliano Durand.

Las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los lazos económicos fueron ejes centrales de la recorrida. El embajador Lamelas mantuvo reuniones con empresarios y referentes del sector minero de la región, resaltando el papel de la industria como motor de crecimiento, innovación y empleo. “La industria minera en Jujuy es clave para el crecimiento, la innovación y el empleo”, expresó Lamelas en sus publicaciones, y remarcó el interés de Estados Unidos en ser “el socio de preferencia de Argentina también en minería — impulsando inversión y más oportunidades para ambos países”.

El programa del embajador en Salta incluyó la participación en el operativo #EmbajadaenRuta, una iniciativa que acerca servicios de la sede diplomática a las provincias, brindando asesoramiento sobre visas, becas Fulbright y programas educativos, así como actividades culturales y espacios de conversación en inglés.

En materia de seguridad, el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, recibió al embajador Lamelas en la base operativa del Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico del NOA. Funcionarios provinciales y nacionales resaltaron la importancia estratégica del norte argentino como zona de tránsito de sustancias prohibidas y valoraron el aporte estadounidense en el fortalecimiento de las tareas logísticas e investigativas.

La presencia del “Freedom 250 Roadshow” en el norte argentino simbolizó también el interés de Estados Unidos en fortalecer no solo los vínculos económicos, sino los lazos culturales y sociales. “La Serenata a la Ciudad es una muestra increíble del talento de su gente: creatividad, calidez y ganas de crecer”, publicó el diplomático, quien compartió escenario con agrupaciones locales y referentes del folclore.

Peter Lamelas, médico y empresario de trayectoria, es el 53° embajador de Estados Unidos ante la República Argentina. Desde su llegada al país, ha manifestado la intención de visitar cada provincia durante su gestión para conocer de cerca su gente y potencial. En sus mensajes, reiteró que “Argentina no es solamente Buenos Aires”, y que la misión diplomática apunta a generar nuevas oportunidades de intercambio y negocios en todo el territorio nacional.

La gira de Peter Lamelas por Salta y Jujuy dejó como señal que Estados Unidos ve en el norte argentino un territorio clave para la inversión, el desarrollo minero y la cooperación institucional y cultural

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que consolidó una variación acumulada del 9,4% para el primer trimestre de 2026 a nivel nacional. Sin embargo, el comportamiento de los precios no fue uniforme en todo el territorio. Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales de las direcciones de estadística provinciales y del organismo nacional, reveló que varias jurisdicciones del norte y del oeste del país superaron el promedio general, mientras que la Patagonia registró las cifras más bajas del periodo.

Es importante señalar que en la actualidad solo 10 jurisdicciones relevan su inflación propia mediante institutos locales de estadística. Las demás provincias no cuentan con medición oficial independiente y se rigen por los indicadores regionales que publica mensualmente el Indec o bien, por mediciones privadas. Esta diferencia en la disponibilidad de datos permite un análisis detallado únicamente sobre este grupo de jurisdicciones que mantienen estructuras de relevamiento oficiales activas.

El IPC por provincia

De acuerdo con el relevamiento de la consultora, Jujuy se posicionó como la provincia con la inflación más alta del país durante el primer trimestre de 2026. La provincia del noroeste registró una suba acumulada del 10,2%, ubicándose 0,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En segundo lugar se situó Tucumán, con una variación del 9,6 por ciento. Ambas provincias del norte encabezan el listado de distritos con mayor presión sobre los precios en el inicio del año, seguidas de cerca por Mendoza y San Luis, que igualaron el promedio nacional con un 9,4 por ciento.

En el escalón siguiente se ubicó Santa Fe, con una inflación acumulada del 9,3% entre enero y marzo. Por debajo de la línea del promedio nacional aparecen los distritos de la zona central y el sur. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un 8,9% en el trimestre, seguida por Neuquén con un 8,8% y Córdoba con un 8,4 por ciento.

Los niveles más bajos de incremento de precios se detectaron en Chaco, con un 8,3%, y especialmente en Río Negro, que con un 7,3% fue la jurisdicción con menor inflación acumulada en lo que va del año.

El contraste con el primer trimestre de 2025

Al analizar el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) respecto al mismo periodo del año anterior, se observa una dinámica dispar en las jurisdicciones relevadas. En el primer trimestre de 2025, la inflación nacional acumulada había sido del 8,6%, lo que significa que el registro actual de 2026 se sitúa 0,8 puntos porcentuales por encima de lo ocurrido un año atrás. Este incremento en la presión inflacionaria se refleja en la mayoría de los distritos analizados, pero no en todos.

En Jujuy, la inflación del primer trimestre de 2025 había alcanzado el 9,6%, lo que muestra un ascenso de 0,6 puntos en la comparativa interanual para el mismo lapso. Tucumán, por su parte, pasó de un 8,8% el año pasado al 9,6% actual. El caso de Mendoza es uno de los más notorios, ya que la cifra ascendió del 6,7% en 2025 al 9,4% en el presente ciclo. San Luis también registró una suba, pasando del 8,2% al 9,4 por ciento. Santa Fe, en cambio, mostró una leve reducción en sus indicadores, bajando del 9,5% registrado en los primeros tres meses de 2025 al 9,3% en 2026.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también presentó una aceleración, con un acumulado que pasó del 8,6% en 2025 al 8,9% este año. Un comportamiento inverso se registró en Neuquén, donde el indicador descendió desde el 10,9% registrado el año pasado al 8,8% actual. Córdoba mostró un descenso de medio punto, bajando del 8,9% al 8,4%, mientras que en Chaco la variación fue del 8,7% al 8,3%. Por último, Río Negro, a pesar de ser la provincia con menor inflación acumulada este año, registró un incremento respecto al 6,2% que había marcado en el primer trimestre de 2025.

Qué explica la aceleración de la inflación

La aceleración de 0,5 puntos porcentuales registrada en marzo a nivel nacional, que pasó del 2,9% en febrero al 3,4%, tuvo un impacto directo en el cierre del trimestre para todas las provincias. Según los datos del Indec, el rubro que más presionó sobre el indicador general fue Educación, con un incremento del 12,1% vinculado al inicio del ciclo lectivo. Este fenómeno estacional afecta de manera transversal a todas las jurisdicciones, aunque con distinto peso según las canastas locales.

Otro factor determinante en la configuración de los precios provinciales fue el rubro Transporte, que subió un 4,1% a nivel país debido a los ajustes en combustibles, servicios públicos y pasajes aéreos. Las provincias del interior suelen tener una mayor sensibilidad a los costos logísticos y de traslado, lo que explicaría en parte por qué distritos alejados de los centros de producción, como los del noroeste argentino, mantienen niveles de inflación por encima de la media nacional.

El informe oficial detalló que los precios regulados mostraron un incremento del 5,1%, impulsados por las tarifas de servicios públicos y transporte. Por el contrario, el IPC núcleo, que excluye elementos estacionales y regulados, se ubicó en el 3,2%, levemente por debajo del nivel general de marzo.

Hacia adelante, las proyecciones reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sugieren una posible desaceleración para el mes de abril. No obstante, la disparidad observada en este primer trimestre confirma que la dinámica de precios en las 10 jurisdicciones con medición propia responde tanto a factores macroeconómicos nacionales como a particularidades de sus mercados locales y esquemas de tarifas regionales.

Con un acumulado interanual que ya alcanza el 32,6%, el foco de las administraciones provinciales continúa puesto en la evolución de los precios regulados y el impacto de los costos logísticos en el consumo masivo.

Según pudo averiguar Infobae, se llevó a cabo el procedimiento Gedex (Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales) y dio negativo: no se detectó ningún artefacto, confirmaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El operativo afectó de manera directa al plantel profesional del Lobo jujeño, que debía volar a Buenos Aires para enfrentar mañana Agropecuario de Carlos Casares por la novena jornada del campeonato de la Primera Nacional.

Horas más tarde, la empresa Flybondi emitió un comunicado en el que dio detalles de lo sucedido. “La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”, comenzó.

“Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”, agregó.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”, concluyó.

El usuario de X (ex Twitter) Diego Dominelli compartió un video del momento en que la Policía se llevó esposado a Endrizzi dentro de la aeronave en medio del repudio de algunos pasajeros. La activación del protocolo alteró por completo la rutina del equipo y generó incertidumbre sobre la disponibilidad de los jugadores para el encuentro previsto, un compromiso fundamental en la planificación deportiva del club. A estas repercusiones se suman las dudas sobre el calendario inmediato de la competencia nacional, que queda condicionado por el resultado del procedimiento y las acciones judiciales que seguirán su curso.

¿Quién es Emiliano Endrizzi? El defensor catamarqueño de 32 años debutó como profesional en Instituto de Córdoba en 2014, militó en Independiente Rivadavia de Mendoza en 2022 y arribó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a principios de 2023. El defensor disputó los ocho partidos que el Lobo jujeño afrontó en lo que va del año. Desde que arribó a la entidad norteña, jugó más de 100 partidos y convirtió 4 goles.

La secuencia de operativos en la terminal, provocada por la segunda advertencia de bomba en menos de una semana, obligó al despliegue de personal especializado, la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y la implementación de medidas preventivas que, entre otros efectos inmediatos, generaron demoras en los vuelos y trastocaron la logística del club. La necesidad de extremar controles y revisar exhaustivamente tanto la aeronave como los equipajes de los pasajeros fue asumida por integrantes de Explosivos de Jujuy, quienes se encargaron de supervisar cada etapa del procedimiento, de acuerdo a la información proporcionada por el medio local Todo Jujuy.

El proceso incluyó el traslado de personal de Explosivos hasta el aeropuerto de Perico, la inspección meticulosa de la aeronave y el control de equipajes, siguiendo el protocolo habitual ante amenazas de bomba.

Este episodio es el segundo que afecta la terminal en pocos días. La repetición de alarmas expuso las limitaciones de los sistemas de prevención y colocó al aeropuerto bajo observación. La detención del integrante del contingente de Gimnasia de Jujuy, que mañana tiene programada su visita a Agropecuario a partir de las 16 en el estadio Ofelia Rozenzuaig, acentuó el impacto del caso y centralizó la expectativa en torno a la investigación judicial y las sanciones que puedan derivarse tanto para la persona arrestada como para la institución jujeña.

La reiteración de amenazas pone en revisión los controles y movilizó a las autoridades y los pasajeros. La última advertencia, que incluyó expresiones como “dijo que iban a explotar todos”, según relató una pasajera, volvió a sacudir el clima institucional y deportivo de Jujuy, y elevó la exigencia sobre quienes deben garantizar la seguridad aeroportuaria y preservar el desarrollo de las actividades deportivas y comerciales en la provincia. El hecho profundizó la inquietud ante la reiteración de este tipo de alertas en la provincia, y abrió una investigación con consecuencias tanto deportivas como institucionales.

El domingo 5 de abril, el sorteo número 2422 del Telekino entregó uno de los mayores premios en lo que va del año a un apostador jujeño. El monto acumulado ascendió a $917.083.225, resultado de varias semanas sin ganadores con la jugada perfecta. Así, una combinación afortunada, un solo boleto y una cifra que llama la atención de cualquiera fue noticia en Jujuy

El último sorteo del popular juego de azar dejó en la provincia no solo un pozo histórico, sino una expectativa que se mantiene intacta mientras el nuevo millonario aún no aparece a reclamar el premio. El boleto ganador fue vendido en la agencia 161, ubicada en la calle Balcarce casi Independencia, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, según confirmaron los responsables del local.

La combinación de números que definió el destino del pozo estuvo integrada por el 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25, una secuencia que, por sí sola, transformó el resultado de una apuesta en un hecho que rápidamente captó la atención de toda la provincia.

El responsable de vender el cartón ganador, Manuel Flores, compartió su punto de vista en diálogo con medios locales y no ocultó la emoción que generó en la agencia haber sido el nexo con el premio mayor. “Me abunda de felicidad haber sido el nexo que le cambió la vida a una persona, es un premio muy importante en Jujuy. Hace muchos años que no logramos un premio así en la provincia”, declaró Flores en una entrevista con Canal 7 de Jujuy.

Flores precisó que, tras el sorteo, se acercaron a la agencia varios apostadores con boletos que obtuvieron premios menores, pero quien se quedó con el pozo más alto todavía no apareció por su recompensa. El vendedor detalló que el cartón ganador es el número 283310 y recordó que, al momento de la venta, solo quedaban cuatro boletos disponibles. “Cuando nos enteramos del premio, vimos que empezaron a aparecer los que se aproximaban, y nos dimos con que ganó el cartón 283310, el peluquero de al lado se llevó el de terminación 11, y otro señor se llevó el 7, 8 y 9”, relató.

El ganador del Telekino tiene tiempo hasta el 21 de abril para presentarse a reclamar el premio. Mientras tanto, la agencia en la que se concretó la venta sigue recibiendo visitas de curiosos y apostadores que buscan conocer de cerca el lugar donde la suerte cambió de manos. Las palabras de Flores sintetizan el clima que se vive en la zona: “Sabemos que va a aparecer y se va a dar con la felicidad de su vida”, afirmó.

En ese mismo sorteo, además del premio principal, hubo otros ganadores en distintas categorías. Un total de 19 participantes lograron 14 aciertos y cada uno recibirá $547.114. Además, se realizó un sorteo de números de cartón que repartió premios de $2.000.000 en distintas provincias, entre ellas Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires. El juego adicional, conocido como Rekino, ofrecía un pozo de más de tres millones de pesos, que quedó vacante al no registrarse ganadores con todos los aciertos, aunque 19 apostadores recibirán $202.635 cada uno por alcanzar 14 coincidencias.

La noticia del pozo entregado en Jujuy causó sorpresa y formó parte de la conversación pública en las úlitmas horas. La suma alcanzada por el ganador representa el monto más alto otorgados por el Telekino en la provincia y uno de los más altos de la historia reciente del juego en Argentina. Desde la agencia, se encargaron de manifestar la alegría por el afortunado sorteo.

La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el Partido Justicialista local y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por sus interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menendez, y designó en el cargo Ricardo Guillermo Villada, un funcionario del peronismo de Salta que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Villada tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal.

La presentación judicial que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, presidenta del PJ nacional, fue impulsada por la senadora Carolina Moisés, entre otros dirigente de distintas líneas del peronismo en Jujuy.

La decisión judicial le da lugar a un planteo político que venían realizando dirigentes del peronismo en Jujuy y Salta, con Sáenz a la cabeza, en contra de la conducción nacional a cargo de la ex presidenta, con incidencia de La Cámpora.

El fallo destaca que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista Distrito Jujuy se encontraba bajo intervención del órgano nacional, que conduce Cristina Kirchner, pero la promesa de elecciones para renovar autoridades se dilató en una sucesión de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto interno.

A su vez detalla cómo, a lo largo de casi tres años, la dirigencia justicialista jujeña alternó entre amnistías generales —como la dictada para permitir el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos en el proceso electoral interno. El juez Esteban Eduardo Hansen remarcó que tales sanciones carecieron de toda garantía procedimental y fueron implementadas “al margen de toda garantía mínima”, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa y sin que existieran descargos ni pruebas a favor.

La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevos comicios sin asegurar la restitución de los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, la intención de excluir a sectores internos bajo pretexto disciplinario. Esa maniobra, en palabras del fallo, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”.

El proceso estuvo atravesado por múltiples recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales de distintas líneas internas, patrocinadas por reconocidos dirigentes, entre los que sobresalen Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.

La resolución describe las múltiples fechas frustradas para elecciones internas, pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, e incluso una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 que, según comprobó el juzgado, resultó inviable por ausencia de cualquier organización material. “No se acompañó documentación alguna tendiente a la ejecución del acto eleccionario”, advierte la sentencia, que diagnostica una “ausencia absoluta de voluntad real de restablecer la normalidad institucional”.

El texto del Juzgado Federal de Jujuy es categórico al describir la dimensión de la interna partidaria: “La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.”

El juez Hansen ordenó además un riguroso mecanismo de control sobre la nueva gestión: el interventor Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades.

Entre los fundamentos, la sentencia advirtió: “La intervención judicial es el único desenlace justo para situaciones en las que los partidos atraviesan una profunda crisis institucional” y puntualizó que el objetivo debe ser la realización de elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a la legalidad y al derecho de los afiliados a participar.

La decisión fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital, y se notificó a los impulsores de la medida, cerrando con la disposición de archivar una vez cumplidas las notificaciones.

En la provincia de Jujuy, el Juzgado Ambiental sentenció a dos hombres a dos años de prisión por caza furtiva de vicuñas en la puna jujeña. Así lo informó el Poder Judicial de la Provincia, que confirmó la condena tras un acuerdo de juicio abreviado. Los condenados recibieron también la obligación de realizar aportes económicos en beneficio de los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas, así como financiar campañas de concientización sobre la protección de la vicuña.

La audiencia en la que se resolvió el caso contó con la participación del representante del Ministerio Público de la Acusación, Luis Miguel Cavanna, y del defensor de los imputados, Diego Yanicelli. Además, estuvieron presentes Héctor Núñez y Malvina Quintana, en calidad de representantes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de la aplicación de la Ley de Fauna Nº 22.421.

Según el comunicado oficial, la investigación del Ministerio Público de la Acusación determinó que los hechos ocurrieron a principios de febrero de 2026 en la zona de Piscuno, en la puna jujeña, donde se constató la muerte de al menos nueve ejemplares de vicuña. Los acusados habrían perseguido y dado muerte a los animales con un arma de fuego larga calibre 22 mientras circulaban en un vehículo. En el marco de los procedimientos, se realizaron registros en la localidad de Cieneguillas, donde se secuestraron cueros de animales silvestres compatibles con vicuña, un arma de fuego, municiones y cuchillos, entre otros elementos vinculados con la actividad ilícita. También se halló un arma de fuego larga oculta en un predio cercano a uno de los domicilios allanados.

La jueza Flores fundamentó la condena en la gravedad de los hechos, señalando que la conducta imputada “reviste significativa gravedad, no sólo por la infracción normativa en sí misma, sino por el bien jurídico tutelado, consistente en la preservación de la fauna silvestre como componente esencial del ambiente”. Según el documento judicial, la vicuña es una especie autóctona silvestre incluida en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En 1979, Argentina, junto a Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, firmó un convenio para la conservación y manejo de la vicuña, que prohíbe la comercialización y la caza ilegal, en línea con la Ley N° 23.582. En Jujuy, la Ley Nº 5.634 establece el plan de conservación y manejo de la vicuña, permitiendo únicamente la esquila en animales vivos y en estado silvestre bajo estrictas reglas y condiciones.

Durante la audiencia, la magistrada remarcó que “la vicuña constituye una especie emblemática de los ecosistemas altoandinos, cuya protección ha sido objeto de especial atención tanto en el orden interno como en instrumentos internacionales de conservación”. Agregó además: “su aprovechamiento se encuentra sujeto a estrictos sistemas de control, orientados a garantizar su conservación y uso sustentable, lo que excluye cualquier forma de captura o explotación clandestina”.

Los condenados deberán cumplir una reparación económica mediante la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas. El fallo también impone la obligación de financiar acciones de comunicación para concientizar sobre la protección de la vicuña, que serán ejecutadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. En caso de incumplimiento, la jueza advirtió que se revocará la ejecución condicional de la condena.

El caso abordado por el Juzgado Ambiental pone en primer plano los mecanismos legales de protección de especies autóctonas en la puna jujeña. La presencia en el proceso de representantes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático refuerza el papel de las autoridades de aplicación en la vigilancia y cumplimiento de las normativas de conservación.

La sentencia remite a antecedentes normativos que regulan el aprovechamiento de la vicuña en la región, enfatizando que cualquier intervención sobre la especie fuera de los procedimientos autorizados constituye una infracción severamente penada por la ley. El fallo subraya la vigencia de controles estrictos y la colaboración entre la justicia, el Ministerio Público de la Acusación y las autoridades ambientales para enfrentar la caza furtiva en la provincia.

Marisol García, una joven de 24 años de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, lucha por su vida en un hospital luego de ser víctima de un ataque que estremece: la raptaron mientras caminaba, la violaron y la prendieron fuego. Por el hecho, hay un remisero ilegal, de 34 años, que fue detenido el sábado pasado.

La víctima se encuentra en estado muy grave con más del 50 % del cuerpo quemado, internada en el Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Está bajo coma inducido y no ha podido declarar”, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

La agresión ocurrió el pasado 1 de abril, cuando la mujer regresaba a pie a su domicilio tras dejar a su hija en la escuela. La víctima fue abordada en inmediaciones de la esquina de la avenida La Bandera y Zegada por un vehículo, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial 46.

Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.

Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

Tras una rápida investigación, encabezada por la fiscal Romina Núñez, con la intervención de la ayudante fiscal Daniela Guerrero, y el trabajo coordinado de efectivos policiales de la División Homicidios y del Centro de Violencia de Género, el sábado pasado fue detenido L.S., un hombre de 34 años, como presunto autor del ataque.

El arresto se concretó en horas de la madrugada, alrededor de las 3, tras una serie de allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Pampa Blanca. Durante los procedimientos se ordenó el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado como remis, un teléfono celular y prendas de vestir del sospechoso, que son de interés para la causa.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el sospechoso tenía arañazos en el cuerpo y que en el momento del operativo, le descubrieron un tanque de nafta vacío. Se presume que fue usado al momento de incendiar a la víctima. Todo apunta a que actuó solo, aunque no descartan todavía la participación de otras personas.

“Se manejan todas las hipótesis. Es una investigación que recién comienza, aunque arrojó resultados muy rápido”, dijeron fuentes del caso a Infobae.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la imputación formal del detenido ante el juez de Control, por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras continúan las medidas investigativas para el esclarecimiento del hecho. El pedido fue avalado y estará preso preventivamente al menos por los próximos 120 días.

Respecto al acusado, las fuentes indicaron que se trata de un remisero interjurisdiccional sin los documentos que respalden su profesión. “Es un chofer trucho porque no se le encontraron los papeles que lo avalen”, señalaron. El acusado se abstuvo de declarar.

Conferencia de prensa de la familia

La abogada Mariana Vargas junto a la familia García se constituyeron como querellantes en la causa que se encuentra en investigación y esperan que la joven se recupere para aportar su testimonio.

“Está muy lastimada y es terrible lo que sucedió. Hay muchas pruebas y la detención del hombre. Hay que ampliar la imputación por abuso sexual”, detalló la letrada. También destacó el trabajo de la fiscal Núñez: “muy bien las medidas que ordenó, las pruebas, las imágenes de las cámaras”.

Respecto a L.S., el agresor, la abogada señaló que “se secuestraron sus celulares y también el teléfono de la joven fue aportado”. “No parece que lo conociera. Por ahora sería lo que ella le dijo a dos personas mientras estuvo consciente, al hombre que le pide ayuda y a un policía hasta que la llevan al hospital”, relató en conferencia de prensa.

Respecto al estado de salud de la víctima, la abogada dijo que “está evolucionando”, aunque su estado es aún grave.

“Todos los días viajamos a Jujuy a verla y recibir el parte médico todos los mediodías; de a poco se está despertando, aún sigue en estado crítico por las quemaduras. Estamos esperando que se recupere”, deslizó Antonela, una de las siete hermanas.

Asimismo, resaltó que “es importante que la justicia no se ha quedado quieta y esa persona está detenida”.

“Ella está luchando, está aferrada a la vida y más por sus hijitos, las mujeres que somos madres sabemos de esa fuerza. Mi mamá dice que de a poquito quiere mover su cuerpo” indicó.

Por otra parte, Antonela también comentó que desde el Consejo de la Mujer de la provincia se comunicaron con la familia: “Nos fueron a ver al hospital, están presentes”, publicó el diario Jujuy Dice.

Un trabajador minero falleció luego de haber sufrido un accidente laboral en la Mina El Aguilar, ubicada en la provincia de Jujuy. Leonel Darío Farfán, de 27 años, murió el lunes tras permanecer internado en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, adonde había sido trasladado de urgencia tras el siniestro ocurrido en la noche del domingo.

Según reconstruyeron distintos medios en la provincia, el accidente se produjo cerca de las 20 horas, cuando Farfán maniobraba un carromato dentro de uno de los niveles del yacimiento y el vehículo colisionó de frente contra otro carro que transportaba materiales sobre las mismas vías. Compañeros de la víctima denunciaron luego en una asamblea que los equipos de radio portátiles que deberían haber facilitado la comunicación entre los operarios se encontraban fuera de servicio al momento del incidente, lo que habría influido en la falta de coordinación entre ambos conductores.

Esta versión fue corroborada por el secretario general de AOMA, Miguel Cruz, en declaraciones reproducidas por el portal Jujuy al momento. “El gremio no permitirá que los 360 mineros regresen a trabajar hasta que la empresa realice una investigación exhaustiva y garantice condiciones de seguridad aptas en el sector afectado”, agregó el dirigente sindical al mismo medio.

La empresa minera, en tanto, emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de Farfán y anunció la suspensión de las operaciones en Mina El Aguilar hasta nuevo aviso, estableciendo que el personal será trasladado a sus hogares en coordinación con el área de Recursos Humanos.

Por su parte, la Cámara Minera de Jujuy también se expresó luego del trágico suceso. “Desde la Cámara Minera de Jujuy expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador del sector, ocurrido en las últimas horas” indicó la entidad.

“Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de dolor. La seguridad y la salud de las personas constituyen el principio rector de la actividad minera y un compromiso permanente de todas las empresas que integran el sector”, agregaron las empresas que ejercen la actividad extractiva en la provincia.

Luego añadieron: “Reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable, donde el cuidado de las personas es siempre la prioridad”.

Como consecuencia del impacto, Farfán sufrió lesiones graves, entre ellas la fractura de una pierna y otras complicaciones que llevaron a que los médicos decidieran amputarle una extremidad. Pese a los esfuerzos médicos y la intervención quirúrgica, el joven minero sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en la tarde del lunes.

La noticia del deceso generó conmoción y expresiones de acompañamiento a familiares y compañeros en la comunidad de El Aguilar, donde la actividad minera es una parte central del tejido social. Trabajadores del yacimiento realizaron una asamblea extraordinaria para manifestar su preocupación por las condiciones de seguridad dentro de la mina.

Desde AOMA remarcaron la urgencia de garantizar la integridad física del personal y elevaron solicitudes para que se mejoren los protocolos y equipos de seguridad. “La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza condiciones dignas y equitativas de trabajo”, indicaron desde el sindicato luego del hecho.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal Luis Cavanna, quien dispuso el inicio de actuaciones sumariales de oficio bajo la carátula de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la realización de pericias técnicas en el lugar del accidente, la solicitud del historial clínico al hospital y la toma de declaraciones a compañeros y personal jerárquico presentes durante el turno.

Mina El Aguilar es un proyecto minero que tiene más de 91 años de actividad en el noroeste argentino. Según informa su sitio, el yacimiento produce plata, plomo y zinc a 230 km de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ubicado en la ladera oriental de la Sierra Aguilar, entre 3.950 y 4.910 metros sobre el nivel del mar, el centro extractivo tiene una trayectoria de cuatro generaciones.

Según la información de la empresa, la mina produce anualmente 17.000 toneladas de concentrado de plomo y plata, y 73.000 toneladas de concentrado de zinc.

Un deslizamiento de tierra sorprendió la madrugada del lunes a miles de fieles que caminaban desde la localidad de Tumbaya hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral, ubicado en medio de los cerros. Para llegar al lugar, los creyentes caminan casi diez horas. La crecida del río se dio con mayor fuerza en el tramo inicial del recorrido, que va desde la ruta 9, a la altura de Tumbaya, y el primer calvario, denominación que recibe la primera estación donde los peregrinos descansan para continuar con su periplo.

El episodio, generado por las intensas lluvias que azotaron la zona de la Quebrada de Humahuaca, dejó a más de treinta personas aisladas. Tras varias horas de incertidumbre, equipos de emergencia lograron concretar el rescate de 30 personas que habían quedado atrapadas en plena montaña.

La noche del domingo comenzó con una llovizna que, en poco tiempo, se transformó en un fuerte aguacero. El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, relató que la situación se agravó entre las 22 y las 23, cuando el caudal del río aumentó y la tierra cedió en el sector conocido como El Angosto. “El río había crecido y había comido”, describió Mamaní en declaraciones recogidas por Todo Jujuy, aludiendo a cómo se produjo el corte del sendero. El alud bloqueó el paso y dejó incomunicados a fieles que descendían desde el santuario y a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Varios de los afectados permanecieron varados durante toda la noche. Entre los evacuados se encontraban tanto peregrinos como integrantes del SAME que asistían a los fieles en el operativo sanitario desplegado para la festividad religiosa. Las condiciones climáticas empeoraron la situación, ya que las personas soportaron bajas temperaturas y continuas lluvias hasta la llegada de los rescatistas. Las autoridades precisaron que, tras la evacuación, todos se encontraban en buen estado de salud.

El aviso del incidente llegó cerca de las 23, cuando el doctor Guillermo Cárdenas notificó que el equipo que intentaba buscar a sus compañeros halló el camino interrumpido por el deslizamiento. Desde ese momento, se activó un operativo que incluyó a Bomberos de la Policía de Jujuy, Bomberos Voluntarios de Maimará, Defensa Civil y personal sanitario. “Se pudo hacer el paso, el rescate de las personas”, señaló Mamaní, quien agregó que el rescate finalizó cerca de las 10:50 del lunes.

El despliegue para liberar a los atrapados exigió maniobras en zonas de difícil acceso. Los rescatistas debieron instalar cuerdas para facilitar el cruce de los cauces crecidos. Además, el personal de Recursos Hídricos colaboró abriendo canales y drenando sectores anegados para permitir el paso de los móviles y la evacuación de los afectados.

Los evacuados fueron trasladados de inmediato al Hospital de Campaña de Tumbaya y a la Carpa de Emergencias, donde recibieron atención médica y fueron sometidos a controles sanitarios.

El Ministerio de Seguridad confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque un vehículo permanecía varado en la zona tras ser abandonado por sus ocupantes, quienes lograron salir por sus propios medios.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantuvieron un “barrido” en todo el trayecto entre Punta Corral y Tumbaya, con el objetivo de descartar la presencia de más personas aisladas. La Dirección Provincial de Emergencias continuó recorriendo el camino en colaboración con personal policial. Se realizaron inspecciones tanto en los sectores más altos del recorrido como en zonas donde se reportaron crecidas.

El operativo de prevención y asistencia fue reforzado por el Gobierno de Jujuy, que informó sobre la instalación de un hospital de campaña, puestos sanitarios estratégicos y la utilización de equipos como ecógrafos y monitores multiparamétricos para la atención en tiempo real. Además, el SAME aportó ambulancias, equipos en terreno y conectividad satelital, integrándose a un sistema de telemedicina para la evaluación y derivación de pacientes.

El dispositivo de seguridad contempló el control del tránsito, el acompañamiento a los peregrinos y el mantenimiento de los caminos, mientras que el área de Desarrollo Humano instaló espacios de contención en Tumbaya y Tunalito, camino de peregrinación alternativo.

El gendarme acusado por homicidio agravado irá a juicio oral tras la muerte del motociclista de 22 años, Ivo Rodrigo Torres, quien falleció al ser disparado dos veces en medio de una persecución en la frontera desde Bolivia. La Justicia juzgará al sargento primero Walter Daniel Álvarez, e integrante del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional.

El hecho sucedió el 6 de febrero de 2025 cuando el suboficial disparó dos veces durante una persecución en la frontera entre Argentina y Bolivia. En el momento del crimen, Walter Daniel Álvarez participaba de una patrulla encabezada por el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, con la cabo Juliana Enciso y el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki. El grupo recorría en una camioneta oficial Volkswagen Amarok la franja fronteriza entre La Quiaca y Villazón (Bolivia), cuando observaron a un motociclista atravesar la frontera por un paso no habilitado a la altura de “ladrillera”.

Al ignorar la voz de alto, el conductor aceleró y se inició una persecución de 3,5 kilómetros, desde el paraje Tres Churquis, en las inmediaciones de Radio Nacional La Quiaca. El registro de los hechos, en base al informe del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, señala que tras seis minutos de persecución, Álvarez disparó en dos ocasiones: uno de los proyectiles impactó en la espalda de Torres y afectó el pulmón derecho mientras que el otro le atravesó la pantorrilla izquierda.

A pesar de que la cabo Enciso solicitó la asistencia de emergencias al SAME, los intentos de los paramédicos no lograron evitar el brutal final: Torres falleció a las 10:51hs. debido a la hemorragia provocada por el disparo que perforó su espalda, según la autopsia.

La decisión judicial, adoptada el 18 de marzo de 2026 por el juez federal de Revisión Ernesto Solá, afirma la gravedad del caso al considerar que el acusado actuó con “alevosía” y en su calidad de integrante de una fuerza de seguridad; el debate oral contará con la dirección de un tribunal colegiado aún por sortear, según informó Fiscales.gob.ar.

Las investigaciones y acusaciones del caso

El impulso de la causa penal estuvo a cargo del fiscal federal Federico Zurueta, inicialmente imputó a los cuatro miembros que se encontraban dentro de la patrulla. Sin embargo, datos de la investigación científica y documental permitieron excluir de responsabilidad penal a Gunther, Enciso y Wysniewki. Esta resolución fue ratificada por el juez de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, en dos fechas: 27 de febrero y 4 de marzo de 2026.

El abogado Carlos Espada, representante de la querella, respaldó la hipótesis de la Fiscalía, centrada en la responsabilidad individual de Álvarez y sustentada en pruebas balísticas y testimoniales. Por parte de la defensa, Ricardo Belbruno, no se opusieron formalmente a la apertura del juicio.

El juez Ernesto Solá declaró admisible la imputación y dispuso el comienzo del juicio bajo la modalidad de tribunal colegiado, el cual será sorteado en los próximos días. El caso imputa a Álvarez el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser miembro de una fuerza de seguridad, cometido con arma de fuego.

La secuencia investigativa estuvo apoyada en pruebas periciales balísticas, información documental y declaraciones. Entre los elementos de mayor relevancia se encuentra el informe que reveló la ausencia de municiones en la pistola oficial asignada a Álvarez, a diferencia del resto de la dotación.

El juicio oral deberá determinar la responsabilidad del acusado en la muerte de Ivo Rodrigo Torres durante la persecución que comenzó en un paso fronterizo no habilitado. La fiscalía sostiene que solo uno de los gendarmes efectuó los disparos letales, hecho que configura la base acusatoria sobre la que se desarrollará el próximo proceso.

Una mujer de 27 años y sus dos hijos menores, de 7 y uno, desaparecieron hace una semana en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se trata de Romina Nahir Nasif, Ámbar Victoria y Mario Alejandro Nasif, que fueron vistos por última vez el 18 de marzo.

Tras la denuncia realizada por los familiares, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó una búsqueda inmediata para dar con el paradero de los tres. Según informaron los portales locales a raíz de información oficial, la familia tiene domicilio en la capital jujeña.

Las autoridades locales solicitaron la colaboración a la población para aportar cualquier dato que ayude a localizar a los tres desaparecidos. Quienes posean información relevante pueden comunicarse a los teléfonos 911, 388-6828607 o 388-6860239, o acercarse a la unidad policial más próxima.

