Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de dos personas dentro de un auto incenciado en un pasaje rural del departamento El Carmen, el Ministerio Público confirmó que el caso como doble homicidio. Las víctimas, identificadas como L.C.L. y M.N.P., fueron encontrados calcinados y presumen que el crimen ocurrió entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2025 en la provincia de Jujuy.

Este sábado, el Ministerio Público de la Acusación pidió la apertura de juicio oral y público contra los imputados reconocidos como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. por el crimen de una pareja asesinada en Pozo Cavado. De acuerdo con Somos Jujuy, el juez de Control Gastón Mercau admitió el requerimiento del fiscal Luis Marcelo De Aparici y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

La acusación atribuye a D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. los delitos de “doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real”. La causa requirió un trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la policia de Jujuy.

El magistrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria que tenía D.F.M. y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario, a pedido de la fiscalía. En la audiencia de control de acusación, que finalizó el último viernes, la fiscalía expuso evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas durante la pesquisa.

La investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen - Perico, dirigida por De Aparici. En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, como querellante particular.

El hallazgo del crimen

En mayo del 2025, encontraron una Jeep Renegade incendiada, dentro hallaron dos cuerpos calcinados. El hallazgo ocurrió por la noche, cerca de las 21, en un camino vecinal situado a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado, en el departamento El Carmen. La denuncia había sido recibida a las 20.30 y, según los fiscales del caso, un testigo alertó a la Policía después de escuchar ruidos, acercarse al lugar y ver el vehículo envuelto en llamas.

A través de la patente, los investigadores identificaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Lucía del Carmen Lera, de 52 años, con domicilio en la ciudad de Perico. Según publicó Somos Jujuy, la mujer salió el mismo miércoles por la tarde en ese vehículo junto a su pareja, Matías Nicolás Pérez, de 36 años, y ninguno volvió a ser visto desde entonces.

“Se desconoce el paradero de la propietaria del vehículo. Es una mujer vinculada con el comercio. Y hay un masculino cercano a la propietaria cuyo paradero tampoco conocemos”, dijo la fiscal María Curten Haquim. Los policías llegaron al lugar pocos minutos después del aviso con personal de la Comisaría Sección 45 de Pampa Blanca, dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Jujuy. También intervinieron bomberos, que sofocaron los focos activos en el interior del rodado y enfriaron la estructura para permitir la inspección.

Recién entonces, según la reconstrucción oficial, los agentes pudieron observar el interior del vehículo. En la parte trasera del habitáculo encontraron dos cuerpos completamente carbonizados. Haquim explicó que el nivel de carbonización impidió cualquier reconocimiento inicial. “Los dos cuerpos estaban en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento de los mismos. No podemos determinar ni el sexo ni las edades”, detalló la fiscal.

Una abuela será llevada a juicio, luego de que fuera acusada de secuestrar a su nieto de tres años desde su casa en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, con la presunta intención de venderlo en la provincia de Salta. En el caso también está imputada su pareja, quien fue acusado de haber sido partícipe del macabro plan. Desde que fueron detenidos, se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente, que sería la presunta hija de la acusada, del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que pretendían llevarse a su hijo sin permiso a otra provincia. La rápida intervención de la policía permitió localizar en el callejón Belgrano a un hombre con el nene, acompañado por una mujer y un adolescente, quienes avanzaban en dirección a la Ruta 40.

Luego de que las autoridades lograran detenerlos, se confirmó que la abuela sería una mujer de 37 años, identificada como J. V., mientras que la pareja de esta se trataría de un hombre de 28 años, cuyas iniciales serían E. M. Según confirmó la Fiscalía de Tunuyán, ambos fueron acusados de sustracción de menores, un delito que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Durante el operativo, el hombre manifestó ante los efectivos que el menor le había sido entregado por la madre debido a que no podía cuidarlo por motivos de salud. Sin embargo, otra comisión policial acudió al domicilio de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando.

Por otro lado, tres personas presentes en la vivienda confirmaron que el nene había sido retirado con el objetivo de venderlo en Salta por $14.000.000, suma de la cual ya se habría pagado un 50 %. No obstante, desde ese momento la Fiscalía dispuso el secreto de sumario y no habían descartado en un primer momento la hipótesis de trata de personas.

En la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Mónica Romero, las partes acordaron los puntos del debate, que se desarrollará próximamente en los tribunales del Valle de Uco. De acuerdo con la información obtenida por Telesoldiario, las autoridades judiciales anticiparon que “el debate se realizará a la brevedad”.

El caso generó amplia repercusión, por lo que la Justicia de Mendoza había alertado a las autoridades de Salta, que iniciaron una investigación para determinar si detrás de este traslado existía una red de posibles compradores o intermediarios.

Según la información que había sido recopilada por El Tribuno de Salta, el hecho abrió una línea de investigación colaborativa entre ambas jurisdicciones para esclarecer la existencia de un posible circuito de venta de menores.

Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años: creen que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de Sur Álvarez Tovar, una nena de siete años presuntamente oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien resolvió el retorno de la menor a su padre, identificado como A. A., luego de que este presentara una acción judicial ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, Sofía Micaela Tovar, madre de la menor, no acató la orden judicial de entrega y habría cambiado el nombre de la menor, lo que dificultaría las tareas de localización. El último dato oficial indica que estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela.

La resolución de la jueza Vila establece el regreso inmediato de la nena a Mendoza y habilita la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades remarcaron que el seguimiento descartaría posibles cambios de establecimiento escolar o modificaciones en las características personales de la menor, ya que existen antecedentes de alteraciones de este tipo.

La Justicia de Mendoza autorizó la difusión pública de imágenes, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar para facilitar su localización y el cumplimiento de la decisión judicial. Las fotografías que acompañan el comunicado oficial fueron divulgadas a través de medios y plataformas públicas, conforme a la autorización judicial.

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estos procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se solicita a la ciudadanía dar aviso inmediato en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

La Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que investiga a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y producción de material de explotación sexual, en un expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses. Ambos imputados permanecen en libertad desde marzo, tras la revocación de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que motivó protestas de familiares y allegados de la víctima.

El caso se originó en octubre de 2024, cuando la menor quedó al cuidado de personas de su círculo de confianza. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°4 y liderada por Ricardo Córdoba Andreatta, recopiló una serie de pruebas: denuncias, testimonios, exámenes médicos, pericias psicológicas y psiquiátricas, análisis de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales. El expediente fue elevado a juicio luego de que la fiscalía consideró que se alcanzó el grado de probabilidad suficiente para que los acusados enfrenten un proceso oral, según reportó Inforama.

La acusación formal sostiene que el hombre afronta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil en calidad de coautora. Las pruebas recabadas permitieron a la fiscalía avanzar hasta la instancia de juicio, y la notificación ya fue enviada a todas las partes involucradas.

En marzo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la detención preventiva de los imputados mientras avanza la causa. La decisión de liberar a los imputados provocó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que reclama mayor celeridad y nuevas medidas de restricción.

La madre de la menor relató el impacto que tuvo la decisión judicial en diálogo con El Ancasti: “Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto”. La mujer también manifestó que la familia no recibe asistencia psicológica por parte del Estado y que el único apoyo que espera es una respuesta efectiva por parte de la Justicia.

Luego de esa decisión, la fiscalía ordenó que los imputados establezcan un domicilio fijo, se presenten cada semana ante la Justicia, no salgan de la provincia sin autorización judicial y mantengan distancia de la presunta víctima. Por su parte, la madre de la menor subrayó el sentimiento de desprotección que atraviesa la familia. “Ellos han salido como si nada a la calle, teniendo la carátula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada”, declaró.

En paralelo, los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, reiteraron su oposición a la liberación de los padrinos. La fiscalía solicitó copias certificadas de una denuncia por daños contra un vehículo presentada por un vecino, ocurrida después de la excarcelación de los imputados, para evaluar si existen nuevos elementos que ameriten restricciones adicionales.

Los padrinos de la beba continúan en libertad bajo vigilancia judicial y medidas restrictivas, pero sin condena firme. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, aseguró la madre de la beba. Con el proceso judicial en marcha, las expectativas están puestas en el debate oral y en que la Justicia adopte medidas que garanticen la seguridad de la víctima y el avance del caso.

La Justicia de Córdoba confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra el ex legislador Oscar González por el accidente vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos jóvenes sufrieron graves lesiones.

Según resolvió la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el proceso judicial comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Así, poco más de tres años del siniestro vial, González será juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el ex legislador, al volante de un BMW de uso oficial, circulaba presuntamente en dirección Córdoba–Mina Clavero e invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el asiento trasero del vehículo viajaban también Marina, hija de la docente, y su amiga Alexa, ambas de 14 años al momento del hecho. Mientras que Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

La elevación de la causa a juicio se produjo luego de que fracasara una propuesta de la defensa de González, que pretendía una salida alternativa mediante una reparación económica. Sin embargo, la solicitud fue rechazada durante el proceso.

La investigación también dirigió su atención al vehículo oficial que conducía González en el momento del siniestro. En este sentido, el uso del BMW, perteneciente a la administración pública, es una de las aristas que será analizada durante el debate oral.

A fines de febrero, González fue excarcelado en el marco de otra causa derivada del mismo episodio. En este expediente, permanece imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. No obstante, el proceso penal por el accidente vial avanzará de manera independiente.

Así fue la tragedia de las Altas Cumbres

El sábado 29 de octubre de 2022, el siniestro vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, a pocos kilómetros de Mina Clavero, marcó el inicio de una investigación judicial que aún sigue su curso. En el hecho, el dirigente peronista y ex presidente provisorio de la Unicameral impactó su camioneta BMW X1 contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, junto a las dos menores de edad.

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo sucedido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

A partir del análisis testimonial, la funcionaria judicial concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

Una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso, tras señalar la existencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraron documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por peritos de control de la parte querellante y defensora, una aclaratoria de la pericia accidentológica y el informe de reconstrucción virtual.

La acusación adelantó que también presentará testimonios, informes técnicos y pruebas informativas, documentales y periciales. Hace algunos meses, los resultados del peritaje accidentológico permitieron sostener la acusación contra González, luego de que su abogado defensor, Martín Ortíz Pellegrini, afirmara que la docente habría cambiado de carril, provocando la colisión frontal.

Sin embargo, el informe ordenado por la fiscal Gallarato reveló que ambos vehículos cruzaron la doble línea amarilla, pero el impacto ocurrió en el carril de la víctima. En línea con esto, los peritos determinaron que la mujer había adelantado a una grúa, pero al regresar a su carril, se encontró con el ex legislador quien transitaba por la vía contraria luego de haber salido de una curva.

El impacto involucró el costado frontal derecho de la BMW X1 y el frente del Renault Sandero, por lo que ambos volcaron. Asimismo, confirmaron que ninguno de los dos circulaba por encima de los 100 km/h permitidos, ya que González circulaba a 87 km/h y la docente a 74 km/h.

En Bogotá se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales registradas en Dabeiba e Ituango en Antioquia entre 2004 y 2005.

La defensa de Guzmán Ramírez asegura que el coronel (r) no tuvo nada que ver en los hechos expuestos durante el caso y en el que testigos aseguraron que el militar sabía lo que pasó con los campesinos y locales que fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combates.

En la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo, que preside el juicio, confirmó que la defensa de Guzmán presentó una solicitud para suspender el proceso, argumentando que primero se debe resolver un recurso por un hecho registrado entre el 8 y 9 de diciembre de 2004 en Ituango.

La decisión fue suspender el juicio oral, esperar la resolución del recurso de apelación y mantener la sección de ausencia mientras las diligencias del resto del juicio serán programadas mientras se espera la decisión de la Sección de Apelación.

La representación de las víctimas interpuso un recurso de reposición al considerar que la suspensión del juicio afecta a los afectados en el caso y generará nuevas dilaciones en un proceso que lleva más de 20 años desde que se registraron las ejecuciones extrajudiciales.

“Desde el escrito de acusación y durante todas las etapas procesales, la Fiscalía definió con claridad los diez hechos jurídicamente relevantes. La defensa nunca presentó nulidades ni objeciones oportunas frente al marco fáctico. La controversia pendiente en apelación solo afecta uno de los diez hechos, por lo que suspender integralmente el juicio resulta desproporcionado”, argumentó la fiscal encargada del caso.

Para la magistrada de la JEP, la decisión que tomará la Sección de Apelación podría afectar la definición del material probatorio del juicio, y confirmó que mantendrá la suspensión para proteger el debido proceso.

“No repone y, por el contrario, confirma la decisión tomada en toda y cada una de sus partes” fueron las palabras de la magistrada Reinere Jaramillo, que indicó que permitiría la presentación de los testimonios de dos testigos de las víctimas (que estaban en el lugar) y luego suspendería el juicio.

Testigos expusieron sus historias y el juicio fue aplazado

La representación de víctimas presentó a sus dos testigos, que de manera reservada se refirieron a uno de los hechos de la acusación contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, registrado en septiembre de 2004 en jurisdicción de Ituango, en Antioquia.

Debido a la condición de los testigos y la reserva que pidieron, sus declaraciones serán tenidas en cuenta cuando se programe la continuidad del juicio. Tras las preguntas complementarias de la fiscal y del magistrado Gustavo Salazar, el abogado defensor Diego Bernal ejerció el derecho a la última palabra y finalmente se aplazó el resto del proceso.

“Tras la realización de los testimonios en audiencia reservada y el desistimiento de otros testimonios por parte de la representación de víctimas, el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se reanudará una vez la Sección de Apelación se pronuncie sobre el recurso interpuesto relacionado con el hecho incluido en la acusación del 9 de diciembre de 2004″, confirmó la JEP.

Cabe recordar que la apelación de la defensa es por las acusaciones en contra de su cliente, que ha sido culpado de participar en cuatro homicidios registrados en Ituango, más específicamente en la vereda San Luis, en donde el 8 de diciembre de 2004 cuatro personas fueron sacadas a la fuerza de una fiesta.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, Pacífico Antonio Sucerquia García, Roberto de Jesús Garcés Barrera y Arley Darío Rojas Graciano, que horas después de la retención ilegal fueron asesinados. La investigación adelantada por fiscales e investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación ha establecido que los hombres armados que cometieron la masacre en realidad eran efectivos del Batallón Contraguerrilla 79, al mando de Guzmán Ramírez.

Comenzó ayer martes el juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones sufridas por una amiga de la víctima, en un hecho ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes.

El caso es seguido de cerca por la comunidad debido a la gravedad de los hechos y al contexto de violencia de género que la fiscalía atribuye al imputado. El debate judicial se desarrolla ante un jurado popular compuesto por doce personas titulares y presidido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama.

La expectativa de pena para el acusado es la de cadena perpetua, por lo que la instancia del jurado popular resulta obligatoria según la legislación vigente. El proceso está previsto hasta el viernes 30 de mayo, aunque podría extenderse si los alegatos finales y la deliberación así lo requieren. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora.

El hecho investigado ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores en Junín de los Andes. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a la amiga de Corina, identificada como M.D.G.T., provocándole una herida abdominal que requirió aproximadamente 25 días de recuperación.

Segúnlo informado por el portal LM Neuquén, cuando Mena intervino para recriminar la agresión, recibió una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte por una lesión cardíaca perforante y hemotórax.

Según expuso Ávila en su alegato de apertura ante el jurado, la fiscalía sostiene que se trató de un crimen motivado por celos y conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima, en el marco de una relación marcada por episodios de violencia psicológica. La acusación descarta la hipótesis de un hecho aislado y apunta a la existencia de antecedentes de maltrato y control en la pareja.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen de Corina Mabel Mena no fue un episodio casual, sino la culminación de una relación atravesada por violencia de género. El fiscal jefe señaló que el acusado ejercía “conductas de control” y que la víctima había sufrido situaciones previas de violencia psicológica. Tras cometer el ataque, el imputado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, según la acusación.

El Ministerio Público Fiscal interpreta estas acciones como señales de que el acusado “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”, por lo que buscará demostrar la existencia de premeditación y la intencionalidad en el hecho. La fiscalía presentará pruebas testimoniales de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, junto a peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de registros fílmicos relevados durante la investigación.

Uno de los testimonios clave será el de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque y podrá aportar detalles sobre la dinámica de los hechos y la relación entre el acusado y la víctima. Según la acusación, la agresión fue consecuencia de una discusión por celos dentro de la vivienda.

La defensa del imputado solicitó que el jurado estuviera integrado, al menos en parte, por miembros de la comunidad mapuche, dado que el acusado pertenece a ese pueblo originario. El pedido fue rechazado por el juez Balderrama, quien coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal. El magistrado explicó que la ley no exige que los jurados sean miembros de comunidades originarias, sino que cuenten con conocimiento sobre su cultura, costumbres y formas de vida.

Durante la audiencia, el juez citó el artículo 109 del Código Procesal, que remite a convenios internacionales sobre el juzgamiento de integrantes de pueblos originarios. Balderrama aclaró que la normativa establece la necesidad de conocer las pautas culturales, pero no implica necesariamente que los jurados deban formar parte de esas comunidades. Tras entrevistar a los convocados, el juez consideró que el tribunal reunía condiciones de pluralidad y diversidad cultural suficientes, sin requerir la fijación de un cupo obligatorio.

El juicio continuará durante la semana, con la exposición de pruebas y los testimonios previstos, y podría extenderse si el calendario de audiencias lo requiere. La expectativa de la fiscalía es que el proceso permita demostrar la existencia de violencia de género previa y la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados.

El desarrollo del juicio será seguido por la comunidad y por organizaciones que reclaman justicia en casos de femicidio, atentos a la aplicación de la perspectiva de género y el respeto por los derechos de las víctimas y sus familiares.

El 25 de mayo comenzó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘falsos positivos’, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeiba e Ituango, Antioquia.

A pesar de que exuniformados han asegurado que Guzmán tenía claridad de lo que pasaba con los civiles ultimados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, la defensa del militar retirado asegura que esta versión no es verdad.

En el proceso, que es adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han declarado militares retirados, antiguos subalternos de Guzmán, exparamilitares y expertos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal.

En la primera de las diligencias, que se registrarán hasta el 27 de mayo para recopilar todas las pruebas y los argumentos de la defensa, el antropólogo forense Carlos Manuel Bacigalupo Salinas asistió en calidad de perito.

El experto indicó que, luego de participar en la construcción del informe de los resultados de las necropsias hechas a cadáveres recuperados en Ituango, se comprobó la identidad de varias personas reportadas como desaparecidas en los años mencionados. Uno de los procesos fue el del cuerpo de Abraham González, que tenía 15 años cuando fue asesinado y se comprobó el parentesco que tenía con Blanca Elena González y Sandra González, su madre y hermana, que son parte de las denunciantes en el proceso.

De la misma forma, se comprobó el parentesco de otra familia con Rodrigo Humberto Torres, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio de Ituango sin la identificación total, lo que impidió que sus familiares supieran sobre su asesinato durante varios años.

Una de las conclusiones del informe final fue que Torres Múnera tenía 23 años cuando fue asesinado y no 30, como se había señalado inicialmente en la necropsia, algo similar a lo registrado con cuatro cuerpos más que fueron identificados tras la orden judicial que permitió la exhumación.

Se trató de cuatro víctimas vinculadas al caso del coronel (r) Guzmán Ramírez, que en su momento fueron reportadas como personas dadas de baja en combate por integrantes del Batallón de Contraguerrillas 79.

“A partir del análisis, se puede concluir que se observa una multiplicidad de eventos que pueden mostrar una concentración en un área determinada, principalmente a nivel de cráneo y tórax. Debe considerarse que la multiplicidad de eventos se relaciona con una intencionalidad de hacer daño a la persona, en una dinámica de violencia prolongada que implica una sobreexposición a traumas letales... En ese sentido, la presencia de lesiones que implican cercanía por parte del agresor, con quemaduras o tatuajes, así como expresiones de carácter defensivo, no parecen ajustarse a situaciones normales de combate”, afirmó el perito.

La declaración del experto forense incluyó un material gráfico con el que se ilustró la gravedad de las lesiones que tenían las víctimas, incluyendo golpes y lesiones que habitualmente no se registran durante combates armados.

El antropólogo respondió las preguntas de la defensa y la representación de víctimas, destacando la conservación de las prendas de las víctimas como un punto clave para comprobar las lesiones que tenían los cuerpos y las huellas que quedan en la ropa.

“Es decir, si el informe dice que la persona tiene una herida en el pecho, la camiseta que llevaba puesta debería tener un orificio que coincida con lo que se reporta; es más, debería tener manchas de sangre. Son parte de un análisis particular”, respondió el testigo. La segunda audiencia del proceso incluirá el interrogatorio por parte de los testigos de las víctimas.

El campocorto dominicano Wander Franco, jugador de béisbol de los Tampa Bay Rays en la Major League Baseball (MLB), fue declarado penalmente responsable por abuso sexual y psicológico de una menor en República Dominicana, pero no cumplirá condena porque un juez le concedió un perdón judicial al considerar que también fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente, tal y como detalló CBS News.

La decisión, anunciada el lunes, mantiene la culpabilidad por violar disposiciones de la Ley 136-03 y deja pendiente para el 16 de junio la sentencia completa, de acuerdo con AP News.

La resolución incluyó otra condena central del caso: la madre de la menor recibió 10 años de prisión por comercializar sexualmente a su hija, según explicó el juez José Antonio Núñez. Esa valoración fue la base para eximir de pena a Franco, pese a que el tribunal sostuvo su responsabilidad penal.

“Parece contradictorio que declaren responsabilidad penal y al mismo tiempo eximido de pena, el tribunal ha acogido en favor de Wander Franco el perdón judicial por las circunstancias particulares que lo colocaron como víctima material, no así como víctima legal”, afirmó Núñez. El magistrado justificó esa decisión como un “razonamiento de carácter lógico jurídico”, de acuerdo con CBS News.

El tribunal sostuvo la culpabilidad, pero aplicó un perdón judicial

El documento leído en audiencia declaró a Franco “penalmente responsable de la violación a las disposiciones de la Ley 136-03 que tipifican y sancionan el abuso sexual y psicológico, en perjuicio de la menor de edad”, retomó AP News. La decisión no revirtió esa conclusión: solo lo exoneró de castigo.

Franco había sido arrestado en enero de 2024, acusado de mantener durante 4 meses una relación con una niña de 14 años y de transferir miles de dólares a la madre para que consintiera la relación ilegal, de acuerdo con AP News. También enfrentó cargos por explotación sexual y comercial de una menor y trata de personas, de los que ya había sido declarado no culpable, afirmó CBS News.

A la salida del tribunal, Franco abrazó a su madre, Nancy Aybar, y a otros familiares. “Gracias a Dios por todo”, expresó, según diferentes medios estadounidenses.

Mientras que, AP News destacó que Franco aseguró ante la prensa sentirse “tranquilo” y le envió un mensaje a sus seguidores: “Que me sigan apoyando, que con la fe de Dios vamos para arriba de nuevo”.

La sentencia completa se conocerá el 16 de junio

El abogado Teodosio Jáquez sostuvo que la defensa aún no tiene la sentencia física y que ese documento será clave para definir los próximos pasos. “No tenemos la sentencia física en las manos, pero él fue eximido de pena porque el presidente del tribunal estableció que él también era una víctima y por lo tanto lo exime de pena con el perdón judicial”, aseguró Jáquez a AP News.

Jáquez agregó que no descartaba volver a apelar y que esperará el fallo completo para planificar junto con su cliente la estrategia. “Cuando tengamos la sentencia íntegra en las manos, les daremos más detalles”, afirmó a CBS News.

El fiscal José Martínez Montán consideró relevante que el tribunal mantuviera la culpabilidad de Franco, tal como el Ministerio Público había sostenido desde las primeras etapas del juicio, según AP News.

El caso alteró un contrato de 11 años y USD 182 millones con Tampa Bay

En noviembre de 2021, Franco firmó con los Rays de Tampa Bay un contrato por 11 años y USD 182 millones, de acuerdo con CBS News.

Su situación deportiva cambió en agosto de 2023, cuando las autoridades dominicanas anunciaron que lo investigaban por una presunta relación con una menor; entonces tenía 22 años.

Seis meses después de su arresto, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que interrumpió el salario que seguía cobrando mientras estaba en licencia administrativa, aseguró CBS News.

Tras el veredicto, MLB, la liga profesional de béisbol de Estados Unidos informó en un comunicado: “Estamos conscientes del veredicto de hoy en el juicio contra Wander Franco y nuestra investigación concluirá en el momento apropiado”, según AP News.

Franco afirmó que personalmente no había contactado a los Rays, aunque supuso que sus abogados sí lo habían hecho, tal y como detalla CBS News.

Meta amenazó con bloquear Facebook e Instagram en todo el estado de Nuevo México como respuesta a una demanda estatal que exige nuevas medidas para proteger a menores en sus plataformas.

La advertencia, presentada ante un tribunal, marca la primera vez que la compañía plantea dejar sin acceso a sus redes sociales a todos los habitantes de un estado en Estados Unidos, según reportó NBC News.

De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg argumentó que cumplir con la obligación de verificar con un 99% de precisión que los usuarios sean mayores de 13 años es irrealizable con la tecnología actual, y que si el tribunal mantiene esa exigencia, no tendría otra opción que cerrar el servicio.

Exigencias judiciales y posición de Meta

El litigio en Nuevo México forma parte de una ola de más de 40 demandas estatales en Estados Unidos que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores.

Según AP News, el caso local es el primero que llega a la etapa judicial donde se discuten medidas correctivas concretas. Los fiscales piden que Meta implemente una verificación de edad eficaz, controles parentales, límites de acceso para usuarios por debajo de la edad legal, advertencias sobre riesgos, cambios en los algoritmos de recomendación y restricciones al cifrado de extremo a extremo en cuentas de menores.

Además, solicitan que las cuentas de adolescentes estén vinculadas a sus tutores y que las reformas sean supervisadas por un monitor independiente.

“Muchas de las solicitudes son tecnológicamente o prácticamente inviables y, en esencia, obligarían a Meta a crear aplicaciones totalmente separadas para uso exclusivo en Nuevo México”, afirmó ante el tribunal la compañía, citada por The Guardian.

Implicancias y antecedentes

Un cierre de Facebook e Instagram en Nuevo México, que cuenta con 2,1 millones de residentes, implicaría dejar al estado sin acceso a dos de las plataformas más populares del mundo. La medida también afectaría el uso comercial y publicitario, según AP News.

Eric Goldman, codirector del High Tech Law Institute de la Universidad de Santa Clara, indicó que una retirada solventaría para Meta las preocupaciones legales sobre daños a menores, pero enviaría un mensaje hostil y podría acarrear consecuencias imprevistas. El especialista recordó que en 2023, Facebook bloqueó noticias locales en Canadá como reacción a una ley que obligaba a las plataformas a pagar a los editores por enlazar su contenido.

The Guardian subrayó que la amenaza de Meta no tiene precedentes en el país y que, de hacerse efectiva, marcaría un punto de inflexión en la relación entre grandes tecnológicas y las autoridades estatales.

Sin embargo, tanto la empresa como analistas consideran poco probable que el cierre se concrete, aunque la polémica evidencia la presión creciente sobre las plataformas digitales respecto al bienestar infantil.

Respuestas de las autoridades y postura de Meta

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la amenaza de Meta como una “maniobra de relaciones públicas”. “Sabemos que Meta tiene la capacidad de hacer estos cambios. Durante años, la empresa reescribió sus propias reglas, rediseñó sus productos e incluso cedió a las exigencias de dictadores para preservar el acceso a los mercados”, declaró Torrez, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Y además, Torrez aseguró que “esto no trata sobre capacidad tecnológica. Meta simplemente se niega a poner la seguridad de los niños por delante de la interacción, los ingresos publicitarios y las ganancias”.

En otra intervención, el fiscal general expresó sus dudas sobre la disposición real de la compañía para desconectar sus plataformas en todo el país, según AP News.

Meta sostiene que mejora continuamente la seguridad infantil en sus redes sociales y que el enfoque exclusivo en sus servicios ignora el uso de otras aplicaciones por parte de adolescentes.

Un portavoz de la empresa afirmó que las medidas propuestas limitan los derechos parentales y la libertad de expresión en Nuevo México.

En su defensa judicial, la compañía negó que sus redes constituyan una molestia pública y comparó su caso con la responsabilidad de las cadenas de comida rápida respecto a la obesidad.

Una médica fue condenada a tres años de prisión condicional y a diez años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, tras haber sido encontrada culpable de cometer el homicidio culposo de Thomás Octavo. La víctima era un adolescente de 17 años que murió en octubre de 2022, poco después de que regresara de su viaje de egresados en Bariloche.

La sentencia fue homologada este viernes a la mañana en el marco de un juicio abreviado. Durante la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la calificación legal y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

Junto con la pena de prisión condicional, la condenada deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia o teléfono y presentarse periódicamente ante el organismo de control correspondiente.

Aunque la inhabilitación dispuesta le impedirá ejercer la medicina clínica y realizar guardias médicas, la médica podrá continuar con el ejercicio de su especialidad de psiquiatría. Por su parte, la querella acompañó el acuerdo alcanzado, resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía durante la investigación, brindando apoyo a la madre del adolescente en el proceso judicial.

Al homologarse el acuerdo, el juez consideró acreditadas múltiples infracciones al deber de cuidado y sostuvo que la evidencia permitía concluir que una atención médica adecuada “muy probablemente hubiera cambiado el destino” del joven. También destacó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la imputada durante la audiencia.

No obstante, la sentencia aún no quedó firme, ya que las partes no renunciaron durante la audiencia a los plazos legales para eventuales impugnaciones. Minutos después, estaba prevista una audiencia de control de acusación respecto de otras personas imputadas en el legajo —un coordinador y quien manifestó ser médico sin serlo—, pero la instancia fue suspendida a pedido de una defensora pública penal, en función del procedimiento abreviado homologado previamente respecto de la médica.

El caso se desencadenó luego de que el joven muriera el 25 de octubre de 2022 debido a una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por Streptococcus Pyogenes. Para la Fiscalía, la muerte fue consecuencia de omisiones en la atención médica durante la evolución de la enfermedad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, a la médica condenada se le atribuyó haber atendido al adolescente el 24 de octubre de 2022 en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la familia informó síntomas graves y persistentes, la profesional omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos. Por este motivo, los investigadores consideraron que esta conducta no se ajustó a la práctica médica esperable ante el cuadro clínico presentado por el paciente.

En línea con esto, los informes periciales incorporados al legajo concluyeron que una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno con antibióticos podrían haber modificado el curso de la enfermedad. Esto fue respaldado por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas, la historia clínica, la epicrisis de la Clínica Santa Bárbara y los informes del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo de Investigación Forense.

Durante el proceso también declararon la madre y otros profesionales médicos que participaron en la atención posterior del joven, quienes describieron la evolución del cuadro clínico y las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se investigó en Bariloche porque los primeros hechos vinculados al caso ocurrieron durante el viaje de egresados en esa ciudad, donde el adolescente inició los síntomas y recibió las primeras atenciones.

De hecho, inicialmente, existió un conflicto de competencia con la justicia bonaerense. Hasta que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), finalmente, declinó la investigación a favor de la justicia rionegrina.

En la segunda jornada del juicio, el testimonio de uno de los primeros policías que entró al hotel de Barracas donde ocurrió el ataque incendiario que mató a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, aportó nuevos datos sobre lo que pasó la madrugada del 6 de mayo de 2024.

El inspector de la Policía de la Ciudad Julio César Alacore relató ante el tribunal que atendió el llamado de emergencia por un incendio y que, al llegar, se encontró con una habitación en llamas y varias mujeres en el pasillo, cerca de un baño. Ante ello, llamó a los bomberos y a las ambulancias, y ayudó a evacuar a la gente que estaba en el lugar.

El testigo dijo que había personas que no querían salir, que todo era confusión y que los bomberos le avisaron que en un baño del piso de arriba había un hombre con una herida en el cuello.

Luego, explicó cómo estaban las víctimas. Describió que algunas tenían ropa quemada y otras estaban desnudas, todas afectadas por el fuego. Señaló que una de ellas le mencionó que había una embarazada, aunque no pudo precisar si era ella o alguna de las otras.

Sobre el acusado, Justo Fernando Barrientos, el inspector recordó que lo vio sentado en la vereda, “nervioso y asustado”, mientras había gente que lo acusaba de lo ocurrido. Explicó que la herida en el cuello parecía autoprovocada y que el sospechoso no quería hablar ni con la policía ni con los médicos. Más adelante, lo identificaron en el hospital.

Durante su declaración, Alacore contó que dos vecinos, aparentemente padre e hijo, se acercaron a hablar con él. El más joven le dijo que Barrientos “había estado molestando a las mujeres todo el día”, y que incluso habría intentado abusar de alguna.

Por su parte, el mayor dijo que vio cómo Barrientos “le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvió a arrojar hacia el fuego”.

Al final de la audiencia, el tribunal le pidió que leyera el acta que había firmado la noche del hecho. En ese documento, el inspector dejó asentado que habló con una de las víctimas que le relató cómo empezó el incendio.

Según el acta, fue la única sobreviviente, Castro Riglos, quien le contó que, mientras estaban reunidas en la habitación, vieron cómo una persona les arrojó “una bola de fuego”.

“Recuerdo haber visto un tacho en la escena y entonces en ese momento asocié: un tacho, líquido inflamable... le habrán tirado encima”, dijo Alacore.

En la misma jornada, también declaró un oficial de la policía porteña, aunque su intervención fue más breve y no aportó datos relevantes para el tribunal.

El juicio comenzó el lunes pasado. En esa primera audiencia, Barrientos se negó a declarar ante los jueces.

El tribunal, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, rechazó dos pedidos: uno de la querella, que buscaba la transmisión completa de las audiencias, y otro de la defensa, que pretendía excluir una prueba pendiente de ejecución.

El debate oral continuará el 8 de junio con la declaración de más testigos y peritos.

El caso

La fiscalía sostiene que el ataque ocurrió en un contexto de discriminación y violencia de género por odio a la orientación sexual de las víctimas. Según la acusación, en la noche del 5 de mayo de 2024, Barrientos arrojó una bola de fuego dentro de la habitación donde descansaban las mujeres, provocando un incendio que se expandió rápidamente. Vecinos intentaron ayudar, pero el acusado habría seguido agrediendo a las víctimas y arrojó otro elemento incendiario cuando dos de ellas buscaron refugio en el baño.

Como resultado de la agresión, Cobbas falleció el 6 de mayo y Figueroa, el 8 de ese mes. Sus autopsias revelaron que sufrieron quemaduras críticas en el 90% de sus cuerpos, lo que resulta incompatible con la vida. Amarante murió el 12 de mayo como consecuencia de la misma especie de quemaduras en el 75% de su cuerpo. Por su parte, Castro Riglos tuvo quemaduras que afectaron un 3% de su cuerpo -localizadas en sus brazos, manos y rostro- y permaneció internada hasta el 3 de junio de 2024.

El incendio también afectó a otros residentes, tres de los cuales fueron atendidos por inhalación de monóxido de carbono.

Un juez de control dictó apertura de juicio oral contra Uriel “N”, el hombre señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre, aunque en esta ocasión el proceso corresponde a otro caso de presunto abuso sexual cometido en agravio de una joven identificada como Aidee Guadalupe.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde el juzgador resolvió que el caso avance a la etapa de juicio oral, en la cual tanto el Ministerio Público como la defensa deberán presentar y debatir las pruebas correspondientes.

Uriel “N” permanece interno en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que le fue impuesta desde noviembre pasado, cuando fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado fue detenido el 4 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente realizara tocamientos a una joven de 25 años en el callejón Condesa, ubicado entre las calles Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la capital.

Dos procesos distintos por hechos ocurridos el mismo día

Aunque el acusado también enfrenta otro proceso penal relacionado con el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos expedientes continúan desarrollándose de manera separada.

Durante una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez rechazó la solicitud para unificar ambos casos, al considerar que los hechos ocurrieron en momentos distintos y constituyen conductas independientes.

El juzgador argumentó que no existe conexidad entre los delitos, por lo que legalmente no procede la acumulación de los expedientes. Esta petición había sido promovida por el Ministerio Público en una diligencia distinta, correspondiente al caso relacionado con la mandataria federal.

En esa misma audiencia, además, se concedió una prórroga de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria del segundo proceso.

Imputado compareció ante el juez

Durante la audiencia más reciente, Uriel “N” estuvo presente ante el juez de control, mientras continúa a la espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia correspondiente al expediente relacionado con la presidenta.

La apertura de juicio oral representa una nueva etapa dentro del proceso penal, ya que será en dicha instancia donde las partes expondrán los testimonios, peritajes y demás elementos de prueba con el objetivo de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado.

El caso generó atención pública desde noviembre pasado debido a que el imputado fue señalado no sólo por la agresión contra una joven en calles del Centro Histórico, sino también por el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen ambas investigaciones activas y bajo procedimientos independientes, mientras el acusado continúa privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

Durante seis años, un sacerdote de 78 años de la parroquia de Saint-Donat, en el sur de Bélgica, malversó más de 245.000 euros de las cuentas parroquiales. El dinero, que debía destinarse al funcionamiento de la comunidad religiosa, fue utilizado para costear viajes personales y comidas en restaurantes de lujo. La investigación, abierta tras la creación de una asociación para centralizar las finanzas de la región, destapó el vacío en las cuentas de Saint-Donat y despertó sospechas sobre el estilo de vida del sacerdote.

La alarma saltó en 2022, cuando la nueva asociación observó que, a diferencia de las otras nueve parroquias de Arlon, Saint-Donat no había realizado ninguna aportación. Ante la pregunta por la ausencia de fondos, el propio sacerdote admitió: “Las arcas están vacías”. Las pesquisas de la fiscalía revelaron la retirada de sumas importantes en efectivo y la transferencia de dinero desde distintas cuentas, todo bajo la gestión del sacerdote. El hallazgo de varias decenas de miles de euros en efectivo reforzó las sospechas sobre el desvío sistemático de fondos.

El fiscal sostiene que el acusado llevaba una vida incompatible con su salario mensual de unos 2.000 euros. Frecuentaba restaurantes de lujo varias veces al día y realizaba viajes con regularidad, todo financiado con dinero de la parroquia. La acusación se apoya en la existencia de movimientos bancarios irregulares y el uso de fondos comunitarios para fines personales, lo que podría costarle hasta 18 meses de prisión si el tribunal de Arlon lo declara culpable.

El método y el destino del dinero parroquial

Entre 2016 y enero de 2022, el sacerdote retiró más de 245.000 euros de las cuentas de la parroquia de Saint-Donat. Las sumas se extrajeron en efectivo o mediante transferencias a diversas cuentas controladas por él mismo. Parte del dinero fue hallado durante el registro, pero la mayor parte ya había sido gastada. Los fondos, según la fiscalía, sufragaron una vida de lujo insólita para un miembro del clero: comidas en restaurantes exclusivos y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación se intensificó cuando se supo que el sacerdote ya había sido condenado previamente por abuso de confianza. Este antecedente reforzó la hipótesis de una gestión fraudulenta reiterada. Además, la discrepancia en las aportaciones entre las diferentes parroquias de la región facilitó la detección del caso, ya que Saint-Donat era la única sin fondos.

La situación fue calificada de insostenible por la fiscalía, que presentó pruebas sobre los movimientos de dinero y el ritmo de gastos del acusado. El caso ilustra cómo la falta de controles y la confianza depositada en un responsable pueden facilitar el desvío sistemático de recursos destinados a fines comunitarios.

La defensa y la decisión judicial pendiente

La defensa del sacerdote sostiene que no existen pruebas concluyentes de que el dinero parroquial se utilizó para fines privados. Alegan que, hasta la creación de la asociación centralizada, nadie había cuestionado la gestión financiera y que no hay elementos que demuestren el uso fraudulento de los fondos. El equipo legal pide la absolución, argumentando que las sospechas se basan en interpretaciones y no en hechos irrefutables.

El tribunal de Arlon será el encargado de dictar sentencia el 8 de junio. El resultado del proceso marcará un precedente sobre la vigilancia de las finanzas en instituciones religiosas y la responsabilidad de quienes las administran. Mientras tanto, el caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y el control de los recursos en las parroquias y el papel de la supervisión comunitaria para prevenir este tipo de delitos.

La fiscal Romina Díaz solicitó en las últimas horas de ayer jueves la prisión perpetua para Víctor Figueroa, acusado de asesinar a tiros a su esposa y a su cuñado en diciembre de 2023. El pedido se presentó en el marco del debate oral y la investigación penal preparatoria que encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°6, donde se analizaron los hechos ocurridos en una vivienda del barrio Belgrano de la ciudad de Mar del Plata y las circunstancias en las que se desencadenaron los homicidios.

El caso, que conmocionó a la comunidad local, expuso una dinámica marcada por el consumo de alcohol y episodios previos de violencia. Según lo relatado en la audiencia, tanto el imputado como su cuñado llegaron a la vivienda en estado de ebriedad, situación que desembocó en una discusión acalorada por el volumen de la música que Figueroa había puesto.

De acuerdo con la acusación, el incidente escaló rápidamente hasta que Figueroa extrajo un arma de fuego y disparó, provocando la muerte de su pareja —en un contexto de violencia de género— y de su cuñado. Tras los homicidios, la fiscal Díaz consideró que existieron agravantes suficientes para solicitar la pena máxima prevista por la legislación vigente.

Según informó el portal 0223, durante el debate oral, el defensor oficial Claudio De Miguel sostuvo que su defendido actuó bajo emoción violenta, producto del abuso de alcohol consumido previamente. De Miguel insistió en que el estado de ebriedad de Figueroa y su cuñado fue un factor determinante en la incapacidad del acusado para medir las consecuencias de sus actos.

El defensor planteó que, debido a estas circunstancias, el tribunal no debía imponer el máximo de la pena. La argumentación de la defensa giró en torno a la figura legal de la emoción violenta, que contempla una disminución en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones conforme a esa comprensión.

La fiscalía, en cambio, remarcó que los delitos cometidos por Figueroa configuraron homicidio agravado por el vínculo en el caso de su pareja, en el marco de violencia de género, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto a su cuñado. Además, se le imputaron amenazas agravadas con arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

En la audiencia quedó acreditado, según la acusación, que los crímenes ocurrieron tras una discusión iniciada por la música a alto volumen. La fiscal Díaz señaló que Figueroa tenía pleno conocimiento de sus actos, descartando que la emoción violenta y el consumo de alcohol pudieran eximirlo de responsabilidad penal.

El episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Belgrano durante la noche de diciembre de 2023. Los testigos indicaron que tanto Figueroa como su cuñado habían consumido alcohol en exceso antes de arribar al domicilio familiar. Tras el altercado por el volumen de la música, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

De acuerdo con la investigación, Figueroa disparó contra su cuñado y luego contra su pareja, utilizando un arma de fuego cuya tenencia no estaba autorizada legalmente. Posteriormente, profirió amenazas bajo la misma modalidad armada, según el relato de la fiscalía.

La acusación formal incluyó los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra. La fiscal Díaz argumentó que estos elementos configuran una conducta criminal que debe ser sancionada con prisión perpetua.

El defensor oficial De Miguel, en contraste, insistió en la influencia del consumo de alcohol sobre la conducta de Figueroa, señalando que el acusado actuó bajo un estado emocional alterado. Solicitó al tribunal que se aplique una condena inferior a la prevista para el máximo de la escala penal.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Viñas, Jorge Luis Rodríguez y Roberto Falcone anunció que el veredicto y la sentencia serán dados a conocer el próximo 4 de junio. Las partes aguardan la resolución judicial, que determinará si se hace lugar al pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía o si se considera el argumento de la defensa relativo a la emoción violenta.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán resolvió elevar a juicio la causa contra cuatro policías provinciales de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado. Los acusados fueron denunciados en febrero de 2024 por presuntamente haber privado de la libertad a un joven y exigido dinero a sus familiares para su liberación.

El avance del proceso fue dispuesto por el juez José Manuel Díaz Vélez, luego de que el fiscal federal Agustín Chit presentara el requerimiento. De esta manera, el oficial principal Ángel Sebastián Gómez (38), el cabo primero Sergio Daniel Díaz (49), el comisario jefe de la Zona III Gustavo Ezequiel Morales (51) y el agente Franco Javier Jiménez (39) serán juzgados por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2024 en el barrio privado Portal del Parque, ubicado en la capital tucumana.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, con instrucción a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar, quienes establecieron que el joven de 28 años fue captado bajo engaño y reducido violentamente por los policías.

Según la reconstrucción brindada por el sitio Fiscales, el día del hecho, los acusados lo trasladaron en un automóvil Renault Megane hasta la dependencia policial de la Zona III. Allí, la víctima permaneció cautiva, fue golpeada, forzada a desnudarse y fotografiada, mientras se ejercía violencia física y psicológica. También se identificó como participante a un civil, que se encuentra imputado en la causa.

Mientras el hombre permanecía en cautiverio, parte del grupo se dirigió nuevamente al domicilio de la víctima, donde contactaron a su hermano y obtuvieron el número telefónico de la madre. Por medio de llamadas, los secuestradores exigieron $240.000 para liberar al joven y lo vincularon con maniobras de narcotráfico, asegurando que sería liberado si se realizaba el pago.

De esta manera, la madre de la víctima fue citada a la dependencia policial, donde pudo ver a su hijo retenido y negociar con los captores. Tras entregar la suma exigida durante la madrugada del 24 de febrero, ambos se retiraron del lugar.

Uno de los datos que serían clave para el juicio surgió durante la etapa investigativa, en donde se determinó que el ingreso del joven no fue asentado en los registros oficiales. Además, corroboraron que no existía causa judicial ni orden de detención en su contra.

En su declaración, la víctima relató que fue contactada a través de un grupo de Telegram para una supuesta compra de cannabis y, tras acordar la entrega, fue sorprendida por cuatro hombres en un automóvil gris, quienes se identificaron como policías y la forzaron a subir al vehículo.

Sobre su estadía en la dependencia, indicó que sufrió golpes, fue desnudada y fotografiada. Incluso, señaló que uno de los captores le manifestó dedicarse a extorsiones y robos. Su madre también declaró y detalló que los secuestradores intentaron vincularla con actividades ilícitas mostrando fotografías tomadas en el domicilio familiar.

Por otro lado, un agente de la Jefatura de Zona III confirmó la presencia de Díaz y Gómez en la dependencia junto a otro efectivo, y recordó que realizaron llamadas telefónicas a los familiares de la víctima. Asimismo, el sereno del barrio privado aportó los registros de las cámaras de seguridad, donde detectaron movimientos compatibles con el horario y la secuencia denunciada por la familia.

También destacaron que el análisis de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos permitió recuperar fotografías de la víctima, conversaciones de WhatsApp entre los imputados y evidencia de pedidos de dinero vinculados al cautiverio.

A raíz de esto, el fiscal Chit consideró a Díaz, Gómez y Jiménez coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por el cobro de rescate y por tratarse de funcionarios policiales. Para Morales, solicitó la imputación como partícipe necesario, dado que autorizó el uso de la dependencia policial y coordinó comunicaciones con los demás imputados.

De la misma manera, la Fiscalía apuntó que los acusados actuaron de manera coordinada con roles distribuidos y simularon un procedimiento legal para privar de la libertad a la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico. Las comunicaciones entre Morales y los otros imputados, así como el uso de la dependencia bajo su mando, fueron determinantes para sostener la acusación.

Tras valorar que los procesamientos con prisión preventiva ya habían sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Díaz Vélez rechazó los planteos de la defensa, que pretendía calificar los hechos como un procedimiento policial irregular, y subrayó la ausencia de orden judicial, registro oficial y la finalidad extorsiva del accionar policial.

Respecto de Morales, el magistrado ponderó conversaciones y mensajes con frases como “Meta” y “Dale pa adelante”, así como la autorización para usar la dependencia policial. Sin embargo, mantuvo su imputación como partícipe secundario al considerar que su aporte fue relevante, pero no indispensable para la consumación del secuestro extorsivo.

La serie revisa el proceso judicial derivado de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 contra el artista y el impacto mediático que rodeó el caso.

El documental se centra en el juicio realizado en California, donde Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.

Durante el proceso, el cantante negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. A pesar de la resolución judicial, el caso continuó generando atención pública y mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.

La producción reúne testimonios de personas que participaron directamente en el juicio, entre ellos jurados, testigos, acusadores y miembros de la defensa.

De acuerdo con los realizadores, el objetivo fue reconstruir el desarrollo del proceso judicial desde diferentes perspectivas y mostrar cómo se desenvolvieron los acontecimientos dentro de la sala del tribunal.

El proyecto fue dirigido por Nick Green y cuenta con la producción ejecutiva de Fiona Stourton. También participan como productores ejecutivos David Herman y James Goldston. La serie fue producida por Candle True Stories.

En declaraciones difundidas por Tudum, el sitio oficial de Netflix, los cineastas señalaron que consideraron oportuno volver sobre el juicio dos décadas después de que se desarrollara. Según explicaron, el documental fue concebido como un relato histórico enfocado en los hechos presentados durante el proceso judicial.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores.

Y añadieron: “No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”.

La serie incorpora además entrevistas con periodistas y figuras de medios que cubrieron el juicio en ese momento. Los realizadores indicaron que buscaron incluir únicamente a personas que hubieran estado presentes durante los hechos o que hubieran participado directamente en el proceso judicial.

Asimismo, indicaron la intención fue ofrecer una reconstrucción del juicio desde el interior de la corte y mostrar cómo se desarrollaron las distintas etapas del caso.

“Cualquier persona interesada en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue en gran medida un evento hermético y la oportunidad de sentirse más cerca de lo que sucedió”, señalaron.

El estreno de la docuserie se suma a una serie de producciones audiovisuales recientes que revisitan figuras de la industria musical y casos judiciales de alto perfil.

Michael Jackson, reconocido por éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”, es considerado una de las figuras más influyentes de la música popular contemporánea. Su carrera estuvo marcada tanto por el éxito comercial y artístico como por diversos episodios judiciales y controversias públicas.

Una de las preguntas que más se repiten cuándo muere una persona es cual es el grado de consanguinidad máximo para que alguien se pueda considerar heredero del fallecido, además de los trámites que se deben realizar durante un juicio de sucesión.

Habitualmente la herencia de una persona que no realizó un testamento legalmente radicado es para su pareja, hijos o familiares más cercanos; sin embargo, en Colombia un hombre logró consolidar la primera herencia legal para un heredero de crianza.

Se trata de John Jairo Martínez, de 45 años, que fue el protagonista del último programa emitido en Los Informantes, en dónde narró el proceso legal por el que tuvo que pasar para recibir lo que dejó María Plazas, la mujer que lo crio desde que él tenía siete años.

