La Ciudad de Córdoba siguió con atención el inicio del juicio por el asesinato de Olga Villarreal, una jubilada de 72 años que fue encontrada muerta en su casa del barrio Comercial en junio de 2024. El caso tiene como principal acusada a su sobrina y el proceso ya se encuentra en su etapa final.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en la vivienda de la calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba. De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares, residía en una casa lindera a la de Villarreal. Los pesquisas sostienen que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.tv, el hallazgo del cadáver fue realizado por la propia hija de la víctima, quien describió ante los investigadores las condiciones en que encontró la escena. En ese sentido, Karina —hija de la mujer relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada.

Según la acusación, Tabares está imputada por elñ delito de homicidio criminis causae. La calificación legal agrava la situación procesal de la imputada: si es hallada culpable, la ley prevé la pena de prisión perpetua.

El juicio oral y público comenzó la semana pasada en la Cámara Octava del Crimen, bajo la modalidad de jurados populares. La acusada, de 58 años, se mantuvo en silencio durante la primera audiencia, limitándose a escuchar la lectura de las pruebas que sustentan la acusación en su contra.

Entre los elementos exhibidos figuran registros de cámaras de seguridad, rastros de sangre y análisis de comunicaciones telefónicas. La defensa, en tanto, cuestionó la interpretación de algunos indicios y pidió considerar la ausencia de testigos presenciales. La sentencia se conocería mañana.

Asesinaron a una jubilada en Florencio Varela

Una jubilada de 79 años fue asesinada a tiros durante la noche del pasado miércoles de la semana pasada por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio de la localidad de Zeballos, partido bonaerense de Florencio Varela, mientras descansaba y en medio de un corte de luz repentino que afectó a la zona.

Según confirmaron fuentes policiales, el brutal ataque ocurrió cerca de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana. Los asaltantes aprovecharon la falta de suministro eléctrico para forzar la entrada al domicilio.

La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, residía sola en la casa donde se produjo el hecho, pero ella, en realidad, no debería haber estado allí cuando ocurrió la entradera. Fuentes del caso precisaron a este medio que la mujer se tenía que ir de viaje, pero había regresado a su domicilio en busca de la documentación que le faltaba.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron realizar los agentes de la Sub DDI Florencio Varela de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, Benítez descansaba en su casa cuando advirtió la presencia de varios hombres que intentaban ingresar por la fuerza.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la mujer, que murió casi de inmediato.

Familiares de la víctima alertaron al 911, luego de que una de sus nietas reportara que una de las ventanas que daba a la calle estaba violentada. Al arribar al lugar del hecho, el personal policial halló a Benítez tendida en el living de la vivienda, mientras que sobre una de las ventanas del frente se observaron múltiples impactos de bala.

Los autores del hecho escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos. Hasta el momento, la investigación no registró detenciones y la causa sigue abierta, bajo la intervención de la UFI N° 2 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Las tareas investigativas presentan una complicación adicional, debido a que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban al momento del hecho, producto del importante corte de luz que se registró en la zona entre las 19 y las 2:30 de la madrugada de este jueves.

Tras el fallo favorable a la Argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones relativas al caso YPF. Es una medida consistente con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones, en el marco del juicio iniciado por la estatización de la petrolera.

Asimismo, el tribunal canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar esas apelaciones. Una de ellas era la presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de la empresa a los acreedores.

“La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, informó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

Esto es luego de que se resuelvan los dos recursos que puede intentar Burford Capital, a criterio de Soler, muy “cuesta arriba”:

1. Reconsideración en banc por el plenario de la Cámara
2. Recurso de certiorari a la Corte Suprema

Días atrás, Burford, principal beneficiario del litigio, pidió a la Cámara que se amplíe el plazo hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión favorable a la Argentina.

Justificaron este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original”.

Las consecuencias del fallo

Cabe mencionar que tras conocerse la victoria de la Argentina, el fondo inglés emitió un comunicado en el que afirmó: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó.

Vale recordar que el fallo a favor de Argentina, en términos generales, sostuvo que el Congreso y las leyes que este dicta prevalecen sobre el estatuto de YPF y el de cualquier otra empresa.

En esa línea, la mayoría del tribunal argumentó que, según la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen un carácter organizativo interno y no configuran contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado.

Esta interpretación resultó determinante para descartar que la expropiación generara, de manera automática, una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los accionistas privados.

A lo largo del juicio, Burford buscó que se declarara al país en desacato, reclamó la transferencia de las acciones estatales en YPF e intentó probar la existencia de un “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos, y el Estado argentino.

El argumento completo a favor de Argentina:

“En apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Nueva York ante Cabranes, Chin y Robinson, jueces de circuito.

Apelación de órdenes y sentencia final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Preska, J.) en dos casos consolidados, que culminaron en una adjudicación combinada de daños por 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios de una empresa argentina de petróleo y gas.

El tribunal de distrito dictó sentencia a favor de los accionistas, al determinar que la República Argentina violó la ley argentina al expropiar la mayoría de las acciones ordinarias de la empresa de una manera que violó su estatuto, y otorgó sentencia a la empresa con respecto a las reclamaciones de los accionistas contra la empresa.

La República Argentina apela, argumentando que la sentencia y las órdenes previas se basaron, entre otras cosas, en interpretaciones erróneas de la ley argentina. Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados.

Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento.

Se confirma en parte, se revoca en parte y se remite para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión.

El juez Cabranes disiente en una opinión separada“.

Apareció con el aspecto de un contador inquieto ante un balance con números caprichosos; alto, hombros rectos, traje, camisa, corbata; una calva pronunciada que le daba también aspecto de bibliotecario en busca de un incunable, el escaso pelo rubio arremolinado detrás de la coronilla; un rictus extraño en los labios, la comisura izquierda arrugada, como quien es víctima de un contratiempo inesperado, una revés impensable, un percance tonto y subsanable con una nadería; un semblante de funcionario pulcro y cuidadoso: un burócrata gris y sumiso, dispuesto a todo para salvar por fin ese malentendido que lo ponía frente a los jueces.

Así se presentó Adolf Eichmann el 11 de abril de 1961, hace ya sesenta y cinco años, ante el tribunal especial del Distrito de Jerusalén, en el Estado de Israel, para rendir cuentas de sus crímenes de guerra, por haber sido el diseñador, uno de varios, del Holocausto; un maestro de la logística ferroviaria que había enviado a la muerte a millones de judíos para satisfacer la ambición de Adolf Hitler y sus secuaces de acabar con los judíos de Europa; allí estaba Eichmann, encerrado en una jaula de cristal, custodiado de muy cerca por dos oficiales del ejército israelí, con su fachada de contador, de funcionario, de bibliotecario, de burócrata, para rendir cuentas de sus andanzas como jerarca de las SS, como ideólogo de la conferencia de Wannsee en la que los nazis decidieron en enero de 1942 asesinar a once millones de judíos europeos; allí estaba Eichmann, con su talante inocente, casi tierno de empleado fiel que cumple al pie de la letra las órdenes porque no puede cambiarlas y para rendir unas cuentas que no podían ser saldadas; el Eichmann que había proclamado que “saltaría con gusto a la fosa porque sobre mis espaldas llevo a cinco millones de muertos”, aquel arrogante SS que sólo se arrepentía “por no haber terminado mi trabajo”, estaba ante sus jueces, pulcro, atildado, con aire de hombre íntegro, casi cándido e ingenuo.

Era todo una fachada. El criminal había adoptado ese disfraz de hombre honrado al que había atropellado un destino aciago, para salvar su cuello de la horca. Engañó a muchos. Pero no engañó a todos. Por un lado, sus jueces, Moshe Landau, el presidente del tribunal, Benjamín Halevi, juez del Distrito de Jerusalén, y Yitzhak Raveh, del Distrito de Tel Aviv, le garantizaron lo que millones de sus víctimas no tuvieron ni tenían porqué tener: un juicio. Por otro lado, el fiscal, Gideon Hausner, que enfrentó a Eichmann con sus crímenes y no con la imagen engañosa que había fabricado para salvarse, estaba lejos de ser engañado, siquiera influenciado por el disfraz del asesino.

Al empezar su alegato acusatorio, dijo Hausner: “Al presentarme aquí ante ustedes, jueces de Israel, para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no estoy solo. Conmigo están seis millones de acusadores. Pero ellos no tienen la posibilidad de comparecer en persona, de apuntar hacia la cabina de vidrio, de señalar con el dedo acusador a quien se sienta en el banquillo y gritar: ‘Yo acuso’, ya que sus cenizas están apiladas en las colinas de Auschwitz y en los campos de Treblinka, y están esparcidas en los bosques de Polonia. Sus tumbas están dispersas a lo largo y ancho de Europa. Su sangre clama, pero su voz no se oye. Por lo tanto, seré su portavoz y en su nombre desplegaré esta terrible acusación”.

Eichmann engañó a muchos, no engañó a todos y otros aceptaron ser engañados por Eichmann. Entre ellos, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, doctorada en la Universidad de Heidelberg, discípula del filósofo alemán Martin Heidegger, un seguidor del partido nazi. Arendt había emigrado a Estados Unidos luego de la ascensión al poder de Adolf Hitler. La revista New Yorker la había enviado a cubrir el juicio a Eichmann al que llegó con una idea a desarrollar que expuso en un libro simbólico Eichmann en Jerusalén – Un estudio sobre la banalidad del mal. En ese libro Arendt sostiene que en los regímenes totalitarios, cualquier persona puede convertirse en “engranaje de una máquina”, incapaz de pensar y juzgar por sí mismo bajo el pretexto de “seguir órdenes”, por lo que el mal, en resumen, se convierte en banal, “pierde intención maliciosa y se convierte en una tarea técnica y cotidiana realizada por individuos que han renunciado a su capacidad de pensar”. Arendt afirmó en su estudio: “Lo más grave del caso Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, terroríficamente normales”.

Era precisamente lo que Eichmann quería expresar a través de su disfraz de contador inquieto, bibliotecario preocupado, funcionario puntilloso o burócrata sumiso y resignado. La teoría de Arendt es probable, es discutible y, en todo caso, un tanto excesiva: no todas las personas “terroríficamente normales” se convierten en asesinos de masas bajo un régimen totalitario. Pero colocar como ejemplo de esa tesis a Adolf Eichmann fue un yerro inexcusable y también inexplicable.

En los primeros años de la posguerra, durante los juicios que siguieron al de Núremberg que condenó a lo que quedaba de la jerarquía nazi, el nombre de Eichmann surgió como el de uno de los responsables del Holocausto, como un fanático nazi que había estudiado incluso hebreo e yiddish para penetrar en las comunidades judías a ser deportadas y ante las que había llegado a presentarse casi como un benefactor. Refugiado en la Argentina a la que llegó a través de la “Ruta de las ratas” que facilitó el ingreso al país de numerosos jerarcas del Tercer Reich, fue secuestrado por un comando de la inteligencia israelí el 11 de mayo de 1960 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, a pocos metros de su casa, que ya no existe, en la calle Garibaldi. El comando israelí encargado de echarle mano a Eichmann después de interceptarlo con tres palabras en un castellano mal trazado, “un momentito, señor”, fue Peter Malkin, Zvi Milchman en la vida real, que usó guantes porque no quiso que sus manos tocaran la piel del hombre que había asesinado a su numerosa familia. Esos guantes se exhiben hoy en el Museo del Patrimonio Judío, en Battery Park, New York.

Eichmann no supo en el momento de ser secuestrado en manos de quiénes estaba. Nunca pensó que esas manos podían ser israelíes, pero lo descubrió enseguida, cuando uno de los agentes le dijo en alemán: “Un movimiento y estás muerto”. A partir de ese momento, Eichmann mudó su personalidad y se convirtió, un papel estudiado durante años, en un burócrata que sólo había cumplido órdenes. Su docilidad y su colaboración con sus secuestradores, su deseo de explicar que él había sido sólo un pequeño engranaje en una gigantesca maquinaria, hizo que Malkin, el hombre que lo había capturado, lo llamara “Un prisionero ideal” en su libro Eichmann in my hands (Eichmann en mis manos).

La filósofa y también historiadora alemana Bettina Stangneth es autora de Eichmann before Jerusalen (Eichmann antes de Jerusalén) que, sin proponérselo en forma abierta, es la contracara de la teoría de Arendt. Demuestra que Eichmann no era el ser “terroríficamente normal” que Arendt vio, o creyó ver, o quiso ver durante el juicio; que Eichmann no era aquella especie de funcionario gris y resignado, de contador inquieto o de funcionario sumiso, sino que había sido desde antes de su entrada a las SS un ideólogo fanático, un antisemita feroz, un estratega orgulloso de su activo papel en la deportación y asesinato de millones de judíos y un tipo lúcido y activo que, en la Argentina, dejó muy en claro cuál era su pensamiento y su utopía: lograr el retorno al poder del nacionalsocialismo en su Alemania.

Ese pensamiento casi desconocido del Eichmann anterior al juicio en Jerusalén, quedó plasmado en los “Papeles de Argentina”, una serie de escritos, apuntes o notas sumadas a las transcripciones de una serie de grabaciones hechas por Eichmann y un grupo de simpatizantes, o seguidores, entre 1957 y 1960 durante unos debates organizados por el periodista nazi holandés Willem Sassen, para discutir la historia del Tercer Reich. Sassen reunía casi una vez por semana y en su casa a los nostálgicos del Tercer Reich; en esos debates, Eichmann se jactó del papel que había jugado en el Holocausto; lamentó no haber completado su trabajo, el de asesinar a todos los judíos de Europa, exigió reconocimiento por haber llevado adelante la logística de la deportación y defendió su protagonismo cuando alguien intentó mermarlo, atenuarlo o restarle trascendencia.

Esos papeles le permiten a Stangneth plantarse ante la tesis de Arendt sobre la banalidad del mal: donde Arendt vio en Eichmann a un hombre incapaz de pensar por sí mismo, asolado por un gobierno totalitario, Stangneth exhibe a un Eichmann manipulador, extremadamente inteligente, capaz de construir un personaje de contador, o bibliotecario, o funcionario, o burócrata gris y sumiso para engañar a sus jueces y salvarse de la horca.

Engañó a muchos, no engañó a todos, y otros se dejaron engañar o quisieron creer a aquel asesino embustero, un lobo vestido con una piel de cordero. Cuenta Stangneth que el primero de los pedidos que Eichmann hizo a sus captores israelíes cuando supo que no lo iban a asesinar, fue muy singular y demuestra el nuevo juego de contador o bibliotecario o funcionario o burócrata gris y sumiso que iba a desempeñar: “Para el caso de que ya no pueda acordarme de todos los detalles o que incluso tome una cosa por otra o confunda las cosas –dijo a los agentes del Mossad– les pido que me ayuden poniendo a mi disposición documentos y declaraciones”.

El policía israelí que lo interrogó en Jerusalén no se dejó engañar. Era el capitán Avner Less que entendió enseguida a quién tenía delante: “Cuando terminó el primero de los interrogatorios quedé persuadido de que no era la primera vez que Eichmann contaba esta historia (…) Tuve la sensación de que el tipo se lo había estudiado”. Eichmann dirá ante sus jueces algo que jamás habría aceptado decirse a sí mismo: había sido “estrecho de miras”, “un burócrata obsesivo”, “un pedante”, alguien que “no cruzaba el límite de sus atribuciones”. La idea de definirse como un burócrata debe haberle divertido mucho: la burocracia y los burócratas eran concepciones enemigas de y para el nacionalsocialismo y opuestas a la imagen de un hombre de las SS como había sido Eichmann.

El hombre que en la conferencia de Wannsee había desempeñado un puesto de jerarquía bajo las órdenes de Reinhard Heydrich, el segundo del jefe de las SS, Heinrich Himmler, ahora se presentaba ante sus jueces israelíes como un mero “secretario de actas” de aquel encuentro, que sólo se había limitado a afinarle la punta a los lápices que trazaban el destino fatal de once millones de seres humanos. Él, Eichmann, no era un criminal, no había matado a nadie. Esto último tampoco era tan cierto. A Eichmann se le atribuye al menos un asesinato: le disparó en el pecho a su jardinero, un muchacho judío de diecisiete años que se había comido una frutilla sin permiso. Ese crimen es la esencia de Eichmann. Ahora, en su celda de Jerusalén, diría a sus jueces que sólo había sido a lo sumo un burócrata cauteloso, sin fanatismos nacionalsocialistas; un tipo normal que amaba la naturaleza, la ciencia y el cosmopolitismo y que en los últimos quince años de su vida, desde el fin de la guerra, había podido dejar atrás las órdenes terribles dadas por un régimen criminal, órdenes que se había visto obligado a cumplir, y que por fin, ahora, había retornado a sus raíces.

En el colmo de la simulación, de la ápice de la perversión, en la cumbre de la inmoralidad, Eichmann, que en la Argentina había revelado con todo detalle y con mucho orgullo por qué su nombre era el de los criminales de guerra más buscados en el mundo, decía a sus jueces israelíes que el juicio que enfrentaba: “No es más que un malentendido. Desde hace quince años soy acusado, difamado y perseguido por todo el mundo (…) Yo también soy una víctima”.

La prensa también se engañó, o se dejó engañar, o prefirió creer lo que no era. Mientras que en mayo de 1960, cuando se supo de su captura, Eichmann era “la bestia que está encadenada” (Paris Presse) o “un criminal sanguinario”, o “el más abominable de todos (The Guardian, Liberation), sobre el inicio del juicio era ya “un pequeño burgués, buen esposo y padre de familia, un ‘técnico de la solución final’” (Le Monde) o “un ingeniero infatigable que obedecía y ejecutaba órdenes dentro de una visión jerárquica” (L’Express). Unos pocos ven entre la bruma: para el semanario francés Temoignage Chretien (Testimonio Cristiano) que había nacido en 1941 como una voz de los “cristianos libres”, Eichmann no es: “Ni un Nerón, ni un Nabucodonosor, ni un superhombre, sino un monigote colosal”; para James Morris, de The Guardian, la conducta del acusado revela una intención apologética: “Eichmann se comporta como un hombre que cree realmente que puede ser absuelto”.

La fiscalía encabezada por Hausner no se engañó. Uno de sus adjuntos, el fiscal Gavriel Bach, dijo en su momento: “Mostraremos al tribunal el proceso de rastrillaje de Oeste a Este de toda Europa, las redadas de judíos y su deportación a los campos de exterminio del Este. Los mostraremos país por país, etapa por etapa, y demostraremos que el acusado era el responsable directo de la ejecución de ese operativo, que él lo dirigía y comandaba, ya personalmente o a través de los subordinados de su agencia”. Fue lo que hicieron. Contaron, además, con el aporte extraordinario de decenas de testigos, sobrevivientes de los campos nazis, que desfilaron para contar su drama y el de sus familias que ya testificar, tal como había descrito el fiscal Hausner al inicio de su acusación.

Los testigos del juicio a Eichmann, otra historia a ser narrada, expusieron la historia completa, enmarañada y terrible del Holocausto, aun cuando sus testimonios no tuviesen contacto, en muchos casos, con los cargos que enfrentaba el acusado. Era difícil hallar una responsabilidad concreta en un hombre que sólo había asesinado de un balazo en el pecho a un chico judío de diecisiete años porque había comido una frutilla sin permiso. Pero esos testimonios, el crudo relato de los crímenes que Eichmann había organizado, autorizado y justificado en su calidad de oficial de las SS a cargo de la “cuestión judía” y como organizador y director de la deportación de los judíos europeos hacia los campos nazis de exterminio, esa tarea que ahora Eichmann pretendía disfrazar de burócrata o de funcionario gris y sumiso, cambió en la sociedad israelí, que tenía apenas trece años de vida independiente, su visión del Holocausto. Israel era entonces un país casi sin televisión; las audiencias eran también transmitidas por radio y escuchadas en las calles por quienes se arracimaban alrededor de una radio a transistores. El juicio a Eichmann se tradujo luego en disparador de otros procesos celebrados en los años 60 contra criminales de guerra nazis, como el de Frankfurt am Main de 1963.

La fiscalía de Hausner, con sus asistentes Gavriel Bach y Yakov Bar-Or, le imputó a Eichmann quince cargos que incluían los de crímenes contra el pueblo judío y crímenes contra la Humanidad. Eichmann fue defendido por el abogado alemán Robert Servatius, ningún abogado israelí quiso defenderlo, y su asistente, Dieter Wachttenbruch. Los jueces deberían dilucidar, al cabo de las audiencias, cuál era la responsabilidad del acusado ante unos crímenes inimaginables, quién era en definitiva el asesino, si quien empuña el arma, quien da las órdenes, quien las obedece y cuáles eran los límites de esa obediencia. La sentencia dejaría una frase que sintetizaba de alguna forma una nueva doctrina judicial ante una nueva calidad de delitos criminales: “El grado de responsabilidad –dijeron los jueces– aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal”.

La defensa de Eichmann no impugnó los hechos incluidos en la acusación, no podía impugnar lo que era evidente; en cambio, optó por mermar su responsabilidad en los crímenes de guerra al describir a Eichmann como “un pequeño engranaje en el aparato estatal” del Reich: era el disfraz que Eichmann había elegido representar ni bien fue secuestrado en Buenos Aires. Según la defensa, el acusado no había tenido influencia en la planificación y operación de la maquinaria de muerte del nazismo; habían sido sus jefes, que estaban todos muertos, los verdaderos responsables.

Pero la fiscalía, a través de los testigos pero de manera muy especial gracias a la documentación nazi que se había salvado de la destrucción, había demostrado que a pesar de su rango de coronel de las SS, Eichmann había sido un personaje de notable influencia, “dotado de una motivación vigorosa y decisiva” dispuesta a deportar a los judíos del territorio del Reich hacia los guetos del Este donde la mayoría, o bien fueron asesinados, o deportados luego hacia los campos de exterminio. La documentación probaba también que Eichmann había continuado con la deportación de judíos a Auschwitz, húngaros en este caso, hacia fines de 1944, cuando el Tercer Reich estaba al borde de la derrota.

Cuando declaró ante los jueces, Eichmann expuso sin turbarse, el núcleo de su defensa y de su disfraz de funcionario gris y sumiso, de contador en problemas, de bibliotecario inquieto, de burócrata inofensivo: había obedecido órdenes. Eso era todo. Sus actos no podían ser juzgados por otro país, por ningún país, porque habían sido actos de Estado. Él sólo había llevado adelante, es verdad que con eficacia, lo que era ley en su país del que era un simple funcionario y donde la palabra de Hitler era ley.

La fiscalía había demostrado que, bajo las manos de Eichmann, habían pasado infinidad de trenes diarios, todos los días de cada semana de cada mes durante al menos cuatro años, cargados con tres mil deportados judíos hacinados en vagones de carga; allí estaban, en el juicio y a disposición de los jueces, las circulares y las órdenes firmadas por Eichmann y por su oficina de “asuntos judíos”, que obligaban a las autoridades locales de cada uno de los territorios europeos ocupados por los nazis, a que los judíos de esas tierras fueran “objeto de inmediato de las medidas necesarias”. Eichmann conocía el destino que esperaba a esos deportados: la muerte.

El lobo con la piel de cordero, que había engañado a muchos, aunque no a todos, y había embaucado a quienes quisieron creerle o que habían aceptado ser engañados, fue hallado culpable de todos los cargos presentados por la fiscalía. La comedia había terminado. Eichmann fue condenado a muerte en la horca, la pena de muerte no existía en Israel, porque los jueces consideraron: “Está probado fuera de toda duda que el reo actuó sobre la base de una identificación total con las órdenes y con una voluntad encarnizada de realizar los objetivos criminales”.

Eichmann subió al cadalso en la madrugada 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramle. Entonces juzgó oportuno quitarse por completo el disfraz de contador, bibliotecario, funcionario o burócrata y dijo: “Larga vida a Alemania. Larga vida a Austria. Larga vida a Argentina. Nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo”.

Su cuerpo fue incinerado y sus restos dispersados en el Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales de Israel, desde una nave de guerra y en presencia de algunos sobrevivientes del Holocausto.

Un grupo de abogados de Texas permaneció durante casi una hora y media en la sala del tribunal del condado de Harris para respaldar a su colega James Stafford, en un episodio que evidenció el debate sobre la autoridad judicial y los límites del poder en la administración de justicia.

La ausencia de Stafford, después de que lo convocara el magistrado Nathan Milliron tras cuestionar públicamente el trato de este último hacia un trabajador de informática, intensificó la atención sobre el rol de los jueces y la reacción de la comunidad legal ante comportamientos objetados por sus pares.

Stafford no se presentó ante Milliron argumentando que no existía una citación formal y que la acusación de “comunicación ex parte”—contactar a un juez sin informar a las otras partes de un proceso—no era aplicable en su caso.

Según el diario local Houston Chronicle, esa citación fue una respuesta a la demanda de Stafford de que Milliron ofreciera una disculpa pública al técnico de informática. A pesar de la negativa del abogado, cerca de doce miembros del gremio profesional Asociación de Abogados Penalistas del Condado de Harris, entre ellos su presidente Brent Mayr, ocuparon la sala como muestra de solidaridad.

Durante la audiencia, Nathan Milliron no abordó a Stafford ni el incidente que generó la presencia masiva de abogados. Mayr comentó a Houston Chronicle: “El juez no tomará ninguna medida ilegal adicional”, resaltando la actitud prudente del magistrado once concluida la espera.

Hasta el momento, ningún integrante de la asociación ha presentado una queja formal ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, aunque el episodio reavivó debates sobre el comportamiento de los jueces en la jurisdicción local.

El incidente pone en primer plano la relación entre la autonomía judicial y el escrutinio social sobre el comportamiento de los magistrados, un tema que ha cobrado fuerza tras otros episodios recientes vinculados a Milliron.

En los meses previos, su accionar fue objeto de atención según Houston Chronicle, por actitudes hacia personal y litigantes, incluyendo la expulsión de una abogada de defensa a quien llegó a amenazar con arresto.

Reacción legal y consecuencias para Milliron

La reacción de Milliron ante las críticas se reflejó en comunicaciones institucionales, donde exigía respeto a su investidura de “juez debidamente electo” y enviaba directrices específicas a su equipo. Tras la presión pública y la exposición mediática, Milliron cerró la cuenta de Facebook desde donde transmitía audiencias y redujo su presencia pública, sin emitir declaraciones oficiales ni disculpas sobre los hechos, según Houston Chronicle.

La movilización del gremio profesional y el debate activado dentro del foro local subrayan el dilema del sistema judicial al intentar equilibrar la autonomía de los jueces y el trato profesional que debe primar en cada proceso.

La ausencia de mecanismos inmediatos de rendición de cuentas en casos como este ha sido señalada por varios integrantes de la comunidad jurídica, quienes advierten sobre los riesgos de un ejercicio autoritario de la judicatura.

El papel de la autoridad disciplinaria en Texas

En Texas, el marco institucional define que la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, el órgano disciplinario de la judicatura texana, es la única autoridad facultada para investigar comportamientos impropios de jueces en funciones.

Nathan Milliron ocupa desde enero de 2025 el cargo de juez electo para el 215° distrito judicial, lo que lo habilita a actuar con independencia frente a los administradores locales, que no pueden imponerle sanciones disciplinarias.

Según Brent Mayr, el comportamiento de Milliron en las audiencias posteriores fue “muy agradable”, aunque atribuyó esa actitud a la presión pública y la exposición mediática.

El abogado defensor Wade Smith, quien también presenció el episodio, afirmó: “No me sorprende cuando está bajo la mirada de todos.” Para Mayr, Milliron “debe disculparse tanto con Stafford como con el trabajador de informática y cualquier otra persona afectada por su comportamiento”. Insistió: “Creo que le debe una disculpa al pueblo del condado de Harris diciendo: ‘No voy a comportarme así en el futuro’”.

Hasta hoy, Nathan Milliron no ha brindado explicaciones públicas ni ha enfrentado sanciones formales. La resolución institucional del caso depende de la evaluación que realice la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas sobre la ética y los actos de los integrantes del poder judicial.

El poder judicial local ante el escrutinio público

La situación vivida en el tribunal del condado de Harris evidencia el impacto del liderazgo judicial y del trato a empleados y participantes en la administración de justicia. El respaldo de la comunidad legal a James Stafford y la demanda de límites claros a la autoridad de los jueces reflejan una preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema.

En Texas, la figura del juez electo con autonomía frente a los órganos de gestión plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles institucionales en posibles casos de abuso.

La Comisión Estatal de Conducta Judicial ha debido intervenir previamente en conflictos similares, aunque estos procesos son complejos y prolongados. La presión de la opinión pública y la vigilancia de la comunidad jurídica continúan incidiendo en la conducta de los magistrados.

El caso de Nathan Milliron se suma a debates recientes en Estados Unidos sobre el rol de los jueces, la publicidad de sus decisiones y la importancia de la integridad en la gestión del poder. En el condado de Harris, sigue latente la expectativa en torno a la respuesta oficial de la comisión estatal y la posibilidad de establecer precedentes claros para el ejercicio judicial.

“El juicio, estuve la vez pasada. Me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Y yo lo dije esto antes, dos sesiones antes de todo esto, que yo dije: si están las pruebas, fuck. Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente: ‘Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas’”, expresó Pettinato. “Entonces, como es derecho penal, no es el civil, que cualquier cosa. No, no, en el penal, si está, como, viste como en las películas, si está el cuerpo, esta, si está el arma, entonces está. Si están tus huellas en el arma, entonces está más. Y la verdad que sinceramente no lo está”.

El músico también se refirió al contexto en el que se produjo la muerte de Rodrigo, reconociendo que ambos compartían consumos problemáticos: “Es verdad que fueron compañeros de consumo. Y cuando pasan esas cosas de día y medio, dos días, qué sé yo, delirio, pasan, suelen suceder accidentes. Aparte yo a veces pienso y digo: ¿y si hubiese sido al revés? ¿Y si era Felipe el que se moría?”

Sobre el estado actual de su hijo, Pettinato aseguró: “Está superbién, muy tranquilo. Siempre estuvo superbién y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia, terapia, terapia y clínica, clínica, clínica, clínica”.

Roberto fue contundente al opinar sobre el futuro judicial de Felipe: “Felipe no es que no tiene que serlo. Felipe no debe salir culpable. Debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como la que te pasaría a vos o a mí si nos pasa algo así. No vamos a ser felices nunca más”.

Al abordar las acusaciones de un integrante de la familia de Melchor Rodrigo, Pettinato minimizó el peso de esos dichos: “Es el hermanastro, que creo que incluso hasta Melchor no lo quería, porque yo me acuerdo haber hablado con Melchor del hermanastro. No lo quería mucho, pero de todos modos ponele que él piense eso. Bueno, piensa eso, pero es un tipo que no lo llamaron, ni la querella lo llamó para decir su gran opinión”.

La entrevista también abordó la relación actual con su hijo Homero, quien está por lanzar un disco en el que Roberto participó: “Homero es un fucking genio, realmente”.

Esta no es la primera vez que habla acerca de la causa. En el mismo programa, semanas atrás, reconoció la gravedad del momento y las emociones que provoca el avance del juicio, pero subrayó: “El tema es difícil. El código penal no es igual que los códigos civiles. El código penal exige tener las pruebas muy claras”, argumentó.

Para el músico, el proceso penal se diferencia radicalmente de otros ámbitos judiciales. Señaló que, cuando se trata de sentenciar a una persona, las pruebas deben ser serias y concretas. “No existe el ‘a mí me parece que…’. O gente que dice: ‘A nosotros nos parece que evidentemente…’. Eso es lo que tienen que probar realmente”.

Pettinato expresó su confianza en que el proceso terminará a favor de su hijo, basándose en la falta de elementos concretos en la causa. “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude.”

El ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo Nelson Periotti sostuvo este jueves que nunca recibió instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner ni de ningún funcionario para “beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra”.

El ex funcionario fue uno de los indagados en una nueva audiencia del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, que terminó pasadas las 13. El debate continuará el próximo martes desde las 9.

Los dichos de Periotti

“Nunca”, enfatizó el ex titular de Vialidad Nacional Periotti en relación a que jamás recibió instrucciones sobre las obras bajo su órbita, al prestar declaración indagatoria sin responder preguntas. “Quiero aclarar con especial énfasis que nunca recibí instrucciones del entonces presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, tampoco de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos. Tampoco recibí instrucciones del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni de otros funcionarios para que hiciera o dejara de hacer algo o para beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra. Nunca”.

“Mi nombre no figura en ninguno de esos cuadernos de esta causa”, dijo además sobre los escritos del remisero Oscar Centeno. “No entiendo la acusación por la que ya hace siete años tuve que pasar por un allanamiento, secuestro de mis bienes” y “casi un mes de cárcel”.

Periotti, de 80 años, está detenido con prisión domiciliaria condenado en la causa Vialidad y se trasladó a Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. El ex funcionario recordó cómo fue detenido y también dijo que le ofrecieron ser arrepentido y se negó.

Además mencionó que estuvo doce años y medio al frente de Vialidad Nacional y en ese marco conoció a muchos empresarios, en licitaciones y eventos. “Ninguna de las personas que declaran o van a declarar en este juicio puede decir que el ingeniero Periotti los haya condicionado, les haya exigido hacer algo o dejar de hacer algo en beneficio de alguien. Ninguno. Ninguno puede opinar en contrario a lo que yo les estoy expresando”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

“Entenderán las dificultades que yo tengo para defenderme de algo que no existió”, agregó.

Otro empresario negó coimas

A su turno,el empresario Rubén David Aranda, presidente de la firma Chimen Aike S.A., negó haber pagado sobornos a funcionarios y calificó como “una mentira” la acusación de haber entregado dinero en Buenos Aires mientras, según dijo, se encontraba en Santa Cruz.

“¿Haber entregado 250 mil dólares a 2.600 kilómetros de donde yo estaba? Eso es mentira”, dijo sobre el “papelito” donde está anotado el supuesto delito.

Según explicó, en la fecha señalada él estaba en Río Gallegos:“Estaba en Río Gallegos cuando decían en un papelito que yo estaba entregando dinero en Buenos Aires”.

Aranda también se refirió a las comunicaciones con el exfuncionario Roberto Baratta, incorporadas al expediente, y aseguró que respondían exclusivamente a cuestiones operativas vinculadas a obra pública: “Las cuarenta y pico de llamadas que tengo con Baratta están relacionadas estrictamente a la presión que ejercía para que terminemos el Centro de Medicina Nuclear” del INVAP.

En ese sentido, vinculó esas gestiones con la inauguración del proyecto, que —según afirmó— estaba prevista como un acto oficial:“Creo que fue el último acto previo a las elecciones de la presidenta Cristina Kirchner. Por eso tanta presión, no solo de Baratta sino también de INVAP”.

“Esas llamadas eran para coordinar la inauguración del centro de medicina nuclear, no para la entrega de plata”, reiteró y dijo que “nunca” fueron “para entregar dinero a nadie. A mí jamás me pidieron un peso para nada”.

“No me puedo defender tan fácil de una mentira, pero es fácil ocultar una verdad. Esto es una mentira”.“Creo en ustedes, creo en la Justicia. Es mi deber expresar con énfasis lo que considero una injusticia tremenda. Soy inocente”, concluyó.

Al inicio de la audiencia, el empresario Alberto Ángel Padoán (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario) se negó a declarar al igual que otros citados para esta jornada.

Los descargos

Durante la jornada se generó un contrapunto por la incorporación de escritos de descargo presentados durante las indagatorias en la etapa de investigación. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por mayoría aceptar como parte de las declaraciones indagatorias esos escritos. La discusión se dio en el caso concreto del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola, quien se negó a declarar y a raíz de ello se leyó en la audiencia un escrito de ampliación de indagatoria donde rechazó las acusaciones y que había presentado durante la instrucción del caso.

La fiscal Fabiana León se había opuesto pero los jueces Castelli y Méndez Signori por mayoría entendieorn que cuando un imputado presenta un escrito con ese carácter debe ser entendido como una ampliación de su indagatoria, ya que de lo contrario el juez habría debido fijar una audiencia para que el acto se realizara de manera oral, algo que no ocurrió, por lo que concluyeron que su incorporación fue válida y que rechazarla implicaría incurrir en un exceso de rigor formal que afecta el derecho de defensa.

En disidencia el juez Canero, en línea con lo señalado por la fiscal general, sostuvo que los escritos presentados por fuera del acto formal no constituyen declaraciones, al remarcar que la indagatoria exige la manifestación personal del imputado ante el juez y no simples presentaciones escritas realizadas junto a la defensa a lo largo del proceso, por lo que concluyó que no corresponde darles ese carácter ni incorporarlos como tales.

El juicio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Entre los imputados principales hay ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. Las audiencias continúan en base a un cronograma dispuesto por los jueces. La fiscal de juicio es Fabiana León y actúa como querellante la Unidad de Información Financiera.

En la audiencia del martes último, Jorge Balán, presidente de Industrias Secco, declaró ante el tribunal y aceptó responder únicamente las preguntas de su defensa. Balán explicó el rol de su empresa durante el kirchnerismo y detalló cómo participaban en licitaciones públicas. Durante su testimonio, afirmó: “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”. Reconoció haber realizado tres entregas de dinero, pero sostuvo que ninguna de ellas estuvo vinculada a que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo relacionado con sus funciones.

En una jornada previa, el empresario Alberto Tasselli relató ante los jueces un esquema de pedidos de dinero atribuidos también al acusado ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal Baratta. Tasselli vinculó estos pedidos a supuestos aportes de campaña y describió presiones para concretarlos: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

El empresario recordó una frase que atribuyó al entonces mano derecha de De Vido: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”. Tasselli declaró que le informaron que los pagos eran para la campaña, y reconoció haber entregado un total de 300 mil dólares. Tasselli señaló que dejó de pagar cuando ya no encontró formas de continuar haciéndolo.

Fue el remisero de Baratta, Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos durante los viajes que hacía para el funcionario y detalló el recorrido para recolectar esos supuestos pagos ilegales. El chofer arrepentido ya pasó a prestar declaración indagatoria pero optó por guardar silencio, lo que derivó en planteos de las defensas que se reiteraron ante cada negativa a declarar de los imputados colaboradores porque no pueden preguntarles y confrontar así sus acusaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves 9 de abril que el Gobierno federal vaya a retomar o impulsar juicios contra los expresidentes de México por presuntos actos de corrupción. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar a exmandatarios recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que, recordó, es autónomo y debe actuar a partir de las denuncias y evidencias que se presenten.

Sheinbaum recordó que el tema de los juicios a expresidentes ya fue consultado a la ciudadanía en 2021, mediante una consulta popular en la que participaron alrededor de seis millones de personas. La presidenta destacó que esta cifra fue significativamente menor que la registrada en otros ejercicios de participación, como la consulta sobre la revocación de mandato, que reunió a más de dieciséis millones de votantes, y la relacionada con la reforma al Poder Judicial, que atrajo a cerca de trece millones. “A la gente no le interesó mucho esa votación”, subrayó Sheinbaum, indicando que la baja participación demuestra el escaso interés social en el tema.

El papel de la Fiscalía y las investigaciones por corrupción

Sheinbaum reiteró que si existen denuncias o evidencias de corrupción, la obligación de investigar corresponde a la fiscalía, que opera con autonomía. Explicó: “Se presenta una denuncia y se hacen las investigaciones y quien resulte responsable es cero impunidad. Esa es por lo menos nuestra visión”. Agregó que recientemente el director general de Pemex presentó una denuncia por presunto contrabando de petróleo, lo que ejemplifica el proceso institucional.

La presidenta afirmó que actualmente no hay planes para presentar iniciativas de reforma en materia de fiscalías o del sistema penal, pues el enfoque está en consolidar los cambios ya aprobados. La fiscal general presentará este mes un plan de trabajo para modernizar la fiscalía federal.

La diferencia entre proyectos de nación

Sheinbaum subrayó que su interés como gobierno está en diferenciar el modelo de la “Cuarta Transformación” respecto a los sexenios previos, señalando que durante el periodo de Felipe Calderón se recibieron más de doce mil millones de dólares en excedentes petroleros, cuyos destinos han sido cuestionados. Según la presidenta, la administración actual ha destinado recursos directamente a la población y a obras públicas, en contraste con los modelos anteriores.

En su intervención, Sheinbaum insistió en que cada instancia tiene su papel en la cadena de responsabilidades: el gobierno puede presentar denuncias, la fiscalía investiga y los jueces determinan culpabilidades.

En Mar del Plata, un fallo judicial sin precedentes condenó a una veterinaria a pagar 17.164.000 pesos tras la muerte de “Juanita”, una bulldog francés de siete años que fue llevada para un servicio de baño y corte de uñas, en enero de 2023.

La sentencia, dictada por el juez Bernardo Diez del Juzgado Civil y Comercial Nº12, determinó la indemnización tanto por el valor de la mascota como por el daño moral sufrido por su dueña, la abogada Patricia Stadler, quien estableció un precedente de fuerte impacto en la responsabilidad legal de los servicios veterinarios.

El lamentable hecho tuvo lugar cuando la letrada llevó a Juanita en buen estado de salud a una de las sucursales de Animalia, ubicado sobre la avenida Constitución, en la ciudad balnearia.

Horas más tarde, el local se comunicó para notificar la descompensación de la perra. La dueña, al acudir, encontró que su mascota ya había fallecido.

A pesar de las pericias judiciales, no se logró determinar la causa exacta de la muerte. El juez Diez argumentó que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”. El fallo también remarcó inconsistencias entre las explicaciones del personal del centro veterinario y la dificultad para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al deceso.

La sentencia de Diez fijó una indemnización que “supera en más de 14 millones al monto inicialmente reclamado”. La suma contempla el valor de la mascota, los gastos a raíz de lo sucedido y el daño moral por “el vínculo afectivo entre la dueña y su perra, que convivían desde hacía años”. A este monto deberán sumarse los intereses acumulados desde el hecho hasta la fecha.

Del ámbito penal al civil: cómo fue la investigación

En un primer momento, la Justicia abrió una investigación penal que luego fue desestimada. La controversia pasó al plano civil, donde se examinó la responsabilidad del local veterinario en el marco del servicio contratado.

El juez resaltó la falta de una reconstrucción clara de los hechos y las explicaciones contradictorias por parte del comercio, aspecto que contribuyó a la posición de la denunciante.

Para ello, la mujer exigió la intervención del Colegio de veterinarios, así como la revocación de la matrícula profesional del responsable, al tiempo que previó realizar una autopsia para esclarecer los motivos exactos del fallecimiento. La veterinaria involucrada rechazó todas las acusaciones y sostuvo que disponía de pruebas para presentar ante la justicia, según informó por entonces el portal 0223.

La propietaria del animal reiteró que su perra era “un animal sano” y responsabilizó de su muerte a una “falla cardíaca ocasionada por el suministro de sedantes”. Y añadió que en el centro médico veterinario “no asistieron” de forma adecuada a la mascota y la “abandonaron a su suerte”.

Y declaró por entonces al medio marplantense: “Se hará la autopsia para saber qué le inyectaron sin mi autorización. Quiero que intervenga el Colegio de veterinarios y le quite la matrícula a quien hoy la abandonó y la dejó morir”.

Frente a la difusión pública del caso, los responsables de la veterinaria rechazaron la denuncia, a la que calificaron como “falaz”, y explicaron que el animal ingresó al establecimiento para una consulta médica y posteriormente recibió un baño y corte de uñas.

Según el descargo oficial, tras concluir con los servicios contratados, la perra “Juanita” experimentó “una descompensación general” mientras esperaba ser retirada, situación que “fue inmediatamente atendida por nuestra veterinaria y notificada su dueña, pero el desenlace fue imposible de evitar”.

En un comunicado, los propietarios precisaron: “Queremos dejar constancia que bajo ninguna circunstancia se suministran drogas, ni tranquilizantes de ningún tipo a las mascotas que asisten a nuestros lavaderos”. Añadieron que la ficha médica del animal fue entregada junto con el cuerpo y los detalles del parte médico a la propietaria.

Un jurado de Honolulu declaró este miércoles culpable al médico Gerhardt Konig de tentativa de homicidio bajo la figura de alteración mental o emocional extrema, tras considerar probado que agredió a su esposa durante una caminata en un acantilado en marzo de 2025.

El veredicto, dictado al cabo de tres semanas de juicio con testimonios tanto de la víctima como del acusado, implica una pena máxima de 20 años de prisión, lejos de la cadena perpetua prevista para el cargo original por intento de homicidio en segundo grado, según informó CBS News.

De acuerdo a este medio, la condena a Konig, de 47 años y anestesiólogo establecido en Maui, surgió luego de que el fiscal Joel Garner reconociera la decisión del jurado como ajustada al examen de la prueba y de la carga legal requerida. Por su parte, el defensor Thomas Otake anunció su intención de apelar la sentencia al considerar que hubo “muchos aspectos apelables” por decisiones tomadas por el juez tanto previas como durante el proceso.

La acusación se originó tras el episodio registrado en el sendero Pali Puka, un sitio panorámico y aislado a las afueras de Honolulu. Según la denuncia y lo expuesto durante el juicio, Arielle Konig relató que su esposo intentó primero apuñalarla con una jeringa y luego la golpeó en la cabeza con una roca, con la aparente intención de dejarla inconsciente y despeñarla.

“Empecé a gritar, porque en mi mente él trataba de dejarme inconsciente para poder arrastrarme al borde”, testificó Arielle Konig ante el tribunal.

La víctima, que resultó con lesiones graves y luego pidió el divorcio, sobrevivió gracias a que dos excursionistas presenciaron la agresión y forzaron la huida del agresor, quien fue capturado más de 6 horas después, según el reporte de la estación local KGMB-TV afiliada a CBS.

Desarrollo del juicio contra Gerhardt Konig

Varios testigos respaldaron la versión de la esposa. Una de ellas, Amanda Morris, explicó ante el jurado que observó a Gerhardt Konig golpeando a su esposa con una piedra. Otra, Sarah Buchsbaum, declaró que el rostro de la víctima "estaba cubierta de sangre" y fue quien llamó al 911.

Durante el proceso, Arielle Konig declaró que la causa del ataque habría sido el enojo de su esposo tras descubrir su infidelidad. El relato de Emile Konig, hijo de Gerhardt de 19 años, corroboró este motivo al recordar una llamada por videoconferencia en la que su padre le dijo: “No voy a volver a Maui, cuida a tus hermanos menores, y tu madrastra me estaba engañando; intenté matarla”.

En su defensa, Gerhardt Konig argumentó que actuó en legítima defensa. Sostuvo que fue su esposa quien lo sujetó por las muñecas, se arrojó al suelo y lo golpeó en el rostro con una roca. Tras ser interrogado por su abogado acerca de si reaccionó “para defenderse en el calor del momento”, Konig respondió afirmativamente.

Consultado por la fiscalía respecto a su estado emocional al recibir mensajes que sugerían la infidelidad de su esposa, negó estar furioso y afirmó que no planeaba dañarla ese día en la caminata, añadiendo que le “dolió verla sangrando”.

El ataque en el sendero Pali Puka y la intervención de testigos

El incidente por el que fue condenado Gerhardt Konig tuvo lugar en marzo de 2025 en el apartado sendero Pali Puka, en las afueras de Honolulu. Durante el ataque, Konig intentó sedar a su esposa con una jeringa y la golpeó con una roca.

La intervención de senderistas que presenciaron la escena obligó al agresor a detenerse y permitió que la víctima sobreviviera a pesar de sus heridas, según consta en los testimonios citados por CBS News.

Tras su huida, Konig fue arrestado luego de una búsqueda que se extendió por más de 6 horas. Su condena, al ser por tentativa de homicidio bajo alteración mental o emocional extrema, representa una rebaja significativa respecto al cargo original de intento de asesinato, que preveía prisión perpetua.

Esta sentencia de hasta 20 años denota la consideración del jurado respecto al estado mental del acusado en el momento del crimen. El juicio contó con la participación tanto de la víctima como del acusado y de varios testigos presenciales, hecho que sustentó el desenlace procesal.

El fiscal Joel Garner expresó a CBS News: “Respetamos el veredicto. Respetamos que el jurado hizo su trabajo, consideró la evidencia y llegó a una sentencia que ajustó a la prueba y la carga requerida en este caso”.

El abogado Thomas Otake manifestó tras la audiencia su agradecimiento porque su defendido no fuese hallado culpable de intento de asesinato, ya que ello habría conllevado una condena a cadena perpetua.

Antecedentes profesionales y contexto familiar de los Konig

Según los hechos acreditados por el jurado en Honolulu, Gerhardt Konig atacó a Arielle Konig durante una excursión en la isla de Oahu, ocasionándole lesiones graves.

La intervención de testigos fue determinante para la supervivencia de la víctima y la posterior conducción del caso por la vía judicial.

Antes de su detención, Konig ejercía en el Anesthesia Medical Group de Hawái y previamente en el hospital universitario University of Pittsburgh Medical Center, además de desempeñarse como profesor asistente de anestesiología e ingeniería biomédica en la misma universidad.

Una mujer del estado de Washington, Alyssa Bradburn, fue sentenciada el 2 de abril de 2026 a 28 años de prisión tras ser condenada por el asesinato premeditado de su padre.

El veredicto, emitido por un jurado del condado de Spokane en abril de 2024, se fundamentó en pruebas de una planificación que incluyeron ensayos con el arma y registros escritos en un diario personal.

Según información del canal estadounidense Fox News, el caso conmocionó a la comunidad, ya que la acusada aguardó el regreso de su padre de un viaje para cometer el crimen, reconociendo ante el tribunal su culpabilidad y mostrando, durante el juicio, una conducta marcada por la frialdad y hasta ocasionales sonrisas.

El proceso judicial determinó que Bradburn, de 33 años, disparó a su padre, Timothy Bradburn, al menos cuatro veces en el domicilio familiar en el noroeste de Spokane el 25 de junio de 2024. La sentencia total fue de 340 meses de prisión —lo que equivale a cerca de 28 años— tras sumar una penalización adicional de 60 meses por el uso de un arma de fuego.

Además, la jueza Julie McKay dispuso que la acusada deberá cumplir 36 meses de custodia comunitaria tras salir de prisión, abonar una suma de resarcimiento económico por la muerte y mantener una prohibición permanente de contacto con su hermano Trace Bradburn.