De acuerdo con el reporte emitido por el CINDAC, Romina Nahir Nasif mide aproximadamente 1,68 metros, tiene contextura física robusta, tez blanca, cabello largo color castaño claro y ojos marrones claros. Como detalle distintivo, posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos. Se la vio por última vez vistiendo un pantalón de tipo vaquero celeste claro y zapatillas blancas.

En tanto, Ámbar Victoria Nasif, la hija mayor, tiene una altura aproximada de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene el cabello largo y ondulado color castaño claro, y ojos verdes. La última vez que fue vista llevaba unas zapatillas deportivas blancas.

Por su parte, el menor, Mario Alejandro Nasif, tiene alrededor de 50 centímetros de largo, contextura robusta, tez blanca y cabello corto color negro. No se han podido aportar datos adicionales sobre su vestimenta al momento de la desaparición.

El organismo activó el protocolo de búsqueda tras la denuncia presentada el viernes, dos días después de la desaparición. Se informó que todas las fuerzas de seguridad provincial están abocadas a la localización de la familia, mientras que el pedido de colaboración se ha extendido a los medios locales y nacionales.

Encontraron a una mujer de 38 años, oriunda de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña que era intensamente buscada desde el 15 de marzo por la Policía provincial luego de que su familia denunciara su desaparición tras una visita a la cárcel.

Se trata de Ramona Bernardina Gómez y la denuncia fue formalizada por su madre en la Comisaría de Quitilipi, luego de varios días sin noticias. Según indicaron sus allegados, esta situación había ocurrido en otras ocasiones pero esta vez la situación era distinta.

De acuerdo con el testimonio de familiares, Ramona había viajado el domingo 15 de marzo hasta el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña para realizar una visita. Cerca de las 17 horas, al retirarse del establecimiento, fue vista por última vez en las inmediaciones del penal.

Según relató su hermana, en ese momento, un hombre a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, de color gris, se acercó a ella. La mujer subió al vehículo y ambos se retiraron en dirección a la calle 51. Desde entonces, no se volvió a saber nada de su paradero. El hombre fue identificado como H. A. G., conocido por el alias “Osobuco”. Él mismo se presentó con la policía, remarcó que era conocido de la mujer y brindó detalles del paradero donde se encontraba.

Con esos datos y tras realizar un seguimiento en las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores se dirigieron a un domicilio en el barrio 713 Viviendas, donde finalmente encontraron a la mujer. La ciudadana fue examinada por personal de salud y posteriormente trasladada a la Comisaría Sexta para continuar con las diligencias correspondientes.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Un operativo de seguridad en San Salvador de Jujuy llevó a la evacuación preventiva de más de 20 personas tras el hallazgo de un explosivo en un comedor comunitario situado en la intersección de avenida Urquiza y calle Argañaraz.

El procedimiento comenzó a primeras horas del martes tras una amenaza en un comedor comunitario que asiste niños de la zona, en los galpones de Tupac Katari. Allí, un individuo forzó el desalojo de quienes se encontraban cerca y generó preocupación entre los vecinos.

Según la información oficial difundida por El Tribuno de Jujuy, un hombre sospechoso fue quien lanzó un portafolio azul con el explosivo y amenazó al personal. Esta situación, obligó la intervención de especialistas en explosivos quienes confirmaron, mediante un reporte técnico, que el dispositivo no era una réplica.

El comedor comunitario donde ocurrió el hecho forma parte de la red de asistencia social impulsada por la organización Túpac Amaru en el barrio Alto Comedero, una de las zonas más pobladas de San Salvador de Jujuy. Estos espacios brindan alimentación diaria a niños y familias de sectores vulnerables. Además de la provisión de alimentos, el comedor funciona como punto de encuentro y contención para la comunidad. La gestión de estos comedores suele estar a cargo de vecinos del barrio, quienes articulan tareas de asistencia y acompañamiento social.

El fiscal Juan Luis Sorbello y la ayudante fiscal Jimena Colliard Guerrero supervisaron el relevamiento de la zona y los agentes de Criminalística y áreas especializadas secuestraron los elementos utilizados por el sospechoso. Entre ellos, se incautaron armas de fuego, algunas de fabricación casera tipo “tumbera” que estaban cargadas, junto con una planta de marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

Las armas “tumbera” son elaboradas de forma artesanal a partir de tubos metálicos y otros materiales reutilizados, y suelen ser de un solo disparo. La legislación argentina considera las armas tumberas como armas de fuego, pero existe controversia sobre su clasificación legal, ya que no están incluidas explícitamente en la lista de armas de uso civil ni de guerra. La portación o tenencia de armas de este tipo está penada por la ley y su hallazgo suele estar vinculado a investigaciones por delitos contra la seguridad pública.

De acuerdo con el reporte, el operativo culminó con la detención de una persona, que quedó a disposición de la Justicia. Las fuerzas policiales continúan las actuaciones para determinar el grado de responsabilidad penal y esclarecer el origen del material incautado.

Antecedentes

El 18 de febrero de 2026, personal de la División Explosivos de la Policía de la Provincia de Jujuy intervino tras el hallazgo de un artefacto reglamentario de uso militar en una vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, según reportó Somos Jujuy.

El objeto exhibía señales de antigüedad y desgaste, fue identificado y asegurado por el equipo especializado, que lo trasladó bajo los protocolos vigentes. La intervención fue motivada por el aviso de una vecina y contó con la coordinación de la Seccional 63 y la presencia preventiva del servicio de emergencias médicas SAME.

El área fue acordonada y revisada para descartar otros riesgos antes de retirar el dispositivo, que quedó debidamente resguardado. No se reportaron incidentes durante el procedimiento.

El accionar policial ante amenazas o hallazgos de explosivos en Argentina sigue protocolos estrictos de seguridad. Ante la detección de un artefacto sospechoso, el procedimiento establece la evacuación inmediata del lugar y la conformación de un perímetro de seguridad que, según la evaluación, puede superar los 100 metros. La brigada de explosivos es la encargada de inspeccionar y manipular el dispositivo, mientras la policía asegura el resguardo de las personas y coordina con servicios de emergencia.

Una vez que el área se declara segura, los especialistas elaboran un informe técnico y, en caso de confirmarse la presencia de material explosivo, se da intervención a la Justicia para continuar con la investigación y el resguardo de las pruebas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy absolvió al productor agropecuario Guillermo Adolfo Ros de los cargos de trata de personas con fines de explotación y reducción a la servidumbre, por los que fue enviado a juicio. Luego de haber sido declarado inocente, el Ministerio Público Fiscal no apeló la sentencia, algo poco usual para una acusación pública que impulsa un caso como este hasta instancia de debate.

El Tribunal aplicó el principio de “in dubio pro reo” (ante la duda, a favor del acusado), al considerar que no se alcanzó la certeza necesaria para probar la responsabilidad penal de Ros, que hace tres décadas se dedica a la exportación de cítricos y la producción de azúcar.

La acusación del fiscal Federico Aníbal Zurueta sostenía que Ros sometió a Juan Carlos Velasco y a Florencio Arambique, junto a sus familias, a condiciones de explotación laboral y servidumbre en la Finca Murcia, ubicada en Arroyo Colorado, Santa Clara, Jujuy. Se alegó que el empresario, supuestamente, se aprovechó de la vulnerabilidad y pobreza estructural de los trabajadores, manteniéndolos en condiciones indignas con salarios bajos y jornadas extenuantes.

La defensa intentó explicar en todo momento que se trataba de una falsa denuncia, motivada por el despido de los empleados luego de varias sanciones disciplinarias. La fiscalía contraargumentó que el sistema de suspensiones aplicado a los trabajadores no respondía a inconductas, sino a la imposibilidad física de completar tareas “sobrehumanas”.

“Durante la instrucción, la defensa presentó pruebas sólidas. Los denunciantes tenían una relación laboral registrada, ART, obra social, vacaciones, una casa con todos los servicios, hasta televisión por cable. El fiscal no valoró esa prueba y, desde nuestro punto de vista, perdió toda objetividad. Se invitó a nuestro cliente a hacer una reparación económica para que no avance la causa, por lo que tuvimos que ir a juicio a demostrar su inocencia”, explicó Martín Olari Ugrotte, uno de los abogados del empresario.

Y siguió: “Esto era un conflicto laboral, una persona que la empresa despidió porque tenía muchas suspensiones que están acreditadas. Cuando lo echan, la mejor idea que tuvo fue hacer una denuncia falsa. El fiscal Zurueta no hizo lo mínimo necesario para darse cuenta de que la Fiscalía estaba siendo usada”.

El productor enjuiciado compartió un descargo con Infobae, en el que mencionó: “Fui acusado de un delito gravísimo que el fiscal nunca pudo probar. Nunca hubo pruebas que sostengan una acusación tan grave como la que se me hizo”.

“Durante todo este tiempo tuve que vivir con el peso de una imputación extremadamente seria, con el impacto familiar, social y laboral que significó para mí. Fueron años de incertidumbre y exposición en los que mi vida, mi trabajo y mi reputación quedaron marcados por una acusación de enorme gravedad”, continuó Ros.

Según agregó, “confiaba en que la verdad iba a salir a la luz”, aunque “nadie puede devolverle a una persona los años que pierde defendiendo su inocencia”.

El TOF de Jujuy consideró que la prueba debatida no logró acreditar, con la certeza requerida, que las presuntas víctimas hayan visto restringida su libertad ambulatoria o su capacidad de decidir libremente. Se destacó que Juan Carlos Velasco contrató abogados para litigar contra la empresa y que Florencio Arambique continuó trabajando para Ros después de los allanamientos, incluso rechazando ofertas de vivienda por no ser de su agrado. Estos hechos, según el tribunal, son incompatibles con la figura de reducción a la servidumbre.

Además, los jueces Diego Matteuci, Marta Snopek y María Alejandra Cataldi señalaron en su fallo absolutorio que las inspecciones realizadas por distintas agencias estatales a lo largo de los años en la Finca Murcia no resultaron en sanciones por explotación laboral o condiciones indignas, lo que generó una duda razonable sobre la configuración del delito.

“Es realmente llamativo que, después de todos los recursos que gastó el Estado en este caso, de dos años de investigación, muchas audiencias, meses de juicio, declararon 20 testigos, y el fiscal no apeló la absolución. Quizás reflexionó”, planteó Olari Ugrotte.

Su co-defensor, Carlos Mauricio Garmendia, además ponderó: “La contundencia de la sentencia demuestra que la trata de personas es un delito serio, que debe ser abordado por el MPF con eficiencia para evitar caer en lo que lamentablemente sucedió en este caso, la utilización de los nuevos métodos de litigio para sacar provecho económico a un empresario agropecuario”.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo comenzó por una denuncia radicada el pasado 5 de marzo en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, pero que la banda había alquilado las camionetas en una agencia de CABA el 24 de febrero pasado. Se trataba de dos Ford Ranger y una Toyota SW4.

Así, se abrió una causa a cargo del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 11, con asiento en la ciudad de La Quiaca. El delito es “estafa por abuso de confianza”.

“Técnicamente, el delito no es robo porque no hubo violencia. El delito es una estafa a través de una apropiación por medio de un ardid. ¿Cuál es el ardid? Van, alquilan el vehículo, dicen: ‘Bueno, lo alquilo y te lo devuelvo a los tres días’. No lo hacen, los engañan y se llevan los vehículos para la frontera. Es una estafa por abuso de confianza", comentaron las fuentes consultadas por este medio.

En la causa, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 de la Policía de Jujuy, que comenzó con las tareas para ubicar los rodados.

Debido a la magnitud del caso, también se solicitó la colaboración de Gendarmería y de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que permitió iniciar un seguimiento que finalmente derivó en la localización de los vehículos en distintas localidades del vecino país.

Esta semana desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy se informó que, como resultado de una investigación que contó con la participación de organismos provinciales, nacionales e internacionales, se logró recuperar en Bolivia tres vehículos de alta gama que habían sido denunciados como robados.

Las camionetas fueron encontradas en la localidad de San Juan, en el departamento de Chuquisaca, y en Challapata, ubicada a unos 600 kilómetros de la zona fronteriza de La Quiaca–Villazón, algo que sorprendió a los investigadores. Ahora, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios.

Sin embargo, lo que puso en alerta a los investigadores fue que, aparentemente, es una banda que opera de esta manera hace tiempo y que tiene contactos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, y que manda las camionetas a la frontera.

Las enfermedad viral conocida como chikungunya sigue creciendo y esta semana se confirmó el primer caso en Jujuy. Según las investigaciones epidemiológica, el virus fue diagnosticado a una persona de 80 años.

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que los síntomas de la persona afectada comenzaron el 6 de marzo. Presentó dolor en las articulaciones, dolor muscular y dolor abdominal.

El Ministerio de Salud de la provincia detectó el virus en la localidad de Aguas Calientes. La persona de 80 años está clínicamente estable aunque sigue en vigilancia sanitaria y epidemiológica, bajo tratamiento ambulatorio.

En el marco de los resultados positivos de chikungunya, una persona de 73 años que reside en el mismo hogar tuvo que ser monitoreada en caso de presentar síntomas.

La transmisión comienza cuando una hembra de Aedes aegypti o Aedes albopictus pica a una persona infectada y luego a una persona sana. El contagio entre humanos no sucede por contacto directo sino a través de la picadura.

Tras los posibles contagios, los equipos sanitarios de Atención Primaria de Salud comenzaron un operativo en el área donde desde el paciente. De esta manera, hicieron un control de cuatro manzanas e inspeccionaron doce viviendas.

Algunas de las tareas para la detección temprana del mosquito fueron: fumigación intradomiciliaria, búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento clínico de contactos y refuerzo del control focal con eliminación de recipientes que acumulen agua.

“El mosquito puede completar su ciclo de vida, desde el huevo hasta el adulto, en 7 a 10 días; los mosquitos adultos generalmente viven de 4 a 6 semanas”, indicó la OPS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó: “Los mosquitos pican principalmente de día y depositan huevos en los recipientes y cavidades donde hay agua estancada”.

Se registraron 150 casos de chikungunya en Salta

El norte de Salta encabeza la lista de regiones con más casos de chikungunya, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de la provincia. Salvador Mazza aparece como el municipio más afectado

Federico Mangione, el ministro de Salud Pública de Salta confirmó el aumento de casos en la provincia. “Yo lo advertí hace varios días atrás. Dije que esperemos después del Carnaval qué íbamos a tener, y dicho y hecho: terminó el Carnaval y ya tenemos más de 150 personas”, explicó.

Además, señaló que el principal problema es la falta de prevención: “Conciencia social le estoy pidiendo a la gente. Está bien que nos divirtamos, pero nadie se está cuidando”.

El operativo binacional entre Salta y Tarija incluyó acciones como inspección en sectores críticos, mapeo de criaderos, aplicación de insecticidas y capacitaciones. La jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montegro sostuvo: “La situación epidemiológica requiere una respuesta articulada, ya que se trata de una región con circulación constante de personas”.

Medidas de prevención contra el chikungunya

Algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud que se pueden realizar en los hogares para prevenir el mosquito es: eliminar cualquier objeto que contenga acumulación de agua, mantener patios y jardines limpios, usar repelente durante el día y colocar mosquiteros en las ventanas.

El sintoma más frecuente del virus es el dolor articular severo que podría durar durante meses. Además, informan que se puede sufrir de: fiebre alta, dolor muscular, nauseas, cefalea, fatiga y erupciones cutáneas.

Ante la presencia de alguno de los síntomas se recomienda no automedicarse y presentarse en el centro de salud más cercano. A pesar de que las complicaciones graves no son frecuentes, pueden afectar a grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedad crónicas y embarazadas.

Por otro lado, la OMS habló de la importancia de la participación comunitaria: “La movilización de las comunidades es fundamental para reducir los criaderos, vaciando y limpiando una vez por semana los recipientes que contengan agua”.

El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió "un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

Según reportó LM Neuquén, el fenómeno se detectó mediante monitoreos satelitales que identificaron anomalías térmicas y motivaron la activación de un protocolo de evaluación por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin).

Durante el operativo, los especialistas realizaron un sobrevuelo sobre el cráter del Villarrica y constataron que el lago de lava volvió a ser visible, evidenciando niveles superiores a los registrados en meses anteriores. Este fenómeno caracteriza el comportamiento de los volcanes de “conducto abierto”, como el Villarrica, donde el magma suele encontrarse expuesto en determinados periodos del año.

El geofísico Cristian Farías explicó a La Tercera que el incremento térmico no implica necesariamente un escenario eruptivo inmediato.

El volcán Villarrica destaca como uno de los sistemas volcánicos más activos de Sudamérica y permanece bajo observación constante debido a su proximidad a centros urbanos y destinos turísticos del sur de Chile. Un dato relevante: el macizo se ubica cerca del Paso Mamuil Malal, en el límite cordillerano argentino, a unos 138 kilómetros de Villa La Angostura y al oeste de Junín de los Andes.

Así, cualquier fluctuación en su comportamiento suele despertar el interés y el seguimiento en la provincia de Neuquén, tal como ratificó el director de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, en diálogo con LM Neuquén. Aunque el nivel de alerta no se ha modificado, las autoridades provinciales mantienen la vigilancia para adoptar medidas si la situación lo amerita.

En caso de que ocurriera una erupción, los principales riesgos asociados al Villarrica incluyen la posible caída de ceniza volcánica, el descenso de materiales por los cauces fluviales y la generación de lahares, flujos de barro volcánico que pueden producirse por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre. Sin embargo, remarcaron que, aunque el macizo se halla del lado chileno, una erupción significativa podría impactar indirectamente a localidades argentinas próximas a la frontera.

Otro volcán chileno que enciende las alarmas en Argentina

Mientras tanto, en el norte chileno, el volcán Lascar presenta señales de incremento en su dinámica interna. De acuerdo con un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y del Ministerio de Economía, el Lascar se ubica en la región de Antofagasta, completamente en territorio chileno, y ocupa el puesto número 14 en el ranking de riesgo volcánico del país.

Este estratovolcán, considerado el más activo del norte de Chile, se encuentra a una distancia que varía entre 170 y 300 kilómetros de localidades argentinas del noroeste, como San Antonio de los Cobres y Susques (en Jujuy y Salta), así como de las capitales provinciales de Salta y San Salvador de Jujuy.

Desde febrero de 2026, el Lascar mostró variaciones en los parámetros de monitoreo. El reporte especial de actividad volcánica (REAV), emitido el 27 de febrero, notificó un enjambre sísmico que persistió hasta el 2 de marzo.

Los registros evidenciaron un aumento en la cantidad de sismos volcano-tectónicos, asociados a la fractura de roca, así como eventos de Largo Periodo y Tremor vinculados a la dinámica de fluidos en el interior del volcán.

Además, se documentó un evento sísmico híbrido, resultado tanto de fractura de roca como de movimientos de fluidos. El monitoreo superficial mediante cámaras detectó una columna de desgasificación que superó los 1.000 metros sobre el cráter el 9 de febrero.

El monitoreo satelital permitió identificar anomalías en la radiancia térmica y en la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, y las imágenes de alta resolución revelaron material inconsolidado en el cráter. Según el SEGEMAR, estos cambios representan un aumento en ciertos parámetros, pero no anticipan una erupción a corto plazo.

“Estos cambios no indican una erupción inminente, sino un aumento en ciertos parámetros de monitoreo, que indican que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base”, detalló el organismo. Con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre el territorio argentino.

El SEGEMAR informó que continúan las tareas de monitoreo y cooperación con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile y las autoridades locales, en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y dentro del marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). El organismo recordó que las novedades se comunicarán a través del sitio web del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).

La protesta era en respuesta al acuerdo anunciado por la administración provincial en relación a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con lo informado por Todo Jujuy. Lo que, en horas de la tarde, empezó con una protesta pacífica frente a las rejas que rodean la sede del Poder Ejecutivo, pronto se convirtió en violentos incidentes, durante la noche.

La concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. En las videos que circularon en las redes sociales, se observa a una parte de los presentes arrojando pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en en el acceso al edificio y la infantería sobre la calle Sarmiento.

Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50 por ciento.

En el transcurso de la movilización, un grupo de personas intentó derribar una de las rejas del portón. Este hecho incrementó el clima de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar. La protesta se mantuvo durante varias horas

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, explicó un referente del personal activo del Servicio Penitenciario. “Se llegó al mejor acuerdo posible”, añadió lo que posteriormente desató los incidentes.

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico, de acuerdo con lo informado por Noticias (d) Jujuy. Además del reclamo por la actualización salarial pidieron mejoras en las condiciones de trabajo, señalando la necesidad de revisar aspectos vinculados a la jornada laboral, los recursos disponibles y la infraestructura en dependencias policiales.

El malestar dentro de la fuerza se profundizó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), según añadió el mismo medio. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre el personal de menor rango. En respuesta, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir la protesta de manera momentánea.

El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector. Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones. El conflicto permanece abierto.

Una situación similar se vivió semanas atrás en Rosario, Santa Fe en donde una protesta policial terminó en enfrentamientos internos. Los agentes de la fuerza provincial vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a familiares, se reunieron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

La situación escaló pasada la medianoche del 10 de febrero, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. Esto llevó a que varios efectivos se sumaran a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando las calles con patrulleros y motos oficiales.

El reclamo original exigía una urgente recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Tras la intervención oficial, la protesta se radicalizó y se replicó en otros puntos de Rosario y en la capital provincial.

La respuesta del Gobierno de Jujuy

El Gobierno de Jujuy emitió un comunicado, donde expresó un llamado a la calma y la paz social. Y aseguró su compromiso con el diálogo y la continuidad de las mesas de trabajo con los representantes de los familiares del personal de seguridad, tanto en servicio como retirados.

La comunicación oficial destacó que la provincia no permitirá el retorno de prácticas asociadas a la violencia y a la confrontación: “No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia”. La administración enfatizó que la violencia y el encubrimiento de rostros representan métodos que la sociedad jujeña dejó atrás bajo un sistema democrático.

Tras denunciar la existencia de un grupo reducido con intereses ajenos al bienestar general, el Gobierno de Jujuy señaló que este sector fue responsable de daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes considerados patrimonio de la provincia. El texto remarcó: “El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo”.

La autoridad provincial reiteró que el bienestar colectivo depende del respeto a la democracia y las instituciones, así como de la búsqueda de consensos. Y concluyó reafirmando la decisión de la ciudadanía: “Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando”.

El comunicado

El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas.

Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando.

El juicio por el crimen de Tamara Soledad Fierro, ocurrido en mayo de 2025 en una localidad de Jujuy, concluyó con la condena a prisión perpetua para el principal acusado Jairo Emanuel Guerrero, conocido como “Diego Castro”, y a cinco años de prisión para Esteban Fernando Pérez, por encubrimiento agravado.

El Tribunal de San Pedro consideró a Guerrero responsable del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género cometido en Fraile Pintado a mediados del año pasado. La sentencia, dictada por mayoría y tras un juicio oral y público, también incluyó la absolución de Maximiliano López quien inmediatamente recuperó la libertad. Los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, y el secretario Franco Giovannini, resolvieron que los condenados permanezcan alojados en el Servicio Penitenciario provincial.

El proceso comenzó los primeros días de febrero y se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial. Durante la última jornada, el tribunal escuchó a Sonia Figueroa, madre de la víctima, antes de dictar el veredicto. De acuerdo con lo indicaco por El Tribuno de Jujuy, durante las primeras audiencias, brindó su testimonio una amiga de Fierro, quien reveló que Guerrero había intentado abusar de la joven cuando ella tenía 16 años, un hecho que la familia desconocía. “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”, opinó Figueroa sobre el relato.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad tras el hallazgo de los restos calcinados de la víctima en un vertedero próximo al Matadero local del barrio Los Lapachos. La identidad pudo ser confirmada a través de pruebas de ADN.

La mujer de 29 años salió de su casa el 24 de mayo y la última vez que la vieron con vida fue en la puerta de una vivienda en la calle Gurruchaga, dato que fue corroborado por testigos y los registros de cámaras de seguridad.

La investigación se centró en el entorno del principal sospechoso. Los familiares de Tamara señalaron que Guerrero había insistido en ver a la joven el día de la desaparición. En un principio, integrantes de la familia del acusado negaron que la víctima hubiese estado en la casa, pero luego admitieron su presencia y cinco personas quedaron detenidas. Uno de ellos fue captado en un video acompañado por otro hombre.

Ambos trasladaban un bulto en una carretilla hacia el terreno donde el día 26 del mismo mes, encontraron los restos. Esto provocó que los vecinos enfurecidos incendiaran la casa en donde Tamara estuvo por última vez.

Según los testimonios de los residentes del barrio, esta vivienda era conocida en el lugar por ser un punto de venta de drogas y funcionaba como un “after”, siendo objeto de denuncias por actividades irregulares durante los fines de semana.

La madre del ahora condenado había declarado que la mujer estuvo en la vivienda, descansó y se retiró por sus propios medios. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo aún con signos de combustión, contradijo esa versión. “Yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo”, acusó en aquel momento Sonia Figueroa.

“Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”, recordó la madre de la víctima. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Tras el asesinato de un soldado del Ejército Argentino, en la localidad jujeña de Abra Pampa, las autoridades detuvieron a un sospechoso que se había fugado a Bolivia en las horas posteriores al hecho. La víctima, Alejandro Tolaba, fue atacado junto a su hermano y unos primos a la salida de un boliche durante la madrugada del lunes.

El joven, de 20 años, murió de una puñalada mientras que su hermano de 17 resultó herido de gravedad. Ahora, se encuentra internado, pero fuera depeligro. Los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de personas cuando se retiraban del local bailable tras los festejos del Carnaval de Flores, en el predio de la Feria El Huancar. Los atacaron por la espalda y, durante el episodio, uno de los agresores extrajo un arma blanca que posteriormente terminaría con la vida del soldado por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con lo informado por El Litoral, la madre de los dos chicos descartó la posibilidad de que haya sido un robo. “Solo quisieron hacer daño. Si hubieran querido robarle, le hubieran sacado el celular o la billetera”, aseguró y explicó que “no se imaginaban lo que les iba a pasar. De repente, los agarraron y me lo dejaron tirado como un perro”.

El principal sospechoso del crimen, R. R. D., de 30 años, y oriundo de Palpalá, fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón tras un operativo binacional. Según la investigación, luego del ataque, el sospechoso cruzó a Bolivia por un paso ilegal para evitar los controles oficiales.

La Policía argentina, en colaboración con las autoridades bolivianas, localizó al acusado -quien se encontraba con su hermano- luego de que cambiara dinero en una casa de cambio de Villazón, según explicó Jujuy al momento. El hombre fue arrestado y quedó a disposición de las autoridades locales.

Tras reunir los datos requeridos para avanzar en la investigación, se pidió la detención del sospechoso y se desplegó un operativo especial con controles en las rutas hacia el norte y el sur, junto con la participación de Gendarmería en los pasos fronterizos de La Quiaca y Tres Cruces. El fiscal Alberto Mendivil, a cargo de la causa, imputó al detenido por homicidio simple y tentativa de homicidio, y añadió que el avance de la investigación se logró gracias al testimonio de más de 20 personas y el despliegue de alrededor de 80 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad.

“Ya fue localizado y será expulsado del Estado Plurinacional de Bolivia para quedar formalmente detenido en territorio argentino", expresaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, pese a que el hermano de la víctima se encuentra fuera de peligro, está emocionalmente afectado por el asesinato. “No acepta lo que pasó con su hermanito, está muy triste y me suplica que no lo deje”, expresó la mamá en declaraciones a Somos Jujuy.

Colapsó el techo durante el velatorio

Este miércoles, mientras se realizaba la misa y el velorio de Tolaba en el salón del barrio 23 de Agosto de la localidad jujeña, un fuerte temporal de granizo provocó el colapso del techo del recinto.

Las imágenes mostraron el estado en que quedó la estructura al momento en que el Ejército Argentino le rendía un homenaje al soldado y entregaba una bandera nacional a la madre.

Según el portal Todo Jujuy, el féretro sufrió daños considerables y debió ser trasladado a Humahuaca para continuar con el velatorio. Además, cinco personas mayores resultaron con heridas leves durante el incidente.

El temporal de granizo provocó a su vez el colapso de otros dos salones, además del utilizado para la despedida del soldado, debido a la acumulación de hielo sobre los techos que terminaron cediendo. Los habitantes de los barrios más afectados por el temporal indicaron que hubo voladuras parciales de techos, filtraciones y la presencia de una importante cantidad de hielo en las calles y viviendas.

El fenómeno se produjo en un contexto de alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que advertían sobre la posibilidad de tormentas intensas y caída de granizo en la región. Las autoridades locales realizan relevamientos y brindan asistencia a los damnificados.

Una joven de 24 años con discapacidad fue rescatada de una presunta red de trata de personas en Chaco, luego de que el personal del Departamento Lucha contra la Trata de Personas evitara que fuera trasladada hacia el norte argentino. Las alarmas se activaron después de que contara que su novio le había propuesto viajar para que pudiera trabajar como modelo.

La investigación se inició el 27 de febrero, después de que el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba avisara a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraría una de las pacientes que acudían al establecimiento.

Según confirmaron las autoridades, la joven rescatada se encontraba bajo tratamiento, después de haber sido diagnosticada con psicosis y retraso madurativo. Por este motivo, las alarmas se activaron para los especialistas que la trataban, debido a que les había manifestado su plan de viajar a Salta y Jujuy para ejercer como modelo, acompañada por su pareja de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con la información publicada por Diario Época, la declaración realizada desde la institución bastó para que sospecharan de la posibilidad de que la joven hubiera sido captada mediante engaños. Por este motivo, el expediente quedó bajo investigación de la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, quien dispuso medidas urgentes.

Como resultado de las primeras averiguaciones, los agentes confirmaron que la pareja residía en la ciudad de Resistencia desde hace aproximadamente un año en un inmueble alquilado y que había adquirido pasajes de ómnibus para el 4 de marzo.

A pesar de que se verificó que el acompañante extranjero contaba con residencia legal y no presentaba impedimentos judiciales, se emitió una orden judicial para que la joven y su madre fueran trasladadas a sede judicial para garantizar su protección y evitar que concretaran el viaje.

La decisión se tomó poco después de que las autoridades entrevistaran a los familiares de la paciente, quienes expresaron su rotunda negativa a que viajara hacia el norte del país.

Rescataron a una adolescente que había sido drogada para trasladarla en micro hacia otro país

Una adolescente de 15 años fue rescatada la semana pasada durante un operativo en la Ruta Nacional 9, luego de que se detectara que intentaban trasladarla sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en estado de somnolencia.

La intervención se desencadenó tras el aviso de un pasajero, lo que llevó a la detención de J. J. M. E. y su madre, E. M. E. C., cuya situación fue corroborada y judicializada por la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados por el delito de trata de personas.

El micro había partido desde Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo al norte argentino. Durante el trayecto, un pasajero observó que una joven, aparentando ser menor de edad, viajaba acompañada por dos adultos cuyos comportamientos le resultaron alarmantes.

La actitud de uno de los acompañantes, un hombre que besaba y abrazaba a la adolescente —quien permanecía oculta bajo una gorra y una capucha— llamó la atención del testigo. Asimismo, este pasajero relató posteriormente que el adulto presionaba "para que esté callada” y que intentaba impedir que la joven hablara o mostrara el rostro. “No le dejaban que se le vea la cara”, indicó antes de alertar a la Gendarmería Nacional.

Cuando el micro fue interceptado en el kilómetro 152 de la ruta, las autoridades revisaron el listado de pasajeros y confirmaron que la adolescente no figuraba en los registros. Tampoco tenía pasaje, equipaje ni documentaciones que certificaran su identidad.

Durante la intervención, los gendarmes constataron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultó sostener un diálogo coherente o mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Inicialmente, la adolescente aseguró ser mayor de edad, luego afirmó tener 17 años y aportó un nombre falso, presentando incluso un certificado de discapacidad que pertenecía a otra persona.

Una de las agentes de Gendarmería detalló en su declaración judicial que la menor estaba tan dormida que fue complicado despertarla. A cada pregunta, el hombre que la acompañaba intervenía para responder por ella. La joven, en los pocos momentos en que pudo dirigirse directamente a los agentes, miraba de forma reiterada al imputado antes de contestar.

Finalmente, en una entrevista realizada en privado, la adolescente confesó que tenía 15 años y que estaba siendo llevada hacia Perú para transportar droga. Explicó que residía en situación de calle junto a su madre y que le ofrecieron dinero, una vivienda y un auto si accedía a ser parta de la maniobra. Más tarde, esas promesas se transformaron en amenazas cuando se negó.

El expediente judicial incluyó informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que identificaron movimientos migratorios irregulares de los acusados hacia y desde Perú, lo que reforzó la hipótesis de una red criminal transnacional.

Tras la detención, se comprobó que el hombre realizó amenazas hacia la adolescente a través de una videollamada por la aplicación WhatsApp, lo que fue incorporado como prueba al proceso penal.

Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el contexto en que fue encontrada la menor, sumado a la intervención espontánea del pasajero denunciante y el relato individualizado de la víctima, se constituyó como “indicios suficientes de un intento de trata agravada”.

Cazzu atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera y lo dejó en claro con un cierre arrollador en el Movistar Arena. Tras cinco fechas completamente agotadas en Buenos Aires, donde reunió a más de 50 mil personas, la artista jujeña no solo confirmó la magnitud de “Latinaje” como fenómeno musical y escénico, sino que además anunció un hito personal: su primer show en estadio en Jujuy, su tierra natal.

El quinto y último Movistar Arena fue mucho más que una despedida de esta etapa porteña. Fue una celebración repleta de emoción, gratitud y simbolismo. Desde que lanzó su álbum Latinaje en abril de 2025, Julieta Cazzuchelli consolidó un proyecto artístico que combina música, teatro, identidad cultural y una narrativa íntima que conecta con miles de personas. Este 2026 la encuentra en plena expansión internacional, pero antes de seguir recorriendo el mundo decidió sellar Buenos Aires con una noche inolvidable.

La puesta en escena volvió a ser uno de los puntos más impactantes del show. Latinaje no es solo un recital, sino una obra conceptual que inicia como un musical. La historia arranca en un bar, donde una joven (interpretada por Cazzu) interactúa con cuatro hombres, sus bailarines. A través de canciones como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder”, “Piénsame”, “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, la trama avanza entre el enamoramiento, el coqueteo, el desamor y un robo que marca un quiebre dramático.

A lo largo de esa primera parte, la artista desplegó tres cambios de vestuario: un vestido corto negro, un elegante look rojo largo y un body final que nace del acortamiento de la pollera, reforzando la transformación escénica. Luego, el espectáculo muta hacia un formato más tradicional de recital, con más de diez músicos en vivo que aportan potencia y nuevas dimensiones sonoras a cada canción.

El público respondió desde el primer acorde. Clásicos como “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora”, “Peli-culeo”, “Nada” y “Que disparen” hicieron vibrar el estadio. “Chapiadora”, uno de sus primeros grandes éxitos, volvió a retumbar en Villa Crespo y generó una ola de nostalgia colectiva. Pero si hubo un momento que explotó en ovación fue cuando sonó “Con Otra”, su éxito global que le valió el Disco de Platino en Argentina y México y que obtuvo el mayor debut histórico para una solista argentina.