En una entrevista con el programa mencionado, Martínez explicó que su madre, de escasos recursos, tomó la decisión entregarlo junto a un hermano a María Plazas, que no tuvo hijos y vivió junto a ellos el resto de su vida en Boyacá.

“Su situación tan difícil, de falta de dinero, falta de protección, porque tras la muerte de mi padre ella queda desprotegida completamente”, fue lo que expuso Martínez como los argumentos que tuvo su madre para entregarlos.

“Mamá María”, como la llamaban, falleció en 2021 durante la pandemia, desde entonces comenzó la disputa legal para demostrar que ellos eran los hijos de crianza de la difunta y por ello debían heredar la vivienda en la que se criaron.

“Uno puede alegar hijos de crianza. Le dan un término de 5 años para poder demostrar que hay un vínculo de familia, que hay cariño, que hay protección, que hay cuidados. En mi caso fueron 37 años de convivencia con mi mamá, era más que suficiente”, narró John Jairo Martínez.

Durante el proceso tuvo que entregar fotos, certificados escolares, y otras pruebas que recopiló para que el juez designado al caso fallara a su favor; sin embargo, en dos instancias el fallo fue negativo.

Mientras el proceso avanzaba, su hermano falleció durante un accidente de tránsito y John Jairo tuvo que afrontar las dos perdidas mientras esperaba que la justicia confirmara que los tres habían conformado una familia.

Al final, la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, lo que para Martínez es una muestra de que no todas las familias son convencionales: “Para mí se hizo justicia. Fue una convivencia, lo que realmente es una familia de verdad, donde hay amor, donde hay cariño, cuidado, respeto”.

Sobre el fallo, el magistrado Fernando Jiménez, que fue el encargado de dictar la sentencia, explicó al medio citado que con esta decisión se busca demostrar que hay “normalidades” que en Colombia se deben concientizar en la sociedad, como el ejemplo de John Jairo Martínez y su hermano.

“Nosotros tenemos una riqueza natural, pero también humana muy importante en el país y una gran diversidad de formas sociales. Un poco la ley intenta ajustarse, digamos, a esa dinámica de nuevas formas familiares”.

El magistrado resaltó que, a pesar de que la madre biológica de Martínez sigue viva y que él tiene contacto con ella, eso no evita que sea considerado un heredero de María Plazas, que no tuvo hijos ni se casó en ningún momento.

“A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de María Riquilda Plaza, puesto que ella lo acogió y protegió desde niño”, puntualizó el magistrado, que explicó que estas dinámicas no son poco habituales en Colombia, principalmente por casos en los que menores pierden a sus progenitores a una corta edad.

En el marco de la primera audiencia del juicio contra Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque incendiario que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, el imputado escuchó los cargos en su contra y se negó a declarar ante los magistrados.

En otro orden, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, integrado por los jueces Fabián M. Dinesta, Rafael A. Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián A. Perez Lance, rechazó los pedidos planteados por la querella de la única sobreviviente y la defensa del homicida para la televisación completa del proceso y la exclusión de una prueba, respectivamente.

El planteo de la abogada Luciana Sánchez, querella particular en representación de Castro Riglos, fue ante el pedido del Tribunal para que las audiencias testimoniales no se transmitan en directo. En este sentido, la letrada puntualizó en la importancia de la publicidad de los testimonios en un juicio de estas características. "Entendemos que los testimonios son el corazón probatorio del debate, y que por eso es muy importante que todas las personas que están pendientes de este juicio tengan acceso a la información y a las audiencias, y al contenido de esos testimonios", explicó.

Y en esa misma línea, solicitó: "La restricción debería resolverse para cada testimonio. Si no van a transmitirse todos, que sí se transmitan los testimonios de los peritos técnicos y de los testigos expertos".

En cuanto al pedido de la defensa, el abogado Ricardo Antonio Richiello planteó la necesidad de que Barrientos sea informado de los hechos y de la prueba que se va a producir durante el juicio. En este sentido, hizo hincapié en un peritaje de ADN que se le solicitó en abril de este año al Cuerpo Médico Forense, el cual todavía continúa pendiente de realización y no fue incorporado al expediente.. “En caso de que efectivamente no se haya cumplimentado o incorporado, solicito que se tome la decisión de excluirlo de este debate en la medida que no se pueda avanzar en este primer acto o en la oportunidad de la declaración indagatoria de mi asistido sin conocimiento previo de cuales son los elementos de cargo o de descargo que eventualmente puedan ser incorporados al debate”, justificó.

Al cabo de unos 20 minutos de debate, los magistrados regresaron a la sala y comunicaron el rechazo a ambos planteos. Si bien el Tribunal consideró que fue “sabia” la propuesta de la doctora Sánchez, al mismo tiempo contemplaron la importancia de que no se contamine la “memoria espontánea” de los testigos que serán citados a declarar, como por ejemplo los vecinos del hotel donde ocurrió el trágico ataque y aquellas personas que estaban presentes al momento de la detención de Barrientos.

“Una vez que agotemos este grupo de personas, después sí podremos transmitir en directo el resto del juicio”, puntualizó el juez Oliden.

Sobre el planteo formulado por la defensa de Barrientos, el Tribunal también lo rechazó al considerar que no se puede excluir una prueba que por el momento no fue producida ni incorporada a la causa. “No podemos hacerle saber a Barrientos la prueba existente cuando él se siente ahi porque todavía no hay ninguna prueba producida”, resolvieron los magistrados.

La segunda audiencia del juicio se realizará el próximo viernes, desde las 10:00, cuando el TOCC N° 5 reciba en la sala a dos agentes de la Policía de la Ciudad que fueron testigos de la detención de Barrientos luego del brutal ataque.

El caso

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2024, en una pensión de la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación donde estaban las cuatro mujeres. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por el odio a la orientación sexual de las víctimas, un agravante que buscarán acreditar durante el juicio oral.

Barrientos llegó al debate detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Durante el juicio se prevé la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, no declarará por recomendación de su equipo médico, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La acusación contra Barrientos es por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. Se espera una pena de prisión perpetua.

En el caso hay tres querellas: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Castro Riglos como sobreviviente y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), que buscan un fallo ejemplar que reconozca los lesbicidios.

En diálogo con Infobae, la representante de la FALGBT+, Samanta Pedrozo, explicó que la intervención de la Federación en el debate oral tiene un peso particular: será la primera vez que la organización llegue a juicio como querellante en una causa penal de estas características, con la posibilidad de acusar y pedir pena. Hasta ahora, la FALGBT+ había intervenido en otros procesos como amicus curiae o desde un rol de acompañamiento civil.

“La importancia de que la FALGBT+ pueda sentarse en este proceso penal y acusar y pedir pena de perpetua marca un antes y un después”, sostuvo la abogada. Para la querella, el caso no debe ser leído como un hecho aislado, sino como un ataque dirigido contra mujeres lesbianas y con impacto sobre todo el colectivo LGBT.

Uno de los puntos centrales del debate será la acreditación del agravante del odio. Según explicó Pedrozo, para ello se hará hincapié en los llamados “elementos contextuales”: testimonios que permitan reconstruir cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque. En este caso, la querella pondrá el foco en las declaraciones de vecinos y de amigos del propio imputado que, según esa parte, dan cuenta de conflictos anteriores, discusiones previas e insultos vinculados con estereotipos sobre la orientación sexual, la forma de vida y el proyecto de vida de las víctimas.

“Ya sabemos que hubo un incendio, ya sabemos quién lo provocó. Ahora vamos a investigar y vamos a profundizar a ver por qué se lleva adelante ese incendio, por qué se lleva adelante ese ataque”, planteó la abogada. En esa línea, buscarán demostrar que Barrientos no actuó por un conflicto circunstancial, sino en un contexto previo de hostigamiento hacia las víctimas por su condición de mujeres lesbianas.

La FALGBT+ tuvo que litigar para ser aceptada como querellante. De acuerdo con Pedrozo, durante la instrucción el pedido fue rechazado bajo el argumento de que no había elementos suficientes para demostrar que se tratara de un crimen de odio y, luego, porque las víctimas ya contaban con representación. La organización apeló y finalmente obtuvo el reconocimiento de la Cámara de Casación en diciembre de 2024.

María Rachid, presidenta de la FALGBT+, también remarcó ante Infobae la importancia del juicio. “No se trata únicamente de las víctimas directas, sino también del mensaje que un crimen así produce sobre toda una comunidad. Los crímenes de odio buscan disciplinar, sembrar miedo y recordarles a las personas lesbianas y LGBT que pueden ser atacadas por ser quienes son”, señaló.

Para Rachid, el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio implica también que el Estado admita la existencia de una violencia específica contra la diversidad sexual. “Ese reconocimiento es indispensable para desarrollar políticas públicas capaces de prevenir, reparar y erradicar esa violencia”, sostuvo.

El ataque tuvo consecuencias inmediatas. Pamela Cobbas murió el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Roxana Figueroa falleció dos días más tarde, también internada allí, con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Andrea Amarante, de 42 años, murió luego de cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía Castro Riglos sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante un mes.

A dos años del triple lesbicidio de Barracas, el caso llegó este lunes a juicio oral. Desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar a Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque incendiario que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos.

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2024, en una pensión de la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación donde estaban las cuatro mujeres. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por el odio a la orientación sexual de las víctimas, un agravante que buscarán acreditar durante el juicio oral.

Barrientos llegó al debate detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Durante el juicio se prevé la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, no declarará por recomendación de su equipo médico, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La acusación contra Barrientos es por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. Se espera una pena de prisión perpetua.

En el caso hay tres querellas: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Castro Riglos como sobreviviente y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), que buscan un fallo ejemplar que reconozca los lesbicidios.

En diálogo con Infobae, la representante de la FALGBT+, Samanta Pedrozo, explicó que la intervención de la Federación en el debate oral tiene un peso particular: será la primera vez que la organización llegue a juicio como querellante en una causa penal de estas características, con la posibilidad de acusar y pedir pena. Hasta ahora, la FALGBT+ había intervenido en otros procesos como amicus curiae o desde un rol de acompañamiento civil.

“La importancia de que la FALGBT+ pueda sentarse en este proceso penal y acusar y pedir pena de perpetua marca un antes y un después”, sostuvo la abogada. Para la querella, el caso no debe ser leído como un hecho aislado, sino como un ataque dirigido contra mujeres lesbianas y con impacto sobre todo el colectivo LGBT.

Uno de los puntos centrales del debate será la acreditación del agravante del odio. Según explicó Pedrozo, para ello se hará hincapié en los llamados “elementos contextuales”: testimonios que permitan reconstruir cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque. En este caso, la querella pondrá el foco en las declaraciones de vecinos y de amigos del propio imputado que, según esa parte, dan cuenta de conflictos anteriores, discusiones previas e insultos vinculados con estereotipos sobre la orientación sexual, la forma de vida y el proyecto de vida de las víctimas.

“Ya sabemos que hubo un incendio, ya sabemos quién lo provocó. Ahora vamos a investigar y vamos a profundizar a ver por qué se lleva adelante ese incendio, por qué se lleva adelante ese ataque”, planteó la abogada. En esa línea, buscarán demostrar que Barrientos no actuó por un conflicto circunstancial, sino en un contexto previo de hostigamiento hacia las víctimas por su condición de mujeres lesbianas.

La FALGBT+ tuvo que litigar para ser aceptada como querellante. De acuerdo con Pedrozo, durante la instrucción el pedido fue rechazado bajo el argumento de que no había elementos suficientes para demostrar que se tratara de un crimen de odio y, luego, porque las víctimas ya contaban con representación. La organización apeló y finalmente obtuvo el reconocimiento de la Cámara de Casación en diciembre de 2024.

María Rachid, presidenta de la FALGBT+, también remarcó ante Infobae la importancia del juicio. “No se trata únicamente de las víctimas directas, sino también del mensaje que un crimen así produce sobre toda una comunidad. Los crímenes de odio buscan disciplinar, sembrar miedo y recordarles a las personas lesbianas y LGBT que pueden ser atacadas por ser quienes son”, señaló.

Para Rachid, el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio implica también que el Estado admita la existencia de una violencia específica contra la diversidad sexual. “Ese reconocimiento es indispensable para desarrollar políticas públicas capaces de prevenir, reparar y erradicar esa violencia”, sostuvo.

El ataque tuvo consecuencias inmediatas. Pamela Cobbas murió el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Roxana Figueroa falleció dos días más tarde, también internada allí, con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Andrea Amarante, de 42 años, murió luego de cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía Castro Riglos sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante un mes.

Por ahora, el tribunal fijó seis audiencias: este lunes 18 y el viernes 22 de mayo; el 8, 10 y 29 de junio; y el 1 de julio, según confirmó Pedrozo a Infobae. La transmisión del inicio del debate podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube habilitado para el juicio.

El juicio entre Elon Musk y OpenAI entra en su recta final tras tres semanas de testimonios de figuras relevantes del sector tecnológico como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella y la exdirectora de tecnología de OpenAI, Mira Murati.

La disputa legal inició por una demanda del CEO de Tesla que alega que la compañía de IA traicionó su misión fundacional sin fines de lucro al priorizar el beneficio comercial y su alianza con Microsoft por encima del bien de la humanidad.

La defensa de Musk, encabezada por Steven Molo, buscó desacreditar la credibilidad del director ejecutivo Sam Altman e instó al jurado a emplear su “sentido común” al analizar tanto su testimonio como el del presidente de OpenAI, Greg Brockman.

“Cinco testigos en este juicio lo llamaron mentiroso bajo juramento”, afirmó Molo.

Altman se defendió y respaldó su gestión al frente de OpenAI y rechazó la acusación de Musk de que él y la empresa “robaron una organización benéfica” al transformar una entidad sin fines de lucro, financiada por Musk, en una compañía con fines de lucro. “Estoy muy orgulloso del trabajo realizado”, sostuvo Altman.

Por qué inició la demanda de Elon Musk a OpenAI

Elon Musk inició la demanda contra OpenAI al considerar que la compañía, bajo la dirección de Sam Altman y Greg Brockman, incumplió el acuerdo original de operar como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

Musk sostiene que aportó decenas de millones de dólares convencido de ese objetivo y acusa a OpenAI de transformarse en una empresa con fines de lucro sin su consentimiento, desviando la misión inicial.

Según la demanda, OpenAI habría manipulado a Musk para obtener financiación, mientras planeaba modificar su estructura y buscar beneficios económicos, lo que él califica como un “robo de una organización benéfica”.

OpenAI, por su parte, niega las acusaciones y afirma que Musk estaba al tanto del cambio de modelo y que incluso buscó controlar la organización.

La disputa ha expuesto tensiones sobre la dirección ética y financiera de la inteligencia artificial, así como el papel de los fundadores y donantes en la gobernanza tecnológica.

Qué ha dicho OpenAI

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, defendió la actuación de la organización en el juicio iniciado por Elon Musk y detalló ante el tribunal aspectos clave sobre la gobernanza y la evolución de la empresa.

Altman reveló que Musk llegó a sugerir que, en caso de fallecer, el control de OpenAI pasara a sus hijos, lo que generó preocupación entre los fundadores por la posible concentración de poder en una sola familia.

OpenAI sostiene que la transformación a una estructura con fines de lucro fue necesaria para obtener los fondos que permitieran avanzar en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial, especialmente en 2017, ante la urgencia de recursos.

Durante su testimonio, Altman subrayó que OpenAI mantiene compromisos con instituciones como el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el gobierno del Reino Unido para la seguridad de la inteligencia artificial, y negó haber manipulado a Musk.

Qué ha testificado Elon Musk

Elon Musk testificó en el juicio contra OpenAI que su apoyo financiero inicial se basó en la promesa de que la organización operaría como una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

Musk afirmó que fue engañado respecto a las intenciones de los fundadores y denunció que OpenAI, bajo la gestión de Sam Altman y Greg Brockman, desvió el proyecto hacia una estructura con fines de lucro sin su consentimiento.

Expresó que, de haber sabido que la organización se transformaría en una empresa lucrativa, no habría realizado donaciones millonarias. Durante su declaración, calificó de “inaceptable” la conversión y sostuvo que “no está bien robar una organización benéfica”.

También señaló que llegó a proponerse para liderar OpenAI, o incluso ceder el control a sus hijos, pero finalmente fue apartado de las decisiones estratégicas. Musk insiste en que la misión original se traicionó y que sus aportes fueron utilizados en contra de los principios fundacionales.

Durante la audiencia única abierta que se celebra en San Salvador, la Fiscalía General de la República concluyó la integración de toda la prueba pericial y documental relevante contra los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13).

Según el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, la evidencia presentada durante esta etapa procesal incluye informes técnicos, documentos oficiales y pruebas materiales que, a juicio de la fiscalía, confirman la participación de la cúpula de la MS-13 en hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2022.

La acusación formal abarca homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, feminicidio, tráfico de armas, tráfico de droga, agrupaciones ilícitas y rebelión.

El fiscal Muñoz insistió en que la MS13 operaba como una estructura criminal “cuyo único fin era cometer delitos, cualquier tipo de delito, homicidio; pero, principalmente, es una estructura eminentemente homicida, extorsiva, que traficaba armas y traficaba drogas, que trataba a las mujeres. Toda esa prueba quedó incorporada”.

En cuanto al delito de rebelión, Muñoz explicó que se atribuye a todos los procesados porque, en palabras del fiscal, “fue una estructura que se alzó en armas en contra de la población salvadoreña, que atentó contra el estado democrático de este país”.

De acuerdo con la acusación, la fiscalía buscó demostrar que la organización criminal no solo cometía estos delitos, sino que los planificaba y ejecutaba de manera sistemática bajo una jerarquía definida.

Durante las jornadas previas, se sumó la prueba testimonial ofrecida por la fiscalía. Más de 10 testigos declararon ante el tribunal, aportando detalles sobre la forma en que los cabecillas de la MS-13 ordenaban y autorizaban la ejecución de crímenes en los territorios bajo su control.

Según el relato de estos testigos, las órdenes para cometer homicidios, extorsiones y otros delitos partían directamente de los líderes de la estructura.

La fiscalía también logró incorporar audios y videos que documentan la planificación y ejecución de crímenes en perjuicio de civiles, policías, soldados y miembros de estructuras criminales rivales. Estas piezas audiovisuales forman parte de los medios probatorios que, según Muñoz, refuerzan la tesis de que la cúpula de la MS-13 mantenía el control de las operaciones ilícitas mediante la impartición de órdenes directas a sus subordinados.

El fiscal adjunto detalló: “Prácticamente se incorporó todos los medios probatorios, de los 444 casos de homicidio, en donde lo que nosotros necesitamos como fiscalía para extraer de esos casos es probar que los hechores materiales fueron miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha”.

Y añadió: “En este caso nosotros no estamos juzgando a los autores materiales, sino que estamos procesando y estamos juzgando a los autores mediatos (es decir, quienes no ejecutaron los crímenes directamente, pero dieron las órdenes o autorizaron su realización)”.

La imputación se estructura siguiendo una línea cronológica, lo que permite atribuir responsabilidades dentro de la jerarquía criminal, desde la denominada “ranfla histórica” hasta los ranfleros en libertad y los corredores de programa.

Según Muñoz, el objetivo es demostrar ante el tribunal que los homicidios y otros delitos fueron resultado de decisiones tomadas en la cúpula de la organización.

Finalizada la incorporación de toda la prueba pericial, documental y testimonial, el juez del caso decretó un receso procesal. El fiscal Muñoz puntualizó: “Toda esa prueba, pues prácticamente ya quedó incorporada y solamente quedamos a la espera de recibir alguna documentación que se ha solicitado a los tribunales”.

Corresponderá al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Salvador, notificar a las partes la fecha en que se reanudará la audiencia única abierta para el inicio de los alegatos finales.

La región de Brandeburgo, Alemania, se encuentra sacudida tras la reciente acusación contra un pediatra de 45 años, imputado por 130 cargos de violación y abuso sexual de menores en el ámbito hospitalario. El caso, que abarca un periodo de doce años, pone en el centro del debate la seguridad de los pacientes infantiles y la responsabilidad de las instituciones médicas. Según la fiscalía de Potsdam y Midi Libre, los delitos atribuidos al acusado se habrían cometido entre 2013 y 2025, un lapso en el que ejercía en dos hospitales de las localidades de Nauen y Rathenow, ambos bajo la administración del grupo hospitalario “Havelland Kliniken”.

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre, quien alertó a las autoridades sobre un presunto episodio de violencia sexual perpetrado por el médico. A raíz de esta presentación, el hombre fue arrestado en noviembre de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva. La fiscalía comunicó que la mayoría de los hechos investigados se habrían producido “en el ejercicio de su actividad profesional”, pero no detalló el número exacto de víctimas ni sus edades, manteniendo la reserva sobre la identidad del acusado.

El impacto de la denuncia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y entre los especialistas en protección infantil. El proceso judicial avanza con la acusación formal presentada el 6 de mayo de 2026, mientras el Tribunal Regional de Potsdam debe fijar la fecha de juicio. La magnitud y la duración de los supuestos delitos provocaron que el caso fuera comparado con antecedentes similares en Europa, recordando el reciente escándalo del ex cirujano Joël Le Scouarnec en Francia.

El abuso durante la práctica profesional

La información oficial indica que el pediatra habría utilizado su posición de confianza y su rol de especialista en el tratamiento de menores para acceder a las víctimas. El carácter sistemático de las presuntas agresiones, ocurridas dentro de hospitales y durante la atención médica, pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de protocolos más estrictos en las instituciones sanitarias.

El caso fue destapado cuando una madre se animó a denunciar lo sucedido, lo que derivó en la detención inmediata del médico. Las autoridades subrayan que el acusado habría cometido “agresiones sexuales agravadas contra menores y violaciones”, aprovechando el ámbito profesional para ejecutar los delitos sin ser detectado durante más de una década. La ausencia de detalles sobre el número de afectados y la identidad del imputado responde a la protección de los menores y al avance de las investigaciones.

El grupo hospitalario “Havelland Kliniken”, responsable de los centros donde trabajaba el acusado, no realizó declaraciones públicas en el momento de la acusación. El caso reaviva la discusión sobre los controles internos y la vigilancia en los entornos donde los niños y adolescentes reciben atención médica.

El impacto judicial y los antecedentes europeos

El proceso judicial sigue su curso con el acusado en prisión preventiva y bajo la acusación formal de la fiscalía. El Tribunal Regional de Potsdam será el encargado de analizar las pruebas y determinar la fecha de inicio del juicio, una instancia que podría marcar un precedente en la jurisprudencia alemana por la cantidad y la gravedad de los cargos imputados. Hasta ahora, la fiscalía ha confirmado que los delitos abarcaban un periodo extenso y se cometieron en el entorno hospitalario, pero mantiene reserva sobre los datos sensibles del caso.

El contexto europeo ofrece un antecedente relevante: el caso del cirujano francés Joël Le Scouarnec, condenado en 2023 a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a casi 300 personas, la mayoría menores de 15 años, entre 1989 y 2014. La comparación ilustra el desafío que enfrentan los sistemas de salud y justicia para prevenir y sancionar estos crímenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y denuncia.

Las autoridades y la opinión pública alemana aguardan el avance del juicio, en un contexto de creciente exigencia hacia la transparencia institucional y la protección de los menores en todos los ámbitos profesionales.

En la Audiencia única Abierta contra los 486 cabecillas de la MS-13, el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, expuso el avance del proceso ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. Explicó que la jornada se centró en la incorporación y lectura de la prueba documental y pericial relativa a los delitos cometidos entre 2012 y 2022, con énfasis en los más de 444 casos de homicidio atribuidos a la estructura criminal.

El representante fiscal informó que, una vez concluida la incorporación de todos los elementos probatorios, el equipo de la fiscalía estará listo para presentar los alegatos finales. El objetivo es que el tribunal valore la totalidad de la prueba y se pronuncie sobre cada una de las imputaciones formuladas.

La estructura jerárquica de la MS-13 y la atribución de delitos

Según Max Muñoz, los audios y videos presentados durante la audiencia han sido determinantes para evidenciar la jerarquización vertical de la MS-13. Explicó que la investigación permitió identificar cómo los corredores de clica rendían cuentas a los corredores de programa, y estos, a su vez, a los ranfleros, quienes autorizaban la comisión de delitos.

El fiscal detalló que este esquema sustentó la aplicación de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, conforme al modelo de Claus Roxin. “Con estos elementos construimos la teoría que nos permite atribuir todos los delitos de la pandilla al corporativo criminal”, afirmó.

Destacó que la estructura funcionaba bajo un sistema de disciplina interna y violencia sistemática. “Es una estructura eminentemente homicida. Instrumentalizaban la violencia para generar temor a la población y a sus propios miembros”, sostuvo Muñoz. Añadió que los castigos físicos internos, incluso los homicidios de integrantes, eran empleados como método de adoctrinamiento y control.

El fiscal remarcó que quedó acreditado que todos los miembros de la organización eran plenamente conscientes de las implicaciones de pertenecer a la pandilla: “Ser pandillero implicaba matar, extorsionar, traficar drogas, traficar armas, robar vehículos. Todos aceptaban ese código”. Muñoz subrayó la existencia de un reglamento interno, conocido como “los ciento tres puntos”, dictado por el corporativo para mantener el orden dentro de la estructura criminal.

Avance procesal y presentación de pruebas

Durante la cuarta semana de audiencias, Max Muñoz precisó que la fiscalía se encuentra en la etapa de lectura y enunciación de toda la prueba documental y pericial ofrecida en el dictamen de acusación. El objetivo es que el tribunal pueda tener a la vista la totalidad de los elementos antes de la fase de alegatos finales.

El fiscal explicó que la incorporación de la prueba se realiza de manera exhaustiva, abarcando los delitos de rebelión, agrupaciones ilícitas, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como trata de personas. Enfatizó que la lectura de pruebas se ha concentrado en los casos de homicidio, para luego pasar a los demás delitos.

“Al momento se está leyendo todo lo relacionado a la prueba de los más de 444 casos de homicidios para posteriormente pasar a la prueba de los otros casos, toda la prueba es importante ósea incorporada”, recalcó el funcionario.

Estrategia de la fiscalía y alcance de los alegatos finales

La fiscalía ha organizado la presentación de los alegatos finales de manera que cada integrante del equipo aborde los distintos delitos imputados, asegurando que la acusación cubra el espectro completo de la actividad criminal atribuida a la MS-13. Muñoz indicó que los alegatos serán extensos y detallados, con una estructura diseñada para abarcar la totalidad de los hechos y la distribución territorial de la organización.

El fiscal señaló que la pretensión de la fiscalía es que el tribunal emita condena por todas las imputaciones presentadas en la acusación. “Pretendemos que le quede claridad al juez sobre cuál es la pretensión de la fiscalía y que se condene prácticamente todas y cada una de las imputaciones”, concluyó.

Relevancia del Tribunal Sexto y exhaustividad de la prueba

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, instancia encargada de valorar la abundante prueba documental y pericial presentada. La fiscalía ha reiterado la importancia de que todos los elementos sean formalmente incorporados, ya que de su análisis depende la acreditación de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de los acusados.

El fiscal adjunto remarcó que la revisión y lectura de las pruebas responde a la necesidad de que ninguna evidencia quede al margen del proceso. Cada documento, audio y video es analizado detalladamente para garantizar que el tribunal cuente con todos los elementos requeridos antes de dictar sentencia.

El inicio del juicio por el crimen de Leonel Sosa movilizó a toda la comunidad de Ciudad de Mis Sueños en la provincia de Córdoba. El adolescente, de apenas 15 años, fue asesinado de un disparo mientras presenciaba un partido de fútbol barrial en junio de 2024. La familia denunció amenazas e intimidaciones durante la primera jornada del proceso.

El adolescente, que solo quería ver el encuentro, recibió un tiro en el abdomen y perdió la vida. El hecho marcó un antes y un después para los vecinos del lugar, que reclama respuestas y mayores garantías de seguridad.

De acuerdo con la información del medio local La Voz del Interior, el homicidio de Leonel ocurrió en un predio ubicado en la manzana 52 del barrio. Según la reconstrucción judicial, el adolescente se encontraba en el lugar para observar un partido de fútbol barrial cuando, de forma repentina, varios hombres armados llegaron en vehículos y se produjo un enfrentamiento con otras personas presentes.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que el tiroteo estuvo vinculado a una disputa entre grupos rivales de Ciudad de Mis Sueños y Parque Ituzaingó. En ese contexto, uno de los disparos impactó en Leonel, quien no tenía relación con el conflicto. La familia de la víctima insistió desde el primer momento en que el joven quedó atrapado en un fuego cruzado, producto de la violencia estructural que afecta a la zona.

“Queremos justicia. Él no tuvo la culpa de nada, era un problema entre ellos”, afirmó una tía del adolescente en declaraciones televisivas. La mujer también advirtió sobre el miedo que existe entre los vecinos a la hora de declarar y colaborar con la causa: “La Justicia no está actuando porque hay gente que está tapando a más gente. Hay millones de testigos, pero la gente tiene miedo”.

Por el asesinato crimen, comenzaron a ser juzgados esta semana Manuel Ezequiel “Willy” Amaya (41 años), Emiliano “Tumba” Ferreyra (28 años) y Agustín Ariel “Turi” Bazán (20 años). El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, dadas las denuncias de amedrentamientos. Hasta el momento, no se ha determinado con certeza cuál de los acusados fue el autor material del disparo fatal.

La familia de Leonel solicitó públicamente que se acelere la pericia sobre las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Consideran que las imágenes pueden ser fundamentales para esclarecer la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los imputados.

Durante la primera jornada del juicio, el reclamo por justicia se reforzó con el pedido de protección a testigos y denunciantes. “Hay muchas personas que vieron lo que pasó, pero tienen miedo de declarar”, señalaron allegados a la familia, quienes expresaron su preocupación por posibles represalias.

De hecho, el inicio del proceos estuvo marcado por denuncias de hostigamiento hacia familiares y testigos. Según relataron los allegados a la víctima, las amenazas provienen de personas vinculadas al entorno de los acusados, y generan un clima de temor que dificulta el avance de la investigación judicial.

La tía del adolescente manifestó ante medios locales que varios miembros de la familia han recibido mensajes intimidatorios y que el miedo a represalias lleva a muchos testigos a no presentarse en sede judicial.

De acuerdo con lo narrado por los familiares, las amenazas y la violencia habitual en la zona condicionan la vida cotidiana de los vecinos. El temor a ser blanco de represalias limita la participación comunitaria y dificulta la reconstrucción precisa de lo ocurrido la tarde del asesinato.

Un joven de Michigan fue condenado a entre 30 y 45 años de prisión por matar a su mejor amigo durante la noche de su boda, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional solo después de cumplir 30 años, tras un enfrentamiento marcado por el consumo de alcohol.

La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2026 en Flint, determina que James Shirah atropelló intencionalmente a Terry Lewis Taylor Jr. pocas horas después de casarse, convirtiendo un día festivo en una tragedia dolorosa para las familias involucradas y la comunidad local, según informó AP News.

Durante la audiencia, el juez Khary Hanible lo expresó de manera directa: “No creo que usted sea un criminal, pero sí creo que es un asesino”. La sentencia contradijo los argumentos de la defensa, que argumentó que se trató de un accidente tras una discusión etílica después de la boda.

Hanible fundamentó su decisión en el registro de un video de vigilancia que mostró el momento del crimen, en el cual Shirah dejó la escena de la discusión y regresó un minuto después conduciendo un SUV. El vehículo fue dirigido directamente hacia Taylor, aceleró y lo impactó, detalló el juez ante la cadena especializada en juicios Court TV.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024. Tras la ceremonia civil con Savanah Collier, Shirah y su círculo cercano, entre quienes Taylor era el padrino de la boda, se reunieron en una casa para continuar la celebración.

Una discusión entre ambos amigos provocó que el conductor abandonara el lugar y, poco después, regresara para arrollar a Taylor, según la acusación formal citada por Court TV.

El impacto no resultó inmediatamente fatal: Taylor fue trasladado con vida al Hurley Medical Center, donde falleció más tarde a causa de las heridas recibidas.

La fiscalía señaló que Shirah, en vez de asistir a la víctima, huyó de la escena y se negó a cooperar con la policía hasta el día siguiente. Tras el hecho, la policía detuvo a los recién casados, James Shirah y Savanah Collier.

Durante el juicio, el abogado defensor Harrell Milhouse insistió repetidas veces en que la muerte fue accidental: “Se produjo una pelea, una discusión, con alcohol de por medio. Son amigos de toda la vida y las cosas se salieron de control”, afirmó ante el tribunal, de acuerdo con Court TV.

Finalmente, Shirah optó por no impugnar los cargos de homicidio en segundo grado, conducir sin licencia válida y huir tras un accidente mortal, decisión que derivó en la severa condena.

La sentencia contra Shirah, de 30 a 45 años por homicidio y otras penas menores que se cumplirán de manera simultánea, establece que será elegible para libertad condicional únicamente cuando cumpla los primeros 30 años de prisión, informó AP News.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó en su momento: “Nunca he visto nada parecido. He visto personas atropellando a otras, pero no tan pronto después de una boda”.

La prometida de Taylor, Nikki Robinson, estaba embarazada al momento de la tragedia y la familia organizó una campaña solidaria en GoFundMe que logró recaudar más de USD 1.200. Taylor tenía dos hijos y esperaba un tercero.

El testimonio de la familia de la víctima marcó la jornada. Eren Taylor, primo del fallecido, describió entre lágrimas la escena: “Todo lo que pude ver era sangre. Su pecho estaba abierto, donde están mi nombre y el de mis dos hijos”, narró ante la jueza, según la agencia de noticias.

Las palabras finales, el juicio de la sociedad y el futuro de los involucrados

Antes de la lectura de la sentencia en el tribunal del condado de Genesee, Shirah, con lágrimas, ofreció una disculpa pública: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi remordimiento. Estaré arrepentido por siempre. No fue intencional… sé lo que verdaderamente ocurrió esa noche y sé que no fue intencional. Era mi mejor amigo”, afirmó Shirah, citado por Court TV.

El juez Hanible contrarrestó esa versión, enfatizando: “El hecho de que alguien ya no esté aquí significa que usted es un asesino. Usted mató a alguien”, según la cobertura de la cadena especializada en juicios Court TV.

Por su parte, Collier, esposa de Shirah, se declaró culpable de encubrir los hechos tras el homicidio y enfrentará su propia sentencia el 26 de mayo de 2026, conforme a la información difundida por AP News.

Una creadora de OnlyFans de California se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Dale, un hombre de 56 años que falleció por asfixia durante la filmación de contenido fetichista en su domicilio de Escondido.

La audiencia de sentencia está prevista para el 8 de junio de 2026, y la fiscalía del condado de San Diego anticipa que recibirá la pena máxima de cuatro años de prisión estatal, según información de Los Angeles Times.

De acuerdo con la acusación, la combinación de prácticas de dominación y sadomasoquismo, BDSM, grabadas para la plataforma y la omisión de auxilio médico oportuno provocaron el desenlace fatal.

Un vínculo marcado por el dinero y prácticas extremas

Durante marzo de 2023, Michael Dale contactó a Michaela Rylaarsdam, de 32 años, a través de Eros.com, un portal estadounidense especializado en anuncios de servicios para adultos, tal como consta en el expediente judicial citado por Los Angeles Times.

En las semanas previas a su muerte, Dale transfirió a Rylaarsdam más de USD 11.000 a cambio de conversaciones, visitas domiciliarias y actos de bondage. Antes de la sesión final, la acusada le exigió USD 1.000 adicionales, impulsada por mensajes de texto de su esposo, quien la animaba a obtener más dinero del cliente mediante la realización de prácticas de alto riesgo.

Según el expediente, Dale solicitó explícitamente ser envuelto en plástico —“como una momia”—, e insistió en la utilización de pegamento industrial y en que se le pegara un consolador en la boca. Durante la sesión en la que ocurrió la muerte, Rylaarsdam grabó varias horas de contenido en video, lo que incrementó los riesgos.

Los investigadores confirmaron que Michael Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, sellada con cinta adhesiva, durante al menos ocho minutos.

Mientras Dale se asfixiaba, la creadora de OnlyFans continuó grabando, según consta en el documento presentado ante la Corte Superior del condado de San Diego y citado por Los Angeles Times.

La situación se agravó cuando Rylaarsdam llamó al número de emergencias solo al notar que la víctima empezaba a presentar signos de cianosis. Cuando la policía de Escondido llegó al domicilio, la acusada intentaba reanimar al hombre, aunque ya no respondía ni respiraba.

Dale fue trasladado al hospital Palomar, donde los médicos diagnosticaron muerte cerebral y, días más tarde, procedieron a desconectarlo del soporte vital. El informe de la oficina forense del condado de San Diego concluyó que la causa de su fallecimiento fue asfixia, clasificando el caso como homicidio.

Proceso judicial y debate en torno a la responsabilidad penal

En febrero de 2025, Michaela Rylaarsdam fue arrestada y acusada formalmente de asesinato. Posteriormente, aceptó un acuerdo con la fiscalía para reducir los cargos a homicidio involuntario, figura penal que reconoce el desprecio por la vida humana pero no la intención de matar, según un portavoz de la fiscalía de San Diego citado por Los Angeles Times.

Rylaarsdam permanece sin acceso a fianza en el centro de detención Las Colinas, a la espera de la audiencia definitiva convocada para el 8 de junio, donde la fiscalía anticipa que se le impondrá la pena máxima prevista para este delito: cuatro años de prisión estatal.

La muerte de Dale, documentada en video y derivada de acciones solicitadas expresamente por él, vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad penal de quienes producen contenidos de alto riesgo para plataformas de suscripción como OnlyFans.

El caso generó debate sobre los límites legales y éticos en la producción de material para adultos, la protección de los participantes y la responsabilidad de los creadores frente a las consecuencias de las prácticas acordadas en contextos de BDSM y otras formas de contenido extremo.

La Justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el delito de trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al sur del país.

El juez Carlos Oblitas suspendió el inicio del juicio que se había instalado a las 08:30 (hora local) ante la ausencia del acusado.

El abogado de Morales, Nelson Cox, había informado la semana pasada que el exmandatario no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó Cox ante los medios.

La causa gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, con la que habría tenido una hija en 2016.

Según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, los investigadores lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del ex mandatario.

Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, Morales denunció que el caso responde a una persecución política de los gobiernos del expresidente Luis Arce (2020-2025) y del actual Rodrigo Paz. Sin embargo, nunca negó la vinculación con la adolescente.

Por este caso, el expresidente ya enfrentaba una orden de aprehensión luego de no haberse presentado a declarar en las dos ocasiones en las que fue convocado por la Justicia. En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado dictó además su arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía.

Acorralado por la Justicia, Morales está refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, una región tropical al centro del país donde se cultiva hoja de coca. En los alrededores de su domicilio, sus seguidores han montado una guardia que lo vigila día y noche para evitar su captura.

(Nota en desarrollo)

Justin Baldoni continúa enfrentando las consecuencias emocionales derivadas de la disputa legal que sostuvo con Blake Lively, de acuerdo con declaraciones recientes de su amigo y coprotagonista Adam Mondschein.

Mondschein, quien participó junto a Baldoni en la película It Ends With Us, habló sobre el estado emocional del cineasta durante una entrevista concedida al medio Page Six.

Según explicó, Baldoni ha experimentado “estrés emocional” en medio del prolongado proceso judicial relacionado con la producción cinematográfica.

“Es una gran carga para llevar por el peso y el estrés emocional que esto le genera”, señaló Mondschein al referirse a la situación que atraviesa el actor y director de 42 años.

También mencionó el impacto que el conflicto habría tenido tanto en Baldoni como en su entorno familiar. “Es una persona real”, afirmó el intérprete de 50 años, quien agregó que sostener públicamente una versión distinta sobre sí mismo puede resultar agotador.

Adam Mondschein también indicó que Justin Baldoni se encuentra afectado emocionalmente por la situación y aseguró que considera al director una persona comprometida con su trabajo y sus proyectos profesionales.

La controversia legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una denuncia contra Baldoni.

En ella acusó a su coprotagonista y director de acoso sexual y de fomentar un ambiente laboral tóxico durante la realización de It Ends With Us, adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Colleen Hoover.

La actriz también sostuvo que Justin habría participado en una campaña organizada para afectar su imagen pública, acusación que posteriormente fue abordada en un artículo publicado por The New York Times bajo el título “We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine”.

Posteriormente, Lively presentó una demanda formal contra el actor, en la que incluyó acusaciones por acoso sexual, incumplimiento de contrato, invasión de privacidad y daños emocionales.

Baldoni negó públicamente todas las acusaciones presentadas por la actriz y respondió con una demanda por difamación y extorsión valuada en 400 millones de dólares. La acción legal también incluyó a Ryan Reynolds, esposo de Lively, así como al equipo de relaciones públicas de la actriz.

El proceso judicial avanzó durante varios meses y estuvo acompañado de declaraciones públicas y presentaciones legales de ambas partes.

Más adelante, el tribunal desestimó la mayoría de las acusaciones presentadas por Blake Lively, incluidas las relacionadas con acoso sexual contra Baldoni. Luego de ese fallo, ambas partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto judicial.

Sin embargo, la resolución del caso se concretó el pasado 4 de mayo mediante un acuerdo alcanzado poco antes de continuar con nuevas etapas del proceso legal.

En medio de la controversia, Mondschein también habló sobre la motivación que, según él, llevó a Justin Baldoni a involucrarse en la adaptación cinematográfica de la novela de Hoover.

“La razón por la que quiso dirigir esta obra, la razón por la que quiso participar en ella, por la que quiso volcarse en ella, fue porque consideró que el libro era importante”, explicó, señalando que Baldoni tenía “una gran relación” con la autora y quería contar “la mejor” historia.

El pasado 23 de abril de 2026, un jurado en Nueva York resolvió un histórico caso de falsificación y derechos de autor que se extendió por casi una década: las obras de Robert Indiana. La Justicia obligó al editor de arte Michael McKenzie a pagar USD 102,2 millones por daños a la Morgan Art Foundation.

El veredicto incluye piezas icónicas como la serie LOVE, símbolo reconocido internacionalmente, y representa una decisión clave para la protección del legado del artista, según ARTnews.

La disputa por las obras de Robert Indiana se decidió luego de ocho años de litigio. El tribunal determinó que Michael McKenzie infringió los derechos de autor de la Morgan Art Foundation al producir y vender obras no autorizadas, incluyendo esculturas y grabados de LOVE, BRAT, The Ninth American Dream y USA FUN.

El juicio comenzó poco antes de la muerte de Indiana en 2018 y abordó el impacto que las obras falsas tuvieron tanto en el mercado como en la reputación del artista.

El jurado validó los cálculos de la Morgan Art Foundation, atribuyendo las pérdidas a McKenzie y apoyando su derecho sobre las piezas en cuestión. La abogada de McKenzie, Nicole Brenecki, anunció que apelarán la sentencia y sostuvo en la corte: “Lo que ellos buscaban proteger era su dinero”.

Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y examinó pruebas sobre la magnitud de la producción y venta de obras no autorizadas. Morgan Art Foundation argumentó que Michael McKenzie y su empresa, American Image Art, llegaron a mover alrededor de 2.500 piezas de Indiana antes de una inspección judicial, lo que llevó a sanciones por parte del tribunal.

El abogado de la fundación, Luke Nikas, aseguró al medio citado que la decisión del jurado “restaura la confianza en el mercado de Robert Indiana” y subraya la protección de la integridad de su legado.

Por su parte, la defensa de McKenzie sostuvo ante medios estadounidenses que las obras se trasladaron para resguardarlas en mejores condiciones y negó cualquier falsificación, afirmando que los métodos de producción contaban con la autorización previa del artista.

Repercusiones para el legado de Robert Indiana

El prolongado proceso judicial ha generado consecuencias significativas en la gestión del legado del creador. Tras el litigio, la Star of Hope Foundation —fundada por Indiana en Maine— y la Morgan Art Foundation acordaron transformar la residencia del artista en un espacio de arte abierto al público.

En 2024, Pace Gallery asumió la representación global de la Robert Indiana Legacy Initiative, creada en 2022 por el galerista Simon Salama-Caro, que funge como la principal responsable de preservar los archivos y la obra del artista. ARTnews informó que la iniciativa se posiciona como referente en la conservación y promoción del legado de Indiana.

La resolución judicial también impactó en los intereses económicos vinculados a la obra de Indiana. La Star of Hope Foundation, principal depositaria del patrimonio artístico tras la muerte del creador, percibe regalías por las ventas legítimas gestionadas por la fundación Morgan, consolidando un modelo de colaboración y apertura pública en torno a su legado.

El caso evidenció disputas internas en los últimos años de vida del artista. Al comienzo del litigio, la Morgan Art Foundation demandó también al albacea James W. Brannan y al cuidador Jamie Thomas, argumentando que aislaron a Indiana para beneficiar la comercialización de piezas no autorizadas.

En 2021, ambas partes firmaron un acuerdo, y en 2022, se abonó más de USD 2 millones al estado de Maine tras objeciones acerca de los honorarios legales del patrimonio.

El medio destacó que, tras finalizar el juicio, la administración y visibilidad de la obra de Indiana se encuentran en un escenario más vigilado, enfocado en resguardar la integridad artística y el control del mercado.

En los últimos años, la fragilidad y el aislamiento de Robert Indiana fueron elementos señalados en la corte, revelando la complejidad que puede implicar la defensa del legado de figuras icónicas.

Los tres imputados por el femicidio de Sofía Delgado, la joven de 20 años encontrada muerta el 15 de noviembre de 2024 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, deberán permanecer en prisión preventiva durante seis meses adicionales por decisión del juez Eduardo Romanini. La medida se dictó durante una audiencia en la que se presentaron pruebas de ADN que fortalecen la acusación, en particular contra Alejandro Bevilaqua.

El motivo de la prórroga está vinculado a la existencia de peritajes fundamentales aún pendientes, como el análisis de una computadora y del GPS del automóvil del principal acusado. Estos exámenes podrían proporcionar datos clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de octubre, fecha en la que se habría producido el crimen, y el hallazgo del cuerpo.

Durante la audiencia, también se analizó el pedido de prórroga de las prisiones preventivas de los imputados: Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann. Los defensores de Brian Bauman y Eduardo Mordini impulsaron cambios en la calificación penal para sus representados, solicitando que sean considerados por encubrimiento agravado y no como autores del femicidio. El magistrado permitió que continúen las negociaciones para definir la figura legal.

Por otro lado, la defensa de Bevilaqua pidió libertad condicional, pero el requerimiento fue rechazado. Las pruebas genéticas extraídas arrojaron que el ADN de Bevilaqua fue hallado bajo las uñas de la víctima, mientras que los análisis sobre Bauman no lo vincularon directamente a la escena. Este dato juega un gran papel dentro de la defensa del imputado.

Además, Mordini también solicitó la libertad tras más de un año y medio en prisión preventiva. Esta petición pone en disputa la calificación del crimen, cuya instrucción está próxima a ser elevada a juicio oral. La causa está caratulada como homicidio calificado, con una pena prevista de prisión perpetua.

Los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna, representantes querellantes de los hermanos de la víctima, sostuvieron ante La Capital: “Se ha hecho un planteo sobre que Mordini había dado negativo los resultados de ADN en la causa, por lo cual el defensor plantea que hay una participación de Mordini en la etapa posterior al homicidio, ya delineándolo como un encubrimiento, y nosotros consideramos que no, que ahí obviamente tanto la Fiscalía como la querella cuentan con prueba que está ya cautelada en la causa”.

El crimen de Sofia Delgado

Sofía Delgado fue asesinada la noche del 30 de octubre de 2024, cuando Bevilaqua, con quien tenía una relación, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó a un taller, propiedad de Mordini, en Puerto San Martín. Según la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica. El caso también involucra a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento, quienes recuperaron la libertad aunque permanecen bajo restricciones.

La investigación para la reconstrucción del crimen sostiene que, tras el fallecimiento de Sofía fue sometida a una serie de maniobras para su ocultamiento: fue Bauman, empleado del taller, quien habría atado el cuerpo e introducido el cadáver en una bolsa cubierta con aislante. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un sector rural en “Camino de la Cremería”, Ricardone, donde lo encontraron dos semanas más tarde.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza formalizó la imputación por homicidio calificado para los tres detenidos. Ortigoza sostuvo ante el tribunal que Delgado fue asesinada “por placer”. El fiscal enfatizó que “la principal hipótesis es que se trató de un homicidio”, con pruebas que apuntan a una coordinación entre los involucrados.

La secuencia de acciones, revela una planificación precisa y una dinámica de grupo orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En la declaración pública, Ortigoza remarcó la vulnerabilidad de Sofía y las prácticas que circularon entre los acusados: “Hablan de Sofía, dicen que nadie la va a reclamar luego de sacrificarla y descargar su ira; eran mensajes y links de webs con mujeres teniendo relaciones atadas”.

Miembros de la pandilla realizaban tareas de vigilancia sobre las víctimas, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco del proceso judicial contra la MS-13.

De acuerdo con las grabaciones presentadas como prueba, los integrantes de la estructura observaban las rutinas diarias, días de descanso y características físicas de las personas señaladas como objetivo, siguiendo instrucciones de los cabecillas.

El material presentado corresponde a hechos ocurridos entre 2017 y 2018. En algunos casos, los pandilleros tomaban fotografías de las víctimas y compartían estos datos con otros miembros, con el fin de facilitar su identificación. La recopilación de información y la vigilancia formaban parte de un procedimiento previo a la ejecución de los homicidios.

Uno de los audios presentados detalla el seguimiento realizado a un custodio de un centro penal. Según el registro, los integrantes de la agrupación decidieron no actuar porque la persona iba acompañada de sus hijos, y esperaron hasta que estuviera sola para proceder.

Este tipo de acciones muestra que existía una cadena de mando y que la toma de decisiones estaba sujeta a análisis previo.

La FGR indicó que en las grabaciones pueden escucharse los momentos en que ocurrieron los homicidios, incluyendo disparos de arma de fuego.

Tras los ataques, los responsables pronunciaban el nombre de la pandilla. Otras grabaciones revelan que, una vez privadas de libertad las víctimas, los integrantes de la estructura debían aguardar la confirmación de la ranfla antes de ejecutar el homicidio.

Otro de los audios documenta una “investigación interna” realizada por miembros de la MS-13 ante una denuncia de agresión sexual contra una menor.

El material muestra que los pandilleros revisaron llamadas telefónicas, interrogaron al señalado y, tras deliberar, decidieron dispararle en más de veinte ocasiones. Este caso refleja tanto la recopilación de pruebas como la toma de decisiones dentro de la organización.

Las evidencias expuestas por la Fiscalía muestran que la estructura de la MS-13 operaba bajo procedimientos sistematizados. El proceso incluía vigilancia constante, intercambio de información, comunicación entre miembros y confirmación obligatoria con los mandos superiores antes de llevar a cabo las acciones.

