La audiencia para revisar la medida cautelar de Danna Yanina fue pospuesta al día siguiente debido a que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas entregó nuevos tomos de actos de investigación horas antes de la diligencia. La defensa buscará que la adolescente, vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata, continúe el procedimiento bajo arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Carlos David Robles Figueroa, defensor de Danna Yanina, explicó que el aplazamiento era necesario para estudiar la información entregada por la Fiscalía. El litigante sostuvo que se trataba de cinco tomos adicionales que la autoridad ya tenía desde meses atrás.

La carpeta de investigación acumulaba 11 tomos y más de 11 mil hojas, de acuerdo con Álvaro Ávila, asesor jurídico de Alejandra Quintos, madre de Dafne. La Fiscalía solicitó tres meses adicionales para completar el plazo máximo de seis meses de investigación.

La audiencia había sido convocada en el Centro Integral de Justicia de Altamira para resolver la ampliación de la investigación y revisar la medida cautelar. Danna Yanina participaría de manera remota desde el Cedes Altamira.

La defensa cuestionó la entrega tardía de nuevos registros

Robles Figueroa señaló que la Fiscalía remitió los cinco tomos en formato electrónico, sin copias impresas, un día antes de la audiencia. Afirmó que ni la defensa ni la asesoría jurídica de la víctima contaban con todos los actos de investigación para preparar sus intervenciones.

El abogado cuestionó que los registros fueran proporcionados horas antes de una diligencia en la que se discutiría la libertad de su representada. Consideró que esa actuación podía afectar el derecho a una defensa adecuada y técnica.

El defensor citó el artículo 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece principios de probidad y buena fe para las partes. Añadió que la defensa se encontraba preparada para analizar la revisión de la medida cautelar.

Para modificar la prisión preventiva, la jueza debía valorar los riesgos procesales previstos en el artículo 153, entre ellos una posible afectación a los testigos. Robles Figueroa dijo que la defensa requería llegar a la audiencia con elementos suficientes para sostener que las condiciones habían cambiado.

La petición central consistiría en que Danna Yanina dejara la prisión preventiva y permaneciera en una vivienda mientras avanzaba el proceso. Omar Pérez Hernández, otro de sus abogados, afirmó que la solicitud se apoyaría en evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, así como en nuevos datos de prueba y diligencias de investigación.

Pérez Hernández sostuvo que su defendida presentaba un cuadro depresivo y antecedentes de varios episodios en los que habría intentado quitarse la vida. La defensa consideró que esos elementos no habían sido valorados cuando se impuso la medida cautelar el pasado 22 de julio.

La familia de Dafne rechazó cambiar la prisión preventiva

Álvaro Ávila, asesor jurídico de Alejandra Quintos, anticipó que la representación de la familia de Dafne se opondría a cualquier solicitud para que Danna Yanina enfrentara el proceso en libertad o bajo arraigo domiciliario. Afirmó que no advertían condiciones que justificaran modificar la prisión preventiva justificada.

“De manera objetiva, mi respuesta es no. Primero, porque consideramos que no hay hasta este momento condiciones o diversas condiciones que permitan que Dana lleve su proceso en libertad o en un arraigo domiciliario”, expresó Ávila.

El asesor jurídico precisó que esperarían a conocer los argumentos formales de la defensa antes de fijar su postura ante la jueza. Pese a ello, adelantó que la familia de la víctima no identificaba elementos que permitieran cambiar la medida cautelar.

La asesoría jurídica de Alejandra Quintos también pediría ampliar las declaraciones de testigos que ya habían comparecido ante la Fiscalía. Además, solicitaría metaperitajes sobre dictámenes incorporados durante la indagatoria.

Ávila explicó que buscaban precisiones en testimonios y otros datos de la carpeta, pero evitó revelar cuáles serían las diligencias específicas. Argumentó que dar detalles podía afectar la secrecía de la investigación.

El representante de la madre de Dafne respaldó la solicitud de la Fiscalía para extender tres meses el periodo de investigación. Consideró que ese tiempo permitiría completar diligencias y fortalecer los elementos que integraban el expediente.

“Consideramos que los tres meses que está solicitando también abonan a la perfección de la carpeta”, sostuvo Ávila. El abogado calificó el trabajo ministerial como exhaustivo, amplio y profesional.

Ofir Cruz, padre de Danna Yanina, afirmó que la adolescente había sufrido un deterioro físico y emocional durante su internamiento. Señaló que la afectación resultaba más compleja por tratarse de una joven.

Cruz indicó que su hija solo había recibido dos consultas con una psiquiatra y que las citas eran mensuales. Añadió que existían dictámenes que requerían una atención mayor y una red de apoyo constante.

Los padres de Danna Yanina permanecían en el sur de Tamaulipas desde que ocurrieron los hechos. Primero recibieron alojamiento de otras personas y después rentaron una vivienda, circunstancia que la defensa planeaba exponer para sustentar que la joven podía permanecer bajo cuidado familiar mientras seguía el proceso.

La defensa de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, desistió este viernes de los últimos testigos que había ofrecido para el juicio por la muerte de Walter Armand. Con esa decisión, se cerró la etapa de prueba y el tribunal fijó los alegatos para el 24 de noviembre.

Ese día, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata -integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo-, la fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus conclusiones y pedirán la pena que consideren correspondiente para las acusadas.

Además de Alvite, también es juzgada su amiga Valentina Velázquez. La sospecha es que, aquella madrugada del 12 de abril de 2024, ambas corrían una picada cuando el Volkswagen Gol Trend que conducía “La Toretto” embistió a Armand, quien circulaba con su moto. La víctima tenía 36 años y era padre de dos hijos.

La acusación sostiene que Alvite cometió un homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Para el Ministerio Público y la querella, la joven condujo a una velocidad elevada, cruzó varios semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar una muerte.

La defensa, en cambio, busca que el hecho sea considerado un homicidio culposo. Sus abogados rechazan que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina entre el auto de Alvite y el Peugeot 208 que conducía Velázquez.

El debate comenzó el lunes pasado. Uno de los testimonios centrales fue el del ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata. El especialista reconstruyó el recorrido de los vehículos a partir de cámaras municipales, rastros del impacto y otros elementos del expediente.

Según su cálculo, el Gol Trend circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de chocar contra la moto. En otro tramo del recorrido previo, los vehículos llegaron a una velocidad media cercana a los 90 kilómetros por hora.

Raggio también indicó que Alvite atravesó seis semáforos en rojo antes del impacto. Velázquez, según expuso, cruzó otros cuatro durante el trayecto analizado.

El perito explicó que, antes de la colisión, “La Toretto” hizo un giro hacia la izquierda y comenzó a frenar. La defensa tomó esas maniobras como un intento de esquivar a Armand. Por su parte, la querella sostuvo que ocurrieron cuando el choque ya era inevitable.

Durante la primera audiencia, Alvite pidió declarar y se dirigió a la familia de la víctima. Entre lágrimas, pidió perdón y aseguró que carga con el dolor de haber dejado “una familia rota”.

También buscó despegarse del apodo con el que se hizo conocida después del hecho. “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, afirmó ante los jueces. La declaración no continuó porque la joven se quebró y su defensor pidió que pudiera ampliar sus dichos en otro momento del juicio.

Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió con la declaración de Milton Armand, hermano de Walter. Frente al tribunal, habló del impacto que la muerte tuvo sobre sus padres, sus hermanos y los dos hijos de la víctima.

“Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”, sostuvo. Su madre, Nieves Zelarrayán, se retiró de la sala durante el testimonio por la conmoción que le provocó el relato.

En la audiencia de ayer, la psiquiatra María Cecilia Rodríguez, de la Asesoría Pericial de La Plata, contó que entrevistó a Alvite en varias oportunidades durante 2024, mientras permanecía detenida.

La profesional afirmó que no advirtió trastornos graves y sostuvo que la joven estaba deprimida por las condiciones de encierro. Según relató, Alvite se mostraba incómoda por compartir detención con personas que no pertenecían a su misma condición social.

Rodríguez también dijo que la acusada manifestaba preocupación por el daño que el caso podía provocar sobre su imagen y sobre sus planes de trabajar en redes sociales con marcas internacionales.

La defensa cuestionó las conclusiones de la perito y pidió su recusación, pero el tribunal finalmente rechazó ese planteo e incorporó su testimonio al debate.

Con el cierre de la prueba, las partes preparan ahora sus alegatos. El 24 de noviembre definirán qué calificación legal pedirán para Alvite y Velázquez, antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar el veredicto.

“Yo no soy juez, así que no conozco de leyes. Conozco de otras cosas humanas, en donde un ser humano, obviamente, por una cosa así tiene que pagar. Yo no estoy diciendo que no . El tema es de qué manera, cómo, y también viendo la situación, cómo fue”, dijo el sacerdote en diálogo con Infobae En Vivo.

“A mí me parece que él tiene que pagar de alguna manera, pero creo que también necesita ayuda por todo lo que es su problemática de adicción. Es una adicción muy fuerte la que tiene. Yo lo fui a visitar cuando estuvo en el pabellón psiquiátrico. Si es lo único que tiene la Justicia para ofrecerle, yo no puedo opinar ahí. A mí me parece que a él lo ayudaría mucho poder tocar. Para él todo eso es su vitalidad. Yo lo voy a seguir acompañando siempre”, sostuvo Scicchitano Tagle.

En ese sentido, el cura opinó que la Justicia debería tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de emitir un fallo sobre la situación del músico, ya que cree que no se trató de un homicidio común.

“Porque una cosa es una persona que dice: “Tatiana va con la mochila por la calle, le robo la computadora y además le pego un tiro”. No es lo mismo que cuando a vos te tienen media hora retenido, te están por moler a palos y, según declaración de Cristian —Cristian es Pity—, él dice que le ve la cacha cuando el muchacho se saca la remera, la cacha de un arma", dijo.

“Y pensando en el estado también de Cristian, pasado de consumo, hay algo que se llama cuando una persona se saca de sí por el miedo, por la locura, por la confusión del momento. Entonces ahí se desata todo. De hecho, él mismo lo dice: él sintió que no era él”, continuó. Sostuvo entre varias cosas que a Cristian Díaz nunca lo había visto con un arma.

En ese sentido, recordó que cuando lo visitó a Álvarez en el penal de Ezeiza junto a los abogados, llegaron a la conclusión de que “Pity” actuó producto de un brote psicótico, generado por el consumo de drogas.

“Cristian tuvo a una persona que lo defendió, lamentablemente falleció, que es Mariano Castex. Y Mariano Castex, yo me acuerdo que fuimos al penal de Ezeiza con Luis Ortega, los tres, a verlo, y cuando salió, él nos dijo ahí a nosotros: “Acá hubo un brote psicótico por sustancias, pero seguro, cantado esto”. Porque, viéndolo, estamos hablando de un experimentado en lo que era el ámbito forense, como era Mariano Castex. Y yo también creo que fue eso", aseguró.

Sostuvo también que el cantante no tiene noción completa de la situación judicial que afronta y en muchas ocasiones pareciera que no está presente en tiempo y espacio.

“Él no habla de nada. Es más, todas las veces que yo lo llevé al juicio, lo que menos parecía era que iba a un juicio él. Esta es la pura realidad. En ningún momento, por eso, ni estrategias, nada. Capaz que el abogado le dice “tomá agua” y él toma café. ¿Entienden? Es así la situación. Esto es así de claro", aseveró.

“Hay estudios hechos, tomografías, resonancias, que van dando datos de todo. De hecho, me acuerdo que en una que se había hecho, lo que al psiquiatra le llamó la atención es como un achicamiento del cerebro que va habiendo . Entonces, la situación es muy delicada de salud. Esa es la realidad”, dijo.

“Por ejemplo, para dar un dato, el día que la bauticé yo a la nena, él se quedó dormido ese día. ¿Comprenden? Estamos hablando, por eso les digo, esto viene de larga data. Cuando tuvo el choque en que se lastimó la cadera, él se quedó dormido manejando una moto", graficó el cura para dar cuenta del estado que -cree- atraviesa Álvarez.

“Y yo creo que, por ejemplo, él tuvo varias operaciones de cadera hace dos años. Estuvo internado en el Muñiz meses y meses. La Justicia nunca apareció para ver cómo estaba, dónde estaba. Yo creo que un caso así tenés que seguirlo de cerca porque yo me recibí de counseling. Entonces, cuando declaré, también declaré como profesional que soy”. agregó.

El juicio

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz se retomó este lunes, a las 12, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. En la audiencia número 17 del debate, el músico pidió declarar por primera vez desde el inicio del juicio. Tras ser asistido por médicos, y con dificultades para ordenar su relato, reconoció ante los jueces: “Estoy muy nervioso, me cayeron muchas fichas. Pensé que no iba a poder declarar”.

Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar desde el 2 de octubre, fue trasladado en ambulancia hasta la sede judicial de la calle Paraguay al 1500, donde llegó luciendo una boa de piel marrón, anteojos de sol y una remara con la inscripción “La gente manda”, que ya usó otras veces.

Durante su declaración, comenzó a reconstruir los episodios previos al crimen y aseguró que Díaz estaba armado. “Yo estaba acorralado por un tipo peligroso”, sostuvo.

Antes declaró el padre Scicchitano Tagle, quien describió el deterioro que había observado en el músico a raíz de su consumo problemático de drogas. Entre otros episodios, contó que una vez se puso WD-40 en la garganta porque estaba afónico y que, en otra oportunidad, dejó llenar su casa de cucarachas porque no quería matarlas. También reveló que había visto un arma en la casa del cantante, quien le explicó que la tenía para sentirse protegido.

Un ingeniero mecánico que declaró en el juicio por la muerte del motociclista Walter Armand aseguró que Felicitas Alvite cruzó seis semáforos en rojo y circuló a velocidades medias de hasta 90 kilómetros por hora durante el recorrido previo al choque ocurrido en La Plata, el 12 de abril de 2024.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, el perito Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial, reconstruyó el trayecto de los vehículos a partir de cámaras municipales, la planimetría del lugar y los rastros que quedaron tras el impacto en la esquina de las calles 13 y 532.

En su testimonio, Raggio sostuvo que el Volkswagen Gol conducido por “La Toretto” avanzaba por la avenida 13 en sentido descendente. Según describió, el auto impactó contra la moto que circulaba por la calle 532. En consecuencia, Armand fue despedido sobre el capó, el parabrisas y el techo del vehículo, antes de caer sobre la mano contraria de la avenida.

La velocidad a la que circulaba y los semáforos que cruzó en rojo

El especialista dijo que utilizó tres procedimientos para calcular la velocidad del Gol al producirse la colisión: el arrastre metálico de la moto, la proyección del cuerpo de la víctima mediante el método de Searle y la revisión de las filmaciones. Según afirmó, los resultados fueron compatibles entre sí.

El cálculo a partir del arrastre metálico arrojó una velocidad de 82 km/h, mientras que el análisis de la proyección del cuerpo estableció un rango de entre 82 y 92 km/h. Otro de los métodos dio un resultado cercano a los 85 km/h, de acuerdo con las preguntas formuladas durante las aclaraciones finales de la audiencia.

La velocidad máxima relevada en el recorrido previo, sin embargo, fue mayor. Raggio indicó que, entre dos puntos analizados en la zona de 13 y 47, los vehículos circulaban “en el orden de los 90 km/h de velocidad media”. En este sentido, aclaró que esos valores no representan una medición instantánea, sino el promedio obtenido entre dos referencias de cada cámara.

Consultado por el equipo del abogado Fernando Burlando, representante de la víctima, sobre los cruces de semáforos con luz roja, Raggio enumeró que “La Toretto” infringió esa norma en las intersecciones de 12 y 54, 13 y 40, 13 y 38, 13 y 32, 13 y 49 y 13 y 532. “Cruzó seis semáforos en rojo”, declaró.

Respecto del vehículo negro que también aparece en las imágenes del día del hecho, indicó que atravesó cuatro semáforos en rojo durante el trayecto analizado.

La defensa cuestionó la precisión de los horarios de las cámaras. El perito reconoció que la cámara enfocada sobre el lugar del choque tenía un desfase de 44 segundos respecto de otra que registraba el recorrido. Aun así, sostuvo que para calcular cada velocidad utilizó el reloj de una misma cámara. También admitió que, si se pretende establecer el tiempo total entre puntos captados por equipos desfasados, el resultado “puede ser correcto o puede ser incorrecto”.

La tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, estuvo marcada por la declaración del hermano de Walter Armand. “Nos cambió totalmente la vida”, aseguró Milton Armand. En ese sentido, exigió justicia aseguró que no se habría tratado de un accidente.

Milton fue el quinto testigo de la jornada. Al comparecer ante el tribunal, reconstruyó el impacto que tuvo la muerte de su hermano en una familia integrada por cuatro hijos y en los dos hijos que Walter dejó, de 8 y 16 años. Durante el testimonio, la acusada mantuvo la cabeza baja y su madre salió de la sala ante la conmoción.

“Era mucho para mí y para mi familia”, manifestó el hermano de la víctima. Asimismo, lo recordó como una persona trabajadora y cercana a los valores con los que habían crecido. Walter era músico y el menor de los hermanos.

Según las declaraciones recopiladas por El Día, el testigo remarcó que el duelo para todos sus allegados se volvió particularmente difícil. “Sus hijos me preguntan todo el tiempo por el padre, lo ven por todos lados. Es muy difícil”, expresó.

De la misma manera, Milton recordó cómo fue la última etapa de la vida de su hermano. En este contexto, contó que Walter se había separado y había regresado a vivir en la casa de su madre en La Plata. Para la familia, esa situación lo había acercado nuevamente a su entorno.

“Ella estaba más contenta con la vuelta de Walter, se amaban mucho”, recordó su hermano sobre el vínculo entre la víctima y su madre. Y recordó que aquel viernes su mamá había comenzado a inquietarse porque no recibía el mensaje que esperaba de Walter.

“Mi madre presentía que algo le había pasado. Fue un golpe duro que se recuerda todos los días”, afirmó Milton sobre los momentos previos a recibir la triste noticia. Incluso, contó que la mujer vuelve a mirar el video porque lo considera el último registro en el que puede ver a su hijo con vida.

“Ella dice que es la última vez que ve a su hijo”, relató. En ese momento, la mujer se retiró de la sala mientras el hermano de la víctima continuaba con el testimonio, en donde aseveró que la muerte de Walter “le cambió la vida, la desarmó”.

Hacia el final de su declaración, el hermano de la víctima expresó el reclamo de justicia de la familia y cuestionó que lo sucedido pueda ser considerado un accidente. También aludió a las grabaciones incorporadas al caso: “Después de ver las cámaras, eso no fue un accidente”.

“Él no hizo nada malo. No está bien lo que pasó, no podemos entenderlo. Nos cambió totalmente la vida”, manifestó Milton. Asimismo, planteó: “Lo que queremos es que haya justicia, que no pueda alguien hacer eso y que no tenga una pena, ¿sino de qué sirve?”.

La Toretto se quebró y pidió perdón a la familia

Durante la primera audiencia, Alvite pidió perdón a la familia de Walter Armand y lloró al declarar en la apertura del juicio oral por la muerte del motociclista, ocurrida en abril de 2024 en La Plata. Por este hecho, la joven de 23 años será juzgada por homicidio simple con dolo eventual.

El lunes pasado, la acusada solicitó hablar ante los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 platense. Había llegado acompañada por su madre y sus defensores, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Ante los familiares de la víctima que estaban presentes en la sala, la imputada expresó: “Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día”. Luego, se refirió al contenido que difundió en redes sociales tras el hecho: “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”.

La declaración de Felicitas Alvite no continuó después de que la acusada se quebrara y comenzara a llorar. A raíz de esto, su defensor pidió al tribunal que pudiera ampliar sus dichos en otra instancia del debate.

El juicio también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de Alvite, por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza entre vehículos. La hipótesis acusatoria sostiene que ambas circulaban en paralelo antes del impacto contra la moto que conducía Armand.

Al finalizar la audiencia, Milton Armand cuestionó la conducta de Alvite y afirmó que la familia no había recibido disculpas antes del comienzo del proceso judicial. “Nunca se acercó ella, ni familiares ni allegados. No hubo ni una disculpa”, planteó.

También sostuvo que la investigación hubiera podido tomar otra dirección de no existir registros de las cámaras municipales. “La secuencia de las cámaras habla por sí sola, tanto de ella como de la amiga. Venían a la par todo el tiempo”, indicó.

La Fiscalía considera que Alvite manejaba a alta velocidad, pasó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un desenlace fatal. La defensa, en cambio, rechaza que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina. En su declaración ante el fiscal Fernando Padovan, el 3 de mayo de 2024, Alvite reconoció una conducción imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

La joven enfrenta el debate bajo prisión domiciliaria, un beneficio que obtuvo en mayo de 2025. En octubre, el tribunal rechazó un pedido para salir de su vivienda dos veces por semana con el fin de trabajar en un estudio jurídico.

La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi. Mientras tanto, la familia de Armand interviene como querellante en el proceso, con el patrocinio de los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.

El proceso está previsto que finalice este viernes 6 de noviembre y contempla la declaración de cerca de 100 testigos ofrecidos por la Fiscalía, la querella y las defensas. Las filmaciones, los peritajes y los testimonios serán parte de la prueba que deberá evaluar el tribunal.

En febrero de 2022, una cadete de 19 años llamó al 911 desde su habitación en los cuarteles de West Point.

Sangraba, tenía dolor intenso y no comprendía del todo lo que había ocurrido. Poco después, en el hospital, le confirmaron que había perdido el embarazo.

Lo que siguió fue un proceso judicial que tardó cuatro años en llegar a una condena penal, y que esta semana derivó también en una demanda civil contra el hombre que, según la justicia, lo orquestó todo.

Ese hombre es Caleb Suh, entonces cadete de segundo año en la Academia Militar de Estados Unidos. La relación entre ambos había comenzado en octubre de 2020, de acuerdo con la demanda civil presentada el 28 de octubre ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Cuando la víctima —identificada en los documentos judiciales como Jane Doe— quedó embarazada a comienzos de 2022 y se negó a interrumpir el embarazo, Suh “exigió repetidamente que terminara la gestación” y llegó a amenazar con suicidarse si ella no lo hacía, tal como consta en la demanda.

El plan que ejecutó la noche del ataque

Ante la negativa de Jane Doe, Suh recurrió al engaño. Utilizó sus datos de identidad para abrir una cuenta en una farmacia online a nombre de ella y adquirir medicamentos abortivos, tal como el propio acusado admitió ante el tribunal federal.

El 4 de febrero de 2022, Suh se presentó en la habitación de Jane Doe, en los cuarteles de West Point, y la convenció de tomar lo que describió como un batido proteínico para el embarazo. La bebida contenía Xanax, un sedante que la dejó inconsciente.

En su declaración de culpabilidad, Suh le dijo al tribunal: “Mi intención era usar el Xanax para sedar a mi novia sin que lo supiera y después administrarle las pastillas abortivas que había obtenido en la farmacia online”, según consta en la demanda citada por CNN. También reconoció que el embarazo se perdió como consecuencia directa de los medicamentos que le administró.

Mientras Jane Doe perdía la conciencia por efecto del sedante, Suh le introdujo pastillas abortivas en la boca y en la vagina. La demanda sostiene que la dejó sola e incapacitada y no respondió a sus intentos de contactarlo.

Lo que pasó después, dentro y fuera de la academia

En mayo de 2022, Jane Doe presentó una denuncia ante la División de Investigación Criminal del Ejército (CID) en West Point.

No se conoce qué medidas disciplinarias tomó la academia ni el resultado de esa investigación interna.

La institución no proporcionó información al respecto cuando fue consultada por medios de comunicación.

Durante esos cuatro años, Suh continuó con su trayectoria académica. Se trasladó a la Universidad de Cornell, donde se graduó en mayo de 2026.

Cuando fue admitido como estudiante transferido, respondió que nunca había sido declarado responsable de una infracción disciplinaria en otra institución; West Point había informado que estaba en buena situación académica y podía regresar, afirmó un vocero de Cornell en declaraciones a Fox News Digital.

En septiembre de 2026, Suh ingresó a una maestría en Salud Pública en la Escuela Mailman de la Universidad de Columbia.

Una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente, le dijo a CNN que los postulantes a Mailman no son consultados sobre antecedentes penales, aunque sí sobre sanciones disciplinarias o académicas previas. La solicitud de Suh no mencionó ninguna.

El frente penal: culpable y a la espera del juicio

En junio de 2026, Suh fue imputado y se declaró culpable del delito federal de agresión con daño corporal grave a una pareja, un crimen tipificado bajo jurisdicción marítima o territorial. La sentencia aún no fue dictada.

A pedido de su defensa, el juez federal Philip M. Halpern aceptó postergar la sentencia hasta enero de 2027 para que Suh pudiera terminar el semestre en Columbia. La Fiscalía no se opuso.

De acuerdo con The New York Times, el acuerdo de culpabilidad prevé una pena cercana a los dos años de prisión.

Además, en una carta presentada ante el tribunal, su abogado Thomas Kenniff informó que Suh realizaba un curso de habilidades para la vida de tres meses destinado a personas con cargos federales, según informó Associated Press.

La batalla civil que enfrenta ahora su víctima

La demanda civil fue interpuesta por los abogados de Jane Doe, Russell Kornblith y Lily White, e incluye cargos de agresión y lesiones. El escrito judicial sostiene que la víctima “sufrió en el pasado y continuará sufriendo daños físicos, perjuicios económicos, dolor, sufrimiento, angustia psicológica y emocional, humillación y pérdida de proyección profesional”.

Kornblith afirmó que su clienta “sufrió un evento que le cambió la vida y con el que todavía lidia y seguirá lidiando por el resto de su vida”, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Jane Doe reclama daños compensatorios y punitivos de monto no especificado, además de un reconocimiento formal de que fue víctima de una agresión. Kenniff, el abogado de Suh, declinó hacer comentarios cuando NBC News lo contactó.

La Universidad de Columbia tampoco se pronunció y citó las leyes federales de privacidad estudiantil como razón para no emitir declaraciones. Su situación actual en la institución es incierta.

La actriz y conductora Carmen Barbieri declarará este miércoles en el juicio contra Aníbal Lotocki, ex cirujano imputado por presuntas lesiones graves contra dos pacientes. Según confirmaron, la audiencia comenzará a las 10:00 horas en el Tribunal Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, se espera que la capocómica brinde su testimonio en relación con el caso de Sandra Domínguez, una de las denunciantes. Previo a esto, Barbieri aseguró que conoce a la mujer desde hace tres décadas y que fue testigo de las consecuencias que, según afirmó, atravesó tras los tratamientos.

“Hace 30 años conozco a Sandra y yo viví con ella todo lo que sufrió”, sostuvo la presentadora. Durante una entrevista para Agencia Noticias Argentinas, también expresó que espera que el proceso judicial determine responsabilidades. “Solo pienso y quiero que se haga justicia”, aseveró.

Además de la declaración de Barbieri, está previsto que comparezcan ante la Justicia una empleada de la conductora y Pamela Sosa, otra de las víctimas de Lotocki. De hecho, el ex cirujano fue condenado a ocho años de prisión en una causa vinculada a lesiones sufridas por Sosa. Esa sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En otra resolución, Lotocki había sido sobreseído debido a la prescripción de las denuncias presentadas por Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros, quienes habían recibido tratamientos del profesional años atrás. La decisión se vinculó con el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el primer llamado a declaración indagatoria del imputado.

En simultáneo, el médico es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió en 2021 después de haberse sometido a un procedimiento realizado en el Centro Médico Conde, conocido como CEMECO.

En ese expediente, también están imputados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli. Además, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que los investigadores lo encontraran.

El testimonio de Sandra Domínguez

Tras las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, en junio de 2024, Sandra Domínguez se presentó ante la Dirección Pericial del Cuerpo Médico Forense, donde fue examinada en el marco de la causa judicial que inició contra el ex cirujano. En esa oportunidad, aseguró que pudo haber muerto por las complicaciones que sufrió tras atenderse con Lotocki.

A la salida de la pericia, la actriz relató que atravesó la instancia con dificultad y que fue su primer contacto formal con la Justicia desde que presentó la denuncia. “Vengo a testimoniar con mi cuerpo y con mi historia que todo lo que dije es así”, afirmó en declaraciones recogidas por Infobae.

En este contexto, la mujer llevó estudios médicos para incorporarlos al expediente y señaló que, aunque algunas lesiones físicas mejoraron con el tiempo, conserva cicatrices y otras secuelas.

De la misma manera, explicó que atraviesa un cuadro de trombocitosis, una alteración que eleva el nivel de plaquetas en sangre. De hecho, remarcó que sus análisis registraron un millón de plaquetas, cuando el máximo habitual es de 400.000.

Según contó, recibe un tratamiento oncológico y afronta un gasto superior a $ 200.000 por la medicación. Además, manifestó su preocupación por un posible compromiso renal: “Es una bomba de tiempo, rezando que mis riñones no se comprometan”.

Por otro lado, sostuvo que antes de las intervenciones tenía controles médicos normales y que descartó que su cuadro fuera congénito. Al recordar una de las complicaciones que denunció, afirmó que tenía un bulto detrás de una rodilla, similar al que fue detectado durante la autopsia de Silvina Luna.

De acuerdo con su relato, Lotocki le aplicaba drenaje linfático mientras padecía una infección. “Yo me pude haber muerto de una septicemia, toda infectada”, expresó Domínguez, quien dijo que el encabezado de sus causas judiciales refiere a “tres intentos de homicidio”.

También había señalado que buscaba que el ex cirujano no vuelva a ejercer: “No tengo odio ni rencor, quiero Justicia”. Así, la actriz sostuvo que su objetivo es evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

Aunque recordó que decidió operarse con Lotocki en septiembre de 2009, en un departamento de Córdoba, explicó que la decisión estuvo vinculada a una búsqueda estética y remarcó que no pretende presentarse como víctima por haber elegido someterse al procedimiento. Por esto, aseguró que durante años evitó hablar por temor a las críticas. “Me callé todo este tiempo por el miedo a ser juzgada”, sostuvo.

El hermano de Walter Armand declarará este miércoles en la tercera audiencia del juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada por la muerte del motociclista en un choque ocurrido en La Plata en abril de 2024.

Se trata de Milton Armand. Su testimonio llegará después de una segunda jornada centrada en la exposición de Andrés Raggio, ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial de La Plata.

Ante el tribunal, el especialista reconstruyó el recorrido de los vehículos antes del impacto y concluyó que el Volkswagen Gol Trend de Alvite circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 km/h cuando embistió la moto de Armand, en el cruce de 13 y 532.

Raggio analizó imágenes de cámaras de seguridad, rastros sobre el asfalto y otros elementos incorporados al expediente. Explicó que aplicó tres métodos fisicomatemáticos independientes y que todos llegaron a resultados similares sobre la velocidad del auto.

El perito también indicó que, durante el trayecto previo al choque, Alvite cruzó seis semáforos en rojo. Según su informe, Valentina Velázquez, amiga de la acusada y también imputada, atravesó otras cuatro señales con esa indicación.

La secuencia comenzó en la zona de 12 y 54. En distintos tramos, el informe ubicó al Gol Trend a velocidades que oscilaron entre 40 y 90 km/h. De acuerdo con la reconstrucción, en la esquina de 13 y 47 ambos vehículos circularon a la par. Más adelante cambiaron sus posiciones y velocidades.

Al momento del impacto, el Peugeot 208 que manejaba Velázquez estaba casi a 200 metros del automóvil de Alvite, según expuso Raggio. Ese punto abrió una nueva discusión entre las partes sobre la hipótesis de que ambas jóvenes participaban de una picada.

El experto señaló que Alvite hizo dos movimientos antes de chocar contra la moto: giró hacia la izquierda y frenó. La defensa sostuvo que esas acciones muestran que la acusada intentó evitar la colisión.

Santiago Irisarri, uno de los abogados de Alvite, consideró que la declaración del perito favoreció su postura. “Ha quedado demostrado que no se ha corrido una picada”, afirmó tras la audiencia al diario El Día. También dijo que las maniobras descriptas por Raggio fueron intentos de esquivar a Armand.

La querella hizo una lectura opuesta. Fabián Améndola, representante de la familia de la víctima, afirmó que la prueba técnica respalda la acusación por homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

“El impacto se produce como consecuencia de que Alvite pasó a ochenta y algo de kilómetros por hora un semáforo en rojo”, sostuvo Améndola. Para el letrado, las maniobras evasivas fueron tardías porque ocurrieron cuando el choque ya era inevitable.

En esa línea, precisó que el frenado comenzó, según el cálculo expuesto por el perito, a aproximadamente 1,38 metros de la moto. También destacó que, después del impacto, Alvite levantó el pie del freno, una conducta que Raggio asoció con la pérdida de control del auto.

“Con ese testimonio, más la prueba de los videos y lo que ya se reprodujo, creo que estamos en condiciones de acusar en el alegato final por homicidio con dolo eventual”, señaló Améndola al citado medio platense.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Alvite cumple prisión domiciliaria y sostiene que debe ser condenada por homicidio culposo, una figura con una escala penal menor.

Además de Milton Armand, para la audiencia de este miércoles están citados Pablo Venzi, Martín Buiese y Liliana Golardera, integrantes de la DDI La Plata, junto con los particulares Joaquín Alberto Luján y Giuliano Labarthe Nievas.

El juez William Sullivan dejó sin resolver si Lindsay Clancy será sometida a un segundo juicio por la muerte de sus tres hijos y convocó a una nueva audiencia para el 16 de noviembre.

En esa instancia deberá decidir sobre las mociones pendientes de las partes y determinar si el expediente queda en condiciones de avanzar hacia otro debate.

La fiscalía tampoco precisó qué cargos promovería si el caso continúa. De acuerdo con CBS News, las alternativas incluyen volver a acusar a Clancy de homicidio en primer grado, presentar imputaciones de menor gravedad o no impulsar una nueva acusación.

La audiencia del 16 de noviembre definirá si el caso avanza hacia otro juicio

Sullivan consideró que marzo podría ser una fecha posible para un eventual nuevo proceso, aunque la fiscal Jennifer Sprague pidió que no se fije un calendario antes de resolver los planteos que siguen abiertos. Por ahora, no hay fecha de juicio ni una decisión sobre la continuidad de las acusaciones.

La defensa solicitó que se desestimen los cargos después de que el primer juicio terminara sin veredicto. El abogado Martin G. Weinberg sostuvo, según informó The Associated Press, que volver a juzgar a Clancy vulneraría la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

El magistrado no resolvió ese pedido durante la audiencia. También dejó bajo consideración otros reclamos de la defensa y de la fiscalía, entre ellos la preservación de registros relacionados con el integrante del jurado que discrepó de la mayoría y la restricción de declaraciones públicas sobre el caso.

El primer proceso concluyó el 4 de septiembre sin una decisión unánime. Once jurados se inclinaron por absolver a Clancy y uno por declararla culpable, según CBS News. Ese desacuerdo impidió un fallo definitivo y abrió la discusión sobre los próximos pasos judiciales.

La defensa busca impugnar la actuación del jurado disidente

La defensa cuestionó cómo el tribunal manejó los conflictos que surgieron durante las deliberaciones. Los abogados de Clancy sostienen que las advertencias de la presidencia del jurado requerían una revisión más profunda de la conducta del único integrante que no acompañó la absolución.

Sullivan afirmó que habló con cada miembro del panel, les tomó juramento y les recordó su deber de aplicar la ley y respetar el estándar de duda razonable. Todos indicaron que podían cumplir con esas obligaciones.

Sprague defendió la actuación del juez. “Usted fue quien los miró a los ojos, les hizo las preguntas y estuvo en la mejor posición para juzgar su credibilidad”, le dijo al magistrado, de acuerdo con The Associated Press.

El abogado Kevin Reddington pidió investigar al jurado identificado en el expediente como “Juror Doe”. Alegó que esa persona habría usado un teléfono durante las deliberaciones y que no reveló información relevante en el cuestionario previo a la selección del panel.

Entre los antecedentes que, según la defensa, no habrían sido informados figuran una orden de prevención de abuso y un arresto en 2021.

Los representantes de Clancy argumentan que esos datos podían afectar la independencia y la integridad del jurado disidente.

La discusión se tensó cuando Reddington mencionó en público el nombre del integrante. “Voy a detenerlo ahí”, intervino Sullivan, según CBS News.

El defensor replicó: “No. No va a detenerme”. El juez volvió a intervenir por el contenido de las acusaciones y el posible uso de información confidencial.

Heather O’Connor, abogada del jurado, rechazó los planteos. Señaló que las partes pudieron interrogar a esa persona antes de aceptarla como integrante del panel y sostuvo que el cuestionamiento apareció después de que el jurado no respaldara el resultado que pretendía la defensa.

O’Connor añadió que ver a un jurado mirar su teléfono no demuestra que hubiera buscado información sobre el proceso. También advirtió que una pesquisa enfocada en quien discrepó con la mayoría podría afectar la independencia de futuros jurados.

El estado mental de Clancy sigue en el centro de la disputa judicial

Durante el primer juicio, la defensa reconoció que Clancy causó las muertes de Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

El ataque ocurrió el 24 de enero de 2023 en Duxbury, Massachusetts. Cora y Dawson murieron ese día; Callan fue trasladado a un hospital de Boston y falleció tres días después, el 27 de enero.

La acusada, de 36 años, se declaró inocente de homicidio en primer grado. Sus abogados sostienen que padecía psicosis posparto, que recibía una medicación excesiva y que no podía controlar su conducta ni responder penalmente por lo ocurrido.

La fiscalía mantiene la tesis opuesta: afirma que Clancy comprendía que sus actos eran incorrectos y que planeó estrangular a sus tres hijos. Esa diferencia sobre su estado mental fue el eje del primer debate y seguiría siendo central si se ordena un nuevo juicio.

Clancy permanece bajo custodia y recibe atención psiquiátrica en el Hospital Estatal de Tewksbury. Está paralizada y usa una silla de ruedas desde que saltó por una ventana la noche en que murieron los niños.

Reddington pidió una definición pronta sobre el futuro del expediente. Señaló que su defendida no debería continuar detenida sin saber si la fiscalía pretende un segundo proceso, con qué figura penal y en qué plazo.

El abogado también solicitó que Sullivan, próximo a retirarse, presida un eventual nuevo juicio. Si la fiscalía opta por acusar a Clancy de homicidio en segundo grado, la imputada podría escoger entre un juicio con jurado o una resolución a cargo del juez.

La fiscalía pidió limitar los comentarios públicos antes de una posible nueva instancia

Sprague solicitó limitar las declaraciones públicas de los abogados y de sus seguidores, al sostener que las intervenciones de Reddington podrían influir en potenciales jurados.

La fiscal remarcó que cambiar el lugar del juicio no solucionaría el problema si el caso ya tuvo una amplia cobertura pública.

La defensa se opuso a esa medida. La abogada Laura McConnell sostuvo que Reddington es la única voz pública de Clancy, quien no concedió entrevistas.

Sullivan dejó ese pedido bajo consideración. La audiencia del 16 de noviembre deberá resolver esas cuestiones pendientes y, sobre todo, despejar si la fiscalía podrá llevar a Lindsay Clancy a un segundo juicio y bajo qué cargos.

Este lunes 2 de noviembre, más de dos años y medio después del hecho, Alvite comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y también tiene como acusada a Valentina Velázquez, amiga de la conductora, investigada por su presunta participación en una prueba de velocidad o destreza con vehículos.

El inicio de la primera audiencia estaba pautada para las 10:00 de la mañana de este lunes. Sin embargo, los magistrados demoraron su arribo a la sede judicial y el debate comenzó 45 minutos más tarde.

Alvite llegó al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

El proceso se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, hasta el viernes 6 de noviembre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, está prevista la participación de cerca de 100 testigos, propuestos por la Fiscalía, la querella y las defensas.

La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

A horas del comienzo del debate, Gliemmo aseguró a NA que su defendida se encuentra “ansiosa” ante la posibilidad de conocer finalmente una resolución judicial.

Qué dijo “La Toretto” ante la Justicia

La versión de Alvite sobre lo sucedido aquella madrugada será uno de los puntos centrales del juicio. La joven declaró ante el fiscal Fernando Padován el 3 de mayo de 2024, después de entregarse a la Policía, y reconoció haber conducido de manera imprudente, aunque negó haber participado de una picada.

Durante la indagatoria explicó que aquella noche salió con amigos y que, como no conocía bien el recorrido, decidió seguir el automóvil que circulaba delante de ella.

También aseguró que nunca miró el velocímetro y que advirtió la presencia de la motocicleta cuando ya era demasiado tarde para evitar el impacto.

La declaración se extendió durante varias horas y debió interrumpirse cuando Alvite sufrió una crisis de angustia que requirió asistencia médica.

Al finalizar aquella audiencia, Gliemmo sostuvo que su clienta reconocía su responsabilidad por lo ocurrido, pero rechazó la acusación de homicidio doloso. La defensa argumentó que la joven no tuvo intención de matar y que no existió una carrera clandestina entre los vehículos.

Esa posición se contrapone con la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que Alvite circulaba a alta velocidad, atravesó semáforos en rojo y aceptó el riesgo de provocar un resultado fatal. Las imágenes de las cámaras municipales, junto con las pericias y los testimonios incorporados al expediente, serán fundamentales para determinar las circunstancias del choque.

Antes del hecho, Alvite compartió una publicación en TikTok que luego se viralizó y le valió el apodo de “La Toretto”. “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’”, decía el mensaje, acompañado por la frase “Tan competitiva que duele”. Sus abogados sostuvieron que se trataba de un desafío viral y que fue sacado de contexto.

Durante la investigación también se conocieron mensajes que Alvite intercambió con familiares y amigas después de la muerte de Armand. En uno de ellos, fechado el 19 de abril, pidió que pusieran sus perfiles de Instagram en privado y evitaran responder consultas, al considerar que los mensajes podían ser utilizados en su contra.

El contenido de esas conversaciones fue incorporado a la causa y formó parte de los elementos evaluados por la Justicia durante la investigación.

La prisión domiciliaria, los pedidos rechazados y el reclamo de la familia de la víctima

Alvite estuvo detenida en una unidad penitenciaria hasta que, en mayo de 2025, comenzó a cumplir arresto domiciliario. Desde entonces, su defensa presentó pedidos para flexibilizar las condiciones de detención, entre ellos autorizaciones para trabajar como niñera y, más recientemente, para realizar tareas administrativas en un estudio jurídico. Ambos planteos fueron rechazados.

El último pedido generó una nueva reacción de la familia de Armand. Su hermano Milton cuestionó que la acusada permaneciera en su casa sin tobillera electrónica y reclamó que el juicio permitiera establecer las responsabilidades por la muerte de Walter.

En declaraciones a NA, expresó: “Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga Justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso”.

Para la familia, el comienzo del debate representa la posibilidad de obtener una respuesta judicial después de más de dos años. Para la defensa, en cambio, será la chance de discutir la calificación penal y sostener que la conducta de Alvite debe ser considerada un homicidio culposo.

La diferencia no es menor: mientras el homicidio simple con dolo eventual contempla penas de 8 a 25 años de prisión, una condena por homicidio culposo vial supondría una escala penal considerablemente inferior.

Lindsay Clancy, de 36 años, comparecerá este lunes ante el tribunal superior del condado de Plymouth, en Massachusetts, para una audiencia que puede definir si enfrenta un segundo juicio por las muertes de sus tres hijos en 2023 o si los cargos son desestimados. El juez William Sullivan debe resolver una moción de la defensa que, de prosperar, cerraría el caso en forma definitiva. Sus abogadas civiles dijeron a CBS News que Clancy lleva más de tres años bajo vigilancia permanente por riesgo de suicidio y teme volver a ser juzgada en esta audiencia.

El proceso penal está paralizado desde el 4 de septiembre de 2026, cuando el juez declaró un juicio nulo —figura que se aplica cuando el jurado no alcanza la unanimidad requerida y el proceso concluye sin veredicto—.

CNN informó que la votación fue de 11 a 1 a favor de declarar a Clancy no culpable por falta de responsabilidad penal, es decir, por considerar que su estado mental en el momento de los hechos le impedía responder criminalmente. El único voto en contra correspondió a Michael Péguy Desronvil, el jurado disidente cuya postura forzó el impasse.

La defensa pide desestimar los cargos por “double jeopardy” antes del nuevo juicio

El argumento central de la defensa es que un segundo proceso violaría el double jeopardy, la protección constitucional que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. El abogado Kevin Reddington sostiene que Sullivan declaró el juicio nulo sin “necesidad manifiesta” —el umbral legal que exige haber agotado todas las alternativas antes de cerrar un juicio sin veredicto—.

En concreto, la defensa dice que el juez debió haber interrogado a Desronvil y evaluado su remoción del panel antes de dar el proceso por terminado.

El 21 de octubre, Sullivan rechazó la solicitud de la defensa para celebrar una audiencia probatoria con el fin de interrogar a Desronvil, tras concluir que esa medida vulneraba la privacidad de las deliberaciones. Según consta en la resolución que citó CNN, el tribunal no puede “adentrarse en el razonamiento subjetivo, el proceso de pensamiento o la visión del caso de un jurado”.

La petición para acceder a los registros telefónicos del jurado disidente y a su cuestionario de selección continuó pendiente y su discusión quedó programada para la audiencia de este lunes.

Los fiscales, por su parte, sostuvieron que el juez interrogó a los jurados en sala y actuó dentro de los límites de la ley.

La Fiscalía de Plymouth no confirmó si irá a un nuevo juicio y tiene varias opciones sobre la mesa

La Fiscalía del condado de Plymouth aún no detalló públicamente si buscará un nuevo juicio. Según Reuters, las alternativas procesales incluyen: llevar a Clancy a un segundo juicio por asesinato en primer grado —que en Massachusetts implica cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional—, reformular la acusación a asesinato en segundo grado —figura que sí admite libertad condicional— o llegar a un acuerdo de culpabilidad que cierre el caso sin nuevo proceso.

Si el juez hace lugar al pedido de la defensa y desestima los cargos, Clancy no podría ser juzgada nuevamente, aunque los fiscales tendrían la opción de apelar.

Sullivan también tiene previsto debatir este lunes un pedido de los fiscales para imponer una orden de silencio a las partes antes de un eventual segundo juicio. La Fiscalía argumentó que la medida es necesaria para evitar el “ambiente de circo” que rodeó el primer proceso; la defensa respondió que el pedido carece de sustento porque no hay fecha de juicio fijada.

“Ella no quiere estar aquí”: el estado de Clancy según sus abogadas civiles

En su primera entrevista televisiva sobre el estado de su clienta, la abogada civil Rosemary Scapicchio describió a CBS News la rutina de Clancy en el Hospital de Tewksbury, el establecimiento psiquiátrico estatal donde permanece internada: “Camina todo el día con eso en la cara, cada día. Y luego duerme y tiene sueños horribles”. Scapicchio fue directa al evaluar el riesgo: “Si tuviera la oportunidad, no tengo ninguna duda de que acabaría con su vida”.

Clancy, enfermera de sala de partos, nunca habló públicamente sobre los hechos. Permanece paralizada de la cintura para abajo tras saltar desde una ventana del segundo piso la misma noche de la tragedia. Según Scapicchio, lo que la mantiene con un propósito es el juicio civil que impulsa contra 11 profesionales de la salud que la atendieron antes de los hechos y que, según la defensa, no diagnosticaron ni trataron su cuadro psiquiátrico.

“Si salvamos a un solo niño, a una sola mujer, a una sola familia, entonces nuestro esfuerzo habrá valido la pena”, dijo la letrada al medio.

Los antecedentes: las muertes de Cora, Dawson y Callan y el debate sobre la psicosis posparto

Ninguna de las partes disputó en el primer juicio que Clancy estranguló a sus tres hijos con bandas elásticas el 24 de enero de 2023 en el sótano de su vivienda en Duxbury, en las afueras de Boston. Las víctimas fueron Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. La disputa giró en torno a si Clancy actuó con responsabilidad penal.

La defensa sostuvo que sufría una psicosis posparto severa que le impedía discernir sus actos; los fiscales, según CNN, argumentaron que “actuó de manera intencional, racional y veloz”.

Si el juez desestima los cargos o la Fiscalía decide no ir a juicio, el caso penal concluirá sin condena. Si avanza, las partes deberán fijar una fecha de retrial, aunque tanto la defensa como los fiscales expresaron su preferencia por esperar a que Sullivan resuelva primero todas las mociones pendientes.

A pocos días de que se cumplan tres años del femicidio de Gimena Extremador, la causa judicial atraviesa una instancia decisiva. La defensa de Nelson Saldivia, imputado por el asesinato de la joven madre en Santa Cruz solicitó la morigeración o el cese de la prisión preventiva ante la falta de juicio.

El planteo fue presentado por el abogado Alex Díaz y habría recibido el aval del fiscal de Cámara Criminal de Caleta Olivia, Carlos Rearte. Al conocerse la novedad, la querella, a cargo del abogado Alberto Luciani, se oposu a que el acusado recupere la libertad.

De esta manera, la resolución formal del tribunal definirá si Saldivia continuará detenido o si espera el juicio bajo medidas cautelares alternativas. Actualmente, el expediente todavía no tiene fecha de debate oral y el imputado estaría próximo a cumplir la prisión preventiva.

En este caso, la prórroga había sido solicitada por la complejidad de las pericias científicas y técnicas, además de dos apelaciones que debieron tramitarse ante el Juzgado de Recursos, según la información reunida por La Opinión Austral.

Frente a esto, la defensa pidió revisar la situación de Saldivia porque está próximo a cumplir tres años privado de su libertad sin condena. La Ley Nacional N° 24.390 establece como regla un máximo de dos años de prisión preventiva, con la posibilidad de una extensión de hasta un año en procesos complejos o con demoras justificadas por resolución fundada.

El femicidio ocurrió el 17 de noviembre de 2023 en la localidad santacruceña de Las Heras. En ese momento, Gimena tenía 29 años, era madre de tres niños. Desde su asesinato, sus hijos quedaron al cuidado de su abuela materna, Gabriela Extremador.

Saldivia, ex pastor evangélico y allegado a la víctima, está acusado de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Actualmente, permanece detenido en una comisaría de la zona norte de Santa Cruz.

La causa fue elevada a la Cámara Criminal de Caleta Olivia, aunque en una oportunidad regresó al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras. Luciani explicó que la primera elevación, realizada el año pasado, fue objetada porque el dictamen fiscal era nulo.

A raíz de esto, este año el expediente volvió a ser remitido a la Cámara. Durante la etapa de instrucción intervinieron el juez Eduardo Quelín y el fiscal Ariel Candia.

La posibilidad de que Saldivia deje la prisión preventiva generó una fuerte reacción de la familia de Gimena. Tras conocerse la noticia, Gabriela Extremador publicó un descargo en Facebook luego de ser informada sobre las novedades de la causa.

“Me lloré la vida cuando mi abogado me informó de que hay posibilidad que este hijo de p… salga de la cárcel a esperar sentencia en su domicilio”, escribió la madre de la víctima. Además, cuestionó las demoras en el avance del expediente: “La verdad no entiendo a la justicia, de mi pueblo y de Santa Cruz, ¡no entiendo por qué no hay un juicio ya!“.

En la misma línea, la mujer aseguró que “hay pruebas que él fue uno de los asesinos de mi hija”. Y volvió a cuestionar: “¿Tan mal estamos judicialmente? Los asesinos tienen más beneficios, cuidados, protección y por qué no decir compasión que nuestras propias hijas muertas en manos de estas lacras, que no tienen conciencia ni pesar por los actos cometidos!”.

También se refirió a la situación de sus nietos y pidió a los magistrados que mantengan la detención del imputado. “¿Dónde está la justicia que debería protegernos? Llevo 3 años pidiendo una justa justicia para mi hija, sosteniendo a mis nietos en su dolor, y aguantando un dolor que solo una madre que pierde a un hijo sabe lo que duele!!!! Le suplico a los jueces de esta causa que por favor no lo liberen… Justicia por Gimena”, concluyó.

El cuerpo de Gimena había sido hallado por un vecino que circulaba por una calle sin nombre del barrio El Calafate, en un sector lindero al yacimiento petrolero. El hombre observó que había perros alrededor de una persona semidesnuda y, al acercarse, advirtió que se trataba de una mujer sin vida.

Según informó entonces el comisario Cristian Davies, el vecino se dirigió a la dependencia policial para alertar sobre lo que había encontrado camino a su trabajo. La autopsia determinó que la joven recibió 32 puñaladas. Dos heridas fueron determinantes: una afectó el corazón y otra dañó uno de sus pulmones.

Hacía más de un mes que Gimena se había ausentado de la vivienda que compartía con su madre y sus hijos. Si bien no respondía los mensajes de Gabriela Extremador, su entorno veía publicaciones frecuentes en sus estados de WhatsApp y creía que estaba bien.

La detención de Saldivia se produjo en medio de un supuesto intento de fuga. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, el hombre estaba frente a su vivienda con bolsos y pertenencias cuando llegaron los efectivos policiales. “Estaba pasado de falopa, no me acuerdo de nada“, fueron sus primeras palabras ante los agentes.

Una mujer de Florida enfrenta una acusación por la presunta grabación y difusión sin consentimiento de una llamada telefónica en la que participó Christopher Clancy, padre de Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy. La investigación se originó tras la publicación de un audio en Instagram, según la denuncia presentada en Massachusetts.

La Policía de Scituate presentó una denuncia penal contra Shawna Gramkow, de 46 años y residente de Sanford, Florida, el 20 de octubre. Gramkow fue citada a comparecer ante la Justicia y su audiencia de lectura de cargos está prevista para el 20 de noviembre de 2026 en el Tribunal de Distrito de Hingham.

Quién es Shawna Gramkow y de qué la acusan

Gramkow afronta una acusación por intervención ilegal de comunicaciones, relacionada con un audio de Christopher Clancy que apareció en una publicación de la cuenta de Instagram “saltylunatics”. Según CBS News Boston, la publicación se difundió el 30 de agosto.

De acuerdo con el informe policial citado por NBC Boston, los investigadores concluyeron que la cuenta pertenece a Gramkow y que ella habla en el video. No obstante, el reporte no identifica quién realizó la grabación de la llamada.

Qué se sabe de la llamada de Christopher Clancy

Christopher Clancy informó el hecho a la Policía de Scituate el 4 de septiembre, fecha en que el juez declaró un juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy. Según el reporte policial, había recibido alrededor del 6 de agosto una llamada de un número desconocido mientras conducía por Scituate; atendió por accidente y no autorizó que se registrara la comunicación.

CBS News Boston informó que el audio corresponde a una conversación entre Christopher Clancy y su hijo mayor, Brian. NBC Boston no identificó al otro interlocutor, aunque señaló que Christopher Clancy reconoció comentarios que había hecho sobre su hijo mayor. Un investigador revisó el video y constató que la voz masculina se escuchaba en gran parte de modo ininteligible, de acuerdo con ese medio.

Massachusetts exige el consentimiento de todos para grabar una conversación

Massachusetts exige el consentimiento de todas las personas que participan en una conversación para realizar una grabación, según la información publicada por los dos medios. La acusación se basa en que Christopher Clancy afirmó que no había dado esa autorización.

La analista legal Jennifer Roman explicó a CBS News Boston que la norma contempla la grabación sin conocimiento o consentimiento de la persona, sin que el contenido de la charla altere ese criterio. Roman señaló que el delito de intervención ilegal de comunicaciones puede constituir un delito grave, aunque la acusación contra Gramkow sigue pendiente de resolución judicial.

El juicio nulo de Lindsay Clancy y las teorías en redes sociales

El caso surgió en el contexto del juicio contra Lindsay Clancy, que terminó con un juicio nulo el 4 de septiembre de 2026. Tras la declaración de Patrick Clancy en ese proceso, usuarios e influencers difundieron teorías sobre él en redes sociales, según CBS News Boston.

Ese contexto explica la actividad de la cuenta desde la que se publicó el material y la atención sobre la denuncia. El mismo medio indicó que algunas de esas teorías atribuyeron a Patrick Clancy la muerte de sus hijos, pese a que Lindsay Clancy había admitido los hechos mientras atravesaba una psicosis posparto.

Gramkow publicó un video en la cuenta de Instagram vinculada al caso y sostuvo que “las acusaciones son falsas y fáciles de demostrar”.

El jurado disidente habló tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

Michael P. Desronvil, el único integrante del jurado que se opuso a declarar inimputable a Lindsay Clancy, afirmó en una entrevista televisiva que no tuvo “duda razonable” sobre la culpabilidad de la acusada. También calificó de “metódica” su actuación.

La defensa solicitó revisar la actuación del jurado y sus comunicaciones personales durante el proceso, incluido el contenido de su teléfono celular, para determinar si existieron contactos o intercambios que pudieran haber influido en el caso.

El juez William Sullivan fijó una audiencia para el 2 de noviembre de 2026 en el Tribunal Superior de Plymouth, donde se tratará ese pedido y otros planteos vinculados al futuro de la causa.

La Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez pidió llevar a juicio oral a ocho personas acusadas de integrar una banda de entraderas a la que se atribuye la muerte de un jubilado de 74 años durante un robo en Coghlan. Entre los imputados hay una oficial de la Policía de la Ciudad, señalada por haber usado sistemas de la fuerza para colaborar con la organización.

El requerimiento fue presentado por el auxiliar fiscal Agustín Serra ante el juez Ricardo Rongo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22. Para la acusación, el grupo operó al menos desde julio de 2025 y cometió asaltos en viviendas de Coghlan, Villa del Parque, Villa Devoto y Liniers.

A partir de las pruebas reunidas, los investigadores atribuyeron el liderazgo de la banda a H.G.A., de 45 años, y J.H.T., de 36. Los otros seis acusados son M.R.R., R.D.M., N.S.F.R., M.A.F., J.L.V. y su pareja, la oficial M.N.B.D.C., de 31 años.