Las pruebas presentadas por la fiscalía detallaron los pasos previos que empleó Bradburn para asegurar el asesinato. Estas incluyeron la práctica con el arma dentro del hogar, la búsqueda de asistencia para su armado en un campo de tiro y la redacción de notas detalladas en su diario donde plasmó su intención homicida.

De acuerdo con la fiscal adjunta Emily Sullivan, citada por el canal estadounidense Fox News: “La prueba demostró un grado extremo y elaborado de planificación”.

La versión de los hechos y el impacto familiar

En la jornada del 25 de junio de 2024, Bradburn realizó una llamada al 911 e informó que había disparado a su padre apenas este cruzó la puerta de la casa, aún portando su valija y llaves, de regreso de un viaje a Hawái. Más tarde, en conversación con detectives, Bradburn manifestó que creía haber efectuado tres disparos —dos al pecho y uno a la cabeza— aunque la autopsia reveló que la víctima recibió cuatro impactos de bala.

Inicialmente, la acusada intentó argumentar defensa propia, alegando presuntos abusos por parte de su padre tanto hacia ella como hacia sus perros, pero luego se retractó de esas acusaciones según consignó la filial local FOX 28 Spokane.

Durante el juicio, Bradburn reconoció los hechos de manera directa: “Maté a Tim Bradburn y soy culpable. Ya no tengo miedo. Estoy de acuerdo con ir a prisión el tiempo que sea necesario”, señaló ante el tribunal, reproduciendo un gesto de aparente tranquilidad, informaron cronistas del periódico regional The Spokesman-Review. Su actitud durante todo el procedimiento judicial se caracterizó por la ausencia de emociones notorias y la declaración de que encontraba disfrute en el proceso.

En la audiencia de sentencia, la fiscalía solicitó una pena de 320 meses más 60 adicionales por agravante de arma, remarcando la planificación del asesinato.

La defensa, en cambio, pidió indulgencia por la ausencia de antecedentes penales y los problemas de salud mental de Bradburn, señalando que “en ocasiones tiene dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad”, según reportó el canal estadounidense Fox News.

El impacto emocional se evidenció a través del testimonio de Trace Bradburn, hermano de la acusada, quien describió la muerte del padre como devastadora y rechazó enfáticamente las acusaciones de abuso. En declaraciones a la filial local FOX 28 Spokane, expresó: “Mi padre era todo para mí”, y calificó de “profundamente dañinas” las denuncias iniciales, haciendo hincapié en: “Mi papá era un hombre extraordinario y nunca hizo daño a nadie”.

Los fundamentos de la sentencia y las consecuencias legales

La jueza McKay fundamentó su decisión en la gravedad del delito y en la ausencia de antecedentes previos por parte de Bradburn, precisando que “desafortunadamente, el crimen que la señora Bradburn eligió para iniciar su historial criminal es el más grave que existe”, según reproduce el canal estadounidense Fox News.

La condena estipula, además del tiempo en prisión, restricciones adicionales: la obligación de resarcimiento económico, 36 meses de custodia comunitaria a su salida y la prohibición absoluta de mantener contacto con Trace Bradburn.

El equipo de defensa de Bradburn declinó hacer declaraciones públicas sobre la sentencia o el cambio de aspecto físico que la acusada mostró durante el proceso, remarcó el canal estadounidense Fox News.

Tras el fallo favorable a Argentina en la Justicia estadounidense, que dejó sin efecto el pago de USD 16.000 millones por el juicio iniciado por la estatización de YPF, el principal beneficiario del litigio, el fondo inglés Burford Capital, pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se amplíe el plazo para revisar la decisión.

A fines de marzo ese tribunal invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano.

“Los abogados de Burford piden a la Cámara de Nueva York que amplíe hasta el 8 de mayo el plazo que vence este viernes para solicitar que un plenario de todos los jueces de la Cámara revisen el fallo de sus tres colegas que favoreció a la Argentina. La Cámara debería responder esta solicitud a más tardar mañana”, informó en su cuenta de X el abogado Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

“Justifican este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene ‘obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original’”, agregó.

Cabe recordar que Burford Capital, tras conocerse la victoria de la Argentina, emitió un comunicado en el que aseguró: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, añadió, en medio de un derrumbe en sus acciones del 50%.

Asimismo, el bufete que había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento, dijo que va a pedir una revisión al pleno de Cámara de Apelaciones, conocido técnicamente como “en banc”, aunque aclaró que “rara vez concede tales solicitudes”.

“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, sostuvo.

Sin mencionarlo explícitamente, también deslizaron la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Grupo Banco Mundial ante el cual el país tiene un largo historial de demandas impulsadas por multinacionales.

Dicho fallo a favor de Argentina se sostuvo en que, bajo el derecho argentino, los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula integralmente estos procesos, desplazando reclamos contractuales. La mayoría del tribunal determinó que los daños por incumplimiento no son reconocibles.

El argumento completo:

“En apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Nueva York ante Cabranes, Chin y Robinson, jueces de circuito.

Apelación de órdenes y sentencia final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Preska, J.) en dos casos consolidados, que culminaron en una adjudicación combinada de daños por 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios de una empresa argentina de petróleo y gas.

El tribunal de distrito dictó sentencia a favor de los accionistas, al determinar que la República Argentina violó la ley argentina al expropiar la mayoría de las acciones ordinarias de la empresa de una manera que violó su estatuto, y otorgó sentencia a la empresa con respecto a las reclamaciones de los accionistas contra la empresa.

La República Argentina apela, argumentando que la sentencia y las órdenes previas se basaron, entre otras cosas, en interpretaciones erróneas de la ley argentina. Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados. Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento.

Se confirma en parte, se revoca en parte y se remite para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión.

El juez Cabranes disiente en una opinión separada“.

Ben Roberts-Smith, el veterano australiano vivo más condecorado, se enfrenta a cargos por crímenes de guerra por las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, según informaron la policía y los medios de comunicación el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del ex soldado de 47 años arrestado el martes. Sin embargo, los medios de comunicación han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un ex cabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió la Cruz Victoria y la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato por crímenes de guerra. Permanecerá bajo custodia durante la noche y comparecerá ante el tribunal por primera vez el miércoles, según un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es solo el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

Oliver Schulz, de 44 años y exsoldado del SAS, se declaró inocente del cargo de asesinato por crimen de guerra. Se le acusa de dispararle tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato en el marco de un crimen de guerra conlleva una posible pena de cadena perpetua. En Australia, se trata de un delito federal que se define como el homicidio intencional, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía arrestó a Roberts-Smith en el aeropuerto de Sídney el martes, tras su llegada en un vuelo procedente de Brisbane, según informó la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán. Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) cuando fueron asesinadas”, declaró Barrett a los periodistas, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa Australianas.

“Se alegará que las víctimas fueron baleadas por el acusado o por miembros subordinados de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, agregó Barrett.

Un tribunal civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que interpuso después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 acusándolo de diversos crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las alegaciones de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente había matado ilegalmente a cuatro civiles en 2009 y 2012. Si bien el tribunal civil consideró probadas las acusaciones de crímenes de guerra en su mayoría según la preponderancia de la prueba, los nuevos cargos tendrían que probarse en un tribunal penal con un estándar más alto, más allá de toda duda razonable. En septiembre, el Tribunal Superior de Australia anunció que no admitiría la apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Los cargos se derivan de un informe militar publicado en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite australianas del SAS y de un regimiento de comandos asesinaron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, agricultores y otros no combatientes.

Barrett afirmó que pocos soldados estaban involucrados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente relacionada con estos cargos se limita a un sector muy pequeño de nuestras respetadas y confiables Fuerzas de Defensa Australianas (ADF), que ayudan a mantener la seguridad de este país”, dijo Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestras Fuerzas de Defensa Australianas enorgullecen a nuestro país. Los cargos presentados hoy no reflejan la realidad de la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.

La Oficina del Investigador Especial se creó para colaborar con la policía en las denuncias de crímenes de guerra. El director de investigaciones de la oficina, Ross Barnett, declaró que se habían investigado 53 denuncias de crímenes de guerra y que 39 de esas investigaciones habían concluido sin cargos. Alrededor de 40 000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 fallecieron.

(con información de AP)

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

En 2025, uno de los casos criminales que más llamó la atención de la opinión pública fue el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, registrado en la madrugada del 31 de octubre.

Tras la captura de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, que quedaron grabados por cámaras de seguridad en Bogotá cuando agredieron a Moreno en una vía pública, la Fiscalía ha avanzado en el proceso de investigación y recopilación del material probatorio con el que comenzará el juicio después de Semana Santa.

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Cabe recordar que en el proceso se sigue buscando a Kledimar Paola Fernández, mujer que estaba disfrazada con un vestido azul y ha sido mencionada en las audiencias como la determinadora del homicidio y está siendo buscada con circular roja de Interpol.

Además, tanto los familiares de la víctima como los fiscales que llevan el caso han resaltado que pedirán la condena máxima para los imputados, que es de 50 años de prisión.

Las claves del juicio

Cinco meses después de que se registró el crimen, y antes de que comience el juicio, LaFM publicó un informe en el que reveló detalles del documento de acusación que presentará la Fiscalía en la audiencia con la que se retome el caso.

Se trataría de un recopilatorio con evidencia técnica, documentos forenses y testimonios que serían cruciales para argumentar la condena solicitada por el delito de homicidio doloso agravado.

El material incluiría 54 fotografías de la necropsia de la víctima, videos desde todas las perspectivas del hecho y la reconstrucción final del ataque registrado en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Cabe recordar que los acusados, que no aceptaron los cargos en su contra, buscaron llegar a un acuerdo con la Fiscalía para tener una rebaja de pena, pero esto fue rechazado por los funcionarios del ente acusador.

En las audiencias registradas, la defensa de los imputados ha intentado justificar el ataque indicando que se trató de un homicidio preterintencional en el que no tenían la intención de causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, pero esta teoría ha sido rechazada por la Fiscalía, que ha mencionado un presunto plan (verbal) acordado entre Suárez y González antes del ataque.

Como clave del caso, el ente acusador ha argumentado que la víctima no tuvo oportunidad para defenderse y que fue puesto en condición de inferioridad por sus asesinos.

“Aunque Juan Carlos Suárez fue el primer agresor, en uno de los videos se observa que Ricardo González corre a una velocidad terrible y va a parar contra la humanidad de Jaime Alberto Moreno y lo agrede en el suelo”, es parte del informe expuesto por el medio citado.

Debido a que los acusados, como parte de una estrategia legal, han indicado en las ocasiones que han podido hablar en las audiencias que aceptarían cargos si la acusación es por un homicidio preterintencional, la Fiscalía ha reafirmado que los imputados tenían claridad de que provocarían atacando de esa forma a Moreno.

“Usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y a una zona vital como lo era en la cabeza llevaría a su muerte”, fueron las palabras de la fiscal delegada durante una de las audiencias.

Sobre la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ofrecen hasta 10 millones de pesos por información relevante que permita su captura y su rostro ha sido mostrado en los cárteles de criminales más buscados de la ciudad, las autoridades han indicado que se presume que la mujer habría abandonado el país luego de lo registrado en la celebración de Halloween en Chapinero.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

Mientras la opinión pública habla sobre el estreno de Dear Killer Nannies, la miniserie de Disney+ y Hulu en la que se cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, en Argentina el nombre del heredero del cartel de Medellín también fue mencionado, pero por un tema legal.

Se trata de la nulidad de un proceso judicial por presunto lavado de activos que involucraba a integrantes de Sebastián Marroquín, María Isabel Santos (nuevos nombres del hijo y la viuda de Pablo Escobar) y al exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna.

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Las actuaciones judiciales comenzaron durante una causa abierta en la que se hallaron documentos en la vivienda del abogado Mateo Corvo Dolcet.

De acuerdo con las autoridades, dichos documentos mencionaban una cercanía entre los mencionados y el ganadero colombiano José Piedrahíta, señalado como inversionista en proyectos inmobiliarios y solicitado por una corte de Estados Unidos.

Todo lo que se sabe del proceso que fue anulado

Durante la fase inicial de la investigación, el juez federal Néstor Barral procesó a María Isabel Santos Caballero, a Juan Sebastián Marroquín Santos y a Mauricio Serna por presunto lavado de activos agravado.

En ese momento, la justicia consideró que con movimientos financieros buscaban legalizar ingresos provenientes de actividades ilícitas a través de bienes raíces y vehículos de lujo, por lo que se incluyó un embargo preventivo de 30 millones de pesos argentinos mientras los implicados permanecían en libertad.

El caso cobró notoriedad debido a la relevancia pública de los procesados; principalmente, Mauricio “Chicho” Serna, recordado por su paso por Boca Juniors. A pesar de su relevancia pública, el mediocampista optó por no entregar declaraciones sobre su vínculo con la causa, dejando la gestión de su defensa en manos de sus abogados.

Las circunstancias que llevaron a la implicación de Serna en el expediente se relacionaban con el testimonio de un informante que lo señaló como supuesto testaferro de un narcotraficante. En 2019, la filtración de estos testimonios también involucró a la viuda y al hijo de Pablo Escobar, aludiendo que tenían conocimiento de las actividades de José Piedrahíta y de sus nexos con el cartel de Cali.

Según la declaración, Santos Caballero (apellidos nuevos de la viuda de Escobar) y su hijo estaban al tanto de la relación de Piedrahíta Ceballos con capos colombianos, debido a que la hermana de la viuda de Escobar Gaviria trabajaba junto a él.

El proceso judicial avanzó a lo largo de varios años, con los implicados bajo medidas cautelares que incluían el embargo de bienes y restricciones sobre su patrimonio.

Pese a la magnitud de las acusaciones, la justicia argentina resolvió finalmente desvincular a Serna, Marroquín y Santos de la causa y declarar nulas las actuaciones en su contra.

La nulidad del trámite fue confirmada por fuentes judiciales y replicada por periodistas especializados en temas judiciales y deportivos. Con la resolución judicial, tanto Sebastián Marroquín como María Isabel Santos y Mauricio Serna quedan desvinculados formalmente del expediente por presunto lavado de activos en Argentina, cerrando una etapa que abarcó más de siete años desde la apertura de la investigación.

En la actualidad, los familiares de Pablo Escobar protagonizan charlas motivacionales y conferencias en las que hablan de las consecuencias de ingresar al mundo delictivo, lo que ha incluido giras en países como México y El Salvador.

Por su parte, Mauricio Serna sigue vinculado al fútbol profesional con escuelas de fútbol y hasta 2025 trabajó para Boca Juniors como parte del equipo directivo de la presidencia de Juan Román Riquelme.

El juicio contra Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual ha sido aplazado hasta octubre, según informó Sky News. Inicialmente, el proceso estaba programado para comenzar el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Sin embargo, el juicio, que agrupará un total de siete cargos presentados en el último año, iniciará el 12 de octubre y se prevé que tenga una duración aproximada de hasta dos meses.

Russell Brand ha declarado su inocencia frente a todos los cargos y ha negado cualquier conducta indebida. Durante el proceso penal, se le ha concedido libertad bajo fianza.

Tras la presentación inicial de los cargos en abril de 2025, el actor se pronunció a través de redes sociales.

“Cuando era joven y soltero, antes de tener a mi esposa y mi familia, fui un tonto, fui un tonto antes de vivir en la luz del Señor; fui adicto a las drogas, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui es un violador”, escribió.

Y añadió: “Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan verlo al mirarme a los ojos”.

Las imputaciones se producen después de una investigación conjunta realizada en 2023 por The Sunday Times y Channel 4, en la que varias mujeres presentaron acusaciones contra Brand.

Las acusaciones contra el actor se formalizaron en distintas etapas. En abril de 2025, el artista fue imputado por delitos de violación, agresión indecente y agresión sexual relacionados con cuatro mujeres distintas, en hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

Posteriormente, en diciembre de 2025, se añadieron dos cargos adicionales —uno por violación y otro por agresión sexual— vinculados a otras dos mujeres, en incidentes que habrían tenido lugar en 2009.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la Fiscalía de la Corona aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de presuntos incidentes denunciados por dos nuevas mujeres.

De acuerdo con información confirmada por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso judicial que ya se encontraba en curso.

Las autoridades no han hecho públicos detalles específicos sobre las fechas ni los lugares de los nuevos incidentes, aunque confirmaron que forman parte de una investigación más amplia llevada a cabo por detectives especializados de la Policía Metropolitana.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, señaló que las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo por parte de oficiales especialmente capacitados.

“Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, indicó en un comunicado difundido a TMZ.

El funcionario también subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió.

Las autoridades han reiterado que mantienen activos los canales para recibir nuevos testimonios o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones sobre la gestión económica y los constantes desplazamientos internacionales de Francisco Martínez han suscitado dudas entre los responsables del caso Kitchen en relación con su disponibilidad para afrontar el juicio. Según informó Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó ante la Audiencia Nacional la adopción de prisión provisional para Martínez, quien fue secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016, debido al riesgo de fuga antes del inicio del proceso oral previsto para el 6 de abril. La misma medida fue reclamada para Andrés Gómez Gordo, comisario acusado en la misma causa, con el objetivo de asegurar la presencia de ambos durante las vistas judiciales y garantizar la posible ejecución de una sentencia condenatoria.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el PSOE, que actúa en calidad de acusación popular en el expediente sobre la denominada ‘Operación Kitchen’, expuso en la petición formal la preocupación por la falta de acceso a información acerca de la capacidad económica de los procesados. El escrito trasladado a la Audiencia Nacional subraya que no se ha comprobado si existe investigación alguna acerca de los movimientos patrimoniales de los acusados o, en su caso, su acceso a dichos datos, situación que incrementa el riesgo de elusión judicial.

Entre los argumentos expuestos por el PSOE figura la gravedad de los delitos atribuidos a Francisco Martínez. El medio Europa Press detalló que está imputado por ilícitos como malversación de fondos, pertenencia a organización criminal, delitos contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho, con penas asociadas que superan con creces los dos años de prisión. El partido remarca que el volumen y la naturaleza de las acusaciones incrementan el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Parte de la fundamentación del PSOE resulta de la situación familiar y el historial reciente de Martínez. Europa Press publicó que Martínez mantiene matrimonio con una ciudadana mexicana, y según la documentación, se traslada al país latinoamericano de manera regular atendiendo motivos personales. Fuentes del partido advirtieron que estos constantes viajes podrían facilitar su eventual salida del territorio nacional en caso de pretender evitar la comparecencia ante el tribunal.

Otro elemento relevante aportado en la solicitud es la supuesta vinculación de Martínez a una trama de ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública. De acuerdo con Europa Press, la formación política señala que el ex alto cargo permaneció en prisión preventiva hasta junio de 2025, y actualmente enfrenta también un proceso en el denominado caso ‘policía patriótica’, relacionado con el partido Podemos.

El PSOE extendió las sospechas sobre la posible existencia de cuentas o activos con procedencia no esclarecida. La petición judicial transferida a la Audiencia Nacional hace hincapié en la dificultad de explicar cómo Martínez logra compatibilizar el desempeño de su puesto público como letrado de las Cortes con los frecuentes desplazamientos transnacionales, las obligaciones familiares y los costes asociados a su defensa en tres procesos penales de alta complejidad, elementos difíciles de justificar únicamente con el salario percibido como funcionario sujeto a un régimen estricto de incompatibilidades.

La solicitud de prisión provisional también recayó sobre el comisario Andrés Gómez Gordo. Europa Press informó que el PSOE argumentó la existencia de riesgo de fuga, agravado por una resolución judicial previa que impone la inhabilitación de Gómez Gordo para ejercer funciones públicas. Dicha situación, a juicio del partido, elimina el principal vínculo profesional y territorial del acusado con España, debilitando su arraigo y fortaleciendo el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Además, el escrito presentado por el PSOE plantea interrogantes sobre los recursos con los que tanto Martínez como Gómez Gordo han afrontado los gastos de su defensa en múltiples procedimientos judiciales complejos. Según señaló Europa Press, el partido sugiere que los acusados podrían disponer de ingresos adicionales ajenos a los declarados como funcionarios públicos, cuya procedencia no ha sido aclarada durante la instrucción.

Según publicó Europa Press, la ‘Operación Kitchen’ es objeto de análisis judicial por tratarse de un supuesto operativo policial destinado a recuperar documentación presuntamente comprometedora en poder del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En este contexto, los acusados han adquirido relevancia dentro del procedimiento, y los movimientos económicos, sumados a sus vinculaciones personales y profesionales, constituyen el núcleo de la solicitud de medidas excepcionales que la acusación popular considera imprescindibles ante la proximidad del juicio.

Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García, fundamentó ante el Tribunal Supremo una nueva solicitud que reclama la autorización para la realización de reuniones presenciales entre los acusados y sus abogados en el centro penitenciario de Soto del Real. De acuerdo con Europa Press, De la Hoz argumentó que la ausencia de estos encuentros obstaculiza la adecuada preparación de la defensa, ya que impide el contraste de versiones y documentos, y sitúa a los implicados en un estado de indefensión material ante el juicio que se aproxima por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

Según detalló Europa Press, la petición remitida al Tribunal Supremo solicita que se permitan “de manera excepcional y proporcional” las comunicaciones y visitas conjuntas entre Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los equipos legales que los representan. Ambos se encuentran en Soto del Real desde noviembre, vinculados a una causa judicial que implica el análisis de miles de folios y archivos digitales asociados a adjudicaciones para la adquisición de mascarillas.

En la documentación presentada al tribunal, De la Hoz precisó que ya existe un “acuerdo total y explícito” con Marino Turiel, abogado defensor de Ábalos, para coordinar labores en la estrategia legal de ambos acusados. Europa Press consignó que la abogada expuso que la “necesidad imperiosa de una defensa conjunta” surge de la naturaleza de la acusación, que implica el examen de vasto material documental en común. De la Hoz sostuvo que, “sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos”.

La abogada caracterizó como inviable la preparación de la defensa a través de los canales ordinarios de comunicación penitenciaria, los cuales consisten en locutorios separados por mamparas, disponiendo que la separación física obstaculiza el análisis de pruebas digitales, informes y otros escritos clave en la causa. Según expuso De la Hoz ante el Tribunal Supremo, la propia petición se realizó siguiendo la recomendación de un funcionario penitenciario, que habría instado a los abogados a formalizar por escrito su demanda para ordenar los encuentros. Pese a este consejo, reportó Europa Press, la Subdirección de Seguridad del centro denegó la solicitud, contradiciendo lo que la abogada califica como una práctica habitual en procesos con varios investigados.

La petición añade la solicitud de autorización para utilizar ordenadores portátiles y soportes de almacenamiento digital, con el objetivo de que los letrados puedan estudiar conjuntamente el expediente de la causa penal, y para que se habilite una sala especial sin barreras físicas entre los participantes. De la Hoz remarcó que la complejidad del caso, con un “volumen de miles de folios y archivos digitales”, vuelve inviable la revisión por separado, aduciendo que el procedimiento penal requiere del contacto físico directo para una defensa eficaz y coordinada.

El proceso judicial que involucra a Koldo García y José Luis Ábalos gira en torno a presuntas irregularidades en contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, causa que ha derivado en un extenso sumario y el señalamiento de responsabilidades compartidas. Europa Press especificó que el Ministerio Fiscal solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión, para Koldo García una pena de 19 años y medio, y para Víctor de Aldama, empresario también acusado, una condena de 7 años.

El juicio oral dará comienzo el 7 de abril y contará, según Europa Press, con la intervención de más de 70 testigos en un total de 13 sesiones. La preparación de la defensa cobra peso frente a la magnitud de la causa y la cantidad de material probatorio que se analizará a lo largo del proceso.

El requerimiento planteado por De la Hoz subraya la relevancia de que los acusados y sus abogados puedan trabajar de manera coordinada dentro del penal, dada la singularidad y volumen de información a confrontar. La abogada sostuvo que impedir estos encuentros genera un riesgo procesal al limitar la capacidad de respuesta legal de los imputados, lo que, según indicó al Tribunal Supremo, vulnera derechos básicos de defensa reconocidos en el ámbito judicial español.

Europa Press amplió que la comunicación enviada al Supremo no se refiere únicamente al encuentro entre Koldo y Ábalos, sino que solicita establecer un precedente para la habilitación de reuniones similares en casos donde la acumulación de pruebas documentales afecte simultáneamente a varios investigados dentro de un mismo proceso. Las condiciones vigentes en Soto del Real solo permiten visitas individuales bajo estrictas medidas de seguridad, situación que, en palabras de la defensa, dificulta de manera considerable la comprensión de la causa y la coordinación eficaz entre los equipos jurídicos de los acusados.

Según la documentación a la que accedió Europa Press, De la Hoz recalcó en su alegato que la denegación de la Subdirección de Seguridad del penal se produjo pese a que “este tipo de prácticas resultan normales y habituales en el funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario cuando existen causas con multiplicidad de investigados”. El escrito remarca asimismo que la exigencia de la defensa no constituye un capricho procesal, sino una necesidad derivada directamente de las particularidades del expediente judicial en cuestión.

El desarrollo y resultado de este requerimiento marcará las condiciones de trabajo de las defensas de ambos principales acusados en las semanas previas al inicio de un juicio que concentrará atención mediática y judicial, dada la cuantía de las penas solicitadas y el número de comparecientes previstos, según la información difundida por Europa Press.

La magistrada-presidenta de sala devolvió en tres ocasiones las actas al jurado, detectando contradicciones que impidieron alcanzar un veredicto válido sobre la muerte de un hombre ocurrida en 2020 en la barriada de El Torrejón, Huelva. Este escenario, previsto en el artículo 65 de la Ley del Jurado, obliga a que el proceso se reinicie con un nuevo juicio oral, un nuevo jurado popular y un presidente de sala diferente. Según informó Europa Press, la disolución del jurado resulta una medida poco frecuente y provoca que la reanudación del proceso pueda demorarse, ya que el nuevo magistrado deberá estudiar toda la documentación antes de asignar la fecha de la vista.

El juicio, iniciado el 13 de marzo, buscaba esclarecer los hechos relacionados con la muerte de un varón de 48 años durante una confrontación que dividió a familiares y vecinos del barrio. El Ministerio Fiscal, tres acusaciones particulares —en nombre de la víctima, su madre y hermanos— y tres defensas representando a los acusados participaron en el proceso, según consignó Europa Press. La última jornada estuvo marcada por la decisión del Ministerio Público de retirar los cargos contra dos de los once procesados, en concreto el padre del principal acusado y el hijo del acusado que había resultado lesionado, al no encontrar pruebas que los vincularan directamente a la agresión.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía mantuvo la petición de 15 años de prisión para el principal acusado, atribuyéndole un delito de homicidio. Para otros cuatro imputados solicitó 13 años de cárcel por la misma figura delictiva, mientras que para los restantes procesados propuso condenas de cuatro años por lesiones cualificadas. Uno de los abogados de la acusación particular, en representación de varios hermanos de la víctima, coincidió en la calificación de homicidio y se adhirió a la solicitud del Ministerio Fiscal, aunque otro de los letrados rebajó la acusación de asesinato a homicidio para el tío del principal acusado, alegando el agravante de reincidencia debido a una condena previa por otro homicidio. Este último solicitó 15 años de prisión e incrementó la petición para otros encausados a 13 años, argumentando una participación conjunta en la muerte.

Por otro lado, la acusación en nombre de la madre, un hermano y el propio fallecido mantuvo la acusación inicial de asesinato con alevosía y ensañamiento, figuras que el resto de las partes no consideraron apropiadas, al igual que la Fiscalía que descartó estas agravantes. Esta parte solicitó 25 años de prisión para los once acusados bajo el concepto de “autoría conjunta”, según comunicó Europa Press.

Durante las conclusiones, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes, pues entendieron que las pruebas resultaban insuficientes para sustentar una condena por homicidio o asesinato. Hicieron referencia al principio “In Dubio Pro Reo”, subrayando la ausencia de evidencia material: “No hay huellas, no hay armas, no hay nada”, declaró uno de los letrados, citado por Europa Press. De acuerdo con las defensas, la situación exigía un veredicto de “no culpabilidad”.

Las versiones sobre el origen del altercado presentaron notables diferencias. Las acusaciones sostuvieron que todo comenzó por una filtración de agua de la vivienda de una vecina situada sobre la del fallecido, lo que afectó al acusado principal. Se alegó que este último exigió dinero al fallecido para reparar el baño y, al no obtenerlo, lo habría amenazado de muerte. La defensa propuso otra narración: atribuyó el suceso a un presunto acoso del fallecido hacia la hija menor de uno de los acusados. Según esta tesis, la víctima se presentó en casa del padre del acusado y lo amenazó con un cuchillo, lo que desembocó en la pelea mortal. El acusado principal reconoció haber usado un palo con extremo de hierro por defensa personal, pero negó ser el autor de la puñalada letal, según relató Europa Press.

Durante el juicio, también se escuchó la declaración de la vecina de arriba, quien describió a la víctima como una persona “conflictiva”, relató que la mantenía en estado de miedo constante y la acosaba sexualmente. No confirmó si el fallecido había acosado a la menor, aunque lo calificó de obsesionado con las mujeres de cualquier edad.

En el ámbito de la prueba pericial, dos médicos forenses informaron que la muerte fue causada por una puñalada en la zona lumbar, que penetró el diafragma y un pulmón, provocando neumotórax y perforando el corazón, lo que originó un shock hipovolémico debido a pérdida masiva de sangre. Según reportó Europa Press, los forenses identificaron 29 lesiones en distintas partes del cuerpo del fallecido, incluyendo áreas del tronco, cabeza, brazos y manos, varias de ellas catalogadas como defensivas y producidas por diferentes objetos. Determinaron que la puñalada fue ascendente, con una inclinación de aproximadamente 45 grados, infligida con un arma blanca de 2,5 centímetros de ancho y 20 de largo.

La Policía Nacional localizó tres armas cerca del cuerpo: un cuchillo con mango verde, un bate de béisbol y una navaja. Posteriormente, la seguridad en la barriada de El Torrejón se reforzó debido a ciertos intentos de enfrentamiento tras la reyerta, según recogió Europa Press. Las pesquisas de ADN en el laboratorio de la Policía Nacional en Sevilla determinaron que la camiseta del acusado principal presentaba tanto la sangre de la víctima como la del propio acusado y de uno de sus hermanos, a su vez imputado. En una navaja se identificaron perfiles genéticos que no se pudieron precisar; el cuchillo, de 34 centímetros, contenía sangre de la víctima y de otro acusado; el bate de béisbol mostró restos de sangre del fallecido y de un tercer reo, sangre que también se rastreó en otros objetos relacionados con la causa. Otra navaja solo presentaba vestigios sanguíneos del fallecido.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla examinó la ropa de la víctima, hallando su propia sangre y dos muestras con perfiles genéticos adicionales, imposibles de identificar por la baja cantidad de ADN, comentó Europa Press.

Las primeras sesiones del juicio recogieron los testimonios de familiares del fallecido, policías y peritos. Los hermanos de la víctima declararon ante la sala que el hombre no tenía problemas previos con nadie en el barrio y relataron que la disputa derivó “por la filtración”, sumando que el acusado exigió 3.000 euros para cubrir los daños. Dos hermanas sostuvieron haber presenciado el momento de la agresión mortal e identificaron al acusado principal como responsable de la puñalada. Las defensas pusieron en cuestión estas afirmaciones, remarcando contradicciones entre los testimonios vertidos en juicio y anteriores comparecencias y dudando de que haya habido testigos directos del suceso.

El procedimiento judicial se prolongará indefinidamente hasta que pueda celebrarse el nuevo juicio con la composición renovada del tribunal popular, mientras las diversas partes esperan una resolución definitiva para un caso que, según distintos testimonios, involucra enfrentamientos vecinales y presenta versiones irreconciliables sobre los hechos que derivaron en la muerte violenta de 2020.

El 12 de febrero se confirmó la condena de 12 años de prisión para los cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón que participaron en la tortura contra dos personas que prestaban servicios en la finca donde se encontraba la cantante en Rionegro, Antioquia.

Durante el proceso judicial, las víctimas narraron que fueron golpeadas, amenazadas y sometidas a diferentes formas de violencia mientras permanecían privadas de la libertad dentro de la propiedad, lo anterior por orden, presuntamente, del padre de la cantante, Luis Alberto Rendón.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación incluyeron testimonios, exámenes médicos y registros de cámaras de seguridad. La decisión judicial se basó en la gravedad de las agresiones y en el abuso de poder por parte de los condenados, quienes utilizaron su posición para cometer los delitos.

Aunque la sentencia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y el fallo será revisado en segunda instancia, este hecho marcó el inicio del proceso legal contra Luis Alberto Rendón.

Comenzó oficialmente el juicio contra el papá de Greeicy Rendón

El 28 de marzo, Telemedellín informó que, a cargo de un juez del Juzgado Quinto Penal de Antioquia, ha iniciado formalmente el juicio en el que Luis Alberto Rendón deberá responder por los delitos de secuestro y tortura en calidad de coautor.

El medio citado informó que la Fiscalía presentó un escrito de acusación que incluye 33 pruebas contra Rendón; 18 de ellas son documentales, 11 testimoniales y el resto hacen parte de informes periciales.

Sobre el caso, la Fiscalía ha afirmado que Luis Alberto Rendón actuó de manera dolosa, puesto que sabía todo lo que estaba pasando al interior de la vivienda con las dos personas que fueron torturadas de manera física y psicológica.

Cabe recordar que, en el proceso en el que fueron condenados los cinco escoltas, se reveló que las víctimas recibieron golpes con martillos, tortura con mangueras de agua y otro tipo de agresiones mientras eran señaladas de haberse robado un dinero en mayo de 2023.

La condena que podría recibir Rendón

En diálogo con Infobae Colombia, el docente, consultor y litigante en materia penal de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Edwin Manuel Chaves, analizó el proceso que protagoniza Luis Alberto Rendón.

“Podría ser condenado a la misma pena prevista para los ejecutores materiales o autores directos del delito, en caso de ser declarado responsable”, anticipó el experto, que explicó que el artículo 30 del Código Penal, en consonancia con la doctrina mayoritaria, establece que al determinador le corresponde la misma pena asignada al autor.

Para argumentar su postura, Chaves explicó que haber dado la orden incluye otros factores que podrían ser incluidos en el análisis que realice el juez encargado del caso en el momento de definir la situación legal de Rendón.

“La determinación, denominada también inducción en la doctrina, consiste en un influjo psíquico ejercido sobre otra persona para que adopte la decisión de cometer un delito. El determinador necesariamente recurre a medios de carácter psicológico o comunicativo, tales como el halago, la promesa, la amenaza, la persuasión o la orden, todos los cuales constituyen formas de interacción interpersonal orientadas a provocar la resolución criminal en el autor material”, puntualizó el jurista.

Hasta el momento, ni el equipo de abogados ni ningún integrante de la familia Rendón se ha pronunciado sobre el caso en concreto o sobre los hechos de agresión que se mantuvieron hasta que uniformados de la Policía Nacional capturaron a los escoltas en flagrancia.

La noche del 6 de agosto de 2025, M. E. J. (47) llamó al padre de su hijo de 14 años, Aarón Benjamín Alaniz, para pedirle que fuera a su casa en Río Cuarto porque había encontrado al menor tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Ante las autoridades declaró que no recordaba nada de lo ocurrido, pero las pruebas la señalaron como la principal acusada.

Desde esa misma noche, la mujer permanece detenida bajo la acusación de haber sido la autora de las doce puñaladas que los forenses encontraron en el cuerpo del adolescente. Luego de que las pericias psiquiátricas indicaran que comprendía la criminalidad de los actos, el fiscal Pablo Jávega resolvió que era apta para ser imputada por el delito de homicidio calificado agravado por el vínculo.

En los últimos días, se decidió que la causa sea elevada a la etapa del juicio oral, después de que un Juzgado de Control rechazara los planteos de la defensa. Pese a que los defensores de la acusada intentaron cuestionar la imputación, el tribunal validó la continuidad del proceso.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el fiscal Jávega informó que, antes de tomar esta determinación, se realizaron diversas medidas probatorias. Entre estas, se incorporaron testimonios, documentación médica y pericias interdisciplinarias para evaluar la situación mental de la acusada en el momento del crimen.

A partir de la incorporación de estos elementos al expediente, la Fiscalía apuntó que quedó acreditado que tenía la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones al momento de los hechos. Este punto resultó determinante para descartar los planteos de la defensa vinculados a una posible inimputabilidad.

El día del crimen, la mujer había manifestado a las autoridades policiales que era una paciente psiquiátrica y que padecía esquizofrenia. Incluso, les indicó que había tomado dos de los medicamentos que aparentemente tenía prescriptos por su diagnóstico. Sin embargo, las pericias negaron que estos elementos hubieran tenido algún tipo de influencia en su accionar.

El ataque ocurrió en el domicilio familiar, donde la víctima recibió 12 heridas de arma blanca. A raíz de la gravedad de la acusación, la mujer fue imputada por homicidio calificado agravado por el vínculo, una de las figuras más severas del Código Penal que prevé una pena de prisión perpetua en caso de que el tribunal la hallara culpable.

En principio, la acusada aseguró que habría tenido una supuesta pérdida de conciencia y que, cuando la recobró, el cuerpo del menor se encontraba sobre un charco de sangre. Por esto, se comunicó con su ex pareja y padre de Benjamín, quien arribó al lugar y alertó a la Policía de Córdoba.

Durante la inspección preliminar, los efectivos policiales constataron la muerte del adolescente. Asimismo, registraron que la mujer tenía varios cortes en la pierna izquierda. No obstante, no habrían estado relacionados con un forcejeo, debido a que la autopsia del joven comprobó que no tenía lesiones defensivas.

Pero esta información no se conocería hasta más tarde, por lo que la primera hipótesis que barajaban los investigadores apuntaba a que la mujer sí había sufrido un brote psicótico. Sobre todo, porque los agentes la encontraron en estado de shock, sentada en una reposera, junto al cadáver de su hijo. También encontraron el arma homicida, un cuchillo que fue agregado como prueba clave para el juicio.

Frente a este panorama, habían ordenado que la madre de Benjamín fuera internada en el área de salud mental del Hospital San Antonio de Padua hasta que fuera estabilizada. “Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, evaluaban fuentes de la investigación. Una línea investigativa que también había sido apoyada por los vecinos, quienes indicaron que eran buenas personas.

En marzo de 2025 se registró la solicitud de extradición de siete colombianos a Estados Unidos por una investigación en la que se les vinculaba con una organización transnacional que enviaba cocaína en submarinos.

Los implicados son Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes, que según las autoridades estadounidenses forman parte de una red que construía embarcaciones semisumergibles utilizadas para transportar grandes cantidades de cocaína.

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En ese momento se informó que la ruta de los colombianos comenzaba en la costa del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y México, donde la droga era entregada a zonas controladas por el Cartel de Sinaloa.

La operación incluía la financiación de cargamentos, contratación de tripulaciones y la realización de contravigilancia en alta mar mediante barcos pesqueros para evitar la detección por fuerzas del orden. La estructura criminal fue identificada luego de dos operativos internacionales; en estos se logró la incautación de 2.312 de 3.300 kilos; en ambos casos se identificaron embarcaciones construidas de manera empírica.

Comenzó el juicio contra los seis colombianos en Estados Unidos

En la tarde del 27 de marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, a través del Distrito Este de Nueva York (Edny), emitió un comunicado en el que confirmó que los seis colombianos mencionados llegaron al país norteamericano y fueron presentados ante un tribunal federal de Brooklyn.

“Según las acusaciones, los acusados ​​son miembros de una organización colombiana transnacional de narcotráfico marítimo que pretendía traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, para su posterior distribución en Estados Unidos”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella.

El fiscal agradeció a la Marina de Colombia por la ayuda durante los operativos en los que, junto con la DEA, capturaron a los imputados. Cabe mencionar que entre los imputados solo hay hombres de entre 40 y 69 años.

“Utilizar sumergibles en un intento calculado de evadir a las fuerzas del orden no los hace invisibles. Ya sea que intenten esconderse bajo el agua o en la superficie, la DEA, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, perseguirá y derrotará sin descanso a las organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y causan la muerte de estadounidenses”, declaró el jefe de la Regional de Operaciones de la DEA, Frank Tarentino.

Durante la acusación formal se mencionó que los colombianos ayudaron a traficar hasta cinco toneladas de cocaína en submarinos. Sobre el modus operandi, revelaron que los miembros de la estructura criminal conseguían inversionistas para financiar cargamentos de varias toneladas de cocaína y la construcción de las embarcaciones semisumergibles; construían las embarcaciones y contrataban tripulantes para cargar la droga que llegaba a México.

Los criminales también realizaban labores de vigilancia que incluían el posicionamiento de buques con los que verificaban que el cargamento siguiera la ruta alejados de embarcaciones militares.

En el comunicado se resalta que los colombianos serán juzgados como parte de la iniciativa establecida en la orden 14159 de protección del pueblo estadounidense contra la invasión, que se dedica a “eliminar carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero”.

Por último, se confirma que los sudamericanos deberán afrontar cargos por distribución internacional de cocaína ante la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía de Estados Unidos, mientras que las fiscales adjuntas Lorena Michelen y Katherine Onyshko serán las responsables del caso a partir de este momento.

Aunque todavía no está escrita la última palabra en el largo juicio de Burford Capital contra la Argentina, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dio de baja el fallo en primera instancia por la expropiación de YPF, es mucho más que un traspié para este “financista de litigios” con sede en Londres y fundado en 2009 por Christopher Bogart, la cara más visible del juicio más voluminoso contra el estado argentino.

El reflejo más evidente de la derrota tal vez definitiva de Burford en el juicio contra la Argentina, en el que el gobierno tuvo el apoyo clave del gobierno de Donald Trump a través de presentaciones del Departamento de Justicia, es la propia cotización de la empresa en la bolsa de Nueva York.

En septiembre de 2023, cuando Burford obtuvo en el juzgado de la jueza Loretta Preska el fallo hoy “vaciado” (void) por la Cámara de Apelaciones, la “capitalización de mercado” de Burford había trepado a cerca USD 3.500 millones. Hoy, tras la difusión del fallo, el valor de la empresa, que a fines de febrero aún cotizaba por sobre los USD 2.000 millones, caía como un piano, a poco más de USD 750 millones hacia el mediodía de la Argentina.

Debe tenerse en cuenta además que si bien Burford podría aún recurrir a la Corte Suprema de EEUU, el mayor tribunal de la justicia norteamericana toma muy pocos casos en sus manos y es -según señaló un abogado consultado por Infobae- altamente improbable que lo tome en este caso, en que el propio gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia ya se puso del lado de la Argentina.

La Cámara de Apelaciones básicamente priorizó la validez de aplicación de la ley de expropiación de la Argentina por sobre lo que decía el estatuto de YPF, que fue el argumento de Burford. “El estatuto estaba pensado para aplicarse en caso de un take over, especialmente si era de carácter hostil, no para aplicarse en caso de una expropiación, explicó mientras leía la sentencia un abogado consultado por Infobae, que pidió más tiempo para digerirla.

“Este caso es sobre los acreedores e inversores que han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del gobierno argentino, no sobre Burford”, había dicho a Infobae un vocero de Burford, en octubre pasado, cuando este medio investigó y publicó un historial sobre el accionar de este “financista de litigios” cuyo accionar se asemeja mucho a un “fondo buitre”, aunque niega a ser asimilado a ese status.

Por el contrario, se presenta a sí mismo como una fuerza justiciera que -proporcionando recursos y expertise permite a los little guys- defenderse de contrapartes abusivas. “La financiación de litigios por terceros” busca “emparejar la cancha”, le dijo Bogart, CEO y cofundador de la firma, a Lesley Stahl, histórica periodista de la cadena CBS, en un reportaje televisivo.

El historial, sin embargo, desmiente esa pretensión.

Burford se ganó enemigos de fuste por los costos que impone a las empresas, las impugnaciones éticas y legales a su práctica y fue incluso acusado de “contabilidad creativa”.

Balances “enronescos”

En 2019 el fondo de inversión Muddy Waters calificó los métodos contables de Burford de “Enronescos”. La referencia era a Enron, la empresa de energía que quebró en 2001, cuando sus fraudes contables se hicieron inocultables y llevaron incluso al desprestigio y desaparición de Arthur Andersen, que debía auditarla.

El fondo denunció también que la Chief Financial Officer (CFO) de Burford, Elizabeth O’Connell, era la esposa de Bogart, que actuaba como “consejero delegado”. De resultas, O’Connell fue corrida del cargo y nombrada Chief Strategy Officer.

Un artículo del diario inglés Financial Times reportó también la irregular estructura corporativa de Burford, pues sus 4 consejeros no ejecutivos, incluido Peter Middleton, ex presidente de Barclays, entonces de 85 años, llevaban una década en el consejo, lo que según el código británico de gobierno corporativo compromete su independencia, amén del hecho de que ningún miembro del directorio integra el consejo de administración, lo que impide conocer los salarios de los principales ejecutivos, como el propio Bogart y Jonathan Molot, las caras de la firma en el litigio contra la Argentina.

Al respecto, Burford respondió que se trata de “insinuaciones sin fundamento” y que Muddy Waters “está bajo investigación criminal por fraude de valores y fue acusado de manipulación de mercado en relación con su ataque a Burford”.

La Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber of Commerce), principal agrupación empresaria del país del norte, tiene una actitud militante contra la “financiación de litigios por terceros” (TPLF, por su sigla en inglés), la industria que Burford creó y lidera.

Matt Webb, vicepresidente del sector legal de la Cámara, acusó a los financiadores de litigios de operar sin supervisión y crear “riesgos para la seguridad nacional y la integridad del sistema judicial de EEUU”, dijo que hay firmas chinas y rusas que operan de ese modo y señaló a Burford como “uno de los mayores financiadores globales, que intentó tomar el control de una demanda antimonopolio presentada por Sysco, anteponiendo sus propios intereses económicos a la voluntad del demandante de resolver el litigio”.

Caso paradigmático

Se trata de un caso paradigmático: Sysco, un distribuidor de alimentos que demandó por prácticas monopólicas a algunos abastecedores, llegó a Burford a través de Boies Schiller, un estudio sospechado de acuerdos secretos con la firma de Bogart, pero cuando alcanzó arreglos amigables con algunos de sus demandados, Burford habría bloqueado los arreglos y demandó a Sysco, porque quería recompensas mayores.

Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables y convertirla en rehén de un financiador codicioso

“Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables, convirtiéndola en un rehén de un financiador codicioso”, dice una nota de la US Chamber. Tras cuatro meses de conflicto, Sysco y Burford llegaron a un acuerdo, pero Sysco debió ceder a Burford los derechos de litigio de sus subsidiarias.

Nathan Morris, vicepresidente de reformas legales de la Cámara dijo a Bloomberg Law: “Burford debería aclarar qué papel desempeña en otros casos y publicar sus acuerdos de financiación; es la única forma en que los tribunales y las partes sepan quién toma realmente las decisiones”.

De hecho, debido al caso de Sysco, varios estados sancionaron normas de divulgación automática para que los jueces conozcan el monto de los fondos externos involucrados en juicios que se ventilan en sus juzgados.

Buckhead Beef, una de las subsidiarias de Sysco, fue proveedora de los restaurantes de la cadena hotelera de Donald Trump, y de los Trump Steaks, marca de un fallido negocio cárnico del actual jefe de la Casa Blanca.

Además, el CEO de Sysco, Kevin Hourican, se relacionó con Trump a través de su participación en los “Grupos Industriales de la Gran Reactivación de EEUU”, iniciativa de la primera gestión trumpista (2016-2020) a favor de la reapertura económica durante la pandemia de Covid-19.

Desde Burford habían señalado entonces que los detalles del caso Sysco mostraron que actuó “apropiadamente y en interés de sus clientes en todo momento”.

“Los acuerdos de financiación permiten a empresas como Sysco tener éxito en los litigios. Burford ayudó a Sysco en la pandemia. Actualmente, no existe ningún litigio ni arbitraje entre ambas”, agregaron.

Los representantes republicanos John Kennedy y Mike Johnson y el demócrata Joe Manchin presentaron en 2023 un proyecto de “Protección de nuestras Cortes contra la Manipulación Extranjera”, que obligaría a revelar la participación de financiadores externos en litigios en EEUU y prohibiría la inversión de gobiernos y fondos soberanos del exterior en estos procesos, de modo de garantizar que jueces, partes y autoridades conozcan la presencia de financiadores externos, en especial si son entidades extranjeras, “para fortalecer la protección del sistema judicial federal”.

En 2025, además, el senador Tom Tillis, otro republicano, presentó una iniciativa que apunta a estudios como Burford: un impuesto del 40,8% sobre los “ingresos derivados de la financiación de litigios” y un adelanto o “retención” del 20,4% (la mitad del impuesto final) a los abogados que participan en juicios de ese tipo. El proyecto no prosperó, por cuestiones de procedimiento, pero podría inspirar futuras presentaciones.

El 1 de octubre pasado la International Legal Finance Association (ILFA), que agrupa a los “financiadores de litigios” e integra Burford, presentó al Congreso de EEUU un documento de 238 páginas contra proyectos de ese tipo y tilda de “discriminatorio” imponer reglas de información a una específica forma de litigio, la que permite “emparejar la cancha” y defender a los “little guys”, como le gusta presentarse a la firma de Bogart.

Caso fraudulento en Ecuador

Las andanzas de Burford, sin embargo, tienen alcance mundial. Uno de los más escabrosos fue el juicio contra la petrolera Chevron en Ecuador, en el que el bufete de Bogart, a través de su filial en las Islas Caimán, se comprometió a aportar USD 15 millones para financiar el litigio contra Chevron que encabezaba el abogado Steven Donziger en defensa de tribus indígenas cuyo ambiente y salud habían sido supuestamente dañados por derrames y otras acciones de la petrolera en la zona de “Lago Agrio”.