Durante la próxima jornada del juicio, el tribunal tiene previsto concluir la reproducción de audios relacionados con el tráfico de drogas, actividad utilizada por la estructura para autofinanciarse. Además, se contempla la posible incorporación de videos donde se observa la ejecución de algunas víctimas, lo que podría aportar elementos adicionales al proceso judicial.

Audiencia única abierta contra cabecillas y estructura de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el contexto de una audiencia única abierta dirigida a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los imputados figuran 22 cabecillas históricos de la ranfla, 212 ranfleros y 152 corredores de programa, además de otros integrantes de la estructura.

Según los datos judiciales, 413 de los procesados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mientras que 73 se encuentran ausentes. Entre los delitos imputados se encuentran homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad.

La audiencia busca abordar la responsabilidad de los acusados en los hechos documentados, así como establecer el alcance de las operaciones y la estructura de mando dentro de la organización. El desarrollo de este proceso judicial es considerado uno de los más complejos por el volumen de imputados y la gravedad de los delitos atribuidos, lo que marca un precedente en el tratamiento judicial de estructuras criminales en el país.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

En uno de los audios divulgados por la Fiscalía General de la República, varios pandilleros intercambian instrucciones y reportes mediante frases cortas y códigos internos, mostrando la dinámica con la que se transmitían órdenes dentro de la estructura. La grabación forma parte de la evidencia presentada en el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13, donde el Ministerio Público busca acreditar la existencia de una estructura jerarquizada que ordenaba y coordinaba homicidios en distintas regiones del país.

En el diálogo se escucha una orden clara: “Que no tengamos piedad para los traidores, dicen”.

Durante la conversación, se habla de la revisión de “placazos” y la llegada de instrucciones para ejecutar acciones: “Ahí estaba viendo los placazos de varios locos, pues de los, de los que participaron en la onda esa, de las, de las güilas y todo eso”. Otro de los pandilleros menciona: “Han mandado una güila con cincuenta placazos de allá también”.

Entre los fragmentos, se reitera la instrucción de no tener piedad con quienes son señalados como traidores y la validación constante de las órdenes y mensajes que circulan dentro de la estructura, según los términos de la transcripción.

Entre las grabaciones reproducidas ante el tribunal, se destacan detalles sobre homicidios específicos que fueron planificados y ejecutados bajo órdenes directas de los cabecillas, de acuerdo con el Ministerio Público.

Sostienen que en uno de los audios se expone el crimen de un agente asignado a la Unidad de Servicios Generales de la Delegación de San Marcos. El asesinato se cometió en 2018, luego de que los altos mandos dieran la autorización para proceder.

Otra intervención telefónica aporta información sobre el homicidio de un empleado de la Unidad de Recepción de Denuncias de la Delegación de Zacatecoluca, perpetrado en 2019. En ambos casos, las instrucciones llegaron a través de mensajes cifrados y llamadas, donde se estableció el seguimiento y la logística necesaria para ejecutar los ataques.

Los audios también documentan el crimen de un motorista de buses, cometido por pandilleros rivales en noviembre de 2021 en San Martín. Además, se registró el asesinato de una persona dentro de un vehículo en San Ramón, Mejicanos, ocurrido el 11 de noviembre del mismo año.

Informes fiscales detallan el supuesto sistema de control interno utilizado por la MS-13 para mantener la disciplina y el cumplimiento de órdenes. A través de la figura de las “válvulas abiertas”, los cabecillas habilitaban a los miembros para ejecutar homicidios contra adversarios, así como realizar “depuraciones” internas de aquellos considerados soplones o traidores.

Las directrices también contemplaban atentados contra personal del sistema de justicia y seguridad, extendiéndose a la planificación de extorsiones y operaciones de tráfico de drogas. Los audios muestran que la orden para quitar la vida a un miembro o rival requería siempre la autorización de los altos mandos, quienes evaluaban la situación antes de dar luz verde a las acciones.

Uno de los puntos más reveladores de las pruebas presentadas es la minuciosidad con la que se debía reportar cada homicidio a la cúpula, conocida como la “ranfla”. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los reportes internos incluían el nombre de la víctima, el motivo del asesinato, el estado de ejecución y la modalidad.

Los términos internos de la pandilla clasificaban los hechos según su forma: “H1” para los cuerpos enterrados, “maceta” para un crimen realizado según la jerga, y “asoleado” si la víctima quedaba expuesta. Toda esta información era centralizada para conocimiento de los líderes encarcelados, quienes supervisaban y validaban cada paso del proceso.

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continuará con la fase de aportación de prueba. La Fiscalía anticipó la reproducción de nuevos audios que documentan el tráfico de drogas y las extorsiones cometidas por la MS-13 en el oriente del país, ampliando así el periodo analizado hasta 2022.

Estos materiales, según la acusación, forman parte de una estrategia para demostrar la extensión y permanencia de la estructura criminal, así como la vigencia de las órdenes impartidas por los cabecillas desde prisión.

Las órdenes para ejecutar homicidios y otros delitos llegaban a través de manuscritos enviados desde los penales, así como mediante llamadas telefónicas clandestinas. Los cabecillas mantenían contacto regular con los pandilleros en libertad, quienes debían esperar la autorización expresa antes de actuar.

El control jerárquico era estricto: ninguna acción violenta se realizaba sin la aprobación de los altos mandos, y toda comunicación debía seguir protocolos para evitar filtraciones o delaciones. Las decisiones finales se tomaban en función del interés de la estructura y la seguridad de los líderes.

Durante la Audiencia única Abierta celebrada, la Fiscalía formalizó la presentación de los audios ante el tribunal, enfatizando que los fragmentos seleccionados corresponden a periodos clave entre 2016 y 2021. El objetivo principal es demostrar el nivel de organización, la cadena de mando y los métodos empleados por la MS-13 para ordenar y ejecutar homicidios en diferentes zonas del país.

La acusación subraya que la evidencia obtenida a través de estas intervenciones es fundamental para acreditar la responsabilidad penal de los 486 cabecillas procesados y sustentar la existencia de una estructura criminal activa y jerarquizada.

La Justicia de Tucumán resolvió este miércoles absolver a César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos, la joven asesinada el 26 de febrero de 2006, en una decisión que llegó tras más de dos décadas del hecho.

La decisión se basó en el beneficio de la duda y también alcanzó a Sergio Kaleñuk, quien estaba acusado por encubrimiento y fue desvinculado de la causa. La resolución fue dictada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, luego de 14 jornadas de debate oral.

Con este fallo, el femicidio se mantiene impune, ya que no se logró establecer ningún autor.

Soto estaba señalado como presunto autor del asesinato de la joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció tirado al costado de la ruta un 11 de marzo.

No solo había sido estrangulada, sino que presentaba lesiones provocadas por arma blanca, marcas de quemaduras de cigarrillo, el cuero cabelludo desprendido y las huellas dactilares alteradas.

Este lunes, el padre de Lebbos había solicitado la recusación del fiscal de Cámara Carlos Sale, luego de que este retirara los cargos contra Kaleñuk. En la solicitud, reclamó que el representante del MPF había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada”.

Y es que el proceso judicial estuvo atravesado por irregularidades desde sus inicios. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Albaca fue sentenciado en 2021 a seis años de prisión por encubrimiento agravado.

También quedaron tras las rejas el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los ex jefes policiales Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito. El rol de la Policía tras la denuncia por desaparición en 2006 también fue juzgado, luego de haber alterado las actas del procedimiento para informar que el hallazgo fue producto de un rastrillaje realizado por efectivos de la comisaría local.

El caso

Paulina Lebbos desapareció la madrugada del 26 de febrero de 2006 tras haber salido con amigos y haberse dirigido al domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos al 1200. Los investigadores sostienen que allí se produjo una discusión que derivó en la muerte de la joven por asfixia. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año a la vera de la ruta 341, camino a Raco, donde las pericias determinaron que fue arrojada el mismo día en que ocurrió el asesinato.

En las horas previas al asesinato, la joven había ido a bailar al boliche “Gitana” y a la salida se subió a un remis Fiat Duna junto a una amiga, Virginia Mercado. A mediados de febrero pasado, la ex compañera de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Lebbos admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen con mentiras y omisiones clave. Los abogados defensores le recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. Lo hizo en una audiencia en donde los letrados solicitaron un juicio abreviado que el juez Patricio Agustín Prado rechazó e indicó que continúe su curso normal.

El magistrado entendió que el acuerdo no cumplía con los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de Tucumán para validar este tipo de procedimiento, cuando Mercado indicó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, declaró el padre de Paulina, Alberto Lebbos, quien estuvo presente en la audiencia.

El crimen de Mario Albornoz, hallado sin vida dentro de un freezer en una vivienda de barrio Alto Alberdi, Córdoba, llega esta semana a una instancia clave: comienza el juicio oral contra el único imputado.

La atención pública se concentra en la Cámara Duodécima del Crimen, donde mañana jueves 7 de mayo comenzará el proceso judicial con la participación de jurados populares. Mientras la ciudad observa de cerca, los detalles del caso vuelven a cobrar fuerza a dos años de los hechos.

La víctima, de 53 años, fue encontrada el 10 de abril de 2024 por su propio hermano tres días después del crimen. El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle Santa Rosa al 3300, donde la escena develó un panorama desconcertante: el cuerpo, congelado, permanecía dentro de un freezer, cubierto por una manta y una almohada. La noticia conmocionó a la comunidad y motivó una investigación que derivó en la detención de un sospechoso.

Según lo informó el portal El Doce.tv, el proceso penal apunta contra Fabián Ricardo Páez, de 39 años, único acusado, quien enfrenta cargos por homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

La fiscalía, encabezada por Guillermo González, reconstruyó los eventos que condujeron al crimen. Según la investigación, Albornoz habría sido asesinado a golpes con un martillo luego de sufrir un robo dentro de su propia casa. La acusación sostiene que el autor del crimen buscó asegurar su impunidad, por lo que la fiscalía atribuye el hecho a un homicidio cometido para ocultar otro delito. El cuerpo permaneció oculto dentro del congelador, lo que dificultó inicialmente la determinación del momento exacto de la muerte.

El caso adquirió notoriedad por la naturaleza del escenario: la vivienda funcionaba como una “pensión trucha”, ya que la víctima subalquilaba habitaciones y también alquilaba un espacio al propio acusado. Páez era considerado un inquilino reciente y mantenía una relación cercana con Albornoz, lo que complicó aún más el análisis de los hechos.

Según datos de la investigación, Páez fue detenido dos meses después del hallazgo, tras ser señalado como el último inquilino y una de las personas más allegadas a la víctima. En el juicio, la defensa y la fiscalía deberán debatir sobre las pruebas acumuladas, mientras los jurados populares serán los encargados de decidir si existe responsabilidad penal en el acusado.

Durante el proceso, se presentarán los elementos recolectados por la fiscalía, testimonios de testigos y pericias técnicas. El escenario del crimen, la relación entre la víctima y el imputado, y la motivación económica detrás del hecho serán aspectos clave en la evaluación de los jurados.

El proceso judicial buscará esclarecer las responsabilidades y determinar si Fabián Ricardo Páez actuó con la intención de asegurar la impunidad tras un robo, como sostiene la fiscalía encabezada por Guillermo González.

La resolución de este caso tendrá un fuerte impacto en la percepción pública sobre la seguridad en Córdoba y el funcionamiento del sistema judicial ante delitos de gravedad. La comunidad aguarda el desenlace del juicio, que marcará un precedente en la provincia por la naturaleza y repercusión del crimen.

A casi dos meses de que comenzara el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven de 23 años que fue asesinada hace 20 años en Tucumán, estaba previsto que este miércoles se diera a conocer la sentencia. Sin embargo, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, presentó un pedido para que el fiscal de Cámara Carlos Sale sea apartado, tras haber retirado los cargos en contra de uno de los acusados.

Tras haberse demorado dos décadas en llegar al proceso oral, producto de lo que los familiares de Paulina consideraron como un “mecanismo para asegurar la impunidad”, solo dos personas llegaron imputadas a esta instancia. Por un lado, la ex pareja de la joven, César Soto, acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen y, por el otro lado, Sergio Kaleñuk, amigo de Soto e hijo del ex secretario de José Alperovich, que fue señalado como encubridor.

Sin embargo, los alegatos cambiaron el panorama por completo, debido a que el fiscal Sale pidió la prisión perpetua para Soto, pero aseguró que no tenía pruebas suficientes para mantener los cargos en contra de Kaleñuk. Frente a esto, el padre de la joven presentó un recurso inédito para solicitar su apartamiento y la nulidad parcial del alegato.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, la solicitud fue presentada el lunes al mediodía ante la Cámara Penal Conclusional Sala III. Tras haber designado como abogado a Juan Emilio Abraham Musi, Lebbos se presentó en calidad de víctima, debido a que la querella había sido reservada para la hija de Paulina.

“Venimos a sostener la acusación, solicitando se decrete la nulidad parcial del alegato fiscal en lo que a Kaleñuk se refiere”, reclamaron al señalar que el representante del Ministerio Público Fiscal había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada” al retirar la acusación en contra del imputado.

Al mismo tiempo que pidieron ejercer el rol de la querella ante la ausencia de la hija de la víctima en el proceso, exigieron que se respete la pretensión punitiva que había sido demostrada al momento de elevarse el caso a juicio. Asimismo, pidieron que se haga uso del principio de razonabilidad y se designe a un nuevo fiscal.

En línea con esto, Lebbos denunció la existencia de una “asimetría procesal” respecto a los argumentos que presentó para librar al acusado de la imputación. Y apuntó que “el fiscal no logró justificar por qué la prueba que él mismo consideró suficiente para elevar la causa a juicio perdió repentinamente su aptitud conviccional”.

Por otro lado, el padre de Paulina criticó la falta de información respecto al avance del proceso. “Mi no participación es una consecuencia más del oscurantismo que hoy queda desvelado. No fue sino por la citación a testigo que fui notificado de estas actuaciones”, sostuvo al hacer referencia a que su lucha por justicia se extendió a más de 20 años.

Incluso, hizo referencia a una nota que había enviado al Ministerio Público Fiscal el 23 de Febrero de 2023, para que sea informado sobre el estado de la causa. No obstante, afirmó que nunca recibió una respuesta y, por ende, no recibió información sobre el desarrollo del proceso.

La acusación por encubrimiento contra Kaleñuk

Tras considerar que se trató de un “acto arbitrario y carente de motivación lógica”, remarcó que el hecho fue probado a lo largo de las semanas que duró el debate. “Quedó probado que Sergio Hernán Kaleñuk, lideró, junto a la cúpula política y policial de la provincia, un plan criminal destinado a ocultar la verdad material del homicidio de Paulina Alejandra Lebbos”, subrayó al destacar que la maniobra “fue garantizada por el entonces Gobernador José Jorge Alperovich”.

Como parte de prueba, el padre de Paulina recordó que el ex mandatario tucumano había aprobado los ascensos de varios agentes policiales que fueron encontrados culpables de encubrir el asesinato de su hija. Asimismo, remarcó que esas promociones también se dieron cuando los acusados eran investigados por la Justicia.

“No solamente me ofreció una ‘renta vitalicia’ o cargos públicos en el velorio de mi hija para que abandonara mi lucha, sino que también actuó activamente en la opinión pública, siendo la intervención más destacada aquella vez que dijo que conocía el nombre del asesino de Paulina Lebbos, sin que hasta el día de hoy diga a quién se refería”, sentenció.

De la misma manera, Lebbos recordó que la localización obtenida del celular de Kaleñuk había demostrado que había mentido en su declaración. Aunque este había dicho que la mañana del crimen estuvo en el Club Central Córdoba vendiendo entradas, las antenas telefónicas revelaron que entre las 09:49 y 11:52 horas estuvo en la zona de Avenida Independencia 1213.

Incluso, se habían llegado a detectar más de 200 comunicaciones que el acusado mantuvo con su padre, Alberto Kaleñuk, y los jefes policiales Hugo Raúl Sánchez y Luis Nicolás Barrera a partir de las 07:15 horas de ese domingo. Asimismo, indicó que los intercambios aumentaron durante la noche, poco después de que radicó la denuncia por desaparición.

“Este esquema permitió que el 11 de marzo de 2006, Sánchez y Barrera ordenaran a Héctor Rubén Brito y Enrique Antonio García confeccionar un acta de hallazgo falsa”, acusó el padre de Paulina, tras mencionar que se había probado el ocultamiento de las fotos originales del cuerpo y la destrucción de pruebas biológicas. Acusación que recayó sobre la bioquímica Lilia Amelia Moyano y el director Fernando Vázquez Carranza, quienes fueron señalados por dejar que las muestras se descompongan.

En ese sentido, denunció que “junto a su padre, financió la introducción de pistas falsas e inverosímiles para desviar sospecha de los ‘hijos del poder’, utilizando a personal como Francisco Vicente Picón, quien recibió dólares en mano cambiados en ‘cuevas’ ilegales” y mencionó la creación de una “policía paralela”, formada por Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, para producir “informes funcionales al poder”.

Luego de que mencionara la “posición de privilegio” con la que contaba Kaleñuk por ser un alto funcionario de la Secretaría General de la Gobernación, ratificó: “Este nivel de influencia sistémica demuestra que el imputado contaba con el poder fáctico no solo para impulsar el encubrimiento, sino para detener de forma definitiva la maquinaria de impunidad”.

Por este motivo, el padre de Paulina imploró al Tribunal que consideren “la contundencia de los elementos probatorios producidos durante el debate que destruyen de manera absoluta la inocencia de Sergio Hernán Kaleñuk y lo vinculan temporal y geográficamente con la víctima”.

Las conversaciones con ChatGPT se transformaron en pruebas clave en numerosas investigaciones criminales recientes en Estados Unidos, según la cadena de noticias internacional CNN.

Estas interacciones, percibidas por muchos usuarios como privadas, fueron integradas a expedientes judiciales para esclarecer motivos y acciones, desencadenando un debate sobre la protección de la privacidad ante la ley.

Uno de los casos más recientes se produjo en abril, cuando Hisham Abugharbieh, compañero de habitación de uno de los dos estudiantes de posgrado asesinados en la Universidad del Sur de Florida, realizó consultas a ChatGPT sobre “qué ocurre si una persona es colocada en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor”, según consta en la declaración jurada que la fiscalía de Florida presentó ante la corte.

Cuando la aplicación le advirtió del peligro implícito, el acusado insistió con la pregunta: “¿Cómo podrían descubrirlo?”. De acuerdo con CNN, estos mensajes forman parte de los cargos de doble homicidio premeditado que enfrenta Abugharbieh y ejemplifican cómo las autoridades estadounidenses rastrean registros de chat de inteligencia artificial como fuentes de prueba en casos penales de alto perfil.

A diferencia de los diálogos con un abogado, médico o terapeuta, que están amparados por privilegios legales establecidos, los intercambios con chatbots de IA carecen de protecciones de confidencialidad.

Según Virginia Hammerle, abogada en Texas, “cualquier cosa que alguien escriba en ChatGPT podría estar sujeta a descubrimiento judicial”, dijo a la cadena de noticias internacional CNN.

Esto significa que las autoridades pueden presentar estos registros como prueba sin restricciones, equiparándolos a otros datos electrónicos como el historial de llamadas o los pagos con tarjetas bancarias.

El uso de los historiales de conversación con ChatGPT como evidencia no se restringe a este hecho. El expediente judicial contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio de Palisades en California en 2025, incluye solicitudes que hizo a ChatGPT, como la generación de imágenes de “personas huyendo del fuego” y confesiones sobre haber quemado una Biblia y sentirse liberado, según consta en la denuncia penal reseñada por la cadena de noticias internacional CNN.

Además, tras reportar el fuego al 911, preguntó a la herramienta de IA: “¿Tienes culpa si un incendio se produce por tus cigarrillos?”, lo que la fiscalía considera un intento de fabricar una coartada.

Rinderknecht negó los cargos y su abogado, Steve Haney, sostuvo al medio CNN que “los registros de ChatGPT no constituyen ni confesión ni escena del crimen”. Para Haney, “el gobierno pide al jurado que lea la mente de un acusado a través de una barra de búsqueda, y ni la ciencia ni el derecho han permitido ese salto”.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, reconoció en una entrevista para el pódcast de Theo Von en julio pasado, también citada por la cadena de noticias internacional CNN, que la ausencia de límites legales sobre la privacidad de estas interacciones es un “problema enorme”.

Altman señaló: “La gente habla sobre las cosas más personales con ChatGPT. Las personas lo usan, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o un asesor de vida. Si esto se judicializa, podríamos vernos obligados a entregar esa información”.

El debate por la protección de la privacidad frente a la inteligencia artificial cobró relevancia tras la demanda interpuesta por las familias de las víctimas de un tiroteo en una escuela de Canadá en febrero, quienes denunciaron a OpenAI y a Altman por considerar que el uso de ChatGPT fue cómplice en el ataque, según informó la cadena de noticias internacional CNN.

Por su parte, la propia compañía subrayó en una declaración que mantiene su “compromiso con la seguridad de la comunidad” y que continuará priorizando la protección sin descuidar los riesgos colectivos.

El precedente de las búsquedas electrónicas en juicios penales

El empleo de historiales electrónicos en la instrucción penal no es enteramente nuevo. La jurisprudencia estadounidense reconoce casos donde búsquedas en Google fueron fundamentales para esclarecer el móvil o el conocimiento previo de un sospechoso.

En 2023, Brian Walshe fue declarado culpable del homicidio de su esposa, tras exhibirse ante el jurado búsquedas como “10 maneras de deshacerse de un cadáver” o “¿puedes ser juzgado por homicidio sin un cuerpo?”. De modo similar, en uno de los juicios de Karen Read, la atención se centró en el estado anímico de una testigo que había buscado “¿cuánto tiempo tarda en morir alguien en frío?”, lo cual se utilizó para analizar la intencionalidad.

Las autoridades subrayan que las consultas a la inteligencia artificial pueden revelar tanto el estado mental como el grado de planificación de los encausados. Las preguntas que Abugharbieh formuló a ChatGPT los días previos a la desaparición de las víctimas, entre ellas si podía poseer un arma de fuego sin licencia o si es posible modificar un número de identificación vehicular, constituyeron indicios relevantes para la imputación, según consta en la documentación recogida por la cadena de noticias internacional CNN.

Privacidad digital ante la ley estadounidense

El marco legal todavía no resolvió qué grado de protección debe concederse a estas interacciones en Estados Unidos. Altman defendió la necesidad de salvaguardar la privacidad, aunque admite la posibilidad de comprometer parte de ella en nombre de la seguridad colectiva, alertando sobre el riesgo de que los gobiernos excedan estos límites.

El historiador Nils Gilman, asesor principal del centro de estudios Berggruen Institute, argumentó en The New York Times que la sociedad debería otorgar confidencialidad legal a los diálogos con chatbots, del mismo modo que se hizo con médicos o abogados para garantizar conversaciones honestas.

Pese a estas propuestas, el consenso entre expertos legales consultados por la cadena de noticias internacional CNN es que, por ahora, los datos ingresados en ChatGPT carecen de privilegios y están sujetos a los mismos estándares de descubrimiento judicial que cualquier otro dato digital.

El analista jurídico Joey Jackson ilustró: “Sería como llamar por teléfono y después argumentar que esa llamada no puede utilizarse en nuestra contra”.

Las discusiones sobre eventuales excepciones —por ejemplo, materiales confidenciales que un abogado incorpore a una IA, o el caso de particulares que se autorrepresentan ante la justicia— aún carecen de jurisprudencia clara. Hammerle precisó a CNN: “El derecho está intentando alcanzar a la realidad”, y añadió que “ChatGPT no es su amigo, ni su abogado, ni su médico, ni su pareja. Deje de hablarle como si lo fuera”.

Durante la séptima jornada de la Audiencia única Abierta contra 486 cabecillas de la MS-13 en San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó llamadas telefónicas interceptadas entre pandilleros como parte de las pruebas para evidenciar la estructura y jerarquía interna de la organización criminal. Estas grabaciones expusieron las voces de mando de la ranfla nacional y el funcionamiento de los mecanismos de extorsión y adquisición de armas.

El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los audios fueron obtenidos mediante intervenciones y extracciones como técnicas especiales de investigación. Durante la audiencia, se informó que la Fiscalía prevé reproducir al menos 125 audios a lo largo del proceso. En la jornada, se escuchó el audio de una reunión celebrada en abril de 2016 entre cabecillas de la MS-13 recluidos en distintas cárceles del país.

En esa reunión, los líderes abordaron temas como el cobro y la distribución de la renta, destinada a la compra de armas de grueso calibre y a la planificación de homicidios, conocidos dentro de la estructura como “pegadas”. Según uno de los cabecillas, esperaban recolectar unos $500,000 en extorsión provenientes de las diferentes clicas, fondos que también servirían para adquirir municiones, vehículos y para entrenar a miembros en el manejo de armamento.

Los audios también reflejaron la preocupación de los líderes por mantener la cohesión interna ante intentos de división y la creación de nuevas facciones. En otra grabación, fechada el 17 de abril de 2016, se detalló la distribución de las rentas y la preparación para enfrentar o atacar a las autoridades.

El fiscal adjunto anunció que en la próxima jornada se presentarán más audios, donde se evidencian los mecanismos y directrices utilizadas por la MS-13 para ordenar homicidios y coordinar acciones criminales a nivel nacional.

Solo el barrio puede autorizar acciones contra enemigos y contactos con autoridades

En una de las grabaciones difundidas por la Fiscalía, integrantes de la MS-13 leen y discuten normas internas dirigidas a otros miembros de la organización. Las conversaciones revelan la forma en que se comunican las reglas, la insistencia en su cumplimiento y la centralización de las decisiones dentro del grupo.

Uno de los integrantes inicia la comunicación advirtiendo la importancia de los puntos a tratar: “Esperamos que le pongan atención y le pongamos mente y los pongamos en práctica, no solo los vayamos a escuchar porque está c..., pues”.

Durante el intercambio, se subraya que los miembros no pueden tomar decisiones individuales en asuntos críticos. Uno de los puntos más insistidos es la prohibición de actuar por cuenta propia contra rivales: “Solo el barrio puede dar el aval para quitar a un enemigo”.

El vocero aclara: “El hecho de que seamos hombres y tengamos voz y voto, va, en nuestra pandilla y todo el pedo, no podemos venir y nadie, nadie, ni como clica, nadie, no lo podemos tirar al marso a querer venir y quitar el enemigo, va... solo el barrio puede dar el aval de quitar un enemigo”.

El mensaje se refuerza al advertir sobre las consecuencias de desobedecer: “Abalínese que h... va a venir y solo porque está loco va a venir y se va a tirar el alzo de que le quitaron enemigo, porque ya sabe de que va a venir trayendo algo... ahí nadie se puede andar tirando alzo de Simón”.

La estructura jerárquica también se refleja en las reglas sobre contactos con autoridades. El punto número siete es descrito como uno de los “más importantes” y establece: “Solo el barrio puede venir y hacer trances con las autoridades”.

Explica el procedimiento: “Si algún homie conoce algún jura que sea trancero, ese homie tiene que venir y hablar con el corredor de, del programa... y él venir y hablar con la rueda principal y manifestar el detalle que el homie está haciendo ver. Si la rueda le da permiso de hacer trances, la tercera parte será del barrio, independientemente del tacuachín que sea”.

Se advierte que ningún miembro debe mantener relaciones o acuerdos con autoridades sin autorización expresa: “Aquí nosotros no queremos que ningún homie vaya a venir y porque conoce un, un, un h... que sea de la autoridad... vaya a andar queriendo hacer trance o queriendo tener una comunicación muy cerca de él. O si no viene y no se le acerca a los corredores... va a traer graves consecuencias, carnal”.

El mensaje final insiste: “Si algún loco tiene comunicación con un h... de esos, de que mejor se acerque y hable... no lo vayamos a detectar primero haciendo unas movidas todas raras porque no se las va a acabar”.

El capitán de navío retirado Néstor Pietronave -submarinista desde 1981, ex comandante del propio ARA San Juan y colaborador de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa que analizó las circunstancias del siniestro- fue el primer testigo en prestar declaración este lunes en la reanudación del juicio oral por el naufragio del SUSJ tras una semana de cuarto intermedio, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos.

Convocado por el fiscal que encabeza el equipo de cuatro acusadores públicos, Gastón Franco Pruzán, su exposición abarcó los mecanismos de supervisión y alistamiento de una unidad submarina, el examen de los incidentes registrados en la patrulla de julio de 2017 y la interpretación del último mensaje enviado por la nave antes de su pérdida de contacto y desaparición. Sus conclusiones centrales fueron las siguientes: la nave estaba en condiciones adecuadas para cumplir la misión asignada, el SITREP -reporte de situación- no constituía una declaración de emergencia ni una solicitud de auxilio, y la maniobra con la válvula E-19 era muy inusual aunque estaba dentro de las facultades del jefe del barco.

Con 38 años de carrera en la Armada y más de cincuenta navegaciones en submarinos, Pietronave ejerció distintas jefaturas a bordo del ARA San Juan -operaciones, inmersión, máquinas y electricidad- antes de asumir su comando en 2004. Entre 2005 y 2006 se desempeñó como jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), con responsabilidad sobre personal, inteligencia, logística, operaciones, adiestramiento y alistamiento. A lo largo de la jornada fue interrogado por el fiscal Pruzán, las defensas de los cuatro exoficiales imputados -Claudio Villamide, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa-, las querellas de Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, y los magistrados del tribunal.

El estado operativo y los días de navegación

A instancias del defensor Juan Pablo Vigliero -abogado del ex capitán de navío destituido Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia-, Pietronave respondió una serie de preguntas encadenadas que delinearon con precisión el esquema de responsabilidades en el alistamiento y mantenimiento de una unidad de guerra preparada especialmente para funcionar en el sigilo.

Sobre qué significa que un submarino esté en estado operativo, respondió: “Que es seguro para navegar y que tiene los sistemas en condiciones de operar con seguridad. Y está apto para navegar como submarino”. La potestad de certificar ese estado, señaló, recae doctrinariamente en la figura del comandante, quien, según explicó el testigo, también se erige como el primer responsable del mantenimiento y alistamiento de la nave.

La cuestión no es menor en el marco de este debate oral, ya que entre los documentos que se vienen analizando figura el ICEM N°07/17 suscripto en septiembre de 2017 por el titular del buque, el capitán de fragata Pedro Fernández, que consignaba a la unidad como “habilitada” con un índice de 4,25 sobre 5. Al ser consultado sobre qué es el ICEM -el Índice de Control del Estado del Material-, Pietronave lo describió como “un documento generado por el buque donde se analizan uno por uno todos los sistemas y equipos de la unidad. Y se establece una ponderación donde se califica cada uno (...) de los sistemas para determinar si está habilitado o no y si el buque, en definitiva, está habilitado o no y en qué grado de habilitación".

Ante la pregunta de si ese instrumento bastaba para salir a navegar o si existían otros controles adicionales, precisó: “Si hablamos de mantenimiento, el buque cumple su sistema de mantenimiento a bordo. Si hablamos de control del estado de alistamiento, antes de zarpar se hacen las pruebas de 48 horas, por ejemplo, donde se ponen en marcha y se prueban todos los equipos del buque. El buque, a cargo del comandante, las hace: todos los jefes de cargo del buque con su gente prueban todos los sistemas y equipos del buque. Los que reparan el buque son los que navegan en el buque”.

Y ante la consulta de si una unidad naval pudiera ser obligada a zarpar por orden superior aun cuando su comandante considerara que no estaba lista ni en condiciones, fue terminante: “Definitivamente no. No lo vi nunca”. Tampoco tenía conocimiento de antecedente alguno en ese sentido.

Sobre los controles que se realizan durante la zarpada misma, explicó: “Durante la zarpada se coloca el buque en condición de navegación. Se toman las planillas de preparación de mecanismos para zarpar y se ponen todas las válvulas y sistemas en la condición que dicen las planillas. Con el sistema de ventilación -por ejemplo- se van poniendo todas las válvulas y flaps en la posición que tienen que estar para zarpar, y así con todos los mecanismos. Además, previo a que el buque zarpe se hacen pruebas específicas como la prueba de propulsión: sobre la amarra se hace avanzar y retroceder al buque”.

Unos minutos después, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le preguntó al testigo si se podía equiparar al ICEM con una fotografía del estado del buque en un momento dado. “Es una foto de ese momento en que se hizo la prueba, sí”, contestó, y puntualizó que en ninguna navegación de ningún buque a nivel general podía esperarse la ausencia de novedades de material.

En sus palabras, el submarinista dijo: “Yo creo que no hay ningún día de navegación en que no haya una novedad del material: puede ser grande o pequeña; puede ser una avería sencilla o importante, el tema es cómo se soluciona. Pero siempre hay novedades”.

El juez Reynaldi también le preguntó sobre la extensión de las navegaciones durante su carrera naval. Pietronave consideró que al principio eran más prolongadas y que con el tiempo se fueron acortando. “A veces se hacían navegaciones de mantenimiento, donde el buque salía un par de días por mes para mantener los mecanismos operativos y en movimiento, y otras veces para hacer operaciones como las que hizo el San Juan en 2017, que eran un poco más prolongadas. Hubo navegaciones mucho más prolongadas en la década del 70 y principios de los 80: había navegaciones de 40 días”, recordó. Y ante la pregunta específica de si los días de navegación del San Juan se fueron reduciendo con el tiempo, respondió: “Mi impresión es que a lo largo de toda mi carrera los días de navegación se fueron reduciendo, sí”.

Con todo, según fuentes que conocen el manual del fabricante -Thyssen, en la entonces República Federal de Alemania-, el ARA San Juan tenía en su diseño una autonomía de navegación de hasta 90 días.

En rigor, la Orden de Operaciones N°04/17 “C” del Comando de la Fuerza de Submarinos -fechado el 24 de octubre de 2017 y contribuyente a la Orden de la Flota de Mar N°14/17- fijaba para el San Juan una misión dividida en cuatro etapas, de las cuales la nave participaba en tres: el despliegue desde Mar del Plata hasta la Base Naval de Ushuaia -con patrulla antisubmarina en el área “Alessia” en el trayecto-, la estadía de tres días en Ushuaia con ejercicio de ataque submarino, y la Patrulla de Control del Mar en el área “Juliana” -frente a la milla 200-, con una permanencia mínima de diez días de operaciones de vigilancia, identificación y registro fotográfico y fílmico de buques de interés. Cuando el San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías de proa, el cortocircuito y el principio de incendio, estaba ingresando a la etapa final de esa misión de control del mar.

Los incidentes de la patrulla de julio de 2017

Un tramo sustancial del interrogatorio se concentró en el informe de actividades que el comandante Pedro Fernández elevó al COFS el 14 de agosto de 2017, al concluir la patrulla realizada entre los días 1 y 19 de julio. El documento registraba dos incidentes de relevancia.

El primero fue el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa durante una maniobra de snorkel. “La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la válvula E-19”, concluía el informe. El submarinista retirado remarcó el funcionamiento: la válvula E-19 es una válvula de ventilación situada entre el pozo del snorkel y el ventilador del tanque de baterías que, en condiciones normales, debe permanecer cerrada una vez que el buque zarpa.

“Si está abierta es la única forma de que el agua que está en el pozo de snorkel o en el ambiente del pozo pase para el tanque de baterías. Si está cerrada, no debería poder pasar”, señaló.

Las consecuencias de ese ingreso podían incluir cortocircuitos entre barras o entre las barras y las chapas del tanque, con el riesgo de que saltaran los interruptores correspondientes. El protocolo ante esa contingencia exige primero aislar el tanque -desconectarlo del resto del buque en el tablero- y luego, si las condiciones lo permiten, acceder al compartimento para evaluar los daños. Para alcanzar la estabilidad necesaria con un estado de mar muy agitado, estimó que la nave debería estar como mínimo a 40 metros de profundidad.

El segundo incidente fue la maniobra ejecutada el 13 de julio con la válvula E-19 para compensar el nivel de CO2 en el compartimento de proa. Pietronave afirmó no conocer esa operación como una práctica habitual. “Entiendo que lo que está buscando es homogeneizar el CO2 a lo largo de los dos compartimentos estancos del buque”, apuntó. Y añadió: “El único sentido que le buscaría es tratar de permanecer más tiempo sin ventilar el buque”. Nunca la había ejecutado ni había oído que alguien lo hubiera hecho. De haber recibido ese informe como superior, habría requerido una explicación más detallada.

”Me parece que este párrafo solo es poco para explicar la maniobra. Hubiera tenido una charla para explicar qué es lo que hicieron y cómo se aseguraron después del restablecimiento de todas las condiciones de las tuberías de ventilación. Es lo suficientemente importante como para protocolizar una prueba de este estilo“, formuló el testigo.

A raíz de una inquietud del defensor Vigliero sobre la seguridad de operar esa válvula en distintas condiciones, Pietronave fue preciso: durante el snorkel, no es seguro. En puerto, sí. Navegando a profundidad de periscopio o totalmente sumergido, no entraña ningún riesgo. “Puede abrir o cerrar porque no tiene ningún peligro”, dijo sobre ese último escenario. El juez Reynaldi también le consultó si los reglamentos del servicio autorizan a los comandos a efectuar pruebas con los equipos. “El Reglamento General del Servicio Naval creo que autoriza a los comandos a hacer pruebas, sí”, respondió. Y ante la pregunta específica de si esa autorización alcanzaba a la válvula E-19 en navegación, matizó: “El sistema de ventilación para mí es bastante crítico, pero sí, se puede hacer pruebas si hay un protocolo específico para hacerlas: eso es lo que yo considero. No creo que esté escrito en el reglamento porque es muy amplio”.

La lectura del SITREP

El fiscal Pruzán le exhibió el mensaje SITREP enviado por el ARA San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 por sistema HF al COFS: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado.”

Pietronave descartó que el mensaje constituyera una declaración de emergencia o una solicitud de auxilio: a su criterio, el texto reportaba una avería, no una crisis fuera de control. El señalamiento no es menor en el contexto del debate: uno de los reproches que pesan sobre el capitán de navío destituido Claudio Villamide -como comandante de la Fuerza de Submarinos y superior directo del comandante Pedro Fernández- es no haber ordenado al San Juan regresar en superficie ante la avería reportada ni haber dispuesto el envío de auxilio. La defensa del oficial destituido -hoy capitán de ultramar de la Marina Mercante- sostiene que la información que transmitía el submarino indicaba que la situación estaba bajo control. La lectura que hizo Pietronave del SITREP abona esa postura: al analizar la decisión de ir a inmersión, señaló que si el buque hubiera enfrentado un problema más grave, habría permanecido en superficie.

“Si tuviera algún problema más grave -planteó el testigo-, estaría en superficie. Si -el comandante- estuviera pensando que tiene un problema más grave estaría en superficie, no en inmersión, no se hubiera ido a inmersión con un problema más grave”.

El informe de la Comisión Asesora y el estado del buque

La defensa de Villamide le exhibió un fragmento del informe preliminar de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa -documento clasificado como secreto, con sello del año 2018, incorporado como prueba documental al juicio-. La comisión había sido constituida en diciembre de 2017 por el Ministerio de Defensa e integrada por los almirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío Jorge Bergallo -tres oficiales que en las próximas semanas también prestarán declaración como testigos en el debate-.

El recuadro exhibido correspondía al punto 4 del documento, titulado “Conclusiones preliminares de la Comisión Asesora sobre las condiciones de navegabilidad y operatividad del San Juan”, y establecía: “Luego de los análisis realizados con la información disponible vinculada a los hechos ocurridos, al momento no existen evidencias demostrables que el Submarino A.R.A. ‘San Juan’ haya zarpado de la Base Naval de Mar del Plata el día 24 de octubre de 2017, o de la Base Naval de Ushuaia el día 8 de noviembre de 2017, o se haya destacado al área de patrulla asignada, luego de haber realizado operaciones navales integradas el 11 de noviembre de 2017, con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017”.

Y en su punto 4.2 agregaba: “El San Juan reunía las condiciones estructurales, mecánicas, técnicas y marineras necesarias para navegar y cumplir con la Orden del Comandante de la Fuerza de Submarinos N°4/17 ‘C’, para la profundidad operativa a la que se lo había restringido”.

Ante la pregunta de si coincidía con esas afirmaciones, respondió: “Sí coincido, porque el buque a mi entender estaba en condiciones adecuadas para hacer la patrulla para la cual fue designado”.

Más tarde, durante el interrogatorio de la querellante Valeria Carreras, ese punto fue retomado desde otro ángulo. Carreras le preguntó cómo le constaba que el buque estaba en condiciones de operar. “Me consta por el estado de alistamiento que mostraron: el ICEM anterior, que vi, leí y analicé”, respondió.

Luego aseveró que estaba al tanto de que el buque tenía una limitación de profundidad de 100 metros.

También en ese tramo la querellante Carreras le preguntó si en su experiencia como submarinista había tenido alguna emergencia que lo hubiera obligado a asentar en el fondo. Pietronave recordó el episodio del ARA San Luis -submarino Tipo 209 de histórica actuación en la Guerra de Malvinas-: “Era una zona de muy baja profundidad y estábamos haciendo ingreso y egreso de tropas especiales, y en algún momento, por un ingreso excesivo de agua porque había quedado una soga -para hablar en términos civiles- en el cierre de la garita de escape de buzos, ingresó mucha más agua de la que debía ingresar al tanque de compenso y el buque se puso muy pesado y hubo que asentar en el fondo en emergencia, a treinta y pico de metros”.

Esa situación, precisó, se debió exclusivamente a la escasa profundidad disponible: “Si el comando del buque hubiese tenido en ese momento más de treinta y pico de metros de profundidad, la maniobra se hubiera solucionado de otra manera. Se asentó en el fondo solamente porque había poca profundidad, porque si no hubiera hecho un saco a cuarenta o cincuenta metros y hubiera salido sin ningún tipo de problema”.

A raíz de ese intercambio, el defensor Vigliero retomó la cuestión de la limitación de 100 metros del San Juan y preguntó por qué esa restricción no impedía cumplir la Orden de Operaciones 04/17. La respuesta fue concisa: “Porque no tenía porqué bajar a más de 100 metros. La orden de operaciones no le exigía bajar a más profundidad. No veo porqué hubiera bajado a más”.

Semana de audiencias

El juicio retomó este lunes con cinco testigos por jornada previstos hasta el jueves de esta semana. Desde este martes comenzarán a comparecer los propuestos por las distintas defensas, que empezarán a delinear sus posturas respecto al caso.

El viernes 8 de mayo, a las 16, el tribunal realizará una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -buque gemelo del siniestrado- en los astilleros de Tandanor, al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurrirán todas las partes del proceso.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiu y fijó fecha para el juicio oral, al concluir que el acusado cuenta con “reserva cognitiva suficiente” pese a los trastornos diagnosticados. La decisión fue adoptada este miércoles tras nuevos peritajes médicos y psiquiátricos, y tendrá impacto en el desarrollo de la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018, que llevaba más de siete años suspendida por su estado de salud mental.

Según indica la resolución judicial de 15 páginas, a la que accedió Infobae, el tribunal avanzó en la organización del debate oral, que ya tiene fechas definidas para los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

La controversia giró en torno a la salud mental de Álvarez Congiu. Hasta el momento, el avance del juicio permaneció frenado porque un informe médico de 2021 había determinado que el cantante no podía afrontar el proceso. Pero en 2025 el tribunal ordenó nuevos exámenes para saber si su estado había cambiado. En ese contexto, el Cuerpo Médico Forense concluyó que, aunque presenta un “trastorno cognitivo leve”, su estado no le impide participar del juicio ni defenderse. Resaltaron que conserva la capacidad de comprender lo que sucede y decidir sobre sus derechos procesales.

En palabras de los peritos, “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, aunque aclararon que podrían darse fluctuaciones puntuales producto de su cuadro.

La defensa de Álvarez alegó lo contrario. Argumentó que los informes no brindan certeza sobre el desempeño mental de su representado durante un juicio prolongado. Aseguró que el diagnóstico podría ser más grave (“trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”) y pidió una evaluación neuropsicológica especializada, alegando riesgo de que el proceso avance contra una persona incapaz.

Pero el tribunal entendió que ese planteo resulta “sobreabundante” y que los peritajes ya generan certeza suficiente sobre la capacidad actual del acusado.

La clave de los peritajes

Los informes médicos oficiales describieron a Pity, de 53 años, como una persona con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, episodios previos de descompensaciones y factores de salud como hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo. Aun así, no hallaron síntomas que impidan el proceso penal.

Se detalló que su cuadro puede mejorar o empeorar según períodos, pero que en la actualidad no existe incapacidad irreversible, sino la recomendación de un tratamiento terapéutico integral. Los peritos especificaron: “El pronóstico del cuadro queda supeditado a su evolución y a la eventual implementación de un abordaje terapéutico... No presenta al momento del examen indicadores o signo sintomatología compatible con riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”.

Los peritos de la defensa coincidieron parcialmente, pero elevaron el diagnóstico a trastorno neurocognitivo mayor, advirtiendo que la capacidad de sostenerse a lo largo de un proceso judicial es incierta. Plantearon que un abordaje médico sostenido podría clarificar la situación, pero hoy no hay garantía de estabilidad suficiente.

Desde la fiscalía, en tanto, se insistió en que los peritajes oficiales están “sumamente documentados” y se sumó un elemento novedoso: la participación pública de Álvarez Congiu. El expediente menciona un concierto de tres horas en diciembre de 2025 en Córdoba y un evento futuro en Rosario, como muestras de funcionalidad y de que el acusado puede organizar y sostener actividades complejas.

Textualmente, la fiscalía sostuvo: “Los datos de realidad contemporáneos revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal”.

Subrayaron, además, que el informe pericial no describe una incapacidad actual, sino que señala una posible inestabilidad futura, lo que no alcanza como motivo. “Si el proceso queda supeditado a un estándar de ‘estabilidad ideal’ nunca definido, se corre el riesgo de una suspensión indefinida”, añadieron.

El tribunal, en voto mayoritario, rechazó el pedido de la defensa. “Resulta sobreabundante y manifiestamente improcedente”, resumió el juez Gustavo Goerner, quien encabezó la resolución. Llamó a evitar una postergación indefinida del juicio al depender la continuidad del tratamiento terapéutico, y destacó que hay numerosos antecedentes de dificultad del acusado para cumplir con las terapias.

El tribunal también valoró la vida profesional y social pública de Pity, incluyendo recitales, videos y entrevistas recientes. Citó expresamente un nuevo pedido de autorización para dar un recital en Rosario el mes siguiente como evidencia de su autonomía.

Como medida de protección, el tribunal ordenó que, durante el juicio, “las jornadas no se extiendan por más de 3 horas”, en línea con el funcionamiento demostrado por el acusado en presentaciones públicas. Además, si durante las audiencias surge algún inconveniente de salud, el imputado podrá ser representado únicamente por su defensor.

Por último, se dispuso la prohibición de salida del país y también la de salir de la ciudad sin permiso del tribunal.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos entrará la próxima semana en una nueva etapa clave: las declaraciones de testigos bajo juramento de verdad. En este tramo se espera en lo inmediato la presencia de dos mujeres que, con perfiles distintos y relatos controvertidos, tuvieron un papel relevante durante la investigación iniciada en 2018. Se trata de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, el autor de los manuscritos donde se dio cuenta del derrotero de recolección de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios kirchneristas por empresarios de la obra pública y Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Por lo pronto, el próximo martes la audiencia estará dedicada a escuchar a tres periodistas del diario La Nación que investigaron el caso a partir de los cuadernos que recibió uno de ellos, Diego Cabot, de manos del por entonces amigo de Centeno, el ex policía Jorge Bacigalupo, quien según relató los había guardado como un favor al remisero del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. En la audiencia del jueves será el turno de Horovitz, Quiroga y también de Bacigalupo.

La ex pareja de Centeno

Hilda Horovitz fue una de las primeras en encender la mecha del caso. El 1 de noviembre de 2017 se presentó en Comodoro Py 2002 para declarar en una causa por presunta defraudación contra la administración pública que tenía como principal imputado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, las irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL). Allí pidió dar testimonio tras años de conflictos personales con Centeno.

Ese día, Horovitz aseguró que el remisero trasladaba bolsos con dinero en efectivo en recorridos vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación. También sostuvo que esos movimientos incluían visitas a “cuevas financieras” y domicilios particulares, y que el dinero habría sido entregado en distintos puntos, entre ellos propiedades vinculadas al matrimonio Kirchner. Según su versión, parte de ese dinero habría sido utilizado por Centeno para adquirir bienes, como una casa en Olivos.

Además, durante la investigación salieron a la luz mensajes que Horovitz le habría enviado a Baratta en 2016, en los que advertía que Centeno “anotaba todo” en cuadernos, con fechas, direcciones y detalles de los supuestos traslados. En esos intercambios también reclamaba dinero y hacía alusión a bolsos con efectivo. En uno de esos mensajes incluso mencionó la existencia de los cuadernos: “Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa, dónde iban, con direcciones y fotos”. Tras la difusión de esos chats, Horovitz denunció haber recibido amenazas. El Tribunal Oral Federal 7 dispuso entonces medidas de protección, incluida custodia policial y un botón antipánico.

En el medio hubo denuncias cruzadas por extorsión como punto final a la relación amorosa entre el remisero y Horovitz que había empezado en 2006, cuando el sargento retirado del Ejército se separó de su anterior mujer y se fue a vivir a un hotel donde ella era encargada. Allí se conocieron. Estuvieron juntos hasta 2015, viviendo en Olivos, cuando la convivencia se volvió “insostenible” y habrían comenzado los reclamos de ella por los bienes de él y la forma en que fueron conseguidos. Hasta que, finalmente, subió las escalinatas de Comodoro PY y por primera vez habló en la Justicia del presunto dinero malhabido que, según ella, su pareja ayudaba a recolectar.

Las amenazas de contar lo que sabía habrían terminado cuando se convirtió en propietaria de un departamento en el barrio porteño de Once que según se sospecha habría sido pagado por Baratta.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Por su parte, Miriam Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero.

Publicó un libro,“Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

También refirió que el fallecido ex presidente tenía “cuadernos espiralados, comunes". "Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver, pero no me lo permitió. Sé que anotaba los que le debían, así me lo refirió Daniel Muñoz. Llevaba allí sus cuentas, no sé en concepto de qué“, acotó.

Ambas mujeres declararán bajo juramento de verdad el mismo día y tendrán que responder las preguntas del Tribunal, la fiscalía, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores de 86 acusados. Estos últimos de manera presencial o vía Zoom. Si lo desean, sus clientes procesados también podrían pedir estar en la sala de audiencias de cara a los testigos, explicitó el TOF7 en su resolución al respecto.

En una jornada marcada por la tensión y el peso de una de las mayores tragedias estructurales en la historia reciente de la República Dominicana, el proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat ha alcanzado un punto de inflexión.