En una de las escenas más emotivas, Cazzu sorprendió interpretando “Yo Soy María”, el clásico de Astor Piazzolla. La elección no fue casual: funcionó como un homenaje a la cultura argentina y como una declaración artística sobre su versatilidad. La jujeña demostró que puede habitar distintos géneros con la misma autoridad con la que domina el trap y el reguetón.

La noche también incluyó el estreno en vivo de “Jujuy Estrellado”, su más reciente lanzamiento. La puesta fue imponente: una cabeza inflable gigante de diabla dominó el escenario mientras las bailarinas, caracterizadas de la misma manera, recorrieron el campo e invitaron al público a formar parte de un ritual final que conectó con las raíces andinas de la artista. Fue un cierre cargado de identidad, una reafirmación de su origen y del mensaje que atraviesa Latinaje: reivindicar la cultura latinoamericana desde una mirada contemporánea.

Pero la gran noticia llegó días antes, cuando Cazzu viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano. Allí, frente a miles de personas y con transmisión especial junto a OLGA, anunció que el 12 de septiembre se presentará por primera vez en el Estadio 23 de Agosto. Será su debut en un estadio y nada menos que en su provincia natal.

El fenómeno Latinaje no se detiene ahí. La gira 2026 ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos, México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. En ciudades como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y Houston logró múltiples sold out, y en Latinoamérica continúa sumando fechas agotadas. Además, viene de ganar dos Premios Lo Nuestro como Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año por “Con Otra”, y fue reconocida como Artista Equal Global de Spotify.

Con apenas 33 años, Cazzu atraviesa una etapa de madurez artística donde se muestra sin máscaras ni personajes, más conectada que nunca con su historia y su presente. En Buenos Aires dejó claro que el apodo de “La Jefa” no es casualidad. Y en Jujuy, frente a su gente, promete escribir uno de los capítulos más fuertes de su carrera.

Semanas atrás, la joven sorprendió durante la segunda presentación del puertorriqueño en el estadio Monumental al interpretar “Loca” remix junto a Khea, Duki y Bad Bunny frente a más de 70.000 personas. Al respecto, Cazzu describió su vínculo con Benito Antonio Ocasio Martínez, nombre real del artista. “La verdad que Benito es un tipazo. Esas cosas no se ensayan. Con él menos. Yo probé sonido, tempranito. Que estuvo muy bien para escucharme bien. Me escuché bien”, comenzó diciendo la cantante en diálogo con el programa de streaming Tapados de laburo (Olga).

“¿Vos con él ya tenés relación hace mucho?“, le preguntó Nacho Elizalde, a lo que Cazzu respondió: ”Nosotros la última vez que nos vimos pasaron muchos años y nos perdimos, ¿viste? Bueno, qué sé yo, cada uno empieza a hacer su vida. Hacía muchos años que no hablábamos ni sabíamos nada el uno del otro, más de lo que yo sé de él, obviamente, que lo vemos por todos lados. Nos saludamos un ratito antes del escenario. Lo cual fue muy agradable, y un ratito después. Y él sigue siendo un chabón copado como lo fue siempre. Un pibe cercano, como nosotros".

Continuando con la charla, la intérprete de Latinaje destacó que, por primera vez, se presentaría en un estadio en su Jujuy natal. El anuncio fue ante miles de fanáticos que celebraron a la artista de cara a su show en el estadio 23 de agosto.

En ese marco, la joven resaltó su cultura y habló de la discriminación que sufre su pueblo: “Nosotros como provincia, somos provincias discriminadas. Somos provincias de donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes. Entonces vos empezás a ir al centro o a bajar y para la gente sos inferior. Es mucho más que solamente estar orgulloso de donde uno viene. Uno le toca vivir, a lo largo de su vida, cuando le toca salir de su casa. A mí me pasó, por ejemplo, en mi viaje de egresados, que yo descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte. Hacerse un espacio en Buenos Aires, donde mucha de la gente es muy cruel con los que venimos de lugares más chicos, es una victoria doble”.

A su vez, la cantante habló sobre el orgullo que siente por su cultura: “Nosotros estamos acostumbrados a valorar las culturas de afuera. Valoramos nuestra cultura, pero también hay momentos donde hay otras culturas más dominantes que lograron establecerse de maneras piolas. Para mí es un gran orgullo ser la primer jujeña en hacer un montón de cosas y en mi corazón, la primera vez que toqué en un Gran Rex, yo era la primer jujeña. En un Luna Park, en un Movistar Arena. Entonces, es algo que yo llevo con mucho orgullo en mi corazón. Para mí es muy importante, aunque sea un tema del que no hablamos”.

Durante la entrevista, los panelistas le preguntaron el detrás de escena de su exitoso álbum Latinaje: “Creo que hemos construido ese momento de sinceridad con el público. Yo soy esto, yo canto así cuando no tengo autotune. Hacemos lo que podemos. Me tocás y yo te siento, me hace calor igual que a vos y estamos todos en la misma. Tengo días mejores, días peores. La voz tiene mucho que ver con la emoción”.

Cazzu también se refirió al temor que enfrentó al hacer este álbum ya que no eran canciones de trap: “Latinaje fue un momento donde yo empecé a quitarle drama a que yo no puedo hacer lo tradicional, ¿no? Porque ¿qué represento yo, de dónde vengo? Y en muchas conversaciones con Nico fue como: “Yo siento que tengo el derecho de crear mi folclore, de agarrar el folclore”. A mí, que me tocó crecer en un contexto donde el folclore es muy importante. Mi hermana siempre cantó folclore y toca la guitarra increíble y toca todo, y yo no, no alcancé a eso. Nunca fui tan buena con la guitarra, tampoco tan buena cantando, fui aprendiendo. Entonces, rapear en un momento era más cómodo".

Para cerrar, la artista reveló que este último álbum fue una oportunidad para recuperar sus raíces jujeñas: “Siento que Latinaje como disco, como concepto, como momento de mi vida, como recuperación de algunas cosas de mis raíces, ¿no? Cuando nosotros hicimos Nena Trampa había la presión de: “este es el género urbano y hay que hacerlo increíble, a la perfección, días y días, palabra por palabra”. Y Latinaje fue como: “¡Vamos a fluir, lo que salga, lo primero que salga”. Y fue la manera también más fácil de escribir canciones. Al trap lo tenés un poco que inventar y que, y que darle algo nuevo a la gente, tenés como esa presión. Y Latinaje fue un disco de esos, algo más clásico, más relajado".

La flamante vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, relató este miércoles cómo se gestó su designación al frente de la Cámara alta tras la ruptura del bloque peronista. Además, reveló una conversación privada que mantuvo con Cristina Kirchner en 2025 para conformar una estrategia en Jujuy destinada a enfrentar al radicalismo de Gerardo Morales. “Le propuse una presidencia alternada para el PJ de Jujuy, para sumar a todos los sectores. Pero me dijo que no”, dijo.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la flamante vicepresidenta de la Cámara alta expuso los motivos de su apartamiento y cuestionó duramente el rumbo del peronismo nacional: “Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema, porque el peronismo no es solo Cristina”.

Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, Moisés integra el grupo de tres senadores peronistas que abandonaron el lunes el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones del peronismo en la Cámara alta y tiene al frente a José Mayans. La salida de la jujeña, además, tiene un correlato con la intervención del PJ en su provincia, donde fue suspendida —junto a otros 300 dirigentes— por apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y en el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado.

Moisés preside el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy. Es senadora desde 2023; antes fue diputada nacional en dos mandatos y, en su provincia, integró el Concejo Deliberante y se desempeñó como funcionaria durante el gobierno de Eduardo Fellner. También formó parte de la Legislatura local. Si bien está alejada del kirchnerismo, al que adhirió en sus comienzos, fue una de las voces que respaldó a Cristina Kirchner cuando fue condenada en la causa Vialidad.

“Yo hablé con Cristina Kirchner. Cuando ella estaba al frente del partido, fui y le propuse una estrategia no solamente para Jujuy, sino también para las provincias del norte, en febrero de 2025”. Según contó, su iniciativa apuntaba a conformar una mesa amplia para fortalecer al peronismo en el interior y frenar la pérdida de bancas en el Senado.

“Le planteé que armemos estrategias diferenciadas, focalizando en las ocho provincias donde íbamos a renovar senadores. Primero, para fortalecer las provincias donde tenemos gobernadores”, explicó Moisés, quien recalcó que la crisis no se debe a su salida del bloque: “Aclaro: el peronismo tiene el mínimo histórico en el Senado, y no porque nosotros nos hayamos ido. Fue por erróneas estrategias electorales y porque no se pudieron mantener ni siquiera las bancas que se renovaban el año pasado”.

La dirigente jujeña aseguró que la negativa de Cristina Kirchner a su propuesta fue rotunda: “Le terminé proponiendo: ‘Hagamos una presidencia alternada; yo presido un año y la chica de La Cámpora otro año. Pero juntemos a todos’. ¡Y no! ¡Y no!”.

Moisés reveló que la suspensión del PJ jujeño involucró a toda la estructura territorial y consideró que la medida fue un mensaje de disciplinamiento interno: “A mí me suspendieron en enero junto a trescientos compañeros. También quiero aclarar que la suspensión no le aplica solo a esta senadora: echaron al presidente del bloque justicialista, a los ocho diputados provinciales y a los únicos tres intendentes que responden al justicialismo”.

La senadora sostuvo que la decisión tuvo un carácter ejemplificador: “Quisieron poner una cosa disciplinadora: ‘Miren lo que les va a pasar si votan el presupuesto, si votan propuestas del gobierno’. Pero si nos echan a todos porque pensamos distinto, no vamos a dejar de existir ni de ser senadores. Vamos a seguir construyendo poder en el ámbito que corresponda”.

También cuestionó la falta de una estrategia real de poder para hacer oposición en las provincias: “La destrucción total que hicieron del peronismo en Jujuy fue por la falta de construcción de poder para ganarle a Gerardo Morales, que es lo que yo conversé con Cristina la última vez”.

Al cierre, Moisés definió el estado actual del peronismo y explicó su decisión de asumir la vicepresidencia del Senado: “Ese es el diagnóstico. Tomé la decisión de ocupar ese lugar porque creo en un peronismo que ocupe los espacios de poder, en un peronismo opositor fuerte, que defienda a los laburantes y a las pymes, pero que al mismo tiempo construya diálogo para encontrar salidas”.

“Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema. Si el peronismo no reacciona, va a seguir siendo irrelevante. Ocupar la vicepresidencia es el desafío de empezar a construir el peronismo del futuro”, enfatizó.

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Un movimiento sísmico de magnitud 3.9 sacudió la zona de los Valles de Jujuy este martes, despertando inquietud en algunos vecinos de las localidades como Palpalá, San Salvador de Jujuy y áreas cercanas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro del temblor se ubicó a 14 kilómetros al sur de la capital jujeña, con una profundidad de 20 kilómetros. El fenómeno se sintió poco después de las 13:30, según los registros oficiales y los reportes de medios locales.

Las primeras reacciones no tardaron en aparecer. Vecinos de distintos puntos de la provincia comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, donde describieron la vibración como breve, aunque perceptible.

Muchos de estos testimonios coincidieron en señalar que el temblor se notó con mayor intensidad en Palpalá y sus alrededores. El portal Todo Jujuy informó que, pese a la preocupación inicial, no se registraron daños materiales ni personas afectadas.

El evento no pasó inadvertido en la provincia de Salta y en localidades próximas a la ciudad homónima, donde también se percibió el movimiento telúrico. Según un reporte de El Tribuno, los habitantes de Salta manifestaron su sorpresa a través de plataformas digitales, multiplicando preguntas como “¿Temblor en Salta?”.

Las descripciones más recurrentes apuntaron a un movimiento corto, pero lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar puertas, ventanas y objetos livianos.

La profundidad intermedia del evento habría facilitado que la sacudida se sintiera de forma nítida en la superficie, a pesar de que la magnitud no alcanzó niveles elevados. El INPRES detalló, además, que el epicentro se situó también a 55 kilómetros al sur de Tumbaya y a 56 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

De acuerdo con la escala Mercalli, que es utilizada por el organismo para medir la intensidad, en Palpalá y en la ciudad de Jujuy fue medio. En Ciudad de Salta, San Pedro de Jujuy y alrededores fue entre medio y débil, mientras que en Tilcara y localidades más cercanas a la Quebrada de Huamhuaca fue muy débil.

En la región del noroeste argentino (NOA), estos movimientos son frecuentes debido a la actividad tectónica asociada a la Cordillera de los Andes. Según El Tribuno, este tipo de fenómenos se consideran habituales, aunque cada episodio genera un revuelo inmediato en la población.

Según informó Todo Jujuy, expertos locales detallaron que las zonas clasificadas como “más peligrosas” por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) concentran el mayor riesgo sísmico en el sector oriental del territorio jujeño.

El análisis de los especialistas Javier Elortegui y Waldo Chaile permite entender cómo la provincia se estructura en tres unidades morfoestructurales, cada una con características geológicas propias. Chaile, exdocente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y exdirector del Instituto de Geología y Minería, indicó que la división responde a estudios geológicos que identifican áreas con formas rectangulares orientadas de norte a sur. Esta segmentación facilita la identificación de niveles de peligrosidad y la comprensión de la distribución de los sismos.

El sector occidental, conocido como Puna, limita con Chile y se caracteriza por la presencia de sismos profundos, resultado directo de la colisión entre la placa oceánica y la placa continental sudamericana. Elortegui, investigador del Instituto de Geología y Minería y profesor en la UNJu, explicó a Todo Jujuy que esta zona está influida por la geodinámica interna de la Tierra, responsable del movimiento de placas y la generación de terremotos.

En la parte central de la provincia se ubica la Cordillera Oriental, que incluye la reconocida Quebrada de Humahuaca. Esta franja funciona como una transición sísmica entre la Puna y las Sierras Subandinas, con límites bien definidos: al oeste la Puna y al este las Sierras Subandinas. Esta unidad también se ve afectada por la actividad tectónica, aunque presenta características intermedias.

El sector oriental agrupa las Sierras Subandinas, donde se localizan ciudades como San Salvador de Jujuy, Los Pericos, y abarcan regiones como el Ramal y Sierras de Santa Bárbara. En esta área, el INPRES la ubica en la zona 3 de su escala de peligrosidad, considerada de “alto riesgo sísmico”.

Entre los departamentos incluidos en esta clasificación figuran Tilcara, Tumbaya, Valle Grande, General Belgrano, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro. La densidad poblacional en estos puntos incrementa la atención sobre la necesidad de prevención y monitoreo constante.

Un control de rutina en una de las principales rutas de Jujuy derivó en la detención de tres personas y el decomiso de una cantidad significativa de estupefacientes. En el marco de los operativos habituales de la Gendarmería Nacional Argentina, los agentes interceptaron un colectivo de larga distancia en la localidad de Libertador General San Martín. Durante la inspección, surgieron indicios que derivaron en un hallazgo inesperado: casi cuatro kilos de cocaína ocultos en el cuerpo y calzado de tres pasajeros.

El procedimiento se llevó a cabo en la Sección “Libertador General San Martín”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”. Este tipo de controles forma parte de la estrategia de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en corredores clave del norte argentino, una región identificada como punto de paso en el traslado de sustancias ilícitas hacia distintos destinos del país.

Según informó el portal Todo Jujuy, la operación comenzó cuando los uniformados advirtieron anomalías en la vestimenta de dos mujeres que viajaban entre los pasajeros. El personal de la Gendarmería procedió a realizar una inspección más minuciosa, detectando paquetes adheridos al cuerpo de ambas, sujetos debajo de la ropa.

Durante la pesquisa, los gendarmes también identificaron a un hombre que ocultaba envoltorios en las plantillas de su calzado.

De acuerdo con el reporte oficial, la droga secuestrada alcanzó un peso total de 3 kilos 989 gramos, resultado que se confirmó tras las pruebas de campo realizadas en el lugar.

El hallazgo de los estupefacientes motivó la intervención inmediata de la Justicia Federal, que dispuso la detención de los tres implicados y el secuestro de la sustancia como elemento de prueba.

La causa quedó caratulada como violación a la Ley de Estupefacientes, bajo la órbita del juzgado federal con competencia en la jurisdicción. El cargamento incautado fue enviado a los laboratorios oficiales para su análisis y resguardo como prueba judicial.

Transportaban más de 20 toneladas de un químico usado para elaborar cocaína

Un mes atrás, un operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la provincia de Córdoba detectó la presencia de más de 20 toneladas de carbonato de sodio en un camión que se dirigía hacia el norte del país.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto, donde los efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” detuvieron la marcha del vehículo con acoplado, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 708.

Las autoridades inspeccionaron el rodado, que circulaba con un itinerario desde Río Negro hacia Catamarca. Al acercarse, detectaron que había bolsas de grandes dimensiones con la mencionada sustancia, utilizada como precursor químico clave en la elaboración de pasta base y cocaína. En total determinaron que había 27.500 kilos del producto, de acuerdo con la información publicada por la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

Al solicitar la documentación correspondiente, los gendarmes se encontraron con que el conductor no disponía de la misma. Le indicaron que, al carecer de los papeles legales obligatorios para este tipo de traslado, estaba cometiendo una infracción a la normativa vigente.

Ante la irregularidad, y bajo la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto con el inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, se dispuso el secuestro de la totalidad del cargamento.

El carbonato de sodio incautado, por su volumen y características, fue considerado un hallazgo de relevancia para la prevención del desvío de sustancias utilizadas en la producción de estupefacientes, en el marco de lo establecido por el Artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Un hombre fue detenido en la ciudad de Córdoba acusado de haber organizado una presunta estafa con un viaje al Carnaval de Jujuy. Al menos 20 personas denunciaron que pagaron por un paquete turístico que nunca se concretó.

Este viernes, un grupo de viajeros se reunió en la Plaza de la Intendencia, ubicada en la intersección de Duarte Quirós y Ayacucho, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, con valijas y mochilas listas para salir rumbo a la provincia norteña.

El viaje había sido promocionado por la cuenta de Córdoba Argentina Trek, una agencia que se presentaba en redes sociales como organizadora de excursiones y escapadas a distintos destinos del país y el exterior.

La salida estaba prevista para las 19 y el punto de partida original mencionado en la promoción era la Plaza Vélez Sarsfield, aunque finalmente el lugar fue modificado a la Plaza de la Intendencia, a pocas cuadras de allí.

De acuerdo con información policial, el acusado, identificado como M.L.M., de 51 años, fue arrestado en el lugar tras el aviso de las víctimas, que advirtieron la ausencia de un medio transporte y la imposibilidad de viajar.

El propio L.M. había ofrecido un paquete que prometía traslado en bus, alojamiento, visitas a Maimará, Purmamarca, Uquía, la Quebrada de las Señoritas, el Paseo de los Colorados y el Cerro de los Siete Colores, con un precio promocional de 439.000 pesos para los últimos tres lugares, según la última publicación en Instagram del 6 de febrero pasado.

En el itinerario que circuló entre los interesados, se detallaban horarios y actividades: salida el viernes 13 de febrero desde Córdoba, llegada y hospedaje en San Salvador de Jujuy, bajada de los Diablos, excursiones, carnaval en Maimará y Tilcara, día libre con opción a visitar Perico y las Termas de Reyes, carnaval en Purmamarca y regreso el miércoles 18 en la madrugada. El pago podía efectuarse por transferencia bancaria o con tarjetas, según respondieron desde la cuenta a los potenciales clientes.

Sin embargo, la ilusión por vivir esa experiencia se derrumbó al llegar el día del viaje, cuando los damnificados se encontraron con que no había ningún ómnibus ni responsables que respondieran por la excursión.

En ese momento, varias personas comenzaron a reclamarle a L.M. la devolución del dinero y algunos grabaron la situación con sus teléfonos. Una de las denunciantes filmó el instante en que subían al acusado al patrullero, mientras decía: “Estábamos por viajar a Jujuy al Carnaval y nos están estafando. Contratamos por medio de una persona que hace trekking. Nos acabamos de enterar de que estafó a mucha gente y lo están denunciando de todos lados. No nos quiere devolver la plata”.

En el procedimiento policial, se secuestró una suma superior al medio millón de pesos y un teléfono celular. L.M., junto con el dinero y los elementos incautados, quedó a disposición del juez interviniente.

La mencionada agencia tenía antecedentes de organizar viajes a diferentes provincias y destinos internacionales. En los comentarios de las publicaciones en redes sociales sobre la detención del titular, algunos usuarios compartieron experiencias favorables, mientras que otros relataron situaciones similares a la ocurrida este viernes. En los registros oficiales, L.M. no presenta deudas bancarias.

La causa sigue así bajo investigación, mientras las víctimas esperan novedades sobre la devolución del dinero.

Una mujer fue víctima de una brutal agresión física en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, luego de presentarse en la vivienda de su pareja, quien la golpeó y estranguló en plena calle hasta dejarla incosciente.

El episodio se produjo en un tramo de la calle Pozo Cavado, donde la víctima sufrió golpes en el rostro que la hicieron caer al suelo.

No conforme con eso, el agresor la inmovilizó y presionó su cuello con una prenda, provocándole que pierda totalmente el conocimiento.

Tras recuperar la conciencia, la mujer fue obligada a desplazarse por la zona, aunque pudo escapar y pedir auxilio durante un descuido del atacante. En ese momento, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 que patrullaban la región la encontraron en estado de shock y la trasladaron a la Seccional Nº 56, donde formalizó la denuncia, según informó el medio local Jujuy al Momento.

El personal del SAME intervino para asistirla, constatando hematomas en los brazos y lesiones en el rostro, por lo que dispuso su traslado al hospital Pablo Soria para atención médica y estudios complementarios.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación, con intervención del Juzgado de Violencia de Género, que ordenó medidas de protección para resguardar la integridad de la mujer.

La Línea 144 permanece disponible para brindar atención telefónica especializada, anónima y gratuita a mujeres víctimas de violencia de género, todos los días y a cualquier hora.

Discutió con su pareja y le fracturó la cara a golpes cuando regresaron de un boliche

Hace unos meses, el hombre fue imputado en Chos Malal por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén tras haber agredido a su pareja dentro de la vivienda que compartían.

El incidente ocurrió entre las 6:10 de la mañana del sábado 3 de diciembre, luego de que ambos regresaran de un boliche, según detalló la fiscal Natalia Rivera. La mujer resultó con fractura de mandíbula, además de lesiones en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, hematomas y excoriaciones múltiples en el rostro.

El acusado, identificado por las iniciales M. G. S., inició la agresión por una discusión verbal. Sin embargo, luego la violencia escaló y pasó a los golpes de puño.

Frente a esto, médicos del hospital local constataron la gravedad de las heridas sufridas por la joven y elevaron los informes correspondientes a las autoridades. La víctima también denunció haber recibido amenazas de muerte durante el episodio.

El MPF imputó al hombre por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples, conforme informó LM Neuquén.

La fiscal Rivera solicitó al juez Juan Pablo Balderrama que el acusado permaneciera detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo para la integridad de la víctima.

El juez rechazó la solicitud de prisión preventiva y dispuso en su lugar medidas cautelares de restricción, incluyendo la prohibición de acercamiento y de contacto de cualquier tipo con la víctima, así como la prohibición de ingreso a la localidad a la que la mujer se mudó tras el hecho. Ante esta decisión, la fiscal presentó un pedido de revisión, por lo que un tribunal revisor analizará el caso en los próximos días.

Un episodio de violencia sobresaltó a los vecinos de San Salvador de Jujuy, después de que un hombre cometiera un robo y, tras ser capturado, atacara a un agente policial dentro de una comisaría.

La situación comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy patrullaban el sector conocido como las 47 Hectáreas, en el populoso barrio Alto Comedero.

Los uniformados recibieron un alerta del sistema 911 sobre un ataque a una mujer en la vía pública. Al llegar al lugar indicado, observaron a un sujeto escapando mientras sostenía dos teléfonos celulares en sus manos y era seguido por una joven que solicitaba ayuda.

En ese momento, los policías interceptaron al sospechoso, lograron reducirlo y procedieron a su traslado hacia la dependencia policial más cercana. Allí, quedó a cargo de las actuaciones complementarias, dado que tanto la víctima del robo como el agente lesionado radicaron las denuncias formales tras los hechos.

De acuerdo a lo informado por el portal Jujuy al Momento, ya dentro de la comisaría, la situación escaló. El detenido, identificado por fuentes policiales, comenzó a proferir amenazas dirigidas al personal, golpeó su propio cuerpo contra las rejas y las paredes de la celda y terminó lastimándose. Uno de los uniformados intentó calmarlo y fue en ese contexto cuando el hombre, en un movimiento sorpresivo, lo agredió físicamente, ocasionándole lesiones.

La víctima del robo y el policía golpeado acudieron luego a radicar la denuncia correspondiente, un paso que permitió dejar constancia formal de lo ocurrido y habilitó la intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Los informes médicos y policiales fueron remitidos para que el ayudante fiscal determine los pasos a seguir en el fuero penal, en tanto ambas víctimas solicitaron protección y resguardo.

Violento robo a una mujer en Jujuy: la ataron e intentaron abusar de ella

Durante el fin de semana, otra mujer fue víctima de un violento robo en la localidad de Libertador General San Martín. Los delincuentes la maniataron, golpearon e intentaron abusar sexualmente de ella. Hubo dos sospechosos detenidos.

El episodio se produjo en horas de la tarde del domingo, cuando la mujer fue abordada dentro de su domicilio por los dos asaltantes.

Los sujetos lograron ingresar a la propiedad y procedieron a atarla para evitar cualquier intento de resistencia. En ese contexto, los agresores sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un televisor, un parlante, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La situación se tornó aún más grave cuando, según relató la víctima, uno de los delincuentes habría intentado cometer un abuso sexual durante el desarrollo del robo.

Todo cambió cuando el hermano de la víctima llegó a la vivienda en medio del robo. Al advertir la situación, logró enfrentarse a los delincuentes y retuvo a uno de ellos hasta la llegada de la Policía. El otro implicado consiguió huir del lugar, aunque la fuerza de seguridad local montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo horas después.

La denuncia presentada por la mujer detalló el modo en que los agresores irrumpieron en la vivienda y la maniataron para facilitar el robo. Además, la víctima aportó la información clave sobre el intento de abuso, que quedó registrada en la causa penal y será investigada por la fiscalía interviniente.

De esta manera, se puso en marcha una investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Las actuaciones policiales incluyeron el secuestro de parte de los elementos robados, así como el relevamiento de huellas y registros fílmicos de la zona que podrían aportar información adicional sobre el desplazamiento de los sospechosos antes y después del hecho. La víctima fue contenida por personal especializado y recibió atención médica y psicológica tras el episodio.

La Brigada de Investigaciones trabaja para reconstruir la secuencia delictiva y recolectar pruebas que respalden la acusación. Las autoridades informaron que los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y que en las próximas horas se esperan nuevas medidas judiciales, entre ellas peritajes y declaraciones testimoniales de la víctima y su entorno inmediato.

Un mujer fue víctima de un violento robo en la localidad de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Los delincuentes la maniataron, golpearon e intentaron abusar sexualmente de ella. Hay dos sospechosos dedtenidos.

El episodio se produjo en horas de la tarde del último domingo, cuando la mujer fue abordada dentro de su domicilio por los dos asaltantes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local TodoJujuy, los sujetos lograron ingresar a la propiedad y procedieron a atarla para evitar cualquier intento de resistencia. En ese contexto, los agresores sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un televisor, un parlante, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La situación se tornó aún más grave cuando, según relató la víctima, uno de los delincuentes habría intentado cometer un abuso sexual durante el desarrollo del robo.

Un giro inesperado en el caso se produjo cuando el hermano de la víctima llegó a la vivienda en medio del asalto. Al advertir la situación, logró enfrentarse a los delincuentes y retuvo a uno de ellos hasta la llegada de la Policía. El otro implicado consiguió huir del lugar, aunque la fuerza de seguridad local montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo horas después.

Según precisó TodoJujuy.com, la denuncia presentada por la mujer detalló el modo en que los agresores irrumpieron en la vivienda y la maniataron para facilitar el robo. Además, la víctima aportó la información clave sobre el intento de abuso, que quedó registrada en la causa penal y será investigada por la fiscalía interviniente.

De esta manera, se puso en marcha una investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Las actuaciones policiales incluyeron el secuestro de parte de los elementos robados, así como el relevamiento de huellas y registros fílmicos de la zona que podrían aportar información adicional sobre el desplazamiento de los sospechosos antes y después del hecho. La víctima fue contenida por personal especializado y recibió atención médica y psicológica tras el episodio.

La Brigada de Investigaciones trabaja para reconstruir la secuencia delictiva y recolectar pruebas que respalden la acusación. Las autoridades informaron que los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y que en las próximas horas se esperan nuevas medidas judiciales, entre ellas peritajes y declaraciones testimoniales de la víctima y su entorno inmediato.

La investigación continuará bajo la supervisión de la Fiscalía competente, que determinará el grado de responsabilidad de los detenidos y analizará si existen antecedentes penales previos. La hipótesis principal apunta a que los asaltantes actuaron con conocimiento previo de los movimientos de la mujer, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Hasta el momento, la Policía no confirmó la recuperación total de los bienes sustraídos ni el monto exacto del dinero robado. El caso sigue abierto y se aguardan nuevas diligencias que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y brindar respuestas a la comunidad de esa localidad jujeña.

Un ladrón intentó abusar de una empleada de una mueblería de Rosario

A finales del año pasado, un ladrón fue capturado por las cámaras de seguridad de un local de Rosario intentando abusar de la única empleada presente. El hecho ocurrió el 30 de diciembre y el delincuente cayó una semana después en un robo en Córdoba.

El asalto tuvo lugar en un comercio situado en Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, en el macrocentro de la ciudad, donde suele haber horario cortado de atención al público.

Pasadas las 15:30 de ese martes previo al Fin de Año, Josué Alexis Urquia entró al negocio, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según indicó el fiscal González Raggio en conferencia de prensa este martes desde el Centro de Justicia Penal.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular. El hombre se dio a la fuga, pero cayó una semana después por otro robo en la provincia de Córdoba.

A seis meses de la detención de Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy, el fiscal regional Guillermo Beller aún no logró identificar dos perfiles genéticos de presuntas víctimas hallados en la casa del imputado. Por este motivo, este miércoles el funcionario encabezó una conferencia de prensa donde brindó detalles de la investigación e hizo una convocatoria clave.

“Estamos en una etapa en la cual estamos en lo previo de llegar a debate, el debate del cual tanto se habló. Y para ello, como recordarán, nosotros en la recolección de evidencia que se hizo en la casa de Matías Jurado, habíamos podido obtener el perfil genético de varias personas, cinco de ellas las víctimas, algunos de ellos los familiares que vivían en esa casa. Y habían quedado dos perfiles abiertos, como se dijo desde el primer momento, de dos masculinos”, contextualizó Beller .

Y agregó: “En ese sentido, en esta etapa procesal en la que nos encontramos, queremos hacer este llamado para que todos los familiares de personas desaparecidas que crean que pueden tener vinculación con este caso puedan acercarse al edificio del Ministerio Público de la Acusación, sito en calle Urquiza 462, al frente de la vieja estación”.

Los familiares de hombres desaparecidos podrán aportar su muestra de ADN hasta el día 28 de febrero en días hábiles y de 8 a 13 horas. Según remarcó el fiscal, las pruebas serán enviadas al laboratorio para ver si efectivamente son parientes de la persona de la cual se haya encontrado sangre.

Jurado, que fue detenido el 30 de julio de este año, está, por ahora, imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

El ADN de esas cinco víctimas hallado en la casa del detenido es la clave del plexo probatorio contra Jurado en un futuro juicio. Todos pensaron que podía llegarse a pedir la elevación de la causa a debate antes del 4 de diciembre pasado, cuando vencía la preventiva, pero no fue así y por eso debieron solicitar una prórroga del periodo de detención del sospechoso: la causa es compleja.

Es que los investigadores no quieren dejar nada librado al azar y el obstáculo que enfrentan desde noviembre pasado, al menos, es no poder identificar estos dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado.

Pese a las pruebas, Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar, mientras sigue alojado en el penal de Gorriti, aislado y controlado con cámaras de seguridad.

En tanto, la segunda y última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta concluyó, nuevamente, que es plenamente responsable de sus actos: comprende la criminalidad de sus acciones y tiene capacidad para dirigir su conducta, lo que descarta la inimputabilidad.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

Los investigadores lograron armar un patrón en cómo Jurado operaba:

• Los viernes se acercaba a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.
• Luego, persuadía a las víctimas para que lo acompañen hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
• Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.
• En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otras partes se descartaban en basurales de la zona.

Las imágenes exhiben la magnitud del paisaje, donde el blanco se extiende en todas direcciones. Un canal de agua turquesa divide el terreno y refleja el cielo, creando un efecto visual que duplica el horizonte. Al fondo, los cerros completan la postal característica del noroeste argentino. Ellos caminan en la inmensidad de un horizonte que parece infinito. El crepitar del calzado en la salina aporta la banda de sonido natural para una nueva cita con uno de los sitios más emblemáticos de la provincia norteña.

“Cielo arriba, cielo abajo, preciosas las Salinas Grandes jujeñas. Y tengo la foto saltando pero Gómez no me deja ponerla”, escribió Dolores en sus redes sociales junto a las fotos, sumando una nota de humor a la experiencia sobre la postal típica que eligen los turistas al visitar el lugar.

La elección de vestuario acompaña el entorno: Dolores luce un top amarillo sin mangas, short de denim claro y alpargatas negras, combinados con un kimono de tonos pasteles y un sombrero de ala ancha. En varias imágenes se la ve con gafas blancas y accesorios que refuerzan su estilo boho chic. Santiago opta por remera blanca, shorts oscuros y zapatillas negras, prendas cómodas para caminar sobre la sal y bajo el sol jujeño.

Las Salinas Grandes se extienden por más de 12.000 hectáreas a 3.450 metros sobre el nivel del mar (11.319 pies) y constituyen uno de los escenarios turísticos más emblemáticos de Jujuy. Los visitantes pueden observar el proceso de extracción de sal, recorrer senderos y conocer la historia geológica y cultural del lugar. La presencia de figuras públicas como Barreiro contribuye a visibilizar estos paisajes, que forman parte del patrimonio natural argentino.

El viaje actual es parte de una costumbre que la modelo repite a menudo: visitar Jujuy y explorar destinos típicos y otros más alejados del turismo masivo. En recorridas anteriores, visitó mercados de artesanías, restaurantes de gastronomía regional y sitios históricos de Tilcara y Humahuaca, integrando costumbres locales y participando en festividades.

Dolores suele documentar cada experiencia, resaltando la conexión con la cultura del norte, la interacción con artesanos y la preparación de platos típicos. El interés por la vida comunitaria y las tradiciones quedó reflejado en sus publicaciones recientes, donde se la ve compartiendo actividades con habitantes y disfrutando la previa del Carnaval.