Un documento ventilado en el juicio que Chevron llevó adelante contra Donziger detalla que Burford convino hacer tres desembolsos, incluido el inicial de USD 4 millones a cambio de 5,5% del “monto de liquidación”, fijado en USD 1.000 millones. Pero si el acuerdo se cerraba por una cifra inferior, Burford recibiría 98,25% de las “recuperaciones netas”, deducidos USD 2,5 millones de otro “inversor externo” y ciertos gastos legales.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya calificó el caso contra Chevron de “fraudulento y corrupto” y consideró que no debía ser “reconocido ni hacerse cumplir” en ningún juzgado. Nueva York y otros distritos suspendieron la licencia de abogado de Donziger y en 2021 este fue condenado a prisión por Loretta Preska, la misma jueza del caso Burford contra la Argentina. Donziger no completó la condena, pues en 2022 fue liberado tras pedidos de ONGs de derechos humanos que alegaron un “acoso judicial” de Chevron.

Sobre el tema, Burford respondió que se retiró de esa demanda en 2011, tras comprobar que había sido “engañado” por Donziger y no obtuvo ganancia alguna de esa inversión.

Además de los USD 4 millones que perdió por el adelanto de fondos que hizo en el fraudulento caso ecuatoriano, el estudio inglés perdió USD 11 millones en un arbitraje en Paquistán. “Burford gana muchos más casos de los que pierde; el 93% de los asuntos concluidos en nuestra cartera han generado recuperaciones para los clientes, pero perder casos es una parte cotidiana de los litigios y es de esperar de vez en cuando”, dijo el vocero de Burford.

Divorcio de un oligarca ruso

De hecho, ganó muchísimo dinero en otros litigios, como el juicio de divorcio que financió a Tatiana Akhmedova, exesposa del oligarga petrolero ruso Farkhad Akhmedov. Ante la resistencia a pagar de Akhemdov, Burford logró un fallo de una Corte de Londres para incautar el yate “Luna”, de 120 metros de eslora, que Akhmedov le había comprado a su dueño original, Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea.

Burford se quedó con más del 55% del arreglo en uno de los divorcios más costosos de la historia

Akhmedova-Burford intentaron incautar el buque en Dubai, donde estaba en ese momento, pero la justicia del Emirato rechazó el pedido por considerarlo contrario a la sharia islámica.

Burford intentó luego una acción en las Islas Marshall, donde estaba registrada la nave, y persiguió activos de Akhmedov en Lichtenstein, un paraíso fiscal. Finalmente, el oligarca petrolero cedió al asedio e hizo un arreglo “amigable” de USD 186 millones con su exesposa, en uno de los divorcios más caros de la historia. Para Tatiana fue un éxito algo menos que a medias. Burford se quedó con USD 103 millones, poco más del 55% del arreglo judicial.

“Burford asumió una de las sentencias más grandes de la historia inglesa y la cobró en nombre de nuestro acreedor judicial, tal como lo está haciendo en el caso YPF. Burford tiene un sólido historial de éxito con más de 16 años haciendo esto”, había respondido el estudio cuando Infobae lo consultó por aquel caso.

En el juicio contra la Argentina Burford creía haber mordido la más grande presa en los 17 años de su hasta ahora exitosa historia como “financiador de litigios”.

La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia explicó durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit de Pablo Echenique fue incluido en su informe sobre ataques a la libertad religiosa porque se refería a una persona pública, y señaló que este tipo de manifestaciones podría contribuir a un aumento de los ataques contra sacerdotes. El caso gira en torno a una publicación realizada en 2024 en la que Echenique, entonces exdiputado de Podemos, escribió: “Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, en respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración. Según consignó la agencia Europa Press, el proceso judicial se abrió tras una denuncia presentada por Abogados Cristianos, que acusa al exparlamentario de un presunto delito de odio.

Durante la sesión, Echenique declaró que su tuit tenía un carácter irónico, no literal, y que buscaba contraponer dos cuestiones que consideraba incoherentes: los delitos relacionados con inmigrantes y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El expolítico afirmó: “No creo que haya que castigar a todos los sacerdotes. Por eso el tuit habla de ‘deportar’, que es imposible", añadiendo que esa imposibilidad deja patente la intención sarcástica de su publicación. Expuso que lo hizo desde su posición como figura pública preocupada por su país y explicó que respeta la labor social de la Iglesia Católica, reiterando que no tenía ánimo de ofender. Europa Press reportó que Echenique solo respondió a preguntas de su abogado y de la Fiscalía y fue el último en declarar en la vista, según lo solicitado por la defensa al inicio de la jornada.

La acusación, por su parte, solicitó para Echenique una pena de un año de prisión y una multa de seis meses bajo la consideracion de que su comentario constituye un delito de odio motivado por una supuesta animadversión personal hacia la Iglesia Católica. Abogados Cristianos señaló que, en opinión de su representante legal, el contenido del mensaje "no es inocuo" y que, al no estar basado ni en el informe del Defensor del Pueblo ni en datos oficiales, revela una "manía" contra esa institución religiosa. Según su argumento, “basta con que tenga la actitud y la intención particular de humillar” para que se justifique la acusación por supuesto delito de odio.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, abrió la serie de testimonios a solicitud de la acusación. Durante su intervención afirmó que el informe que elaboró sobre abusos sexuales era de carácter "general" y que no se refería exclusivamente a la Iglesia, matizando que en ese contexto no se estaba “juzgando a ninguna institución”. En el interrogatorio posterior, la presidenta del tribunal intervino para precisar que el informe mencionado no formaba parte directa del objeto del juicio y limitó la discusión sobre su contenido, según publicó Europa Press.

La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa fue consultada por la Fiscalía sobre la independencia de la entidad, a lo que respondió afirmativamente, y, tras una pregunta de la defensa, confirmó que la presidenta de Abogados Cristianos forma parte del consejo de expertos que supervisa su informe. En el transcurso del interrogatorio, la defensa de Echenique preguntó por qué el Observatorio no incluyó en su informe una recogida de firmas impulsada por la asociación católica para evitar la eliminación de fiestas cristianas en Melilla, a lo que la testigo contestó que no lo recordaba pero creía que así se había decidido.

El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para incorporar testificales de periodistas, considerando que no aportaban elementos necesarios al caso. El abogado de Echenique protestó esta decisión ante la magistrada Adela Viñuelas, quien presidió la sesión, pero el tribunal mantuvo su postura, detalló Europa Press.

En la exposición de conclusiones, la representante de la acusación reiteró que las manifestaciones de Echenique constituían un delito de odio y que la acusación no dependía de informes externos. Asimismo, enfatizó la presunta actitud de humillación hacia el colectivo de sacerdotes como base de la acusación. El fiscal defendió su postura absolutoria, argumentando que “no todo lo odioso es delito de odio” y subrayó que ni el arzobispo de Oviedo ni representantes de la Iglesia Católica se habían personado en la causa. Clasificó tanto la respuesta del religioso como el tuit de Echenique dentro del marco de la confrontación política, lo que, a su entender, limita las posibilidades de considerar lo ocurrido como delito de odio, dada la naturaleza pública de los intervinientes.

La defensa de Echenique insistió en que las palabras de su representado constituían ironía y sarcasmo, y arguyó que no se ha aportado al proceso prueba alguna de relación entre el mensaje y agresiones contra sacerdotes. También solicitó la imposición de costas procesales a la acusación.

Antes de finalizar la vista, Echenique ejerció su derecho a la última palabra señalando: “Es imposible que una persona que no odia a los sacerdotes emita un mensaje de odio” contra ese colectivo. Añadió que si los tribunales juzgaban la ironía como si se tratara de afirmaciones literales, surgirían complicaciones mayores. La presidenta del tribunal, Adela Viñuelas, dio por finalizada la sesión y dejó el caso visto para sentencia cerca del mediodía, según relató Europa Press.

La defensa presentó el informe pericial tan pronto como el perito lo finalizó y dentro del plazo legal, según manifestó la excolaboradora Makoke durante su aparición en la cena benéfica de "Infancia sin fronteras." En este contexto, explicó que la reciente suspensión del juicio no respondió a una táctica para demorar el proceso, contradiciendo así las acusaciones de su exesposo, Kiko Matamoros, quien consideró la postergación como parte de una supuesta estrategia. Esta información fue publicada por el medio que siguió el evento y los acontecimientos judiciales.

El 18 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid debía juzgar a Makoke y a Kiko Matamoros por la presunta ocultación de patrimonio ante la Agencia Tributaria, un delito que, según consignó el medio, conlleva potenciales condenas de cinco años de prisión para Matamoros y cuatro para Makoke, además de la obligación de indemnizar al Estado con 636.697 euros y 471.900 euros respectivamente. Sin embargo, pocas horas antes de la vista, la defensa de la excolaboradora entregó un informe técnico. Ante este documento, la fiscalía solicitó que el juez suspendiera la sesión para poder analizar el texto en profundidad, lo que llevó a que la fecha del juicio se aplazara hasta el 17 de abril.

En declaraciones recogidas por el medio, Makoke se refirió a la situación con las siguientes palabras: “La prueba se ha presentado cuando la tuvo el perito, cuando el perito nos ha dado la prueba y estaba en plazo y ya está. No ha sido por ninguna maniobra orquestada, ni nada, pensábamos que le iban a aceptar y se iba a quedar y que iban a verlo, pero bueno, decidieron suspenderlo y es así”. Con esto, quiso desmontar las críticas que apuntaban a un posible intento deliberado de dilatar el procedimiento, defendiendo la legalidad y la transparencia del proceso seguido por su equipo.

El caso surgió a raíz de la cuantiosa deuda que ambos mantenían con Hacienda, superando el millón de euros en total. Las acusaciones contra la pareja se centran en una supuesta ocultación de bienes con el fin de eludir el pago, motivo por el cual la Agencia Tributaria impulsó la acción penal. La presión mediática y judicial se incrementó cuando la cita judicial fue pospuesta a último momento, circunstancia que Matamoros calificó de jugada para ganar tiempo, según reportó la fuente.

Durante la gala solidaria que sirvió de marco a sus declaraciones, Makoke evitó dar detalles sobre los elementos defensivos que planea aportar para exonerarse de los cargos, aunque dejó entrever su estrategia futura. Aseguró que el juicio suponía un trance desagradable, pero expresó confianza en el sistema judicial y en que podrá probar su inocencia. “Estoy tranquila, el titular (de la petición de cárcel) es desagradable, soy la primera a la que me da vergüenza, pero yo confío en la justicia”, declaró según publicó el medio.

En cuanto a su vida personal, Makoke mencionó el respaldo de sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, así como el de su prometido Gonzalo, factor que consideró determinante para encarar este proceso judicial. También confirmó que prosigue con los preparativos para su boda, restando importancia a la coyuntura legal en la que se encuentra. En palabras recogidas por el medio, remarcó: “Tengo muchas ganas la verdad. Al final se ha hecho esperar, las cosas cuando más se hace esperar, más ganas lo coge una, con muchas ganas. Ya está todo a punto, tengo tiempo de sobra para organizarlo todo”.

Respecto a detalles de la celebración, Makoke reveló que ya posee los tres vestidos para la ocasión y apuntó a asuntos personales relacionados con la preparación. “Ese es el mayor secreto, pero tengo que adelgazar un poco porque me cogí las medidas recién llegaba de ‘Supervivientes’ y ahora como que no estoy tan flaca, pero bueno, de aquí a junio adelgazaré”, dijo durante el evento citado por el medio.

El proceso judicial continuará el 17 de abril, momento en el cual tanto Makoke como Kiko Matamoros deberán responder por los cargos imputados. La resolución del caso determinará las consecuencias legales para ambos, quienes permanecen bajo la atención pública por la magnitud de la deuda reclamada y la notoriedad de su enfrentamiento. Según el medio, la entrega del informe pericial y la decisión judicial de suspender la vista constituyen los últimos movimientos en un proceso que mantiene en vilo tanto a los protagonistas como a la Agencia Tributaria.

Durante el proceso judicial, Pablo Echenique subrayó ante el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid que nunca intentó criminalizar a todos los sacerdotes y solicitó el archivo de la causa, alegando ausencia de delito. El origen del proceso se remonta a un tuit publicado el 10 de mayo de 2024, cuando el exdiputado de Podemos respondió a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo acerca de la inmigración, donde el religioso había señalado: “Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados”. Frente a esta afirmación, Echenique escribió en la red social X: “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”.

De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy al exparlamentario por un presunto delito de odio relacionado con este mensaje. La acusación la interpuso la organización Abogados Cristianos, que observó en el contenido del tuit motivos para que se investigara una posible provocación al odio y la discriminación, tipificada en el artículo 510 del Código Penal. La denuncia derivó en la apertura de juicio oral, una vez que el juzgado madrileño procesó formalmente a Echenique.

El proceso judicial cuenta con una petición concreta de la acusación: Abogados Cristianos solicita para el también exeurodiputado una condena de un año de prisión y una multa a abonar durante seis meses, según informaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press. Paralelamente, la posición del ministerio público difiere de la acusación particular. En su informe, el fiscal sostiene que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” y no identificó en el acusado circunstancias que modifiquen su responsabilidad penal, por lo que aboga por la absolución. El documento publicado por Europa Press recoge la posición del fiscal: “Al no existir delito no procede imponer pena alguna”.

La vista comenzó a las 10:00 horas ante la Audiencia Provincial de Madrid e incluye la declaración de varios testigos, según corroboraron fuentes jurídicas a Europa Press. Entre los convocados figura Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, así como dos periodistas cuyas investigaciones se centraron en presuntos casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, y la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García Ayuela.

La denuncia de Abogados Cristianos busca que se califique la publicación como una incitación al odio, mientras el propio Echenique insiste en que su mensaje constituyó una respuesta en tono irónico ante lo que consideró dos extremos absurdos. Según relató el medio Europa Press, Echenique manifestó explícitamente que su intervención en la red social pretendía ser una contraposición irónica ante la opinión expresada por el arzobispo Jesús Sanz sobre personas migrantes, negando en todo momento haber buscado una generalización sobre los sacerdotes.

La causa, fundamentada en el artículo 510 del Código Penal, explora los límites de la libertad de expresión en redes sociales cuando se trata de asuntos sensibles como la inmigración y los delitos de abusos sexuales dentro de instituciones religiosas. El proceso adquiere relevancia, tal como reporta Europa Press, por la presencia y declaración de figuras institucionales y expertos en la materia, cuyo testimonio se centra en los casos de abusos detectados en entornos eclesiásticos y en el análisis del fenómeno desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales y la libertad de conciencia.

Europa Press detalló que las partes enfrentan criterios divergentes sobre la interpretación del mensaje de Echenique, quién se mantuvo firme ante el tribunal en negar cualquier intención de incitación al odio o discriminación. El fiscal, por su parte, reiteró en su escrito que “no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” y que, dada la inexistencia de delito, no procede la imposición de ninguna pena.

El trámite judicial pone el foco en el uso de las plataformas digitales por representantes políticos y la repercusión social de sus mensajes, en especial cuando abordan cuestiones relacionadas con delitos graves y políticas públicas. Tal como informa Europa Press, la resolución de la Audiencia de Madrid marcará un precedente sobre el alcance de las opiniones vertidas en redes sociales, la interpretación judicial del delito de odio en el contexto digital y las responsabilidades derivadas para exparlamentarios que, aun fuera del hemiciclo, mantienen una presencia e influencia públicas a través de sus publicaciones.

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.

Durante su indagatoria, Thomas se refirió a los contactos que tuvo con Roberto Baratta y los circunscribió a episodios puntuales, alejados -según su versión- de cualquier circuito de recaudación ilegal. Ante preguntas del tribunal, señaló que el exsubsecretario de Planificación Federal “fue dos veces” a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires cuando él viajaba desde Posadas.

Según detalló, en una de esas ocasiones Baratta se acercó para retirar un libro de su autoría -“seguro quería tener la primicia”, afirmó- y en otra oportunidad pasó a buscar paquetes de yerba que Thomas traía desde Misiones. “Bajé a entregarle en la planta baja. Fue la única vez”, dijo al describir ese encuentro, y negó que esas visitas hayan tenido otro propósito.

El ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, se negó a declarar. El mismo curso de acción adoptó el empresario desarrollista Claudio Glasman.

Entre los citados para esta jornada estuvo el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa, quien está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.

Otro de los imputados que declaró fue Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.

La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también decidió declarar en la Sala Auditorium.

Del lado empresarial, el listado contemplaba el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas.

Cierre de la jornada en la Sala Auditorium

Pasadas las 18:30, y terminados todos los testimonios, el juez Enrique Méndez Signori dio por cerrada la audiencia hasta el próximo martes a las 09:30 para seguir recibiendo indagatorias.

Un ex representante de Isolux admitió pagos a Baratta, los vinculó a aportes de campaña en Río Turbio y mencionó “temor a represalias”

Luego de un cuarto intermedio de poco más de media hora, el exrepresentante de la empresa española Isolux en Argentina, Juan Carlos De Goycoechea, declaró como imputado colaborador y detalló el origen de los pagos investigados en la causa. Señaló que en 2009 fue convocado por Roberto Baratta, quien le planteó que la empresa debía realizar aportes para campañas electorales tras la adjudicación de la central térmica de Río Turbio. Según explicó, trasladó ese pedido a la casa matriz en España —donde se tomaban todas las decisiones— y, tras deliberar, recibió la instrucción de avanzar con los pagos por “expreso temor a represalias”, como la interrupción de certificados de obra o perjuicios en la ejecución del contrato.

El empresario afirmó que, a partir de esa decisión, retiraba dinero de casas de cambio y lo entregaba personalmente entre 2009 y 2014. “Sí que hice las entregas”, admitió, aunque aclaró que no tiene certeza sobre los montos ni sobre la cantidad exacta de operaciones. En ese sentido, revisó su declaración anterior y expresó que las entregas “no deben haber sido más de siete”, pese a que en el expediente se consignaron 17 o 19, y explicó que no llevaba registros porque era el único dentro de la empresa que conocía ese circuito. También precisó que los pagos se concretaban en la dirección de Maipú 741 y que el dinero le era remitido desde el exterior a través de canales que él conocía.

En su exposición, De Goycoechea intentó delimitar su rol dentro de la empresa —a la que describió como una sucursal sin autonomía respecto de la casa matriz española— y sostuvo que no era dueño ni directivo con poder de decisión. Afirmó además que “nunca” solicitó a Baratta gestiones en favor de la empresa y que su intervención se limitó a cumplir instrucciones. También cuestionó las anotaciones de Oscar Centeno: “lo que asentó respecto a Isolux no condice con lo que pasó”, dijo. A su vez, recordó que su detención, que se extendió por tres días tras una orden de captura, le provocó “un estrés y un quiebre emocional muy grave”, cuyas consecuencias —según señaló— aún persisten.

Poco después, solicitó transmitir en la pantalla de la sala de audiencias un video de nueve minutos con una declaración del chofer Centeno ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde responde preguntas y asevera que desconoce a los integrantes de Isolux en Argentina. La aceptación de esa solicitud acarrió previamente una deliberación del tribunal, que por mayoría aceptó admitir el pedido e incorporar la filmación al cúmulo de pruebas del expediente.

Al terminar el video, el imputado, para finalizar, remarcó: “Las entregas de dinero fueron exclusivamente para evitar cualquier tipo de perjuicios con Isolux. (...) No tomé yo ninguna decisión de entrega de estos dineros, ya que en definitiva escapaba a mi decisión, y sí obré como un mensajero material que seguía instrucciones”.

Un ex presidente de ENARSA negó haber recaudado coimas y dijo que el “famoso bolso” era un portatraje

En una larga indagatoria, con preguntas de distintos abogados y jueces del tribunal, Walter Fagías, exfuncionario del área energética, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, negó haber intervenido en maniobras de recaudación ilegal y cuestionó los hechos que se le imputan en la causa. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, sostuvo que su rol fue siempre técnico y remarcó que esperaba este momento para defenderse: dijo que aguardó “ocho años esta oportunidad” para impugnar “los hechos que se le imputan”. En ese marco, rechazó las acusaciones en su contra: “A mí me imputan que he recaudado, no sé cómo lo pude haber hecho”, afirmó ante el tribunal.

En relación a las menciones en los cuadernos de Oscar Centeno, Fagías cuestionó su contenido, se refirió al llamado “famoso bolso” y ofreció una explicación alternativa sobre los episodios que lo involucran. Incluso exhibió ante los jueces un portatraje y sostuvo que era el mismo que, según dijo, Roberto Baratta le pedía prestado cada vez que viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó. También remarcó que su situación judicial se basa exclusivamente en esas anotaciones: “Hasta ahora yo solamente estoy sentado acá por dos anotaciones de un cuaderno: no hay ninguna otra prueba”. Además, impugnó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, al sostener que lo acusan en calidad de presidente de ENARSA en un período en el que —según indicó— aún no ocupaba ese cargo.

El imputado recordó que aparece en las anotaciones del chofer de Baratta, su jefe de entonces, un total de 120 veces en 97 fechas distintas.

Un exsubordinado de Baratta dijo que estuvo cinco meses preso, denunció presiones para arrepentirse y afirmó: “Esto es una película”

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, inició su declaración con un repaso de su trayectoria y negó cualquier participación en hechos de corrupción. Explicó que ingresó en 2003 “como pasante en mesa de entradas” y que luego se desempeñó en el área hasta 2016, siempre bajo la órbita de Roberto Baratta. “Nunca tuve relación con empresarios. Yo no conocía a ninguno. Nunca tuve relación con ningún funcionario, solo con quien era mi jefe”, afirmó. También rechazó las imputaciones: “Estoy imputado por tres hechos de cohecho. Las únicas pruebas que hay son fotocopias de un cuaderno”.

En un tramo más personal, Gómez describió su detención —que se extendió durante cinco meses— y denunció presiones durante las primeras semanas. “Hemos estado 20, 24 horas en calabozos, totalmente muertos de frío, donde cada cierta cantidad de horas nos invitaban a arrepentirnos”, sostuvo. “La verdad que hubiese estado buenísimo tener algo para arrepentirse, porque realmente lo que viví no se lo recomiendo a nadie”, agregó. También aseguró que vive el proceso como algo ajeno: “Siento que esto es una película que me pasa por adelante”. Y cerró con una definición enfática sobre su conducta: “Nunca me llevé un peso que no venía de mi sueldo, nunca, jamás. Nunca le pedí dinero a nadie. Nunca le robé un centavo a nadie”.

Concluyó la indagatoria de Thomas

La indagatoria del ex directivo de Yacyretá Oscar Thomas concluyó poco antes de las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.

El acusado también fue interrogado por el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori. Ante preguntas del magistrado refirió que conoció a Héctor Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

“Una vez me vino a preguntar si podían adelantar los pagos financieros de un certificado. Yo le dije que no manejo eso”, recordó.

Una empresa “angurrienta” y contactos con Baratta por yerba y libros

Thomas respondió preguntas del juez Germán Castelli.

Sobre el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta dijo que el ex jefe del remisero Centeno -autor de los cuadernos- fue dos veces al domicilio en que vivía cuando viajaba desde Posadas a la ciudad de Buenos Aires. En una ocasión le entregó un libro de su autoría, “seguro quería tener la primicia”, dijo. En otra, paquetes de yerba.

“Usted dijo que estaba a tiro de decreto, ¿podían no estar conformes con su actividad?”, preguntó Castelli y Thomas respondió que el único mandato que tenía era terminar la obra: “Cumplimos lo que nos indicó la alta parte”.

Sobre el ex ministro De Vido, Castelli preguntó: “Usted destaca que no era empleado público, que nadie le daba órdenes pero usted reportaba la energía al ministro De Vido de mañana y de tarde?”. “La energía era para ver cuánto iba a disponer el sistema eléctrico argentino de energía de Yacyretá”, respondió.

Thomas aseguró que la empresa IMPSA intentaba hacer lobby para obtener contratos, aunque él evitaba recibirlos. Mencionó a Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, a quienes dijo haber conocido de manera ocasional.

Cuando le tocó preguntar, Castelli quiso saber más detalles sobre cómo buscaban hacer lobby. “Querían. Yo no los recibía”.

“Venían a pedir audiencia a mi scretaria. A Pescarmona y Valenti los conocí, me invitaron una vez a conocer la fábrica”

“Eran muy angurrientos, quería que todo le contratemos directamente a ellos más o menos. Si quiere le cuento algunos ejemplos”, ofreció. “Brevemente”, respondió Castelli.

Thomas se refirió a una licitación para un sistema inteligente de administración energética en la que IMPSA fue la única oferente, tras comprar otra compañía para poder presentarse, pero cuya propuesta fue observada durante meses hasta ser finalmente declarada desierta. También mencionó otro caso con una central hidroeléctrica, donde la firma quedó precalificada pero, al mismo tiempo, inició acciones contra Yacyretá por esa misma licitación: “sino salía ganadora, ya tenía la espada puesta”, graficó.

Pescarmona fue sobreseído al inicio del juicio oral por razones de salud y Valenti es uno de los acusados. Thomas contó que la empresa estaba en el mismo edificio, tres pisos más abajo, de donde Yacyretá tenía oficinas en Puerto Madero.

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí”

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí, alguien le dijo que me tenía que liquidar más o menos”, expresó Thomas en su indagatoria al responder preguntas de su abogado defensor José Manuel Ubeira.

El ex director de Yacyretá en el kirchnerismo vinculó su acusación en el caso Cuadernos con críticas que hizo sobre cómo siguió la gestión de Yacyretá en el gobierno de Mauricio Macri, incluída una condonación de una deuda millonaria a Paraguay. “Yo creo que estoy acá por eso”, sostuvo. “Es mi convicción”, insistió.

En cuanto a sus vínculos políticos, negó relación con el expresidente Néstor Kirchner y relativizó su cercanía con Cristina Fernández: “Con Cristina, una vez me saqué una foto en una visita”.

En relación a las menciones a su persona en los cuadernos de Centeno donde aparece citado en al menos 15 oportunidades en relación con supuestas visitas de Roberto Baratta a su domicilio o a su oficina en Puerto Madero, salió al cruce de los escritos del remisero. “No. Lo niego totalmente”.

A pedido de su defensor, el exfuncionario detalló números de su gestión en Yacyretá. Aseguró que la central pasó de generar entre “11.000 y 12.000 gigavatios hora” a “21.000” al momento de su salida. En términos económicos, afirmó que hubo ingresos por unos 8.200 millones de dólares, de los cuales “invertimos 4.000 millones en obras y expropiaciones” y quedaron “2.550 millones como crédito a favor de Yacyretá”, asentados en el presupuesto nacional.

Sobre su situación judicial, rechazó haber estado prófugo y relató cómo fue detenido. Dijo que se enteró por televisión de una orden de captura en su contra apenas 24 horas después de haber sido notificado de una absolución en otra causa. “Fui al juzgado federal de Posadas y no tenían conocimiento”, señaló. Luego viajó a Buenos Aires, buscó abogado y solicitó la eximición de prisión.

En ese contexto, denunció presiones para involucrar a terceros. Recordó que su abogado le refirió que “tenía que implicar a alguien en algún ilícito o iba preso”. También aludió a una conversación atribuida al fiscal Carlos Stornelli, quien le habría dicho a Ubeira que “había sortija para pocos” y que podía tomarle declaración como arrepentido incluso en su domicilio. “Yo le dije que no, que no tenía nada que decir”, afirmó.

“No tuve trato ni conocía cómo se manejaba el Gobierno nacional”, acotó.

Thomas estuvo preso en la causa, primero en el penal de Marcos Paz y luego bajo arresto domiciliario hasta que fue excarcelado.

Relató que cuando viajaba desde Misiones traía yerba de esa provincia para funcionarios y empleados. Y que en ese contexto el ex funcionario de Planificación Baratta, ex jefe del remisero Centeno, pasó por su domicilio en una ocasión a buscarla. “Bajé a entregarle en la planta baja”. “Fue la única vez”.

Thomas: “le escribía todos los días a De Vido” para informar la generación diaria de energía

El ex director de Yacyretá responde preguntas de los jueces del Tribunal y de la fiscal Fabiana León.

A requisitoria de la fiscalía, detalló que mantenía contactos diarios con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también juzgado en Cuadernos.

Con De Vido tenía contacto “para pedirle alguna reunión”, respondió y además “tenía que escribirle todos los días a las seis de la mañana cuánto se iba a generar en el día y a la noche. Tenía que informarle por mensajito cuanto se generó y con cuanta energía se iba a continuar al otro día, todos los días, 4500 días”.

Ante una pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre su vínculo con los entonces funcionarios, sostuvo: “Era un intercambio de información, yo no recibía órdenes de ellos”.

Según explicó, ese contacto se canalizaba con De Vido y muchas veces la comunicación terminaba en el subsecretario Roberto Baratta. Cuando De Vido “no tenía agenda para atenderme le entregaba la información a Baratta, que manejaba el tema de energía”.

Durante el interrogatorio de la fiscal León, también negó vínculos con los empresarios involucrados en la causa: “Conocí a algunos al principio en la Casa Rosada, en actos oficiales”.

También confirmó que varias de esas firmas fueron contratistas de Yacyretá: “Ganaron la licitación, eran las mejores empresas argentinas, estaban haciendo obra que nosotros necesitábamos”.

Se refirió a una de las obras más relevantes: la construcción del puente internacional y sus accesos, un compromiso asumido por Argentina con Paraguay en 1981. Según detalló, la licitación fue adjudicada a las empresas JCR e IECSA.

“Monumento a la corrupción”

Thomas defiende su gestión al frente de Yacyretá en una extensa exposición. “Yo en mi gestión no he manejado dinero, no he firmado cheques, no tenía caja; todo el dinero que se manejaba en Yacyretá era bancarizado”, sostuvo.

Al hacer un repaso de su llegada a la entidad binacional en 2003, describió un escenario de fuerte deterioro operativo e institucional. Según explicó, la empresa “estaba funcionando en condiciones inadecuadas respecto del proyecto” y arrastraba una serie de problemas técnicos, financieros y sociales que condicionaban su funcionamiento.

En ese marco, remarcó que su rol dentro del comité ejecutivo —que integraba junto al director paraguayo— era “resolver las cosas” en un contexto de alta conflictividad. Mencionó, entre otros episodios, cortes de puente, protestas sostenidas durante años frente a la sede en Posadas, cabildos abiertos tanto en Argentina como en Paraguay y un creciente malestar social por las consecuencias de la obra.

También apuntó contra estructuras de gasto que consideró injustificadas. “Teníamos una consultora que cobraba 800 mil dólares por mes por estar y no por hacer”, afirmó.

Destacó los resultados energéticos alcanzados. Señaló que durante su administración se generó “un 72 por ciento más de energía que entre 1994 y 2003”, en un contexto de fuerte demanda energética en la Argentina.

En ese sentido, calificó la demora en la finalización de la obra como “el peor monumento a la corrupción”, al recordar que el proyecto estaba previsto para completarse en ocho años pero terminó demorando 31. “La energía que no entró eso nunca más se va a recuperar”, enfatizó.

Subrayó que su gestión se desarrolló bajo la directiva de concluir el emprendimiento y que, en ese proceso, además de mejorar la producción energética, se impulsaron transformaciones en las zonas de influencia tanto del lado argentino como paraguayo.

Declara Oscar Thomas

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, un organismo binacional, comenzó a explicar Thomas, quien anticipó que responderá preguntas.

El arquitecto misionero negó “las 17 veces que se me nombró en los cuadernos rotundamente. Yo no recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como Director Ejecutivo bajo las normas de la empresa”.

Ex funcionario Nivello se negó a declarar

El ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo German Nivello se negó a declarar aunque descartó “rotundamente haber integrado una asociación ilícita”.

" En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a declarar voy a contestar todas las preguntas de todas las partes",, anticipó y explicó que por ahora desconoce cuáles son las pruebas en su contra.

El Tribunal rechazó “in limine” los pedidos de nulidad por tema arrepentidos

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó “in limine” los nuevos planteos de nulidad que hicieron las defensas contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el juicio, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero Oscar Centeno.

Según anunció el presidente del Tribunal, Enrique Médez Signori y ante un pedido de la fiscal Fabiana León se impusieron las costas del planteo al defensor que lo formuló porque se trató de una cuestión que ya había sido resuelta en la audiencia pasada.

La defensa de Ernesto Clarens contesta los planteos

El defensor del financista Ernesto Clarens, Hugo Juvenal Pinto, sostuvo que los planteos de nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores resultan “prematuros” y defendió la validez de los acuerdos ya homologados en la causa.

Durante su exposición, Pinto reconoció que “el régimen de la ley de colaboración no quedó del todo armonizado con el régimen procesal”, pero subrayó que se trata de un esquema “muy particular” que tiene una lógica propia: comienza con un acuerdo de colaboración y concluye con una resolución judicial que da por cumplido el rol del imputado colaborador.

En ese sentido, remarcó que en el caso concreto “las declaraciones de los colaboradores han sido confirmadas con otras comprobaciones”, lo que —según su criterio— refuerza su validez probatoria.

“El régimen de colaboración quedó cerrado cuando el juez aprobó, dentro del plazo legal, la situación corroborada con otra prueba. El compromiso del colaborador fue cumplido y ya es colaborador”, afirmó el letrado.

Además, apuntó contra las defensas que ahora cuestionan esos acuerdos: “Incluso quienes hoy se manifiestan en contra consintieron, junto con sus abogados, esa resolución en la cual se tuvo por cumplida la colaboración”.

Con ese argumento, Pinto concluyó que “está claro que el planteo de nulidad es prematuro”.

Comenzó una nueva audiencia del juicio

Una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzó este jueves con una nueva tanda de declaraciones indagatorias.

De manera previa, abogados defensores realizan planteos de nulidad de la incorporación por lectura de los legajos de los arrepentidos. Lo hicieron en relación a la decisión que se tomó al respecto en la audiencia pasada luego de la negativa del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “cuadernos de las coimas” a declarar en el juicio oral.

La decisión de los magistrados del Tribunal Supremo alcanza también a testigos destacados como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el director general de la Policía, Francisco Pardo, el expresidente de Renfe, Isaías Táboas, y el exjefe del Gabinete del exministro de Sanidad Salvador Illa, Víctor Francos. Estas personas deberán comparecer en persona ante la justicia en el marco del juicio por presuntas irregularidades en contratos de adquisición de mascarillas. El Supremo rechazó sus solicitudes para rendir testimonio por escrito o por videoconferencia, determinando que no existen motivos de utilidad, seguridad, orden público ni situaciones que lleguen a afectar el desempeño profesional de quienes han sido citados como testigos. El proceso judicial está fijado para comenzar el próximo 7 de abril.

Según publicó Europa Press, los magistrados resolvieron denegar la solicitud del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para quedar en libertad antes de la apertura del juicio. Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre, por decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente, quien argumentó la proximidad del inicio del juicio así como el riesgo de fuga para sostener la medida, además de la gravedad de las posibles penas. Las acusaciones solicitan hasta 30 años de cárcel en este proceso.

El Tribunal Supremo indicó que la cercanía de la fecha de juicio refuerza las razones para mantener la medida cautelar. Entre los motivos señalados figura la elevada petición de condena y los indicios sólidos que, según los autos judiciales, se han presentado contra Ábalos y García. Esta valoración, expuesta por el propio magistrado Puente en noviembre cuando envió a los acusados a prisión, sigue vigente según la última resolución del tribunal.

En relación a los testigos, según consignó Europa Press, la petición para declarar sin acudir físicamente al Supremo tampoco resultó admitida para los altos cargos y responsables citados. El tribunal consideró que la comparecencia en persona garantiza una valoración más directa de la prueba testifical y subraya la importancia de su presencia en el proceso. La providencia recogida por el medio descarta que concurran circunstancias excepcionales que puedan justificar la declaración a distancia.

El caso investiga supuestas irregularidades detectadas en la gestión de contratos para la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. Según detalló Europa Press, la investigación judicial atiende a la gravedad de los hechos bajo sospecha, así como a la intervención de distintos cargos públicos y exfuncionarios en los procedimientos de adjudicación bajo análisis. El desarrollo del juicio tendrá lugar en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforados de algunos implicados.

Las decisiones adoptadas en los autos y providencias recientes del Supremo refuerzan la línea de actuación mantenida desde el inicio de la causa, sobre todo respecto al control de riesgo de fuga y la administración directa de la prueba. Según reportó Europa Press, la instrucción ha subrayado la necesidad de mantener las garantías procesales y la presencia física de testigos especialmente relevantes, dado el alcance institucional del asunto juzgado.

En la documentación recogida por Europa Press, consta que tanto Ábalos como Koldo García insistieron en solicitar la excarcelación a través de sus representantes legales, argumentando la inexistencia de riesgo de fuga y proponiendo medidas alternativas. Pese a estas alegaciones, los magistrados optaron por ratificar la prisión provisional, alineándose con las valoraciones del instructor en cuanto a las circunstancias del caso.

El rechazo a que las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas y la Policía, así como otros altos cargos, declaren por medios no presenciales responde, según la resolución divulgada por Europa Press, a la ausencia de elementos que dificulten por razones personales o institucionales su presencia ante el tribunal. Los jueces sostienen que ni la seguridad, ni el orden público ni la operatividad profesional pueden verse perjudicados por la exigencia de comparecer.

El juicio, que dará comienzo el 7 de abril y contará con la presencia tanto de los acusados como de los testigos requeridos físicamente, abordará las pruebas contenidas en la causa y las declaraciones directas de sus protagonistas, tal como ha determinado el Tribunal Supremo en los autos recientes difundidos por Europa Press.

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind acusado por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión, la misma pena que había solicitado durante la jornada de alegatos el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

Tras conocerse la sentencia, Emily habló con las cámaras de Puro Show (El Trece) y no pudo contener las lágrimas: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”, expresó. Y con evidente emoción, agregó: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

Consultada sobre el impacto de la condena, Emily reconoció: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”. Sin embargo, no ocultó sus miedos: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

Emily también relató el sufrimiento vivido durante el proceso judicial, incluyendo amenazas y hostigamiento de la familia de Martínez: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Sobre el momento de la sentencia, describió: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. Y recordó que su exmarido le pidió disculpas en su declaración y le dijo que aún la amaba, algo que solo generó más dolor: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón’. Mi hermano es la persona más tranquila que pueden llegar a conocer, jamás se pasa de un límite, pero en ese momento habló por todos”.

El proceso judicial comenzó el miércoles pasado, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Aunque el testimonio de la participante de Love is Blind fue clave, también pasaron por la sala de audiencia varios otros testigos. Uno de los más fuertes y llamativos fue el padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones.

Ya con las pruebas y las declaraciones expuestas, el tribunal analizó el material y dio a conocer la sentencia este miércoles, al declarar Martínez culpable por el delito de intento de femicidio.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido. A un día de conocerse la sentencia, la joven reconoció durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que estaba atravesando un momento muy duro. “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, afirmó.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató al indicar que le costó presentarse en el estudio de televisión. Junto a ella también se encontraba su madre, Andrea Rivero, y su abogado, Roberto Castillo.

Al recordar el momento en el que se animó a denunciar a su ex pareja, Ceco contó que el episodio de violencia se desencadenó después de que fuera a una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares el 8 de febrero. Se suponía que ambos iban a volver a casarse, tras haber dado el “Sí, quiero” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo”, confesó la joven. Incluso, admitió que la situación que le tocó atravesar le había dado vergüenza, sobre todo el hecho de tener que contarles a sus padres.

Por esto, decidió escaparse del domicilio que compartía con Martínez y quedarse en la casa de su hermana. Una vez que estuvo lista para hablar con ellos, recordó que había ido a la casa familiar por la noche y que se había maquillado para que no pudieran ver las lesiones en su rostro.

Respecto a la relación que mantuvo con su agresor, Ceco indicó que al comienzo no había mostrado signos de agresividad. “Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, apuntó.

En este sentido, señaló que los primeros signos aparecieron al “mes y medio o dos de relación”. Así, ejemplificó con una escena de celos que tuvo lugar durante una reunión con colegas del reality show donde se conocieron.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

Frente a esto, su madre indicó que existían imágenes del reality donde se evidencian estos comportamientos: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. No obstante, reconoció que solo una vez había notado algo extraño durante unas vacaciones familiares en Villa Gesell, por lo que había decidido preguntarle a su hija al respecto.

Asimismo, recordó que para ella fue un shock el momento en el que descubrió que su hija había sido golpeada. “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.

El uso de una fotografía obtenida en uno de los locales de la noche del crimen resultó clave para reactivar la investigación sobre la muerte de Soufian Mahra. Según informó Europa Press, la familia de la víctima expresó su deseo de que el jurado imponga la condena más severa al acusado, quien durante el juicio celebrado en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra sostuvo su inocencia. El sospechoso, identificado como Florian R., fue detenido en el Reino Unido a comienzos de 2024 y extraditado a España, donde se enfrenta a una petición de hasta 25 años de prisión por asesinato.

El padre y la hermana de Soufian Mahra remarcaron ante la prensa la contundencia de su demanda de justicia. Ambos declararon no tener dudas sobre la culpabilidad del ciudadano albanés Florian R., a quien atribuyen numerosas contradicciones en sus testimonios y la negativa a colaborar con la justicia en fases previas. Según publicó Europa Press, los familiares lamentaron la actitud del acusado de asegurar que acudió voluntariamente para demostrar su inocencia mientras, afirman, en su momento evitó cooperar con las autoridades. Tras tres jornadas de juicio, manifestaron su total confianza en el sistema judicial y aguardaron una decisión clara del tribunal.

A lo largo de la vista, tanto la Fiscalía como la acusación particular insistieron en que el asesinato de Soufian Mahra fue resultado de un ataque intencionado y sorpresivo. De acuerdo con el relato expuesto por el fiscal, la madrugada del 8 de junio de 2019, el acusado habría recriminado a la víctima la caída de una copa dentro del bar en Salceda, Pontevedra. La discusión, según consignó Europa Press, continuó fuera del local donde Soufian trató de apaciguar la situación. No obstante, el enfrentamiento se intensificó y, en un forcejeo, ambos se desplazaron hacia la plaza del Ayuntamiento. Allí, Mahra cayó al suelo, instante en que, según la Fiscalía, Florian R. utilizó un arma blanca para apuñalarlo. Los informes forenses señalaron que no se detectaron signos de defensa en la víctima, lo que refuerza la hipótesis de alevosía y la consideración de que el ataque se dio por sorpresa.

Durante las alegaciones finales, el fiscal argumentó que la sangre de Florian R. apareció en calles cercanas al lugar de los hechos, aunque no exactamente en la escena del crimen. También se relevó la existencia de varias gotas de sangre, de las cuales solo una coincidía con el perfil del acusado y se hallaba a 420 metros del sitio del apuñalamiento. La Fiscalía consideró suficiente el cúmulo de indicios, el testimonio de los testigos presenciales, quienes identificaron al acusado en el entorno del pub la noche de los hechos, y los resultados de la inspección de la policía sobre las imágenes de videovigilancia, que, según el medio Europa Press, apuntaron razonablemente hacia Florian R. como el autor.

La defensa, por su parte, pidió la absolución del sospechoso argumentando falta de pruebas directas. Según informó Europa Press, el abogado defensor centró su intervención en resaltar la ausencia de rastros concluyentes de sangre de su cliente en la escena del crimen y criticó la interpretación de los indicios presentados por la acusación. Planteó dudas sobre la verdadera identidad del individuo captado de espaldas por dos testigos que lo observaron en calles adyacentes poco después de la confrontación, argumentando que no era posible identificarlo con certeza.

En relación con el desarrollo de la investigación tras el asesinato, Europa Press reportó que horas después del crimen la Guardia Civil arrestó a un primer sospechoso, quien tras una breve reclusión y posterior puesta en libertad resultó desligado del caso al comprobarse un error de identificación. La operación continuó bajo el nombre de Operación Parchita y se engrosó con la colaboración de nuevos testigos que aportaron imágenes y vídeos tomados el día de los hechos en distintos bares de la zona. A comienzos de 2022, la Guardia Civil cerró el cerco sobre Florian R., enviando la documentación y los informes recabados al juzgado de instrucción de O Porriño.

Según detalló el medio, tras detectar que el sospechoso había abandonado España, las autoridades activaron el procedimiento de extradición en colaboración con la policía británica y la Interpol, lo que culminó en la detención de Florian R. el 6 de enero de 2024 en el condado de Cheshire, Reino Unido. Posteriormente, el acusado fue trasladado a disposición judicial en O Porriño, acogiendo su derecho a no declarar ante el juez, quien decretó su ingreso en prisión provisional.

En el momento de su detención, además del procedimiento por el homicidio de Soufian Mahra, Florian R. tenía pendiente una causa judicial en Cambados vinculada al narcotráfico, según manifestó Europa Press. Estos antecedentes incrementaron el perfil del acusado a los ojos de la acusación, aunque la defensa insistió en centrar el debate en la falta de pruebas concluyentes sobre su implicación en el homicidio.

El juicio concluyó después de tres sesiones en audiencia pública, en las que la Fiscalía mantuvo su calificación de asesinato y la petición de hasta 25 años de prisión para Florian R. A partir del jueves siguiente, el tribunal de jurado comenzó sus deliberaciones sobre el veredicto, mientras el entorno de la víctima aguardó el resultado con la esperanza de que la justicia considerara las pruebas presentadas durante la vista oral.

La Justicia anunció que, tras 2 años de espera, comenzará el juicio por la tragedia en avenida Paraguay donde murieron 5 personas y otros 6 resultaron heridos. Entre el 13 y el 30 de abril se desarrollará la etapa oral donde las familias de las víctimas reclaman una condena ejemplar para el imputado.

El hecho sucedió en avenida Paraguay, ciudad de Salta el 17 de marzo de 2024. El conductor, Luciano López, era un joven de 21 años que manejaba con 1,02 gramos de alcohol en sangre. López perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas.

Algunas de las víctimas perdieron la vida de manera instantánea mientras que otras fueron trasladadas al hospital donde los médicos intentaron salvarlos pero no pudieron. Por otro lado, 6 personas resultaron gravemente heridas.

El imputado enfrenta cargos por cinco homicidios simples, dos lesiones graves y cuatro lesiones leves tras el incidente que resultó en cinco víctimas fatales y seis heridos al embestir a un grupo de peatones que salían de locales bailables. El delito prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión y el juicio estará en manos de la jueza Gabriela Romero Nayar.

La causa detalla que López manejaba a 103 km/h, una velocidad considerablemente superior al límite permitido, y presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre de 1,62 g/l de acuerdo al informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, el análisis toxicológico detectó presencia de marihuana en orina al momento del hecho, según la acusación presentada por el fiscal Gabriel González.

Por su parte, el abogado querellante, Leonardo López, confirmó con InformateSalta que se realizó una audiencia clave por parte de la defensa del imputado. En esta, se solicitó a la jueza Nayar que el debate se realice con un tribunal de tres jueces.

Luego de este pedido, Leonardo López aseguró: “Entendemos que no corresponde, porque esto ya está planificado desde hace meses. Solo generaría una dilatación del juicio”. Además apuntó: “Los familiares quieren justicia. Vienen esperando esto hace dos años”.

La Justicia sostiene que el acusado por la tragedia en avenida Paraguay, encuadra en el concepto de “dolo eventual” previsto en los artículos 79, 90 y 89 del Código Penal. Esto significa que Luciano López sabía de antemano que su conducta podía causar un daño delictivo y aunque no desee directamente ese resultado, continúa con su acción.

El juicio oral que se extenderá hasta el 30 de abril, contará con 107 testigos, pruebas técnicas, pericias accidentológicas y estudios sobre la velocidad en la que conducía el joven de 21 años que provocó la muerte de 5 personas. Además, se confirmó que el acompañante del vehículo (en un principio también imputado) también será citado para testificar.

Las familias reclaman Justicia

Durante los últimos dos años, los familiares de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, tuvieron que sacrificarse para costear su estadía y asistir a las audiencias del caso. En medio del dolor, lograron organizar actividades solidarias para recaudar dinero.

Las personas que fallecieron en el siniestro vial de avenida Paraguay fueron identificado como: Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. En el episodio, otros cinco sobrevivientes sufrieron heridas graves, algunas de ellas con secuelas permanentes.

El padre de Ruth, trata de describir su dolor: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Sobre el avance del caso explicó según El Tribuno: “Esperamos una condena ejemplar. Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.

La Fiscalía situó el inicio de la presunta operación de espionaje en la primera mitad de 2013, cuando según su escrito los altos mandos del Ministerio del Interior —con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino al frente— idearon una actuación policial ilícita para interceptar información y pruebas que tuvieran valor incriminatorio para el Partido Popular y sus máximos responsables, en el marco del caso Gürtel. Esta actuación, detalló la Fiscalía en el documento al que tuvo acceso Europa Press, habría tenido como fin evitar que esos documentos fueran incorporados al procedimiento judicial seguido por la Audiencia Nacional.

Los próximos meses verán desfilar ante el tribunal de la Audiencia Nacional a los principales protagonistas políticos y policiales de la época. Según informó Europa Press, el calendario prevé que el 23 de abril declaren como testigos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, todos ellos citados en calidad de testigos en el juicio del denominado "caso Kitchen". El 11 de mayo está previsto que testifique el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los acusados, entre quienes figuran el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, comparecerán ante el tribunal los días 14, 18 y 19 de mayo.

Otras comparecencias relevantes incorporan la del 27 de abril, fecha reservada para la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, consignó Europa Press. El 20 de abril testificarán el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, quienes ejercen la acusación particular junto a su hijo, Guillermo Bárcenas, vocalista del grupo musical Taburete, que además está citado el mismo día que Rajoy y los exministros ‘populares’. El mismo día 20, declarará también Manuel Morocho, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, según detalló el calendario divulgado por Europa Press.

Dentro de la agenda judicial, el 14 de abril se cita al exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el 20 de abril al coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ambos en calidad de testigos, informó Europa Press.

Respecto a la solicitud de penas, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano solicitaron, en nombre de la Fiscalía Anticorrupción, 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz. La petición incluye 33 años de inhabilitación por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Asimismo, piden 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los mismos delitos. El Ministerio Público también solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo Eugenio Pino y Andrés Manuel Gómez Gordo, éste último jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La acusación pública reclama para Sergio Javier Ríos, quien había trabajado como chófer para Bárcenas, 12 años y 5 meses de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta. En el caso de Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, la Fiscalía requiere dos años y medio de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento. Según especificó el Ministerio Público en su escrito, la planificación y ejecución de la operación involucró a Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.