Durante la audiencia preliminar celebrada este viernes 1 de mayo de 2026, la defensa técnica de los imputados sorprendió al tribunal al declarar que no se opone a que el caso sea enviado a un juicio de fondo, validando el avance del proceso hacia una etapa de debate probatorio pleno.

Bajo la mirada atenta del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat optaron por el silencio. Tras ser consultados sobre si deseaban ofrecer declaraciones voluntarias, Antonio y Maribel decidieron abstenerse, dejando la carga argumentativa en manos de su representante legal, el abogado Miguel Valerio.

Valerio fue enfático al calificar la acusación de “odio personal”, argumentando que el Ministerio Público ha construido un relato que desborda lo jurídico. No obstante, en un movimiento táctico, la defensa aceptó los hechos narrados en la acusación, aunque marcó una distancia insalvable respecto a la calificación jurídica.

Para los abogados, el escenario ideal para controvertir las pruebas que incluyen más de 80 testimonios y decenas de informes periciales es el juicio de fondo, siempre que el tribunal lo considere “conforme a derecho”.

La anatomía de un colapso evitable

La acusación presentada por el Ministerio Público es devastadora. El informe pericial técnico señala que el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el fatídico 8 de abril de 2025, no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una “sistemática sobrecarga estructural”.

Según los peritos, la estructura soportaba un peso para el cual no fue diseñada:

• Capas de concreto: Se identificaron cuatro capas de “fino” de concreto con espesores variables que sumaban un total de 37.5 centímetros (14.7 pulgadas).
• Carga adicional: Sobre esta base se añadieron equipos de aire acondicionado de alto tonelaje, tinacos, luminarias pesadas y plafones.
• Falla crítica: El dato más alarmante revelado en la audiencia fue la ausencia de una columna en el lado oeste de la edificación, la cual, según las investigaciones, había sido demolida previamente para ampliar el espacio interior, comprometiendo fatalmente la estabilidad de las vigas postensadas.

Este cúmulo de negligencias técnicas resultó en la muerte de 236 personas y dejó a más de 100 heridos, cifras que han convertido este expediente en una prioridad nacional.

Uno de los puntos de mayor fricción en el tribunal es el tipo penal aplicado. El Ministerio Público ha calificado el hecho como homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. Bajo el código penal vigente, esto limitaría las penas a un máximo de pocos años de prisión, una perspectiva que ha indignado a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

“No fue un accidente, fue una ejecución por negligencia. Sabían que el techo se caía y prefirieron seguir vendiendo boletas”, expresó uno de los querellantes a la salida del tribunal.

Debido a esto, la mayoría de los abogados que representan a las víctimas han solicitado al juez que la calificación sea modificada a homicidio, bajo la tesis del dolo eventual: los propietarios conocían el riesgo inminente de colapso y, aun así, continuaron operando el establecimiento.

Situación actual y medidas solicitadas

Hasta la fecha, se reporta que la familia Espaillat ha logrado acuerdos de resarcimiento con aproximadamente el 70% de los afectados, aunque un núcleo persistente de víctimas rechaza cualquier acuerdo económico, exigiendo una sentencia penal ejemplar que siente un precedente sobre la responsabilidad civil y estructural en lugares de acceso público.

Con la conclusión de esta fase de exposición de la defensa y las víctimas, el juez Mejía se encamina a decidir si el expediente cuenta con la robustez necesaria para llevar a los hermanos Espaillat al banquillo de los acusados en un juicio público, oral y contradictorio. La sociedad dominicana, un año después de la tragedia, sigue esperando que los escombros del Jet Set den paso, finalmente, a la justicia.

Britney Spears enfrenta un cargo menor tras ser formalmente acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. La información fue confirmada por Fox News Digital, que tuvo acceso a registros judiciales relacionados con el caso.

De acuerdo con los documentos presentados, la cantante, de 44 años, fue arrestada el miércoles 4 de marzo tras un incidente en California.

Posteriormente, fue fichada por la presunta conducción bajo influencia de sustancias. Según los registros, la artista fue liberada aproximadamente a las 6:07 de la mañana del día siguiente.

La fiscalía del condado de Ventura presentó el jueves siguiente una acusación formal por un delito menor. En el documento judicial se establece que Britney Spears habría “conducido un vehículo de manera ilegal mientras se encontraba bajo la influencia combinada de bebidas alcohólicas y drogas”.

El procedimiento se enmarca dentro de las actuaciones habituales en este tipo de casos en el estado de California, donde la conducción bajo influencia de alcohol o sustancias puede ser tipificada como delito menor en determinadas circunstancias, dependiendo de factores como antecedentes, nivel de intoxicación o existencia de incidentes adicionales.

En paralelo al proceso judicial, un representante de la cantante confirmó a Fox News Digital que la intérprete de “Toxic” había ingresado de manera voluntaria en un centro de tratamiento.

La decisión fue comunicada poco después del arresto, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre las condiciones o el tipo de atención que estaría recibiendo.

Asimismo, una fuente cercana a la cantante indicó a la revista People que sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19 años, tuvieron un papel relevante en la decisión de buscar asistencia.

“Sus hijos fueron una parte importante para que fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté bien”, dijo el informante.

La misma fuente añadió que Britney Spears “estaba muy afectada y conmocionada tras su arresto” y que “temía ir a la cárcel”, señalando además que “han sido necesarias varias semanas para que entienda que ir a rehabilitación es la mejor opción”.

De acuerdo con la información difundida por la oficina del fiscal del distrito, el caso podría resolverse mediante una figura legal conocida como “wet reckless”, una alternativa habitual en determinados procedimientos de conducción bajo influencia de sustancias.

Esta opción estaría siendo considerada debido a factores como la ausencia de antecedentes previos por conducción bajo los efectos del alcohol, la inexistencia de un accidente o lesiones en el incidente y la consideración de un nivel bajo de alcohol en sangre.

El acuerdo de “wet reckless” implica que la persona imputada acepta responsabilidad por conducción temeraria en la que intervienen alcohol o drogas.

En estos casos, la resolución suele incluir un periodo de libertad condicional de 12 meses, además del reconocimiento del tiempo ya cumplido bajo custodia, si lo hubiera.

También contempla la obligación de completar un programa educativo sobre conducción bajo influencia de sustancias, así como el pago de multas y tasas establecidas por la normativa estatal.

Está previsto que Britney Spears comparezca ante el tribunal el 4 de mayo. Sin embargo, según las autoridades, al tratarse de un cargo menor, su presencia no es obligatoria y puede ser representada por su equipo legal.

El proceso judicial por la causa Lucía Pérez inició una nueva fase con la apertura de audiencias destinadas a fijar una nueva condena para Matías Farías. Después de que la Justicia rechazara condenarlo por femicidio en 2023, en este nuevo juicio, llegó imputado por el delito de abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes.

Durante esta primera audiencia, el tribunal, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, escuchó los planteos iniciales del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari. Además, intervino el abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, quien anticipó que pedirán la mayor pena posible.

La reapertura de este debate se produjo luego de que la Cámara de Casación anulara la condena dictada en febrero de 2023, que había impuesto prisión perpetua a Farías por considerarlo responsable de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y por el suministro de sustancias estupefacientes en concurso ideal con femicidio”.

Según el fallo de Casación, la figura de femicidio no podía ser atribuida al acusado en la muerte de la adolescente de 16 años, por lo que debía determinarse una nueva pena únicamente por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”.

De acuerdo con la información publicada por La Capital de Mar del Plata, Farías siguió la audiencia de forma remota, mientras declararon como testigos los padres de la adolescente fallecida en octubre de 2016. La defensa también presentó a sus propios testigos, al tiempo que insistieron ante la Suprema Corte para que se revise la decisión de Casación de no considerar el caso como femicidio.

Por este motivo, aclararon que en este tramo de la causa no se vuelve a discutir el hecho, sino que se evalúan atenuantes y agravantes que determinarán la condena. Así, las partes presentarán sus alegatos el jueves y se prevé que la sentencia se conozca la próxima semana.

De acuerdo con el Código Penal argentino, en esta nueva instancia Farías podría llegar a ser condenado a una pena máxima de 15 años de prisión. De esta manera, los años que podrían atribuirle tras las rejas se sumarían a la condena previa de 8 años por dedicarse a la venta de drogas.

La reconstrucción de la muerte de Lucía Pérez

En octubre de 2016, la adolescente contactó a Farías y Juan Pablo Offidani para comprar estupefacientes. Al día siguiente, acordó encontrarse con Farías, quien la llevó a su vivienda ubicada en la calle Racedo 4825.

Según determinaron en el expediente de la causa, Pérez y Farías estuvieron juntos menos de cinco horas, periodo en el que ella consumió marihuana y cocaína provistas por el acusado. También mencionaron que mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual la joven sufrió una descompensación.

Alrededor de las 15:00 horas, Offidani llegó al lugar acompañado por Alejandro Maciel, un terapeuta especializado en el tratamiento de adicciones. Fue así que los tres trasladaron el cuerpo de la adolescente a la sala de salud de Playa Serena, donde se constató su muerte.

Luego de que el período de investigación concluyera, en noviembre de 2018, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 condenaron a ocho años de prisión a Farías y Offidani únicamente por venta de droga, absolviéndolos de los delitos de abuso sexual y femicidio.

Esta decisión derivó en la apertura de un jury en contra de los Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, luego de que la querella repudiara el fallo contra los acusados. Finalmente, en noviembre de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense resolvió absolverlos.

Previo a esto, el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, había solicitado la destitución de los magistrados, quienes habían llegado al proceso bajo una suspensión y un embargo de sus sueldos.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios de Salta, María Luján Sodero Calvet, pidió este miércoles en su alegato final del juicio por el crimen de Mercedes Kvedaras, que José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima y único acusado, sea condenado a prisión perpetua.

“Considero que no hay otra respuesta jurídica ante este hecho que disponer la responsabilidad penal del señor José Figueroa por el delito de homicidio doblemente calificado e imponer la sanción única que se prevé en este caso, que es la prisión perpetua, porque ante una lesión de tamaña magnitud, la pena resulta ajustada a derecho, razonable y proporcional”, dijo la fiscal.

La funcionaria, además, solicitó que el hombre continúe detenido hasta que la sentencia sea confirmada y que indemnice económicamente a la familia por el daño generado a raíz del crimen.

“La ley así lo dice, porque no ha previsto una escala penal para este caso, porque es la única que se ajusta a derecho, es la prisión perpetua, porque es el máximo agravio que contempla la Ley; es el hecho más grave que contempla el Código de fondo y por eso es esta la pena única y la más grave. Y ningún atenuante cabe en este caso en relación a la pena”, continuó.

“Cada uno de los elementos están acreditados. La mató y fue una muerte que está legítimamente probada”, aseguró. Al respecto, sostuvo que “la conducta fue dolosa” y se probó. ”Con cada una de las pruebas fui descartando que fue una muerte accidental", argumentó.

“Figueroa sabía lo que hacía. El tipo de muerte que le dio a Mercedes habla de decisión y habla de lucidez, determinación y voluntad. Me remito a la totalidad del análisis que hice, pero además resalto los peritajes que se hicieron”, señaló.

Dijo que la muerte en contexto de violencia de género está probada y también cómo se presentó esta problemática siempre, tanto en la historia previa, como en el crimen y después del hecho.

“El agravante de la muerte en contexto de violencia de género, la muerte de una mujer por parte de un hombre, está probada totalmente y toda la última parte de mi alegato he hablado de esto. Cómo se presentó la violencia de género en cada una de las etapas durante la vida, la relación, durante la muerte, en el momento mismo de la muerte, posterior a la muerte. La violencia de género estuvo presente siempre y con esto queda abarcado el elemento normativo del tipo penal“, remarcó.

“Todas las violencias estuvieron presentes: la violencia sexual, la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, simbólica y emocional”, añadió.

Tras una extensa exposición de casi tres horas, que comenzó antes de las 9 de la mañana en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, la funcionaria judicial aseguró que está probado que el imputado asesinó a su mujer.

En ese sentido, sostuvo que no existen dudas respecto al encuadre legal del caso y remarcó que la Fiscalía mantiene desde el inicio la imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

A lo largo de su alegato, la fiscal hizo un repaso por el pliego probatorio y el resultado de la autopsia, que reveló que Mercedes murió por asfixia mecánica y presentó golpes en todo el cuerpo. En ese sentido, dijo que los elementos científicos fueron determinantes para reconstruir el nivel de violencia que sufrió la víctima el 4 de agosto de 2023, en el barrio privado El Tipal.

“La sentencia lo que debe transmitir es la verdad, porque es lo que esta familia está esperando y es la única manera que van a tener de hacer un cierre sanador, recomponedor y que además redignifica a la víctima, porque la sentencia tiene que tener ese alcance, dar una respuesta que le dé, que le devuelva la dignidad a la víctima, reconociéndola como una víctima de violencia de género y que además le dé la verdad. La realidad a toda la familia que está esperando que se le diga qué es lo que ocurrió. Y esto es lo que ocurrió”, sentenció.

Luego del pedido de prisión perpetua, los jueces decretaron un cuarto intermedio. Los alegatos continuarán durante toda la jornada

La autopsia detalló que presentaba heridas superficiales en la parte baja de la espalda provocadas por un arma blanca, así como raspaduras en las rodillas. La familia de la víctima había comenzado a buscarla, luego de que descubrieran que los hijos de la pareja se habían quedado solos en la casa que el matrimonio compartía en el barrio privado.

“El cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia. Mercedes siempre fue manipulada por Figueroa, hizo lo que quiso sobre su víctima y el cuerpo de ella habló en cada prueba aportada por la autopsia”, dijo la fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de que la relación entre la víctima y el acusado siempre estuvo marcada por manipulación, el control y las compensaciones materiales posteriores a episodios violentos.

Dijo también que Mercedes debió sufrir violencia física, psicológica, económica y emocional, y que Figueroa en reiteradas oportunidades insultaba y humillaba a la mujer.

En otro tramo de su alegato, la funcionaria cuestionó la estrategia de la defensa al señalar que nunca logró consolidar una teoría concreta que derrumbe la acusación de la Fiscalía. Dijo que solo hubo intentos de abrir posibilidades sin rigor científico suficiente.

“Los testigos de la defensa no llegaron a desacreditar la hipótesis de la Fiscalía. Desde la estrategia de la defensa no se entiende lo que es la violencia de género. Llegaron a preguntar si era sumisa, si era infiel. Ese tipo de preguntas escuchamos y es inadmisible. ¿Qué clase de pregunta es esa?“, criticó.

Las palabras del acusado

El pasado viernes culminó la etapa de producción de pruebas. El Tribunal escuchó a los testigos y recibió la declaración de Figueroa, quien pidió la palabra para dirigirse directamente a sus hijos y familiares.

“No es una declaración, es un pedido de disculpas a mis hijitos”, afirmó el acusado. Expresó que extraña a sus hijos diariamente y les pidió perdón: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, sostuvo en la audiencia. A su vez, manifestó su deseo de que los menores puedan sanar el dolor que el crimen les ocasionó.

En otro lado, también se refirió a la familia de la víctima y a quienes asumieron el cuidado de los niños tras el crimen. “Lo siento tanto por Mer. Ellos eran mi familia”, expresó ante el tribunal. Además, señaló sentirse desorientado por su situación actual y evitó brindar nuevos detalles sobre el día del hecho, remitiéndose a la declaración anterior realizada durante el debate.

“No puedo entender lo que estoy viviendo”, manifestó, y aclaró que no repetiría el relato de los hechos.

Figueroa describió que compartieron momentos positivos durante su matrimonio. “Con Mer tuvimos una historia muy linda. Se dijeron muchas cosas acá, pero nuestro matrimonio tuvo muchos momentos lindos”, relató. “Hoy parece todo oscuro, pero en verdad tuvimos momentos lindos. Siempre buscamos a nuestros hijos. Mer fue una buena madre, una buena mujer”, agregó.

Al menos 525 empleados de instituciones estatales habrían sido asesinados en una década, con el máximo registrado en 2015, la mayoría de las víctimas fueron policías.

Así lo revelaron nuevos datos expuestos durante la quinta jornada de la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la pandilla MS-13. Según el perito, estos ataques respondían a muertes de pandilleros en enfrentamientos con la policía; la ranfla en libertad solicitaba permiso a la ranfla histórica para ejecutar represalias, incluso contra agentes fuera de servicio o en sus propios hogares.

Durante la audiencia, la Fiscalía inició la reproducción de audios que documentan cómo los líderes de la MS-13 instruían a sus subordinados para ejecutar homicidios, tanto de civiles como de agentes de la Policía Nacional Civil. Uno de estos registros, de aproximadamente una hora y media, evidenció la coordinación para la “apertura de válvulas”.

La reproducción de 125 audios en la sala judicial constituye una de las pruebas centrales del caso. La Fiscalía afirma que estos registros prueban el nivel de coordinación interna y la capacidad de decisión de la cúpula sobre actos de violencia y homicidio.

La investigación judicial también evidenció dos modalidades principales de asesinato autorizadas por los altos mandos de la MS-13. El método conocido como “H1” consistía en desaparecer y sepultar a las víctimas, mientras que la modalidad “asolear” implicaba dejar los cuerpos en la vía pública tras el homicidio, enviando así un mensaje de control y amenaza sobre la comunidad.

El perito detalló la existencia de 103 reglas internas o “testamento” que regulaban la vida dentro de la organización. Estas normas incluían castigos severos por faltas de respeto a los líderes, la pena de muerte para miembros implicados en violaciones no autorizadas, golpizas o ejecuciones por desobedecer órdenes y la prohibición de agredir a familiares de integrantes. Toda acción contra informantes, rivales o policías debía ser consultada previamente.

La MS-13 funcionaba como un “estado paralelo”, ejerciendo dominio sobre aspectos cotidianos en las comunidades bajo su control. Imponían reglas sobre el uso de parqueos, restringían el ingreso de personas ajenas, limitaban la cantidad de vehículos por familia, monopolizaban la distribución de productos básicos y realizaban conexiones ilegales de servicios de agua, energía e internet, además de usurpar viviendas.

En el vocabulario interno, la expresión “válvulas abiertas” hacía referencia a órdenes de asesinatos indiscriminados. Entre 2011 y 2022, se identificaron 25 episodios bajo esa modalidad según testigos y 21 adicionales a partir de otras fuentes, con un pico en 2017. Las víctimas podían ser tanto objetivos específicos como personas sin vínculo con la organización.

El perito convocado por la acusación fundamentó sus conclusiones en entrevistas, informes de investigación y datos extraídos de teléfonos móviles, aportando una visión detallada de la estructura y funcionamiento de la pandilla.

El análisis presentado en la audiencia destacó que hasta 2022 la MS-13 mantenía 34 programas territoriales en El Salvador y el extranjero, agrupando unas 230 clicas bajo un sistema jerárquico encabezado por los ranfleros históricos, seguidos de mandos en libertad, corredores de programa y clicas, homeboys y otros niveles inferiores.

La audiencia continuará con la valoración de pruebas documentales y periciales, así como la reproducción de los audios que la Fiscalía considera clave para demostrar la estructura y los crímenes coordinados por la cúpula de la MS-13.

Elon Musk testificó en el juicio por su demanda contra OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT.

El CEO de Tesla declaró que no se opone a la creación de una filial con fines de lucro, “siempre y cuando la cola no moviera al perro”, según afirmó el martes 28 de abril de 2026 ante el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, de acuerdo con CNBC.

El eje de la demanda de Musk es que OpenAI habría abandonado su misión original al priorizar las ganancias, especialmente tras recibir inversiones millonarias de Microsoft Corp..

“Si permitimos que saquear una organización benéfica esté bien visto, se destruirán todos los cimientos de la filantropía en Estados Unidos”, sostuvo Musk, de acuerdo con Reuters.

Se prevé que Musk sea interrogado nuevamente por su abogado y, posteriormente, por los representantes legales de OpenAI y otros acusados.

Estos han argumentado que la seguridad de la inteligencia artificial nunca fue una prioridad para Musk durante su paso por la empresa y que, incluso, ridiculizaba a los empleados que se enfocaban en este aspecto, llamándolos “idiotas”.

Antes del inicio de la audiencia, la jueza Gonzalez Rogers amonestó a Musk, luego de que los abogados de OpenAI presentaran quejas sobre publicaciones en X en las que Musk calificó a Sam Altman como “Altman el estafador (Scam Altman, en inglés)” .

Musk accedió a moderar su actividad en redes sociales, al igual que Altman.

Qué ha dicho OpenAI

Hasta el momento, OpenAI no ha presentado testimonio ante la jueza. Sin embargo, antes del inicio del juicio, la empresa publicó en X (antes Twitter) un comunicado en el que expresó:

“No vemos la hora de presentar nuestro caso ante el tribunal, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado. Esta demanda siempre ha sido un intento infundado y motivado por celos para obstaculizar a un competidor”.

OpenAI añadió que finalmente podrá interrogar a Elon Musk bajo juramento ante un jurado en California sobre este intento de desacreditar su labor para asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

Qué necesitas saber para entender el juicio entre Elon Musk y OpenAI

Para entender el juicio entre Elon Musk y OpenAI, es fundamental conocer que Musk, cofundador de la empresa, demandó a OpenAI alegando que la compañía abandonó su misión original de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de la humanidad al priorizar el lucro, especialmente tras recibir inversiones de Microsoft.

Musk sostiene que la transición hacia un modelo comercial contradice los principios fundacionales de la organización.

Por su parte, OpenAI argumenta que la demanda es infundada y motivada por intereses personales.

El caso se desarrolla en el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, y enfrenta versiones opuestas sobre la gestión, los objetivos y la evolución de la inteligencia artificial dentro de la empresa.

Cómo es la relación entre Elon Musk y Sam Altman

La relación entre Elon Musk y Sam Altman ha pasado de la colaboración al conflicto. Ambos fueron cofundadores de OpenAI y compartieron la visión de desarrollar inteligencia artificial segura y beneficiosa para la sociedad.

Sin embargo, con el tiempo surgieron desacuerdos sobre la dirección y gestión de la empresa, especialmente respecto a la transición de OpenAI hacia un modelo comercial y su alianza con Microsoft.

Musk ha criticado públicamente a Altman, cuestionando el enfoque ético y financiero de OpenAI bajo su liderazgo. En el contexto del actual juicio, las tensiones se intensificaron, llegando Musk a calificar a Altman de “estafador” en publicaciones en X (antes Twitter).

Altman, por su parte, ha defendido las decisiones estratégicas de la compañía y considera que las acusaciones de Musk están motivadas por intereses personales y rivalidad empresarial.

Actualmente, la relación entre ambos se caracteriza por la confrontación pública y por posiciones opuestas sobre el rumbo de OpenAI y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Luego de que el fiscal general subrogante Carlos Fioriti presentara un recurso para revocar el sobreseimiento de 42 personas acusadas de lavar activos provenientes del narcotráfico, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó remitir la causa al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para la realización de un juicio oral.

La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes anularon el fallo dictado en mayo de 2025 por el ex magistrado federal Martín Poderti. En esa resolución, Poderti había sobreseído a familiares y allegados de Juan Manuel Mariscal y Hugo “Coco” Esteban, ambos condenados por narcotráfico, al considerar que no existía suficiente prueba de un esquema de lavado de activos vinculado a las actividades ilícitas de los condenados.

En el caso principal, Mariscal fue sentenciado a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, mientras que Esteban recibió 13 años de condena por intentar trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata.

Fue a partir de estos descubrimientos que las investigaciones derivaron en la apertura de un expediente para rastrear el financiamiento de estas operaciones. Como consecuencia, se detectaron maniobras de blanqueo de capitales en el entorno de ambos.

Según la Fiscalía, durante los allanamientos se halló un vehículo de la familia Mariscal en un galpón de propiedad de Esteban, junto a unos 30 automóviles más, varios sin patentar ni documentación. Este hallazgo, sumado a la ausencia de respaldo financiero y al vínculo entre los poseedores de los vehículos y los condenados por narcotráfico, llevó a ampliar la investigación hacia el lavado de dinero.

Por este motivo, el fiscal argumentó que existía un vínculo asociativo y comercial entre ambas familias, con un incremento patrimonial injustificado y operaciones realizadas con documentación falsa, domicilios inexactos y la conversión de dinero ilícito en bienes, principalmente vehículos.

A raíz de esto, se trazó la hipótesis de una organización compuesta por familiares y allegados de Mariscal y Esteban, que habría adquirido bienes desde 2011 hasta 2019 con ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes. Los bienes habrían sido introducidos al mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia para darles apariencia lícita.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) calificó los hechos como lavado de activos agravado por habitualidad, imputando a los acusados como parte de una asociación destinada a cometer estos hechos de modo continuado, según la información recopilada por el sitio Fiscales.

Luego de que el ex juez Poderti analizara las pruebas, consideró que las maniobras de lavado eran operaciones independientes y que no superaban el umbral de 150 salarios mínimos que exige el artículo 303 del Código Penal para el delito de lavado. Por ello, aplicó una figura atenuada prevista en el inciso 4 del artículo, que contempla solo una multa, lo que derivó en la prescripción de la acción penal.

No obstante, el fiscal Fioriti sostuvo que la ley prevé una pena más grave en casos de habitualidad o asociación, y que la habitualidad debía ser discutida en un juicio oral. Además, argumentó que correspondía sumar los montos de todas las operaciones vinculadas, lo que superaría el tope legal y habilitaría una pena de prisión.

De la misma manera, señaló que la decisión de sobreseer invadía cuestiones de política criminal definidas por la Procuración General y afectaba los compromisos internacionales de la Argentina en la lucha contra el lavado. Incluso, remarcó que el grupo operó en Mar del Plata desde 2011 a 2019, realizando operaciones comerciales en nombre propio o a través de terceros, utilizando comercios y una concesionaria de vehículos no registrada como pantalla para ingresar bienes adquiridos con dinero ilícito al circuito formal.

Según información aportada por la AFIP —hoy ARCA—, los acusados no registraban actividad económica acorde a su patrimonio. La investigación determinó que las maniobras se centraban en la compra y venta de vehículos de alta gama y inmuebles como fachada.

Finalmente, Fioriti sostuvo que el lavado de activos es un delito permanente, cuya consumación se prolonga hasta que culmina la conducta ilícita, lo que solo ocurre con una sentencia condenatoria. Asimismo, afirmó que la acción penal no había prescrito porque parte de los bienes continuaban en manos de los imputados o habían sido vendidos a terceros.

Por su parte, el fiscal general Raúl Omar Pleé apoyó esta postura y criticó el enfoque del ex juez, al señalar que la interpretación aislada de los hechos llevó a una conclusión irrazonable sobre el monto real de las operaciones. Por esto, afirmó que el tipo penal permite considerar la reiteración de conductas y la existencia de una organización común, contexto en el que la causa se inserta como un fenómeno criminal complejo vinculado al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En línea con esto, enfatizó que la respuesta estatal debía ser coherente con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que exigen investigar y sancionar eficazmente estas conductas, evitando resoluciones que frustren el juzgamiento de los hechos.

El juez Carbajo destacó que la acusación describía múltiples maniobras de lavado insertas en un plan delictivo global, continuado y organizado, cuyo objeto era dar apariencia lícita a fondos de origen presuntamente ilícito. También sostuvo que la ley es clara y no exige esfuerzo interpretativo, por lo que la decisión de considerar cada operación como un hecho independiente se apartó de la base fáctica y llevó a una conclusión forzada bajo la figura atenuada del artículo 303.

Por este motivo, afirmó que la decisión revocada no puede considerarse un acto jurisdiccional válido. Asimismo, el juez Hornos subrayó que el lavado de activos es un ilícito que afecta bienes jurídicos colectivos, como el orden socioeconómico, la estabilidad financiera y la confianza pública.

Al mismo tiempo, recordó que el delito no solo implica incorporar fondos ilícitos al circuito formal, sino que consolida económicamente el delito precedente, volviéndolo eficaz y rentable, como advierten organismos internacionales como el GAFI y el GAFISUD. Finalmente, Barroetaveña adhirió a lo expuesto por sus colegas.

El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime desmintió este martes a los empresarios arrepentidos que lo involucraron en el caso Cuadernos y dijo que declararon bajo una “figura extorsiva” para no ir presos. En un tramo de su declaración indagatoria durante la audiencia del juicio se refirió además a la tragedia del tren de Once, donde está condenado y reiteró que no tuvo responsabilidad.

Poco antes de finalizar la jornada y luego de la declaración del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien rechazó las acusaciones en su contra, fue el turno del abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. Había pedido la palabra para informar sobre una solicitud de nuevas pruebas hecha ante el Tribunal Oral Federal 7 por las “graves irregularidades” que dijo se denunciaron en el debate en torno a la investigación del caso a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Es en el juicio donde deben ventilarse todas y cada una de estas situaciones para poder determinar la verdad”, sostuvo Beraldi y se refirió a casi 30 declaraciones de donde según argumentó surgieron “datos precisos y concordantes” sobre presuntas anomalías.

Se pidió que se convoque a escribanos que según dijeron en las audiencias del juicio algunos arrepentidos guardaron actas en las cuales avisaban que iban a declarar mentiras en el juzgado de Bonadio para no quedar presos.

Jaime desmintió a los empresarios

Durante la indagatoria, Ricardo Jaime se lamentó por los diez años que lleva preso, dijo que sufre una “prisión preventiva” casi eterna. También habló de su estado de salud y mencionó estar en un momento “muy vulnerable, con varias enfermedades”. Recordó al respecto que pidió al Tribunal Oral Federal 2 a cargo de la ejecución de su condena firme en la causa por la tragedia de Once ser trasladado del penal de Ezeiza a una cárcel de Córdoba para estar cerca de su familia.

De hecho, se refirió a la tragedia de Once del 22 de febrero de 2012 que causó 51 muertos. “Tuve el acompañamiento de Dios de no tener una tragedia como la que ocurrió. Sé que esas tragedias marcan a las familias que las sufren y también a quienes tenían responsabilidad. No es mi caso, porque no la tuve”.

El ex funcionario declaró por más de una hora y sólo respondió algunas preguntas de su defensa. Luego, se dispuso un cuarto intermedio y la audiencia se reanudó con la declaración de quien lo sucedió en el cargo, Juan Pablo Schiavi.

Jaime aludió en concreto a la “falsedad de lo manifestado” por uno de los imputados colaboradores, el empresario Aldo Roggio. Al recordar sus indagatorias anteriores en el caso, el ex funcionario recordó que negó entonces los dichos de los empresarios arrepentidos y lo ratificó ahora. “Tengo referencia que estas aseveraciones fueron hechas bajo la figura extorsiva utilizada por la instrucción. Dichas acusaciones no están en las llamadas fotocopias de los cuadernos del señor (Oscar) Centeno”, acotó al remisero exchofer del también acusado Roberto Baratta.

En ese sentido desmintió una reunión con Roggio a pocos días de la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno, donde le habría pedido el 5 por ciento de sobornos sobre los subsidios, según declaró el empresario en su acuerdo de colaboración durante la investigación.

“Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho, tengo entendido que sí con el ministro (Julio) De Vido se reunía”. dijo. “Con el señor Roggio nunca me reuní”, reiteró y acotó que la defensa del empresario dijo en el juicio que declaró para no quedar detenido. También mencionó que durante la investigación había solicitado un careo “con quien manifestó semejante acusación”, en relación a Romero por el tema Hidrovía.

Sobre sus vínculos con los empresarios, Jaime mencionó que “Néstor Kirchner era una persona que estaba absolutamente encima de cada uno de los temas” y por eso en su rol de Secretario de Transporte mantenía contacto permanente con los concesionarios.

“Con el señor (Gabriel) Romero, del Belgrano Norte; con el señor Roggio, por Metrovías; y con Cirigliano, por el Mitre y el Sarmiento. Con las concesiones había reuniones continuas: operaban en nombre del Estado para recuperar el sistema de transporte de pasajeros en el área metropolitana”, apuntó.

“Por gestión de Kirchner derogamos el decreto de Menem que había cerrado los trenes en el interior, y empezamos a reactivar los servicios ferroviarios en el país”, dijo también.

Además, negó haber mantenido poder político tras dejar el cargo: “Yo no tuve más contacto con la actividad política ni partidaria, ni con la función pública” desde 2009. Pero en 2016, “casi siete años después de haber dejado el cargo alguien dijo que yo tenía ‘poder residual’, que me podía profugar”. Ese año quedó detenido por primera vez en una causa penal. “Pedían mi detención un sábado y el domingo ya era tapa con mi figura saliendo esposado por la Policía Federal. A un costado estaba la noticia de los Panama Papers. Mi detención era lo que veían todos los medios nacionales”.

Jaime cumple una pena unificada de seis años de prisión por distintas causas, entre ellas la tragedia de Once y declaró ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

El ex Secretario de Transporte había planteado hacerlo por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, pero el Tribunal lo rechazó y fue trasladado desde el penal a Comodoro Py 2002.

Schiavi y los subsidios

A su turno, su sucesor en el cargo y también procesado por supuesto cobro de sobornos Juan Pablo Schiavi se explayó ante los jueces con una detallada explicación del sistema de subsidios a los ferrocarriles y colectivos, acompañada de gráficos.

Al respecto, defendió los subsidios al transporte público como “política pública” porque de lo contrario “iba a pasar lo que pasó hoy, que se cae el sistema de transporte y la gente ni siquiera puede tomar el ferrocarril para buscar trabajo. En diez años la tarifa ferroviaria subió 44 por ciento y cuando yo estuve a cargo el aumento fue cero”.

“Yo no figuro en los cuadernos del señor Centeno pese a que lo vi infinidad de veces en la cochera cuando entraba o cuando me iba de mi trabajo”, dijo y consideró “llamativo” que “habiéndolo visto todos los días” no lo incluyera en sus escritos, dijo al rechazar las acusaciones en su contra.

Este martes también estuvieron citados los empresarios Mauricio Pascucci, María Rosa Cartellone y Obdulio Ángel Barbeito quienes se negaron a declarar al inicio de la audiencia.

La última jornada de indagatorias será el jueves, cuando sea el turno del arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López, detenido con condena firme en la causa Vialidad, al igual que CFK. El ex funcionario que durante la investigación del caso complicó con su confesión a la ex presidenta podría hablar ahora ante el Tribunal o, como hizo la mayoría de los imputados colaboradores desde que comenzó esta etapa del debate, optar por guardar silencio y ver si declara más adelante.

Los ex funcionarios de Transporte

Jaime llega a esta instancia con un rol central en la acusación. De acuerdo con confesiones de empresarios arrepentidos en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, habría sido uno de los principales recaudadores del esquema de sobornos vinculado al sistema de subsidios al transporte. Tanto Aldo Roggio como Gabriel Romero, por ejemplo, declararon que el ex funcionario cobraba “retornos” por la asignación de fondos estatales y el control de las concesiones ferroviarias. Estos dos últimos se negaron por el momento a prestar declaración indagatoria en el juicio.

Romero, titular de Ferrovías, admitió haber pagado coimas vinculadas a la explotación del Belgrano Norte y también por la concesión de la hidrovía del río Paraná. Según la acusación, esos pagos eran periódicos y podían representar al menos el 5% de los subsidios otorgados, mientras que otros empresarios hablaron de retornos que oscilaban entre el 5% y el 30%.

En este tramo del expediente —conocido como “Secretaría de Transporte”—, Jaime está acusado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios por integrar un esquema de recaudación ilegal a cambio de beneficios estatales.

Llegan los testigos

El juicio, que abarca hechos entre 2003 y 2015 y tiene a 86 acusados, entrará en una nueva etapa a partir de mayo. Una vez finalizadas las indagatorias, comenzarán las declaraciones testimoniales. El Tribunal ya fijó audiencias para todos los martes y jueves en Comodoro Py, bajo modalidad semipresencial.

Entre los primeros testigos convocados figuran periodistas para el martes 5 de mayo y el jueves siguiente será el turno de la ex esposa de Oscar Centeno, Hilda Horovitz; la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga; y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero arrepentido autor de los cuadernos que se los guardó en medio de una disputa que Centeno mantenía con su pareja de entonces.

El silencio de los arrepentidos

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Se trasladó desde el domicilio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario condenada en la causa Vialidad a los tribunales de Retiro.

Desde ese entonces fueron indagados gran parte de los 86 acusados, muchos de los cuales -en especial los “imputados colaboradores”- guardaron silencio e hicieron uso de su derecho a no declarar. Fueron los casos por ejemplo del mismo Centeno -escriba de los cuadernos-, del financista Ernesto Clarens que aportó durante la investigación un listado de presuntos pagadores de sobornos y de empresarios como Miguel Aznar, Patricio Gerbi, Gabriel Losi, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. Las defensas de otros acusados advirtieron que este silencio les impidió contrastar aquellas confesiones que perjudicaron a sus clientes.

Elon Musk y directivos de OpenAI se enfrentarán en un juicio destinado a resolver la demanda que el CEO de Tesla presentó contra la compañía de inteligencia artificial.

Musk sostiene que OpenAI abandonó su misión fundacional de desarrollar inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad y, en cambio, priorizó el aumento de sus ganancias.

Previo al inicio del juicio, OpenAI difundió un comunicado en X (antes Twitter) en el que señaló: “No vemos la hora de presentar nuestro caso ante el tribunal, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado. Esta demanda siempre ha sido un intento infundado y motivado por celos para obstaculizar a un competidor”.

La empresa agregó que finalmente tendrá la oportunidad de interrogar a Elon Musk bajo juramento ante un jurado de California sobre este intento de socavar su trabajo para garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

En la demanda, Musk reclama hasta USD 134.000 millones y solicita que, en caso de ganar, esa suma se destine al área benéfica de OpenAI, recogeBloomberg. Además, exige que los directivos Sam Altman y Greg Brockman dejen sus cargos.

Se prevé que la presentación de los argumentos de las partes comience el martes 28 de abril, luego de que el lunes se haya completado la selección del jurado en el Tribunal Federal de Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.

Qué dijo OpenAI ante el juicio con Elon Musk

Frente al juicio iniciado por la demanda de Elon Musk, OpenAI manifestó que confía en que el proceso judicial permitirá exponer su versión de los hechos, afirmando que “tanto la verdad como la ley están de su lado”.

La compañía calificó la demanda como un intento infundado y motivado por rivalidad para obstaculizar a un competidor. Asimismo, anticipó que tendrá la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento ante un jurado de California respecto a los intentos de frenar el desarrollo de inteligencia artificial general orientada al beneficio de la humanidad.

OpenAI reiteró que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar de manera significativa múltiples aspectos de la sociedad. La empresa sostuvo que, al igual que otras tecnologías revolucionarias, la IA puede ampliar la capacidad y autonomía de las personas.

Su objetivo es que los beneficios de la inteligencia artificial sean accesibles a la mayor cantidad de personas posible, evitando la concentración de poder en pocas manos y promoviendo una distribución equitativa de las oportunidades.

La organización subrayó que la colaboración con gobiernos, otras empresas y la sociedad es fundamental para enfrentar los desafíos de seguridad y alineación de la inteligencia artificial.

OpenAI reconoció que el desarrollo de esta tecnología genera incertidumbres y que su impacto será objeto de escrutinio público. Sin embargo, reafirmó su compromiso de actuar con transparencia, corregir el rumbo cuando sea necesario y trabajar para que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad.

Cuáles son las etapas del juicio entre Musk y OpenAI

El juicio se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, el jurado analizará las denuncias presentadas por Musk, aunque su decisión será únicamente orientativa.

Posteriormente, la jueza González Rogers determinará si corresponde aplicar las medidas requeridas, entre ellas la reorganización de OpenAI y modificaciones en su equipo directivo.

Cuáles son los antecedentes entre el conflicto de Musk y OpenAI

La relación entre Elon Musk y OpenAI se inició en 2015, cuando Musk fundó la organización junto a Sam Altman y Greg Brockman con el propósito de desarrollar inteligencia artificial orientada al interés social, bajo un modelo sin fines de lucro.

En 2018, Musk dejó la junta directiva de OpenAI, argumentando posibles conflictos de interés vinculados a sus otras compañías tecnológicas. Tras su salida, la organización adoptó una nueva estrategia que desembocó en su conversión en una empresa con fines de lucro, abriendo la puerta a inversores como Microsoft Corp., que aportaron miles de millones de dólares.

En 2023, Musk creó xAI, una compañía competidora en el ámbito de la inteligencia artificial, lo que intensificó la rivalidad con OpenAI. En febrero de 2024, OpenAI rechazó una oferta de Musk, no solicitada, para adquirir activos por USD 97.400 millones, aumentando así la tensión entre ambas partes.

El conflicto se profundizó en febrero de 2025, cuando Musk calificó públicamente de “Swindler” (estafador, en inglés) a Altman en la red social X. Este episodio se produjo después de que Altman rechazara la propuesta de Musk para que xAI adquiriera OpenAI y le sugiriera, en cambio, que considerara vender X.

A casi dos años del brutal crimen de Jorge Alfredo Duarte, de 26 años, comenzó el juicio contra los dos principales acusados. El cuerpo de Duarte fue encontrado enterrado bajo una carpeta de cemento en una vivienda de Corrientes tras permanecer días desaparecido.

Los imputados son Federico Orlando Duarte y Andrea Fernanda Franco, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado por ensañamiento y uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de coautores.

La audiencia comenzó este lunes cerca de las 8 de la mañana en el tribunal de Paso de los Libres, con los alegatos de apertura y las declaraciones de los primeros testigos. Los querellantes son los abogados Juan Carlos Coulleri y Fernando Fabián Colunga; las defensas, los doctores Yonathan Andrés Biaut y Rodrigo Olivera Mansilla.

El joven fue visto por última vez los primeros días de julio de 2024. De acuerdo con la reconstrucción quue realizaron las autoridades de Corrientes, la muerte se produjo entre la noche del 5 y el 6 de ese mismo mes.

Según la acusación, la víctima fue convocada al domicilio donde residían los imputados y atacada en un contexto de indefensión. Los acusados habrían empleado primero un arma de fuego y luego un arma blanca, provocando múltiples heridas que le causaron la muerte, de acuerdo con lo informado por el Poder Judicial de Corrientes. Tras el ataque, el cuerpo fue enterrado en un pozo cavado en el patio de la vivienda, y los imputados habrían ejecutado tareas para eliminar rastros en el lugar, conducta que la Fiscalía encuadra dentro de la agravante de ensañamiento.

La investigación tomó rumbo cuando los pesquisas detectaron que existía una enemistad entre Duarte y el imputado. Pese a que comparten el mismo apellido, no existe parentesco entre ellos. Con esa información, los efectivos se dirigieron a la vivienda que alquilaba el principal sospechoso, ubicada en inmediaciones de las calles Mercedes Franco y Brasil, donde hallaron la motocicleta de la víctima. “Aparentemente había un problemita con la venta de una moto”, indicó el en ese momento comisario a cargo del caso, Lorenzo Baroni.

Tanto Duarte como los sospechosos trabajaban juntos en una empresa recolectadora de orina para testeos de laboratorio. Al momento de las detenciones, un tercer implicado permanecía prófugo; la causa que llega ahora a juicio oral refiere únicamente a los dos imputados aprehendidos.

El debate se extenderá hasta el 4 de mayo con audiencias programadas para el 28, 29 y 30 de abril, todas desde las 8 horas, de acuerdo con el cronograma establecido. En total declararán 28 testigos: 20 ofrecidos por la fiscalía —9 de ellos compartidos con la querella— y el resto aportado por las defensas. La última fecha está reservada para los alegatos de clausura, tras la recepción de testimonios, prueba documental y exhibición de evidencias.

Homicidio y abuso en Misiones

En simultáneo, en la provincia de Misiones, se lleva a cabo el juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien está acusado por homicidio y abuso sexual.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de su amigo Bruno Méndez y el abuso sexual de la pareja de la víctima, hechos que sacudieron a la comunidad en abril de 2022.

Según la instrucción, Bruno Méndez, su pareja —de 18 años— y el hijo de ella llegaron durante la madrugada a una vivienda del barrio Villa Alta. Allí, tras compartir bebidas alcohólicas, se originó una pelea entre Méndez y Ferreira que terminó con un ataque brutal al hombre.

Luego, mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven durante varias horas. La investigación sostiene que, tras el ataque, Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la mujer logró escapar con su hijo y pedir auxilio a un vecino, lo que permitió la intervención policial.

Elon Musk retira acusaciones de fraude contra OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, pero mantiene demanda por enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber fiduciario.

El CEO de Tesla reclama hasta USD 134.000 millones y busca que, en caso de ganar, esa suma se destine al área benéfica de OpenAI, recoge Bloomberg.

La disputa enfrenta a Musk con sus antiguos socios, Sam Altman y Greg Brockman, cofundadores de OpenAI.

Musk sostiene que la compañía se apartó de su misión original al buscar ganancias, especialmente después de recibir miles de millones de dólares en inversiones de Microsoft Corp..

El enfrentamiento legal llegará a juicio y se celebrará en el Tribunal Federal de Oakland, California, será supervisado por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.

Musk reduce el alcance de la demanda

La jueza González Rogers aceptó limitar el proceso a solo dos de las veintiséis demandas iniciales de Musk: el presunto enriquecimiento ilícito y el incumplimiento del deber fiduciario.

La selección del jurado comenzará el lunes 27 de abril. Musk exige que OpenAI vuelva a ser una organización sin fines de lucro y solicita la destitución de Altman y Brockman de sus cargos actuales.

Respuesta de OpenAI y sus aliados

OpenAI, junto a Altman, Brockman y Microsoft, rechazaron todas las acusaciones, calificándolas como acoso legal sin fundamento. La defensa argumentó ante la jueza que las propuestas de Musk son maniobras inesperadas y buscan alterar la estructura organizacional de la empresa.

Cuáles son los antecedentes entre conflicto de Musk y OpenAI

La relación entre Elon Musk y OpenAI comenzó en 2015, cuando Musk cofundó la organización junto a Sam Altman y Greg Brockman con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial para beneficio social, bajo la premisa de mantener una estructura sin fines de lucro.

En 2018, Musk abandonó la junta directiva de OpenAI, alegando posibles conflictos de interés derivados de sus otras empresas tecnológicas. Tras su salida, la organización inició un cambio de rumbo que culminó en su transformación en una empresa con fines de lucro, permitiendo la entrada de inversores como Microsoft Corp., que aportaron miles de millones de dólares.

En 2023, Musk fundó xAI, una empresa rival en el sector de inteligencia artificial, lo que intensificó la competencia directa con OpenAI. En febrero de 2024, OpenAI rechazó una oferta no solicitada de Musk para adquirir activos por USD 97.400 millones, lo que incrementó la tensión entre las partes.

La disputa legal actual surge de la acusación de Musk de que OpenAI se desvió de su misión original y se enriqueció ilícitamente tras convertirse en una empresa comercial, dejando de priorizar el interés social que justificó su fundación.

Musk sostiene que la organización y sus líderes, Altman y Brockman, incumplieron su deber fiduciario y desviaron el propósito de la entidad, lo que motivó la demanda que ahora enfrenta a ambas partes en los tribunales de California.

Cómo es la relación entre Musk y Altman

Actualmente, la relación entreElon MuskySam Altmanes abiertamente conflictiva, marcada por una competencia directa y disputas legales sobre el control, los objetivos y el impacto de la inteligencia artificial.

La tensión se agravó en febrero de 2025, cuando Musk llamó públicamente “Swindler” a Altman en la red social X, utilizando el término en inglés que significa “estafador”.

Este ataque ocurrió después de que Altman rechazara la propuesta de Musk para que xAI adquiriera OpenAI y, en respuesta, sugiriera que Musk podría considerar vender X en su lugar.

Cuáles son las etapas del juicio entre Musk y OpenAI

El proceso judicial se dividirá en dos fases. Primero, el jurado evaluará las acusaciones de Musk, pero su veredicto solo tendrá carácter consultivo. Después, la jueza González Rogers decidirá sobre las medidas solicitadas, que incluyen la reestructuración de OpenAI y cambios en su liderazgo.

La disputa refleja el cambio de OpenAI de una entidad dedicada a la investigación abierta al desarrollo comercial, impulsado por inversiones sin precedentes y la competencia en el sector de inteligencia artificial.

El primer juicio público en Siria contra funcionarios vinculados al régimen del ex dictador Bashar Al-Assad comenzó en Damasco este domingo. Atef Najib, un ex general de brigada del ejército sirio que fue jefe de la Rama de Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa bajo el mando de Assad y que también es primo del ex presidente, compareció ante el tribunal para enfrentar cargos relacionados con “crímenes contra el pueblo sirio”, informó la agencia estatal de noticias SANA.

Najib ocupaba ese cargo en 2011, cuando fueron arrestados y torturados unos adolescentes que garabatearon grafiti contra el gobierno en la pared de una escuela en Daraa. El caso se convirtió en un catalizador de protestas masivas contra las políticas represivas de las fuerzas de seguridad del gobierno de Assad.

Las autoridades respondieron a las protestas con una represión brutal y las marchas derivaron en una guerra civil de 14 años que terminó con la caída de Assad en diciembre de 2024, tras una fulminante ofensiva rebelde. Assad huyó a Rusia, mientras que la mayoría de los miembros de su círculo íntimo también escaparon de Siria.

Assad y su hermano, Maher, ex comandante de la 4ª División Acorazada del ejército sirio —a la que activistas de la oposición siria han acusado de asesinatos, torturas, extorsión y tráfico de drogas, además de operar sus propios centros de detención— fueron acusados en ausencia, junto con otros ex altos funcionarios de seguridad.

Najib fue el único de los acusados que fue detenido y estuvo presente en persona en el tribunal el domingo para una sesión preparatoria del juicio, que continuará el próximo mes.

Una multitud se reunió ante el juzgado para celebrar.

El gobierno del presidente interino Ahmad al-Sharaa ha enfrentado críticas por los retrasos en poner en marcha un prometido proceso de justicia transicional. Siria lucha por recuperarse tras 14 años de guerra civil que dejaron un estimado de medio millón de muertos, millones más de desplazados y al país golpeado y dividido.

Ahora las autoridades parecen estar avanzando con mayor determinación para procesar a funcionarios vinculados a Assad.

Las autoridades sirias arrestaron el viernes a Amjad Yousef, un ex funcionario de inteligencia que apareció en un video filtrado hace cuatro años que supuestamente lo mostraba a él y a sus compañeros ejecutando a decenas de prisioneros con los ojos vendados y encadenados en el suburbio damasceno de Tadamon durante la guerra civil del país.

(con información de AP)

D4vd compareció ante un tribunal el jueves 25 de abril en una audiencia de estado relacionada con su caso penal en Los Ángeles, Estados Unidos.

La diligencia se llevó a cabo exactamente un año después de la fecha que la fiscalía señala como el momento en que ocurrió la muerte de Celeste Rivas. Durante la sesión, el juez fijó una audiencia preliminar para el 1 de mayo.