La presencia de Santiago Gómez Romero suma un capítulo a la historia y refleja cómo Barreiro rehizo su vida luego de la separación de Matías Camisani, el padre de sus cinco hijos. Desde que oficializaron la relación en 2021, la pareja se muestra en diferentes eventos y escapadas y el mundo los puede encontrar tanto en Londres como en Punta del Este o Jujuy. Santiago es polista, estudió en el colegio Newman y, según trascendió, el primer encuentro fue en un asado, aunque el vínculo se afianzó después de reencontrarse en Ibiza, donde ambos pasaban vacaciones. La modelo lo presentó en sus redes sociales hacia fin de aquel año y desde entonces comparten actividades, viajes y vida social.

El itinerario por Jujuy y, en particular, por las Salinas Grandes, evidencia la preferencia de la pareja por destinos naturales y culturales, alejados del circuito tradicional. Las imágenes capturan tanto la imponencia del paisaje como la complicidad de los protagonistas, quienes eligen documentar cada momento en un entorno que combina altura, silencio y colores intensos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy absolvió este jueves a un empresario agropecuario acusado de haber sometido durante más de dos décadas a dos trabajadores rurales a condiciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre en una finca azucarera del este provincial. La decisión, adoptada por unanimidad, se produjo tras un debate oral en el que se recibieron más de 20 declaraciones testimoniales y se analizaron inspecciones administrativas, peritajes y documentación técnica incorporada durante la investigación.

En la resolución de 95 páginas, a la que tuvo acceso Infobae, se identificó al imputado como G.A.R., un productor agropecuario y contador público de 50 años, y a los trabajadores como J.C.V. y F.A., vinculados desde la década de 1990 a una explotación de caña de azúcar ubicada en Arroyo Colorado, localidad de Santa Clara, en el departamento jujeño de Santa Bárbara. La finca, dedicada al cultivo cañero, integra una estructura empresaria de carácter familiar con actividad citrícola. El fallo, en tanto, fue dictado por las juezas María Alejandra Cataldi y Marta Liliana Snopek, y el juez Diego Martín Matteucci, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy.

El caso tuvo su origen en una denuncia anónima recibida en julio de 2023 por el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata, que dio lugar a inspecciones administrativas y, posteriormente, a un allanamiento realizado en diciembre de ese año en el predio rural. A partir de esas actuaciones, la fiscalía imputó al empresario haber reducido a los trabajadores a una situación de servidumbre, aprovechando su vulnerabilidad social y económica.

En septiembre del año pasado, y en el marco de una audiencia de control acusatorio, la Cámara Federal de Salta ordenó la apertura del juicio tras evaluar formalmente admisible la acusación por presunta explotación laboral y hacinamiento de los dos trabajadores de la finca azucarera. Esa decisión habilitó la elevación del expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal y dio inicio a la etapa de debate oral, que concluyó ahora con la absolución del imputado.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, J.C.V. y F.A. habrían trabajado durante años en jornadas extensas, de lunes a domingo, sin descansos adecuados ni pago de horas extras, percibiendo salarios por debajo de los mínimos legales. También se les atribuyó haber residido junto a sus familias dentro del predio rural en condiciones habitacionales precarias, con acceso irregular al agua potable, instalaciones eléctricas deficientes y uso de baños improvisados, ubicados a considerable distancia de las viviendas.

El Ministerio Público describió esas condiciones como parte de un régimen sostenido de explotación, reforzado -según su planteo- mediante sanciones disciplinarias, suspensiones sin goce de sueldo y la amenaza de despido y desalojo. En ese contexto, precisó que la permanencia de los empleados en el establecimiento rural a lo largo de los años no había respondido a una elección libre, sino a la ausencia de alternativas reales, en un escenario de pobreza estructural y bajo nivel de alfabetización.

Durante el debate oral se detalló que J.C.V. habría realizado tareas físicas extenuantes, como el macheteo de surcos de gran extensión, la limpieza de acequias y labores de riego, incluso en edades avanzadas y con problemas de salud. En el caso de F.A., se remarcó su analfabetismo y la presunta imposibilidad de comprender los recibos de sueldo que firmaba, algo que -de acuerdo a la fiscalía- lo colocaba en una situación de especial indefensión frente a la parte empleadora.

También se describieron las viviendas del sector conocido como “conventillo” como construcciones precarias, con techos de chapa, pisos de cemento o tierra y conexiones eléctricas expuestas. Según la acusación, en algunos períodos los trabajadores debían abastecerse de agua mediante mangueras desde la red del pueblo, bañarse con agua de acequia y utilizar baños sin las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

La defensa, por su parte, sostuvo desde el inicio que el caso no configuraba un delito penal sino, en todo caso, un conflicto laboral, agravado tras el despido de J.C.V. en 2023. Alegó que ambos trabajadores estuvieron registrados, percibieron salarios conforme a convenios colectivos, contaron con obra social, ART, vacaciones y licencias, y que cualquier irregularidad debía tramitarse por vías administrativas o laborales.

Durante el juicio se incorporaron recibos de sueldo, constancias de aportes previsionales, facturas de servicios públicos y peritajes técnicos. La defensa explicó que las sanciones disciplinarias aplicadas a J.C.V. respondieron, en efecto, a incumplimientos laborales y que los descuentos salariales detectados en algunos períodos se vincularon con esas sanciones y con ausencias injustificadas.

En relación con las condiciones habitacionales de sus empleados, aseveró que la finca contaba con energía eléctrica provista por la empresa distribuidora provincial, agua corriente de la red de Arroyo Colorado y baños de material disponibles para el personal. También expresó que las letrinas precarias fotografiadas durante los allanamientos se encontraban en un predio lindante, fuera de la propiedad del imputado, y que habían sido construidas por los propios trabajadores.

El fallo reconstruyó la evolución de la relación laboral y dio por acreditado que ambos trabajadores ingresaron a la finca a comienzos de la década de 1990, cuando la explotación estaba a cargo del padre del imputado. Tras su fallecimiento, en 2014, G.A.R. asumió la dirección plena de la empresa. En ese contexto, J.C.V. fue designado capataz y trasladado a una vivienda de mejores condiciones dentro del predio, conocida como “la Sala” o “casa del capataz”, mientras que F.A. continuó residiendo en el sector destinado a los peones.

Uno de los ejes centrales de la sentencia recayó en la valoración de la presunta “voluntad anulada” de los trabajadores. En ese sentido, los magistrados señalaron que un “sujeto reducido a la servidumbre no tiene la autonomía necesaria para litigar contra su supuesto explotador”, y destacaron que J.C.V. contrató abogados “para litigar contra su supuesto explotador”, envió telegramas laborales, promovió demandas judiciales y se trasladó fuera de la finca tras su despido.

Respecto de F.A., los fundamentos de la resolución puntualizaron que, luego de los allanamientos de diciembre de 2023, decidió continuar trabajando para la empresa y fue trasladado a otra vivienda en la localidad de Santa Clara, circunstancia que -según se indicó- resultaba “incompatible” con "un régimen de sometimiento permanente“.

Los jueces también evaluaron las inspecciones estatales realizadas a lo largo de los años y advirtieron que no se habían registrado sanciones administrativas firmes por explotación laboral. Bajo esos términos, consideraron que la “orfandad probatoria genera la falta de certeza, ya que, si bien existen elementos de cargo aportados por la Fiscalía, también encontramos pruebas que permiten interpretar el hecho de modo exculpatorio”.

En uno de los tramos centrales del documento, el tribunal precisó que el análisis debía realizarse conforme al régimen penal de la trata de personas, con especial atención a la eventual afectación de la libertad de movimiento, de la libre autodeterminación y a la existencia de mecanismos de coacción, amenaza o sometimiento. Desde esa perspectiva, sostuvo que “no puede tenerse por acreditado que las presuntas víctimas hayan visto restringida su libertad ambulatoria ni su capacidad de decidir libremente sobre su vida y su trabajo”, y añadió que “de la prueba rendida no surge que hayan sido sometidas a torturas, humillaciones sistemáticas, tratos degradantes ni que hayan sido utilizadas como meros objetos”.

Si bien reconoció la existencia de un contexto de vulnerabilidad social y económica, concluyó que “no se ha logrado acreditar, con la certeza requerida, un aprovechamiento penalmente relevante de dicha situación por parte del imputado”.

De ese modo, por unanimidad, los magistrados resolvieron dictar la absolución del acusado y dejar sin efecto las medidas restrictivas que pesaban sobre él. La sentencia fue notificada a las partes y podrá ser recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal, de acuerdo los plazos previstos por el Código Procesal.

La primera audiencia del juicio por el femicidio de Tamara Fierro dejó testimonios clave que consolidaron la acusación contra Jairo Guerrero, conocido como Diego Castro, y señalaron la posible complicidad de Esteban Pérez y Maximiliano López, también investigados en la causa. El caso es investigado bajo la figura de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género, lo que podría acarrear prisión perpetua para el principal acusado.

Durante la jornada, una amiga de Tamara brindó uno de los testimonios más relevantes al revelar que Guerrero intentó violentar a la víctima cuando ella tenía 16 años, un dato desconocido por la familia. Luego de esto, Sonia Fierro, madre de la joven, sostuvo que esta declaración muestra “una conducta reiterada y sostenida” por parte del acusado. Y agregó: “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”.

La actuación de los otros dos implicados fue también objeto de análisis judicial. Ambos enfrentan cargos de encubrimiento agravado, pese a que aseguran que desconocían las acciones de Guerrero. Sin embargo, Sonia, la madre de la víctima, planteó: “Todo coincide con el viaje a Libertador para buscar al primo. No tienen lugar para decir que no sabían”. Además, afirmó que durante el delito, “uno de ellos vigilaba la zona y alertaba por teléfono”, y remarcó: “Son tan asesinos como él”, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Todo Jujuy.

En la primera jornada declararon ocho testigos y otros ocho estaban citados para la tarde, aunque dos personas, entre ellas Carina Castro, madre de Guerrero, no se presentaron. Estas ausencias modificaron el calendario del debate. La abogada Mariana Vargas enfatizó que las personas que no acudieron “serán obligadas a presentarse por medio de la fuerza pública en la próxima audiencia”, prevista para el 10 de febrero.

De acuerdo con Sonia Fierro, la defensa permaneció en silencio ante la contundencia de los testimonios, situación que la familia considera un avance positivo en el proceso.

La audiencia contó con el acompañamiento de familiares, organizaciones feministas, vecinos y amigos, quienes expresaron su solidaridad y respaldo a la familia Fierro y a la querella.

Sonia recordó a su hija con emoción: “Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.

Las próximas audiencias están programadas para el 10 y 23 de febrero, fechas en las que se espera completar la ronda de testimonios y avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene movilizada a la provincia de Jujuy.

Así fue la desaparición y posterior hallazgo de los restos de Tamara

Luego del hallazgo de restos calcinados en un vertedero cercano al Matadero de Fraile Pintado, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Tamara Fierro, una joven de 29 años que había desaparecido dos días antes tras salir de su domicilio el 24 de mayo.

La víctima fue vista con vida por última vez en la puerta de una vivienda de la calle Gurruchaga, donde testigos y cámaras confirmaron su presencia.

El impacto en la comunidad se intensificó cuando familiares de la víctima apuntaron a la familia del principal sospechoso. De acuerdo con el testimonio de Rocío, hermana de Tamara, el acusado había insistido para ver a la joven el día de su desaparición, mientras que integrantes de su familia inicialmente negaron que la víctima hubiese estado en el lugar, para luego reconocerlo. La madre del sospechoso llegó a afirmar que Tamara Fierro estuvo en la vivienda, descansó y salió por sus propios medios, pero el hallazgo del cuerpo el 26 de mayo, con partes aún prendidas fuego, contradijo esa versión.

Las autoridades de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata examinan la posibilidad de que los dos adolescentes acusados de planear una masacre escolar hayan sido captados por adultos que impulsaron un proceso de radicalización progresiva.

De acuerdo con información del sitio Fiscales, la pesquisa apunta a determinar si personas mayores de edad utilizaron canales digitales para influir en los jóvenes y conducirlos hacia la planificación de un hecho de violencia extrema dentro de una institución educativa.

Asimismo, se detectó la posible participación de al menos una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades de ese Estado.

La investigación, dirigida por la fiscal Laura Mazzaferri, se encuentra en una etapa inicial e involucra a un adolescente con residencia en Miramar y a otro en La Quiaca, Jujuy. Se trataba de dos chicos con acceso a armas blancas no convencionales y de fuego. Ambos tienen un perfil similar: los describen como retraídos y aislados socialmente. Al mismo tiempo, sus padres están separados y a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.

El caso

El caso surgió tras una alerta enviada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), bajo la conducción del fiscal general Horacio Azzolin.

El reporte remitido por la agencia estadounidense advirtió sobre posibles conversaciones mantenidas en una red social, en las que los usuarios hacían referencia explícita a la organización de un ataque armado en una escuela y mencionaban la comisión de una “masacre”, junto con discursos de odio dirigidos hacia distintos grupos sociales y religiosos.

La UFECI inició una investigación preliminar en colaboración con el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Ese trabajo permitió identificar los domicilios de los adolescentes y derivó en cuatro allanamientos realizados el 30 de enero pasado en distintos puntos del país, con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos y recolectar evidencias que permitan profundizar la pesquisa.

La fiscal Mazzaferri solicitó autorización judicial para llevar a cabo los procedimientos y requirió la intervención de la Asesoría de Menores a fin de garantizar la protección integral de los derechos de los jóvenes, quienes no son punibles según la legislación vigente por no haber alcanzado los 16 años al momento de los hechos.

Durante la audiencia multipropósito celebrada el 28 de enero, el juez de Garantías Santiago Inchausti habilitó tanto las medidas de allanamiento como la reserva de las actuaciones y la participación de la Asesoría de Menores.

Según el análisis efectuado por la Unidad Fiscal, las conversaciones interceptadas incluyeron menciones directas a la adquisición de armas, prácticas de tiro y la identificación con autores de hechos de violencia escolar ocurridos en Estados Unidos en 1999.

Además, los mensajes revelaron expresiones discriminatorias y de odio, lo que llevó a los investigadores a considerar la posible existencia de instigadores mayores de edad fuera del territorio argentino.

Durante los allanamientos, los efectivos del DUIA secuestraron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que ahora son peritados por especialistas en delitos informáticos. El objetivo es reconstruir el circuito de comunicaciones, identificar posibles contactos internacionales y determinar si existió un proceso sistemático de adoctrinamiento dirigido a los menores.

La Policía Federal y la DFI frustraron en las últimas horas una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos ubicados en las provincias de Jujuy y Buenos Aires, que eran planeados por dos menores de 15 y 16 años, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La investigación, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional, se inició en julio del año pasado, a partir de un informe remitido de manera directa por el FBI a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Horacio Azzolin.

El reporte alertaba sobre conversaciones entre dos chicos en una conocida red social, que contenían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial. En las charlas, también manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar.

El fiscal encomendó a los detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA el caso, quienes trabajaron contra reloj para desactivar el potencial atentado.

Los federales lograron identificar a los titulares de los perfiles denunciados mediante tareas de inteligencia y aplicaron técnicas OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas).

Se trataba de dos adolescentes con acceso a armas blancas no convencionales y de fuego. “Hoy, solo con un cuchillo pueden hacer un desastre”, remarcaron con preocupación los investigadores a este medio.

Ambos tienen un perfil similar: los describen como retraídos y aislados socialmente. Al mismo tiempo, sus padres están separados y a varios kilómetros de distancia.

En un caso, uno de los imputados vive en La Quiaca, en la provincia de Jujuy. El segundo en la ciudad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.

En el primer domicilio, los detectives hallaron un cartucho 7.62 x 54 mm; seis celulares, dos notebook, cuatro consolas de juego, una tablet, tres libros referentes a extrema derecha y simbología nazi y una lámina con ilustraciones de armas de fuego.

En Ezpeleta, secuestraron un cuchillo de caza, un celular, una notebook, un cuaderno con ilustraciones con simbología nazi y tres libros.

Los allanamientos se extendieron a Ezpeleta, en Quilmes, y San Martín, donde residen los progenitores que no tienen la tenencia. En esas propiedades no se encontraron elementos de interés.

Los elementos incautados, que serán peritaados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, caratulada “Intimidación Pública”.

El caso contó con la intervención de la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri y el Juzgado Federal de Mar del Plata N° 3, a cargo de Santiago Inchausti.

Además, en el procedimiento en Jujuy, se solicitó la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) La Quiaca de la PFA.

De acuerdo a fuentes del caso, con este, en dos años, se detectaron 13 potenciales atentados similares, una tendencia mundial que va en aumento.

Subrayaron, al mismo tiempo, que los perfiles de los menores involucrados se repiten, tal como la bibliografía y las redes sociales en las que interactúan y por las que se envían material.

Factores de riesgo

De acuerdo a las fuentes, se trata de adolescentes que consumen propaganda yihadista ya sea de ISIS, el Estado Islámico y/o de Al Qaeda.

Se detectó casos en los que solicitan instrucciones para armar artefactos explosivos caseros o armas en 3D a los contactos que realizaron, a través de redes sociales, con supuestos integrantes de organizaciones extremistas que reclutan “lobos solitarios” a través de aplicaciones de mensajería y redes.

Por otro lado, investigadores cercanos a estos casos indicaron que hay denominadores de riesgo entre los menores: tienen acceso a armas, sus padres están separados o fallecidos, se crían en un entorno hostil y sin contención familiar. Son los casos que más preocupan.

Además, percibieron que estos adolescentes no concurren regularmente a la escuela.

Luego de varios meses de investigación tras una alerta emitida por el FBI, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un plan que buscaba cometer un ataque racista en instituciones educativas de Buenos Aires y Jujuy. Además, dos menores quedaron demorados.

La intervención, que comenzó en julio del año pasado, incluyó el rastreo de conversaciones en redes sociales que contenían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, donde se manifestaba la intención de cometer una masacre escolar.

El reporte original fue recibido por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que permitió activar el protocolo de prevención en el país. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local TodoJujuy, el caso se centró en dos menores de edad: uno, residente en la ciudad de La Quiaca y otro, oriundo de la localidad balnearia de Miramar.

Ambos fueron identificados a través de técnicas de inteligencia digital y análisis de fuentes abiertas por parte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. La Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata tomó intervención en la causa, que se amplió al detectar otros domicilios relacionados con la planificación, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes.

Las pruebas recolectadas permitieron al Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata ordenar cuatro allanamientos simultáneos en los lugares mencionados. Durante los operativos, los agentes incautaron armas blancas, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y material con simbología nazi, además de documentación relevante para la causa. Todos los elementos quedaron a disposición del juez interviniente, en el marco de una investigación caratulada como “Intimidación Pública”.

El medio local 0223, por su parte, detalló que los mensajes detectados en redes sociales contenían expresiones explícitas de odio y una planificación minuciosa de posibles hechos de violencia en colegios. En su aviso, el FBI remitió la información sobre los perfiles de los sospechosos a las autoridades argentinas, para dar comienzo a las investigaciones.

La PFA destacó que en los últimos dos años se registraron más de una decena de investigaciones similares en Argentina, todas con participación de menores de edad y en consonancia con una tendencia internacional de radicalización juvenil a través de plataformas digitales. De acuerdo con datos oficiales aportados por las fuerzas federales y por el FBI, se contabilizaron al menos trece casos en el territorio nacional donde adolescentes estuvieron implicados en la planificación, difusión o intento de ataques violentos motivados por ideologías extremistas.

Otros casos

Un repudiable ataque ocurrió a fines de octubre frente a la escuela BAMI (Bet Am Medinath Israel) Marc Chagall, situada en el barrio de Monte Castro de la Ciudad de Buenos Aire. Encontraron pintadas antisemitas en sus pilotes de protección y en la vereda.

Según pudo saber Infobae, las inscripciones intimidatorias realizadas en Alcaraz al 4900, fueron detectadas por el personal del colegio al comenzar la jornada y rápidamente se procedió a cubrirlas con pintura, además de realizar la denuncia ante la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

El rabino Adrián Herbst detalló que el ataque afectó los pilotes de seguridad habituales en instituciones judías y el piso de acceso al establecimiento. Las cámaras de seguridad tanto privadas como públicas permitieron identificar al presunto responsable. “Gracias a Dios estamos todos bien, pero es una situación desagradable que no debería ocurrir ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo”, expresó Herbst, quien remarcó que la comunidad continuará con sus actividades habituales y que hechos como este no modificarán su línea de trabajo ni su identidad. “El mensaje que les pasamos a nuestros alumnos y a todas las áreas de nuestra comunidad es de paz, de convivencia. Este tipo de cosas, por supuesto que están totalmente desubicadas”, agregó el rabino.

La dirección del colegio BAMI envió un comunicado a las familias para informar sobre el hecho y señalar que se reforzaron las medidas de seguridad. “Repudiamos este acto cobarde de odio irracional. Como escuela perteneciente a la Federación de Escuelas Judías de Argentina, reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso con el Estado de Israel y seguiremos trabajando por una educación basada en el respeto por las diferencias, sin discriminación y por la paz”, indicó la nota, firmada por la Dirección Ejecutiva, el Equipo de Dirección y la Comisión Directiva de la institución.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, condenó el ataque desde sus redes sociales. “En la Ciudad no hay lugar para el odio. A pocas horas de conocerse las pintadas frente a esta escuela, el equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya las removió. Actos como este son inaceptables y contrarios a los valores de convivencia y respeto que promovemos en cada escuela y en el espacio público”, afirmó Miguel.

En la madrugada del sábado, un hombre de San Salvador de Jujuy golpeó salvajemente a su ex pareja en presencia de su hija de dos años y luego trató de arrojarla desde la ventana de un tercer piso. La gravedad de la agresión quedó reflejada en la carátula judicial: intento de femicidio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Dorrego, a pocos metros de la vieja terminal de ómnibus de la ciudad.

Conforme al relato de la víctima a Jujuy al Momento, el agresor la atacó con golpes contra la pared, desatando una escena de suma brutalidad mientras su hija menor observaba todo.

Lo más grave llegó después, cuando el individuo arrastró a la mujer hacia una ventana e intentó lanzarla al vacío desde una altura de tercer piso. En ese momento, los gritos de ayuda de la víctima alertaron a los vecinos, que se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia cerca de las 4.40.

La respuesta de la Policía fue rápida: al llegar al domicilio, el agresor huyó a pie, lo que desencadenó una persecución que se extendió por escaleras y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

Finalmente, personal de las Unidades Móviles (UR1) logró interceptar y reducir al sospechoso en la intersección de las calles San Francisco y Campero. El hombre fue trasladado a la sede policial correspondiente, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata.

Las actuaciones de rigor, realizadas por personal de la Seccional Nº 2 bajo las órdenes del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, permanecen en curso, mientras el caso suma preocupación por la exposición de niñas y mujeres a hechos de extrema violencia y la respuesta de las autoridades.

Una mujer fue asesinada dentro de su casa y detuvieron a un sospechoso

Una vecina de Bariloche, identificada como María Angélica Zapata, fue asesinada de forma violenta en la madrugada del viernes dentro de su vivienda en el barrio Nuestras Malvinas. La investigación, que recae en la fiscalía encabezada por Silvia Paolini, avanza bajo la figura de femicidio, mientras las autoridades centran los esfuerzos en la recolección de pruebas clave que permitan formular cargos contra el principal sospechoso, un hombre de 65 años.

De acuerdo con información confirmada a Infobae por fuentes cercanas a la causa, el acusado, identificado por las iniciales T. D. y de profesión jardinero, permanece detenido y está previsto que enfrente la imputación formal el sábado. Estos mismos informantes señalaron: “Durante estas horas y en lo que resta del día, la investigación estará abocada a la recolección de evidencia en pos de imputar cargos en el día de mañana”. La Fiscalía solicitó la autopsia al cuerpo de la víctima para dilucidar la mecánica exacta de la muerte.

La denuncia se activó cerca de las 02:19, cuando los servicios de emergencia recibieron un llamado alertando sobre un episodio violento en la propiedad ubicada en la calle Tierra del Fuego 355. Al llegar, agentes de la Comisaría 28 de Bariloche se encontraron con una escena de gran crudeza: la mujer yacía sobre su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a la llegada de los profesionales médicos, constataron el fallecimiento de Zapata en el lugar. La intervención inmediata de los vecinos resultó determinante: fueron ellos quienes retuvieron al sospechoso cuando abandonaba la vivienda, lo que facilitó su aprehensión por parte de la policía. Según las autoridades, el hombre residía oficialmente en el mismo domicilio de la mujer, aunque aún no se ha comunicado de manera oficial el tipo de relación que mantenían.

En las actuaciones participan, junto a la Fiscalía, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que brinda asistencia a la familia de Zapata.

En esta ocasión, las imágenes revelan una jornada luminosa en Tilcara. La plaza central, flanqueada por árboles añosos, se convierte en el escenario de un almuerzo al aire libre. Barreiro, con blusa de gasa color mostaza, shorts de jean y alpargatas azules, disfruta de un menú regional compuesto por carnes asadas, ensaladas frescas y pan casero. La mesa rústica y el techo de caña refuerzan la identidad del lugar. Junto a ella se ve a su amiga Ximena Ianantuoni vestida con falda larga estampada y detalles artesanales, sumando al retrato bohemio de la escena.

Las recorridas por el mercado municipal de Tilcara forman parte esencial del viaje. Bajo sombrillas coloridas, los puestos exhiben tomates, papas andinas, chauchas, mazorcas, uvas y especias. Barreiro se detiene a elegir productos, interactúa con los vendedores y explora los sabores locales. Lleva una cartera de tela rayada y una bolsa de mercado, accesorios característicos de la región que acompañan su vestuario relajado. Los collares de cuentas, los aros y el pañuelo atado a la cintura refuerzan una estética que fusiona lo práctico y lo autóctono.

El recorrido por las calles empedradas, rodeadas de casas de adobe y piedra, completa la postal. El clima seco y el cielo despejado definen la atmósfera de la jornada, mientras las montañas enmarcan el fondo. Las imágenes tomadas y compartidas en redes muestran no solo paisajes, sino también la vida cotidiana y los rituales urbanos de un pueblo que preserva sus tradiciones.

En el posteo que acompaña las imágenes y videos de su viaje, Dolores Barreiro resumió su sentir con una frase que encierra su filosofía: “Y el norte siempre es lindo, grande y una gran idea”. Esta declaración sintetiza el vínculo profundo que mantiene con la región y el espíritu con el que recorre cada rincón del noroeste argentino.

Este viaje coincide con la previa del carnaval, una de las celebraciones más importantes para la comunidad local. Las calles ya muestran los preparativos, con banderines, máscaras y músicos ensayando, anticipando el clima festivo que caracteriza a Tilcara durante enero y febrero. Dolores acompañó la procesión típica, sintiéndose parte de la experiencia y sumando a su relato el color y la energía de una fiesta popular que convoca a residentes y visitantes.

Barreiro suele buscar inspiración en los mercados y ferias del noroeste, lugares donde la identidad local se expresa en la variedad de productos y en el trato cercano de sus habitantes. Esta conexión con la región se refleja en la elección de prendas y accesorios, la preferencia por la gastronomía típica y la difusión de paisajes y costumbres a través de su perfil público. La visita a Tilcara se suma a una secuencia de viajes por el noroeste argentino que la modelo realiza con frecuencia, para renovar el contacto físico y espiritual con una de las regiones más lindas de la Argentina.

La crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy impactó de forma directa en la renovación de sus autoridades y en la continuidad de sus principales referentes. Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, designados interventores por Cristina Kirchner, resolvieron suspender la afiliación de la senadora nacional Carolina Moisés y de otros dirigentes por grave inconducta partidaria, una medida que afecta a 300 afiliados y que implica la postergación de las elecciones internas originalmente previstas para el 15 de febrero.

La resolución, firmada por Fernández y Menéndez, estableció la suspensión transitoria de la afiliación de Carolina Moisés, Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes junto a cientos de militantes participaron en listas de fuerzas políticas distintas al PJ durante las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de mayo. La intervención abrió sumarios para determinar eventuales sanciones definitivas. Los dirigentes tendrán un plazo de 72 horas para realizar su descargo, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa, conforme al proceso fijado por la intervención, según detalló Jujuy Dice.

Entre los fundamentos para la sanción, los interventores señalaron que Moisés “vulneró gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo” al apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado. Además, se le imputa haber promovido su imagen en la lista Frente Somos Más —Lista N.° 508, competencia directa del PJ en Jujuy, sin autorización previa de los órganos partidarios.

En el caso de Rivarola, ex presidente del PJ y ex candidato a gobernador, la intervención le atribuyó haber competido con la lista Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), que compitió con el peronismo en las últimas elecciones, y haber alcanzado acuerdos institucionales con el entonces gobernador Gerardo Morales para aprobar la reforma constitucional, hecho que precipitó la decisión de intervenir el partido en 2023.

A Jenefes, ex vicegobernador y ex senador nacional, se lo señaló por realizar una campaña de desprestigio desde el medio provincial de su propiedad. También figura entre los convencionales constituyentes suspendidos —junto a Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ros y otros— por respaldar cambios constitucionales cuestionados por la intervención, que consideró en su resolución que esos apoyos lesionaron “derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar”.

La sanción también recayó en más de 300 militantes, muchos de ellos con cargos públicos, incluyendo intendentes, diputados provinciales y concejales —entre los que destacan Eduardo Rivarola, Ernesto Rivarola, Pedro Belizán, Nilson Ortega, Hugo Garay, Martín Fellner y otros—, todos señalados en los anexos de la resolución por haber participado electoralmente fuera del PJ o en alianzas no avaladas por la estructura partidaria.

Los interventores fundamentaron el alcance de la medida en la necesidad de “preservar la identidad política” y “garantizar la coherencia doctrinaria” del PJ, afirmando que los partidos “no son meras estructuras electorales”, sino movimientos fundados en principios históricos como la lealtad al movimiento, la unidad de acción y la subordinación de los intereses individuales a los colectivos del pueblo, citando las Veinte Verdades Peronistas como sustento ético.

La postergación de las internas, que enfrentaban a las listas de Moisés y de la diputada nacional Leila Chaher, fue formalizada para el 24 de abril de 2026, luego de que el proceso electoral regresara a “foja cero” por graves razones institucionales, según la Resolución Nº 2/2026. El documento señala que la decisión implica “un dar de nuevo en la dirigencia peronista jujeña” en busca de reconstruir un partido que arrastra fracturas y denuncias de traición a las bases desde el apoyo de varios legisladores justicialistas a la reforma impulsada por Morales.

La disputa entre las principales listas, sumada a recientes renuncias y tensiones internas, precipitó la intervención que permaneció adormecida hasta la última semana y, con la nueva convocatoria, abre un escenario de reorganización y definiciones de cara a las elecciones de 2027 en la provincia.

En una nueva estrategia en conjunto por parte de un grupo de gobernadores, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán realizaron una presentación ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por los masivos cortes de luz que se registraron en estos territorios que afectaron a 900 mil usuarios.

La presentación fue realizada por cada uno de los titulares de los organismos provinciales, es decir, firmaron el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP), Carlos Saravia; el secretario de Energía jujeño, Mario Alejandro Pizarro; y el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), José Ricardo Ascárate.

En la misma reclamaron a la empresa Transnoa S.A. que se encarga de la distribución de la energía, por fallas debido a negligencia y falta de inversión. En ese sentido, le exigen al ENRE que aplique las auditorías correspondientes y sancione para que se pueda garantizar el servicio.

La magnitud de los apagones, que en menos de una semana dejaron sin suministro eléctrico a cientos de miles de hogares, comercios y servicios esenciales, puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética en el Noroeste argentino. Según datos oficiales, los cortes no solo interrumpieron la vida cotidiana de los habitantes, sino que también complicaron la provisión de agua potable y la atención sanitaria en hospitales y centros de salud, cuyos sistemas dependen de la energía para operar con normalidad.

La denuncia administrativa fue formalizada en la sede del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, con la presencia de los principales referentes energéticos de cada provincia. Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en que el sistema de alta tensión operado por Transnoa S.A. atraviesa una crisis por la falta de inversiones y por la escasez de personal técnico suficiente para responder a las emergencias.

Las tres jurisdicciones detallaron que los cortes registrados en enero no constituyen hechos aislados, sino que evidencian un deterioro estructural en la operación de la empresa concesionaria. Entre los principales puntos del reclamo se destacan la ausencia de mantenimiento de la red, el incumplimiento de normativas vigentes y una política de gestión que, según la denuncia, privilegia la rentabilidad por encima de la calidad del servicio eléctrico.

En la provincia de Salta, 90.000 usuarios resultaron afectados entre el 22 y el 23 de enero en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Jujuy experimentó un evento de mayor alcance: más de 750.000 habitantes de Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua, Caimancito, Yuto, El Talar, San Pedro y Vinalito quedaron sin energía entre el 23 y el 24 de enero. En Tucumán, la interrupción se produjo el 23 de enero, cuando la Estación Transformadora Aguilares quedó fuera de servicio, afectando a unos 60.000 usuarios en la zona sur provincial.

En la denuncia, las autoridades provinciales requirieron al ENRE que ordene auditorías técnicas sobre el desempeño y la disponibilidad de los recursos logísticos de Transnoa S.A.. El texto presentado solicita al ente regulador que se inicien los procesos sancionatorios y se impongan penalidades conforme a los contratos de concesión, fundamentando la petición en la falta de inversiones y en la imposibilidad de la empresa de restablecer el servicio en tiempos razonables.

El documento exige la realización de una auditoría sobre las indisponibilidades declaradas por la empresa, con el objetivo de determinar si los cortes deben ser computados como incumplimientos contractuales. Además, solicita que la empresa informe la cantidad de cuadrillas y personal técnico con los que cuenta en la región, así como la infraestructura disponible en Salta, Tucumán y Jujuy para asegurar el correcto mantenimiento y operación de las instalaciones.

Asimismo, exigen a la firma que presente un estudio sobre el estado de conservación de sus instalaciones y un plan de contingencia ante eventos climáticos y altas temperaturas, escenarios cada vez más recurrentes en la región. En tanto, piden la apertura de oficinas comerciales en cada una de las provincias donde la transportista opera, para facilitar la atención y recepción de reclamos de los usuarios.

Los efectos colaterales de los apagones se sintieron especialmente en los servicios básicos. La provisión de agua potable se vio gravemente comprometida, ya que los pozos de captación subterránea dependen de la energía eléctrica. En hospitales y clínicas, las interrupciones generaron complicaciones en la atención, al limitar el funcionamiento de equipos médicos y sistemas de refrigeración necesarios para la conservación de insumos.

El petitorio presentado ante el ENRE también solicita información sobre las multas que el organismo aplicó a Transnoa S.A. entre 2019 y 2025, así como la obligación de la empresa de detallar sus planes de inversión y las acciones correctivas que planea implementar para evitar la repetición de fallas.

¿En qué medida las actividades exportadoras se trasladan al resto de las actividades económicas en las provincias que las generan? Tal fue la pregunta que se planteó Jorge Day, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea para evaluar el efecto en las economías provinciales de dos de los sectores que más fuertemente impulsaron las ventas externas de la Argentina en 2025: Vaca Muerta y la Minería.