El medio Europa Press relató que el objetivo inicial de la acción policial presuntamente orquestada desde la cúpula del Ministerio del Interior se centraba en captar "tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes", en el contexto de las investigaciones abiertas por el caso Gürtel. Señaló el escrito fiscal que la finalidad última de estas intervenciones era impedir que ese material eventualmente comprometedor para el partido gobernante terminara aportado al procedimiento conocido como Gürtel, instruido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La acusación sostiene que la operación se gestó para localizar y sustraer archivos que aún permanecían en poder de Luis Bárcenas, quien en ese momento era investigado por su papel como extesorero de la formación política, publica Europa Press. Esta maniobra, según el Ministerio Público, se dirigía a impedir la evolución de la causa judicial mediante la eliminación de pruebas comprometedoras y la protección de los intereses del Partido Popular y sus principales responsables.

De acuerdo con la información reiterada por Europa Press, la ejecución de la operación habría contado con la participación activa de altos mandos policiales ya retirados, lo que motiva el procesamiento de figuras como Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.

Entre los elementos destacados en la causa, el papel del chófer de Luis Bárcenas resultó clave en las pesquisas, con el Ministerio Público solicitando para él penas cercanas a 12 años de prisión bajo la acusación de participación activa en la obtención ilícita de información vinculada al caso Gürtel y al expolio de pruebas materiales de posible relevancia judicial, reportó Europa Press.

La secuencia de comparecencias y testimonios, prevista detalladamente en el calendario del tribunal, apunta a esclarecer el grado de implicación de antiguos responsables del Ministerio del Interior y de la cúpula policial, y a dilucidar si existieron directrices políticas para acometer el operativo investigado.

La causa, conocida como "caso Kitchen", lleva a juicio el supuesto pago y colaboración de funcionarios y efectivos policiales para obtener información o neutralizar pruebas que pudieran afectar al Partido Popular o a sus dirigentes, según relató Europa Press. Además, en la documentación remitida por la Fiscalía se indica que no puede descartarse la intervención de personas de otras instancias, lo que podría ampliar las responsabilidades a medida que el juicio avance y se recaben nuevas pruebas y testimonios.

La sucesión de testigos y acusados que comparecerán durante el juicio de la Audiencia Nacional busca arrojar luz sobre diversos extremos de la trama, desde los orígenes de la operación hasta la supuesta cadena de mando y las eventuales filtraciones de información destinadas a obstaculizar la acción de la justicia en el caso Gürtel y sus ramificaciones.

El Ministerio Público ha presentado un informe donde detalla que la víctima experimenta síntomas compatibles con ansiedad a causa de las acciones de su esposo, un hombre de 74 años, quien enfrenta la acusación de obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales no consentidas durante un período prolongado. Según Europa Press, la Fiscalía de Sevilla solicita que el acusado cumpla quince años de prisión, junto con diez años de libertad vigilada y el alejamiento de la mujer durante siete años, prohibiéndole acercarse a menos de 300 metros de ella.

De acuerdo con el escrito elaborado por el Ministerio Público, la acusación parte de hechos ocurridos en fechas no concretadas, aunque se sitúan como mínimo en los últimos años previos a octubre de 2023. El texto de la Fiscalía, citado por Europa Press, especifica que la víctima y el acusado llevaban casados 51 años y comparten cuatro hijos. El Ministerio Público sostiene que, en su domicilio y en numerosas ocasiones aún no determinadas con exactitud, el procesado “actuó intencionadamente, con ánimo de satisfacer su instinto libidinoso”, forzando a su esposa a mantener relaciones íntimas sin consentimiento y pese a las negativas expresas de la mujer.

Según el medio Europa Press, los detalles aportados por la Fiscalía recogen que el procesado sujetaba con fuerza a la víctima de las manos, la obligaba físicamente a adoptar determinadas posturas sexuales o levantaba sus piernas en contra de la voluntad de su esposa. Ante las negativas y peticiones reiteradas de la mujer para que cesara este comportamiento, el acusado ignoraba sus demandas y mantenía su actitud.

El informe fiscal, consignado por Europa Press, concluye que como consecuencia de estos episodios, la mujer presenta síntomas relacionados con ansiedad. Para el Ministerio Público, estos hechos configuran un delito continuado de agresión sexual. Por ello, la Fiscalía solicita que la Audiencia Provincial de Sevilla imponga una condena de quince años de cárcel y una medida de libertad vigilada durante otra década, junto con la prohibición de aproximación a la víctima durante siete años, según el auto judicial al que tuvo acceso Europa Press.

El juicio está programado para celebrarse en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla este miércoles, 25 de marzo. El escrito de acusación expone que la conducta del acusado se desarrolló en el ámbito doméstico, a lo largo de varios años y pese a la convivencia continuada con la víctima, lo que refuerza la petición de penas agravadas y medidas de protección adicionales para la mujer, según ha remarcado Europa Press a partir del documento fiscal.

Además de la sentencia de prisión y el alejamiento, la solicitud del Ministerio Público contempla un periodo de libertad vigilada con el fin de prevenir nuevas conductas agresivas o de acoso hacia la víctima una vez se cumpla la condena principal. Frente a este proceso, la Fiscalía subraya la gravedad de los hechos y su repercusión en el estado psicológico de la denunciante, basándose en el diagnóstico médico aportado en el procedimiento.

En el escrito provisional de acusación, la Fiscalía describe pormenorizadamente las circunstancias que rodean el presunto delito, incidiendo en la reiteración de la conducta del procesado, quien desoyó de manera sistemática las manifestaciones explícitas de rechazo por parte de la víctima. Europa Press detalla que la acusación fundamenta su petición en la continuidad del delito, el aprovechamiento de la convivencia marital y la resistencia demostrada por la mujer a mantener relaciones no consentidas.

Según la documentación judicial citada por Europa Press, la decisión sobre el futuro penal del acusado quedará en manos del tribunal tras la vista oral, en la que se tomarán en cuenta las pruebas, el testimonio de la víctima y el dictamen médico respecto a las secuelas psicológicas que, según el Ministerio Público, están asociadas directamente con los hechos acusados.

La Fiscalía insiste en la gravedad del contexto de convivencia prolongada y del uso de la fuerza, así como en las consecuencias emocionales reportadas, según su informe. En el procedimiento quedan consignados tanto el derecho de la víctima a ver reconocidos sus daños como la propuesta de restricción de libertades para el acusado, en caso de que se confirme la culpabilidad en el juicio previsto en la Audiencia Provincial de Sevilla.

La víctima, según el Ministerio Público, presenta síntomas compatibles con ansiedad atribuibles a los hechos denunciados. El fiscal sostiene que estos síntomas son resultado directo de la dinámica de agresión y violencia ejercida en el interior del domicilio familiar, donde el acusado habría obligado durante años a su esposa a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y contra su voluntad. Según reflejó Europa Press citando el escrito provisional de la Fiscalía, el caso será juzgado este miércoles en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Europa Press reportó que la Fiscalía solicita una condena de quince años de prisión para un hombre de setenta y cuatro años, además de diez años de libertad vigilada, tras acusarlo de agredir sexualmente de manera continuada a su esposa, con la que estuvo casado durante cincuenta y un años y con quien crio a cuatro hijos. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en fechas no concretadas, pero sí en los últimos años anteriores a octubre de 2023 y en múltiples ocasiones dentro del domicilio conyugal. El escrito del fiscal sostiene que, movido por el deseo de satisfacer su instinto sexual, el acusado forzaba a su esposa a mantener relaciones mientras ella se oponía de manera expresa.

El relato de hechos recogido por Europa Press indica que la mujer manifestó reiteradamente al procesado su negativa a participar en las conductas sexuales exigidas por él, pero no obtuvo respuesta favorable. Según la Fiscalía, el acusado recurría a sujetarla con fuerza de las manos, levantarle las piernas o imponerle posturas sexuales claramente no deseadas por la víctima, pese a la oposición verbalizada por ella. Esta situación, según señala el escrito, se prolongó durante años y alcanzó un número indeterminado pero elevado de ocasiones.

Europa Press detalló que el Ministerio Público imputa al procesado un delito continuado de agresión sexual. En su escrito, la Fiscalía argumenta que la gravedad y reiteración de los hechos justifica la solicitud de la condena máxima prevista, solicitando además una prohibición de acercamiento de siete años a menos de 300 metros de la víctima una vez cumplida la pena de prisión.

La información recabada por Europa Press subraya que el procedimiento judicial avanza tras concluir la investigación, habiéndose programado el juicio para el miércoles 25 de marzo ante la Audiencia Provincial de Sevilla. En el documento de la Fiscalía, se especifica el impacto psicológico persistente en la víctima y la intensa afectación a su integridad moral. Dentro de las medidas solicitadas, además de la pena de prisión, se pide la imposición de libertad vigilada prolongada y una restricción de contacto duradera para proteger a la mujer.

Durante el proceso, la Fiscalía fundamentará su acusación utilizando tanto la declaración de la víctima como los informes periciales que confirmarían el estado de ansiedad como consecuencia de lo vivido. Según recopiló Europa Press, los hechos denunciados constituyen, a juicio del Ministerio Público, una vulneración continuada de los derechos de la víctima en el ámbito de la pareja y un quebrantamiento de la convivencia familiar. La acusación busca una respuesta penal acorde con la reiteración y gravedad de las conductas atribuidas al acusado.

El caso ha centrado la atención sobre los delitos sexuales en el ámbito doméstico y la dificultad de detección de estos abusos tras décadas de convivencia. Según la documentación judicial consultada por Europa Press, no existe constancia de denuncias previas, a pesar de la duración de la relación matrimonial, lo que subraya el aislamiento de la víctima y los obstáculos para interponer una denuncia tras años de malestar y resistencia. Europa Press explica que la acusación sostiene que la conducta del acusado terminó por causar un deterioro psicológico relevante en la mujer, lo que resultó constatado en los informes presentados ante la Audiencia.

La vista judicial prevista permitirá exponer los testimonios y peritajes solicitados por las partes, con el objetivo de aclarar el desarrollo de los hechos, la veracidad del relato y el impacto sufrido por la víctima. Europa Press confirmó que el procedimiento se lleva a cabo siguiendo los protocolos establecidos para delitos sexuales, asegurando medidas de protección a la denunciante durante todo el proceso judicial.

El escrito de la Fiscalía, recogido íntegramente por Europa Press, argumenta que la combinación entre la edad de los implicados, la duración del matrimonio, la convivencia prolongada y el número de hijos en común agrava la situación de indefensión en la que se hallaba la víctima. Las medidas restrictivas solicitadas buscan evitar la revictimización y la aproximación del acusado a la mujer durante varios años tras el cumplimiento de la pena, priorizando la protección integral de la denunciante, según figura en la documentación judicial citada por Europa Press.

El juicio servirá para determinar la responsabilidad penal del procesado ante los hechos denunciados y decidir la relevancia de las pruebas presentadas por la acusación. Europa Press subrayó que la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Sevilla marcará el desenlace judicial de uno de los casos más prolongados sometidos a evaluación en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual en el entorno doméstico de la provincia.

El 13 de mayo de 2022, Elon Musk publicó que su compra de Twitter estaba “temporalmente en pausa” por dudas sobre bots. Cuatro días después agregó, sin evidencia, que las cuentas falsas podrían superar el 20%. Las acciones cayeron casi un 10% en una sola sesión. Miles de inversores vendieron. Perdieron dinero.

El viernes 20 de marzo de 2026, un jurado de nueve personas en San Francisco falló, tras cuatro días de deliberación, que esos tweets fueron materialmente falsos o engañosos. La causa se llama Pampena v. Musk y fue presentada como demanda colectiva en octubre de 2022, semanas antes de que Musk cerrara la compra.

Los daños estimados oscilan entre 2.100 millones en acciones y 500 millones en opciones. Los abogados de los demandantes lo describieron como el mayor veredicto de jurado por fraude de valores en la historia de Estados Unidos.

Musk argumentó que su preocupación por los bots era genuina. Que Twitter le ocultó cómo calculaba el porcentaje de cuentas falsas. Que la empresa presentaba cifras que no resistían análisis independiente. Que quien mantuvo las acciones hasta el cierre de la operación en octubre de 2022 recibió exactamente el precio acordado y salió ganando.

Sus abogados insistieron en que los tweets no fueron un esquema, sino la opinión pública de un comprador con dudas legítimas. El jurado escuchó todo eso y de todos modos lo encontró responsable.

El fallo tiene un matiz importante: el jurado no encontró que Musk hubiera operado un esquema premeditado de fraude. Encontró algo más acotado, pero igualmente poderoso como precedente: que sus declaraciones públicas causaron pérdidas reales a inversores reales, y que eso tiene consecuencias legales aunque uno sea el hombre más rico del planeta.

Monte Mann, abogado litigante que siguió el caso, lo resumió con precisión: “Si podés mover el mercado con tus palabras, sos responsable del daño que causás.” Ese principio existía antes de Musk. Lo que cambió es que nunca había sido tan fácil demostrar la cadena causal entre una declaración y una caída de precio.

Detrás de cada acción de Twitter que alguien vendió a 33 dólares, mientras el deal estaba en un limbo, había jubilados, fondos de pensiones, ahorristas comunes que tomaron una decisión razonable basada en lo que el dueño de la operación había escrito en público. Eso es lo que el jurado reconoció.

Sus abogados anunciaron apelación de inmediato y citaron victorias recientes en tribunales de Texas y Delaware como señal de que el fallo no es definitivo. Para alguien con un patrimonio estimado en 800.000 millones de dólares, 2.600 millones son manejables. Pero el precedente no lo es.

A partir de este fallo, cualquier ejecutivo con audiencia masiva y capacidad de mover mercados sabe que hablar en público sobre una operación financiera en curso no es gratis. Lo que uno publica mientras negocia puede terminar en un tribunal.

Musk compró Twitter, en parte, para defender la libertad de expresión. La libertad de expresión en el mercado de valores nunca fue absoluta. Un jurado en San Francisco acaba de recordárselo.

El juicio por el asesinato de un joven de 21 años frente a la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada en octubre de 2022 ha estado marcado por testimonios que señalan la planificación del ataque como parte de la actividad de una organización criminal. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la acusación fiscal considera que el crimen obedeció a una venganza tras un enfrentamiento previo entre bandas en una discoteca de Madrid, y mantiene la petición de prisión permanente revisable para el supuesto autor intelectual del homicidio, identificado como líder de los DDP en el barrio de Campamento.

En la Audiencia Provincial de Madrid, la vista oral se reanudó este lunes con la fase de conclusiones finales. Según informó Europa Press, el Ministerio Fiscal modificó la acusación respecto a uno de los procesados, dejando de solicitar la pena máxima tras cambiar la calificación de autoría a complicidad, al no contar con pruebas suficientes de su presencia en la furgoneta utilizada en el traslado de los menores que ejecutaron el crimen. El juicio concluirá mañana tras la exposición de las defensas, que solicitarán la libre absolución, y posteriormente corresponderá al jurado popular deliberar sobre los hechos.

De acuerdo con el expediente fiscal citado por Europa Press, la víctima había recibido amenazas explícitas desde el entorno de la banda DDP antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada. Mensajes previos a la agresión incluyeron advertencias como: “Te tenemos ubicado, mama huevo”. El informe detalla que el acusado identificado como J. D. presuntamente organizó y dio la orden de ejecutar el crimen, basándose en viajes a Fuenlabrada que realizó sin tener ninguna vinculación previa con el municipio y en los registros de posicionamiento telefónico que lo sitúan en la zona de los hechos.

En relación con los delitos imputados, según detalló Europa Press, el fiscal solicita para el considerado líder de los DDP la pena de prisión permanente revisable por el asesinato consumado, además de un total de hasta 78 años de prisión por tres tentativas de homicidio y distintos delitos vinculados con la tenencia de armas y pertenencia a organización criminal. Para otros procesados, reclama penas de distinto grado: 70 años para el supuesto cómplice, 20 años para el conductor de la furgoneta y cinco años de reclusión para un cuarto individuo acusado únicamente de pertenecer a la banda latina.

Durante las últimas declaraciones, el último de los acusados en testificar relató que recibió el encargo de trasladar a varias personas a Fuenlabrada a cambio de sustancia estupefaciente, creyendo que se trataba del cobro de una deuda. Negó haber escuchado disparos o haber visto que los pasajeros se cubrieran el rostro. Al ser cuestionado por el fiscal sobre las 43 llamadas al presunto autor intelectual en fechas cercanas al crimen, replicó que todas estaban relacionadas con compraventa de drogas. Otros registros incluyen diez llamadas con otro de los acusados, identificado como un mando intermedio de la banda, según consignó Europa Press.

El medio también recoge declaraciones de uno de los menores ya condenados por el asesinato, quien aseguro que actuó solo, disparando a la víctima por un impulso propio, y negó la implicación de más personas, así como de la banda DDP. Además, el supuesto líder de la organización negó en sala su responsabilidad en el crimen y su pertenencia al grupo, pero admitió dedicarse a la venta de sustancias ilegales, aunque se mostró arrepentido de esa actividad.

El proceso incluyó antecedentes relevantes aportados por la Policía Nacional, según reportó Europa Press. Los agentes confirmaron que el principal acusado ya fue arrestado en 2013 por delitos de robo con violencia utilizando la técnica conocida como 'mataleón', donde se atacaba a ancianas en el distrito de Villaverde para arrebatarles el bolso. Estas víctimas identificaron al acusado en dependencias policiales. En esa época, los agentes detectaron un aumento de estos robos en la zona y vincularon a quien ahora es juzgado como líder de los DDP en Campamento con diez asaltos cometidos mediante estrangulación.

Durante las audiencias, la Policía vinculó a los acusados con la banda DDP a través de numerosas identificaciones y antecedentes por hechos violentos en distintos barrios de Madrid. En la última semana, varios investigadores ratificaron esta relación organizativa basándose en registros policiales y en la documentación de actividades delictivas violentas en la capital, reforzando la acusación de pertenencia a banda criminal.

Según consignó Europa Press, dos menores ya han sido condenados por el asesinato. Uno de ellos reconoció su autoría material manifestando haber disparado por iniciativa propia, deslindando a otros implicados y a la organización, aunque la acusación mantiene que existió planificación y coordinación entre diferentes miembros del colectivo señalado.

Las últimas sesiones del juicio se caracterizaron por el cruce de acusaciones y defensas, así como por los intentos de desvincular parte de los implicados respecto a la autoría intelectual y la implicación organizativa. La jornada final será destinada a los alegatos de las defensas y a la última palabra de los procesados antes del inicio de las deliberaciones del jurado popular, responsables de determinar la autoría y el grado de implicación de cada acusado.

La investigación abierta contra el exministro de Transporte Kostas Karamanlis por presunto incumplimiento de deber se desarrolla en paralelo al inicio del juicio principal por el accidente ferroviario de Tempe, según consignó el diario griego Kathimerini. Los familiares de las víctimas continúan exigiendo responsabilidades a las autoridades y reclaman avances concretos en la determinación de quiénes fueron responsables si el accidente se debió a errores humanos, fallos sistémicos o la falta de modernización en la red ferroviaria.

De acuerdo con la información de Kathimerini, el juicio más amplio de Grecia comenzó este lunes en Larisa, donde 36 acusados enfrentan procedimientos legales a raíz de la colisión entre un tren de pasajeros y uno de mercancías el 28 de febrero de 2023, en la localidad de Tempe. El choque se cobró la vida de 57 personas y se posiciona como el incidente ferroviario más mortal que ha registrado el país. Las audiencias cuentan con la presencia de más de 350 personas convocadas a declarar, una cifra que incluye a supervivientes, familiares de las víctimas, sindicalistas, directivos empresariales y otros individuos considerados clave en el caso.

Según publicó Kathimerini, la tensión en torno al proceso judicial ha ido en aumento, con familiares y colectivos que muestran su insatisfacción por el desarrollo y los resultados de las pesquisas, argumentando que las investigaciones no han identificado o procesado todavía a los posibles responsables políticos del desastre. Entre los 36 acusados no figura ningún representante gubernamental o político. Del total, 33 enfrentan cargos por "interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario", una imputación que puede derivar en una condena de cadena perpetua. Otros involucrados tienen cargos adicionales por homicidio involuntario y negligencia.

Dentro del grupo de acusados, destaca el jefe de la estación de Larisa, señalado como principal responsable por ordenar el desvío de un tren de pasajeros hacia una vía ocupada, lo que derivó en el choque frontal con el tren de carga. También han sido encausados dos jefes de estación más, quienes habrían abandonado sus puestos antes de cumplir con su turno, y el responsable de inspección local de la compañía ferroviaria nacional (OSE) por posibles omisiones en el control y supervisión de la seguridad.

Como contexto, la tragedia oprimió el ánimo de la opinión pública griega y suscitó masivas protestas, según Kathimerini, pues diversos sectores sociales atribuyeron el siniestro a décadas de falta de inversiones en infraestructura ferroviaria y demoras en la ejecución de mejoras técnicas. El tren de pasajeros accidentado operaba la ruta entre Atenas y Salónica cuando ocurrió la colisión, unas circunstancias que aumentaron el debate público sobre el estado de la red y la seguridad en los viajes.

En paralelo al juicio principal, las autoridades han iniciado procedimientos judiciales en Atenas contra la Autoridad Nacional de Transparencia por supuestos retrasos en la aplicación de un programa financiado por la Unión Europea, destinado a renovar los sistemas de control remoto y mejorar la seguridad ferroviaria. Según Kathimerini, esta vía judicial fue impulsada tras constatar demoras significativas en la modernización de la red nacional de ferrocarriles, un elemento que, para muchos, estaría vinculado de manera directa con las condiciones en las que se produjo el accidente.

Las sesiones en Larisa se prevén extensas debido a la cantidad de implicados y testigos. Entre quienes han sido llamados a declarar figuran, además de víctimas y familiares, miembros de sindicatos y ejecutivos de compañías relacionadas con la gestión y operación ferroviaria. La magnitud del proceso judicial refleja la complejidad del caso, en el que se entrelazan cuestiones técnicas, laborales y de administración pública.

Tal como reportó Kathimerini, la presión social y mediática en torno al juicio mantiene el foco en las posibles responsabilidades tanto individuales como institucionales. La investigación se perfila como determinante para evaluar la actuación de los involucrados y establecer la responsabilidad ante uno de los episodios más trágicos del sector ferroviario en Grecia. Las resoluciones que surjan de estos procesos judiciales resultarán determinantes para el futuro de la red de trenes y la confianza de la población en las instituciones encargadas de velar por la seguridad del transporte público.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redefinió los criterios para la admisión de la prueba de inspección en litigios laborales, estableciendo que su función esencial es facilitar el acceso a la verdad y proteger, de modo particular, los derechos de la parte trabajadora.

En una resolución adoptada el pasado 19 de marzo durante sesión de su Pleno, el máximo tribunal determinó que las reglas para este tipo de prueba deben interpretarse de manera flexible y funcional, en sintonía con los principios de realidad y sencillez procesal que rigen el derecho del trabajo, según el comunicado oficial difundido por la Corte.

El nuevo criterio surge tras examinar una contradicción de criterios entre tribunales federales, de los cuales uno exigía un alto nivel de precisión al describir el objeto de la prueba de inspección, mientras el otro permitía que este quedara implícito al indicar los hechos o documentos cuya verificación se pretendía.

La resolución, identificada como Contradicción de Criterios 276/2025, destaca que las posibles imprecisiones en el ofrecimiento de la prueba no constituyen motivo suficiente para rechazarla, a menos que sean tan graves que imposibiliten su realización.

Ante situaciones de duda, debe optarse por su admisión, en concordancia con la obligación de “priorizar la solución del conflicto sobre formalismos innecesarios”, de acuerdo con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, informó la SCJN en su comunicado.

La SCJN establece la flexibilidad como principio rector en la prueba de inspección laboral

El Pleno de la SCJN dispuso que la interpretación del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, el cual regula los requisitos de la prueba de inspección, debe excluir enfoques formalistas. Según el criterio fijado, no se exige describir con total rigurosidad todos los elementos de la prueba. Basta con que quien la ofrezca especifique de manera clara el hecho, lugar, cosa, documento o situación que busca acreditar.

La Corte subrayó que la prueba de inspección constituye una “garantía” para que la parte trabajadora pueda demostrar hechos relevantes para la causa. Con esta decisión, el tribunal máximo orienta a los jueces laborales a favorecer la búsqueda de la verdad material y a facilitar el acceso a la justicia, priorizando las soluciones sobre los detalles procesales.

SCJN rechaza que la huella digital sea obligatoria para validar el régimen de los pensionados del ISSSTE

La SCJN resolvió que la firma autógrafa es suficiente para la elección de régimen pensionario en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este criterio elimina la exigencia tradicional de la huella digital en el documento y constituye un precedente vinculante que otorga mayor certeza jurídica y eficiencia para los afiliados del instituto.

Esta sentencia del Pleno de la Suprema Corte especifica que la ausencia de huella digital no invalida la opción elegida por la persona trabajadora, siempre que se cuente con la firma autógrafa reconocida. Este nuevo marco legal termina con los formalismos que antes obstaculizaban la selección del sistema de pensión y unifica criterios previamente contradictorios en tribunales inferiores.

El escrito judicial resaltó que el depósito de 60.000 euros era necesario “para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles” al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria. Según informó Europa Press, el Tribunal Supremo ordenó investigar el patrimonio de Ábalos y García después de que ninguno de los dos abonara dentro del plazo establecido por la justicia la fianza que les fue exigida por el magistrado instructor de la causa.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Supremo resolvió que se llevará a cabo una "averiguación patrimonial" a raíz de que Ábalos y García incumplieran con el plazo de cinco días para prestar la garantía económica, legamente requerida previo al inicio del juicio programado para el 7 de abril. El alto tribunal notificó, mediante una diligencia de ordenación, que la falta de pago de la fianza activa el mecanismo por el cual se prevé el embargo de bienes pertenecientes a los encausados hasta cubrir la totalidad de la suma reclamada.

El magistrado instructor ya había advertido en una resolución previa que, en caso de incumplimiento, procedería el embargo sobre los bienes de los investigados y que estos tendrían la obligación de demostrar insolvencia, en caso de no poseer dinero ni activos sujetos a embargo. Así lo especificó Europa Press, al detallar que la medida busca garantizar el resarcimiento de las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.

La investigación responde al procedimiento que se sigue por presuntas irregularidades cometidas en la compra de mascarillas durante el estado de alarma decretado por la pandemia. Según publicó Europa Press, tanto el exministro como su entonces asesor forman parte de los acusados en una causa abierta para esclarecer si existieron delitos vinculados a la gestión de fondos públicos en la adquisición de dicho material sanitario.

El Supremo había dictado la imposición de la fianza como requisito previo a la celebración del juicio oral, cuya fecha quedó fijada para el mes de abril. La notificación judicial precisó que, tras el vencimiento del plazo sin que se haya producido el abono exigido, resultaba procedente iniciar los trámites formales para investigar el patrimonio de los implicados y, si fuera necesario, proceder al embargo de bienes en cantidades suficientes hasta cubrir la suma de 60.000 euros solicitada en concepto de garantía.

Europa Press detalló que el escrito del alto tribunal remarca la finalidad del depósito económico, destinado a asegurar el posible pago de indemnizaciones o multas cuya imposición podría derivarse al concluir el juicio. El procedimiento de averiguación patrimonial se enmarca dentro de las medidas preventivas habituales ante la falta de abono de fianzas judiciales, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles que se derivarían de una eventual condena por las actuaciones investigadas.

A poco más de un año y medio del intento de abuso sexual y tentativa de homicidio agravado contra una vecina menor de edad en Merlo, Matías Daniel Escudero se sentó frente al Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón y admitió que se encontraba arrepentido. Ahora, podría enfrentar una pena de, al menos, unos siete años, según lo propuesto por la Fiscalía.

“Lo que dijo el fiscal es así. Estoy arrepentido. No quise matar a nadie”, declaró el imputado ante los jueces Julia de la Llana, Gabriel Sotelo y Marcos Lisa, luego de escuchar el relato del fiscal Patricio Pagani sobre cómo ocurrieron los hechos.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2024, cuando una adolescente evitó ser violada y asesinada por un vecino en el barrio Pontevedra de Merlo. Al momento del ataque, la víctima tenía 12 años. En el momento que fue abordada por Escudero, volvía a su casa después de haber acompañado a una amiga suya.

Según consta en el expediente judicial, la menor llegó a la calle Muñiz al 300 y se encontró con el acusado, quien era un vecino que conocía de vista del barrio. El hombre, que tenía 25 años, le contó que supuestamente tenía que devolverle dinero a su hermano, por lo que comenzó a caminar a su lado.

Bajo ese pretexto, Escudero alegó haber perdido la suma en el camino, por lo que la convenció de que lo acompañara a buscarlo. Fue así que logró llevarla hasta un descampado, ubicado en la intersección de las calles Carrasco y Bella Vista.

Al llegar a ese punto, el hombre la abrazó por la fuerza y, al intentar apartarse del sujeto, este la obligó a ir hacia un terreno abandonado donde intentó someterla sexualmente. Durante el ataque, la joven gritó lo más fuerte que pudo y mordió al agresor hasta que un grupo de vecinos logró rescatarla apenas escucharon los ruidos.

“La abrazó, lo cual incomodó a la víctima y lo rechazó. Con el propósito de abusar sexualmente de la niña, mediante el uso de la fuerza la arrastró hacia el interior de un descampado, logrando así inmovilizarla, le tocó la cola y le sacó el buzo dejándola en ropa interior, intentando así accederla carnalmente, no logrando su accionar por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima forcejeó”, reconstruyó la Fiscalía.

A pesar de que los delitos no fueron consumados, el acusado le propinó una serie de golpes brutales. De hecho, uno de ellos terminó por provocarle una fractura en uno de los dientes. Además, logró despojarla de las prendas superiores, por lo que regresó a su casa en ropa interior y cubierta de basura.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Escudero se encuentra detenido desde septiembre de 2024. Actualmente, se encuentra próximo a conocer su condena, ya que solo restaría que el tribunal escuche los alegatos antes de formular una sentencia. El veredicto sobre el caso se dará a conocer en diez días aproximadamente.

El dato central del proceso judicial es la calificación de los hechos, debido a que el fiscal Pagani solicitó siete años de prisión para Escudero por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, descartando la tentativa de femicidio.

Sin embargo, el abogado de la víctima, Rodrigo Tripolone, argumentó que el caso constituye un femicidio en grado de tentativa y pidió veinte años de prisión. “Solo quiero que haya justicia por mi hija. Lo que le hizo este tipo es imperdonable”, exigió Rosa, la madre de la adolescente.

En línea con esto, la querella sostuvo que el imputado intentó desviar la investigación al llamar al 911 tras el hecho, con la intención de presentarse como víctima de un supuesto asalto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acusado habría dicho que los rasguños que tenía en el cuerpo habrían sido producto del mismo intento de robo. A pesar de su intento de engañar a las autoridades, los vecinos, la familia y el estado en el que se encontraba la menor corroboraron el relato de la denunciante.

A casi tres meses del hecho, la Fiscalía de Delitos No Especializados, encabezada por Juan Manuel Sánchez, alcanzó un acuerdo con la defensa y la querella para cerrar el caso mediante un juicio abreviado, según consta en el acta de condena.

En la sentencia también se incluyó un cargo por la tenencia de arma de fuego de guerra. La imputación se sumó luego de que realizara un allanamiento en la vivienda de Quiroga, ubicada en la calle Jorge Newbery al 600, en donde hallaron un arma de puño.

Según la información publicada en Los Andes, el condenado cumplirá la sanción bajo prisión domiciliaria porque utiliza una silla de ruedas debido a una discapacidad acreditada por los peritajes oficiales.

El día del incendio, se registró una explosión cerca de las 16:15 horas, que destruyó nueve ambientes de la propiedad principal y afectó parcialmente una casa vecina. La fuerza de la detonación y la cantidad de material inflamable causaron una rápida propagación de las llamas, lo que forzó la autoevacuación de varios vecinos y dejó a cuatro personas (dos adultos y dos menores) hospitalizadas.

La magnitud del hecho movilizó al menos a tres dotaciones de bomberos voluntarios, pertenecientes a los cuarteles de Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Poco después, las autoridades confirmaron que el sitio funcionaba como centro clandestino de venta y almacenamiento de pirotecnia.

La propiedad siniestrada era propiedad de Figueroa, quien fue descrito como un hombre con discapacidad que vivía allí junto a Prado y, ocasionalmente, otros familiares. De acuerdo con los allegados, la propiedad no exhibía ningún cartel que señalara la actividad comercial.

Por su parte, el encargado del local afirmó que el siniestro comenzó por “una chispa”, aunque las autoridades provinciales mantuvieron abierta la investigación para esclarecer si existieron irregularidades en el almacenamiento y comercialización de la pirotecnia.

De acuerdo con la reconstrucción provista por Diario El Sol, el operativo de seguridad y remoción de escombros continuó varias horas después del hecho mientras los peritos analizaban los restos del inmueble y los daños en la casa lindera.

Durante el operativo de sofocamiento, la víctima fue hallada con vida en el techo de la vivienda por el personal de bomberos y policías, pero su estado resultó crítico desde el inicio.

Cuando todo sucedió, testigos relataron que “en la casa había menores”. A raíz de esto, los dos menores sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital Notti, mientras que un adulto fue atendido por intoxicación por inhalación de humo. Además, un bombero que ingresó al inmueble tuvo que recibir asistencia médica luego de que sufriera una descarga eléctrica durante las tareas de rescate.

Los vecinos grabaron el momento de las explosiones y compartieron los videos en redes sociales. Las imágenes mostraron el alcance de las llamas y el riesgo permanente ante las sucesivas detonaciones generadas por la pirotecnia almacenada. Incluso, en los relatos de los habitantes del barrio resaltaron la “densa columna de humo” que cubrió la zona en minutos.

Finalmente, la muerte de la mujer de 45 años sería confirmada un día después de que fuera internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore. La noticia fue confirmada pasadas las 19 horas y, pese a que no trascendieron detalles de su estado, indicaron que tenía un 80% del cuerpo quemado.

La pareja, formada por un ciudadano de Alemania de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, se enfrenta a una petición fiscal de 25 años y cuatro meses de prisión por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia. Como ha podido saber EFE, representantes del Consulado de Estados Unidos han asistido al juicio, debido a la doble nacionalidad de la madre.

Con la última jornada de juicios, hoy el caso ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Oviedo. En su comparecencia ante los medios, los abogados defensores han asegurado que el matrimonio también tiene la esperanza de ver de nuevo a toda la familia junta y reunida. Y es que, desde que comenzaron las investigaciones, los tres hijos permanecen bajo la custodia de los Servicios Sociales del Principado de Asturias. Asimismo, los progenitores han manifestado su voluntad para colaborar en todo lo posible con la justicia y la administración.

“Una situación de aislamiento voluntario”

El abogado de la madre, Javier Muñoz, ha afirmado ante los medios que los acusados han intervenido “desde su convicción y desde su corazón”. De este modo, recordando las declaraciones que dio el pasado martes, 17 de marzo, “aquí no hay ninguna casa de los horrores”. Aun así ha admitido que “es una situación muy compleja”.

La defensa ha añadido, en cambio, que “lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario”, expone el letrado. Pese a ello, también ha admitido que el matrimonio “se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o paradoxa la podemos llamar, pero desde luego no criminal”. Por este motivo, consideran que el caso debería haberse tratado desde el inicio “de una manera gradual a través de los servicios sociales”.

Debido a la minoría de edad y “la gravedad de los hechos”, el tribunal ha acordado celebrar el juicio a puerta cerrada. Según la acusación de la Fiscalía y la acusación particular, los padres sometieron a los niños a un aislamiento prolongado, impidiéndoles asistir a la escuela y restringiendo su contacto con el exterior, hechos que la defensa ha negado.

Los abogados de los progenitores piden, de esta forma, la libre absolución y aspiran a que, en el futuro, la pareja pueda recuperar la custodia de los menores y logre la reunificación familiar. La sentencia se dictará en las próximas semanas y determinará el futuro de los padres y el destino de los tres hermanos como familia.

Durante su regreso a la vida pública después de convertirse en madre de mellizos, Estela Grande fue consultada sobre el proceso judicial que enfrentan Kiko Matamoros y Makoke, confirmando que se mantiene completamente al margen de los acontecimientos familiares relacionados con su exmarido Diego Matamoros. Según informó el medio, la modelo declaró: "Le voy a desear lo mejor, pero que la Justicia hable, yo no soy nadie para juzgar", al ser preguntada por la situación de su exsuegro, quien afronta cargos por presunto delito fiscal.

La reaparición de Grande se produjo en el desfile de Claro Couture en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde retomó sus compromisos profesionales tras haber dado a luz a Luca y Liah el 24 de enero. El medio detalló que, a pesar de dedicarse plenamente al cuidado de sus hijos junto al futbolista Juanito Iglesias, Estela comentó lo significativo que ha sido formar un "equipo tan sólido" con su pareja para afrontar la crianza, dado que se encarga de la lactancia y pasa jornadas enteras dedicada a los bebés.

La modelo reconoció que extraña su faceta sobre la pasarela y expresó su deseo de regresar a desfilar algún día, aunque manifestó que la vida ha evolucionado para ella y se siente agradecida por la etapa actual que atraviesa. Según consigna la fuente, Estela comentó: "Jolín, lo pensaba antes, pero la verdad es que la vida evoluciona y estoy súper feliz de poder vivir este proceso, soy una afortunada aunque estoy 24 horas sin desconectar de los bebés porque doy lactancia".

La pregunta sobre un posible matrimonio con Juanito Iglesias surgió debido a su anterior vínculo con Diego Matamoros, del que se separó en 2020. Estela explicó que el matrimonio no se encuentra entre sus prioridades y considera que la llegada de sus hijos los une más que cualquier ceremonia. Según publicó la misma fuente, ella aseguró: "Ya he pasado el duelo del casamiento y probablemente, a lo mejor algún día, pero vamos que no está ni en mis prioridades ni en mis planes. ¿Qué más puede unir que los dos bebés tan bonitos que tenemos? Nada".

Respecto a la situación judicial de Kiko Matamoros y Makoke, el medio reportó que Grande confirmó estar informada de que ambos comparecieron en la Audiencia Provincial, enfrentando la acusación de presunto ocultamiento de bienes fiscales. El procedimiento implica para Matamoros una posible pena de 5 años de cárcel y el pago de 637.000 euros en compensación a Hacienda.

Al abordar su relación actual con Diego Matamoros, la modelo fue tajante. Según consignó la fuente, Grande enfatizó que no mantienen ningún tipo de contacto desde su divorcio y que no existen intenciones de retomar la comunicación. "No tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada, nada absolutamente, no, no, no", afirmó, agregando además: "Ni siquiera quiero seguir hablando de él, o sea no, ni me interesa". Aclaró que, en caso de recibir una llamada de su expareja, optaría por no atenderla ni escucharle.

La cobertura del medio también resalta que, más allá de los asuntos familiares y judiciales que involucran a antiguos miembros de su entorno, Grande se encuentra plenamente concentrada en su maternidad y en la vida compartida con su actual pareja. Este distanciamiento de polémicas familiares, según reflejan sus declaraciones, forma parte de una nueva etapa personal en la que prioriza a sus hijos y su bienestar al margen de controversias ajenas.

En el exterior de las instalaciones de Atresmedia, tras terminar su participación en el programa 'Espejo Público', Laura Matamoros enfrentó preguntas de Europa Press sobre el proceso judicial en el que está implicado su padre, Kiko Matamoros. La influencer optó por no realizar comentarios específicos sobre la causa, expresando únicamente agradecimientos y un escueto “lo siento mucho”, sin brindar detalles acerca de sus opiniones sobre la situación procesal de su progenitor o del reencuentro entre él y Makoke. Según reportó Europa Press, la reacción de Matamoros fue distante, y no ofreció declaraciones sobre si mantenía contacto con su padre ni sobre la posibilidad de que Kiko logre demostrar su inocencia en los tribunales.

La jornada en la Audiencia Provincial de Madrid estuvo marcada por el aplazamiento del juicio en el que Kiko Matamoros y su exesposa, Makoke, se encuentran acusados de un posible delito de ocultamiento de bienes para evitar satisfacer una deuda superior a un millón de euros con la Agencia Tributaria. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Fiscalía solicita cinco años de prisión y una indemnización de 636.697 euros para Matamoros, además de cuatro años de prisión y un pago de 471.900 euros para Makoke, quien fue señalada como presunta colaboradora necesaria en el delito.

La razón principal para el retraso del juicio, originalmente programado para este miércoles, se relacionó con la presentación, con menos de veinticuatro horas de antelación, de un informe pericial extenso por parte del equipo de defensa de Makoke. Según detalló Europa Press, este documento pretende aportar argumentos en favor de la inocencia de la exesposa de Matamoros en relación a la cooperación en la presunta ocultación de bienes. Debido a la nueva prueba aportada por la defensa de Makoke, el tribunal resolvió posponer la vista hasta el próximo 17 de abril, brindando más tiempo a las partes para analizar el informe presentado.

Durante la comparecencia en el tribunal, Kiko Matamoros y Makoke volvieron a coincidir presencialmente, aunque según publicó Europa Press, evitaron el contacto visual y no se dirigieron la palabra a lo largo del procedimiento. Esta situación generó atención mediática por la tensión latente entre ambos, quienes mantienen un conflicto judicial desde su separación y han protagonizado comentarios públicos en distintos programas de televisión.

Mientras esto ocurría en sede judicial, Laura Matamoros cumplió con su agenda laboral como colaboradora en el espacio televisivo 'Espejo Público', comentando diversos asuntos de actualidad, entre ellos el reciente comentario de su tía, Mar Flores, dirigido a Alejandra Rubio. Europa Press especificó que, a pesar de la gravedad de la situación legal que involucra a su padre y a Makoke, Laura Matamoros evitó pronunciarse sobre asuntos familiares y mantuvo reserva sobre el proceso legal.

La consulta por parte de periodistas no logró obtener manifestaciones personales de la influencer ni esclarecer si sigue el caso de cerca o ha presenciado los recientes encuentros de sus padres en el contexto judicial. La postura de Laura Matamoros, según observó Europa Press, es consistente con su actitud de mantener la discreción respecto a los temas legales y personales que afectan a su familia. Todo indica que, durante esta fase crítica, la colaboradora televisiva prefiere concentrarse en sus compromisos profesionales y mantener distancia ante la atención mediática generada por el proceso judicial de su entorno más cercano.

Un hombre con pedido de captura fue detenido durante la jornada del miércoles en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, tras declarar como testigo en un juicio por jurados por abuso sexual en la Cámara Primera en lo Criminal.

La aprehensión se produjo luego de que la Policía identificara que el sujeto, buscado por diversos delitos, acudiría al Centro de Estudios Judiciales para prestar testimonio en una causa ajena.

Según informaron desde la Policía, la captura fue resultado de tareas investigativas previas que permitieron establecer con precisión la hora y el lugar donde el sospechoso se presentaría.

Ayer por la mañana, efectivos policiales desplegaron una vigilancia estratégica en las inmediaciones del edificio situado en calle Juan B. Justo 40. El operativo se mantuvo en reserva hasta que el hombre completó su declaración testimonial y salió a la vía pública.

El sujeto, cuya identidad no fue difundida por las autoridades, fue interceptado por los agentes tras abandonar el Centro de Estudios Judiciales.

De acuerdo con lo informado por Diario Chaco, los efectivos le informaron los motivos de la detención y procedieron a su aprehensión sin que se registraran situaciones de violencia o resistencia.

El hombre sobre quien pesaba la orden de captura estaba siendo buscado por una causa vinculada a la Ley de Drogas N.º 23.737. Además, el expediente judicial se encuentra agravado por la presunta comisión de delitos conexos, entre los que se incluyen amenazas con armas, agresión y resistencia contra la autoridad agravada por el uso de armas de fuego.

La detención se produjo en un contexto inusual, ya que el individuo acudió voluntariamente al edificio judicial, aunque en calidad de testigo en un proceso distinto al que motivaba su búsqueda. Las autoridades destacaron el carácter atípico de la situación, en la que una persona requerida por la Justicia resultó localizada gracias a su propia comparecencia ante los tribunales.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado bajo custodia policial a las dependencias de la División Sanidad Policial, donde fue sometido a un examen médico de rutina. Posteriormente, fue derivado a la División Narcotráfico, donde permanece alojado mientras se completan las diligencias judiciales correspondientes.

Denunció que fue violada en grupo por delatar un búnker de droga

Una mujer de 35 años denunció que fue atacada sexualmente por varios hombres en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Según la víctima, el ataque ocurrió a comienzos de marzo, después de que ella denunciara a un grupo de personas por la venta de drogas en el pueblo y hasta el momento solo hay un detenido por la causa, que sigue bajo investigación judicial.

La mujer habló con la prensa en las últimas horas y contó que la noche del 6 de marzo había quedado en salir con amigas y que uno de sus conocidos la pasó a buscar en auto. “Yo sabía que él consumía y que ‘Mandu’ (NdR: el detenido) era su proveedor”, relató al Diario Época.

Explicó que comenzaron a tomar vino y que, sin darse cuenta, su acompañante le habría puesto droga en la bebida. “Nunca me di cuenta de que él le estaba poniendo cocaína al vino que me estaba dando”, señaló.

Siguiendo el relato, dijo que, tras sentirse mal y perder la noción de lo que ocurría, se alejó del grupo y fue con su acompañante hasta una zona conocida como “El Cementerio”, un basural alejado del pueblo.

Según la denuncia, en ese lugar el acompañante se fue con la excusa de ir a comprar más bebidas. Minutos después, al sitio llegaron tres hombres en un auto. Dos de ellos la golpearon y la arrastraron hasta dentro del descampado, donde la agredieron sexualmente.

El hermano de Dana Leonte, Florín Leonte, informó que la autorización judicial para la entrega de los restos de la joven se resolvió la pasada semana. Desde el viernes a partir de las 14:00 horas se realizará el velatorio y el sábado a las 16:00 horas se procederá al entierro en el cementerio de Vélez-Málaga, donde allegados y familiares podrán despedirse de Dana. Florín indicó que este acto permitirá tanto a él como a su familia avanzar tras años de espera, expresando confianza en el proceso judicial pendiente contra el principal acusado, quien era pareja sentimental de la víctima. El juicio, según palabras recogidas por Europa Press, será un paso decisivo hacia la obtención de justicia tras siete años de sufrimiento.

De acuerdo con Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga autorizó la entrega de los restos mortales a la familia, dando respuesta a la petición realizada formalmente por la abogada Antonia Barba. La autorización se otorgó respecto a los restos encontrados en junio de 2019, permitiendo así la sepultura que la familia venía solicitando desde hace años.

El caso se remonta a junio de 2019, cuando Dana Leonte desapareció en su domicilio situado en Arenas, Málaga. Las autoridades y un amplio dispositivo ciudadano realizaron múltiples búsquedas en la comarca de la Axarquía tras la desaparición de la joven el 12 de junio. Meses después, en septiembre, la policía detuvo al novio y padre de la hija de Dana tras el hallazgo de restos óseos, aunque el cuerpo no fue recuperado en su totalidad, según detalló Europa Press.

El proceso penal involucra a la expareja de Dana Leonte, quien será juzgado por un jurado popular. Tanto la Fiscalía como la acusación particular del hermano de la víctima han presentado sus correspondientes escritos: el Ministerio Público solicita 17 años de prisión por homicidio y un delito contra la integridad moral, mientras que la representación legal de Florín Leonte pide una condena de 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Por su parte, la defensa del acusado solicitó en principio la absolución, consignó Europa Press.

Según documentos judiciales citados por Europa Press, la investigación sostiene que el procesado supuestamente agredió a Dana Leonte con un palo de madera en la cabeza para acabar con su vida. Posteriormente, el acusado habría trasladado el cuerpo con el objetivo de ocultarlo o, si no hubiera fallecido en el acto, cumplir su objetivo final. Las acusaciones sostienen que la mujer fue introducida en el maletero del vehículo, y el acusado habría procedido a desmembrarla y dispersar sus restos en el entorno. Tras ello, limpió el domicilio con la intención de eliminar cualquier rastro de sangre y, según la Fiscalía, emprendió acciones para desviar la investigación, generando coartadas y enviando mensajes telefónicos suplantando la identidad de la víctima.

Europa Press reveló que la Fiscalía describe la conducta del acusado como un grave atentado contra la libertad e integridad de la víctima, considerando su acción como una imposición de poder y dominio, restringiendo la capacidad de Dana para retomar su vida. Los restos hallados corresponden a apenas una parte del cuerpo, que las acusaciones vinculan directamente con los actos del procesado para dificultar la localización y aumentar el dolor de la familia.

En el análisis presentado por Europa Press, se detalla que la ocultación de los restos y las versiones contradictorias proporcionadas por el principal sospechoso contribuyeron a confundir a investigadores y familiares, incrementando el sufrimiento de la hija de Dana y de los restantes allegados. Las búsquedas infructuosas previas al hallazgo definitivo formaron parte de la estrategia atribuidas al investigado por parte de las acusaciones, con el fin de perpetuar la incertidumbre y el daño moral.

El esperado juicio se celebrará con tribunal de jurado conforme a la petición de las partes. La familia de Dana aguarda este momento en el que esperan que la justicia determine las responsabilidades derivadas de la desaparición y muerte de la joven originaria de Rumanía, residente en Málaga en el momento de su desaparición. La decisión judicial de permitir ahora el enterramiento de Dana Leonte intenta poner fin a una larga espera, aportando a sus allegados la posibilidad de despedirse en un acto público, mientras continúa el procedimiento judicial que abordará las responsabilidades penales del caso, según publicó Europa Press.

En su visita a La Mañana con Moria (El Trece), la joven se sinceró sobre los detalles del proceso y el tenso momento que atravesó al declarar en el juicio: “Me han dicho que él, mientras yo declaraba, se estrujaba las manos, se mordía la boca, se rasguñaba las piernas, se pegaba trompadas”, recordó, visiblemente afectada. “Es horrible porque me hace pensar que hasta en el momento que yo estaba contando mi verdad delante de los jueces, él en ese momento se hubiese levantado y me hubiese pegado”. La imagen, tan gráfica como dolorosa, dejó en claro el nivel de violencia al que estuvo expuesta. Ante la pregunta de Federico Seeber sobre si realmente creía que su exmarido habría podido golpearla incluso en esa situación, Emily fue tajante: “Juro que sí”.