De acuerdo con lo expuesto en la corte por los fiscales, en el marco de la investigación se realizó el análisis del teléfono móvil del artista, en el que se habría encontrado una “cantidad significativa” de material de abuso sexual infantil.

Las autoridades no detallaron en la audiencia si dicho material estaría vinculado a la menor identificada en el caso.

Durante la misma comparecencia, los fiscales informaron que la investigación incluyó el uso de una intervención telefónica autorizada judicialmente. Indicaron que dicha medida se habría llevado a cabo el año anterior, aunque no proporcionaron más detalles sobre su contenido o alcance.

D4vd asistió a la audiencia bajo custodia, con uniforme penitenciario y esposas. Durante la sesión, el acusado respondió de manera breve a las indicaciones del juez mientras se explicaba el procedimiento de la audiencia preliminar.

La defensa del cantante, encabezada por la abogada Blair Berk, cuestionó en la corte el manejo de la evidencia por parte de la fiscalía, señalando que no se habían entregado todos los elementos del caso.

En respuesta, la fiscal adjunta del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, explicó que existían retrasos relacionados con la organización del material probatorio.

Las autoridades han señalado que el rapero de 21 años mantenía relaciones sexuales con Celeste cuando ella tenía solo 14 años, y que cuando ella amenazó con exponerlo y arruinar su carrera musical, él la invitó a su casa en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025 y la asesinó.

Por si fuera poco, los fiscales alegan que D4vd posteriormente descuartizó el cuerpo, lo metió en dos bolsas y guardó sus restos en el maletero de su coche durante más de cuatro meses mientras el cuerpo se descomponía.

De acuerdo con la versión presentada por la fiscalía, la investigación sostiene que la víctima habría sufrido lesiones provocadas por un instrumento punzante.

El informe del médico forense del condado de Los Ángeles indica que la causa de muerte estaría relacionada con múltiples heridas penetrantes antes de que le amputaran los brazos, las piernas y dos dedos.

Cabe recordar que D4vd se declaró no culpable a inicios de la semana. Su defensa ha solicitado avanzar con la audiencia preliminar sin demoras adicionales, mientras que la fiscalía indicó que estará preparada para la fecha programada y que prevé avanzar hacia un juicio en un plazo aproximado de 60 días después de esa etapa.

El cantante fue detenido la semana anterior por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Posteriormente, la fiscalía presentó cargos por asesinato en relación con la muerte de Celeste Rivas, así como acusaciones adicionales relacionadas con presuntos actos sexuales ilícitos contra la menor de 14 años y la manipulación del cuerpo.

Ayer miércoles por la mañana, la atención se concentró en la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con la reanudación del juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien enfrenta graves acusaciones por el asesinato de Bruno Méndez y el abuso sexual de la novia de la víctima.

La causa, que remite a hechos ocurridos en Puerto Iguazú en abril de 2022, despertó expectativas entre los presentes por la crudeza de los testimonios y la presencia de pruebas audiovisuales.

Desde temprano, familiares de las víctimas y allegados se acercaron al tribunal, manifestando tanto nerviosismo como esperanza ante el avance del proceso judicial. El ambiente en la sala se tornó tenso al exhibirse videos relacionados con el rescate de la joven abusada, imágenes que resultaron impactantes para los presentes y sirvieron como prueba central en la segunda jornada del debate oral.

Los primeros minutos de la audiencia estuvieron marcados por el repaso de los momentos en que la joven fue auxiliada por dos vecinos. En las grabaciones se observa la extracción de la víctima desde la vivienda de Ferreira, y la posterior asistencia que recibió por parte de quienes acudieron a su llamado. Para los familiares, ver las imágenes representó un momento de conmoción y, a la vez, de reivindicación de la búsqueda de justicia. Para preservar a la víctima, las grabaciones no trascendieron.

Durante la jornada de este miércoles y según informó el portal El Territorio, cuatro testigos brindaron su relato ante el tribunal. Entre ellos, el propietario de un taller lindero al domicilio donde ocurrieron los hechos, relató en detalle el momento en que escuchó los pedidos de auxilio y decidió intervenir. El testigo ratificó su declaración previa, relatando cómo, al oír los gritos, fue hasta el lugar y encontró a la joven en estado de shock. Antes de abandonar la sala, dirigió la mirada a Ferreira y expresó: “Vecino, ahora que la ley se encargue de vos”.

A continuación, declaró Paulo, empleado del mismo taller, quien aportó su propia versión de los hechos. Su testimonio presentó ciertas variaciones respecto a su declaración anterior, lo cual fue notado tanto por la fiscalía como por los asistentes al debate. Este cambio en la reconstrucción de los hechos llamó la atención, especialmente porque durante toda la audiencia el abogado defensor de Ferreira optó por no formular preguntas a ninguno de los testigos.

El tribunal anunció que el debate oral continuará hoy jueves con la convocatoria de al menos tres nuevos testigos. Se prevé la comparecencia de dos vecinos más del imputado, así como de la cuñada de Bruno Méndez. Además, fuentes judiciales adelantaron que se proyecta para el martes próximo la declaración del padre de Ferreira, considerado un testigo relevante para la causa.

La fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado, en circunstancias que aún se intentan esclarecer completamente a partir de la reconstrucción testimonial y las pruebas materiales presentadas.

La jornada inaugural del debate oral estuvo marcada por la declaración de los dos primeros testigos. La primera en declarar fue la víctima de abuso sexual. Solicitó hacerlo en ausencia del imputado, pedido que fue inicialmente cuestionado por Ferreira. Finalmente, el acusado fue retirado de la sala y siguió la audiencia desde una sala contigua, a instancias de su defensor. El testimonio de la mujer fue extenso y detalló las horas de terror vividas tras el ataque fatal a su pareja.

El segundo testigo de la jornada fue el vecino que asistió a la joven y a su hijo en el momento del escape. El hombre relató ante el tribunal cómo desarmó parte de un muro de chapas para facilitar la huida, tras escuchar el desesperado pedido de auxilio. Este testimonio resultó clave para reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre la secuencia de hechos y la reacción inmediata de algunos vecinos ante el suceso.

El 23 de abril de 2006, la localidad de Medicine Hat, en Alberta, Canadá, fue el escenario de un triple homicidio. Las autoridades encontraron los cuerpos de Marc Richardson, de 42 años, su esposa Debra Richardson, de 48, y el hijo menor del matrimonio, un chico de ocho años. La única integrante de la familia que faltaba en el domicilio era la hija mayor, Jasmine Richardson, de 12 años. La ausencia de la chica generó la hipótesis inicial de un secuestro realizado por los asaltantes de la vivienda.

El hallazgo no fue resultado del patrullaje habitual de la policía, sino de un amigo del chico fallecido. El nene llegó al domicilio de los Richardson para jugar, tal como habían acordado en el colegio. Al acercarse a una de las ventanas de la propiedad, observó un cuerpo inmóvil en el interior. Corrió de regreso a su casa y le contó a su madre lo que acababa de ver.

Ella se comunicó de inmediato con la policía para denunciar el hecho. Los efectivos ingresaron por la fuerza y confirmaron la presencia de los tres cadáveres en los distintos niveles de la vivienda.

La teoría del secuestro se descartó rápidamente cuando el equipo de detectives comenzó a recolectar pruebas en el colegio de la menor. Un consejero escolar del colegio estatal revisó el casillero de la alumna y encontró un cómic dibujado a mano por ella durante las clases. Las ilustraciones mostraban a una figura femenina que prendió fuego a la casa con su propia familia adentro y luego escapaba con su novio.

Ese material cambió el enfoque de la investigación penal, ubicando a la adolescente y a su pareja, Jeremy Steinke, de 23 años, como principales sospechosos.

Jasmine Richardson creció como una estudiante aplicada y mantuvo un comportamiento correcto durante la mayor parte de su vida. A los 11 años experimentó un cambio drástico en su imagen frente a sus conocidos. Adoptó la estética de la subcultura gótica, empezó a vestirse con indumentaria oscura y a usar un delineado negro grueso sobre los párpados. Paralelamente, se registró en plataformas digitales como MySpace y en el foro VampireFreaks.com.

Publicaba fotos sosteniendo réplicas de armas y en esas plataformas afirmaba tener 16 años. Entre sus intereses figuraban los asesinos en serie, la psicología criminal, la anatomía humana y la figura de Jeffrey Dahmer, conocido como el canibal de Milwaukee.

Jeremy Allan Steinke nació el 15 de enero de 1983 y provenía de un hogar con inestabilidad social. Vivió con su madre, Jacqueline Ann May, quien enfrentaba problemas de alcoholismo. La familia se mudaba frecuentemente y el entorno le impedía establecer vínculos o amistades duraderas. Steinke fue víctima de abusos por parte de las parejas de su madre.

Durante la etapa de juicio oral, su madre declaró que el padre biológico lo golpeaba con un cinturón a los dos años y lo arrastraba de las orejas hacia las habitaciones. Otro padrastro lo encerró a la fuerza dentro de un congelador. Frente a esa violencia en la vivienda, Steinke le fracturó el brazo a un exnovio de su madre usando un caño de plomo para defenderse.

Los médicos del Estado sospechaban que Steinke padecía síndrome de alcoholismo fetal, condición neurológica que afecta a una de cada mil personas, aunque el diagnóstico no se confirmó en los tribunales.

En la escuela estatal le detectaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de sufrir acoso de sus compañeros bajo el apodo de “Jeremy el apestoso”.

A los 13 años afrontó cuadros graves de depresión, comenzó a autolesionarse mediante cortes profundos en los brazos y tuvo varios intentos de suicidio. A los 14 años inició el consumo de alcohol, hongos alucinógenos, pastillas de éxtasis, ácido y marihuana. Abandonó la escuela en el décimo grado. Dentro del círculo gótico de la provincia, afirmaba ser un hombre lobo de 300 años con capacidad de comer personas y llevaba un frasco con sangre colgado en el pecho como trofeo.

La pareja se conoció a principios de 2006 durante un recital de punk rock en su ciudad natal. Intercambiaron nombres de usuario y comenzaron a comunicarse. Iniciaron un noviazgo virtual mantenido en secreto de los familiares. Semanas después, Marc y Debra descubrieron registros en la computadora familiar donde Steinke le preguntaba a su hija si podían matar personas juntos. Frente a esa evidencia y la diferencia de 11 años entre los integrantes de la pareja de novios, los padres prohibieron el contacto físico, confiscaron el dispositivo electrónico e impusieron reglas estrictas.

Esas medidas provocaron una reacción de desacuerdo en la chica de 12 años. Consideró que la prohibición era arbitraria frente a sus deseos e intentó por canales oficiales ingresar al sistema de acogida estatal, trámite que fue rechazado. La familia implementó sesiones de terapia para buscar una reconciliación, pero la menor empezó a escaparse por la ventana durante la noche para continuar con los encuentros clandestinos.

Esa situación incrementó en poco tiempo su deseo de matar a sus padres. A través del chat de una red social, le envió a Steinke la base del ataque: “Tengo este plan. Empezá conmigo matando a ellos y terminá conmigo viviendo con vos”.

Steinke estuvo de acuerdo con la propuesta y comenzó a publicar en su blog personal el resentimiento contra los padres de su novia. Argumentó que los adultos llevaban a Jasmine a la locura y que él tenía el deber de intervenir como salvador. Detalló que planeaba cortarles la garganta en la casa y usar la sangre como método de pago por el daño causado.

Antes de ejecutar el crimen, miraron la película Asesinos por naturaleza, que narra el viaje de dos jóvenes mientras matan gente por el país. Steinke le manifestó a un allegado que esa película era la mejor historia de amor hecha por el cine y propuso replicar un raid homicida similar al mostrado en la ficción.

La madrugada del 23 de abril, Steinke ingresó a la casa de los Richardson bajo los efectos de alcohol y narcóticos. Entró sigilosamente al subsuelo con la cara cubierta por una máscara de neoprene y portaba un gran cuchillo.

En el subsuelo interceptó a Debra Richardson, a quien le dio 12 puñaladas. Los gritos alertaron a Marc Richardson, quien bajó rápidamente por la escalera con un destornillador en la mano para intentar defender a la mujer. Steinke neutralizó fácilmente esa defensa y lo mató de 24 puñaladas. Mientras agonizaba, Marc le preguntó la razón del ataque y el agresor respondió: “Es lo que tu hija quería”.

El asesinato del chico de ocho años en el sector superior de la vivienda generó testimonios enfrentados ante los fiscales del caso. El niño tenía un corte profundo en la garganta y heridas punzocortantes en el cráneo y el tronco. Durante las audiencias orales, Jasmine afirmó bajo juramento que Steinke le ordenó matar a su hermano menor tras eliminar a los padres en el subsuelo. Pero Steinke, en cambio, declaró ante los jueces que permaneció quieto en el umbral de la habitación mientras la chica degollaba al niño. Según esa versión avalada por la defensa, la menor argumentó que quería evitar que el chico creciera en la orfandad tras la muerte de sus padres.

Tras asesinar a todos, ambos mantuvieron relaciones sexuales sin salir de la casa. Horas más tarde, los dos novios asistieron a una fiesta barrial. Los asistentes notaron un ojo inflamado y enrojecido en Steinke debido a la pelea con Marc en el sótano, mientras la pareja se besaba de una forma que resultó incómoda para la concurrencia. A lo largo de esa noche hablaron abiertamente con varios presentes sobre los asesinatos que habían cometido.

Al amanecer, huyeron de Alberta a bordo de una camioneta pick-up que conducía Kacy Lancaster, una joven de 19 años allegada al círculo del Steinke, quien luego fue procesada por encubrimiento agravado por facilitar la fuga y descartar materiales incriminatorios en zonas rurales.

La fuga terminó un día después de abandonar el lugar de los crímenes. Grupos tácticos de la policía atraparon a los fugitivos en el paraje rural de Leader, en la provincia de Saskatchewan, a 130 kilómetros de Medicine Hat. En el calabozo y en medio del repudio público, Steinke le propuso casamiento a Jasmine quien aceptó de inmediato. Mantuvieron la relación enviándose correspondencia entre las penitenciarías y juraron casarse tras el cumplimiento de sus condenas. Steinke confesó en detalle los hechos ante un oficial encubierto que simuló ser un detenido en la misma unidad.

El encuadre legal para juzgar a Jasmine dependió de su edad: la Ley de Justicia Penal Juvenil de Canadá prohíbe que menores de 14 años reciban penas equivalentes a las del fuero adulto. La ley fija un máximo de diez años de reclusión en centros especializados. Aunque durante el juicio sostuvo su inocencia, en julio de 2007 el tribunal la halló culpable y la condenó por tres delitos de asesinato en primer grado. Al escuchar el veredicto, con 13 años, se convirtió en la persona más joven condenada en Canadá por asesinatos múltiples.

La sentencia estableció que debía cumplir sus primeros cuatro años internada en un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad. El equipo de profesionales de la salud mental que la trató en ese lugar elaboró diagnósticos que indicaban trastorno de conducta agresiva combinado con un trastorno negativista desafiante. Los informes enviados a los tribunales reportaron con los años una resocialización gradual. Por esa mejoría, en 2011 obtuvo permisos especiales para ingresar legalmente a la universidad Mount Royal, en la ciudad de Calgary. A comienzos de 2012, peritos forenses informaron que la joven mostraba señales innegables de remordimiento por los crímenes contra su familia.

Para Steinke, el procedimiento penal fue distinto: no aplicaron los atenuantes por edad. El acusado intentó alegar que no planificó el homicidio y que reaccionó por sorpresa al encontrarse con Debra Richardson en el sótano. Sin embargo, la confesión grabada por el agente encubierto desmanteló esa defensa. En noviembre de 2008, un tribunal dictó una condena por los tres cargos de asesinato agravado, sentenciándolo a tres cadenas perpetuas sucesivas y bloqueando su acceso a salidas laborales hasta cumplir 25 años en prisión.

La finalización de las restricciones legales para Jasmine tuvo lugar en mayo de 2016, cuando se extinguió el control judicial sobre su vida. Durante la última audiencia obligatoria, algunos testigos refirieron que Jasmine no mostró llanto ni signos de pesar, limitándose a agradecer al magistrado que revisaba su caso.

Altos oficiales de la policía que participaron en la investigación sugirieron en entrevistas que la joven había manipulado el sistema legal psiquiátrico. En la actualidad, vive sin restricciones legales con más de 30 años y bajo un nuevo apellido, en una zona protegida de Canadá.

El 22 de abril se llevó a cabo la última audiencia de la quinta sesión del juicio transicional de la JEP contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeida e Ituango (Antioquia).

Cabe recordar que el coronel retirado fue acusado de haber sido coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad que se relacionan con hechos registrados cuando era comandante del Batallón de Contraguerrillas 79.

Es el segundo proceso de este tipo que adelanta la JEP e incluyó la participación de varios testigos, entre ellos varios exintegrantes del Ejército Nacional.

En la diligencia, el exuniformado José Gregorio Real Mahecha, que entre 2004 y 2005 fue parte del Batallón de Contraguerrillas 79, afirmó que Guzmán Ramírez conformó un grupo llamado “Misil”, que se encargó de su seguridad y protagonizaron varios hechos que narró en la audiencia.

Real Mahecha indicó que el 26 de septiembre de 2004, en zona rural de Ituango, participó en una operación en la que un informante que nombró como “Kalimán” les entregó a dos personas que señaló de ser informantes de las Farc.

“Los soldados le avisaron al sargento Coral que tenían dos personas capturadas”, indicó el exuniformado al hablar de cómo asesinaron a estas personas y luego los expusieron en una cancha de fútbol, lo que lo motivó a solicitar la baja de la institución. En su relato, Real Mahecha afirmó que David Herley Guzmán Ramírez dijo que estaba decepcionado de él por no aceptar las órdenes de los superiores.

La defensa del coronel interrogó al testigo sobre hechos que este narró previamente ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para contrastar la credibilidad de lo expuesto.

Otro testigo fue el mayor (r) Andrés Camilo Riaño Coconubo, que explicó que la inteligencia es el insumo esencial para el planeamiento de operaciones militares, pues permite conocer la ubicación, composición, capacidad y forma de actuar del enemigo, así como sus actividades recientes, esto para indicar que los altos mandos son responsables del control operacional de manera permanente.

Para el experto militar, la unidad no debe perder comunicación con el comandante, y rechazó las versiones entregadas hasta el momento por parte de la defensa del coronel Guzmán Ramírez. La fiscal del caso recordó que el exuniformado no es testigo directo de los hechos relacionados con la acusación contra el coronel.

Cabe recordar que en las diligencias anteriores se presentaron resultados de peritajes en los que se analizaron 824 folios y declaraciones juradas sobre 12 casos de necropsias de individuos presentados como bajas en combate.

Expertos forenses detallaron que los estudios dejaron en evidencia circunstancias violentas con lesiones adicionales a las que se suelen registrar en un combate en la mayoría de las bajas, lo que fue descrito como un “sobreasesinato”.

Por otra parte, se presentaron como testigos exsoldados que reconocieron haber participado en operativos sin bajas en los que después fueron añadidos supuestos guerrilleros abatidos en los informes finales.

En los testimonios se destacó la declaración del coronel (r) Jhon Robert Zarama, comandante del batallón mencionado, que aseguró que no presentó ninguna baja durante varios meses de labor, pero durante un periodo vacacional que tuvo se sorprendió al observar cómo comenzaron a registrarse combates con bajas efectivas en la misma zona en la que él trabajó durante varios años.

Tras las preguntas complementarias, la fiscal Sandra Patricia Ramírez anunció la renuncia a 16 testigos y afirmó que considera que los objetivos probatorios han sido completados. De esta forma, la UIA cerrará la práctica probatoria decretada del caso. La magistrada del caso anunció que la sexta sesión del juicio será para la participación de víctimas y se registrará entre el 25 y 27 de mayo con la presentación de seis testigos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que la reposición de audiencias en los juicios orales penales no debe ordenarse de manera automática cuando una audiencia se reanuda fuera del plazo legal, y exige probar afectaciones reales a los derechos de las partes antes de repetir todo el proceso, buscando evitar retrasos innecesarios en la impartición de justicia.

Esta postura responde al análisis de dos amparos directos en revisión —uno por violación agravada contra una niña, otro por tentativa de feminicidio— cuyos fallos el Pleno emitió este 22 de abril, según un comunicado de la SCJN.

El Pleno de la SCJN destacó que los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén la posible suspensión y posterior reanudación de audiencias en un plazo máximo de 10 días hábiles. No obstante, omitir el plazo legal para la continuación de una audiencia no resulta suficiente, por sí solo, para que se reponga un juicio oral penal en automático.

La SCJN sostuvo que la interpretación de la norma debe privilegiar el derecho a un juicio en plazo razonable y dar prioridad a la solución del conflicto sobre requisitos estrictamente procesales. El tribunal explica que el simple hecho de una reanudación tardía, sin prueba de daño específico a los derechos de alguna de las partes o de influencia en la resolución, no justifica que todo el juicio se repita.

Ordenar reposiciones automáticas puede ser perjudicial, advierte la Corte

El Máximo Tribunal advirtió que dictar la reposición de un juicio solo porque se advierte el incumplimiento formal al código procesal y sin análisis adicional puede, en realidad, generar un perjuicio mayor para las partes. La restitución automática de procedimientos puede propiciar dilaciones que no aportan ningún beneficio real a las víctimas, imputados o la administración de justicia.

La SCJN determinó que los órganos judiciales deben, ante cada solicitud de reposición, valorar si la demora realmente afectó garantías procesales y si esa irregularidad tuvo efectos en el resultado de la sentencia. Solo cuando una violación procesal se traduce en una afectación concreta y real a los derechos humanos y eso influye en la sentencia, podrá ordenarse la reposición del juicio.

La SCJN destaca que debe haber una protección especial para casos que involucran menores

La SCJN resaltó que, cuando las víctimas involucradas sean niñas, niños o adolescentes, debe aplicarse un “estándar reforzado de protección”. En tales procesos, si llegara a proceder la reposición, el tribunal instruye que las autoridades utilicen mecanismos que prevengan la revictimización, como la videograbación de declaraciones previas y el empleo de medidas enfocadas a cuidar la integridad emocional y el desarrollo de las víctimas menores de edad.

Por lo tanto, en la sesión de este 22 de abril, la Corte revocó las resoluciones originales que habían ordenado la reposición de dos procedimientos —uno por violación agravada en perjuicio de una niña y otro por tentativa de feminicidio— en los Amparos Directos en Revisión 1718 y 4435, ambos de 2025.

El Pleno devolvió ambos asuntos a los tribunales colegiados correspondientes para que emitan nuevas determinaciones ajustadas a estos criterios y valoren si la reposición se justifica en cada caso.

El 15 de abril pasado, el estilista Abel Guzmán se sentó en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, donde comenzó a ser juzgado por el crimen de su colega Germán Medina, ocurrido en marzo de 2024, en la peluquería “Verdini”, en el barrio porteño de Recoleta.

A esa primera audiencia, Guzmán llegó trasladado desde el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, donde permanece detenido con prisión preventiva después de haber estado prófugo 70 días. Se lo acusa de homicidio simple, delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel.

Este martes, durante la segunda audiencia, declararon cinco testigos. Uno de ellos fue el encargado del local, quien contó que ese día Guzmán le pidió que lo rapara y, durante la charla, le dijo que necesitaba “paz mental” y que quería conversar con él y con el dueño.

El hombre recordó que notó “raro” al acusado y que, al invitarlo a tomar un café, recibió una respuesta que le llamó la atención: “Es el último café que me vas a pagar”.

Según el encargado, Guzmán pasó el resto de la tarde apartado en un rincón y, al terminar la jornada, Medina se ofreció a comprar bebidas para compartir.

En ese momento, Guzmán cerró puertas y persianas y encaró al dueño para hablar sobre su situación laboral. Al recibir como respuesta que el tema se discutiría al día siguiente, el imputado insistió y sacó un arma.

El encargado relató que intentó calmarlo, pero fue amenazado: “Quedate quieto porque te vuelo la cabeza”. Después, el acusado volvió a dirigirse a todos y aseguró que no sabían con quién se metían. Acto seguido, apuntó a Medina y le disparó en la cabeza. “Le pedí que no nos mate, que nos deje vivir, le rogaba por mí y por mis compañeros”, recordó el testigo.

La empleada de recepción también estaba en el local cuando Guzmán disparó. Declaró que ese día la víctima y el acusado discutieron, y que no era la primera vez que ocurría una situación así.

Contó que, en medio de los gritos, el miedo fue general porque “cualquiera podía ligar”, y que Guzmán insultaba al dueño al momento del disparo. Según su testimonio, “si alguien se movía, él iba a disparar”.

También afirmó que Guzmán tenía un trato difícil y que solía decirle “trolo y cosas homofóbicas” a la víctima.

De acuerdo a los testigos, el clima de tensión en la peluquería venía de tiempo atrás, principalmente por el uso de formol, una sustancia prohibida que Guzmán seguía utilizando para trabajos de alisado a pesar de los reclamos del equipo y del dueño.

La madre y la hermana de Medina también declararon sobre esta situación. La primera contó que su hijo le comentó que algunas clientas se quejaban por el olor a formol y que una mujer en tratamiento de quimioterapia tuvo que irse porque no soportaba el ambiente.

A su turno, la hermana mencionó lo mismo y agregó que Medina le advirtió a sus jefes sobre el uso de esa sustancia.

Además de los familiares y el personal de la peluquería, la defensa presentó como testigo a un amigo de la infancia de Guzmán.

La acusación -representada en el juicio por la fiscal general Ana Helena Díaz Cano y el auxiliar fiscal Nicolás Tecchi- imputó a Guzmán por “homicidio agravado por alevosía” y también por “privación ilegítima de la libertad agravada”, ya que mantuvo encerrados a Medina y a otros cuatro empleados antes del disparo.

El juicio comenzó la semana pasada. En la primera audiencia, Guzmán confesó ante los jueces: “Me cegué, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”.

Durante su declaración, insistió en que el conflicto laboral y económico con el dueño de la peluquería fue determinante.

En esa línea, sostuvo que reclamaba una indemnización de más de 55 millones de pesos, cifra que nunca logró acordar, además de los roces previos por el uso de formol en tratamientos capilares.

“El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada”, sostuvo el acusado. En esa línea, relató que esperaba discutir su situación laboral esa tarde y que, al escuchar que sería despedido, perdió el control.

Después del crimen, Guzmán escapó por una ventana y permaneció prófugo más de dos meses hasta que fue arrestado en Paso del Rey.

El acusado no lo dijo, pero fuentes del caso indicaron a Infobae que contaba con algunos contactos en la barra brava de Merlo que le habrían permitido ocultarse hasta que lo atraparon.

El proceso judicial contra 22 ranfleros identificados como los máximos líderes históricos de la MS-13 ha expuesto el alcance de la violencia que operó bajo sus órdenes. Los fiscales han presentado los primeros testimonios que los implican en más de 9,000 hechos criminales, entre ellos la muerte de numerosos agentes de policía y la orden de ejecutar asesinatos masivos en marzo de 2022.

Durante la audiencia, el tribunal escuchó cómo los líderes pandilleros, mediante lo que denominaban “válvulas abiertas”, autorizaban homicidios de rivales, policías, militares y civiles que se oponían a sus exigencias. Estos testimonios, junto con 13 declaraciones anticipadas recopiladas por la Fiscalía, buscan demostrar la estructura y métodos de la organización delictiva, así como los territorios bajo su control.

Las acusaciones incluyen la responsabilidad directa en la muerte de 80 policías y la orden de asesinar a 86 personas en una sola semana. Los hechos ocurrieron durante la última semana de marzo de 2022, cuando los cabecillas instruyeron a sus subordinados a ejecutar ataques sin restricciones, según lo relatado en las declaraciones presentadas.

Entre los crímenes destacados figura el doble homicidio de dos soldados hermanos en Morazán en 2019, cometido bajo órdenes explícitas de los cabecillas, y un ataque con granada perpetrado en el Centro Penal de Ciudad Barrios el 27 de marzo de 2017, captado en una intervención telefónica. También se atribuye a estos líderes el asesinato de un fiscal jefe de la Unidad de Vida de la Oficina Fiscal de Usulután, ocurrido el 7 de marzo de 2015.

Audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13 en San Salvador

La presentación de estos testimonios forma parte de una audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes la Fiscalía les atribuye más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. En esta instancia, el tribunal busca esclarecer el funcionamiento interno, la estructura jerárquica y la cadena de mando de la organización criminal, así como los territorios bajo su control y la manera en que operaban para ejecutar los crímenes.

El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, identificó a los principales cabecillas procesados por ordenar múltiples crímenes graves. La lista incluye:

• Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias diablito de Hollywood
• Carlos Alberto Valdez Herrera, alias kid de santos de criminal gánster
• Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias snayder o tibi de Pasadena
• César Antonio López Larios, alias greñas de stoner u oso
• Dany Fredy Ramos Mejía, alias cisco de teclas
• Eduardo Erazo Nolasco, alias colocho o mustage de wester
• Fernando Flores Cubas, alias cola o colo de wester
• Efraín Cortez, alias tigre, chivo o el viejo de park view
• Helmer Canales Rivera, alias croock de Hollywood
• José Luis Mendoza, alias viejo pavas de seven eleven
• Julio César Melgar Hernández, alias power de teclas
• Leonel Alexander González Leonardo, alias necio de san cocos
• Mario Ernesto Avelar Franco, alias diabólico, alias diablo o neto cabra de quezaltecos
• Rigoberto Ely Martínez Mendoza, alias tun tun
• Fredy Iván Jandres Parada, alias lacky o laky de parview o blacky
• Hugo Armando Hernández Quinteros, alias flaco de francis
• Rubén Antonio Rosa, alias chivo de centrales
• Jorge Alberto Eduardo Chacón, alias cokio koki de leedwards
• Carlos Geovany Coreas Mendoza
• Oscar Leonel Jovel Martínez, alias sapo o ministerio de Zaragoza
• Edson Zachary Eufemia Escobar, alias speedy, spiry o spyry de park view locos

La Fiscalía y el despliegue de pruebas

La Fiscalía busca demostrar el funcionamiento interno de la MS-13, su capacidad de coordinación y el impacto de sus acciones sobre la sociedad salvadoreña y los cuerpos de seguridad. Los delitos atribuidos a estos líderes incluyen homicidios, desapariciones, agrupaciones ilícitas, rebelión y extorsión.

En los próximos días, el proceso judicial continuará con la presentación de nuevas pruebas testificales, periciales y documentales ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en San Salvador. El objetivo final es lograr justicia para las víctimas de la violencia pandilleril y sentar un precedente en la lucha institucional contra estas estructuras criminales.

La Justicia de Misiones comenzó a juzgar a Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien está acusado por homicidio y abuso sexual. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el acusado habría invitado a cenar a la pareja y luego habría cometido los crímenes.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de su amigo Bruno Méndez y el abuso sexual de la pareja de la víctima, hechos que sacudieron a la comunidad en abril de 2022.

El proceso se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal Penal Uno de Eldorado. Tras dos postergaciones y un clima de tensión creciente, la audiencia comenzó a primeras horas de la mañana con la lectura de la elevación a juicio y la presentación de los primeros testigos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, la defensa de Ferreira, encabezada por Jorge Hierro, intentó sin éxito anular parte de la instrucción llevada adelante por el juez Martín Brites, pero el tribunal presidido por Atilio León rechazó el planteo. De este modo, quedó firme la acusación por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real, en relación con los hechos ocurridos el 4 de abril de 2022.

Según la instrucción, Bruno Méndez, su pareja —de 18 años— y el hijo de ella llegaron durante la madrugada a una vivienda del barrio Villa Alta. Allí, tras compartir bebidas alcohólicas, se originó una pelea entre Méndez y Ferreira que terminó con un ataque brutal al hombre.

Luego, mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven durante varias horas. La investigación sostiene que, tras el ataque, Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la mujer logró escapar con su hijo y pedir auxilio a un vecino, lo que permitió la intervención policial.

La jornada inaugural del debate oral estuvo marcada por la declaración de los dos primeros testigos. La primera en declarar fue la víctima de abuso sexual. Solicitó hacerlo en ausencia del imputado, pedido que fue inicialmente cuestionado por Ferreira. Finalmente, el acusado fue retirado de la sala y siguió la audiencia desde una sala contigua, a instancias de su defensor. El testimonio de la mujer fue extenso y detalló las horas de terror vividas tras el ataque fatal a su pareja.

El segundo testigo de la jornada fue el vecino que asistió a la joven y a su hijo en el momento del escape. El hombre relató ante el tribunal cómo desarmó parte de un muro de chapas para facilitar la huida, tras escuchar el desesperado pedido de auxilio. Este testimonio resultó clave para reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre la secuencia de hechos y la reacción inmediata de algunos vecinos ante el suceso.

La defensa de Ferreira, por su parte, insistió en impugnar la acusación de abuso sexual, sosteniendo que la relación habría sido consentida, posición que fue desestimada por el tribunal en esta primera instancia. Luego de la lectura de la elevación a juicio, Ferreira optó por ejercer su derecho a no declarar, reservándose la posibilidad de hacerlo en otra etapa del proceso.

En línea con el expediente, la Fiscalía sostiene que Jonathan Nazareno Ferreira actuó con violencia extrema y que el ataque sexual se produjo mientras la víctima fatal agonizaba.

El tribunal hizo hincapié en la gravedad de los hechos y en la protección de la intimidad de la víctima, motivo por el cual el juicio se lleva adelante a puertas cerradas. En la primera jornada también se destacó la intervención del juez Atilio León, quien debió mediar en varios pedidos de la defensa y garantizar el cumplimiento de los protocolos para casos de violencia sexual.

El juicio continuará hoy con la declaración de tres nuevos testigos: uno de los hermanos de la víctima y dos vecinos de Ferreira. Se espera que estos testimonios permitan reconstruir en detalle el contexto previo y posterior al crimen, así como aspectos de la vida cotidiana y el entorno social de los involucrados.

La absolución de Juan Ignacio Buzali, ex pareja de Carolina Píparo, marcó el cierre de uno de los expedientes judiciales más resonantes de los últimos años en La Plata. La decisión fue adoptada este lunes por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de esa ciudad y puso fin al proceso iniciado tras el violento episodio ocurrido la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando dos jóvenes motociclistas fueron atropellados por el automóvil que conducía Buzali, quien viajaba acompañado por su entonces esposa.

Al inicio del debate, la Fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión para Buzali, mientras que la querella reclamó una pena de ocho. Sin embargo, los jueces consideraron que no existió tentativa de homicidio y recalificaron el hecho como lesiones leves imprudentes, un delito que, al momento de dictarse la sentencia, se encontraba prescripto.

El caso tuvo amplia repercusión pública desde sus inicios, tanto por la gravedad de los hechos como por el perfil de los protagonistas. Aquel día, Píparo —ex diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y actual directora del Banco de la Nación Argentina— fue víctima de un robo a mano armada instantes antes del incidente y, junto a Buzali, denunció haber confundido a los motociclistas con los supuestos autores del asalto.

El proceso penal se extendió por más de cinco años, con múltiples instancias probatorias y cambios en la situación procesal del acusado: Buzali estuvo detenido con prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario, hasta que su defensa logró primero la morigeración de las condiciones de detención y, más tarde, la excarcelación. Así llegó al debate el 3 de marzo pasado.

La sentencia dictada este lunes 20 de abril de 2026 estableció, por unanimidad, que la acusación de tentativa de homicidio no pudo ser probada en el juicio. El tribunal determinó que las pruebas reunidas reflejaban una secuencia confusa, plagada de contradicciones entre los testigos y que los elementos técnicos descartaban que existiera un riesgo típico de muerte o una intención homicida por parte de Buzali.

De este modo, la causa fue recalificada y el ex de Píparo absuelto en forma total y definitiva al haberse extinguido la acción penal por el paso del tiempo.

Infobae accedió a la resolución de 69 páginas. Según surge de la misma, el hecho se produjo alrededor de las 03.05 del 1° de enero de 2021 sobre la calle 21 entre 39 y 40 de La Plata, cuando Buzali, a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco, embistió la parte trasera de una moto Honda XR250 conducida por Luis Lavalle, acompañado por Iván Coronel. Ambos resultaron heridos, mientras que la motocicleta quedó enganchada bajo el coche y fue arrastrada varios metros. El conductor se alejó del lugar y solo detuvo la marcha tras ser interceptado por la policía en Plaza Moreno, luego de una breve persecución.

El hecho había sido calificado inicialmente como tentativa de homicidio, bajo la hipótesis de que Buzali persiguió y arrolló a los motociclistas con la intención de matarlos. Sin embargo, la defensa sostuvo desde el primer momento que se trató de una maniobra imprudente en un contexto de confusión, miedo y tensión, luego del robo que la pareja había sufrido minutos antes.

En esa línea, el debate judicial giró en torno al aspecto subjetivo de la conducta, es decir, si existió dolo homicida o si fue una acción negligente sin voluntad de causar la muerte.

A lo largo del juicio declararon veintiocho testigos, entre víctimas, amigos, testigos presenciales, peritos y policías. Las declaraciones de las partes involucradas presentaron contradicciones respecto de la ubicación de los vehículos en la calzada, el orden de la caravana de motos, la velocidad y los movimientos previos al choque. Las versiones de las víctimas diferían entre sí, así como respecto de otros participantes del grupo de motociclistas. Algunos señalaron que había espacio para que el auto pasara, otros lo negaron. Las ubicaciones aportadas no coincidían, y tampoco fue posible determinar con precisión el lugar exacto del impacto.

El tribunal destacó que estas contradicciones e inconsistencias impidieron alcanzar el estándar de prueba necesario para una condena penal por tentativa de homicidio. La jueza Cecilia Inés Sanucci y la jueza Silvia Hoerr adhirieron a los fundamentos expuestos por el juez Ramiro Fernández Lorenzo, quien analizó en detalle los testimonios y la prueba pericial, concluyendo que no era posible reconstruir de manera inequívoca la mecánica del accidente.

Uno de los elementos centrales de la absolución fue el informe accidentológico elaborado por peritos oficiales y de parte. Dicho estudio determinó que el impacto se produjo a baja velocidad, con el automóvil circulando a cerca de 48 km/h y las motos a unos 30 km/h. El análisis técnico descartó daños estructurales graves en los vehículos y estableció que el sistema de frenado automático del Fiat se activó de modo tardío, posiblemente por un cambio abrupto de carril de la motocicleta. Los peritos coincidieron en que el choque fue una colisión por alcance y que las lesiones sufridas por Lavalle y Coronel fueron leves, con pronóstico de recuperación menor a un mes.

El tribunal también consideró relevante el contexto previo al accidente. No estaba en discusión que Buzali y Píparo habían sido víctimas de un robo con armas de fuego poco antes y que, tras el hecho, salieron hacia la comisaría a realizar la denuncia. En ese trayecto, Píparo identificó a un motociclista con una campera turquesa, similar a la que llevaba uno de los asaltantes. La pareja comenzó a seguir a las motos creyendo que eran los autores del robo y, durante el recorrido, realizaron llamadas al 911 para solicitar la presencia policial. Este dato fue considerado por los jueces como un indicio fuerte de que no existía intención homicida en la conducta del imputado.

El fallo subraya que “resulta ilógico y hasta contraintuitivo pensar que alguien que está decidido a cometer un delito alerte a los encargados de prevenir y mantener el orden de que está persiguiendo a quien tiene como propósito matar”. La sentencia indica que la hipótesis de la defensa, según la cual el accidente fue consecuencia de una maniobra imprudente motivada por una creencia errónea y plausible, no fue refutada por la acusación. Los jueces destacaron que Buzali y Píparo creyeron que los motociclistas eran los asaltantes y que intentaron escapar al sentirse “encerrados”, lo que derivó en la colisión.

En cuanto a la calificación legal, el tribunal descartó la tentativa de homicidio y analizó si correspondía atribuir un delito menor, como lesiones leves dolosas o imprudentes. Sin embargo, en ambos casos la acción penal se encontraba prescripta por el paso del tiempo, ya que el último acto interruptivo fue la citación a juicio del 4 de abril de 2022. Dado que no existían antecedentes condenatorios y que el plazo legal había transcurrido, se dispuso la absolución total y definitivo de Buzali.

La resolución también ordenó la devolución de los vehículos secuestrados a sus propietarios.

Luego de conocer la noticia del fallo judicial, Carolina Píparo compartió un mensaje desde su cuenta oficial de X: “Hoy por fin fuiste sobreseído. Te las bancaste todas y más. Cinco años esperando justicia. Hicieron un circo de un accidente menor, y muchos acompañaron con una carnicería sobre nuestra vida y nuestra familia. Pero hoy toca quedarse con lo bueno: un tribunal que escuchó y analizó objetivamente una causa que nunca tuvo pies ni cabeza”, escribió.

Y siguió: “Gracias a nuestras familias y amigos que son nuestro pilar, a algunos políticos y periodistas que marcaron la diferencia, sin distinción de ideología, en aquel momento y a esta red donde hubo muchísimos pidiendo un manto de sentido común allá por enero de 2021 frente a tantas mentiras y a tamaño show, lo valoro. Tu fortaleza y tu templanza frente a tantas injusticias sufridas son el ejemplo y el orgullo de nuestros hijos. Con vos ayer, hoy y siempre, Juan”, concluyó.

Un profesor de plástica de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, enfrentará un juicio penal tras ser acusado de abuso sexual en perjuicio de once alumnas de una escuela primaria local.

Durante la audiencia realizada ayer lunes, la Fiscalía de Río Negro expuso los hechos y detalló la calificación legal que pesa sobre el imputado. Según el relato del Ministerio Público Fiscal, el docente habría aprovechado su posición y la asimetría de poder inherente a su rol para perpetrar los hechos entre 2023 y 2024. La acusación sostiene que el hombre sentaba a las niñas en su falda y concretaba tocamientos durante el dictado de las clases de plástica, episodios que habrían ocurrido de manera reiterada dentro del establecimiento educativo.

Hoy, las miradas están puestas en la continuidad de la audiencia, donde se espera la incorporación de nuevos elementos de prueba y el testimonio de testigos clave. La expectativa de los familiares y la comunidad escolar es alta, ya que el caso no solo expone la vulnerabilidad de las infancias, sino que también pone a prueba los mecanismos institucionales de protección y respuesta frente a situaciones de violencia sexual en el ámbito educativo.

Por la gravedad, la reiteración de los hechos y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta como abuso sexual simple agravado, en concurso real y en calidad de autor, por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la educación de las menores.

De acuerdo con lo informado por el medio local Diario Río Negro, la escala penal prevista para este tipo de delito, según indicaron los representantes del Ministerio Público y los abogados querellantes, va de tres a doce años de prisión efectiva. Los padres y madres de las víctimas, representados por abogados particulares, adhirieron íntegramente a la acusación fiscal y a la pretensión de pena.

Antes del inicio formal de la audiencia, se barajó la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado que contaba con el aval de las familias de las víctimas. Este mecanismo habría evitado el juicio oral y público, permitiendo una resolución más rápida y menos revictimizante para las niñas involucradas. Sin embargo, el imputado rechazó el acuerdo y decidió someterse al trámite ordinario, lo que derivará en la realización de un juicio oral con participación de testigos, peritos y la exhibición de pruebas.

Fuentes cercanas a la causa señalaron que la negativa a aceptar el procedimiento abreviado prolonga la exposición y el impacto emocional para las víctimas y sus familias. La audiencia, realizada vía Zoom por cuestiones de seguridad y resguardo, contó con la presencia virtual de los padres y madres de las víctimas, quienes manifestaron su acompañamiento a la acusación y su expectativa de justicia.

Uno de los puntos más relevantes del debate judicial fue la discusión sobre la situación de libertad del imputado. A pedido de la Fiscalía y los representantes legales de las familias, el juez interviniente resolvió prorrogar la prisión preventiva por dos meses más.

La decisión garantiza que el acusado permanecerá detenido hasta tanto se celebre el juicio oral, evitando así eventuales riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación. Durante la audiencia de hoy, está previsto que se incorporen pruebas documentales, informes periciales, declaraciones de testigos y registros de cámaras Gesell, además del listado de evidencias que se producirán durante el juicio definitivo.

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, se declaró no culpable este lunes 20 de abril durante su comparecencia inicial ante un tribunal de Los Ángeles, donde enfrenta cargos de asesinato en relación con la muerte de una adolescente de 14 años.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó formalmente cargos de asesinato contra el rapero, de 21 años, por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El cuerpo de la menor fue hallado en septiembre de 2025 dentro del maletero de un vehículo Tesla incautado y registrado a nombre del artista, en un depósito de Hollywood.

Durante la audiencia celebrada en el Foltz Criminal Justice Center, la jueza Theresa McGonigle negó la libertad bajo fianza solicitada por la defensa del acusado.

Al mismo tiempo, el tribunal autorizó la petición de los abogados defensores para realizar una audiencia preliminar el 23 de abril, en la que se revisarán elementos iniciales del caso.

D4vd fue detenido el 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. De acuerdo con el reporte oficial, el cantante se entregó sin incidentes durante el operativo.

Tras su arresto, su equipo legal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que las pruebas presentadas no demostrarían su responsabilidad en la muerte de la menor.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, señaló en declaraciones públicas que el acusado habría cometido abusos sexuales reiterados contra la víctima antes de su muerte.

También afirmó que la menor fue vista por última vez en la residencia del cantante en abril de 2025 y que posteriormente no se tuvo contacto con ella. Según la acusación, el homicidio habría tenido como objetivo evitar implicaciones legales en investigaciones abiertas y preservar la carrera musical del acusado.

Las autoridades añadieron que el caso involucra la presunta eliminación de una testigo en el marco de una investigación previa por abuso sexual. Estas afirmaciones forman parte de la presentación inicial de la fiscalía y deberán ser evaluadas en las etapas judiciales correspondientes.

El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando agentes respondieron a reportes de un olor fétido procedente de un vehículo en un depósito de incautación.

De acuerdo con documentos judiciales, los restos de la menor se encontraban en dos bolsas dentro del maletero. La fiscalía indicó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que había signos de desmembramiento.

La causa oficial de la muerte no ha sido divulgada, ya que un juez autorizó mantener sellado el informe de autopsia mientras continúa la investigación. Las autoridades también señalaron que el tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo complicó la preservación de evidencia forense.

El caso ha sido objeto de una investigación ampliada por parte de la Fiscalía del Condado, que reunió información mediante un gran jurado. De acuerdo con reportes locales, esta instancia fue convocada antes de la detención del artista para analizar evidencia adicional relacionada con la muerte de la menor.

Celeste Rivas Hernández había sido reportada como desaparecida en el condado de Riverside durante el verano de 2024. Según registros oficiales, la última vez que fue vista tenía 13 años y cumplió 15 mientras continuaba la búsqueda.

El equipo legal de Burke, integrado por los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, ha sostenido que su cliente no es responsable de la muerte de la menor.

De ser declarado culpable de los cargos presentados, el acusado podría enfrentar una pena de cadena perpetua o la pena capital, aunque la fiscalía ha indicado que aún no se ha determinado si solicitará la pena de muerte.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dará a conocer en las próximas horas el veredicto en el juicio contra Juan Ignacio Buzali -ex marido de Carolina Píparo- quien está acusado de tentativa de homicidio luego de atropellar a dos motociclistas, a quienes confundió con delincuentes en 2021.

El dictamen se conocerá a partir de las 11 en la sede judicial de la capital bonaerense, de acuerdo con lo indicado por el portal El Dia. El episodio que derivó en la imputación tuvo lugar en el barrio La Loma, durante la madrugada del 1° de enero de 2021. La actual directora del Banco Nación denunció en aquel entonces haber sido víctima de un robo cuando descendía de su vehículo en la calle 47, junto a su esposo, para dejar a su padre después del festejo de Año Nuevo.

Según su declaración, un grupo de individuos que circulaban armados en moto la atacaron y le sustrajeron la cartera. Ante lo sucedido la pareja se dirigió a realizar la denuncia, pero en el camino creyeron identificar a los supuestos asaltantes circulando por la zona, por lo que decidieron seguirlos a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco.

La persecución culminó en la intersección de las calles 21 y 40, donde Buzali embistió desde atrás a una moto en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, de acuerdo con lo detallado en la causa. Ambos cayeron al pavimento y resultaron heridos. En el transcurso del juicio, el cual comenzó el 3 de marzo pasado, Buzali sostuvo de manera reiterada que no actuó con intención de provocar daño y calificó el hecho como un “infortunio”. En sus últimas palabras ante el tribunal integrado por Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, se disculpó: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”.

Durante las instancias finales del proceso, expusieron sus alegatos los representantes de las partes. El fiscal Juan Pablo Caniggia solicitó una condena de seis años de prisión efectiva por considerar a Buzali autor del delito de doble tentativa de homicidio. Por su parte, el abogado de uno de los damnificados Martín Miguel De Vargas, requirió una pena de ocho años de cárcel. En tanto, la defensa de Buzali reclamó la absolución, argumentando que el hecho careció de intencionalidad y que su defendido no buscó causar daño a las víctimas.

En 2021, el acusado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Según consta en un documento de 17 páginas al que accedió Infobae en ese entonces, la jueza basó su determinación en que Buzali logró fijar residencia, la cual fue considerada adecuada tras la evaluación socioambiental, y en que la etapa de instrucción se encontraba prácticamente concluida, lo que impedía que pudiera obstaculizar la investigación.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo adhirió a la medida de prisión domiciliaria, luego de solicitar una nueva pericia psicológica y que el imputado precisara su domicilio: “Finalmente, entiendo que una vez esclarecida la situación domiciliaria del imputado este Ministerio Público no encuentra óbice (impedimento) a que sea otorgada la morigeración requerida”.

La jueza Garmendia también consideró el informe psiquiátrico realizado a Buzali para concederle el beneficio. En ese escrito, la experta señaló que el acusado no presentaba ninguna patología psiquiátrica: “Sus funciones intelectuales básicas y superiores se hallan conservadas en la actualidad, no presentando las mismas ningún signo ni síntoma asociado a una enfermedad mental. No aparece durante su discurso ideación de daño y perjuicio para sí ni para terceros, no existiendo peligrosidad psiquiátrica alguna. No se ponen en evidencia en la entrevista ni en sus antecedentes estigmas de impulsividad ni fallas en el control de los impulsos”.

Un tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos asociados a la Argentina hasta la próxima audiencia programada, en el contexto del litigio por los bonos Cupón PBI, los títulos atados al crecimiento económico del país.

“Corte londinense ordena al Lloyds Bank congelar todo activo soberano perteneciente a la República Argentina hasta que se celebre una audiencia prevista para el próximo 21 de Abril. Está orden está relacionada con el fallo de los Cupón PBI en Euros por cerca de USD 1.800 millones”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del producto bruto durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010. La Justicia londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

Se trata de una causa que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales para el país, según detalló Maril. Hasta ahora, el proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado.