Vaca Muerta aportó el grueso del aumento de las exportaciones de hidrocarburos y energía (fundamentalmente, petróleo) que hicieron que el año pasado la balanza comercial energética tuviera un saldo de poco más de USD 7.800 millones. La minería, en tanto, registró el año pasado un récord histórico de exportaciones, con USD 6.037 millones, de las cuales dos tercios se debieron a las ventas de oro, gracias al fortísimo aumento del precio mundial del metal precioso.

“Este desempeño fue particularmente marcado en Neuquén, en el caso del petróleo, y en provincias con fuerte presencia de minería metalífera como Santa Cruz, Salta, San Juan y Jujuy”, dice el informe de Day, quien se preguntó si ese impulso exportador se trasladó al resto de las actividades económicas en esas provincias, pero no limitó su análisis a 2025, sino que recogió la evolución de los últimos años- De todos modos, advirtió, “los cambios observados no pueden atribuirse exclusivamente a la minería o al petróleo, dado el peso del contexto macroeconómico nacional”.

Patrón claro

El informe destacó resultados dispares en materia de empleo, ingresos y consumo locales. “Los datos muestran un patrón claro: desde la salida de la pandemia, Neuquén registra un crecimiento sostenido del empleo privado formal y de la masa salarial real, muy por encima del promedio nacional. En contraste, en las provincias mineras el empleo privado se ha mantenido estable o en retroceso, y la masa salarial no muestra mejoras significativas en términos reales”, dice un pasaje.

El documento observa una dinámica similar en los datos de consumo. “Las ventas en supermercados, el patentamiento de autos y la actividad en centros comerciales evolucionaron de manera claramente más favorable en Neuquén y, en general, en la región patagónica. En cambio, en las provincias mineras del norte y del oeste el consumo muestra desempeños más débiles, sin una recuperación sostenida que acompañe el crecimiento de las exportaciones”.

Brutas diferencias

La diferencia también alcanza la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, el más importante tributo de recaudación provincial. “Neuquén vuelve a destacarse con un aumento real significativo, consistente con la expansión de la actividad económica. En Salta la mejora es más moderada, mientras que, en San Juan, Santa Cruz y Jujuy, la recaudación presenta una evolución mucho más acotada, e incluso estancada en los últimos años”, escribió Day.

Vale señalar además que según una investigación del petrofísico argentino Juan Carlos Glorioso, exfuncionario de YPF y especialista en certificación de reservas hidrocarburíferas, la recaudación de Neuquén por regalías de petróleo y gas pasó de USD 439 millones en 2006 a USD 1.516 millones en 2024, un aumento del 245% que dejó en las arcas provinciales, solo por ese concepto, unos 4,15 millones de dólares diarios.

Razones diferenciales

A la hora de explicar estos diferentes impactos, el investigador enumeró tres factores, a saber:

1. En primer lugar, San Juan y Neuquén se destacan como provincias relativamente exportadoras, mientras que el resto presenta un bajo grado de inserción externa. En San Juan, las exportaciones representan aproximadamente un cuarto de su producto geográfico bruto (PGB), y en Neuquén cerca de un sexto. En las demás provincias mineras, esa relación es sensiblemente menor, lo que limita el impacto macroeconómico del crecimiento exportador sobre el conjunto de la economía local.
2. La magnitud del crecimiento productivo ha sido muy distinta. En los últimos ocho años, la extracción de petróleo en Neuquén aumentó cerca de un 400%, mientras que el crecimiento de las exportaciones totales en las provincias mineras fue mucho más moderado y, en general, no superó el 70%. Esta diferencia resulta clave para entender por qué el impulso exportador sólo se tradujo en efectos económicos amplios en algunos casos.
3. El tercer factor es tal vez el más determinante: el “derrame” sobre las economías provinciales depende de los encadenamientos que genera cada actividad. “En el petróleo no convencional, los eslabonamientos hacia atrás suelen ser más intensos, porque requiere una cadena amplia y sostenida de servicios e insumos (perforación, fractura, transporte, metalmecánica y obras), además de impulsar demanda inducida por empleo e ingresos. En la minería metalífera, en cambio, predominan encadenamientos más acotados y mayor integración con proveedores externos, por lo que el impacto local tiende a ser más “enclave”: exportaciones elevadas, pero efectos relativamente menores sobre empleo, consumo y diversificación productiva”, subraya el documento.

Según Day, el crecimiento de las exportaciones vinculadas a Vaca Muerta y a la minería metalífera también evidencia “disparidades regionales”. Neuquén, destaca, “aparece como un caso singular, donde una elevada expansión productiva de un sector con elevados eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y un mayor grado de apertura exportadora, permitieron que el boom se reflejara con claridad en el empleo, los ingresos, el consumo y la actividad. En la mayoría de la provincias mineras, en cambio, “el aumento de las exportaciones convivió con desempeños más débiles del resto de la economía, reflejando una menor apertura externa y un crecimiento productivo con efecto derrame más acotado.

Neuquén es un caso singular, una elevada expansión productiva de un sector con elevados eslabonamientos y un mayor grado de apertura exportadora permitieron que el boom se reflejara con claridad en el empleo, los ingresos, el consumo y la actividad

El investigador agregó a esa descripción el rol de los precios internacionales.” Mientras que varios minerales clave atraviesan un contexto favorable, el precio del petróleo muestra una tendencia más débil, lo que podría moderar el ritmo de expansión de la actividad petrolera en los próximos años. Esto es, el aumento exportador de Vaca Muerta se basó en un fenómeno productivo, mientras que el de las ventas mineras reposó fuertemente en el aumento del precio del oro y de la plata y solo en el caso del litio el sustento más importante fue el aumento de la producción.

“En síntesis, Vaca Muerta constituye hoy un motor regional, mientras que la minería funciona como un sector exportador relevante, pero con efectos económicos más limitados, capaces de elevar el nivel de ingresos cuando el volumen exportado alcanza una escala suficiente y se mantiene durante un período prolongado”, concluyó Day.

Gendarmería Nacional y personal del Ministerio de Ambiente de Jujuy decomisaron y rescataron en las últimas horas a un total de 13 ejemplares de loro hablador sobre la Ruta Nacional 34, en Jujuy. El procedimiento se dio en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El hallazgo derivó en la inmediata derivación de los animales al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju) para su recuperación. Fuentes del operativo confirmaron a Infobae que el operativo se activó durante un control de rutina, cuando el personal advirtió que las aves viajaban en un vehículo particular, situación que violó todas las normativas de protección de fauna silvestre vigentes.

El traslado al Cafaju implicó la intervención de especialistas veterinarios, quienes, de acuerdo al informe oficial, ya comenzaron el proceso clínico para evaluar la salud de los loros y facilitar su proceso de rehabilitación.

“Hoy, los animales se encuentran bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural cuando estén en condiciones”, detallaron desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy a través de sus redes sociales.

Y subrayaron: “Recordamos que la fauna silvestre no es mascota. Su tenencia y venta están prohibidas y provocan daño a los animales y a los ecosistemas”.

El martes pasado, la Cafaju salvó la vida de una hembra adulta de zorro colorado (Lycalopex culpaeus), que fue atropellada en inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, en la zona de Abra Pampa.

Tras ser atendido por el equipo veterinario, los estudios radiográficos confirmaron una fractura en el olécranon, a la altura del codo, lo que imposibilitaba el movimiento normal del animal y hacía necesaria una cirugía. El procedimiento contempló la colocación de un pin acompañado de una banda de tensión, intervención que resultó exitosa y permitirá conservar la funcionalidad de la extremidad.

El ejemplar permanece en el sector de aislamiento del CAFAJU, bajo tratamiento farmacológico y observación constante. Al concluir el proceso de rehabilitación, se analizará la posibilidad de reinsertarlo en su entorno natural.

Desde el Ministerio de Ambiente reforzaron el pedido de colaboración ciudadana ante nuevas alertas por tráfico o hallazgo de animales silvestres heridos. “Instamos a la comunidad a denunciar cualquier situación vinculada al tráfico de fauna o presencia de animales silvestres heridos comunicándose al teléfono celular 388-4409250”, reiteraron voceros para reforzar la línea de contacto frente a nuevos episodios.

Asimismo recuerdan que la ley provincial N° 3014 declara de interés público la protección, conservación, restauración y propagación de “todas las especies de la fauna terrestre, autóctona o exótica que temporal o permanentemente habitan el territorio de la Provincia o lugares sometidos a su jurisdicción y que viven libres o independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales”.

La especie

El loro hablador (Amazona Aestiva) se encuentra en los bosques y selvas del centro y norte de Sudamérica. Esta especie, reconocida por su capacidad para reproducir sonidos humanos, destaca como una de las aves más populares en el comercio de mascotas, situación que llevó a organismos internacionales a reforzar su protección.

Este tipo de ave se caracteriza por un plumaje mayoritariamente verde, una mancha azul en la frente y zonas amarillas en la cabeza, atributos que, junto a su tamaño de entre 35 y 37 centímetros y un peso que ronda los 400 gramos, facilitan su identificación en regiones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

De acuerdo con datos de la Animal Diversity Web, existen dos subespecies principales: Amazona aestiva aestiva, que habita el este de Brasil y exhibe manchas rojas y amarillas en las alas, y Amazona aestiva xanthopteryx, presente en el suroeste de Brasil y el norte de Argentina, con predominio de amarillo en esas zonas.

La dieta del loro hablador incluye semillas, frutas, flores y brotes, aunque frecuenta cultivos agrícolas. La especie figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que implica controles estrictos sobre su captura y venta. El declive de los hábitats naturales, producto de la deforestación y la expansión agrícola, representa otra amenaza significativa para la supervivencia de esta especie.

Un nuevo episodio de robos millonarios en Jujuy situó a la localidad de El Carmen en el centro de la preocupación por la creciente inseguridad. El caso más reciente involucró a una distribuidora de alimentos y bebidas ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 42, donde los delincuentes sustrajeron una caja fuerte con más de 9 millones de pesos y cerca de 600 mil pesos de la caja registradora, alcanzando un botín cercano a los 10 millones de pesos. La magnitud del golpe, así como la metodología aplicada, intensificó las investigaciones ante la inquietud de la comunidad local.

Todo salió a la luz cuando un empleado descubrió la puerta trasera abierta y alertó rápidamente a la propietaria; de igual forma, el ingreso no había sido forzado. Una vez dentro, confirmaron la desaparición de la caja fuerte y de los fondos en efectivo, sin que la puerta principal evidenciara roturas o manipulaciones.

Inmediatamente, los investigadores orientaron sus primeras diligencias hacia el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de huellas dactilares en distintos puntos del inmueble. También evalúan los movimientos previos y posteriores a los sucesos y tratan de establecer el número de participantes y el procedimiento utilizado para trasladar la caja fuerte desde el local.

El aumento de hechos de esta naturaleza no se limita a El Carmen. En Libertador General San Martín, un grupo armado protagonizó otra incursión durante la madrugada en una vivienda del barrio Las Lomas. Cinco personas, vestidas con ropa de grafa, ingresaron armadas y amenazaron a una familia compuesta por dos mujeres, un hombre y cuatro menores, a quienes encerraron en una habitación. Los intrusos se llevaron una suma que superaría los 30 mil dólares y cerca de 2 millones de pesos, además de las llaves de un camión y una camioneta pertenecientes a la familia.

Antes de abandonar la escena, los asaltantes también sustrajeron accesorios de las cámaras de seguridad del domicilio, presumiblemente con la intención de eliminar pruebas del hecho. Hasta el momento, no se han reportado personas demoradas o detenidas por este asalto, mientras que el avance de la investigación se mantiene bajo reserva.

El fenómeno de la inseguridad se extendió incluso a instituciones religiosas. El Santuario de Río Blanco sufrió un nuevo robo. Los delincuentes aprovecharon la puerta lateral ubicada en un rincón del templo para acceder durante la siesta y se apropiaron de una consola de sonido y tres micrófonos nuevos.

El párroco Germán Maccagno precisó: “Fue a la siesta. Entraron por una puerta lateral”. Agregó, además, que estos hechos no son aislados: “Siempre hay de estos que andan buscando cosas para seguramente venderlas y hacer otras cosas”, comentó, y reflexionó sobre la cantidad de incidentes similares registrados en el santuario: “Calculamos que capaz que es el mismo muchacho, no sabemos porque nadie vio nada y en ese sector por donde entró tampoco hay cámaras”.

Maccagno remarcó la preocupación de la comunidad: “La inseguridad preocupa porque en cualquier momento pueden robar cosas mucho más valiosas. Lo que pasa es que el santuario está abierto para que la gente pueda ir a rezar tranquilamente y se meten con facilidad”, declaró a Todo Jujuy.

El religioso también resaltó que, pese a la presencia constante de feligreses, hasta el momento no han surgido testigos ni registros que permitan reconstruir el ingreso de los ladrones: “Hasta la adoración perpetua que está ahí al lado, también siempre hay gente las veinticuatro horas, pero no vieron nada”, concluyó.

El colapso parcial de un muro de adobe en la Catedral Basílica del Santísimo Salvador en marzo de 2025, ocasionado por intensas lluvias, dio inicio a una intervención científica inédita en el patrimonio de Jujuy.

El templo, cuya construcción se inició en el siglo XVII, tenía graves daños estructurales producto de intensas lluvias que la dejó al borde del derrumbe.

Infobae habló con los líderes de este proyecto de científicos transdisciplinares del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, quienes, movilizados por salvar el patrimonio de su comunidad, se encargaron de relevar, diagnosticar y diseñar el proceso de restauración integral del monumento histórico.

“La Catedral Basílica de Jujuy es testigo de siglos de Fe y de la historia de nuestro pueblo, representa un patrimonio dual invaluable: es casa de Dios, lugar de encuentro y celebración de la comunidad católica y al mismo tiempo, un bien cultural de la Nación, símbolo de nuestra identidad e historia colectiva”, señaló a Infobae la arquitecta Viviana Ybran, responsable técnica en el Obispado de Jujuy.

Desde Tilcara al mundo

Desde el comienzo de la emergencia, la Dirección Provincial de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, jugó un papel central en la coordinación y articulación de los trabajos.

Horacio Calsina, director provincial de Arquitectura, destacó a Infobae: “La Dirección Provincial de Arquitectura lidera los trabajos de puesta en valor y mantenimiento de los edificios que integran el patrimonio histórico de nuestra provincia, en coordinación con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Turismo”.

Consultado por Infobae, Jorge Tomasi, científico del CONICET y líder del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT), ubicado en Tilcara, explicó: “Se trata de la aplicación de la ciencia al patrimonio, lo que permite soluciones transferibles y una visión estratégica en la gestión del legado cultural”.

El grupo de trabajo liderado por Tomasi, perteneciente al Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Sociedad “Rodolfo Kusch” de la Universidad Nacional de Jujuy, se hizo cargo del diagnóstico integral del edificio, cuya estructura fue construida en distintas etapas superpuestas desde el siglo XVII.

Las tecnologías aplicadas permitieron comprender las causas profundas del deterioro y orientar nuevos abordajes para la conservación del patrimonio.

Calsina remarcó la complejidad técnica que implicó intervenir en la catedral: “Tras el incidente ocurrido a principios de 2025, la complejidad técnica del edificio —protegido por la Comisión Nacional de Monumentos— demandó la conformación de un equipo de especialistas de excelencia. Ante este desafío, y con el antecedente exitoso de la intervención en el Cabildo de San Salvador, el Gobierno provincial decidió convocar nuevamente a investigadores del CONICET”.

“Somos un equipo de ocho trabajadores del CONICET, entre investigadores, becarios y becarias, que pertenecemos al laboratorio ubicado en Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca”, relató Tomasi y agregó: “Este laboratorio se especializa en el estudio de las tecnologías de construcción con tierra, tanto actuales como históricas, como adobe, tapia y quincha, técnicas características del noreste argentino y otras regiones del país”.

Tomasi explicó: “En el caso de la catedral colaboramos con la Dirección Provincial de Arquitectura, algo novedoso, ya que un organismo de gestión provincial convoque al CONICET es inédito y permitió llevar adelante este proyecto”.

Ante la consulta de Infobae, Calsina enumeró las tres etapas del proyecto en colaboración con investigadores del Conicet:

• Diagnóstico técnico: evaluación profunda de las patologías del edificio
• Proyecto Integral: diseño de la estrategia de restauración.
• Ejecución: puesta en valor final (sujeta a la disponibilidad de fondos)

“Para el nosotros, trabajar junto a expertos del Laboratorio de Arquitectura en Tierra del CONICET no solo garantiza resultados de rigor científico, sino que representa una instancia de aprendizaje invaluable para nuestros equipos técnicos en intervenciones de alta complejidad”, señaló el responsable de la Dirección Provincial de Arquitectura.

“El Obispado de Jujuy agradece profundamente el trabajo científico, riguroso e invaluable que el equipo del Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT), liderado por el científico del CONICET, Dr. Jorge Tomasi, quien aplicó una metodología que combina tecnología de vanguardia con un profundo respeto por la materialidad y la historia original del edificio”, agregó la arquitecta Ybran.

La responsabable técnica en el Obispado jujeño agregó que “ el conocimiento generado no sólo guiará la restauración de nuestra Catedral sino que también contribuirá a la preservación de otros templos históricos de la región, legando a las futuras generaciones tanto un patrimonio material seguro como un saber científico aplicado a la conservación de la memoria colectiva”.

Entender que pasó

El abordaje fue integral desde el principio. “Hacer el diagnóstico y entender qué le pasó al edificio, qué falló tecnológica y estructuralmente para que ocurriera ese colapso, que es un síntoma de algo más profundo en el edificio, cuya causa debemos comprender”, afirmó Tomasi.

Debido a la escasa documentación histórica, el equipo optó por un relevamiento arquitectónico y constructivo desde cero. “Tuvimos que estudiar el edificio, realizar los primeros planos actualizados en mucho tiempo, relevarlo integralmente, conocer su materialidad y distintas técnicas constructivas, y observar cómo tuvo múltiples intervenciones desde el siglo XVII hasta hoy, la mayoría fuera de los documentos. Así que debimos estudiar las huellas que están en el edificio”, agregó el investigador.

“Combinamos el trabajo de campo con el uso de herramientas diversas, el análisis de archivo, el trabajo de laboratorio en Tilcara y el de gabinete, para procesar la gran cantidad de información recolectada”, narró Tomasi.

— El proyecto surge a partir de un colapso producido por lluvias extremas y derrumbe en la Catedral, ¿cómo se conforma este equipo transdisciplinar, con qué problemas y atributos se fueron encontrando?

—Jorge Tomasi: Entre las herramientas aplicadas destacan el levantamiento métrico con láser, los registros aéreos con drones y la integración de planos y elevaciones precisas. El grupo produjo imágenes ortogonales, ortomosaicos fotogramétricos, fotografías de detalle y diarios de campo. Este material no solo documenta el estado actual, sino que permite mapear con exactitud las patologías y degradaciones presentes en la estructura

Un procedimiento clave fue la realización de más de 100 cateos, que son pequeñas aperturas sistemáticas en los muros para inspeccionar el interior y medir los niveles de humedad. Hicimos cateos en diferentes puntos de los muros, tanto sistemáticos como puntuales, para lograr un muestreo representativo y también en sectores donde había fisuras o grietas, para saber si el daño era superficial o estructural. El análisis de humedad ayudó a generar mapas que muestran cómo incide este factor en distintas zonas del edificio. La heterogeneidad constructiva y la ausencia de documentación previa nos obligaron a crear registros totalmente nuevos. Los muros, con un espesor de 1,70 metros, representaron desafíos técnicos extra.

— ¿Qué otras obras emblemáticas en el país, en el marco de equipos de restauración se han realizado en los últimos tiempos en la Argentina con equipos del CONICET? No se suele asociar una tarea de valor científico con la restauración, pero claramente lo es. ¿Cómo es el estatus del proyecto hoy y qué se viene?

—Tomasi: La experiencia del equipo se basa en trabajos previos en otros sitios patrimoniales del norte argentino. En los últimos años participamos en los proyectos de restauración de la casa del Marqués en Yavi, la iglesia Santa Cruz y San Francisco de Paula de Uquía—ambos monumentos históricos nacionales—y también en la iglesia de Tabladitas, en la puna jujeña. Colaboramos en los pliegos del Cabildo de Jujuy. Durante 2026, junto a la Dirección Provincial de Arquitectura, vamos a encarar la producción del proyecto ejecutivo para la restauración. Nuestra tarea será generar ese proyecto, incluyendo los pliegos para que la obra pueda ejecutarse.

Bajo la coordinación de Tomasi, integran el equipo la doctora Julieta Barada, la doctora Natalia Veliz, la doctora Gabriela Varela Freire, el ingeniero Nicolás Losa, el arquitecto Diego Tejerina, la licenciada Karen Quispe y la arquitecta Valentina Millón

“Nos entendemos como un recurso del Estado y parte de sus capacidades”, reflexionó Tomasi. “Es importante visibilizar los múltiples campos en los que el CONICET aporta a la sociedad: la conservación, el estudio de las tecnologías de la construcción, y la tarea de equipos de todo el país que se dedican a estas temáticas”, concluyó a Infobae.

En tanto, la arquitecta Ybran del Obispado de Jujuy consideró que “el trabajo mancomunado entre el CONICET, la UNJu y todo el equipo del LAAyCT ejemplifica un trabajo de colaboración fructífera donde la ciencia se pone al servicio de la comunidad, de la cultura y de la Fe. Su dedicación y compromiso no sólo diagnostica un edificio, sino que custodia un símbolo de identidad, un santuario de la Fe y un capítulo irremplazable de la historia argentina".

El hallazgo se produjo el pasado 29 de diciembre mientras ambas pasajeras viajaban en un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal, en la provincia de Salta, con destino a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Personal de Gendarmería Nacional advirtió irregularidades en la vestimenta de las pasajeras al inspeccionar la documentación. La sospecha inicial llevó a solicitar la intervención de la Fiscalía Federal Única de Jujuy, la cual autorizó una requisa exhaustiva sobre las involucradas.

En ese momento, los funcionarios descubrieron fajos de billetes adheridos a los cuerpos de ambas mujeres, quienes intentaban ocultarlos entre sus prendas de vestir.

La pericia técnica realizada por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 60 “San Pedro” permitió confirmar que los dólares incautados eran apócrifos. Los especialistas determinaron que el total secuestrado ascendía a 11.600 dólares estadounidenses, una suma que se encontraba distribuida en varios fajos cuidadosamente escondidos. Además, junto con la divisa extranjera, se retuvieron otros elementos considerados de interés para la causa judicial que se inició tras el operativo.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, durante el proceso de identificación, se constató que una de las detenidas se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado Federal de Salta.

Esta circunstancia agravó la situación procesal de la sospechosa, quien había abandonado el lugar de cumplimiento de la restricción judicial para trasladarse hasta la provincia de Jujuy. La otra mujer, también pasajera del remís, fue igualmente detenida y puesta a disposición de la justicia federal.

Las autoridades dispusieron la detención de ambas mujeres, aunque posteriormente recuperaron la libertad, quedando supeditadas a la causa penal en curso.

El procedimiento se enmarcó en los operativos de control que Gendarmería Nacional desarrolla de manera permanente sobre rutas estratégicas para prevenir delitos federales, como el narcotráfico y la circulación de moneda falsa.

Fuentes oficiales precisaron que los controles sobre la Ruta Nacional Nº34 suelen intensificarse en temporadas de mayor circulación interprovincial, dado su carácter de corredor clave entre Salta y Jujuy.

En julio pasado, un control sorpresa de Gendarmería Nacional detuvo durante la madrugada a un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires sobre la Ruta Nacional 34, en el paraje El Empalado. Al revisar el equipaje, los efectivos hallaron una suma aproximada de USD 200.000 no declarada por ninguno de los pasajeros.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3. Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó como una inspección de rutina, pero derivó en un procedimiento de mayor envergadura ante el hallazgo del dinero, cuya procedencia no pudo ser acreditada en el momento por ninguna persona del contingente.

Con la requisa ya en marcha, el micro fue escoltado hasta el Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, donde quedó demorado junto a sus pasajeros para profundizar las tareas de identificación y perfilar el destino de los fondos incautados, además de las pericias dispuestas por la unidad investigativa.

Si bien trascendió que se trató de dinero no declarado hallado entre las pertenencias del pasaje, no se detalló dónde se localizó el efectivo. La investigación la lleva la Fiscalía Federal de Santiago del Estero para determinar posibles infracciones a la ley penal tributaria, lavado de activos o la existencia de otros delitos relacionados.

Los pasajeros, en su mayoría oriundos de Jujuy, permanecieron alojados en el destacamento de Gendarmería durante el operativo.

“Juré que no me iba a volver a pasar”, expresó. La publicación reflejó la sorpresa y el entusiasmo que marcaron este nuevo inicio en su vida sentimental. El anuncio se realizó en un video difundido en Instagram, donde la modelo vistió un traje blanco tradicional y se sumó al conocido ritual de Año Nuevo, que sugiere a quienes buscan el amor pasar bajo la mesa en el cambio de año.

La influencer apareció junto a un joven cuya identidad no fue revelada, y la escena terminó con ambos compartiendo muestras de cariño, entre besos y abrazos para recibir el 2026. La publicación incluyó una frase que resonó entre quienes siguen la vida de la influencer: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. WOW”.

Las imágenes reflejaron a Jujuy sonriente, tímida y cercana, sumando gestos románticos y un ambiente de complicidad con su pareja. Este contenido capturó la atención del público y motivó una respuesta masiva en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en llegar: el video provocó entusiasmo y múltiples muestras de apoyo. Sus seguidores valoraron la espontaneidad y alegría de la modelo, quien mostró una actitud a pura felicidad durante el anuncio. Las imágenes y palabras compartidas por la influencer ofrecieron un retrato directo del inicio de una nueva etapa sentimental inesperada para ella misma.

El contexto de este nuevo vínculo toma relevancia a partir de la ruptura pública con Bautista Bello en 2023. En aquel entonces, la separación fue motivada por una infidelidad del polista, conocida tras la difusión de imágenes en redes sociales y mientras Jiménez participaba en un reality en Europa. La modelo expresó públicamente su dolor: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”. Ese episodio generó un impacto profundo y marcó una etapa de introspección en su vida afectiva.

En una nota con el Pollo Álvarez para Infobae en septiembre de este año, la animadora se refirió al momento de introspección que vivía: “El último tiempo estoy buscando esa paz interior. Trabajar con la exposición y en este mundo tan acelerado es un tema. La vida creo que está siendo como muy acelerada, pero personalmente hablo de mi laburo y de mi área, que vivís como al palo, ¿viste? Todo el tiempo vas de un lado al otro, no tenés un trabajo fijo, como puede ser el de oficina. Estar tanto tiempo con la exposición o trabajando para afuera te da la necesidad urgente de tener paz adentro y después afuera, pase lo que pase. Pero sí. Estoy en paz conmigo".

Jujuy contó que la clave fue la “meditación y obviamente terapia, que siempre hace muy bien”: “Ya hace como seis años que voy con Lu, mi psicóloga. Ahora voy una vez por mes, pero en los momentos de crisis capaz iba una vez por semana. Cuando empecé con ella, yo salía de una relación de muchos años y tenía la intención de no repetir cosas que no me habían hecho bien.

Con la llegada de 2026 y este nuevo anuncio, Sofía Jiménez transmitió ante sus seguidores una renovada confianza en el amor. Después de atravesar desilusiones y momentos difíciles, su mensaje de inicio de año simbolizó la posibilidad de un renacer sentimental. Las imágenes y palabras de la modelo reflejaron la magnitud y el valor de los nuevos comienzos, incluso cuando estos llegan sin previsión y transforman los sentimientos.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, bajo la dirección del fiscal Sebastián Jure, avanzó en las últimas horas con la formalización de la investigación penal contra el conductor de una camioneta Citroën Berlingo que fue interceptada en la localidad de Ledesma, Jujuy. Según informaron fuentes del caso, el juez federal de Garantías N° 1 de esa jurisdicción, Eduardo Hansen, declaró la legalidad de la detención en la audiencia realizada el 5 de diciembre y ordenó la prisión preventiva del imputado.

El episodio se remonta a la mañana del 3 de diciembre, cuando personal del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional, sección Libertador General San Martín, realizaba un control vehicular rutinario sobre la carretera. Al detener la marcha de una Citroën Berlingo, proveniente de Orán y con destino a Caimancito, los efectivos dieron paso a una inspección más exhaustiva. El conductor, identificado como R. A. D., fue interrogado sobre el trayecto y la documentación del rodado. Durante estas maniobras, el can antinarcótico del escuadrón ejecutó una “marcación pasiva” en la zona del asiento del conductor, acción que activó las alarmas para una requisa en profundidad, siguiendo directivas de la Fiscalía y en presencia de testigos.

Al avanzar con la revisión, los gendarmes detectaron un “doble fondo” detrás de los asientos delanteros, donde se observaron anomalías estructurales, como la falta de tornillos y fijaciones internas. “Los efectivos extrajeron del compartimiento 58 paquetes de sustancia”, detalló la fiscalía. El pesaje final arrojó 52 kilos y 418 gramos de cocaína, una cantidad cuyo valor en el mercado supera los 600 mil dólares y, según remarcaron los investigadores, puede incrementarse al desplazarse hacia el sur del país.

La investigación penal recayó sobre R. A. D., que enfrenta el cargo de transporte de estupefacientes. En la audiencia, el fiscal Sebastián Jure, junto al auxiliar fiscal Juan Batule, solicitó la prisión preventiva del imputado. El juez Eduardo Hansen aceptó el plazo de investigación propuesto y dispuso medidas adicionales para avanzar con la causa.

El expediente no solo se apoya en el hallazgo de la droga. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentaron pruebas sobre los antecedentes del conductor, quien es oriundo de la provincia de Tucumán. El acusado registra una condena previa de 5 años y 6 meses de prisión por el mismo delito de transporte de estupefacientes, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta el 9 de diciembre de 2020. Además, sobre el sospechoso pesa un requerimiento de elevación a juicio en la justicia provincial de Jujuy por tenencia de armas de guerra, junto a cinco registros policiales por delitos de robo y robo a mano armada.

La situación personal de R. A. D. se tornó determinante para la decisión judicial. El MPF remarcó la falta de arraigo del imputado: no se pudo confirmar residencia estable, vínculos familiares, amistades cercanas ni antecedentes laborales formales. Tampoco cuenta con obra social, ni se hallaron registros activos en ARCA o negativos en ANSES. “La gravedad y naturaleza del hecho, sumadas a los antecedentes y la ausencia de arraigo, permiten presumir la existencia de una organización narcocriminal detrás del conductor”, argumentó la fiscalía en la audiencia, según consta en el expediente.

La droga incautada, distribuida en 58 paquetes, fue puesta a disposición de la justicia federal, mientras continúan las medidas dispuestas por el juez para identificar posibles ramificaciones del caso.

El proceso penal sigue en trámite y, de acuerdo a lo dispuesto por el juez Eduardo Hansen, la investigación se mantendrá bajo la órbita de la Unidad Fiscal Jujuy, con foco en esclarecer si el conductor actuaba solo o formaba parte de una estructura criminal mayor.

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, seguirá preso en el penal de Gorriti, donde permanece aislado de la población carcelaria. Así lo decidió la Justicia al ampliarle la prisión preventiva para poder continuar con la investigación: será por cuatro meses más. En ese contexto, los investigadores, encabezados por el fiscal Guillermo Beller, aún siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

Jurado, que fue detenido el 30 de julio de este año, está, por ahora, imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

El ADN de esas cinco víctimas hallado en la casa del detenido es la clave del plexo probatorio contra Jurado en un futuro juicio. Todos pensaron que podía llegarse a pedir la elevación de la causa a debate antes del 4 de diciembre pasado, cuando vencía la preventiva, pero no fue así y por eso debieron solicitar una prórroga del periodo de detención del sospechoso: la causa es compleja.

Es que los investigadores no quieren dejar nada librado al azar y el obstáculo que enfrentan desde noviembre pasado, al menos, es no poder identificar dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado.

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. Pero no hubo suerte hasta el momento.

“Estamos tomando muestras genéticas de parientes con personas desaparecidas de similares características a las víctimas y en ese lapso de tiempo en que ocurrieron los crímenes”, explicaron.

Pese a las pruebas, Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar, mientras sigue alojado en el penal de Gorriti, aislado y controlado con cámaras de seguridad.

En tanto, la segunda y última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta concluyó, nuevamente, que es plenamente responsable de sus actos: comprende la criminalidad de sus acciones y tiene capacidad para dirigir su conducta, lo que descarta la inimputabilidad.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

Hay que recordar que el sobrino de Jurado, y quien compartía la vivienda con el sospechoso al momento de los hechos que le endilgan, es una pieza clave del expediente: fue quien contó a las autoridades lo que sucedía en la casa del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy donde hallaron los restos de las cinco víctimas y los dos perfiles de ADN que no se han podido identificar hasta el momento.

Modus operandi

• Los investigadores lograron armar un patrón en cómo Jurado operaba:
• Los viernes se acercaba a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.
• Luego, persuadía a las víctimas para que lo acompañen hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
• Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.
• En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otras partes se descartaban en basurales de la zona.

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”. Incluso, ya contaba con antecedentes penales: fue encarcelado por primera vez a los 17 años, posteriormente en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de prisión, aunque recuperó la libertad condicional en 2020.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un shock hemorrágico provocado por una única herida de arma blanca en el muslo izquierdo, que dañó la arteria y la vena femoral.

El documento destaca que no se hallaron otras lesiones de defensa o ataque. Este dato, junto con los testimonios y las pruebas recolectadas en la escena, será fundamental para definir las responsabilidades penales de los implicados.

En la audiencia realizada el lunes, el fiscal regional Guillermo Beller solicitó la imputación y prisión preventiva de los dos adultos detenidos, así como solicitó medidas para los dos menores aprehendidos. El caso se investiga bajo los cargos de “homicidio agravado por la participación de un menor de dieciocho años” y “homicidio simple en carácter de partícipe necesario”, según detalló El Tribuno de Jujuy.

Tres de los imputados cumplirán prisión preventiva durante 30 días, mientras que el menor fue derivado a una institución especializada.

El fiscal Beller explicó al medio que la hipótesis principal apunta a un hecho premeditado y no a una riña, aunque aclaró: “Todo se va a investigar, estamos en las primeras horas, no vamos a descartar ninguna hipótesis”.

El ataque ocurrió la madrugada del sábado 13 de diciembre, en las inmediaciones de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, cuando Vanegas y otro adolescente salieron de una fiesta de egresados para comprar bebidas alcohólicas.

Según detallaron los testigos, un grupo interceptó a los jóvenes y los agredió con armas blancas, en un contexto de disputas territoriales entre barrios.

Un vecino relató: “Fue algo territorial, por los barrios”, mientras que otro describió la confusión posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

La víctima logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública, donde fue asistida por personal del SAME, que intentó reanimarlo sin éxito. Otro adolescente también resultó herido, aunque permanece fuera de peligro.

La investigación policial, a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, se apoyó en testimonios y en un video viralizado para identificar a los presuntos autores.

La Fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía en la vivienda donde se realizó el evento, así como la responsabilidad de los adultos organizadores y de los padres de la víctima y de los acusados.

Un vecino del barrio señaló: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima residía en el sector de las 47 Hectáreas y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros.

La familia de Vanegas, profundamente afectada, recibió el cuerpo del adolescente tras la entrega judicial y despidió sus restos. Roxana Segovia, hermana de la víctima, expresó: “Solo pido justicia por mi hermano, porque no debería estar muerto. Sí, tenemos guerra entre barrios. ¿Y? No se lo mereció”.

La joven relató que, según le informaron, “ellos fueron a una fiesta de egresados. Nos contaron que mi hermano salió a comprar bebidas y volviendo de ese negocio lo atacaron todos los chicos”. Además, señaló que “Karim es el que todos dicen que mató a mi hermano. El chango dueño de la casa donde se hizo la fiesta le da el machete a Karim y le dice que ‘ahí está Juan, salí’, y salió toda esa barra”. Según su testimonio, “dicen que todos los chicos lo atacaron, lo apuñalaron en la esquina donde era la fiesta y Juan sale corriendo desvaneciéndose donde lo encuentran. Ahí lo siguen pateando”.

Durante la mañana de este martes, un grave siniestro vial tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca, provincia de Jujuy. Un colectivo con pasajeros impactó de frente contra un camión con acoplado. Tras el choque, una persona murió y al menos otras 22 resultaron heridas.

Las causas que provocaron el accidente aún permanecen bajo investigación. La gravedad de las consecuencias generó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad en la zona.

El director general de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní, indicó a Cadena 3 que en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del SAME, quienes inicialmente desplegaron tres ambulancias y, ante la magnitud del episodio, sumaron seis unidades adicionales para la asistencia y evacuación de los lesionados.

De acuerdo con el reporte del SAME, la situación se complicó aún más por la baja visibilidad y la ausencia de señal telefónica en el sector donde ocurrió el accidente.

El operativo sanitario permitió la rápida clasificación de los heridos mediante el sistema de triage, habitual en emergencias de esta magnitud. El director del SAME, Pablo Jure, precisó a Cadena 3 que “había cinco códigos rojos de pacientes que estaban críticos, cuatro amarillos y trece verdes”.

Entre los heridos, cuatro permanecen en estado crítico y se encuentran internados bajo cuidados intensivos en el Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. En tanto, otros pasajeros con politraumatismos menores quedaron en observación en el hospital de Abra Pampa, donde reciben seguimiento clínico y controles médicos preventivos. El resto de los pacientes fue trasladado a los hospitales de Humahuaca, Tilcara y La Quiaca, de acuerdo con el estado de cada uno, indicó Todo Jujuy.

La víctima fatal se trataba de uno de los que estaban en estado crítico. Era un hombre de 27 años, con trauma de cráneo grave, quien perdió la vida mientras era trasladado hacia el hospital de Humahuaca.

Con respecto a la procedencia de los pasajeros, el colectivo había partido desde Salta con destino a Bolivia y todos los ocupantes serían oriundos de esa provincia argentina, salvo un ciudadano del país vecino, quien presumiblemente estaba a cargo de la conducción del vehículo. Las causas del accidente permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, mientras continúan las tareas de asistencia a los afectados.

Otro accidente fatal en una Ruta Nacional en Jujuy

Tres militares retirados del Ejército Argentino murieron y otros tres resultaron heridos tras el vuelco de un vehículo semanas atrás en la provincia de Jujuy, específicamente en el departamento El Carmen.

El accidente se registró alrededor de las 18 en la ruta nacional N°34, sentido San Pedro – Perico, cerca de la localidad de San Juancito y próximo al cruce con la Ruta Nacional N°66.

De acuerdo a información suministrada por el medio local El Tribuno Jujuy, los ocupantes del utilitario, una Renault Kangoo, eran seis hombres adultos. El conductor perdió el control, provocando que el vehículo diera varios tumbos y terminara volcado a un costado de la calzada.

Minutos después del incidente, testigos del hecho solicitaron asistencia a los servicios de emergencia. Personal de la policía y del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) acudió con rapidez para prestar auxilio a los involucrados.

A su llegada, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de tres personas, cuyas edades eran 57, 61 y 64 años. Los tres heridos presentaban lesiones de diferente gravedad y fueron trasladados de inmediato al hospital Zabala en la ciudad de Perico. Durante el domingo, el pronóstico de los lesionados continuaba siendo reservado.

Agentes de Seguridad Vial gestionaron la circulación vehicular y miembros del departamento de Criminalística efectuaron las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

Posteriormente, los restos de las tres víctimas fueron derivados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro, mientras que el vehículo siniestrado fue incautado para su inspección en el marco de la investigación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que todos los ocupantes formaban parte de los retirados del ejército y que regresaban tras asistir a un encuentro de camaradería en San Pedro.

La investigación complementaria quedó a cargo de efectivos de la Seccional 21°, quienes actuaron siguiendo las órdenes impartidas por el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

La desubicada declaración del jefe policial ocurrió ayer por la tarde, durante una protesta que familiares y allegados de Juan realizaban en la puerta de la dependencia policial luego de su brutal asesinato. Al intentar responder a los reclamos de los vecinos, el uniformado comenzó un monólogo que incluyó un comentario poco feliz.

“Tu hermano no tenía que estar ahí. Si tu hermano no hubiera salido a la noche, porque era menor, hoy lo tenías con vida en tu casa”, le dijo Jose Tintilay, jefe de la Unidad Regional N° 7 de la Policía de Jujuy, a una de las hermanas del adolescente fallecido, sin ningún tipo de reparo en el duelo que atravesaba a pocas horas del crimen.

Según se observa en el video que encabeza esta nota, filmado por el portal local Alto Comedero Informa, los presentes reaccionaron con gritos y reclamos contra el comisario, a quien acusaron -junto a sus compañeros- de dormir dentro de los patrulleros en lugar de brindar seguridad a la comunidad.

“Ustedes duermen en los móviles, es lo único que hacen... ¿Quieren que traigan las fotos?“, aseguró la joven al escuchar los dichos del jefe policial, cuya declaración generó los reiterados reclamos de ”justicia".

Tras este episodio, la jornada en Alto Comedero continuó con una marcha pacífica para exigir que los responsables paguen por el homicidio de Juan. Sin embargo, medios locales reportaron que la situación se desmadró cuando un vecino que pasaba por el lugar habría realizado un gesto “provocativo”, lo que derivó en el enojo de algunos manifestantes.

Los incidentes se trasladaron hasta el parque de la Tupac Amaru, donde se registraron corridas, disparos y momentos de máxima tensión.

Ante este hecho, el Ministerio Público de la Acusación jujeño dispuso que la investigación quede en manos de la Brigada de Investigaciones, cuyo personal trabajaba este lunes en el análisis de cámaras de seguridad y recababa testimonios para esclarecer lo ocurrido.

El caso

En el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la capital provincial, un episodio de violencia terminó con la muerte de Juan Vanega y la detención de varios menores. El hecho, que tuvo lugar en las inmediaciones de una fiesta de egresados, abrió una investigación judicial sobre la responsabilidad de los adultos a cargo de los jóvenes presentes y el contexto en el que se desarrolló el evento.

El ataque ocurrió en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que salían de la fiesta, alrededor de las 01:30 de la madrugada, y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas. Según testigos citados por Todo Jujuy, la agresión se produjo de manera repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre sectores barriales.

“Fue algo territorial por los barrios”, relató un vecino a medios locales, mientras que otro describió la escena posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

Juan, que residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero, recibió varias heridas de arma blanca y logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública.

El personal del SAME acudió tras el llamado de los vecinos, encontrando al adolescente aún con signos vitales. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero el joven no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Otro adolescente también resultó herido con un arma blanca, aunque permanece fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, con datos aportados por testigos presenciales y un video viralizado, dispuso un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. En uno de ellos, la Policía identificó a los dos jóvenes sindicados como autores del ataque, quienes habrían utilizado armas blancas en la disputa.

Allí, la Policía detuvo a dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru, donde también fueron demorados otros menores que se encontraban con los acusados.

Todos los detenidos, de entre 13 y 16 años, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres o tutores legales, cumpliendo con la normativa vigente.

La fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.

La investigación judicial, además de centrarse en la autoría del ataque, analiza el contexto en el que se produjo el hecho. La fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía dentro de la vivienda donde se realizó la reunión. Se evalúa la responsabilidad de los adultos responsables de los menores presentes, incluidos los padres de la víctima y de los acusados, así como de quienes organizaron el evento.

Los vecinos del barrio aportaron testimonios clave para la causa. Uno de ellos expresó: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima no residía en el barrio y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros. Otro testigo, en tanto, señaló que el episodio ocurrió fuera de la vivienda y que la agresión fue directa, en un contexto de alta tensión y confusión.

El ataque ocurrió en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que salían de la fiesta, alrededor de las 01:30 de la madrugada, y se dirigían a comprar bebidas alcohólicas. Según testigos citados por Todo Jujuy, la agresión se produjo de manera repentina y estuvo motivada por disputas territoriales entre sectores barriales.

Un vecino relató: “Fue algo territorial, por los barrios”, mientras que otro describió la escena posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

La víctima, que residía en el sector conocido como las 47 Hectáreas de Alto Comedero, recibió varias heridas de arma blanca y logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública.

El personal del SAME acudió tras el llamado de los vecinos, encontrando al adolescente aún con signos vitales. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero el joven no respondió y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Otro adolescente también resultó herido con un arma blanca, aunque permanece fuera de peligro.

Horas después del crimen, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, con datos aportados por testigos presenciales y un video viralizado, dispuso un operativo de rastrillaje en varios domicilios de Alto Comedero. En uno de ellos, la Policía identificó a los dos jóvenes sindicados como autores del ataque, quienes habrían utilizado armas blancas en la disputa.

Allí, la Policía detuvo a dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15. El procedimiento se realizó en distintos sectores del barrio Tupac Amaru, donde también fueron demorados otros menores que se encontraban con los acusados.

Todos los detenidos, de entre 13 y 16 años, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres o tutores legales, cumpliendo con la normativa vigente.

La fiscalía dispuso el pase de la causa al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados.

La investigación judicial, además de centrarse en la autoría del ataque, analiza el contexto en el que se produjo el hecho. La fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía dentro de la vivienda donde se realizó la reunión. Se evalúa la responsabilidad de los adultos responsables de los menores presentes, incluidos los padres de la víctima y de los acusados, así como de quienes organizaron el evento.

Los vecinos del barrio aportaron testimonios clave para la causa. Uno de ellos expresó: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima no residía en el barrio y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros. Otro testigo señaló que el episodio ocurrió fuera de la vivienda y que la agresión fue directa, en un contexto de alta tensión y confusión.

Brutal pelea a la salida de una fiesta de egresados en Rosario: un adolescente terminó desmayado sobre la calle

Esta misma semana, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea a la salida de una fiesta de egresados en la ciudad de Rosario.

El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles en la intersección de Santa Fe y Vera Mujica, cerca del Mercado del Patio, y dejó al joven inconsciente sobre la calle.

El adolescente fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permaneció más de 24 horas en observación debido a una fisura en el hueso detrás del oído derecho, lo que le provocó un sangrado persistente y un pequeño coágulo en el lóbulo frontal derecho. Por indicación médica, deberá guardar reposo absoluto durante al menos 20 días y evitar cualquier actividad física.

De acuerdo con el testimonio de Corina, madre del joven, la agresión se produjo tras una discusión verbal con al menos dos chicos de edades similares. “En un segundo uno de esos pibes le aplicó una trompada en la cara a mi hijo que lo hizo caer desmayado directamente”, relató a LT8. La víctima no recuerda con claridad lo sucedido y solo retiene el momento en que fue despertado por los gritos de otra persona.

El episodio fue registrado en video por testigos y el material se viralizó rápidamente. La madre del adolescente señaló que “los chicos estaban alcoholizados, no me da vergüenza decirlo. Pero una discusión no amerita una trompada o una agresión como esa, totalmente desmedida”. El video fue entregado a la Justicia para colaborar con la investigación.

La familia de la víctima se reunió con los padres de los otros menores, quienes ofrecieron asistencia y vieron el video del ataque. “Lo único que deseo es que se hagan cargo de lo que hicieron y eso lo determinará la Justicia”, expresó Corina.

La Legislatura de Jujuy celebró este jueves la jura de los 24 diputados provinciales electos tras las elecciones del 11 de mayo, en una sesión preparatoria realizada en la sede legislativa con la presencia de Carlos Sadir, gobernador de la provincia, y bajo la presidencia de Alberto Bernis, vicegobernador y titular de la Cámara. En el acto institucional, se ratificó el compromiso con el orden constitucional provincial y nacional, quedando configurado el nuevo escenario legislativo jujeño.

Durante la apertura de la sesión, Alberto Bernis resaltó la importancia de la asunción de los nuevos legisladores y la conformación de la Cámara de Diputados, al señalar que estos actos “no solo garantizan el pleno respeto a la Constitución provincial, sino que también fortalecen la vida democrática y consolidan el funcionamiento permanente de las instituciones”.

La nueva composición de la Legislatura quedó definida con los siguientes bloques: Bloque Jujuy Crece – Provincias Unidas contará con 25 diputados; Bloque Partido Justicialista tendrá 9 representantes; Bloque La Libertad Avanza ocupará 7 bancas; Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores dispondrá de 5 escaños; mientras que el Bloque Primero Jujuy sumará 2 diputados.

La sesión contó con la asistencia de autoridades nacionales y provinciales, entre ellos el senador nacional Ezequiel Atauche; los diputados nacionales Manuel Quintar, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti y Leila Chaher; la ministra de Educación, Miriam Serrano; la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; el intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo; la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez; el intendente de Palma Sola, Francisco Baquera; el comisionado municipal de Rodeíto, Eduardo Orellana; el intendente de Jama, Álvaro González; así como concejales de la capital y del interior.

Previo a la jura, la Comisión de Asuntos Institucionales revisó y aprobó la validez de los diplomas de los diputados electos. Luego, el vicegobernador Bernis tomó juramento a la siguiente nómina: María Teresa Agostini, Luciano Victorio Angelini, Kevin Gustavo Ballesty, Ivana Gisel Bravo, Luis Federico Canedi, María Fernanda Checa Monaldi, Lamia Nahir Debbo, Omar Alberto Gutiérrez, Noemí Elizabeth Isasmendi, Mario Humberto Lobo, María Alejandra Mollon, Adriano Morone, Mario Horacio Nallar, Yael Nicolás Navarro, Ramón Ángel Neyra, Matías Fernando Paterno, Estela Patricia Ríos, Juan Manuel Soler, Sofía Ternavasio, María Laura Tomé Gámez, Adelma Eudonia Torres, Daniela Del Carmen Vélez, Emiliano Vera Robinson y Alejandro Ariel Vilca.

En la misma sesión se definieron las nuevas autoridades de la Cámara: Mario Fiad asumió como vicepresidente primero y Martín Fellner como vicepresidente segundo. Además, se designaron los presidentes de los bloques legislativos: Santiago Jubert (Jujuy Crece – Provincias Unidas), Rubén Rivarola (Partido Justicialista), Luis Federico Canedi (La Libertad Avanza), Gastón Remy (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Carlos Haquim (Primero Jujuy).

Quedaron constituidas las Comisiones Permanentes de la Cámara y las salas Acusadora y Juzgadora, cumpliéndose así con los procedimientos democráticos establecidos en la Constitución de la Provincia y el reglamento interno de la Legislatura.

La familia de Delicia Mamani Mamani presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba, para que se investigue a un sospechoso, cuya conducta consideran determinante en la desaparición de la joven.

El pedido, impulsado por la abogada Natalia Lescano, exige que la Justicia actúe con rapidez y eficiencia, en un contexto donde la coordinación entre la Justicia de Jujuy y la Justicia de Córdoba ya dio lugar a una investigación conjunta.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv, en el escrito presentado, la familia solicita que se adopten medidas urgentes para determinar la posible responsabilidad del hombre señalado. Este jueves, Lescano explicó que “aportamos los datos del yerno de María —madre de la víctima—, denunciado formalmente por sospechoso”, confirmando así la presentación de la denuncia y la identidad de la persona bajo sospecha.

Entre las pruebas entregadas a la Fiscalía figuran capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, así como imágenes y videos relacionados con el hombre. De acuerdo con la familia, estos elementos constituyen indicios que justifican la intervención inmediata de la Justicia.

Además, se sumaron testimonios de miembros de la comunidad educativa y allegados a la víctima, quienes aportaron información relevante para reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de su desaparición.

La abogada subrayó que existen elementos concretos que fundamentan la solicitud y que cada aporte resulta esencial en esta etapa de la investigación. Los representantes de la familia pidieron que la Fiscalía avance conforme a sus atribuciones legales y remarcaron la urgencia de localizar a la joven.

Los allegados de la joven reiteraron su esperanza en que las autoridades judiciales actúen con la celeridad necesaria. “Solo queremos saber dónde está y qué pasó”, manifestaron, confiando en que el proceso judicial permita esclarecer el caso y conocer la verdad.

Los detalles del caso

La desaparición de la estudiante jujeña de 25 años que residía en Malagueño, Córdoba, mantiene en alerta a su familia y a la comunidad educativa desde el 21 de noviembre, cuando se perdió todo contacto con ella.

La madre de la joven, María Mamani Mamani, logró este lunes constituirse como querellante particular en la causa, tras enfrentar prolongadas demoras y negativas en distintas dependencias judiciales, según informó el portal El Doce.tv.

La mujer, de origen boliviano y hablante de quichua, denunció haber sufrido un “destrato grave en varias dependencias”, incluyendo esperas de hasta 3 horas y la negativa a abrir el expediente, relataron docentes y compañeros.

La abogada de la familia solicitó a la Unidad Judicial 2 de Córdoba la activación de todos los protocolos y líneas de investigación, advirtiendo sobre el alto riesgo de captación por redes de trata de personas. Y remarcó: “Es importante destacar que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral, tal como lo establecen las 100 Reglas de Brasilia”.

La joven, de estatura media, cabello oscuro y ojos negros, era estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y hasta mitad de año mantenía un rendimiento académico destacado.

Sus compañeras señalaron que en los últimos meses había manifestado dificultades emocionales y habría mantenido contacto a través de redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció en persona, lo que generó preocupación por un posible engaño o captación vinculada a redes criminales.

El día de la desaparición, Delicia salió de su domicilio en el paraje Punta de Agua sin despedirse y sin llevar dinero. Desde ese momento, su teléfono móvil y redes sociales dejaron de reportar actividad.

La familia vive en condiciones de absoluta precariedad cerca de Falda del Carmen, y la barrera idiomática dificultó la denuncia inicial.

Los docentes denunciaron que en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial, lo que provocó la pérdida de días claves para la investigación.

El retraso en la recepción de la denuncia se repitió en otros puntos de la provincia y en Jujuy, de donde es originaria la familia. El pedido de colaboración permanece vigente: cualquier persona con información puede acudir a la Unidad Judicial más cercana o comunicarse con la Policía de Córdoba.

La ocasión fue especial y la familia decidió viajar en grupo. Isabel compartió en Instagram un breve clip que documentó el paseo y las emociones de cada uno de los integrantes. “Cumple de mi mamá. Y como todos por acá la quieren tanto, les comparto un poquito de nuestro festejo en Jujuy”, presentó la actriz al compartir con sus seguidores la intimidad del recorrido. Desde el camino en auto, donde se la ve a Isabel dándole la mano a su madre y a Julia, su hija menor, dormida plácidamente en el asiento trasero, hasta el arribo a destino, cada momento se convirtió en postal para el recuerdo.

La llegada a Jujuy tuvo una recepción cargada de cariño. Allí, la familia se reencontró con Belita, la hija mayor de Isabel y Urtubey, que llegó junto a Mateo, uno de los hijos del exgobernador, en otro auto. El abrazo y la bienvenida fueron los primeros gestos de una jornada en la que la intimidad y la calidez predominaron por encima de todo. Apenas bajaron del auto, Lizzie no pudo contener la emoción: “Estoy movilizada. Esto es Jujuy”, dijo frente a la cámara, resumiendo en pocas palabras el significado personal del viaje y del encuentro familiar.

El paseo continuó al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza y el entorno característico del norte argentino. Atravesaron senderos de baldosas, con barandas construidas en piedra, y aprovecharon para compartir charlas, risas y la compañía mutua, sin apuros ni distracciones. Para Macedo, cada pequeño detalle forma parte del álbum de recuerdos que espera transmitir a sus hijas y mantener vivo en familia.

El broche del día fue una comida en un restaurante de arquitectura colonial, digno de postales turísticas e ideales para una celebración privada. Entre pastas caseras, peras con queso y una mesa llena de platos, los Macedo–Urtubey disfrutaron una sobremesa distendida que coronó el cumpleaños con anécdotas, platos como pastas y ensalada de higos, palta, zucchini, habas, pistachos, panceta y queso brie, pequeños gestos y muchas fotos. Lizzie, la gran homenajeada, fue retratada junto a su yerno, sonriente y visiblemente emocionada por el mimo familiar. La postal final, una imagen grupal, la tiene al centro de la escena, rodeada de sus seres queridos mientras apaga la velita rosa sobre una bocha de helado.

Como es costumbre, la sección de comentarios en el perfil de la actriz se llenó de saludos y buenos deseos para Lizzie. Seguidores, colegas, amigos y excompañeros de la actriz no dudaron en sumarse a la celebración virtual. “Muy feliz cumple para esa abuela hermosa”; “¡Feliz vida, Lizzie!”; “¡Feliz cumpleaños para tu mamá!”; “Feliz cumple para esa bella mamá. Disfruten, bella familia”; “Feliz vuelta al sol para doña Lizzie”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron en las últimas horas, recordando que el cariño de la comunidad digital sigue ampliando la rueda de afecto en cada ocasión.

La visita a Jujuy también sirvió como espacio de reencuentro y relax, tanto para la actriz como para su entorno. Después de un año repleto de movimiento profesional, donde Isabel se lució entre la familia y la televisión con su participación en Margarita, la esperada secuela de Floricienta, la oportunidad de reunir a toda la familia para celebrar a Lizzie fue un gesto deliberado y necesario.

Así, entre paisajes, sobremesas, sonrisas y abrazos, Isabel apostó a regalarle a su mamá un cumpleaños distinto, lejos del ruido y cerca del corazón; eligiendo una vez más poner la familia en el centro, para que el recuerdo de este viaje se convierta en otra anécdota imborrable en la historia de los suyos.

La provincia de Jujuy fue escenario de una sentencia judicial que marcó un precedente en casos de crueldad animal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial obtuvo una condena con pena de ejecución condicional y resguardos especiales para dos acusados de torturar y matar a un perro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el fuero ambiental de la provincia.

Según informaron desde el MPA jujeño, la definición judicial se alcanzó este martes en una audiencia en la que intervino la jueza con funciones de control ambiental, Laura Flores. El fiscal especializado, Javier Sánchez Serantes, presentó el acuerdo al que arribaron ambas partes, que contempló la aceptación de los hechos por parte de los acusados. La magistrada homologó el acuerdo y dictó la condena impuesta.

La resolución estableció que los imputados sean considerados coautores penalmente responsables del delito de crueldad animal.

La pena asignada fue de seis meses de prisión condicional, lo que implica que no cumplirán tiempo en detención efectiva, aunque sí deberán respetar una serie de medidas de resguardo fijadas por el tribunal. Entre ellas, se dispuso la firma periódica de un libro de cauciones, la realización obligatoria de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas y la prohibición de acercamiento y contacto con animales hasta completar la capacitación.

El acuerdo también fijó la prohibición de cualquier acto de perturbación u hostigamiento hacia la denunciante y los testigos. En materia de reparación, la jueza ordenó que cada uno de los condenados efectúe en el plazo de quince días el depósito de 50 kilos de alimento para perros de calidad media en la Sociedad Protectora de Animales de la provincia, según indica el comunicado oficial.

La sentencia, además, contempló la excarcelación de los acusados, ya que la jueza dispuso el cese de la prisión preventiva vigente desde 15 días antes y ordenó su libertad inmediata. “El procedimiento culmina con todos los requisitos de ley y condiciones para promover la reinserción y evitar la reiteración de conductas lesivas”, explicó Javier Sánchez Serantes durante la audiencia.

Desde el MPA de Jujuy subaryaron que su actuación es central para la investigación, persecución judicial y sanción del maltrato animal y otros delitos ambientales. En este sentido, su objetivo pasa po reforzar la protección del patrimonio natural y la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.

El caso

La causa se inició a principios de noviembre, tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.

Según consignó Jujuy al momento, apenas se supo lo que había ocurrido, la fiscalía comenzó una investigación que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos responsables.

Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.

La Justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de dos semanas, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.

El caso fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de los animales de toda la provincia, que destacaron la gravedad del hecho y exigieron el pleno cumplimiento de la legislación para casos de crueldad animal. El reclamo llevó a los vecinos a realizar una movilización en el parque Armada Argentina, convocada por la Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, falleció este domingo a sus 58 años luego de sufrir complicaciones en su salud a causa de una enfermedad.

El magistrado había llegado al máximo tribunal en diciembre de 2020 como vocal, y durante los últimos dos años ejerció la presidencia del cuerpo.

Antes de llegar a la cúpula del Poder Judicial provincial, Meyer ostentó el cargo de ministro de Seguridad durante la gestión del gobernador Gerardo Morales.

Fue abogado y además tuvo su paso por la militancia y dirigencia política en las filas del radicalismo jujeño, partido por el que además llegó a ser concejal en San Salvador de Jujuy y diputado provincial.

Tras conocerse la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, hizo lo propio a través de sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia”, escribió.

También lo despidió el senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche: “Lamento el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer, quien se desempeñaba como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.​ Extiendo mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que en paz descanse”, expresó el legislador.

La Suprema Corte jujeña ya había lamentado la pérdida del vicepresidente del tribunal, Sergio Jenefes. Este juez murió en septiembre a sus 76 años, luego de 17 años de trabajo en la Justicia local.

El último viernes juraron como nuevos jueces de la Corte los doctores Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, quienes se incorporaron formalmente tras su designación. Aquejado por su salud, Ekel Meyer no había podido asistir a la ceremonia.

El presidente del tribunal supremo se había corrido desde septiembre se había corrido, al menos públicamente, de las gestiones que correspondían a su función. Encaró como una de sus últimas misiones el avance del proyecto de ley para crear el Consejo de la Magistratura jujeño, por el que compareció ante las comisiones de Legislación General, Finanzas y Asuntos Institucionales de la Legislatura provincia.

En agosto había participado del 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, en el que anunció la creación de la primera Oficina Judicial especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

“La Oficina tendrá como funciones la sensibilización en derechos, la elaboración de estadísticas, la detección de necesidades y la capacitación continua bajo estándares internacionales. Es un paso fundamental hacia una justicia más humana, especializada y accesible”, anunció Meyer en aquella oportunidad, de acuerdo a lo publicado por medio Somos Jujuy.

En su haber también tiene otros avances en materia de capacitaciones en inteligencia artificial para el personal del Poder Judicial -en su presidencia se creó el Instituto de Innovación Tecnológica- y completó la digitalización de procesos judiciales.

También trabajó para lograr la implementación de los juicios por jurados y logró avances en materia de ética pública y control institucional.

La Justicia de Jujuy sentenció a prisión perpetua a Francisco Marcelino Subelza, de 23 años, por el asesinato de su hijo de dos meses en Monterrico. El tribunal estableció que el padre mató al bebé con el objetivo de causar sufrimiento a su expareja.

El fallo se conoció el 27 de noviembre de 2025 tras un juicio abreviado. El tribunal integrado por los jueces penales Felicia Ester Barrios, María Margarita Nallar y Alejandro Máximo Gloss lo declaró penalmente responsable de amenazas, homicidio agravado por el vínculo y con el propósito de causar sufrimiento, y desobediencia judicial, informó Todo Jujuy.

Además de la prisión perpetua, los magistrados resolvieron la prohibición total de contacto con la madre del bebé y su familia por cualquier medio.

El caso tuvo origen en un episodio de violencia el 11 de diciembre de 2024. Ese día, Subelza acudió al domicilio de su expareja para ver al bebé, de nombre Gael, y emitió amenazas directas: advirtió que si se llevaba al niño lo mataría y luego se quitaría la vida.

“Yo quiero llevarme al bebé y ¿qué vas a hacer vos, si yo me lo llevo y lo mato y luego me mato yo, vos también te vas a matar?”, la amenazó. La mujer logró recuperar a su hijo tras forcejear y el acusado se retiró.

La situación escaló el 19 de diciembre de 2024 en la zona de la nueva terminal de Monterrico. La víctima manifestó que caminaba con Gael cuando su ex apareció en un vehículo, bajó y le pidió ver al bebé y luego huyó con él en el auto.

Antes de irse, dejó un papel manuscrito en el que amenazó con hacerle daño al bebé y a familiares de la madre. La frase “ahora a tu hijo no lo ves más, vas a sufrir” quedó asentada en ese escrito, según relató Todo Jujuy.

La investigación concluyó que el joven llevó al menor a una finca ubicada sobre la ruta provincial N° 43, en el paraje La Ovejería, departamento El Carmen. Allí permaneció hasta la madrugada del 20 de diciembre de 2024, momento en el que estranguló a Gael con sus manos. El informe judicial comprobó que violó una orden de restricción que le fue notificada tras el primer episodio.

El proceso judicial avanzó mediante un juicio abreviado. En ese marco, la representante del Ministerio Público de la Acusación, Romina Núñez, y la defensora Sara Cabezas firmaron el acuerdo para aplicar la pena máxima. Los jueces aceptaron la propuesta de las partes y dictaron la condena de prisión perpetua.

El caso impactó en la comunidad de Jujuy por la gravedad de los hechos y el destino judicial del acusado. La madre de Gael y sus familiares permanecen bajo resguardo por orden del tribunal, que mantiene activa la restricción de acercamiento para el condenado.

Un hombre de 25 años fue detenido en San Pedro de Jujuy tras mantener secuestrada a su pareja bajo amenazas, golpearla y rociarla con alcohol con la intención de prenderle fuego.

El episodio se desencadenó el miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre un posible caso de violencia de género en una casa ubicada en la calle Triunvirato, en el barrio La Merced.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Jujuy al Momento, la denuncia indicaba que una mujer estaba siendo retenida contra su voluntad en el domicilio.

Al llegar al lugar, una comitiva policial fue recibida por el propietario de la vivienda, un joven de 25 años. Pese a que intentó restar importancia a la situación, permitió el ingreso de los efectivos para que conversaran con su pareja. Una vez dentro, la víctima aprovechó la presencia de una mujer policía para separarse de su agresor y relatar los hechos que había sufrido desde la noche anterior.

La mujer describió que recibió golpes de puño en distintas partes del cuerpo y que su pareja la mantenía bajo amenaza con un arma de fuego, advirtiéndole que la mataría si intentaba salir o pedir ayuda. Además, detalló que el agresor la roció con alcohol e intentó prenderla fuego, lo que agravó aún más la situación.

Tras escuchar el testimonio, los uniformados registraron la vivienda y encontraron un arma de fuego oculta debajo de una cama. En ese momento, el hombre adoptó una actitud violenta y fue reducido por la Policía. La víctima amplió su declaración y señaló la presencia de más armas y estupefacientes en el lugar.

Con la autorización judicial correspondiente, se realizó una inspección exhaustiva que permitió hallar otra pistola, un arma de fabricación casera, un armazón de revólver y varios envoltorios de papel con sustancias estupefacientes. Todos estos elementos, junto con el detenido, fueron trasladados a la Seccional N.º 52, donde el personal policial quedó a cargo de las actuaciones complementarias bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

El personal del SAME asistió a la víctima, quien presentaba “traumatismo encéfalo craneal leve, sin pérdida de conocimiento y traumatismo intercostal”, según el diagnóstico médico. La mujer rechazó el traslado al hospital y optó por dirigirse a la dependencia policial para formalizar la denuncia.

Un caso similar en Buenos Aires

Un episodio de extrema violencia sacudió el Barrio Federal II de Ensenada a finales de octubre, cuando una mujer fue rescatada tras haber sido secuestrada y brutalmente agredida en el interior de su vivienda. La intervención policial se produjo luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación, desencadenando un operativo de urgencia en la zona de Maipú y Contarelli.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales al medio local 0221, la alarma se activó cuando los vecinos escucharon gritos desesperados y golpes provenientes de la casa de la víctima. Al arribar los primeros agentes del Comando Patrulla de Ensenada, los residentes del barrio confirmaron la gravedad del hecho, lo que motivó que, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16, los uniformados ingresaran por la fuerza al domicilio.

En el interior, los efectivos hallaron a la mujer con manchas de sangre en el rostro y el cuerpo, en evidente estado de shock. El personal policial la puso inmediatamente a resguardo y solicitó asistencia médica. Mientras tanto, otro grupo de agentes localizó en las inmediaciones al presunto agresor, un hombre de treinta años, quien se encontraba alterado y fuera de control. Tras un breve forcejeo, los policías lograron reducirlo y lo trasladaron a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó aprehendido.

La vivienda permaneció bajo custodia policial mientras peritos forenses recolectaban elementos de prueba fundamentales para la causa. Según detallaron las autoridades que intervienen en la investigación, el caso fue caratulado como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanza con las actuaciones judiciales correspondientes. Por su parte, la víctima recibió contención y fue derivada para recibir atención médica especializada.

En un contexto de mayor dinamismo del financiamiento corporativo en dólares, el mercado argentino presentó un fideicomiso financiero orientado al sector minero. Cohen Aliados Financieros anunció la creación del Fideicomiso Financiero Individual Desarrollo Minero Martín Bronce, el primer instrumento local diseñado específicamente para que inversores privados aporten capital a un proyecto de producción minera a gran escala en el país.

Según informó Cohen, este esquema permitirá financiar la industrialización, exploración y expansión de la planta de cemento de cobre que MOM Mining S.R.L. opera en Palma Sola, Jujuy. La mina representa actualmente la única productora activa de cobre en la Argentina y proyecta escalar su capacidad mediante el aporte de capital privado, bajo la estructura regulada del fideicomiso financiero.

La producción nacional de cobre se había interrumpido en 2018 con el cierre de la mina Bajo la Alumbrera, que luego de veintiún años de operaciones llegó a extraer hasta 203.700 toneladas anuales, con su pico máximo en 2002. Diversos proyectos podrían instalarse en el país, favorecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El fideicomiso Martín Bronce funcionará como canal directo entre capitales privados e iniciativas vinculadas a la transición energética global. El cobre es un insumo estratégico para la electrificación y el desarrollo de tecnologías limpias. “La minería del cobre es un eje relevante para la transición energética global, y este instrumento ofrece una vía transparente y regulada para que los inversores participen en ese proceso”, señaló Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen. El ejecutivo precisó que la estructuración del fideicomiso implicó un análisis técnico, regulatorio y financiero exhaustivo, enfocado en garantizar la trazabilidad de los fondos y una gobernanza robusta del proyecto.