El testimonio se tornó aún más inquietante cuando Amalia Díaz Guiñazú indagó sobre los peritajes psiquiátricos realizados a Martínez: “Él llevó su perito de parte y dijo que era una persona neurótica, carente de empatía, que no podía controlar sus emociones, más cuando estaba enojado. Que era una persona falta de cariño y de sentir culpa de lo que siente”, detalló Emily. La panelista resaltó un patrón que se repite en los casos de violencia de género: “Cuando las cámaras estaban prendidas, no parecía. Sin embargo, después, cuando se apagaban las luces, empezó el infierno. Es la descripción de un psicópata”. Emily coincidió, remarcando que incluso el perito de parte, que debería haber atestiguado en favor de su exmarido, llegó a conclusiones preocupantes sobre su personalidad.

La semana pasada, Emily también visitó el programa A la Tarde (América TV), donde conversó con Karina Mazzocco sobre el juicio y la experiencia personal tras la denuncia. “Bien, estoy pasando un momento muy duro. Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, confesó la joven, que relató cómo lucha día a día para sobreponerse: “Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho de eso, porque hasta me juzgaron por eso”. Sorprendida, la conductora le preguntó quién la había cuestionado. Emily respondió: “Que estaba demasiado arreglada para la situación”. Su madre, presente en el estudio, sumó indignada respecto a lo ocurrido: “Para venir. Que no iba a tomarse en serio”.

Emily fue contundente al ser consultada sobre el temor que sintió al momento de denunciar: “Por supuesto tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo creía justo para denunciarlo. Una vez que le dije a ellos, me costó un montón contarle a mis papás”. La joven explicó que, en medio del pánico, se escapó de su casa y se refugió en la de su hermana. Cuando consiguió reunir fuerzas, fue de noche a ver a sus padres, maquillada para ocultar las marcas: “Me maquillé toda y fui de noche para que cuando me recibieran no vieran bien la cara”, reveló.

De entre las pruebas debatidas, la defensa de la madre cuestionó la solidez de algunos informes forenses sobre la viabilidad del neonato, sugiriendo en el juicio que incluso en condiciones distintas el desenlace hubiera sido el mismo. A partir de este argumento, la sala inició la exposición de los alegatos finales en el caso de la bebé hallada en un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, en noviembre de 2023, donde el Ministerio Público, según detalló el medio de comunicación, solicitó la pena de prisión permanente revisable para la progenitora y el tío del recién nacido.

Según publicó la fuente, la fiscal del caso mantiene que tanto la madre como su hermano actuaron con conocimiento del desenlace fatal al dejar a la menor en el contenedor: “Mataron a la bebé”, sostuvo la representante del Ministerio Público, quien reiteró que ambos “sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor, iba a morir”. El juicio concluyó y se anunció que el jurado recibirá el objeto del veredicto este jueves para iniciar la deliberación.

Por su parte, la defensa argumentó que en los hechos no se aprecia dolo ni intencionalidad, insistiendo que la mujer sufrió un aborto espontáneo el 2 de noviembre de 2023, lo cual, según la defensa, impide a cualquiera “pensar con claridad”. El abogado afirmó que reconocía la “reprobabilidad” de la actuación de la madre, pero rechazó la existencia de asesinato, solicitando en su lugar una condena por homicidio por imprudencia grave. El letrado de la madre sostuvo que la muerte del neonato respondería a su inviabilidad, aun habiendo recibido atención médica hospitalaria, e instó al jurado a considerar las “contradicciones” identificadas en el testimonio de los forenses convocados durante el juicio.

El Ministerio Público rebatió esta tesis, aludiendo que los acusados disponían de un hospital próximo pero eligieron eludir la asistencia y descartó la posibilidad de un delito por imprudencia al declarar: “Sabía que era su hija y tenían un hospital cerca. No hay una imprudencia. Hay una intención de quitarse del medio a la bebé”. Asimismo, la fiscal desestimó los argumentos de la defensa que afirmaban una falta de conciencia en la conducta de los acusados, enfatizando que los hechos evidencian conocimiento y determinación.

Se sumó a las discusiones la acusación a la hermana de la madre, para quien el Ministerio Público solicitó una sanción de 5.400 euros por un delito de omisión del deber de socorro, al considerar que estaba en condiciones de asistir, pero no lo hizo. La defensa de la hermana manifestó, en cambio, que la acusada no era consciente de lo que ocurría en el vehículo en el que transportaban al neonato.

Por otro lado, según reportó la fuente, la abogada defensora del tío argumentó que su cliente no presenció el momento de la expulsión fetal y que manipuló los restos sin saber el contenido que desechaba. Añadió que los hechos atribuidos a su cliente podrían reprocharse también a vecinas que observaron la situación. Explicó que si la crítica consiste en no llevar al bebé a un centro sanitario, esa misma omisión podría imputarse a otros testigos. “Lo que hizo nos parece una barbaridad, una desgracia, pero no es un delito. Estas personas no mataron a esta criatura”, sentenció.

Ambas defensas insistieron en la inviabilidad del recién nacido, reforzando la interpretación de que la muerte se produjo por causas naturales, independientes del acto de depositar al neonato en el contenedor. Apuntaron a la falta de oxígeno y a la imposibilidad de respirar como la razón “que no depende de nadie”, calificando los hechos como un aborto con desenlace fatal predestinado. Así también solicitaron que, si se considerara responsabilidad penal, se restrinja al homicidio por imprudencia, negando la calificación de asesinato.

En el marco del proceso se discutió además el tratamiento mediático del caso. La defensa del tío examinó el impacto de la cobertura periodística, sosteniendo que este abordaje habría amplificado los argumentos de la fiscal y marcado la percepción pública al presentar el caso como un crimen de máxima gravedad, cuando, a juicio de la defensa, se trató de un accidente.

El debate de los últimos alegatos evidencia la distancia entre la calificación de los hechos sostenida por la fiscalía y las posiciones de las defensas, especialmente en torno a la intencionalidad en la muerte y la viabilidad del neonato fuera de los servicios médicos. El jurado recibe ahora el encargo de fijar su veredicto tras la exposición de todas las partes, e identificar, en función de los argumentos y pruebas presentados, si se configura o no el delito de asesinato o si corresponde una condena de menor gravedad.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el próximo 19 de marzo se realizará una audiencia, en donde se resolverá si J. C. G. T. (41), el conductor acusado de haber arrollado y abandonado a la estudiante de 19 años, continuará detenido. Asimismo, el titular del juzgado deberá decidir si el expediente avanza a la siguiente instancia, es decir, el juicio oral.

El pedido fue presentado por Padovan el lunes de esta semana y derivó en el arresto del sospechoso por parte de la DDI de La Plata. Se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana, que quedó imputado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a las víctimas”.

El caso se remonta a la noche del 13 de febrero, cuando cerca de las 22:30 horas, Carill fue embestida cuando caminaba sola por la calle 96 en dirección a la avenida 3. La secuencia logró ser reconstruida gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos, que confirmaron que la víctima había descendido de un colectivo de la Línea Este, tras asistir a un curso de ingreso en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata.

De acuerdo con las filmaciones privadas incluidas en el expediente, se vio cómo un Chevrolet Meriva de color negro se acercó a la víctima y luego realizó un volantazo tras el impacto. Una declaración clave recogida en la investigación indicó que el conductor habría ejecutado maniobras imprudentes minutos antes del choque.

Tras el accidente, el responsable se dio a la fuga sin asistir a la joven. Esa noche, su familia había difundido una búsqueda en redes sociales para averiguar su paradero, hasta que fue hallada recién cerca de las 07:00 horas del día siguiente por un vecino.

Durante una comunicación con el 911, el hombre notificó que había encontrado un cuerpo en una zanja al costado del camino. Luego de que los médicos del SAME de La Plata la inspeccionaran en el lugar, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Poco después, la autopsia estableció que la causa fue producto de un “traumatismo encefalocraneano grave y síndrome asfíctico”. Estos detalles fueron vitales para que la UFI N° 12 pudiera argumentar los motivos para pedir la prisión preventiva, tras considerar que el imputado habría intentado entorpecer la investigación desde el minuto cero.

“El encartado no cumplirá con los trámites del proceso, tratará de eludir la acción de la justicia e intentará entorpecer la investigación”, advirtieron las autoridades, tras citar como ejemplo la actitud que tuvo J. C. G. T. al momento de los hechos. Así, mencionaron que el acusado le negó la asistencia a la víctima y se dio a la fuga, con la intención de “procurar su impunidad”.

En línea con esto, apuntaron que el estado de fuga del acusado generó un entorpecimiento a la investigación, debido a que no se pudo determinar en qué estado se encontraba al momento del accidente. Incluso, subrayaron que esto evitó que pudieran realizarle un test de alcoholemia.

Bajo el punto de vista del fiscal, el imputado presentó un comportamiento que implicaría “un total desprecio por la vida humana y por el respeto a la ley”. Asimismo, remarcaron que la víctima tampoco tuvo la “posibilidad de ser socorrida por ninguna persona o servicio de emergencia”, debido a que los hechos ocurrieron en plena noche.

“Las particularidades descriptas son las que repercuten en la intensidad del injusto y, por ende, en la pena en expectativa que se espera del resultado del procedimiento”, argumentaron, tras adelantar que pedirían una pena de entre 8 y 21 años de prisión. Así, en caso de que esta solicitud fuera aceptada, el acusado no tendría la posibilidad de pedir la excarcelación por la gravedad de los hechos juzgados.

Un informe pericial presentado a última hora por la defensa de Makoke originó el reciente aplazamiento del proceso judicial que mantiene enfrentados a la figura televisiva Kiko Matamoros y su expareja en la Audiencia Provincial de Madrid, según informó el medio. Ambos están acusados de ocultar bienes a la Agencia Tributaria para eludir el pago de una deuda que supera el millón de euros, situación que podría conllevar penas de prisión y cuantiosas indemnizaciones si se confirman los hechos.

Tal como detalló la fuente, el juicio se suspendió tras la entrega de la nueva documentación que, describen las partes, resultó ser un documento voluminoso aportado por la defensa de la modelo. Esta presentación propició que el fiscal del caso solicitara tiempo adicional al juez, con el objetivo de revisar minuciosamente el informe antes de continuar con el procedimiento. Tras la decisión del tribunal, la vista oral quedó pospuesta para el 17 de abril.

Según consignó el medio, Makoke, a la salida del juzgado, manifestó desconocer que la audiencia iba a ser suspendida. Por su parte, Kiko Matamoros mostró su desacuerdo con esa afirmación y sugirió que la presentación del informe podría ser una maniobra para demorar el desarrollo del caso, dado el escaso margen de antelación con el que se entregó el documento.

El proceso se centra en una supuesta ocultación de activos para evitar el pago de una deuda fiscal. De acuerdo con la información publicada, Matamoros enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión, mientras que para Makoke la petición se sitúa en cuatro años. Adicionalmente, ambos deben hacer frente a la reclamación de indemnizaciones de 636.697 euros en el caso de Matamoros y 471.900 euros en el de su exmujer.

El colaborador televisivo negó tener conocimiento previo del aplazamiento y afirmó ante los medios que lamenta la suspensión, dado su interés en poner fin al conflicto judicial. Aseguró sentirse tranquilo y expresó su deseo de que prevalezcan la verdad y el cumplimiento de la ley. En sus declaraciones, reseñadas por el medio, Matamoros subrayó que ya ha cubierto la deuda principal exigida por Hacienda y que su pendiente actual tiene que ver con intereses y sanciones.

Acerca de la gestión de las propiedades compartidas, Matamoros declaró que en su momento propuso la venta de uno de los dos inmuebles que tenía en común con Makoke para saldar la deuda con el fisco. Afirmó haber realizado esa sugerencia públicamente y en varias ocasiones, pero indicó que no fue aceptada, lo cual, según su criterio, podría haber evitado la actual situación judicial.

Según publicó la fuente, Matamoros insistió en que sus abogados solicitarán la absolución, sosteniendo su inocencia y apoyándose en que, a su juicio, la documentación y el seguimiento de los fondos permiten esclarecer las responsabilidades individuales. En referencia al papel de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, apuntó que ambas instituciones han trazado de forma precisa la ruta del dinero y su destino, por lo que considera que los hechos se encuentran debidamente acreditados.

En cuanto a la relación personal entre los implicados, el colaborador televisivo se abstuvo de dar detalles sobre el reencuentro en la sala ni de entrar en valoraciones personales respecto a su expareja. Igualmente, negó que se haya realizado intento alguno de llegar a un acuerdo sobre el conflicto inmobiliario o fiscal de las propiedades, enfatizando que su postura siempre ha sido clara respecto a la venta de los bienes compartidos como forma de resolver la deuda.

La siguiente cita, recogida por el medio, resume la postura de Matamoros: “La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. Con estas palabras, el acusado remarcó tanto su confianza en el proceso judicial como su intención de atender las obligaciones fiscales que restan.

El juicio, que involucra a dos personajes públicos por un presunto delito de ocultamiento patrimonial ante la administración tributaria, permanecerá paralizado hasta que el juez y el fiscal examinen la documentación recientemente presentada por la defensa de Makoke, tal como recoge la información facilitada por el medio. Las próximas fechas serán fundamentales para determinar la evolución del caso y la posible responsabilidad penal y económica de los implicados.

La defensa de Makoke presentó recientemente un extenso informe pericial acompañado de numerosa documentación ante la Audiencia Provincial, circunstancia que llevó al fiscal del caso a solicitar más tiempo para revisar estas nuevas pruebas. Según informó el medio, esta acción motivó el aplazamiento del juicio que involucra a Makoke y Kiko Matamoros, reprogramando la audiencia para el próximo 17 de abril.

El proceso judicial, según publicó el medio, estaba previsto para celebrarse este miércoles 18 de marzo. Kiko Matamoros y su exesposa Makoke enfrentan sendas acusaciones por presunta ocultación de bienes con el fin de eludir el pago de una deuda superior a 1 millón de euros con la Agencia Tributaria. Las peticiones del Ministerio Fiscal incluyen penas de cinco años de prisión para Matamoros y cuatro años para Makoke, además de indemnizaciones de 636.697 y 471.900 euros respectivamente. A estas cantidades se suman multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke.

Tal como detalló el medio, ambos acusados se presentaron en la sede judicial acompañados por familiares cercanos. Makoke acudió junto a su prometido, Gonzalo, y a su hijo Javier Tudela. Por su parte, el colaborador televisivo Kiko Matamoros llegó en solitario. Antes de ingresar a la sala, tanto Makoke como Matamoros manifestaron ante los medios su confianza en poder demostrar su inocencia y expresaron sentirse tranquilos a pesar del elevado perfil mediático del caso.

La suspensión de la vista judicial se produjo luego de que la defensa de Makoke hiciera entrega de nueva documentación pericial. La extensión y complejidad del informe entregado llevó al fiscal a solicitar un plazo adicional para su análisis. En consecuencia, el tribunal optó por aplazar la sesión hasta el 17 de abril, aplazamiento que según consignó el medio, fue inesperado incluso para los propios implicados.

Al atender brevemente a la prensa tras abandonar la Audiencia Provincial, Makoke manifestó: “Se ha suspendido, no puedo decir nada más. No puedo decir nada porque yo de verdad que nunca me he hablado cuando un tema está judicializado. No me voy a pronunciar. Estoy tranquila, confío en la justicia, ya lo he dicho y no voy a no puedo hablar nada más de verdad. Yo no tenía ni idea de que se iba a suspender”. El medio consignó que Makoke se encontraba visiblemente nerviosa, flanqueada por su hijo, y reiteró su confianza en el sistema judicial cuando se le preguntó si seguía creyendo en la justicia. Subrayó que lo único que desea es que el proceso termine, anotando que el procedimiento lleva más de siete años en curso.

Durante la comparecencia en la Audiencia, ambos implicados coincidieron dentro del juzgado por primera vez tras varios meses, aunque según relató el medio, no intercambiaron palabra a pesar de estar sentados bastante cerca. Makoke eludió hacer comentarios sobre el tenso reencuentro con Matamoros y no respondió si al menos se habían saludado. Frente a la insistencia de los reporteros, insistió en su posición de no declarar nada sobre un proceso en marcha: “A ver, es que no voy a decir nada. Yo os entiendo, pero no voy a decir nada”.

Otro aspecto aclarado por Makoke, según reportó el medio, fue la identidad de uno de los testigos propuestos por su defensa. La modelo confirmó que la persona desestimada por el juez no corresponde a su pareja sentimental, Gonzalo, sino a Gonzalo, el inspector.

La causa abierta contra Makoke y Kiko Matamoros deriva de una investigación impulsada por la Agencia Tributaria, que acusa a ambos de haber ocultado parte de su patrimonio con el propósito de evitar la ejecución de embargos por una deuda fiscal. De acuerdo con los datos publicados por el medio, esta cantidad superaría el millón de euros, lo que determinó la gravedad de las penas solicitadas por el fiscal. El monto reclamado por la Agencia Tributaria, junto con las indemnizaciones y sanciones, expone a ambos a importantes responsabilidades económicas en caso de ser hallados culpables.

Según relató el medio, el procedimiento experimenta largas dilaciones y suma hasta la fecha más de siete años de tramitación, durante los cuales las partes han aportado material probatorio y han sostenido disputas sobre la validez de las pruebas propuestas.

El juicio, ampliamente seguido por la prensa debido a la notoriedad pública de los acusados, continúa generando expectativa frente a la próxima fecha dispuesta para la vista oral. El medio detalló que tanto la defensa de Makoke como la de Kiko Matamoros mantienen su estrategia de buscar demostrar la inocencia de sus representados, mientras que la acusación de la Agencia Tributaria se centra en las pruebas documentales y en informes periciales relativos a los movimientos patrimoniales de los implicados.

El medio también subrayó que la presentación del nuevo informe pericial y la cantidad de documentación adjunta transformó de modo sustancial el desarrollo inicial previsto para la vista, abriendo la necesidad de examinar y cotejar nueva información antes de avanzar con las declaraciones y análisis de evidencia en el proceso judicial que involucra a Makoke y Kiko Matamoros.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que argumenta la permanencia en prisión de los acusados señala que existen otras conductas graves atribuidas a los imputados en procedimientos diferentes, más allá de los hechos específicos por los que serán enjuiciados en las próximas semanas. Además, se resalta que la inminente celebración del juicio y la gravedad de las condenas que enfrenta cada uno de los investigados agravan el riesgo de que puedan sustraerse a la acción de la justicia. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, tanto el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular han solicitado al Tribunal Supremo que rechace las peticiones de puesta en libertad presentadas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el proceso por las presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Europa Press informó que ambos se encuentran desde el 27 de noviembre en el centro penitenciario de Soto del Real, tras la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente. El juez consideró necesario adoptar la medida atendiendo al riesgo “extremo” de fuga, la solidez de los indicios recabados contra los imputados, la cercanía del comienzo del juicio oral y las elevadas peticiones de encarcelamiento. Según publicó el medio, para la Fiscalía resulta imprescindible que Ábalos y García permanezcan en prisión provisional comunicada y sin fianza, en tanto que la medida evitaría que ambos puedan evadir el proceso judicial actualmente en curso.

Los escritos aportados al Supremo por acusaciones populares atribuyen “claramente intensificado” el peligro de fuga tras los últimos desarrollos procesales. Se destaca que la sala ha desestimado todas las cuestiones previas planteadas por los procesados, lo cual, según el PP citado por Europa Press, incrementa la probabilidad de que los acusados intenten eludir la justicia. Las defensas habían esgrimido el arraigo familiar y social de sus representados para solicitar la libertad provisional, pero tanto la Fiscalía como las acusaciones consideran que dichos vínculos no neutralizan el riesgo, dado que en pocos días dará inicio la vista oral y las penas reclamadas resultan especialmente elevadas.

Según detalló Europa Press, el Ministerio Público solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión. Para su exasesor Koldo García la petición alcanza los 19 años y medio de cárcel, ambos por presunta pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. Además, el fiscal pide 7 años de prisión para Aldama, quien ya habría admitido los hechos atribuidos en la acusación.

En los documentos entregados por las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, se eleva la petición para Ábalos y García hasta 30 años de prisión para cada uno, según consignó Europa Press. Sin modificar la solicitud de pena contra Aldama, que coincide con la de la Fiscalía. Los escritos dirigidos al alto tribunal recalcan que la proximidad de la jornada inaugural del juicio oral añade presión sobre los acusados y aumenta el riesgo de que decidan eludir el proceso judicial.

Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Supremo ha fijado para el día 7 de abril el inicio del juicio oral, que comprenderá trece sesiones distribuidas en turnos de mañana y tarde. Los indicios recabados durante la fase de instrucción, aunados a la negativa judicial a los planteamientos de los acusados, configuran un contexto en el que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares consideran ineludible dar continuidad a la medida de prisión provisional para Ábalos y García.

La gravedad de los delitos imputados y la magnitud de las penas solicitadas se esgrimen como factores clave en los fundamentos de la Fiscalía y del PP, según consignó el medio. Ambos sostienen que, pese a las alegaciones de las defensas en relación con los lazos personales y sociales de sus representados, el riesgo de fuga permanece elevado. El argumento principal, de acuerdo al material revisado por Europa Press, es que la magnitud de las penas reclamadas y la cercanía del juicio constituyen incentivos suficientemente fuertes para que cualquiera de los imputados pueda intentar sustraerse al procedimiento.

También se refleja en los escritos el recordatorio de que, a pesar del tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión y las distintas alegaciones formuladas por los acusados, no han surgido elementos nuevos que permitan considerar la rebaja del riesgo de fuga. Así lo sostienen tanto la Fiscalía como las acusaciones lideradas por el PP, apoyándose en la secuencia de decisiones judiciales y en la persistencia de conductas que, en su valoración, justifican la continuidad de la prisión preventiva.

En suma, el proceso judicial continuará con los imputados bajo custodia y con la expectativa puesta en el desarrollo de la vista oral, en la que se dilucidarán las responsabilidades penales derivadas de los hechos investigados. Las posturas expresadas ante el Tribunal Supremo por el fiscal jefe de Anticorrupción y las acusaciones populares, según remarcó Europa Press, subrayan el convencimiento de que la prisión provisional sigue siendo la medida más adecuada para garantizar la comparecencia de los procesados ante la justicia.

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Valladolid ha sido anulada por no ajustarse al ordenamiento jurídico. La Asociación Liberum, parte demandante en el proceso, ha difundido a través de X la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En la publicación, la asociación incluye fragmentos de la sentencia que recoge la condena al Ayuntamiento, actualmente gobernado por PP y Vox.

La sentencia del TSJ supone un nuevo contratiempo judicial para el ejecutivo vallisoletano, que además debe asumir las costas tras perder el recurso. No es la primera vez que el Ayuntamiento se enfrenta a una decisión desfavorable. En una resolución anterior, el Alto Tribunal ya anuló la Ordenanza de Movilidad aprobada en octubre de 2023, estimando el recurso presentado por Ecologistas en Acción y dejando sin efecto la reversión de carriles bus y taxi.

Ante este nuevo revés, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Herrero, ha reaccionado rápidamente en redes sociales. “Otro éxito de gestión y otro varapalo judicial”, ha escrito Herrero en su cuenta de X, haciéndose eco del fallo y apuntando a sus adversarios políticos, en medio de los días de resaca de las elecciones de la comunidad autónoma.

Sentencia contra ZBE

El fallo, firmado por cuatro magistrados, estima la demanda presentada por el procurador Andrés Martínez de Marigorta Menéndez en representación de la parte recurrente. La sentencia declara expresamente que “por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, se declara nula”. Además, la resolución impone las costas procesales al Ayuntamiento de Valladolid, que había aprobado la ordenanza en octubre de 2024 y la publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en noviembre del mismo año.

El tribunal indica que la resolución “deberá publicarse en legal forma” y avisa de que la sentencia será firme si no se presenta recurso de casación en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación. En ese caso, el recurso deberá presentarse ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, salvo que el motivo esté relacionado con normas de la comunidad autónoma, en cuyo caso corresponderá al propio TSJ de Castilla y León.

La decisión supone un revés para la implantación de la ZBE en la ciudad y obliga al Ayuntamiento a asumir los costes del proceso judicial. Esta normativa se está implantando en diferentes lugares del país, pero existen unas limitaciones legales que cumplir para poder abordarla, lo que ha provocado la suspensión en la ciudad de Valladolid.

El Ayuntamiento habrá tramitado la ordenanza sin un proyecto previo adaptado a la normativa de 2022. El colectivo demandante argumentó que la ZBE se aprobó sin cumplir este requisito esencial. El consistorio defendía que el Plan de Movilidad Urbana Segura y Sostenible de 2021 era suficiente, pero el tribunal rechaza esa justificación, señalando que dicho plan es anterior a las exigencias legales actuales y no puede suplirlas. La sentencia destaca la contradicción del Ayuntamiento al basarse en un plan previo y aprobar a la vez el proyecto necesario. La resolución declara nula la ZBE.

Casi cuatro años después de aquel violento episodio en Mar del Plata en el que Martín Mora Negretti -quien había salido a festejar su cumpleaños- murió apuñalado tras una discusión con un grupo de personas que arrojaba bolsas de hielo desde un séptimo piso, comenzó el debate judicial contra los acusados. El ataque ocurrió en junio de 2022.

Durante la primera audiencia del juicio oral que se desarrolló este martes en el Tribunal Oral Nº 2 de la ciudad balnearia, el padre de la víctima, Luis, solicitó “la máxima condena” para los responsables del homicidio. El principal imputado es Julio César Bibbó, mientras que Marilyn Brisa Vera González (quien era su pareja al momento del hecho) será juzgada bajo la modalidad de juicio por jurados en una instancia posterior.

En declaraciones a La Capital de Mar del Plata, el padre de Mora Negretti aseguró que “fue muy doloroso revivir toda esa situación” y resaltó que pidió “una condena ejemplar para los dos delincuentes estos, que no salgan más y se pudran ahí adentro“. Ante los jueces, Luis expresó su deseo de que “estén a la altura de las circunstancias y que el corazón los haga ver que tienen hijos y sobrinos y nietos que merecen vivir en paz. Que les den la condena que corresponde que es perpetua”.

“No sólo perdí a mi hijo sino que luego también murió mi mujer como corolario, que se deprimió, se enfermó de leucemia y se murió un año después. Se dieron el gusto de destruir dos familias, la de Mariela, la novia de Martín, y la mía que quedé solo y me tuve que ir a vivir a Carlos Paz por prescripción médica… Me tuve que ir de la ciudad”, reflexionó Luis ante el tribunal. En el transcurso de la jornada, el hombre agradeció el apoyo de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Municipalidad.

Durante la audiencia, afirmó su compromiso de buscar justicia y ante la prensa se refirió la reciente sanción de la ley de baja de imputabilidad. “Yo le prometí a mi hijo que iba a sacar el proyecto de ley de baja de imputabilidad y salió, hoy está en la calle; ahora tengo que cumplirle con que tenga la justicia que merece”.

En el inicio del debate, declararon los cuatro testigos presenciales del crimen ante los jueces Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker Schroder. El primero en testimoniar fue Valle, el amigo de la víctima que resultó herido durante el ataque. Posteriormente declararon las dos mujeres que acompañaban a los jóvenes y un cuarto testigo. Los tres identificaron a Bibbó como el agresor, un joven con antecedentes previos por robo, hurto y amenazas.

La noche del crimen

El hecho ocurrió la madrugada del 19 de junio de 2022, cuando Negretti y su grupo aguardaban en una parada de colectivos en la intersección de Sarmiento y Rawson, en Mar del Plata.

Tras una discusión verbal con un grupo que arrojaba bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio, Bibbó, Vera González y otras personas bajaron a la calle y atacaron a los jóvenes.

Negretti, que había viajado a su ciudad natal desde la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar su cumpleaños, recibió al menos seis heridas de arma blanca en la espalda y falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Su amigo resultó con heridas leves y fue dado de alta pocas horas después.

La pareja de agresores enfrenta cargos por la presunta coautoría de “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y con la participación de menores de edad”, además de tentativa de homicidio en perjuicio del amigo de la víctima.

Entre el grupo de agresores había dos adolescentes de 13 y 14 años que estuvieron detenidos algunas semanas pero luego recuperaron la libertad por ser inimputables.

La Procuraduría informó en la mañana del 17 de marzo de 2026 que inició proceso disciplinario contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por su posible implicación en irregularidades durante la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, ocurrida en noviembre de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.

La entidad determinó que existían antecedentes judiciales y órdenes activas contra el interno cuando salió de la cárcel el 29 de noviembre de 2022.

Entre los funcionarios bajo investigación se encuentran el exdirector de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, el funcionario del área jurídica Fabián Solano y el guardián Wiliam Salas. La Procuraduría sostiene que los implicados autorizaron la excarcelación sin haber revisado de manera rigurosa las bases de datos judiciales, omisión que constituye un paso obligatorio antes de conceder la libertad a cualquier recluso.

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El pliego de cargos apunta a que, pese a los antecedentes y requerimientos judiciales activos contra Zuluaga Lindo, los funcionarios no cumplieron con el procedimiento para verificar su situación legal. La información aportada por la Fiscalía General un día antes de la excarcelación advertía sobre una boleta de detención por el delito de tráfico de estupefacientes agravado, lo que reafirmaba la obligación de mantener al interno bajo custodia.

La revisión del expediente confirmó, además, que un habeas corpus presentado en favor de Zuluaga Lindo había sido rechazado por un juez penal. Por tanto, no existía respaldo judicial para su liberación inmediata, lo que descarta cualquier fundamento legal para la excarcelación ocurrida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.

La Procuraduría consideró que la conducta de los funcionarios podría constituir una falta disciplinaria gravísima, cometida bajo la figura de culpa gravísima. Según la entidad, estas acciones facilitaron o permitieron la liberación irregular de una persona que debía permanecer privada de la libertad, lo que representa un riesgo para la confianza ciudadana y el buen funcionamiento del sistema penitenciario.

El Ministerio Público destacó que el objetivo de la investigación es preservar la legalidad, la moralidad administrativa y la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la custodia penitenciaria, así como asegurar que las decisiones judiciales se ejecuten de manera efectiva.

En síntesis, la Procuraduría abrió el pliego de cargos tras detectar que los procedimientos obligatorios para la excarcelación no se cumplieron, a pesar de las advertencias y documentación judicial existente. La investigación sigue en curso y busca determinar las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios implicados.

Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como Gordo Lindo, salió de prisión en Bogotá en noviembre de 2022, luego de que una resolución judicial considerara saldada su condena. A pesar de esto, seguía vinculado a más de 50 procesos penales y tenía una medida de aseguramiento vigente.

Su excarcelación se produjo por vacíos y descoordinación entre instancias judiciales y administrativas, de acuerdo a declaraciones del director del sistema penitenciario, Daniel Gutiérrez.

Zuluaga Lindo, nacido en Cali en 1970, inició su actividad delictiva en la década del noventa, consolidando su propia red de exportación de cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero. Cambió varias veces de identidad para evadir a la justicia y estableció alianzas con grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, aportando recursos a cambio de protección para sus cargamentos.

En 2005, participó en la desmovilización paramilitar presentándose como combatiente, pero investigaciones posteriores demostraron que sólo pagó para figurar en ese proceso, buscando evitar la extradición.

La inclusión fraudulenta de narcotraficantes en la desmovilización generó divisiones dentro de las AUC y, según algunas versiones, influyó en el asesinato de Carlos Castaño. Tras ser excluido de Justicia y Paz, Zuluaga fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y, luego de cumplir su condena, regresó a Colombia en 2018, siendo encarcelado nuevamente.

En 2022, un juez autorizó su liberación, aunque seguía enfrentando numerosos procesos. La liberación de Gordo Lindo refleja las debilidades del sistema judicial y penitenciario colombiano, donde la falta de coordinación y los vacíos legales permitieron su excarcelación pese a su historial y causas pendientes.

La petición de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol de responder por escrito a las preguntas judiciales ha puesto el foco en la relación entre sus actuales responsabilidades institucionales y el proceso por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria. El Tribunal Supremo ha dado margen de tres días a las partes, tanto acusaciones como defensas, para pronunciarse sobre esta solicitud. Según informó Europa Press, la decisión final podría condicionar la forma en la que ambos actuales altos cargos participarán como testigos en el juicio.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Supremo consultó a las partes personadas tras recibir la solicitud del ministro Torres y la presidenta del Congreso, Armengol. Ambos han alegado su condición de expresidentes autonómicos y sus funciones actuales: Torres ocupa la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gobierno central, mientras que Armengol es presidenta del Congreso de los Diputados. Se amparan en la normativa que permite a determinadas autoridades no comparecer de forma presencial para testificar y, en su lugar, comparecer por escrito.

El proceso judicial se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante la adquisición de material sanitario en la pandemia, siendo investigados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La causa investiga los contratos adjudicados a la compañía Soluciones de Gestión, señalada en la instrucción como epicentro de la trama.

Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Supremo ha preguntado tanto a las defensas como a las acusaciones si consideran adecuado que los testigos Torres y Armengol puedan acogerse a la prerrogativa legal para testificar por escrito. El órgano judicial especificó que el testimonio admitido deberá estar vinculado estrictamente al ejercicio de sus cargos al momento de producirse los hechos investigados. Además, los magistrados solicitaron a las partes que determinen cuál debe ser el contenido concreto sobre el que versará el informe conforme al artículo invocado por los comparecientes.

Según detalló el medio, Torres y Armengol están citados para el próximo 22 de abril, fecha en la que se plantea su comparecencia acerca de la concesión de contratos de mascarillas en sus respectivas etapas como presidentes autonómicos de Canarias y Baleares. La instrucción estudia la adjudicación a favor de Soluciones de Gestión durante el periodo de emergencia sanitaria, así como la posible implicación de diferentes responsables públicos y privados en los hechos bajo investigación.

Europa Press recoge que la providencia dictada por el Tribunal Supremo requiere a las partes que respondan en un plazo de tres días hábiles si consideran pertinente que los testigos declaren por escrito en función de su condición institucional, o si estiman que el contenido de su testimonio supera las competencias propias de sus cargos. El alto tribunal también solicitó a las partes que concreten los aspectos sobre los que debería versar el informe escrito, en caso de considerar procedente esta modalidad de declaración.

En todo el procedimiento, el Tribunal Supremo evalúa los límites de la prerrogativa que asisten a quienes ostentan determinados cargos institucionales, y cómo aplicarla a testigos cuya declaración resulta relevante por su posible conocimiento de hechos vinculados a la causa.

La decisión sobre si Torres y Armengol testificarán presencialmente o por escrito gravita sobre interpretaciones jurídicas que deberán realizar tanto los letrados de las partes como los propios magistrados, en función del contenido de los testimonios que haya sido declarado pertinente. Europa Press indica que este pronunciamiento influirá en la dinámica del juicio, ya que el testimonio de ambos asistentes institucionales se considera relevante para esclarecer los términos en los que se adjudicaron contratos de material sanitario a la empresa investigada durante la gestión de la emergencia por parte de sus gobiernos autonómicos.

En este contexto, las testificales solicitadas aportarán información sobre los procedimientos y decisiones adoptadas a lo largo del proceso de contratación, lo que podría arrojar luz sobre el grado de conocimiento y la participación directa o indirecta de los entonces presidentes autonómicos en las gestiones bajo sospecha. Según Europa Press, los implicados en la causa deberán poner de manifiesto si ven ajustado a derecho que los testigos ejerzan su derecho a la declaración por escrito, y cómo esto puede afectar al desarrollo de la vista oral.

El interrogante que plantea el Tribunal Supremo sobre la relación del testimonio con el ejercicio del cargo de Torres y Armengol se fundamenta en la subsistencia o no de sus competencias administrativas al momento de los hechos, lo que incidirá en la validez y utilidad probatoria de la declaración que eventualmente realicen, ya sea presencialmente o mediante respuesta escrita según las previsiones legales.

El calendario procesal fijado dispone que ambos responsables institucionales comparezcan como testigos el 22 de abril, día en que deberán abordar cuestiones vinculadas a las decisiones tomadas por sus respectivos gobiernos autonómicos acerca de los contratos investigados. Las respuestas de las partes al tribunal serán determinantes para orientar cómo se celebrará la comparecencia y en qué términos se podrán formular y responder las preguntas que resulten oportunas para el esclarecimiento de los hechos, tal como ha publicado Europa Press.

Santo Domingo, 16 mar (EFE).- Un tribunal dominicano aplazó para el 6 de abril el inicio del juicio preliminar por presunto homicidio involuntario contra propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se vino abajo la madrugada del 8 de abril de 2025 y causó la muerte de 236 personas y más de un centenar de heridos.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó el comienzo del juicio para incluir en el proceso a la madre de los hermanos acusados, así como a la Alcaldía de Santo Domingo y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por presunta responsabilidad civil.

Los hermanos y empresarios Antonio y Maribel Espaillat han sido acusados por el Ministerio Público de ser responsables de la tragedia, tras un estudio oficial que determinó que esta ocurrió por la sobrecarga a la que fue sometido el techo durante años y al presunto descuido de estos de reparar el techo.

El tribunal desestimó hace dos semanas la petición de los hermanos Espaillat de realizar su propio estudio sobre el siniestro.

Entre los fallecidos en el lugar estuvieron el merenguero Rubby Pérez, quien animaba una fiesta, los exjugadores del béisbol de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de la provincia de Montecristi (noroeste), Nelsy Cruz, y el diseñador de modas Martín Polanco.

La tragedia enlutó prácticamente a todo el país, pues perdieron la vida bajo los escombros decenas de personas de diversos estratos sociales de la población. El lugar era uno de los centros de diversión más populares de la capital dominicana.

El juez Raymundo Mejía informó que conocerá sobre el juicio preliminar los lunes y viernes.

Decenas de familiares acudieron a la audiencia, varios de los cuales gritaron "asesinos" a los hermanos Espaillat cuando estos salían de la sala tras el aplazamiento, comprobó EFE.

El abogado de los acusados dijo a los medios que la madre de estos reside en Estados Unidos y que sufre de Alzheimer, pero que acogen la decisión del juez y procederán a facilitar las informaciones de lugar para que la mujer reciba la citación.

"La Justicia está fortalecida, creemos en la Justicia, creemos en los jueces y una demostración de eso fue que se quería (realizar otro) un peritaje y el juez lo negó, lo que significa que hay un proceso y hay una intención de que se logre justicia", dijo a los medios Winston Mejía, quien perdió a una hija en la tragedia.

El deudo pidió "cárcel" para los propietarios de la discoteca afectada por siniestro, al expresar que estos sabían "durante años" las circunstancias del techo y que, incluso, horas antes del desplome, fueron presuntamente advertidos de la caída de arena y agua hacia el interior del centro de diversión.

Uno de los elementos señalados durante la segunda sesión del juicio fue el conflicto inicial entre los implicados, derivado de una fuga de agua en un tercer piso que afectó varias viviendas en el barrio de El Torrejón, en Huelva. Según publicó Europa Press, la disputa se intensificó después de que el principal acusado exigiera a la víctima el pago de unos 3.000 euros, equivalentes a medio millón de pesetas, para reparar los daños causados. Este contexto antecedió la reyerta que resultó en la muerte del hombre de 48 años, hecho por el cual la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva juzga a once personas desde el viernes anterior.

Las declaraciones de dos hermanas de la víctima, recogidas por Europa Press, identificaron directamente al principal acusado como el responsable de la puñalada mortal. Estas testigos relataron ante el jurado popular que ese mismo día el presunto agresor amenazó de muerte a su hermano, diciéndole que lo tenía "en el punto de mira" y que "reuniría a toda su familia" para matarlo. Añadieron que avisaron a la Policía tras escuchar las amenazas, pero los agentes no llegaron a tiempo para evitar los hechos. Precisaron que observaron a varios de los acusados, algunos armados con palos, bates de béisbol, navajas y adoquines, bloquear el paso para impedirles socorrer a su hermano y que ellas mismas recibieron amenazas para que no intervinieran.

Sobre la acusación, el Ministerio Fiscal solicita para el principal acusado una condena de 15 años de prisión por homicidio. Para otras cinco personas, también acusadas de homicidio, la petición es de 13 años de cárcel para cada una. Estas seis personas son consideradas coautoras y, según detalló Europa Press, la Fiscalía exige que indemnicen de manera conjunta a la madre del fallecido con 54.295 euros y con 20.350 euros a cada uno de los hermanos. Para los otros cinco procesados, señalados únicamente de un delito de lesiones cualificadas, la petición es de cuatro años de cárcel por persona.

Las acusaciones particulares, que representan a la madre y a varios hermanos de la víctima, solicitan penas más severas y consideran que existieron alevosía y ensañamiento durante los hechos. Europa Press informó que para cada uno de los once acusados la pena solicitada por estas acusaciones asciende a 25 años de prisión por asesinato, bajo el argumento de que hubo una colaboración y autoría conjunta en la muerte del hombre, tesis reforzada por los alegatos de otras dos acusaciones particulares que representan a distintos familiares.

Los abogados defensores han tomado una postura de rechazo hacia las declaraciones de las hermanas de la víctima. Durante la vista, uno de los defensores solicitó que se incluyeran en el proceso las testificaciones realizadas por ambas durante la instrucción, señalando presuntas contradicciones con su relato actual. Europa Press relató que, en su versión inicial, las hermanas habrían asegurado no haber visto el lugar exacto donde ocurrió la puñalada o afirmado que la herida estaba en el abdomen, cuando la versión de este lunes la situó en la zona lumbar derecha, resultando en la muerte instantánea al alcanzar el corazón. Además, el abogado insistió en que los testimonios presentaron incongruencias acerca de los objetos que los acusados portaban y de quiénes los portaban.

Otro de los abogados defensores criticó el proceso de investigación, alegando que ni la instrucción ni la investigación permitieron identificar al autor material de la herida mortal, a pesar de que el cuerpo de la víctima presentaba un total de 27 lesiones, de las cuales solo una, la puñalada, fue letal. Subrayó el hecho de que en la reyerta participaron al menos 50 personas y que la selección de los once procesados obedeció a un criterio no fundamentado, según recogió Europa Press.

Algunos abogados de la defensa también se apoyaron en la hipótesis de que el origen del conflicto no radicó tan solo en el problema de la fuga de agua, sino que estaba vinculado, según afirmaron, al supuesto acoso de la víctima hacia una hija adolescente del presunto autor de la puñalada. Defendieron además que la víctima era una persona problemática y sostienen que durante la reyerta la propia víctima se presentó en la vivienda del principal acusado portando un cuchillo de grandes dimensiones con el que habría herido a dos de los procesados.

Durante el juicio, un hermano del fallecido prestó testimonio y relató que se enteró del incidente al llegar al lugar y encontrarlo ya en el suelo, sin vida, rodeado de armas blancas. Dijo que supo del peligro para su hermano porque presenció la reunión familiar en la vivienda del principal acusado, interpretando este hecho como una señal de posible enfrentamiento, por lo cual decidió alertar al fallecido. Negó categóricamente la versión de que su hermano portara una navaja cuando ocurrió el ataque, según consignó Europa Press.

Las declaraciones de los testigos y las alegaciones jurídicamente opuestas de las diferentes partes marcaron la segunda jornada del juicio, en la que se mezclaron los relatos de amenazas previas, denuncias por incongruencias en los testimonios y acusaciones cruzadas sobre el origen y la escalada del conflicto. El proceso continúa con la revisión de más testificales, la valoración de las pruebas y la expectativa de nuevas intervenciones de las partes, mientras el jurado popular analiza las pruebas, los argumentos y los interrogatorios presentados en la Audiencia Provincial de Huelva.

“A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”. Con esa frase, pronunciada al levantarse del estrado tras su indagatoria en el juicio por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner cerró el 2 de diciembre de 2019 una de las escenas más recordadas de aquel proceso. Era vicepresidenta electa y enfrentaba por primera vez un juicio oral sentada en el banquillo de los acusados.

Seis años después, la ex presidenta volverá a ocupar este martes el mismo sillón, en el mismo lugar, en la misma sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, de cara a otros jueces que la juzgan como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en el caso Cuadernos.

Una indagatoria para todos

La audiencia está prevista para este martes desde las 9 ante el Tribunal Oral Federal 7. La indagatoria también será presencial pero transmitida en vivo por YouTube, por lo que podrá ser seguida en directo por el público.

A fines del 2019 y sin que nadie pudiera anticipar la virtualidad obligada que llegaría con la pandemia de Covid, la regla en Comodoro Py 2002 era la presencialidad. La defensa a cargo del abogado Carlos Beraldi había reclamado sin éxito la transmisión en vivo de esa declaración.

“¿Preguntas? Preguntas tienen que responder ustedes, no yo”, sentenció CFK también ese día de 2019, cuando se levantó al finalizar su declaración, y los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quisieron saber si iba contestar preguntas después de casi tres horas de una exposición ininterrumpida.

La segunda cita

Este martes 17 desde las 9 la escena será otra: comparecerá detenida, ya que se encuentra bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. Ya tiene condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, aquella donde cuestionó de esa manera a los magistrados.

Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, integrantes del tribunal que lleva adelante el juicio de los Cuadernos, coordinaron ya su traslado con el Tribunal Oral Federal 2, que es el que controla la ejecución de la pena en Vialidad. Saldrá de su casa en San José 1111 con su custodia habitual y un radio extendido de alcance para su tobillera electrónica por el tiempo que dure el trámite judicial.

Será el primer desafío del pase a un sistema mixto -presencial y virtual- para el juicio que empezó en noviembre pasado por Zoom. Además, el Tribunal se trasladará de su sede en el Palacio de Justicia a Comodoro Py.

El secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Montesano Rebón, estuvo a cargo de tramitar los pedidos de asistencia y colaboración del Tribunal como el operativo de seguridad que será estricto, la seguridad de los jueces y sus empleados, un lugar donde instalarse, además de la sala de audiencias.

En la sala de audiencias estarán mañana la fiscal general de juicio Fabiana León y su equipo de trabajo, las defensas de los acusados convocados a declarar, público y prensa que se acrediten. Hay lugar para 200 personas en total.

Tras la declaración de Cristina Kirchner, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia de Once. Será trasladado desde el penal y según anticipó su defensa se negará a declarar pero tendrá que sentarse ante los jueces y dar sus datos personales.

En la semana última se rechazó un pedido de sus abogados para que se lo deje hablar por videoconferencia desde la cárcel ante cuestiones de salud.

El listado de esta primera jornada se completa con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas, o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Finalizada esta audiencia se establecerá un cronograma para los restantes 78 acusados.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obras públicas.

La disputa que antecedió a la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón en Huelva tuvo su origen en un conflicto vecinal relacionado con filtraciones de agua y una reclamación de dinero, según expusieron testigos durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva. La sesión permitió a los familiares de la víctima relatar los hechos que desencadenaron la reyerta del 16 de septiembre de 2020 y señalar directamente a uno de los once acusados como responsable de la puñalada mortal, en un contexto de amenazas previas y enfrentamientos entre las partes. El medio Europa Press recopiló las declaraciones que formaron el eje central de esta jornada procesal, en la que las defensas, por su parte, denunciaron contradicciones en los testimonios.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, dos hermanas del fallecido identificaron a un procesado como el autor del ataque letal, indicando que ese mismo día había amenazado de muerte a su hermano. Ambas detallaron que la disputa se originó tras la exigencia de un pago de 500.000 pesetas (la cantidad aproximada de 3.000 euros), que el acusado atribuía a la necesidad de reparar los daños provocados por una fuga de agua que, según su versión, tenía origen en la vivienda de la víctima. Según su testimonio, hubo advertencias directas: “Lo tengo en el punto de mira”, habrían sido las palabras usadas, acompañadas de la intención de reunir a la familia para confrontar a la víctima. Las hermanas afirmaron que alertaron a la Policía antes de que se produjeran los hechos, aunque la respuesta llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias fatales.

Durante la jornada, el jurado escuchó cómo estas testigos describieron la pelea como una “carnicería”, asegurando que varios de los involucrados portaban palos, bates de béisbol, navajas y adoquines, lo que impidió que ellas pudieran auxiliar a su hermano durante la agresión. Asimismo, mencionaron que quienes participaron en la confrontación desplegaron una violencia que no solo tuvo como blanco a la víctima, sino que incluyó amenazas para impedir que cualquier intervención de terceros alterara el curso de los hechos.

Europa Press detalló que la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para el principal acusado, bajo el cargo de homicidio, y trece años de prisión para otros cinco procesados calificados como coautores. Además, la acusación solicita una indemnización conjunta de 54.295 euros para la madre de la víctima, ya fallecida, y 20.350 euros para cada hermano del fallecido. Para otros cinco imputados se exige una condena de cuatro años por lesiones calificadas.

Por otra parte, la acusación particular que representa a la madre y algunos de los hermanos del fallecido eleva la solicitud de pena a 25 años de cárcel para cada inculpado, al considerar que concurrieron circunstancias agravantes como alevosía y ensañamiento. Esta postura es compartida por los representantes legales de otros familiares, que insisten en la existencia de colaboración y autoría conjunta entre los acusados.

En el transcurso de la sesión, los abogados defensores solicitaron la libre absolución del principal acusado, argumentando la supuesta imposibilidad de identificar con certeza al autor de la puñalada fatal. Uno de los representantes legales sostuvo ante el tribunal que las declaraciones presentadas por las hermanas de la víctima contienen contradicciones respecto a sus versiones iniciales, particularmente en lo referente al lugar exacto del impacto y el objeto que habría sido utilizado. Según recogió Europa Press, señalaron diferencias, por ejemplo, respecto a si la herida fue en el abdomen, como relataron al inicio de la instrucción, o en el costado lumbar derecho, como aseguraron durante el juicio, y cuál fue el arma utilizada.

Otra defensa alegó fallos en la instrucción y en la investigación, cuestionando cómo, en un enfrentamiento en el que participaron cerca de 50 personas y hubo 27 lesiones en el cuerpo de la víctima, solo la puñalada se consideró letal y únicamente se imputó a once personas seleccionadas “sin criterio aparente”.