En febrero pasado, se había presentado en una corte del Distrito de Columbia, EEUU, un pedido de desestimación del proceso de reconocimiento del fallo desfavorable, a fin de intentar evitar el pago.

En ese entonces, desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa del país, manifestaron: “Argentina continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia, defendiendo con solidez su posición jurídica y haciendo valer los límites que establece la legislación estadounidense sobre inmunidad soberana”.

Días después, la Justicia británica ordenó al Gobierno argentino presentar documentación financiera y contractual vinculada a activos fuera del país. La resolución del tribunal de Londres exigió detallar acuerdos celebrados con compañías petroleras internacionales, firmas del sector energético y la existencia de cuentas bancarias en el exterior. Esta medida formó parte del proceso de discovery, el cual busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.

El año pasado el FMI publicó un informe en el que aludió a conversaciones entre Argentina y sus acreedores, aunque los beneficiarios del fallo desmintieron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes señalaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”.

La deuda pendiente proviene del cupón vinculado al PBI, un instrumento diseñado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 bajo la conducción de Roberto Lavagna. Este mecanismo contemplaba pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino interrumpió los pagos en 2011, tras no alcanzarse ese nivel de crecimiento.

Los acreedores sostienen que el país “se niega a cooperar con las medidas dispuestas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco paga los intereses diarios acumulados. También señalan que consideran necesario que Argentina regularice sus atrasos externos, en particular los relacionados con emisiones de deuda previas, antes de buscar un retorno a los mercados internacionales de capital.

La resolución del Tribunal Superior de Londres se basó en la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, habría alterado los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó la metodología para calcular el PBI y reportó un crecimiento de 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esta modificación derivó en la demanda presentada por los fondos internacionales.

Con el nuevo método, el Indec informó un crecimiento inferior al umbral de 3,22% requerido para activar el pago de esos warrants. Según la base anterior de 1993, el PBI habría registrado un aumento de 4,9%.

“¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, escribió Stefanía Belén Troncoso. Su comentario era uno de los tantos que había en la noticia que anticipaba la visita presidencial del entonces mandatario Mauricio Macri en el muro del medio local Elonce.com. Este viernes 17 se realizará el juicio en su contra. Enfrentará una pena de entre 2 y 6 años.

Macri arribó por 13ª vez a Entre Ríos el 17 de julio de 2019. Ese día participó de la inauguración de maquinarias en un frigorífico cercano a la capital de la provincia Paraná. El contexto era poco favorable. Había caída de reservas internacionales, el riesgo país trepaba a 900 puntos, la inflación interanual acumulaba una suba del 54,4 % y el peso se había devaluado un 10 % desde marzo.

En ese contexto llegaría a las primarias de agosto acompañado de Miguel Ángel Pichetto como vice en la fórmula. Enfrente estarían quienes luego ganarían los comicios, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras el entonces mandatario recorría las instalaciones de la nueva línea de faenado, dos personas llamaron al 0800 del Ministerio de Seguridad y advirtieron del posteo de Troncoso.

El caso se derivó a la Policía Federal. La fuerza conducida por Néstor Roncaglia (hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos) radicó la denuncia en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. El magistrado, por una cuestión de competencia territorial, derivó las actuaciones a su par de Paraná, Leandro Ríos.

Troncoso es una mujer joven. Su padre era miembro de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). El comentario que formuló quedó encuadrado en los lineamientos que había fijado la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de tolerancia cero.

A raíz del episodio de un muchacho que posteó en Twitter una foto con balas y el nombre del presidente, la actual senadora había manifestado: “La política del Gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.

“Avanzamos con los departamentos de cibercrimen y con las denuncias a la línea 0800 del ministerio. Cuando esto ocurre, inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados”, sentenció en la oportunidad.

Cómo continuó el caso

Cuando el expediente llegó a Paraná, pasó al fiscal Carlos García Escalada. El funcionario calificó de “grave” el incidente y solicitó la indagatoria de la mujer. Esta primera declaración se realizó el 3 de agosto de 2020 y la acusada prefirió guardar silencio. El juez Ríos resolvió procesarla el 14 de diciembre de ese año.

La defensa apeló la determinación, pero la Cámara de Apelaciones de Paraná ratificó lo decidido por el magistrado el 29 de abril de 2021. Durante la instrucción se produjeron una serie de pruebas que incrementaron el grosor del expediente.

Las fojas se fueron sumando con informes de empresas de telecomunicaciones, declaraciones testimoniales, informes de antecedentes penales e incluso un socio ambiental de Troncoso.

La acusada, en medio de la investigación, pidió declarar. En esa exposición confirmó que la cuenta desde la que se produjo la amenaza era de ella. Pero alegó que se la habían hackeado. Su defensa no presentó ningún elemento material para fundar el planteo.

Fue la Fiscalía la que pidió un peritaje de la cuenta. No se encontraron indicios que permitan sostener el argumento defensivo.

Troncoso está siendo representada por la Defensa Pública. Sus letrados pidieron el lunes el sobreseimiento por vulneración del plazo razonable. El fiscal José Ignacio Candioti se opuso y el juez que intervendrá en el juicio, Sebastián Gallino, rechazó el planteo. Horas antes de que se produzca la audiencia, la Defensa interpuso un pedido de probation. Será analizado a las 11 hs del viernes. Si hay acuerdo, se dispondrán medidas alternativas. De lo contrario, comenzará el juicio.

Los antecedentes marcan que la Justicia Federal no condenó a quienes realizaron amenazas a través de redes sociales contra Macri. En abril de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi absolvió a un grupo de tuiteros. El magistrado consideró que los posteos fueron “meras expresiones sin ningún tipo de finalidad delictiva”.

Además, evaluó que formaron parte de “un repudio contra ciertas políticas que se llevan a cabo desde el Estado Nacional”. En esa línea, sopesó que se hicieron “sin la intencionalidad de provocar temor público, tumultos o desórdenes, y menos aún de lastimar o poner en riesgo la integridad física del presidente de la Nación”.

En el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un barrio privado de Salta, declaró la hermana de la víctima, quien relató el calvario que vivió la mujer los días previos al crimen: golpes, conductas humillantes y un teléfono roto. Según contó, en una oportunidad, José Eduardo Figueroa, el imputado, intentó ahorcarla.

Esta declaración fue clave para que el tribunal pueda concoer detalles íntimos de la vida de la pareja y el contexto previo al hecho investigado. El testimonio reveló el grado de temor y sufrimiento que atravesó la víctima en los meses previos.

De acuedo a lo informado por la web de los fiscales, la mujer relató relató ante el tribunal que la relación de pareja había pasado por diversas crisis, pero que en el último tiempo las situaciones de conflicto se habían agravado, generando un clima de temor constante. En ese sentido, aseguró que la víctima ya había decidido ponerle fin a la convivencia, y que ese proceso estaba siendo discutido entre ambos.

En su declaración, la testigo describió conductas humillantes ejercidas por el acusado, mencionando episodios en los que le arrojó agua en la cabeza y salsa de soja en la cara a Mercedes. Incluso, expuso que, en una ocasión, Figueroa rompió el teléfono de su esposa al intentar revisarlo y la ahorcó.

También hizo referencia a situaciones que involucraron a los hijos menores de la pareja, confirmando que, en los últimos días, la víctima manifestaba un temor creciente ante la conducta de su esposo, quien había llegado al extremo de seguirla en vehículo. Estas situaciones se repitieron por meses.

Durante la misma audiencia realizada, dos psicólogos del Poder Judicial presentaron un informe sobre el estado mental de José Eduardo Figueroa. Según sus conclusiones, el imputado es una persona en pleno uso de sus facultades, muestra capacidad reflexiva y ejerce un intenso control sobre sus emociones. Los especialistas señalaron que tiende a negar y evitar situaciones problemáticas, lo que le provoca tensión interna.

El abordaje profesional permitió inferir que, ante determinadas circunstancias que alteran su vida emocional, Figueroa puede presentar comportamientos impulsivos y agresivos. Este diagnóstico fue incorporado como elemento relevante para comprender el perfil de riesgo y la posibilidad de conductas violentas en el contexto de la relación de pareja.

También, brindaron testimonios dos trabajadoras sociales, que indicaron que la familia dependía económicamente del acusado, aunque las decisiones sobre la administración del hogar eran tomadas en conjunto.

Los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans ordenaron un cuarto intermedio hasta hoy jueves 16, momento en que continuará la presentación de pruebas y testimonios. La continuación de la ronda de testigos permitirá profundizar en el contexto familiar, social y emocional que rodeó los hechos, así como avanzar en la definición de las responsabilidades penales.

En la jronada anterior, un médico forense reveló que la víctima agonizó entre 3 y 5 minutos tras sufrir asfixia mecánica mixta, producto de una combinación de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

El profesional detalló que la autopsia evidenció múltiples lesiones y sostuvo que los hallazgos científicos no respaldan la versión del acusado.

Sin embargo, uno de los testimonios más resonantes fue el de la mujer que encontró el cuerpo de Mercedes. Se trata de María Mercedes Ibarra, cercana a la familia, quien participó de la búsqueda de la pareja.

Ella observó el vehículo en donde fue encontrado el cuerpo y se acercó. Una vez allí, observó que los vidrios estaban empañados y, al mirar por la ventana, vio a Figueroa sentado al volante, inclinado hacia el asiento del acompañante.

La mujer pensó que estaba muerto, por lo que gritó a Agustina Rodríguez Ibarra —su hija— que se aproximara, temiendo que “Jota” hubiese matado a Mercedes. Mientras intentaba contener a María Jiménez, madre de la víctima, para evitar que se acercara al vehículo, Agustina advirtió que el acusado aún tenía signos vitales y “parpadeaba”.

Ibarra pudo ver el cuerpo de Kvedaras estaba parcialmente cubierto, con una pierna descubierta y el resto envuelto en una toalla y un buzo, “como si alguien la hubiera cargado y puesto ahí”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que negar a las víctimas el derecho a impugnar sentencias en procesos contra adolescentes viola la igualdad procesal y el acceso a un recurso efectivo.

La sentencia deriva de un caso en Yucatán donde una persona menor de edad fue absuelta de secuestro agravado y la víctima quedó impedida legalmente de buscar la revisión del fallo, situación que la SCJN considera contraria a la Constitución Mexicana y la Convención Americana, según la información oficial difundida este 15 de abril.

Pleno de la SCJN garantiza igualdad procesal en justicia para adolescentes

La SCJN estableció que, aunque el sistema penal para adolescentes admite reglas particulares, estas no pueden diseñarse de manera que priven a la víctima de mecanismos efectivos para cuestionar decisiones que la afectan, sobre todo cuando existen dudas sobre la valoración de pruebas o posibles violaciones al debido proceso. Este criterio queda asentado en la resolución del Amparo Directo en Revisión 3799/2025, discutido y aprobado en sesión de Pleno.

Al analizar la causa, el Pleno sostuvo que la Ley de Justicia para Adolescentes de Yucatán —abrogada actualmente— imponía una restricción absoluta al impedir recurrir la sentencia emitida en un nuevo juicio, salvo cuando era a favor del adolescente acusado.

Esto generaba, de acuerdo con el Máximo Tribunal, una desigualdad injustificada, ya que negaba a la víctima el acceso a un recurso funcional comparable al que sí garantizaba al imputado.

Tribunal federal declara inconstitucionalidad y refuerza derechos de víctimas

El origen del caso se sitúa en Mérida, Yucatán, donde una persona de 17 años fue absuelto por secuestro agravado. La víctima solicitó la revisión mediante recurso de casación ante el tribunal superior, pero le fue negada sobre la base del artículo 454 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Yucatán.

La persona ofendida promovió un amparo directo y el tribunal colegiado falló a su favor. El tribunal consideró que la norma impedía la revisión del fallo por un órgano superior y por tanto afectaba el derecho de la víctima a un recurso efectivo, estableciendo una diferencia de trato injustificada respecto a la persona adolescente.

El Pleno de la SCJN determinó que tal distinción no respeta el principio de igualdad procesal entre víctima y acusado. En su resolución afirma: “La combinación de una regla de improcedencia absoluta y una excepción solo a favor de la persona adolescente rompe la igualdad procesal, porque privilegia unilateralmente su posición sin ofrecer a la víctima un mecanismo de revisión equiparable.”

La SCJN sostuvo que los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exigen que las víctimas tengan acceso a un recurso real y funcional frente a decisiones que niegan la justicia. El tribunal constitucional ratifica el criterio del tribunal colegiado y reitera la obligación de reforzar la protección de víctimas en el sistema penal juvenil.

“Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, expresó ante los jueces.

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024, cerca de las 20, en el local ubicado en Beruti al 3017. Ese día, la peluquería ya había cerrado al público y cuatro empleados, incluido el dueño Facundo Verdini, compartían una cerveza en el salón.

Según la reconstrucción del caso, Guzmán tomó un arma y amenazó a sus compañeros: “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”. A los pocos minutos, disparó y mató de un tiro en la cabeza a Germán Medina. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Este miércoles, Guzmán insistió en que el conflicto laboral y económico con el dueño de la peluquería fue determinante.

En esa línea, sostuvo que reclamaba una indemnización de más de 55 millones de pesos, cifra que nunca logró acordar, y que existieron roces previos por el uso de formol en tratamientos capilares, una sustancia prohibida y rechazada por el equipo, según consta en el expediente.

“El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada”, sostuvo el acusado, que también declaró que su sueldo rondaba los 3 millones de pesos mensuales, lo que generó tensiones adicionales, de acuerdo a lo señalado en un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.

Las quejas, en especial de Medina y Verdini, quedaron registradas en el chat de trabajo en febrero de 2024. En esa discusión, Medina respaldó la decisión del dueño de prohibir el producto, lo que derivó en un cruce de mensajes con Guzmán.

En el juicio, el acusado aseguró que guardaba el arma en un locker de la peluquería porque temía ser víctima de robos; dijo que había sido asaltado dos veces a la salida del trabajo, aunque nunca realizó denuncias formales. También afirmó que sus compañeros desconocían que tenía un arma.

En relación al día del crimen, relató que esperaba discutir su situación laboral y que, tras escuchar que sería despedido, perdió el control y disparó.

“Me dijeron que íbamos a hablar de mi indemnización, pero después me dijeron que lo veíamos al día siguiente. En ese momento escuché que Medina le dijo a Verdini que me iban a echar, que ya tenían a otro empleado y que no iba a trabajar más. Me puse mal, no esperaba esa respuesta por los años que lo conozco. Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé. No medí las consecuencias”, declaró.

Después del ataque, Guzmán escapó por una ventana. Permaneció prófugo durante 70 días hasta que fue arrestado en una casa de Paso del Rey, en el conurbano bonaerense. La detención fue posible gracias a un testigo de identidad reservada que aportó la dirección a la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permitió que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo encontrara.

Desde entonces permanece bajo arresto en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, donde realiza tareas internas.

Durante el proceso judicial, las pericias psicológicas descartaron que Guzmán tuviera trastornos mentales o psicóticos. Los profesionales afirmaron que el imputado tiene conciencia de su situación procesal y el juicio de realidad conservado, por lo que es considerado totalmente imputable.

El propio Guzmán, en su declaración ante los jueces, pidió disculpas. “Les pido disculpas a todas las personas a las que hice daño, a la familia de Medina y a mis compañeros. Nadie se merece terminar de esa manera”.

También aseguró que abandonó la peluquería en estado de shock, desechó el arma y el celular y caminó sin rumbo, dominado por el miedo y la angustia.

El debate oral -en el que intervienen la fiscal general Ana Helena Díaz Cano y el auxiliar fiscal Nicolás Tecchi- continuará el martes que viene, cuando declararán testigos. La última audiencia está prevista para el 29 de abril.

Mientras que en Haití el juicio por el asesinato de Jovenel Moïse será reiniciado Tras las irregularidades registradas en el proceso, en Estados Unidos avanza otro caso en el que se juzgará el mismo hecho, registrado el 7 de julio de 2021.

En la última audiencia declaró el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, que en marzo de 2024 fue condenado a cadena perpetua en Haití.

Al respecto, Noticias Caracol reveló detalles de lo declarado por el exmilitar, que señaló la responsabilidad de James Solages en el crimen. Cabe recordar que el individuo mencionado fue el que le aseguró a los uniformados de Haití que el ataque contra el presidente era una operación de la CIA.

Aunque inicialmente alegó ser solo un intérprete contratado por internet para una orden de arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspirar para asesinar o secuestrar a Moïse.

Palacios aseguró que el plan era capturar al mandatario y el asesinato sería ejecutado por una pandilla de Haití; sin embargo, todo cambió cuando el grupo delincuencial no cumplió con lo pactado.

“Inicialmente, el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondían sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer”, declaró el colombiano.

Para convencer a los demás colombianos que participaron en el hecho, Palacios indicó que se les informó que se trataba de un operativo legal en el que capturarían a un presidente que ya no era legítimo y tenía acusaciones en su contra.

“Supuestamente, el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida, aceptamos la misión; quizás fallamos por ambición, porque nos prometieron 300.000 dólares a cada uno”.

El medio citado mencionó que el juicio contra cuatro procesados, entre ellos el empresario colombiano Arcángel Pretel, que reside en Estados Unidos, busca identificar quién dio la orden de asesinar al entonces presidente de Haití.

En el caso también colabora un empresario que aseguró haber pagado 150.000 dólares en sobornos para afectar el esquema de seguridad de Jovenel Moïse.

¿Cómo avanza el proceso en Haití?

El proceso judicial por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse volverá a comenzar en Haití después de que las autoridades judiciales declararon la nulidad del caso, debido a irregularidades en la orden de captura que motivó la acción del comando armado.

Han transcurrido casi cinco años desde el magnicidio en la residencia presidencial en Puerto Príncipe y aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos detenidos, señalados como principales implicados en el operativo.

Las investigaciones apuntan a que el grupo estaba integrado mayoritariamente por exmilitares colombianos contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Ellos argumentaron que su misión era ejecutar una detención basada en una orden firmada por un juez haitiano. Sin embargo, el juez Jean Roger Noelcius, cuya firma aparece en la orden de arresto, reconoció ante un tribunal en Miami que carecía de competencia legal para ordenar la detención de un presidente en funciones y que firmó el documento después del crimen. Además, admitió que actuó fuera de sus atribuciones y negó cualquier relación con el asesinato.

En Estados Unidos, el juicio por la conspiración avanza y se han presentado testimonios que sostienen la versión de los colombianos sobre la supuesta legitimidad de la orden de captura. Por otra parte, los abogados defensores han solicitado garantías procesales y el respeto de los derechos de los acusados, quienes permanecen recluidos en Haití en medio de denuncias de malos tratos y falta de apoyo consular.

El nuevo juicio en Haití incluirá el testimonio de Jorverneil Moise, hijo del presidente asesinado. La defensa de los señalados insiste en que sus clientes actuaron bajo la convicción de que la orden era legítima y que desconocían que el documento carecía de validez legal. Las autoridades haitianas han emitido nuevas órdenes de captura, incluyendo testigos clave, mientras el proceso continúa sin ofrecer una resolución definitiva para los colombianos implicados.

El gigante tecnológico Google acordó pagar 135 millones de dólares a raíz de una demanda colectiva que acusa a su sistema operativo Android de transferir datos móviles de usuarios sin su consentimiento, según informó CBS News.

El acuerdo, que podría impactar a cerca de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, excluye a los residentes de California, quienes ya habían sido incluidos en un arreglo previo, de acuerdo con fuentes judiciales y sitios especializados como ClassAction.org.

Quiénes pueden reclamar el pago y cómo es el proceso

De acuerdo con CBS News, el acuerdo cubre a personas que hayan utilizado dispositivos Android para conectarse a internet a través de red celular entre el 12 de noviembre de 2017 y la actualidad.

El sitio oficial del acuerdo, gestionado por la Corte de Distrito del Distrito Norte de California, detalla que los usuarios recibirán una notificación personalizada —por correo postal o electrónico— con un código de aviso y uno de confirmación, necesarios para ingresar su método de pago en el portal correspondiente.

Top Class Actions precisó que el monto a recibir dependerá del número final de reclamantes y de los descuentos aplicados por honorarios legales, impuestos y costos administrativos. El pago máximo por persona está fijado en 100 dólares, aunque la cifra real podría ser considerablemente menor.

Los usuarios que no consignen su información bancaria igualmente podrían recibir el pago si el administrador logra procesarlo por otros medios, aunque existe el riesgo de que el dinero no se transfiera, tal y como advirtió la administración del acuerdo y citó CBS News.

Detalles del acuerdo y exclusiones

El arreglo judicial excluye a los usuarios de California, estado que ya estaba contemplado en un acuerdo anterior por USD 314,6 millones en 2025. Según ClassAction.org, la demanda colectiva nacional involucra únicamente a personas fuera de ese estado.

Además, no se requiere realizar ninguna acción para recibir el pago, salvo que el usuario desee elegir un método de cobro o actualizar información de contacto.

El fondo de USD 135 millones afrontará deducciones importantes: hasta el 29,5% para honorarios legales, USD 1,5 millones para costos administrativos y premios de hasta USD 25.000 para los demandantes principales, según documentos oficiales citados por Top Class Actions.

Cambios y fechas clave tras la demanda

La demanda, presentada en 2020, alegó que Google recolectó datos de usuarios sin informarles, incluso cuando los dispositivos estaban inactivos y las aplicaciones cerradas, lo que generó un consumo involuntario de datos móviles.

El texto judicial sostiene que “Google obliga a estos usuarios a subsidiar su vigilancia al programar sus dispositivos Android para que transmitan información en tiempo real de forma secreta“, postura que Google rechaza en su totalidad, según recogió CBS News.

Tras el acuerdo, la compañía deberá modificar los términos de servicio de Google Play, su sistema de consentimientos y la configuración de uso de datos, además de aclarar qué información se transmite y en qué circunstancias, tal y como lo confirmaron fuentes judiciales y especialistas legales.

La fecha límite para excluirse del acuerdo o presentar objeciones es el 29 de mayo de 2026, mientras que la audiencia de aprobación final está prevista para el 23 de junio de 2026.

Los pagos se ejecutarán solo tras la confirmación judicial definitiva y la resolución de posibles apelaciones, según el equipo legal que administra el caso.

En caso de que queden fondos remanentes, estos serán redistribuidos entre los beneficiarios o donados a una organización aprobada por la corte, nunca devueltos a Google, tal y como aseguraron fuentes de ClassAction.org.

La Ciudad de Córdoba siguió con atención el inicio del juicio por el asesinato de Olga Villarreal, una jubilada de 72 años que fue encontrada muerta en su casa del barrio Comercial en junio de 2024. El caso tiene como principal acusada a su sobrina y el proceso ya se encuentra en su etapa final.

La investigación determinó que el crimen ocurrió el 5 de junio de 2024 en la vivienda de la calle Villa María al 5900, en la zona sur de Córdoba. De acuerdo con el expediente, la acusada, identificada como María Alejandra Tabares, residía en una casa lindera a la de Villarreal. Los pesquisas sostienen que Tabares ingresó a la propiedad, sustrajo una suma de dinero y, para asegurar la impunidad, atacó brutalmente a la jubilada.

Según la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.tv, el hallazgo del cadáver fue realizado por la propia hija de la víctima, quien describió ante los investigadores las condiciones en que encontró la escena. En ese sentido, Karina —hija de la mujer relató: “Encontré a mi má toda golpeada, bañada en sangre”. Peritos forenses confirmaron que Villarreal presentaba múltiples lesiones en la cabeza compatibles con una agresión directa y reiterada.

Según la acusación, Tabares está imputada por elñ delito de homicidio criminis causae. La calificación legal agrava la situación procesal de la imputada: si es hallada culpable, la ley prevé la pena de prisión perpetua.

El juicio oral y público comenzó la semana pasada en la Cámara Octava del Crimen, bajo la modalidad de jurados populares. La acusada, de 58 años, se mantuvo en silencio durante la primera audiencia, limitándose a escuchar la lectura de las pruebas que sustentan la acusación en su contra.

Entre los elementos exhibidos figuran registros de cámaras de seguridad, rastros de sangre y análisis de comunicaciones telefónicas. La defensa, en tanto, cuestionó la interpretación de algunos indicios y pidió considerar la ausencia de testigos presenciales. La sentencia se conocería mañana.

Asesinaron a una jubilada en Florencio Varela

Una jubilada de 79 años fue asesinada a tiros durante la noche del pasado miércoles de la semana pasada por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio de la localidad de Zeballos, partido bonaerense de Florencio Varela, mientras descansaba y en medio de un corte de luz repentino que afectó a la zona.

Según confirmaron fuentes policiales, el brutal ataque ocurrió cerca de las 23 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles San José y Monserrat, en el barrio Santa Ana. Los asaltantes aprovecharon la falta de suministro eléctrico para forzar la entrada al domicilio.

La víctima, identificada como Flora Ignacia Benítez, residía sola en la casa donde se produjo el hecho, pero ella, en realidad, no debería haber estado allí cuando ocurrió la entradera. Fuentes del caso precisaron a este medio que la mujer se tenía que ir de viaje, pero había regresado a su domicilio en busca de la documentación que le faltaba.

De acuerdo con la reconstrucción que lograron realizar los agentes de la Sub DDI Florencio Varela de la Policía Bonaerense, a cargo de la investigación, Benítez descansaba en su casa cuando advirtió la presencia de varios hombres que intentaban ingresar por la fuerza.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos y uno de los proyectiles impactó en el tórax de la mujer, que murió casi de inmediato.

Familiares de la víctima alertaron al 911, luego de que una de sus nietas reportara que una de las ventanas que daba a la calle estaba violentada. Al arribar al lugar del hecho, el personal policial halló a Benítez tendida en el living de la vivienda, mientras que sobre una de las ventanas del frente se observaron múltiples impactos de bala.

Los autores del hecho escaparon en dos camionetas y permanecen prófugos. Hasta el momento, la investigación no registró detenciones y la causa sigue abierta, bajo la intervención de la UFI N° 2 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca.

Las tareas investigativas presentan una complicación adicional, debido a que las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban al momento del hecho, producto del importante corte de luz que se registró en la zona entre las 19 y las 2:30 de la madrugada de este jueves.

Tras el fallo favorable a la Argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones relativas al caso YPF. Es una medida consistente con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones, en el marco del juicio iniciado por la estatización de la petrolera.

Asimismo, el tribunal canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar esas apelaciones. Una de ellas era la presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de la empresa a los acreedores.

“La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, informó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

Esto es luego de que se resuelvan los dos recursos que puede intentar Burford Capital, a criterio de Soler, muy “cuesta arriba”:

1. Reconsideración en banc por el plenario de la Cámara
2. Recurso de certiorari a la Corte Suprema

Días atrás, Burford, principal beneficiario del litigio, pidió a la Cámara que se amplíe el plazo hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión favorable a la Argentina.

Justificaron este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original”.

Las consecuencias del fallo

Cabe mencionar que tras conocerse la victoria de la Argentina, el fondo inglés emitió un comunicado en el que afirmó: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó.

Vale recordar que el fallo a favor de Argentina, en términos generales, sostuvo que el Congreso y las leyes que este dicta prevalecen sobre el estatuto de YPF y el de cualquier otra empresa.

En esa línea, la mayoría del tribunal argumentó que, según la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen un carácter organizativo interno y no configuran contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado.

Esta interpretación resultó determinante para descartar que la expropiación generara, de manera automática, una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los accionistas privados.

A lo largo del juicio, Burford buscó que se declarara al país en desacato, reclamó la transferencia de las acciones estatales en YPF e intentó probar la existencia de un “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos, y el Estado argentino.

El argumento completo a favor de Argentina:

“En apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Nueva York ante Cabranes, Chin y Robinson, jueces de circuito.

Apelación de órdenes y sentencia final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Preska, J.) en dos casos consolidados, que culminaron en una adjudicación combinada de daños por 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios de una empresa argentina de petróleo y gas.

El tribunal de distrito dictó sentencia a favor de los accionistas, al determinar que la República Argentina violó la ley argentina al expropiar la mayoría de las acciones ordinarias de la empresa de una manera que violó su estatuto, y otorgó sentencia a la empresa con respecto a las reclamaciones de los accionistas contra la empresa.

La República Argentina apela, argumentando que la sentencia y las órdenes previas se basaron, entre otras cosas, en interpretaciones erróneas de la ley argentina. Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados.

Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento.

Se confirma en parte, se revoca en parte y se remite para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión.

El juez Cabranes disiente en una opinión separada“.

Apareció con el aspecto de un contador inquieto ante un balance con números caprichosos; alto, hombros rectos, traje, camisa, corbata; una calva pronunciada que le daba también aspecto de bibliotecario en busca de un incunable, el escaso pelo rubio arremolinado detrás de la coronilla; un rictus extraño en los labios, la comisura izquierda arrugada, como quien es víctima de un contratiempo inesperado, una revés impensable, un percance tonto y subsanable con una nadería; un semblante de funcionario pulcro y cuidadoso: un burócrata gris y sumiso, dispuesto a todo para salvar por fin ese malentendido que lo ponía frente a los jueces.

Así se presentó Adolf Eichmann el 11 de abril de 1961, hace ya sesenta y cinco años, ante el tribunal especial del Distrito de Jerusalén, en el Estado de Israel, para rendir cuentas de sus crímenes de guerra, por haber sido el diseñador, uno de varios, del Holocausto; un maestro de la logística ferroviaria que había enviado a la muerte a millones de judíos para satisfacer la ambición de Adolf Hitler y sus secuaces de acabar con los judíos de Europa; allí estaba Eichmann, encerrado en una jaula de cristal, custodiado de muy cerca por dos oficiales del ejército israelí, con su fachada de contador, de funcionario, de bibliotecario, de burócrata, para rendir cuentas de sus andanzas como jerarca de las SS, como ideólogo de la conferencia de Wannsee en la que los nazis decidieron en enero de 1942 asesinar a once millones de judíos europeos; allí estaba Eichmann, con su talante inocente, casi tierno de empleado fiel que cumple al pie de la letra las órdenes porque no puede cambiarlas y para rendir unas cuentas que no podían ser saldadas; el Eichmann que había proclamado que “saltaría con gusto a la fosa porque sobre mis espaldas llevo a cinco millones de muertos”, aquel arrogante SS que sólo se arrepentía “por no haber terminado mi trabajo”, estaba ante sus jueces, pulcro, atildado, con aire de hombre íntegro, casi cándido e ingenuo.

Era todo una fachada. El criminal había adoptado ese disfraz de hombre honrado al que había atropellado un destino aciago, para salvar su cuello de la horca. Engañó a muchos. Pero no engañó a todos. Por un lado, sus jueces, Moshe Landau, el presidente del tribunal, Benjamín Halevi, juez del Distrito de Jerusalén, y Yitzhak Raveh, del Distrito de Tel Aviv, le garantizaron lo que millones de sus víctimas no tuvieron ni tenían porqué tener: un juicio. Por otro lado, el fiscal, Gideon Hausner, que enfrentó a Eichmann con sus crímenes y no con la imagen engañosa que había fabricado para salvarse, estaba lejos de ser engañado, siquiera influenciado por el disfraz del asesino.

Al empezar su alegato acusatorio, dijo Hausner: “Al presentarme aquí ante ustedes, jueces de Israel, para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no estoy solo. Conmigo están seis millones de acusadores. Pero ellos no tienen la posibilidad de comparecer en persona, de apuntar hacia la cabina de vidrio, de señalar con el dedo acusador a quien se sienta en el banquillo y gritar: ‘Yo acuso’, ya que sus cenizas están apiladas en las colinas de Auschwitz y en los campos de Treblinka, y están esparcidas en los bosques de Polonia. Sus tumbas están dispersas a lo largo y ancho de Europa. Su sangre clama, pero su voz no se oye. Por lo tanto, seré su portavoz y en su nombre desplegaré esta terrible acusación”.

Eichmann engañó a muchos, no engañó a todos y otros aceptaron ser engañados por Eichmann. Entre ellos, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, doctorada en la Universidad de Heidelberg, discípula del filósofo alemán Martin Heidegger, un seguidor del partido nazi. Arendt había emigrado a Estados Unidos luego de la ascensión al poder de Adolf Hitler. La revista New Yorker la había enviado a cubrir el juicio a Eichmann al que llegó con una idea a desarrollar que expuso en un libro simbólico Eichmann en Jerusalén – Un estudio sobre la banalidad del mal. En ese libro Arendt sostiene que en los regímenes totalitarios, cualquier persona puede convertirse en “engranaje de una máquina”, incapaz de pensar y juzgar por sí mismo bajo el pretexto de “seguir órdenes”, por lo que el mal, en resumen, se convierte en banal, “pierde intención maliciosa y se convierte en una tarea técnica y cotidiana realizada por individuos que han renunciado a su capacidad de pensar”. Arendt afirmó en su estudio: “Lo más grave del caso Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, terroríficamente normales”.

Era precisamente lo que Eichmann quería expresar a través de su disfraz de contador inquieto, bibliotecario preocupado, funcionario puntilloso o burócrata sumiso y resignado. La teoría de Arendt es probable, es discutible y, en todo caso, un tanto excesiva: no todas las personas “terroríficamente normales” se convierten en asesinos de masas bajo un régimen totalitario. Pero colocar como ejemplo de esa tesis a Adolf Eichmann fue un yerro inexcusable y también inexplicable.

En los primeros años de la posguerra, durante los juicios que siguieron al de Núremberg que condenó a lo que quedaba de la jerarquía nazi, el nombre de Eichmann surgió como el de uno de los responsables del Holocausto, como un fanático nazi que había estudiado incluso hebreo e yiddish para penetrar en las comunidades judías a ser deportadas y ante las que había llegado a presentarse casi como un benefactor. Refugiado en la Argentina a la que llegó a través de la “Ruta de las ratas” que facilitó el ingreso al país de numerosos jerarcas del Tercer Reich, fue secuestrado por un comando de la inteligencia israelí el 11 de mayo de 1960 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, a pocos metros de su casa, que ya no existe, en la calle Garibaldi. El comando israelí encargado de echarle mano a Eichmann después de interceptarlo con tres palabras en un castellano mal trazado, “un momentito, señor”, fue Peter Malkin, Zvi Milchman en la vida real, que usó guantes porque no quiso que sus manos tocaran la piel del hombre que había asesinado a su numerosa familia. Esos guantes se exhiben hoy en el Museo del Patrimonio Judío, en Battery Park, New York.

Eichmann no supo en el momento de ser secuestrado en manos de quiénes estaba. Nunca pensó que esas manos podían ser israelíes, pero lo descubrió enseguida, cuando uno de los agentes le dijo en alemán: “Un movimiento y estás muerto”. A partir de ese momento, Eichmann mudó su personalidad y se convirtió, un papel estudiado durante años, en un burócrata que sólo había cumplido órdenes. Su docilidad y su colaboración con sus secuestradores, su deseo de explicar que él había sido sólo un pequeño engranaje en una gigantesca maquinaria, hizo que Malkin, el hombre que lo había capturado, lo llamara “Un prisionero ideal” en su libro Eichmann in my hands (Eichmann en mis manos).

La filósofa y también historiadora alemana Bettina Stangneth es autora de Eichmann before Jerusalen (Eichmann antes de Jerusalén) que, sin proponérselo en forma abierta, es la contracara de la teoría de Arendt. Demuestra que Eichmann no era el ser “terroríficamente normal” que Arendt vio, o creyó ver, o quiso ver durante el juicio; que Eichmann no era aquella especie de funcionario gris y resignado, de contador inquieto o de funcionario sumiso, sino que había sido desde antes de su entrada a las SS un ideólogo fanático, un antisemita feroz, un estratega orgulloso de su activo papel en la deportación y asesinato de millones de judíos y un tipo lúcido y activo que, en la Argentina, dejó muy en claro cuál era su pensamiento y su utopía: lograr el retorno al poder del nacionalsocialismo en su Alemania.

Ese pensamiento casi desconocido del Eichmann anterior al juicio en Jerusalén, quedó plasmado en los “Papeles de Argentina”, una serie de escritos, apuntes o notas sumadas a las transcripciones de una serie de grabaciones hechas por Eichmann y un grupo de simpatizantes, o seguidores, entre 1957 y 1960 durante unos debates organizados por el periodista nazi holandés Willem Sassen, para discutir la historia del Tercer Reich. Sassen reunía casi una vez por semana y en su casa a los nostálgicos del Tercer Reich; en esos debates, Eichmann se jactó del papel que había jugado en el Holocausto; lamentó no haber completado su trabajo, el de asesinar a todos los judíos de Europa, exigió reconocimiento por haber llevado adelante la logística de la deportación y defendió su protagonismo cuando alguien intentó mermarlo, atenuarlo o restarle trascendencia.

Esos papeles le permiten a Stangneth plantarse ante la tesis de Arendt sobre la banalidad del mal: donde Arendt vio en Eichmann a un hombre incapaz de pensar por sí mismo, asolado por un gobierno totalitario, Stangneth exhibe a un Eichmann manipulador, extremadamente inteligente, capaz de construir un personaje de contador, o bibliotecario, o funcionario, o burócrata gris y sumiso para engañar a sus jueces y salvarse de la horca.

Engañó a muchos, no engañó a todos, y otros se dejaron engañar o quisieron creer a aquel asesino embustero, un lobo vestido con una piel de cordero. Cuenta Stangneth que el primero de los pedidos que Eichmann hizo a sus captores israelíes cuando supo que no lo iban a asesinar, fue muy singular y demuestra el nuevo juego de contador o bibliotecario o funcionario o burócrata gris y sumiso que iba a desempeñar: “Para el caso de que ya no pueda acordarme de todos los detalles o que incluso tome una cosa por otra o confunda las cosas –dijo a los agentes del Mossad– les pido que me ayuden poniendo a mi disposición documentos y declaraciones”.

El policía israelí que lo interrogó en Jerusalén no se dejó engañar. Era el capitán Avner Less que entendió enseguida a quién tenía delante: “Cuando terminó el primero de los interrogatorios quedé persuadido de que no era la primera vez que Eichmann contaba esta historia (…) Tuve la sensación de que el tipo se lo había estudiado”. Eichmann dirá ante sus jueces algo que jamás habría aceptado decirse a sí mismo: había sido “estrecho de miras”, “un burócrata obsesivo”, “un pedante”, alguien que “no cruzaba el límite de sus atribuciones”. La idea de definirse como un burócrata debe haberle divertido mucho: la burocracia y los burócratas eran concepciones enemigas de y para el nacionalsocialismo y opuestas a la imagen de un hombre de las SS como había sido Eichmann.

El hombre que en la conferencia de Wannsee había desempeñado un puesto de jerarquía bajo las órdenes de Reinhard Heydrich, el segundo del jefe de las SS, Heinrich Himmler, ahora se presentaba ante sus jueces israelíes como un mero “secretario de actas” de aquel encuentro, que sólo se había limitado a afinarle la punta a los lápices que trazaban el destino fatal de once millones de seres humanos. Él, Eichmann, no era un criminal, no había matado a nadie. Esto último tampoco era tan cierto. A Eichmann se le atribuye al menos un asesinato: le disparó en el pecho a su jardinero, un muchacho judío de diecisiete años que se había comido una frutilla sin permiso. Ese crimen es la esencia de Eichmann. Ahora, en su celda de Jerusalén, diría a sus jueces que sólo había sido a lo sumo un burócrata cauteloso, sin fanatismos nacionalsocialistas; un tipo normal que amaba la naturaleza, la ciencia y el cosmopolitismo y que en los últimos quince años de su vida, desde el fin de la guerra, había podido dejar atrás las órdenes terribles dadas por un régimen criminal, órdenes que se había visto obligado a cumplir, y que por fin, ahora, había retornado a sus raíces.

En el colmo de la simulación, de la ápice de la perversión, en la cumbre de la inmoralidad, Eichmann, que en la Argentina había revelado con todo detalle y con mucho orgullo por qué su nombre era el de los criminales de guerra más buscados en el mundo, decía a sus jueces israelíes que el juicio que enfrentaba: “No es más que un malentendido. Desde hace quince años soy acusado, difamado y perseguido por todo el mundo (…) Yo también soy una víctima”.

La prensa también se engañó, o se dejó engañar, o prefirió creer lo que no era. Mientras que en mayo de 1960, cuando se supo de su captura, Eichmann era “la bestia que está encadenada” (Paris Presse) o “un criminal sanguinario”, o “el más abominable de todos (The Guardian, Liberation), sobre el inicio del juicio era ya “un pequeño burgués, buen esposo y padre de familia, un ‘técnico de la solución final’” (Le Monde) o “un ingeniero infatigable que obedecía y ejecutaba órdenes dentro de una visión jerárquica” (L’Express). Unos pocos ven entre la bruma: para el semanario francés Temoignage Chretien (Testimonio Cristiano) que había nacido en 1941 como una voz de los “cristianos libres”, Eichmann no es: “Ni un Nerón, ni un Nabucodonosor, ni un superhombre, sino un monigote colosal”; para James Morris, de The Guardian, la conducta del acusado revela una intención apologética: “Eichmann se comporta como un hombre que cree realmente que puede ser absuelto”.

La fiscalía encabezada por Hausner no se engañó. Uno de sus adjuntos, el fiscal Gavriel Bach, dijo en su momento: “Mostraremos al tribunal el proceso de rastrillaje de Oeste a Este de toda Europa, las redadas de judíos y su deportación a los campos de exterminio del Este. Los mostraremos país por país, etapa por etapa, y demostraremos que el acusado era el responsable directo de la ejecución de ese operativo, que él lo dirigía y comandaba, ya personalmente o a través de los subordinados de su agencia”. Fue lo que hicieron. Contaron, además, con el aporte extraordinario de decenas de testigos, sobrevivientes de los campos nazis, que desfilaron para contar su drama y el de sus familias que ya testificar, tal como había descrito el fiscal Hausner al inicio de su acusación.

Los testigos del juicio a Eichmann, otra historia a ser narrada, expusieron la historia completa, enmarañada y terrible del Holocausto, aun cuando sus testimonios no tuviesen contacto, en muchos casos, con los cargos que enfrentaba el acusado. Era difícil hallar una responsabilidad concreta en un hombre que sólo había asesinado de un balazo en el pecho a un chico judío de diecisiete años porque había comido una frutilla sin permiso. Pero esos testimonios, el crudo relato de los crímenes que Eichmann había organizado, autorizado y justificado en su calidad de oficial de las SS a cargo de la “cuestión judía” y como organizador y director de la deportación de los judíos europeos hacia los campos nazis de exterminio, esa tarea que ahora Eichmann pretendía disfrazar de burócrata o de funcionario gris y sumiso, cambió en la sociedad israelí, que tenía apenas trece años de vida independiente, su visión del Holocausto. Israel era entonces un país casi sin televisión; las audiencias eran también transmitidas por radio y escuchadas en las calles por quienes se arracimaban alrededor de una radio a transistores. El juicio a Eichmann se tradujo luego en disparador de otros procesos celebrados en los años 60 contra criminales de guerra nazis, como el de Frankfurt am Main de 1963.

La fiscalía de Hausner, con sus asistentes Gavriel Bach y Yakov Bar-Or, le imputó a Eichmann quince cargos que incluían los de crímenes contra el pueblo judío y crímenes contra la Humanidad. Eichmann fue defendido por el abogado alemán Robert Servatius, ningún abogado israelí quiso defenderlo, y su asistente, Dieter Wachttenbruch. Los jueces deberían dilucidar, al cabo de las audiencias, cuál era la responsabilidad del acusado ante unos crímenes inimaginables, quién era en definitiva el asesino, si quien empuña el arma, quien da las órdenes, quien las obedece y cuáles eran los límites de esa obediencia. La sentencia dejaría una frase que sintetizaba de alguna forma una nueva doctrina judicial ante una nueva calidad de delitos criminales: “El grado de responsabilidad –dijeron los jueces– aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal”.

La defensa de Eichmann no impugnó los hechos incluidos en la acusación, no podía impugnar lo que era evidente; en cambio, optó por mermar su responsabilidad en los crímenes de guerra al describir a Eichmann como “un pequeño engranaje en el aparato estatal” del Reich: era el disfraz que Eichmann había elegido representar ni bien fue secuestrado en Buenos Aires. Según la defensa, el acusado no había tenido influencia en la planificación y operación de la maquinaria de muerte del nazismo; habían sido sus jefes, que estaban todos muertos, los verdaderos responsables.

Pero la fiscalía, a través de los testigos pero de manera muy especial gracias a la documentación nazi que se había salvado de la destrucción, había demostrado que a pesar de su rango de coronel de las SS, Eichmann había sido un personaje de notable influencia, “dotado de una motivación vigorosa y decisiva” dispuesta a deportar a los judíos del territorio del Reich hacia los guetos del Este donde la mayoría, o bien fueron asesinados, o deportados luego hacia los campos de exterminio. La documentación probaba también que Eichmann había continuado con la deportación de judíos a Auschwitz, húngaros en este caso, hacia fines de 1944, cuando el Tercer Reich estaba al borde de la derrota.

Cuando declaró ante los jueces, Eichmann expuso sin turbarse, el núcleo de su defensa y de su disfraz de funcionario gris y sumiso, de contador en problemas, de bibliotecario inquieto, de burócrata inofensivo: había obedecido órdenes. Eso era todo. Sus actos no podían ser juzgados por otro país, por ningún país, porque habían sido actos de Estado. Él sólo había llevado adelante, es verdad que con eficacia, lo que era ley en su país del que era un simple funcionario y donde la palabra de Hitler era ley.

La fiscalía había demostrado que, bajo las manos de Eichmann, habían pasado infinidad de trenes diarios, todos los días de cada semana de cada mes durante al menos cuatro años, cargados con tres mil deportados judíos hacinados en vagones de carga; allí estaban, en el juicio y a disposición de los jueces, las circulares y las órdenes firmadas por Eichmann y por su oficina de “asuntos judíos”, que obligaban a las autoridades locales de cada uno de los territorios europeos ocupados por los nazis, a que los judíos de esas tierras fueran “objeto de inmediato de las medidas necesarias”. Eichmann conocía el destino que esperaba a esos deportados: la muerte.

El lobo con la piel de cordero, que había engañado a muchos, aunque no a todos, y había embaucado a quienes quisieron creerle o que habían aceptado ser engañados, fue hallado culpable de todos los cargos presentados por la fiscalía. La comedia había terminado. Eichmann fue condenado a muerte en la horca, la pena de muerte no existía en Israel, porque los jueces consideraron: “Está probado fuera de toda duda que el reo actuó sobre la base de una identificación total con las órdenes y con una voluntad encarnizada de realizar los objetivos criminales”.

Eichmann subió al cadalso en la madrugada 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramle. Entonces juzgó oportuno quitarse por completo el disfraz de contador, bibliotecario, funcionario o burócrata y dijo: “Larga vida a Alemania. Larga vida a Austria. Larga vida a Argentina. Nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo”.

Su cuerpo fue incinerado y sus restos dispersados en el Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales de Israel, desde una nave de guerra y en presencia de algunos sobrevivientes del Holocausto.

Un grupo de abogados de Texas permaneció durante casi una hora y media en la sala del tribunal del condado de Harris para respaldar a su colega James Stafford, en un episodio que evidenció el debate sobre la autoridad judicial y los límites del poder en la administración de justicia.

La ausencia de Stafford, después de que lo convocara el magistrado Nathan Milliron tras cuestionar públicamente el trato de este último hacia un trabajador de informática, intensificó la atención sobre el rol de los jueces y la reacción de la comunidad legal ante comportamientos objetados por sus pares.

Stafford no se presentó ante Milliron argumentando que no existía una citación formal y que la acusación de “comunicación ex parte”—contactar a un juez sin informar a las otras partes de un proceso—no era aplicable en su caso.

Según el diario local Houston Chronicle, esa citación fue una respuesta a la demanda de Stafford de que Milliron ofreciera una disculpa pública al técnico de informática. A pesar de la negativa del abogado, cerca de doce miembros del gremio profesional Asociación de Abogados Penalistas del Condado de Harris, entre ellos su presidente Brent Mayr, ocuparon la sala como muestra de solidaridad.

Durante la audiencia, Nathan Milliron no abordó a Stafford ni el incidente que generó la presencia masiva de abogados. Mayr comentó a Houston Chronicle: “El juez no tomará ninguna medida ilegal adicional”, resaltando la actitud prudente del magistrado once concluida la espera.

Hasta el momento, ningún integrante de la asociación ha presentado una queja formal ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, aunque el episodio reavivó debates sobre el comportamiento de los jueces en la jurisdicción local.

El incidente pone en primer plano la relación entre la autonomía judicial y el escrutinio social sobre el comportamiento de los magistrados, un tema que ha cobrado fuerza tras otros episodios recientes vinculados a Milliron.

En los meses previos, su accionar fue objeto de atención según Houston Chronicle, por actitudes hacia personal y litigantes, incluyendo la expulsión de una abogada de defensa a quien llegó a amenazar con arresto.

Reacción legal y consecuencias para Milliron

La reacción de Milliron ante las críticas se reflejó en comunicaciones institucionales, donde exigía respeto a su investidura de “juez debidamente electo” y enviaba directrices específicas a su equipo. Tras la presión pública y la exposición mediática, Milliron cerró la cuenta de Facebook desde donde transmitía audiencias y redujo su presencia pública, sin emitir declaraciones oficiales ni disculpas sobre los hechos, según Houston Chronicle.

La movilización del gremio profesional y el debate activado dentro del foro local subrayan el dilema del sistema judicial al intentar equilibrar la autonomía de los jueces y el trato profesional que debe primar en cada proceso.

La ausencia de mecanismos inmediatos de rendición de cuentas en casos como este ha sido señalada por varios integrantes de la comunidad jurídica, quienes advierten sobre los riesgos de un ejercicio autoritario de la judicatura.

El papel de la autoridad disciplinaria en Texas

En Texas, el marco institucional define que la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, el órgano disciplinario de la judicatura texana, es la única autoridad facultada para investigar comportamientos impropios de jueces en funciones.

Nathan Milliron ocupa desde enero de 2025 el cargo de juez electo para el 215° distrito judicial, lo que lo habilita a actuar con independencia frente a los administradores locales, que no pueden imponerle sanciones disciplinarias.

Según Brent Mayr, el comportamiento de Milliron en las audiencias posteriores fue “muy agradable”, aunque atribuyó esa actitud a la presión pública y la exposición mediática.

El abogado defensor Wade Smith, quien también presenció el episodio, afirmó: “No me sorprende cuando está bajo la mirada de todos.” Para Mayr, Milliron “debe disculparse tanto con Stafford como con el trabajador de informática y cualquier otra persona afectada por su comportamiento”. Insistió: “Creo que le debe una disculpa al pueblo del condado de Harris diciendo: ‘No voy a comportarme así en el futuro’”.