La Fiscalía destacó el presunto aporte de la agente de la Policía de la Ciudad al funcionamiento de la organización. Según el requerimiento, utilizó recursos, datos e infraestructura de la fuerza para verificar la situación policial y registral de autos y patentes que empleaba el grupo.

Según plantearon, esas consultas permitían confirmar que las chapas colocadas en los vehículos no figuraran como robadas y que los automotores usados en los asaltos no registraran impedimentos para circular.

En este marco, el pedido de elevación a juicio incluyó distintas calificaciones según la intervención atribuida a cada acusado. Mientras que J.H.T., J.L.V. y R.D.M. están imputados como coautores del homicidio agravado criminis causae, los otros integrantes enfrentan acusaciones por participación necesaria o coautoría en el hecho.

El robo en el que murió Osvaldo Héctor Galella

El hecho central de la acusación ocurrió durante la madrugada del 24 de enero de 2026 en una casa de la calle Núñez al 4000, en el barrio porteño de Coghlan. Allí vivían Osvaldo Héctor Galella, de 74 años, y su esposa, de 73.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por el sitio Fiscales, tres imputados ingresaron cerca de las 04:30 horas tras forzar la reja de una ventana. Una vez dentro, despertaron a la pareja a golpes y exigieron dinero.

En ese momento, Galella intentó defender a su esposa, pero dos de los asaltantes lo redujeron y ataron. Un tercero le habría tapado la boca mientras golpeaba a la mujer para que indicara dónde guardaban dinero. En ese contexto, el jubilado se descompensó y murió.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense estableció que la muerte se produjo por una “cardiopatía hipertrófica e isquémica-congestión pulmonar”. Así, la Fiscalía calificó el episodio como homicidio agravado criminis causae, al sostener que la violencia desplegada durante el robo provocó la muerte.

Pese a que la esposa de Galella les pidió que lo auxiliaran, los delincuentes siguieron con el asalto. Finalmente, se llevaron dinero, joyas y el celular de la víctima. Según la acusación, M.R.R. y M.A.F. habrían realizado tareas de vigilancia antes y durante el hecho, con la intención de definir cuál de las casas de la zona sería el blanco de su próxima entradera.

Por su parte, la esposa de Galella declaró sobre la violencia que padeció durante el asalto y las consecuencias que tuvo la muerte de su marido, con quien había estado casada durante 54 años. “Estos señores robaron lo más importante para mí, la vida de mi marido. Lo que se llevaron no me importa, pero arruinaron mi familia”, expresó en la causa.

A raíz de lo acontecido, la mujer indicó que debió mudarse y que aún no puede regresar a la casa para retirar sus pertenencias. “Por dos pesos se llevaron la vida de mi marido. Es tan fuerte lo que pasó, que no puedo volver a mi casa a sacar las cosas”, sostuvo. También reclamó que los responsables sean condenados.

La Fiscalía vinculó el homicidio con otras entraderas

La investigación por la muerte de Galella permitió relacionar el caso con otra causa que analizaba robos cometidos desde julio de 2025. En este sentido, los investigadores señalaron coincidencias en la modalidad, los vehículos usados y la participación de los sospechosos.

Según la acusación, el grupo elegía viviendas particulares, vigilaba los movimientos de sus ocupantes y avanzaba cuando consideraba que podía sorprenderlos dentro de las casas. Algunos miembros forzaban accesos e ingresaban, mientras otros permanecían afuera como apoyo, vigilancia y vía de escape.

En los episodios atribuidos, las víctimas fueron golpeadas, amenazadas y atadas. Los ladrones buscaban dinero, joyas, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

Entre los hechos investigados figura un robo cometido el 14 de julio de 2025 en Estomba al 3100, también en Coghlan. Allí, los asaltantes redujeron a una mujer y a su sobrino de 16 años, los ataron con precintos y los encerraron en un baño antes de escapar con dinero, joyas, documentos y distintos objetos.

También se les atribuyó robos en septiembre y octubre de 2025 en Villa del Parque, Villa Devoto y Liniers. En uno de esos asaltos, registrado en una casa de Villa Devoto, un teléfono que J.H.T. habría dejado en el lugar se convirtió en una de las pruebas que permitió identificar a los sospechosos.

Además, la organización contaba con varios vehículos: un Renault Sandero, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 blancos; un Chevrolet Spin azul; un Fiat Grand Siena y un Fiat Cronos grises, y un Toyota Yaris negro.

En este sentido, los investigadores sostuvieron que la banda quitaba las patentes de los autos o las sustituía por chapas de vehículos similares que habían sido robadas. El objetivo era evitar controles y reducir el riesgo de detección durante los traslados.

De hecho, comprobaron que el Toyota Yaris utilizado por quienes habrían ingresado a la vivienda de Galella había sido robado en Haedo en septiembre de 2025. Para la Fiscalía, circulaba con identificaciones sustraídas ese mismo día de otro auto similar estacionado en el barrio de Vélez Sarsfield.

Durante los allanamientos, se secuestró una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros en la vivienda que la oficial policial compartía con J.L.V. En poder de H.G.A., en tanto, se halló un revólver Smith & Wesson calibre .32 largo.

Durante la segunda audiencia del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, el condenado a prisión perpetua como autor del crimen, Sebastián Wagner, declaró en calidad de testigo y complicó a Néstor Pavón, su ex empleador y actual acusado de presuntamente haber coparticipado del hecho. “Sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara”, afirmó.

Se trató de la tercera declaración que Wagner ofrece a la Justicia desde que comenzó la investigación. Al igual que en las otras dos oportunidades, brindó un nuevo relato, en donde responsabilizó a Pavón por el abuso sexual y el asesinato de Micaela.

“Yo no la maté. Lo dije hace 9 años. Es la tercera vez que lo estoy diciendo”, afirmó ante el tribunal compuesto por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali. Y ratificó: “Yo sé que fue él, me gustaría mirarlo en la cara y tenerlo de frente”.

Según el relato de Wagner, ambos habían cenado y consumido alcohol durante la madrugada del 1° de abril de 2017. También dijo haber recibido cocaína de un conocido y aseguró que, bajo esos efectos, Pavón le ordenó ir a buscar a Micaela cuando ella salía de un boliche.

“Me dice agarrala. Salí, la cacé, la revoleé para todos lados y no la podía… Ella era más grande que yo. Se bajó él y me ayudó él. Él me mandó”, reconstruyó el condenado por el femicidio. De acuerdo con las declaraciones recopiladas por Ahora Entre Ríos, reconoció su intervención en la reducción y el traslado de la joven.

“Cuando la cazamos, ella decía: ‘Suéltenme’. La pusimos en el auto, él manejó, fuimos a tal lugar… La bajamos del auto. Pasó lo que pasó”, relató. No obstante, Wagner se desligó del ataque sexual y asesinado al afirmar que se habría alejado del lugar para consumir cocaína.

Bajo este relato, el preso señaló que, al regresar, vio a Pavón mientras asfixiaba a la víctima. “Me di cuenta de lo que estaba pasando. Fui al auto a tomar un saque. Cuando volví la estaba asfixiando. No la pude salvar”, sostuvo.

Al ser consultado sobre quién ejercía la asfixia, respondió: “Pavón”. Además, añadió que Micaela estaba boca arriba y que, de acuerdo con su versión, Pavón utilizó una mano para asesinarla. “Se le fue la mano, capaz”, manifestó.

También le atribuyó a Pavón la agresión sexual contra Micaela. Ante una pregunta del fiscal acerca de si alguien había abusado de la joven, contestó que sí. Luego, ante la consulta sobre quién había sido, volvió a contestar: “Pavón”.

Respecto de su propia participación en ese delito, Wagner dijo no poder precisar qué sucedió debido al estado en el que se encontraba. “No sé si abusé de ella o no porque estaba en un momento crítico. Hay cosas que te puedo decir que sí y que no”, expresó.

Mientras que el condenado sostuvo que se sentía debilitado por el consumo de drogas, indicó que Pavón estaba más lúcido porque solo había ingerido alcohol. “Yo estaba débil. Porque si estuviera como ahora, no pasaría eso. Me sentía un animal. Ni a un animal se le hace eso. Por eso estoy enojado y triste”, declaró.

Luego de la muerte de Micaela, Wagner relató que Pavón le pidió ayuda para mover el cuerpo. “Quedé neutro. Él me decía: ‘No pasa nada, ayudame’. Subimos el cuerpo al auto, en la parte de adelante. Después él la cambió para atrás”, afirmó.

También describió un recorrido que incluyó un lavadero y un campo de la zona, donde finalmente fue hallado el cuerpo de la joven una semana después. “Él la quería enterrar. Yo no lo dejé. Tenía que aparecer. Si la enterraba, no aparecía más”, sostuvo.

Aunque manifestó que no sabía si su ex empleador había ido a buscar una pala y afirmó que ambos tuvieron que empujar el Renault 18 para sacarlo de una huella de tractor tras abandonar el cuerpo. “Supuestamente hice todo yo solo, pero ahora me cansé”, expresó, en alusión a la responsabilidad que se le atribuyó en el juicio realizado en 2017.

Durante la audiencia, Wagner contó que aceptó declarar después de que los abogados de la familia García lo visitaran en prisión. Según publicó Uno Entre Ríos, afirmó que antes había rechazado solicitudes de entrevistas periodísticas.

“A mí me pidieron en todos lados que yo haga notas, como hizo Nahir Galarza, y dije que no. Fueron los abogados de los padres de Micaela para pedirme una ayuda para que yo esté acá hoy; le dije que sí para pedir perdón a la madre de Micaela, a todos los padres que se han perdido una hija y a todo Entre Ríos”, declaró.

También aseguró que fue víctima de agresiones en el penal luego de confirmar que participaría de la audiencia. “Casi me mataron a la semana y pico. Una puñalada acá, me partieron la cabeza, me cortaron la cara. Yo estoy vivo porque estoy vivo”, manifestó.

Por este motivo, el preso pidió recibir la pena de muerte y dijo sentirse avergonzado por los hechos. “Mi arrepentimiento y pidiendo perdón a todo Entre Ríos me sacó un peso de encima. Pedí la pena de muerte y no me la dieron. Me quisieron matar más de una vez y me defiendo. Me da vergüenza pero estoy dando la cara”, expresó.

Ahora, las acusaciones formuladas por Wagner deberán ser analizadas por el tribunal junto con el resto de las pruebas del debate. Pavón ya había sido condenado por encubrimiento agravado.

El nuevo juicio comenzó este jueves, luego de que en diciembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la realización de una nueva instancia oral para determinar si participó como coautor en el secuestro, el abuso sexual y el homicidio de Micaela.

En la apertura del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, su madre Andrea Lescano volvió a pedir justicia por su hija. El debate, que comenzó este jueves en los Tribunales de Gualeguay, analizará por primera vez la presunta coautoría de Néstor Pavón en el secuestro, abuso sexual y asesinato de la joven cometido en 2017.

“Quiero justicia por mi hija”, reclamó la mujer al inicio de su intervención. Además, a lo largo de su declaración, repasó las dificultades que enfrentó la familia al intentar denunciar la desaparición de la joven y el proceso posterior que derivó en la sanción de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para quienes cumplen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Según reconstruyó, el calvario comenzó cuando el novio de Micaela la llamó después de haber intentado comunicarse con ella y recorrer, sin resultados, los lugares en los que podría estar. Más tarde, una amiga le informó que en la comisaría no querían recibir la denuncia porque todavía no habían pasado 24 horas desde la desaparición.

Ante esa situación, Lescano explicó que realizó dos denuncias formales, una en Colón —donde vivía entonces— y otra en Gualeguay. De acuerdo con la información publicada por UNO Entre Ríos, también recordó el trabajo de difusión que realizaron de la norma para exigir su aplicación efectiva en los distintos organismos estatales.

Para este viernes, se espera una audiencia clave y movilizante, ya que está previsto que declare Sebastián Wagner, el hombre que fue condenado a prisión perpetua por el abuso sexual y el homicidio de la estudiante. Esta vez, su testimonio será en calidad de testigo ante el tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Larocca Rees y Nicolás Gazali.

Desde que se dio a conocer la sentencia, Wagner permanece alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Por este motivo, está previsto un operativo de seguridad bajo custodia para que pueda atestiguar en el Palacio de Justicia de Gualeguay.

De acuerdo con AHORA Entre Ríos, de su interrogatorio participarán los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb; los abogados querellantes José Iparraguirre y Marcelo Boeykens, y los defensores de Pavón, Ramón Elías Salto y Edwin Henry Valenzuela Rojas.

La palabra de Wagner será una pieza central del nuevo debate, sobre todo por las diferentes versiones que había dado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 1 de abril de 2017. En su primera declaración, realizada el 12 de abril de aquel año, reconoció el secuestro y la agresión sexual contra Micaela, aunque expresó dudas sobre quién había provocado su muerte.

Sin embargo, en el juicio oral de 2017, Wagner sostuvo otra versión. En esa oportunidad, indicó que Pavón sujetó a Micaela durante el abuso y luego la asfixió. También afirmó que ambos habían acordado que él asumiría toda la responsabilidad si eran detenidos. Esos dichos fueron descartados por el Tribunal de Gualeguay, tras considerar que eran incompatibles con el resto de las pruebas.

Finalmente, el primer tribunal condenó a Wagner a prisión perpetua como autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. En tanto, a Néstor Pavón le impuso cinco años de prisión por encubrimiento agravado.

En esa instancia, los jueces entendieron que Wagner habría actuado solo y señalaron que no había pruebas biológicas, rastros ni testigos que situaran a Pavón en el momento del crimen. Asimismo, interpretaron que las acciones del ahora acusado estuvieron orientadas a ayudar a Wagner a eludir la investigación.

La discusión judicial continuó en instancias superiores. En 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló la absolución de Pavón respecto de la acusación principal y ordenó un nuevo juicio al considerar que debía analizarse la hipótesis de una coautoría funcional.

Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto esa decisión en 2020 por razones procesales. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en diciembre de 2024 que se realizara un nuevo debate oral.

Luego de estas dos audiencias, está previsto que el debate continúe el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. Además, por decisión del tribunal y el Ministerio Público Fiscal (MPF), el juicio se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

A más de dos años del incendio que arrasó una habitación de pensión en Barracas y terminó con la vida de tres mujeres, la fiscalía pidió prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos, acusado de haberlas atacado por odio a su orientación sexual. “El motivo del crimen fue el odio”, sostuvo el fiscal.

Para la fiscalía, durante la madrugada de mayo 2024, Barrientos arrojó una sustancia combustible dentro de la habitación que compartían en un hotel situado en la calle Olavarría al 1600. Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron a raíz de las quemaduras sufridas en el ataque, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió.

“No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran”, afirmó Juan Manuel Fernández Buzzi ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5.

La acusación pidió que el hombre, de 69 años, sea condenado por homicidio agravado por violencia de género, por odio a la orientación sexual, por ensañamiento y por utilizar un medio capaz de provocar un peligro común. Los agravantes se aplican por los asesinatos de Cobbas, Figueroa y Amarante, y en grado de tentativa por las lesiones sufridas por Castro Riglos.

Para el fiscal, no fue un conflicto ocasional ni un incendio accidental. Sostuvo que el acusado hostigaba a las mujeres y rechazaba su vida afectiva y sexual. Fernández Buzzi afirmó que Barrientos sentía “claramente desprecio y aversión” hacia las víctimas.

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, sostuvo. En esa línea, consideró que el imputado aprovechó las condiciones de vulnerabilidad de las damnificadas. “Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna”, describió el fiscal.

De acuerdo con varios testimonios incorporados al debate, Barrientos las insultaba con expresiones lesbodiantes y afirmaba que no podía “ni verlas”. Entre esos relatos, vecinos señalaron que se refería a las mujeres como “tortilleras”.

Las tres querellas también reclamaron una pena de prisión perpetua. La Defensoría Pública de Víctima representa a las familias de Cobbas y Figueroa; la abogada Luciana Sánchez interviene por Castro Riglos; y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans acompaña a los familiares de Amarante.

La reconstrucción

La noche del 5 de mayo de 2024 Barrientos habría arrojado combustible sobre el sector donde descansaban las cuatro mujeres y originado el fuego dentro de la pieza. De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el Ministerio Público Fiscal, el foco se produjo sobre uno de los colchones y que las llamas se extendieron con rapidez.

Una de las mujeres intentó salir de la habitación, pero fue agredida y empujada en el pasillo. Para Fernández Buzzi, esa secuencia demostraba que el acusado había actuado con intención de causar la muerte de las víctimas.

Pamela Cobbas murió al día siguiente; Mercedes Figueroa falleció dos días después; y Andrea Amarante murió el 12 de mayo, tras permanecer internada por las lesiones provocadas por el incendio. Las autopsias establecieron que Cobbas y Figueroa tenían quemaduras en el 90% de sus cuerpos, mientras que Amarante sufrió lesiones de ese tipo en el 75%.

Sofía Castro Riglos sobrevivió al ataque aunque sufrió quemaduras en brazos, manos y rostro, que afectaron cerca del 3% de su cuerpo. La víctima no declaró en el juicio porque las evaluaciones médicas concluyeron que no se encontraba en condiciones de hacerlo. Sin embargo, su relato fue incorporado mediante actas y declaraciones de personas que la asistieron.

Los peritajes y los testimonios

La acusación apoyó su pedido en los informes técnicos y los testimonios de bomberos, peritos de la Policía de la Ciudad y especialistas de la Policía Federal. Esos elementos, según el fiscal, permitieron concluir que el incendio fue provocado de manera deliberada.

Entre las pruebas mencionadas se encuentra un balde con señales de quemaduras y olor a alcohol. Los investigadores evaluaron que ese recipiente pudo haber sido utilizado para trasladar o encender una sustancia acelerante. También se detectaron hidrocarburos en textiles analizados durante la pesquisa, aunque los peritos no lograron identificar la composición exacta por los efectos del fuego y el paso del tiempo.

La fiscalía remarcó, además, que varios vecinos situaron a Barrientos en el lugar y lo vieron dirigirse hacia la terraza del edificio. Allí fue encontrado por los bomberos que trabajaban para controlar las llamas. El acusado tenía heridas en el rostro y el cuerpo, y una testigo afirmó que tenía olor a alcohol.

En su indagatoria, Barrientos reconoció que mantenía discusiones con las víctimas, pero negó haber iniciado el incendio. El 16 de octubre declaró ante el tribunal que no recordaba detalles de aquella madrugada y cuestionó las versiones de dos vecinos. También sostuvo que respetaba a las mujeres y a la diversidad sexual.

Fernández Buzzi calificó esa versión como confusa y sostuvo que no explica la prueba producida durante el debate. “El medio elegido fue especialmente cruel. Eligió generar un sufrimiento horrible”, afirmó al fundamentar el agravante de ensañamiento.

Barrientos permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El juicio continuará el 11 de noviembre con la exposición de su defensa. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 deberá fijar la fecha para conocer el veredicto.

La investigación del asesinato de cuatro mujeres en un PH de la calle 28 entre 41 y 42, ocurrido en La Plata, entre la noche del 27 de noviembre de 2011 y la madrugada siguiente, sigue sumando capítulos en los tribunales a más de una década del atroz crimen: dos testigos centrales serán juzgados por falso testimonio.

El principal acusado en aquel momento fue Osvaldo “Alito” Martínez, pareja de una de las víctimas, quien fue arrestado rápidamente bajo sospecha e imputado por el fiscal de instrucción, Álvaro Garganta, de la UFI N°11.

Tras una alta exposición pública y seis meses de prisión preventiva, en 2014 el Tribunal Oral N° III lo absolvió por unanimidad. En ese fallo, Javier “La Hiena” Quiroga fue condenado como autor de los crímenes y, desde entonces, permanece detenido.

La sentencia absolutoria de Martínez fue luego ratificada sin objeciones por el tribunal de Casación y la Corte Suprema Bonaerense, cerrando el proceso inicial sobre su implicación. Sin embargo, la situación no terminó ahí, puesto que el Tribunal remitió los antecedentes para que se investigara el eventual falso testimonio de quienes lo habían colocado en la escena del crimen.

En la etapa inicial de la investigación, Marcelo Tagliaferro fue un testigo clave. Al principio, dijo haber llevado a Marisol Pereyra —una de las víctimas— hasta el lugar del hecho y observó a “un hombre de entre 20 y 40 años, torso desnudo”, recibiéndola, aunque inicialmente expresó que no podía identificarlo. Horas después, tras ver a Martínez en medios de comunicación, modificó su relato y aseguró reconocerlo como el individuo que vio esa noche.

El testimonio de Tagliaferro cobró todavía mayor relevancia cuando se presentó voluntariamente en la Fiscalía, acompañado por el abogado Fernando Burlando, quien además lo inscribió al ofrecimiento de una recompensa de 300 mil pesos por información vinculada al caso. Este oficializó su reclamo, presentando un escrito avalado por el fiscal Álvaro Garganta.

Paralelamente, Patricia Godoy, otra de las testigos citadas en la instrucción a cargo de la fiscal Ana Medina, sostuvo que vio a Martínez llegar a su casa en Melchor Romero esa madrugada, sin camisa, bajando de un automóvil Fiat Uno blanco. Para la Fiscalía, el relato de Godoy reforzaba la línea acusatoria contra “Alito”.

Martínez, desde el inicio, negó haber salido de su vivienda la noche de los asesinatos y declaró que se encontraba viendo la película “Agente Salt”, de Angelina Jolie, manteniéndose en contacto por mensajes con su pareja Bárbara Santos, una de las víctimas. En la escena del crimen, según se probó en el fallo absolutorio, no se hallaron rastros de Martínez ni evidencias que lo vincularan.

El fallo emitido en 2014 por los jueces Santiago Paolini, Andrés Vitali y Ernesto Domenech concluyó que no existían elementos que justificaran la acusación a Martínez y ordenó investigar a Tagliaferro y Godoy por falso testimonio agravado, figura penada con hasta 10 años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° IV de La Plata estará a cargo del juzgamiento, con el fiscal Mariano Sibuet en la acusación y la defensa representada por el abogado Gonzalo Escaray.

Martínez, actualmente particular damnificado, está representado por los abogados Sebastián Chouela y Belén Chapur. La primera audiencia será este lunes a las 10 de la mañana en el edificio del Fuero Penal platense.

Con este nuevo proceso, la defensa de Alito Martínez busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de quienes —sostiene— contribuyeron a que un inocente fuera acusado y privado de la libertad mientras el verdadero responsable permanecía prófugo. La expectativa está puesta en que, después de catorce años, la Justicia determine si existió manipulación o falsedad en los relatos clave presentados durante la instrucción.

Russell Brand fue absuelto de uno de los siete cargos que enfrentaba en su juicio por presuntos delitos sexuales en Londres. Sin embargo, la decisión judicial no supone el cierre de esa parte del proceso: el juez sustituyó la acusación original por un cargo de intento de abuso sexual, que el jurado aún deberá evaluar.

El martes 27 de octubre, el juez Bennathan, a cargo del caso en el Tribunal de la Corona de Southwark, determinó que había “pruebas insuficientes” para sostener la acusación original de abuso sexual. Por ello, pidió al jurado que declarara a Brand no culpable de ese cargo específico. Después, incorporó la acusación de intento de abuso sexual por el mismo incidente.

Según medios locales, el caso se relaciona con la denuncia de una exempleada de MTV que aseguró que, en 2001, cuando trabajaba en Londres, Brand la sujetó del brazo e intentó arrastrarla hacia un baño. La mujer, cuya identidad permanece protegida por razones legales, declaró que le pidió que la soltara y que él insistió en que entrara con él.

La decisión se produjo al cierre de la presentación del caso de la fiscalía, que expuso ante el tribunal los testimonios de las denunciantes y otras pruebas.

Los otros seis cargos contra Russell Brand

Con la modificación, Brand enfrenta ahora tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de abuso sexual. Las acusaciones corresponden a presuntos incidentes ocurridos entre 1999 y 2009 y fueron presentadas por seis mujeres.

Entre los testimonios expuestos durante el juicio, una mujer afirmó que Brand la violó en una habitación de hotel en Bournemouth, en 1999, después de una presentación de comedia. Otra denunciante relató que, en 2004, el actor la sujetó de los senos y la empujó hacia un baño de un bar en Soho, donde, según su testimonio, la violó por vía oral.

Una tercera mujer aseguró que Brand la violó por vía anal en su vivienda de Hampstead, en 2009, después de mantener relaciones sexuales vaginales consentidas. Además, la semana anterior, una cuarta denunciante declaró que el actor la agredió sexualmente cuando ella trabajaba en una estación de radio, en 2004 o 2005. Según su relato, él la empujó contra una pared, la besó por la fuerza y le tocó los senos y los glúteos, mientras otras personas que lo acompañaban no intervenían.

La versión del actor y la siguiente etapa del juicio

Durante la audiencia del martes, el tribunal escuchó declaraciones que Brand entregó a la policía en entrevistas realizadas entre 2023 y 2025. En una de ellas, el actor afirmó: “Llevé una vida muy promiscua en el pasado, algo que he denunciado públicamente durante años”.

También sostuvo que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento y cuestionó las informaciones que dieron origen a la investigación. En referencia a un documental de Channel 4 y a reportajes periodísticos publicados en septiembre de 2023, calificó esas informaciones de “difamatorias y ficticias”. Según su versión, la cobertura mediática propició nuevas denuncias basadas en encuentros que, afirmó, fueron “inventados o reinterpretados”.

En otra declaración, Brand reconoció que había tenido encuentros sexuales en distintos lugares y circunstancias, a menudo con personas que acababa de conocer. No obstante, insistió en que todos fueron consentidos. También dijo que había besado a cientos de personas durante eventos públicos y que existían fotografías de esos encuentros.

Brand, de 51 años, niega todos los cargos y se declaró no culpable. Según Deadline, su equipo de defensa comenzará a presentar su caso tras el cierre de la etapa de la fiscalía. El actor podría declarar ante el tribunal, mientras que esta fase del juicio podría extenderse entre dos y tres semanas.

El 3 de noviembre de 2010, la hija adolescente de Marci Webber entró al baño de la casa de su abuela en Illinois y encontró el cuerpo sin vida de su hermana Maggie, de cuatro años.

En la pared, escritas con sangre, se leían las palabras “divine mercy” (misericordia divina). Webber se había cortado las muñecas y había encendido una grabadora para registrar la llegada de los ángeles que, según creía, las llevarían al cielo.

La mujer fue declarada no culpable por razón de insanía tras un juicio que duró un solo día ante un juez del condado de DuPage, en los suburbios de Chicago, con un único testigo: un psicólogo forense.

Desde entonces, permanece recluida en un hospital psiquiátrico estatal. El caso, reconstruido por el New York Times, expone las tensiones de un sistema que promete tratamiento en lugar de castigo, pero que en la práctica puede convertirse en un confinamiento indefinido.

El deterioro, la reclusión y los intentos por salir

Webber, veterana del Ejército de Estados Unidos, comenzó a tomar antidepresivos a mediados de la década de 1990, en plena disputa por la custodia de su hija mayor.

Con los años, los médicos le prescribieron una combinación de antidepresivos, antipsicóticos y un betabloqueante utilizado en ocasiones para tratar la ansiedad aguda.

En 2010, su estado mental se deterioró de forma grave. Se convenció de que satanistas habían alquilado las propiedades vecinas y de que Maggie era el blanco de depredadores sexuales. Dormía con un cuchillo debajo del colchón. Sentía el mal como una sensación física sobre la piel.

La legislación del estado permite retener a estos pacientes por un período que no exceda la condena que habrían recibido de haber sido declarados culpables —en el caso de Webber, 100 años—, pero no establece un mínimo obligatorio.

Tras varios años de tratamiento, Webber rechazó la medicación psiquiátrica en 2014. Su psicosis no regresó, según determinó la justicia. Aun así, en 2017, un magistrado denegó su liberación con el argumento de que tanto ella como el Estado necesitaban prepararse mejor. Poco después, intentó suicidarse.

En 2019, el juez autorizó su salida con un plan de tratamiento y expresó preocupación por el trato que el Estado le dispensaba.

Webber volvió a su departamento, pero la fiscalía apeló la decisión y obtuvo una orden de regreso. Menos de dos semanas después, fue reingresada en la institución psiquiátrica.

Los fármacos bajo la lupa

Webber sostiene que los fármacos, y no la enfermedad mental, provocaron la muerte de su hija. “Lo que hicieron durante años fue agregar medicamentos, cambiar medicamentos y simplemente continuar”, afirmó en una entrevista telefónica desde el hospital donde permanece internada, tal y como recogió el New York Times. “A nadie se le ocurrió decir: ‘¿Saben qué? Creo que es alérgica a esto’”.

La mujer aseguró haber padecido acatisia, una inquietud involuntaria y a veces insoportable reconocida como efecto adverso de ciertos psicofármacos.

Ese mismo síntoma fue mencionado durante el juicio de Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños, cuyo proceso terminó con un jurado dividido.

El doctor Gerard Sanacora, director del Programa de Investigación sobre Depresión de la Universidad de Yale, explicó que puede resultar difícil distinguir si cuadros como la psicosis son consecuencia del trastorno o de los fármacos empleados para tratarlo.

“Estos medicamentos tienen muchas más probabilidades de ayudar a alguien que de dañarlo, pero eso no significa que un individuo no pueda resultar perjudicado”, aseguró.

Millones de estadounidenses utilizan medicación para tratar trastornos de salud mental, y los especialistas consideran que esos fármacos son seguros y eficaces.

Un régimen con varios medicamentos no es problemático por sí solo. Expertos consultados por el diario indicaron que puede resultar adecuado en enfermedades complejas.

Sin embargo, los efectos adversos —sobre todo cuando se inicia un tratamiento, se ajustan dosis o se interrumpe la medicación— pueden, si no se abordan a tiempo, agravar el cuadro clínico del paciente.

Dos casos, un mismo dilema

El artículo del New York Times traza un paralelo entre Webber y Lindsay Clancy, cuyo juicio se extendió durante tres semanas e incluyó fotografías de las autopsias, pijamas infantiles y una visita del jurado a la escena del crimen.

La defensa argumentó que Clancy estaba en estado de insanía y convenció a todos los miembros del jurado salvo uno. La fiscalía debe decidir ahora si la somete a un nuevo juicio.

Webber cuestionó uno de los argumentos centrales de la acusación contra Clancy: que la planificación de los hechos demostraba cordura. “La planificación no tiene nada que ver con si una persona es psicótica y está demente”, afirmó. “Hay cosas que uno hace que parecen totalmente normales, pero por dentro —a menos que la gente haga preguntas— uno no es normal”.

Patrick Clancy, exmarido de Lindsay, ofreció una perspectiva similar en una entrevista reciente con 60 Minutes. “La enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa”, dijo.

Webber lamentó que sus familiares no hubieran insistido más cuando notaron que algo andaba mal, y expresó el deseo de haber sido hospitalizada de forma involuntaria antes de la tragedia. Ya no mantiene contacto con su familia y pidió que no se la contactara: consideró que ya habían sufrido bastante.

Los fiscales sostienen que Webber sigue representando un peligro y citan el intento de suicidio, conductas descritas como “agresivas, rebeldes y hostiles” e infracciones a las normas de la institución. Según la acusación, sus síntomas mejoran con la medicación y empeoran sin ella.

Bajo la ley estatal, la carga de la prueba recae sobre ella. Debe demostrar que no representa un riesgo y que no se beneficiaría de la atención hospitalaria continuada.

“Dios, no puedo seguir viviendo así. ¿Escuchan esto?”, preguntó durante una de las llamadas telefónicas con el diario, mientras se oían los gritos prolongados de otra paciente que pedía ayuda desde una silla de ruedas. “Es el lugar menos terapéutico en el que se puede estar”.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible, por mayoría, un recurso extraordinario que presentó la defensa oficial de los ciudadanos iraníes y libaneses prófugos por el atentado a la AMIA, para intentar que llegue a la Corte Suprema de Justicia el planteo que pretende frenar el juicio en ausencia, previsto en la Ley 27784.

Los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques rechazaron la presentación, mientras que Ángela Ledesma votó en disidencia y propuso que el planteo fuera revisado por el máximo tribunal del país.

Juicio en ausencia y garantías constitucionales

La decisión fue adoptada por la Sala II de Casación al concluir que no se configuraron los requisitos para llegar con el tema a la Corte.

El 21 de septiembre pasado, Casación dejó firme el juicio en ausencia al dar por desistido el cuestionamiento de la defensa oficial a la inconstitucionalidad de la ley. El debate se vincula con el juicio en ausencia y con su compatibilidad con las garantías constitucionales y convencionales que protegen el derecho de defensa de los imputados.

A la hora de resolver, el juez Barroetaveña entendió que la defensa no demostró la existencia de una cuestión federal que habilitara la revisión de la Corte Suprema, reconoció la “trascendencia” del hecho investigado y “su impacto sobre la comunidad”, pero aclaró que esa circunstancia no alcanza por sí sola para abrir la vía extraordinaria.

Mahiques, por su parte, coincidió con Barroetaveña. El juez sostuvo que la defensa no logró caracterizar la arbitrariedad alegada ni exponer una cuestión federal suficiente. Para el magistrado, los argumentos expresaron una discrepancia con lo ya resuelto por Casación.

Además, citó precedentes de la Corte para sostener que la gravedad institucional requiere acreditar perjuicios concretos que trasciendan a las partes y afecten de forma directa a la comunidad. La notoriedad del expediente o de quienes intervienen en él no basta para configurar ese supuesto, según remarcó.

Con los votos de Barroetaveña y Mahiques, la Sala II resolvió declarar inadmisible la apelación extraordinaria de la defensa oficial.

En disidencia, Ledesma consideró que el recurso contenía una exposición de los hechos relevantes y planteaba una cuestión federal vinculada con el derecho de defensa en juicio.

La jueza mencionó las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su criterio, estaban cumplidos los requisitos de los artículos 14 y 15 de la Ley 48 y de la Acordada 4/2007 para conceder el recurso.

La decisión mantiene vigente el rechazo que Casación había dispuesto en septiembre sobre los planteos de inconstitucionalidad y a la defensa oficial sólo le queda ir en queja directa al máximo tribunal del país.

Acusados procesados

Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas procesó en septiembre pasado a ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina perpetrado el 18 de julio de 1994 y que provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.

El magistrado encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Los procesados son Alí Fallahijan, quien se desempeñaba como Ministro de Inteligencia de Irán; Alí Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní; Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds, cuerpo de élite de la mencionada Guardia Revolucionaria.

También se procesó a Hadi Soleimanpour, exembajador de la República Islámica de Irán en territorio argentino; Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista instalado en Buenos Aires desde el año 1983, quien ejercía como consejero cultural de la embajada de Irán; Ahmad Asghari, sindicado como agente de inteligencia perteneciente a la Guardia Revolucionaria, y Salman Raouf Salman (conocido también como Samuel El Reda), de nacionalidad libanesa, perteneciente a Hezbollah, a quien se le atribuye la coordinación operativa de la fase final del atentado en Buenos Aires.

En Venezuela, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario y no está estipulado el delito por consanguinidad, pero no ocurrió así con Denny Ramón Zavala Ollarve, cuyo único delito parece el haber sido hermano de El Rayao jefe de una banda delictiva. Aunque no tenía antecedentes, ni armas, tampoco bienes ni cuentas que demostraran enriquecimiento, ni siquiera mensajes de comunicación con algún miembro de esa banda, y la fiscalía solo presentó la versión de funcionarios policiales, fue condenado a más de 22 años de prisión.

No hubo elementos de convicción y aunque el juez José Antonio García Morán absolvió a Denny Ramón Zavala Ollarve de los delitos de legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la libertad de comercio, financiamiento al terrorismo y secuestro agravado, terminó condenándolo a 22 años y cuatro meses de prisión por extorsión y asociación agravadas para delinquir.

Cruz Eduardo López Lois, presidente de Inversiones C&E Lois, denunció en abril 2022 que el 17 de noviembre 2021 recibió mensajes amenazantes desde números con códigos de Colombia y Perú; el remitente que identificó como Darwin Zavala líder de la banda criminal El Rayao le exigía el pago de una “vacuna” o extorsión.

Añadió que Amauri, un joven a quien aseguró haber criado y ayudado, lo llamó desde Chile para advertirle que El Rayao le habría pedido que lo asesinara. Nunca había mencionado a Denny Zavala ni tuvo llamadas o mensajes de él, pero aun así aseguró que era culpable de extorsión. Zavala respondió que la acusación de López surgió después que lo señalaran como autor intelectual del presunto sicariato de su mamá Gladys Zavala.

Esta investigación reconstruye la denuncia, la captura y el juicio de Denny Zavala, hermano del líder de una banda criminal. Documentos y testimonios citados en el proceso revelan dudas sobre la orden de aprehensión, la identificación de las líneas telefónicas y la ausencia de pruebas materiales contra el condenado.

Juez preso y fiscal sin pruebas

El caso estuvo inicialmente a cargo de José Macsimino Márquez García, juez del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Juicio con competencia nacional en delitos asociados al terrorismo. Tras su detención por un caso de extorsión, asumió el juez José Antonio García Morán. La Fiscalía 69 estuvo representada por Martín Brito y Miriam Lima Bernal.

El 8 de julio de 2022, la fiscal provisoria 69 de Antiextorsión y Secuestro, Miriam Lima Bernal, solicitó la aprehensión de once personas por secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico ilícito de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La solicitud identificó como víctimas a “Cruz, Vilfredo y Longy, la colectividad, el orden público y el Estado venezolano”.

La orden incluyó a Darwin José Zavala Ollarve, alias “El Rayao”; Néstor Sequera Campos Richardi, “Richardi”; Maikel José Seco Seco, “El Maikel Seco”; Ánderson Enrique Hernández Aguilar, “Culebra”; Felipe Alexander López Morales, “El Felipe”; Johan David Hernández Muñoz, “El Murci”; Wilver Samuel Sánchez Pérez, “El Yo No Fui”; Jorge Luis Hernández Muñoz, “Eufemio”; Luis Alexander Colina Colina, “El Piu”; Cristofer Eulices Valderrama Ortiz, “El Gordo La Rosa”; y Ángel Alberto Pérez Rodríguez, “El Tutu”. El nombre de Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, no figuró en esa solicitud.

El empresario Carlos Eduardo López Lois, residente del sector Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo, relató que el 17 de noviembre de 2021 recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedían una “colaboración” de su empresa y de la de su socio Palencia. El remitente le señaló que la “vacuna” era común con empresarios y comerciantes del país, mencionó sus contactos gubernamentales y aludió a un contrato reciente con Pequiven.

Según López Lois, en abril de 2022 nueve hombres armados ingresaron en la finca de su socio, Wilfredo Palencia. Allí habrían amarrado, golpeado y amenazado al encargado, Rafael Arteaga, y sustraído la carne almacenada. Días después, vecinos del sector le dijeron que Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, habría vendido parte de la mercancía robada.

López Lois agregó que el 18 de abril recibió un mensaje de Amauri (presuntamente como Auri Mauri Chourio), quien se encontraba fuera del país. De acuerdo con su versión, Amauri le informó que un hombre apodado El Rayao le había pedido que facilitara su asesinato porque no había accedido a pagar. López Lois denunció el caso ante la División de Investigaciones de Delitos contra la Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Caracas.

Otra de las víctimas, identificada como Longi, declaró que en noviembre de 2021 llegaba a su finca con su esposa, su hija y su cuñada cuando tres hombres armados los interceptaron. Según su testimonio, lo separaron de las mujeres, lo golpearon y le exigieron 20.000 dólares y una escopeta.

Longi afirmó que los hombres realizaron una llamada y que una voz masculina se identificó como El Rayao. Según su relato, le ordenaron conseguir el dinero y entregarlo en ocho días a Denny Ollarve. Posteriormente, habrían cambiado el lugar de entrega al sector El Escondido, donde uno de los sujetos le devolvió parte de sus pertenencias.

Versión policial

El detective Adonay Cordero, del CICPC, declaró que el 27 de mayo de 2022 recorrió, junto con el comisario Jean Vásquez y el inspector agregado Jerthons Chacón, varios sectores de Morón y de la carretera Morón-San Felipe. Aseguró que entrevistaron a habitantes de las comunidades, aunque ninguno rindió declaración formal ni fue identificado en el expediente.Cordero sostuvo que los pobladores señalaron a Yusmary del Carmen Zavala Ollarve, Astrid Carolina Blanco Sequera, Johiris Josefina Ruiz y Jhosman Enrique Pérez Zavala como presuntos informantes de la banda. También afirmó que Maryolis del Valle Zárraga Seco, Adrián Rafael Medina Zavala, Lusmary Zaray Castillo Zavala y Dailys Andreína Seco Vásquez retiraban productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para entregarlos a El Rayao y El Seco. Según la misma versión, Milányela del Carmen Seco y Ender Jesús Cruz Zavala guardaban armas de fuego.

El detective agregó que Dignora Beatriz Seco López, Oscarly Beatriz Seco Hernández y Yulimar Glicet Zabala Ollarve cumplían funciones de vigilancia y alertaban sobre la presencia policial. También señaló que Carmen Elena Zárraga Quiñónez y Kristian José Chacín Pantoja habían sido vistos en reuniones sociales con presuntos líderes criminales del sector.

“Se pudo recabar la información de que estas personas arriba mencionadas se benefician del patrimonio económico de esta estructura criminal, obteniendo bienes materiales con procedencia ilegal”, declaró Cordero.

Posteriormente, la detective Enyerbth Sevilla, del CICPC, informó que ninguna de las quince personas mencionadas tenía registros ni antecedentes policiales. No se presentaron pruebas contra ellos.Pese a ello, la Fiscalía sostuvo que los elementos de convicción permitieron identificar a los integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado “El Rayao” mediante el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL).Un acta de análisis y asociación telefónica, suscrita por el inspector agregado Jerthons Chacón, vinculó tres números con El Rayao, dos con El Culebra y uno con Eufemio. El documento atribuyó cinco líneas a Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, sin precisar el origen de esa información.

Muere El Rayao y detención de su hermano

El 29 de julio de 2022, funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional mataron durante un operativo en el sector Covetra, en Morón, estado Carabobo, a Darwin José Zavala Ollarve, alias El Rayao, y a otros tres presuntos integrantes de su banda, entre ellos dos hombres identificados por los alias El Ñoño y El Chipi.

Según la información policial difundida a los medios, la banda de El Rayao era investigada por los asesinatos del general de la Guardia Nacional Bolivariana Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez, ocurridos el 13 de octubre de 2020. Las autoridades informaron que en el operativo recuperaron un fusil calibre 7,62, dos pistolas, una granada de fragmentación, un revólver y un cargador calibre 5,56 que habría pertenecido al general Negrín.

Ese mismo día, Denny Ramón Zavala Ollarve, trabajador de Pequiven durante 16 años, recibió una llamada del funcionario de homicidios Denny Ospina. Según su relato, Ospina llevaba el caso del asesinato de su madre, ocurrido dos meses y 25 días antes, y le pidió acudir a la delegación policial de Puerto Cabello para aportar información y reconocer el cadáver de su hermano.

En la sede policial le preguntaron por las cicatrices de su hermano. De acuerdo con Zavala Ollarve, el comisario Prato le informó que tenía una orden de aprehensión emitida en Caracas el 22 de julio de 2022.

El inspector Juan Antoima y los detectives Germán Morillo, Carlos Martínez, Winder López y Adrián González lo detuvieron bajo el argumento de que estaba solicitado desde hacía siete días por extorsión agravada, secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Los funcionarios incautaron su teléfono y dejaron constancia de que se encontraban ante un delito flagrante.

Tras su traslado a la sede del CICPC en la Plaza de Toros de Valencia, el funcionario encargado de reseñarlo le indicó que no aparecía solicitado, según declaró Zavala Ollarve. El inspector Antoima respondió que se trataba del hermano de El Rayao, como si existiera un delito por consanguinidad.

Al día siguiente, el 1 de agosto, el CICPC detuvo a Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, quien también figuraba como solicitado desde el 22 de julio de 2022.

Ante el tribunal

El juicio oral y público comenzó el 17 de junio de 2023. La defensa de Denny Ramón Zavala Ollarve calificó el expediente de infundado e ilegal y sostuvo que carecía de orden de inicio. También afirmó que el Ministerio Público había solicitado la aprehensión de once personas, entre las cuales no figuraba Zavala Ollarve, y cuestionó que el tribunal emitiera una orden contra él sin petición previa de la Fiscalía.La defensa también cuestionó la actuación del entonces juez José Macsimino Márquez García, posteriormente detenido. Según su alegato, pudo existir una confusión de datos que derivó en la privación de libertad de Zavala Ollarve, a quien consideró desvinculado de la investigación penal inicial.En relación con el delito de tráfico de armas, la defensa señaló que en el expediente no constaba la incautación ni la experticia de un arma atribuida al acusado. Sostuvo que el Ministerio Público solo mencionó un teléfono celular de su propiedad y que esa evidencia no bastaba para fundamentar la acusación.El abogado defensor afirmó que la detención de Zavala Ollarve obedecía a su parentesco con El Rayao. También señaló que la madre de ambos había sido asesinada y que existían investigaciones abiertas contra funcionarios por ese hecho.Sobre las pruebas telefónicas presentadas por la Fiscalía, la defensa aseguró que no existían llamadas ni mensajes directos entre Denny Zavala y su hermano. Argumentó que ambos vivían en zonas distintas y llevaban vidas separadas.

Un proceso marcado por el parentesco

Ante el tribunal, Denny Ramón Zavala Ollarve sostuvo que había perdido la libertad por los actos atribuidos a su hermano Darwin, alias El Rayao. Afirmó que no era responsable de las actividades de este y se presentó como un trabajador de Pequiven con más de 16 años de servicio, padre de familia y sin antecedentes delictivos.

Uno de los testigos de la Fiscalía fue el detective agregado Enyerbeth Enrique Sevilla Aguilar. Al enumerar a los presuntos integrantes de la banda mencionó a Denny Ramón Zavala Ollarve, pero durante el interrogatorio reconoció que el acusado no tenía orden de aprehensión ni antecedentes registrados en el sistema.

La Fiscalía también presentó como testigos a los funcionarios policiales: Daniel Mauricio Velásquez Álvarez, Jerthons Jesús Chacón Barrera, Carlos Alfredo Martínez Almao, Adonay Jesús Cordero Villasana, Tomás Ernesto Rodríguez Caraballo, Marcy David León Berríos, José Andrés Martínez Peña, José Alberto Cedeño Rodríguez, Germán Yunuerli Morillo Salinas, Jean Carlos Vásquez Cuicas; y a Winder José López Ramírez, ya retirado del cuerpo policial.

Los funcionarios que declararon afirmaron no haber tenido acceso al SIPOL ni haber verificado personalmente la orden de aprehensión. Ninguno acreditó comunicaciones directas entre Denny Zavala y El Rayao. Según uno de los testimonios técnicos, las líneas de ambos no interactuaban entre sí, aunque existía un tercer número que se comunicaba con los dos.

Sin comunicación directa

Marcy León, adscrito a la División contra la Extorsión en El Hatillo, formó parte de la comisión que recorrió distintos sectores y entrevistó a residentes que no declararon formalmente ni fueron identificados. León afirmó que esas personas mencionaron a Denny Zavala, trabajador de Pequiven, como supuesto intermediario en pagos a su hermano. También señalaron varios vehículos que presuntamente utilizaba el grupo.

Al ser consultado por la defensa sobre quién ordenó esa actuación, León respondió que se realizó “por instrucciones del jefe de Estado”, sin aportar mayores precisiones.

Los funcionarios presentados por la Fiscalía como expertos, aunque, según la defensa, no estaban acreditados como tales, indicaron que las extorsiones se realizaban desde un número internacional que no lograron identificar.

Durante el juicio no se presentaron armas incautadas a Denny Zavala. Tampoco se incorporaron, registros bancarios, incrementos patrimoniales ni bienes que demostraran financiamiento al terrorismo o ganancias derivadas de actividades ilícitas. Las demás víctimas no comparecieron, incluido Wilfredo Palencia, socio de López Lois.

La declaración de Cruz

En sus denuncias previas, Cruz Eduardo López Lois no había mencionado a Denny Zavala. Sin embargo, ante el tribunal declaró que su socio mantenía relación con alias El Rayao hermano del acusado, vecino de una finca en Uramo. También afirmó que Denny recogía ganado y otros bienes presuntamente exigidos por la banda como pago de extorsiones.

López Lois declaró que prestaba servicios de infraestructura, mantenimiento y pintura a Pequiven y otras instituciones desde hacía 20 años. Aseguró que Denny Zavala actuaba como intermediario de su hermano y recogía los bienes exigidos a las víctimas.

El empresario explicó que acudió a los agentes de Extorsión y Secuestro en Caracas porque, según dijo, las autoridades de Puerto Cabello estaban “viciadas” y tenían vínculos con El Rayao. También afirmó que recurrió a sus “influencias” para presentar la denuncia en la capital.

La madre de los Zavala

Yuileidy Mirle Zavala Ollarve denunció que, tras años de presunto hostigamiento, intimidación y extorsiones contra su familia, Gladys Zavala y Elvis Torres fueron asesinados el 5 de mayo de 2022. Señaló como presuntos responsables a Hely Yormain Suárez Legón, Daiker Antonio Chirinos, Leonardo Botello, Breimer Castillo, Pedro Moreno y un funcionario conocido como El Gocho Salazar.

En una comunicación presentada ante la Fiscalía 35 de Valencia el 13 de octubre de 2022, Yuleidy Zavala afirmó que su madre había denunciado amenazas y extorsiones ante esa dependencia. También atribuyó su muerte a una presunta actuación de funcionarios de la Policía de Carabobo en complicidad con agentes del CICPC de Puerto Cabello.

Llama la atención que los testigos presenciales de la muerte de la madre de los Zavala sean precisamente los que un mes antes aparecían como víctimas de la banda El Rayao: Cruz López y Wilfredo Palencia.

Denny Zavala declaró ante el tribunal que el comisario Ospina, del CICPC, le habría informado que el empresario Cruz López pagó 30.000 dólares por el asesinato de su madre, Gladys María Ollarve de Zavala. Añadió que intentó denunciar el hecho ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las fiscalías 35, 36 y 38, pero que no le tomaron declaración.

Zavala sostuvo que las acusaciones de López Lois surgieron después de que él comenzara a denunciarlo. También afirmó que el empresario tenía influencias y que el traslado del caso a Caracas ocurrió sin pruebas que lo vincularan con los delitos investigados.

El acusado señaló que no figuraba entre las personas mencionadas en la denuncia inicial de López Lois y que una acusación en su contra apareció meses después. Como argumento, relató que en una ocasión funcionarios de Caracas lo vieron en su lugar de trabajo y no lo detuvieron, pese a que supuestamente ya existía una orden de aprehensión.

La carrera de Malik Beasley en la NBA abarcó nueve temporadas, seis franquicias y cerca de USD 60 millones en salarios.

Pero fue una espiral de deudas de juego, según la fiscalía federal, lo que llevó al base de 29 años a pactar con un grupo de apostadores la alteración de su propio rendimiento en la cancha.

Ahora, la investigación más amplia sobre corrupción en el baloncesto profesional de Estados Unidos está a punto de sumar otro culpable.

Su abogado, Steve Haney, confirmó a The Associated Press que las conversaciones con el Departamento de Justicia están en marcha. “Estamos negociando un acuerdo con el gobierno, con una dirección esperada en los próximos días”, afirmó el letrado.

En paralelo, aclaró a ESPN que Beasley todavía no firmó ningún pacto formal y que la resolución definitiva se conocerá a principios de esta semana.

Un aviso judicial presentado el viernes por la noche ante un tribunal federal de Brooklyn reveló la intención de Beasley de cambiar la declaración de inocencia que sostenía desde julio.

El juez a cargo derivó un pedido de “cambio de declaración” a un magistrado federal, quien deberá programar la audiencia correspondiente.

El documento no precisó ante cuáles de los cuatro cargos —soborno en competencias deportivas, conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude de servicios honestos y conspiración de lavado de dinero— el ex jugador aceptará responsabilidad.

Los partidos bajo la lupa de la fiscalía

La imputación, revelada en junio de 2026 por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, detalla cómo Beasley supuestamente decidía junto a sus coacusados si rendiría por encima o por debajo de sus líneas de apuestas en puntuación y rebotes durante la temporada 2023-2024 con los Milwaukee Bucks.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. no dejó lugar a matices: “Convirtieron el básquetbol profesional en una operación criminal de apuestas”, expresó durante la conferencia de prensa del día de la imputación, tal como recogió CNN.

El documento judicial menciona cuatro partidos específicos de los Bucks en los que Beasley habría manipulado su desempeño: contra los Cleveland Cavaliers el 26 de enero de 2024, contra los Charlotte Hornets el 27 de febrero, contra Los Ángeles Clippers el 10 de marzo y contra los Brooklyn Nets el 21 de marzo.

Los coacusados seleccionaban deliberadamente encuentros que no fueran transmitidos a nivel nacional, según consta en el expediente, para reducir el escrutinio sobre las variaciones en el rendimiento del jugador.

En total, los implicados realizaron apuestas por cientos de miles de dólares vinculadas a esos partidos, según el expediente federal.

El origen de la trama

Pese a haber pasado por los Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, los Bucks y los Detroit Pistons, los fiscales sostienen que Beasley acumuló “pérdidas de apuestas multimillonarias” que lo llevaron a contraer deudas con otros involucrados en la trama.

El ex jugador Ed Davis, también imputado, le habría prestado dinero para cubrir esas deudas. La acusación describe a Davis como el “gatekeeper” (guardián) de Beasley dentro del esquema: a cambio de la manipulación en los partidos, las deudas de Beasley con Davis se reducían o directamente se eliminaban, según detalla el documento de la fiscalía.

Davis, de 37 años, fue compañero y rival de Beasley en la NBA. Se encuentra fuera de la liga desde 2022. Tanto Davis como el agente deportivo Paolo Zamorano, de 39 años y ex representante del propio Davis, rechazaron los cargos.

Una investigación que sacude a la NBA

Los otros tres acusados en el caso avanzaron hacia acuerdos con la fiscalía. William Brown se declaró culpable a principios de este mes.

Ernesto Plascencia confirmó que también cambiará su declaración. El apostador Robert Gorodetsky tiene programada su audiencia de culpabilidad para el 20 de noviembre.

De concretarse, Beasley se convertiría en el jugador de más alto perfil en admitir responsabilidad dentro de la investigación federal sobre corrupción en la NBA, una pesquisa sin precedentes en el deporte profesional estadounidense.

Cada uno de los acusados en su caso enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero, y hasta cinco años por soborno en competencias deportivas, según establece la pieza acusatoria.

La investigación alcanzó a otras figuras prominentes. Damon Jones, ex jugador y ex entrenador asistente de la NBA, fue en abril la primera persona en reconocer los hechos dentro de la operación.

Aceptó dos cargos de conspiración de fraude electrónico: uno relacionado con apuestas deportivas y otro con una partida de póker amañada.

Enfrenta una pena estimada de entre 21 y 27 meses de prisión en el caso de las apuestas, y entre 48 y 63 meses por el póker ilegal.

Terry Rozier, base que jugaba en los Miami Heat cuando fue imputado en 2025, está acusado de conspirar para ayudar a conocidos a ganar apuestas sobre su rendimiento durante un partido de 2023 con los Hornets.

Rozier rechazó los cargos y tiene juicio previsto para febrero de 2027.

El caso más resonante es el de Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama del Básquetbol y entrenador de los Portland Trail Blazers al momento de su arresto en octubre de 2025.

Billups está acusado de participar en partidas de póker de altas apuestas vinculadas a familias del crimen organizado, en las que los jugadores desprevenidos habrían sido estafados por al menos USD 7 millones.

Se declaró inocente y fue suspendido sin goce de sueldo por la NBA. Su juicio, originalmente previsto para noviembre de 2026, fue aplazado al 8 de marzo de 2027 por un conflicto de agenda entre los abogados de los coacusados.

La liga, por su parte, inició una revisión integral de sus políticas de reporte de lesiones, capacitación del personal y programas de monitoreo interno y externo para detectar actividad sospechosa en las apuestas, según informó ESPN.

El veredicto, emitido el viernes tras seis horas de deliberación repartidas en dos días, puso fin a un caso que permaneció sin resolver durante más de una década, y en el que las pruebas forenses —ADN y huellas dactilares— resultaron determinantes para vincular al acusado con la escena del crimen, según informó Associated Press a través de CNN.

El juez Keith Gregory impuso a Salguero Olivares una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato. Además, dictó penas adicionales de 64 a 89 meses por robo con allanamiento y de 240 a 348 meses tanto por violación como por agresión sexual, que deberán cumplirse de forma consecutiva, de acuerdo con WRAL.

El acusado, de 33 años, no declaró durante el juicio, y su defensa concluyó sin presentar testigos. Según la misma cadena, Salguero Olivares apelará las condenas y las penas.

La investigación reunió más de 400 muestras de ADN en nueve años

El caso permaneció activo —nunca fue clasificado como caso frío, según la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI)— desde el hallazgo del cuerpo de Hedgepeth hasta el arresto de Salguero Olivares el 16 de septiembre de 2021.

Más de 25 agentes especiales de la SBI trabajaron junto al Departamento de Policía de Chapel Hill, y la pesquisa acumuló más de 400 muestras de ADN, miles de pistas y cientos de entrevistas, indicó la agencia en un comunicado recogido por ABC 7 Chicago.

El punto de inflexión llegó en agosto de 2021, cuando Salguero Olivares fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y proporcionó una muestra de ADN que, según los fiscales, coincidió con las pruebas halladas en la escena del crimen.