Europa Press informó que entre los argumentos presentados por las defensas figura que las disputas tendrían su origen en acusaciones de “acoso” por parte de la víctima a una menor de 14 años, hija del principal acusado por el apuñalamiento. Igualmente, defendieron la idea de que el fallecido tenía antecedentes problemáticos en el vecindario y, según lo expuesto ante el tribunal, habría acudido el día de los hechos al domicilio del principal acusado armado con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que presuntamente hirió a dos acusados.

Las hermanas, en contraste, manifestaron ante el jurado que su hermano gozaba de una buena relación con los vecinos y que el origen del conflicto había sido estrictamente un problema derivado de la gotera que afectaba su vivienda y la del acusado. Explicaron que la convivencia se deterioró a raíz de los daños por la filtración, lo que llevó a que se reclamara el pago para una reparación que el acusado consideraba responsabilidad del fallecido.

El relato se completó con el testimonio de otro hermano, quien explicó que al llegar al lugar de los hechos encontró a la víctima ya en el suelo tras la pelea. Aseguró que intentó alertarle del peligro luego de constatar que la familia del principal acusado se encontraba reunida, lo que interpretó como una señal de un posible enfrentamiento. Según su declaración recogida por Europa Press, la muerte se produjo en sus brazos, entre numerosas armas blancas repartidas en el lugar, y negó que su hermano portara una navaja al momento del suceso.

Esta segunda jornada del juicio incluyó la lectura de los escritos de las partes implicadas, la exposición inicial de alegatos y la intervención de los primeros testigos presenciales del enfrentamiento que cobró la vida de un hombre de 48 años. El desarrollo de la causa continuará en la Audiencia Provincial de Huelva, con todas las partes exponiendo sus consideraciones sobre los hechos, la autoría y las circunstancias que rodearon el suceso, mientras las acusaciones y las defensas mantienen posiciones discrepantes sobre la secuencia y la responsabilidad penal de los acusados.

El informe de la Fiscalía describe que el agresor portaba una barra de hierro oculta en la espalda mientras se dirigía a dos personas que transitaban por la plaza del Mar en el barrio de la Barceloneta, la noche del 1 de mayo de 2024. Al captar la atención de la víctima, se acercó, extrajo la barra y asestó un golpe en la cabeza del hombre, quien cayó al suelo, según consignó Europa Press. En ese momento, el acusado le infligió dos golpes adicionales antes de huir del lugar en bicicleta. Este ataque resultó en un traumatismo craneoencefálico que llevó a la muerte de la víctima poco después en el hospital.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha inaugurado este lunes el proceso judicial contra el acusado, con la constitución de un jurado popular encargado de valorar los hechos, detalló Europa Press. El juicio tiene previsto extenderse hasta el 25 de marzo y busca esclarecer lo sucedido en la mencionada plaza durante la madrugada del 1 de mayo.

De acuerdo con Europa Press, el Ministerio Público planteó que el encausado actuó con alevosía, lo que motivó la calificación jurídica de asesinato. La Fiscalía sustentó que la agresión fue ejecutada de manera “repentina y sorpresiva”, lo que impidió que la víctima pudiera ofrecer resistencia o defenderse en cualquier forma, insistiendo en el carácter letal y premeditado del ataque.

Para el acusado, la Fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión, a la que suma 5 años adicionales de libertad vigilada una vez termine la pena privativa de libertad, según reportó Europa Press. Además, plantea la imposición de una orden de alejamiento respecto a la madre del fallecido por un periodo de 10 años. La acusación también contempla una indemnización de 120.000 euros destinados a la madre de la víctima, en concepto de daños morales sufridos a raíz de la muerte violenta de su hijo.

Durante la exposición de los hechos, la Fiscalía precisó que la barra de hierro fue utilizada como arma contundente y que el acusado la empleó estando la víctima desprotegida y sin posibilidad alguna de prever o evitar lo que iba a suceder. El relato de la acusación indica que, después del primer impacto sufrido mientras la víctima aún estaba consciente, los golpes subsiguientes ocurrieron cuando ya se encontraba en el suelo, lo que incrementó la gravedad del ataque y sus consecuencias, según destacó Europa Press.

El desarrollo de este proceso judicial en la Audiencia Provincial de Barcelona ha provocado seguimiento mediático y la atención de la comunidad de la Barceloneta, dada la naturaleza de los hechos y el impacto de lo sucedido en el entorno del barrio. Según publicó Europa Press, la fiscalía insiste en la alevosía del acto, aspecto central que marcará el rumbo del proceso y la resolución del jurado popular. El juicio busca la determinación de responsabilidades penales y la fijación de las medidas solicitadas por la acusación en relación a los hechos de violencia acontecidos.

La composición del jurado popular encargado del caso por la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón, Huelva, ha generado controversia debido a que está formado por 18 miembros en lugar de los 20 que exige la normativa. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la defensa de varios acusados señaló que este incumplimiento puede desencadenar nulidades en el proceso, advirtiendo que la falta de respeto a los protocolos podría afectar la validez del juicio.

El juicio, que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el pasado viernes, busca esclarecer la autoría y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de un hombre el 16 de septiembre de 2020 tras una reyerta en el barrio de El Torrejón, según detalló Europa Press. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, solicita 25 años de prisión para cada uno de los once acusados bajo la consideración de que existió asesinato con alevosía y ensañamiento, sosteniendo que hubo una “autoría conjunta”. De acuerdo con la acusación particular, la muerte no resultó de un suceso aislado, sino que derivó de una escalada de conflictos previos motivados por problemas de convivencia, entre ellos amenazas personales y telefónicas supuestamente enviadas por los acusados a la víctima y su familia.

La acusación identifica la existencia de un plan conjunto y argumenta que la intervención de cada uno de los procesados fue necesaria para que se produjera el resultado fatal. Según Europa Press, el abogado Guillem Ventura, representante de la familia de la víctima, explicó que, aunque la fiscalía solicita para el principal investigado 15 años de prisión por homicidio y para otros cinco acusados 13 años de cárcel por el mismo delito, la acusación particular sostiene que todos los procesados actuaron en colaboración y sin un acuerdo previo no podría haberse producido la muerte. Por este motivo, piden la pena máxima para cada uno de los acusados. Anteriormente, la acusación ya había solicitado prisión preventiva para los procesados, lo cual no se concedió, permitiendo que permanecieran en libertad durante el proceso, circunstancia que la familia de la víctima ha calificado de dolorosa.

La defensa, en cambio, ha centrado sus argumentos en la inexistencia de pruebas directas que identifiquen al autor de la puñalada mortal. Según consignó Europa Press, los abogados defensores sostienen que la investigación policial y judicial no logró establecer responsabilidades individuales, motivo por el cual consideran improcedente que los once acusados puedan ser condenados por asesinato. El abogado Eduardo Montaño afirmó que el caso refleja una falta de rigor en la investigación, puntualizando que “no puede haber once acusados con un fallecido con una sola apuñalada”. En palabras del letrado, el juicio carece de sentido si el jurado debe determinar lo que ni la policía ni la instrucción judicial pudieron dilucidar.

Además, el desarrollo del jurado popular ha sido complejo, tal como informó Europa Press. El 12 de enero, la vista oral tuvo que suspenderse porque el número de candidatos a integrar el jurado no alcanzaba el mínimo legal, lo que obligó a reprogramar el inicio del juicio. El letrado Fernando Retamar, defensor de cuatro procesados, señaló que la conformación del jurado constituye un elemento de recurso y vulnera derechos fundamentales, pues la ley es clara respecto al requerimiento de 20 candidatos, y en este caso solo se logró reunir 18, entre los que figuraban dos personas que ya habían participado en otros juicios como miembros del jurado.

Las versiones sobre el origen del enfrentamiento difieren en función de a quién se consulte. Europa Press reportó que, para la acusación, el detonante estuvo relacionado con una disputa por goteras y problemas de convivencia, agravados por amenazas previas a la familia de la víctima. En contraste, la defensa argumenta que el altercado no se originó por esos motivos, sino que existieron desavenencias anteriores relacionadas con un presunto acoso de la víctima hacia la hija menor de uno de los acusados, lo que habría desatado la pelea.

En cuanto al desarrollo de los hechos examinados durante el juicio, la defensa sostiene que la riña fue “tumultuaria y mutuamente aceptada”, presentando una perspectiva en la que la víctima habría iniciado el ataque con un cuchillo de grandes dimensiones, agrediendo a integrantes de la familia de uno de los encausados, en especial a sus hijos. El abogado Antonio Revuelta, representante de otros cuatro procesados, enfatizó que no existe ninguna prueba directa que permita identificar quién fue el responsable de la puñalada letal y remarcó que las declaraciones de los familiares de la víctima presentan inconsistencias y contradicciones.

De acuerdo con Europa Press, todos los acusados han permanecido en libertad desde el primer día, lo que la defensa utiliza como argumento adicional para solicitar su absolución. Los abogados insisten en la ausencia de evidencias y sostienen que la instrucción y el proceso de investigación han resultado insuficientes para dirimir responsabilidades individuales en el suceso.

El juicio avanza bajo la atención mediática y social de la ciudad de Huelva, marcada tanto por el reclamo de justicia de la familia de la víctima como por las objeciones de las defensas respecto a la investigación, la conformación del jurado y la interpretación de los hechos presentados. El desenlace del proceso dependerá de la valoración que realice el jurado popular elegido y de las decisiones posteriores que adopten los órganos de justicia.

El medio detalló que el juicio comenzó a las 10 de la mañana y que ambos encausados enfrentan cargos relacionados con abuso sexual agravado. Los hechos habrían ocurrido cuando la joven, que se encontraba en un estado de semiinconsciencia tras haber consumido alcohol y drogas, fue presuntamente agredida por los acusados en la zona costera de la isla balear. Según el escrito de acusación citado por el medio, uno de los hombres arrojó primero a la víctima al suelo y trató de penetrarla vaginalmente, aunque no logró consumar el acto.

El segundo imputado, según publicó el medio, se acercó a la joven mientras el primero la sujetaba y, en ese momento, introdujo su pene en la boca de la víctima mientras ella permanecía semiinconsciente. Testigos que se encontraban en la playa intervinieron al percatarse de la situación y lograron auxiliar a la joven, frustrando así la continuación de la agresión sexual, consignó el medio. La asistencia prestada por estas personas permitió interrumpir la acción de los acusados antes de que culminara, según se expuso en la vista oral.

En cuanto a las penas solicitadas, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para el primero de los acusados por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario, además de tres años más por tentativa de abuso sexual con penetración. Para el segundo procesado, la Fiscalía solicita nueve años por abuso sexual con penetración. A ambos se les reclaman estas penas debido a la gravedad de los hechos y a la condición vulnerable de la víctima al momento de los supuestos abusos, tal como reportó el medio.

El escrito presentado ante la Audiencia Provincial también exige que, en caso de condena, los acusados indemnicen económicamente a la joven como reparación por los daños sufridos. Esta petición se fija en 8.000 euros, una cifra que, según publicó el medio, busca compensar las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del ataque sexual. El juicio continuará en los próximos días, con la comparecencia de las partes y la previsión de que tanto testigos presenciales como peritos médicos aporten su testimonio sobre el estado de la víctima al momento de los hechos y la secuencia de la intervención ciudadana que permitió frenar la agresión.

Además de la exposición de los hechos, el proceso judicial incluye el análisis de pruebas médicas y forenses, así como declaraciones de los implicados, conforme ha informado el medio que cubre el caso. Las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión, el tiempo transcurrido desde 2015, y la actuación de los testigos representan elementos clave en el juicio para aclarar la autoría y la responsabilidad penal de los acusados.

Según publicó el medio, tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron que la gravedad del episodio residió en que la víctima no se encontraba en condiciones de oponerse ni de prestar un consentimiento válido debido a su estado alterado por las sustancias ingeridas. La acusación argumenta que esto configura los delitos imputados y justifica la solicitud de penas elevadas, subordinadas a la reparación del daño causado. El proceso avanza hacia la presentación de nuevas pruebas y declaraciones, con la expectativa de que la sentencia se conocerá en las próximas semanas tras la evaluación de los elementos recogidos durante la vista oral.

Una de las figuras más reconocidas de la industria digital europea afrontó recientemente un periodo de dos años marcado por la presión mediática y la incertidumbre, según consignó el medio de comunicación. Chiara Ferragni, empresaria e influencer italiana, explicó tras su paso por los tribunales que no buscaba celebrar una victoria, sino dejar atrás un capítulo especialmente difícil en su vida, caracterizado por la exposición pública y las críticas constantes. Ahora, tras ser absuelta en el denominado 'caso Pandoro', Ferragni reapareció en el Festival de Málaga, donde acaparó la atención en la ceremonia de clausura.

De acuerdo con la cobertura de medios especializados, la presencia de Ferragni en la alfombra roja del Festival de Málaga marcó su retorno al centro de la escena pública no vinculada a polémicas judiciales, sino al ámbito que la catapultó a la fama: los eventos de alto perfil en el sector audiovisual y de la moda. El festival contó con la asistencia de otros referentes del espectáculo, como Silvia Marsó, Alfonso Bassave y Karla Sofía Gascón, pero la empresaria italiana reunió la mayor atención tras meses en los que su aparición pública estuvo asociada a procedimientos judiciales.

Según detalló el medio, Ferragni llegó a enfrentar la posibilidad de una pena de cárcel por su supuesta implicación en un presunto engaño relacionado con un producto solidario, motivo principal de la investigación que en Italia se conoció como 'caso Pandoro'. Sin embargo, tras concluir el proceso, las autoridades judiciales decidieron absolverla, lo que derivó en el archivo del caso. Ferragni declaró sentirse distinta tras atravesar esta situación: “En un momento en el que me siento muy libre, muy yo misma, y me siento muy bien. Me siento como yo misma, así que, sí”.

La influencer reafirmó ante los medios que su estado de ánimo experimentó una transformación significativa tras el final del proceso legal, poniendo en relieve que ha cambiado su modo de afrontar la opinión pública y los comentarios sobre su vida y trabajo. Estas declaraciones coincidieron con la que fue una de sus primeras intervenciones públicas en España desde el desenlace de la investigación en su contra, contexto en el que retomó actividades típicas de su perfil profesional, como el posado ante fotógrafos y la interacción con prensa especializada.

Según publicó el medio, la clausura del festival en Málaga reunió a numerosas figuras del cine y la televisión, confirmando la cita como uno de los eventos destacados del calendario cultural en España. Si bien la noche contó con la presencia de artistas habituales de la escena local, la reaparición de Ferragni resultó el foco principal de los reportes, dado el momento personal que atraviesa la empresaria.

Ferragni aprovechó la ocasión para ofrecer su visión sobre el impacto que tuvo el proceso judicial en su vida personal y profesional. La empresaria reconoció que los últimos dos años fueron complejos, dada la imposibilidad de defenderse plenamente mientras afrontaba opiniones y comentarios negativos en el espacio público. Tras la resolución del caso, subrayó que no percibe el cierre del proceso como un triunfo sino como una etapa superada, lo que consideró especialmente importante para su equilibrio emocional y su proyección futura.

El acontecimiento en Málaga permitió a Ferragni reintegrarse a un circuito social y mediático en el que las figuras públicas asumen una exposición constante. Su presencia en la alfombra roja, según la crónica del evento, evidenció un regreso a la normalidad luego de que asuntos legales incidieran de manera significativa en su imagen y rutina profesional. Fuentes del evento resaltaron que su actitud reflejó confianza y cercanía, interactuando con periodistas y demostrando disposición a abordar los temas que marcaron su trayectoria reciente.

La celebración de la clausura del Festival de Málaga, en la que participaron varios nombres reconocidos como Mar Flores, Juana Acosta y Patricia Montero, combinó cine, moda y actualidad, consolidando al certamen como escenario de encuentro para distintos protagonistas del entretenimiento. Mientras tanto, el paso de Ferragni por el evento se destacó como el retorno de una figura europea relevante que, tras superar dificultades legales en su país de origen, recupera visibilidad entre sus pares y el público internacional.

El medio explicó que el 'caso Pandoro' implicó una investigación por un presunto fraude en la promoción de un producto benéfico, proceso que derivó en una amplia cobertura en Italia y que condicionó la vida pública de Ferragni durante meses. La resolución absolutoria modificó no solo su situación judicial, sino también la perspectiva con la que afronta nuevos desafíos mediáticos. Según Ferragni, este desenlace constituye una oportunidad para reafirmar su independencia y su forma de presentarse ante quienes la siguen.

Durante la ceremonia en Málaga, la empresaria compartió con otros invitados en un contexto donde el cine y el glamour volvieron a vincularse en una celebración de cierre del festival, recuperando su papel como referente global en estilo y tendencias, tras un periodo donde la noticia de fondo eran cuestiones legales. Su aparición, relató el medio, simboliza la transición hacia una nueva etapa en la que retoma actividades características de su perfil, manteniendo el interés de la prensa internacional en sus movimientos y declaraciones recientes.

La jueza María Julia Correa, a cargo del Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, dará a conocer este lunes la sentencia contra cinco manifestantes detenidos el 2 de febrero de 2024, en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley Bases. Es el primer debate oral y público en el que se juzga a personas aprehendidas en el marco del protocolo antipiquetes.

El juicio se desarrolla bajo un hermetismo inusual. Previo a que se diera inicio al proceso, Infobae solicitó formalmente al Tribunal acceder a las audiencias, algo que la Justicia porteña no autorizó. Este medio también se contactó con funcionarios judiciales con llegada a la magistrada a cargo, y recibió como respuesta que “va a ser todo cerrado, no se puede ingresar”.

Según indicaron fuentes del caso, también se les negó la presencia a familiares de los acusados, integrantes de organismos de derechos humanos y al público interesado en general.

Sin contar a las partes involucradas directamente en el expediente, tan solo pudieron presenciar el juicio la madre del más joven de los acusados y un abogado de la Asociación Americana de Juristas.

“La sala es chica, entran diez personas en el público como máximo, pero siempre hubo lugares libres”, explicó a Infobae alguien que asistió a las audiencias.

Otro episodio llamativo ocurrió el martes, durante el primer día del proceso, cuando prestaron declaración testimonial seis agentes de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos es un comisario que ofició como nexo entre el operativo y el Ministerio Público Fiscal, y los restantes son agentes que trabajaron en las detenciones de los manifestantes.

Antes de que empezaran las declaraciones de los uniformados, por orden de la jueza María Julia Correa, el público presente tuvo que entregar sus celulares, que quedaron bajo resguardo. Así lo decidió para que “no se afecte el normal desenvolvimiento de la audiencia”. En cambio, no pidió lo mismo cuando fue el turno de las indagatorias o del resto de los testigos.

Los manifestantes que llegaron a juicio son Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, quienes enfrentan cargos por resistencia y atentado a la autoridad. La noche de los hechos, otras nueve personas fueron capturadas junto a ellos, pero se ahorraron el juicio porque sus casos fueron archivados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se constituyó como amicus curiae, calificó la causa como “un proceso de criminalización de la protesta social caracterizado por un uso abusivo del derecho penal”.

El debate

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso, los policías que se presentaron como testigos coincidieron en que todos los acusados arrojaron al menos una vez piedras u objetos contundentes contra las fuerzas.

Describieron el contexto general en la Plaza del Congreso, donde en ese momento había un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”. La música siguió sonando hasta las 21, aproximadamente una hora después de que empezaran los primeros incidentes, situación por la que el evento tuvo que interrumpirse antes de lo previsto.

Las grabaciones de los medios de comunicación son una prueba clave para esclarecer el accionar de los participantes de la protesta. La jueza Correa tiene en su poder varias horas de material.

Pedro Esquivel, un productor musical que está en el banquillo de los acusados, había asistido al festival antes de ser detenido. Había llevado una flauta melódica para tocar.

En los registros del canal A24 se lo puede ver tocando su instrumento detrás de un camión hidrante, exactamente a las 22:23, cuando la policía ya estaba desconcentrando la zona. Apenas un momento después de ser captado por las cámaras, el flautista es reducido por un grupo de agentes.

Su defensa expuso el material fílmico para sostener que es imposible que en ese momento haya tirado piedras contra la policía, y que las afirmaciones de los efectivos no se condicen con lo que se ve en los videos.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Tomás Vacarezza. En el juicio, la acusación es impulsada por su par Alejandro Miguel Gargano.

El acusador público, de acuerdo a las fuentes consultadas, ya anticipó que retirará los cargos contra Joaquín Gould, ya que las declaraciones de los testigos en su contra no habrían superado el umbral necesario para pedir que lo condenen.

Para los demás, la Fiscalía sostiene que los testimonios de la policía son concisos y dan cuenta de acciones violentas de parte de los manifestantes, quienes “no fueron a manifestarse pacíficamente”.

El lunes, la jornada de juicio comenzará con los alegatos de las defensas, entre las que están los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete. Luego será turno del Ministerio Público Fiscal.

A continuación se dará lugar a las últimas palabras de los acusados y, ese mismo día, está previsto que la jueza dé a conocer la sentencia.

El asesinato de Sebastián Villarreal sucedió el 29 de febrero de 2024, cuando la víctima, de 45 años y padre de dos hijos, fue interceptada por un grupo de motochorros al salir de su casa en barrio Yofre Norte, Córdoba, para dirigirse al trabajo. Aunque el fiscal pidió 20 años de prisión para los tres acusados, la decisión final decepcionó a la familia.

Durante los alegatos finales, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra solicitó 20 años de prisión para Axel Fabricio Escalada, de 22 años, como partícipe necesario; 18 años para Luciano Gonzalo Bustos, de 21, bajo la misma figura legal; y 12 años para Héctor Alejando Herrera, apodado “Lalo”, de 27, como partícipe secundario.

Durante la audiencia inicial ante el jurado popular el fiscal afirmó que, si bien “no hay pruebas de que los imputados hayan ordenado matar a Villarreal, está confirmado que participaron en el plan para cometer el robo que terminó en el homicidio”, publicó el medio local El Doce.

Este viernes, el tribunal dictó la sentencia para los tres acusados por el crimen y tras conocerse el veredicto, la familia de Sebastián quedó desolada:

• Héctor Alejandro “Lalo” Herrera recibió 14 años de prisión por partícipe no necesario de homicidio ocasión de robo.
• Luciano Gonzalo Bustos recibió 6 años por coautor de robo calificado y se lo absolvió por homicidio.
• Axel Fabricio Escada fue condenado a 6 años por robo calificado y encubrimiento. Se lo absolvió por homicidio en ocasión de robo.

Qué pasó el día del robo

El asesinato de Sebastián Villarreal sucedió en 2024 cuando fue atacado mientras salía de trabajar. Según los testigos, uno de los asaltantes le apuntó mientras la víctima suplicaba: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”.

Los agresores dispararon y escaparon en dos motos. En el lugar de los hechos estaban presentes los hijos de Villarreal que acompañaron a su papá mientras vecinos de la zona intentaban ayudarlo. “Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían ‘por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más’”, relató una vecina del barrio.

Uno de los autores tenía 17 años, identificado como J.M. y su acompañante de 14 como T. El asesinato de Sebastián habría sido ejecutado por los menores de edad mientras los adultos, actualmente condenados, fueron proveedores. De esta manera, los que llegaron a juicio por el robo seguido de muerte fueron los tres mayores de edad: Escada, Busto y Herrera.

Los testimonios de la familia de Sebastián tras el veredicto

El veredicto desató enojo, indignación, descontento y tristeza por parte de la familia de la víctima que habían solicitado 20 y 18 años de prisión para los imputados, quienes terminaron en libertad.

Después de escuchar las bajas sentencias del tribunal, la hermana de la víctima, Jimena Villarreal expresó su impotencia y dolor: “No encontramos explicación. Todo lo que venimos transitando apuntaba a otra cosa y hoy hemos tenido un regalo de la justicia que sentimos como un insulto”.

“La respuesta es: vayan a delinquir, escondan pruebas y todo va a salir bien”, agregó en diálogo con Cadena 3, desconcertada.

Por otro lado, la hija del asesinado, Martina Villarreal apuntó contra los acusados: “Estoy indignada. Siento vergüenza ajena. Se iban riéndose porque saben que se merecían una pena mucho mayor".

La abogada querellante del caso, Graciela Taranto, confirmó que llevarán la situación a la máxima instancia provincial. “Me sorprendió para mal. Estas dos absoluciones no las creemos justas con lo que se investigó a lo largo del juicio. Vamos a apelar el fallo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Aún nos queda escuchar por qué llegan a esta conclusión", dijo la letrada.

Luego de que se reanudara el juicio contra la red que habría explotado sexualmente a Johana Ramallo antes de su desaparición y muerte, la audiencia pactada para este viernes en los Tribunales Federales de La Plata fue suspendida. La decisión se tomó apenas la madre de la víctima, Marta Ramallo, se descompensara al escuchar el testimonio de uno de los peritos que encontró sus restos.

Todo ocurrió durante la exposición del perito forense Norberto López Ramos, quien brindó los detalles del estado en el que se encontraban las partes desmembradas que fueron halladas en la zona de Palo Blanco, cerca de la costa del Río de la Plata en Berisso.

El testimonio se situó temporalmente en agosto de 2018, es decir, poco más de un año del día que la joven de 23 años fue denunciada como desaparecida. La última imagen con vida que se registró de ella fue tomada el 26 de julio de 2017, cuando se la vio ingresar al baño de una estación de servicio ubicada en las calles 1 y 63.

Aunque no trascendieron los detalles de los datos que aportó al forense al juicio, se confirmó que los jueces decidieron suspender la audiencia, debido a que la mujer debía recibir atención médica. Según la información publicada por el medio platense 0221, también se postergó la posibilidad de que Ramallo pudiera volver a declarar, tal como lo habían solicitado sus abogados a cargo de la querella, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly.

De acuerdo con los argumentos de los letrados, la madre poseería información todavía no incorporada a la causa y se cree que serían aportes que podrían resultar relevantes para esclarecer aspectos todavía oscuros del caso.

Frente a esto, la defensa se opuso al pedido, tras argumentar que Ramallo ya testificó en diversas ocasiones durante la instrucción. No obstante, el tribunal aún no resolvió esas presentaciones, pero la expectativa radica en la posible reconfiguración de los alcances del juicio.

Cabe recordar que el juicio actual no fue convocado por el femicidio de Johana, sino que buscaría determinar las responsabilidades de los ocho acusados de haber integrado la red que habría explotado sexualmente a la joven en la llamada “Zona Roja” de La Plata.

En el banquillo se encuentran Carlos Rodríguez (“El Cabezón”), Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos ellos serán juzgados por integrar una estructura dedicada a la trata de personas, la explotación sexual, el comercio de estupefacientes, el encubrimiento agravado y el falso testimonio.

No obstante, los imputados más complicados serían “El Cabezón” Rodríguez y “El Ruso” D’Uva Razzari, quienes enfrentan cargos por haber explotado sexualmente a sus respectivas parejas. Mientras que D’Uva Razzari estaba en pareja con una mujer, cuya identidad fue reservada, se constató que Rodríguez tenía un vínculo con Johana.

Según las pruebas recolectadas en el expediente, “El Cabezón” ofrecía los servicios sexuales de Ramallo y de otras mujeres a través de Facebook. Además, indicaron que le daba droga para que comercializara con las personas que pagaban por encontrarse con ella.

La instrucción que fue encabezada por el juez Alejo Ramos Padilla determinó que “El Cabezón” habría estado al frente del manejo de la Zona Roja. Por esto, plantearon que tenía amplio conocimiento de los movimientos y de las chicas que se prostituían allí.

Cuándo se reanudará el juicio por los delitos conexos al femicidio de Johana Ramallo

De acuerdo con el cronograma judicial, las siguientes audiencias están previstas también para el 20 de marzo, mientras el Tribunal analiza los recientes pedidos de la querella. La resolución de estos planteos será central para determinar el futuro del debate oral y la posible ampliación de las imputaciones en el caso.

De la misma manera, deberán resolver el pedido para dejar sin efecto el desistimiento del testimonio de Javier Novarini, involucrado en la etapa inicial de la investigación. La querella anterior había retirado esa declaración durante la segunda audiencia del juicio. Sin embargo, los nuevos abogados, alineados con la voluntad de la madre de la víctima, sostuvieron que aquella decisión fue un error y reclamaron revertirla.

El juicio contra Santiago Martínez, el ex participante del reality show Love is Blind, acusado por el intento de femicidio de su ex pareja, Emily Ceco, llegó a su fin este jueves con la jornada de alegatos, donde el abogado de la víctima, Roberto Castillo, pidió una pena de 15 años de prisión para el acusado. Ahora resta conocer el veredicto de la Justicia, que se conocerá el próximo 25 de marzo a las 13 horas.

El proceso judicial comenzó el miércoles de esta semana, pero tuvo un avance rápido luego de que la denunciante declarara por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. A lo largo de su exposición, reconstruyó cada uno de los episodios violentos que sufrió y cómo estos evolucionaron hasta el día en que el acusado la habría estrangulado con la intención de acabar con su vida.

Aunque el testimonio de la también participante de Love is Blind fue clave, también pasaron por la sala de audiencia varios otros testigos. Uno de los más fuertes y llamativos fue el padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones.

Ya con las pruebas y las declaraciones expuestas, el tribunal valorará el material y daría a conocer la sentencia el próximo 25 de marzo, cuando dirá si Martínez es o no declarado culpable por el delito de intento de femicidio.

El caso

Todo comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció por violencia de género e intento de homicidio a su entonces marido. A un día de conocerse la sentencia, la joven reconoció durante su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que estaba atravesando un momento muy duro. “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, afirmó.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató al indicar que le costó presentarse en el estudio de televisión. Junto a ella también se encontraba su madre, Andrea Rivero, y su abogado, Roberto Castillo.

Al recordar el momento en el que se animó a denunciar a su ex pareja, Ceco contó que el episodio de violencia se desencadenó después de que fuera a una despedida de soltera que le habían organizado sus familiares el 8 de febrero. Se suponía que ambos iban a volver a casarse, tras haber dado el “Sí, quiero” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo”, confesó la joven. Incluso, admitió que la situación que le tocó atravesar le había dado vergüenza, sobre todo el hecho de tener que contarles a sus padres.

Por esto, decidió escaparse del domicilio que compartía con Martínez y quedarse en la casa de su hermana. Una vez que estuvo lista para hablar con ellos, recordó que había ido a la casa familiar por la noche y que se había maquillado para que no pudieran ver las lesiones en su rostro.

Respecto a la relación que mantuvo con su agresor, Ceco indicó que al comienzo no había mostrado signos de agresividad. “Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, apuntó.

En este sentido, señaló que los primeros signos aparecieron al “mes y medio o dos de relación”. Así, ejemplificó con una escena de celos que tuvo lugar durante una reunión con colegas del reality show donde se conocieron.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, narró.

Frente a esto, su madre indicó que existían imágenes del reality donde se evidencian estos comportamientos: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. No obstante, reconoció que solo una vez había notado algo extraño durante unas vacaciones familiares en Villa Gesell, por lo que había decidido preguntarle a su hija al respecto.

Asimismo, recordó que para ella fue un shock el momento en el que descubrió que su hija había sido golpeada. “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.

El proceso judicial por la desaparición de Danilo Loan Peña, el 13 de junio de 2024, aún no tiene fecha de incio. En principio iba a ser en octubre próximo, pero la Justicia dio marcha atrás ante la queja del fiscal. Una nueva posibilidad se abrió, cuando la familia pidió que el proceso comience el 8 de mayo, día en que el niño cumpliría 7 años, pero también se descartó. Ante la falta de concenso, la querella hizo un reciente pedido para modificar el proceso e intensificar las jornadas venideras.

A través de un escrito presentado por la abogada María Belén Russo Cornara y el abogado Alejandro Vecchi, manifestaron “que el debate oral se realice bajo modalidades de trabajo intensivas”. Con este pedido, los letrados señalaron que el objetivo es “favorecer la concentración de audiencias y avanzar con la celeridad que el caso requiere”, una postura ratificada por el Ministerio Público Fiscal y las defensas presentes en la audiencia preliminar.

Los representantes de la familia del menor -visto por última vez en un almuerzo en la casa de su abuela en Corrientes, junto a otros adultos- pusieron a disposición la voluntad de “participar en jornadas continuas, incluso en fines de semana o feriados” para evitar dilaciones innecesarias y concentrar la producción de prueba.

En ese sentido, argumentaron la urgencia a partir de la singularidad del proceso en el que “el paradero de un niño continúa desconocido y sus padres y hermanos participan activamente como víctimas”. El manifiesto expedido a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, reiteró la disponibilidad para audiencias intensivas, incluyendo jornadas consecutivas, hasta la completa producción de prueba y la finalización del juicio.

En la reciente petición, a la que pudo acceder Infobae, los letrados (Vecchi como representante y Russo Cornara como querella) también recurrieron al caracter de urgente, al citar el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, por el cual toda persona “tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable”. A su vez, remitieron a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fija los criterios para evaluar la razonabilidad de los plazos: complejidad del caso, conducta de las partes, desempeño de la justicia y perjuicio específico derivado de la demora.

De Loan no se sabe nada desde hace más de dos años, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos que habían compartido la mesa en lo de Catalina Peña —abuela del menor—, en el paraje Algarrobal. También había otros niños. Ante un descuido el menor desapareció y por este hecho, hay 7 personas imputadas.

Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” de Loan. Los acusados son: Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, el comisario Walter Maciel, la tía del chico, Laudelina Peña, y el tío Antonio Benítez, a quien en las últimas horas le rechazaron nuevamente un pedido de acceder a prisión domiciliaria.

El máximo tribunal penal dejó firme la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que había negado ese beneficio el 28 de noviembre del año pasado, consolidando así la negativa ante la última instancia posible.

El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión por la sustracción y el ocultamiento del niño. Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

“En ese requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento”, agregó el MPF en su página oficial

Hay otros 10 imputados en una causa paralela a quienes se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá solicitó una sentencia condenatoria contra el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, que ejerció el cargo entre 2009 y 2012, al considerarlo autor del delito de peculado doloso agravado dentro del proceso judicial relacionado con supuestos sobrecostos en proyectos viales ejecutados durante ese período.

El Ministerio Público también pidió condena para un consultor que participó en la elaboración del precio de referencia de las obras investigadas. Según la acusación fiscal, las irregularidades habrían generado perjuicios millonarios al Estado en la ejecución de proyectos del Plan de Reordenamiento Vial de la ciudad de Panamá.

La solicitud fue presentada durante la fase final del juicio ordinario que se desarrolló en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, donde las fiscales Ruth Morcillo, Jenisbeth Malek y Thalia Palacios sostuvieron que existen elementos probatorios suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados.

Las investigaciones se concentran en los proyectos de rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo y en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, obras ejecutadas como parte de las intervenciones viales impulsadas por el gobierno del expresidente, Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.

De acuerdo con los informes de auditoría de la Contraloría General de la República, el presunto perjuicio económico al Estado se relaciona con sobrecostos en ambas obras, los cuales superarían los 90 millones de dólares.

El informe de auditoría n.° 03-009-2017 DIAF, fechado el 24 de abril de 2017, determinó que en la fase precontractual del proyecto de estudio, diseño, construcción y financiamiento para el ensanche de la avenida Domingo Díaz se habría producido un sobreprecio de $47,388,002.

Adicionalmente, el proyecto vinculado al Patrimonio Histórico registraría irregularidades por $51,496,740, según los documentos presentados por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

La acusación fiscal sostiene que el exministro del MOP, durante su gestión, contrató servicios de consultoría con empresas privadas para la elaboración de los costos estimados de las obras, en el marco de procesos de licitación por mejor valor con evaluación separada.

Cada contrato de consultoría fue suscrito por $29,900, pero posteriormente se habrían aprobado precios estimados que derivaron en sobrecostos en la construcción de pasos elevados peatonales dentro del proyecto de ampliación de la avenida Domingo Díaz.

Según la investigación, estas decisiones habrían provocado un sobreprecio adicional de $5,694,482.78 en esa infraestructura específica.

El expediente judicial también incluye información bancaria y financiera recopilada durante las investigaciones iniciadas en mayo de 2017, cuando el Ministerio Público abrió el proceso por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.

Las autoridades analizaron movimientos bancarios de empresas y particulares con el objetivo de establecer la trazabilidad del dinero vinculado a los contratos investigados.

Además, el caso incorpora declaraciones juradas de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General, así como testimonios de representantes de entidades financieras.

Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la absolución de cuatro personas que formaron parte de la Comisión Técnica Evaluadora en los procesos de licitación.

Según la acusación, no se pudo determinar que estos funcionarios hubieran participado en un esquema para favorecer a un contratista específico al fijar los precios de referencia de las obras.

El Ministerio Público indicó que las evidencias disponibles no permitieron establecer responsabilidad penal directa en relación con estas personas, por lo que pidió su absolución dentro del proceso.

Los proyectos investigados fueron ejecutados por consorcios integrados por empresas internacionales que participaron en las licitaciones públicas. La rehabilitación del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo fue adjudicada a Odebrecht y a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), mientras que la ampliación de la avenida José Domingo Díaz fue ejecutada por el consorcio ICA-MECO.

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, varias compañías habrían coordinado previamente las ofertas económicas para repartirse los contratos, estableciendo márgenes destinados al pago de sobornos dentro de las estructuras de contratación pública.

La audiencia ordinaria concluyó el miércoles 11 de marzo de 2026, luego de más de una semana de alegatos por parte de la Fiscalía, la querella y los abogados defensores.

El proceso judicial comenzó el 2 de marzo y el expediente acumulado de los casos “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz” supera los 60 tomos de documentación. Durante la jornada final, los defensores cuestionaron los informes periciales elaborados por auditores de la Contraloría, argumentando que las metodologías utilizadas para calcular los precios de referencia no reflejaban necesariamente irregularidades en las licitaciones.

Al cierre de la audiencia, la jueza Águeda Rentería anunció que se acogerá al término que establece la ley para emitir su decisión sobre el caso. El tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por las partes y determinar si existió responsabilidad penal en la fijación de los precios de las obras.

La sentencia definirá el futuro judicial de los acusados en uno de los procesos vinculados a supuestos sobrecostos en proyectos de infraestructura pública desarrollados en Panamá durante la última década.

A siete años de la noche en la que un grupo de jóvenes fue detenido, torturado y amenazado en la ex Comisaría 14.ª de Rosario, este miércoles cuatro efectivos policiales fueron sentenciados con prisión efectiva por las vejaciones agravadas cometidas en marzo de 2018. Además, otros ocho efectivos fueron condenados por omisión de denuncia y otros nueve resultaron absueltos.

En el caso de los cuatro agentes condenados por las agresiones, se establecieron penas de hasta cuatro años de cárcel y se dispuso la inmediata detención de los responsables. Se trató de una pena menor solicitada por la fiscal Karina Bartocci, quien había pedido penas de entre 5 y 10 años de prisión.

Pese a que no tuvo en cuenta la pena ponderada, la funcionaria aseguró que estaba conforme con que los responsables hayan sido condenados. “En el Código Penal, el delito de vejaciones tiene un mínimo de un año, lo cual, si bien se trata de un hecho grave –que un policía golpee a una persona–, tiene una pena considerada leve o mínima”, sostuvo al finalizar el juicio.

Asimismo, la resolución emitida por el tribunal compuesto por Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana sentó un antecedente sobre la respuesta judicial ante situaciones de violencia institucional cometidas por fuerzas de seguridad.

Según reconstruyó Rosario3, el proceso judicial involucró a un total de 21 policías. Sin embargo, este miércoles se resolvió la absolución de nueve de los implicados, mientras que ocho recibieron sentencias de prisión condicional por omitir denunciar las irregularidades.

El episodio ocurrió en la madrugada del 23 de marzo de 2018, cuando los siete jóvenes, seis hombres y una mujer, todos de entre 21 y 24 años, estaban reunidos en un banco de las Cuatro Plazas de barrio Belgrano. Dos de ellos se alejaron en motocicleta hacia un kiosco próximo, momento en que un patrullero los siguió sin encender las luces, acelerando sin identificarse ni dar la voz de alto.

La secuencia, reconstruida por la fiscalía, detalló que los agentes identificados como Ariel G. y Gastón F. interceptaron al conductor de una motocicleta, le quitaron sus pertenencias y lo golpearon. Aunque comprobaron que la moto era de su propiedad, los policías lo esposaron y lo trasladaron en una camioneta oficial.

Simultáneamente, la acompañante fue abordada por los suboficiales Mariano S. y Erica D., quienes la forzaron a ingresar al vehículo policial. Según la acusación, Erica D. la tomó del cabello e introdujo a la fuerza en el móvil, mientras Mariano S. agredió a otro joven con un golpe en la frente realizado con su arma reglamentaria.

El operativo no terminó en la vía pública, debido a que los jóvenes fueron llevados en distintos móviles a la ex Comisaría 14.ª, ubicada en Marcos Paz 6650, actual sede de la Comisaría de la Mujer. Una vez allí, la violencia se mantuvo: los seis varones quedaron esposados entre sí y de pie durante horas, sufriendo insultos, burlas y amenazas de muerte.

En el interior de la comisaría, los suboficiales Mariano S. y Erica D. utilizaron sus teléfonos celulares para documentar la escena, según consta en el expediente judicial. El relato incluyó un episodio en el que, como forma de vejación, cortaron el cabello a una de las víctimas.

Otro de los detalles claves para la causa correspondió al disparo que sufrió una de las víctimas cuando intentaba escapar de la plaza. Según constataron, los agentes utilizaron una escopeta antitumulto, cuyo proyectil le impactó en la pantorrilla izquierda.

De esta forma, la acusación incluyó testimonios y pruebas sobre burlas, insultos, amenazas, golpes, manifestaciones obscenas y vejaciones perpetradas por los agentes. El desarrollo del debate, que se extendió por tres semanas, permitió analizar el grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos señalados en los hechos y diferenciarlos de otros delitos investigados, como hurto y falsedad ideológica, cargos de los que varios resultaron absueltos.

A raíz de esto, el tribunal halló culpables a Roberto Salinas, Santiago Morgan, Sergio Romero y Diego Ojeda. Salinas, Morgan y Romero recibieron cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por vejaciones agravadas, lesiones leves dolosas y falsedad ideológica de instrumento público agravada por su condición de policías. Ojeda fue condenado a tres años y seis meses de prisión, ya que el delito de falsedad ideológica no le fue atribuido.

Los otros ocho policías fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso por favorecimiento personal debido a la omisión de denunciar las vejaciones, agravada por su condición de funcionarios públicos. Así, el juicio diferenció entre quienes cometieron los abusos y quienes, en funciones de garantes de la ley, omitieron denunciar estos hechos, permitiendo la impunidad.

Durante una audiencia judicial celebrada el lunes en Bahréin, la Fiscalía argumentó que los acusados involucrados en el caso de espionaje “han enarbolado la bandera de lealtad al agresor y han traicionado a esta generosa nación que les dio refugio, alimento y crianza”, según declararon ante el tribunal. La institución solicitó la pena de muerte para los dos señalados, a quienes acusa de facilitar información secreta mediante fotografías de lugares donde esta actividad está prohibida por la ley. Según consignó la Fiscalía, este tipo de acciones constituye “alta traición contra la nación que merece la pena capital, sin misericordia: la ejecución”.

De acuerdo con la información recogida por los medios bahreiníes y difundida por agencias internacionales, los imputados enfrentan cargos por espionaje a favor de una organización que las autoridades catalogan como terrorista. Las acusaciones aseguran que los sospechosos colaboraron en la recopilación y transmisión de datos estratégicos con la intención de planificar actos hostiles y terroristas contra el Estado de Bahréin.

Tal como publicó la prensa local, la Fiscalía enfatizó durante el proceso que el delito cometido trasciende la violación de normas menores. Según los argumentos judiciales, la obtención y divulgación de fotografías de espacios sensibles representa una amenaza directa a la defensa nacional. Este señalamiento toma relevancia en el marco de una escalada de tensiones regionales, en la que Bahréin vincula el caso con lo que denominan “la actual agresión brutal iraní” hacia el país.

Bahréin, que alberga a la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, ha incrementado la vigilancia sobre posibles actos de espionaje y presuntas infiltraciones ligadas a intereses extranjeros. El medio estatal detalló que las acciones investigadas por la Fiscalía se insertan en la preocupación reciente por la seguridad nacional, especialmente tras incidentes y crisis recientes en el golfo Pérsico.

Durante la vista judicial de este lunes, la representación del Ministerio Público reiteró la gravedad de los hechos atribuidos, describiendo las acciones de los acusados como ejemplos de deslealtad y cooperación con actores identificados por el gobierno como adversarios. Según informó la agencia oficial, la resolución solicitada responde tanto a la supuesta magnitud del daño causado como a la naturaleza del contexto internacional en que habrían ocurrido los hechos.

Los fiscales acusaron formalmente a los sospechosos de contribuir con información clave que posibilitaría operaciones terroristas. El delito atribuido incluye no solo la recopilación de material visual en áreas restringidas, sino la intención manifiesta de transferir esos datos a entidades que, según las autoridades, operan en contra de los intereses nacionales de Bahréin.

De acuerdo con la información proporcionada por los medios oficiales citados, el desarrollo del juicio también se produce mientras el país examina otras investigaciones relacionadas con redes que el gobierno describe como hostiles y conectadas a potencias regionales rivales. El involucramiento de la República Islámica de Irán, a la que Bahréin señala como agresora en este escenario, plantea preocupaciones sobre la escalada de incidentes de seguridad y la reacción de las autoridades locales.

La acusación señala que la recopilación de fotografías en zonas prohibidas representa una vulneración severa de los sistemas defensivos y estratégicos del Estado. Las autoridades consideran estas acciones como parte de una estrategia más amplia para transmitir información confidencial que pudiera emplearse en ataques o en campañas de desestabilización.

Los dos acusados permanecen bajo custodia mientras la corte estudia los argumentos presentados por la Fiscalía. Según informaron medios locales, la sentencia potencial de pena capital subraya la política de tolerancia cero frente al espionaje y la colaboración con grupos designados como terroristas bajo la legislación de Bahréin.

De acuerdo con lo reportado, el proceso judicial aún está en curso y las autoridades señalan que no se han detallado públicamente las identidades de los acusados ni la naturaleza específica de los lugares fotografiados, amparándose en razones de seguridad nacional. La información sobre la posible defensa o reacción de los acusados o sus representantes legales no ha sido difundida en los reportes actuales.

La petición de la Fiscalía y la referencia a la “traición” con la que se calificó la conducta de los acusados forman parte de un discurso oficial que insiste en la amenaza que suponen los presuntos vínculos con entidades extranjeras identificadas como peligrosas por el gobierno de Bahréin. En el contexto regional actual, la vigilancia y el enjuiciamiento de casos similares se han intensificado, en particular en los países del golfo que han registrado incidentes relacionados con la seguridad nacional.

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos sostiene que el procedimiento diseñado por el Tribunal Supremo para las próximas 13 sesiones del juicio comprometería la capacidad del acusado para participar de manera efectiva en su defensa, debido al desgaste físico y mental asociado a los frecuentes traslados desde la prisión de Soto del Real hasta la sede del alto tribunal. El letrado afirma que una dinámica tan exigente afectaría las condiciones del acusado durante el proceso, por lo que solicita la utilización de alternativas menos restrictivas para garantizar su presencia y control procesal. Según consignó Europa Press, Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo una petición formal para su puesta en libertad de cara a la vista oral que iniciará el 7 de abril, argumentando que su continuidad en prisión resultaría desproporcionada y que existen medios para evitar riesgos de fuga y asegurar su sujeción al proceso.

De acuerdo con el escrito citado por Europa Press, la defensa afirma que la fatiga acumulada por repetidos traslados, prolongados tiempos de espera y estancias en dependencias de paso dificultarían la adecuada participación de Ábalos en el juicio, ya que este régimen generaría un evidente desgaste físico y cognitivo. El abogado explica que se trata de circunstancias objetivas y no de una cuestión de comodidad personal, ya que la asistencia del acusado, activo y atento al desarrollo de las pruebas y al diálogo con sus abogados, forma parte esencial de las garantías del proceso judicial. Añade que, bajo el régimen actual, Ábalos comparecería en condiciones menos propicias para asumir su defensa de forma real y efectiva, enfrentando dificultades para comunicarse con sus representantes y responder de forma adecuada durante su interrogatorio, además de participar en la contradicción de las tesis de la acusación.

Europa Press informa que la vista oral contará con sesiones matutinas y vespertinas, todas de comparecencia presencial obligatoria para el exministro. El calendario de audiencias aparece especialmente concentrado, lo que intensificaría la exigencia del régimen penitenciario y el efecto que esto tiene sobre el acusado. Dada esta circunstancia, la defensa insiste en la posibilidad de sustituir la prisión provisional por otras medidas judiciales menos gravosas, como la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y el uso de dispositivos de geolocalización para asegurar su presencia. El escrito subraya que “la adecuada presencia del acusado en el juicio oral forma parte de las garantías mismas del proceso, pues exige que pueda seguir con atención el desarrollo de la prueba, comunicarse de manera eficaz con su defensa, formular observaciones relevantes y participar activamente en su propio interrogatorio y en la contradicción de las tesis acusatorias”.

El medio indica que la prisión provisional fue dictada en noviembre, a pocos meses del inicio del juicio, debido a la proximidad de la vista oral, el riesgo de fuga y las elevadas solicitudes de condena. Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García ingresaron en prisión por estos motivos, según estableció el instructor del caso. Ahora, la representación legal de Ábalos defiende que “la continuación de la prisión provisional en este estadio procesal resulta desproporcionada”, y que el mantenimiento de la medida no aparece ya como imprescindible para asegurar la sujeción del exministro al proceso.

Según publicó Europa Press, la petición de libertad de Ábalos coincide con el recurso presentado por la defensa de su antiguo asesor Koldo García, quien también reclama el fin de la prisión provisional antes del arranque de la vista oral. Ambos afrontarán el juicio junto con Víctor de Aldama, empresario señalado como presunto intermediario de la trama, quien ya ha confesado los hechos según consta en la causa.

En cuanto a las solicitudes de pena, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el exministro veinticuatro años de prisión, mientras que para Koldo García solicita diecinueve años y medio, y para Aldama, siete años, tras su reconocimiento de los hechos. Europa Press informa que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan las peticiones a treinta años de prisión tanto para Ábalos como para su exasesor, y mantienen la misma solicitud que la fiscalía en el caso de Aldama.