Hasta hoy, Nathan Milliron no ha brindado explicaciones públicas ni ha enfrentado sanciones formales. La resolución institucional del caso depende de la evaluación que realice la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas sobre la ética y los actos de los integrantes del poder judicial.

El poder judicial local ante el escrutinio público

La situación vivida en el tribunal del condado de Harris evidencia el impacto del liderazgo judicial y del trato a empleados y participantes en la administración de justicia. El respaldo de la comunidad legal a James Stafford y la demanda de límites claros a la autoridad de los jueces reflejan una preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema.

En Texas, la figura del juez electo con autonomía frente a los órganos de gestión plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles institucionales en posibles casos de abuso.

La Comisión Estatal de Conducta Judicial ha debido intervenir previamente en conflictos similares, aunque estos procesos son complejos y prolongados. La presión de la opinión pública y la vigilancia de la comunidad jurídica continúan incidiendo en la conducta de los magistrados.

El caso de Nathan Milliron se suma a debates recientes en Estados Unidos sobre el rol de los jueces, la publicidad de sus decisiones y la importancia de la integridad en la gestión del poder. En el condado de Harris, sigue latente la expectativa en torno a la respuesta oficial de la comisión estatal y la posibilidad de establecer precedentes claros para el ejercicio judicial.

“El juicio, estuve la vez pasada. Me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Y yo lo dije esto antes, dos sesiones antes de todo esto, que yo dije: si están las pruebas, fuck. Salió en Clarín el fiscal diciendo sinceramente: ‘Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas’”, expresó Pettinato. “Entonces, como es derecho penal, no es el civil, que cualquier cosa. No, no, en el penal, si está, como, viste como en las películas, si está el cuerpo, esta, si está el arma, entonces está. Si están tus huellas en el arma, entonces está más. Y la verdad que sinceramente no lo está”.

El músico también se refirió al contexto en el que se produjo la muerte de Rodrigo, reconociendo que ambos compartían consumos problemáticos: “Es verdad que fueron compañeros de consumo. Y cuando pasan esas cosas de día y medio, dos días, qué sé yo, delirio, pasan, suelen suceder accidentes. Aparte yo a veces pienso y digo: ¿y si hubiese sido al revés? ¿Y si era Felipe el que se moría?”

Sobre el estado actual de su hijo, Pettinato aseguró: “Está superbién, muy tranquilo. Siempre estuvo superbién y muy tranquilo. Yo también le decía: ‘¿Vos estás bien?’ Y él me decía: ‘Sí, estoy bien porque...’. Yo no sé qué pasó y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad. Por eso no declara. Y tampoco está en condiciones muy bien de... Él sigue haciendo terapia, terapia, terapia, terapia y clínica, clínica, clínica, clínica”.

Roberto fue contundente al opinar sobre el futuro judicial de Felipe: “Felipe no es que no tiene que serlo. Felipe no debe salir culpable. Debe salir absuelto. Y su vida va a continuar como la que te pasaría a vos o a mí si nos pasa algo así. No vamos a ser felices nunca más”.

Al abordar las acusaciones de un integrante de la familia de Melchor Rodrigo, Pettinato minimizó el peso de esos dichos: “Es el hermanastro, que creo que incluso hasta Melchor no lo quería, porque yo me acuerdo haber hablado con Melchor del hermanastro. No lo quería mucho, pero de todos modos ponele que él piense eso. Bueno, piensa eso, pero es un tipo que no lo llamaron, ni la querella lo llamó para decir su gran opinión”.

La entrevista también abordó la relación actual con su hijo Homero, quien está por lanzar un disco en el que Roberto participó: “Homero es un fucking genio, realmente”.

Esta no es la primera vez que habla acerca de la causa. En el mismo programa, semanas atrás, reconoció la gravedad del momento y las emociones que provoca el avance del juicio, pero subrayó: “El tema es difícil. El código penal no es igual que los códigos civiles. El código penal exige tener las pruebas muy claras”, argumentó.

Para el músico, el proceso penal se diferencia radicalmente de otros ámbitos judiciales. Señaló que, cuando se trata de sentenciar a una persona, las pruebas deben ser serias y concretas. “No existe el ‘a mí me parece que…’. O gente que dice: ‘A nosotros nos parece que evidentemente…’. Eso es lo que tienen que probar realmente”.

Pettinato expresó su confianza en que el proceso terminará a favor de su hijo, basándose en la falta de elementos concretos en la causa. “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude.”

El ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo Nelson Periotti sostuvo este jueves que nunca recibió instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner ni de ningún funcionario para “beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra”.

El ex funcionario fue uno de los indagados en una nueva audiencia del juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, que terminó pasadas las 13. El debate continuará el próximo martes desde las 9.

Los dichos de Periotti

“Nunca”, enfatizó el ex titular de Vialidad Nacional Periotti en relación a que jamás recibió instrucciones sobre las obras bajo su órbita, al prestar declaración indagatoria sin responder preguntas. “Quiero aclarar con especial énfasis que nunca recibí instrucciones del entonces presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, tampoco de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos. Tampoco recibí instrucciones del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido ni de otros funcionarios para que hiciera o dejara de hacer algo o para beneficiar a alguna empresa o para direccionar una obra. Nunca”.

“Mi nombre no figura en ninguno de esos cuadernos de esta causa”, dijo además sobre los escritos del remisero Oscar Centeno. “No entiendo la acusación por la que ya hace siete años tuve que pasar por un allanamiento, secuestro de mis bienes” y “casi un mes de cárcel”.

Periotti, de 80 años, está detenido con prisión domiciliaria condenado en la causa Vialidad y se trasladó a Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. El ex funcionario recordó cómo fue detenido y también dijo que le ofrecieron ser arrepentido y se negó.

Además mencionó que estuvo doce años y medio al frente de Vialidad Nacional y en ese marco conoció a muchos empresarios, en licitaciones y eventos. “Ninguna de las personas que declaran o van a declarar en este juicio puede decir que el ingeniero Periotti los haya condicionado, les haya exigido hacer algo o dejar de hacer algo en beneficio de alguien. Ninguno. Ninguno puede opinar en contrario a lo que yo les estoy expresando”, dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

“Entenderán las dificultades que yo tengo para defenderme de algo que no existió”, agregó.

Otro empresario negó coimas

A su turno,el empresario Rubén David Aranda, presidente de la firma Chimen Aike S.A., negó haber pagado sobornos a funcionarios y calificó como “una mentira” la acusación de haber entregado dinero en Buenos Aires mientras, según dijo, se encontraba en Santa Cruz.

“¿Haber entregado 250 mil dólares a 2.600 kilómetros de donde yo estaba? Eso es mentira”, dijo sobre el “papelito” donde está anotado el supuesto delito.

Según explicó, en la fecha señalada él estaba en Río Gallegos:“Estaba en Río Gallegos cuando decían en un papelito que yo estaba entregando dinero en Buenos Aires”.

Aranda también se refirió a las comunicaciones con el exfuncionario Roberto Baratta, incorporadas al expediente, y aseguró que respondían exclusivamente a cuestiones operativas vinculadas a obra pública: “Las cuarenta y pico de llamadas que tengo con Baratta están relacionadas estrictamente a la presión que ejercía para que terminemos el Centro de Medicina Nuclear” del INVAP.

En ese sentido, vinculó esas gestiones con la inauguración del proyecto, que —según afirmó— estaba prevista como un acto oficial:“Creo que fue el último acto previo a las elecciones de la presidenta Cristina Kirchner. Por eso tanta presión, no solo de Baratta sino también de INVAP”.

“Esas llamadas eran para coordinar la inauguración del centro de medicina nuclear, no para la entrega de plata”, reiteró y dijo que “nunca” fueron “para entregar dinero a nadie. A mí jamás me pidieron un peso para nada”.

“No me puedo defender tan fácil de una mentira, pero es fácil ocultar una verdad. Esto es una mentira”.“Creo en ustedes, creo en la Justicia. Es mi deber expresar con énfasis lo que considero una injusticia tremenda. Soy inocente”, concluyó.

Al inicio de la audiencia, el empresario Alberto Ángel Padoán (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario) se negó a declarar al igual que otros citados para esta jornada.

Los descargos

Durante la jornada se generó un contrapunto por la incorporación de escritos de descargo presentados durante las indagatorias en la etapa de investigación. Tras un cuarto intermedio, el Tribunal resolvió por mayoría aceptar como parte de las declaraciones indagatorias esos escritos. La discusión se dio en el caso concreto del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola, quien se negó a declarar y a raíz de ello se leyó en la audiencia un escrito de ampliación de indagatoria donde rechazó las acusaciones y que había presentado durante la instrucción del caso.

La fiscal Fabiana León se había opuesto pero los jueces Castelli y Méndez Signori por mayoría entendieorn que cuando un imputado presenta un escrito con ese carácter debe ser entendido como una ampliación de su indagatoria, ya que de lo contrario el juez habría debido fijar una audiencia para que el acto se realizara de manera oral, algo que no ocurrió, por lo que concluyeron que su incorporación fue válida y que rechazarla implicaría incurrir en un exceso de rigor formal que afecta el derecho de defensa.

En disidencia el juez Canero, en línea con lo señalado por la fiscal general, sostuvo que los escritos presentados por fuera del acto formal no constituyen declaraciones, al remarcar que la indagatoria exige la manifestación personal del imputado ante el juez y no simples presentaciones escritas realizadas junto a la defensa a lo largo del proceso, por lo que concluyó que no corresponde darles ese carácter ni incorporarlos como tales.

El juicio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Entre los imputados principales hay ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. Las audiencias continúan en base a un cronograma dispuesto por los jueces. La fiscal de juicio es Fabiana León y actúa como querellante la Unidad de Información Financiera.

En la audiencia del martes último, Jorge Balán, presidente de Industrias Secco, declaró ante el tribunal y aceptó responder únicamente las preguntas de su defensa. Balán explicó el rol de su empresa durante el kirchnerismo y detalló cómo participaban en licitaciones públicas. Durante su testimonio, afirmó: “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”. Reconoció haber realizado tres entregas de dinero, pero sostuvo que ninguna de ellas estuvo vinculada a que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo relacionado con sus funciones.

En una jornada previa, el empresario Alberto Tasselli relató ante los jueces un esquema de pedidos de dinero atribuidos también al acusado ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal Baratta. Tasselli vinculó estos pedidos a supuestos aportes de campaña y describió presiones para concretarlos: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

El empresario recordó una frase que atribuyó al entonces mano derecha de De Vido: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”. Tasselli declaró que le informaron que los pagos eran para la campaña, y reconoció haber entregado un total de 300 mil dólares. Tasselli señaló que dejó de pagar cuando ya no encontró formas de continuar haciéndolo.

Fue el remisero de Baratta, Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos durante los viajes que hacía para el funcionario y detalló el recorrido para recolectar esos supuestos pagos ilegales. El chofer arrepentido ya pasó a prestar declaración indagatoria pero optó por guardar silencio, lo que derivó en planteos de las defensas que se reiteraron ante cada negativa a declarar de los imputados colaboradores porque no pueden preguntarles y confrontar así sus acusaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este jueves 9 de abril que el Gobierno federal vaya a retomar o impulsar juicios contra los expresidentes de México por presuntos actos de corrupción. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la responsabilidad de investigar y, en su caso, sancionar a exmandatarios recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que, recordó, es autónomo y debe actuar a partir de las denuncias y evidencias que se presenten.

Sheinbaum recordó que el tema de los juicios a expresidentes ya fue consultado a la ciudadanía en 2021, mediante una consulta popular en la que participaron alrededor de seis millones de personas. La presidenta destacó que esta cifra fue significativamente menor que la registrada en otros ejercicios de participación, como la consulta sobre la revocación de mandato, que reunió a más de dieciséis millones de votantes, y la relacionada con la reforma al Poder Judicial, que atrajo a cerca de trece millones. “A la gente no le interesó mucho esa votación”, subrayó Sheinbaum, indicando que la baja participación demuestra el escaso interés social en el tema.

El papel de la Fiscalía y las investigaciones por corrupción

Sheinbaum reiteró que si existen denuncias o evidencias de corrupción, la obligación de investigar corresponde a la fiscalía, que opera con autonomía. Explicó: “Se presenta una denuncia y se hacen las investigaciones y quien resulte responsable es cero impunidad. Esa es por lo menos nuestra visión”. Agregó que recientemente el director general de Pemex presentó una denuncia por presunto contrabando de petróleo, lo que ejemplifica el proceso institucional.

La presidenta afirmó que actualmente no hay planes para presentar iniciativas de reforma en materia de fiscalías o del sistema penal, pues el enfoque está en consolidar los cambios ya aprobados. La fiscal general presentará este mes un plan de trabajo para modernizar la fiscalía federal.

La diferencia entre proyectos de nación

Sheinbaum subrayó que su interés como gobierno está en diferenciar el modelo de la “Cuarta Transformación” respecto a los sexenios previos, señalando que durante el periodo de Felipe Calderón se recibieron más de doce mil millones de dólares en excedentes petroleros, cuyos destinos han sido cuestionados. Según la presidenta, la administración actual ha destinado recursos directamente a la población y a obras públicas, en contraste con los modelos anteriores.

En su intervención, Sheinbaum insistió en que cada instancia tiene su papel en la cadena de responsabilidades: el gobierno puede presentar denuncias, la fiscalía investiga y los jueces determinan culpabilidades.

En Mar del Plata, un fallo judicial sin precedentes condenó a una veterinaria a pagar 17.164.000 pesos tras la muerte de “Juanita”, una bulldog francés de siete años que fue llevada para un servicio de baño y corte de uñas, en enero de 2023.

La sentencia, dictada por el juez Bernardo Diez del Juzgado Civil y Comercial Nº12, determinó la indemnización tanto por el valor de la mascota como por el daño moral sufrido por su dueña, la abogada Patricia Stadler, quien estableció un precedente de fuerte impacto en la responsabilidad legal de los servicios veterinarios.

El lamentable hecho tuvo lugar cuando la letrada llevó a Juanita en buen estado de salud a una de las sucursales de Animalia, ubicado sobre la avenida Constitución, en la ciudad balnearia.

Horas más tarde, el local se comunicó para notificar la descompensación de la perra. La dueña, al acudir, encontró que su mascota ya había fallecido.

A pesar de las pericias judiciales, no se logró determinar la causa exacta de la muerte. El juez Diez argumentó que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”. El fallo también remarcó inconsistencias entre las explicaciones del personal del centro veterinario y la dificultad para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al deceso.

La sentencia de Diez fijó una indemnización que “supera en más de 14 millones al monto inicialmente reclamado”. La suma contempla el valor de la mascota, los gastos a raíz de lo sucedido y el daño moral por “el vínculo afectivo entre la dueña y su perra, que convivían desde hacía años”. A este monto deberán sumarse los intereses acumulados desde el hecho hasta la fecha.

Del ámbito penal al civil: cómo fue la investigación

En un primer momento, la Justicia abrió una investigación penal que luego fue desestimada. La controversia pasó al plano civil, donde se examinó la responsabilidad del local veterinario en el marco del servicio contratado.

El juez resaltó la falta de una reconstrucción clara de los hechos y las explicaciones contradictorias por parte del comercio, aspecto que contribuyó a la posición de la denunciante.

Para ello, la mujer exigió la intervención del Colegio de veterinarios, así como la revocación de la matrícula profesional del responsable, al tiempo que previó realizar una autopsia para esclarecer los motivos exactos del fallecimiento. La veterinaria involucrada rechazó todas las acusaciones y sostuvo que disponía de pruebas para presentar ante la justicia, según informó por entonces el portal 0223.

La propietaria del animal reiteró que su perra era “un animal sano” y responsabilizó de su muerte a una “falla cardíaca ocasionada por el suministro de sedantes”. Y añadió que en el centro médico veterinario “no asistieron” de forma adecuada a la mascota y la “abandonaron a su suerte”.

Y declaró por entonces al medio marplantense: “Se hará la autopsia para saber qué le inyectaron sin mi autorización. Quiero que intervenga el Colegio de veterinarios y le quite la matrícula a quien hoy la abandonó y la dejó morir”.

Frente a la difusión pública del caso, los responsables de la veterinaria rechazaron la denuncia, a la que calificaron como “falaz”, y explicaron que el animal ingresó al establecimiento para una consulta médica y posteriormente recibió un baño y corte de uñas.

Según el descargo oficial, tras concluir con los servicios contratados, la perra “Juanita” experimentó “una descompensación general” mientras esperaba ser retirada, situación que “fue inmediatamente atendida por nuestra veterinaria y notificada su dueña, pero el desenlace fue imposible de evitar”.

En un comunicado, los propietarios precisaron: “Queremos dejar constancia que bajo ninguna circunstancia se suministran drogas, ni tranquilizantes de ningún tipo a las mascotas que asisten a nuestros lavaderos”. Añadieron que la ficha médica del animal fue entregada junto con el cuerpo y los detalles del parte médico a la propietaria.

Un jurado de Honolulu declaró este miércoles culpable al médico Gerhardt Konig de tentativa de homicidio bajo la figura de alteración mental o emocional extrema, tras considerar probado que agredió a su esposa durante una caminata en un acantilado en marzo de 2025.

El veredicto, dictado al cabo de tres semanas de juicio con testimonios tanto de la víctima como del acusado, implica una pena máxima de 20 años de prisión, lejos de la cadena perpetua prevista para el cargo original por intento de homicidio en segundo grado, según informó CBS News.

De acuerdo a este medio, la condena a Konig, de 47 años y anestesiólogo establecido en Maui, surgió luego de que el fiscal Joel Garner reconociera la decisión del jurado como ajustada al examen de la prueba y de la carga legal requerida. Por su parte, el defensor Thomas Otake anunció su intención de apelar la sentencia al considerar que hubo “muchos aspectos apelables” por decisiones tomadas por el juez tanto previas como durante el proceso.

La acusación se originó tras el episodio registrado en el sendero Pali Puka, un sitio panorámico y aislado a las afueras de Honolulu. Según la denuncia y lo expuesto durante el juicio, Arielle Konig relató que su esposo intentó primero apuñalarla con una jeringa y luego la golpeó en la cabeza con una roca, con la aparente intención de dejarla inconsciente y despeñarla.

“Empecé a gritar, porque en mi mente él trataba de dejarme inconsciente para poder arrastrarme al borde”, testificó Arielle Konig ante el tribunal.

La víctima, que resultó con lesiones graves y luego pidió el divorcio, sobrevivió gracias a que dos excursionistas presenciaron la agresión y forzaron la huida del agresor, quien fue capturado más de 6 horas después, según el reporte de la estación local KGMB-TV afiliada a CBS.

Desarrollo del juicio contra Gerhardt Konig

Varios testigos respaldaron la versión de la esposa. Una de ellas, Amanda Morris, explicó ante el jurado que observó a Gerhardt Konig golpeando a su esposa con una piedra. Otra, Sarah Buchsbaum, declaró que el rostro de la víctima "estaba cubierta de sangre" y fue quien llamó al 911.

Durante el proceso, Arielle Konig declaró que la causa del ataque habría sido el enojo de su esposo tras descubrir su infidelidad. El relato de Emile Konig, hijo de Gerhardt de 19 años, corroboró este motivo al recordar una llamada por videoconferencia en la que su padre le dijo: “No voy a volver a Maui, cuida a tus hermanos menores, y tu madrastra me estaba engañando; intenté matarla”.

En su defensa, Gerhardt Konig argumentó que actuó en legítima defensa. Sostuvo que fue su esposa quien lo sujetó por las muñecas, se arrojó al suelo y lo golpeó en el rostro con una roca. Tras ser interrogado por su abogado acerca de si reaccionó “para defenderse en el calor del momento”, Konig respondió afirmativamente.

Consultado por la fiscalía respecto a su estado emocional al recibir mensajes que sugerían la infidelidad de su esposa, negó estar furioso y afirmó que no planeaba dañarla ese día en la caminata, añadiendo que le “dolió verla sangrando”.

El ataque en el sendero Pali Puka y la intervención de testigos

El incidente por el que fue condenado Gerhardt Konig tuvo lugar en marzo de 2025 en el apartado sendero Pali Puka, en las afueras de Honolulu. Durante el ataque, Konig intentó sedar a su esposa con una jeringa y la golpeó con una roca.

La intervención de senderistas que presenciaron la escena obligó al agresor a detenerse y permitió que la víctima sobreviviera a pesar de sus heridas, según consta en los testimonios citados por CBS News.

Tras su huida, Konig fue arrestado luego de una búsqueda que se extendió por más de 6 horas. Su condena, al ser por tentativa de homicidio bajo alteración mental o emocional extrema, representa una rebaja significativa respecto al cargo original de intento de asesinato, que preveía prisión perpetua.

Esta sentencia de hasta 20 años denota la consideración del jurado respecto al estado mental del acusado en el momento del crimen. El juicio contó con la participación tanto de la víctima como del acusado y de varios testigos presenciales, hecho que sustentó el desenlace procesal.

El fiscal Joel Garner expresó a CBS News: “Respetamos el veredicto. Respetamos que el jurado hizo su trabajo, consideró la evidencia y llegó a una sentencia que ajustó a la prueba y la carga requerida en este caso”.

El abogado Thomas Otake manifestó tras la audiencia su agradecimiento porque su defendido no fuese hallado culpable de intento de asesinato, ya que ello habría conllevado una condena a cadena perpetua.

Antecedentes profesionales y contexto familiar de los Konig

Según los hechos acreditados por el jurado en Honolulu, Gerhardt Konig atacó a Arielle Konig durante una excursión en la isla de Oahu, ocasionándole lesiones graves.

La intervención de testigos fue determinante para la supervivencia de la víctima y la posterior conducción del caso por la vía judicial.

Antes de su detención, Konig ejercía en el Anesthesia Medical Group de Hawái y previamente en el hospital universitario University of Pittsburgh Medical Center, además de desempeñarse como profesor asistente de anestesiología e ingeniería biomédica en la misma universidad.

Una mujer del estado de Washington, Alyssa Bradburn, fue sentenciada el 2 de abril de 2026 a 28 años de prisión tras ser condenada por el asesinato premeditado de su padre.

El veredicto, emitido por un jurado del condado de Spokane en abril de 2024, se fundamentó en pruebas de una planificación que incluyeron ensayos con el arma y registros escritos en un diario personal.

Según información del canal estadounidense Fox News, el caso conmocionó a la comunidad, ya que la acusada aguardó el regreso de su padre de un viaje para cometer el crimen, reconociendo ante el tribunal su culpabilidad y mostrando, durante el juicio, una conducta marcada por la frialdad y hasta ocasionales sonrisas.

El proceso judicial determinó que Bradburn, de 33 años, disparó a su padre, Timothy Bradburn, al menos cuatro veces en el domicilio familiar en el noroeste de Spokane el 25 de junio de 2024. La sentencia total fue de 340 meses de prisión —lo que equivale a cerca de 28 años— tras sumar una penalización adicional de 60 meses por el uso de un arma de fuego.

Además, la jueza Julie McKay dispuso que la acusada deberá cumplir 36 meses de custodia comunitaria tras salir de prisión, abonar una suma de resarcimiento económico por la muerte y mantener una prohibición permanente de contacto con su hermano Trace Bradburn.

Las pruebas presentadas por la fiscalía detallaron los pasos previos que empleó Bradburn para asegurar el asesinato. Estas incluyeron la práctica con el arma dentro del hogar, la búsqueda de asistencia para su armado en un campo de tiro y la redacción de notas detalladas en su diario donde plasmó su intención homicida.

De acuerdo con la fiscal adjunta Emily Sullivan, citada por el canal estadounidense Fox News: “La prueba demostró un grado extremo y elaborado de planificación”.

La versión de los hechos y el impacto familiar

En la jornada del 25 de junio de 2024, Bradburn realizó una llamada al 911 e informó que había disparado a su padre apenas este cruzó la puerta de la casa, aún portando su valija y llaves, de regreso de un viaje a Hawái. Más tarde, en conversación con detectives, Bradburn manifestó que creía haber efectuado tres disparos —dos al pecho y uno a la cabeza— aunque la autopsia reveló que la víctima recibió cuatro impactos de bala.

Inicialmente, la acusada intentó argumentar defensa propia, alegando presuntos abusos por parte de su padre tanto hacia ella como hacia sus perros, pero luego se retractó de esas acusaciones según consignó la filial local FOX 28 Spokane.

Durante el juicio, Bradburn reconoció los hechos de manera directa: “Maté a Tim Bradburn y soy culpable. Ya no tengo miedo. Estoy de acuerdo con ir a prisión el tiempo que sea necesario”, señaló ante el tribunal, reproduciendo un gesto de aparente tranquilidad, informaron cronistas del periódico regional The Spokesman-Review. Su actitud durante todo el procedimiento judicial se caracterizó por la ausencia de emociones notorias y la declaración de que encontraba disfrute en el proceso.

En la audiencia de sentencia, la fiscalía solicitó una pena de 320 meses más 60 adicionales por agravante de arma, remarcando la planificación del asesinato.

La defensa, en cambio, pidió indulgencia por la ausencia de antecedentes penales y los problemas de salud mental de Bradburn, señalando que “en ocasiones tiene dificultades para diferenciar la fantasía de la realidad”, según reportó el canal estadounidense Fox News.

El impacto emocional se evidenció a través del testimonio de Trace Bradburn, hermano de la acusada, quien describió la muerte del padre como devastadora y rechazó enfáticamente las acusaciones de abuso. En declaraciones a la filial local FOX 28 Spokane, expresó: “Mi padre era todo para mí”, y calificó de “profundamente dañinas” las denuncias iniciales, haciendo hincapié en: “Mi papá era un hombre extraordinario y nunca hizo daño a nadie”.

Los fundamentos de la sentencia y las consecuencias legales

La jueza McKay fundamentó su decisión en la gravedad del delito y en la ausencia de antecedentes previos por parte de Bradburn, precisando que “desafortunadamente, el crimen que la señora Bradburn eligió para iniciar su historial criminal es el más grave que existe”, según reproduce el canal estadounidense Fox News.

La condena estipula, además del tiempo en prisión, restricciones adicionales: la obligación de resarcimiento económico, 36 meses de custodia comunitaria a su salida y la prohibición absoluta de mantener contacto con Trace Bradburn.

El equipo de defensa de Bradburn declinó hacer declaraciones públicas sobre la sentencia o el cambio de aspecto físico que la acusada mostró durante el proceso, remarcó el canal estadounidense Fox News.

Tras el fallo favorable a Argentina en la Justicia estadounidense, que dejó sin efecto el pago de USD 16.000 millones por el juicio iniciado por la estatización de YPF, el principal beneficiario del litigio, el fondo inglés Burford Capital, pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se amplíe el plazo para revisar la decisión.

A fines de marzo ese tribunal invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano.

“Los abogados de Burford piden a la Cámara de Nueva York que amplíe hasta el 8 de mayo el plazo que vence este viernes para solicitar que un plenario de todos los jueces de la Cámara revisen el fallo de sus tres colegas que favoreció a la Argentina. La Cámara debería responder esta solicitud a más tardar mañana”, informó en su cuenta de X el abogado Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro.

“Justifican este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene ‘obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original’”, agregó.

Cabe recordar que Burford Capital, tras conocerse la victoria de la Argentina, emitió un comunicado en el que aseguró: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”.

“Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, añadió, en medio de un derrumbe en sus acciones del 50%.

Asimismo, el bufete que había comprado los derechos a litigar en esta causa por unos 15 millones de euros y había vendido partes de la demanda recaudando más de USD 300 millones hasta el momento, dijo que va a pedir una revisión al pleno de Cámara de Apelaciones, conocido técnicamente como “en banc”, aunque aclaró que “rara vez concede tales solicitudes”.

“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, sostuvo.

Sin mencionarlo explícitamente, también deslizaron la posibilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Grupo Banco Mundial ante el cual el país tiene un largo historial de demandas impulsadas por multinacionales.

Dicho fallo a favor de Argentina se sostuvo en que, bajo el derecho argentino, los estatutos de YPF no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas y que la Ley General de Expropiaciones regula integralmente estos procesos, desplazando reclamos contractuales. La mayoría del tribunal determinó que los daños por incumplimiento no son reconocibles.

El argumento completo:

“En apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Nueva York ante Cabranes, Chin y Robinson, jueces de circuito.

Apelación de órdenes y sentencia final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Preska, J.) en dos casos consolidados, que culminaron en una adjudicación combinada de daños por 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios de una empresa argentina de petróleo y gas.

El tribunal de distrito dictó sentencia a favor de los accionistas, al determinar que la República Argentina violó la ley argentina al expropiar la mayoría de las acciones ordinarias de la empresa de una manera que violó su estatuto, y otorgó sentencia a la empresa con respecto a las reclamaciones de los accionistas contra la empresa.

La República Argentina apela, argumentando que la sentencia y las órdenes previas se basaron, entre otras cosas, en interpretaciones erróneas de la ley argentina. Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados. Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento.

Se confirma en parte, se revoca en parte y se remite para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión.

El juez Cabranes disiente en una opinión separada“.

Ben Roberts-Smith, el veterano australiano vivo más condecorado, se enfrenta a cargos por crímenes de guerra por las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, según informaron la policía y los medios de comunicación el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del ex soldado de 47 años arrestado el martes. Sin embargo, los medios de comunicación han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un ex cabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió la Cruz Victoria y la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato por crímenes de guerra. Permanecerá bajo custodia durante la noche y comparecerá ante el tribunal por primera vez el miércoles, según un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es solo el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

Oliver Schulz, de 44 años y exsoldado del SAS, se declaró inocente del cargo de asesinato por crimen de guerra. Se le acusa de dispararle tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato en el marco de un crimen de guerra conlleva una posible pena de cadena perpetua. En Australia, se trata de un delito federal que se define como el homicidio intencional, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía arrestó a Roberts-Smith en el aeropuerto de Sídney el martes, tras su llegada en un vuelo procedente de Brisbane, según informó la comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no participaban en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán. Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) cuando fueron asesinadas”, declaró Barrett a los periodistas, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa Australianas.

“Se alegará que las víctimas fueron baleadas por el acusado o por miembros subordinados de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, agregó Barrett.

Un tribunal civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que interpuso después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 acusándolo de diversos crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las alegaciones de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente había matado ilegalmente a cuatro civiles en 2009 y 2012. Si bien el tribunal civil consideró probadas las acusaciones de crímenes de guerra en su mayoría según la preponderancia de la prueba, los nuevos cargos tendrían que probarse en un tribunal penal con un estándar más alto, más allá de toda duda razonable. En septiembre, el Tribunal Superior de Australia anunció que no admitiría la apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Los cargos se derivan de un informe militar publicado en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite australianas del SAS y de un regimiento de comandos asesinaron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, agricultores y otros no combatientes.

Barrett afirmó que pocos soldados estaban involucrados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente relacionada con estos cargos se limita a un sector muy pequeño de nuestras respetadas y confiables Fuerzas de Defensa Australianas (ADF), que ayudan a mantener la seguridad de este país”, dijo Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestras Fuerzas de Defensa Australianas enorgullecen a nuestro país. Los cargos presentados hoy no reflejan la realidad de la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.

La Oficina del Investigador Especial se creó para colaborar con la policía en las denuncias de crímenes de guerra. El director de investigaciones de la oficina, Ross Barnett, declaró que se habían investigado 53 denuncias de crímenes de guerra y que 39 de esas investigaciones habían concluido sin cargos. Alrededor de 40 000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 fallecieron.

(con información de AP)

El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

En 2025, uno de los casos criminales que más llamó la atención de la opinión pública fue el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, registrado en la madrugada del 31 de octubre.

Tras la captura de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, que quedaron grabados por cámaras de seguridad en Bogotá cuando agredieron a Moreno en una vía pública, la Fiscalía ha avanzado en el proceso de investigación y recopilación del material probatorio con el que comenzará el juicio después de Semana Santa.

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Cabe recordar que en el proceso se sigue buscando a Kledimar Paola Fernández, mujer que estaba disfrazada con un vestido azul y ha sido mencionada en las audiencias como la determinadora del homicidio y está siendo buscada con circular roja de Interpol.

Además, tanto los familiares de la víctima como los fiscales que llevan el caso han resaltado que pedirán la condena máxima para los imputados, que es de 50 años de prisión.

Las claves del juicio

Cinco meses después de que se registró el crimen, y antes de que comience el juicio, LaFM publicó un informe en el que reveló detalles del documento de acusación que presentará la Fiscalía en la audiencia con la que se retome el caso.

Se trataría de un recopilatorio con evidencia técnica, documentos forenses y testimonios que serían cruciales para argumentar la condena solicitada por el delito de homicidio doloso agravado.

El material incluiría 54 fotografías de la necropsia de la víctima, videos desde todas las perspectivas del hecho y la reconstrucción final del ataque registrado en la madrugada del 31 de octubre de 2025.

Cabe recordar que los acusados, que no aceptaron los cargos en su contra, buscaron llegar a un acuerdo con la Fiscalía para tener una rebaja de pena, pero esto fue rechazado por los funcionarios del ente acusador.

En las audiencias registradas, la defensa de los imputados ha intentado justificar el ataque indicando que se trató de un homicidio preterintencional en el que no tenían la intención de causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, pero esta teoría ha sido rechazada por la Fiscalía, que ha mencionado un presunto plan (verbal) acordado entre Suárez y González antes del ataque.

Como clave del caso, el ente acusador ha argumentado que la víctima no tuvo oportunidad para defenderse y que fue puesto en condición de inferioridad por sus asesinos.

“Aunque Juan Carlos Suárez fue el primer agresor, en uno de los videos se observa que Ricardo González corre a una velocidad terrible y va a parar contra la humanidad de Jaime Alberto Moreno y lo agrede en el suelo”, es parte del informe expuesto por el medio citado.

Debido a que los acusados, como parte de una estrategia legal, han indicado en las ocasiones que han podido hablar en las audiencias que aceptarían cargos si la acusación es por un homicidio preterintencional, la Fiscalía ha reafirmado que los imputados tenían claridad de que provocarían atacando de esa forma a Moreno.

“Usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y a una zona vital como lo era en la cabeza llevaría a su muerte”, fueron las palabras de la fiscal delegada durante una de las audiencias.

Sobre la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ofrecen hasta 10 millones de pesos por información relevante que permita su captura y su rostro ha sido mostrado en los cárteles de criminales más buscados de la ciudad, las autoridades han indicado que se presume que la mujer habría abandonado el país luego de lo registrado en la celebración de Halloween en Chapinero.

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en el barrio privado El Tipal, ubicado en Salta, ocurrido en agosto de 2023, tuvo en su primera audiencia a María del Valle Jiménez de los Ríos, madre de la víctima, como única testigo. “Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, expresó, para luego pedir que se le aplique al acusado la pena máxima: prisión perpetua.

En el banquillo de los acusados se ubicó José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima que llegó a esta instancia imputado por homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. El caso fue encuadrado como un femicidio desde el inicio de la investigación por la fiscal de la Unidad Fiscal de Femicidios, Luján Sodero Calvet.

La audiencia de apertura comenzó a las 08:30 horas con las formalidades y se extendió durante la mañana por cuestiones técnicas respecto a la organización del debate, la modalidad y fecha de la reconstrucción en el lugar del crimen y el orden de los testigos. Recién cerca de las 14:00 horas, la mamá de Mercedes ingresó a la sala tras una prolongada espera.

Frente al tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, la mujer relató el miedo que su hija sentía hacia su esposo, José Eduardo Figueroa, único imputado. Aunque dejó en claro que no siente odio, reclamó que se conozca la verdad y que el responsable reciba la condena que corresponda.

Durante las tres horas que se extendió su declaración, Jiménez de los Ríos reconstruyó el vínculo entre su hija y Figueroa, en donde indicó que estuvo marcado por insultos y un clima de miedo que se intensificó en los días previos al crimen.

“Yo no imaginé la magnitud del miedo que tenía”, reiteró en un tramo central, según las declaraciones recopiladas por El Tribuno. No obstante, la madre planteó que Mercedes había naturalizado los insultos y, tras los hechos, reconoció que pudo identificar otras formas de violencia que sufrió su hija, como, por ejemplo, la económica.

Uno de los momentos más reveladores del testimonio fue la reconstrucción del sábado previo al crimen. Ese día, Mercedes la visitó y se negó a bajar del auto. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo. Asimismo, la mujer reconoció que hasta entonces había intentado persuadirla de enfrentar la situación matrimonial, también por sus hijos.

Sin embargo, para Jiménez de los Ríos, ese episodio marcó un punto de inflexión, ya que la víctima llegó a manifestar con claridad el miedo que sentía y señaló que Figueroa estaba en un estado alterado. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó ante los magistrados.

Ese temor no era un hecho aislado. Mercedes lo había compartido también con su hermana Rosario, residente en España, a quien le confesó que atravesaba una situación de miedo y que había sufrido agresiones físicas.

De la misma manera, la madre de la víctima relató que su hija intentó alejarse en distintas ocasiones, incluso una noche en la que salió de la casa junto a dos de sus hijos. Mercedes también había manifestado su intención de separarse, pero indicó que se sentía hostigada.

La mamá de Mercedes reconstruyó cómo fue el día del femicidio

El 4 de agosto de 2023, Jiménez de los Ríos indicó que recibió un mensaje de audio de WhatsApp del esposo de su hija a las 08:52, mientras trabajaba. El mensaje, que duró 48 segundos, decía: “María, perdón, no aguantaba más. Ella hace mucho que elige a otros hombres”, y pedía que cuidaran a los hijos de la pareja.

Al recordar el tono de voz del principal acusado, la mujer planteó que había interpretado que Figueroa podía atentar contra su propia vida, ya que su voz sonaba angustiada. Por este motivo, le respondió pidiéndole que se tranquilizara y pensara en los hijos.

A raíz de ese audio se activó la búsqueda de Mercedes. En paralelo, la mujer contactó a su hijo Francisco Kvedaras, quien la orientó para buscar ayuda médica. Fueron a la vivienda de la pareja, donde la empleada informó que no estaban.

En ese momento, se percataron de que las llaves estaban puestas y que la camioneta y la moto de Figueroa permanecían allí. Dentro de la casa, la computadora estaba encendida y figuraba un turno de tenis para las 11:00 horas en el barrio.

El grupo, al no hallar a la pareja, pensó que Mercedes podría estar en el gimnasio o realizando alguna actividad cerca, incluso subiendo el cerro Elefante. Luego se sumaron Mercedes Ibarra, madre de la novia de Francisco, y revisaron las cámaras de seguridad del barrio privado.

La madre de Mercedes intentó contactarla sin éxito, mientras la desesperación crecía. Otro hijo, desde Buenos Aires, logró rastrear el celular de Mercedes. Así descubrió que este trazaba un camino hasta las inmediaciones de la casa del padre de Figueroa.

Poco después, la madre presenció el traslado del cuerpo de su hija. “Vi que se llevaron a mi hijita en una camioneta blanca, estaba muerta”, rememoró Jiménez de los Ríos. Según la investigación, el crimen se produjo entre las 8 y las 9 de la mañana, coincidiendo con el envío del audio.

La autopsia determinó que Mercedes murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación, y presentaba múltiples lesiones. La habían encontrado sin vida dentro del auto familiar, junto a Figueroa, quien presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y en las muñecas. El acusado permaneció hospitalizado hasta que pudo recuperarse del estado crítico en el que se encontraba.

Mientras la opinión pública habla sobre el estreno de Dear Killer Nannies, la miniserie de Disney+ y Hulu en la que se cuenta la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, en Argentina el nombre del heredero del cartel de Medellín también fue mencionado, pero por un tema legal.

Se trata de la nulidad de un proceso judicial por presunto lavado de activos que involucraba a integrantes de Sebastián Marroquín, María Isabel Santos (nuevos nombres del hijo y la viuda de Pablo Escobar) y al exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna.

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Las actuaciones judiciales comenzaron durante una causa abierta en la que se hallaron documentos en la vivienda del abogado Mateo Corvo Dolcet.

De acuerdo con las autoridades, dichos documentos mencionaban una cercanía entre los mencionados y el ganadero colombiano José Piedrahíta, señalado como inversionista en proyectos inmobiliarios y solicitado por una corte de Estados Unidos.

Todo lo que se sabe del proceso que fue anulado

Durante la fase inicial de la investigación, el juez federal Néstor Barral procesó a María Isabel Santos Caballero, a Juan Sebastián Marroquín Santos y a Mauricio Serna por presunto lavado de activos agravado.

En ese momento, la justicia consideró que con movimientos financieros buscaban legalizar ingresos provenientes de actividades ilícitas a través de bienes raíces y vehículos de lujo, por lo que se incluyó un embargo preventivo de 30 millones de pesos argentinos mientras los implicados permanecían en libertad.

El caso cobró notoriedad debido a la relevancia pública de los procesados; principalmente, Mauricio “Chicho” Serna, recordado por su paso por Boca Juniors. A pesar de su relevancia pública, el mediocampista optó por no entregar declaraciones sobre su vínculo con la causa, dejando la gestión de su defensa en manos de sus abogados.

Las circunstancias que llevaron a la implicación de Serna en el expediente se relacionaban con el testimonio de un informante que lo señaló como supuesto testaferro de un narcotraficante. En 2019, la filtración de estos testimonios también involucró a la viuda y al hijo de Pablo Escobar, aludiendo que tenían conocimiento de las actividades de José Piedrahíta y de sus nexos con el cartel de Cali.

Según la declaración, Santos Caballero (apellidos nuevos de la viuda de Escobar) y su hijo estaban al tanto de la relación de Piedrahíta Ceballos con capos colombianos, debido a que la hermana de la viuda de Escobar Gaviria trabajaba junto a él.

El proceso judicial avanzó a lo largo de varios años, con los implicados bajo medidas cautelares que incluían el embargo de bienes y restricciones sobre su patrimonio.

Pese a la magnitud de las acusaciones, la justicia argentina resolvió finalmente desvincular a Serna, Marroquín y Santos de la causa y declarar nulas las actuaciones en su contra.

La nulidad del trámite fue confirmada por fuentes judiciales y replicada por periodistas especializados en temas judiciales y deportivos. Con la resolución judicial, tanto Sebastián Marroquín como María Isabel Santos y Mauricio Serna quedan desvinculados formalmente del expediente por presunto lavado de activos en Argentina, cerrando una etapa que abarcó más de siete años desde la apertura de la investigación.

En la actualidad, los familiares de Pablo Escobar protagonizan charlas motivacionales y conferencias en las que hablan de las consecuencias de ingresar al mundo delictivo, lo que ha incluido giras en países como México y El Salvador.

Por su parte, Mauricio Serna sigue vinculado al fútbol profesional con escuelas de fútbol y hasta 2025 trabajó para Boca Juniors como parte del equipo directivo de la presidencia de Juan Román Riquelme.

El juicio contra Russell Brand por cargos de violación y agresión sexual ha sido aplazado hasta octubre, según informó Sky News. Inicialmente, el proceso estaba programado para comenzar el 16 de junio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Sin embargo, el juicio, que agrupará un total de siete cargos presentados en el último año, iniciará el 12 de octubre y se prevé que tenga una duración aproximada de hasta dos meses.

Russell Brand ha declarado su inocencia frente a todos los cargos y ha negado cualquier conducta indebida. Durante el proceso penal, se le ha concedido libertad bajo fianza.

Tras la presentación inicial de los cargos en abril de 2025, el actor se pronunció a través de redes sociales.

“Cuando era joven y soltero, antes de tener a mi esposa y mi familia, fui un tonto, fui un tonto antes de vivir en la luz del Señor; fui adicto a las drogas, adicto al sexo y un imbécil. Pero lo que nunca fui es un violador”, escribió.

Y añadió: “Nunca he participado en actividades no consensuadas. Rezo para que puedan verlo al mirarme a los ojos”.

Las imputaciones se producen después de una investigación conjunta realizada en 2023 por The Sunday Times y Channel 4, en la que varias mujeres presentaron acusaciones contra Brand.

Las acusaciones contra el actor se formalizaron en distintas etapas. En abril de 2025, el artista fue imputado por delitos de violación, agresión indecente y agresión sexual relacionados con cuatro mujeres distintas, en hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2005.

Posteriormente, en diciembre de 2025, se añadieron dos cargos adicionales —uno por violación y otro por agresión sexual— vinculados a otras dos mujeres, en incidentes que habrían tenido lugar en 2009.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la Fiscalía de la Corona aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de presuntos incidentes denunciados por dos nuevas mujeres.

De acuerdo con información confirmada por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso judicial que ya se encontraba en curso.

Las autoridades no han hecho públicos detalles específicos sobre las fechas ni los lugares de los nuevos incidentes, aunque confirmaron que forman parte de una investigación más amplia llevada a cabo por detectives especializados de la Policía Metropolitana.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, señaló que las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo por parte de oficiales especialmente capacitados.

“Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, indicó en un comunicado difundido a TMZ.

El funcionario también subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió.

Las autoridades han reiterado que mantienen activos los canales para recibir nuevos testimonios o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones sobre la gestión económica y los constantes desplazamientos internacionales de Francisco Martínez han suscitado dudas entre los responsables del caso Kitchen en relación con su disponibilidad para afrontar el juicio. Según informó Europa Press, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó ante la Audiencia Nacional la adopción de prisión provisional para Martínez, quien fue secretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016, debido al riesgo de fuga antes del inicio del proceso oral previsto para el 6 de abril. La misma medida fue reclamada para Andrés Gómez Gordo, comisario acusado en la misma causa, con el objetivo de asegurar la presencia de ambos durante las vistas judiciales y garantizar la posible ejecución de una sentencia condenatoria.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el PSOE, que actúa en calidad de acusación popular en el expediente sobre la denominada ‘Operación Kitchen’, expuso en la petición formal la preocupación por la falta de acceso a información acerca de la capacidad económica de los procesados. El escrito trasladado a la Audiencia Nacional subraya que no se ha comprobado si existe investigación alguna acerca de los movimientos patrimoniales de los acusados o, en su caso, su acceso a dichos datos, situación que incrementa el riesgo de elusión judicial.

Entre los argumentos expuestos por el PSOE figura la gravedad de los delitos atribuidos a Francisco Martínez. El medio Europa Press detalló que está imputado por ilícitos como malversación de fondos, pertenencia a organización criminal, delitos contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho, con penas asociadas que superan con creces los dos años de prisión. El partido remarca que el volumen y la naturaleza de las acusaciones incrementan el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Parte de la fundamentación del PSOE resulta de la situación familiar y el historial reciente de Martínez. Europa Press publicó que Martínez mantiene matrimonio con una ciudadana mexicana, y según la documentación, se traslada al país latinoamericano de manera regular atendiendo motivos personales. Fuentes del partido advirtieron que estos constantes viajes podrían facilitar su eventual salida del territorio nacional en caso de pretender evitar la comparecencia ante el tribunal.

Otro elemento relevante aportado en la solicitud es la supuesta vinculación de Martínez a una trama de ciberataques contra bases de datos de la Administración Pública. De acuerdo con Europa Press, la formación política señala que el ex alto cargo permaneció en prisión preventiva hasta junio de 2025, y actualmente enfrenta también un proceso en el denominado caso ‘policía patriótica’, relacionado con el partido Podemos.

El PSOE extendió las sospechas sobre la posible existencia de cuentas o activos con procedencia no esclarecida. La petición judicial transferida a la Audiencia Nacional hace hincapié en la dificultad de explicar cómo Martínez logra compatibilizar el desempeño de su puesto público como letrado de las Cortes con los frecuentes desplazamientos transnacionales, las obligaciones familiares y los costes asociados a su defensa en tres procesos penales de alta complejidad, elementos difíciles de justificar únicamente con el salario percibido como funcionario sujeto a un régimen estricto de incompatibilidades.

La solicitud de prisión provisional también recayó sobre el comisario Andrés Gómez Gordo. Europa Press informó que el PSOE argumentó la existencia de riesgo de fuga, agravado por una resolución judicial previa que impone la inhabilitación de Gómez Gordo para ejercer funciones públicas. Dicha situación, a juicio del partido, elimina el principal vínculo profesional y territorial del acusado con España, debilitando su arraigo y fortaleciendo el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia.

Además, el escrito presentado por el PSOE plantea interrogantes sobre los recursos con los que tanto Martínez como Gómez Gordo han afrontado los gastos de su defensa en múltiples procedimientos judiciales complejos. Según señaló Europa Press, el partido sugiere que los acusados podrían disponer de ingresos adicionales ajenos a los declarados como funcionarios públicos, cuya procedencia no ha sido aclarada durante la instrucción.

Según publicó Europa Press, la ‘Operación Kitchen’ es objeto de análisis judicial por tratarse de un supuesto operativo policial destinado a recuperar documentación presuntamente comprometedora en poder del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En este contexto, los acusados han adquirido relevancia dentro del procedimiento, y los movimientos económicos, sumados a sus vinculaciones personales y profesionales, constituyen el núcleo de la solicitud de medidas excepcionales que la acusación popular considera imprescindibles ante la proximidad del juicio.

Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García, fundamentó ante el Tribunal Supremo una nueva solicitud que reclama la autorización para la realización de reuniones presenciales entre los acusados y sus abogados en el centro penitenciario de Soto del Real. De acuerdo con Europa Press, De la Hoz argumentó que la ausencia de estos encuentros obstaculiza la adecuada preparación de la defensa, ya que impide el contraste de versiones y documentos, y sitúa a los implicados en un estado de indefensión material ante el juicio que se aproxima por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

Según detalló Europa Press, la petición remitida al Tribunal Supremo solicita que se permitan “de manera excepcional y proporcional” las comunicaciones y visitas conjuntas entre Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los equipos legales que los representan. Ambos se encuentran en Soto del Real desde noviembre, vinculados a una causa judicial que implica el análisis de miles de folios y archivos digitales asociados a adjudicaciones para la adquisición de mascarillas.

En la documentación presentada al tribunal, De la Hoz precisó que ya existe un “acuerdo total y explícito” con Marino Turiel, abogado defensor de Ábalos, para coordinar labores en la estrategia legal de ambos acusados. Europa Press consignó que la abogada expuso que la “necesidad imperiosa de una defensa conjunta” surge de la naturaleza de la acusación, que implica el examen de vasto material documental en común. De la Hoz sostuvo que, “sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos”.

La abogada caracterizó como inviable la preparación de la defensa a través de los canales ordinarios de comunicación penitenciaria, los cuales consisten en locutorios separados por mamparas, disponiendo que la separación física obstaculiza el análisis de pruebas digitales, informes y otros escritos clave en la causa. Según expuso De la Hoz ante el Tribunal Supremo, la propia petición se realizó siguiendo la recomendación de un funcionario penitenciario, que habría instado a los abogados a formalizar por escrito su demanda para ordenar los encuentros. Pese a este consejo, reportó Europa Press, la Subdirección de Seguridad del centro denegó la solicitud, contradiciendo lo que la abogada califica como una práctica habitual en procesos con varios investigados.