Huellas dactilares y ADN vincularon al acusado con la escena

La fiscalía sustentó su caso en pruebas forenses que, a su juicio, conectaron de modo contundente a Salguero Olivares con el apartamento de Hedgepeth. Peritos testificaron que las huellas dactilares y la huella palmar del acusado fueron encontradas en una botella de vino, y que su ADN fue hallado en el cuerpo de la víctima, en una nota escrita sobre una bolsa de comida rápida y en una botella de ron cubierta de sangre que los investigadores identificaron como el arma homicida, según 6abc.

Erin Ermish, científica forense del laboratorio criminal estatal, explicó que el ADN obtenido del cuerpo de Hedgepeth era 170 septillones de veces más probable que fuera una mezcla de ADN de la víctima y Salguero Olivares que de la víctima y un individuo desconocido. Para dimensionar esa cifra —un uno seguido de 24 ceros—, Ermish señaló que la NASA estima que el universo entero contiene apenas un septillón de estrellas. La mezcla de ADN hallada en la botella de ron arrojó una probabilidad aún mayor: 48,6 tredecillones de veces, es decir, un uno seguido de 42 ceros.

“Las pruebas forenses están gritando su nombre”, afirmó la fiscal Angela Garcia-Lamarca durante los alegatos finales, de acuerdo con Univision.

La noche del crimen, Hedgepeth quedó sola en su apartamento

La compañera de vivienda de Hedgepeth, Karena Rosario, testificó que ambas regresaron de un club nocturno alrededor de las 2:00 a. m. del 7 de septiembre de 2012. Rosario, que se sentía enferma, llamó a un amigo para que la recogiera y dejó a Hedgepeth sola. Horas más tarde, al volver al apartamento ubicado en el complejo Hawthorne at the View, en Old Chapel Hill Road, encontró el cuerpo de su compañera.

La autopsia reveló que Hedgepeth sufrió fracturas extensas en el cráneo y cortes en la cara y la cabeza, además de golpes graves en brazos y piernas. La fiscalía planteó que Salguero Olivares pudo haber asistido a una barbacoa organizada por un vecino esa noche, y que, tras intentar sin éxito acercarse a las jóvenes en el estacionamiento, regresó al apartamento.

Ningún testigo corroboró esa hipótesis, pero Garcia-Lamarca dijo al jurado: “No tienen que creer eso para saber que es culpable”.

La defensa cuestionó errores en la recolección de pruebas

Los abogados defensores centraron su estrategia en señalar fallos de la investigación: áreas del apartamento que la policía no registró, posibles indicios de sangre que se extraviaron y la interpretación de las pruebas de ADN. Argumentaron que el material genético hallado podía provenir de una relación sexual consentida ocurrida días antes del crimen.

“Tal vez él estaba viviendo la misma vida que otros jóvenes de 19 y 20 años”, planteó el abogado defensor Jason Murphy, según recogió Univision. La fiscal especial Lisa Coltrane descartó esa línea argumental: “No importa qué errores se hayan cometido o qué cosas se hayan pasado por alto, eso no borra la huella de la palma; no elimina el ADN del interior de Faith. Atraparon al tipo porque dejó su ADN como confeti por toda esa habitación”.

Los padres de Faith Hedgepeth expresaron alivio y hablaron de perdón

Tras el veredicto, el juez Gregory invitó a la familia de la víctima a dirigirse a la sala. Connie Hedgepeth, madre de Faith, declaró que sentía paz después de más de 14 años de espera. “Estoy feliz de que tengamos el cierre que necesitamos. He perdonado”, dijo, y agregó que su corazón también sufre por la familia de Salguero Olivares, según ABC 7 Chicago.

Roland Hedgepeth, padre de la joven, precisó que habían transcurrido 5.158 días desde el asesinato hasta el fallo. “Siempre supe que era un regalo de Dios”, dijo sobre su hija, y se dirigió a Salguero Olivares: “No tenías ninguna razón para quitarle la vida”. A pesar del dolor, afirmó que su fe le exige perdonar: “Lo digo sin reservas: perdono a Miguel por lo que hizo”.

La SBI destacó que el caso se utiliza ahora para la formación de nuevos agentes en su academia, y su director, Chip Hawley, agradeció la dedicación de todos los organismos involucrados en la investigación y la causa judicial.

La Justicia de Córdoba condenó este viernes a Carlos Caligaris a 14 años de prisión por el homicidio de Mateo Ochoa, el adolescente barriocente de 15 años que murió tras recibir un disparo durante una persecución en el barrio Villa Rivera Indarte.

El ex policía, de 62 años, fue declarado culpable de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por la acusación de tentativa de homicidio contra el conductor de la motocicleta en la que viajaba la víctima fatal, tras considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

El condenado ya había enfrentado otro proceso judicial tres décadas atrás. En 1996 fue absuelto por el beneficio de la duda en la causa por el asesinato de su esposa, Graciela Comas, y de sus tres hijos, un hecho ocurrido en 1994.

Previo a conocerse la sentencia, la querella había pedido una pena de 17 años. A pesar de que la pena fue menor a la solicitada, el abogado de la familia, Mariano Astiz Campos, calificó la resolución como una “condena ejemplificadora”.

Durante su alegato, el representante de la querella había remarcado que Caligaris se desempeñaba como guardia de seguridad privada y que, pese a su condición de policía retirado, no tenía autorización para portar armas.

“Mateo tenía quince años y la promesa, hecha esa misma tarde a su hermana, de cambiar de vida. No se le dio la oportunidad”, sostuvo Astiz Campos. Asimismo, concluyó que “nadie tiene derecho a decidir que un chico que huye merece morir”.

Por su parte, los familiares del adolescente reclamaron una pena elevada. Lidia, su madre, lo definió como “una persona hermosa”, mientras que su hermana Rocío relató que la familia atravesó “un proceso muy duro” desde el crimen.

Los familiares del joven contaron que asistía a la escuela Ricardo Rojas y se había formado como peluquero. Tras terminar sus estudios, había comprado sus primeras herramientas de trabajo con dinero de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que su mamá guardaba para él.

Según la información recopilada por El Doce.tv, el hecho ocurrió durante la noche del 11 de junio de 2025. Ochoa se trasladaba en moto junto a otro joven cuando comenzó una persecución por la zona de Villa Rivera Indarte.

En ese contexto, el adolescente recibió un disparo en el pómulo derecho y murió en el lugar. De acuerdo con lo narrado por la familia de Ochoa, el menor y su amigo se dirigían a un asado. No obstante, el grupo habría tomado un atajo habitual cuando se cruzó con el acusado, tras lo cual se produjo un intercambio verbal.

Acto seguido, el hombre comenzó a seguirlos y efectuó disparos. Uno de los proyectiles impactó a Mateo en el pómulo derecho, lo que provocó que se cayera de la motocicleta y muriera en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Para ese momento, la madre y la hermana de Mateo habían cenado y aguardaban a que volviera a su casa cuando un chico del barrio llegó con la noticia. “Le pegaron un tiro a Mateo”, recordó la mujer al relatar cómo se enteró del crimen.

Fue así que la hermana del adolescente fue hasta el lugar del ataque luego de conocer lo ocurrido. Allí encontró el cuerpo de Mateo en el suelo, mientras la policía preservaba la escena. Desde un inicio, la investigación había sido caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y había quedado a cargo de la fiscal Liliana Copello.

Por aquel entonces, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que era necesario esperar los resultados de la investigación judicial y del trabajo de la División Homicidios. También señaló que agentes que participaron del operativo posterior fueron agredidos en la zona, aunque ninguno sufrió heridas graves.

De la misma manera, al momento del hecho, los vecinos del barrio habían denunciado problemas de seguridad e insuficiente iluminación en espacios públicos.

La denunciante, oriunda de Florianópolis, contó que conoció a Bastos cuando había dejado la universidad, no tenía trabajo y atravesaba un cuadro depresivo. En ese contexto, buscaba respuestas en la espiritualidad, mientras el ahora condenado consolidaba en Brasil un grupo denominado Mística Andina.

Según el testimonio que brindó al noticiero de El Doce.tv, el líder de la secta la convenció de viajar a Fortaleza, bajo la promesa de acceder a enseñanzas secretas. Allí, afirmó, la obligó a participar de rituales sexuales con el argumento de que debía “recibir energía”.

“Yo tardé años en entender lo que estaba pasando y que era un crimen”, expresó la mujer de identidad reservada. Asimismo, manifestó: ”Entiendo que para la sociedad sea muy difícil de entender lo que me hizo creer”.

Pero ese solo era el comienzo, debido a que después de ese viaje, Bastos la manipuló para trasladarse a Argentina. La mujer dijo que creía que solo visitaría a los padres del acusado, pero que su permanencia en el país se extendió contra su voluntad.

“Con él y su hijo me hicieron quedarme aquí. Yo no entendí que no pude elegir volver (sic). Es toda una gran manipulación que lleva un tiempo”, sostuvo. Más adelante, el acusado la convenció de que debía casarse con su hijo. Así, la víctima inició una relación con él y tuvo dos hijas.

Respecto a la relación que mantuvo con el hijo del “Maestro Lucidor Flores”, la mujer reveló que el grupo tenía la expectativa de que diera a luz a un varón. “Mi hija tendría que ser el varón que iba a ser la reencarnación del abuelo Froilán”, recordó, en alusión a la figura divina a la que recurría el líder del grupo.

Sin embargo, la mujer explicó que, tras el nacimiento de sus hijas y al no cumplirse las expectativas que Bastos imponía sobre la llegada de un varón, comenzó a sufrir un aislamiento cada vez mayor dentro de la secta. Finalmente, logró escapar y denunció lo ocurrido ante el Polo de la Mujer y la Justicia Federal.

Así fue la caída del “Maestro Lucidor Flores”, el hombre que lideraba una secta en la que abusaba de sus seguidoras

Luego de que se radicara la denuncia, en octubre de 2025 Bastos fue detenido en Córdoba tras un pedido de captura internacional. Para ese entonces, la Justicia Federal lo investigaba por trata de personas con fines de servidumbre y abusos sexuales agravados en el marco de una organización que se presentaba como un espacio de espiritualidad andina.

El arresto se produjo cuando el líder religioso, que residía en Brasil, intentaba ingresar nuevamente a la Argentina. La orden había sido emitida por el juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.

De acuerdo con la investigación, Bastos encabezaba un grupo que primero funcionó bajo el nombre de Mística Andina y luego como Organización Nación Pachamama. La causa analiza el caso de, al menos, una mujer que habría sido incorporada a la agrupación por invitación de una amiga.

Según relató la denunciante, comenzó a participar de cursos vinculados con la espiritualidad andina y el cuidado de la tierra. En línea con el expediente, el acusado empleó mecanismos de manipulación psicológica para someterla a prácticas sexuales que presentaba como parte de una supuesta enseñanza secreta llamada “Shakti”.

La imputación contra Bastos incluyó los delitos de trata de personas con fines de servidumbre, agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad y abuso sexual con acceso carnal. También se contempló el agravante de su presunto rol como ministro de un culto religioso.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía sostuvo que el acusado cubrió durante un tiempo los gastos de la mujer y le impuso un nuevo nombre: “Belladora Aguilar”. Más tarde, la habría trasladado a un retiro espiritual de la ciudad brasileña de Fortaleza, donde fue obligada a trabajar sin recibir una remuneración.

Para los investigadores, ese recorrido integró la maniobra de trata: la captación inicial, el traslado y la posterior explotación. El expediente también indicó que los miembros de la organización debían realizar aportes económicos y dormir en carpas dentro del predio.

En línea con esto, la víctima denunció haber sufrido abusos y manipulaciones durante 15 años. Finalmente, en 2019, logró revelar lo que había atravesado a su suegro y a su esposo.

En una resolución incorporada a la causa, se señaló que el acusado habría utilizado la manipulación de su entorno con el objetivo de someter sexualmente a la denunciante y reducirla a condiciones de servidumbre.

Por otro lado, la investigación también abordó la presunta intervención de los padres de la mujer como financistas de la organización. En cambio, el juez dictó la falta de mérito para el hijo de Bastos al considerar que no había elementos suficientes para atribuirle participación en los delitos investigados.

La acusación abarca un período en el que Ulrich se desempeñó como miembro del Concejo Municipal, asesor principal del alcalde Eric Adams y, más tarde, como comisionado de Edificios. Tanto Ulrich como su coacusado, Michael Mazzio, se declararon no culpables de los cargos.

El proceso se lleva adelante como un juicio sin jurado —conocido en el sistema judicial estadounidense como bench trial—, por lo que un juez será el único responsable de dictar el veredicto. Se prevé que el juicio dure aproximadamente un mes.

Las pruebas que presentó la fiscalía contra Eric Ulrich

Durante la audiencia del miércoles, los fiscales desplegaron un conjunto de pruebas que incluyó grabaciones telefónicas, fotografías de vigilancia y capturas de intercambios de mensajes de texto. En una de las llamadas reproducidas en la sala, se escucha a Ulrich hablar sobre una persona que buscaba un empleo en el gobierno municipal.

“No todo tiene un precio”, dijo Ulrich en esa conversación, según la grabación presentada ante el tribunal. Sin embargo, la fiscalía sostiene que parte de la influencia política del exfuncionario sí tuvo un costo. Los investigadores mostraron además mensajes en los que, de acuerdo con la acusación, Ulrich pedía y recibía dinero.

En uno de esos intercambios exhibidos en el tribunal, una persona le aseguró a Ulrich que lo ayudaría siempre que lo necesitara. “Aunque quisieras decir que no, no lo harías, porque somos como familia. Te quiero”, se leía en el mensaje, según recogió CBS News.

La acusación por dinero, entradas para los Mets y favores políticos

Según los fiscales, Ulrich prometió direccionar contratos y agilizar inspecciones en favor de varios propietarios de negocios del barrio de Queens a cambio de efectivo y otros beneficios. El esquema, de acuerdo con la acusación, no se limitó al dinero: también incluyó entradas de temporada para los Mets de Nueva York.

Mazzio, quien opera una empresa de remolque en Brooklyn, está acusado de haber proporcionado esos abonos al excomisionado. A cambio, la fiscalía alega que Ulrich ayudó a la hija de Mazzio a obtener un puesto de mayor salario en el gobierno de la ciudad e intentó asistirlo con problemas de licencias vinculados a su negocio.

Los hermanos Livreri y su acuerdo de culpabilidad

El caso involucra también a los hermanos Anthony y Joseph Livreri, quienes el mes pasado se declararon culpables de haber entregado dinero en efectivo a Ulrich a cambio de que este levantara una orden de desalojo que pesaba sobre una panadería de su propiedad, según informó CBS News.

Su admisión de culpabilidad refuerza la línea argumental de la fiscalía, que busca demostrar un patrón de conducta en el que el exfuncionario intercambiaba su autoridad por beneficios personales.

Qué plantea la defensa del exfuncionario de Nueva York

El abogado de Ulrich presentó una versión diferente de los hechos. Según la defensa, el excomisionado atravesaba en ese período problemas de alcoholismo y adicción al juego, y el dinero que recibió de amigos y conocidos no fue producto de sobornos, sino de préstamos personales.

Por su parte, el abogado de Mazzio sostuvo que ambos hombres mantienen una amistad de larga data y que todas sus acciones fueron legales. La defensa apunta a desmontar la tesis de la fiscalía al reinterpretar las transacciones como relaciones de confianza entre allegados, no como intercambios corruptos.

Qué puede ocurrir en el juicio sin jurado

Al salir del tribunal tras la audiencia del miércoles, Ulrich se negó a hacer comentarios sobre las pruebas presentadas. El juicio continúa bajo la modalidad de bench trial, lo que significa que no habrá deliberación de jurados: será un juez quien evalúe las pruebas, determine la credibilidad de los testigos y emita el fallo final.

Se espera que el proceso se extienda por cerca de un mes, un plazo en el que ambas partes terminarán de exponer sus argumentos antes de que el magistrado dicte sentencia.

Andrea Shaw, una madre de 23 años de Payette County, Idaho, fue procesada en julio pasado bajo cargos de asesinato por la muerte de sus gemelos de 18 meses y permanece detenida sin posibilidad de fianza.

El caso escaló la semana pasada cuando el fiscal adjunto Ryon Sirucek notificó formalmente al tribunal la intención de buscar la pena capital, tal como informó NBC News.

La decisión de la fiscalía convierte el proceso en uno de los pocos en el estado donde se persigue la máxima sanción por un delito contra menores.

El fiscal del condado, Mike Duke, argumentó en documentos judiciales que los resultados de la autopsia apuntan a una muerte provocada y no accidental.

Los argumentos de la fiscalía

En la presentación ante el tribunal, Sirucek detalló los cuatro factores agravantes que el Estado intentará demostrar. El primero es que se cometió más de un homicidio en el mismo acto.

El segundo apunta al carácter “especialmente atroz, cruel e inhumano” de los crímenes.

Los dos factores restantes sostienen que Shaw mostró un “absoluto desprecio por la vida humana” y que representa una amenaza continua para la sociedad.

La combinación de estos elementos, según la fiscalía, justifica que se aplique la pena de muerte.

La respuesta de la defensa

Joseph Filicetti, abogado defensor de Shaw, rechazó con firmeza la estrategia de la fiscalía. “Es indignante. No van a poder probar el caso base más allá de toda duda razonable, así que no hay posibilidad de que la pena de muerte entre en juego”, aseguró en declaraciones recogidas por NBC News.

Filicetti adelantó que su equipo presentará una moción para desestimar el caso. El argumento central de la defensa es que el gran jurado que procesó a Shaw no fue informado de un hallazgo clave: el forense del condado determinó que la causa de muerte era indeterminada, pero consistente con hipertermia, es decir, un cuadro de sobrecalentamiento.

Los patólogos que examinaron los cuerpos de los gemelos también clasificaron las causas como indeterminadas, afirmó el letrado.

La fiscalía reconoció en sus escritos que la temperatura en la habitación de los niños alcanzaba con frecuencia los 37,7 ℃ (100 ℉), pero argumentó que los menores habían sobrevivido a condiciones similares en ocasiones anteriores y que la hora estimada de la muerte no coincidía con el pico térmico del día.

“No tienen ningún móvil, no tienen ningún historial, no tienen ninguna confesión. Ella no hizo nada de eso y no pueden probar que lo haya hecho”, sostuvo Filicetti.

El vínculo con el movimiento antivacunas

Los gemelos habían recibido las vacunas contra la hepatitis A, la influenza y la DTaP ocho días antes de ser encontrados muertos.

Al día siguiente de la vacunación, Shaw los llevó a la sala de emergencias porque estaban letárgicos y presentaban fiebre.

El médico que los atendió consideró que los síntomas eran una reacción esperable a las inyecciones, les administró paracetamol y los envió de regreso a casa, de acuerdo con los registros judiciales.

Pocos días después de las muertes, Shaw participó en un programa de internet producido por Children’s Health Defense (CHD), la organización antivacunas fundada por Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Kennedy se desvinculó formalmente de CHD en diciembre de 2024, cuando renunció a la presidencia del grupo para incorporarse a la administración del presidente Donald Trump.

En su participación en el programa Shaw vinculó las muertes de sus hijos con las vacunas.

Shaw también figura como demandante en una causa federal iniciada por CHD contra la Academia Americana de Pediatría (AAP). La demanda acusa a la organización médica de crimen organizado y de falsear información sobre la seguridad de las vacunas.

Expertos médicos citados por NBC News señalaron que las inmunizaciones administradas a los gemelos son seguras, eficaces y recomendadas por múltiples asociaciones científicas para la población infantil. El juicio contra Shaw está previsto para enero de 2027.

A dos días de que comenzara el juicio por la agresión a Martín Cáceres, que estaba previsto para comenzar este viernes 23 de octubre, la Justicia de Córdoba confirmó la reprogramación del debate que tiene como acusados a Agustín Fasulo y Mateo Verdú.

“Comunicamos que hubo cambio de fecha del juicio y cambio de fiscal”, informó la familia de la víctima a través de Instagram. Así, en el mismo comunicado señalaron que las nuevas fechas para las audiencias serán comunicadas en los próximos días.

Hasta ahora, la investigación estaba a cargo del fiscal Marcelo Hidalgo. No obstante, con las modificaciones, Fernando López Villagra fue designado para reemplazarlo, según la información obtenida por La Voz del Interior.

Frente a esta situación, los familiares y personas cercanas a Cáceres expresaron su disconformidad con la postergación del debate oral. “Estamos en total desacuerdo con esta medida y entorpece el proceso judicial”, apuntaron.

En línea con esto, el entorno de la víctima sostuvo: “Por nuestra parte, no vamos a dejar de luchar por un juicio justo y condenas ejemplificadoras”. De acuerdo con la reconstrucción realizada por El Doce.tv, el ataque se produjo durante la madrugada del 16 de marzo de 2025.

El joven se había acercado para intentar frenar una discusión que involucraba a un amigo. Después de la agresión, se retiró del lugar en auto y llegó a la casa de su amigo. Cerca de una hora más tarde, comenzó a sentirse mal y se desplomó en la ducha.

Luego de que lo trasladaran de urgencia al Sanatorio Parque, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron un hematoma subdural por un traumatismo craneoencefálico con sangrado interno. Tras estar tres meses en coma, hoy continúa un proceso de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación INER.

La investigación logró identificar a Fasulo como el principal acusado, quien continúa detenido e imputado por lesiones gravísimas. A su vez, permitió que Verdú fuera acusado de lesiones leves, calificación por la que le otorgaron la posibilidad de permanecer en libertad hasta que concluya el juicio.

De acuerdo con la Fiscalía, esa noche Cáceres fue atacado a golpes al salir de un boliche cordobés llamado Kabana y sufrió heridas de gravedad. Desde entonces, atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas, más de 365 días de internación y un proceso de rehabilitación.

Actualmente, el joven recuperó parte de sus capacidades, pero todavía no puede caminar y requiere asistencia médica permanente. También tiene una traqueotomía para respirar, un botón gástrico para recibir parte de su alimentación y una ileostomía, una abertura abdominal conectada a una bolsa para la eliminación de materia fecal.

En los últimos meses, Cáceres empezó a ingerir papillas y comidas semisólidas. Además, logró emitir palabras después de que le colocaran una cánula de fonación en la traqueotomía. Antes de esto, solo se comunicaba mediante parpadeos, movimientos de cabeza y gestos con la mano izquierda.

Mientras que conserva mayor movilidad en el izquierdo, el lado derecho de su cuerpo permanece comprometido. Puede manipular algunos objetos y utilizar cubiertos, pero aún no camina. Su madre, Lidia, explicó a Infobae que el equipo médico no realiza proyecciones a largo plazo y evalúa la evolución de forma gradual.

La recuperación tuvo además una complicación reciente, cuando se rompió la bolsa de la ileostomía y sufrió lesiones en la piel del abdomen. Esa situación obligó a interrumpir temporalmente parte de los ejercicios de movilidad y rehabilitación.

Por otro lado, la querella anticipó que buscará una modificación de la calificación legal durante el debate oral. El abogado de la familia, Leandro Ortiz Morán, sostuvo que Fasulo debe responder por tentativa de homicidio y que Verdú debe ser considerado partícipe necesario de ese delito.

El proceso judicial por el fallecimiento de la ciudadana hondureña Floridalma Roque retornará a los tribunales de Guatemala tras más de 15 meses sin avances en el litigio penal.

El Juzgado Quinto Penal fijó para el próximo viernes 23 de octubre la audiencia en la que se definirá si el cirujano plástico Kevin Malouf y dos de sus colaboradoras enfrentarán juicio por el delito de homicidio o por homicidio culposo.

La reactivación del expediente responde a una resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, instancia que dejó sin efecto el fallo previo que favorecía a los procesados con una imputación menor.

Además de Malouf, la medida judicial alcanza a la anestesióloga Lydia Viviana Silva Moreira y a la enfermera Susana Emilia Rojas Cruz, quienes formaban parte del equipo médico.

Los magistrados de la Sala determinaron que existen elementos técnicos y testimoniales que deben evaluarse nuevamente antes de dictar una nueva orden de apertura a juicio.

Entre los argumentos centrales, el tribunal superior enfatizó los informes de los peritos médicos forenses, los cuales evidenciaron la conducta y decisiones tomadas por el cirujano mientras la paciente se agravaba en su clínica.

Con este mandato, el Ministerio Público (MP) insistirá en su acusación original de homicidio simple, una figura que contempla penas significativamente más severas que la negligencia médica.

Un nuevo juez asume el expediente penal

La diligencia judicial estará a cargo del juez Arnulfo Carrera, quien asumió la titularidad de la judicatura luego de que el juzgador anterior, Pedro Laynez, presentó una excusa formal para apartarse del caso.

Laynez había dictado la resolución que benefició a Kevin Malouf con el cambio de delito a homicidio culposo, una decisión que generó el rechazo de los querellantes y de la fiscalía.

Debido al relevo en el juzgado, existe la posibilidad procesal de que el nuevo magistrado deba repetir la audiencia de etapa intermedia.

Esta repetición permitiría a las partes exponer la totalidad de los indicios recabados para que la judicatura resuelva conforme a lo instruido por la judicatura superior.

Antecedentes de la desaparición y muerte de la paciente

La víctima, una hondureña de 59 años y residente en Estados Unidos, viajó a la capital guatemalteca para someterse a una intervención estética en el rostro y los párpados el 13 de junio de 2023.

La operación se efectuó en la clínica privada del médico, ubicada en la zona 14. Aquel día fue la última vez que sus allegados la vieron con vida, lo que derivó en una intensa búsqueda y en denuncias públicas ante su falta de respuesta.

Para encubrir el deceso, el personal médico montó una simulación en la que una enfermera salió del edificio en silla de ruedas vestida con las prendas de Roque y abordó un taxi.

Las pesquisas fiscales y la posterior confesión de implicados revelaron que el cadáver fue retirado en un contenedor de basura, trasladado y desmembrado.

Los restos humanos fueron localizados el 5 de junio de 2024 en el interior de una fosa en Escuintla, casi un año después de su desaparición.

Cuando los servicios de emergencia abrieron las puertas del camión abandonado en una carretera remota de San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022, encontraron 48 cuerpos sin vida y marcas de uñas en las paredes interiores del compartimento de carga, tal como reconstruyó NBC News. Otras cinco personas murieron en hospitales. Entre las víctimas había seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

La escena marcó el capítulo más letal en la historia del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

Más de cuatro años después, el juez de distrito Orlando Garcia dictó el martes 20 de octubre de 2026 la sentencia contra Rigoberto Román Miranda-Orozco, el hombre de 39 años que reclutó y organizó el viaje de al menos tres de esas víctimas desde Guatemala.

Dos de ellas murieron en el tráiler; la tercera sobrevivió con lesiones graves tras una prolongada internación.

Las últimas horas dentro del tráiler

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) detalló que Miranda-Orozco conspiró con otros traficantes para facilitar el traslado de migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

El camión fue cargado con 64 personas y recorrió unos 250 kilómetros (156 millas) entre Laredo y San Antonio con temperaturas que superaban los 32 ℃ (90 ℉). El sistema de aire acondicionado del remolque no funcionaba.

De acuerdo con documentos judiciales citados por USA Today, las condiciones dentro del tráiler se volvieron “insoportables y caóticas”. Algunos pasajeros perdieron el conocimiento. Otros se quitaron la ropa en un intento desesperado por soportar el calor.

Veintiuno de los 53 fallecidos eran ciudadanos guatemaltecos, tal como precisó el fiscal federal Justin Simmons durante una conferencia de prensa posterior a la sentencia.

“Fue claro que sufrieron enormemente en sus últimas horas sobre esta tierra”, afirmó Simmons en declaraciones recogidas por NBC News.

El rol del acusado en la red de tráfico

El rol de Miranda-Orozco no se limitó a un único viaje. Los fiscales federales lo describieron como alguien que estuvo “al principio y al final” de la operación fatal: reclutó a las víctimas, organizó su transporte y alojamiento a lo largo de toda la ruta y cobró hasta USD 15.000 por persona —USD 10.000 antes de la travesía y USD 5.000 al llegar a destino—.

Pero el dato que más pesó en la decisión del juez Garcia fue otro. Tal como reveló San Antonio Express-News, los fiscales presentaron pruebas de que Miranda-Orozco continuó con actividades de reclutamiento incluso después de que la tragedia acaparara titulares en todo el mundo. En el momento del incidente, tenía en proceso a otras 20 personas que no viajaban en ese tráiler.

“¿Me está diciendo que el acusado continuó con esta conducta después de la tragedia?”, preguntó el juez al fiscal José Luis Acosta. “Sí, señor”, respondió el abogado.

Esa revelación llevó a la fiscalía a solicitar una pena de hasta 365 meses, por encima del rango previsto en las directrices federales. Garcia optó por una condena de 360 meses —30 años—, cercana al máximo permitido.

Miranda-Orozco fue arrestado en Guatemala en agosto de 2024 durante un operativo a gran escala con múltiples allanamientos y órdenes de captura. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025.

En julio de ese mismo año, se declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir a un migrante con resultado de muerte, colaboración en el ingreso ilegal con resultado de muerte y colaboración en el ingreso ilegal con resultado de lesiones graves.

Una vez que cumpla su condena, enfrentará deportación inmediata y cinco años de libertad supervisada en Guatemala.

El avance judicial del caso más letal en la frontera sur

La investigación del caso derivó en la condena de casi 20 personas tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

El fiscal Simmons destacó la cooperación del fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, quien estuvo presente en el acto posterior a la sentencia en Texas.

En junio de 2025, Felipe Orduña-Torres, identificado como el líder de la red de tráfico dentro de territorio estadounidense, recibió cadena perpetua.

Su principal colaborador, Armando Gonzales-Ortega, fue condenado a 83 años de prisión. Ambos recibieron multas de USD 250.000.

“Miranda-Orozco y sus cómplices trataron vidas humanas como carga, y colocaron a personas vulnerables en condiciones letales para beneficio de su empresa criminal”, sostuvo John A. Condon, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El caso, sin embargo, no está cerrado. Homero Zamorano, el conductor del camión, tiene audiencia de sentencia prevista para diciembre.

También esperan condena Christian Martínez, Juan Francisco D’Luna-Bilbao, Luis Alberto “Cowboy” Rivera-Leal y Riley Covarrubias-Ponce.

La tragedia de San Antonio se sumó a un historial de episodios similares en la región. En 2017, 10 migrantes murieron encerrados en un camión estacionado en un Walmart de esa misma ciudad. En 2003, los cuerpos de 19 personas fueron hallados en un vehículo al sureste de San Antonio.

Erik von Detten dio voz a Sid en Toy Story, protagonizó Brink! y apareció en The Princess Diaries. Era un rostro familiar de Disney para toda una generación.

Hoy, a los 44 años, enfrenta una demanda por abuso financiero de ancianos, fraude, incumplimiento del deber fiduciario, fraude constructivo y apropiación indebida tras su paso como representante de ventas en Rosland Capital, una firma de metales preciosos con sede en Los Ángeles.

La acción legal fue presentada el 11 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por Sheila Greenberg, de 85 años, y su esposo Norman Greenberg, de 97, un matrimonio residente en La Jolla, California.

El caso permanece pendiente ante el juez Bradley S. Phillips, con una conferencia de gestión programada para el 9 de noviembre, según precisó USA Today.

Cómo la pareja llegó a Rosland Capital y a Von Detten

Todo comenzó con un anuncio en televisión. Los Greenberg contactaron a Rosland Capital alrededor del verano de 2020 después de ver varios comerciales que, tal como consta en la denuncia, estaban “diseñados en gran parte para atraer a personas mayores”.

La publicidad advertía sobre “consecuencias terribles para los jubilados en Estados Unidos” y combinaba preocupaciones como la deuda descontrolada, la inflación, la agitación política y la constante devaluación del dólar, de acuerdo con los documentos judiciales.

Cuando la pareja llamó a la firma, solicitó hablar con el asesor de mayor rango. Fueron conectados con Von Detten.

El matrimonio le explicó al antiguo intérprete que jamás había invertido en oro ni en ningún otro metal precioso, y le comunicó su edad avanzada, un dato que consideraba relevante para quien fuera a asesorarlos.

Tras esa conversación inicial, los Greenberg quedaron lo suficientemente impresionados como para revelarle que los saldos combinados de sus cuentas IRA superaban los USD 2.000.000.

El escrito judicial asegura que Von Detten les pidió que “dejaran las decisiones en sus manos” y les garantizó que era “muy conocedor en metales preciosos y en cuentas IRA de metales preciosos”. Les prometió “recomendaciones muy específicas que se ajustaran a sus necesidades”.

Las tres compras que vaciaron sus cuentas de jubilación

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, los Greenberg realizaron tres compras de monedas de oro por un total de USD 2.146.958, según el expediente obtenido por el Los Angeles Times. El valor real de esas piezas era de aproximadamente USD 1.360.925.

La denuncia sostiene que los demandantes abonaron el equivalente a USD 3.009 por onza, cuando la cotización del oro rondaba los USD 1.903 por onza, un recargo cercano al 60 %, de acuerdo con documentos revisados por Fox News Digital.

La primera operación se concretó el 19 de octubre de 2020 y superó los USD 999.000 en monedas Lady Liberty. Sheila adquirió 797 piezas por USD 599.654 y Norman compró 531 por USD 399.519, detalla el expediente citado por el medio. La pérdida inmediata de esa transacción habría superado los USD 367.000.

El 5 de noviembre de ese mismo año, ambos realizaron una segunda compra por más de USD 1,14 millones: Sheila desembolsó USD 677.644 por 885 monedas adicionales y Norman pagó USD 470.139 por otras 614. Esa operación les habría representado más de USD 418.000 en detrimento patrimonial instantáneo, afirma el reclamo.

Lo que pasó con las monedas después de cada transacción

Las monedas de oro no llegaron a manos de la pareja. Todo el material fue enviado a Delaware Depository, una instalación de almacenamiento de terceros, mientras los Greenberg continuaron con el pago de tarifas recurrentes por custodia y mantenimiento de sus cuentas respaldadas en oro, tal como consignó People.

Una vez vaciadas las cuentas de jubilación, Von Detten convenció al matrimonio de invertir fondos adicionales a través de un fideicomiso familiar.

En agosto de 2021, compraron 109 monedas PAMP British Museum Lewis Chessmen por USD 135.487 —valuadas en aproximadamente USD 48.832— y 50 monedas PAMP F1 Abu Dhabi por USD 64.300, cuyo valor real rondaba los USD 22.420, según detalló Fox News Digital.

El momento en que los Greenberg se dieron cuenta

Los demandantes aseguran que no advirtieron la diferencia entre lo pagado y el valor real de sus activos hasta 2025, cuando comenzaron a revisar sus tenencias, informó Fox News Digital.

Sheila recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para investigar las prácticas comerciales de la firma, una búsqueda que la llevó a descubrir lo que describió como una conducta contraria a la ética.

“En lugar de ayudarlos a proteger su patrimonio ganado con esfuerzo, los demandados se quedaron con él”, señala el documento legal citado por People.

El silencio del acusado y el futuro del caso

Von Detten fue una figura reconocida del entretenimiento juvenil durante los años 90 y principios de los 2000.

Además de sus papeles en Brink! y The Princess Diaries, participó en la serie So Weird y en la adaptación cinematográfica de Leave It to Beaver de 1997. Su carrera en Hollywood se fue diluyendo durante las últimas dos décadas.

Su trabajo más reciente en la industria, según IMDb, fue el thriller de 2024 My Acting Coach Nightmare. Se incorporó a Rosland Capital en 2018.

El actor no se pronunció públicamente sobre la denuncia, consignan los medios que cubrieron el caso. La firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el 2 de julio de 2026.

Los abogados de la compañía declararon a E! News que no pueden comentar directamente sobre el litigio, pero que trabajan con un comité de acreedores para crear un fideicomiso de liquidación que investigue la historia financiera de la empresa y atienda los reclamos de los Greenberg y otros inversores.

El matrimonio solicitó un juicio por jurados y reclama al menos USD 900.000 en daños compensatorios, el doble en daños adicionales, indemnización punitiva, intereses previos al fallo y costas legales.

Tras unas cinco horas de deliberación, un jurado de Nevada emitió el lunes por la tarde un doble veredicto contra Mitchell Fairbarn, el turista de Ontario, Canadá, que el pasado 3 de marzo sacó a Peachy —un flamenco chileno de 27 años— de su hábitat en el icónico Flamingo Las Vegas Hotel and Casino y lo llevó hasta su habitación.

El jurado lo halló responsable de dos cargos de crueldad animal: uno grave (felony) y uno menor (misdemeanor), informó NBC News. Fairbarn permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la audiencia de sentencia.

Las pruebas del juicio y los cargos en su contra

Las pruebas presentadas durante el juicio resultaron determinantes. Un video reproducido ante el jurado mostró a Fairbarn con el ave en brazos dentro de un ascensor del hotel, y luego a lo largo de un pasillo. En las imágenes, el ave emitía chillidos mientras el acusado la manipulaba.

La fiscalía argumentó que Fairbarn causó dolor físico al animal de forma deliberada. Cuando la policía de Las Vegas recuperó a Peachy, el ave presentaba la pérdida de entre siete y ocho plumas, sangre en su plumaje y lesiones en las alas, de acuerdo con el reporte policial.

La fiscalía sostuvo en sus alegatos de cierre que uno de los cargos corresponde a lo ocurrido dentro del hábitat y el otro a los hechos posteriores en el interior del hotel.

El Flamingo es uno de los establecimientos más antiguos del Strip de Las Vegas, y su reconocido hábitat alberga, además de flamencos, colibríes, tortugas, carpas koi y otras especies.

Lo que dijeron la defensa y la fiscalía

El abogado defensor Josh Tomsheck no negó los hechos. Fairbarn declaró durante el juicio que aquel día había consumido entre 30 y 40 cervezas, tal como informó Fox 5 Las Vegas.

“No debería haberlo hecho, no debería haber entrado al hábitat, no debería haber tocado al ave, no debería haberse llevado a Peachy adentro”, reconoció Tomsheck ante el jurado, en declaraciones recogidas por NBC News.

“La verdad es que Mitch estaba borracho. Mitch fue estúpido. Tomó malas decisiones”, agregó el letrado. La ausencia de intención de dañar al ave fue el eje central de la estrategia defensiva, un elemento clave para la configuración del delito grave.

La fiscal del condado de Clark, Haley Willming, señaló que el acusado recibió amenazas de muerte tras el incidente y que no pudo estar presente cuando su padre falleció, ya que debió entregar su pasaporte como condición de su libertad bajo fianza, lo que le impidió regresar a Canadá, confirmó CBC News.

Sin embargo, la fiscal fue enfática: “Nada de eso habría ocurrido si él no hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera tomado las decisiones que tomó”. Durante la audiencia, se pudo observar al acusado con la cabeza baja y las manos sobre los ojos.

Al salir del tribunal tras el veredicto, declinó hacer comentarios, al igual que su abogado, según consignó Newsweek.

Cómo está Peachy y qué viene después del veredicto

Peachy se encuentra en buen estado físico tras el incidente. No obstante, la veterinaria Tiffany Moore, directora médica del Lone Mountain Animal Hospital, aseguró que el ave muestra mayor ansiedad y nerviosismo durante las evaluaciones desde entonces.

El caso también tuvo repercusión en el plano legislativo. John Waudby, activista por los derechos de los animales en Nevada y figura clave en el reciente endurecimiento de las leyes estatales, consideró que se hizo justicia en nombre de Peachy.

“Espero que esto envíe un mensaje a cualquier otra persona que quiera meterse con nuestros animales: no lo vas a hacer en Nevada”, afirmó Waudby a la salida del tribunal tras conocerse el veredicto del lunes.

Bajo la legislación de Nevada, este tipo de delito se clasifica como categoría D, que además de la pena de cárcel puede incluir una multa de hasta USD 5.000.

El joven de 18 años, ciudadano estadounidense de ascendencia somalí, había expresado su deseo de asesinar a personas no musulmanas en el mayor centro comercial de Estados Unidos, informó AP News.

El plan de Mohamud apuntaba al 24 de octubre, fecha en la que estaba programada una celebración artística de la comunidad Hmong, el mayor grupo étnico asiático de Minnesota.

En los mensajes citados en la denuncia penal, el acusado estimó que podría matar entre 30 y 60 personas.

Lo que dijo la fiscalía durante la audiencia

Durante la audiencia, el fiscal adjunto Benjamin Bejar sostuvo que “estuvo tan cerca de cometer un ataque terrorista como era posible” y que actuó en nombre del Estado Islámico (ISIS), de acuerdo con U.S. News & World Report.

El arresto se produjo el 6 de octubre en un parque público de Richfield, un suburbio de Minneapolis.

Mohamud pagó USD 600 por el rifle, 200 cartuchos y cuatro cargadores de 30 balas a un empleado del FBI que se hacía pasar por miembro de la organización terrorista. La detención se produjo en el acto, apenas completada la transacción.

Pese a que el informante confidencial le advirtió sobre la gravedad de lo que planeaba y le ofreció la posibilidad de desistir, la respuesta fue contundente: “Sí, estoy seguro”, y añadió: “Ya me habría echado atrás si no lo estuviera”, de acuerdo con el expediente judicial.

Cómo llegó el joven al radar de las autoridades federales

Las autoridades federales habían puesto la mira sobre Mohamud en diciembre de 2024, cuando comenzó a intercambiar mensajes con un informante confidencial. En aquel momento tenía apenas 16 años.

A lo largo de esos intercambios, expresó su admiración por ataques terroristas recientes y manifestó su intención de viajar a Somalia para unirse a la milicia al-Shabab.

Para mayo de 2025, la preocupación del FBI era tal que agentes se presentaron en su domicilio. La madre del joven les dijo que aún no había regresado de la escuela, mientras que el padre se negó a hablar con ellos y aseguró que derivaría el contacto a su abogado, tal como consta en la denuncia judicial.

Con el paso de los meses, Mohamud abandonó la idea de viajar al extranjero porque no contaba con los recursos económicos necesarios. Fue entonces cuando decidió ejecutar un ataque en suelo estadounidense, según el expediente del caso al que tuvo acceso AP News.

El fiscal federal Daniel Rosen había calificado al acusado como “un joven radicalizado que necesitaba ser vigilado” tras el arresto. Los agentes, afirmó, “pudieron detectar la amenaza y desactivarla antes de que el acusado llevara a cabo su intención de matar”.

La estrategia de la defensa y el debate sobre los métodos del FBI

La abogada defensora Manny Atwal planteó un argumento que avivó el debate sobre las tácticas de la agencia federal: Mohamud tenía solo 16 años cuando el informante confidencial comenzó a contactarlo, y su único acceso a armamento fue el que le proporcionó el propio FBI.

Atwal había solicitado que fuera trasladado a una casa de medio camino con monitoreo por GPS y sin acceso a internet, pero la jueza Foster rechazó el pedido.

El agente especial Keegan Rupenthal declaró ante el tribunal que, al momento de su detención, Mohamud juró lealtad al líder del Estado Islámico.

Mohamud había comparecido por primera vez ante la justicia federal en St. Paul el 7 de octubre, vestido con un uniforme amarillo de prisión. Le dijo al juez que no tenía empleo, casa, automóvil ni dinero en el banco.

Un hombre de 27 años fue condenado a 16 años de prisión por el homicidio agravado de Gustavo René Barrios, ocurrido en febrero de 2022 en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. El imputado, José Marcos Cubilla, admitió su responsabilidad penal y aceptó la pena acordada en un procedimiento abreviado.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde se resolvió el caso sin llegar a un debate oral convencional. La investigación estuvo a cargo del fiscal Andrés Marchi, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La reconstrucción del hecho indicó que Barrios fue atraído al sitio donde ocurrió el ataque mediante una maniobra previa de engaño. De acuerdo con la Fiscalía, Cubilla empleó una identidad falsa para contactarlo a través de WhatsApp y coordinar una supuesta devolución de un motor de lancha que había sido robado.

El homicidio se produjo minutos después de las 21:30 del sábado 19 de febrero de 2022. El punto de encuentro fue en inmediaciones de Calle 27, entre Calle 18 y Pasaje 16, en la localidad de Sauce Viejo.

Según expuso Marchi durante la audiencia, Barrios había sido citado por el condenado luego de una conversación por mensajería. La propuesta consistía en entregarle un motor de lancha que, de acuerdo con la versión transmitida a la víctima, había sido sustraído.

El fiscal sostuvo que el contacto fue establecido bajo una identidad que no correspondía a Cubilla. Esa maniobra permitió organizar la reunión y trasladar a Barrios hasta el lugar donde, según determinó la investigación, se concretó el ataque.

Cuando la víctima llegó a la zona acordada, recibió un disparo por la espalda. “Cuando Barrios llegó al lugar, el condenado le disparó por la espalda con un arma de fuego y le quitó la vida”, afirmó Marchi al describir la secuencia atribuida al acusado.

Uno de los aspectos centrales de la pesquisa fue el análisis de los dispositivos y las comunicaciones vinculadas al caso. El fiscal indicó que las pericias efectuadas sobre teléfonos celulares permitieron avanzar en la identificación de las personas relacionadas con las líneas usadas durante los intercambios previos al crimen.

Para ello, la Fiscalía solicitó informes a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como DAJuDeCO. A partir de esas respuestas, los investigadores pudieron determinar quiénes eran los titulares de números telefónicos asociados a la causa.

Marchi señaló que también se revisaron publicaciones e imágenes disponibles en redes sociales. Ese trabajo permitió, según explicó, vincular al condenado con el perfil falso utilizado para comunicarse con Barrios.

El análisis incluyó fotografías de vehículos ofrecidos desde esa identidad. De acuerdo con la acusación, las imágenes mostraban un entorno en el que aparecían objetos que también podían observarse en el chat utilizado para engañar a la víctima.

“Llevamos adelante un minucioso análisis de imágenes en redes sociales, que permitió individualizar al condenado utilizando una identidad falsa”, sostuvo el fiscal. Esa información fue integrada con declaraciones testimoniales y otros elementos reunidos durante la investigación.

Los familiares de Gustavo René Barrios fueron informados sobre las etapas del proceso y expresaron su acuerdo con la resolución alcanzada.

Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana en Kenia, ha sido declarado culpable hoy del asesinato de 190 niños. Según informa Europa Press, obligó a más de 430 feligreses a ayunar ante la supuesta llegada del apocalipsis.

El autoproclamado predicador ha sido condenado por un tribunal de Mombasa por la muerte de cientos de sus seguidores, a quienes habría obligado a pasar hambre mediante un ayuno forzado entre enero de 2021 y septiembre de 2023.

Mackenzie era el líder y fundador del Ministerio de las Buenas Noticias, una secta cristiana que rendía culto de manera obsesiva al final de los días (conocido como apocalipsis) y asentada en la localidad keniana de Shakahola, en el norte del país.

El hallazgo de más de 400 cadáveres en fosas comunes

El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando un familiar denunció la desaparición de uno de los seguidores de Mackenzie. La investigación policial condujo hasta el bosque de Shakahola, donde los agentes encontraron fosas comunes con los cuerpos de unos 430 hombres, mujeres y niños. La mayoría había muerto por inanición, aunque algunos presentaban indicios de haber sido asesinados.

Durante el juicio, varios testigos acusaron al predicador de manipular a sus seguidores y de recurrir a grupos encargados de matar a quienes incumplieran el ayuno. Los investigadores continúan buscando restos humanos en la zona, ya que todavía hay varias personas desaparecidas.

El tribunal concluyó que el ayuno se organizó de forma estructurada, se transmitió a través de los ancianos de la comunidad y se reforzó en reuniones periódicas. Según el veredicto, el proceso comenzó por los niños, mientras los guardias vigilaban los movimientos de los seguidores e impedían que escaparan.

Mackenzie niega los cargos y se enfrenta a otros procesos judiciales

El predicador ha defendido su inocencia desde el inicio del caso y ha asegurado que nunca obligó a nadie a ayunar. Sin embargo, el primer juicio contra él y otras 30 personas, entre ellas su asesor adjunto, Smart Deri Mwakalama, ha terminado este lunes con un veredicto de culpabilidad por la muerte de 190 niños y un adulto cuyos cuerpos pudieron ser sometidos a autopsia.

La magistrada del Alto Tribunal de Mombasa, Diana Kavedza-Mochache, anunció la decisión. Según los datos difundidos por la Fiscalía keniana, los análisis médicos atribuyeron 76 de esas muertes a la inanición, mientras que en 112 casos no se pudo determinar la causa. Los tres fallecimientos restantes se relacionaron con lesiones traumáticas, compresión manual del cuello y asfixia con características de inanición.

El caso no ha terminado. Mackenzie se enfrenta a otras acusaciones relacionadas con los asesinatos, entre ellas las de terrorismo. También se le vincula con otra matanza investigada tras el hallazgo de 52 cadáveres en fosas comunes en Kwa Binzaro. Según las acusaciones, el predicador habría organizado nuevos ayunos forzados desde la cárcel.

El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron asesinados a puñaladas en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

El juicio contra O.J. Simpson, exmarido de Nicole y exestrella de la NFL, se convirtió en el proceso penal más seguido del siglo XX.

La fiscalía sostuvo que él actuó solo, pero nunca pudo presentar el arma homicida. La ausencia del arma fue uno de los factores que permitió a la defensa sembrar una duda razonable que terminó en absolución.

Más de tres décadas después, registros judiciales desclasificados a pedido de The New York Times revelan que las autoridades federales tuvieron en sus manos una pieza que pudo haber cambiado el rumbo del juicio.

Joseph “Joey” Ippolito, un preso federal con vínculos directos con el entorno de Simpson, entregó a los investigadores federales datos directamente relacionados con los asesinatos, según consta en los registros obtenidos por el diario. Sin embargo, esa información nunca llegó al jurado.

Un preso con conexiones en el entorno de Simpson

Joey Ippolito era un narcotraficante convicto y asociado de la Cosa Nostra que se escapó de una cárcel de Florida un mes antes de los crímenes.

Antes de su encarcelamiento, había operado un restaurante popular en Los Ángeles y mantenía una estrecha amistad con Al Cowlings, el hombre de confianza de Simpson.

La conexión entre Ippolito y el entorno de Simpson quedó documentada desde temprano. Tras la célebre persecución televisada de la camioneta Bronco —en la que Cowlings conducía mientras Simpson amenazaba con suicidarse—, los investigadores encontraron en el vehículo fotografías de una de las novias de Ippolito junto con su número de teléfono.

Un año después de su fuga, Ippolito fue recapturado. De inmediato comenzó a colaborar con fiscales federales en Nueva York, según los registros judiciales.

Entregó información sobre la mafia, organizó reuniones con agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y arriesgó su propia seguridad en el proceso.

En un memorando dirigido a un juez federal para solicitar una reducción de condena, los fiscales lo describieron como “una fuente de información extraordinaria”.

Un testimonio familiar que complica la versión oficial

En una entrevista concedida a The New York Times este año, Sam Ippolito, hermano de Joey, relató que ambos se hospedaban en un departamento de West Hollywood la noche de los asesinatos. Joey le dijo que saldría a ayudar a un amigo.

Horas después regresó con lo que parecía sangre en las manos y una bolsa que contenía un objeto pesado.

Joey le pidió a su hermano que se deshiciera de la bolsa. Sam Ippolito aseguró que la arrojó en un contenedor de basura de una obra en construcción cercana. Sam Ippolito dijo estar convencido de que su hermano estuvo en la escena de los crímenes.

Meses después de esa entrevista, Sam Ippolito pidió una compensación económica. Cuando el reportero se negó, retractó su testimonio y afirmó que “le ofrecieron una tonelada de dinero” para contar su historia en otro lugar, aparentemente para un documental en producción.

Un libro, una confesión y cabos que se cruzan

En 2007, Simpson publicó el libro If I Did It, en el que ofreció una confesión que calificó de “hipotética”.

En esa versión, describió a un amigo que lo acompañó la noche de los asesinatos, que primero observó los hechos horrorizado y luego aceptó llevarse el arma homicida y la ropa ensangrentada.

Los fiscales e investigadores no dieron credibilidad a los detalles del relato y nunca profundizaron en la posibilidad de que alguien hubiera ayudado a Simpson a deshacerse de las pruebas, según reveló la investigación periodística.

Los documentos ahora desclasificados, no obstante, exponen —según el relato del diario— coincidencias entre esa narración y la información que Ippolito entregó por separado a las autoridades federales.

Los datos que proporcionó el informante llegaron a manos de la fiscalía de Los Ángeles cerca del final del juicio, que en ese momento acaparaba la atención mundial.

Un fiscal federal, un exagente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, un exagente de la DEA y un funcionario vinculado a la causa penal confirmaron de forma independiente la cooperación de Ippolito, pero ninguno de sus aportes se presentó ante el tribunal. Ippolito murió en 2006.

Tom Lange, el detective principal del caso Simpson, reconoció ante The New York Times que el nombre de Ippolito apareció durante la investigación, pero que nunca lo consideró un sospechoso serio. Lange sostuvo que aún no cree que Simpson haya tenido un cómplice.

Simpson fue absuelto en el juicio penal de 1995, aunque en 1997 un tribunal civil lo declaró responsable de ambas muertes y lo condenó a pagar USD 33,5 millones a las familias de las víctimas.

En 2008, fue sentenciado a 33 años de prisión por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, tras irrumpir en una habitación de hotel para recuperar objetos deportivos que consideraba suyos.

Cumplió nueve años y fue liberado en 2017. Falleció en abril de 2024, a los 76 años, por un cáncer de próstata.

El año pasado, investigadores de la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) comenzaron a hacer llamadas para recopilar información sobre teorías de complicidad, según reveló el medio.

Un vocero del LAPD confirmó la semana pasada que “el caso O.J. Simpson sigue siendo una investigación abierta y en curso” y que, al no haber existido una condena penal, “el departamento tiene la obligación de seguir buscando justicia en este asunto”.

El portavoz añadió que, cuando se encuentren nuevas pruebas, los detectives seguirán esas pistas.

La Corte Suprema de Justicia llamará a juicio formal a seis integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República por el presunto delito de cohecho impropio, al considerar que habrían aceptado contratos millonarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de respaldar créditos de la nación ante la banca internacional.

La Sala de Primera Instancia concluyó, en un decisión de 667 páginas que existen elementos suficientes para procesar a Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, todos miembros de la Comisión de Crédito Público, según informó Semana. La decisión no constituye una declaración de culpabilidad: los congresistas deberán debatir las pruebas en su contra durante el juicio formal.

El auto de la magistrada Paula Andrea Ramírez señala que los investigados “probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones como integrantes de esa Comisión”. La Comisión era la instancia encargada de avalar los empréstitos que la nación solicitaba ante organismos financieros internacionales.

El supuesto intercambio de votos por contratos

La hipótesis judicial sostiene que el entonces Ministerio de Hacienda necesitaba con urgencia la aprobación de esos créditos hacia el cierre de 2023 y habría ofrecido obras de la entidad liderada por Olmedo López como contraprestación por votos favorables. La investigación menciona al entonces ministro Ricardo Bonilla, al exviceministro Diego Alejandro Guevara y a la exasesora María Alejandra Benavides.

Los presuntos acuerdos se habrían discutido los días 5 y 6 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda. Conforme a testimonios citados por la revista, Guevara y Benavides encabezaron una primera reunión el día 5, mientras que al día siguiente Bonilla habría asistido a un nuevo encuentro con los congresistas para ratificar los compromisos.

El contrato para Cotorra, Córdoba, superaba los $46.000 millones e, indica el expediente, habría estado dirigido a Bitar, Manzur y Peinado. La obra de Saravena, Arauca, rondaba los $35.000.000.000 y se habría vinculado con Manrique y Muñoz.

El tercer proyecto correspondía a Carmen de Bolívar, por más de $12.000.000.000. El auto señala que esa obra habría buscado obtener el respaldo de Gallo dentro de la Comisión de Crédito Público.

Las pruebas citadas en la decisión

La decisión recoge la colaboración de Benavides, que recibió inmunidad total y manejaba una tabla de “cupos indicativos”, expresión con la que se registraba el inventario de obras asignadas presuntamente a los congresistas. El auto otorga especial relevancia a los mensajes intercambiados entre la exasesora y Bonilla, según la revista.

Entre los elementos mencionados figuran también testimonios, chats y pruebas entregadas por el exdirector de la Ungrd Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. López aseguró que recibió instrucciones desde la Casa de Nariño para “colaborarles” a los congresistas, mientras que el expediente incorpora una libreta atribuida a Manrique sobre el estado de los tres contratos.

Los recursos de las defensas y la etapa de juicio

La Sala rechazó solicitudes de nulidad planteadas por las defensas sobre la reasignación del expediente, la intervención de conjueces y la incorporación de salvamentos y aclaraciones de voto. También reservó para el juicio los argumentos de Gallo y Muñoz, quienes habían pedido cerrar el proceso al cuestionar la prueba y la relación entre la gestión de proyectos y la función parlamentaria.

Muñoz solicitó excluir los interrogatorios de López, Pinilla y Benavides ante la Fiscalía, además de documentos y material extraído del teléfono de la exasesora. Sin embargo, la Corte descartó retirar esos elementos en esta fase.

El auto advierte que la gestión de obras no implicaría una utilidad patrimonial inmediata, aunque podría traducirse en la consolidación y expansión del capital relacional y social de los investigados frente a autoridades centrales y locales. El próximo martes 20 de octubre de 2026, los seis congresistas deberán comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, donde la presunta asignación de contratos quedará vinculada al respaldo que el Gobierno requería para sus créditos externos.

El requerimiento fue presentado el 8 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La acusación alcanza a tres mecánicos, identificados como J.G.G., M.A.V. y A.L.E.; al inspector D.G.S.; y al representante técnico R.O.A.B. Todos fueron imputados por el delito de accidente aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, en calidad de coautores.