Además de las consideraciones sobre el impacto físico y mental sobre el acusado, la defensa de Ábalos enfatiza en su escrito la relevancia del principio de proporcionalidad y de las garantías procesales, y propone la instalación de dispositivos tecnológicos que permitan una vigilancia estricta sin necesidad de prolongar la estancia del acusado en prisión. El propósito, según indica Europa Press, es que el tribunal acceda a medidas alternativas y reduzca el impacto personal del proceso sobre el acusado sin debilitar el control judicial para el desarrollo del juicio.

La decisión del Tribunal Supremo aún no se ha dado a conocer, mientras que las audiencias del juicio oral están programadas de forma intensiva, y requerirán la comparecencia presencial de los acusados durante más de una decena de jornadas a lo largo de varias semanas. El resultado de esta solicitud podría incidir en el desarrollo de la vista y en la capacidad organizativa de las partes, en un proceso que involucra acusaciones de gravedad relacionadas con la gestión de fondos públicos en la adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia, según ha detallado Europa Press.

La demanda presentada no busca una cuantía económica relevante, pues las víctimas reclaman solo una libra esterlina en concepto de indemnización por daños morales, pero sí pretende atribuir responsabilidad personal a Gerry Adams por los atentados cometidos por el Ejército Republicano Irlandés Provisional (IRA) en el Reino Unido entre los años setenta y noventa. Según consignó el medio, el proceso judicial comenzó este lunes en el Tribunal Real de Justicia de Londres, donde Adams, histórico líder del Sinn Féin, enfrenta las acusaciones de tres personas que resultaron afectadas en diferentes ataques.

De acuerdo con la información reportada por la agencia, los demandantes John Clark, Jonathan Ganesh y Barry Laycock consideran que Adams fue tan responsable como quienes ejecutaron materialmente los atentados. Argumentan que "estuvo tan involucrado como las personas que colocaron y detonaron esas bombas", según publicó el medio. La Fiscalía sostiene que los demandantes acusan a Adams de haber desempeñado un papel clave, por lo que afirman que "ninguno de los atentados bomba que se cometieron en territorio británico se llevó a cabo sin su consentimiento". Las bombas colocadas durante ese periodo causaron numerosos muertos y heridos y dejaron secuelas tanto físicas como psicológicas en las víctimas.

El periódico informó que, aunque los demandantes señalan a Adams por su supuesta complicidad, la defensa arguye que el exlíder del Sinn Féin siempre ha rechazado cualquier implicación en los hechos y nunca ha sido arrestado, imputado ni condenado por estos ataques. "El demandado niega enérgicamente cualquier implicación en los atentados", según manifestó el equipo legal de Adams durante la audiencia. Además, los abogados han enfatizado que su cliente desempeñó un papel determinante en el proceso de paz en Irlanda del Norte, que culminó en el Acuerdo del Viernes Santo en abril de 1998.

Los representantes de Adams también han señalado aspectos legales respecto al proceso. Han puesto en cuestión la capacidad de los demandantes de presentar la acción judicial décadas después de los sucesos, alegando que los plazos legales para la interposición de dicha demanda ya han expirado. Según argumentó la defensa, "incluso si la demanda no estuviera abocada al fracaso por motivos de prescripción, fracasaría inevitablemente por sus méritos". Los abogados recalcaron además que la búsqueda de justicia debe atender a los procedimientos y plazos que marca la ley.

Por su parte, la Fiscalía ha subrayado que el proceso no busca un castigo penal, sino una declaración simbólica de responsabilidad a raíz del daño emocional y social causado por los ataques, insistiendo en que Adams contribuyó tanto al periodo de guerra como al posterior rumbo hacia la paz. El Sinn Féin, bajo el liderazgo de Adams, fue un actor central en el conflicto norirlandés y en las negociaciones que permitieron la firma del acuerdo que puso fin a décadas de violencia entre partidarios de la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido y quienes propugnaban la unificación con la República de Irlanda.

Según reportó el medio, el juicio se lleva a cabo en un contexto sensible respecto al pasado del conflicto norirlandés y sus ramificaciones actuales. La figura de Adams ha estado históricamente definida por su doble percepción como mediador en la paz y como dirigente del Sinn Féin durante episodios de actividad armada del IRA. El proceso judicial iniciado esta semana se encuentra previsto a finalizar la próxima semana, sin que hasta el momento Gerry Adams haya enfrentado cargos legales relacionados con los atentados mencionados en la demanda.

El implicado en la muerte de su exnovia Paula en Torremolinos en 2023 ha expresado que lamenta profundamente lo sucedido y aseguró que su intención nunca fue causar daño, según reportó el medio que cubre el caso. El acusado, que enfrenta una solicitud de 28 años de prisión por asesinato con alevosía y malos tratos habituales en el contexto de la violencia de género, ha declarado durante el juicio que el fallecimiento ocurrió de forma accidental durante una pelea, en la que, según su relato, la víctima sostuvo siempre el arma blanca. La Fiscalía y la acusación particular, representada por el abogado Guillermo Smerdou en nombre de la familia de la fallecida, mantienen la petición de la condena máxima para el procesado.

De acuerdo con lo publicado, el jurado popular comenzó esta semana la evaluación del caso, abordando los hechos que derivaron en la muerte de Paula, quien presentaba dieciséis heridas por arma blanca, dos de ellas en la espalda. En la apertura del juicio, el procesado reconoció su implicación, al afirmar: “Cometí el error más grande de mi vida” y añadió: “debería haber evitado este sufrimiento”. El acusado insistió en que ambos mantenían una “relación tóxica”, pero negó haber ejercido maltrato, alegando que su papel en el incidente se limitó a tratar de apartar los ataques y desviar el cuchillo. Según su declaración, no existió premeditación ni intencionalidad homicida, postura sostenida también por su defensa, que subraya la ausencia de alevosía y que todo se debió a un forcejeo en el suelo al intentar evitar un supuesto ataque.

Según consignó la fiscal en el proceso, durante los tres años de la relación la víctima habría sido sometida a malos tratos, aislamiento y descrédito por parte del acusado. Se expusieron elementos sobre antecedentes penales del procesado, quien mantiene una condena previa por amenazas a otra expareja y está vinculado al caso de desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de su anterior pareja, Sibora, nueve años después de que se la reportara como desaparecida, hallazgo que se produjo en el marco de las diligencias del crimen de Paula.

El medio detalló que la acusación particular sostiene que el procesado evidenciaba “celos enfermizos” y que la muerte fue resultado de un acto planificado. Según la acusación formulada ante el tribunal, una semana antes de los hechos, el acusado sustrajo el cuchillo que utilizó en la agresión y, el día de los hechos, atrajo a Paula al domicilio donde perdió la vida. Añadieron desde la acusación que la víctima luchaba por recuperar la custodia de sus tres hijos, quienes se encontraban bajo la tutela de las autoridades.

Por su parte, la defensa del procesado ha reconocido que la muerte de Paula resulta “innegable” y que el caso merece un reproche penal por la gravedad del desenlace. No obstante, el equipo jurídico defensor plantea la existencia de matices que diferenciarían entre homicidio y asesinato, basándose en la ausencia de premeditación y alevosía. La letrada de la defensa declaró ante el tribunal: “No iba a matar, pero mató. Ese momento, sin ser preparado, efectivamente ocurrió”.

En sus exposiciones, el acusado reiteró que nunca actuó por celos ni ejerció control sobre Paula, rechazando las imputaciones de malos tratos habituales. Negó el carácter premeditado de la agresión y afirmó que, en todo momento, intentó evitar que el cuchillo lo alcanzara, describiendo que su intervención se limitó a redirigir el brazo de Paula para esquivar los golpes. El acusado ha insistido en transmitir su “arrepentimiento sincero” a la familia de la víctima durante su declaración.

El medio relató que la fiscalía mantiene que los hechos constituyen un asesinato con alevosía y violencia de género, argumentando que Paula recibió un total de dieciséis puñaladas, incluidas dos por la espalda, lo que, según la acusación, prueba la indefensión de la víctima. Desde la defensa se plantea que el incidente no se correspondió con ese tipo penal, recalcando la importancia de los detalles diferenciadores que, a su juicio, situarían el caso en el terreno del homicidio.

La investigación reveló, según detalló la cobertura periodística, que el acusado ya había incidido en situaciones similares, lo que la fiscalía expuso como antecedente relevante para la valoración global de la peligrosidad y la intencionalidad del procesado. Además, la acusación particular insistió en la carga psicológica a la que la víctima se veía sometida durante su convivencia con el encausado.

A lo largo del proceso, la familia de Paula, representada por el abogado Guillermo Smerdou, ha sostenido que el acusado cometió el crimen bajo una motivación celotípica y premeditada, mientras que la defensa reitera que se trató de un episodio puntual sin planificación previa. El juicio, en manos de un jurado popular, continuará explorando la secuencia de los hechos y las pruebas aportadas, con la expectativa de que las deliberaciones concluyan en los próximos días.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fijó el inicio del juicio contra Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, su madre Eva García de Joaquín y su sobrino Joram Núñez Joaquín para el 15 de marzo de 2027, en medio de una compleja investigación que abarca acusaciones de crimen organizado, trata de personas y tráfico sexual.

La decisión se anunció durante una audiencia realizada este martes 10 de marzo, donde las partes procesales revisaron el calendario y el estado de los acusados, quienes permanecerán detenidos hasta el arranque del proceso.

¿Qué pasó en la audiencia?

La audiencia comenzó con retraso porque los abogados y los fiscales usaron ese tiempo para acordar el calendario del proceso: revisaron fechas para la entrega de pruebas, declaraciones y posibles conflictos de agenda. Tras discutir estos puntos, se pusieron de acuerdo en los pasos a seguir.

La jueza Loretta A. Preska estableció que la defensa tiene hasta el 25 de julio de 2026 para presentar peticiones legales, como pedir que se desestimen cargos o que se excluyan pruebas. También fijó una nueva audiencia para revisar el avance del caso el 23 de septiembre de 2026. Finalmente, se acordó que el juicio comience el 15 de marzo de 2027.

La Fiscalía informó que todavía entregará más pruebas. El expediente ya supera los 2.2 millones de documentos y archivos electrónicos, por lo que el fiscal calcula que la etapa de presentación de pruebas podría durar unos dos meses.

Durante la audiencia, Naasón Joaquín García, Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín permanecieron esposados todo el tiempo, luego de que el alguacil negara la petición de quitárselas.

Naasón llevaba uniforme caqui y se le notó un ligero aumento de peso; su madre vestía un overol amarillo fosforescente con el cabello recogido en una cola de caballo y trenzas, y su sobrino usaba ropa similar. Los tres permanecieron serios, sin hacer declaraciones.

En la sala hubo más asistentes que en otras ocasiones, principalmente mujeres de La Luz del Mundo, con cabello largo y faldas largas, guiadas por una líder de aspecto más moderno. Al final, Naasón Joaquín saludó con la cabeza a sus seguidores, mientras Eva García evitó el contacto visual.

El juicio será para los tres juntos, a menos que alguno de ellos pida que su caso se separe antes de la fecha programada.

¿De qué se les acusa?

Naasón Joaquín García, de nacionalidad mexicano-estadounidense, enfrenta cargos federales por crimen organizado, tráfico sexual, trata de personas, explotación infantil y lavado de dinero, junto con su madre y su sobrino.

La acusación sostiene que los líderes de La Luz del Mundo y sus colaboradores utilizaron su autoridad religiosa y doctrinal para someter a niñas y mujeres, presentando los abusos como una “bendición espiritual”.

El expediente detalla que la estructura de la iglesia sigue una línea dinástica iniciada por Aarón Joaquín (fundador), continuada por Samuel Joaquín Flores y, desde 2014, encabezada por Naasón Joaquín García. La organización tiene su sede principal en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco, y su liderazgo se caracteriza por ejercer una autoridad absoluta, donde el líder es considerado “apóstol” y su palabra es incuestionable. La congregación celebra el cumpleaños del dirigente como su principal festividad religiosa.

La Fiscalía sostiene que los delitos atribuidos a la familia Joaquín García y sus colaboradores se perpetraron bajo una estructura piramidal que aprovechó la fe y la obediencia de los fieles para obtener poder, donativos económicos y protección ante denuncias. La presión social y el temor al ostracismo religioso perpetuaron el silencio de las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a familias con varias generaciones dentro de la iglesia.

Además, se señala que la estructura criminal se benefició del trabajo forzoso y el traslado de grandes sumas de dinero entre Estados Unidos y México. Los recursos de donaciones fueron utilizados, según la acusación, para el enriquecimiento personal de la familia dirigente, el pago de viajes internacionales y lujos para el círculo cercano, así como para mantener el control sobre la organización.

La acusación federal también implica a Azalia Rangel García, Rosa Sosa y Silem García Peña. Este último, quien fue regidor en Xalapa, México, promovió un amparo para evitar su detención y extradición. Todos permanecen prófugos.

Naasón Joaquín García ya cumple una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión dictada en 2022 en California por el delito de abuso sexual de menores, mientras permanece detenido en Nueva York a la espera del juicio federal.

De acuerdo con el reporte del medio, el proceso judicial abarca hechos ocurridos desde 1997 hasta 2019 tanto en el domicilio familiar como en lugares públicos. El escrito de acusación recoge que el acusado habría ejercido violencia habitual, cometido tres delitos de agresión sexual y emitido amenazas de manera continuada contra su pareja y los cuatro hijos que tenían en común, amplió la Fiscalía en su petición.

El Ministerio Público reclama tres años de prisión por el delito de violencia habitual. Además, solicita que se le retire durante cinco años el derecho a la tenencia y porte de armas, lo que implicaría la pérdida de vigencia de la licencia correspondiente. Dentro del mismo apartado, la acusación solicita la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y con los cuatro hijos del acusado, estableciendo una distancia mínima de trescientos metros y por un periodo de cinco años. Para los dos hijos menores, se ha solicitado también la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante ese plazo.

Respecto a los cargos de agresión sexual, el Ministerio Público ha pedido para el acusado un total de treinta años de cárcel, sumando asimismo medidas adicionales de protección y vigilancia. Destacan, entre ellas, la prohibición de todo contacto con la víctima a menos de trescientos metros de distancia y la prohibición de comunicación durante veinte años, contados desde el cumplimiento de la pena. Además, para el periodo posterior a la privación de libertad, la Fiscalía reclama diez años de libertad vigilada.

Por las presuntas amenazas continuadas, la solicitud se incrementa en dos años de prisión más y se suman otras restricciones similares sobre el contacto y la distancia respecto a las víctimas.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la acusación pide que el acusado indemnice a la víctima principal con una suma de cien mil euros. Para cada uno de los cuatro hijos, el Ministerio Público reclama veinte mil euros, al entenderlos también como víctimas directas dentro de los hechos investigados.

El proceso judicial ya había dado lugar a una sesión previa que se llevó a cabo a puerta cerrada, según consignó el medio. Esta nueva vista suspendida debía ser la continuación del juicio, por lo que la resolución definitiva sobre las acusaciones queda pendiente de reprogramación en la agenda de la Audiencia Provincial.

La extensión de las medidas solicitadas por la Fiscalía, destacó el medio, pretende asegurar la protección futura de la víctima y de los menores, así como evitar situaciones de riesgo una vez que el acusado recupere la libertad. Estas medidas tienen alcance tanto penal como civil, e incluyen inhabilitaciones, restricciones de comunicación y aproximación, y vigilancia durante una década tras la salida de la cárcel, de concretarse la condena solicitada.

El caso, explicó el Ministerio Público, abarca hechos prolongados en el tiempo y un escenario de presunto maltrato continuado, con episodios reiterados que, según el escrito de acusación, se desarrollaron en el entorno doméstico y, en ocasiones, también en espacios públicos, involucrando directamente a la unidad familiar.

La decisión sobre las posibles responsabilidades y sobre la magnitud de las penas queda aplazada mientras se reorganiza el calendario judicial. Según publicó el medio, el proceso seguirá su curso tras el retraso, manteniéndose las acusaciones y las solicitudes de la Fiscalía sobre el acusado.

La persona agredida aseguró que, a pesar del tiempo transcurrido desde los hechos, continúa necesitando atención médica y psicológica como consecuencia directa de la agresión sufrida. De acuerdo con el medio que reporta el caso, ha señalado que asiste regularmente a sesiones de psicoterapia para tratar la ansiedad y la depresión que padece, y ha requerido atención psiquiátrica, así como la participación en un programa de desintoxicación a raíz del consumo generado tras el episodio violento. Además, expresó que ver a los acusados por el barrio implica un recordatorio constante del ataque, lo que incide en su salud mental, que sigue viéndose afectada tras cinco años.

Según informó la fuente, el juicio celebrado desde este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia enfrenta a once personas por la supuesta agresión homófoba cometida en la madrugada del 6 de junio de 2021, en Basauri, específicamente en la zona del parque Bizkotzalde. La víctima, de 23 años en el momento de la agresión, compareció en la primera jornada del proceso judicial y relató ante el tribunal los hechos. Explicó que reconocía a los nueve acusados presentes en la sala, pues los otros dos no habían asistido a la sesión.

En su declaración, recogida por la fuente informativa, la víctima afirmó que durante la madrugada de los hechos se hallaba conversando con amistades en el parque cuando uno de los procesados, integrante de un grupo de unas trece personas, le increpó con expresiones ofensivas. El acusado le ordenó marcharse del lugar argumentando que “les iba a contagiar” y que su presencia le resultaba repulsiva. Ante ello, el joven respondió que si le incomodaba, podía irse él. Según detalló en el tribunal, fue en ese momento cuando uno de los acusados le atacó por la espalda y, posteriormente, el resto del grupo se sumó a la agresión, golpeándole hasta que perdió la consciencia. Testigos le informaron que, aun inconsciente, continuaron golpeándolo.

La víctima declaró ante la Audiencia Provincial que todos los acusados actuaron de forma activa y que, durante la agresión, le insultaron repetidamente con expresiones homófobas, tales como “puto maricón” y “eso te pasa por ser un maricón de mierda”. Además, aseguró que, si bien conocía a algunos de los presuntos responsables de vista, no existía vínculo previo de relación con ellos. Subrayó que sus agresores se encuentran en su vida diaria, circunstancia que mantiene viva la experiencia traumática y la sensación de inseguridad.

Según consignó el medio, la acusación solicita para cada uno de los once imputados una pena de tres años de prisión por un delito de lesiones motivadas por odio. Se añade una petición de orden de alejamiento durante un periodo de cinco años para proteger a la víctima, junto con una indemnización de 6.000 euros destinada a compensar daños morales.

El joven agredido relató, según publicó la fuente, que como resultado de la paliza resultó hospitalizado, con traumatismos físicos. Detalló que las consecuencias psicológicas han perdurado más allá de la recuperación física, manifestando episodios de ansiedad y depresión derivados de lo vivido. Describió que la persistencia de síntomas lo llevó a buscar ayuda profesional tanto en psicología como en psiquiatría, además de recurrir a tratamiento especializado para el consumo posterior al ataque.

Durante el juicio, la víctima ofreció detalles sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos. La agresión tuvo lugar en un espacio público frecuentado por múltiples grupos. La víctima señaló que la hostilidad se originó por su orientación sexual, quedando evidenciada en los insultos que acompañaron la violencia física ejercida.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia tiene previsto continuar con las distintas sesiones del proceso judicial, en el que se analizarán los testimonios y las pruebas relacionadas con los hechos. Las partes del caso, incluidos los acusados y representantes legales, presentarán sus respectivas versiones ante el tribunal. El desarrollo del juicio definirá las posibles responsabilidades penales y civiles que puedan derivarse de la acusación de lesiones por motivos de odio.

Según el medio que ha seguido el caso, la víctima subrayó ante el tribunal la repercusión que la agresión ha tenido sobre todos los aspectos de su vida, no solo en lo físico sino de forma persistente en su salud psicológica y en su rutina diaria, enfrentándose al temor y las secuelas emocionales asociadas a la agresión homófoba sufrida en Basauri.

Los ocho hombres señalados como presuntos autores de una agresión sexual múltiple en Magaluf permanecen encarcelados provisionalmente desde que ocurrieron los hechos y se enfrentarán a un proceso judicial que inicia este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares. Según reportó la Fiscalía, a estos individuos se les atribuyen seis delitos de agresión sexual, uno contra la intimidad y uno más de maltrato, y se solicita para todos ellos una condena conjunta de 153 años de prisión, así como el pago de una indemnización de 190.600 euros a la víctima. La noticia fue publicada por distintos medios, entre ellos el medio local que consignó el escrito de acusación fiscal.

De acuerdo con la acusación relatada por la Fiscalía, los sucesos tuvieron lugar sobre las 7:30 de la mañana del 14 de agosto de 2023, cuando los ocho acusados —todos ciudadanos franceses, salvo uno de nacionalidad suiza— se encontraban en una habitación de hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià. La investigación sostiene que la víctima, una mujer, se hallaba en estado de inconsciencia cuando fue llevada hasta el lugar acompañada por los acusados. El fiscal detalla que los procesados procedieron a desnudarla, realizar sobre ella tocamientos de carácter sexual y violarla repetidamente durante aproximadamente media hora.

El medio local informó que, además de los actos violentos descritos, los acusados grabaron veintiún videos de las agresiones sexuales utilizando teléfonos móviles, y luego compartieron estas grabaciones a través de una aplicación de mensajería instantánea. Asimismo, los implicados lanzaron comentarios obscenos durante el ataque. El contenido de los videos y los mensajes forma parte del material presentado por la acusación.

Todos los presuntos autores han permanecido en prisión provisional desde pocos días después de la agresión, dada la gravedad de los hechos y la alarma social generada. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial será la responsable del juicio, con inicio previsto para las 10:00 horas del lunes y continuación durante la semana en sesiones programadas para miércoles, jueves y viernes.

Según la información publicada por el medio citado, la Fiscalía sostiene que la situación de vulnerabilidad de la víctima, unida a la difusión de las imágenes sin su consentimiento, agrava la responsabilidad de los acusados tanto en el delito contra la intimidad como en los de naturaleza sexual. Por estos delitos, sumarían un total de 153 años de privación de libertad y cerca de 200.000 euros en concepto de indemnización.

El procedimiento judicial tomará declaración a las partes, aportará las pruebas reunidas durante la instrucción, incluidas las grabaciones y mensajes electrónicos, y permitirá que tanto la defensa como la acusación expongan sus argumentos. El caso ha generado seguimiento y atención pública debido a la magnitud de la denuncia y al hecho de que los involucrados comparten una nacionalidad extranjera, lo que implica también la cooperación de autoridades de otros países europeos en aspectos relacionados con la instrucción, según reportó el medio local.

El desarrollo del juicio aportará detalles sobre la mecánica de los hechos, la situación de la víctima y la implicación individual de cada acusado, con base en los elementos recogidos en la investigación y la valoración de la sección judicial competente.

A casi siete años de la muerte de Diego Román, la Justicia de Santa Fe fijó la fecha para el inicio del juicio que busca esclarecer las circunstancias del caso que conmocionó a la ciudad de Recreo. Los principales acusados son los dueños de los 10 perros que lo mataron.

El niño, de 12 años, fue hallado sin vida en un descampado a comienzos de julio de 2019. Finalmente, el proceso judicial, que comenzará el viernes 27 de marzo, tendrá como principales acusados a Iván Mercado Reyes y Norma Vega, quienes enfrentan cargos como coautores de homicidio con dolo eventual. Ambos eran los dueños de la jauría de perros, señalada por la Fiscalía como responsable del ataque que acabó con la vida del menor.

El hallazgo del cuerpo de Diego Román, en las inmediaciones del límite entre un predio rural de Reyes y un terreno contiguo, a unos 220 metros al norte de la calle Menchaca, fue el punto de partida de una investigación, que incluyó peritajes forenses, veterinarios y testimonios de vecinos.

Según informó el portal Rosario3, el debate oral se realizará ante el juez Pablo Busaniche y está programado para extenderse durante varias jornadas, con audiencias los días 27, 30 y 31 de marzo, y en la primera quincena de abril: 1, 6, 7, 8 y 9, según informó la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). El fiscal Andrés Marchi anticipó que solicitará una pena de 10 años de prisión para Reyes y 8 años para Vega, al considerar que ambos eran plenamente conscientes de la “potencialidad agresiva y lesiva” de la jauría.

De acuerdo con la acusación fiscal, Reyes y Vega sabían del peligro que representaban los aproximadamente diez perros que estaban bajo su cuidado y no tomaron las medidas necesarias para evitar el ataque. La Fiscalía subraya que existían antecedentes de ataques previos a vecinos por parte de los mismos animales, lo que refuerza la teoría de que los propietarios actuaron con conocimiento del riesgo.

En caso de que el tribunal no comparta la calificación de dolo eventual, el fiscal Marchi propuso como alternativa la figura de homicidio culposo, que podría derivar en penas de entre 4 y 5 años de prisión para la pareja.

Si bien no se pudo precisar el momento exacto de la muerte, los peritos establecieron que el hecho ocurrió entre las 17 del 3 de julio y las 4.30 del 4 de julio de 2019. Los análisis forenses y veterinarios concluyeron que las graves heridas sufridas por el niño eran “compatibles con una depredación de animales”, lo que derivó el curso de la investigación hacia la responsabilidad de la jauría, integrada por perros de diversas razas: un rottweiler llamado Tronco, varios bóxer (Jackson, Dorotea y Malevo) y mestizos identificados como Beethoven, Tacuara, Mia, Chocolate, Uma y Negrito. Este grupo de animales había protagonizado episodios de agresión anteriores, de acuerdo con testimonios recogidos en la causa.

La pregunta central del juicio será determinar si el ataque mortal a Román era un riesgo previsible y evitable para los propietarios de los perros, y si la falta de medidas de contención por parte de Reyes y Vega constituye una conducta penalmente reprochable en los términos solicitados por la Fiscalía.

En las primeras etapas de la investigación, se barajaron hipótesis alternativas sobre la muerte del menor, en parte debido al estado en que fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, los peritajes oficiales descartaron la intervención de terceros y concluyeron que las lesiones eran atribuibles a un ataque animal, según constan en las actuaciones judiciales.

La Fiscalía sostiene que esta conclusión está respaldada por los informes de los especialistas forenses y veterinarios, quienes afirmaron que las heridas correspondían a mordeduras y desgarros típicos de una jauría, y no a lesiones provocadas por armas o instrumentos ajenos.

El proceso buscará esclarecer si la tragedia pudo haberse evitado y si existió negligencia por parte de quienes tenían a su cargo a los animales involucrados. El resultado del debate oral será determinante para la definición de responsabilidades penales y la eventual aplicación de las penas solicitadas por la Fiscalía.

El juicio oral por el caso Cuadernos se reanudará mañana con una definición clave del Tribunal Oral Federal 7 sobre las cuestiones preliminares que plantearon las defensas, mientras en paralelo ingresó un recurso vinculado al estado de salud del ex secretario de Obras Públicas José López, uno de los imputados que además declaró como arrepentido en la investigación.

Se trata de un incidente de carácter reservado abierto en torno al exfuncionario y vinculado a si está en condiciones o no de continuar afrontando el juicio oral por razones de salud, explicaron fuentes del caso.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán resolver si hacen lugar o no a los pedidos de nulidad y objeciones que buscan que no siga adelante el juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su Gobierno y empresarios acusados.

Hay pedidos de nulidad absoluta de la causa, prescripción, recusaciones y reclamos de sobreseimiento. Llevaron un mes de audiencias. Todo fue rechazado ya por la fiscal de juicio Fabiana León, quien reclamó seguir adelante con el debate oral.

Si el Tribunal desestima los planteos de las defensas, el proceso avanzará hacia una de sus etapas centrales: las declaraciones indagatorias. Se fijará un cronograma y el Tribunal tendrá que dar una respuesta a los reiterados planteos para que el debate sea presencial.

El planteo de José López

En ese contexto, el tribunal también tiene pendiente definir a futuro la situación de López, luego de que su defensora oficial, Pamela Bisserier, solicitara que sea excluido del juicio al sostener que actualmente no se encuentra en condiciones de ejercer su defensa.

López es arrepentido y había anticipado su intención de declarar. Precisamente su defensora fue una de quienes, ya en la audiencia de preparación del debate, exigieron que este trámite se cumpliera de manera presencial.

El juicio, considerado uno de los expedientes más relevantes por presunta corrupción en la obra pública, comenzó el 6 de noviembre de 2025 y desde entonces se desarrolla bajo modalidad virtual con audiencias los martes y jueves.

En el banquillo se encuentra como principal acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, entre ellos Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación.

Según la acusación, entre 2003 y 2015 habría funcionado una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos de empresas de la construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales y beneficios en la obra pública. La fiscalía sostiene que el sistema operaba a través de funcionarios que recibían dinero de empresarios a cambio de adjudicaciones de obras o de la liberación de pagos.

En ese esquema, López está acusado de haber sido uno de los intermediarios clave en la recaudación ilegal.

Detenido con condena firme en el caso Vialidad, el ex funcionario comenzó a ser juzgado la semana pasada en otra causa penal, “Sueños Compartidos” y se lo trasladó desde la cárcel a los tribunales federales de Retiro para asistir al debate en persona.

El ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo saltó a la fama cuando fue sorprendido intentando esconder en un convento millones de dólares dentro de bolsos.

Cuando quedó detenido en el caso Vialidad condenado a seis años de prisión, reclamó sin éxito la prisión domiciliaria. Su defensa oficial en esa causa a cargo de Santiago Finn planteó ya en esa ocasión los problemas psiquiátricos de López que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades, además de un diagnóstico de enfermedad crónica que requiere medicación. En julio del año pasado el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el planteo.

Este lunes comienza el juicio por el homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido hace 20 años en Tucumán. En el banquillo de los acusados estarán César Soto, ex pareja de la joven y padre de su hija, imputado como presunto autor del asesinato, y Sergio Kaleñuk, señalado como presunto encubridor. El padre de la joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció tirado al costado de la ruta, denunció que “sigue funcionando una estructura de impunidad”.

Se espera que el proceso judicial dure al menos dos meses frente a un tribunal conformado por Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas, con la acusación encabezada por el fiscal Carlos Sale. Se trata de una nueva etapa en una causa que arrastra varias condenas previas a ex funcionarios y policías de alto rango como el ex fiscal Carlos Albaca quien fue sentenciado en 2021 a seis años de prisión por encubrimiento agravado, aunque el fallo incluyó la advertencia de que no “comparta espacios comunes” con otros detenidos ni permanezca en comisarías. En 2023, finalmente, fue arrestado y trasladado a un penal.

También quedaron tras las rejas el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los ex jefes policiales Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito. El rol de la Policía tras la denuncia por desaparición en 2006 también fue juzgado, luego de haber alterado las actas del procedimiento para informar que el hallazgo fue producto de un rastrillaje realizado por efectivos de la comisaría local, lo que constituyó el primer indicio de una cadena de irregularidades en la investigación.

El proceso estaba programado para que comience el lunes 2 de marzo, pero el cambio de Fiscalía llevó a que su inicio se postergara para hoy. En esa misma audiencia, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificó el rechazo al pedido de prescripción presentado por la defensa de Kaleñuk.

Paulina Lebbos desapareció la madrugada del 26 de febrero de 2006 tras haber salido con amigos y haberse dirigido al domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos al 1200. Los investigadores sostienen que allí se produjo una discusión que derivó en la muerte de la joven por asfixia. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año a la vera de la ruta 341, camino a Raco, donde las pericias determinaron que fue arrojada el mismo día en que ocurrió el asesinato.

En las horas previas al asesinato, la joven había ido a bailar al boliche “Gitana” y a la salida se subió a un remis Fiat Duna junto a una amiga, Virginia Mercado, quien ahora está imputada por encubrimiento. A mediados de febrero pasado, la ex compañera de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Lebbos admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen con mentiras y omisiones clave. Los abogados defensores le recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. Lo hizo en una audiencia en donde los letrados solicitaron un juicio abreviado que el juez Patricio Agustín Prado rechazó e indicó que continúe su curso normal.

El magistrado entendió que el acuerdo no cumplía con los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de Tucumán para validar este tipo de procedimiento, cuando Mercado indicó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, declaró el padre de Paulina, Alberto Lebbos, quien estuvo presente en la audiencia.

Una ola de violencia sacudió el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Florencio Varela durante este jueves, luego de que un jurado popular decidiera absolver a un joven acusado de provocar la muerte de una adolescente en un accidente de tránsito.

Al conocerse el veredicto, un grupo de personas arrojó piedras contra el edificio, rompió ventanas, dañó vehículos y llegó a intentar prender fuego papeles y cortinas en el interior del tribunal, mientras funcionarios, empleados y jurados permanecían adentro.

El caso que derivó en estos incidentes se originó en julio de 2024. Maia Spinelli (17) viajaba como acompañante en un auto y murió tras un violento choque en la intersección de avenida Eva Perón y 12 de Octubre, en Florencio Varela. La investigación apuntó contra Valentino Perrone, conductor del vehículo, quien llegó a juicio imputado por homicidio con dolo eventual y lesiones leves, además de figuras penales alternativas por homicidio imprudente y culposo.

El proceso se realizó bajo el sistema de juicio por jurados, donde 12 ciudadanos titulares y seis suplentes fueron sorteados para analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. El representante del Ministerio Público Fiscal fue Marcelo Celidán.

Durante el debate se expuso que el grupo de jóvenes circulaba en el auto con más ocupantes de los permitidos, sin cinturones de seguridad y tras consumir alcohol. El vehículo, manejado por Perrone, chocó por detrás a otro auto, se desvió, golpeó contra el boulevard de una avenida, volvió al carril y terminó impactando contra el frente de un local comercial, provocando la muerte de Maia. El resto de los ocupantes sufrieron lesiones.

La audiencia finalizó en horas de la madrugada, cuando el jurado entregó su decisión en sobre cerrado. De acuerdo al procedimiento, el veredicto se conoce en ese mismo instante, sin que las partes puedan anticipar el resultado. La ley establece que, para declarar culpable a un acusado por delitos que no contemplan pena perpetua, se requieren al menos 10 votos afirmativos. Si no se alcanza esa mayoría, corresponde la absolución.

Según relató una auxiliar letrada del tribunal al medio El Radar del Sur, los integrantes de la familia de la víctima reaccionaron con angustia dentro de la sala al escuchar el fallo. La situación se tornó tensa y las autoridades resolvieron desalojar el recinto. Minutos más tarde, ya en el exterior, un grupo estimado en unas 30 personas superó el operativo policial y comenzó a tirar piedras contra el edificio. Varias ventanas resultaron destrozadas, mientras quienes permanecían adentro buscaban refugio.

El juez Santiago Zurzolo recibió un ladrillazo en el pecho, además de cortes por astillas de vidrio. Otros funcionarios y jurados sufrieron daños materiales en sus vehículos, entre ellos dos motos y un auto. Una persona introdujo la mano por una de las ventanas rotas y prendió fuego papeles y cortinas, según testigos, mientras gritaba amenazas. El intento de incendio fue sofocado rápidamente, aunque dentro del tribunal se vivieron momentos de temor y encierro.

La auxiliar letrada, además, relató que su número personal de celular fue difundido en redes sociales y comenzó a recibir amenazas, situación que denunció ante la fiscalía.

Tanto trabajadores como funcionarios y jurados permanecieron dentro del edificio hasta la llegada de un importante despliegue de patrulleros y la normalización parcial de la situación.

Los hechos tuvieron un fuerte eco institucional. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Quilmes expresó su “profunda preocupación y absoluto repudio” frente a los ataques, reclamó medidas urgentes de seguridad para el personal judicial y pidió la suspensión de términos procesales mientras no se garantizara la integridad física de trabajadores y trabajadoras.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes también repudió los hechos y recordó que la absolución fue decisión de un jurado popular, no de jueces, y alertó sobre el riesgo de naturalizar episodios de violencia contra el sistema judicial.

A su vez, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina se solidarizó con los afectados y advirtió sobre la gravedad de estos ataques, que afectan la independencia judicial y generan condiciones de presión incompatibles con el funcionamiento democrático de la justicia. Las entidades coincidieron en la necesidad de reafirmar el respeto institucional, la convivencia pacífica y el resguardo del servicio de justicia ante situaciones de violencia y deslegitimación.

El calendario aprobado por el Tribunal Supremo prevé que el juicio oral quede visto para sentencia el 30 de abril, tras un total de 14 sesiones que combinarán jornadas matutinas, desde las 10:00 horas, con audiencias en horario vespertino a partir de las 15:30 horas. De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Penal ha emitido una resolución en la que establece de forma detallada las fechas y modalidades de las sesiones, las cuales se desarrollarán a partir del 7 de abril, día en que está programado el inicio del proceso judicial.

El Supremo ha desestimado la solicitud de José Luis Ábalos, exministro, quien buscaba que el juicio se aplazara al menos un mes. Europa Press reportó que la petición de la defensa de Ábalos se basó en dificultades técnicas para acceder al contenido de la causa y en la coincidencia con otros señalamientos judiciales previos. No obstante, el alto tribunal determinó que el proceso debe seguir adelante sin alteraciones en el calendario, argumentando el carácter prioritario que adquiere en tanto involucra a personas actualmente en prisión preventiva.

El proceso en cuestión se centra en las presuntas irregularidades detectadas durante la adquisición de mascarillas en la pandemia, lo que implicó la imputación tanto de Ábalos como de su antiguo asesor, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama. Según publicó Europa Press, tanto Ábalos como García permanecen en prisión desde noviembre pasado, ya que el instructor del caso apreció riesgo de fuga.

Respecto a las alegaciones sobre las trabas para consultar los documentos del procedimiento, el Tribunal Supremo expuso en su resolución que el abogado de Ábalos dispone de la posibilidad de acudir a la Secretaría judicial para consultar los archivos de manera presencial o copiar los datos en un disco duro externo, facilitando el acceso a la información necesaria para la defensa. Además, el tribunal especificó que el funcionamiento de la aplicación informática que almacena toda la documentación depende del Ministerio de Justicia, y no de la Sala de lo Penal.

En la misma jornada, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, manifestó que se evalúa recurrir ante el Tribunal Constitucional el auto que desestimó las cuestiones previas planteadas antes del inicio del juicio. Europa Press detalló que entre las cuestiones rechazadas figuran las referidas a supuestas irregularidades en la fase de instrucción y en la recopilación de pruebas documentales, fundamentales para la estrategia de defensa.

El Tribunal Supremo ha insistido en que el caso tiene carácter prioritario por tratarse de una causa con acusados en prisión, lo que añade celeridad a la celebración del juicio. Además de la planificación de sesiones dobles –en turno de mañana y tarde–, el alto tribunal garantizó que tanto la defensa como las acusaciones dispondrán del tiempo necesario para presentar sus argumentos y pruebas durante el proceso.

La causa, ampliamente cubierta por el medio Europa Press, destaca las actuaciones del alto tribunal en la gestión de causas complejas con varios acusados y asegura la continuidad del calendario judicial pese a los recursos y solicitudes presentadas por la defensa.

El escrito presentado por la defensa de José Luis Ábalos destaca las dificultades que enfrenta el equipo jurídico para acceder a la totalidad de la documentación relevante, al señalar la necesidad de descargar individualmente hasta 50.000 archivos, lo que ha provocado serios inconvenientes en la preparación de la estrategia legal antes del juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Ante esta situación, el abogado Marino Turiel ha solicitado al Tribunal Supremo una ampliación del plazo para elaborar una defensa adecuada y ha denunciado obstáculos que dificultan ejercer en plenitud el derecho de defensa del exministro. Según ha informado Europa Press, Turiel subrayó que preparar el juicio en las condiciones actuales resulta prácticamente imposible y que espera que el alto tribunal atienda el pedido de la defensa para garantizar las garantías procesales.

El letrado informó en una entrevista emitida en el programa matinal de Telecinco, recogida por Europa Press, que su equipo legal evalúa recurrir al Tribunal Constitucional, tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar sus cuestiones previas, confirmando así que la vista oral del juicio iniciará el 7 de abril. Marino Turiel afirmó que están estudiando interponer un incidente de nulidad ante la Sala de lo Penal del Supremo, en busca de que se conceda más tiempo y se reconsidere el procedimiento, argumentando la insuficiencia del periodo otorgado para la preparación del caso.

De acuerdo con Europa Press, Turiel explicó que no se oponen a la celebración del juicio, sino que buscan que este se realice bajo condiciones que permitan a la defensa ejercer su labor con todas las garantías legales. El letrado remarcó: “lo estamos solventando y creemos que lo vamos a hacer”, en alusión a la probable presentación del recurso ante el Constitucional, si el tribunal mantiene su postura. Expresó que una eventual sentencia condenatoria incluiría entre sus motivos de recurso la falta de tiempo para la preparación del caso, y que la cuestión del aplazamiento podría constituir uno de los principales fundamentos de una solicitud de amparo ante el alto tribunal de garantías.

El equipo legal también llamó la atención sobre la magnitud de la causa, puesto que los 50.000 archivos necesarios para la defensa deben descargarse de forma individual, lo que afecta tanto los plazos como la capacidad de organización eficaz del material probatorio y documental. Ese volumen de información, según manifestó Turiel en las declaraciones recogidas por Europa Press, supone un reto técnico y logístico que entorpece una defensa adecuada y dificulta la interlocución con Ábalos, especialmente al encontrarse este en prisión preventiva desde noviembre.

Sobre el estado del exministro, Turiel detalló que Ábalos se encuentra anímicamente afectado y con dificultades para comprender el desarrollo judicial del caso, enfatizando la complejidad de preparar la defensa cuando el acusado permanece privado de libertad. El abogado indicó que, a pesar de los desafíos, Ábalos mantiene cierto optimismo en relación a su estrategia legal, aunque resulta consciente de las limitaciones derivadas de su situación penitenciaria.

Tal como recoge Europa Press, Marino Turiel insiste en la importancia de que el tribunal valore criterios razonables y proporcione mayores plazos, con el fin de evitar vulneraciones al derecho de defensa y de asegurar un juicio con todas las garantías legales. El abogado subrayó también que la defensa agotará las vías legales a su disposición para revertir la situación, mientras continúan los preparativos para la vista oral programada, insistiendo en que la petición de más tiempo responde a la necesidad concreta de manejar de forma eficaz la voluminosa documentación contenida en la causa.

El ex legislador de Córdoba Guillermo Kraisman quedó a un paso de ser llevado a juicio por la causa denominada “empleada fantasma” de la Unicameral, luego de que la Justicia rechazara el pedido de probation. El dirigente peronista se encuentra detenido desde enero de 2025, acusado de tentativa de defraudación y por el robo de comestibles en un supermercado.

Este jueves, el juez Juan José Rojas Moresi desestimó la solicitud que había presentado la defensa. La presentación se realizó a mediados de diciembre del año pasado, cuando Kraisman se había ofrecido pagar 2 millones de pesos en 12 cuotas y realizar trabajos comunitarios. Sin embargo, tras el rechazo, deberá ir a juicio oral y público.

A pedido de su abogado, Diego Casado, la defensa anticipó que pondrán en marcha un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para intentar revertir el fallo. Bajo su punto de vista, consideraron que existen posibles “indicios de arbitrariedad por parte de la Fiscalía”.

“El código nos permite, en ciertos delitos que no son graves, llegar a algunos institutos alternativos antes de un juicio y una condena para imputados que cometen un primer hecho que no sea de gravedad, como en este caso. La pena no es muy alta porque es una tentativa de defraudación”, explicó Fernando López Villagra, el fiscal de Cámara Décima del Crimen.

De la misma manera, López Villagra sostuvo que la negativa a acceder a una probation se dio bajo el argumento de que el dirigente acusado “ha perjudicado la credibilidad y la confianza pública en el sistema de acceso a cargos a la Legislatura”.

Por otro lado, Casado habló con el medio La Voz y expresó: “Si el TSJ rechaza el recurso de casación, vamos a presentar la nulidad de la causa cuando vuelve a la Cámara”. Así, la defensa aseguró que el juicio no podrá cumplirse a corto plazo.

Los cargos que enfrenta Kraisman

Kraiman está acusado de tentativa de defraudación calificada contra la administración pública provincial, luego de que fuera detenido en enero de 2025 cuando intentaba cobrar el sueldo de una supuesta empleada de la Unicameral.

El arresto se produjo en una sucursal del Banco de Córdoba, ubicada en el barrio General Paz. En ese momento, junto a él se encontraba Luciana Castro, una empleada municipal, que fue acusada de falso testimonio agravado. Además, se secuestro un elemento clave para la causa, ya que portaba un DNI falso a nombre de Virginia Martínez.

En relación con el episodio de sustracción de productos, la detención tuvo lugar en septiembre de 2024. El parte policial indicó que el ex legislador intentó salir del supermercado Mariano Max, ubicado en la avenida Vélez Sarsfield del barrio Ampliación San Fernando, con varios artículos sin abonar.

Según constataron las fuentes policiales, el acusado llevaba un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Además registraron que al ser interceptado, arrojó el frasco contra los agentes policiales y reaccionó con violencia.

En una entrevista que dio el pasado año, Kraisman explicó que “el poder te seduce muchas veces a hacer cosas buenas y cosas malas. Cuando te seduce a hacer cosas malas y salen bien te aplauden, cuando salen mal pasa lo que pasó: se encapuchan, cierran los celulares, te desconocen, cruzan a la vereda de enfrente, tu apellido pasa a ser mala palabra”.

Desde los actos cometidos, el dirigente aclaró: “Tengo un profundo arrepentimiento de lo que cometí, he pedido perdón a Dios y disculpas a mi familia, fundamentalmente a mis hijos, que sufrieron este largo y manoseado proceso”.

“A partir de ahí se generó una novela mal comunicada, muy manoseada de la que fui el que más se perjudicó, y los otros actores que tendrían que haber opinado sobre esta situación no lo hicieron”, declaró el dirigente peronista. Además, apuntó a referentes políticos y señaló a otros involucrados en los crimenes cometidos. “Los que están nombrados en el expediente defraudaron a la administración pública”, acusó.

Por otro lado, el abogado de Virginia Martínez también declaró hace unos meses y reclamó su inocencia. “El cobro de Kraisman en un banco es totalmente ajeno a mi clienta, fue todo a sus espaldas. Virginia Martínez está totalmente desvinculada. El fiscal dictó la falta de mérito, es decir, que no había mérito para elevar a juicio la causa de ella”, explicó.

Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley figuraron entre los nombres incluidos en un plan criminal que involucró la entrega de dinero a supuestos intermediarios bajo vigilancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La trama, revelada en un tribunal de Nueva York, tiene como acusado principal a Asif Merchant, ciudadano paquistaní señalado por su vínculo con un agente de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este plan, vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, quedó al descubierto tras la entrega de USD 5.000 a supuestos sicarios, quienes resultaron ser agentes encubiertos del FBI.

Merchant declaró ante los jurados que actuó por temor a represalias sobre sus familiares en Irán y afirmó que deseaba ser arrestado antes de que cualquier atentado pudiera materializarse, según informó la cadena de noticias NBC News.

El arresto de Merchant se produjo el 12 de julio de 2024, después de mantener reuniones voluntarias con el FBI que concluyeron sin acuerdo de colaboración, y un día antes del intento de asesinato, no relacionado, contra Trump en Butler, Pensilvania.

Durante el proceso judicial, los fiscales argumentaron que Merchant, de 47 años, viajó a Estados Unidos en 2024 con la finalidad de contratar criminales para perpetrar el asesinato de un político estadounidense, extremo que Merchant reconoció parcialmente bajo juramento, aunque alega haber actuado bajo presión.

El señalamiento directo de la Guardia Revolucionaria y los presuntos objetivos

De acuerdo con la acusación presentada en Brooklyn, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —formalmente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera— instruyó a Merchant para ubicar residentes en Estados Unidos dispuestos a trabajar para Irán e identificar elementos criminales capaces de ejecutar distintas labores, entre las que se incluían la organización de protestas, robos, lavado de dinero y asesinatos.

Merchant declaró que el agente iraní le comunicó explícitamente los nombres de tres figuras políticas estadounidenses: Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley. El acusado narró que sus encuentros con el contacto iraní comenzaron a finales de 2022 como parte de un acercamiento inicial sobre un sistema informal de transferencias de dinero, conocido como hawala. La relación evolucionó hasta incluir la capacitación en técnicas de contravigilancia y asignación de tareas concretas.

Merchant describió que sus viajes periódicos a Estados Unidos, vinculados a actividades en el sector de confecciones, llamaron la atención del representante de la Guardia Revolucionaria, quien le propuso reclutar colaboradores en territorio estadounidense.

En abril de 2024, agentes migratorios en el aeropuerto de Houston interrogaron a Merchant acerca de sus desplazamientos a Irán, lo que le llevó a suponer que se encontraba bajo intensa vigilancia.

A pesar de ello, continuó investigando ubicaciones de actos de campaña de Trump, diseñando un esquema para un atentado armado y contratando a supuestos sicarios —en realidad, agentes encubiertos del FBI— a quienes pagó USD 5.000, suma que, según sostuvo, le proporcionó un primo.

La defensa de Merchant: presión, miedo y simulaciones

Ante los jueces, Merchant sostuvo que sus acciones representaban un último recurso: “Mi familia estaba bajo amenaza y tuve que hacerlo. No era algo que quisiera hacer de manera voluntaria”. Insistió en que siguió las instrucciones del agente iraní únicamente porque este conocía la identidad y domicilio de sus parientes en Irán y, según sus palabras, ya era objeto de vigilancia. Merchant explicó que envió información falsa sobre movimientos dentro de Estados Unidos, comunicándola a Irán mediante intermediarios y ocultando los detalles en un libro.

Aseguró que nunca acudió a las autoridades estadounidenses por el temor a represalias. “No tenía otra opción que seguirle el juego porque mi contacto me lo exigía”, mencionó Merchant en corte, según la cadena de noticias NBC News.

Expresó que su pretensión era terminar detenido antes de que ocurriera un daño, para luego colaborar con las autoridades de Estados Unidos y aspirar a la residencia permanente. No obstante, los fiscales remarcaron que Merchant nunca recurrió a la policía antes de su arresto y que, durante los interrogatorios con el FBI, omitió mencionar hechos que probaran que era víctima de coacción.