Cohen planteó dos alternativas de inversión:

• Los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) ofrecen un rendimiento anual del 7% en dólares durante 23 meses, con pagos mensuales posterior a un período de gracia y respaldo integral en Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Incluyen además un plus si el precio internacional del cobre supera los USD 10.000 por tonelada.
• Los Certificados de Participación (CP) otorgan acceso directo a una parte de las utilidades durante 37 meses, equivalentes al 15% de las ventas brutas de cobre, con pagos semestrales.

Este lanzamiento coincide con una aceleración sin precedentes en la deuda corporativa argentina. Datos de la consultora Invecq indican que en octubre de 2024 la emisión de obligaciones negociables alcanzó USD 2.600 millones, mientras que en solo dos semanas de noviembre esa cifra ascendió a USD 3.000 millones, igualando el total emitido durante 2022 y 2023. Invecq detalló que “cerca del 98% de las emisiones de noviembre fue realizado por empresas de energía, que accedieron a tasas cercanas al 8% TNA y plazos mayores a diez años”. El informe destaca que este escenario refleja un crédito más estable, alejándose de los financiamientos cortos de hasta dos años que prevalecían meses atrás.

En cuanto al fideicomiso gestionado por Cohen, la operación prevé la emisión de hasta USD 4 millones en VDF y hasta USD 6 millones suplementarios en CP. Moody’s Local Argentina asignó calificación AAA.ar para los VDF y CCC.ar para los CP, ambas con perspectiva estable. La nota máxima para los VDF se fundamenta en que “los pagos de intereses y capital correspondientes a estos títulos estarán garantizados por hasta un 100% de su valor nominal mediante Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América”. Los CP recibieron una nota menor, dadas las “altas contingencias asociadas a la etapa de construcción del proyecto y la posibilidad de demoras en el cronograma”, explicó Moody’s.

El reporte de la agencia identifica riesgos para los CP vinculados a la volatilidad del precio del cobre, la calidad del concentrado, la demanda y el acuerdo de venta con Trafigura, multinacional designada como offtaker; este contrato prevé la compra de hasta el 100% de la producción proyectada para 2026-2028, pero no constituye un compromiso vinculante en volúmenes ni precios fijos. El precio a pagar se ajustará a las cotizaciones internacionales (LME y LBMA), con deducciones contractuales, y la mercadería podrá ser rechazada o obtener descuentos según su pureza.

Respecto al uso de fondos, el plan prevé tres destinos principales: USD 1,55 millones para la construcción de la planta de cemento de cobre, USD 1,45 millones a optimización de la producción primaria mediante equipos y maquinaria, y poco más de USD 487.000 a exploración y verificación del yacimiento. Una auditoría externa certificará cada avance, habilitando los desembolsos respectivos.

El proyecto Martín Bronce, conforme al prospecto avalado por Moody’s Local Argentina, aspira a transformar el esquema operativo del cobre nacional, sustituyendo la exportación de mineral semiprocesado por procesos de lixiviación y cementación de alta recuperación. En su escenario base, MOM Mining proyecta procesar entre mil y dos mil quinientas toneladas de mineral por mes, lo que permitiría producir alrededor de doscientas toneladas de cemento de cobre mensuales y estimar ingresos en torno a USD 1,5 millones cada mes.

La estructura contempla un fondo de liquidez y de reserva impositiva, con los fondos netos resguardados en la cuenta fiduciaria y desembolsos sujetos a la validación del auditor técnico y el control del fiduciario, TMF Trust Company (Argentina). El sistema de garantías asegura que, en caso de eventuales dificultades de pago de los VDF, el fiduciario podría liquidar los Bonos del Tesoro y cubrir los vencimientos de deuda, sin que ello implique incumplimiento del emisor.

La mina Martín Bronce cuenta con todas las habilitaciones ambientales exigidas por la provincia de Jujuy, incluyendo Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes para explotación, exploración y montaje de la planta. El diseño operativo prioriza la recuperación eficiente y el cumplimiento normativo ambiental, bajo la supervisión de las autoridades regulatorias.

El fideicomiso surge también como una experiencia replicable en el sector. Entre los aspectos positivos, Moody’s destacó la calidad del yacimiento y la presencia de Trafigura como comprador global. Entre los negativos, la concentración en una única mina, la volatilidad del mercado y los desafíos técnicos de la etapa de construcción.

La reactivación del sector minero argentino se manifiesta desde el cierre de Bajo la Alumbrera en 2018, con Martín Bronce como único yacimiento de cobre en operación, dentro de un universo de 75 proyectos en distintas etapas de avance. El sector permanece bajo el amparo de la Ley N.º 24.196 de Inversiones Mineras y el Código de Minería, que garantizan estabilidad fiscal y exención de tributos a inversiones de largo plazo.

“Nuestra compañía necesitaba un instrumento fiduciario específico y estructurado por un líder como Cohen para dar previsibilidad a un proyecto de largo plazo. Este fideicomiso nos permite avanzar con un esquema financiero sólido y compatible con el impacto que genera Martín Bronce en el territorio y la comunidad”, declaró Diego Zuliani, socio gerente de MOM Mining.

Un cargamento de casi 47 kilos de cocaína fue secuestrado por la Gendarmería Nacional durante un operativo vial sobre la Ruta Nacional 34, en el peaje Chalicán, provincia de Jujuy. La droga estaba oculta en compartimientos especialmente acondicionados dentro de un vehículo que oficiaba de remís, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Por el hecho detuvieron a dos hombres mayores de edad y se secuestró la droga descubierta.

El caso se inició a partir de una investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia Criminal de la provincia de Salta para regular los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes en Argentina. A partir de distintas tareas de seguimiento, los investigadores lograron identificar el movimiento sospechoso de dos vehículos sobre una de las principales rutas de conexión entre el norte argentino y el resto del país.

En consecuencia, se organizó un procedimiento coordinado entre la mencionada división y efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” que permitió desplegar un control sobre el peaje Chalicán, un paso estratégico en el corredor logístico del noroeste regional. Allí, los uniformados interceptaron un automóvil Kia que cumplía funciones de remís, donde viajaba el principal investigado, junto a otro rodado que, según la investigación, actuaba de puntero, con otro hombre al volante.

La revisión de los vehículos se realizó con la intervención del perro detector de narcóticos “Lev”, que confirmó la presencia de sustancias prohibidas al recorrer el perímetro del remís. La reacción del animal focalizó la inspección de los uniformados sobre el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros, donde la estructura evidenciaba anomalías.

En esos puntos, los agentes identificaron compartimientos ocultos diseñados para disimular el tráfico ilegal de drogas. Tras una labor minuciosa, extrajeron 45 paquetes prensados, correctamente denominados “ladrillos”, con un peso total de 46 kilos y 867 gramos de cocaína.

Ambos hombres, mayores de edad y con domicilio fuera de la provincia, fueron detenidos en el lugar del operativo. Según la reconstrucción judicial, el conductor del rodado Toyota cumplía funciones de puntero, es decir, avanzaba por delante del remís para advertir demoras o controles policiales y facilitar el paso del cargamento.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomiso tanto de la droga como del vehículo principal, que quedó a resguardo de la Justicia federal bajo cadena de custodia. Las fuentes consultadas detallaron que la instrucción penal contempla los delitos de transporte agravado de estupefacientes y asociación ilícita, delitos que prevén penas severas en el Código Penal argentino.

El operativo contó además con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Jujuy” y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA), que aportaron recursos logísticos y personal especializado para asegurar el éxito de la intervención. La investigación continúa en curso, con análisis de comunicaciones y pericias sobre los vehículos, orientadas a determinar la posible vinculación de los detenidos con redes criminales de alcance regional.

Cayó una banda narco liderada por presos desde tres cárceles bonaerenses

En los últimos días, una banda dedicada al narcotráfico fue desarticulada tras una investigación de un año y siete meses encabezada por Gendarmería Nacional en la provincia de Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, que logró establecer que la red era coordinada desde el interior de tres unidades penitenciarias, con el apoyo de familiares en libertad.

Según relataron fuentes del caso a Infobae, la investigación se inició por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro. En este contexto, los investigadores recurrieron a la implementación de herramientas como escuchas telefónicas, análisis de datos y entrecruzamiento de información para reconstruir el accionar de la organización criminal.

De acuerdo a la información recabada, el grupo se dedicaba a la adquisición, almacenamiento y venta de drogas en los partidos de Tigre y San Martín, tomando como base la localidad de Rincón de Milberg, en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

El liderazgo de la banda se encontraba en manos de un preso de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, quien mantenía comunicaciones permanentes con otros dos internos alojados en la Unidad 31 de Florencio Varela y la Unidad 1 de Olmos. De acuerdo con el expediente, estas personas utilizaban mensajes y llamadas para impartir instrucciones a sus familiares, que se encargaban de comprar, trasladar y distribuir la droga fuera de las cárceles.

El Ministerio Público de la Acusación dictó la prisión preventiva para dos hombres acusados de torturar y causar la muerte de un perro en la localidad jujeña de La Mendieta, al mismo tiempo que los imputó por maltrato animal.

La causa se inició a principios de este mes tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.

De acuerdo al portal Jujuy al momento, apenas se supo lo que había ocurrido, la fiscalía comenzó una investigación que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos responsables. Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.

Esta semana, la justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de quince días, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.

El caso fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de los animales de toda la provincia, que destacaron la gravedad del hecho y exigieron el pleno cumplimiento de la legislación para casos de crueldad animal. El reclamo llevó a los vecinos a realizar una movilización en el parque Armada Argentina, convocada por la Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz”.

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad bonaerense de Junín tras la difusión de videos que documentaban distintos episodios de crueldad animal cometidos en la vía pública. Las víctimas de los ataques fueron un perro de raza Shar pei y un Yorkshire, que como consecuencia de la agresión sufrió convulsiones y debió recibir atención veterinaria de urgencia. Los casos, ocurridos con poco más de una semana de diferencia, activaron la intervención de la policía local, la justicia y el repudio de la comunidad.

El primer hecho se produjo el 9 de noviembre en la intersección de Derqui y Gandini, cuando el Yorkshire de una vecina de 63 años fue atacado repentinamente por un hombre que, sin motivo aparente, le propinó una fuerte patada mientras el animal estaba en la vereda de su domicilio.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y motivó la inmediata denuncia en la Comisaría 1ª, lo que permitió a la policía identificar al responsable —M.A.C., de 43 años— y detenerlo. El caso fue caratulado bajo la Ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, con intervención de la UFI N°6. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, repudió públicamente el hecho y valoró la rápida respuesta de las autoridades.

El segundo episodio se conoció el lunes siguiente, en la calle Falucho al 550. Personal de Seguridad y Control Policial (SCP) aprehendió a G.L.H., de 26 años, tras ser identificado como el autor de una herida punzocortante provocada a un perro Shar pei, propiedad de una mujer de 64 años. Según las pruebas fílmicas y testimonios recogidos, el hombre se aproximó al animal en la vía pública y lo apuñaló con un arma blanca en el sector delantero derecho. La UFI N°8, a cargo del fiscal Martín Laius, respaldó el procedimiento y autorizó las tareas de investigación complementarias.

El sospechoso de apuñalar al animal de mayor tamaño físico, continúa detenido en la Comisaría 2ª, en virtud de sus antecedentes penales y a la espera de su audiencia judicial. En tanto, el animal permanece bajo tratamiento veterinario; según el último parte oficial, la herida no afectó órganos vitales y evoluciona favorablemente. La reiteración de estos hechos motivó amplio repudio en la ciudad y renovó el debate sobre la crueldad animal.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Daniela Mamani en una vivienda del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, llevó a la detención de su ex pareja, Matías Manuel Tinte, de 36 años, quien quedó imputado por el femicidio. La autopsia determinó que la muerte ocurrió entre la 1:00 y las 3:00 del martes, al menos dos horas después de que la Policía acudiera al lugar tras varios llamados de emergencia, aunque no ingresaron al domicilio.

La secuencia de los hechos comenzó la noche del lunes 10 de noviembre, cuando vecinos de la calle Campero alertaron al 911 tras escuchar gritos provenientes del departamento de la víctima, ubicado a pocos metros de la avenida El Éxodo.

Al menos dos llamados de emergencia fueron registrados, uno de ellos realizado por un estudiante que residía en las inmediaciones y que advirtió que una mujer pedía auxilio.

La policía provincial acudió al lugar alrededor de las 23:06, pero, según relataron las hermanas de Daniela, Elizabeth y Gisela Mamani, a Radio 2, los efectivos no ingresaron al inmueble, no forzaron la entrada ni permanecieron para verificar la situación denunciada. Se retiraron a las 23:39, argumentando que no podían entrar sin una orden judicial y que el dueño del inquilinato, quien podría autorizar el acceso, no se encontraba presente.

La autopsia practicada al cuerpo de Daniela determinó que la muerte se produjo entre la 1:00 y las 3:00 del martes, es decir, al menos dos horas después de la llegada de la policía al lugar, según informó Jujuy al Momento.

Este dato se volvió central en las críticas de la familia, que sostiene que la joven aún estaba con vida cuando los efectivos se presentaron en el domicilio. “Tocaron la puerta y se fueron. No ingresaron, no rompieron la puerta, nada. Si hubieran entrado, capaz, hoy mi hermana estaría viva”, afirmó Elizabeth.

El inquilinato donde residía la víctima se caracteriza por un pasillo angosto y monoambientes donde, según los vecinos, “todo se escucha”. Pese a la insistencia en los llamados, la intervención policial no se concretó a tiempo. El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el propietario del inmueble notó la puerta entreabierta y decidió ingresar, encontrando a Daniela sin vida.

La investigación judicial avanzó rápidamente hacia la hipótesis de un hecho violento, luego de que las autoridades confirmaran que se trató de una muerte traumática.

La ex pareja de la víctima, Matías Manuel Tinte, de 36 años y residente en el barrio El Chingo, fue detenida y quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

La familia relató que Daniela y Tinte mantuvieron una relación durante una década, pero que ella se había separado hacía cuatro meses debido a episodios de acoso constante. “Él nunca trabajó, no estudiaba y la molestaba todo el tiempo. Mi hermana trabajaba todo el día y cuidaba a mi papá. Él no aceptó la separación”, explicó la hermana de la víctima. Aunque no existían denuncias formales recientes, la familia confirmó antecedentes de violencia en años anteriores.

El momento en que la Policía finalmente ingresó al departamento fue posterior a la confesión del propio Tinte, quien se presentó en la comisaría y admitió haber matado a Daniela.

La familia de Daniela dirigió sus críticas tanto al accionar policial como a la demora en la respuesta del fiscal de turno, señalando un posible incumplimiento de los protocolos de violencia de género. “Pedimos la pena máxima. Él lo planeó, lo hizo frío, tuvo tiempo de cambiarse y entregarse. Y también pedimos que se investigue a los policías y al fiscal. No atendieron llamados, no ingresaron, se fueron como si nada”, reclamaron las hermanas.

“En Jujuy ya vimos casos donde los culpables salen libres a los pocos años. No queremos que esto quede en el olvido”, añadió Gisela.

Tres militares retirados del Ejército murieron y otros tres resultaron heridos como consecuencia de un vuelco ocurrido en la provincia de Jujuy, a la altura del departamento El Carmen.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18 sobre la ruta nacional N°34, sentido San Pedro – Perico, cerca de la localidad San Juancito y a pocos metros del cruce con la ruta nacional N°66.

Según fuentes consultadas por el medio local El Tribuno Jujuy, en el interior del rodado, una Renault Kangoo, viajaban seis hombres, todos mayores de edad. Por motivos que forman parte de la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó dando vueltas y volcado al costado de la ruta.

Instantes después del siniestro, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia. Efectivos policiales y personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) arribaron rápidamente al lugar para brindar asistencia.

Al llegar, los paramédicos constataron el fallecimiento de tres de los hombres, uno tenía 57 años, otro 61 y el último 64, mientras que los otros tres presentaban heridas de distinta gravedad. Estas últimas debieron ser trasladadas con urgencia al hospital Zabala de ciudad Perico. Este domingo, el estado de salud de los lesionados era reservado.

Equipos de Seguridad Vial se abocaron a ordenar el tránsito, mientras que especialistas del departamento de Criminalística desarrollaron las pericias de rigor con el objetivo de precisar las circunstancias que originaron el accidente.

Posteriormente, los cuerpos de las víctimas fatales fueron derivados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro. El utilitario, clave en la investigación, fue secuestrado para inspecciones.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los ocupantes del vehículo eran retirados del Ejército Argentino y regresaban de participar en una reunión de camaradería, realizada en la ciudad de San Pedro.

Las actuaciones complementarias quedaron bajo la órbita de los efectivos policiales de la Seccional 21°, quienes intervinieron por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Otro accidente fatal que también dejó heridos en el interior

Una mujer perdió la vida la noche del viernes pasado tras un accidente en la provincia de Río Negro, mientras que un hombre resultó gravemente herido en el incidente.

El hecho ocurrió poco después de las 23:30, en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional 151. De acuerdo con medios locales, las víctimas viajaban en una motocicleta; la mujer iba como pasajera y el hombre conducía el vehículo.

Al pasar por la zona próxima a una estación de servicio en la localidad de Barda del Medio, el piloto perdió el control y ambos se estrellaron contra una rotonda.

Vilma Ríos, quien dirige el área de tránsito en Cipolleti, explicó que los involucrados eran un hombre de 37 años y una mujer de 43. Ambos partieron desde Cinco Saltos con destino a El Chañar.

Pocos minutos después del accidente, arribaron agentes policiales y servicios médicos, quienes trasladaron a los heridos al hospital de Cinco Saltos. No obstante, a su llegada al establecimiento de salud, se constató la muerte de la acompañante.

El conductor sufrió una lesión grave, una fractura expuesta, según detalló la jefa de Tránsito al diario local Río Negro. Por la seriedad de la situación, lo derivaron al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Las autoridades aseguraron que no hubo participación de otros vehículos. Por este motivo, se inició una investigación destinada a esclarecer las circunstancias del siniestro, y el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para analizar la secuencia del hecho.

El cuerpo de Daniela Mamaní fue descubierto sin vida el martes por la mañana en una vivienda de barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, y la Justicia investiga el hecho como un posible femicidio. Las circunstancias del caso llevaron a las autoridades a detener a la ex pareja de la mujer.

Horas después del hallazgo, los familiares confirmaron la identidad de la víctima, oriunda de Humahuaca y residente en la capital jujeña, desde hacía varios años. De acuerdo con los primeros relatos que trascendieron, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, los vecinos de la calle Campero dieron aviso al 911 al oír gritos provenientes de la vivienda de la joven, ubicada a pocos metros de avenida El Éxodo.

Según reportó TodoJujuy, esta escena se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre la víctima y el único sospechoso, al momento. En tanto, el hallazgo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato donde residía Mamaní notó la puerta entreabierta de su departamento e ingresó. En el interior estaba el cuerpo sin vida de la joven. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, tras la primera intervención, procedieron a la detención de la ex pareja de la víctima, un hombre de 36 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

Los familiares contaron que la mujer, de 31 años, era enfermera de profesión pero no ejercía. Una prima de la mujer escribió a través de redes sociales: “Otra más de nosotras. Hoy nos arrebataron a Daniela, mi prima… una mujer llena de vida, con sueños, con una sonrisa que iluminaba a todos”, escribió. “Se fue de una forma que jamás debió pasar, por culpa de un hombre que no quiso verla libre, que no soportó verla viva. Duele, Daniela. Duele hasta el alma. Duele la injusticia, el miedo, la impotencia”.

“Tu nombre no se olvida. Tu historia no se borra. Por Daniela, por vos, por todas… ¡Ni una menos!”, concluyó el mensaje.

“Me acabo de enterar porque mi tía de Humahuaca me avisó. Daniela falleció, no puedo creer. Yo trabajo acá cerca, en la misma calle. Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle”, declaró una de las tías en diálogo con Todo Jujuy.

De acuerdo a información de TodoJujuy, la Policía de la provincia recibió al menos dos llamados al 911 en la noche del lunes. Uno de ellos fue realizado por un estudiante vecino de la víctima, quien advirtió que una mujer pedía auxilio a los gritos. Un patrullero acudió al inmueble, pero los efectivos manifestaron no poder ingresar sin una orden judicial y, al no encontrarse el dueño del inquilinato, —quien podría autorizar el acceso— optaron por retirarse del lugar.

El esclarecimiento de las causas del fallecimiento avanzó durante las primeras horas de la investigación, cuando las autoridades judiciales confirmaron que se trató de una muerte traumática. La confirmación de este dato orientó a los investigadores hacia la hipótesis de un hecho violento.

Encontraron muerta a la mujer que era intensamente buscada en Necochea

La búsqueda de Débora Bulacio del Valle, de 39 años, concluyó este martes con el hallazgo de su cuerpo enterrado a la vera del Lago de los Cisnes en Necochea, un sitio cercano al camping Miguel Lillo donde la mujer fue vista por última vez el sábado.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la Policía Bonaerense y agentes de la DDI trabajaron intensamente en la zona desde el lunes, activando un operativo en el que participaron unos 80 efectivos de distintas reparticiones. El cuerpo fue localizado sobre la arena, a metros del acceso al camping, el mismo donde aguardaban dos hermanas y una tía de la víctima, con la esperanza de recibir noticias positivas.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Género dirigida por Walter Pierretégui y la jueza de garantías Aida Ihuez, se centró en la pareja de Débora, quien quedó detenido desde el lunes bajo la acusación de femicidio. El hombre, que viajó junto a ella desde Villa Cacique, permaneció en silencio ante el fiscal y fue claramente vinculado a la desaparición, avalando la acusación inicial pese a que el cuerpo todavía no había sido hallado.

El sábado, un sereno del camping presenció una discusión entre la pareja y notó señales de violencia, aunque no observó agresiones directas en ese momento. Ese día fue la última vez que Débora mantuvo contacto con su familia cuando le indicó en un mensaje a uno de sus hijos que su pareja la había golpeado, provocándole un hematoma en el ojo y un diente aflojado. La denuncia por desaparición la realizó finalmente el sereno, al no ver rastros de ella desde la madrugada siguiente.

Durante el relevamiento, la Policía bonaerense encontró prendas de la víctima, algunas de ellas manchadas con sangre, y rastros físicos que apuntaban a una escena de violencia.

Un joven de 19 años, especialista en redes sociales, fue detenido en San Salvador de Jujuy y, ahora, se encuentra bajo prisión preventiva, imputado por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. La Unidad Fiscal Jujuy inició la investigación tras la denuncia de tres jóvenes, dos de ellas menores, quienes habrían sido trasladadas desde Santa Fe bajo engaño y alojadas en un departamento, donde fueron grabadas sin consentimiento con cámaras espía ocultas en objetos del hogar.

El juez federal de Garantías Eduardo Hansen emitió prisión preventiva para el acusado, identificado como G. F. F., a pedido del fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Romina Verdur. La gravedad de los cargos y el material incautado profundizó la preocupación en la investigación, que continuará al menos por los próximos noventa días.

De acuerdo con las declaraciones, las jóvenes recibieron una propuesta de beca educativa promovida por el supuesto “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”. La estructura digital, que incluía documentos, flyers y hasta un domicilio oficial en la Casa de Gobierno de Jujuy, resultó ser completamente ficticia y fue desarrollada por el propio imputado.

Las víctimas, de 17 y 21 años, creyeron legítima la oferta y firmaron permisos de viaje y estadía tras recibir la documentación requerida.

El acusado, especialista en gestión de redes sociales y community manager del centro de estudiantes de un colegio secundario, aprovechó su conocimiento avanzado en informática y el uso de herramientas de inteligencia artificial –incluida la aplicación de inteligencia artificial– para dotar de realismo la fachada del organismo y sus programas de becas.

La simulación fue tan verosímil que ni las víctimas ni sus familiares detectaron irregularidades en la documentación o la comunicación digital.

Esto permitió que las jóvenes aceptaran la invitación y viajasen a Jujuy en compañía del acusado, según informó el portal Aire Digital.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), tanto el joven como las víctimas llegaron juntos en micro y se alojaron en un departamento alquilado por el imputado en el barrio Alto Padilla.

Durante los días en Jujuy, las jóvenes participaron en actividades relacionadas con la Fiesta Nacional del Estudiante. La situación empezó a revelarse cuando una de las adolescentes notó que un reloj en el baño de la vivienda no funcionaba correctamente. Tras revisar el dispositivo, descubrieron que en realidad contenía una cámara espía, fabricada para grabar imágenes y audio de manera oculta.

Luego de detectar el aparato, las víctimas lo depositaron en el balcón y consultaron la marca y características del mecanismo en internet y decidieron alertar al acusado y, poco después, este les indicó que necesitaban trasladarse a la “Ciudad Cultural” para comunicarse con los supuestos responsables del programa de becas.

Al llegar al evento, las jóvenes brindaron detalles de lo sucedido a la Policía. Al ser confrontado, el acusado negó inicialmente la existencia del dispositivo, aunque terminó por admitirlo de manera evasiva. Posteriormente, agentes policiales observaron cuando el joven manipuló la cámara y trató de deshacerse de ella arrojándola desde un vehículo, lo que generó suspicacia y permitió a los efectivos recuperar evidencia clave.

El procedimiento policial incluyó la detención del acusado y el secuestro de una gran cantidad de material informático: teléfonos móviles, pendrives, discos externos, una computadora y una tablet. El peritaje preliminar realizado por la Fiscalía arrojó que se habían extraído al menos 15 videos y 68 fotografías de las víctimas en el departamento, filmaciones que corresponden a un período de un día y medio.

Las autoridades informaron que también se halló material fílmico de otras posibles víctimas bajo la misma modalidad, así como una cantidad considerable de material de abuso sexual infantil en los dispositivos incautados.

El hallazgo, comunicado por el MPF durante la audiencia, derivó en el agravamiento de la imputación y en el pedido formal de nuevos peritajes para determinar el origen o producción del material.

Además, la Fiscalía remarcó la existencia de “riesgos procesales latentes”, lo que fundamentó la decisión de pedir prisión preventiva y ampliar el plazo de investigación.

El juez Hansen rechazó los argumentos de la defensa, que pretendía morigerar la detención a través de la presentación de bienes en caución y el compromiso del acusado a no obstaculizar las pericias. Coincidió con la línea acusatoria sobre la gravedad y logística de los hechos, así como en la necesidad de preservar la evidencia y facilitar la obtención de más información.

En este contexto, la Unidad Fiscal Jujuy confirmó la continuidad de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y la verificación de más víctimas posibles, al tiempo que las jóvenes afectadas permanecen bajo resguardo y acompañamiento especializado.

El caso sigue en investigación, mientras avanza el proceso judicial y se extiende el análisis forense de los dispositivos intervenidos.

Jujuy tiene unos 20.000 docentes. Entre 12.000 y 13.000 de ellos se desempeñan en el nivel primario; el resto trabaja en la secundaria y en el nivel superior. Desde hace dos años, el Ministerio de Educación de la provincia, con Miriam Serrano como titular de la cartera, se ocupó del trabajo y la formación alrededor de la alfabetización. Se priorizó Lengua, Matemática y la mejora de la Metodología y la Didáctica como sostén del plan en marcha. En la secundaria, además de la alfabetización, avanzaron en contenidos socioemocionales, educación financiera y tecnológica, con un acompañamiento específico para afinar las prácticas de aula —una demanda persistente del nivel.

Serrano está llegando al final del segundo ciclo educativo de su gestión, lo que representa también la mitad de su período como ministra: es un punto de transición que impone revisar lo hecho y fijar con nitidez las metas de lo que viene. Con ese horizonte, la ministra, a partir de la evaluación, bigdata y el diálogo con docentes y comunidades educativas, busca consolidar los éxitos y aprender de los errores.

En esta entrevista con Ticmas, Serrano analiza el plan de alfabetización provincial, anticipa el refuerzo en Matemática que prepara, explica cómo utilizan las evidencias de pruebas como las Aprender para ajustar decisiones.

—Hoy los docentes se encuentran en una situación desafiante por, entre otras cosas, el avance de la tecnología. ¿Cómo se los acompaña desde el Ministerio?

—Uno de los ejes de nuestro plan estratégico es el fortalecimiento de las capacidades de nuestros docentes. La educación y la escuela se encuentran muy interpeladas, no solo en la necesidad de actualizar la formación de los docentes en contenidos que en su formación inicial no tenían —ciencia de datos, inteligencia artificial—, sino también por el uso de otras herramientas importantes, que están mediadas por la tecnología. Pero además hay otros contenidos necesarios: educación financiera, educación ambiental, la necesidad de pensar lo emocional en el aula. Hemos ido abordando esas temáticas porque, cada vez que hacemos una capacitación con docentes, les pedimos que nos indiquen cuáles son sus demandas más allá de los lineamientos propios de nuestro plan estratégico. Este año hicimos acciones que tienen que ver con el manejo de las emociones, el bullying, el acoso y el ciberacoso, el grooming. Son cuestiones que se demandan no sólo en el aula sino también en la familia.

—En otros distritos pasa que hay muchos estudiantes en institutos de formación, pero luego no termina habiendo oferta para que den clase. ¿Qué pasa en Jujuy? ¿Hubo que cerrar carreras por falta de oferta?

—No hemos cerrado carreras. Este año hicimos un relevamiento de cuáles son los intereses de los estudiantes para acceder al estudio superior no universitario y cuáles son las carreras de mayor demanda. Por supuesto, prestamos atención —y es una obligación de parte del Estado— para evitar la sobredemanda o que haya profesionales que salen de los institutos y se les dificulta encontrar un lugar de trabajo. Ahí estuvimos haciendo mesas intersectoriales con el sector productivo, las cámaras empresariales, el sector privado para recoger cuáles serían las nuevas formaciones, las nuevas habilidades que requiere el mundo laboral, y que nos permita orientarnos a la hora del diseño de nuestras carreras y la actualización de diseños curriculares.

—¿Tienen acuerdos con el INFoD, el Instituto Nacional de Formación Docente?

—Sí, por supuesto. Hemos elevado nuestras propuestas de formación docente. Ahora nos están pidiendo educación financiera. Nos han acompañado algunas entidades vinculadas al área de las Ciencias Económicas y algunas entidades bancarias. Este año hemos realizado una experiencia piloto con docentes y estudiantes de secundaria. En septiembre, en la Fiesta de los Estudiantes, ellos hacen desfiles de carrozas y carruajes, y ahí, con algún aporte, juntan el dinero para armar sus carruajes. Los hemos acompañado a través de un programa de educación financiera con una billetera virtual. Eso les ha permitido tener independencia y autonomía en el manejo de las finanzas. Y nos interesa por dos razones: uno, porque son usuarios de billeteras virtuales —creo que los estudiantes están adelante de los docentes—; y, por otro lado, es importante orientarlos en el uso de las billeteras virtuales y de las finanzas en los mercados. Tener cuidado con las plataformas virtuales de juegos que involucran monedas, tarjetas, etcétera.

Hacia un modelo de alfabetización provincial

—El plan de alfabetización provincial lleva ya un año y medio; casi dos ciclos escolares de desarrollo. ¿Cómo lo evalúa?

—Nosotros hemos diseñado un plan basado en las experiencias de alfabetización que se vienen realizando en las escuelas. Tenemos 130 escuelas alfas —Nación nos ofreció trabajar con 65 y nosotros duplicamos la cantidad— y estamos beneficiando 7.947 estudiantes de escuelas primarias. Reciben el acompañamiento de los “docentes territoriales”, que van a cada una de las escuelas de la red. Hemos recogido los planes de alfabetización y focalizamos lo que hace cada escuela, porque las acciones no pueden ser las mismas en Puna que en el Valle, en lo urbano que en la ruralidad. Esta es la particularidad de nuestro plan.

—¿Intervienen los municipios?

—Sí, porque sabemos que la alfabetización, con lo que se hace en la escuela, no alcanza. Hemos promovido un “Acuerdo social para la alfabetización” y los municipios lo han firmado. Son municipios alfabetizadores; es decir, acompañan en la alfabetización con actividades por fuera de la escuela, como bibliotecas populares, círculos de lectores, reuniones de abuelos con niños que están leyendo y otras acciones. Queremos que leer no sea sólo una rutina, sino que sea una práctica propia en la familia. Hemos elaborado documentos orientadores, capacitaciones para los docentes, acompañamiento en territorio, una curaduría de los libros que se suma a los que entrega la Secretaría de Educación de la Nación.

—Habiendo dos modelos mayoritarios de alfabetización, y con la libertad que les han dado a las escuelas, ¿han relevado cuál tenía mejores resultados?

—Estamos haciendo la evaluación después de un año de empleo del plan de alfabetización. Nosotros tenemos un plan de alfabetización híbrido. Le decimos híbrido porque una escuela toma uno y otra escuela toma el otro. Estamos evaluando cómo van, pero, por supuesto, siempre con una mirada situada. Vuelvo a hacer énfasis en la territorialidad y en las características propias de cada una de nuestras escuelas. Cerrando este segundo año, creo que vamos a encontrar evidencias para saber cuál de los dos —o un híbrido— ha sido efectivo.

—Hablemos de alfabetización matemática, que es un tema con falencias a nivel nacional. ¿Han desarrollado un plan en la provincia?

—Da la casualidad que en la última asamblea del Consejo Federal se planteó la necesidad de un Plan Nacional de Alfabetización en Matemática. Nuestro Plan Provincial de Alfabetización Matemática se discutió la semana pasada. Una alfabetización integral no solo apunta a la lectoescritura, sino que también tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico y las habilidades de matemática esencial. Vamos a llevar un plan de fortalecimiento de la matemática en la provincia. Hicimos un primer ajuste y hemos reunido a nuestros equipos para ver de qué manera plantearlo, para diseñar un programa que no solo trabaje de manera conjunta con la lectoescritura, apalancando lo que ya venimos trabajando. Tenemos que revisar contenidos, metodologías, y cómo ensamblar la alfabetización en lengua con la de matemática. Lo vamos a iniciar en el próximo año escolar.

—¿Cómo es en el día a día la toma de decisiones de estos planes? ¿Cómo se trasladan los programas a la evidencia y el análisis?

—Cada escuela tiene un plan de alfabetización integral que se llama el PAI. El plan tiene una hoja de ruta a lo largo del año y, ahora, al terminar el año, estamos recogiendo a través de evaluaciones de monitoreo que está llevando adelante la Unidad de Evaluación del Ministerio, qué resultados de aprendizaje tuvo. Por otro lado, el Aprender tiene datos no solo generales de la jurisdicción, sino que también tiene el acceso a los datos de las escuelas. Allí nos sentamos con los equipos supervisivos, con los equipos directivos, con los datos del Aprender y con nuestros propios datos. En este momento, que todavía estamos monitoreando, nos ha parecido muy interesante que el hábito de la lectura ha sido evidenciado en distintas actividades que presentan las escuelas. Hemos encontrado concursos de lectura, actividades que mejoran las bibliotecas, que aportan de libros. La familia va a leer a la escuela con los niños. Yo creo que está instalada en la escuela la necesidad de reforzar el hábito de la lectura.

—Mencionaba las pruebas Aprender, que se realizan a nivel Nación. ¿Tienen pruebas estandarizadas propias de la provincia?