A partir de las pericias realizadas, la Fiscalía identificó como causa central del accidente la falta de locking clips o clips de bloqueo. Se trata de piezas de seguridad destinadas a impedir que los tensores de los cables de interconexión de alerones se aflojen durante el vuelo.

Como resultado de ese proceso, se produjo una desconexión de los cables y la pérdida de control de la aeronave durante el despegue. Asimismo, plantearon que las vibraciones del vuelo habrían provocado que se desenroscaran los tensores de los cables que intervienen en su funcionamiento.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, las omisiones se habrían dado en dos órdenes de trabajo ejecutadas por Air Delta S.R.L., empresa dedicada a la reparación de aeronaves. En el caso de que fueran encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de prisión.

La primera intervención cuestionada corresponde a la orden de trabajo N° 1605, realizada el 28 de febrero de 2020, que incluyó tareas de tensión de los cables. Para el fiscal, el procedimiento no se completó porque no se instaló el clip de bloqueo.

Según el sitio Fiscales, la tarea fue asignada a J.G.G. D.G.S., en su función de inspector, debía verificar que se hubiera realizado en forma correcta, mientras que R.O.A.B. tenía responsabilidades de supervisión como representante técnico del taller.

La segunda orden de trabajo, identificada con el N° 1819, fue realizada el 30 de noviembre de 2021. En esa oportunidad se revisaron los cables para constatar que no presentaran daños ni desgaste, pero tampoco se detectó ni corrigió la ausencia de la pieza de seguridad. Esa omisión fue atribuida a M.A.V. y A.L.E., además de D.G.S. y R.O.A.B.

De hecho, el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, perito oficial que trabajó junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina, concluyó que la falta de ese elemento fue determinante en el siniestro. En su informe final calificó la omisión como una “falta gravísima, causante del accidente”.

No obstante, Rapoport sostuvo que la conducta de los imputados debe ser evaluada a partir de deberes de cuidado diferenciados y sucesivos dentro del taller. Por eso, encuadró la imputación bajo las reglas de la autoría concomitante o concurrente, aplicable cuando distintas infracciones individuales confluyen en un mismo resultado.

“No nos encontramos ante un deber de cuidado común u homogéneo, sino ante deberes objetivos de cuidado específicos, delimitados y sucesivos”, afirmó el fiscal en su presentación. Además, rechazó el argumento de los acusados sobre una supuesta falta de claridad en el manual de mantenimiento.

En respuesta, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó que los mecánicos, el inspector y el representante técnico debían conocer la obligación de colocar los clips de bloqueo tras las tareas sobre los tensores.

Así fue la tragedia aérea de Río Grande

El 1° de julio de 2022, el Learjet 35A de la empresa Flying America S.A. debía cubrir un vuelo sanitario desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande hacia Buenos Aires. Sin embargo, luego de iniciar el despegue por la pista 26, el avión alcanzó pocos metros de altura y perdió el control.

Según describieron, la aeronave se inclinó a la izquierda, se niveló de manera momentánea y volvió a rolar hacia ese lado antes de caer. El impacto se produjo a unos 1.870 metros de la cabecera de pista y a 300 metros a la izquierda de su eje.

Poco después se confirmó que los cuatro pasajeros habían muerto producto del accidente. Las víctimas fueron el piloto Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore, la enfermera Denise Torres García y el médico Diego Ciolfi. Además, el avión quedó destruido e incendiado.

Durante la investigación se analizaron las grabaciones de cabina, las comunicaciones con la torre de control, el combustible, los motores, los reportes meteorológicos, las órdenes de trabajo y el historial de mantenimiento de la aeronave y del taller.

Con el avance de la causa, los cinco integrantes de Air Delta fueron procesados sin prisión preventiva el 20 de noviembre de 2025 por el mismo delito por el que la fiscalía ahora pidió llevarlos a juicio.

El 7 de julio de 2026, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos. En cambio, revocó la situación procesal del socio gerente de la empresa, para quien dictó la falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba.

La magistrada Debra McCaslin convocó una audiencia este viernes para tratar una serie de mociones que los abogados de Murdaugh presentaron en las últimas semanas. Allí, resolvió que los abogados podrán encargar pruebas independientes sobre tres muestras: dos obtenidas debajo de las uñas y una de su teléfono celular.

El ADN corresponde a un hombre ajeno a la familia, cuya identidad los investigadores todavía no han logrado determinar, informó Associated Press.

Al mismo tiempo, McCaslin consideró que los resultados podrían identificar a personas relacionadas con los hechos o, al menos, descartar que alguien estuviera vinculado con el teléfono y las uñas de la víctima. “Creo que eso es relevante para la defensa y su caso”, sostuvo.

Murdaugh, de 58 años y exabogado especializado en demandas por lesiones personales, fue condenado en 2023 por los homicidios de su esposa y de su hijo menor, Paul. La Corte Suprema estatal anuló esas condenas en mayo al concluir que la intervención indebida de una secretaria judicial influyó en la decisión del jurado.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado asesinó a su esposa y a su hijo para ganar tiempo ante el inminente descubrimiento, por parte de su firma de abogados, de los robos financieros que cometía.

La jueza negó una revisión amplia de otros tiroteos con munición similar

La defensa también solicitó información a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED) sobre delitos cometidos con munición calibre .300 Blackout, la utilizada en el crimen. Además, pidió que su perito examinara casquillos del mismo tipo encontrados en tiroteos ocurridos durante los últimos cinco años en ocho condados vecinos, precisó Associated Press.

Los fiscales respondieron que los investigadores ya habían cotejado los hechos específicos mencionados por los abogados y no habían detectado coincidencias con la causa.

McCaslin respaldó esa posición y describió el planteo como una “búsqueda indiscriminada” de pruebas, al considerar que carecía de una base fáctica suficiente y suponía una carga importante para los investigadores.

Sin embargo, la defensa sí podrá preguntar por la similitud de la munición, mientras que el Estado podrá compartir datos brutos sobre los casquillos pertinentes, reportó CNN.

La defensa busca indagar si un agente policial retiró armas y ropa de la escena

Durante el primer juicio, la fiscalía alegó que Murdaugh actuó solo, que empleó una escopeta y un rifle .300 Blackout de la familia y que luego llevó las armas a la casa de su madre, en Almeda, para deshacerse de ellas. Las armas homicidas y la ropa nunca fueron encontradas.

En una presentación judicial recogida por CNN, el abogado Richard Harpootlian afirmó que reportes de la prensa local revelaron que, presuntamente, un jefe policial amigo de Murdaugh habría llegado temprano al lugar y le habría dado ropa al acusado.

También expresaron que existían versiones de que armas y prendas fueron llevadas temporalmente a una comisaría. La defensa argumenta que, si esa información fuera cierta, podría respaldar la tesis de que hubo más de una persona involucrada.

A su vez, los abogados citaron un artículo periodístico que señalaba que un gran jurado fue convocado para escuchar testimonios sobre el involucramiento policial. En consecuencia, reclamaron saber si era cierto y exigieron que se les entregara cualquier prueba sobre posibles cómplices o una investigación del gran jurado sobre ellos.

Respecto de ello, la fiscalía evitó confirmar o descartar la existencia de actuaciones ante un gran jurado, al invocar el secreto de esos procedimientos. La jueza les dio la razón a los fiscales, pero recordó que deben entregar cualquier información que resulte favorable a la defensa cuando corresponda.

El abogado del jefe policial presuntamente involucrado admitió ante CNN que recibió una citación, pero negó que su cliente hubiera llegado temprano y ocultado pruebas.

McCaslin advirtió que no aceptará demoras ni un juicio convertido en espectáculo

La audiencia, que se extendió durante dos horas, estuvo marcada por reproches entre las partes. McCaslin advirtió que la fecha del juicio se mantiene y anticipó que no concederá una prórroga si surge documentación faltante a último momento.

Al cerrar la sesión, la jueza pidió profesionalismo a fiscales y defensores: “Este caso será juzgado en una sala de tribunal conforme a las reglas de prueba y la ley, no en la prensa ni en el tribunal de la opinión pública. No permitiré que estos procedimientos se conviertan en un circo, ni permitiré que nadie involucrado en este caso utilice esta sala de tribunal como plataforma para publicidad o teatralidad”.

Pese a que las dos condenas a cadena perpetua fueron anuladas, Murdaugh permanece encarcelado por sentencias concurrentes de 27 y 40 años, dictadas en ámbitos estatal y federal, por decenas de delitos financieros.

Un juez de Tamaulipas condenó a 20 años de prisión a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado contra su hija Dafne Zapata. La sentencia la dictó el juez Eliseo Sánchez Wong este viernes en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas.

El proceso se originó con una denuncia presentada en 2019 por Alejandra Quintos, madre de la menor, por hechos ocurridos cuando Dafne era menor de edad. La resolución llegó cuatro días después de que el mismo juzgador declarara culpable al acusado, en una audiencia que comenzó a las 10:00 horas.

El juez Eliseo Sánchez Wong fija la pena de 20 años en El Mante

El abogado Víctor Paz confirmó que el juzgador determinó la pena de 20 años de prisión contra Gabriel “N”. El litigante estuvo presente en la audiencia final del proceso, según precisó el diario.

Gabriel “N” calificó la sentencia como mínima y adelantó que apelará la resolución. El condenado señaló que, si ese recurso no resulta favorable, acudirá a un amparo.

A la audiencia del viernes asistieron el juez Sánchez Wong, la representación legal de Gabriel “N” y la defensa de Alejandra Quintos. La propia Quintos, denunciante y madre de Dafne, no acudió a la sesión en la que se dictó la condena.

El juez Eliseo Sánchez Wong resolvió que Gabriel “N” cometió abuso sexual agravado contra su hija Dafne y fijó una pena de 20 años de prisión tras un proceso iniciado en 2019. La sentencia se dictó el 16 de octubre en el Centro Integral de Justicia de El Mante, en Tamaulipas, y la defensa del condenado anunció que apelará el fallo.

La denuncia de 2019 y el cambio en la calificación jurídica

La resolución puso fin a un proceso penal que se extendió por más de siete años desde la denuncia original, de acuerdo con lo detallado por Infobae. La acusación inicial contra Gabriel “N” se formuló por el delito de violación equiparada.

Con el avance de la causa, la calificación jurídica del hecho se modificó. El delito quedó reclasificado como abuso sexual agravado, figura bajo la cual se desarrolló el resto del juicio.

El proceso judicial se prolongó durante dos meses de audiencias, en las que se desahogaron pruebas y testimonios. La recta final del juicio llegó el lunes 12 de octubre, cuando el juez declaró culpable al acusado.

El pasado viernes 9 de octubre se había realizado una audiencia en el mismo centro de justicia, en la que se esperaba conocer el fallo. Esa sesión concluyó sin resolución y duró alrededor de 20 minutos.

El juez Sánchez Wong solicitó 24 horas adicionales para analizar las pruebas presentadas durante el juicio. La cantidad de material que debía revisar motivó la postergación, según indicó el medio.

La nueva audiencia quedó reprogramada para el lunes a las 9:00 horas. Esa sesión se extendió tres horas y media, con un receso de cinco minutos antes de reanudarse.

Al término de esa audiencia, el juez declaró culpable a Gabriel “N” por abuso sexual agravado. El acusado calificó al juzgador de “inexperto” en su resolución.

Gabriel “N” indicó que contaba con plazo hasta el 16 de octubre para presentar su apelación. Esa estrategia legal quedó en manos de los magistrados que revisen el caso en segunda instancia.

Antes de conocerse el veredicto de culpabilidad, Gabriel “N” había expresado su expectativa de que la decisión judicial no estuviera influida por la presión social. El acusado llegó acompañado de sus abogados antes de las 9:00 horas de ese lunes.

Minutos más tarde arribó Alejandra Quintos al Centro Integral de Justicia de El Mante. La denunciante remarcó que esperaba una resolución favorable para Dafne.

Quintos señaló que la familia buscaba justicia para los dos casos vinculados a la joven. En audiencias previas, el abogado de Gabriel “N” había manifestado confianza en las pruebas y en los alegatos finales del proceso.

La muerte de Dafne Zapata Quintos en un campamento de Ciudad Madero

El proceso penal por abuso sexual agravado contra Gabriel “N” es distinto al relacionado con la muerte de su hija, Dafne Zapata Quintos. El deceso de la adolescente ocurrió meses antes del veredicto de culpabilidad dictado este mes.

Dafne, de 13 años y originaria de El Mante, ingresó el 13 de julio de 2026 a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. El curso tenía un costo de 25 mil pesos y preveía extenderse hasta el 31 de julio.

El reglamento del campamento prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. Según el relato de la madre recogido por Infobae, el martes 14 de julio le informaron que Dafne había vomitado y se había desmayado, con una lesión en el labio.

Los días siguientes reportaron una mejoría en el estado de la menor. La noche del jueves 16 de julio llamaron a Quintos para avisarle que su hija presentaba tos, vómito e incontinencia.

Minutos después, una persona le comunicó que la menor ya no tenía signos vitales. Al llegar al plantel, Quintos encontró el cuerpo de su hija ya embolsado.

En el lugar no había presencia de Protección Civil ni de la policía al momento en que la madre llegó. El certificado de defunción clasificó la muerte como homicidio.

La causa de muerte se determinó como asfixia por sumersión, por el exceso de agua hallado en los pulmones y la tráquea de la menor. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La fiscalía, a cargo del fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró el inmueble del campamento bajo la carpeta 0027/2026. A fines de julio, detuvo a Jorge Luis Ponce Ortega, director de la academia.

También fue detenida Estrellita Mora, instructora encargada del área femenil del campamento. Ambos quedaron vinculados a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Días antes había sido detenida Danna Yanina “N”, instructora auxiliar del área femenil de la academia. Ella también quedó vinculada a proceso por su probable participación en los hechos.

Hasta el momento, tres personas permanecen vinculadas a la causa por la muerte de Dafne, que continúa bajo investigación. Ese proceso avanza de manera independiente al caso por abuso sexual agravado resuelto este viernes contra Gabriel “N”.

Una jueza de Caviahue, provincia de Neuquén, declaró culpable a un hombre por amenazas simples contra su pareja, luego de considerar que una frase pronunciada durante una discusión tenía capacidad concreta para intimidar a la víctima. Además, el acusado ya contaba con una condena previa por homicidio.

El hecho ocurrió a principios de noviembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían. En medio de una discusión, el acusado le dijo a la mujer: “Te tengo entre ceja y ceja. Como lo saqué con los pies para adelante al otro, lo voy a hacer con vos”.

A partir de esto, la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez plantearon que las palabras debían evaluarse dentro del vínculo de pareja y de un contexto en el que la mujer había atravesado episodios de control y violencia.

Según la información obtenida por LMNeuquén, también señalaron que el acusado había recibido una condena previa por homicidio, pena que ya había cumplido. Además, indicaron que la víctima conocía ese antecedente, por lo que ese dato permitía comprender el temor que le provocó la expresión.

Fue así que el hombre, identificado como L.F.B., llegó a debate acusado de amenazar a su pareja. Durante el juicio, su defensa solicitó la absolución y sostuvo que la denuncia se originó en una disputa económica, centrada principalmente en un vehículo que ambos compartían.

De la misma manera, los representantes del imputado cuestionaron la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito. Entre sus argumentos, remarcaron que no hubo testigos de la conversación ni lesiones físicas constatadas.

A pesar de esto, la jueza Bibiana Ojeda rechazó la interpretación de la defensa. Después de valorar las pruebas, concluyó que la frase no podía ser tomada como un exabrupto aislado en una discusión por dinero.

Así, la magistrada consideró el relato de la denunciante y los testimonios de profesionales que describieron el temor que experimentó después de la amenaza. Con esos elementos, declaró a L.F.B. penalmente responsable de amenazas simples, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 149 bis y 45 del Código Penal.

No obstante, la sentencia escrita se dará a conocer dentro del plazo legal. Asimismo, indicaron que la identidad completa del condenado y otros datos que podrían exponer a la víctima permanecerán bajo reserva.

Balearon a un hombre en Plottier y lo amenazaron de muerte

A mediados de agosto, un hombre de 57 años denunció haber sido atacado a golpes y baleado en una zona de chacras de la localidad neuquina de Plottier. Antes de escapar, los agresores encapuchados le advirtieron: “La próxima vez va a ser en la cabeza”.

El hecho ocurrió el martes 18 de agosto, cerca de las 20 horas, en inmediaciones de la Ruta 22 y la Autovía Norte. La víctima caminaba por un campo que identificó como de su propiedad cuando fue interceptada por dos personas.

Según relató el hombre ante la Policía, los atacantes lo golpearon y, durante un forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo que le provocó una herida en una pierna. A pesar de la lesión, logró mantenerse consciente.

Mientras aguardaba la asistencia médica, el herido utilizó parte de su ropa para improvisar un torniquete y contener el sangrado. Incluso, un vecino colaboró con los primeros auxilios y dio aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre con la lesión de arma de fuego. Más tarde fue asistido por personal médico y quedó fuera de peligro, sin necesidad de ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

Desde ese momento, los investigadores buscan establecer el móvil de la agresión. Sin embargo, no surgieron elementos que permitan sostener que se trató de un intento de robo, ya que el hombre no denunció que le hubieran sustraído pertenencias.

Además, la investigación enfrenta dificultades iniciales por la falta de cámaras de seguridad, testigos directos y precisiones sobre cómo se movilizaban los sospechosos. La víctima, oriunda de Allen, no pudo determinar si los agresores llegaron caminando o en un vehículo.

Una de las hipótesis apuntaba a un posible conflicto previo por las tierras donde ocurrió el hecho. La amenaza que escuchó la víctima después del disparo también forma parte de las líneas de análisis de la causa.

Justo Fernando Barrientos, único acusado por el ataque en el que murieron tres mujeres y otra sobrevivió con graves secuelas, declaró por primera vez en el juicio y negó haber provocado el incendio en una pensión del barrio porteño de Barracas. “No inicié el fuego”, afirmó este jueves durante la audiencia virtual.

El imputado habló desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde permanece con prisión preventiva. Fue la última audiencia de prueba antes de los alegatos, que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 fijó para el lunes 26 y el miércoles 28 de octubre.

Barrientos está acusado por los homicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, además de la tentativa de homicidio contra Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del salvaje ataque ocurrido en mayo de 2024.

En un relato breve, negó haber utilizado nafta o pintura para provocar las llamas y sostuvo que no recuerda detalles de aquella madrugada. Tampoco respondió preguntas de la fiscalía, las querellas ni la defensa.

Sobre las cuatro víctimas, dijo que no conversaba con ellas sobre “cuestiones personales ni gustos sexuales”. “Ellas pareciera que eran pareja”, expresó. Luego afirmó que tenía “respeto hacia ellas y la diversidad”.

En otro tramo, Barrientos apuntó contra dos vecinos que, durante el debate, declararon haberlo visto golpear a una de las mujeres cuando ella intentaba salir de la habitación y apagar las llamas.

La acusación justamente sostiene que el ataque no se limitó al inicio del fuego. De acuerdo a testimonios de vecinos, el imputado habría agredido a una de las víctimas en el pasillo de la pensión cuando buscaba escapar.

Después del incendio, el hombre fue hallado en un baño de la terraza del edificio con una herida en el cuello y un cuchillo. Fue trasladado al Hospital Argerich, donde los médicos concluyeron que se trató de una autoagresión. Para entonces, ya estaba bajo custodia policial.

La declaración de Barrientos contrastó con parte de la prueba técnica expuesta durante las audiencias. Peritos especializados y bomberos coincidieron en que el incendio tuvo un origen intencional y que comenzó en una de las camas de la habitación que compartían las cuatro mujeres. En esa línea, un experto explicó que las marcas de combustión resultaban compatibles con la presencia de un líquido acelerante, mientras que un bombero que intervino en el operativo aseguró que había un fuerte olor a alcohol en el pasillo que conectaba la habitación con los espacios comunes.

Cabe recordar que en el lugar también se secuestró un tacho de pintura utilizado como balde, que presentaba marcas de tiznamiento y derretimiento en su manija.

A su vez, durante el debate un perito químico informó que detectó hidrocarburos en tres textiles analizados, entre ellos prendas quemadas de las víctimas. El especialista aclaró que no podía determinar de qué sustancias se trataba, debido a los efectos de la combustión y del paso del tiempo sobre las muestras.

En el juicio también hubo testimonios que reconstruyeron situaciones previas de hostigamiento hacia las mujeres. Vecinos, personas allegadas y profesionales que asistieron a Andrea y Sofía antes y después del ataque mencionaron episodios de miedo, insultos y dificultades para circular por espacios comunes.

La única sobreviviente no prestó declaración en el proceso. El Cuerpo Médico Forense concluyó que no estaba en condiciones de hacerlo.

Castro Riglos estuvo internada cerca de un mes después del ataque y continúa con atención médica. En el juicio se discutió la posibilidad de incorporar, mediante su lectura, dos declaraciones que había dado ante personal policial durante su internación, aunque su representación desistió de ese pedido para evitar una nueva instancia que pudiera afectar su salud.

Amnistía Internacional Argentina siguió las audiencias y señaló que los agravantes imputados responden a los reclamos de organizaciones de derechos humanos y de la diversidad para que el hecho sea analizado con perspectiva de género y orientación sexual.

El hecho

Ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión de la calle Olavarría al 1600. Cobbas, Figueroa, Amarante y Castro Riglos descansaban en una habitación del lugar.

Según la fiscalía, Barrientos provocó un incendio dentro del cuarto. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por la violencia de género y el prejuicio contra la orientación sexual de las víctimas.

Cobbas murió pocas horas después del incendio. Figueroa falleció dos días más tarde y Amarante murió luego de seis días de internación.

En diálogo con Kayleigh McEnany —presentadora de Fox & Friends First y exsecretaria de prensa de la Casa Blanca—, el entrevistado reveló las disputas a puertas cerradas y desestimó las críticas de sus compañeros. Esta aparición pública cobra mayor relevancia ante el tenso escenario judicial que lo rodea.

Actualmente, la defensa impulsa peticiones formales para indagar su conducta y peritar sus comunicaciones personales, mociones que el juez William Sullivan evaluará en una audiencia clave el próximo 2 de noviembre, cita donde también se debatirá el futuro legal de la acusada.

La entrevista en Fox News: el jurado de Lindsay Clancy no tuvo dudas

Ante la incisiva consulta de la co-presentadora de Outnumbered, el invitado fue categórico sobre su nivel de certeza respecto a la culpabilidad de la acusada. “¿Tuviste duda razonable?”, preguntó la periodista. Él respondió de forma directa: “No”.

Para sustentar su posición, argumentó poseer fundamentos sólidos. “Bueno, definitivamente tenía muchas pruebas para respaldar mi postura. Pero por respeto a los demás jurados y al sistema judicial, dejaré eso de lado por ahora hasta que pasen por el proceso del sistema judicial”, explicó.

La presentadora indagó también sobre el clima interno. “¿Hubo momentos tensos?”, inquirió tras recordar la inclinación de 11 personas dispuestas a eximir a la mujer de responsabilidad penal por padecer psicosis posparto. El disidente confirmó las fricciones. “Sí, hubo momentos que fueron tensos”, admitió y luego agregó que dichas tensiones ocurrieron durante la deliberación.

Las pruebas contra Lindsay Clancy: la reacción de Michael Desronvil al 911

El proceso judicial expuso el horror ocurrido en enero de 2023 en Duxbury, cuando la madre mató a sus pequeños Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Sobre la mecánica del crimen, el entrevistado no dudó en calificar el accionar de la acusada bajo una óptica de fría planificación.

“Qué metódica me pareció que fue Lindsay en la ejecución de los niños. Así que eso fue algo muy impactante para mí. Al ver el video y también al escuchar en la sala del tribunal el proceso de pensamiento que hay detrás y para cumplir con el compromiso de hacer eso. Me pareció que fue lógico”, relató.

La conductora televisiva abordó además el impacto emocional de la prueba material, en especial la llamada de emergencia de Patrick Clancy, padre de los menores, tras descubrir la escena. Desronvil describió su reacción al oír ese audio reservado. “Fue surrealista. Tú sabes, escuchar el dolor en su voz. Escuchar la desesperación de ese fragmento”, confesó.

El recuerdo de los niños

El diálogo televisivo también incluyó un recorrido emotivo por un parque dedicado a la memoria de las víctimas. Frente al letrero central, Kayleigh McEnany consultó por qué era crucial devolver el foco a los menores.

El hombre detalló su conexión personal: “Bueno, yo mismo tengo una hija, sabes, de cinco años. Así que ver a estos tres niños es emotivo. Puedes ver la inocencia, la alegría pura en ellos. Es difícil simplemente arrebatar eso”.

Al caminar por el sector para niños pequeños dedicado a Callan, el bebé de la familia, Desronvil compartió cómo el debate oral le permitió conocer a fondo a las víctimas. “Aprendí mucho con los tres ángeles. Con Cora, sabes, Dawson y Callan. Este, sabes, lo que les gustaba, lo que disfrutaban, lo que querían ser al principio”, reflexionó.

El conflicto por el teléfono celular de Michael Desronvil tras el juicio nulo

El caso derivó en la declaración de un juicio nulo el pasado 4 de septiembre, tras el estancamiento del grupo frente a la tesis de inimputabilidad por enfermedad psiquiátrica grave. Posterior a esa decisión, los demás miembros acusaron al único opositor de actitudes “arrogantes” y de prestar atención exclusiva a su teléfono en la sala.

El abogado defensor, Kevin Reddington, lo tildó de “obstruccionista” e impulsó un recurso legal para retener el dispositivo del hombre por 48 horas bajo la custodia de un perito neutral, con el objetivo de extraer sus registros de comunicaciones.

Frente a esta moción, la reacción del entrevistado fue de total sorpresa. Ante la pregunta de si alguna vez imaginó un intento de secuestro judicial de su aparato, fue tajante. “Para nada. Pensé que iría a cumplir como jurado, cumpliría con mi tiempo, mi deber ciudadano y luego volvería a mi vida laboral normal”, contestó, además de aclarar que el equipo solo tuvo uso en los descansos y “no durante la deliberación”.

Qué pasará con el proceso a Lindsay Clancy: el futuro legal

La situación procesal de la enfermera, quien permanece internada en un centro psiquiátrico bajo custodia, atraviesa semanas decisivas. La semana previa a esta emisión, el juez William Sullivan rechazó el pedido de la defensa para desestimar los cargos por insuficiencia de pruebas.

Existe una solicitud pendiente para convocar a una audiencia probatoria a fin de analizar el comportamiento de Desronvil y debatir posibles violaciones a la garantía constitucional contra la doble incriminación (que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito) frente a un nuevo proceso penal.

El magistrado fijó una cita clave en el Tribunal Superior de Plymouth para el próximo 2 de noviembre de 2026, fecha estipulada para tratar el destino del celular del hombre. Mientras tanto, el fiscal de distrito Timothy Cruz evalúa sus opciones legales y todavía no define si buscará reabrir la causa.

La enfermera Gabriela Vanesa Torres, acusada de robar vacunas contra el COVID-19 para inocular a sindicalistas de Camioneros, volverá a ser juzgada. Así quedó establecido este miércoles, a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos de su defensa.

La mujer se desempeñaba en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. De allí sustrajo, según la imputación, un lote con 30 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, cuando apenas habían llegado las primeras vacunas al país.

En aquel momento, el país atravesaba la parte más severa de la emergencia sanitaria y los cargamentos que arribaban al territorio nacional estaban reservados de forma exclusiva para el personal de salud y los sectores de mayor riesgo ante la enfermedad.

De acuerdo con la investigación penal, las vacunas sustraídas terminaron aplicándose a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros en Chubut que no integraban los grupos prioritarios, presuntamente a cambio de una coima.

Las idas y vueltas del proceso

Durante la etapa de instrucción, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio De Seleme, procesó a Torres por encubrimiento.

Sin embargo, al momento de realizarse el debate oral, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal y la acusó formalmente por el delito de hurto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió a la enfermera al considerar que esa variación vulneró el principio de congruencia y afectó de manera directa su derecho de defensa en juicio. Bajo esa premisa, los magistrados de primera instancia anularon el alegato de la fiscalía y dictaron el sobreseimiento de la imputada.

Ante este escenario, la fiscalía apeló la resolución y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. En una decisión dividida, la Sala III del máximo tribunal penal revocó la absolución de Torres. Los magistrados Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques votaron a favor de hacer lugar al reclamo de la fiscalía, mientras que Juan Carlos Gemignani se pronunció por confirmar la absolución.

La mayoría de la Cámara de Casación determinó que la plataforma fáctica de la acusación se mantuvo idéntica desde la declaración indagatoria hasta el alegato final.

Según explicaron los jueces en su fallo, la descripción de los hechos históricos imputados a Torres no sufrió alteraciones sustanciales, por lo que el cambio de encuadre jurídico de encubrimiento a hurto no representó una “sorpresa” que impidiera defenderse adecuadamente. Asimismo, señalaron que la pena requerida bajo la nueva figura resultaba incluso más beneficiosa para la enfermera.

La defensa de Gabriela Vanesa Torres, disconforme con la decisión de la Cámara de Casación, interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el fallo. Al ser denegada esa vía, acudieron de manera directa ante el máximo tribunal mediante un recurso de queja.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó la presentación de la imputada. Los ministros del tribunal declararon inadmisible el agravio referido a la supuesta violación de la garantía del ne bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de una persona por el mismo hecho. Con respecto al cuestionamiento sobre la alteración del principio de congruencia, los jueces determinaron que la resolución apelada no constituía una sentencia definitiva ni una equiparable a tal, requisito indispensable para habilitar la intervención de la máxima instancia judicial del país.

La causa principal ya cuenta con personas condenadas y otros implicados que esperan definiciones procesales. Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del sindicato de Camioneros, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de cohecho activo.

La justicia comprobó que Paura entregó una suma de dinero para que la enfermera Analía Muñoz —quien también fue condenada en este expediente, a tres años de prisión— facilitara las dosis de Sputnik V de manera clandestina.

La investigación determinó que el 12 de febrero de 2021 la cuenta bancaria de Muñoz recibió una transferencia de 30.000 pesos realizada desde la cuenta oficial de la Obra Social del sindicato. Las vacunas se aplicaron el 29 de enero de 2021 en un consultorio de la entidad gremial, un sitio que carecía de habilitación oficial para funcionar como vacunatorio contra el coronavirus.

Por otra parte, la situación de los afiliados que recibieron las dosis de forma irregular también sufrió modificaciones. En un primer momento, la justicia federal de Comodoro Rivadavia concedió la suspensión del juicio a prueba a la veintena de beneficiarios a cambio de una reparación económica y pautas de conducta. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese beneficio y ordenó que todos los involucrados sean sometidos a un juicio oral y público, una medida que alcanza al ex secretario general del gremio en Comodoro Rivadavia y ex diputado nacional, Jorge Taboada.

La querella de la familia de Sergio Ávalos espera que la causa por la desaparición del estudiante, ocurrida hace 23 años en Neuquén, llegue pronto a la instancia de juicio oral y que los 19 imputados reciban condenas contundentes.

Luego de que la Fiscalía solicitara la elevación de la causa a juicio, las defensas de los acusados habían presentado un planteo de nulidad. Sin embargo, la Justicia rechazó el argumento y el expediente quedó a un paso de ser tratado en tribunales.

El expediente, conocido como Ávalos I, investiga qué ocurrió con el joven de 18 años. La víctima era alumna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y oriunda de Picún Leufú. Fue visto por última vez durante la madrugada del 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas, ubicado en la capital neuquina.

En este contexto, el abogado querellante, Sergio Heredia, sostuvo que ya no quedan recursos pendientes que puedan demorar el proceso. La próxima definición corresponde al juez federal Gustavo Villanueva, quien debe resolver la elevación formal de la causa a juicio oral y público.

“Estamos satisfechos de que el juicio está cerca. Ya presentamos la acusación, vamos a participar del debate y estamos muy contentos”, afirmó Heredia en declaraciones a Radio Capital. De esta manera, remarcó que las 19 personas imputadas serán juzgadas por el delito de desaparición forzada de persona.

De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, solo 11 de los imputados enfrentarán la acusación como coautores. Así, los ocho restantes serán juzgados en calidad de partícipes necesarios.

En línea con esto, Heredia remarcó que se trata de un delito de lesa humanidad que permanece en ejecución mientras no se conozca el destino de la víctima. También señaló que las responsabilidades atribuidas no son idénticas, ya que cada acusado habría tenido una intervención diferente en los hechos.

“Las penas van a ser muy importantes y estamos esperanzados. Confiamos en el trabajo de la querella y de la Fiscalía”, señaló el letrado, quien consideró que la proximidad del juicio genera preocupación entre algunas de las personas involucradas.

La acusación de la familia ubica los hechos dentro de Las Palmas. En este sentido, Heredia afirmó que el estudiante “nunca salió del boliche por sus propios medios” y sostuvo que su cuerpo fue retirado del lugar después de lo ocurrido.

Por este motivo, apuntó que la búsqueda de los restos de Ávalos continúa como uno de los objetivos centrales de la querella. Asimismo, el abogado indicó que mantuvo un reciente encuentro con el padre del joven, Asunción Ávalos, de 93 años.

“Es una noticia que nos alegra por Asunción, por su edad avanzada, aunque está fuerte para asistir al juicio”, expresó Heredia. En paralelo, avanza la causa Ávalos II, que apunta a determinar eventuales responsabilidades por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De esta manera, Heredia vinculó esa investigación con sectores de la fuerza policial provincial que habrían contribuido a sostener la impunidad en torno a la desaparición del estudiante. La definición sobre la elevación de Ávalos I a juicio quedará ahora en manos del juzgado federal.

Qué se sabe sobre la última noche en la que Sergio Ávalos fue visto con vida

Durante la madrugada del 14 de junio de 2003, Ávalos había salido a bailar con otros estudiantes al boliche ubicado en Primeros Pobladores al 2000, en la ciudad de Neuquén. El local era conocido como El Fuerte o Las Palmas. De acuerdo con la causa, el joven fue visto allí por última vez entre las 06:30 y las 07:00 horas.

La reconstrucción de la Fiscalía indicó que esa noche hubo varios incidentes dentro del establecimiento. En este sentido, mencionaron una pelea con rastros de sangre en el sector de enfermería, una agresión en un área denominada “el túnel” y un conflicto relacionado con el sistema de ticket-vaso.

Aunque también señalaron que los empleados se comunicaban por handies y que había cámaras en sectores considerados estratégicos, uno de los aspectos que remarcó la fiscal Tiscornia es la falta de registros de video de aquella madrugada.

Algunos imputados declararon que la cinta se había terminado y que no fue reemplazada. Sin embargo, para la fiscal, esa versión no resulta consistente con el nivel de control que, según la investigación, funcionaba dentro del boliche.

De hecho, también se identificaron irregularidades posteriores a la desaparición, entre ellas la destrucción de documentación policial y la ausencia de registro de una llamada al Hospital Castro Rendón. Incluso, una trabajadora dejó constancia de que una persona aseguró conocer qué había ocurrido con el estudiante.

El 17 de junio de 2003, tres días después de la última vez que fue visto, el encargado de las residencias universitarias denunció que Ávalos no había regresado. Fue así que la investigación comenzó en la Justicia provincial como una averiguación de paradero y, años más tarde, la querella, la universidad y el Ministerio Público Fiscal promovieron que se investigara como una desaparición forzada de persona.

Durante casi 30 años, el asesinato de Tupac Shakur fue uno de los casos sin resolver más emblemáticos de la historia del rap. No hubo arrestados, no hubo juicio, no hubo condena.

Este martes, por primera vez, un tribunal de Las Vegas pone fin a esa historia: Duane “Keffe D” Davis se sienta ante una jueza que puede enviarlo a prisión de por vida, informó Reuters.

Davis, de 63 años, es exlíder de los South Side Compton Crips, una pandilla callejera del área de Los Ángeles.

Un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado con uso de arma mortal el 31 de agosto de 2026, tras 11 días de proceso que cerraron décadas de impunidad.

Cómo se llegó a la condena

En nueve días de testimonio —24 testigos de la fiscalía y tres de la defensa—, el jurado deliberó menos de tres horas antes de declarar a Davis culpable.

Ahora la jueza Carli Kierny es la encargada de fijar la pena, dado que Davis renunció a su derecho a que fuera el jurado quien la determinara.

Davis no disparó los tiros fatales, pero la ley de Nevada permite procesar a quien organice o facilite un crimen como autor del mismo.

Los fiscales sostuvieron que él orquestó el ataque y suministró el arma. La identidad del tirador nunca fue determinada de forma concluyente por la justicia.

Según informó Reuters, el acusado anunció en la sala del tribunal que tiene intención de apelar la condena.

Los hechos de aquella noche en Las Vegas

La madrugada del 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba en el asiento del copiloto de un BMW negro conducido por el fundador del sello Death Row Records, Marion “Suge” Knight.

El vehículo estaba detenido en un semáforo cerca del Strip de Las Vegas cuando un Cadillac blanco se les acercó y alguien a bordo abrió fuego. El rapero recibió varios impactos de bala y murió seis días después. Knight sobrevivió.

La pandilla de Davis mantenía una rivalidad abierta con la Mob Piru, agrupación asociada a Shakur y al mismo sello.

Según estableció la fiscalía, horas antes del tiroteo, Shakur y miembros de su entorno golpearon al sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, dentro del casino MGM Grand. Davis buscó venganza esa misma noche.

Sus propias declaraciones públicas —en entrevistas con la policía y con realizadores de documentales— fueron una de las pruebas centrales del juicio, tal como señaló Reuters.

La defensa argumentó que esas confesiones eran relatos fabricados para generar publicidad y dinero, pero el jurado rechazó esa versión.

Un caso que dejó más preguntas que respuestas

Anderson, a quien Davis señaló como el autor material de los disparos, murió años después. Los otros tres hombres que, según los investigadores, estaban en el Cadillac aquella noche también fallecieron.

El fiscal del Condado de Clark, Steve Wolfson, afirmó tras el veredicto que su oficina no contaba con pruebas suficientes para presentar cargos contra otras personas.

“Pero, como en cualquier otro caso, si obtenemos más información o nuevas pruebas, siempre podemos considerar presentar cargos adicionales”, sostuvo Wolfson, según recogió AP. “Por ahora, no creemos que sea la medida adecuada”.

Davis fue arrestado en 2023, casi tres décadas después del crimen, en la primera detención vinculada al caso.

La familia de Shakur está previsto que tome la palabra durante la audiencia de sentencia, entre ellos sus hermanos Maurice “Mopreme” Shakur y Sekyiwa “Set” Shakur.

El fiscal Binu Palal afirmó, según Reuters, que el caso tenía un alcance que iba más allá de la muerte de una estrella global de la música.

La pregunta sobre quién apretó el gatillo aquella noche, sin embargo, sigue sin tener respuesta oficial.

El proceso judicial por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López avanzó con la decisión de elevar a juicio oral y público la causa contra tres personas señaladas por el Ministerio Público como presuntos responsables intelectuales del crimen ocurrido en Tocoa, departamento de Colón.

Los imputados son el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, junto con Héctor Eduardo Méndez Perdomo y Juan Ángel Ramos Gallegos, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

La resolución fue comunicada por Ruy Gabriel Barahona, portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, quien informó que el juicio se desarrollará en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa. La apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad: la responsabilidad de los acusados deberá determinarse en el proceso.

El exalcalde de Tocoa permanece bajo arresto domiciliario, después de que las autoridades judiciales le sustituyeran la medida de prisión preventiva impuesta al inicio del proceso.

Fúnez fue capturado en mayo de 2026 junto con los otros dos imputados. Un juzgado dictó luego auto de formal procesamiento por los cargos relacionados con el asesinato de López y la asociación para delinquir. En julio se le concedió el cambio de medidas cautelares.

La modificación de la medida cautelar no pone fin al proceso penal ni equivale a una absolución. El exfuncionario deberá enfrentar la etapa de juicio oral conforme a las disposiciones judiciales vigentes. El Ministerio Público sostiene la acusación contra los tres imputados, mientras el tribunal examinará las pruebas que presenten las partes antes de emitir una resolución sobre su responsabilidad penal.

Señalamientos e investigación

En una causa relacionada con el mismo asesinato, tres hombres señalados como presuntos autores materiales también deberán enfrentar juicio oral y público: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. El juicio contra ellos está previsto para enero de 2027. Los tres son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Las investigaciones fiscales sostienen que Guardado Alvarenga habría realizado labores de vigilancia sobre la víctima y que se reunió con los otros dos acusados el día del crimen, en un encuentro relacionado con la motocicleta utilizada para ejecutar el ataque. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la investigación y deberán valorarse en el proceso judicial.

Barahona no descartó la posibilidad de que ambas causas puedan tramitarse conjuntamente. Sin embargo, explicó que esa decisión dependerá de la posición que adopte la Sala del Tribunal de Sentencia. Hasta que exista una resolución al respecto, ambos procesos siguen su curso por separado.

El asesinato de Juan López

Juan Antonio López era ambientalista, defensor de derechos humanos y regidor municipal de Tocoa. Fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, cuando salía de una actividad religiosa en una iglesia de ese municipio del departamento de Colón.

Su muerte provocó condenas y llamados de organizaciones nacionales e internacionales para que se investigara el crimen y se determinara la responsabilidad de quienes participaron en él.

Con la elevación a juicio de la causa contra Fúnez, Méndez Perdomo y Ramos Gallegos, la atención se centra ahora en la programación del juicio, la posible acumulación de las causas y el desarrollo de los procesos contra los seis imputados señalados en las investigaciones. Hasta que los tribunales emitan sentencia, los acusados mantienen la presunción de inocencia.

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, según confirmó NPR.

La decisión reabrió un debate que Estados Unidos creía cerrado desde hace casi un siglo: el del ajusticiamiento como espectáculo público.

La última vez que el país fue por ese camino, en el verano de 1936, lo que quedó no fue una lección de orden ni de justicia, sino una imagen que avergonzó a una ciudad durante generaciones.

Ese episodio ocurrió en Owensboro, Kentucky, y su protagonista fue Rainey Bethea. Su caso no es solo un dato histórico: es el único antecedente directo de lo que el Pentágono propone hoy, y la razón por la que Estados Unidos decidió, hace casi 90 años, que nunca más volvería a hacer algo así.

El crimen, el juicio y la condena

Bethea era un jornalero afroamericano de poco más de 20 años, huérfano, oriundo de Roanoke, Virginia.

En la madrugada del 7 de junio de 1936, ingresó a la vivienda de Lischia Edwards, una viuda de 70 años, en la ciudad de Owensboro. La violó, la estranguló y le robó varias joyas. Al irse, dejó olvidado su propio anillo de prisionero en la escena del crimen.

El jurado tardó cuatro minutos y medio en deliberar. Su defensa, tal como recogió NPR, no pronunció “ni una sola palabra” durante el juicio. Bethea fue condenado a morir en la horca. La fecha de ejecución la firmó el gobernador Albert B. “Happy” Chandler.

El caso llegó a la prensa nacional por una razón que poco tenía que ver con el crimen en sí: el sheriff del condado de Daviess era una mujer.

Florence Thompson había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, tras la muerte repentina de su marido por neumonía. Como sheriff, le correspondía por ley ejecutar la condena.

La prensa de todo el país llegó a Owensboro con la expectativa de ver a una mujer colgar a un hombre.

La mañana del 14 de agosto de 1936

Thompson finalmente declinó accionar la palanca. Un ex policía de Louisville llamado Arthur Hash se ofreció a hacerlo de forma gratuita, con la condición de que su nombre no se hiciera público.

Hash llegó al lugar en estado de ebriedad, vestido de blanco. Fue él quien envió a Bethea a la muerte.

La tarde previa, el condenado había comido su última cena: pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado, tal como detalló el medio.

A las 5:32 de la mañana del día siguiente, con la horca ya montada frente al río, cayó por la trampilla. Los médicos certificaron su muerte 13 minutos después.

Los titulares de los diarios de todo el país describieron la escena como un carnaval. Desde Chicago: “La muerte hace un feriado: 20.000 celebran un ahorcamiento”.

Desde Louisville: “‘¿Alguna vez viste un ahorcamiento?’ ‘Sí’, puede ahora jactarse cada uno en esta multitud de Kentucky”.

La revista Time escribió que “cada bar estaba lleno hasta las puertas” y que “forasteros bebidos recorrían la calle principal toda la noche”. Un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciar el evento.

La propia Thompson, tal como recogió Time, confesó antes de la ejecución: “Supongo que pasaré el resto de mi vida olvidando esto, o intentándolo”. Su hijo James recordó décadas después que ella vivió con esa decisión hasta su muerte, en 1961.

Las consecuencias y el debate que llega hasta hoy

Kentucky prohibió las ejecuciones públicas en 1938, aunque para entonces la mayoría de los estados ya había tomado esa misma decisión.

La diferencia es que Kentucky fue el último en hacerlo: en 1939 cerró formalmente ese capítulo a nivel estatal, siendo el rezagado del país.

Hubo un ahorcamiento semipúblico en Misuri en 1937, ante unos pocos cientos de personas, que pasó prácticamente inadvertido. Desde entonces, ninguna ejecución se realizó a la vista del público en Estados Unidos.

Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y especialista en pena de muerte, explicó ante NPR que el fin de las ejecuciones públicas obedeció a dos razones: ya no se las consideraba un elemento disuasivo del crimen, y las autoridades temían que los episodios fallidos o espectaculares generaran rechazo a la pena capital.

“Es como deshacerse de la guillotina: cuando desaparece, desaparece”, dijo. “No hubo ninguna discusión seria sobre volver a traerla”.

La autora Sonya Lea, cuyos abuelos presenciaron la ejecución de Bethea el 14 de agosto de 1936, describió el evento como un “linchamiento legal”. Sus abuelos eran adolescentes recién casados y estaban tan cerca de la horca que pudieron escuchar el cuello de Bethea quebrarse.

Lea supo de eso recién en 2002, cuando encontró el testimonio escrito de su abuela fallecida. Sus años de investigación sobre el tema, tal como declaró a la BBC, le enseñaron que muchos habitantes de Kentucky quedaron “atormentados” por aquella ejecución.

El anuncio del Pentágono reactivó el debate sobre ese antecedente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan será transmitida en vivo por internet el próximo 3 de diciembre.

El caso más cercano a una ejecución con audiencia ampliada fue el de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, en 2001.

Su inyección letal se transmitió en circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. Nunca fue pública ni accesible para cualquier espectador.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó ante NPR que no existe “ningún reglamento ni precedente histórico” para algo así en Estados Unidos.

“Las ejecuciones públicas han sido típicamente llevadas a cabo en países autoritarios para infundir miedo en la población”, sostuvo.

En marzo de 2026, un jurado de Utah declaró culpable a Kouri Richins de envenenar con fentanilo a su esposo, Eric Richins, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso, seguido con atención en todo el país, parecía cerrado. Ahora, la aparición de una carta anónima y las imputaciones penales contra dos jefes policiales volvieron a abrirlo.

Jared Rigby, actual sheriff del condado de Wasatch, enfrenta dos cargos: obstrucción de la Justicia en un procedimiento penal —delito grave de segundo grado— y declaración escrita falsa. David Edmunds, exsheriff del condado de Summit, fue acusado de obstrucción de la Justicia en una investigación criminal, un delito grave de tercer grado.

Las imputaciones fueron presentadas el 24 de septiembre y permanecieron bajo reserva casi dos semanas; el 7 de octubre se desclasificaron con amplias tachaduras. Ambos se declararon no culpables el 1 de octubre, según informó la filial de ABC News en Salt Lake City, KTVX.

El origen de los cargos

El hilo conductor de ambas acusaciones es una carta anónima enviada el 10 de enero de 2026. Los documentos judiciales desclasificados, citados por ABC News, señalan que Rigby habría presentado un ítem falso “con intención de obstaculizar” la causa.

La acusación contra Edmunds, a su vez, lo vincula con una declaración falsa destinada a “entorpecer la identificación del autor de esa carta”.

Los escritos judiciales obtenidos por ABC4 indican que la nota estaba relacionada con supuestas irregularidades atribuidas al detective Eric Mainord, quien figuraba en la lista de testigos del juicio pero nunca llegó a declarar. La fiscalía optó por proyectar videos de sus entrevistas con otro testigo, lo que impidió que la defensa lo interrogara en forma directa.

La defensa de Richins argumentó que el expediente judicial indica que Edmunds “completó un documento junto a Rigby en nombre de un tercero”, cuya identidad no fue revelada públicamente. Ese individuo no recibió cargos.

El trasfondo político de las acusaciones

Los documentos judiciales agregan una dimensión política al asunto. Mainord era candidato a sheriff del condado de Wasatch en el momento en que circularon las acusaciones en su contra.

Sus abogados sostuvieron ante los tribunales, según consta en escritos reproducidos por ABC4, que “varios individuos del condado de Summit consideran que las acusaciones contra Mainord son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio” ligada a esa contienda electoral. Mainord se retiró de la carrera más tarde.

Un testimonio recogido en una orden de allanamiento para acceder a los registros telefónicos de Rigby, y citado por el mismo medio, señala que “la impresión clara del testigo fue que Rigby insinuaba que, salvo que Mainord abandonara su candidatura, esa información se haría pública e impactaría directa o indirectamente en el juicio contra Kouri Richins”.

Rigby permanece en funciones hasta enero de 2027, a pesar de los cargos en su contra. Edmunds, en tanto, dejó la jefatura del condado de Summit en 2014.

La situación judicial de Richins

La suerte procesal de la propia Richins también se mantiene en suspenso. En junio presentó una apelación que solicitaba un nuevo juicio, con base en presuntas irregularidades durante el proceso.

En septiembre, su equipo pidió una suspensión de los plazos de la Corte de Apelaciones para analizar en profundidad las acusaciones contra los funcionarios policiales.

El tribunal la rechazó. Afirmó, según consta en la resolución transcripta por ABC4, que “la solicitud de la acusada de suspender los alegatos y la consideración de su moción de nuevo juicio queda denegada”.

El equipo de Richins había argumentado previamente que la fiscalía no divulgó a la contraparte información sobre las irregularidades vinculadas a Mainord, tal como exige la ley.

“Este material era de conocimiento público cuando el detective Mainord testificó en la audiencia de supresión de pruebas y cuando fue incorporado a la lista de testigos del Estado”, consta en las presentaciones de la defensa reproducidas por ABC4.

La decisión sobre si se habilitará un nuevo juicio aún está pendiente. El equipo legal sostiene que las imputaciones contra Rigby y Edmunds podrían ser tenidas en cuenta en ese análisis.

Mientras el expediente penal sigue abierto en múltiples frentes, un jurado civil condenó a Richins a pagar USD 55 millones al patrimonio de Eric por daños en una demanda civil por daños y perjuicios.

A casi dos años del crimen del gendarme Guillermo Alfredo López (55), cometido durante un intento de robo en El Palomar, los cinco acusados admitieron su participación en los hechos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Morón. No obstante, no recibirán la máxima pena al haberse atribuido el robo y los disparos, pero no la intención de matar a la víctima.

Previo a esto, los fiscales Patricio Pagani y Adrián Ferreyra, de la Fiscalía de Juicio N° 4 de Morón, planeaban solicitar la condena perpetua para la banda. Este pedido iba a ser realizado bajo la acusación de homicidio criminis causae, es decir, matar para ocultar otro delito.

Sin embargo, las declaraciones de los integrantes de “Los beibys” de zona oeste modificaron el curso del juicio. Ante los jueces Julia de la Llana, Marcos Lisa y Gabriel Sotelo, los cinco se declararon culpables del robo y de haber disparado, pero no de haber tenido la intención de asesinar al gendarme.

A raíz de esto, la calificación fue modificada a una figura menor: robo con homicidio resultante. De acuerdo con la información obtenida por Primer Plano Online, la banda también admitió los cargos por portación ilegal de arma de guerra y de encubrimiento agravado, por haber abandonado y prendido fuego al auto en el que circulaban al momento del hecho.

Tras la confesión, los fiscales acordaron con las partes avanzar directamente a los alegatos. Fue así que pidieron penas de entre 18 y 22 años de prisión, es decir, condenas por debajo de la prisión perpetua que contemplaba la acusación inicial.

“Como le tiraron todos un total de 13 disparos, no se pudo probar quién lo mató”, evaluaron al indicar que a la víctima le impactaron siete tiros. Asimismo, señalaron que dos de ellos se alojaron en el tórax.

De esta manera, la Fiscalía pidió 18 años de prisión para Brian Carrizo, Alejandro Carrizo, Sergio Nicolás Godoy y Leonel Julio Lezcano. En tanto, requirió 22 años de cárcel para Franco Giménez Ojeda, quien además fue juzgado por otro episodio ocurrido en Moreno días después del crimen de López. La sentencia se conocerá en los próximos días.

Los abogados de la viuda de López, constituida como particular damnificada, acompañaron los montos solicitados por la Fiscalía. Las defensas, en cambio, pidieron que se apliquen las penas mínimas previstas para cada delito y consideraron las confesiones como un atenuante.

El caso

La víctima era un integrante de la Gendarmería Nacional, que estaba próximo a retirarse, cuando fue asesinado el 7 de noviembre de 2024 en la esquina de Atahualpa y Villegas, en El Palomar, partido de Morón. Había descendido de un vehículo conducido por otro miembro de la fuerza cuando fue abordado por una banda que intentó apoderarse del auto.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Pablo Masferrer y Fernando Cappello. Los acusados fueron detenidos en los días posteriores al homicidio a partir de tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón.

Según reconstruyeron, los sospechosos escaparon en un Toyota Etios que había sido robado un día antes en La Matanza. El vehículo fue incendiado en Fuerte Apache, barrio del que eran oriundos los acusados.

En el momento del ataque, cuatro de los acusados descendieron del vehículo, todas armadas, y abordaron a López y al otro integrante de Gendarmería que conducía el auto. La situación derivó en un tiroteo que frustró el robo.

Aunque López alcanzó a alejarse unos metros, recibió un disparo en la axila y murió desangrado en esa esquina. Junto a su cuerpo, los investigadores hallaron su pistola Bersa calibre .380.

Poco después, los investigadores determinaron que los acusados formaban parte de una célula de “Los Beibys”, una organización dedicada al robo de vehículos en el oeste del conurbano. Fuentes policiales estiman que el grupo contaba con al menos 15 integrantes, que se alternaban para cometer los hechos.

El otro hecho que fue juzgado

Durante la audiencia, también se trató otro expediente, en el que Giménez Ojeda quedó vinculado por un enfrentamiento armado registrado el 20 de noviembre de 2024 frente al Shopping Nine, en Moreno. En ese hecho viajaba en una camioneta Volkswagen Tiguan junto con Rodrigo Nicolás Arce y Marcos Matías Gómez.

La Policía interceptó el vehículo y se produjo un tiroteo en el que uno de los sospechosos murió y un efectivo resultó herido de gravedad. Los restantes ocupantes fueron detenidos; uno de ellos tenía una lesión de bala en una pierna.

Al ser detenido, Giménez Ojeda había dado una identidad falsa, pero los investigadores lograron establecer quién era y comprobaron que tenía pedido de captura por el homicidio de López. Por ese motivo, el expediente fue remitido al Departamento Judicial de Morón.

Por esto, para Arce y Gómez, la Fiscalía pidió 14 años de prisión por tentativa de homicidio agravado contra personal policial, portación ilegal de arma de guerra, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad. Ambos también reconocieron su participación.

La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron enviar a juicio a una obstetra de 87 años acusada de haber intervenido en la inscripción de dos mujeres con filiaciones falsas. El foco de la investigación recayó en dos certificados médicos con datos presuntamente falsos para registrar nacimientos ocurridos en 1981 y 1982.

La principal acusada fue identificada como Olga Concepción Artale de Silva, quien fue procesada sin prisión preventiva por los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

De acuerdo con la acusación, su firma en “certificados de nacido vivo” habría permitido que dos recién nacidas fueran anotadas en el Registro Civil como hijas biológicas de familias que las criaron, pese a que no existía ese vínculo.

La investigación comenzó con las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes en 2022 y 2023 acudieron a la Justicia Federal tras conocer que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus padres en sus respectivas partidas de nacimiento.

Aunque los expedientes se tramitaron inicialmente por separado, terminaron por ser acumulados por la coincidencia de la médica investigada. Desde ese momento, la investigación quedó a cargo de la fiscal federal Soledad García y del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Según reconstruyó el sitio Fiscales, el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, ordenó tomar muestras biológicas de las denunciantes y de las personas registradas como sus progenitores para verificar los planteos. Así, el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervinieron en ese procedimiento.

Fue así que los análisis realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) determinaron que no había vínculo biológico entre las dos mujeres y sus respectivos padres de crianza. Por este motivo, la causa continuó su curso.

Alzugaray fue criada en Maciel por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Según su denuncia, desde pequeña sabía que no era hija biológica de la pareja, aunque su partida consignaba lo contrario. El documento indicaba que había nacido el 11 de junio de 1981 y llevaba la certificación de Artale de Silva.

La mujer relató que su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se produjo a través de una hermana de la obstetra, conocida de Ceresole. También señaló que fue entregada a la familia en una vivienda de la calle Richieri al 2000, en Rosario.

Durante su búsqueda de origen, que se extendió por cerca de 30 años, Alzugaray tomó contacto con Lobos. Esta última había advertido en su adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos, quienes figuraban como sus padres en la documentación oficial.

En la partida de Lobos se asentó que nació el 5 de agosto de 1982 y se consignó una filiación que luego fue descartada por los estudios genéticos. Según la hipótesis fiscal, la obstetra habría entregado certificados de nacido vivo firmados que fueron utilizados para inscribir a ambas niñas en el Registro Civil.