En la audiencia, la fiscal del caso Nina Gupta preguntó: “Viajó a Estados Unidos con el propósito de contratar miembros de la mafia para asesinar a un político, ¿correcto?“, Merchant respondió: “Así es”.

A consulta de su abogado defensor, Avraham Moskowitz, sobre si era un “superespía”, Merchant replicó: “En absoluto. No lo soy”.

El gobierno de la República Islámica de Irán negó oficialmente haber conspirado para matar a Trump u otros dirigentes estadounidenses, según documentó la cadena de noticias NBC News.

Una vida de negocios transnacionales y contexto familiar

Merchant acumuló alrededor de 20 años de experiencia en el sector bancario en Pakistán antes de diversificarse en los sectores textil, compraventa de automóviles y exportación de bananos, además de la importación de materiales aislantes. Sostiene que mantiene dos núcleos familiares: uno en Pakistán y otro en Irán.

Contexto del caso y cobertura mediática

El caso se está juzgando en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, pocos días después del inicio de un conflicto armado en el que falleció el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

En ese marco, Donald Trump declaró: “Lo atrapé antes de que me atrapara a mí”, según citó la cadena de noticias NBC News.

El jurado recibió la instrucción estricta de ignorar cualquier cobertura periodística relacionada con el conflicto.

En estos días, medios como NBC News, infoman sobre la declaración de los agentes encubiertos del FBI y de Nadeem Ali (intermediario con un seudónimo que colaboró con las autoridades, según amNewYork), la exhibición de videos y audios grabados durante la operación encubierta y la estrategia de la defensa. Mientras tanto, Merchant permanece a la espera del veredicto que definirá su futuro legal en territorio estadounidense.

El 7 de enero de 2020, Ceferino, albañil residente en Lugo, fue atropellado mientras cruzaba un paso de peatones. El impacto le provocó una fractura de tibia y peroné, una fractura sacro coccígea, lesión en la quinta vértebra sacra y otras secuelas físicas, entre ellas una laceración en la rodilla derecha. El accidente no solo supuso un duro golpe físico, sino que, con el paso de los meses, derivó en la incapacidad permanente para ejercer su profesión.

Ceferino inició entonces un proceso largo de recuperación, sometiéndose a varias intervenciones quirúrgicas y a rehabilitación. A lo largo de 667 días, el albañil vivió con dolor, limitaciones funcionales y una reducción clara de calidad de vida. La aseguradora del vehículo causante, Plus Ultra Seguros Generales y Vida SA, nunca negó la existencia del accidente ni su responsabilidad como entidad aseguradora.

La verdadera disputa se centró en la cuantía de los daños, el alcance de las secuelas y la procedencia del lucro cesante reclamado por el trabajador. De esta forma, comenzó una batalla legal que se ha saldado con el reconocimiento de lo que reclamaba el trabajador y con una indemnización fijada por los tribunales.

La Justicia reconoce la incapacidad

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo ha determinado que Ceferino, tras sufrir un accidente, quedó incapacitado de forma permanente para ejercer su profesión de albañil. Esta situación fue avalada por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) en septiembre de 2021, que certificó la imposibilidad del trabajador para reincorporarse a sus actividades habituales.

La resolución judicial detalla que Ceferino padeció un tiempo suficientemente largo como para sufrir la incapacidad de trabajar, suponiendo un claro perjuicio en sus ingresos económicos. El tribunal subraya que estas limitaciones han tenido un impacto significativo en la vida diaria de Ceferino, restringiendo de forma continuada su autonomía y su posibilidad de mantener el nivel de vida previo al accidente.

Según la valoración de los informes médicos y periciales, la incapacidad reconocida resulta irreversible, lo que agrava la situación del afectado, pues la indemnización debe cubrir a largo plazo el problema físico que no tendrá una solución que le permita volver a trabajar de la misma forma que lo había hecho hasta ahora.

Cálculo de la indemnización

Para fijar la indemnización, la sentencia toma en cuenta diversos factores. Estos son las secuelas físicas derivadas del accidente, el perjuicio estético de carácter moderado, la pérdida de calidad de vida valorada en grado medio, los gastos debidamente justificados, la merma de ingresos ocasionada por la imposibilidad de continuar trabajando y el impacto emocional sufrido por Ceferino y su entorno.

La cuantía definitiva establecida por el juzgado asciende a 65.920,79 euros, deduciendo los importes ya pagados por la aseguradora. Además, se reconoce el derecho de Ceferino a cobrar los intereses legales generados desde mayo de 2021 hasta que se produzca el abono total de la cantidad. La sentencia establece que cada parte asumirá sus propios gastos procesales, mientras que las costas comunes serán distribuidas por igual entre ambas partes involucradas en el proceso.

El juicio por el crimen de Sebastián Villarreal, asesinado en 2024 cuando salía de su casa en Córdoba rumbo a su trabajo, llegó a su etapa final tras conocerse este miércoles las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados. La muerte del hombre de 45 años generó conmoción ante el desesperado pedido que le hizo a los delincuentes ante del crimen: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”.

En la presentación de los alegatos finales en la Cámara 3ª del Crimen, el fiscal de Cámara Fernando López Villagra pidió hasta 20 años de prisión para los tres acusados mayores de edad involucrados en el caso, que enfrentan cargos por homicidio en ocasión de robo.

Durante la audiencia, que se desarrolló ante un jurado popular, luego de que uno de los imputados rechazara un juicio abreviado, López Villagra detalló las condenas solicitadas para cada uno de los imputados: A. F. E. (22 años), 20 años de prisión como partícipe necesario; L. G. B. (21), 18 años de prisión bajo la misma calificación; y H. A. H. alías “Lalo” (27), 12 años de prisión como partícipe secundario. A su vez, aclaró que aunque no hay pruebas de que los imputados hayan ordenado matar a Villarreal, está confirmado que participaron en el plan para cometer el robo que terminó en el homicidio, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.

La familia de la víctima reconoció que “este es un paso más dentro de muchos”, aunque el caso mantuvo su presencia pública por la reiterada participación en otros delitos, de uno de los menores involucrados en el crimen. El joven de 15 años, conocido como “El Orejudo” e inimputable por su edad, acumuló múltiples detenciones y reincidencias durante 2024.

Según los registros policiales, sumaba al menos cuatro ingresos a la comisaría y en el último episodio, ocurrido en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, fue detenido tras un asalto a una familia cometido junto a otro menor de edad. Luego de cumplir con los trámites legales, recuperó la libertad debido a su condición de inimputable. Apenas dos días antes, había publicado en redes sociales imágenes portando armas y un chaleco antibalas con la insignia de la Policía de Córdoba.

En junio, fue capturado junto a otro adolescente tras intentar evadir un control policial en barrio Cooperativa Los Paraísos. Un mes antes había sido interceptado en barrio Colón mientras intentaba robarle una moto a un policía y, poco después, volvió a ser demorado durante un control vehicular en Villa Carlos Paz.

El día del robo

El crimen de Sebastián Villarreal ocurrió el 29 de febrero de 2024 cuando se disponía a salir a trabajar desde su domicilio en Fulgencio Montemayor al 2.300, en el barrio Yofre Norte. Un grupo de motochorros lo interceptó a la puerta de su casa con el objetivo de robarle la motocicleta. Según los testigos, la víctima suplicó por su vida: “Tengo dos hijos, no me mates por favor”. Tras recibir los disparos, los agresores escaparon en dos motos, mientras los vecinos intentaban auxiliarlo.

Según los testimonios recogidos por El Diario de Carlos Paz, los hijos de Villarreal estuvieron presentes en el lugar de los hechos y acompañaron a su padre durante los minutos posteriores al ataque. Una residente del barrio relató: “Los chicos estaban a la par de él cuando estaba herido. Le pedían ‘por favor papá, no te rindas. Aguantá un poquito más’”. La víctima vivía con sus dos hijos y cumplía horarios rotativos en una empresa de plásticos.

Los fiscales remarcaron que la investigación busca determinar si, además de los tres acusados juzgados en esta instancia, existió una organización criminal más amplia que facilitó el hecho. El tribunal aguardará los alegatos de la defensa y la resolución final.

Un hombre de 51 años se enfrenta a un juicio por homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja, una mujer de 29 años que estaba embarazada de seis meses. El proceso comenzó el pasado martes en Soissons, ciudad del norte de Francia. La acusación sostiene que el hombre permitió que la joven sacara sola a pasear por el bosque al animal, llamado Curtis, pese a que representaba un peligro para ella.

“Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo”, declaró el acusado ante el tribunal, donde también denunció “numerosas inconsistencias” en la investigación. Según informó el diario italiano Corriere della Sera, el juez que preside el caso señaló que al procesado apenas se le había visto junto al perro.

Durante el juicio, además, se le acusó de haber importado ilegalmente a Curtis desde los Países Bajos y de mentir sobre su raza. Lo presentó como un cruce de whippet y grifón, pero un examen veterinario posterior determinó que se trataba de un pitbull terrier americano, cuya adquisición está prohibida en Francia.

De acuerdo con la documentación judicial, el acusado también deberá responder por haber sometido al perro a un “entrenamiento de mordida”, una práctica prohibida en el país, ya que, si no se realiza correctamente, puede hacer que el animal pierda la inhibición al morder. Asimismo, la Fiscalía subraya la imprudencia del hombre al permitir que su pareja, de 1,52 metros de estatura y 56 kilos de peso, paseara sola a un perro de gran potencia física.

El acusado llegó a la escena antes que la policía y, en un primer momento, atribuyó el ataque a una jauría de perros de caza. Sin embargo, los análisis de ADN y las múltiples mordeduras halladas en el cuerpo, el cuello y la cabeza de la víctima coincidieron con las del pitbull.

¿Es agresivo el pitbull?

El pitbull terrier americano es considerado un perro potencialmente peligroso debido a su fuerza y robustez física. Sin embargo, diversos estudios destacan que los principales responsables de los comportamientos agresivos de un perro son sus dueños.

La causa más común de la agresividad en los perros es la mala o inexistente educación que reciben. Otros factores, como la genética, la socialización y las experiencias de vida, también pueden influir en su comportamiento, según recoge Experto Animal de un estudio realizado por la Universidad de Córdoba.

La educación de un cachorro de pitbull sigue las mismas reglas que la de cualquier otra raza. Sin embargo, más que con cualquier otro, es fundamental enseñarle a morder de forma segura, para que no haga daño al crecer. Para ello, los expertos recomiendan fomentar una vida tranquila, proporcionar juguetes y mordedores, y evitar el juego directo con manos u otras partes del cuerpo.

Al mismo tiempo, es importante recordar que el pitbull terrier americano es un perro muy activo y lleno de energía, que necesita ejercitarse y liberar su vitalidad mediante paseos diarios y actividades físicas. Además de una rutina física, también se debe estimular mentalmente a esta raza de perro.

El juicio oral por el presunto desvío millonario de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales en el kirchnerismo dentro del programa “Sueños Compartidos” comenzó este miércoles en los tribunales de Retiro, con los acusados Sergio y Pablo Schoklender, y el detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, presentes en la sala de audiencias.

El Tribunal Oral Federal 5 inició el debate a las 9.30 en una sala del subsuelo de Comodoro Py 2002 y, contra lo que suele suceder en los últimos tiempos donde se priorizan los debates virtuales, resolvió que todo sea presencial.

Vía Zoom se conectó desde la cárcel de Ezeiza el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Está preso por la tragedia del tren de Once y pidió seguir la audiencia de manera virtual. En la sala de audiencias se ubicaron sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

López -detenido en el caso Vialidad- sí aceptó la presencialidad y fue trasladado desde el penal. Ello derivó en un operativo de seguridad montado por el Servicio Penitenciario Federal que lo custodia.

El ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, que saltó a la fama cuando fue sorprendido intentando esconder en un convento millones de dólares dentro de bolsos, quedó sentado casi al fondo junto a uno de los Schoklender, Pablo.

Su hermano Sergio Shocklender se ubicó a algunos metros de distancia, en la segunda fila de cara al Tribunal.

Terminada la lectura de las elevaciones a juicio en la etapa de instrucción, la defensa de este último reclamó la absolución por violación del plazo razonable para ser juzgado, en base a convenios internacionales. La causa lleva 15 años de trámite.

La fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la Unidad de Información Financiera pidieron que se rechace el planteo. El Tribunal integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg tiene que resolver al respecto.

Casi de inmediato comenzó la ronda de declaraciones indagatorias, la mayoría de los acusados se negó a hablar, algunos manifestaron que lo harán en un futuro y otros quedaron para la próxima audiencia porque anticiparon que responderán preguntas.

Desde la cárcel De Vido pidió declarar de inmediato porque lo haría de manera breve y sin responder preguntas. “Rechazo total y categóricamente la acusación”, dijo.

El escándalo “Sueños Compartidos”

Durante el proceso se debatirán millonarias maniobras de desvío de fondos públicos tras 15 años de investigación y repetidas postergaciones. La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscal federal de instrucción Paloma Ochoa.

Se investigó el destino de 748 millones de pesos transferidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

La hipótesis fiscal sostiene que al menos 206 millones de pesos habrían sido desviados hacia empresas, bienes y gastos personales de los Schoklender y su entorno, en lugar de emplearse en las obras previstas. Los proyectos debían ejecutarse en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Tigre y Ezeiza, además de Bariloche y Rosario.

El proceso oral cuenta con una lista de acusados que incluye, junto a los Schoklender, a ex funcionarios emblemáticos del kirchnerismo como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. Este último saltó a la fama mediática cuando fue filmado intentando ocular bolsos con millones de dólares de madrugada en un convento de General Rodríguez.

Ambos ex funcionarios comparten desde noviembre otro juicio oral, el caso Cuadernos.

También había sido enviada a juicio procesada como supuesta “partícipe necesaria” del delito Hebe de Bonafini, histórica titular de la fundación, quien falleció en 2022.

Como testigos pasarán por Comodoro Py figuras políticas de peso, entre ellas el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el intendente de Tigre, Julio Zamora, el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.

Si bien todos ellos fueron investigados en su momento resultaron sobreseídos al determinarse que para recibir los fondos debían como condición ejecutar las obras a través de la fundación por indicación del gobierno nacional.

“Los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”, según se sostuvo en el fallo que en su momento firmó el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Las provincias y los municipios fueron relegados en este aspecto a un “rol inerte”. Según la acusación la suscripción de los convenios de obras adjudicadas en forma directa a la Fundación, “permitió que los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender, apoderados, manejaran la suma de 748.719.414,64 de pesos”, de los cuales, según la acusación, se habrían desviado “206.438.454,05 de su destino específico”.

Una pericia contable determinó que ese dinero terminó en empresas ligadas a los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— . También se probó el uso de dinero público para gastos personales, compra de bienes suntuarios y financiamiento de actividades que no eran parte del rol de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En mayo de 2019, el juez Martínez de Giorgi clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral.

El magistrado quedó al frente del caso luego que en 2013 la Cámara Federal porteña apartó al ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide por serias irregularidades en el trámite del caso.

El juicio continuará el próximo miércoles 11 de marzo a las 1230 y entre los acusados está también el ex funcionario Abel Fatala, defendido por el abogado Lucio Simonetti.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia desestimó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas en el proceso que enfrenta por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Con esta decisión, el alto tribunal ratifica la legalidad de las actuaciones previas y confirma la continuidad del proceso hacia la etapa de juicio.

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El magistrado Jorge Emilio Caldas, encargado de la Sala de Juzgamiento, resolvió el recurso presentado por la defensa de Calle, en el que se alegaba una supuesta vulneración del debido proceso y se solicitaba retroceder las actuaciones para realizar una investigación completa antes de formular cargos. El despacho judicial desestimó estos argumentos y dejó en firme la actuación realizada por la Corte.

Cabe recordar que el 23 de febrero, la misma Corte había negado otra solicitud del exlegislador. En esa ocasión, la petición buscaba modificar la medida de aseguramiento que mantiene a Calle privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. La Corte reafirmó que el expresidente de la Cámara debe permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra.

Audiencia preparatoria de juicio

La Sala de Juzgamiento, a través del magistrado Caldas, citó a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, a la audiencia preparatoria de juicio que se realizará de manera virtual el jueves 5 de marzo a las 2:15 p. m. Este paso constituye la etapa previa al juicio, en la que se definirán las pruebas que serán examinadas durante el juzgamiento.

Tanto Name como Calle permanecen detenidos en la cárcel La Picota desde mayo de 2025, cuando fueron capturados por orden de la Sala Especial de Instrucción. Tres meses después, en agosto, fueron acusados formalmente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.

El caso está relacionado con las presuntas irregularidades en la adquisición de cuarenta carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira. Según las investigaciones, parte de los recursos habrían sido desviados para el pago de sobornos a congresistas.

Las declaraciones ante la justicia de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de Manejo de Desastres, señalan que Iván Name, integrante de la Alianza Verde y opositor a la administración del presidente Gustavo Petro, habría recibido $3.000 millones. Por su parte, Andrés Calle, del Partido Liberal y considerado aliado del Ejecutivo, habría obtenido $1.000 millones.

Tras su captura, Andrés Calle solicitó a la Corte Suprema su libertad alegando el nacimiento de su hijo, su renuncia a la Cámara de Representantes y el compromiso bajo juramento de no participar en las elecciones de 2026. Sin embargo, la Sala de Instrucción negó la petición.

La Fiscalía califica el entramado como “una empresa criminal”, presuntamente liderada por los exministros Luis Fernando Velasco, del Interior, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, quienes también enfrentan medidas de aseguramiento preventiva ordenadas por el Tribunal Superior de Bogotá.

Además de los principales procesados, otros exfuncionarios y congresistas han sido mencionados en el caso, entre ellos Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.

El proceso que sigue la Corte Suprema contra Calle y Name se centra en determinar las responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años, particularmente en lo que respecta al desvío de recursos públicos y la entrega de sobornos a congresistas.

Con el rechazo a la nulidad, el alto tribunal consolida la vigencia de la acusación y asegura la continuidad del proceso penal contra los expresidentes del Congreso.

El Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) dio inicio esta mañana el juicio contra Leonardo Airaldi. Está previsto que declaren 52 testigos de las dos causas.

Una comenzó en Paraná en 2019 y tuvo sus frutos en 2024. En esa enfrenta cargos de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico. La otra data de 2022 en Santa Fe. El cargo es almacenamiento de estupefacientes. Lo encontraron con 30 kilogramos de cocaína.

El TOF, integrado por Noemí Berros; Emilce Rojas y José María Escobar Cello, abrió la audiencia pasadas las 10. El primer tramo del juicio corresponderá a la lectura de las requisitorias fiscales y a resolver cuestiones preliminares.

El fiscal federal José Ignacio Candioti será quien tenga la responsabilidad de acusar a Airaldi. No es un dato menor. Candioti era una de sus posibles víctimas. Según el plan criminal que obra en la investigación paralela, el fiscal sería ejecutado en Punta del Este. Para ello, el capo narco habría pagado 40 mil dólares a un sicario en Uruguay.

Habida cuenta del contexto, Diego Iglesias, el titular de PROCUNAR (la fiscalía contra la narcocriminalidad) llegó para acompañar a Candioti. Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) dejaron trascender que la presencia del funcionario se corresponde con la idea de dar una señal institucional fuerte de respaldo al fiscal federal de Paraná. “Que se entienda: el MPF es uno solo”, comentó una alta fuente del organismo a este medio.

En la sala de audiencias y en la antesala había una moderada presencia de fuerzas de seguridad. Había dos agentes de Prefectura respaldados por al menos cinco integrantes del Servicio Penitenciario provincial.

Dónde está el principal acusado

Airaldi siguió por videoconferencia las alternativas de la primera jornada del juicio en su contra. El Servicio Penitenciario Federal lo ubicó en un salón acondicionado de la cárcel de Ezeiza. Allí dispuso de una computadora y auriculares. Está en la unidad de máxima seguridad desde el sábado.

Llegó a ese establecimiento con el rótulo de preso de alta peligrosidad. El título se lo ganó después de que trascendiera su presunto plan criminal. Antes, llevaba acumulados casi dos años de prisión preventiva en el Pabellón E de la cárcel provincial de Gualeguaychú.

Airaldi permanecerá en Ezeiza hasta el fin del juicio por narcotráfico, al menos. En dos semanas deberá comparecer ante el TOF en persona. Eso implica que tendrá que ser trasladado a Paraná y regresar cuando termine el procedimiento.

El acusado es un exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante. En su momento, el cargo gremial le valió un alto grado de exposición pública.

En los expedientes elevados a juicio están comprometidas otras personas. Su pareja, Jimena Burne, era una de ellas. Enfrentaba la acusación de ser asistente y colaboradora de actividades ilícitas. Pero la mujer optó por un juicio abreviado.

Para evitar el proceso oral y público Burne aceptó una probation que el TOF convalidó. A cambio deberá cumplir con una serie de medidas. Entre ellas, completar la educación secundaria, seguir el tratamiento psicológico, realizar tareas comunitarias y concretar donaciones por $1,2 millones en cuotas.

Cómo se develó la trama de los posibles atentados

Daniel “Tavi” Celis, otro capo narco condenado y alojado en Gualeguaychú, fue quien reveló a las autoridades el complot que Airaldi habría pergeñado. Además de Candioti, dijo que estaban en la mira el juez federal Leandro Ríos y el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia.

Otros dos internos respaldaron luego sus dichos. Las declaraciones no se hicieron bajo el sistema de testigo protegido. Las exposiciones se efectuaron con nombre y apellido. El fiscal federal Pedro Rebollo estuvo a cargo de recibirlas. El funcionario abrió un caso en el que interviene también el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

Celis tiene sobre sus espaldas una condena por narcotráfico. Su nombre llegó a la escena nacional años atrás debido a su vinculación con el exintendente de Paraná, el radical Sergio Varisco. En la causa conocida como “narcomunicipio” se ventiló cómo el capo narco había financiado la campaña electoral del dirigente. En retribución, habría recibido prebendas como contratos para su banda y uso de elementos públicos.

Las acusaciones de corrupción vinculadas con el presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) alcanzan este miércoles 4 de marzo de 2026 un punto decisivo: la Corte Suprema de Justicia deliberará sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que podría llevar a juicio penal a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.

El avance de la investigación tiene como eje nuevas pruebas, incluidas interceptaciones a teléfonos y el testimonio de una colaboradora clave, en un contexto donde varias figuras del círculo presidencial han huido de la justicia.

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Para avanzar en el caso, fueron determinantes las llamadas y los mensajes de texto extraídos del celular de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de aportar detalles sobre el mecanismo ilegal de cooptación de votos legislativos.

En un expediente de 500 páginas, al que accedió El Tiempo, figuran chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, además de conversaciones con altos funcionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.

Estas comunicaciones permitieron reconstruir dos reuniones clave: un desayuno el 4 de octubre de 2025, donde se habría presentado la propuesta irregular, y otro encuentro el 31 de octubre, en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.

Entre las pruebas decisivas que ahora evalúa la Corte destacan las interceptaciones telefónicas practicadas en el último trimestre de 2024 a distintos investigados. En particular, esas grabaciones mostrarían cómo los congresistas gestionaban recursos estatales para sus regiones a cambio de apoyar en el Congreso de la República los proyectos prioritarios del Gobierno nacional.

El avance y profundidad de la investigación modificaron el rumbo del proceso. En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez ya había presentado una ponencia solicitando la detención preventiva de los cinco congresistas. En esa oportunidad, la medida fue rechazada y ellos continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias en libertad.

El expediente contiene múltiples declaraciones de exfuncionarios de alto rango. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, actualmente en prisión por su vinculación en este entramado, aportó que en un Consejo de Ministros se impartió una directriz para que cada integrante de esa mesa “adoptara” a un congresista, a fin de orientar su voto a favor del Ejecutivo. Ortiz aseguró que la directiva fue pronunciada por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, relató ante el alto tribunal que denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla, también encarcelado por este escándalo, e informó de la situación al presidente Gustavo Petro, que, en palabras de Reyes, “nunca se inmutó”.

Reyes responsabilizó a Andrea Carolina Riveros de instrumentar la mecánica para la desviación de recursos: “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó el ex titular de la cartera.

Funcionarios en fuga y el peso de las pruebas digitales

El expediente judicial también incluye a dos exfuncionarios de alto perfil del gobierno, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Carlos Manrique, exdirector de Función Pública, que permanecen prófugos.

Además, recoge los testimonios del propio Bonilla y del exviceministro Guevara, que afirmó no recordar reuniones con los congresistas, aunque registros oficiales lo ubican en encuentros con legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En la ponencia que presionó la detención de los parlamentarios, la Corte resume el método probado a través de las pruebas digitales:

“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”.

El documento concluye que “en esta reunión informal, una vez más, se trataron asuntos extraoficiales de la CICP, probablemente vinculados a la negociación que se había estructurado con anterioridad entre algunos de sus integrantes y el ministro de Hacienda”.

Juan Ignacio Buzali, el ex marido de Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, será juzgado desde este martes por haber atropellado a dos personas que circulaban en una moto en la madrugada del 1° de enero de 2021, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. La imputación es por el delito de doble tentativa de homicidio.

El juicio debía iniciarse el lunes, pero fue postergado por incompatibilidades de agendas laborales de las partes, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 platense dispuso reprogramarla para hoy. El debate estará a cargo de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, mientras que el fiscal será Juan Pablo Caniggia.

La mayoría de los testigos que pasarán por la sala de audiencias fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, una de las víctimas.

En la investigación se detalla que ese día Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio, luego de los festejos de Año Nuevo. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, destacaron.

Tras el hecho, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que logró su excarcelación, por lo que llega al debate en libertad.

En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Se presume que su defensa, a cargo de Francisco Oneto -abogado, entre varios, del presidente Javier Milei- buscará sostener la hipótesis del “error trágico”, en medio de la confusión posterior al presunto robo.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), Buzali actuó con dolo eventual. Es decir, estaba consciente de la posibilidad de matar al momento de atropellar a los motociclistas.

Días después del episodio de Año Nuevo, la funcionaria libertaria y su hermano, Matías, declararon en calidad de testigos en la causa.

En su declaración testimonial ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, que duró más de cuatro horas, Píparo reiteró que todo se trató de un accidente. Al finalizar, dialogó con la prensa y dijo: “En esta provincia los únicos que salen de cacería son los delincuentes. Más allá de lo que opine de esta causa, mi marido es una persona incapaz de dañar a alguien y espero que la Justicia pueda resolver esto pronto”.

En referencia a lo ocurrido el día de los hechos, señaló: “En todo momento nosotros nos sentimos en riesgo de vida. Quisimos escapar de ese riesgo y las personas que nos siguieron nunca depusieron esa actitud de violencia”.

La tragedia del submarino ARA San Juan, en el que murieron 44 tripulantes, llegará a juicio este martes. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz llevará adelante el debate, que tendrá sentados en el banquillo de los acusados a Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, cuatro altos mandos de la Armada Argentina.

El proceso se desarrollará virtualmente y las familias, repartidas a lo largo y ancho del país, en su mayoría seguirán las audiencias desde sus hogares. Se estima que esta misma semana finalizará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Luis Alberto Colla, que subroga la Fiscalía de Caleta Olivia, y María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas.

Luego se dará lugar a las declaraciones de los acusados. Fuentes del caso adelantaron a Infobae que los jefes militares responderán preguntas para defender su inocencia. Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

En el estrado del TOF con asiento en Río Gallegos estarán sentados los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Según prevén los magistrados, el veredicto llegaría a mediados de julio de este año.

Los familiares de los 44 tripulantes se reparten entre dos querellas, una representada por la abogada Valeria Carreras y otra por Luis Tagliapietra, letrado y padre de Alejandro, una de las víctimas.

Las acusaciones particulares llegan al juicio con expectativas dispares. El primer grupo de damnificados mantiene un buen semblante antes del inicio del debate oral, y creen que el proceso le dará un cierre a la tragedia que estas familias lloran hace más de ocho años.

En cambio, los representados por Tagliapietra no comparten esa visión. En primer lugar, no consideran que esté probado acabadamente por qué se hundió el submarino. Y, en paralelo, pretendían que el caso se juzgue en Mar del Plata. Temen que por estas inconsistencias que señalan los acusados terminen absueltos, ya sea en Río Gallegos o en instancias superiores.

El hundimiento

El ARA San Juan partió desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 rumbo hacia Ushuaia. Tras unos días allí, la nave emprendió su última travesía el 8 de noviembre para patrullar las profundidades del mar argentino.

Según la reconstrucción que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, días después el submarino comunicó un ingreso de agua a través de conductos de ventilación. El líquido llegó hasta el tanque de baterías número tres, lo cual ocasionó un cortocircuito inicial seguido por un principio de incendio.

De acuerdo a los registros oficiales, el 15 de noviembre ocurrió una “pérdida repentina de plano” (el descenso descontrolado hacia las profundidades) que desencadenó la implosión del submarino, cuya estructura no podía soportar la presión a más de 600 metros debajo de la superficie.

Múltiples documentos recopilados durante la investigación revelaron que el navío tenía deficiencias operativas antes de partir. Desde que finalizó su reparación integral previa, distintos capitanes informaron desperfectos continuos.

Al zarpar, el ARA San Juan llevaba 26 meses de retraso respecto al intervalo reglamentario exigido para “ingresar a dique seco”, lo que implica sacar al submarino del agua para poder inspeccionar, limpiar y reparar su casco y sus sistemas externos de forma integral.

Dicha falta de mantenimiento programado generó serias restricciones de navegación: la Armada había prohibido que descienda a más de 100 metros.

Para la acusación, a pesar de todas las alarmas que se habían encendido, las autoridades responsables omitieron ordenar arreglos inmediatos o suspender las expediciones del submarino.

Los peritajes técnicos concluyeron que la catástrofe derivó de una cadena de sucesos originada por la filtración de agua mencionada.

El agua de mar sobre las baterías provocó un cortocircuito y un principio de incendio, lo que a su vez generó una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro del submarino.

Tras varias horas de acumulación, el hidrógeno alcanzó un nivel crítico y produjo una explosión interna. Los peritos concluyeron que este estallido neutralizó o incapacitó a gran parte de la tripulación, impidiéndoles realizar las maniobras de emergencia necesarias para salir a la superficie.

En consecuencia, la nave se hundió sin control hasta implosionar por la inmensa presión externa.

El rol de los jefes militares

El fiscal federal Luis Alberto Colla fundamentó su acusación basándose en responsabilidades inherentes a cada cargo militar específico. López Mazzeo se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento, parte de la cúpula de la fuerza. Según el Ministerio Público, este alto mando no supervisó normativas relacionadas con el resguardo del ARA San Juan.

Por su parte, Villamide era el Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). Él conocía el vencimiento de garantías preventivas y había recibido un pedido expreso para enviar la nave a reparaciones urgentes, de acuerdo a la acusación.

En cuanto a los demás procesados, Alonso ejercía como Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y, además, actuaba como el reemplazo natural de Villamide. Fue quien firmó la orden operativa que envió al submarino hacia el sur, reemplazando temporalmente a su superior directo. La Fiscalía dio por probado que él sabía sobre las limitaciones de inmersión y los problemas previos de la unidad.

Finalmente, Correa actuaba como director operativo de comunicaciones. Se le recrimina su participación activa al diagramar el ejercicio naval ignorando el estado defectuoso del equipamiento. Además, no habría garantizado un servicio radioeléctrico rápido ni seguro entre el barco y tierra firme.

La defensa de Antonio Tejado aún considera la posibilidad de presentar recursos legales antes de la celebración del juicio programado para el mes de abril de 2027. Esta estrategia, según reportó el medio CHANCE, forma parte del repertorio jurídico al que el sevillano podría recurrir debido a que resalta la existencia de vías procesales todavía abiertas en el marco de la causa que lo vincula con el asalto al domicilio de su tía, María del Monte.

De acuerdo con CHANCE, el proceso por el robo con violencia en la residencia de la conocida cantante mantiene a Antonio Tejado bajo la obligación de presentarse periódicamente ante los juzgados de Sevilla como parte de las medidas cautelares impuestas tras su liberación provisional. El juicio en su contra, fijado entre el 19 y el 30 de abril de 2027 en la Audiencia Provincial, viene acompañado de un seguimiento constante de los medios de comunicación, que han centrado la atención en cada comparecencia pública del acusado.

En vísperas de su más reciente cita judicial, Antonio Tejado optó por modificar el trayecto habitual hacia el juzgado en un intento por evitar el encuentro con periodistas presentes a las afueras del recinto. Según indicó CHANCE, la alteración del recorrido respondió al interés del sobrino de María del Monte en esquivar preguntas directas sobre el avance del caso y la fijación de la fecha del juicio. Pese a este intento, los equipos de prensa lograron captar su llegada y salida, momento en el que se registró una reacción de desagrado ante la insistencia de una reportera, resguardando el silencio ante las cámaras.

El comportamiento de Antonio Tejado durante sus visitas judiciales refleja un cambio respecto a actitudes anteriores, mostrando una disposición cada vez más reservada y un esfuerzo notable por evitar la exposición mediática. CHANCE agregó que, a diferencia de otras ocasiones en que se mostró más accesible, el indicado prefirió no emitir comentarios sobre la vista oral ni manifestar opiniones respecto al proceso. A esta postura se suman las restricciones impuestas por la propia defensa, que prioriza cautela y reserva informativa mientras se evalúan los próximos pasos legales, en tanto mantienen abiertas distintas alternativas procesales.

La atención pública que despierta el caso incrementa la presión sobre Antonio Tejado, quien opta por un perfil bajo y trata de eludir el escrutinio durante sus desplazamientos a los juzgados. CHANCE detalló que la causa sigue condicionando su vida cotidiana, ya que cada comparecencia se convierte en un foco de interés y es seguida por reporteros que buscan declaraciones sobre el estado del procedimiento y las expectativas ante el inminente juicio.

El entorno de Antonio Tejado, de acuerdo con las informaciones del medio CHANCE, no ha ofrecido detalles adicionales sobre las posibles estrategias jurídicas en consideración ni sobre el impacto personal que el proceso judicial tiene para el acusado. Tampoco se han adelantado comentarios sobre el desarrollo de la causa por parte de la defensa, que mantiene activa la posibilidad de utilizar los recursos previstos en la normativa procesal antes de la fecha señalada para el juicio. Mientras tanto, la presión mediática persiste y cada acto procesal, así como cualquier gesto del implicado ante la prensa, continúa siendo objeto de atención pública y periodística.

Felipe Pettinato enfrenta hoy lunes la segunda audiencia del juicio en su contra por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida en un incendio en su departamento de Belgrano el 16 de mayo de 2022.

Pettinato está acusado ante el Tribunal Oral N°14 de causar el incendio que le costó la vida a Rodrigo. El cuerpo del médico, según determinó la autopsia, resultó quemado en un 90%.

El delito planteado por el fiscal acusador Fernando Klappenbach y la querella a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, es el de estrago doloso seguido de muerte. Es la misma calificación que se aplicó originalmente al grupo Callejeros en la investigación de la tragedia de Cromañón. Si el streamer e imitador de Michael Jackson es hallado culpable, podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión.

En la jornada de hoy, se esperan varios testimonios de vecinos del departamento de Belgrano que estaban presentes en la madrugada del incendio, así como de los médicos legistas que intervinieron al comienzo del caso.

Pettinato se negó a declarar en la jornada anterior, en donde la madre de Rodrigo, de 81 años, dio varios detalles del vínculo entre el acusado y su hijo. Aseguró que Pettinato “tenía una obsesión con mi hijo”.

Declara el bombero al mando del operativo en el incendio

Un subteniente de Bomberos de la Policía de la Ciudad que recibió la alerta al 911 fue el último testigo en la jornada. Aseveró que recibió una alerta nivel “código 3″ con “posibles personas atrapadas” a las 23 horas de ese 16 de mayo. Así, vio que el edificio se “autoevacuaba”, lo que impidió el “emplazamiento rampante, estirar la manguera por las escaleras” para atacar el foco.

Así, se cruzó a Felipe Pettinato, que, acompañado por la Policía porteña que lo llevaba hacia la calle para asistirlo, les dijo: “Por favor, salven a mi amigo”.

Aseguró que el cadáver de Rodrigo, al que llegó antes del médico legista, “estaba calcinado de la cintura hacia abajo, tiznado el resto”, un dato que notó mientras extinguía las llamas. También, ratificó la existencia del sillón incendiado sobre el que el cuerpo yacía, entre “restos carbonosos”. La querella y la defensa desistieron de interrogar al testigo.

La declaración del bombero concluyó a las 13:20. Con la audiencia finalizada, el juez Gamboa determinó que quedan ocho testigos por citar en el juicio para analizar la prueba. La querella y la fiscalía ratificador su intención de convocarlos, así como la defensa. El juicio será retomado a las 9:30 del lunes próximo. La pericia de Bomberos para analizar el incendio, la más importante del expediente, continúa en la lista.

El testimonio del forense que descubrió el aerosol del incendio

Un médico legista de la Policía de la Ciudad que intervino en el caso, que fue convocado por la querella y la defensa, comenzó su declaración con respecto a su informe en la causa. El hombre, con 44 años de profesión, docente en el Instituto de Seguridad Pública, aseguró: “Yo ese día estaba de guardia, me buscaron en un móvil policial, siendo aproximadamente las 2:50 del 17 de mayo, me constituí en el domicilio de la calle Aguilar”, comenzó.

Allí, halló a personal de Bomberos en plena tarea: el forense debía esperar a que se asegure la zona, ya que en el departamento caían pedazos de mampostería del techo. Luego, ingresaron efectivos que fotografiaron el lugar.

“Me encuentro con un cadáver de un masculino de aproximadamente 30 años, parcialmente calcinado sobre los escombros”, siguió. Así, se decidió a mover el cuerpo. “Procedo a despejar los escombros para hacer un examen completo de la víctima. Había lesiones traumáticas producto del fuego y la alta temperatura".

"El cuerpo estaba quemado en un 90% quemado en un tercer grado; sus miembros inferiores estaban carbonizados completamente, desde la zona de los pies hasta la parte superior de los muslos. El departamento estaba afectado en su totalidad... El cuerpo de la víctima estaba en una especie de sillón o sofá que ya no existía, que se había quemado en su totalidad, rodeado de los escombros. Para llegar a esa carbonización tiene que mediar la llama completa de 15 a 20 minutos. El resto del cuerpo presentaba quemaduras severas de tercer grado”.

Allí, vio “un envase metálico de un aerosol que conservaba su forma”, que le llamó la atención: “Practicamente tropiezo con él”. La pericia de Bomberos posterior indicó que un “líquido acelerante” fue empleado para iniciar el fuego, posiblemente salido de un desodorante.

“Pettinato no estaba lastimado ni sucio”

El tercer testigo de la jornada tomó su lugar ante la webcam para declarar ante el Tribunal N°14, con las preguntas del fiscal Klappenbach.

“Estaba cenando con una amiga. Empezamos a escuchar gritos. Pedía ayuda la persona, o, por lo menos, esa fue la sensación que me dio. El primer instinto fue pensar que ocurría un robo. Me acerqué y lo encontré al señor Pettinato. Vi al departamento con la puerta abierta. Ya había humo, fuego, estaba todo a oscuras. Lo vi muy alterado, pidiendo ayuda. Dijo que había un amigo, una persona adentro”, comenzó.

Aseguró, también, que Pettinato lo empujaba y que, incluso, le dio una camisa para que se tape la cara. “Decía que estaba su amigo adentro y que lo ayudemos. Ingresé y vi un departamento prendido fuego, había muchas llamas, muchísimo humo. Veía siluetas en el piso... El encargado del edificio trajo matafuegos que sacó de varios pisos. El caudal de fuego era altísimo, estaban las luces cortadas. Puede ser que haya visto una persona tendida en el piso”

“Parecía que jugaba al carnaval carioca”

“Intenté extinguir el fuego, la manguera no estaba presurizada. Me metí adentro, ya que había una persona. Se puso borroso, ya que había inhalado mucho humo. Me acompañó un policía para tomar aire y me crucé a los bomberos. Luego, le di una mano a la Policía para evacuar a la gente”, continuó. “Había mucha adrenalina”, aseveró. Entre otros puntos, detalló que el acusado “no estaba lastimado ni sucio”.

Por su relato, podría ser el “segundo vecino” que relató el primer testigo de la jornada, quien acompañaba a Pettinato.

Luego, como en los dos testigos anteriores, el fiscal Klappenbach lo confrontó con su declaración tomada en 2022 en el expediente a cargo del fiscal Martín Mainardi. Allí, había asegurado que Pettinato “estaba muy alterado”. En esa declaración, dijo: “Le saqué un matafuego porque lo estaba usando mal, parecía que jugaba al carnaval carioca”.

“Tengo que ayudar a mi amigo”

“Lo conozco a Felipe, era vecino, no hacía mucho que vivía en el edificio, era un edificio muy grande”, afirmó la segunda testigo de la jornada, una mujer que usa audífonos para mejorar su audición, vecina histórica del espacio de la calle Aguilar. La mujer, ama de casa, vivía con su hija en el piso 21, bajo Felipe Pettinato. Afirmó que encontró al acusado tras el comienzo del incendio y lo ayudó a salir a la calle.

“Lo veo a Felipe corriendo. Me dice: ‘Hay un incendio en mi departamento. Tengo que ayudar a mi amigo’. Lo agarré a Felipe de los hombros porque no entendía la situación. Vi que estaba en medias, no estaba calzado. Le pregunté si se sentía bien, me dijo que tenía molestias en la garganta. Pensé que había tragado humo”. Su hija, que llevaba en la otra mano, ya había estallado en llanto.

“Le dije: ‘Te voy a tomar la mano y vamos a llegar hasta planta baja’. Por suerte, me hizo caso. Me crucé a los bomberos. No reparé demasiado. Sabía que tenía que bajar y punto. En planta baja, nos soltamos la mano. No reparé más en Felipe”.

Otros vecinos, según su relato, le aseguraron que Pettinato “intentó bajar un matafuego”.

“Mi amigo, el cigarrillo”

Ya en la calle, la testigo se encontró con Alberto Crescenti, jefe del SAME: “Me dijo que lo habían trasladado a Felipe al hospital Pirovano. Ahí me entero que había una persona fallecida”. “Ayuden a mi amigo”, gritaba Pettinato, según su relato.

“Yo tenía conocimiento de que Felipe era un paciente psiquiátrico, no sabía si tenía un brote, tuve entrenamiento en primeros auxilios, te indican tomar de los hombros a la persona y hacer contacto visual. Es lo que hice", aseveró. “No recuerdo qué dijo o no Felipe”, dijo al ser consultada por el fiscal Klappenbach: “Estaba abocada a mi hija y a lo que tenía que hacer”. Su limitación auditiva, aseguró, doblaba el desafío y era un motivo de angustia.

La distancia en el tiempo volvió a ser un problema. El abogado querellante Alejandro Drago le recordó su declaración en la causa. “Mi amigo, el cigarrillo”, asegura que dijo Felipe en su encuentro. “Es así, lo ratifico”, afirmó la vecina. Luego, según el mismo relato en la causa, le manifestó la frase sobre el cigarrillo al jefe del SAME. Felipe, afirmó, “estaba excitado motrizmente”.

“Me mandé la cagada porque encendí el pucho”

La distancia en el tiempo, con un juicio realizado cuatro años después del hecho, se volvió un factor de polémica en el testimonio del vecino. El fiscal Klappenbach le recordó al vecino su declaración en el expediente, realizada días después del incendio. Allí, se encuentra un fragmento. El fiscal le recordó que, en esa declaración realizada casi cuatro años atrás, aseguró que una de las personas que se cruzó le aseguró: “Me mandé la cagada porque encendí el pucho. La culpa es mía”. El dicho no pudo ser atribuído a Felipe Pettinato.

El testigo, a pesar de haber firmado esa declaración, dijo no reconocer su propio testimonio. Luego, la querella le preguntó por otro fragmento de aquella declaración, donde una de las dos personas le daba órdenes a otra en medio del caos. “Hoy no lo recuerdo claramente, para decir qué decía y qué no decía”. También, oyó a una de estas personas gritar: “Llamen a los bomberos”.

Luego, afirmó, “los vi en el carro de bomberos, mientras recibían oxígeno”. En el expediente, el testigo declaró que varios vecinos le indicaron que Pettinato y Rodrigo habían bajado y subido las escaleras del edificio en varias ocasiones en el día previo al incendio.

“Escucho una explosión y veo una lengua de fuego”

“Fue después de las 11:30. Me fui a acostar, escucho una explosión y veo una lengua de fuego que baja por el dormitorio de mi vivienda. Yo estoy justo abajo. Escucho un grito desgarrador que no pudo haber durado más de 5, 7 segundos. Subo y voy por las escaleras al piso de arriba”, aseveró el vecino, un hombre que se dedica al service técnico ante las preguntas del fiscal Klappenbach: “El grito no decía nada audible, solo un grito”.

“Cuando subo las escaleras, me encuentro en la puerta del 22F con dos personas jovenes que intentan entrar”, entre ellos, una chica, continuó: “Una estaba a los gritos. Otra, en estado muy somnoliento”. El testigo no pudo identificar a estas dos personas.

“Yo les digo: ‘No entren. Esperen que voy a cortar la luz y el gas’... Mi percepción era que intentaban entrar al departamento, que estaba en llamas” El piso 22, afirmó, estaba completamente a oscuras.

Así, el vecino corrió al sótano y cortó la luz y el gas del departamento de Pettinato en el tablero del edificio. Los bomberos de la Policía de la Ciudad llegó poco después. “No me permitieron ingresar. Me tomaron los datos. Después me pidieron que los acompañara para hacer la revisión en el departamento. Vi a la persona que estaba fallecida dentro del departamento: estaba de frente al ingreso de la casa. Tengo, casi, la certeza de que miraba la puerta. Estaba en la mitad del living”.

Sobre las dos personas que encontró, “uno claramente estaba shockeado, percibí que estaban involucrados, no lo sé ni podría especular con eso”. La defensa de Felipe desistió de interrogar al testigo, que no pudo determinar si una de las dos personas que se cruzó, efectivamente, era el acusado.

Comenzó la audiencia: desisten de citar a forenses y declara un vecino

El Tribunal N°14, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, dio inicio a la jornada. La querella y la defensa, por su parte, desistieron de los testimonios de un médico forense del caso y un perito de parte de la querella, así como de un médico legista, cuyos relatos podrán ser incorporados por lectura.

Sin embargo, un cuarto forense citado en la fecha dará su testimonio.

Poco después, un vecino de Pettinato en el departamento de la calle Aguilar, que vivía en el piso 21, justo debajo del acusado, comenzó su testimonio sobre la madrugada del incendio.

Al abordar el proceso judicial que enfrenta a Antonio Tejado con graves acusaciones a raíz del asalto violento a la vivienda de Gines (Sevilla), la programación de la vista oral para el 19 de abril de 2027 y la expectativa de once sesiones ocupan el centro de atención mediática y familiar. Según publicó el medio fuente, el juicio contará con la presencia de Tejado como principal acusado, señalado por la acusación como supuesto autor intelectual del robo y agravado por abuso de confianza familiar. María del Monte, reconocida artista andaluza y tía del acusado, expresó abiertamente el impacto emocional de enfrentar el proceso en estas circunstancias, al afirmar: “Como comprenderás, no me hace gracia”, en declaraciones recogidas por el medio citado, aludiendo al sufrimiento que implica rememorar el episodio y la complejidad de la confrontación familiar.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la Audiencia Provincial de Sevilla formalizó los cargos para Antonio Tejado y otros diez acusados, quienes deberán responder por presuntos delitos de robo en casa habitada con violencia y detención ilegal. El asalto, que tuvo lugar en el chalé de la artista, implicó maniatar y amenazar a los habitantes de la vivienda con el objetivo de forzar el acceso a la caja fuerte. El medio también detalló que la acusación sostiene la existencia de una banda organizada, a la vez que la defensa de María del Monte y de su esposa, Inmaculada Casal, solicita penas superiores a 28 años de prisión para Tejado en virtud de su posible rol central en el hecho y del agravante mencionado.

La organización y naturaleza del grupo señalado en la investigación judicial han dado lugar a una atención mediática sostenida, acentuando el carácter sensible del caso debido a los lazos familiares entre la víctima y uno de los principales acusados. Según consignó el medio de referencia, María del Monte ha sido discreta en sus intervenciones públicas durante la etapa de instrucción, aunque la inminencia de la cita judicial la llevó a pronunciarse, reconociendo el peso emocional y social que acarrea la situación.

El contexto de visibilidad pública en el que se encuentra la artista se ha ampliado, ya que recientemente se refirió también al ataque sufrido por los Gemeliers junto a sus parejas a la salida de una discoteca en Madrid. Este episodio incluyó insultos homófobos, agresiones físicas y el uso de gas pimienta, según informó el mismo medio, y resultó en una denuncia policial que sigue bajo investigación. María del Monte, con palabras directas, rechazó cualquier acto de violencia con la frase: “La violencia no debe de existir nunca, ni con los Gemelier, ni entre las personas. Tenemos que distinguirnos, que el ser humano vale más que todo eso”, declaraciones que el medio consignó como parte de su llamamiento al respeto y la convivencia.

La artista, conocida por mantener una postura reservada en asuntos familiares, mantiene el foco en el respeto recíproco pese al entorno de tensión previo al juicio. De acuerdo con los datos recogidos por el medio, el proceso incluirá el análisis de la implicación de Antonio Tejado y la evaluación de las pruebas sobre la planificación y ejecución del robo, elementos que serán centrales a lo largo de las once sesiones previstas.

La causa cuenta con un fuerte componente emocional debido a la relación entre la víctima y el presunto principal responsable, según destacó la cobertura de la fuente. La acusación sostiene que se valió de la confianza familiar para perpetrar el asalto, mientras que la defensa insiste en la gravedad del daño infligido tanto en lo personal como en lo patrimonial.

El seguimiento mediático del caso y las declaraciones de la artista se producen en un clima de alta sensibilidad, marcado por el doble eje del proceso judicial familiar y el rechazo explícito a las manifestaciones recientes de violencia en el ámbito público, tal como lo reflejó el medio fuente a través de las voces implicadas y los pormenores del caso.