—La Unidad de Evaluación analiza las pruebas Aprender, y el año que viene vamos a implementar nuestra propia prueba jurisdiccional. Pensamos retomar una prueba que llevamos adelante en 2017, 2018. Después hubo discontinuidad y cambio de gestiones. El año que viene queremos sacar una prueba jurisdiccional que complemente la prueba Aprender. Seguramente nos reunamos con el equipo de María Cortelezzi, para ver qué evalúa Nación y qué podemos evaluar nosotros.

—¿Cómo es el Centro de Innovación Educativa de Jujuy?

—El Centro de Innovación Educativo está en San Salvador y ha tomado un rol importante y ofrece actividades extracurriculares que complementan lo que hace la escuela. Hay robótica, maker, audiovisual; siempre tomamos temáticas que son de interés de los chicos. Por supuesto, hay un espacio que se llama Espacio Escuela, donde los docentes van con sus alumnos y llevan adelante proyectos que puede ser de olimpíadas, de feria de ciencias; tenemos hackatón de ideas innovadoras y las escuelas técnicas van allí. Gracias al auspicio de empresas privadas, hay una sala con veinte computadoras, que es el lugar de capacitación de nuestros docentes en herramientas digitales, en educación financiera, en inteligencia artificial. Ojalá tuviéramos más centros de innovación.

—Soñemos: mañana el gobernador le dice que tiene recursos ilimitados para poner en marcha un proyecto. ¿Cuáles son las dos acciones más urgentes para la provincia?

—Está bueno soñar con esto. Si tuviera todo ese recurso y pudiera hacer cambios, haría más escuelas primarias como las Alfa. Haría que los chicos entraran a las ocho de la mañana y salieran a las cuatro de la tarde y tuvieran actividades de formación y talleres de música, arte, ciencia, tecnología, robótica, inteligencia artificial.

—Jornada extendida.

—Jornada extendida con comedor, con juegos, con acompañamiento en lo socioemocional. Pondría los sábados a la mañana una escuela para padres; ya hicimos una experiencia piloto muy pequeña. En escuelas de alta demanda hay un ingreso a 1° año con una instancia de evaluación en Matemática y Lengua. Los chicos se preparan con una cartilla que se que se cuelga en la página web con los contenidos que se va a tomar y damos clases de apoyo. Este año los niños y las niñas que estaban yendo a clases de apoyo de matemática y lengua iban a la escuela, y sus padres también fueron. Les contamos el paso a la secundaria, la cuestión administrativa y abordamos lo socioemocional. Pensamos que no les iba a interesar, pero los padres fueron los cuatro sábados y participaron muy activamente. Llevaría eso adelante. Y, como los tiempos y los recursos son ilimitados, haría una secundaria novedosa, con profesores concentrados, con jornada extendida donde tengan arte, música, cerámica, deportes. Ojalá lo podamos hacer. Tenemos un programa de mejora para la calidad educativa con fondos multilaterales de crédito. Está en carpeta hacer la escuela soñada, pero me gustaría que las 1.119 escuelas de Jujuy lo fueran.

Perder a un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una persona. La reciente incorporación del Protocolo “Código Mariposa” al sistema sanitario de la provincia de Jujuy marca un hito en la atención a las familias que enfrentan la pérdida de un hijo, ya sea gestacional, perinatal y hasta los 3 años y brinda apoyo y contención durante el duelo.

La Legislatura de Jujuy aprobó la Ley N° 6482, que establece la aplicación obligatoria del “Protocolo Código Mariposa” en todos los establecimientos de salud públicos y privados de la provincia.

Según el texto oficial, la medida tiene como objetivo garantizar un trato respetuoso y un acompañamiento integral a personas gestantes, madres, padres y familiares que atraviesen el duelo por la pérdida de un hijo durante la gestación, el parto o hasta los tres años de edad.

La medida fue tratada y sancionada durante la 10ª Sesión Ordinaria, en la que también se abordaron proyectos vinculados con la salud, la educación y el transporte, en un marco de amplio debate parlamentario.

Cómo es el Código Mariposa

El Código Mariposa consiste en un conjunto de procedimientos médicos y asistenciales estandarizados, orientados a brindar soporte específico a quienes se encuentren en situación de duelo por la pérdida de un hijo.

El protocolo contempla dos acciones asistenciales fundamentales. Primero, la identificación de la situación mediante una mariposa de color morado colocada en la puerta de la habitación del paciente y en su historia clínica, con el fin de alertar al personal de salud y orientar la atención hacia un enfoque sensible y respetuoso.

En segundo lugar, se prevé la disposición de una habitación especial, también identificada con el símbolo de la mariposa, para ofrecer un espacio privado y de contención a las familias afectadas, evitando el contacto con otros recién nacidos o situaciones que puedan intensificar el proceso de duelo.

La aplicación de estas medidas requiere el consentimiento informado de la persona gestante, madre, padre o familiar responsable, luego de recibir información clara sobre las mismas. La ley garantiza la autonomía de la voluntad, el derecho a la intimidad y un trato digno, en concordancia con la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley N° 26.529 de Salud Pública.

La nueva ley define así los siguientes conceptos en los que se aplicará la ley:

• Pérdida perinatal: Es la ocurrida desde la semana veintidós de gestación hasta siete días después del nacimiento.
• Pérdida neonatal: La ocurrida dentro de los primeros veintiocho días de vida.
• Pérdida en la primera infancia: La ocurrida hasta los tres años de edad.

El Ministerio de Salud de Jujuy fue designado como autoridad de aplicación de la ley, con la responsabilidad de diseñar e implementar programas de formación y capacitación continua para el personal de salud de los sectores público y privado.

Estos programas deberán enfocarse en optimizar la atención integral y garantizar una comunicación empática, respetando la diversidad cultural y religiosa. Además, la autoridad de aplicación tendrá a su cargo la elaboración de los lineamientos y guías técnicas para el cumplimiento de la normativa.

“El duelo es una forma de procesar una pérdida, a la que podemos o no estar preparados, pero que lleva a una serie de modificaciones secuenciales a nivel cognitivo, emocional y comportamental”, dijo en una nota reciente a Infobae, el Dr. Enrique De Rosa Alabaster, quien se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

“Esa respuesta múltiple y diversa al trauma, la conocemos como duelo. Esto puede ser desde un proceso simple, a una enfermedad, o a la muerte de un ser querido e inclusive a la perspectiva de la propia, por una enfermedad terminal. Es una experiencia muy compleja y en particular muy personal que puede involucrar una amplia gama de emociones, como tristeza, ira, culpa y confusión y que puede durar meses o incluso años. En algunos casos puede ser un proceso con el que se cargue el resto de la propia existencia”, agregó el experto.

De acuerdo a la profesora Janett Sosa Torralba, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “el fallecimiento de un hijo no tiene comparación. Es un hecho que se piensa antinatural porque la ley de la vida indica que padres y madres deben fallecer primero".

Según la profesora Sosa Torralba, enfrentar el duelo por la pérdida de un hijo es un proceso complicado debido a las distintas reacciones que pueden generarse. La culpa, la tristeza, el enojo y el temor a perder a otros hijos son algunas de las reacciones más frecuentes. Es importante hablar sobre la pérdida y buscar apoyo familiar y psicológico para superar el dolor.

A más de tres meses de la detención de Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, la Fiscalía solicitó que la prisión preventiva fuera extendida para poder continuar con la investigación. Según explicó el fiscal, Guillermo Beller, aún quedaría identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

El acusado fue detenido el 30 de julio de este año y, desde entonces, fue imputado por cuatro los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51). No obstante, el fiscal anticipó que próximamente se sumará un nuevo cargo por el crimen de Juan Carlos González, la quinta víctima identificada.

En el marco de la investigación, se impuso una prisión preventiva, que tenía fecha límite el 4 de diciembre, pero Beller explicó que la acumulación de evidencia y la necesidad de agotar todas las instancias periciales hacen inviable la realización del debate oral antes de esa fecha.

“Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló al remarcar la complejidad y el volumen de pruebas que componen el expediente.

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Día, uno de los principales obstáculos para avanzar hacia el juicio reside en el análisis de dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado, que aún no han podido ser cotejados. “Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera”, afirmó.

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. “Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento”, precisó Beller.

En cuanto a la posible fecha de inicio del juicio, el fiscal consideró que el proceso podría comenzar el próximo año. “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”, vaticinó.

Mientras que Jurado mantiene su postura y proclama su inocencia, el investigador explicó que el imputado ejerce su derecho a no declarar y que su estrategia de defensa podría consistir en sostener esa versión. “Por la presunción de inocencia, hasta que un juez o en este caso un tribunal lo encuentre culpable con todas las garantías dadas en un juicio, él sigue siendo inocente. Por eso se habla de presunto autor de dichos delitos”, profundizó.

En el plano pericial, la Fiscalía ya incorporó al expediente el resultado de la última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Según el informe, se concluyó que el imputado es plenamente responsable de sus actos. Esta es la segunda pericia psiquiátrica realizada, luego de que surgieran dudas iniciales sobre su salud mental.

De esta manera, el dictamen estableció que comprendía la criminalidad de sus acciones y tenía capacidad para dirigir su conducta en el momento de los hechos, lo que descarta la inimputabilidad. Este resultado complicaría la estrategia de la defensa, que evaluaba cuestionar la capacidad mental del acusado como parte de su planteo.

Por otro lado, la reconstrucción de los hechos, basada en la investigación y los testimonios recabados, permitió identificar un patrón en el accionar del acusado. Aparentemente, Jurado seleccionaba los días viernes para acercarse a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.

Mediante esa oferta, el acusado lograba persuadir a las víctimas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero. Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.

En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otra parte eran depositados en bolsas de consorcio que luego se descartaban en basurales de la zona.

El fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la causa contra el presunto asesino serial Matías Jurado (37), ya cuenta con el resultado de la última pericia psiquiátrica realizada al acusado, señalado por el crimen de cinco personas en San Salvador de Jujuy.

El informe concluyó que Jurado es imputable, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Se trata de la segunda evaluación de este tipo a la que se sometió el acusado, tras la duda inicial sobre su estado de salud mental.

El examen estuvo a cargo de una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta y ya forma parte del expediente principal.

Según las fuentes, la conclusión dejó en claro que Jurado comprendía la criminalidad de sus actos y podía dirigir sus acciones en el momento de los hechos, lo que descarta su inimputabilidad.

Esta prueba complica una posible estrategia de la defensa, que analizaba cuestionar la capacidad mental del imputado como parte de su descargo en la causa.

De esta manera, en los próximos días se realizará una nueva audiencia imputativa contra Jurado, en la que la fiscalía le atribuirá de manera formal el asesinato de Juan Carlos González, la quinta víctima identificada y que había sido anunciada a fines de septiembre.

Así, el detenido quedará procesado oficialmente por cinco homicidios agravados, siendo las otras víctimas Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51).

La fecha exacta de la audiencia todavía no fue definida.

González tenía 60 años. Había sido reportado como desaparecido el 11 de junio pasado en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

La posibilidad de localizar en la vivienda de Jurado restos de sangre de González era concreta para los investigadores a partir de la pista de su teléfono celular: el aparato tuvo un último contacto cerca de ese domicilio.

Al allanar la casa, los investigadores encontraron rastros de sangre, restos óseos, ropa presuntamente de las víctimas, también palas, bolsas y una carretilla.

Las muestras levantadas en la escena se analizaron y permitieron establecer qué había sucedido con los cinco hombres que habían desaparecido.

Todavía restan determinar a quiénes pertenecen otros dos perfiles de ADN más hallados en la vivienda. Hay sospechas de que podrían estar relacionados con personas desaparecidas cuyas familias se encuentran fuera del país, por lo que serán sometidas a nuevos cruzamientos.

Cómo era el modus operandi

Según la reconstrucción de los investigadores y los testimonios recabados, el acusado presentaba una secuencia con patrones reiterados:

• Elegía los días viernes para dirigirse a puntos donde solían encontrarse personas en situación de calle.
• En esos encuentros, ofrecía trabajos circunstanciales -como changas en la terminal- o bebidas alcohólicas.
• Con este método, conseguía persuadir a las personas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
• Una vez que accedían a entrar en la casa, las víctimas eran recibidas solo por Jurado; el adolescente que vivía con él solía retirarse.

Los investigadores sospechan que, dentro de la vivienda, Jurado sometía a sus víctimas y procedía a descuartizarlas. Algunos restos humanos eran enterrados en el mismo domicilio, otros se quemaban con la finalidad de reducirlos y parte de ellos se colocaban en bolsas de consorcio que luego eran descartadas en basurales de la zona.

Desde el comienzo de la causa, el sospechoso siempre se pronunció inocente.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”.

“Eso lo han dicho todos. Han coincidido todos: familiares, vecinos, gente que lo conocía de algún merendero donde a veces él frecuentaba, que era una persona muy violenta. Violenta desde la parte física y violenta también desde la intimidación y amenazas con armas“, puntualizó Beller.

De la misma manera, aseguró que esto se habría probado a través de los informes que se obtuvieron de las veces que cumplió condena en el Servicio Penitenciario. Entre ellas, se conoció un episodio en el que Jurado protagonizó una pelea que lo había dejado malherido.

Jurado actualmente se encuentra detenido en el penal de Gorriti. El plazo de prisión preventiva es hasta el 4 de diciembre, pero puede extenderse si la fiscalía lo solicita.

La Fiscalía de Jujuy imputó formalmente a una pareja por organizar el traslado de más de 48 kilos de cocaína ocultos en dos autos, que fueron incautados tras un operativo de la Policía Federal Argentina.

La investigación tuvo su origen en julio pasado cuando una patrulla de los agentes federales realizaba un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34, en un tramo que está entre Yuto y Calilegua.

En aquella oportunidad se produjo una persecución de dos vehículos que habían evadido la señal de alto, que terminó con la detención de todos sus ocupantes. Los efectivos lograron interceptar al Grand Siena, en el que viajaba F. F., su pareja M. G., su hija B., y dos menores de edad; y un Fiat Cronos, ocupado por I. G. S.

El primero de los conductores admitió rápidamente que en el interior del habitáculo llevaban estupefacientes, lo cual fue confirmado por un perro antinarcóticos que detectó anomalías en la zona de los asientos traseros.

Los vehículos fueron trasladados a la base de San Pedro para un control exhaustivo, donde, de acuerdo con el reporte oficial del Ministerio Público Fiscal, los agentes confirmaron la presencia de 48 kilos de cocaína distribuidos en los tanques de combustible de ambos automóviles.

A los pocos días, la fiscal federal Lucía Orsetti imputó a todos, incluyendo a la hija de la pareja, como coautores de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, solicitando además la prisión preventiva y la autorización de peritajes sobre sus dispositivos y registros bancarios.

La investigación avanzó a partir del cruce de información con la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, que ya trabajaba sobre una presunta organización narcocriminal radicada en Salta y liderada por las dos personas recientemente imputadas.

De acuerdo con la Sección Antidrogas Salta de Gendarmería Nacional, ambos —identificados como C. C. y N. J. B.— figuraban bajo vigilancia, mientras que el conductor del Fiat Cronos estaba señalado como un posible transportista recurrente de drogas.

Las averiguaciones permitieron reconstruir que la organización habría realizado varios traslados de droga desde zonas fronterizas de Salta hacia provincias como Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Lograron vincular el Grand Siena con C. C. y N. J. B. a través de las imágenes captadas por cámaras de seguridad que lo mostraban en el domicilio de los acusados.

En declaraciones ante la justicia, la Fiscalía también puntualizó la existencia de movimientos bancarios que mostraban el financiamiento de los individuos hacia el operativo. Entre mayo y diciembre del año anterior, I. G. S. recibió casi 4,5 millones de pesos procedentes de una cuenta de C. C. Y posteriormente, otros 3,5 millones de pesos. También hubo una última transferencia de 40 mil pesos el día antes del operativo, según un informe financiero.

“El reporte da cuenta de movimientos bancarios que demostrarían el nexo directo y su rol como líder y financista”, sostuvo la fiscal Escudero ante el juez federal de Garantías N.º 1 de Jujuy, Eduardo Hansen. Además, se constató que había sido condenado en 2020 por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta a seis años de prisión por transporte de estupefacientes agravado.

Días atrás, la Justicia resolvió dictar la prisión preventiva de la pareja a solicitud de la Unidad Fiscal Jujuy, y avaló el secuestro de más de un millón de pesos, una camioneta Toyota, un Volkswagen Up y diversa documentación vinculada a la causa, junto con el allanamiento del domicilio salteño.

La fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, así como en la gravedad de los hechos, encuadrados bajo el delito de organización y financiamiento de transporte de estupefacientes agravado, que contempla penas de 8 a 20 años de prisión.

La causa por abuso sexual contra el sacerdote Atilio Luis Bruno es tratada con extrema delicadeza y reserva en la provincia de Jujuy. La razón está en el expediente en sí y en la filtración de una serie de chats que comprometen al Poder Judicial y al Obispado local.

Todo comenzó el 3 de abril pasado, cuando una mujer de nacionalidad chilena presentó una denuncia de abuso sexual, maltrato y daño psicológico contra el ahora ex sacerdote y Elena C.V., una supuesta vidente que acompañaba a Bruno en sus tareas de “sanación”.

La denunciante relató que su primer contacto con el dúo fue con la mujer, vía mail. Sucedió cuatro años atrás, en abril de 2021. En ese momento, buscaba ayuda espiritual debido a que atravesaba un proceso de separación, en un contexto de violencia. Luego de algunas charlas, le pidió a la vidente el contacto de un cura. Días después, recibió una llamada de Bruno.

Las conversaciones se hicieron frecuentes. Incluso, según la presunta víctima, el religioso le pedía realizar videollamadas en el que le decía que era “bonita”, algo que la incomodaba. La pareja de sanadores le pidió ir a Chile para ayudarla a “recuperar su familia”. Así lo hicieron.

Bruno y Elena llegaron el 10 de enero de 2023. La mujer que solicitó la ayuda se hizo cargo de las cuatro noches de hotel de ambos. Luego, los recibió en su casa debido a que, según dijeron, no estaban conformes con el alojamiento. Se quedaron por una semana hasta que regresaron a Jujuy. Durante esa convivencia, los sanadores se “trataban como hermanos”; pero la denunciante notó que había algo más. “Eran pareja”, dijo.

La comunicación continuó, también el envío de dinero por “caridad”. La chilena transfería las sumas a Elena, “ya que el Padre Luis no podía recibir en su cuenta”. Eran entre 70 y 100 dólares.

Antes de regresar a Argentina, siempre según la denunciante, la invitaron a ella y a sus dos hijos, de 10 y 15 años, a visitarlos en Jujuy, con motivo de los 25 años que cumplía Bruno en el sacerdocio. El 10 de octubre de ese año, la mujer viajó a Mendoza junto a los menores. Al llegar, le entregó 1500 dólares a “El Padre Luis” para que se ocupara de los gastos de la estadía de los tres. Elena lo acompañaba.

Se alojaron en una casa. En ese lugar, de acuerdo a la versión de la denunciante, ocurrió el primer abuso. “Mientras yo desempacaba, el Padre Luis entró a la habitación, me tomó de la nuca, introduciendo su lengua hasta mi garganta, mirándome a los ojos para decirme: ‘Estuvo rico eso’”, declaró.

Luego, Bruno, riéndose, se habría retirado de la habitación. “Me quedé en shock, paralizada”, dijo la presunta víctima, quien describió un ataque posterior en la cocina de la propiedad. Una fuente del caso indicó que, en ese momento, Bruno le aseguró que la ayudaría pero, al mismo tiempo, le pidió ayuda para ser “un hombre para Elena” y la obligó a hacerle sexo oral. “Tuve arcadas, ganas de vomitar. Él se reía”.

La mujer aclaró que no podía irse del lugar, debido a que le había entregado al supuesto abusador todo su dinero. “Estaba sola con mis hijos”, señaló. El 12 de octubre llegaron a una Parroquia de Nuestra Señora de Nieva, en San Salvador de Jujuy. Les dieron dos colchones y sábanas para dormir en el suelo.

“Tenía que sacar fideos de donaciones para que mis hijos puedan comer y, con el paso de los días, nos quitó el dispenser, por lo que no podíamos tomar agua”, puntualizó y contó que el Padre Luis “se paseaba en calzoncillos”, incluso, delante de los chicos a quienes, además, trataban de forma despectiva.

Al mismo tiempo, afirmó que, ante sus reclamos, Bruno le decía que “nadie le iba a creer” y la llamaba “desequilibrada mental”. “Teníamos prohibido hacer ruido”, agregó. Describió, a la vez, una oportunidad en la que la dirigió a una sala pequeña de la parroquia, en la que había un escritorio, un colchón inflable de plaza y media y color oscuro. En ese lugar, volvió a forzarla. “Me dijo que quería conocer el cuerpo de una mujer”. El abuso finalizó cuando alguien entró de forma sorpresiva y la víctima pidió ayuda a los gritos.

Según indicó, ella le había contado al cura del maltrato que sufría en su matrimonio. “Siento que él se aprovechó de todo eso y me hacía sentir como basura, como un perro. Él siempre me decía que se comunicaba con una jueza que me iba a ayudar y que nunca vino”, añadió.

“No conté lo que estaba pasando porque tenía miedo”, aseguró. “Los dos (por Bruno y Elena, quien también vivía en la Parroquia) siempre me repetían que estaba loca, que yo fabulaba cosas en la cabeza. Pasé muchos días en el infierno”, resumió. Consiguió que le compraran un pasaje para viajar a Buenos Aires, para el 17 de noviembre, es decir, a un poco más de un mes de su arribo.

Durante la estadía en la casa religiosa, sus hijos también padecieron. Uno de ellos comenzó a sentir “dolor en los huesos”. “Lo llevé a una clínica y quedó internado por deshidratación”. Su otro hijo, vomitaba. Cuando le dieron el alta, regresó a buscar todas sus pertenencias a la parroquia. Se encontró con el cura que, sosteniendo una cruz y rezando el Padre Nuestro, le decía: “Retiráte, retiráte”, al tiempo que amenazó con denunciarla.

El ahora ex cura enfrenta una imputación por los delitos de abuso sexual simple agravado por su rol como miembro de un culto religioso, en un hecho, y abuso sexual con acceso carnal agravado por la misma condición, en cuatro hechos.

La fiscalía consideró verídico el relato de la denunciante, por esa razón, el 24 de abril pasado, se llevaron adelante allanamientos y la detención de Bruno.

El intento de soborno

En ese procedimiento se secuestró el celular del sacerdote, en el que se encontraron los mensajes, enviados en febrero pasado, que comprometen seriamente a la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, quienes son investigados, en un incidente de la causa original, por el intento de soborno a la víctima.

De acuerdo a los chats, dados a conocer por Canal 9, en septiembre, le iban a ofrecer 10 mil dólares con el fin de que no presentara la denuncia.

No son pocos los que creen que la filtración de esas conversaciones derivó en el intento de remoción por juicio político del ahora ex procurador de la provincia, Sergio Lello Sanchez, por supuesta malversación de fondos. Lello renunció a su cargo luego de que la Legislatura lo suspendiera y ordenara, sin intervención judicial, el allanamiento de su despacho y de su casa.

Este último procedimiento, finalmente, no se realizó, pero la Policía de Jujuy entró al Ministerio Público, ahora bajo el mando de otro jefe de fiscales, y secuestró computadoras y documentación.

Mientras se resuelve si el caso llega a juicio, (la fiscal a cargo no respondió la consulta de este medio) Bruno cumple prisión domiciliaria y Lamas pidió licencia e inició el proceso de Vindicación, por el cual el “funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.

En tanto, el Obispo admitió en un comunicado que mantuvo contacto con la víctima, pero “siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración”.

“Una vejación y humillación terrible”

En diciembre de 2024, la mujer, tras resolver la situación del divorcio, comenzó a enviarle mails al Obispo de Jujuy para denunciar la situación que había atravesado.

Infobae tuvo acceso al último correo, de enero de 2025, en el que le informaba que había contratado a un abogado y le indicaba una serie de condiciones para no presentarse ante la Justicia.

“Reverendo Monseñor, me dirijo a usted para retomar el tema de la denuncia de abuso del Padre Luis Bruno. Le cuento que contraté un abogado penalista de Jujuy con experiencia en estos casos. Me contó que, hace poco más de un mes, un sacerdote fue condenado por abuso de menores y que quien pagó al abogado defensor del culpable fue usted”, indicó la mujer.

“El abogado me señala que el Padre Bruno arriesga una pena efectiva de cárcel de hasta 6 años. Más una suma de dinero estipulada por el Tribunal de Justicia por daños y perjuicios”, deslizó.

Luego, expresó cuáles eran sus pretensiones. “A mí no me trae paz una pena de cárcel. Sé que es un delito grave, una ofensa tremenda a Dios en primer lugar, una ofensa a mis hijos y para mí una vejación y humillación terrible. Si usted me asegura que el Padre Bruno no tendrá contacto con la comunidad y me asegura que tendrá no sólo un trabajo espiritual sino un tratamiento psiquiátrico y psicológico, me tranquilizaría en parte”.

Y le advirtió: “De no encontrar en usted la respuesta que anhelo, tendré que buscar justicia por lo penal, con todo lo que significa. Recurrir a la Justicia, hacerlo público a través de medios informativos, lo que sea necesario para que no quede impune el delito”.

Por último, realizó una lista de exigencias que le “traerían paz y un camino hacia la reconciliación y sanación espiritual”.

“En primer lugar, una Misa reparatoria de desagravio por tanto sacrilegio y ofensas a Nuestro Señor Jesucristo ocurrido al interior de la Iglesia Nuestra Señora de Nieva. Misa en la cual exijo estar presente”, manifestó. En segundo término, pidió “hacer oración reparatoria en la casa parroquial junto al nuevo Párroco o sacerdote a cargo. Me duele cada rincón de esa casa y sobre todo cada rincón de la Casa de Dios”.

Al mismo tiempo, solicitó una compensación económica. “1.000 dólares por atención psicológica tanto de mis hijos como mía debido al trauma emocional y espiritual causado por todo lo vivido; pido que me restituyan los 1500 dólares que le entregué al Padre Bruno en Jujuy por concepto de alojamiento y comida (el Padre Bruno se negó a que arrendara un hotel para mis hijos y para mí)”.

Al mismo tiempo, solicitó “los 1500 dólares que gasté en Chile pagando Hotel, restaurantes y paseo a Valparaíso y Viña del Mar para el Padre Bruno y E.V.”.

También exigió “2.500 dólares del abogado, quien está trabajando en el caso, por lo que debo pagarle aun si desisto de llevar mi caso a la justicia penal”. La mujer aclaró que no iba a reclamar el gasto de pasajes aéreos.

Al final, la víctima se inclinó por la denuncia.

Desde hace una semana que el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy está conmocionado por un macabro hallazgo y dos muertes violentas. Un joven de 19 años mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente. Luego de que la autopsia determinara cuál fue la causa de muerte de la mujer y cuándo ocurrió el fallecimiento, la investigación avanzó con el análisis del teléfono celular del hijo, señalado como el asesino.

El caso tomó trascendencia pública el pasado 14 de octubre, cuando un joven de 19 años descendió de un Ford Focus gris en movimiento sobre el puente San Martín, que une el barrio Centro con Chijra en la capital jujeña. Tras acercarse a la baranda, se arrojó al vacío y cayó sobre el lecho del Río Grande.

El personal del SAME lo trasladó en estado crítico al Hospital Pablo Soria, donde falleció en la madrugada del 15 de octubre. Esto marcó el inicio de una investigación que, horas después, revelaría una trama macabra.

Ese mismo martes, efectivos de Bomberos acudieron a una vivienda del barrio El Chingo por un principio de incendio en la vivienda que el joven compartía con su madre. Las llamas se focalizaron en el sector delantero, específicamente en el living y el comedor. Al sofocar el fuego, los rescatistas hallaron el cuerpo de una mujer cubierto con una manta y una media sombra en el patio de la residencia. La víctima, madre del joven fallecido, presentaba múltiples heridas de arma blanca y llevaba varios días muerta, según los primeros peritajes.

La conexión entre ambos sucesos llevó a los investigadores a trabajar bajo la hipótesis de “matricidio seguido de suicidio”, aunque el Ministerio Público de la Acusación mantiene abiertas todas las líneas de investigación, con el objetivo de descartar la intervención de terceros en el homicidio de la mujer de 56 años.

En el marco de las averiguaciones, según informó el medio local Jujuy al Momento, se procedió a la apertura y análisis del teléfono móvil del joven. De esta manera, no se hallaron elementos que sugieran la posible intervención de otras personas en el homicidio de su madre.

Uno de los puntos que quedan por resolver es la identificación precisa del arma utilizada en el crimen, ocurrido el 27 de septiembre.

Los investigadores ya descartaron todos los elementos punzocortantes encontrados en la peluquería que la víctima tenía en la esquina de su casa. Sin embargo, en dos cuchillos hallados en la vivienda se detectaron rastros de sangre, por lo que se presume que uno o ambos habrían sido empleados por el agresor.

El resultado final de los análisis sobre estos cuchillos, junto con los peritajes completos del celular y la computadora secuestrados durante los procedimientos, constituyen los últimos detalles que la fiscalía espera para proceder al cierre definitivo de la causa.

Los detalles que la autopsia reveló sobre el crimen

Hace unos días, el fiscal Diego Cussel informó que la autopsia determinó cuál fue la causa de muerte y de cuándo data el fallecimiento.

La autopsia practicada a la víctima reveló 14 heridas de arma blanca, localizadas en el abdomen, el pecho y el cuello. El informe médico-legal estableció que la causa de muerte fue un shock hemorrágico derivado de estas lesiones. Además, se identificaron marcas compatibles con maniobras defensivas, lo que indica que la mujer intentó resistirse al ataque.

Se tomaron muestras de material genético debajo de las uñas de la víctima, que serán analizadas para establecer si corresponden al agresor. Los resultados de ADN serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

En cuanto al entorno familiar, Cussel aclaró que no existían antecedentes de violencia, denuncias previas ni registros médicos que advirtieran sobre conflictos entre madre e hijo. Ambos convivían y mantenían, según el fiscal, una relación considerada normal. No obstante, se detectaron indicios de consumo y adicción a ciertos videojuegos por parte del joven, aunque no se halló evidencia concluyente de una dependencia.

El fiscal confirmó que, debido al fallecimiento del presunto autor, se produce una extinción penal del caso.

Fue recién días más tarde que Clarke confirmó su estadía en el país al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, bajo la frase: “Por fin... y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen Kingston, lo hicimos bien”. El breve mensaje estuvo acompañado de hashtags como #fromaltitudesicknesstowaterfallsofhairfrizz,#thankgodforburnerphones,#nowgivemeyourshoey#imcryingtoyouargentina.

La serie de imágenes que compartió Emilia documentó una travesía variada y cautivadora, en la que recorrió desde paisajes selváticos y exuberantes hasta entornos áridos y altiplánicos. Una de las primeras fotografías mostró a Clarke, vestida con camiseta clara y zapatillas blancas, disfrutó de un columpio atado a la rama de un árbol en mitad de un terreno amplio y seco, donde árboles dispersos y una construcción baja de techo de tejas formaron parte del paisaje. La naturalidad y el sentido lúdico de la imagen transmitieron la búsqueda de descanso y diversión lejos del bullicio urbano, en sintonía con el ambiente rural argentino.

Entre los momentos destacados, The Mother of Dragons incluyó una panorámica de las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos naturales más emblemáticos de Sudamérica. La fotografía capturó la caída de los saltos de agua marrón y blanca, custodiados por rocas y vegetación que se extendía hasta el horizonte bajo un cielo despejado. La niebla que subía desde el lecho del río cubría la escena de humedad y realzaba los matices verdes del paisaje. Esta imagen transmitió la experiencia del asombro ante uno de los patrimonios naturales más impresionantes del país, elegido regularmente por turistas internacionales y locales.

El recorrido de la actriz británica también abarcó destinos del norte argentino. En una de las postales, la actriz se mostró sentada sobre la plataforma del glamping, bajo una luz anaranjada de atardecer y ante una vasta extensión blanca. El entorno correspondió a una de las Salinas Grandes, en Jujuy, cuya superficie agrietada y blanca generaba un efecto visual distintivo en combinación con el perfil de las montañas lejanas. En otro momento caminó junto a acompañantes sobre la explanada salina, avanzando hacia la cámara mientras varias piletas de evaporación con agua clara reflejaban el vasto cielo azul.

La secuencia brindó ejemplos de interacción con la cultura local: mates compartidos, alfajores de maicena en una cafetería con bolsas de yerba mate visibles y escenas de sobremesa en espacios interiores iluminados por luz natural. Clarke apareció en algunas fotos acompañada de amigos, en otras compartió selfies con su amiga Helen, destinataria de su dedicatoria en el post.

Durante su estadía, las imágenes retrataron tanto la cotidianeidad urbana como la aventura al aire libre. Muchos seguidores recordaron las fotos en las que Clarke tomó café en Palermo, que luego se confirmaron por su propia publicación. La actriz se mostró en actitud relajada y sonriente, sobre un columpio rural, comiendo sandía en el interior de una casa iluminada por sol directo, o brindando frente a una mesa rústica en compañía de amigas.

La publicación de Clarke incluyó guiños a la cultura y la fauna andina: una fotografía presentó dos llamas sentadas sobre tierra roja cerca de una carretera, tapadas con mantas tejidas de diseños coloridos. Una bandera de cuadros multicolores ondeaba a su lado y un cartel naranja advirtió sobre la alimentación de los animales. El entorno árido y la vegetación baja completaron el cuadro, remitiendo a las tradiciones y la geografía del noroeste argentino.

En otra imagen, la naturaleza cobró protagonismo a través de un casco de motociclista posado sobre una roca, rodeado de vegetación y flores silvestres. Mariposas de alas coloridas destacaron en primer plano, acentuando el vínculo con el ambiente local. Las fotos nocturnas mostraron estructuras esféricas blancas recortadas contra un cielo estrellado, mientras las siluetas de las montañas apenas se distinguían en la distancia.

El fenómeno en redes sociales se produjo cuando Clarke compartió el carrete de fotos y su escueto mensaje, logrando en menos de una hora superar los 100.000 me gusta y disparando miles de comentarios en diferentes idiomas. Celebridades locales como Marley y Lali Espósito, fanáticos y público general reaccionaron con entusiasmo ante el sorpresivo viaje de la actriz, quien con sencillez y espontaneidad mostró paisajes y costumbres argentinas. Muchos mensajes destacaron la calidez de la visita y el orgullo por ver a una figura internacional explorar rincones característicos del país.

La conexión entre la artista y sus seguidores locales se fortaleció con las referencias en hashtags y el tono personal de sus palabras, que consolidaron a Argentina como un destino destacado no solo para turistas sino también para figuras del espectáculo mundial.

Las imágenes y experiencias que compartió Emilia Clarke durante su paso por Argentina reflejaron una travesía diversa, que alternó naturaleza, cultura y momentos de intimidad. La repercusión alcanzada en redes sociales evidenció el interés que suscitó la visita de personalidades internacionales al país y cómo, a través de fotografías y relatos sencillos, los lugares y costumbres locales lograron resonar a escala global.