A partir de esto, Artale de Silva fue convocada a indagatoria en mayo de 2025 por el caso de Lobos, pero se negó a declarar. Alegó entonces padecer olvidos involuntarios y un déficit de memoria que vinculó con un accidente laboral antiguo y un traumatismo reciente.

Una primera evaluación del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario concluyó que la profesional tenía un deterioro cognitivo que le impedía comprender el trámite judicial. Sin embargo, la querella cuestionó el informe porque no definía si el cuadro era transitorio o permanente.

En ese momento, el juzgado suspendió el proceso en diciembre de 2025 y ordenó una nueva evaluación. Para marzo de 2026, un segundo examen concluyó que la imputada presentaba un “deterioro cognitivo leve”, pero que conservaba las condiciones para comprender las implicancias de la causa penal.

El 2 de julio de 2026, el juez Vera Barros le recibió declaración indagatoria por el caso de Alzugaray. Un mes después, el 3 de agosto, dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

En esa resolución, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida a la médica “excede una mera irregularidad administrativa”, ya que habría dado apariencia legal a filiaciones falsas a través de documentos públicos con efectos jurídicos permanentes.

A pesar de que consideró que su intervención habría sido determinante para que las inscripciones fueran asentadas y se afectara la identidad de las dos mujeres, el juez mantuvo la libertad ambulatoria de Artale de Silva al considerar que no se modificaron los riesgos procesales que pudieran justificar una prisión preventiva.

La Fiscalía busca identificar a las posibles madres biológicas de las denunciantes

Mientras la causa se encamina al juicio, la Unidad Fiscal Rosario solicitó la colaboración de la ciudadanía y de los medios para reunir información que permita identificar o localizar a las posibles madres biológicas de Lobos y Alzugaray.

La convocatoria está dirigida, en particular, a mujeres que hayan dado a luz en fechas cercanas a las consignadas en las partidas de nacimiento de las denunciantes y que puedan aportar datos relevantes para la investigación.

Ambas causas tramitan en el Área de Casos Complejos, dentro de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas. Quienes cuenten con información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar, donde recibirán orientación del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

Rubén Darío Lescano fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio de Franco José Demarchi, ocurrido durante un intento de robo en la ciudad de Santa Fe en julio de 2023. El tribunal también lo declaró reincidente por una condena anterior dictada en 2019.

La pena se resolvió este jueves al mediodía mediante un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial. Lescano, de 29 años, admitió su responsabilidad en tres hechos: el crimen de Demarchi, otro ataque armado contra dos compradores de un teléfono celular y una tentativa de homicidio ocurrida en 2022.

La causa reconstruyó una modalidad basada en publicaciones de venta en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las víctimas eran citadas con el pretexto de adquirir vehículos o dispositivos electrónicos y luego eran atacadas en los puntos de encuentro acordados.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el juicio abreviado estuvo presidido por el juez Sergio Carraro, junto con la jueza Celeste Minniti y el juez Pablo Ruiz Staiger. El fiscal Estanislao Giavedoni representó al MPA durante la audiencia, mientras que la investigación había estado a cargo del fiscal Carlos Lacuadra.

El acusado y sus abogados defensores aceptaron la calificación legal de los delitos, el monto de la pena, su forma de cumplimiento y la vía abreviada elegida para cerrar el proceso.

La sentencia comprendió los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El homicidio de Demarchi ocurrió pocos minutos después de las 8:30 del viernes 21 de julio de 2023, en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen al 4.200, en Santa Fe. La víctima residía en Sancti Spiritu, localidad del departamento General López, y había llegado a la capital provincial acompañado por un amigo.

Ambos buscaban concretar la compra de una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, modelo 2013, publicada por $1.200.000 en un perfil de redes sociales identificado como “Aylu Lxcolon Lxcolon”. La operación había sido coordinada previamente mediante mensajes.

Giavedoni indicó que Demarchi y su acompañante se trasladaron en camioneta hacia el sitio convenido. Allí, según sostuvo el fiscal, Lescano y otras dos personas se presentaron armadas y les ordenaron que descendieran del vehículo para quitarles sus pertenencias.

Ante esa situación, Demarchi encendió la camioneta e intentó retirarse. Durante la fuga, uno de los atacantes efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles alcanzó la cabeza de la víctima y le provocó la muerte en el lugar, de acuerdo con la acusación aceptada por Lescano.

La pesquisa determinó que el número telefónico utilizado para coordinar el supuesto encuentro de compraventa figuraba a nombre de la madre de un hombre identificado con las iniciales W.A.C. De acuerdo con el MPA, ese teléfono era usado por él mientras permanecía detenido en la comisaría Sexta de la ciudad.

El fiscal señaló que W.A.C. está imputado como partícipe principal del hecho. La reconstrucción de las comunicaciones estableció que Demarchi envió un mensaje por WhatsApp a las 8:23 para avisar que había llegado al lugar pactado.

Un minuto después de ese mensaje, el acusado se comunicó con Lescano para que él y sus acompañantes fueran a cometer el robo —afirmó Giavedoni durante la audiencia—. Ese intercambio fue uno de los elementos considerados en el avance de la causa.

Otros hechos

La condena también incluyó un episodio del 8 de junio de 2023. En ese caso, dos hombres interesados en comprar un teléfono celular respondieron a una publicación realizada desde el mismo perfil de redes sociales y acordaron reunirse cerca de La Rioja al 4.200.

Según la acusación, desde la comisaría Novena —donde se encontraba alojado entonces— el otro imputado transmitió a Lescano el horario y el lugar de la cita. Cuando los compradores llegaron a la zona, Lescano les disparó con un arma de fuego.

Las víctimas lograron escapar en el automóvil en el que se movilizaban y no llegaron a ser despojadas de sus bienes. Por este hecho, Lescano fue condenado por tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El tercer caso atribuido a Lescano tuvo lugar el 6 de agosto de 2022, en la zona de Lisandro de la Torre y Estrada. La víctima caminaba junto a una mujer cuando fue atacada con un arma de fuego.

El hombre sufrió heridas graves en diferentes partes del cuerpo, pero sobrevivió tras recibir atención médica. Por ese episodio, el condenado reconoció ser autor de una tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En la misma audiencia estaba previsto que W.A.C. recibiera una condena a través de otro juicio abreviado. Sin embargo, Giavedoni informó que, aunque había firmado el acuerdo, el imputado manifestó ante el tribunal que no aceptaba los términos convenidos.

Ante esa decisión, el MPA solicitó que se reanude de forma inmediata la audiencia preliminar que había quedado suspendida por el acuerdo abreviado. El acusado continuará bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las instancias judiciales necesarias para llevar el caso a juicio oral.

En el cierre del juicio por el crimen de Verónica Dessio, la abogada que fue asesinada brutalmente en su casa de La Plata, la Fiscalía y las querellas solicitaron que se imponga una prisión perpetua para los dos acusados. Mientras que Ivana Mapis está señalada como la instigadora que habría pagado por el asesinato, Antonio Alves se encuentra imptado por ser quien ejecutó el homcidio.

Durante su intervención, los abogados de Natalia Dessio —hermana de la víctima—, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, también pidieron que, si el tribunal dicta una condena contra Mapis, se le revoque la prisión domiciliaria con la que había sido beneficiada a principios de agosto.

Actualmente, la mujer acusada de haber pagado para que la ex pareja de su entonces novia, Carolina Pérez, sea asesinada, se encuentra detenida en un domicilio de la localidad bonaerense de Moreno. No obstante, no cuenta con una tobillera electrónica, que permita constatar que cumple con el régimen de detención.

Según pudo confirmar Infobae, tras exponerse las pruebas y argumentos de las partes, ambos acusados se rehusaron a hacer uso de su derecho a la última palabra. En este sentido, indicaron que estaban conformes con los alegatos esbozados por sus representantes, Verónica Garganta (Alves) y Gastón Nicocia (Mapis).

Al mismo tiempo que las defensas pidieron a los jueces que sean absueltos de la causa que llegó a juicio caratulada como un homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio, plantearon diferentes cuestionamientos sobre la prueba incorporada al expediente.

En el caso de Mapis, Nicocia sumó en su alegato una solicitud extra. En este sentido, indicó que, si el tribunal resuelve condenarla, de manera subsidiaria, le permitieran mantener el beneficio de la prisión domiciliaria el tiempo que le correspondiera purgar la pena.

No obstante, el defensor sostuvo que los elementos recopilados en su contra no eran contundentes para demostrar su rol como presunta instigadora. A lo largo del juicio, se hizo mención a la existencia de 21 llamadas y 53 mensajes que mantuvo con Alves en fechas cercanas al homicidio.

Los contactos habrían comenzado a través de un chip prepago que, según la acusación, la imputada registró a nombre de la propia víctima. De hecho, los peritajes indicaron que ese número, atribuido a Dessio, figuraba almacenado en otros teléfonos con los nombres de “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.

También se incorporó un informe que estableció que ambos dispositivos se conectaron a las mismas antenas, en las mismas zonas y en idénticos horarios. Para los abogados de la familia Dessio, ese dato reforzó la hipótesis acusatoria.

“Mapis agendó ese número antes de que esté habilitado”, remarcó Irisarri al indicar que no habría otra forma de explicar cómo habría podido tener acceso a esa línea antes de que esté activada si no hubiera sido ella la persona que la adquirió.

Por otra parte, en el análisis de uno de los teléfonos que fueron secuestrados del domicilio de Mapis, se detectaron más de 500 búsquedas relacionadas con venenos, sustancias tóxicas y el caso de Yiya Murano. Sin embargo, la perito que declaró durante el debate no atribuyó un propósito determinado a esas consultas.

Respecto a la situación de Alves, Garganta cuestionó el origen de los registros fílmicos que captaron al acusado en las inmediaciones de la propiedad de la víctima durante la ventana horaria en la que ocurrió el crimen. Si bien no negó que se tratara de él, criticó que estos videos no hubieran sido guardados según lo indicaría el procedimiento legal.

Con los alegatos concluidos, el tribunal deberá resolver si considera acreditada la responsabilidad de los imputados y definir la pena. Sin embargo, los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo pidieron una extensión del plazo de deliberación. Por este motivo, el veredicto se conocerá el próximo 11 de diciembre.

Pese a que la hermana de la víctima aceptó la propuesta del tribunal y comprendió los pormenores detrás del pedido, manifestó: “Para nosotros es terrible tener que seguir esperando después de casi seis años”.

En línea con esto, apuntó: “No hay otra posibilidad para nosotros que no sea una condena perpetua y efectiva en el lugar de detención, no en un domicilio”. Previo a esto, la familia Dessio ya había expresado su descontento ante el beneficio otorgado, tras plantear que podría haber un riesgo de fuga, si se considera que Mapispodría enfrentar una perpetua.

El crimen de Verónica Dessio

Verónica Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020, un día después de celebrar su cumpleaños con familiares y amigos. Su cuerpo fue hallado en su casa de la calle 5, en La Plata. Según relató su hermana a este medio, en principio, la familia había creído que el ataque había ocurrido en el marco de un robo, ya que había sufrido dos asaltos previos.

No obstante, el mismo día del crimen, la fiscal que estuvo a cargo de la investigación les confirmó que no había indicios de que se hubiera tratado de un asalto. “La fiscal nos aparta y dice que se trataba de un crimen pasional”, recordó Natalia al apuntar que Verónica ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse.

La abogada se casó en 2010 con Carolina Pérez. La pareja integró una de las primeras del país en acceder al matrimonio igualitario. Aunque habían tomado la decisión de separarse, aún mantenían una relación cordial por el hijo que tenían en común.

La ruptura había sido definitiva para Dessio, según indicó su familiar, al punto de que tanto ella como Pérez habían entablado nuevos vínculos. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, Mapis mantenía celos por la conexión que Pérez, por entonces su pareja, mantenía con la víctima. Por esto, se cree que habría decidido contratar un sicario para deshacerse de ella.

Para llevar adelante el plan, habría contactado a Antonio Alves. Incluso, durante el juicio, se incorporaron los testimonios de dos personas que mencionaron que Mapis estuvo buscando a alguien para llevar a cabo “el trabajo”.

Fue así que, casi seis años después del crimen, ambos llegaron a juicio imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio. “Hay que seguir confiando y esperando”, sostuvo Natalia sobre el tiempo que aún resta para que se conozca el veredicto. Asimismo, anticipó que la familia está dispuesta a apelar para conseguir la máxima pena y que la prisión domiciliaria sea revocada.

Aníbal Lotocki volvió a declarar este miércoles en el juicio por la muerte de un paciente y las lesiones denunciadas por cinco mujeres, que lo acusaron de mala praxis. Frente a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, defendió el uso del metacrilato y cuestionó las pericias del Cuerpo Médico Forense. El médico sostuvo que el producto tenía respaldo científico y recordó su popularidad en un congreso en España en 2009: “Era la vedette del momento”.

Durante la ampliación de su indagatoria, Lotocki negó haber aplicado relleno intramuscular a una de las cinco denunciantes que declaró este miércoles ante el tribunal y rechazó que algunas de las secuelas descriptas en las pericias fueran permanentes. “Son permanentes mientras no se hagan tratamientos”, afirmó al referirse a las manchas y pequeñas dilataciones vasculares.

El debate comenzó el 12 de agosto. Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, ocurrida en abril de 2021 después de una cirugía estética, y de lesiones gravísimas reiteradas por los casos de cinco mujeres intervenidas entre 2009 y 2021.

Antes de responder por el caso de la denunciante, el acusado dedicó buena parte de su exposición a explicar la historia de los materiales de relleno, sus distintas concentraciones y las técnicas que utilizaba. Describió al metacrilato como un producto que, en su momento, se consideraba “ideal” y aseguró que sus aplicaciones estaban respaldadas por indicaciones de los fabricantes, bibliografía y documentación incorporada al expediente.

“No hay evidencia científica que pueda decir que el metacrilato provoca ni insuficiencia renal ni ninguna otra enfermedad”, afirmó. También sostuvo que el material no migra y cuestionó los estudios citados para vincularlo con determinadas enfermedades.

La relación entre el producto y la muerte de Silvina Luna es precisamente uno de los ejes de otra investigación judicial. En septiembre pasado, una junta médica confirmó que el producto que Lotocki le inyectó a Silvina Luna dañó sus riñones. Al referirse a la modelo, durante su declaración, el acusado puso el foco en las denuncias que recibió después de su deceso. Aseguró que fueron como “veintipico” y las vinculó con una “campaña mediática”. Entre ellas ubicó la presentación de la paciente que declaró este miércoles.

Sus críticas a las pericias se concentraron en varios puntos. Objetó que se identificaran nódulos como granulomas sin biopsias y sostuvo que algunos informes presentaban como complicaciones cambios que él consideraba propios del efecto del relleno. Según su planteo, las manchas y las pequeñas dilataciones vasculares podían tratarse, mientras que los granulomas podían extraerse mediante intervenciones puntuales.

Tras un cuarto intermedio, Lotocki se refirió al tratamiento de la denunciante. Reconoció haberla atendido en 2009, pero aseguró que le realizó una aplicación superficial de metacril al 10% para la celulitis, y no un aumento de glúteos.

Para sostener esa diferencia, señaló que la descripción de la propia paciente —una atención en consultorio, sin estudios prequirúrgicos ni anestesia— coincidía con el procedimiento que él decía haber realizado. En cambio, explicó que los aumentos de volumen que practicaba requerían una lipoaspiración previa y se hacían en un quirófano.

“Si el paciente tiene un producto intramuscular, no se lo coloqué yo”, sostuvo.

Ese punto motivó una de las preguntas centrales de la fiscalía. La acusación le recordó que la mujer había declarado que, después de atenderse con él, no recibió intervenciones de otro profesional. También mencionó que el informe del Cuerpo Médico Forense había detectado imágenes nodulares tanto en el tejido subcutáneo como en ambos músculos glúteos mayores.

Consultado sobre cómo explicaba ese hallazgo si la aplicación había sido superficial, Lotocki insistió: “No lo hice yo. O sea, no lo coloqué yo. En esa zona no lo coloqué yo”. Añadió que no le constaba si la denunciante se había operado con otra persona antes o después de atenderse con él.

La fiscalía también lo interrogó sobre la posibilidad de que aparecieran granulomas como consecuencia del tratamiento. El médico reconoció ese riesgo, aunque lo presentó como un efecto colateral que también podía producirse con otros materiales de relleno o prótesis.

—Pero ese porcentaje existe, esa posibilidad existe —le señaló la fiscalía.

—Esa posibilidad existe, sí, claro —respondió.

A continuación, le preguntaron si había advertido a la paciente sobre ese riesgo. Lotocki aseguró que informaba a todos y sostuvo que la mujer debía haber firmado un consentimiento: “Ella dice no recordar haber firmado alguno, pero seguramente lo habrá firmado”.

Cuando le consultaron si tenía una copia, respondió que la historia clínica había sido secuestrada años atrás. Durante el intercambio, el tribunal señaló que, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, esa documentación se habría perdido en el juzgado que había dispuesto la medida.

Otro de los ejes del interrogatorio fue la cantidad de producto aplicado. La fiscalía citó un correo incorporado a la causa en el que se mencionaban entre 60 y 70 centímetros cúbicos entre ambos glúteos. Lotocki sostuvo que ese volumen era compatible con el tratamiento superficial que describía y que dependía de cuántas depresiones de la piel debían rellenarse.

Más adelante, le preguntaron por la presentación del material. Lotocki indicó que había utilizado jeringas de un centímetro cúbico y medio. Durante el intercambio, le señalaron que, para llegar a 60 centímetros cúbicos, debían haberse empleado unas 40 jeringas.

“Aproximadamente”, contestó.

La ampliación de indagatoria se sumó a las audiencias en las que se había analizado la atención de Zárate en el Centro Médico Conde (CEMECO). Allí, ocho peritos cuestionaron los controles y la respuesta frente al deterioro del paciente. Posteriormente, cuatro inspectores que participaron de la clausura de la clínica señalaron que el establecimiento no estaba habilitado para internaciones y que Lotocki no figuraba en el registro de especialistas necesario para realizar esas cirugías en CABA.

Al finalizar la declaración, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10.

Este miércoles, se conocerán los alegatos en el juicio por el crimen de Verónica Dessio, la abogada que fue asesinada en diciembre de 2020. La audiencia comenzará a las 10 horas en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, donde está previsto que la Fiscalía, las querelllas y las defensas formulen sus pedidos.

El caso llegó a esta instancia con dos acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio. Una de las imputadas es Ivana Mapis, ex pareja de Carolina Pérez (ex esposa y madre del hijo de la víctima), quien fue señalada por presuntamente haber instigado el asesinato por celos de la relación cordial que existía entre Dessio y Pérez.

A lo largo del proceso, dos testigos identificaron a Mapis como la persona que ofreció una suma de dinero a cambio de matar a alguien. Fue así que habría contactado al segundo acusado, Antonio Alves, el hombre señalado como presunto autor material.

Según anticiparon los abogados de la familia Dessio, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, a Infobae, durante la lectura de su alegato pedirán que ambos imputados sean condenados a prisión perpetua. “Creemos que está probado”, destacaron sobre la contundencia que revestiría a las pruebas reunidas contra Mapis y Alves.

“Alves está acreditado. Hay pruebas fílmicas a la hora y lugar del hecho”, remarcaron sobre la existencia de un video, en donde se captó al acusado mientras usaba guantes en pleno verano. Asimismo, describieron que ese mismo registro habría logrado mostrar que “ingresó a la casa -de Dessio- de refilón”.

En el caso de Mapis, la querella consideró que la existencia de la segunda línea telefónica que la acusada habría adquirido para presuntamente contactarse con Alves era contundente para demostrar el rol intelectual que habría tenido en el hecho.

Estos datos fueron incorporados al juicio durante la última audiencia, en donde se expuso que existieron 21 llamadas y 53 mensajes entre Mapis y Alves en fechas cercanas al homicidio. Los contactos se habrían hecho a partir de este chip prepago que la imputada había registrado bajo el nombre de la propia víctima.

De hecho, los abogados de la familia Dessio remarcaron que “Mapis agendó ese número antes de que esté habilitado”. Por este motivo, apuntaron que no había forma de que hubiera podido acceder a ese número, si no hubiera sido ella la persona que compró la línea.

Los peritajes revelaron que la línea atribuida a la víctima también aparecía guardada en otros dispositivos bajo los nombres de “Ros”, “Rosana” o “Roxana”. Además, se incorporó un informe, en donde se constató que los dos dispositivos impactaron en las mismas antenas en las mismas zonas y al mismo tiempo.

Por otro lado, el análisis de uno de los aparatos atribuidos a Mapis reveló más de 500 búsquedas vinculadas con venenos, entre ellas consultas sobre sustancias tóxicas y el caso de Yiya Murano. No obstante, la perito que declaró en el debate no asignó una finalidad específica a esas búsquedas.

A pesar de esto, la hermana de la víctima, Natalia Dessio, manifestó que la familia se maneja con cautela respecto a la sentencia que resolvieran los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Sobre todo, tras el cimbronazo que sufrieron al conocer que la acusada había sido beneficiada con la prisión domiciliaria y sin portar tobillera electrónica.

Aunque reconoció que “por momentos te dan ganas de tirar todo”, aseguró que conservaban la esperanza de obtener la máxima condena para los acusados. Además, agradeció el apoyo que familiares, amigos y allegados de Verónica les brindaron para poder continuar con esta batalla legal que, al día de la fecha, ya lleva cinco años y diez meses.

También darán a conocer sus alegatos los fiscales Martín Chiorazzi y Cristian Granados; los abogados de Carolina Pérez (aceptada como particular damnificada en el caso), Matías Pietra Sanz y Axel Hurtado; y las defensas de los acusados, Verónica Garganta, representante de Alves, y Gastón Nicocia, defensor de Mapis.

Previo a esto, Nicocia apuntó contra Pérez al buscar instalar la narrativa de que la ex pareja de su cliente la habría manipulado por medio de los testigos que presentó. “Ella accedía a todos los pedidos de Carolina porque la manipulaba”, afirmó Cecilia Sambrosito, actual pareja de la acusada, quien contó que inició su relación con ella en septiembre de 2020, un mes después de la ruptura entre Mapis y Pérez.

A pesar de esto, la hipótesis de la Fiscalía relacionó el crimen con los celos que la imputada habría desarrollado por el vínculo cordial que mantenían Dessio y Pérez. De hecho, la víctima y su ex esposa habían mantenido una relación durante 17 años y continuaban vinculadas por el hijo que tenían en común.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, después de la separación Pérez inició una relación con Mapis. De igual forma, Dessio también había comenzado con una nueva pareja, pero mantenía el contacto diario con su ex esposa por cuestiones parentales.

“Está persona nunca entendió la relación que tenían”, señaló Natalia sobre el vínculo familiar que su hermana mantenía con Pérez. Al mismo tiempo que indicó que habían existido episodios de celos y control por parte de Mapis, lamentó la situación desencadenara en el crimen de Verónica.

El hecho derivó en un fallo histórico: el tribunal de apelaciones anuló la sentencia y ordenó realizar una nueva audiencia de imposición de pena por considerar que el material comprometió la imparcialidad del proceso.

El caso involucra a Gabriel Paul Horcasitas, de 55 años, condenado por el homicidio involuntario de Christopher Pelkey, de 37, ocurrido el 13 de noviembre de 2021 en Chandler, un suburbio de Phoenix.

Aquel día de noviembre de 2021 ambos habían tenido un altercado mientras conducían. Sus vehículos se detuvieron ante un semáforo en rojo. Pelkey bajó de su camioneta y se acercó al auto de Horcasitas, que estaba detenido detrás de él. Pelkey estaba desarmado. Horcasitas respondió con varios disparos. Uno impactó en el pecho de Pelkey, quien fue trasladado a un hospital, donde murió.

Horcasitas fue declarado culpable también de poner en riesgo a terceros, ya que uno de los proyectiles impactó en otro vehículo en la intersección.

La pena impuesta superó los nueve años que pedía la fiscalía. El miércoles 30 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones de Arizona la anuló. Esto no significa que Horcasitas haya sido declarado inocente. Él continúa condenado por el homicidio involuntario de Pelkey. Lo que el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto fue la sentencia.

La tecnología al servicio de una declaración sin precedentes

La hermana mayor de Pelkey, Stacey Wales, fue quien impulsó el uso de la tecnología. Llevaba dos años preparando su propia declaración de impacto y sentía que le faltaba algo esencial. “Seguía escuchando lo que Chris diría”, afirmó Wales al New York Times el año pasado.

Con la ayuda de su marido y un socio comercial, Wales tomó grabaciones de voz de un video de YouTube en el que su hermano hablaba tras completar un tratamiento para el trastorno de estrés postraumático en un centro para veteranos.

Para reconstruir su imagen, usaron un póster del funeral de Pelkey: le recortaron digitalmente la barba, le quitaron los anteojos y borraron un logo de su gorra. Wales escribió el guion que reprodujo la versión digital de su hermano.

“Para Gabriel Horcasitas, el hombre que me disparó, es una lástima que nos hayamos encontrado ese día en esas circunstancias. En otra vida, probablemente podríamos haber sido amigos”, dijo la figura generada por IA durante la audiencia de sentencia celebrada en mayo de 2025.

“Creo en el perdón y en un Dios que perdona. Siempre lo creí y lo sigo creyendo”, continuó el video.

El juez de primera instancia, Todd Lang, del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, elogió la pieza. “Amé esa IA”, declaró desde el estrado.

Señaló que la víctima había podido “hablar desde el corazón” y que su “evidente perdón” hacia Horcasitas reflejaba el carácter que había escuchado describir durante la audiencia. A continuación, impuso la pena máxima: 10,5 años de prisión.

Un fallo que pone límites a lo que puede entrar a un tribunal

El Tribunal de Apelaciones consideró que el juez Lang cometió un “error fundamental” al apoyarse en una supuesta evidencia generada por IA.

El fallo, recogido por CBS News, establece que el video “borra la distancia interpretiva entre la creencia de la familia sobre lo que la víctima habría dicho y la propia voz y opiniones de la víctima”.

El panel concluyó que esa dependencia privó al acusado de ser sentenciado con información confiable.

La abogada defensora, Kristen Reller, sostuvo que el material no revelaba quién había escrito el guion. Añadió que el video no estaba respaldado por pruebas que acreditaran que su contenido reflejaba con exactitud las opiniones del fallecido.

También argumentó que la pieza tenía un “peso emocional indebido” y transmitía una autenticidad que no habría existido si un familiar hubiera leído las mismas palabras en voz alta.

El Tribunal de Apelaciones destacó además que Horcasitas no tuvo una oportunidad real de refutar el contenido del video.

El fallo reconoció que el uso de este tipo de material plantea una cuestión legal sin precedentes: ningún caso previo en Arizona había abordado la admisibilidad de una representación generada por IA durante una audiencia de sentencia.

La familia de la víctima no comparte la visión del tribunal

La hermana de la víctima expresó su disconformidad con el fallo. “Se siente injusto porque hay un asesino convicto en prisión con capas y capas de protección alrededor de sus derechos. ¿Dónde están los derechos de la víctima?”, planteó Wales en declaraciones recogidas por CBS News.

Agregó que en ningún momento intentó engañar al tribunal ni hacer creer que su hermano estaba vivo o había grabado el video antes de morir.

Wales también cuestionó el razonamiento del tribunal. “El tribunal de apelaciones trazó una línea arbitraria entre formatos de medios. Las familias reproducen rutinariamente presentaciones de fotos, exhiben collages, relatan conversaciones hipotéticas o leen poesía para transmitir su dolor”, escribió en un correo electrónico a The New York Times.

Comparó la incorporación de la IA con la primera vez que se usaron fotografías como prueba judicial, en la década de 1860, cuando pasaron 15 años antes de que esa tecnología fuera ampliamente aceptada en los tribunales.

Pese al resultado, Wales aseguró que no desistirá. “Continuaremos haciendo que su voz se escuche a través de cualquier medio permitido dentro del sistema judicial”, afirmó.

El debate que este caso deja abierto en el sistema judicial

Gary Marchant, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Arizona, dijo entender las razones que llevaron a la familia a usar la tecnología.

Sin embargo, advirtió que el precedente podría alentar a otros a intentar introducir material similar en los tribunales. “Existe una preocupación real entre el poder judicial y los abogados de que se use cada vez más evidencia falsa generada digitalmente”, afirmó Marchant en declaraciones a CBS News.

“Es fácil crearla, cualquiera puede hacerlo con un teléfono, y podría ser increíblemente influyente, porque los jueces y los jurados, como todos nosotros, estamos acostumbrados a creer lo que vemos”, añadió.

Marchant también citó un caso en Nueva York, donde un hombre sin representación legal intentó argumentar su causa mediante un avatar generado por IA durante una videollamada.

Los jueces tardaron segundos en advertir que la persona que los interpelaba desde la pantalla no existía.

El expediente del caso Horcasitas regresa ahora al Tribunal Superior del Condado de Maricopa para una nueva audiencia de sentencia, esta vez sin el video de IA. No hay fecha fijada aún.

Vale recordar que este fue el segundo juicio de Horcasitas. En 2023 fue condenado por primera vez, pero se le concedió un nuevo proceso por una falla en la divulgación de pruebas por parte de la fiscalía. En 2025, volvió a ser hallado culpable.

El Ministerio Público del condado reconoció que sus fiscales sabían que la familia de la víctima tomaría la palabra durante la sentencia, pero indicó que desconocían la naturaleza de la intervención.

El hombre que las mató era el esposo de Machado: Alberto Sierra. Casi 14 años después, un jurado de Miami-Dade escucha los detalles del crimen para decidir si Sierra muere en el corredor de la muerte o pasa el resto de su vida en prisión.

Este lunes, el tribunal reprodujo la grabación en que Sierra le confesó el triple homicidio al detective Juan Chaidez, del Departamento del Sheriff de Miami-Dade. La declaración, registrada el 19 de noviembre de 2012, duró 40 minutos.

Varios miembros del jurado cerraron los ojos y sacudieron la cabeza mientras la escuchaban. Sierra, sentado en la sala, miraba hacia la mesa.

Sierra ya se declaró culpable en agosto de 2026 de tres cargos de asesinato en primer grado, tres de secuestro, dos de ultraje a cadáver y uno de allanamiento con arma.

La jueza de circuito Marisa Tinkler Mendez preside el proceso, que no debate su culpabilidad sino su condena.

Los hechos del 10 de noviembre de 2012

Lo que empezó como una salida de compras en el Mall of the Americas para adquirir un regalo a Daniela Padrino, que estaba a días de cumplir cuatro años, terminó con tres muertes.

Sierra estaba separado de Machado, pero ese día salió con ella y con las niñas al centro comercial. Después fueron a comer helado.

Durante el regreso en el automóvil, Machado rechazó dos llamadas de un nuevo interés amoroso. Sierra se enfureció. Afirmó ante los detectives que Machado lo estaba “engañando”, pese a que ambos ya no eran pareja.

Los fiscales señalaron que Sierra sacó un cuchillo dentro del vehículo. Las niñas intentaron defender a su madre. Sierra las golpeó con el codo para controlarlas en el asiento trasero. Julia y Daniela, de acuerdo con el propio Sierra, repetían: “Papi, no, papi, no”.

Al llegar a la vivienda de Flagami que alguna vez compartieron como familia, Sierra le ató las manos a Machado con una cuerda de nailon y le exigió el código de su teléfono. Cuando ella se negó, la amenazó con el cuchillo. Finalmente, Machado cedió.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda

Con Machado sobre una cama, Sierra le apoyó una pierna en el pecho para inmovilizarla y le colocó sobre el rostro una bolsa plástica amarilla del supermercado Sedano’s. Ella forcejeó. Sierra giró la cabeza para no ver la escena.

Según la declaración reproducida por el Miami Herald, Sierra dijo que estaba “devastado” y que lloraba, pero una hora después del ataque decidió quitarle la ropa a Machado, le cortó la camisa y el sostén con unas tijeras y la agredió sexualmente.

Poco después, Julia tocó la puerta para pedir ir al baño. Al ver a su madre, comenzó a gritar. Sierra la colocó boca abajo sobre el colchón y utilizó la misma bolsa plástica para asfixiarla.

Usó el peso de su cuerpo para sujetarla y sus rodillas para inmovilizarle los brazos. Luego agredió sexualmente el cuerpo de la niña.

Después fue al cuarto donde dormía Daniela. Se acercó por detrás y cubrió la cabeza de la pequeña con la bolsa.

“Danielita”, la llamó Sierra en la grabación, forcejeó, pero mucho menos que su madre y su hermana. Sierra la tomó por las axilas y la llevó al armario.

Los tres cuerpos fueron encontrados el 13 de noviembre de 2012, tres días después de los asesinatos.

Cómo los investigadores llegaron a Sierra

Chaidez explicó al jurado cómo reconstruyó el caso. El detective interrogó a Sierra por primera vez el 14 de noviembre de 2012, le tomó muestras de ADN y lo dejó en libertad.

En ese primer encuentro, Sierra no mostró ninguna emoción al hablar de las niñas muertas, tal como el detective confirmó ante los fiscales: “Para nada”, respondió cuando le preguntaron si el acusado había llorado o se había alterado.

Los resultados del análisis genético fueron determinantes. El ADN de Sierra apareció en el pecho de Machado, en las manos, los pantalones y la ropa interior de Julia, y en las manos de Daniela.

Cuando Chaidez lo confrontó con esa información en un segundo interrogatorio, el lenguaje corporal de Sierra cambió de inmediato: bajó la cabeza, comenzó a temblar y le dijo al detective que estaba dispuesto a relatar lo que había ocurrido.

Es el audio que el jurado escuchó este lunes. El primer interrogatorio no quedó registrado en video, conforme a las políticas del Departamento en vigencia en aquel momento.

Antes de ser trasladado a prisión, Sierra le dijo a Chaidez: “Le di mi vida y ella se cagó en ella”, según relató el propio detective ante el tribunal.

La semana previa, la patóloga forense Emma Lew había declarado que las personas sometidas a asfixia están conscientes de lo que les espera y que el proceso puede tardar varios minutos.

La fiscal Abbe Rifkin lo describió en sala como una “muerte lenta”. El jurado continúa con la deliberación del caso, en el que Sierra enfrenta una posible condena a muerte.

El caso se convirtió en uno de los juicios por asesinato más seguidos del estado en lo que va del año, de acuerdo con ABC News.

Flynn, de 40 años, enfrenta desde 20 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia ante la jueza Jeannine Pratt está programada para las 3 p.m. (hora del Este).

El pasado 29 de septiembre, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, entre ellos asesinato agravado y alteración de pruebas.

La noche del crimen y la versión que no le creyeron

La madrugada del 16 de febrero de 2026, Flynn alegó que un intruso había irrumpido en su casa al norte de Dayton y disparado a su esposa, Ashley Flynn, de 37 años. Fue detenido tres días después.

La fiscalía sostuvo que Flynn ejecutó a Ashley con dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras la víctima estaba en cama. Luego manipuló la escena: dañó una puerta lateral del garaje para simular una entrada forzada.

El fiscal auxiliar del condado de Miami, Matthew Joseph, fue terminante durante los alegatos finales. “La prueba no narra la historia de un intruso”, afirmó ante el jurado.

Además, señaló que las comunicaciones digitales y los registros de la noche del crimen “apuntan directamente al acusado”.

Por qué la fiscalía dijo que tenía razones para hacerlo

Alleigha Botner, la ex amante de Flynn, declaró como testigo de cargo durante dos jornadas. En ese tiempo, leyó en voz alta fragmentos de la extensa comunicación que ambos mantuvieron.

Uno de los mensajes, enviado por Flynn en mayo de 2025, resultó particularmente contundente: “Si pudiera literalmente matarla sin irme al infierno, lo haría de todo corazón”, tal como lo leyó la testigo en la sala, según recogió ABC News.

Al eliminar a su esposa, Flynn podía conservar su puesto de trabajo en la empresa familiar de Ashley, cobrar el seguro de vida de ella y mantener intacta su imagen como líder de adoración dentro de la iglesia, tal como expuso Joseph ante el tribunal.

Flynn no testificó en su propio juicio. La defensa tampoco llamó a ningún testigo.

El veredicto y la reacción de la familia de la víctima

Ese mismo día, el jurado lo halló culpable de asesinato agravado, tres cargos de homicidio, dos cargos de agresión grave y tres cargos de alteración de pruebas.

En siete de esas condenas, el jurado también determinó que Flynn empleó un arma de fuego, lo que implica un agravante sobre la pena.

El fiscal Paul Watkins agradeció públicamente al jurado “por su dedicación a la justicia en este caso”.

La familia de Ashley Flynn emitió una declaración leída por Watkins. “Nos negamos a que el mal que acabó con la vida de Ashley tenga la última palabra en su historia”, expresó la familia, que además destacó que la víctima “amaba a su gente, encontraba alegría por encima de las circunstancias y quería que su vida señalara a Jesús”. “Sobre todo, amaba ser mamá”, agregó el texto.

Qué pasó después del veredicto y qué viene ahora

El 1 de octubre, cuatro días antes de la sentencia, Flynn compareció ante la jueza Pratt en una audiencia de menos de seis minutos.

Allí fue notificado de que deberá inscribirse durante 10 años en el Registro de Delincuentes Violentos de Ohio, con renovación anual y obligación de informar al sheriff de cualquier cambio de domicilio en un plazo de tres días.

La defensa, encabezada por Patrick Mulligan, ya anticipó que presentará una apelación. “Anticipo plenamente que se presentará una notificación de apelación y que esta decisión será sometida a un examen riguroso ante el tribunal de apelaciones”, afirmó el letrado tras conocerse el veredicto.

El argumento central, informó ABC News, es la supuesta falta de pruebas sobre la premeditación del crimen.

Pese a estar prohibido en la mayoría de los estados, estos rituales siguen ocurriendo de forma encubierta, y las condenas que siguen a las muertes rara vez superan unos pocos meses de prisión.

El caso de Colin Daniel Martínez es el más reciente en una larga lista, según informó CBS News.

Martínez tenía 18 años cuando murió el 31 de enero durante una noche de iniciación en la fraternidad Delta Tau Delta, en la Universidad del Norte de Arizona (NAU).

La autopsia determinó que la causa fue una intoxicación alcohólica: su nivel de alcohol en sangre era de 0,425%, más de cinco veces el límite legal para conductores mayores de 21 años en el estado de Arizona. Había testigos presentes esa noche. Ninguno pidió ayuda.

El ritual que terminó con la vida de Colin Martínez

Martínez fue uno de cuatro aspirantes a la fraternidad que, durante el ritual de iniciación, compartieron dos botellas de vodka. El objetivo, según constan en documentos judiciales, era provocar el vómito como parte de la prueba.

A lo largo de esa noche, varios testigos revisaron la respiración y el pulso del joven en busca de señales de intoxicación, pero ninguno llamó a los servicios de emergencia.

Eslick se declaró culpable de un cargo de hazing como delito grave. Además de los dos meses de cárcel, el juez le impuso tres años de libertad supervisada.

Como parte de las condiciones de la libertad supervisada, deberá crear e impartir 305 presentaciones sobre los peligros del hazing, mantener al tribunal informado de su progreso y abstenerse del consumo de alcohol o drogas, salvo prescripción médica. De no cumplir con estas condiciones, podría enfrentar tiempo adicional de prisión.

Los padres de la víctima pidieron justicia y cambios

Los padres de Martínez participaron de la audiencia de manera remota. Ante el tribunal, pidieron responsabilidad y reformas dentro de la cultura de las fraternidades universitarias, tal como informó CBS News a través de su filial en Phoenix, KPHO-TV.

La audiencia comenzó con los testimonios de cinco familiares y amigos de Eslick, quienes describieron su carácter pero también advirtieron sobre los peligros de ciertas dinámicas dentro de las fraternidades.

Entre ellos habló Cody Eslick, padre del condenado. “Mientras intentaba enseñarles estas cosas a mis hijos, me di cuenta de que no le había enseñado a él o de que no se las había explicado, y en esos vacíos entraron influencias y comunidades tóxicas”, declaró ante el tribunal, según recogió KPHO-TV.

Carter Eslick también pidió disculpas a la familia de Martínez durante la audiencia. “Lo siento profunda e incalculablemente por los hechos ocurridos el 31 de enero, y me hago plenamente responsable por el rol que tuve en ese ritual”, afirmó Eslick, tal como consignó KPHO-TV. “Si hubiera sabido que algún día la vida de alguien estaría en mis manos, jamás me habría involucrado”.

La jueza señaló que Eslick sabía que lo que hacía era peligroso

La jueza Stacy Krueger sostuvo que Eslick era consciente del riesgo que implicaban sus acciones y expresó su preocupación por el hecho de que nadie hubiera alzado la voz para detener el ritual.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, subrayó que ninguna condena puede reparar el daño causado a la familia Martínez. “Mi esperanza es que este caso ayude a la gente a comprender los graves peligros del hazing y los motive a intervenir antes de que otra familia viva este tipo de pérdida”, declaró Barker en un comunicado.

Tras la muerte de Martínez, la NAU suspendió a la fraternidad Delta Tau Delta. Posteriormente, la organización nacional dispuso el cierre definitivo del capítulo (sede local) universitario.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior del Condado de Plymouth, rechazó este jueves la moción que buscaba declarar obligatoriamente no culpable a Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos, al concluir que la fiscalía presentó pruebas suficientes para que un jurado pudiera determinar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable. La resolución, dictada en una orden escrita de cinco páginas, descarta el principal intento de la defensa por cerrar el caso sin un nuevo juicio.

Lindsay Clancy, de 36 años y exenfermera de obstetricia, está acusada de estrangular a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de meses de vida— en Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023. Esa misma noche saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de quitarse la vida, lo que la dejó paralizada.

El primer juicio culminó el 4 de septiembre de 2026 con la declaración de nulidad por parte del juez Sullivan, tras un jurado dividido 11 a 1 a favor de la absolución, sin veredicto unánime.

El juez determinó que hubo pruebas físicas y circunstanciales suficientes

Una moción para un veredicto obligatorio de no culpabilidad es una herramienta procesal mediante la cual la defensa solicita al juez que cierre el caso de forma anticipada, bajo el argumento de que la fiscalía no aportó pruebas suficientes para sustentar una condena. Al rechazarla, Sullivan determinó lo contrario.

“Hubo pruebas presentadas, tanto físicas como circunstanciales, que permitirían a un árbitro racional de los hechos determinar más allá de toda duda razonable los elementos del cargo de asesinato”, escribió el juez en su resolución, citada por The New York Times.

Sullivan también rechazó el argumento de la defensa sobre la responsabilidad penal. En su orden, señaló que tanto la defensa como la fiscalía presentaron testimonios de expertos que coincidían en que Clancy padecía alguna forma de enfermedad mental grave al momento de los hechos. Pero aclaró que la enfermedad mental, por sí sola, no excluye que pueda ser considerada penalmente responsable.

La defensa argumentó psicosis posparto; la fiscalía sostuvo que comprendía sus actos

El abogado defensor Kevin Reddington impulsó la moción tras el juicio nulo y la renovó ante Sullivan el martes 29 de septiembre. En la audiencia, Reddington afirmó que la fiscalía no había aportado ninguna prueba de que su clienta hubiera matado a sus hijos y cuestionó la investigación policial. Se trató de un giro respecto de la estrategia que empleó durante el juicio, donde no disputó que Clancy causara las muertes, sino que centró la defensa en su estado mental.

Durante el proceso, Reddington sostuvo que Clancy padecía psicosis posparto —considerada una emergencia psiquiátrica según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos— y que esa condición la privaba de responsabilidad penal. Según esta postura, Clancy no tenía capacidad para comprender la naturaleza o la ilicitud de sus actos en el momento de los hechos.

La fiscal Shanan Buckingham respondió con dureza. Calificó de “ridículo” el planteo de Reddington y sostuvo que la fiscalía había presentado al jurado pruebas más que suficientes. Sullivan recogió ese argumento en su orden: “La teoría de la acusación sobre la responsabilidad penal era que, al cometer el delito, la acusada no carecía de la capacidad sustancial para apreciar la ilicitud o reprochabilidad de su conducta, ni carecía de la capacidad sustancial para ajustar su conducta a los requisitos de la ley”, escribió el juez, según Fox News.

Sigue pendiente una moción por doble enjuiciamiento y se discutirá un posible nuevo juicio

El rechazo de esta moción no cierra el caso. La defensa mantiene pendiente otro recurso procesal fundado en la prohibición de doble enjuiciamiento, principio que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Si Sullivan hace lugar a ese planteo, el caso quedaría archivado de forma definitiva.

La próxima audiencia está prevista para el 2 de noviembre de 2026. En esa fecha, el juez también espera que las partes estén en condiciones de discutir una fecha para un eventual nuevo juicio.

El fiscal del Condado de Plymouth, Timothy Cruz, aún no ha confirmado si su oficina solicitará un nuevo juicio. El martes declaró ante los medios que tomaría una decisión “en cuanto cuente con toda la información posible”.

Tres hombres fueron condenados por el robo de motocicletas estacionadas en la vía pública en distintos puntos de Salta, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado. La pena fijada fue de tres años de prisión de ejecución condicional para cada uno de los imputados.

La resolución alcanzó a Jesús Claudio Silvano Cruz, Antonio García y Tomás Mauricio Chocobar, quienes admitieron su intervención en hechos ocurridos entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2025. Uno de ellos fue declarado responsable de tres sustracciones, mientras que los otros dos recibieron condenas por su participación en uno de los casos.

El acuerdo, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, incluyó compromisos económicos para reparar el perjuicio de las víctimas y reglas de conducta que los condenados deberán respetar. Entre ellas figuran la prohibición de acercamiento a los damnificados, de cometer nuevos delitos y de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

La causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención del auxiliar fiscal Julio Cervante, por disposición del fiscal penal 5 del Distrito Centro, Federico Jovanovics. La investigación reunió elementos sobre tres robos de motocicletas cometidos en zonas diferentes de la ciudad.

El primer episodio se registró el 14 de septiembre de 2025 en pasaje Miramar. De acuerdo con la investigación, una Yamaha FZ de 150 centímetros cúbicos estaba estacionada cuando uno de los ahora condenados dañó el sistema de bloqueo del manubrio, tomó el vehículo y se retiró del lugar.

El segundo hecho ocurrió el 30 de septiembre sobre calle Florida. En ese caso, dos hombres arribaron a bordo de una moto y observaron la zona antes de actuar. Tras comprobar que no había personas circulando por el sector, forzaron el trabamanos de una Gilera Smash 110.

Luego de la sustracción, los involucrados se dividieron para escapar: uno se trasladó en la motocicleta utilizada para llegar al lugar y el otro condujo el rodado que acababan de sustraer. Los dos vehículos fueron utilizados para concretar la huida, según la reconstrucción expuesta en el proceso.

El tercer robo se produjo el 2 de octubre sobre avenida Chile. Allí, fue sustraída otra Gilera Smash 110. Mientras uno de los participantes manipulaba el mecanismo de seguridad de la motocicleta, el restante permanecía atento a lo que ocurría en las inmediaciones.

Una vez liberado el vehículo, el autor material subió a la moto robada. El otro acusado colaboró durante la fuga desde una segunda motocicleta, desde la cual lo empujó para facilitar el desplazamiento inicial. La modalidad investigada incluyó la vulneración de las trabas de manubrio de los tres rodados.

La Fiscalía Penal 5 del Distrito Centro ordenó distintas medidas para establecer quiénes habían intervenido en cada hecho y para determinar la secuencia de los robos. La pesquisa incluyó el relevamiento de imágenes captadas por cámaras privadas y por el Sistema de Emergencias 911.

Los investigadores también realizaron tareas de identificación y cotejo de imágenes. A esas diligencias se sumaron revisiones de perfiles en redes sociales y pericias antropométricas, una técnica que permite comparar características físicas observables en registros audiovisuales con las de personas investigadas.

El conjunto de medidas permitió vincular a los tres acusados con los sucesos investigados. Posteriormente, durante allanamientos realizados en los domicilios de los hombres, se incautaron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para el expediente.

En esos procedimientos también fue secuestrada una motocicleta. La investigación dirigida por Jovanovics avanzó con esos elementos hasta la instancia en la que las partes acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado.

Además de la condena condicional, el acuerdo estableció modalidades de reparación para las tres personas afectadas por los robos. Una de las víctimas recibirá una motocicleta Yamaha FZ acompañada por su documentación y una suma adicional de $200.000.

Para otra de las personas damnificadas, se acordó el pago de $150.000. La tercera recibirá $300.000, monto que será abonado en dos cuotas. Las reparaciones económicas quedaron incorporadas como reglas de conducta dentro de las condiciones impuestas a los condenados.

Eddie Duran, exagente adjunto del sheriff, disparó cinco veces contra Roger Fortson —aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años— la noche del 3 de mayo de 2024, cuando el joven abrió la puerta de su apartamento en Fort Walton Beach con un arma legal en la mano derecha, el cañón apuntando al piso y el brazo izquierdo levantado.

El caso tensiona uno de los debates más persistentes en Estados Unidos: el uso de la fuerza letal por parte de la policía y los límites del derecho a la autodefensa dentro del propio hogar.

La investigación interna de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa ya había concluido que la acción de Duran “no fue objetivamente razonable”, según consignó el Pensacola News Journal.

Lo que muestra el video de la cámara corporal

De acuerdo con el video de la cámara corporal de Duran, publicado por la Oficina del Sheriff, el aviador abrió la puerta con su pistola —de tenencia legal— en la mano derecha, con el brazo extendido hacia abajo y el cañón apuntando al piso.

Duran disparó a los pocos segundos de que la puerta se abriera, según informó WEAR TV.

Los proyectiles impactaron a Fortson en el pecho, el antebrazo y la mano. Murió a causa de las heridas.

En su descargo ante la investigación interna, Duran sostuvo que vio a Fortson armado, que el joven dio un paso hacia él y que tenía una expresión de agresión en el rostro.

El testimonio de la única persona que estaba con Fortson esa noche

Tytiana Hendrix, novia del aviador, fue una de las nueve personas que declararon el primer día de testimonio. Confirmó que estaba en FaceTime con Fortson cuando comenzaron los golpes en la puerta.

“No estábamos discutiendo”, aseguró ante el tribunal, según FOX10. Fortson preguntó quién era tras el primer golpe, pero no obtuvo respuesta.

Tras un tercer golpe, Fortson le dijo que iba a buscar su arma porque no sabía quién podía estar del otro lado, dejó el teléfono apoyado y fue a la puerta. Hendrix escuchó el disparo segundos después.

“Ya estaba en el suelo cuando el agente le gritó que soltara el arma. Roger dijo que no podía respirar”, declaró, según reprodujo WKRG. “No tenía el arma, y escuché al agente gritarle que la soltara, pero él ya no la tenía”, agregó.

Dos versiones irreconciliables frente al jurado

El punto central del juicio es si el aviador conocía o no la presencia policial antes de abrir la puerta.

Mark Alderman, fiscal auxiliar a cargo de la acusación, fue directo en su alegato de apertura: “La prueba demostrará que, aunque Eddie Duran no sabía que Roger estaba solo, sabía o debía saber que sus acciones hacían difícil o imposible que la persona del interior supiera que había un oficial de policía en su puerta”, afirmó ante el tribunal, tal como recogió ABC News.

“Simplemente abrió su propia puerta con un arma a un lado, por si la necesitaba. La prueba demostrará que el disparo no estaba justificado”, completó Alderman.

La defensa sostuvo una versión opuesta. El abogado Rod Smith dijo que, antes de que Duran se anunciara como agente del sheriff, su cliente escuchó ruidos desde el interior y captó dos palabras: “maldita” y “policía”.

Con ese argumento, Smith buscó instalar la idea de que Fortson sabía de la presencia policial y, aun así, eligió abrir la puerta con el arma en la mano. “El agente Duran creyó, con razones fundadas, que su vida estaba en peligro y reaccionó como fue entrenado para hacerlo”, sostuvo el defensor, según WEAR TV.

Duran declaró el 30 de septiembre y aseguró que cumplió con su entrenamiento al golpear la puerta y al identificarse. Afirmó que, tras el primer golpe sin aviso, oyó una expresión obscena seguida de la palabra “policía”.

El exagente sostuvo que el arma de Fortson apuntaba levemente hacia él cuando la puerta se abrió. Ante la fiscalía, que le mostró el video corporal con el cañón dirigido al suelo, respondió dos veces que no podía determinar si esa era la posición del arma en el momento de los disparos, de acuerdo con FOX10.

Duran dijo que disparó porque creyó que su vida corría peligro.

El largo camino del caso hasta llegar a un tribunal

La Oficina del Sheriff separó a Duran del cargo el 31 de mayo de 2024. En agosto de ese año, la fiscalía estatal presentó formalmente el cargo de homicidio culposo con arma de fuego, que lleva una pena máxima de 30 años de prisión.

Antes del inicio del juicio, los abogados de Duran intentaron obtener su inmunidad bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite el uso de la fuerza letal en situaciones de legítima defensa.

El tribunal rechazó el planteo, según el Pensacola News Journal. La propia norma, sin embargo, establece de forma explícita que ese amparo no aplica en enfrentamientos con policías que actúan en el ejercicio de sus funciones.

El juicio también reconstruyó el origen de la llamada. Una vecina del piso de abajo declaró que contactó a la administración del edificio porque escuchó ruidos de una discusión desde el apartamento de arriba.

La administradora fue quien llamó al número no urgente del sheriff, y cuando se acercó al edificio antes de que llegara la policía, ya no escuchó ningún altercado, según informó FOX10.

El registro posterior del apartamento confirmó que Fortson estaba solo en el interior. El caso está en manos del jurado en el Tribunal de Circuito del condado de Okaloosa.

El caso generó una atención masiva en todo Estados Unidos: el juicio fue transmitido en vivo y puso en el centro del debate público la salud mental materna. Clancy, de 36 años y exenfermera de sala de partos, está acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos pequeños, ocurrida en 2023 en el hogar familiar. Permanece internada en un hospital psiquiátrico y continuará allí hasta que la justicia defina su situación.

Qué argumentó la defensa de Lindsay Clancy para pedir la absolución

Ante el juez William Sullivan —el mismo magistrado que presidió el primer juicio—, el abogado Kevin Reddington presentó una moción para que absolviera a su clienta sin necesidad de un nuevo juicio. Su fundamento central fue que las pruebas reunidas por la fiscalía no alcanzan para probar que Clancy haya sido la responsable directa de las muertes.

“Todo este caso se basa en especulaciones”, declaró Reddington durante la audiencia, según informó Associated Press. El defensor señaló que cuando Clancy fue hallada esa noche estaba gravemente herida en el jardín de su casa, y que al despertar en el hospital no recordaba lo que había ocurrido. “¿Dónde está la admisión? ¿Dónde dice ella que hizo esto?”, preguntó ante el juez.

Este planteo contrasta con el que Reddington sostuvo durante el juicio. En aquel momento, él mismo había presentado una moción previa al proceso en la que afirmaba que Clancy estaba dispuesta a reconocer por escrito su participación en las muertes.

La defensa entonces no discutió la autoría, sino que apostó a convencer al jurado de que la acusada padecía una psicosis posparto —una condición poco frecuente y grave— que la habría privado de discernimiento al momento de los hechos, lo que la eximiría de responsabilidad penal. En la audiencia del martes, Reddington no ofreció teorías alternativas ni señaló a ningún otro posible responsable, según Associated Press.

Qué pruebas citó la fiscalía para sostener los cargos

La fiscal Shanan Buckingham rechazó de plano el nuevo planteo y lo calificó de “risible”. En su respuesta al juez, recordó que el registro del juicio es “extenso en cuanto a información que respalda que ella lo hizo”, según la cobertura de Associated Press.

Entre las pruebas presentadas durante el proceso figura el ADN de Clancy en las bandas de ejercicio con las que fueron estrangulados los tres niños. Los jurados también escucharon testimonios de que la acusada habría oído voces que le ordenaban matar a sus hijos. La fiscalía sostiene además que Clancy actuó con premeditación: la noche de los hechos, habría enviado a su marido a buscar medicamentos para uno de los pequeños y comida para la familia, con el fin de quedarse sola en la casa.

Las víctimas: Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de apenas 8 meses.

Por qué el primer juicio terminó sin veredicto y qué implica eso

Cuando los doce miembros de un jurado no logran ponerse de acuerdo en un veredicto unánime, el juez declara un juicio nulo —en inglés, mistrial—. Eso fue lo que ocurrió el 4 de septiembre: once jurados votaron a favor de Clancy y uno votó por la condena. Ese resultado no equivale a una absolución. La acusada no queda libre: la fiscalía conserva la potestad de decidir si lleva el caso a un nuevo juicio, modifica los cargos o lo archiva.

La situación del único jurado que votó por la condena también es materia de disputa. Los abogados de Clancy le pidieron al juez que descartara a ese integrante, Michael Desronvil, con el argumento de que se habría negado a aplicar correctamente el principio de duda razonable —es decir, que si existen dudas serias sobre la culpabilidad del acusado, el jurado debe votar por la absolución—.

Desronvil rechazó esa caracterización a través de su abogado. El lunes anterior a la audiencia, declaró ante el programa “Hannity”, de Fox News, que “toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos redirigir el foco hacia los tres ángeles”, en referencia a los niños.

Pike tiene una ejecución mediante inyección letal programada para este 30 de septiembre de 2026 en Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, y realizó las declaraciones en una entrevista al periódico británico The Times.

La conexión que Pike estableció entre ambos casos parte de una misma interpretación: mujeres cuya salud mental, según su perspectiva, no recibió la atención adecuada durante el proceso judicial.

El caso de Clancy terminó en juicio nulo el 4 de septiembre de este año, luego de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime sobre si ella era criminalmente responsable de las muertes de sus hijos. Ese desenlace procesal es el que Pike tomó como referencia para trazar el paralelo.

Qué dijo Christa Pike sobre Lindsay Clancy

Según informó The Times, los abogados de Pike la entrevistaron en persona en nombre del periódico el 24 de septiembre en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville. Durante el encuentro, Pike describió su vínculo con el caso de Clancy con estas palabras: “Siento afinidad con Lindsay. Ambas somos mujeres que nos metimos en problemas por cuestiones exclusivamente femeninas”.

Luego precisó una diferencia: “Sin embargo, hay algo que cambió: la conciencia sobre los problemas de las mujeres es muy distinta a la de cuando fui juzgada”. Pike también sostuvo que la evolución de la ciencia sobre el desarrollo cerebral podría haber incidido en la percepción que un jurado tendría hoy sobre su caso.

Sobre el resultado del proceso contra Clancy, Pike afirmó que le alegra que se haya declarado nulo el juicio y que ella esté recibiendo ayuda. “Hay muchas mujeres que no reciben la ayuda que necesitan: yo y otras”, declaró al periódico, en referencia a Clancy, quien se encuentra internada en un centro psiquiátrico.

El caso por el que Christa Pike fue condenada a muerte

El 12 de enero de 1995, Pike, su entonces novio Tadaryl Shipp y una tercera estudiante, Shadolla Peterson, llevaron a Colleen Slemmer, de 19 años, hasta una zona remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Allí la torturaron y la asesinaron a golpes. Slemmer, al igual que Pike, era estudiante del programa Job Corps de esa ciudad.

Un tribunal declaró a Pike culpable de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional; tenía 17 años al momento del crimen y no era elegible para la pena de muerte. Peterson fue condenada a seis años de libertad condicional tras declararse culpable como cómplice después de los hechos, según informó la Associated Press.

Los abogados de Pike argumentan que, al momento del crimen, su “cerebro inmaduro y traumatizado la hacía excepcionalmente vulnerable a los impulsos y a tomar decisiones extremadamente desacertadas”. La defensa alega que Pike sufrió traumas, abusos y problemas de salud mental no diagnosticados durante su infancia, factores que no fueron presentados en el juicio original.

Según documentos judiciales, si la ejecución se lleva adelante, Pike sería la única persona ejecutada en Tennessee en la era moderna por un delito cometido a los 18 años. De acuerdo con esos mismos documentos, más de 3.100 personas fueron condenadas por homicidio en primer grado en el estado.

De ese total, solo ocho tenían 18 años al momento del delito y recibieron pena de muerte. Las siete sentencias a muerte impuestas a hombres en circunstancias similares fueron posteriormente anuladas.

Qué recursos presentó la defensa de Pike antes de la ejecución

Los abogados de Pike solicitaron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lee rechazó la petición de clemencia y afirmó que, tras “deliberada consideración”, mantendrá la sentencia. El Tribunal Supremo de Tennessee también rechazó los recursos y se negó a suspender la ejecución.

El 25 de septiembre, la defensa presentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari, un recurso con el que solicitó que el máximo tribunal revisara el fallo de la justicia de Tennessee. En forma paralela, pidió la suspensión de la ejecución para impedir que se llevara a cabo mientras los jueces resuelven si tomarán el caso. Ambas instancias permanecían pendientes de resolución en la mañana de este 30 de septiembre.

De concretarse, la ejecución de Pike será la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años.

El caso por el que Lindsay Clancy fue juzgada

El 24 de enero de 2023, Patrick Clancy encontró en la casa familiar de Duxbury, Massachusetts, a sus tres hijos sin vida: Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Clancy no niega haber causado las muertes.

La defensa sostuvo que Lindsay Clancy padecía psicosis posparto, que pudo ser provocada o agravada por una sobredosis de medicamentos y por una atención de salud mental deficiente. Esos argumentos son de la parte defensora y no constituyen hechos probados. La fiscalía, por su parte, afirmó que Clancy actuó de manera deliberada y consciente.

Tras los hechos, Clancy intentó suicidarse al saltar por una ventana del segundo piso de la vivienda familiar y quedó paralizada de la cintura hacia abajo. Desde entonces permanece internada en un centro psiquiátrico.

Qué puede ocurrir con el nuevo juicio de Lindsay Clancy

Clancy compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Plymouth el 29 de septiembre de 2026, la primera vez que enfrentó al tribunal desde que su juicio terminara en nulo.

El juez William F. Sullivan fijó el 2 de noviembre de 2026 como fecha para una nueva audiencia en la que se debatirán tres mociones clave: una solicitud de desestimación por doble incriminación, una investigación al jurado disidente y una orden de silencio pedida por la fiscalía.

En el juicio oral por el crimen de Verónica Dessio, la abogada de La Plata asesinada en 2020, se incorporaron elementos que podrían perjudicar la situación procesal de Ivana Mapis, acusada de instigar el homicidio, y de Antonio Alves, señalado por la acusación como el presunto autor material.

Durante la tercera audiencia que se realiza ante el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, se debatió sobre los dos teléfonos atribuidos a Mapis. Uno de ellos se trataba de su dispositivo personal, mientras que el segundo utilizaba un chip registrado a nombre de la víctima. A partir del análisis de esta prueba, varios policías y especialistas que participaron de la investigación fueron citados a declarar.

Una de las primeras testigos en declarar fue María Celeste Segui, quien al momento del crimen trabajaba en la Policía Judicial de la Procuración General bonaerense, que fue consultada sobre el análisis de los teléfonos secuestrados a Mapis, Alves y al testigo identificado como Gustavo Cameli.

Según explicó, Mapis tenía dos dispositivos. Uno era un iPhone registrado a su nombre. El segundo funcionaba con un chip prepago que estaba inscripto a nombre de Dessio. Ese número aparecía agendado en los otros teléfonos examinados bajo los nombres “Ros”, “Rosana” o “Roxana”.

Frente a esto, la Fiscalía planteó que esa segunda línea pudo haber sido utilizada para contactar a personas a las que se les habría ofrecido dinero a cambio de cometer el homicidio. Además, la identidad “Rosana” ya había surgido en las primeras audiencias, a partir de testimonios sobre una mujer que habría buscado a alguien para matar a otra persona.

De hecho, un informe incorporado por lectura indicó que el número atribuido a “Rosana” había sido guardado en el teléfono de Mapis tres días antes de la activación del chip. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, ese dato podría permitir establecer quién obtuvo la línea prepaga.

Segui también describió el contenido extraído de uno de los teléfonos secuestrados a Mapis. Fue así que reveló que el historial de navegación tenía más de 500 búsquedas relacionadas con venenos, entre ellas consultas sobre Yiya Murano y semillas tóxicas.

El material fue incorporado como parte de la prueba que la acusación pretende utilizar para reconstruir qué investigaba Mapis antes del crimen de Dessio. No obstante, la perito no atribuyó durante su declaración una finalidad concreta a esas consultas.

Otro informe técnico analizó el impacto de los dos teléfonos encontrados en poder de la acusada sobre las antenas de telefonía. De acuerdo con la documentación expuesta en la audiencia, ambos equipos se conectaban de manera simultánea a las mismas antenas en distintos momentos.

Esa coincidencia permite establecer que los dispositivos estuvieron cerca entre sí durante esos períodos. Una de las posibilidades planteadas durante el debate es que ambos hubieran sido trasladados por una misma persona.

De la misma manera, indicaron que del análisis de los registros surgieron 21 llamadas y 53 mensajes entre Mapis y Alves, en fechas cercanas al asesinato de Dessio. En total, la investigación contabilizó 74 comunicaciones entre la mujer acusada de instigar el crimen y el hombre señalado como presunto ejecutor material.

Para el bloque acusatorio, esos intercambios deben ser valorados junto con el resto de los elementos reunidos durante la investigación. No obstante, aún restaría que la defensa exponga su alegato el próximo miércoles, en donde tendría la oportunidad de hacer mención a los contactos entre los imputados.

Entre las testigos que declararon este martes también se ubicó a Yanina Herrera, integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, quien había participado en el allanamiento realizado en la vivienda de Mapis. En ese contexto, afirmó que la acusada colaboró con el procedimiento y entregó su teléfono a los investigadores.

Por último, Romina Fitipaldi, quien era subcomisaria de la DDI La Plata cuando ocurrió el hecho, declaró sobre la rueda de reconocimiento en la que Mapis fue señalada como la mujer que buscaba a alguien para cometer un asesinato.

La testigo confirmó que de esa diligencia participaron el secretario de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de La Plata, el abogado defensor de Mapis y otras personas. Sin embargo, respondió que no recordaba varios detalles de aquella medida.

Ante esas respuestas, el juez Claudio Bernard le recomendó conservar copias de las actas de los procedimientos para poder revisarlas antes de declarar en un juicio. El consejo se dio luego de que, en la audiencia anterior, el testigo Leonardo Catriel Badía negara haber reconocido voluntariamente a Mapis y denunciara supuestas presiones policiales.

Badía fue identificado como el yerno de Alves y sería analfabeto. Frente a esto, los particulares damnificados lo acusaron de presuntamente haber incurrido en graves incongruencias, por lo que solicitaron que fuera investigado por presunto falso testimonio y pidieron su detención. No obstante, el Tribunal rechazó esa medida.

La defensa de Mapis buscó instalar otra lectura sobre Carolina Pérez

Tras la exposición de los testimonios vinculados con la pesquisa, comenzó el bloque de la defensa. La represetnante oficial de Alves, Verónica Garganta, desistió de los testigos que había ofrecido. Por su parte, Gastón Nicocia, abogado de Mapis, mantuvo tres declaraciones de concepto.

Una de ellas fue Cecilia Sambrosito, actual pareja de Mapis, quien contó que inició su relación con la acusada en septiembre de 2020, un mes después de la ruptura entre Mapis y Pérez. Fue así que describió a su pareja como “una persona extraordinaria, empática, solidaria” y dijo que no entendía el motivo de la detención, ocurrida el 5 de enero de 2021.

La testigo sostuvo que Pérez, por su condición de psicóloga, tenía herramientas para manipular a Mapis. “Ella accedía a todos los pedidos de Carolina porque la manipulaba”, afirmó Sambrosito. También aludió al sentimiento de culpa que, según su relato, Mapis tenía por las lesiones que Pérez sufrió en un accidente vial.

Durante el interrogatorio, el abogado Matías Pietra Sanz, apoderado de Pérez, le consultó a Sambrosito si conocía a alguna amiga de Mapis llamada “Ros” o “Rosana”. Sin embargo, la mujer respondió que no.

Por otro lado, Érica Keller, compañera de estudios de Mapis en la carrera de Fonoaudiología, fue la segunda testigo de la defensa. Al describirla como una persona alegre, sostuvo: “Ivana Mapis no es la persona que se refleja en los medios de comunicación”.

Keller y Sambrosito integran un grupo de Facebook llamado “Justicia para Ivana Mapis”. Ambas aseguraron que Pérez las contactó después de publicaciones realizadas en ese espacio y que se sintieron intimidadas. A pesar de esto, Keller reconoció, ante una pregunta de Pietra Sanz, que no presentó una denuncia penal por esos hechos.

El vínculo entre Dessio, Pérez y Mapis integra la hipótesis sobre el móvil

La relación entre las tres mujeres ocupa un lugar relevante en el proceso. Pérez fue pareja de Dessio durante 17 años: convivieron diez años y estuvieron casadas durante siete. Aunque se separaron en 2017, mantuvieron el vínculo por el hijo que tenían en común.

Tres meses después de aquella separación, Pérez comenzó una relación con Mapis. En su declaración durante la primera audiencia, la ex esposa de la víctima sostuvo que el vínculo comenzó de manera positiva, pero que luego estuvo atravesado por celos y reproches.

Según su testimonio, Mapis pretendía que dejara de ver a Dessio y la habría distanciado de amistades. Además, afirmó que decidió terminar la relación en agosto de 2020. Meses más tarde, Dessio volvió a vivir en la propiedad de Parque Sicardi en la que residía Pérez, aunque se instaló en el quincho.

La acusación sostiene que esa situación podría constituir el móvil, debido a que plantearon que Mapis habría querido eliminar a Dessio para evitar obstáculos en su vínculo con Pérez. La defensa, en cambio, buscó cuestionar esa interpretación y presentar una versión diferente sobre la dinámica entre las tres.

Los alegatos están previstos para el 7 de octubre

Con la audiencia de este martes, concluyó la etapa probatoria del juicio. Mapis y Alves comunicaron, a través de sus defensas, que no declararán. Cabe recordar que la decisión de no prestar declaración no implica una presunción en contra de los acusados.

De esta manera, la próxima audiencia será el miércoles 7 de octubre, cuando las partes presentarán sus alegatos. Intervendrán los fiscales Martín Chiorazzi y Cristian Granados, los abogados de la familia Dessio, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, y los representantes de Pérez, Pietra Sanz y Axel Hurtado.

Luego será el turno de las defensas de Mapis y Alves. Finalmente, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, deberá analizar la prueba reunida para determinar si considera acreditada la acusación por el homicidio de Verónica Dessio.

Jefferson Farfán alertó sobre el cambio de jueza en el proceso judicial que mantiene con Magaly Medina, una situación que, según sostuvo, podría retrasar la resolución sobre la posible conversión de la condena de la conductora en prisión efectiva. El exfutbolista difundió el comunicado el 29 de septiembre y pidió que se respete el debido proceso antes de definir la situación de la pena.

Según explicó, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de revocatoria de pena, en la que debía evaluarse si la sanción de prestación de servicios comunitarios impuesta a Medina correspondía ser modificada por una pena de cumplimiento efectivo. Farfán afirmó que, hasta la publicación de su mensaje, el juzgado aún no había emitido una decisión sobre el expediente.

“Como hasta la fecha no se ha resuelto”, escribió el exseleccionado peruano, quien señaló que revisó junto con su abogado los sistemas electrónicos del Poder Judicial. Tras esa consulta, indicó que acudieron al 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima para averiguar cuándo se resolvería el caso.

Farfán relató que allí conoció que Meysi Jaeklin Gonzales Salvador, la magistrada que dirigió la audiencia de septiembre, ya no se encontraba a cargo del despacho. “Me doy con una gran sorpresa: Meysi Jaeklin Gonzales Salvador ya no es la jueza”, manifestó en su pronunciamiento público.

De acuerdo con la versión del exfutbolista, el despacho pasó a estar bajo responsabilidad del juez Yoncen Muñoz, quien habría sido nombrado recientemente. Farfán sostuvo que este cambio obligaría a realizar otra audiencia, pues el nuevo magistrado no participó en la sesión en la que ambas partes expusieron sus posiciones.

“Es ahora este nuevo juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia”, señaló. Además, cuestionó que la jueza que dirigió la diligencia del 16 de septiembre ya no pueda resolver el caso. “Llueve sobre mojado. Se repite la historia”, expresó.

Al cierre de su comunicado, Farfán afirmó que hizo pública la situación para evitar que se afecte la tramitación de la causa. “Que no se vulnere el debido proceso y se produzca una irregularidad en la ejecución de la pena”, escribió. En su publicación no precisó si ya existe una nueva fecha para la audiencia ni cuándo se conocerá la decisión sobre la posible pena efectiva de Medina.

Magaly Medina sí pagó la reparación civil a Jefferson Farfán

El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán también tuvo otro capítulo el 31 de julio, cuando el exfutbolista aseguró que la conductora había completado el pago de S/ 350 mil por reparación civil. Ese monto fue fijado en el proceso por violación a la intimidad agravada que enfrentó a ambas figuras públicas.

Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que, según su versión, Medina ya había cumplido con cancelar la totalidad de la suma establecida. El exjugador publicó el mensaje durante la mañana y acompañó la confirmación con una frase dirigida de forma directa a la conductora de Magaly TV La Firme.

“Buenos días, mi tía 8:30, por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió el exseleccionado peruano. La publicación fue interpretada como una respuesta pública a Medina y como una forma de dejar constancia de que el pago de la reparación civil se había completado.

El mensaje de Farfán combinó la confirmación del abono con el tono irónico que ha utilizado en sus recientes publicaciones sobre la conductora. La frase “mi tía 8:30” aludió a la hora de emisión del programa que conduce Medina en ATV y fue parte de una nueva referencia pública dentro de su disputa.

La reparación civil corresponde a la indemnización económica ordenada tras la condena por violación a la intimidad agravada. El pago de ese monto no define por sí solo la situación de la pena de prestación de servicios comunitarios, cuya posible conversión en prisión efectiva es materia de la audiencia de revocatoria mencionada por Farfán.

Mientras espera una respuesta sobre la nueva programación de esa diligencia, el exfutbolista sostuvo que el cambio de magistrada puede obligar a que el juez Yoncen Muñoz escuche nuevamente a ambas partes antes de emitir una resolución sobre el caso.

El caso de Douglas Stewart Carter es uno de los más largos y cuestionados de la historia judicial de Utah: un hombre negro condenado a muerte en 1985 por matar a la tía del jefe de policía de Provo, en un juicio sin pruebas físicas, con una confesión impugnada y testigos que la fiscalía pagó para que declararan en su contra.

Este lunes, con 71 años y tras cuatro décadas esperando la ejecución, Carter salió en libertad.

Un juez ordenó su liberación bajo fianza después de que un análisis de ADN excluyera su perfil genético de las muestras halladas en la escena del crimen. Lo que sigue es la reconstrucción de cómo llegó hasta ahí.

El ADN excluye a Carter y debilita la acusación

Los resultados del análisis genético, recibidos el 22 de septiembre por la fiscalía, descartaron a Carter como fuente de la sangre hallada en el pomo de una puerta y del material genético recuperado del mango del cuchillo con el que fue apuñalada Eva Olesen, quien también recibió un disparo.

El juez Derek Pullan reconoció que los resultados debilitaban aún más la acusación, aunque señaló que un jurado razonable todavía podría concluir que Carter mató a Olesen.

A pesar de ello, ordenó su liberación con la condición de que use un monitor GPS y evite todo contacto con la familia de la víctima.

El fiscal del condado de Utah, Erwin Petilos, sostuvo ante el juez, tal como recogió ABC News, que reconsiderar la fianza de Carter era “necesario y justo” mientras el Estado continúa evaluando el resto de las pruebas del caso.

El medio estadounidense aseguró que la fiscalía declinó informar si utiliza el ADN para buscar otros sospechosos.

Una condena basada en testigos pagados y una confesión impugnada

Carter, oriundo de Chicago, vivía con su madre en Utah cuando Olesen fue asesinada. La investigación lo señaló como sospechoso de haberla matado durante un robo.

En abril de 1985, Carter huyó del estado al creer que era buscado por un caso de agresión no relacionado. Fue detenido en junio de ese año en Nashville, Tennessee, donde firmó una confesión durante un interrogatorio a cargo de un detective de Provo.

Carter siempre sostuvo que la confesión fue falsa y que la firmó tras recibir amenazas reiteradas de parte de la policía. El jurado lo condenó a muerte sin que la defensa presentara ningún testigo. En 1992, tras un nuevo juicio, volvió a ser sentenciado a la pena capital.

En 2011, los dos testigos del juicio original fueron encontrados en México. Ambos afirmaron que les habían indicado que mintieran en el tribunal y que habían recibido dinero y regalos de parte de la policía, quien les exigió que no revelaran esos pagos.

También declararon que agentes y fiscales los amenazaron a ellos y a su hijo con la deportación si no implicaban a Carter.

La Corte Suprema de Utah ordenó un nuevo juicio el año pasado, al citar “múltiples instancias de mala conducta intencional” por parte de agentes policiales y un fiscal. Tras esa resolución, se encargó el análisis de ADN cuyos resultados acaban de conocerse.

La familia de la víctima mantiene sus dudas y pide justicia

La audiencia del lunes también le dio voz a la familia de Eva Olesen. Theresa Olesen, nuera de la víctima, expresó ante el juez las “serias preocupaciones” que la familia tiene respecto a la liberación de Carter.

“Esperábamos con ansias una coincidencia concreta”, afirmó Olesen en declaraciones recogidas por ABC News. “Eso no significa que él no haya estado allí”, añadió. “Solo queremos justicia para Eva. Y si tuvo algún papel en esto, queremos que se sepa.”

Por su parte, los abogados defensores de Carter señalaron que testigos vieron a un hombre blanco huir de la escena del crimen y que un investigador ocultó pruebas que apuntaban a otros sospechosos, entre ellos el propio marido de la víctima, Orla Olesen, un contratista de pintura que murió en 2009.

Según los documentos judiciales, los fiscales estaban próximos a imputar al marido cuando un teniente de la policía de Provo les pidió que no lo hicieran para continuar la investigación.

Décadas de trauma y un nuevo juicio en el horizonte

El abogado defensor Neal Hamilton indicó que Carter fue liberado el mismo lunes por la noche. Será alojado en un hospedaje temporal cerca de la familia de su hijo, quien fue adoptado por otra familia cuando era un bebé y no supo de la condena de su padre hasta años más tarde.

“No es tan simple como decir ‘suéltenlo’”, afirmó Hamilton en declaraciones a ABC News. “Él sale con 41 años de trauma inducido por el Estado y el efecto que eso tendrá sobre él es muy real”, agregó.

La fiscalía del condado de Utah ya retiró el aviso de que buscaría la pena de muerte en el nuevo juicio, que el juez Pullan tiene previsto para 2027.

La viceministra Claudia Carrasquilla Minami afronta un proceso penal vinculado con actuaciones realizadas durante su paso por la Fiscalía 27 Especializada contra el Crimen Organizado en Medellín.

La investigación se encuentra en etapa previa al juicio. La funcionaria fue imputada y luego acusada, aunque la audiencia preparatoria todavía no se ha llevado a cabo.

El caso surgió a partir de una denuncia de William Fernando Molina, que era patrullero de la Policía en Valledupar cuando fue capturado en julio de 2015. En ese momento, enfrentó cargos por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado.

Molina incluyó en su denuncia a Carrasquilla y a cuatro miembros de su equipo de policía judicial: Orlando Cardozo, Wilmer Esneider Brito Ramírez, Néstor Andrés Rodríguez Porras y Javier David Pestaña.

El denunciante cuestionó cuatro declaraciones juradas obtenidas en centros de reclusión de Valledupar. Las diligencias están fechadas el 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de ese mismo año y el 4 de diciembre de 2015.

Según la denuncia, la entonces fiscal figura como firmante de esos documentos pese a que no habría asistido a las diligencias. Molina sostuvo que un investigador recogía las declaraciones en las cárceles y que, después, obtenía las rúbricas de funcionarios y de la fiscal en otros lugares.

La queja plantea que esas actuaciones influyeron en el expediente que derivó en la captura del patrullero y en una privación de la libertad que se extendió por más de dos meses.

La Fiscalía imputó a Carrasquilla el 5 de diciembre de 2024. El escrito de acusación fue radicado el 4 de abril de 2025 y la formulación de acusación ocurrió el 20 de mayo de ese año. La siguiente fase judicial ha enfrentado aplazamientos.

La audiencia preparatoria fue fijada inicialmente para octubre de 2025 y luego para enero, abril, julio y septiembre de 2026, sin que pudiera concretarse.

Además del expediente penal, la viceministra enfrenta una actuación disciplinaria. La Procuraduría formuló pliego de cargos en agosto de 2025.

La imputación, la acusación formal y el proceso disciplinario no constituyen una condena. Carrasquilla mantiene la presunción de inocencia, mientras los jueces deberán establecer las circunstancias de las declaraciones cuestionadas y definir si existe responsabilidad.

Claudia Carrasquilla llega al Mindefensa como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad

Claudia Carrasquilla llega al viceministerio tras una carrera vinculada a investigaciones contra organizaciones criminales, entre ellas la Oficina de Envigado. En ese tipo de operaciones, fueron capturados más de 800 integrantes asociados con esa estructura, según la información disponible.

El Gobierno nacional formalizó su designación como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026. El Tiempo informó que su llegada ocurre durante los primeros ajustes de la administración en el área de seguridad.

Carrasquilla asumirá un puesto centrado en la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas de defensa. El cargo implica trasladar su experiencia en la investigación criminal al diseño de decisiones estatales sobre seguridad nacional.

La nueva viceministra es abogada penalista y cuenta con especializaciones en Procedimiento y Derecho Constitucional. Buena parte de su recorrido profesional transcurrió en la Fiscalía, donde participó en procesos contra redes dedicadas al narcotráfico, la extorsión, los homicidios y otras economías ilícitas.

Su nombramiento responde a la incorporación de una funcionaria con experiencia judicial en el Ministerio de Defensa. Desde el viceministerio, tendrá la tarea de aportar esa visión a las políticas públicas y acompañará al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora López, en la definición de estrategias de seguridad.

Durante sus años en la Fiscalía, Carrasquilla no se concentró solo en la identificación de responsables. También trabajó en la reconstrucción de cadenas de mando, circuitos de financiación, redes de apoyo y mecanismos de control territorial de las organizaciones ilegales.

Ese recorrido le dio conocimiento sobre la forma en que esas estructuras se reorganizan después de las acciones de las autoridades. El nuevo puesto, en cambio, la ubica en una instancia encargada de convertir esos diagnósticos en lineamientos de defensa y seguridad.

La funcionaria fue conocida como la fiscal de hierro, un apelativo ligado a sus investigaciones sobre los distintos componentes de la Oficina de Envigado. El medio señaló que esas actuaciones derivaron en las capturas reportadas contra integrantes de la organización.

“Sé que toda la atención se ha centrado en mí, pero queremos devolver la atención y centrarla en los tres ángeles”, dijo Desronvil en el video difundido por Fox News, emitido en el programa Hannity. “Los que no pueden hablar por sí mismos, los que no pueden defenderse y los que no pueden librar sus batallas. Y esos son Cora, Dawson y Callan”.

Sus palabras llegaron días después de que otros once integrantes del jurado lo acusaran de ignorar deliberadamente las instrucciones legales durante las deliberaciones, acusaciones que él rechazó en su totalidad.

Qué dijo Michael Desronvil, el jurado disidente en el caso Lindsay Clancy

Desronvil habló por primera vez sin valerse de su abogado ni de terceros como canal, en las horas previas a la audiencia judicial fijada para este 29 de septiembre en Plymouth. En el video, agradeció el apoyo recibido tras la declaración de nulidad del juicio. “Quiero agradecer a todos, a cada individuo que me ha apoyado durante esta difícil situación”, dijo con voz pausada. “Sus oraciones, su apoyo emocional y psicológico son tremendos para mi corazón”, agregó.

Hasta ese momento, sus declaraciones públicas habían circulado a través de su abogado, Edward Paltzik, y de comentarios a un canal de YouTube. Paltzik sostuvo en una entrevista con Fox News que su cliente no alberga ninguna duda sobre el veredicto que buscaba. “Michael tiene cero dudas”, afirmó el letrado. El abogado también negó que su cliente tenga antecedentes de violencia doméstica, como señaló un informe local: “Cada acusación contra Michael es falsa, fabricada, nunca ocurrió”.

La defensa de Clancy, encabezada por el abogado Kevin Reddington, calificó a Desronvil de “jurado obstruccionista” y solicitó al tribunal que investigue si violó las reglas de deliberación. Entre los señalamientos que otros jurados hicieron contra él figura el uso de un teléfono celular durante las deliberaciones y presuntas inconsistencias en el cuestionario que completó antes de ser seleccionado.

Por qué el juicio por la muerte de los tres hijos terminó sin veredicto

El primer juicio oral contra Lindsay Clancy concluyó el 4 de septiembre de 2026 con la declaración de nulidad por parte del juez, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones. El resultado fue una división de 11 a 1: once jurados votaron a favor de absolver a Clancy de los cargos de asesinato, mientras que Desronvil fue el único en sostener que debía ser declarada culpable.

Clancy, exenfermera de partos y obstetricia, nunca negó haber causado la muerte de sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— con bandas elásticas de ejercicio en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts, el 24 de enero de 2023.

La fiscalía sostuvo que actuó de forma deliberada: habría enviado a su marido a buscar medicamentos y comida para despejar la casa antes de atacar a los niños. Tras el crimen, Clancy saltó desde una ventana del segundo piso e intentó quitarse su propia vida; quedó paralizada de la cintura para abajo.

Su defensa argumentó que padecía psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto. Aseguró que en ese estado no podía ser considerada penalmente responsable de sus actos.

La fiscalía reconoció que Clancy tenía problemas de salud mental —incluso había pasado por una internación psiquiátrica— pero afirmó que sabía lo que hacía al momento de los hechos. El juicio generó un amplio debate público sobre la salud mental materna posparto.

Qué se definirá en la audiencia de Lindsay Clancy del 29 de septiembre

La audiencia del martes en el Tribunal Superior de Plymouth podría marcar el rumbo del proceso judicial. Es el primer regreso de Clancy al tribunal desde la declaración de nulidad y tiene varios puntos en agenda con consecuencias directas sobre su futuro.

La fiscalía del condado de Plymouth deberá dar señales sobre si buscará un segundo juicio. Las opciones disponibles son tres:

• Impulsar un nuevo proceso por asesinato en primer grado.
• Reformular los cargos hacia figuras menores como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario.
• Abandonar la causa.

Tras la nulidad, el fiscal del condado, Timothy Cruz, declaró ante la prensa que su objetivo siempre fue “obtener justicia para esos tres pequeños”.

La defensa, a su turno, presentó varias mociones que también podrían tratarse en la audiencia. Entre ellas, la solicitud de desestimar los cargos sin llevar a Clancy a un nuevo juicio —una medida poco habitual, pero permitida por la ley estatal— y el pedido de una investigación formal sobre la conducta de Desronvil durante las deliberaciones.

Clancy permanece internada en una institución psiquiátrica mientras espera la resolución del caso, según informó la agencia AP.

La máxima corte penal de Texas revocó el veredicto de inocencia emitido por un juez de primera instancia a favor de Melissa Lucio, condenada a muerte por la muerte de su hija de 2 años en 2007.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas resolvió, por cinco votos contra cuatro, que el expediente no justifica conceder el recurso de hábeas corpus solicitado por Lucio.

La decisión mantiene a la mujer de ascendencia mexicana en el corredor de la muerte. De ser exonerada, se convertiría en la primera mujer declarada inocente en el corredor de la muerte de Texas, donde 18 hombres han sido exonerados desde que la pena capital fue restablecida en 1976.

Si su sentencia se ejecuta, Lucio sería la primera latina ejecutada por el estado desde 1863 y la primera mujer desde 2014.

El tribunal desestimó el fallo que suspendía el veredicto de culpabilidad

Lucio, de 58 años, fue condenada a muerte en 2008 por el fallecimiento de Mariah Alvarez, su hija, quien murió tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. En ese momento, la acusada estaba embarazada de gemelos y tenía 12 hijos, precisó The New York Times.

La fiscalía planteó que la menor fue víctima de maltrato y señaló que su cuerpo presentaba moretones. Sin embargo, los abogados de la condenada afirman desde hace años que las lesiones fueron consecuencia de una caída accidental por una escalera, ocurrida dos días antes de su muerte, según Associated Press.

El caso volvió a revisarse cuando Lucio estaba a dos días de recibir una inyección letal, en abril de 2022. Entonces, el Tribunal de Apelaciones Penales suspendió la ejecución y ordenó una revisión del caso a cargo del juez Arturo Nelson, quien había presidido el proceso.

En abril de 2024, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, reconoció que su antecesor había retenido material que habría favorecido a la defensa.

Posteriormente, ese mismo año, en una resolución de 62 páginas, Nelson concluyó que Lucio era “en realidad inocente” del asesinato capital.

A su vez, sostuvo que durante el juicio se presentó testimonio falso, se ocultó información y que nuevas pruebas científicas ponían en duda o contradecían parte de las evidencias expuestas por el Estado, reportó Associated Press.

En el reciente fallo, la mayoría del tribunal de apelaciones consideró que las conclusiones de Nelson se apoyaban en exceso en la interpretación de los hechos planteada por Lucio y no en la versión de la acusación.

“Tras un examen minucioso, concluimos que las pruebas presentadas ante nosotros no justifican la concesión de un recurso de hábeas corpus en relación con ninguna de las alegaciones remitidas del solicitante”, indicó el tribunal en su resolución sin firmar, recogida por The New York Times.

Por separado, la jueza Lee Finley, una de las disidentes, aseveró que el magistrado Nelson estaba “en mejor posición que este tribunal para determinar si la admisión de error por parte del estado es creíble”.

De acuerdo con The New York Times, la abogada de Lucio, Vanessa Potkin, adelantó que recurrirán a los tribunales federales: “Entre las detalladas conclusiones de inocencia del juez Nelson y el reconocimiento del error por parte del fiscal de distrito Saenz, confiamos en que los tribunales absolverán a Melissa Lucio y le permitirán regresar a casa con sus hijos y nietos. Se hará justicia”.

En otra declaración recogida por Associated Press, la letrada aseguró: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que Melissa, una madre inocente que ha sufrido de forma inimaginable, no sea ejecutada por un crimen que nunca ocurrió”.

El caso movilizó a legisladores y figuras públicas

La posible ejecución de Lucio despertó el apoyo de legisladores estatales, grupos religiosos, organizaciones civiles y celebridades.

Entre las personalidades que se pronunciaron a su favor se encuentra Kim Kardashian, defensora de la reforma de la justicia penal, informó Associated Press.

Tras la resolución de 2022, la estrella televisiva escribió en X junto a una carta firmada por los hijos de la acusada: “Es desgarrador leer esta carta de los hijos de Melissa Lucio suplicando al Estado que no mate a su madre. Hay tantas preguntas sin respuesta en torno a este caso y a las pruebas que se utilizaron para condenarla”.

Luego agregó: “Esta es una de las muchas razones por las que estoy en contra de la pena de muerte y por las que rezo para que se cumpla el deseo de sus hijos y se salve la vida de su madre”.

Apple deberá destinar US$3 millones para compensar a usuarios de iPhone en Argentina que hayan sufrido una reducción en el rendimiento de determinados modelos. El acuerdo fue homologado por la Justicia y establece que cada dispositivo que cumpla con los requisitos podrá recibir hasta US$40, aunque el monto final dependerá de la cantidad de reclamos que sean aprobados.

La compensación surge de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa de los Consumidores (ADELCO) contra Apple. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 y está vinculado con una función de administración del rendimiento que la compañía incorporó en versiones de iOS para evitar apagados inesperados en iPhone con baterías degradadas.

El acuerdo fue homologado el 11 de agosto de 2026 y sus términos fueron aclarados el 24 de agosto. Apple aceptó aportar el fondo de US$3 millones sin reconocer las acusaciones ni admitir responsabilidad legal.

Qué usuarios de iPhone pueden acceder a la compensación

El acuerdo alcanza a personas que hayan residido en Argentina al 4 de febrero de 2020, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. También contempla tanto a quienes usaban los equipos para fines personales como laborales, y a usuarios actuales o anteriores de los dispositivos.

Los modelos incluidos son:

• iPhone 6 y iPhone 6 Plus.
• iPhone 6s y iPhone 6s Plus.
• iPhone SE.
• iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Además, existen requisitos vinculados con el sistema operativo instalado. En el caso de los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el equipo debía haber utilizado iOS 10.2.1 o una versión posterior. Para los iPhone 7 y 7 Plus, el requisito es iOS 11.2 o posterior.

Otro punto clave es que el usuario debe haber experimentado una reducción del rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Cómo será el reclamo para cobrar hasta US$40

El mecanismo para solicitar la compensación se realizará a través de acuerdosmartphones.com.ar, sitio establecido para implementar el acuerdo judicial. Por el momento, todavía no se informó la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el formulario de reclamo.

Una vez que se habilite el procedimiento, los usuarios tendrán seis meses para presentar su solicitud. El formulario requerirá información personal y datos relacionados con el modelo de iPhone utilizado. Luego habrá una instancia de validación para determinar si el dispositivo cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo.

El monto máximo será de US$40 por equipo aprobado. Una misma persona podrá presentar reclamos por más de un iPhone si tiene varios dispositivos que cumplen con los requisitos.

La Justicia también contempla la posibilidad de quedar fuera del acuerdo. Quienes quieran excluirse deberán comunicarlo al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la última publicación del aviso, según lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Por qué Apple reducía el rendimiento de los iPhone

El conflicto se relaciona con una función que Apple implementó para administrar el rendimiento de los iPhone cuando sus baterías comenzaban a degradarse.

El objetivo declarado por la compañía era evitar que los equipos se apagaran de manera inesperada cuando necesitaban entregar picos elevados de energía. Para conseguirlo, el sistema podía limitar temporalmente el rendimiento del procesador y de otros componentes.

En la práctica, esa administración podía generar efectos perceptibles para los usuarios, como una apertura más lenta de las aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, disminución del brillo de la pantalla o un menor volumen del parlante.

Apple incorporó posteriormente herramientas para consultar el estado de la batería y conocer si el sistema estaba aplicando medidas de administración del rendimiento. Estas opciones llegaron con iOS 11.3 y permitían desactivar la función, aunque podía volver a activarse después de otro apagado inesperado.

El antecedente del caso en Estados Unidos

El conflicto también tuvo consecuencias legales en Estados Unidos. En febrero de 2020, Apple llegó a un acuerdo de hasta US$500 millones para resolver demandas colectivas relacionadas con la administración del rendimiento de determinados iPhone en tribunales federales y estatales de California.

Ese mismo año, la compañía acordó pagar US$113 millones para resolver un reclamo presentado por una coalición de más de 30 fiscales generales estatales. Entre las cuestiones discutidas estuvo la información que Apple proporcionaba a los usuarios sobre la relación entre el estado de las baterías y el rendimiento de los dispositivos.

En Argentina, el acuerdo alcanzado con ADELCO establece ahora un mecanismo específico de compensación para los usuarios que cumplan con las condiciones fijadas por la Justicia. La fecha de apertura del formulario será el próximo dato clave para quienes quieran iniciar el reclamo.

Una joven de 22 años fue condenada a cinco años de prisión por una serie de hechos contra la propiedad cometidos en Rafaela, provincia de Santa Fe, entre 2023 y 2024.

Se trata de Agustina Florencia Rivero, quien aceptó su responsabilidad penal en un proceso judicial abreviado que fue resuelto en los tribunales de la ciudad.

La decisión estuvo a cargo del juez Javier Bottero, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes. La investigación fue dirigida por la fiscal Lorena Korakis, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el caso reunió episodios de distinta gravedad, desde la sustracción de motocicletas hasta ingresos a viviendas en los que se llevaron electrodomésticos, dinero, teléfonos y otros objetos. En uno de los robos investigados intervino un hombre que no fue identificado y que, de acuerdo con la Fiscalía, permanece prófugo.

La pena unificó delitos perpetrados en un período de dos años. Según expuso Korakis ante el tribunal, Rivero estuvo involucrada en maniobras de hurto, defraudación y robos cometidos en distintos puntos de Rafaela.

La fiscal indicó, en una exposición atribuida al Ministerio Público de la Acusación, que los ilícitos fueron cometidos “entre 2023 y 2024”. La acusada reconoció su intervención y prestó conformidad con la calificación jurídica seleccionada por la Fiscalía, así como con el monto de la pena y la modalidad abreviada del juicio.

Uno de los primeros hechos incluidos en la condena fue el hurto de una motocicleta Honda Biz. El vehículo estaba estacionado en la ochava que forman las calles Don Orione y Anduiza, con la llave colocada, cuando fue tomado de manera ilegítima.

De acuerdo con la descripción efectuada por Korakis, el dueño de la moto mantenía una conversación con una mujer cerca del lugar al momento de la sustracción. La fiscal precisó que Rivero se apoderó del rodado aprovechando esas circunstancias.

La condena también alcanzó otro episodio relacionado con una motocicleta. Meses después del hurto de la Honda Biz, una persona del círculo cercano de la joven le había prestado una Guerrero Trip. Sin embargo, Rivero no restituyó el vehículo cuando su propietaria o propietario se lo reclamó.

Ese hecho fue encuadrado como defraudación, mientras que la apropiación de la Honda Biz fue calificada como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

La investigación incluyó un ingreso forzado a una vivienda situada en Jorge Newbery al 600. La Fiscalía sostuvo que Rivero actuó junto a un coautor cuya identidad aún no fue establecida.

Según Korakis, ambos entraron al domicilio con el objetivo de llevarse bienes ajenos. Durante el episodio, el hombre que acompañaba a Rivero habría amenazado y golpeado físicamente a una persona que se encontraba dentro de la casa.

Mientras se producía esa agresión, Rivero recorrió el inmueble en busca de objetos de valor, de acuerdo con el relato presentado en la audiencia. Finalmente, los autores se llevaron dos televisores, un teléfono celular y una billetera que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

Por este hecho, Rivero admitió la coautoría de robo calificado por el uso de arma. La persona señalada como su acompañante no fue individualizada y continúa prófuga, según lo informado por la Fiscalía.

Otro tramo de la causa tuvo como escenario una vivienda ubicada en Alvear al 1000. Allí, Rivero actuó junto con Alexis Efraín López, quien ya recibió una condena dentro de este mismo expediente.

La Fiscalía afirmó que ambos ingresaron a la propiedad mediante un engaño. Luego sustrajeron dinero y dos pares de zapatillas. El hecho fue considerado un robo cometido en coautoría.

Tiempo después, Rivero volvió a esa misma vivienda. En esa oportunidad, se apropió de un teléfono celular y de una máquina eléctrica para cortar el pelo, según se ventiló en el proceso judicial.

La secuencia delictiva considerada por el tribunal también incluyó un ingreso a una casa de Avenida Brasil al 1800. Allí, Rivero y López forzaron una ventana para acceder al inmueble y sustrajeron un televisor.

López había sido condenado previamente por su participación en los hechos investigados. La resolución dictada ahora fijó la situación penal de Rivero por el conjunto de episodios atribuidos.

La condenada reconoció haber sido autora de hurto calificado, defraudación y hurto. También admitió su participación como coautora en los delitos de robo calificado por el uso de arma y robo.

La fiscalía sostiene que le disparó dos veces en la nuca mientras dormía y montó la escena para simular un robo.

El miércoles declaró como testigo de cargo Alleigha Botner, de 24 años, la ex amante de Flynn. Su testimonio situó la noche del 16 de febrero de 2026 en Tipp City bajo una nueva luz: horas antes de que Ashley apareciera muerta, Flynn le había prometido a Botner que ese día sería libre.

“Te elijo a ti, soy libre”: el mensaje que la fiscalía pone en el centro del caso

Esa madrugada, antes de la llamada al 911, Caleb Flynn le envió a Botner un mensaje de texto que decía: “Te elijo a ti. Soy libre. Las acciones vendrán mañana”, de acuerdo con lo que planteó la fiscalía durante las declaraciones de apertura.

Botner interpretó esas palabras como una señal de que Flynn hablaría con su esposa sobre el divorcio.

Cuando se enteró de la muerte de Ashley Flynn, la joven declaró ante el jurado que “el corazón le empezó a latir con fuerza”. “Parecía demasiada coincidencia”, aseguró durante su testimonio del miércoles.

Botner dijo que llegó a creer que estaba enamorada, pero que hoy lo odia

La ex amante relató que conoció a Flynn en 2022 durante una pasantía en la iglesia donde él se desempeñaba como líder de alabanza.

La relación sentimental comenzó en mayo de 2024. Botner reconoció ante el tribunal que mantuvo ese vínculo a pesar de saber que él era casado.

“Me encontré en un lugar en el que nunca pensé que estaría”, dijo. “Nunca lo justifiqué moralmente. Simplemente lo hice, aunque sabía que estaba mal”.

La relación incluyó conversaciones sobre matrimonio y tatuajes a juego de un rayo —una referencia a la saga de Harry Potter—. Flynn se hizo el suyo en la axila “para que Ashley no lo viera”, según el testimonio de Botner.

Cuando el fiscal le preguntó qué sentía por Flynn en la actualidad, respondió sin titubeos: “Lo odio”. Consultada sobre el motivo, fue directa: “Porque creo que asesinó a su esposa”.

Botner también declaró que Flynn se refería habitualmente a Ashley con términos despectivos y que en más de una ocasión expresó deseos de que ella estuviera muerta.

“Decía que si pudiera matarla sin ir preso, lo haría”, relató la testigo, que describió haber intercambiado más de 100.000 mensajes de texto con el acusado en ese período.

La defensa admite los mensajes, pero niega que sean prueba de un crimen

La relación atravesó al menos una crisis importante cuando Ashley descubrió mensajes durante un crucero que el matrimonio había realizado para celebrar sus 15 años juntos. Entonces, se contactó con Botner para pedirle una reunión.

La joven no aceptó el encuentro. “No creía poder enfrentarla, sabiendo que tenía una relación con su marido”, dijo a los abogados de la fiscalía.

Tras ese episodio, Botner le fijó un ultimátum: si Flynn no dejaba a su esposa antes del 11 de enero, ella seguiría adelante con su vida. Él prometió hacerlo, pero no cumplió. El mes siguiente, volvió a decirle que tramitaría el divorcio, aunque Botner aclaró que ya no le creía.

Un día antes del homicidio, el 15 de febrero, Botner le envió a Flynn capturas de pantalla generadas con ChatGPT sobre cómo funcionan los procesos de divorcio cuando existe una infidelidad probada, y también instrucciones para borrar mensajes del teléfono.

Lo hizo por temor a que una demanda de divorcio expusiera los mensajes que Ashley ya había visto. “Estaba preocupada por mi reputación y por perder mi trabajo”, admitió.

Flynn enfrenta cargos de asesinato agravado, homicidio, agresión grave y alteración de pruebas. Se declaró no culpable en todos los casos.

La fiscalía del condado de Miami sostiene que mató a su esposa para quedarse con su ex amante, con la custodia exclusiva de sus hijas, con su empleo en la empresa familiar de Ashley y con su rol como líder religioso.

“También se convertiría en una víctima”, afirmó el fiscal Paul Watkins durante las declaraciones de apertura, en referencia a la escena del crimen que el acusado habría montado para quedar como blanco del ataque.

La defensa, encabezada por la abogada Emily Smith, reconoció que su cliente dijo cosas “feas y hirientes” en los mensajes, aunque argumentó que lo hizo para complacer a Botner y que mintió para mantenerla cerca.

“Un hombre puede fallarle a su esposa sin ser un asesino y puede tomar decisiones egoístas sin cometer un crimen”, planteó Smith ante el jurado. Smith también señaló que no existe prueba directa que vincule a Flynn con el crimen, como el arma de fuego utilizada en el disparo.

El testimonio de Botner se interrumpió cuando el tribunal levantó la sesión del miércoles. Está previsto que retome su declaración el jueves.

Aníbal Lotocki declaró en el juicio por la muerte de Cristian Zárate que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad.

“El señor Zárate vino totalmente decidido a operarse. Quería hacerlo conmigo”, sostuvo el médico ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Según relató, atendió a Zárate en el microcentro porteño, sobre la calle Florida. Dijo que el paciente llegó a última hora porque viajaba desde Luján.

Lotocki afirmó que, como parte de la evaluación inicial, Zárate completó una ficha de historia clínica con antecedentes y datos sobre su estado de salud. “Él se presentaba como un paciente sano, no tenía signos de enfermedad ni síntomas”, declaró.

Lotocki aseguró que los estudios prequirúrgicos no mostraban anomalías. También señaló que el examen cardíaco y el respiratorio no presentaron alteraciones y que tampoco se detectaron hernias en el abdómen. “El examen cardíaco, perfecto; el examen respiratorio, perfecto”, afirmó.

También indicó que el paciente envió por WhatsApp los estudios requeridos para la intervención. Entre ellos, mencionó una radiografía de tórax que, según su declaración, estaba “en perfectas condiciones” y no mostraba elementos que permitieran advertir una patología.

“Era un prequirúrgico obligatorio. El paciente estaba sano, se presentaba como sano y no había síntomas para sospechar una enfermedad ni un trastorno en ningún órgano”, sostuvo Lotocki.

En tanto, si bien admitió que presentaba enzimas elevadas, aseguró que el valor no configuraba un riesgo para la operación.

“Yo había tenido contacto con un paciente con COVID lo que correspondía que haga cuarentena. Le suspendí la cirugía y él se enojó mucho, le faltó el respeto a mi esposa. Nosotros decidimos no operarlo. Ahí pidió disculpas, se retractó, que él confiaba en mí pero que no lo pospusiera más”, relató.

“Le ofrecimos hacerla un día antes de lo previsto. El día de la cirugía viene, firma todos los papeles, el consentimiento... Le sacamos una foto prequirúrgica, le volvemos hacer un examen físico. La consulta con el anestesiologo, todo lo que se tiene que hacer”, indicó.

Luego remarcó que Zárate se iba a hacer una liposucción y una dermolipectomía con técnica “tulua” que, según él, no requiere internación y están permitidas en centros de cirujía ambulatorio, sin internación. “No le hicimos un ombligo nuevo, se puede corroborrar porque en la foto del prequirirgico se ve un tatuaje que habría desaparecido si era una dermolipectomía completa. Desapareció un 30 o 40 por ciento”.

De esta manera, respondió a un informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense que complicó su situación. “No es una falta las múltiples inciciones”, remarcó sobre otra de las cuestiones señaladas por los peritos en la autopsia.

Durante su declaración en el juicio por la muerte del empresario, el médico afirmó que Zárate “tardó mucho en despertarse” luego de la intervención. “En muchos pacientes sucede”, aclaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Lotocki relató que, tras la cirugía, el paciente fue trasladado a una habitación del piso inferior mientras él realizaba otra operación. Cuando pasó a revisarlo, dijo que lo encontró “no lúcido”, exaltado por momentos, con somnolencia y desorientación.

“Se excitaba. Pensé que podía tener un ataque de pánico, pero se dormía”, declaró. Según su relato, Zárate señalaba que sentía dolor, aunque no podía precisar en qué zona. El anestesiólogo le administró morfina.

El acusado sostuvo que el cuadro se modificó cuando el paciente bajó la presión arterial y presentó taquicardia. “Había perdido 400 mililitros por el drenaje de una solución sanguinolenta. Estaba perdiendo mucho líquido”, afirmó.

Ante esa situación, explicó que evaluaron dos alternativas. “Podríamos haber tenido una conducta perezosa o activa. Dije: ‘Vamos a revisarlo’”, señaló. Por eso, decidieron trasladar nuevamente a Zárate al quirófano.

Lotocki indicó que el paciente fue anestesiado otra vez y que el procedimiento se extendió durante dos horas. Aseguró que no encontraron una complicación en curso: “El paciente no tenía nada, los puntos estaban todos bien, estaba todo en su lugar”.

Según declaró, tras esa revisión Zárate despertó “en perfectas condiciones”, dejó de perder líquido y ya no manifestó la desesperación que, según su versión, había mostrado antes. “Tenía un dolor habitual para la cirugía. No había criterio ni para pedirle análisis complementarios ni para trasladarlo”, sostuvo.

Lotocki afirmó que estaba previsto que el empresario permaneciera en el centro médico durante la noche bajo el cuidado de una enfermera, debido a que vivía lejos y la operación había terminado tarde.

“No tenía criterio de internación. Se quedó porque vivía lejos, la cirugía fue tarde”, declaró. Comparó esa permanencia con una “internación domiciliaria” y sostuvo que Zárate quedó al cuidado de personal con experiencia en ese tipo de procedimientos.

El médico aseguró que la noche transcurrió “tranquila” y que los signos vitales se mantuvieron estables. También dijo que no recibió llamados de alerta.

En un momento, agregó, el paciente registró una saturación de oxígeno de 94%, un valor que consideró dentro de los parámetros normales. Según su versión, la médica de guardia le colocó una cánula de forma preventiva.

Lotocki señaló que a la mañana siguiente ya estaba en la clínica cuando una enfermera les comunicó que Zárate se había descompensado. Dijo que el paciente presentaba taquicardia, baja saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca acelerada.

“Pensábamos que metabolizaba lenta la droga”, sostuvo. Como no mejoraba, una médica lo revisó y recomendó el traslado. Lotocki relató que la profesional advirtió que el paciente estaba agitado, hiperventilado e hipotenso, y que podía sufrir un paro cardíaco si no lograban compensarlo.

La administración activó un código rojo para solicitar una ambulancia, según declaró el imputado. Lotocki indicó que decidió intubarlo porque no lograban determinar qué originaba la descompensación. También afirmó que le administraron sangre y que el paciente logró estabilizarse de forma transitoria.

“Yo dije de llevarlo a quirófano porque es como una terapia intensiva por la aparatología”, sostuvo.

El médico cuestionó la respuesta del servicio de emergencias. Dijo que la primera ambulancia llegó media hora después del llamado, pero que no era adecuada para el traslado, por lo que se pidió una segunda unidad. Según su declaración, esa ambulancia demoró una hora y media más.

De acuerdo a su versión, la empresa de emergencias se negó a trasladarlo. El paciente, en tanto, se despertó y “empezó a luchar con el tubo”. Se lo sacaron. Volvieron a verlo en un estado de exitación.

Lotocki aludió a una encefalopatía hepática como una explicación que, según sostuvo, solo podía plantearse “con el diario del lunes”, es decir, después de conocer el desenlace.

Luego, Lotocki se refirió a la cardiopatía grave y la cirrosis hepática que, según declaró, padecía Zárate. Aseguró que ambas enfermedades estaban “ocultas” y sostuvo que ese cuadro elevaba “un 90 por ciento” el riesgo de muerte.

También cuestionó la incidencia de la diabetes en el desenlace. “La diabetes no tenía ningún rol acá”, afirmó, en referencia a la conclusión del Cuerpo Médico Forense sobre una posible enfermedad que pudo haber contribuido a la muerte del empresario. A la vez, aseguró que los peritos ajustaron la evidencia a la hipótesis.

Una vez en la clínica Zárate “hizo un paro y no lo pudimos sacar”. En ese lugar, la Policía lo detuvo sin dejar que se cambiara. “Estaba con el ambo y crocs”, recordó.

Zárate murió en abril de 2021, después de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde, en el barrio porteño de Caballito. Lotocki enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual en ese expediente.

Noticia en desarrollo

Dos días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del lugar. Desde entonces, su familia sostiene que las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas con rigor.

El lunes, un gran jurado del estado cerró el proceso penal sin recomendar cargos contra nadie.

Lejos de aceptar ese resultado, los padres del joven y su equipo legal anunciaron para el jueves la difusión pública del peritaje forense del teléfono celular de Wells y exigieron que el Departamento de Justicia (DOJ) abra una investigación independiente, informó AP News.

El gran jurado no encontró pruebas de conducta criminal

El panel, conformado por 23 personas, se reunió entre el 14 y el 18 de septiembre. Emitió 132 citaciones, escuchó a 43 testigos y analizó pruebas físicas y digitales que incluyeron datos de GPS, registros telefónicos, fotografías, videos y un informe de 261 páginas sobre las conversaciones de Wells en Snapchat.

El jurado concluyó que no existían pruebas suficientes para imputar a nadie.

En su informe, el panel afirmó que “la posición, el estado, el momento del hallazgo y la ubicación” del cuerpo eran “consistentes con un ahogamiento”. También descartó de forma explícita que el incidente tuviera motivación racial y sostuvo que no hubo pelea ni altercado alguno el día que Wells desapareció.

La fiscal del condado de Jackson, Angel Myers McIlrath, acompañó la publicación del informe con un video en el que fue directa: “No existe absolutamente ninguna prueba que respalde las afirmaciones de que la desaparición y la muerte de Nolan tuvieron motivación racial”.

Añadió que los amigos de Wells —todos blancos— lo querían, y que la decisión del joven de quedarse en la isla ese día no tiene “ni un ápice de prueba que la contradiga”.

La causa de muerte sigue sin determinarse y la familia cuestiona las conclusiones del jurado

El punto central del desacuerdo entre la familia y las autoridades es la causa de la muerte. Tanto el médico examinador jefe del estado como el doctor Roger A. Mitchell Jr., perito contratado por la familia, concluyeron que la causa y la manera de la muerte son “indeterminadas” y que el ahogamiento “es un diagnóstico de exclusión”.

Ninguno de los dos descartó el ahogamiento accidental, pero tampoco lo confirmó.

Christine Wonsley, madre de Wells, cuestionó en una conferencia de prensa que el jurado hablara de ahogamiento pese a esa ambigüedad. “¿Cómo puede un jurado llegar a la conclusión de ahogamiento sabiendo que hubo trauma en el cuerpo?”, preguntó.

La autopsia independiente de Mitchell documentó traumatismos por impacto sin explicación en la nuca y en zonas de la espalda del joven. “Hasta hoy, nadie ha explicado cómo llegaron allí”, aseguró el abogado de derechos civiles Ben Crump.

Wonsley también rechazó la forma en que se enteró del veredicto. McIlrath le envió un mensaje de texto a las 7:54 de la noche del lunes, minutos antes de que el informe se hiciera público. “Esa acción demuestra una falta de empatía”, dijo ante los medios.

El informe del gran jurado reconoció la existencia del golpe en la cabeza, pero lo clasificó como “no fatal”.

Según ABC News, un testigo declaró ante el panel haber visto a Wells resbalar del costado de una embarcación alrededor de las 3:30 de la tarde del 4 de julio; aclaró que no pudo confirmar si el joven se golpeó la cabeza, pero que continuó socializando sin señales de haber sido herido.

La familia exige transparencia sobre el celular y reclama intervención federal

Uno de los focos de mayor tensión en el caso es el teléfono de Wells. El dispositivo viajó de regreso al continente en la misma embarcación que sus amigos el 4 de julio; ellos afirmaron que el joven lo había olvidado por accidente.

Sus padres rechazaron esa versión: argumentaron que ningún adolescente dejaría su celular atrás de forma voluntaria.

Además, señalaron que en el teléfono no había registros ni mensajes de las horas previas a su última aparición en las redes sociales que, según la familia, usaba con frecuencia.

La fiscal respondió a esas sospechas con los propios datos forenses del equipo de Crump. El análisis realizado por Garrett Discovery Inc., firma contratada por la familia, confirmó que nada había sido borrado del teléfono desde que Wells lo usó por última vez.

McIlrath también aclaró que el informe del gran jurado registró que ese día era habitual que los visitantes de la isla regresaran en botes distintos a los que los llevaron, y que el celular de Wells no fue el único que viajó sin su dueño.

El contraste, sin embargo, no pasó inadvertido. Tal como informó ABC News, los propios abogados de la familia le comunicaron a McIlrath que su investigación privada no había encontrado “testigos adicionales ni pruebas que pudieran ser relevantes para una posible actividad criminal”.

El gran jurado tuvo acceso a esa comunicación. Crump y los padres de Wells exigen públicamente más investigación, pero su equipo reconoció ante la fiscalía que tampoco ellos hallaron pruebas de un delito.

Los datos completos del celular, que el gran jurado vio en parte, se harán públicos el jueves

Crump anunció que el jueves, en un acto en Orlando, Florida, peritos digitales presentarán en vivo los resultados completos del análisis del dispositivo.

La firma había entregado al gran jurado un informe preliminar de 21 páginas antes de que este cerrara su deliberación, pero los detalles de ese documento no se hicieron públicos.

La familia pide intervención del Departamento de Justicia y advierte que el caso puede reabrirse

En la conferencia de prensa del martes, Wonsley, Crump y representantes de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP) pidieron que las autoridades federales asuman el caso, de acuerdo con NBC News.

El informe del gran jurado admitió que agentes federales participaron de algún modo en la investigación, aunque no precisó el alcance de esa intervención.

“Nunca vamos a parar”, advirtió Crump, y fue más lejos: “No sabemos cómo murió Nolan, y el estado de Misisipi tampoco lo sabe. Misisipi debe continuar investigando, y si no lo hace, el Departamento de Justicia debería intervenir”.

El reverendo Al Sharpton, que acompañó a la familia durante el proceso, advirtió en un comunicado que la historia del estado justifica la desconfianza de los padres: “La historia de Misisipi nos enseña dolorosamente por qué las familias nunca deben verse obligadas a aceptar preguntas sin respuesta sobre la muerte de un joven negro”, tal como recogió el canal estadounidense.

El informe del gran jurado incluyó una salvedad relevante. En Misisipi no existe prescripción para los delitos de homicidio, y el panel recomendó que, si en el futuro aparecen pruebas que sugieran que la muerte no fue accidental, el caso sea presentado nuevamente ante el gran jurado del condado de Jackson, de acuerdo con AP News.

Wonsley cerró la conferencia con una frase que resumió la postura de la familia: “Nolan merecía vivir. Al final del día, hay una sola víctima, y es nuestro hijo, Nolan Xavier Wells”.

El Tribunal de Juicio que interviene en la causa contra los 16 policías de Salta acusados por presuntos apremios ilegales durante la investigación del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni evaluará si el expediente podría ser elevado a juicio oral. Frente a esto, la defensa pidió la extinción de la acción penal.

Luego de que los representantes legales de los agentes imputados solicitaran anular la causa en contra de ellos, al argumentar que se había vencido el plazo razonable, la Fiscalía requirió rechazar el planteo y sostuvo que la duración del expediente ya fue examinada anteriormente.

De la misma manera, los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín también se opusieron a una nueva suspensión del trámite. No obstante, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio antes de definir si la causa continuará su curso o será archivada.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el expediente investiga hechos atribuidos a integrantes de la fuerza policial durante las actuaciones de 2011 relacionadas con los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

La audiencia fue convocada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI) para definir la prueba que podría producirse en el juicio. Estuvo a cargo de un tribunal presidido por el juez Leonardo Fearns, junto con el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González.

Las defensas plantearon la insubsistencia de la acción penal por una presunta afectación del plazo razonable y solicitaron el sobreseimiento de los imputados. Además, requirieron que se detuviera el avance de la audiencia hasta que quedara firme una decisión sobre ese pedido.

Los acusados por presuntamente haber recibido apremios ilegales son Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista.

Mientras que 15 de los imputados comparecieron ante el tribunal, desde el Ministerio Público Fiscal salteño indicaron que el decimosexto acusado, identificado como Ferraoti, no estuvo presente en la audiencia.

“Son más de 15 años. Es un desgaste jurisdiccional y genera incertidumbre en nuestros defendidos”, evaluó el abogado Nicolás Vedia, quien se encuentra a cargo de la representación legal de 12 de los 16 imputados, durante un diálogo con El Tribuno. Asimismo, indicó que varios de ellos ya se habían retirado de la fuerza de seguridad.

Frente al planteo de la defensa, Espilocín, fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), indicó que el planteo defensivo ya había sido resuelto. Además, recordó que el Tribunal de Impugnación confirmó el 17 de septiembre de 2025 una decisión dictada el 15 de mayo de ese año por el Tribunal de Juicio, que había rechazado la insubsistencia de la acción penal.

Según explicó, el plazo razonable debe evaluarse a partir de las circunstancias de cada expediente y no mediante una aplicación automática. Entre los factores considerados en resoluciones previas mencionó la complejidad del caso, el número de imputados, la naturaleza de los hechos y las actuaciones acumuladas durante la investigación.

En línea con esto, el fiscal señaló que hubo numerosos recursos e incidencias promovidos por las partes. Aclaró que esas presentaciones integran el derecho de defensa, aunque derivaron en suspensiones procesales. También sostuvo que el expediente mantuvo actividad desde la etapa inicial de investigación hasta la citación a juicio.

De esta manera, Espilocín vinculó el caso con la investigación de los homicidios de Bouvier y Moumni, que continúa bajo revisión en distintos ámbitos. Por esto, mencionó una actuación judicial en Francia y advirtió que la falta de una definición mediante debate oral y público podría generar responsabilidad para el Estado argentino.

Por su parte, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostuvo que los tribunales que intervinieron con anterioridad analizaron los institutos invocados por las defensas. También rechazó que las decisiones previas hubieran incurrido en una confusión conceptual.

Para Sodero Calvet, la declaración de insubsistencia de la acción penal es una medida excepcional que debe analizarse según las particularidades del caso. Por esto, remarcó que la investigación alcanza a efectivos policiales por hechos conectados con un expediente de gravedad institucional y con posibles afectaciones a derechos fundamentales.

En este sentido, afirmó que una eventual demora estatal no puede traducirse en impunidad, incluso en el supuesto de que hubiera existido una mora, circunstancia que descartó en esta causa. Incluso, añadió que un tribunal superior ya había indicado que la discusión sobre el plazo razonable podía ser valorada durante el debate y había recomendado adoptar medidas para avanzar hacia el juicio.

Entre los denunciantes por los presuntos apremios e irregularidades estuvo presente Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, quien fue trasladado bajo custodia. También asistieron los sospechosos que fueron absueltos, Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi no compareció.

Luego de escuchar los argumentos, el Tribunal consideró que el planteo requiere un análisis específico y dispuso un cuarto intermedio. A raíz de esto, la Oficina Judicial deberá fijar, con la mayor proximidad posible, una nueva audiencia para comunicar la resolución sobre la extinción de la acción penal.

Por último, los jueces declararon abstracto el pedido de suspensión formulado por las defensas, al entender que la cuestión ya había sido expuesta y debatida. Si el proceso continúa, la audiencia seguirá con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes y con la posible fijación de la fecha para el juicio oral.

El asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu volvió este miércoles al centro del debate ante el Tribunal de lo Penal de París, donde el fiscal Philippe Courroye sostuvo que su muerte fue el desenlace de una persecución planificada y motivada por la humillación que sufrió Loïk Le Priol, principal acusado en el crimen, durante una discusión que inició en el bar Mabillon. Además, apuntó a que fue una “cacería humana” lo sucedido con el ex jugador argentino surgido en el CASI.

Aramburu tenía 42 años cuando recibió varios disparos de bala el 19 de marzo de 2022 en Biarritz. Esa mañana, su esposa, María, permanecía en el País Vasco junto a sus tres hijos cuando conoció la noticia de la muerte violenta de su marido. En una de las últimas jornadas del juicio, fue el turno de los alegatos y allí el fiscal Courroye, de 67 años, abrió su exposición final con la promesa de defender la ley “con imparcialidad y honestidad intelectual”. En la reconstrucción que realizó el diario francés L’Equipe, el magistrado comenzó por describir a los acusados como jóvenes con recursos intelectuales y económicos, pero marcados por una inmadurez que, afirmó, no puede ignorarse.

Le Priol había aprobado las pruebas de ingreso a fuerzas especiales de élite y podía haber desarrollado una carrera militar. Sobre Romain Bouvier, el otro que también apuntó con su arma contra el cuerpo del ex jugador de rugby, el fiscal señaló que había sido finalista en un concurso de oratoria y que pudo haber ejercido como abogado penalista: “Podría haber estado en mi lugar”.

El alegato ubicó al Grupo de Unión y Defensa, conocido como GUD, como el vínculo entre Le Priol y Bouvier. La organización, disuelta en 2024, fue caracterizada como un espacio atravesado por un discurso identitario, la violencia y la fascinación por las armas. “No es una unión de paz y amor ni un grupo de exploración inofensivo”, afirmó Courroye. Aunque aclaró que no pretendía convertir el juicio en un debate político, sostuvo que el grupo constituía “la base de su personalidad” y de la relación de los acusados con la violencia.

El fiscal también reconstruyó dos relaciones que, a su entender, integraban una “máquina mortal”: la de Bouvier y Le Priol, a quienes describió como inseparables y representantes de “la fuerza y el espíritu”, y la de Le Priol con Lyson R, ex pareja del principal acusado y quien manejó la camioneta en la que uno de los autores materiales del hecho llegó al lugar. Ese entramado, dijo, condujo “a la muerte absurda de un hombre, en el sentido camusiano del término, muerto en vano”.

La premeditación concentró una parte central de la acusación. Para el fiscal, el “plan formado antes de la acción” surge de los testimonios del camarero, el portero y otras personas que vieron un arma, un brazalete policial y escucharon a Le Priol repetir: “Voy a matarlo, voy a matarlo”. Un testigo que se encontraba detrás de los dos jugadores de rugby relató que Le Priol insultó a Hegarty: “Cállate la boca, te voy a fumar, voy a follarme a tu madre”. Le Priol negó con la cabeza desde el banquillo mientras el fiscal evocaba ese testimonio.

Courroye rechazó los planteos de las defensas que buscaron desacreditar a los testigos por una supuesta influencia de la prensa. “¿Estos testigos simplemente repetían lo que habían leído aquí y allá? Eso es un insulto a la integridad de los testigos”, afirmó.

Para la fiscalía, la salida de Bouvier y Le Priol del establecimiento no fue una retirada, sino el inicio de una cacería dirigida contra Aramburu. “Es como la caza del zorro: los perros no persiguen a cualquier animal, cazan a la presa. Cazaron a Aramburu, quien humilló al gran Loïk Le Priol”, sostuvo Courroye.

La acusación cuestionó la versión de Bouvier, quien afirmó que solo quería asustar a la víctima y que disparó al suelo. Courroye objetó además que el acusado justificara lo ocurrido por una leve miopía que, según su explicación, le impedía ver con claridad sus actos.

El fiscal, en el relato que realizó L’Equipe, remarcó que Bouvier efectuó cuatro disparos en cuatro segundos con un arma letal. Un experto estableció que Aramburu recibió dos impactos: uno en el muslo, a 71 centímetros del suelo, y otro en el pecho, a 1,21 metros de los talones. “¿Era esa la única opción que tenías? Hacer la pregunta es responderla. Podrías haber huido”, le reprochó Courroye. El fiscal consideró que esas trayectorias descartan la hipótesis de disparos dirigidos al suelo.

También cuestionó las acciones posteriores atribuidas a Bouvier: el desarme y descarte del arma, la eliminación de ropa y la desaparición de un teléfono. “Me pregunto por qué desarmó el arma, tiró el arma y la ropa e hizo desaparecer el teléfono”, planteó el fiscal, quien sostuvo que el acusado disparó con intención de matar.

En el caso de Le Priol, Courroye ubicó el móvil en lo que llamó una “herida narcisista”: la humillación sufrida delante de su pareja y de su amigo. Afirmó que el acusado persiguió a Aramburu armado y disparó contra un hombre que ya estaba herido.

Le Priol efectuó cuatro disparos que alcanzaron a la víctima, tres de ellos por la espalda, según expuso la fiscalía. El alegato sostuvo que los policías que declararon durante el juicio, con experiencia en escenas del crimen, interpretaron que vaciar un cargador expresa una intención homicida.

La acusación recordó finalmente el testimonio de un guardia penitenciario que escuchó a Le Priol en su celda jactarse de tener los planos de la cárcel. El funcionario registró una frase atribuida al acusado: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”.

Son horas decisivas en el juicio que busca esclarecer el crimen del ex Puma Aramburu. Este viernes, será el tiempo de conocer el veredicto final y la definición de si los principales acusados recibirán cadena perpetua por sus actos.

El diario L’Equipe adelantó que el fiscal solicitó una pena de 27 años de prisión para Loïk Le Priol acusado de asesinato y de 20 años para Romain Bouvier por intento de asesinato. Al mismo tiempo, exigió que ambos sean puestos bajo tratamiento médico y social. Para los otros acusados pidió tres años de prisión (doce meses en suspenso) para Lyson R. –pareja de Le Priol– bajo la acusación de robo, ocultación y destrucción de pruebas. Para Antony S, amigo de Bouvier, planteó una pena similar (24 meses en suspenso).

En 2017, las primeras denuncias contra Harvey Weinstein sacudieron Hollywood y desencadenaron el movimiento #MeToo a escala global.

Nueve años después, el ex productor cinematográfico que dominó la industria del entretenimiento durante décadas recibió este miércoles una condena de 15 años de prisión en Nueva York, al cabo de un proceso judicial que atravesó dos estados, tres juicios y una condena previa anulada.

El juez Curtis Farber fijó la pena en un punto intermedio entre lo que pedía cada parte: la fiscalía había solicitado 20 años; la defensa, nueve. Weinstein, de 74 años, permanecerá detrás de las rejas hasta bien entrada la próxima década.

Un caso que comenzó en 2018 y pasó por tres juicios antes de cerrarse

El proceso penal neoyorquino contra Weinstein arrancó en 2018, cuando la fiscalía del entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. lo imputó por delitos sexuales. En marzo de 2020, un jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones más alto de Nueva York anuló esa condena en 2024. Los jueces determinaron que Weinstein no había recibido un juicio justo, porque el magistrado de primera instancia había admitido testimonios de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación formal.

En el segundo juicio, celebrado en 2025, el jurado volvió a condenarlo por el acto sexual criminal contra Miriam Haley, pero lo absolvió de otro cargo vinculado a Kaja Sokola y quedó sin veredicto en la acusación de violación contra Jessica Mann.

Un tercer juicio sobre ese último cargo terminó también en jurado paralizado, en mayo de este año.

Ante esa situación, la fiscalía de Manhattan, ahora bajo la conducción del fiscal de distrito Alvin Bragg, decidió no ir a un cuarto juicio.

Mann había manifestado que no podía volver a testificar. “En consideración de la postura de la señora Mann, y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B de Weinstein por agredir sexualmente a Haley, no llevaremos adelante un cuarto juicio”, afirmó Bragg en un comunicado, tal como recogió la agencia Associated Press.

La víctima habló ante el tribunal y Weinstein también se dirigió al juez antes de conocer la pena

Haley, de 49 años, ciudadana sueca que trabaja actualmente en publicidad, prestó declaración en dos de los tres juicios. En el segundo, describió con detalle cómo Weinstein la inmovilizó sobre una cama en su apartamento de SoHo y la agredió sexualmente. “Lo impensable estaba ocurriendo”, declaró ante el tribunal, con los ojos llorosos, tal como informó Associated Press.

Este miércoles, antes de que el juez Farber dictara la pena, Haley volvió a tomar la palabra. Su abogada, Gloria Allred, había confirmado que hablaría en la audiencia. El propio Weinstein también se dirigió al tribunal, según confirmó su vocero, Juda Engelmayer.

El ex productor —responsable de películas galardonadas con el Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare enamorado— negó de forma consistente haber violado o agredido sexualmente a alguna de las mujeres que lo acusaron.

La condena en California sigue en pie, aunque un tribunal ordenó una nueva sentencia

El caso de Nueva York no es el único frente legal que enfrenta Weinstein. En 2022, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de violación y dos cargos de agresión sexual contra una modelo y actriz italiana identificada durante el juicio como Jane Doe 1. En febrero de 2023 fue sentenciado a 16 años de prisión en ese estado.

En junio de este año, un tribunal de apelaciones de California confirmó esa condena, pero ordenó al juez de primera instancia que vuelva a determinar la pena.

El panel de tres jueces explicó que la sentencia original fue dictada tomando en cuenta las condenas de Nueva York que luego fueron anuladas, lo que constituyó un error. Rob Bonta, el fiscal general de California, coincidió con esa postura.

La pena californiana deberá cumplirse de forma consecutiva a la de Nueva York, lo que significa que Weinstein tendría que terminar primero su condena en ese estado antes de ser trasladado a California. Actualmente permanece detenido en Rikers Island y en el ala penitenciaria del hospital Bellevue, en Nueva York.

Las acusaciones contra el ex productor, publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, provocaron su destitución inmediata de Miramax, la empresa que él mismo había fundado, y su expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Weinstein tiene la posibilidad de apelar la sentencia de este miércoles, tal como informó Associated Press. Además, enfrenta una demanda civil en un tribunal estatal de Manhattan, presentada la semana pasada por una mujer que lo acusa, junto al empresario James Dolan, dueño de los New York Knicks, de haberla agredido sexualmente en 2013.

Más de seis años después de su primera condena, Harvey Weinstein enfrenta hoy una nueva sentencia en Nueva York por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en su apartamento de SoHo en 2006.

Los fiscales del Distrito de Manhattan piden 20 años de prisión para el productor de 74 años, pena que equivaldría, en la práctica, a una condena de por vida, informó AP News.

La audiencia de este miércoles ante el juez de la Suprema Corte de Manhattan, Curtis Farber, cierra el capítulo neoyorquino de una causa que atravesó tres juicios, dos absoluciones parciales y una anulación de condena. Por ese cargo de agresión sexual, Weinstein podría recibir hasta 25 años.

El jurado lo volvió a condenar por la misma víctima en 2025

Weinstein fue condenado por primera vez en 2020 por agredir a Haley y violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, y recibió una pena de 23 años.

El tribunal de apelaciones de más alto rango del estado anuló ese veredicto en 2024 al determinar que el productor no había tenido un juicio justo: el testimonio de mujeres cuyas denuncias no formaban parte del caso lo había perjudicado.

En el segundo juicio, celebrado el año pasado, el jurado volvió a condenarlo por agresión sexual contra Haley, pero lo absolvió de otro cargo relacionado con una tercera mujer y no llegó a un acuerdo sobre la acusación de violación contra Mann.

El juez Farber ordenó un tercer juicio sobre ese cargo pendiente antes de pronunciar sentencia.

Un tercer jurado quedó trabado y la fiscalía retiró el cargo de violación

En mayo pasado, un tercer jurado también quedó trabado en el cargo de violación. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, decidió entonces retirar la acusación contra Weinstein y descartó un cuarto juicio, en parte porque Mann manifestó que no podía soportar volver a testificar.

Esa decisión despejó el camino para la audiencia de este miércoles. Haley, representada por la abogada Gloria Allred, tiene previsto hacer una declaración de impacto ante el tribunal; Weinstein también se dirigirá al juez, según confirmó su portavoz, Juda Engelmayer.

Tras la condena del año pasado, Haley había expresado su alivio fuera del tribunal. “Es un gran alivio para todos. Estoy contenta de haberme presentado a pesar de algunas tácticas de intimidación por parte de la defensa”, dijo entonces la víctima, según recogió The New York Times.

Las acusaciones en su contra detonaron el movimiento #MeToo en 2017

Las primeras denuncias contra Weinstein fueron publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, y encendieron el movimiento #MeToo, que sacudió a la industria del entretenimiento y se extendió a otros sectores de la sociedad.

La presión pública y la revelación de que la Fiscalía había declinado previamente actuar ante una denuncia de agresión contra el productor llevaron al entonces fiscal Cyrus R. Vance Jr. a presentar cargos formales en 2018.

Weinstein, cofundador de Miramax y productor de filmes ganadores del Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare in Love, negó de manera consistente haber agredido a alguna de las mujeres que lo acusaron. Sus abogados sostuvieron que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En California también fue condenado y enfrenta una nueva audiencia de pena

La causa neoyorquina no es la única que pende sobre el productor. En California fue condenado por cargos similares y sentenciado a 16 años de prisión, aunque un tribunal de apelaciones determinó en junio pasado que deberá ser resentenciado en ese estado.

Según medios locales, podría ser extraditado a California para cumplir primero esa condena antes de que se ejecute la pena neoyorquina.

A eso se suma una nueva demanda civil presentada la semana pasada en un tribunal estatal de Manhattan.

La masajista Kellye Croft acusó al productor de haberla agredido sexualmente, en el marco de una serie de cargos que también involucran al magnate de medios y propietario de los Knicks de Nueva York, James L. Dolan.

Croft había interpuesto una demanda similar en 2024 ante un tribunal federal de Los Ángeles, que fue desestimada.

El portavoz rechazó esas alegaciones en nombre del productor; una vocera de Dolan calificó la nueva demanda de infundada, según AP News.

“Estuve hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente intentando pensar formas de matarla sin ir a la cárcel.” Ese mensaje, enviado por Caleb Flynn a su amante meses antes del crimen, fue uno de los más de 100.000 textos que la fiscalía presentó esta semana como prueba central en su juicio por asesinato agravado.

Flynn no era un desconocido: en 2013 había participado en American Idol y hablado públicamente de su amor por su esposa.

Ahora está sentado en el banquillo de Tipp City, Ohio, acusado de haberla matado a tiros el 16 de febrero de 2026 y de haber manipulado la escena para encubrirlo. Se declaró no culpable.

Los mensajes revelan un plan premeditado

Los fiscales afirman que Flynn mantuvo una aventura extramatrimonial durante al menos un año antes del crimen. Según la fiscalía, a lo largo de ese período intercambió mensajes con su amante en los que expresó odio hacia su esposa y su deseo de librarse de ella.

El fiscal del condado de Miami, Paul Watkins, aseguró ante el jurado que los mensajes —algunos enviados con meses de diferencia, otros pocas horas antes del crimen— muestran con claridad el móvil y la intención del acusado.

Para Watkins, el objetivo de Flynn era liberarse de su matrimonio para construir una vida con su amante.

El analista legal Josh Ritter, consultado por Fox News, indicó que Flynn habría enviado un texto el día anterior al homicidio en el que afirmaba que el día siguiente sería uno que nunca olvidaría y que tomaría su decisión definitiva.

Flynn llamó al 911 y alegó un robo

Tras la muerte de Ashley, Flynn llamó al servicio de emergencias y aseguró que un intruso había entrado al domicilio y disparado a su esposa.

“Dios mío, alguien entró a mi casa, alguien entró a mi casa y le disparó a mi esposa. Tiene dos disparos en la cabeza, hay sangre por todos lados”, declaró a la operadora, tal y como recoge el audio obtenido por Fox News Digital.

Los primeros agentes en llegar a la escena recogieron su versión: Flynn dijo haber estado dormido cuando lo despertaron los ruidos de un allanamiento y disparos.

Las grabaciones de las cámaras corporales de la policía registran cómo repitió esa misma versión ante los oficiales. Ese mismo metraje también muestra a Flynn agachado, vomitando en la escena del crimen.

La escena del crimen contradice la versión del acusado

Un investigador veterano de escenas del crimen testificó que los daños en la puerta del garaje no eran consistentes con los robos que había investigado a lo largo de su carrera. Tras pasar aproximadamente 12 horas en la vivienda, el investigador testificó que la escena había sido manipulada deliberadamente.

Los fiscales sostienen que Flynn usó una pistola 9mm para matar a Ashley dentro del domicilio. El acusado guardaba habitualmente un arma de ese calibre en la consola central de su camioneta Ford F-150. La consola estaba abierta y el arma no fue hallada, un detalle que la fiscalía vincula directamente con el crimen.

El FBI rastrió más de 80 viviendas del barrio en busca de cámaras de seguridad o cualquier otro registro que pudiera corroborar la presencia de un intruso en la zona. No encontró nada.

La defensa acepta la infidelidad pero rechaza la culpabilidad

La abogada defensora Emily Smith reconoció la existencia de la aventura durante sus alegatos iniciales, pero advirtió al jurado que la conducta de Flynn como esposo no equivale a prueba de asesinato.

Smith argumentó que la fiscalía construyó su caso sobre pruebas circunstanciales y que Ashley merecía un juicio basado en hechos concretos, no en especulaciones.

Ritter, por su parte, consideró en declaraciones a Fox News que la defensa tendría serias dificultades para sembrar duda razonable ante semejante volumen de pruebas digitales.

Flynn se quebró durante la audiencia del lunes: el jurado lo vio llorar cuando el investigador detalló sus hallazgos ante el tribunal.

Ashley Flynn tenía 37 años y era maestra suplente y entrenadora de vóley en las escuelas de Tipp City, donde era conocida dentro de la comunidad educativa.

En 2013, durante una entrevista para American Idol, su ahora acusado esposo había declarado sobre ella: “La amo más que a nada en el mundo. Es muy, muy bonita... La amo”. El juicio continúa.

La defensa de Lindsay Clancy pidió al Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, investigar al jurado Michael Desronvil, único de los 12 que se negó a eximir a la acusada de responsabilidad penal. La moción, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue presentada el 18. La audiencia será el 29 de septiembre.

El pedido llega tres semanas después de que el juez declarara la nulidad del juicio, el pasado 4 de septiembre, al comprobar que el jurado no podía alcanzar un veredicto unánime. Once de los 12 integrantes se inclinaban por absolver a Clancy, con el argumento de que sufría psicosis posparto cuando estranguló a sus tres hijos —Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses— en su hogar de Duxbury.

Solo Desronvil respaldó la tesis de la fiscalía, que sostuvo que la acusada comprendía sus actos. La defensa presentó además una segunda moción para desestimar los cargos, con el argumento de que un nuevo juicio vulneraría la garantía constitucional contra la doble incriminación, de acuerdo con CBS News y The Guardian.

Qué pidió la defensa de Lindsay Clancy sobre el jurado

El abogado Kevin Reddington firmó la moción, registrada en el caso número 2383CR00198 del Tribunal Superior de Plymouth, bajo los artículos 13 y 17(a)(2) de las Reglas de Procedimiento Penal de Massachusetts, la Ley General c. 234A y las enmiendas Sexta y Decimocuarta de la Constitución federal.

El documento —identificado bajo el nombre genérico de “Juror Doe” para proteger la identidad del jurado durante la vigencia de una orden de impoundment (reserva judicial que impide el acceso público a ciertos documentos del expediente)— apunta a tres cuestiones concretas:

• La veracidad de las respuestas de Desronvil en el cuestionario previo al juicio y durante la selección del jurado.
• La exactitud de su declaración bajo juramento del 3 de septiembre de 2026.
• Un presunto uso de teléfono móvil o recepción de información externa durante las deliberaciones, conducta prohibida por la ley estatal.

Para sustentar esa investigación, la defensa solicitó que la jueza emitiera citaciones para obtener los registros de llamadas, mensajes de texto y uso de datos del dispositivo de Desronvil entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. de cada jornada de deliberaciones —del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026—, además de una revisión forense limitada del teléfono por un examinador neutral designado por el tribunal, con devolución en un plazo de 48 horas.

La moción preserva también los cuestionarios de los 12 jurados deliberantes y de seis suplentes, las notas del jurado, las respuestas escritas del tribunal, las grabaciones de las audiencias y los videos del pasillo de la sala de deliberaciones, según el texto judicial.

Por qué el juicio de Lindsay Clancy terminó sin veredicto

El proceso se centró en la defensa por insanidad mental. La abogacía sostuvo que Clancy, enfermera, sufrió psicosis posparto severa que le impidió discernir sus actos. La fiscalía del condado de Plymouth, dirigida por el fiscal de distrito Timothy Cruz, lo rechazó con pruebas físicas, testimonios y análisis de su conducta para demostrar que actuó con plena conciencia.

Ante deliberaciones sin resultado, la presidenta del jurado informó al juez que un integrante se negaba a aplicar la duda razonable. En su segunda moción, Martin Weinberg sostuvo que el tribunal debió reemplazarlo por un suplente en vez de declarar la nulidad. “Contrariamente a lo que el tribunal creyó en ese momento, sí tenía opciones viables distintas a declarar el juicio nulo”, escribió Weinberg, según PBS NewsHour.

La postura del jurado Michael Desronvil y de la fiscalía

Desronvil no enfrenta acusación formal por su conducta en el juicio. A través de su abogado, Edward Paltzik, negó dudar de la culpabilidad de Clancy. “No tuve ninguna duda de que sabía lo que hacía”, afirmó en una declaración en X recogida por PBS NewsHour. También negó haber admitido dudas razonables —como sostuvo la presidenta del jurado ante los medios— con la intención de votar igualmente por la condena.

Aunque otros jurados lo describieron como inflexible, Desronvil recibió apoyo público de quienes creen que Clancy debería ser condenada. Una campaña en su favor reunió cerca de USD 375.000 para seguridad, honorarios legales y salarios perdidos, según sus organizadores y PBS NewsHour. Un portavoz de la fiscalía del condado de Plymouth declinó comentar las mociones de la defensa.

Qué puede pasar en el caso de Lindsay Clancy

La fiscalía aún no comunicó si buscará un nuevo juicio. En paralelo, la defensa presentó una moción anterior para que se desestimen los cargos por insuficiencia de pruebas, con el argumento de que la acusación no logró demostrar que Clancy carecía de una enfermedad mental o que, aun teniéndola, conservaba la capacidad de comprender sus actos —los dos elementos que, bajo la ley de Massachusetts, la fiscalía debía probar.

Clancy permanece internada en un hospital psiquiátrico mientras el proceso judicial sigue pendiente de resolución.

La sexta audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate estuvo centrada en las condiciones en las que funcionaba el Centro Médico Conde (CEMECO), donde el paciente fue operado en abril de 2021. La semana pasada, cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del establecimiento declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y sostuvieron que el médico no estaba habilitado para realizar cirugías en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado en el sitio Fiscales.gob.ar, los testigos también aseguraron que CEMECO “no estaba habilitado para internaciones” y reconstruyeron la inspección que realizaron el 4 de mayo de 2021, menos de tres semanas después de la muerte de Zárate. Según explicaron, la clínica tampoco contaba con los servicios necesarios para realizar cirugías generales.

Los inspectores llegaron al centro médico, ubicado en el barrio porteño de Caballito, convocados por la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.

Durante sus declaraciones explicaron que la habilitación original de CEMECO databa de 2012 y permitía el funcionamiento de consultorios externos, un quirófano y una sala de recuperación para procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos tras los cuales los pacientes pueden regresar a sus domicilios dentro de las seis horas posteriores a la intervención.

La situación era diferente para las cirugías generales o aquellas que requirieran internación. Según los inspectores, el establecimiento no disponía de los servicios necesarios para ese tipo de prácticas y, ante una complicación, el paciente debía ser derivado a una clínica de mayor complejidad.

Los funcionarios también señalaron que el establecimiento no contaba con un director médico al momento de la inspección. Andrea Isabel Torelli se presentó como responsable del lugar y les informó que el director médico había sufrido un ACV y no podía comunicarse.

Los inspectores consideraron que, ante esa situación, el centro se encontraba acéfalo desde el punto de vista de la dirección médica, lo que incumplía la normativa sanitaria vigente.

Durante el procedimiento encontraron además un contrato entre CEMECO y Lotocki para el alquiler de los quirófanos. El documento había sido firmado el 18 de abril de 2021, tres días después de la operación de Zárate y dos días después de su muerte, y establecía que el médico no pertenecía al plantel ni tenía una relación de dependencia con la clínica.

Sin embargo, los inspectores señalaron que en el establecimiento encontraron historias clínicas firmadas por Lotocki anteriores a la fecha de ese contrato, correspondientes a procedimientos que había realizado allí.

Otro de los puntos de la declaración estuvo relacionado con la habilitación de Lotocki para operar. Ante una pregunta de la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, los inspectores explicaron que el acusado posee un título de médico cirujano expedido por la Universidad Nacional del Litoral, pero que para realizar ese tipo de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires debía estar inscripto en un registro específico.

Según declararon, Lotocki no figuraba como especialista en cirugía general ni en cirugía plástica y tampoco les constaba que hubiera iniciado el trámite correspondiente para inscribirse.

Fentanilo, propofol y medicamentos vencidos

Los inspectores también describieron una serie de irregularidades sanitarias detectadas durante el procedimiento. Entre ellas, mencionaron que había una gran cantidad de fentanilo y propofol distribuida en distintos sectores de la clínica.

Incluso, encontraron ampollas almacenadas en muebles de fácil acceso al público, una situación que los inspectores consideraron un riesgo sanitario.

El informe elaborado tras la inspección también consignó medicamentos vencidos mezclados con otros que todavía estaban vigentes y la ausencia de los libros de registro de estupefacientes, en los que debía quedar asentado el ingreso de esos fármacos y a qué pacientes habían sido administrados.

También hallaron material que se presentaba como esterilizado junto a otros elementos sucios. En una heladera utilizada para guardar pan y café, además, encontraron ampollas de propofol.

Los inspectores explicaron que los medicamentos que requieren cadena de frío deben conservarse en una heladera de uso exclusivo y con control de temperatura.

Lotocki pidió declarar

Al finalizar la audiencia, la defensa de Lotocki informó que el médico quería declarar sobre lo ocurrido con Christian Zárate. El tribunal dispuso que podrá hacerlo durante la audiencia prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Después de esa instancia está previsto que comiencen a declarar las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según la acusación, sufrieron luego de someterse a intervenciones quirúrgicas con él.

Zárate había sido operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Se le practicó una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la intervención, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que el paciente regresara al quirófano.

Durante la noche, Zárate permaneció dolorido y sin poder dormir. A la mañana siguiente se descompensó, fue intubado y desde la clínica solicitaron una ambulancia. Los médicos que llegaron advirtieron la complejidad del cuadro y pidieron un segundo móvil. El paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

En la audiencia anterior, ocho peritos analizaron la atención que recibió Zárate y describieron ante el tribunal una secuencia de deterioro clínico que, según sus conclusiones, no recibió la respuesta que requería el cuadro.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. Junto con él son juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y Torelli.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

El Gobierno nacional celebró los avances que se conocieron en las últimas horas en el juicio en ausencia que se lleva a cabo a los responsables del atentado a la AMIA. El Ministerio de Justicia destacó como un “avance histórico” el procesamiento que se conoció este lunes a los siete ciudadanos iraníes y de un libanés por el ataque terrorista de 1994.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques destacó que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”.

El pronunciamiento del Ejecutivo llegó horas después de que el juez federal Daniel Rafecas, titular subrogante del Juzgado Federal N.° 6, firmara una resolución de 648 páginas en la que dictó el procesamiento de ocho personas por sus roles en el ataque del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El atentado dejó 85 muertos y más de 151 heridos. A cada uno de los imputados se le impuso un embargo de USD 500.000.000.

Con base en las pruebas recopiladas por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la decisión estratégica de ejecutar el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní, y que la parte operativa fue delegada en Hezbollah, la organización armada de origen libanés con estrecho vínculo con Teherán. Para concretar el plan, esa organización estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, área que comprende las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

La resolución judicial estableció con precisión la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores compraron una camioneta Renault Trafic. Cinco días después, el viernes 15 a las 18, el vehículo ya estaba acondicionado y cargado con 300 kilogramos de amonal y TNT. Los responsables de la logística lo estacionaron en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, fecha elegida para la detonación por el alto flujo de personas que concurrían al edificio en ese horario.

Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidio calificado por odio racial o religioso y peligro común, lesiones dolosas y daño agravado por motivos discriminatorios. Además, calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución diferenció los roles de los imputados según su nivel de participación. Fueron procesados como autores mediatos cuatro exfuncionarios del Estado iraní: Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Ali Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Al Quds. Desde sus posiciones de poder, estos hombres tomaron las decisiones políticas y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno.

Como cómplices necesarios fueron imputados Hadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada; y Ahmad Reza Asghari, ex diplomático y agente de inteligencia. Los tres aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local. Por su parte, Salman Raouf Salman —conocido también como Samuel El Reda—, ciudadano libanés y miembro de Hezbollah, fue procesado como coorganizador y agente operativo por haber coordinado la fase final del ataque en Buenos Aires.

En paralelo, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que Rafecas no se pronunció sobre las situaciones procesales de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, debido a que los tres fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La resolución también estableció que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá: el 19 de julio de 1994, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó la muerte de 20 personas, entre ellas 12 integrantes de la comunidad judía panameña. Ambos episodios fueron reivindicados cuatro días después de forma conjunta por Hezbollah desde el Líbano, bajo el nombre de cobertura “Ansar Allah”. La justicia panameña mantiene una investigación abierta por ese hecho e intercambia información con los tribunales argentinos.

En el plano local, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe la posible unificación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, también en territorio argentino. La medida se fundó en un dictamen del fiscal Basso, que sostiene que ambos ataques fueron ejecutados por la misma organización.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva. Si los tribunales superiores confirman el fallo, el juzgado quedará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En forma simultánea, la Cámara Federal de Casación Penal ya habilitó la posibilidad del juicio en ausencia.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la legitimidad y constitucionalidad del juicio en ausencia para avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.

La resolución sostuvo que el mecanismo permite garantizar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo. Con esta decisión, el tribunal despejó el camino para avanzar con la investigación y el juzgamiento sin la presencia de los imputados.

La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial. La jueza Angela Ledesma y los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques consideraron que el argumento sobre las supuestas “distinciones arbitrarias” para solicitar un nuevo juicio, ante una eventual presentación posterior de los acusados, era hipotético y conjetural, porque dependía de hechos todavía inciertos. Entendieron que ello es así en cuanto la rebeldía de los encausados no había permitido avanzar con el proceso.

La resolución se firmó este lunes, al mismo tiempo que el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado. El ataque terrorista, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.

Los argumentos de la defensa

La defensa oficial —encabezada por el defensor Enrique Comellas— planteó la inconstitucionalidad de la norma porque, si se condena en ausencia a los imputados y estos se presentan en el futuro ante la Justicia argentina, el sistema limitaría su derecho a exigir un nuevo juicio. Según su mirada, la decisión judicial que considera probado que los acusados conocían el proceso desde antes los dejaría automáticamente en la categoría de “contumaces”, excluyéndolos del derecho pleno a una revisión con presencia.

Sostuvo que este punto es clave: “El verdadero agravio no radica en la celebración del juicio en ausencia, sino en el rechazo anticipado a la posibilidad de realizar un nuevo juicio posterior”.

El planteo también subrayó que la intervención de un defensor técnico, sin contacto con el imputado, no suple la necesidad de una defensa de hecho, es decir, el derecho del acusado a estar presente, participar y coordinar su estrategia. Advirtió que la solución normativa coloca a la defensa en una situación “materialmente imposible”, porque deben montar una estrategia desconociendo en su totalidad la versión de los hechos que podría tener su propio asistido.

Según Comellas, el daño para sus representados no es hipotético, sino actual, ya que tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez a cargo afirman que los imputados sabían de la causa y, si no se revisa el artículo cuestionado, nunca accederán a un verdadero nuevo juicio.

La postura del fiscal y las querellas

El Ministerio Público Fiscal, representado por Raúl Pleé, pidió rechazar el recurso. Sostuvo que la ley 27.784 fue dictada para destrabar procesos cuando los imputados, como en este caso, deciden no presentarse y permanecen prófugos a pesar de los pedidos de captura internacional.

Para el fiscal, la aplicación del juicio en ausencia es una respuesta a la gravedad de hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, y la norma prevé suficientes garantías: el acusado puede designar abogado, goza de defensor oficial, el juicio es íntegramente registrado para su posible revisión, y existe la posibilidad de solicitar un nuevo juicio si, al momento de aparecer, acredita no haber conocido el trámite o un impedimento grave. Pleé subrayó: “La restricción al derecho de defensa deriva de la propia conducta de los imputados al no comparecer, y pueden revertirla en cualquier momento”.

Las querellas —representadas por la AMIA (abogado Miguel Bronfman), la DAIA (abogados Hernán Najenson y Gabriel Camiser) y familiares de víctimas— coincidieron en que la ley votada tiene carácter general y no está hecha a medida para este caso. Avalaron la constitucionalidad del juicio en ausencia y remarcaron: “La incomparecencia deliberada de los imputados no impide la prosecución del proceso cuando existe una defensa técnica efectiva”.

Los fundamentos de la Cámara

La jueza Angela Ledesma y los jueces Barroetaveña y Mahiques coincidieron en un punto esencial: la objeción planteada por la defensa resulta “prematura y conjetural”. El tribunal sostuvo que el agravio es hipotético porque:

• Todavía no hay condena dictada en ausencia.
• No se registró la comparecencia posterior de ningún imputado que pida un nuevo juicio.
• El daño es potencial, ya que la discusión sólo cobraría actualidad si esos hechos ocurren.

Según el fallo, la cuestión solo podrá analizarse concretamente si alguno de los acusados es juzgado en ausencia, condenado y luego se presenta pidiendo un nuevo debate. En palabras del tribunal: “Ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida. Resolver ahora esa cuestión importaría emitir una declaración acerca de una controversia eventual, cuya configuración depende de hechos futuros e inciertos”.

El fallo reafirmó el principio de que los jueces no pueden expedirse sobre situaciones abstractas o posibles cuestiones futuras, sino sobre hechos actuales con consecuencias jurídicas inmediatas.

Además, la Cámara recordó que la declaración de inconstitucionalidad es una medida extrema, que solo puede dictarse si la repugnancia con la Constitución es manifiesta y el interesado demuestra claramente que la ley contraría derechos fundamentales, lo que —a criterio del tribunal— no sucedió en este expediente.

De este modo, la vía para avanzar con el juicio en ausencia de los imputados por el atentado a la AMIA queda habilitada, mientras el debate sobre el alcance del derecho a un nuevo juicio, en caso de condena y posterior presencia de los acusados, queda postergado para un futuro escenario que todavía no existe.

En el sótano, sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses— yacían con bandas elásticas alrededor del cuello. Dos murieron en el lugar. El tercero no sobrevivió la semana.

Casi tres años después, y a días del juicio nulo que cerró el proceso penal contra Lindsay sin condena, Patrick habló ante las cámaras de 60 Minutes para poner en palabras el dolor, el perdón y la única explicación que encontró para lo inexplicable: la enfermedad mental.

El juicio terminó en nulidad tras un jurado dividido

El proceso judicial de Lindsay Clancy concluyó el 4 de septiembre con la declaración de un juicio nulo, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

La defensa argumentó que la acusada no era penalmente responsable de las muertes porque padecía psicosis posparto, una condición que puede alterar la percepción de la realidad en madres recientes y se considera una emergencia psiquiátrica.

La fiscalía sostuvo la posición contraria: que Lindsay Clancy actuó de forma deliberada y planificada, y que envió a su entonces esposo a hacer mandados mientras cometía los crímenes.

Patrick testificó durante dos días en el juicio. Describió haber encontrado a Lindsay con heridas en el cuello y las muñecas y a los tres niños con bandas elásticas de ejercicio alrededor del cuello.

Durante el segundo día de testimonio, justo antes de que se reprodujera la llamada al 911, sufrió un ataque de pánico masivo. “Mi corazón latía a mil por hora, y me pusieron en una ambulancia”, relató ante 60 Minutes.

Le ofrecieron medicación, pero la rechazó. Quería volver al estrado y terminar su declaración.

Patrick Clancy cree que fue la enfermedad, no su exesposa, la responsable

“Creo que fue su enfermedad mental lo que causó todo esto”, afirmó Patrick. Para él, los titulares que describieron a Lindsay como una “madre asesina” o un “monstruo” no reflejaron la realidad de lo ocurrido.

La enfermedad de Lindsay había dado señales antes de la tragedia. Realizó varias visitas a urgencias tras el nacimiento de Callan, se internó en un programa para pacientes con depresión posparto —de donde fue dada de alta al día siguiente— y le prescribieron una cantidad creciente de medicamentos.

El 31 de diciembre ingresó al Hospital Psiquiátrico McLean, donde fue tratada por depresión y la devolvieron a su casa días después. La familia celebró el cumpleaños de Cora el 7 de enero. Diecisiete días más tarde ocurrió la tragedia.

Patrick reconoció ante el programa que desconocía las particularidades de las enfermedades posparto. “Podía entender cómo se siente estar muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo manejar una enfermedad posparto”, declaró. “Creo que la enfermedad mental tiene esta capacidad de ser trágicamente engañosa”, agregó. “Estoy seguro de que hay cosas que no vi”.

El día de los hechos, Lindsay pareció estar en uno de sus mejores momentos: llevó a Cora a una cita médica y luego construyó un muñeco de nieve con los niños. Patrick Clancy dijo que nunca la había visto lastimar a sus hijos con anterioridad.

Cuando le preguntó a Lindsay qué recordaba de esa noche, ella respondió que fue como un sueño. “Lo recordaba de la misma forma en que uno recuerda algo al despertar”, reprodujo Patrick en la entrevista.

Aquella noche, esperó que al menos uno pudiera sobrevivir

Tras encontrar a los niños en el sótano, Patrick Clancy mantuvo la esperanza de que el menor pudiera vivir. Callan fue trasladado en helicóptero a un hospital de Boston, donde los médicos lograron restablecer su latido cardíaco.

“Solo denme uno. Solo denme uno de mis hijos”, recordó haber pensado esa noche. “Lo criaría de la mejor manera posible. Le contaría sobre su hermano y su hermana”.

Al llegar al hospital, la expresión de la médica le anticipó lo peor. Pasó cuatro días junto a Callan antes de que el bebé falleciera en sus brazos.

Durante esas horas, con una mano sostuvo la del bebé y con la otra escribió, desde su teléfono, un homenaje a cada uno de sus tres hijos. Tenía miedo de que fueran olvidados.

Las teorías conspirativas fueron un daño adicional para la familia

Tras la muerte de sus hijos, Patrick atravesó un período de oscuridad. Confesó ante 60 Minutes que hubo un momento en que no creyó que llegaría a sus 35 años y que estaba “completamente bien con eso”.

Incapaz de quedarse en Duxbury, se mudó a Nueva York en busca de anonimato.

En lo que habría sido el primer cumpleaños de Callan, entró a la catedral de San Patricio en Manhattan, encendió una vela y le dijo que lo amaba. “Salí a la Quinta Avenida y rompí a llorar. Y a nadie le importó”, relató. “Pensé: ‘aquí es donde necesito estar. Aquí puedo llorar’”.

El caso también generó una ola de teorías conspirativas en redes sociales, algunas de las cuales lo acusaron directamente de haber cometido los crímenes. “Es dañino para el legado de mis hijos”, expresó. “Es una gran distracción de lo que realmente importa aquí, que es la salud mental perinatal”.

El abogado defensor de Lindsay, Kevin Reddington, rechazó esas teorías. “Es evidente que Patrick ha sido atacado y que su vida ha sido convertida en una pesadilla que no merece. Punto final”, declaró Reddington al ser consultado por NBC News.

El abogado de Patrick también advirtió que se tomarán “todas las medidas apropiadas para responsabilizarlos, incluso legalmente”.

El perdón que él dio sin que nadie se lo pidiera

En la entrevista, Patrick reconoció que su entonces esposa nunca le pidió perdón. “No. Pero se lo di de todas formas”, aseguró. Explicó que, de no haber llegado al perdón, habría quedado “consumido por dentro, para siempre”.

Para su recuperación también recurrió a expertos. Se contactó con Postpartum Support International y con psiquiatras especializados en salud perinatal, con quienes mantuvo conversaciones profundas sobre lo que ocurrió.

Tanto él como Lindsay iniciaron demandas por negligencia médica contra los profesionales de la salud que la trataron.

Años después de la tragedia, conoció a la doctora Rachel Danis, médica especialista en fertilidad, en un club de corredores de Nueva York en enero de 2024.

El primer acercamiento ocurrió en una cafetería: Danis vio la foto de los niños en el teléfono de Patrick al momento de pagar y le preguntó quiénes eran.

Él le respondió que eran sus hijos y que habían muerto. Los dos contrajeron matrimonio en abril y planean formar una familia.

Danis resumió su rol ante las cámaras del programa: “Sé que no puedo devolverle a sus hijos, pero si puedo honrarlos y permitirle a Pat llorarlos mientras los honra en el presente, supongo que es todo lo que puedo hacer”.

Lindsay Clancy permanece detenida en el Hospital de Tewksbury, en Massachusetts, a la espera de que se determine si enfrentará un nuevo juicio por la muerte de sus hijos.

El asesinato de Austin Metcalf no terminó con su muerte. Desde que Karmelo Anthony fue declarado culpable, en junio de 2026, la familia del adolescente texano recibió más de 100 amenazas. Una de ellas derivó en una acusación federal.

Sharifa Nicole Henderson, de 34 años y residente en Kansas City, Misuri, prometió matar a integrantes de la familia en tres contactos separados realizados en menos de 48 horas. El caso llegó a la justicia federal de Estados Unidos y la expone a hasta 15 años de prisión.

Un gran jurado del Distrito Este de Texas la procesó el 9 de septiembre de 2026 por tres cargos de comunicaciones amenazantes interestatales. Fue arrestada dos días después en Kansas City.

Las amenazas llegaron horas después de la condena de Karmelo Anthony

El juicio contra Karmelo Anthony concluyó el 9 de junio de 2026 con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Metcalf.

Al día siguiente, Henderson ya había enviado el primero de sus mensajes.

A través de Facebook Messenger, le escribió a un integrante de la familia Metcalf que los mataría y los metería en una bolsa para cadáveres. Al final del mensaje, tal como consta en el texto de la acusación formal, añadió: “Esto es una amenaza, llévenme a juicio”.

Ese mismo 10 de junio, Henderson llamó por teléfono al gobierno del Condado de Collin, la fiscalía que procesó a Anthony, y aseguró que “demolería” a la familia Metcalf y “estrangularía” a uno de ellos, de acuerdo con el mismo documento.

El tercer contacto tuvo lugar el 11 de junio, por la misma vía. En ese mensaje, le escribió a otro destinatario: “No te preocupes, te mataré a ti también. Te cazaré para siempre hasta matarte… siempre tendrás que mirar por encima de tu hombro”.

Jeff Metcalf reveló que su familia acumula muchas amenazas desde el veredicto

Jeff Metcalf, padre de Austin, declaró a FOX 4 Dallas-Fort Worth que los suyos recibieron más de 100 amenazas desde que se conoció el fallo contra Anthony.

El caso de Henderson es el primero que derivó en una acusación federal.

El asesinato de Austin Metcalf generó una profunda tensión racial en todo el país. Mientras los seguidores de Anthony cuestionaban la composición del jurado —integrado sin presencia de personas afroamericanas— y exigían la absolución, los familiares y simpatizantes de la víctima se congregaron frente al mismo tribunal en busca de un fallo condenatorio.

Anthony mató a Metcalf durante una competencia escolar y recibió 35 años de prisión

El crimen ocurrió el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo de nivel secundario.

Anthony, entonces estudiante de la Escuela Secundaria Centennial y de 17 años en ese momento, se acercó hasta la carpa del equipo de la Escuela Secundaria Memorial, donde estaba Metcalf.

Según la investigación, Metcalf le pidió que se retirara. La fiscalía sostuvo que fue Anthony quien provocó el enfrentamiento que terminó con su muerte, tras recibir una puñalada en el pecho.

Las cámaras de vigilancia captaron a Anthony corriendo del lugar inmediatamente después del ataque.

Cuando los agentes lo aprehendieron, tal como quedó registrado en informes policiales obtenidos por Fox News, les dijo a los agentes: “No soy un presunto culpable, yo lo hice”.

Anthony fue condenado a 35 años de prisión. En agosto de 2026, un juez rechazó su pedido de nuevo juicio, aunque su defensa prepara una nueva apelación.

Su palabra era una de las más esperadas en el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu. María, la viuda del ex jugador de Los Pumas, se sentó en el estrado y declaró en una nueva jornada del litigio que busca esclarecer lo ocurrido el 19 de marzo de 2022. El ex rugbier, que en el momento de su muerte tenía 42 años, murió tras ser atacado a tiros por dos hombres vinculados a la ultraderecha francesa después de una pelea en un bar.

El juicio se desarrolla ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones de la capital francesa que procesa a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los principales acusados por el crimen del jugador que fue parte del plantel argentino que logró el histórico bronce en el Mundial 2007. La declaración de María era una de las más esperadas desde el inicio del debate y, como era de esperarse, generó conmoción en la sala. “Tantas cosas me impactan, me ponen a prueba”, expresó entre lágrimas. También habló de sus hijos, Santi, Trini y Justi, que tenían 10, 8 y 2 años cuando perdieron a su padre, según recogieron de su relato medios franceses como Le Parisien y L’Equipe.

“El dolor no terminó el 19 de marzo: sigue vivo”, sostuvo. María relató que Santi, el mayor, primero imaginó que un dinosaurio se había comido a Federico; luego creyó que había muerto en un accidente de auto, hasta que comprendió que había sido asesinado.

La última imagen que Aramburu le envió a su esposa lo mostraba con un puño en alto y la palabra “Vamos”. El mensaje celebraba el éxito de un proyecto profesional vinculado al Mundial de Rugby, que había conseguido para su agencia Esprit Basque. El ex jugador de CASI y del Biarritz Olympique del rugby francés había firmado con los patrocinadores del Mundial 2023 para que su empresa participara del evento. Era su primer gran negocio después de su carrera deportiva y de sus estudios en la Universidad de Burdeos.

Ese logro fue el motivo por el que salió a festejar con su amigo y socio Shaun Hegarty la noche del 18 de marzo hace cuatro años en el centro de París. Durante la madrugada, ambos mantuvieron una pelea con los acusados en un bar. Luego fueron perseguidos hasta el hotel, donde Aramburu fue atacado a tiros. A pedido de la fiscalía, María describió cómo recibió la noticia. Una amiga fue a verla, le dijo que había habido una pelea que “terminó mal” y, cuando ella preguntó si Federico seguía vivo, la mujer negó con la cabeza.

“Fede no era un héroe. Era un hombre normal y sano”, dijo la viuda. Desde el comienzo del juicio, ella se ubica en el sector reservado para la parte civil, junto a los padres, suegros, hermanos, amigos y otros familiares de Aramburu.

Vestida con jean y camisa negra, con el pelo recogido y anteojos en algunos momentos, María vio en la sala Voltaire del Palacio de Justicia los videos de toda la secuencia: la primera pelea en el bar, el trayecto hasta el hotel, un nuevo enfrentamiento y el asesinato de su esposo. El resto de los familiares se retiró de la sala durante la proyección. “Es duro, pero he podido encontrar algo de paz”, reconoció. Su abogado había optado por postergar su testimonio para que declararan antes otros testigos, entre ellos Hegarty.

Además del relato de la esposa del ex jugador de la selección argentina de rugby, un guardia de la prisión de Fleury-Mérogis fue el gran protagonista de la jornada previa al inicio de la semana que culminará con el veredicto. Afirmó que Le Priol se atribuyó los últimos disparos contra Aramburu durante una llamada desde su celda. La declaración, negada por el acusado, incorporó al juicio una frase sobre “las últimas cuatro balas” que habría disparado al exintegrante de Los Pumas, asesinado en París tras una pelea ocurrida en marzo de 2022.

La conversación fue escuchada durante una ronda nocturna del 22 de mayo de 2023. El agente penitenciario, identificado como Lucas, miró por la mirilla de la celda y vio a Le Priol sentado frente a una ventana, aparentemente con un auricular, mientras hablaba por teléfono. El guardia anotó parte de lo que escuchó y dejó asentada una frase atribuida al detenido: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”. El portal francés Actu-Juridique indicó que el Tribunal de lo Penal de París convocó al agente para que confirmara el contenido de aquel registro.

Durante su declaración del pasado viernes 18 de septiembre, Lucas dijo que ya no recordaba con precisión la escena, aunque sostuvo que, si la había consignado por escrito, debía haber ocurrido. Explicó que anotó las palabras “lo mejor que pudo para que surgiera y tuviera repercusión en el caso”, según relató la cronista Olivia Dufour.

La defensa cuestionó la fiabilidad del testimonio por varias inconsistencias. El agente situó una audiencia el 6 de junio cuando había sido el 6 de julio, aseguró haber visto un auricular que no apareció en el posterior registro de la celda y mencionó planos de la prisión que tampoco fueron encontrados.

Los registros telefónicos establecieron que Le Priol había hablado con su pareja, también coacusada en el proceso. El guardia describió al detenido como “una persona decente y tranquila” y explicó que el episodio se le había borrado de la memoria porque durante sus turnos solía escuchar situaciones “mucho más crudas y crueles”.

El presidente del tribunal, Franck Zientara, le preguntó si había pretendido perjudicar al acusado al redactar su anotación. “No, no me interesa”, respondió el testigo. El magistrado insistió sobre la posibilidad de que hubiera mentido o exagerado. Ante las preguntas del fiscal Philippe Courroye, Lucas confirmó bajo juramento que lo asentado reflejaba lo que había oído: “De lo contrario, no lo habría anotado”. El medio francés que recopiló la declaración del guardia señaló que Le Priol hizo gestos de desacuerdo mientras el guardia respondía.

La defensa también presentó a un antiguo compañero de celda de Le Priol en el pabellón de máxima seguridad de Fleury-Mérogis, donde ambos estuvieron durante 2023 y 2024. El hombre aseguró que agentes penitenciarios buscaban que reuniera información sobre el caso y las posiciones políticas del acusado.

“Siempre querían más, que acosara a Le Priol sobre su caso, sus opiniones políticas. Nunca le pregunté; no es asunto mío”, declaró. Los abogados sostuvieron que esa versión estaba respaldada por correos electrónicos que el testigo había enviado entonces a su madre y a su abogado.

El excompañero de celda afirmó que Le Priol evitaba hablar del asesinato porque el hecho lo había afectado profundamente. También rechazó la imagen de un hombre violento o despectivo: “Jugábamos a las cartas, al fútbol; nunca fue violento, jamás vi en él ni un ápice de malicia”. El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre, más de cuatro años después de la muerte de Aramburu, que tenía 42 años y era padre de tres hijos.

La postura de Desronvil fue determinante para que el juez William Sullivan declarara el juicio nulo el 4 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts, tras casi 40 horas de deliberaciones sin acuerdo unánime. El panel quedó dividido 11 a 1 a favor de declarar a Clancy sin responsabilidad penal, lo que imposibilitó el veredicto y dejó el caso sin resolución definitiva.

Qué dijo Michael P. Desronvil tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

En una declaración enviada a CBS News, Desronvil rechazó la versión de sus compañeros, quienes afirmaron que él había expresado dudas razonables durante las deliberaciones pero se negó a plasmarlas en el veredicto.

“No tuve ninguna duda”, sostuvo el jurado de 48 años, residente en Bridgewater, Massachusetts. “Basándome en todas las pruebas físicas, los testigos clave y lo que presentó la fiscalía, consideré que había pruebas suficientes de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó”, agregó, según recogió BBC.

Desronvil también respondió a las críticas internas. “Mientras intentaba explicar distintas teorías posibles durante la deliberación, me interrumpían constantemente, como si mis palabras fueran señal de que tenía dudas sobre las pruebas presentadas”, declaró.

Por qué el jurado consideró que había pruebas de planificación

Clancy, de 36 años, se declaró no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado, aunque reconoció ante el tribunal haber causado la muerte de sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en su vivienda de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, y haberse lanzado desde una ventana del segundo piso. Su defensa argumentó que una crisis severa de psicosis posparto le impedía comprender la naturaleza de sus actos. Para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debía coincidir de forma unánime, y más allá de toda duda razonable, en que Clancy actuó de manera intencional y que esa condición no determinó sus actos.

Desronvil consideró que las pruebas físicas y los testimonios de los peritos de la fiscalía acreditaban con suficiencia que los hechos fueron planificados. Según él, ningún argumento de la defensa lo convenció de lo contrario.

El argumento de la defensa sobre la psicosis posparto

La estrategia de la defensa se centró en la condición mental de Clancy al momento de los hechos. Sus abogados señalaron que la acusada había recibido más de una decena de medicamentos en el período previo, que llamó a una línea de crisis suicida y que acudió a urgencias, todo ello como indicios de una enfermedad psiquiátrica grave.

Un psiquiatra forense que declaró a favor de la defensa afirmó que Clancy sufrió una “alucinación de mandato” y un “delirio de influencia” al momento de los hechos, lo que —según esa lectura— le impedía comprender la naturaleza de sus actos o distinguir entre el bien y el mal, según informa BBC.

La fiscalía, en cambio, presentó a la psiquiatra tratante de Clancy, quien declaró que su paciente no mostraba signos de psicosis durante sus sesiones. Otro perito indicó que la psicosis posparto no figura en el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana.

La ley de Massachusetts obligaba a los fiscales a probar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable; la defensa no tenía la carga de demostrar la enfermedad mental.

Cómo quedó dividida la deliberación del jurado

El panel —nueve mujeres y tres hombres— dedicó casi 40 horas al análisis del caso. El juez declaró el juicio nulo tras recibir, por tercera vez, una nota del jurado que indicaba que no había acuerdo.

Paula Devlin, una de las once juradas que votaron a favor de eximir a Clancy de responsabilidad penal, declaró a CBS Mornings que el grupo pasó varios días intentando convencer a Desronvil de que cambiara de posición. “Trabajamos todos juntos para convencernos una vez que llegamos al punto en que éramos 10 a 2”, señaló.

La presidenta del jurado, una maestra jubilada, afirmó en declaraciones a NBC que Desronvil “admitió tener dudas razonables”, pero que al completar las hojas de veredicto expresó que “aun así no iba a decir que no era culpable por razón de locura”, según New York Post.

El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, sostuvo que Desronvil “no aplicó la ley de la duda razonable tal como lo instruyó el juez” y calificó esa conducta de incorrecta en declaraciones a ABC Good Morning America.

Qué puede ocurrir ahora en el caso de Lindsay Clancy

El juicio nulo dejó el proceso sin resolución definitiva. La fiscalía no había confirmado si solicitaría un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts.

Desronvil, en tanto, abandonó la zona ante la exposición pública que siguió al final del juicio: su nombre fue filtrado en redes sociales, recibió amenazas y su domicilio fue vigilado. Su abogado confirmó que se encuentra en “un lugar seguro y no revelado en una zona rural del norte de Nueva Inglaterra”.

El hecho, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el interior de un establecimiento a la vera de la Ruta 23, quedó resuelto apenas una semana después mediante un procedimiento de juicio abreviado. La pena quedó fijada en tres años de prisión condicional por el delito de coacción agravada por el uso de arma.

La audiencia en la que se formalizó la condena fue conducida por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien presentó la acusación y los términos del acuerdo. Tanto la defensora de Díaz, Laura Plaza, como la abogada querellante que representó a la víctima, Lorena Miani, avalaron los términos expuestos por el representante del MPF. Finalmente, el acuerdo fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

Además de la pena en suspenso, el acuerdo contempla un conjunto de pautas de conducta con una vigencia de tres años que, de ser incumplidas, convertirán la condena en prisión efectiva. Díaz tiene prohibido ejercer cualquier acto de perturbación contra la víctima, Andrés Avelino Infante, o su grupo familiar, y no podrá mantener ningún tipo de contacto con ellos, ni de forma directa ni a través de terceros. A eso se suma la obligación de fijar un domicilio y concurrir periódicamente a los controles de la Dirección de Población Judicializada.

El juez Bagnat fue explícito sobre la razón de las restricciones: “Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia”, señaló, y advirtió que, dado el tamaño reducido de Pilo Lil, existe la posibilidad real de que ambos hombres se crucen en la localidad. “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”, le indicó a Díaz durante la audiencia, según un comunicado oficial del MPF de Neuquén.

El episodio tuvo lugar en el interior de El Parador, un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 23 y el río Aluminé, al ingreso de la localidad de Pilo Lil, en el sur de la provincia de Neuquén. Se trata de una pequeña comunidad de apenas algo más de 200 habitantes, en la que Díaz había gobernado durante 12 años como presidente de la Comisión de Fomento.

Todo comenzó cuando Infante, actual titular de la Comisión, le solicitó a Díaz la rendición de cuentas del combustible utilizado por el camión comunal, que el propio ex funcionario había pedido para mover fardos de pasto. Las Comisiones de Fomento de la provincia operan con aportes para el combustible que deben ser rendidos: esa exigencia habría desencadenado la reacción de Díaz, quien además reclamó el uso del vehículo comunal. La respuesta de Infante fue que el pedido debía formalizarse mediante nota escrita.

Sin aceptar la condición, Díaz comenzó a amedrentar al funcionario con frases como “no te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda” y “a este lo voy a hacer cagar, para eso vine”, según reconstruyó el fiscal Ávila. La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del recinto, con gritos, insultos y empujones. Según el relato que Infante brindó a LM Neuquén, la reacción de Díaz tampoco dio margen para el diálogo desde el inicio: “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”.

La situación escaló cuando ambos forcejearon y Díaz sacó un cuchillo de su cintura, con una hoja de entre 20 y 25 centímetros y cabo de madera. “Te voy a matar”, le dijo al funcionario, según indicó el fiscal. En ese momento, la esposa de Infante, Raquel Fantini, se interpuso entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató el propio Infante.

El funcionario fue categórico al describir la proximidad del peligro: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Una de las pruebas centrales que sostuvo la acusación fue un video grabado en el momento de mayor tensión por Eliana Rivera, coordinadora regional que se encontraba presente en el lugar. Alertada por Rivera, la Policía activó el protocolo de intervención: concurrió personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, donde finalmente quedó demorado Díaz tras ser interceptado cuando intentaba dirigirse a esa localidad por su cuenta. La denuncia fue radicada en el propio parador, donde se tomó declaración a las dos mujeres presentes.

El episodio tampoco cerró con la detención de Díaz. Tres horas después del incidente, el hijo mayor de edad del condenado se presentó en el despacho de Infante. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar”, denunció el funcionario, quien radicó una segunda denuncia por esa visita.

Mientras tanto, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, desmintió la existencia del arma blanca en declaraciones a LM Neuquén: “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo. En su versión, fue Infante quien inició la agresión física, y su marido actuó en defensa propia. Alfonso también describió al presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

El propio Díaz no realizó declaraciones públicas. La condena dictada esta semana pone fin formalmente al proceso judicial, aunque las prohibiciones de contacto y las pautas de conducta impuestas permanecerán vigentes durante los próximos tres años.

Este 17 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la declaración de una víctima puede incorporarse mediante videograbación en un nuevo juicio oral, siempre que la defensa haya participado en el desahogo y tenido oportunidad de controvertirla.

Dicha medida del Máximo Tribunal busca evitar la revictimización sin afectar los derechos de la persona imputada.

De acuerdo con la SCJN, el principio de inmediación debe interpretarse junto con los derechos de las víctimas. La reproducción del testimonio es válida cuando fue desahogado con intervención de las partes y la defensa pudo formular preguntas y cuestionar su contenido.

El caso derivó de un proceso penal por secuestro agravado en Guanajuato. Un tribunal colegiado ordenó reponer el juicio porque una audiencia privada se realizó sin la participación de todas las partes, lo que afectó los principios de contradicción e imparcialidad.

La SCJN confirmó la reposición del procedimiento y el uso de la grabación en el nuevo juicio, al considerar que evita que la víctima tenga que revivir los hechos durante otro interrogatorio. La resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 875/2026, aprobado por el Pleno en sesión del 17 de septiembre de 2026.

Suprema Corte avala la videograbación de entrevistas psicológicas a niñas y niños en juicios

La SCJN determinó que es válido videograbar entrevistas y evaluaciones psicológicas de niñas y niños en juicios de guarda y custodia, siempre que se protejan sus derechos. La resolución se anunció el pasado 29 de enero.

Dicha medida requiere confidencialidad, control judicial y uso limitado del material, según un comunicado de la SCJN . El Pleno estableció que estas condiciones deben cumplirse para que las grabaciones puedan utilizarse durante el proceso.

El tribunal señaló que las diligencias deben estar a cargo de personal especializado y realizarse en espacios adecuados para la infancia. Las reglas buscan evitar la revictimización, permitir la revisión posterior de las pruebas periciales y ofrecer mayores garantías al valorar cada caso.

Acuerdan un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización contra menores en el sistema judicial

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) acordaron el pasado 29 de agosto un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema judicial mexicano, con medidas para adaptar los espacios de atención, capacitar a quienes imparten justicia y facilitar la restitución de derechos.

El Convenio Marco de Colaboración, aprobado por unanimidad por la Asamblea Plenaria de la CONATRIB, fija lineamientos para fortalecer el acceso a la justicia con un enfoque de protección integral de la niñez, de acuerdo con la dependencia.

La urgencia del acuerdo coincide con los registros de violencia contra menores de edad: entre enero y abril de 2026, más de 52 mil menores fueron víctimas de delitos en México, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

Plan contempla seis ejes para atender a niñas, niños y adolescentes

El Plan Ejecutivo que deriva del convenio se organizará en seis ejes: justicia adaptada y libre de revictimización; profesionalización con perspectiva de infancia; defensa y representación efectiva de niñas, niños y adolescentes; justicia especializada para adolescentes; acceso incluyente a la justicia, e información judicial para mejorar las decisiones.

La propuesta será analizada en mesas de trabajo coordinadas por la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONATRIB, encabezada por la magistrada María José Ocampo Vázquez. También participarán las presidentas de los Poderes Judiciales de Tlaxcala y Nuevo León.

Entre las prioridades se encuentran la creación de entornos judiciales adecuados para la niñez, la acreditación de operadores de justicia y el uso de mecanismos alternativos para resolver controversias que sean compatibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La SIPINNA convocó a los Poderes Judiciales de los estados a sumarse al Pacto Nacional para erradicar toda forma de violencia contra la niñez. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del organismo, señaló que el convenio respeta la autonomía judicial y que adherirse al pacto respondería a la exigencia social de evitar que menores de edad enfrenten violencia en soledad o barreras al buscar protección y restitución de derechos.

Del total de menores víctimas de delitos durante los primeros cuatro meses de 2026, el 55.1% son mujeres. Uno de cada cinco casos corresponde a delitos sexuales, rubro en el que el 86% de las víctimas son mujeres y el 13.5% son hombres.

La violencia familiar representa el 21.1% de los casos registrados. Las mujeres concentran el 53.6% de las víctimas en este delito, mientras que los hombres representan el 43.3%.

Datos del SESNSP contabilizaron 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales, 10 mil 975 de violencia familiar, 6 mil 112 por incumplimiento de obligaciones familiares y 5 mil 188 por delitos vinculados con la delincuencia organizada entre enero y abril.

Una nueva jornada del juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu mostró el perfil psicológico de los acusados a partir de dos especialistas. El psiquiatra Daniel Zagury afirmó que el acusado Loïk Le Priol sufría una alteración leve del discernimiento vinculada a un trastorno por estrés postraumático tras sus despliegues militares en África, conclusión que podría incidir en la evaluación de su responsabilidad penal. Otros peritos cuestionaron ese diagnóstico y sostuvieron que, durante los hechos, no presentaba ninguna modificación de su juicio.

La psiquiatra Isabelle Teillet, quien elaboró junto al doctor Roland Coutanceau una pericia contraria, consideró que el principal acusado (Le Priol) no tiene síntomas de enfermedad psiquiátrica, está conectado con la realidad y no padece trastornos del estado de ánimo. Atribuyó sus rasgos a trastornos de personalidad y psicopáticos previos al trauma, con antecedentes desde la infancia. “Su peligrosidad criminológica está probada y es significativa”, analizó según la recopilación que hizo el diario L’Equipe.

Teillet afirmó que Le Priol dormía bien, había aumentado de peso durante su aislamiento y no tenía pesadillas. Para la especialista, esos elementos indicaban que no se veía excesivamente afectado por la empatía ni por la culpa.

Zagury, veterano de procesos de gran repercusión como los de asesinos seriales y violadores en Francia, describió a Le Priol como un hombre con gran necesidad de expresarse, poco inclinado a la introspección y situado del lado de la moralidad. También lo definió como grandilocuente y avergonzado por lo que percibía como una debilidad en relación con sus compromisos militares.

El acusado, vestido con camisa blanca y gafas de carey, permaneció con la cabeza baja y tomó notas durante la declaración. Su afición deportiva inicial había sido el rugby, cuando estudiaba en un instituto católico, aunque la abandonó rápidamente. Durante la entrevista realizada en el lugar de los hechos, en el Boulevard Saint-Germain, Le Priol habló de un “reflejo reptiliano” y de un “odio verbal” que le hicieron sentir en peligro de muerte. Zagury situó esas percepciones en un contexto de elevado consumo de alcohol.

El psiquiatra señaló una tendencia a manipular situaciones en beneficio propio, que distinguió de la mentira, junto con una sensación de impotencia y la necesidad de recuperar el control de sus actos. Añadió trastornos psicosomáticos, necesidad de presencia masculina, rechazo a la humillación, reacciones de intensidad desproporcionada y un comportamiento arrogante.

Hay que recordar que un camarero dio detalles de cómo fue la pelea previa en el bar Mabillon, en el centro de la capital francesa. Sébastien L. afirmó que el ex soldado Le Priol, principal acusado en el juicio que se lleva adelante en la Corte Penal de París, dijo “voy a matarlo” minutos antes de que Aramburu fuera asesinado a tiros, en una declaración que reforzó el debate sobre la premeditación por el homicidio del ex rugbier argentino.

El análisis forense detectó que las heridas causaron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata. Aramburu tenía 42 años y murió tras recibir cuatro de los seis disparos que efectuó el ex militar de 32 años. Dos de los impactos se ubicaron en el centro de la espalda y fueron, de acuerdo con la médica, los que determinaron la muerte del ex jugador del Biarritz Olympique. Pese a la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia, la especialista sostuvo que no existía margen para salvarle la vida, tal lo revelado por el medio La Dépeche.

“No pude responder algunas de sus preguntas”, reconoció Zagury, quien advirtió que su tarea era escuchar, no establecer la verdad de los hechos. Sobre el diagnóstico de estrés postraumático, fue contundente: “Soy modesto respecto de muchos de mis hallazgos, pero no en este punto”. El experto sostuvo que las puntuaciones obtenidas en la escala de evaluación eran “innegables”. Sin embargo, evitó afirmar que aquella condición hubiera anulado por completo la capacidad de discernimiento de Le Priol.

El consumo de alcohol ocupó un lugar central en la audiencia. Aramburu tenía 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Le Priol y Romain Bouvier, que habían huido, no fueron sometidos a ese análisis. El presidente del tribunal pidió precisiones sobre el posible efecto clínico del trastorno. Zagury respondió: “Hay muchas incertidumbres, muchas cosas que no puedo confirmar; esto no es un asunto científico”.

El fiscal Philippe Courroye buscó que el psiquiatra formulara un diagnóstico y un pronóstico sobre la eventual puesta en libertad de Le Priol, quien se enfrenta a prisión perpetua con un posible período mínimo de cumplimiento. Zagury rechazó anticipar si continuaría su trayectoria: “Nadie puede decirlo. No es una certeza matemática”.

Al abordar los trastornos de personalidad, el perito señaló que pueden abarcar desde Hannibal Lecter, el asesino psicópata de El silencio de los inocentes, hasta un delincuente de poca monta. “Ser demasiado psicópata para el ejército no serviría, pero un poco sí”, añadió.

Zagury también examinó a Romain Bouvier, el otro acusado principal, aunque se mostró más reservado respecto de su funcionamiento psicológico. Se preguntó cómo explicar el contraste entre un estudiante de Derecho en Assas y la violencia de sus actos, así como la relevancia de la relación con su padre biológico, a quien nunca conoció.

El especialista planteó que Bouvier pudo haber compensado esa ausencia afectiva al estrechar su vínculo con Le Priol. “Nunca se puede querer demasiado a un padre”, sostuvo, aunque precisó que no había detectado ninguna patología en Bouvier.

Para Zagury, ambos funcionaban como “espejos narcisistas”: Le Priol veía en Bouvier la cultura y la inteligencia, mientras que Bouvier identificaba en Le Priol al soldado y al héroe. Definió al primero como “el lado oscuro” del segundo y afirmó que Bouvier se juzgaba más de lo que era capaz de comprender su propio comportamiento.

Lyson R., pareja de Le Priol y conductora del Jeep que abandonó la terraza de Mabillon con los dos acusados aquella noche, fue descrita como modesta y reservada. Zagury no halló patología alguna y la consideró responsable de sus actos, pese a que también podría afrontar una condena a prisión perpetua.

El psiquiatra distinguió su “neutralidad emocional” de la frialdad y habló de un apego genuino, aunque no excesivo, hacia Le Priol. También observó que ella empezaba a dudar de su pareja y que provenía de una familia de orientación izquierdista y centrista, alejada de las ideas identitarias del acusado.

Teillet cuestionó que el estrés postraumático pudiera explicar la conducta de Le Priol. Recordó que un profesor lo había descrito en la secundaria como arrogante, incluso fascista, y sostuvo que las peleas, las armas y el alcohol eran anteriores a la aparición del trastorno.

“La característica principal del señor Le Priol es culpar siempre a los demás”, declaró la psiquiatra. “Tiene una opinión muy, muy elevada de sí mismo. Es condescendiente”.

La especialista revisó además el diagnóstico realizado en 2015 y señaló que Le Priol fechaba el trauma un año antes, un lapso que calificó de inusual. También sostuvo que su hospitalización en Percy no duró una semana, como había indicado Zagury, sino 24 horas.

Teillet rechazó que Le Priol hubiera estado fuertemente medicado y sostuvo que evitaba el seguimiento terapéutico al minimizar su enfermedad. Según su interpretación, luego utilizaba el trastorno para justificar actos violentos.

La noche de los hechos, afirmó la psiquiatra, Le Priol fue el primero en cruzar el límite y en entrar en contacto físico al dar bofetadas a Hegarty. “No estaba evitando el peligro; corría hacia él persiguiendo a los jugadores de rugby”, dijo, antes de concluir que lo que experimentaba era “una rabia narcisista”.

Coutanceau aceptó que entre 2015 y 2017 hubo un cuadro claro de estrés postraumático, pero remarcó que la mayoría de los casos remite con el tiempo. “¿Puede considerarse esto un factor clínico que afectó su juicio en el momento de los hechos? Nos pareció que no”, afirmó.

Teillet añadió que Bouvier disparó cuatro veces sin padecer estrés postraumático y cuestionó que Le Priol hubiera terminado su huida en Ucrania. “Todo es contradictorio”, concluyó. La psiquiatra sostuvo que “su peligrosidad criminológica está probada y es significativa”. Ante las críticas de uno de los asesores del presidente por la pasión de su declaración, respondió que testimonia con el mismo fervor en cualquier caso y afirmó haber sido objeto de ataques personales.

El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre y llega más de cuatro años después de la muerte del ex integrante de Los Pumas, que tenía 42 años y era padre de tres hijos.

Previo a definirse los detalles del juicio que se celebrará por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, este miércoles se conoció que otro de los acusados por encubrimiento fue beneficiado con el arresto domiciliario.

La jueza Jimena Suárez que resolvió que Jorge “Chicho” Díaz podrá esperar la instancia oral desde su casa. Asimismo, se dictaminó que el acusado deberá pagar una caución de $20 millones para acceder a la medida.

Díaz está procesado por presunto encubrimiento junto con Justina Gordillo, funcionaria judicial y ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del crimen. Ambos recibieron el beneficio de cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, aunque bajo distintas condiciones económicas.

Aunque el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron al pedido, el defensor Juan Pablo Bello planteó ante el tribunal de Impugnación que no existían riesgos de fuga ni elementos que permitieran suponer que su asistido podía obstaculizar la investigación.

Sin embargo, Suárez resolvió concederle la prisión domiciliaria y fijó una garantía de $20 millones, una cifra menor a la que se había dispuesto para Gordillo. En el caso de la funcionaria judicial, se le había impuesto una caución de $30 millones y el uso de una tobillera electrónica para ser monitoreada.

Luego de que concluyera la audiencia, Bello indicó que la situación económica de su defendido no era la mejor. “Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, planteó.

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, la causa avanza mientras se desarrollan las audiencias preparatorias para el juicio oral. Aunque todavía no hay juzgado ni fecha establecida, se cree que la realización podría quedar definida antes de fin de año.

Por el mismo expediente, Nicolás Navarro Flores, allegado a Sosa, aceptó una pena de tres años de prisión a través de un juicio abreviado. La defensa estuvo a cargo de Patricio Char y Candelaria Hernández.

La investigación establece que los tres imputados habrían realizado distintas maniobras para encubrir el crimen de Álvarez, asesinada el 7 de enero en una vivienda de la localidad tucumana de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado después en un descampado de Manantial Sur.

En las audiencias previas al debate oral surgieron dos novedades. Por un planteo del abogado Marcelo Cosciansi, defensor del principal acusado, se resolvió apartar a los hermanos de Álvarez del reclamo civil.

La decisión podría reducir en un 50% el pedido de resarcimiento, que inicialmente ascendía a $500 millones. Además, según lo expuesto durante los debates, Sosa habría reconocido que trasladó y abandonó el cuerpo de la joven. La explicación atribuida al imputado es que actuó por temor a represalias de una persona a la que vinculó con la víctima.

Sin embargo, se espera que las audiencias preparatorias continúen este jueves, en donde se buscará definir las pruebas y los planteos que llegarán al juicio oral.

Los detalles del caso

Según la reconstrucción fiscal, Sosa habría asesinado a Érika durante la madrugada del 7 de enero de 2026. La joven sufrió agresiones físicas que le provocaron traumatismos cráneofaciales y cervicales. No obstante, la investigación no comenzó hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un basural.

En su declaración judicial, Nicolás Navarro Flores relató que Sosa lo llamó de urgencia a las 6.50. “Se me clavó una chica”, le habría dicho antes de pedirle que fuera a su casa de Santo Domingo al 1100.

Fue así que Navarro llegó cerca de las 9 y encontró a Sosa nervioso, con una pala y junto a un cuerpo dentro de la vivienda. El entonces testigo afirmó que no reconoció a la víctima ni llegó a ver su rostro. Además, describió una secuencia que, según la Fiscalía, formó parte de un plan para retirar el cuerpo durante la mañana.

Por otro lado, la reconstrucción del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) indicó que el recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok habría buscado evitar calles y sectores con cámaras de seguridad. No obstante, las imágenes disponibles permitieron establecer parte del trayecto hasta el basural de Manantial Sur.

A las 10.33, una cámara registró a una persona que colocaba una bolsa de la camioneta frente a la vivienda. El vehículo quedó fuera de los registros durante casi 23 minutos. Para los investigadores, en ese lapso Sosa habría rodeado el inmueble e ingresado por la calle Guyanas, una vía con menor cobertura de videovigilancia, para cargar el cuerpo en la parte posterior.

La Amarok volvió a aparecer frente a la casa a las 10.57. Luego fue detectada a las 11.09 en la avenida Mate de Luna, a las 11.37 en el cruce de las avenidas Colón y Roca y, diez minutos después, ingresó a Manantial Sur.

Según la pesquisa, permaneció brevemente en el sector donde más tarde fue hallado el cuerpo de Álvarez. Los investigadores estimaron que el abandono habría demandado entre 10 y 15 minutos. Asimismo, las cámaras también registraron el regreso del vehículo: a las 12.08 fue visto en el Camino de Sirga y a las 12.11 en la avenida Aconquija, antes de retornar a las cercanías del domicilio de Sosa.

Con esos registros y el relato de Navarro, la Fiscalía reconstruyó los movimientos atribuidos al acusado durante la mañana del hecho. La imputación contra el hombre sostiene que habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros, con el propósito de favorecer la impunidad y dificultar el avance de la investigación.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana declaró inadmisible el recurso de casación de Jean Alain Rodríguez y dejó firme la condena que obliga al exprocurador general a pagar RD$2 millones (USD $33,984.71) al periodista Marino Zapete por daños morales vinculados con la salida del aire de su programa televisivo. La sentencia SCJ-PS-26-1757, dictada el 31 de agosto de 2026, concluyó que el exfuncionario no cumplió con el requisito legal para revisar el caso, según Diario Libre, diario dominicano.

La indemnización incluye un interés judicial de 1,5% mensual, calculado desde la notificación de la decisión de apelación hasta el pago total. La Suprema Corte también compensó las costas del procedimiento.

El requisito casacional que impidió revisar la condena

El recurso de casación es una vía extraordinaria que exige demostrar un interés casacional: que la decisión impugnada contradice jurisprudencia de la Primera Sala, que existen criterios judiciales opuestos sobre la cuestión debatida o que resulta necesario fijar doctrina sobre una norma nueva.

Rodríguez alegó vulneraciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación de la sentencia y un supuesto conflicto de interés de una magistrada que intervino en la apelación. Sin embargo, el tribunal no examinó esos cuestionamientos en el fondo porque concluyó que no se configuraban las condiciones exigidas por la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación.

La Primera Sala estuvo presidida por Justiniano Montero Montero e integrada por Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez. La decisión mantuvo vigente el fallo emitido el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, informó Listín Diario, diario dominicano.

La corte de apelación había revocado la resolución de primera instancia, que en 2022 rechazó la demanda de Zapete por considerar insuficientes las pruebas. Estableció la responsabilidad civil del entonces exprocurador y reconoció el perjuicio moral sufrido por el comunicador.

Los jueces tomaron en cuenta la proximidad entre la difusión de las informaciones cuestionadas y la salida del programa de la televisión, una declaración notarial sobre un pedido de retractación y una comunicación de Teleradio América relacionada con la querella. Para la corte, esos elementos permitieron vincular las actuaciones atribuidas a Rodríguez con la suspensión del espacio.

La sentencia consideró que Zapete padeció afectaciones a su reputación, su honor y su buen nombre, además de estrés, angustia y preocupación. No obstante, fueron rechazados los daños materiales reclamados y la demanda presentada contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador.

La investigación sobre contratos de asfalto y la salida del programa

El conflicto comenzó en septiembre de 2019, cuando Zapete difundió en El Jarabe de Zapete, transmitido por Teleradio América, una investigación sobre contratos para el suministro de cemento asfáltico AC-30 suscritos entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL.

Dos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez como representante de la empresa. Tras la difusión, el periodista pidió que las contrataciones fueran investigadas, mientras que ella negó mediante una comunicación que fuera o hubiera sido suplidora del Estado.

Maybeth Rodríguez Sánchez presentó posteriormente una acusación penal privada por difamación contra Zapete, aunque desistió del proceso en 2020. El periodista sostuvo que Jean Alain Rodríguez procuró que se retractara de sus señalamientos y que, tras su negativa, su programa fue retirado del aire.

La Corte de Apelación determinó que el exprocurador realizó acciones orientadas a lograr la retractación del periodista y que la negativa podía derivar en la cancelación de la transmisión. Esa conclusión fue la base de la reparación por daño moral, de acuerdo con El Día, diario dominicano.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló este lunes la condena de Jaime Tovar-Durán, un ciudadano mexicano hallado culpable en 2020 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, al determinar que los fiscales ocultaron que dos de los tres agentes de la Patrulla Fronteriza que testificaron en su contra eran miembros de un grupo privado de Facebook con contenido racista y misógino.

El panel de tres jueces concluyó que el gobierno violó su obligación constitucional de divulgar pruebas relevantes.

La jueza del circuito Ana de Alba, autora del fallo, sostuvo que “la actividad de los testigos en esa página podría constituir prueba sólida de sesgo contra personas no ciudadanas”, según recogió The New York Times. El tribunal ordenó a un tribunal inferior determinar si ese ocultamiento influyó en el veredicto.

El grupo fue expuesto en 2019 y derivó en una investigación del Congreso

En julio de 2019, el medio de investigación ProPublica expuso la existencia del grupo, llamado “I’m 10-15” —código de radio de la Patrulla Fronteriza para referirse a inmigrantes detenidos sin documentos— y con unos 9.500 miembros entre agentes en actividad y retirados.

Allí se burlaban de migrantes muertos, publicaban imágenes sexualmente explícitas de legisladoras latinas y cuestionaban si la foto de un padre y su hija ahogados en el Río Grande era real.

El escándalo derivó en una investigación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que determinó que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) conocía las irregularidades desde agosto de 2016 pero no actuó hasta que los medios comenzaron a cubrir el caso.

Aunque el comité disciplinario recomendó despedir a dos docenas de agentes, solo dos perdieron su empleo. El CBP declaró que las publicaciones discriminatorias violaban los estándares de conducta, pero que la mera membresía en el grupo no conllevaría sanción automática.

Los fiscales admitieron tarde la pertenencia de los agentes al grupo

Según documentos judiciales, Tovar-Durán fue detenido en noviembre de 2019 a unos 5 kilómetros (tres millas) del puerto de entrada de Tecate, en California, pocos días después de haber sido deportado a México.

Un agente declaró que el detenido admitió ser ciudadano mexicano sin documentos que lo habilitaran a permanecer en el país.

Inicialmente, los fiscales aseguraron que ninguno de los agentes involucrados pertenecía al grupo. Sin embargo, poco antes del juicio informaron a la defensa que dos de sus tres testigos —uno que declaró haber entrevistado a Tovar-Durán y otro que revisó sus registros migratorios— habían formado parte del grupo. Sostuvieron que esos testigos no recordaban haber publicado ni reaccionado a contenido allí.

El juez de primera instancia había validado la condena pese al hallazgo

El juez de primera instancia rechazó los pedidos de la defensa para que los fiscales entregaran información completa sobre la membresía de los agentes, y sostuvo que las pruebas existentes eran suficientes para sustentar el veredicto.

El tribunal de apelaciones discrepó y determinó que no podía establecerse con certeza si el ocultamiento había perjudicado al acusado.

Kim Hutchison, abogada de Tovar-Durán, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times que el fallo demuestra la necesidad del debido proceso. El gobierno “intentó usar atajos como no ofrecer un descubrimiento de pruebas completo”, señaló.

Advirtió además que, dado que su cliente reside en México, no está claro cómo continuará el proceso, ya que podría no estar en condiciones de comparecer en persona.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las consultas sobre si los agentes implicados en el caso recibieron medidas disciplinarias.

En un comunicado, el CBP indicó que no comenta sobre casos individuales de personal, pero que la agencia “exige a cada empleado los más altos estándares de integridad y conducta, tanto dentro como fuera del servicio”.

Healey pidió a los legisladores estatales que aprueben una asignación de USD 2 millones para extender el programa de visitas a las aproximadamente 68.000 familias que reciben un bebé cada año en Massachusetts. La participación sería voluntaria. “A cada mamá que ha luchado con su salud mental antes, durante o después del embarazo, quiero que sepa que la vemos — yo la veo”, declaró la gobernadora, según recogió Associated Press.

Healey propone visitas gratuitas de enfermeras para nuevas madres en Massachusetts

El programa contempla que una enfermera visite el hogar de los nuevos padres para responder preguntas sobre alimentación, sueño y cuidados del recién nacido. Además, la profesional evaluaría la salud posparto de la madre y aplicaría controles para detectar depresión u otros problemas de salud mental.

La iniciativa representaría la primera inversión estatal en un programa de financiamiento federal que, hasta ahora, solo llega a unas 3.000 familias por año en el estado. La brecha entre la cobertura actual y las más de 68.000 familias que tienen un bebé anualmente ilustra la escala del problema que Healey busca atender.

La gobernadora también propuso destinar USD 250.000 al Massachusetts Child Psychiatry Access Program for Moms (Programa de Acceso a Psiquiatría Infantil de Massachusetts para Madres) y ordenó al Departamento de Salud Pública de Massachusetts que actualice las normas estatales sobre controles de salud mental perinatal, tanto durante el embarazo como después del parto.

El contexto judicial: el juicio de Lindsay Clancy y la psicosis posparto

El anuncio de Healey se produjo en el marco del caso judicial de Clancy, enfermera de Massachusetts cuyo juicio concluyó sin veredicto cuando el jurado no logró ponerse de acuerdo. Ambas partes coincidieron en que la mujer mató a sus tres hijos en 2023 y luego intentó quitarse la vida al arrojarse desde una ventana del segundo piso de su casa. Como consecuencia de esa caída, quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

La defensa alegó que Clancy no era penalmente responsable por psicosis posparto sin tratar, que puede causar alucinaciones, delirios y desconexión de la realidad. La fiscalía sostuvo que Clancy sabía que sus actos eran incorrectos y debía ser culpable. El tribunal anuló el juicio por falta de veredicto unánime.

La salud mental, principal causa de muerte materna en Massachusetts entre 2019 y 2024

Los datos del comité estatal de revisión de mortalidad materna revelan la magnitud del problema que impulsa la propuesta de Healey. Según ese organismo, los trastornos mentales, incluido el consumo problemático de sustancias, fueron la principal causa subyacente de muerte entre mujeres embarazadas y madres recientes en Massachusetts entre 2019 y 2024, con una representación del 38% de los casos.

El comité también concluyó que el 85% de esas muertes era prevenible y que más de la mitad ocurrió entre siete días y un año después del parto, una ventana en la que el seguimiento médico suele ser escaso. “Para las nuevas madres, puede ser agotador, aislante y abrumador”, señaló Healey, según AP.

Massachusetts amplía su histórico liderazgo en acceso a la salud

La gobernadora ya tiene antecedentes en esta área. En 2024, Healey promulgó una ley de salud materna que amplió el acceso a doulas, parteras y centros de parto, y obligó a las aseguradoras a cubrir controles de depresión posparto. “Necesitamos hablar de esto con más apertura”, afirmó la mandataria demócrata en declaraciones a AP.

Massachusetts tiene una larga tradición como referente nacional en cobertura sanitaria: su ley de salud de 2006, orientada a lograr una cobertura casi universal, sirvió de modelo para partes centrales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible federal. Sin embargo, las brechas en la atención materna persisten, y el nuevo paquete de Healey apunta a cerrar una de las más críticas.

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Un inusual episodio interrumpió la tensión en la Corte Penal de París durante el juicio por el asesinato del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Tras la emotiva declaración de Thomas Lievremont, antiguo capitán del Biarritz Olympique y amigo cercano de la víctima, Hugues Vigier, abogado defensor de Romain Bouvier —uno de los principales acusados, el otro es Loïck Le Priol—, se acercó al estrado para reconocer la emotividad del testimonio. “Usted quiso rendir homenaje a su amigo. Y lo hizo de maravilla”, le expresó el letrado al testigo, en un gesto que conmovió a los presentes durante la sexta jornada del proceso judicial por el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022 en Francia.

Lievremont había definido previamente al rugbier argentino como una persona fidedigna, generosa y tranquila, al tiempo que aseguró que la noche del trágico episodio alteró su vida de forma permanente. La reconstrucción de la personalidad de Aramburu, quien tenía 42 años al momento de su muerte, se convirtió en el eje central de una de las audiencias.

Según recogieron medios como la cadena francesa de TV BFM o el diario Le Parisien, diversos testigos describieron al deportista como un hombre volcado a calmar disputas y evitar conflictos. Una investigadora citada en el tribunal resaltó que las averiguaciones previas retrataron al exintegrante del seleccionado argentino como un individuo respetuoso, dinámico y atento con su entorno.

La reconstrucción del ataque estableció que se dispararon seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles salieron en apenas cuatro segundos. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro por la espalda, uno de ellos en la columna vertebral.

Los testigos que declararon poco después del crimen coincidieron en haber visto a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, indicó que el cuerpo del ex rugbier estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar.

La médica forense confirmó que dos disparos efectuados por Le Priol atravesaron por la espalda a Federico Martín Aramburu y le provocaron heridas incompatibles con la vida. Los acusados se arriesgan a recibir la pena de reclusión perpetua y el veredicto se conocerá el 25 de septiembre. Ambos niegan la premeditación y la intención homicida, y sostienen que actuaron en legítima defensa después de un altercado en la terraza de un restaurante.

Los proyectiles que causaron la muerte siguieron una trayectoria de atrás hacia adelante, fracturaron la columna vertebral y alcanzaron el hígado, los riñones y un pulmón. La forense explicó que esas lesiones produjeron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata, de acuerdo con la reconstrucción del periódico La Dépêche.

Bouvier, de 35 años, había disparado cuatro veces, 45 segundos antes que Le Priol. Sus balas impactaron a Aramburu de frente y de perfil, pero no le provocaron heridas mortales. Un investigador de la Brigada Criminal de la Policía Judicial de París había descrito el crimen como una “ejecución” un día antes de la declaración de la forense.

María Aramburu, esposa y madre de sus tres hijos (Trinidad, Justina y Santiago), explicó que recibe atención psicológica desde el homicidio. Al conocer la muerte de su marido sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia y dificultades para alimentarse con normalidad durante meses, de acuerdo con el relato de la sesión en el juicio que hizo L’Équipe.

La madre del ex Puma Cecilia Aramburu compareció como parte civil y relató la mañana en que su esposo le comunicó la muerte de Federico. Él había recibido la llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con su hijo y, tras comprender que algo grave había pasado, se contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento de su hijo. La mujer recordó que su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de una nieta que se encontraba en la casa. Al principio creyó que él traía una buena noticia por la expresión de su rostro, hasta que salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle.

“Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, declaró Cecilia.

Con la voz quebrada, sostuvo que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon sus palabras con la cabeza baja, una actitud que también registró la cadena francesa BFM.

La madre pidió que los imputados comprendan la dimensión de lo ocurrido antes de volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, afirmó, y advirtió que representan una amenaza para otras personas mientras no entiendan las consecuencias de sus actos.

“El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, recordó ante el tribunal. La declaración expuso la desorientación que atravesó la familia tras el asesinato.

“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró su amigo Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”. El ex jugador aseguró que la noche del 19 de marzo de 2022 modificó su vida y que aún no entiende por qué murió su amigo. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, expresó.

Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano del argentino, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador definió a Aramburu como un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal” y aseguró que nunca lo vio perder el control durante las numerosas noches que compartieron.

Quesada se refirió a las imágenes del homicidio difundidas por los medios, aunque aclaró que no estuvo presente. Interpretó que Aramburu le tiró de la capucha a Le Priol como una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato contra Shaun Hegarty, ubicado en una mesa vecina. “Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, alcanzó a decir la gloria de Los Pumas antes de hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata de Biarritz Olympique contó que conoció al argentino cuando llegó al club y que su contextura física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se convirtió en amistad a partir de la afición compartida por el vino.

El profesional recordó una visita a una ganadería de toros en la Camarga, donde un animal escapó y se lanzó contra él. Mientras las demás personas no reaccionaban, Aramburu intervino para evitar que sufriera lesiones graves.

Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty querían continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para la vida posterior al deporte. Definió al argentino como un alumno aplicado y agradecido con quienes le acercaban apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

Los testimonios reunidos durante la investigación de personalidad lo describieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, alguien que intentaba calmar los episodios violentos en vez de agravarlos. Una de las personas consultadas resumió esa imagen con una frase: “No existe un Fede malo”.

La investigación sostiene que los acusados localizaron a Aramburu y a Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto después de una pelea iniciada en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento comenzó cuando Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty.

Aramburu reaccionó al tirarle de la capucha a Le Priol y se produjo una pelea en la que, según varios testigos, los dos rugbiers llevaban ventaja. La secuencia posterior terminó con los disparos contra el ex Puma que provocaron su muerte.

El ex Puma Federico Martín Aramburu fue recordado ante la Corte de lo Penal de París este lunes durante la sexta jornada del juicio que juzga el asesinato del ex jugador el 19 de marzo de 2022. Familiares, amigos y antiguos compañeros describieron a un hombre que rechazaba los conflictos y cuya muerte dejó consecuencias psicológicas en el entorno más íntimo.

La audiencia estuvo dedicada a reconstruir la personalidad de la víctima, que tenía 42 años cuando murió. Una investigadora relató los testimonios reunidos sobre Aramburu: lo definieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, una persona que procuraba calmar las situaciones violentas en lugar de agravarlas.

El impacto alcanzó a su esposa María y a sus tres hijos. La mujer explicó que recibe atención psicológica desde los hechos y que, al conocer la muerte de su marido, sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia e incapacidad para alimentarse con normalidad durante meses, según detalles que recabó el diario deportivo L’Équipe.

Cecilia Aramburu, madre de Federico, compareció como parte civil y relató cómo su esposo le comunicó la muerte de su hijo. Esa mañana, él recibió una llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con Federico y comprendió que algo grave había sucedido; luego contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento. “Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, expresó.

Su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de su nieta, que estaba en la casa. Cecilia creyó inicialmente que él tenía una noticia agradable por la expresión que vio en su rostro, hasta que ambos salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle. “Recibió una llamada de un amigo que quería saber qué pasaba con Federico. Allí comprendió que algo grave había ocurrido… Así que llamó a María, quien le dijo que Fede había muerto”, relató la mamá de Aramburu.

Con la voz quebrada, sostuvo que el crimen pudo haberse evitado y afirmó que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon su declaración con la cabeza baja, algo que también remarcó la cadena de TV francesa BFM.

La madre expresó ante el tribunal que espera que los imputados comprendan el alcance de lo ocurrido antes de poder volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, dijo, y agregó que, mientras no lo entiendan, representan una amenaza para otras personas. “El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, dijo en otro tramo de su declaración ante el tribunal.

Thomas Lievremont, antiguo capitán de Biarritz y amigo de Aramburu desde que compartieron equipo a partir de 2004, también intervino como parte civil. Comparó el duelo por su amigo con las muertes de su padre y de su hermano, ambos tras enfermedades prolongadas, y aseguró que el paso del tiempo no alivió esa ausencia.

“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”.

El ex jugador dijo que la noche del 19 de marzo de 2022 cambió su vida y que todavía no comprende por qué murió Aramburu. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, relató el amigo del ex Puma. Tras su declaración, Hugues Vigier, abogado de Romain Bouvier, uno de los acusados, se acercó para decirle que había honrado la memoria de su amigo y de su familia.

Otro de los que se hizo presente en el estrado fue una gloria de Los Pumas. Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano de Aramburu, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador recordó a un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal”, y aseguró que no lo vio perder el control ni una sola vez durante las numerosas noches que compartieron.

Quesada se refirió también a las imágenes de la noche del homicidio que conoció a través de los medios. Aunque aclaró que no estuvo presente, interpretó que el gesto de Aramburu de tirar de la capucha de Loïck Le Priol fue una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato hacia su amigo Shaun Hegarty en una mesa vecina.

“Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, dijo Quesada, que tuvo que hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata del Biarritz Olympique recordó que conoció al argentino cuando se incorporó al club y que su complexión física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se transformó en amistad a partir de una afición compartida por el vino.

El profesional relató un episodio ocurrido durante una visita a una ganadería de toros en la Camarga. Un animal escapó y se lanzó contra él; mientras los demás no reaccionaban, Aramburu intervino para impedir que sufriera daños graves.

Otra persona que conoció a Aramburu también habló de su personalidad, a pedido del juez del tribunal. Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty buscaban continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para su futuro fuera del deporte. Describió al argentino como un alumno aplicado, agradecido con quienes le facilitaban los apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

La reconstrucción de su entorno personal incluyó una idea repetida por quienes lo conocieron: evitaba las discusiones y aportaba tranquilidad a los demás. Uno de los testimonios recogidos durante la investigación de personalidad lo resumió así: “No existe un Fede malo”, sostuvieron según los relatos recogidos durante una nueva jornada del juicio.

La investigación sostiene que los acusados localizaron al argentino y a su amigo Shaun Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto tras la pelea que se inició en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento empezó cuando Loïk Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty, amigo del ex Puma. Aramburu reaccionó tirándole de la capucha y se produjo una pelea en la que, de acuerdo con varios testigos, los dos rugbiers llevaron la ventaja.

La secuencia de los disparos fue uno de los puntos centrales. El director de la investigación precisó que se efectuaron seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles fueron disparados en apenas cuatro segundos.

Los testigos interrogados poco después del crimen describieron una escena coincidente: vieron a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, relató que el cuerpo de Aramburu estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar. Las heridas permitieron establecer la violencia del ataque. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro en la espalda, incluido uno en la columna vertebral.

Aramburu había cenado esa noche con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, antiguos compañeros de la selección argentina. Al día siguiente planeaba asistir con otras personas al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones, en el Stade de France.

El ex Puma disputó 22 partidos con Argentina y anotó ocho tries. Uno de los más recordados fue el que consiguió ante Francia en el encuentro por el tercer puesto del Mundial de 2007. Tras su retiro se radicó en Biarritz, club con el que fue bicampeón del rugby francés. También jugó en USA Perpignan entre 2006 y 2008, US Dax entre 2008 y 2010 y Glasgow Warriors de Escocia entre 2010 y 2012.

Un taxista de 51 años comenzó a ser juzgado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, acusado de planificar el asesinato de su amigo Daniel Quintilli para quedarse con 2 millones de pesos. Por esto, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Víctor Carmelo Godoy, a quien atribuye un homicidio criminis causa, además de defraudación y hurto agravado.

Según la acusación encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Godoy habría utilizado la confianza que tenía con Quintilli para tenderle una trampa. Días antes del crimen, la víctima había vendido una vivienda en la zona noroeste de Rosario.

A cambio de la transacción, el hombre había recibido 2 millones de pesos y planeaba usar el dinero para comprar un vehículo. Asimismo, tenía planificado usar ese vehículo para empezar a trabajar como taxista.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, Godoy conocía a Quintilli desde hacía algunos meses. No obstante, había participado como intermediario en la venta de la propiedad y se había ofrecido a ayudarlo a conseguir un auto.

De hecho, la pareja de Quintilli declaró que el hombre había dejado una parte del dinero bajo custodia de Godoy porque temía gastarlo en el casino. Por esto, el acusado debía acompañarlo luego en la supuesta compra del vehículo.

Para la Fiscalía, esa relación previa fue central en el plan. Fue así que el viernes 17 de febrero de 2023, el acusado pasó a buscar a la víctima en un taxi cerca de las 17.30 horas, en las inmediaciones del complejo de cines Village.

Por este motivo, la víctima creía que iba a concretar la operación por el auto. Esa noche, cerca de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja y le aseguró que la compra había salido bien. Le dijo que regresaría en colectivo y que podían salir a cenar al día siguiente. Fue la última comunicación que mantuvo con ella.

Después, las llamadas al teléfono de Quintilli comenzaron a derivar al contestador. Su pareja también se contactó con Godoy, quien le respondió que la víctima se había ido con el dinero en un bolso y que probablemente aparecería.

No obstante, al día siguiente de que supuestamente se realizara la compra, los feriantes encontraron el cuerpo del hombre en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en la zona de Parque Oeste. Estaba tendido sobre una mancha de sangre y presentaba varias heridas de arma blanca, además de un corte en el cuello.

Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron un boleto de compraventa vinculado con la vivienda que había vendido pocos días antes. A pesar de esto, no estaban su documento de identidad, su teléfono celular ni los 2 millones de pesos que, de acuerdo con la causa, llevaba o había dejado en manos de Godoy.

Por este motivo, la acusación sostuvo que la calificación de homicidio criminis causa implicaría que el asesinato habría tenido como finalidad asegurar el desapoderamiento del dinero y procurar la impunidad por otros delitos. Así, solicitaron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el hecho.

Durante la reconstrucción de los hechos, el fiscal destacó que, una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar para el dueño del taxi que conducía. No obstante, el chofer que lo reemplazó llevó el vehículo a una tapicería por cortes en la funda del asiento trasero.

Al retirar el tapizado, el trabajador encontró manchas de sangre y realizó una denuncia. El auto fue secuestrado para su peritaje. Las pruebas con luminol detectaron numerosas manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de la reparación.

La Fiscalía también reconstruyó el recorrido del taxi. El vehículo había estado cerca del complejo Village alrededor de las 19:10 y luego se dirigió hacia el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21:25 y las 21:45. Ese período coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder los llamados de su pareja.

Más tarde, el taxi se desplazó hacia Parque Oeste. A la 01:13 se detuvo durante unos tres minutos en la zona de Riobamba y Magallanes. Asimismo, personas que vivían en el parque declararon haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una cancha.

El médico Edgar José Velásquez Orellana volvió este jueves 10 de septiembre de 2026 a la madrugada en la que Keyla Martínez murió bajo custodia policial, al rendir declaración ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y reconstruir las últimas horas que ambos pasaron detenidos en la estación de La Esperanza, Intibucá.

Velásquez aseguró que permaneció despierto durante toda la noche y que podía comunicarse con Keyla desde celdas distintas. Según su testimonio, la situación cambió cuando la joven dejó de responderle, lo que provocó que comenzaran los llamados de auxilio y posteriormente observó cómo varias personas la sacaban de la celda.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, declaró el médico ante los jueces, al recordar el momento en que intentó acercarse a Keyla para comprobar su estado.

El testimonio de Velásquez forma parte de las declaraciones que el tribunal escucha durante el juicio por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021, un caso que continúa bajo análisis judicial más de cinco años después de aquella madrugada.

Velásquez explicó que conocía a Keyla Martínez desde aproximadamente tres años antes, cuando comenzó a trabajar en la clínica San Rafael. Durante su declaración, la describió como una persona amable con los pacientes, colaboradora y con quien mantenía una relación cordial.

La noche del 6 de febrero de 2021, ambos coincidieron en el bar La Meseta, ubicado en el barrio El Centro de La Esperanza. El médico aseguró que Keyla se encontraba sola cuando él llegó y que posteriormente se reunió con conocidos que lo invitaron a sentarse en su mesa.

Durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento, Velásquez afirmó que no observó en Keyla un comportamiento que le llamara particularmente la atención.

“Keyla tuvo una actitud normal esa noche”, manifestó ante el tribunal al referirse a las horas previas a la detención.

La situación cambió cuando ambos salieron del establecimiento y posteriormente fueron interceptados por agentes policiales mientras se movilizaban en una camioneta blanca.

El médico recordó que la intervención policial ocurrió en un sector donde anteriormente funcionaba la terminal de buses que viajaban hacia Intibucá. Dijo no recordar el número exacto de agentes, aunque afirmó que observó dos patrullas policiales.

De acuerdo con su declaración, ni él ni Keyla recibieron en ese momento una explicación clara sobre el motivo de la detención. Velásquez sostuvo que insistía en que únicamente se dirigían a dejar a la joven en su vivienda.

Sin embargo, ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en una patrulla.

“Nos bajamos, nos pusieron las esposas y nos subieron a la paila de la patrulla”, relató durante el interrogatorio de la acusación privada.

Los dos fueron trasladados a la estación policial de La Esperanza, donde permanecieron detenidos durante la madrugada del 7 de febrero. En aquel momento, la versión que trascendió públicamente fue que habían sido detenidos por incumplir el toque de queda establecido durante la pandemia de covid-19.

Una vez en la estación policial, Velásquez declaró que solicitó realizar una llamada telefónica, pero que su petición fue denegada.

Mientras los agentes tomaban sus datos, Keyla permaneció inicialmente cerca de él. Posteriormente, una agente policial llevó a la joven hasta una celda.

El médico calculó que pasaron aproximadamente diez minutos entre el momento en que Keyla fue trasladada a la celda y cuando él también fue encerrado.

Velásquez señaló que en su celda había alrededor de diez personas, mientras que Keyla permanecía sola en otra. Desde el lugar donde se encontraba podía observar el reloj de la torre de la iglesia y, según afirmó, todavía podía conversar con ella.

“Era un lugar oscuro”, recordó durante su declaración.

El médico aseguró que ambos continuaron comunicándose durante un período de tiempo, aunque admitió que había perdido la noción exacta de la hora. La conversación se interrumpió cuando Keyla dejó de responder.

Según Velásquez, fue ese silencio el que llamó su atención. Después de intentar comunicarse con Keyla, comenzaron los llamados de auxilio desde el interior de la estación.

Posteriormente, aseguró haber observado cómo varias personas sacaron a Keyla de la celda. El médico declaró que eran cuatro personas las que la llevaban, aunque no pudo precisar ante el tribunal si en ese momento el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

Fue entonces cuando, según su versión, intentó intervenir como profesional de la salud y pidió que le permitieran examinar a Keyla.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, reiteró ante los jueces.

Velásquez también manifestó que no recuerda haber escuchado comentarios específicos de los policías sobre lo que estaba ocurriendo. Aseguró que únicamente observó cómo se llevaban a Keyla mientras él permanecía detenido.

Horas después, según su relato, llegó una persona a quien identificó como el responsable de la estación policial, quien le solicitó su documento de identidad para elaborar un acta y tomarle declaración.

Fue entonces cuando recibió la noticia sobre la muerte de su amiga.

“Su amiga está muerta”, recordó que le dijeron.

Velásquez señaló que finalmente recuperó su libertad aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Después del médico declaró David Ricardo Mejía, agente policial que se encontraba asignado a La Esperanza cuando ocurrieron los hechos.

Mejía afirmó que conocía a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los acusados en el proceso, porque ambos habían sido compañeros de trabajo. Sobre Keyla, aseguró que no la conocía previamente.

El agente relató que alrededor de la medianoche del 7 de febrero de 2021 se levantó para recibir su turno y observó a varias personas del sexo masculino en una celda y a una mujer en otra.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se solicitó apoyo para verificar el estado de la joven.

Mejía afirmó que Keyla fue movida y que en ese momento se rio y manifestó que se iba a morir. Según el policía, después la dejaron nuevamente dentro de la celda.

Más tarde, relató que se encontró con el agente Elmer Domínguez, quien le informó que habían encontrado a Keyla colgada con una prenda de vestir que llevaba consigo.

Durante su declaración, Mejía sostuvo que observó cuando Jarol Perdomo bajó a Keyla y la colocó en el piso de la celda.

Sin embargo, esta descripción generó un punto de tensión durante la audiencia debido a que contradice una declaración anterior del mismo agente, realizada durante la audiencia inicial del proceso

Ante la diferencia entre ambas versiones, el juez ordenó que se leyera la declaración previa de Mejía.

En aquella primera versión, el agente había señalado que su compañero permanecía afuera de la celda y no ingresó. Durante el nuevo juicio, en cambio, sostuvo que observó a Jarol bajar a Keyla y agregó que Elmer Domínguez ya no se encontraba en el lugar.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre sus dos declaraciones, Mejía respondió que no recordaba con precisión debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

La contradicción quedó incorporada al debate y deberá ser valorada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque junto con las demás pruebas y testimonios que se presenten durante el juicio.

La jornada también dejó cambios en la lista de personas llamadas a declarar. La defensa informó que renunciaba al testimonio de Jean Carlos Reyes, decisión que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continúa así con la evacuación de testimonios y demás elementos probatorios relacionados con la muerte de Keyla Martínez, mientras los jueces deberán determinar el valor de cada una de las declaraciones y las contradicciones que han surgido durante el proceso.

La declaración de Velásquez volvió a colocar bajo escrutinio las últimas horas de Keyla dentro de la estación policial, particularmente el momento en que dejó de responder, los llamados de auxilio y la atención que, según el médico, intentó brindarle cuando fue sacada de la celda.