La petición añade la solicitud de autorización para utilizar ordenadores portátiles y soportes de almacenamiento digital, con el objetivo de que los letrados puedan estudiar conjuntamente el expediente de la causa penal, y para que se habilite una sala especial sin barreras físicas entre los participantes. De la Hoz remarcó que la complejidad del caso, con un “volumen de miles de folios y archivos digitales”, vuelve inviable la revisión por separado, aduciendo que el procedimiento penal requiere del contacto físico directo para una defensa eficaz y coordinada.

El proceso judicial que involucra a Koldo García y José Luis Ábalos gira en torno a presuntas irregularidades en contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, causa que ha derivado en un extenso sumario y el señalamiento de responsabilidades compartidas. Europa Press especificó que el Ministerio Fiscal solicita para Ábalos una condena de 24 años de prisión, para Koldo García una pena de 19 años y medio, y para Víctor de Aldama, empresario también acusado, una condena de 7 años.

El juicio oral dará comienzo el 7 de abril y contará, según Europa Press, con la intervención de más de 70 testigos en un total de 13 sesiones. La preparación de la defensa cobra peso frente a la magnitud de la causa y la cantidad de material probatorio que se analizará a lo largo del proceso.

El requerimiento planteado por De la Hoz subraya la relevancia de que los acusados y sus abogados puedan trabajar de manera coordinada dentro del penal, dada la singularidad y volumen de información a confrontar. La abogada sostuvo que impedir estos encuentros genera un riesgo procesal al limitar la capacidad de respuesta legal de los imputados, lo que, según indicó al Tribunal Supremo, vulnera derechos básicos de defensa reconocidos en el ámbito judicial español.

Europa Press amplió que la comunicación enviada al Supremo no se refiere únicamente al encuentro entre Koldo y Ábalos, sino que solicita establecer un precedente para la habilitación de reuniones similares en casos donde la acumulación de pruebas documentales afecte simultáneamente a varios investigados dentro de un mismo proceso. Las condiciones vigentes en Soto del Real solo permiten visitas individuales bajo estrictas medidas de seguridad, situación que, en palabras de la defensa, dificulta de manera considerable la comprensión de la causa y la coordinación eficaz entre los equipos jurídicos de los acusados.

Según la documentación a la que accedió Europa Press, De la Hoz recalcó en su alegato que la denegación de la Subdirección de Seguridad del penal se produjo pese a que “este tipo de prácticas resultan normales y habituales en el funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario cuando existen causas con multiplicidad de investigados”. El escrito remarca asimismo que la exigencia de la defensa no constituye un capricho procesal, sino una necesidad derivada directamente de las particularidades del expediente judicial en cuestión.

El desarrollo y resultado de este requerimiento marcará las condiciones de trabajo de las defensas de ambos principales acusados en las semanas previas al inicio de un juicio que concentrará atención mediática y judicial, dada la cuantía de las penas solicitadas y el número de comparecientes previstos, según la información difundida por Europa Press.

La magistrada-presidenta de sala devolvió en tres ocasiones las actas al jurado, detectando contradicciones que impidieron alcanzar un veredicto válido sobre la muerte de un hombre ocurrida en 2020 en la barriada de El Torrejón, Huelva. Este escenario, previsto en el artículo 65 de la Ley del Jurado, obliga a que el proceso se reinicie con un nuevo juicio oral, un nuevo jurado popular y un presidente de sala diferente. Según informó Europa Press, la disolución del jurado resulta una medida poco frecuente y provoca que la reanudación del proceso pueda demorarse, ya que el nuevo magistrado deberá estudiar toda la documentación antes de asignar la fecha de la vista.

El juicio, iniciado el 13 de marzo, buscaba esclarecer los hechos relacionados con la muerte de un varón de 48 años durante una confrontación que dividió a familiares y vecinos del barrio. El Ministerio Fiscal, tres acusaciones particulares —en nombre de la víctima, su madre y hermanos— y tres defensas representando a los acusados participaron en el proceso, según consignó Europa Press. La última jornada estuvo marcada por la decisión del Ministerio Público de retirar los cargos contra dos de los once procesados, en concreto el padre del principal acusado y el hijo del acusado que había resultado lesionado, al no encontrar pruebas que los vincularan directamente a la agresión.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía mantuvo la petición de 15 años de prisión para el principal acusado, atribuyéndole un delito de homicidio. Para otros cuatro imputados solicitó 13 años de cárcel por la misma figura delictiva, mientras que para los restantes procesados propuso condenas de cuatro años por lesiones cualificadas. Uno de los abogados de la acusación particular, en representación de varios hermanos de la víctima, coincidió en la calificación de homicidio y se adhirió a la solicitud del Ministerio Fiscal, aunque otro de los letrados rebajó la acusación de asesinato a homicidio para el tío del principal acusado, alegando el agravante de reincidencia debido a una condena previa por otro homicidio. Este último solicitó 15 años de prisión e incrementó la petición para otros encausados a 13 años, argumentando una participación conjunta en la muerte.

Por otro lado, la acusación en nombre de la madre, un hermano y el propio fallecido mantuvo la acusación inicial de asesinato con alevosía y ensañamiento, figuras que el resto de las partes no consideraron apropiadas, al igual que la Fiscalía que descartó estas agravantes. Esta parte solicitó 25 años de prisión para los once acusados bajo el concepto de “autoría conjunta”, según comunicó Europa Press.

Durante las conclusiones, los abogados defensores pidieron la absolución de sus clientes, pues entendieron que las pruebas resultaban insuficientes para sustentar una condena por homicidio o asesinato. Hicieron referencia al principio “In Dubio Pro Reo”, subrayando la ausencia de evidencia material: “No hay huellas, no hay armas, no hay nada”, declaró uno de los letrados, citado por Europa Press. De acuerdo con las defensas, la situación exigía un veredicto de “no culpabilidad”.

Las versiones sobre el origen del altercado presentaron notables diferencias. Las acusaciones sostuvieron que todo comenzó por una filtración de agua de la vivienda de una vecina situada sobre la del fallecido, lo que afectó al acusado principal. Se alegó que este último exigió dinero al fallecido para reparar el baño y, al no obtenerlo, lo habría amenazado de muerte. La defensa propuso otra narración: atribuyó el suceso a un presunto acoso del fallecido hacia la hija menor de uno de los acusados. Según esta tesis, la víctima se presentó en casa del padre del acusado y lo amenazó con un cuchillo, lo que desembocó en la pelea mortal. El acusado principal reconoció haber usado un palo con extremo de hierro por defensa personal, pero negó ser el autor de la puñalada letal, según relató Europa Press.

Durante el juicio, también se escuchó la declaración de la vecina de arriba, quien describió a la víctima como una persona “conflictiva”, relató que la mantenía en estado de miedo constante y la acosaba sexualmente. No confirmó si el fallecido había acosado a la menor, aunque lo calificó de obsesionado con las mujeres de cualquier edad.

En el ámbito de la prueba pericial, dos médicos forenses informaron que la muerte fue causada por una puñalada en la zona lumbar, que penetró el diafragma y un pulmón, provocando neumotórax y perforando el corazón, lo que originó un shock hipovolémico debido a pérdida masiva de sangre. Según reportó Europa Press, los forenses identificaron 29 lesiones en distintas partes del cuerpo del fallecido, incluyendo áreas del tronco, cabeza, brazos y manos, varias de ellas catalogadas como defensivas y producidas por diferentes objetos. Determinaron que la puñalada fue ascendente, con una inclinación de aproximadamente 45 grados, infligida con un arma blanca de 2,5 centímetros de ancho y 20 de largo.

La Policía Nacional localizó tres armas cerca del cuerpo: un cuchillo con mango verde, un bate de béisbol y una navaja. Posteriormente, la seguridad en la barriada de El Torrejón se reforzó debido a ciertos intentos de enfrentamiento tras la reyerta, según recogió Europa Press. Las pesquisas de ADN en el laboratorio de la Policía Nacional en Sevilla determinaron que la camiseta del acusado principal presentaba tanto la sangre de la víctima como la del propio acusado y de uno de sus hermanos, a su vez imputado. En una navaja se identificaron perfiles genéticos que no se pudieron precisar; el cuchillo, de 34 centímetros, contenía sangre de la víctima y de otro acusado; el bate de béisbol mostró restos de sangre del fallecido y de un tercer reo, sangre que también se rastreó en otros objetos relacionados con la causa. Otra navaja solo presentaba vestigios sanguíneos del fallecido.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla examinó la ropa de la víctima, hallando su propia sangre y dos muestras con perfiles genéticos adicionales, imposibles de identificar por la baja cantidad de ADN, comentó Europa Press.

Las primeras sesiones del juicio recogieron los testimonios de familiares del fallecido, policías y peritos. Los hermanos de la víctima declararon ante la sala que el hombre no tenía problemas previos con nadie en el barrio y relataron que la disputa derivó “por la filtración”, sumando que el acusado exigió 3.000 euros para cubrir los daños. Dos hermanas sostuvieron haber presenciado el momento de la agresión mortal e identificaron al acusado principal como responsable de la puñalada. Las defensas pusieron en cuestión estas afirmaciones, remarcando contradicciones entre los testimonios vertidos en juicio y anteriores comparecencias y dudando de que haya habido testigos directos del suceso.

El procedimiento judicial se prolongará indefinidamente hasta que pueda celebrarse el nuevo juicio con la composición renovada del tribunal popular, mientras las diversas partes esperan una resolución definitiva para un caso que, según distintos testimonios, involucra enfrentamientos vecinales y presenta versiones irreconciliables sobre los hechos que derivaron en la muerte violenta de 2020.

El 12 de febrero se confirmó la condena de 12 años de prisión para los cinco escoltas de la cantante Greeicy Rendón que participaron en la tortura contra dos personas que prestaban servicios en la finca donde se encontraba la cantante en Rionegro, Antioquia.

Durante el proceso judicial, las víctimas narraron que fueron golpeadas, amenazadas y sometidas a diferentes formas de violencia mientras permanecían privadas de la libertad dentro de la propiedad, lo anterior por orden, presuntamente, del padre de la cantante, Luis Alberto Rendón.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación incluyeron testimonios, exámenes médicos y registros de cámaras de seguridad. La decisión judicial se basó en la gravedad de las agresiones y en el abuso de poder por parte de los condenados, quienes utilizaron su posición para cometer los delitos.

Aunque la sentencia fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y el fallo será revisado en segunda instancia, este hecho marcó el inicio del proceso legal contra Luis Alberto Rendón.

Comenzó oficialmente el juicio contra el papá de Greeicy Rendón

El 28 de marzo, Telemedellín informó que, a cargo de un juez del Juzgado Quinto Penal de Antioquia, ha iniciado formalmente el juicio en el que Luis Alberto Rendón deberá responder por los delitos de secuestro y tortura en calidad de coautor.

El medio citado informó que la Fiscalía presentó un escrito de acusación que incluye 33 pruebas contra Rendón; 18 de ellas son documentales, 11 testimoniales y el resto hacen parte de informes periciales.

Sobre el caso, la Fiscalía ha afirmado que Luis Alberto Rendón actuó de manera dolosa, puesto que sabía todo lo que estaba pasando al interior de la vivienda con las dos personas que fueron torturadas de manera física y psicológica.

Cabe recordar que, en el proceso en el que fueron condenados los cinco escoltas, se reveló que las víctimas recibieron golpes con martillos, tortura con mangueras de agua y otro tipo de agresiones mientras eran señaladas de haberse robado un dinero en mayo de 2023.

La condena que podría recibir Rendón

En diálogo con Infobae Colombia, el docente, consultor y litigante en materia penal de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Edwin Manuel Chaves, analizó el proceso que protagoniza Luis Alberto Rendón.

“Podría ser condenado a la misma pena prevista para los ejecutores materiales o autores directos del delito, en caso de ser declarado responsable”, anticipó el experto, que explicó que el artículo 30 del Código Penal, en consonancia con la doctrina mayoritaria, establece que al determinador le corresponde la misma pena asignada al autor.

Para argumentar su postura, Chaves explicó que haber dado la orden incluye otros factores que podrían ser incluidos en el análisis que realice el juez encargado del caso en el momento de definir la situación legal de Rendón.

“La determinación, denominada también inducción en la doctrina, consiste en un influjo psíquico ejercido sobre otra persona para que adopte la decisión de cometer un delito. El determinador necesariamente recurre a medios de carácter psicológico o comunicativo, tales como el halago, la promesa, la amenaza, la persuasión o la orden, todos los cuales constituyen formas de interacción interpersonal orientadas a provocar la resolución criminal en el autor material”, puntualizó el jurista.

Hasta el momento, ni el equipo de abogados ni ningún integrante de la familia Rendón se ha pronunciado sobre el caso en concreto o sobre los hechos de agresión que se mantuvieron hasta que uniformados de la Policía Nacional capturaron a los escoltas en flagrancia.

La noche del 6 de agosto de 2025, M. E. J. (47) llamó al padre de su hijo de 14 años, Aarón Benjamín Alaniz, para pedirle que fuera a su casa en Río Cuarto porque había encontrado al menor tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Ante las autoridades declaró que no recordaba nada de lo ocurrido, pero las pruebas la señalaron como la principal acusada.

Desde esa misma noche, la mujer permanece detenida bajo la acusación de haber sido la autora de las doce puñaladas que los forenses encontraron en el cuerpo del adolescente. Luego de que las pericias psiquiátricas indicaran que comprendía la criminalidad de los actos, el fiscal Pablo Jávega resolvió que era apta para ser imputada por el delito de homicidio calificado agravado por el vínculo.

En los últimos días, se decidió que la causa sea elevada a la etapa del juicio oral, después de que un Juzgado de Control rechazara los planteos de la defensa. Pese a que los defensores de la acusada intentaron cuestionar la imputación, el tribunal validó la continuidad del proceso.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el fiscal Jávega informó que, antes de tomar esta determinación, se realizaron diversas medidas probatorias. Entre estas, se incorporaron testimonios, documentación médica y pericias interdisciplinarias para evaluar la situación mental de la acusada en el momento del crimen.

A partir de la incorporación de estos elementos al expediente, la Fiscalía apuntó que quedó acreditado que tenía la capacidad de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones al momento de los hechos. Este punto resultó determinante para descartar los planteos de la defensa vinculados a una posible inimputabilidad.

El día del crimen, la mujer había manifestado a las autoridades policiales que era una paciente psiquiátrica y que padecía esquizofrenia. Incluso, les indicó que había tomado dos de los medicamentos que aparentemente tenía prescriptos por su diagnóstico. Sin embargo, las pericias negaron que estos elementos hubieran tenido algún tipo de influencia en su accionar.

El ataque ocurrió en el domicilio familiar, donde la víctima recibió 12 heridas de arma blanca. A raíz de la gravedad de la acusación, la mujer fue imputada por homicidio calificado agravado por el vínculo, una de las figuras más severas del Código Penal que prevé una pena de prisión perpetua en caso de que el tribunal la hallara culpable.

En principio, la acusada aseguró que habría tenido una supuesta pérdida de conciencia y que, cuando la recobró, el cuerpo del menor se encontraba sobre un charco de sangre. Por esto, se comunicó con su ex pareja y padre de Benjamín, quien arribó al lugar y alertó a la Policía de Córdoba.

Durante la inspección preliminar, los efectivos policiales constataron la muerte del adolescente. Asimismo, registraron que la mujer tenía varios cortes en la pierna izquierda. No obstante, no habrían estado relacionados con un forcejeo, debido a que la autopsia del joven comprobó que no tenía lesiones defensivas.

Pero esta información no se conocería hasta más tarde, por lo que la primera hipótesis que barajaban los investigadores apuntaba a que la mujer sí había sufrido un brote psicótico. Sobre todo, porque los agentes la encontraron en estado de shock, sentada en una reposera, junto al cadáver de su hijo. También encontraron el arma homicida, un cuchillo que fue agregado como prueba clave para el juicio.

Frente a este panorama, habían ordenado que la madre de Benjamín fuera internada en el área de salud mental del Hospital San Antonio de Padua hasta que fuera estabilizada. “Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, evaluaban fuentes de la investigación. Una línea investigativa que también había sido apoyada por los vecinos, quienes indicaron que eran buenas personas.

En marzo de 2025 se registró la solicitud de extradición de siete colombianos a Estados Unidos por una investigación en la que se les vinculaba con una organización transnacional que enviaba cocaína en submarinos.

Los implicados son Elkin Armando Alomia Quiñones, Luis Alberto Arboleda Escobar, Diego Luis Obregón Aguirre, Edwin Obregón Castro, Juan Matías Obregón Castro, Rodrigo Obregón Saavedra y Narjel Paredes, que según las autoridades estadounidenses forman parte de una red que construía embarcaciones semisumergibles utilizadas para transportar grandes cantidades de cocaína.

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En ese momento se informó que la ruta de los colombianos comenzaba en la costa del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y México, donde la droga era entregada a zonas controladas por el Cartel de Sinaloa.

La operación incluía la financiación de cargamentos, contratación de tripulaciones y la realización de contravigilancia en alta mar mediante barcos pesqueros para evitar la detección por fuerzas del orden. La estructura criminal fue identificada luego de dos operativos internacionales; en estos se logró la incautación de 2.312 de 3.300 kilos; en ambos casos se identificaron embarcaciones construidas de manera empírica.

Comenzó el juicio contra los seis colombianos en Estados Unidos

En la tarde del 27 de marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, a través del Distrito Este de Nueva York (Edny), emitió un comunicado en el que confirmó que los seis colombianos mencionados llegaron al país norteamericano y fueron presentados ante un tribunal federal de Brooklyn.

“Según las acusaciones, los acusados ​​son miembros de una organización colombiana transnacional de narcotráfico marítimo que pretendía traficar clandestinamente toneladas de cocaína en embarcaciones semisumergibles hacia México, para su posterior distribución en Estados Unidos”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella.

El fiscal agradeció a la Marina de Colombia por la ayuda durante los operativos en los que, junto con la DEA, capturaron a los imputados. Cabe mencionar que entre los imputados solo hay hombres de entre 40 y 69 años.

“Utilizar sumergibles en un intento calculado de evadir a las fuerzas del orden no los hace invisibles. Ya sea que intenten esconderse bajo el agua o en la superficie, la DEA, junto con nuestros socios nacionales e internacionales, perseguirá y derrotará sin descanso a las organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y causan la muerte de estadounidenses”, declaró el jefe de la Regional de Operaciones de la DEA, Frank Tarentino.

Durante la acusación formal se mencionó que los colombianos ayudaron a traficar hasta cinco toneladas de cocaína en submarinos. Sobre el modus operandi, revelaron que los miembros de la estructura criminal conseguían inversionistas para financiar cargamentos de varias toneladas de cocaína y la construcción de las embarcaciones semisumergibles; construían las embarcaciones y contrataban tripulantes para cargar la droga que llegaba a México.

Los criminales también realizaban labores de vigilancia que incluían el posicionamiento de buques con los que verificaban que el cargamento siguiera la ruta alejados de embarcaciones militares.

En el comunicado se resalta que los colombianos serán juzgados como parte de la iniciativa establecida en la orden 14159 de protección del pueblo estadounidense contra la invasión, que se dedica a “eliminar carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en los Estados Unidos y en el extranjero”.

Por último, se confirma que los sudamericanos deberán afrontar cargos por distribución internacional de cocaína ante la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía de Estados Unidos, mientras que las fiscales adjuntas Lorena Michelen y Katherine Onyshko serán las responsables del caso a partir de este momento.

Aunque todavía no está escrita la última palabra en el largo juicio de Burford Capital contra la Argentina, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dio de baja el fallo en primera instancia por la expropiación de YPF, es mucho más que un traspié para este “financista de litigios” con sede en Londres y fundado en 2009 por Christopher Bogart, la cara más visible del juicio más voluminoso contra el estado argentino.

El reflejo más evidente de la derrota tal vez definitiva de Burford en el juicio contra la Argentina, en el que el gobierno tuvo el apoyo clave del gobierno de Donald Trump a través de presentaciones del Departamento de Justicia, es la propia cotización de la empresa en la bolsa de Nueva York.

En septiembre de 2023, cuando Burford obtuvo en el juzgado de la jueza Loretta Preska el fallo hoy “vaciado” (void) por la Cámara de Apelaciones, la “capitalización de mercado” de Burford había trepado a cerca USD 3.500 millones. Hoy, tras la difusión del fallo, el valor de la empresa, que a fines de febrero aún cotizaba por sobre los USD 2.000 millones, caía como un piano, a poco más de USD 750 millones hacia el mediodía de la Argentina.

Debe tenerse en cuenta además que si bien Burford podría aún recurrir a la Corte Suprema de EEUU, el mayor tribunal de la justicia norteamericana toma muy pocos casos en sus manos y es -según señaló un abogado consultado por Infobae- altamente improbable que lo tome en este caso, en que el propio gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia ya se puso del lado de la Argentina.

La Cámara de Apelaciones básicamente priorizó la validez de aplicación de la ley de expropiación de la Argentina por sobre lo que decía el estatuto de YPF, que fue el argumento de Burford. “El estatuto estaba pensado para aplicarse en caso de un take over, especialmente si era de carácter hostil, no para aplicarse en caso de una expropiación, explicó mientras leía la sentencia un abogado consultado por Infobae, que pidió más tiempo para digerirla.

“Este caso es sobre los acreedores e inversores que han perdido miles de millones de dólares a causa de los actos ilegales del gobierno argentino, no sobre Burford”, había dicho a Infobae un vocero de Burford, en octubre pasado, cuando este medio investigó y publicó un historial sobre el accionar de este “financista de litigios” cuyo accionar se asemeja mucho a un “fondo buitre”, aunque niega a ser asimilado a ese status.

Por el contrario, se presenta a sí mismo como una fuerza justiciera que -proporcionando recursos y expertise permite a los little guys- defenderse de contrapartes abusivas. “La financiación de litigios por terceros” busca “emparejar la cancha”, le dijo Bogart, CEO y cofundador de la firma, a Lesley Stahl, histórica periodista de la cadena CBS, en un reportaje televisivo.

El historial, sin embargo, desmiente esa pretensión.

Burford se ganó enemigos de fuste por los costos que impone a las empresas, las impugnaciones éticas y legales a su práctica y fue incluso acusado de “contabilidad creativa”.

Balances “enronescos”

En 2019 el fondo de inversión Muddy Waters calificó los métodos contables de Burford de “Enronescos”. La referencia era a Enron, la empresa de energía que quebró en 2001, cuando sus fraudes contables se hicieron inocultables y llevaron incluso al desprestigio y desaparición de Arthur Andersen, que debía auditarla.

El fondo denunció también que la Chief Financial Officer (CFO) de Burford, Elizabeth O’Connell, era la esposa de Bogart, que actuaba como “consejero delegado”. De resultas, O’Connell fue corrida del cargo y nombrada Chief Strategy Officer.

Un artículo del diario inglés Financial Times reportó también la irregular estructura corporativa de Burford, pues sus 4 consejeros no ejecutivos, incluido Peter Middleton, ex presidente de Barclays, entonces de 85 años, llevaban una década en el consejo, lo que según el código británico de gobierno corporativo compromete su independencia, amén del hecho de que ningún miembro del directorio integra el consejo de administración, lo que impide conocer los salarios de los principales ejecutivos, como el propio Bogart y Jonathan Molot, las caras de la firma en el litigio contra la Argentina.

Al respecto, Burford respondió que se trata de “insinuaciones sin fundamento” y que Muddy Waters “está bajo investigación criminal por fraude de valores y fue acusado de manipulación de mercado en relación con su ataque a Burford”.

La Cámara de Comercio de EEUU (US Chamber of Commerce), principal agrupación empresaria del país del norte, tiene una actitud militante contra la “financiación de litigios por terceros” (TPLF, por su sigla en inglés), la industria que Burford creó y lidera.

Matt Webb, vicepresidente del sector legal de la Cámara, acusó a los financiadores de litigios de operar sin supervisión y crear “riesgos para la seguridad nacional y la integridad del sistema judicial de EEUU”, dijo que hay firmas chinas y rusas que operan de ese modo y señaló a Burford como “uno de los mayores financiadores globales, que intentó tomar el control de una demanda antimonopolio presentada por Sysco, anteponiendo sus propios intereses económicos a la voluntad del demandante de resolver el litigio”.

Caso paradigmático

Se trata de un caso paradigmático: Sysco, un distribuidor de alimentos que demandó por prácticas monopólicas a algunos abastecedores, llegó a Burford a través de Boies Schiller, un estudio sospechado de acuerdos secretos con la firma de Bogart, pero cuando alcanzó arreglos amigables con algunos de sus demandados, Burford habría bloqueado los arreglos y demandó a Sysco, porque quería recompensas mayores.

Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables y convertirla en rehén de un financiador codicioso

“Sysco acusó a Burford de impedirle aceptar acuerdos razonables, convirtiéndola en un rehén de un financiador codicioso”, dice una nota de la US Chamber. Tras cuatro meses de conflicto, Sysco y Burford llegaron a un acuerdo, pero Sysco debió ceder a Burford los derechos de litigio de sus subsidiarias.

Nathan Morris, vicepresidente de reformas legales de la Cámara dijo a Bloomberg Law: “Burford debería aclarar qué papel desempeña en otros casos y publicar sus acuerdos de financiación; es la única forma en que los tribunales y las partes sepan quién toma realmente las decisiones”.

De hecho, debido al caso de Sysco, varios estados sancionaron normas de divulgación automática para que los jueces conozcan el monto de los fondos externos involucrados en juicios que se ventilan en sus juzgados.

Buckhead Beef, una de las subsidiarias de Sysco, fue proveedora de los restaurantes de la cadena hotelera de Donald Trump, y de los Trump Steaks, marca de un fallido negocio cárnico del actual jefe de la Casa Blanca.

Además, el CEO de Sysco, Kevin Hourican, se relacionó con Trump a través de su participación en los “Grupos Industriales de la Gran Reactivación de EEUU”, iniciativa de la primera gestión trumpista (2016-2020) a favor de la reapertura económica durante la pandemia de Covid-19.

Desde Burford habían señalado entonces que los detalles del caso Sysco mostraron que actuó “apropiadamente y en interés de sus clientes en todo momento”.

“Los acuerdos de financiación permiten a empresas como Sysco tener éxito en los litigios. Burford ayudó a Sysco en la pandemia. Actualmente, no existe ningún litigio ni arbitraje entre ambas”, agregaron.

Los representantes republicanos John Kennedy y Mike Johnson y el demócrata Joe Manchin presentaron en 2023 un proyecto de “Protección de nuestras Cortes contra la Manipulación Extranjera”, que obligaría a revelar la participación de financiadores externos en litigios en EEUU y prohibiría la inversión de gobiernos y fondos soberanos del exterior en estos procesos, de modo de garantizar que jueces, partes y autoridades conozcan la presencia de financiadores externos, en especial si son entidades extranjeras, “para fortalecer la protección del sistema judicial federal”.

En 2025, además, el senador Tom Tillis, otro republicano, presentó una iniciativa que apunta a estudios como Burford: un impuesto del 40,8% sobre los “ingresos derivados de la financiación de litigios” y un adelanto o “retención” del 20,4% (la mitad del impuesto final) a los abogados que participan en juicios de ese tipo. El proyecto no prosperó, por cuestiones de procedimiento, pero podría inspirar futuras presentaciones.

El 1 de octubre pasado la International Legal Finance Association (ILFA), que agrupa a los “financiadores de litigios” e integra Burford, presentó al Congreso de EEUU un documento de 238 páginas contra proyectos de ese tipo y tilda de “discriminatorio” imponer reglas de información a una específica forma de litigio, la que permite “emparejar la cancha” y defender a los “little guys”, como le gusta presentarse a la firma de Bogart.

Caso fraudulento en Ecuador

Las andanzas de Burford, sin embargo, tienen alcance mundial. Uno de los más escabrosos fue el juicio contra la petrolera Chevron en Ecuador, en el que el bufete de Bogart, a través de su filial en las Islas Caimán, se comprometió a aportar USD 15 millones para financiar el litigio contra Chevron que encabezaba el abogado Steven Donziger en defensa de tribus indígenas cuyo ambiente y salud habían sido supuestamente dañados por derrames y otras acciones de la petrolera en la zona de “Lago Agrio”.

Un documento ventilado en el juicio que Chevron llevó adelante contra Donziger detalla que Burford convino hacer tres desembolsos, incluido el inicial de USD 4 millones a cambio de 5,5% del “monto de liquidación”, fijado en USD 1.000 millones. Pero si el acuerdo se cerraba por una cifra inferior, Burford recibiría 98,25% de las “recuperaciones netas”, deducidos USD 2,5 millones de otro “inversor externo” y ciertos gastos legales.

La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya calificó el caso contra Chevron de “fraudulento y corrupto” y consideró que no debía ser “reconocido ni hacerse cumplir” en ningún juzgado. Nueva York y otros distritos suspendieron la licencia de abogado de Donziger y en 2021 este fue condenado a prisión por Loretta Preska, la misma jueza del caso Burford contra la Argentina. Donziger no completó la condena, pues en 2022 fue liberado tras pedidos de ONGs de derechos humanos que alegaron un “acoso judicial” de Chevron.

Sobre el tema, Burford respondió que se retiró de esa demanda en 2011, tras comprobar que había sido “engañado” por Donziger y no obtuvo ganancia alguna de esa inversión.

Además de los USD 4 millones que perdió por el adelanto de fondos que hizo en el fraudulento caso ecuatoriano, el estudio inglés perdió USD 11 millones en un arbitraje en Paquistán. “Burford gana muchos más casos de los que pierde; el 93% de los asuntos concluidos en nuestra cartera han generado recuperaciones para los clientes, pero perder casos es una parte cotidiana de los litigios y es de esperar de vez en cuando”, dijo el vocero de Burford.

Divorcio de un oligarca ruso

De hecho, ganó muchísimo dinero en otros litigios, como el juicio de divorcio que financió a Tatiana Akhmedova, exesposa del oligarga petrolero ruso Farkhad Akhmedov. Ante la resistencia a pagar de Akhemdov, Burford logró un fallo de una Corte de Londres para incautar el yate “Luna”, de 120 metros de eslora, que Akhmedov le había comprado a su dueño original, Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea.

Burford se quedó con más del 55% del arreglo en uno de los divorcios más costosos de la historia

Akhmedova-Burford intentaron incautar el buque en Dubai, donde estaba en ese momento, pero la justicia del Emirato rechazó el pedido por considerarlo contrario a la sharia islámica.

Burford intentó luego una acción en las Islas Marshall, donde estaba registrada la nave, y persiguió activos de Akhmedov en Lichtenstein, un paraíso fiscal. Finalmente, el oligarca petrolero cedió al asedio e hizo un arreglo “amigable” de USD 186 millones con su exesposa, en uno de los divorcios más caros de la historia. Para Tatiana fue un éxito algo menos que a medias. Burford se quedó con USD 103 millones, poco más del 55% del arreglo judicial.

“Burford asumió una de las sentencias más grandes de la historia inglesa y la cobró en nombre de nuestro acreedor judicial, tal como lo está haciendo en el caso YPF. Burford tiene un sólido historial de éxito con más de 16 años haciendo esto”, había respondido el estudio cuando Infobae lo consultó por aquel caso.

En el juicio contra la Argentina Burford creía haber mordido la más grande presa en los 17 años de su hasta ahora exitosa historia como “financiador de litigios”.

La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia explicó durante el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit de Pablo Echenique fue incluido en su informe sobre ataques a la libertad religiosa porque se refería a una persona pública, y señaló que este tipo de manifestaciones podría contribuir a un aumento de los ataques contra sacerdotes. El caso gira en torno a una publicación realizada en 2024 en la que Echenique, entonces exdiputado de Podemos, escribió: “Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, en respuesta a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración. Según consignó la agencia Europa Press, el proceso judicial se abrió tras una denuncia presentada por Abogados Cristianos, que acusa al exparlamentario de un presunto delito de odio.

Durante la sesión, Echenique declaró que su tuit tenía un carácter irónico, no literal, y que buscaba contraponer dos cuestiones que consideraba incoherentes: los delitos relacionados con inmigrantes y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El expolítico afirmó: “No creo que haya que castigar a todos los sacerdotes. Por eso el tuit habla de ‘deportar’, que es imposible", añadiendo que esa imposibilidad deja patente la intención sarcástica de su publicación. Expuso que lo hizo desde su posición como figura pública preocupada por su país y explicó que respeta la labor social de la Iglesia Católica, reiterando que no tenía ánimo de ofender. Europa Press reportó que Echenique solo respondió a preguntas de su abogado y de la Fiscalía y fue el último en declarar en la vista, según lo solicitado por la defensa al inicio de la jornada.

La acusación, por su parte, solicitó para Echenique una pena de un año de prisión y una multa de seis meses bajo la consideracion de que su comentario constituye un delito de odio motivado por una supuesta animadversión personal hacia la Iglesia Católica. Abogados Cristianos señaló que, en opinión de su representante legal, el contenido del mensaje "no es inocuo" y que, al no estar basado ni en el informe del Defensor del Pueblo ni en datos oficiales, revela una "manía" contra esa institución religiosa. Según su argumento, “basta con que tenga la actitud y la intención particular de humillar” para que se justifique la acusación por supuesto delito de odio.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, abrió la serie de testimonios a solicitud de la acusación. Durante su intervención afirmó que el informe que elaboró sobre abusos sexuales era de carácter "general" y que no se refería exclusivamente a la Iglesia, matizando que en ese contexto no se estaba “juzgando a ninguna institución”. En el interrogatorio posterior, la presidenta del tribunal intervino para precisar que el informe mencionado no formaba parte directa del objeto del juicio y limitó la discusión sobre su contenido, según publicó Europa Press.

La vicepresidenta del Observatorio de Libertad Religiosa fue consultada por la Fiscalía sobre la independencia de la entidad, a lo que respondió afirmativamente, y, tras una pregunta de la defensa, confirmó que la presidenta de Abogados Cristianos forma parte del consejo de expertos que supervisa su informe. En el transcurso del interrogatorio, la defensa de Echenique preguntó por qué el Observatorio no incluyó en su informe una recogida de firmas impulsada por la asociación católica para evitar la eliminación de fiestas cristianas en Melilla, a lo que la testigo contestó que no lo recordaba pero creía que así se había decidido.

El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para incorporar testificales de periodistas, considerando que no aportaban elementos necesarios al caso. El abogado de Echenique protestó esta decisión ante la magistrada Adela Viñuelas, quien presidió la sesión, pero el tribunal mantuvo su postura, detalló Europa Press.

En la exposición de conclusiones, la representante de la acusación reiteró que las manifestaciones de Echenique constituían un delito de odio y que la acusación no dependía de informes externos. Asimismo, enfatizó la presunta actitud de humillación hacia el colectivo de sacerdotes como base de la acusación. El fiscal defendió su postura absolutoria, argumentando que “no todo lo odioso es delito de odio” y subrayó que ni el arzobispo de Oviedo ni representantes de la Iglesia Católica se habían personado en la causa. Clasificó tanto la respuesta del religioso como el tuit de Echenique dentro del marco de la confrontación política, lo que, a su entender, limita las posibilidades de considerar lo ocurrido como delito de odio, dada la naturaleza pública de los intervinientes.

La defensa de Echenique insistió en que las palabras de su representado constituían ironía y sarcasmo, y arguyó que no se ha aportado al proceso prueba alguna de relación entre el mensaje y agresiones contra sacerdotes. También solicitó la imposición de costas procesales a la acusación.

Antes de finalizar la vista, Echenique ejerció su derecho a la última palabra señalando: “Es imposible que una persona que no odia a los sacerdotes emita un mensaje de odio” contra ese colectivo. Añadió que si los tribunales juzgaban la ironía como si se tratara de afirmaciones literales, surgirían complicaciones mayores. La presidenta del tribunal, Adela Viñuelas, dio por finalizada la sesión y dejó el caso visto para sentencia cerca del mediodía, según relató Europa Press.

La defensa presentó el informe pericial tan pronto como el perito lo finalizó y dentro del plazo legal, según manifestó la excolaboradora Makoke durante su aparición en la cena benéfica de "Infancia sin fronteras." En este contexto, explicó que la reciente suspensión del juicio no respondió a una táctica para demorar el proceso, contradiciendo así las acusaciones de su exesposo, Kiko Matamoros, quien consideró la postergación como parte de una supuesta estrategia. Esta información fue publicada por el medio que siguió el evento y los acontecimientos judiciales.

El 18 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid debía juzgar a Makoke y a Kiko Matamoros por la presunta ocultación de patrimonio ante la Agencia Tributaria, un delito que, según consignó el medio, conlleva potenciales condenas de cinco años de prisión para Matamoros y cuatro para Makoke, además de la obligación de indemnizar al Estado con 636.697 euros y 471.900 euros respectivamente. Sin embargo, pocas horas antes de la vista, la defensa de la excolaboradora entregó un informe técnico. Ante este documento, la fiscalía solicitó que el juez suspendiera la sesión para poder analizar el texto en profundidad, lo que llevó a que la fecha del juicio se aplazara hasta el 17 de abril.

En declaraciones recogidas por el medio, Makoke se refirió a la situación con las siguientes palabras: “La prueba se ha presentado cuando la tuvo el perito, cuando el perito nos ha dado la prueba y estaba en plazo y ya está. No ha sido por ninguna maniobra orquestada, ni nada, pensábamos que le iban a aceptar y se iba a quedar y que iban a verlo, pero bueno, decidieron suspenderlo y es así”. Con esto, quiso desmontar las críticas que apuntaban a un posible intento deliberado de dilatar el procedimiento, defendiendo la legalidad y la transparencia del proceso seguido por su equipo.

El caso surgió a raíz de la cuantiosa deuda que ambos mantenían con Hacienda, superando el millón de euros en total. Las acusaciones contra la pareja se centran en una supuesta ocultación de bienes con el fin de eludir el pago, motivo por el cual la Agencia Tributaria impulsó la acción penal. La presión mediática y judicial se incrementó cuando la cita judicial fue pospuesta a último momento, circunstancia que Matamoros calificó de jugada para ganar tiempo, según reportó la fuente.

Durante la gala solidaria que sirvió de marco a sus declaraciones, Makoke evitó dar detalles sobre los elementos defensivos que planea aportar para exonerarse de los cargos, aunque dejó entrever su estrategia futura. Aseguró que el juicio suponía un trance desagradable, pero expresó confianza en el sistema judicial y en que podrá probar su inocencia. “Estoy tranquila, el titular (de la petición de cárcel) es desagradable, soy la primera a la que me da vergüenza, pero yo confío en la justicia”, declaró según publicó el medio.

En cuanto a su vida personal, Makoke mencionó el respaldo de sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, así como el de su prometido Gonzalo, factor que consideró determinante para encarar este proceso judicial. También confirmó que prosigue con los preparativos para su boda, restando importancia a la coyuntura legal en la que se encuentra. En palabras recogidas por el medio, remarcó: “Tengo muchas ganas la verdad. Al final se ha hecho esperar, las cosas cuando más se hace esperar, más ganas lo coge una, con muchas ganas. Ya está todo a punto, tengo tiempo de sobra para organizarlo todo”.

Respecto a detalles de la celebración, Makoke reveló que ya posee los tres vestidos para la ocasión y apuntó a asuntos personales relacionados con la preparación. “Ese es el mayor secreto, pero tengo que adelgazar un poco porque me cogí las medidas recién llegaba de ‘Supervivientes’ y ahora como que no estoy tan flaca, pero bueno, de aquí a junio adelgazaré”, dijo durante el evento citado por el medio.

El proceso judicial continuará el 17 de abril, momento en el cual tanto Makoke como Kiko Matamoros deberán responder por los cargos imputados. La resolución del caso determinará las consecuencias legales para ambos, quienes permanecen bajo la atención pública por la magnitud de la deuda reclamada y la notoriedad de su enfrentamiento. Según el medio, la entrega del informe pericial y la decisión judicial de suspender la vista constituyen los últimos movimientos en un proceso que mantiene en vilo tanto a los protagonistas como a la Agencia Tributaria.

Durante el proceso judicial, Pablo Echenique subrayó ante el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid que nunca intentó criminalizar a todos los sacerdotes y solicitó el archivo de la causa, alegando ausencia de delito. El origen del proceso se remonta a un tuit publicado el 10 de mayo de 2024, cuando el exdiputado de Podemos respondió a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo acerca de la inmigración, donde el religioso había señalado: “Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados”. Frente a esta afirmación, Echenique escribió en la red social X: “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”.

De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy al exparlamentario por un presunto delito de odio relacionado con este mensaje. La acusación la interpuso la organización Abogados Cristianos, que observó en el contenido del tuit motivos para que se investigara una posible provocación al odio y la discriminación, tipificada en el artículo 510 del Código Penal. La denuncia derivó en la apertura de juicio oral, una vez que el juzgado madrileño procesó formalmente a Echenique.

El proceso judicial cuenta con una petición concreta de la acusación: Abogados Cristianos solicita para el también exeurodiputado una condena de un año de prisión y una multa a abonar durante seis meses, según informaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press. Paralelamente, la posición del ministerio público difiere de la acusación particular. En su informe, el fiscal sostiene que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” y no identificó en el acusado circunstancias que modifiquen su responsabilidad penal, por lo que aboga por la absolución. El documento publicado por Europa Press recoge la posición del fiscal: “Al no existir delito no procede imponer pena alguna”.

La vista comenzó a las 10:00 horas ante la Audiencia Provincial de Madrid e incluye la declaración de varios testigos, según corroboraron fuentes jurídicas a Europa Press. Entre los convocados figura Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, así como dos periodistas cuyas investigaciones se centraron en presuntos casos de abuso sexual dentro de la Iglesia, y la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García Ayuela.

La denuncia de Abogados Cristianos busca que se califique la publicación como una incitación al odio, mientras el propio Echenique insiste en que su mensaje constituyó una respuesta en tono irónico ante lo que consideró dos extremos absurdos. Según relató el medio Europa Press, Echenique manifestó explícitamente que su intervención en la red social pretendía ser una contraposición irónica ante la opinión expresada por el arzobispo Jesús Sanz sobre personas migrantes, negando en todo momento haber buscado una generalización sobre los sacerdotes.

La causa, fundamentada en el artículo 510 del Código Penal, explora los límites de la libertad de expresión en redes sociales cuando se trata de asuntos sensibles como la inmigración y los delitos de abusos sexuales dentro de instituciones religiosas. El proceso adquiere relevancia, tal como reporta Europa Press, por la presencia y declaración de figuras institucionales y expertos en la materia, cuyo testimonio se centra en los casos de abusos detectados en entornos eclesiásticos y en el análisis del fenómeno desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales y la libertad de conciencia.

Europa Press detalló que las partes enfrentan criterios divergentes sobre la interpretación del mensaje de Echenique, quién se mantuvo firme ante el tribunal en negar cualquier intención de incitación al odio o discriminación. El fiscal, por su parte, reiteró en su escrito que “no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” y que, dada la inexistencia de delito, no procede la imposición de ninguna pena.

El trámite judicial pone el foco en el uso de las plataformas digitales por representantes políticos y la repercusión social de sus mensajes, en especial cuando abordan cuestiones relacionadas con delitos graves y políticas públicas. Tal como informa Europa Press, la resolución de la Audiencia de Madrid marcará un precedente sobre el alcance de las opiniones vertidas en redes sociales, la interpretación judicial del delito de odio en el contexto digital y las responsabilidades derivadas para exparlamentarios que, aun fuera del hemiciclo, mantienen una presencia e influencia públicas a través de sus publicaciones.

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.

Durante su indagatoria, Thomas se refirió a los contactos que tuvo con Roberto Baratta y los circunscribió a episodios puntuales, alejados -según su versión- de cualquier circuito de recaudación ilegal. Ante preguntas del tribunal, señaló que el exsubsecretario de Planificación Federal “fue dos veces” a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires cuando él viajaba desde Posadas.

Según detalló, en una de esas ocasiones Baratta se acercó para retirar un libro de su autoría -“seguro quería tener la primicia”, afirmó- y en otra oportunidad pasó a buscar paquetes de yerba que Thomas traía desde Misiones. “Bajé a entregarle en la planta baja. Fue la única vez”, dijo al describir ese encuentro, y negó que esas visitas hayan tenido otro propósito.

El ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, se negó a declarar. El mismo curso de acción adoptó el empresario desarrollista Claudio Glasman.

Entre los citados para esta jornada estuvo el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa, quien está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.

Otro de los imputados que declaró fue Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.

La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también decidió declarar en la Sala Auditorium.

Del lado empresarial, el listado contemplaba el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas.

Cierre de la jornada en la Sala Auditorium

Pasadas las 18:30, y terminados todos los testimonios, el juez Enrique Méndez Signori dio por cerrada la audiencia hasta el próximo martes a las 09:30 para seguir recibiendo indagatorias.

Un ex representante de Isolux admitió pagos a Baratta, los vinculó a aportes de campaña en Río Turbio y mencionó “temor a represalias”

Luego de un cuarto intermedio de poco más de media hora, el exrepresentante de la empresa española Isolux en Argentina, Juan Carlos De Goycoechea, declaró como imputado colaborador y detalló el origen de los pagos investigados en la causa. Señaló que en 2009 fue convocado por Roberto Baratta, quien le planteó que la empresa debía realizar aportes para campañas electorales tras la adjudicación de la central térmica de Río Turbio. Según explicó, trasladó ese pedido a la casa matriz en España —donde se tomaban todas las decisiones— y, tras deliberar, recibió la instrucción de avanzar con los pagos por “expreso temor a represalias”, como la interrupción de certificados de obra o perjuicios en la ejecución del contrato.

El empresario afirmó que, a partir de esa decisión, retiraba dinero de casas de cambio y lo entregaba personalmente entre 2009 y 2014. “Sí que hice las entregas”, admitió, aunque aclaró que no tiene certeza sobre los montos ni sobre la cantidad exacta de operaciones. En ese sentido, revisó su declaración anterior y expresó que las entregas “no deben haber sido más de siete”, pese a que en el expediente se consignaron 17 o 19, y explicó que no llevaba registros porque era el único dentro de la empresa que conocía ese circuito. También precisó que los pagos se concretaban en la dirección de Maipú 741 y que el dinero le era remitido desde el exterior a través de canales que él conocía.

En su exposición, De Goycoechea intentó delimitar su rol dentro de la empresa —a la que describió como una sucursal sin autonomía respecto de la casa matriz española— y sostuvo que no era dueño ni directivo con poder de decisión. Afirmó además que “nunca” solicitó a Baratta gestiones en favor de la empresa y que su intervención se limitó a cumplir instrucciones. También cuestionó las anotaciones de Oscar Centeno: “lo que asentó respecto a Isolux no condice con lo que pasó”, dijo. A su vez, recordó que su detención, que se extendió por tres días tras una orden de captura, le provocó “un estrés y un quiebre emocional muy grave”, cuyas consecuencias —según señaló— aún persisten.

Poco después, solicitó transmitir en la pantalla de la sala de audiencias un video de nueve minutos con una declaración del chofer Centeno ante el juzgado de Daniel Rafecas, donde responde preguntas y asevera que desconoce a los integrantes de Isolux en Argentina. La aceptación de esa solicitud acarrió previamente una deliberación del tribunal, que por mayoría aceptó admitir el pedido e incorporar la filmación al cúmulo de pruebas del expediente.

Al terminar el video, el imputado, para finalizar, remarcó: “Las entregas de dinero fueron exclusivamente para evitar cualquier tipo de perjuicios con Isolux. (...) No tomé yo ninguna decisión de entrega de estos dineros, ya que en definitiva escapaba a mi decisión, y sí obré como un mensajero material que seguía instrucciones”.

Un ex presidente de ENARSA negó haber recaudado coimas y dijo que el “famoso bolso” era un portatraje

En una larga indagatoria, con preguntas de distintos abogados y jueces del tribunal, Walter Fagías, exfuncionario del área energética, expresidente de ENARSA y exdirector suplente de CAMMESA, negó haber intervenido en maniobras de recaudación ilegal y cuestionó los hechos que se le imputan en la causa. Con más de 20 años de trayectoria en el sector, sostuvo que su rol fue siempre técnico y remarcó que esperaba este momento para defenderse: dijo que aguardó “ocho años esta oportunidad” para impugnar “los hechos que se le imputan”. En ese marco, rechazó las acusaciones en su contra: “A mí me imputan que he recaudado, no sé cómo lo pude haber hecho”, afirmó ante el tribunal.

En relación a las menciones en los cuadernos de Oscar Centeno, Fagías cuestionó su contenido, se refirió al llamado “famoso bolso” y ofreció una explicación alternativa sobre los episodios que lo involucran. Incluso exhibió ante los jueces un portatraje y sostuvo que era el mismo que, según dijo, Roberto Baratta le pedía prestado cada vez que viajaban. “Para Centeno era un bolso con dinero, pero era un portatraje”, afirmó. También remarcó que su situación judicial se basa exclusivamente en esas anotaciones: “Hasta ahora yo solamente estoy sentado acá por dos anotaciones de un cuaderno: no hay ninguna otra prueba”. Además, impugnó el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli y de la UIF, al sostener que lo acusan en calidad de presidente de ENARSA en un período en el que —según indicó— aún no ocupaba ese cargo.

El imputado recordó que aparece en las anotaciones del chofer de Baratta, su jefe de entonces, un total de 120 veces en 97 fechas distintas.

Un exsubordinado de Baratta dijo que estuvo cinco meses preso, denunció presiones para arrepentirse y afirmó: “Esto es una película”

Hernán Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, inició su declaración con un repaso de su trayectoria y negó cualquier participación en hechos de corrupción. Explicó que ingresó en 2003 “como pasante en mesa de entradas” y que luego se desempeñó en el área hasta 2016, siempre bajo la órbita de Roberto Baratta. “Nunca tuve relación con empresarios. Yo no conocía a ninguno. Nunca tuve relación con ningún funcionario, solo con quien era mi jefe”, afirmó. También rechazó las imputaciones: “Estoy imputado por tres hechos de cohecho. Las únicas pruebas que hay son fotocopias de un cuaderno”.

En un tramo más personal, Gómez describió su detención —que se extendió durante cinco meses— y denunció presiones durante las primeras semanas. “Hemos estado 20, 24 horas en calabozos, totalmente muertos de frío, donde cada cierta cantidad de horas nos invitaban a arrepentirnos”, sostuvo. “La verdad que hubiese estado buenísimo tener algo para arrepentirse, porque realmente lo que viví no se lo recomiendo a nadie”, agregó. También aseguró que vive el proceso como algo ajeno: “Siento que esto es una película que me pasa por adelante”. Y cerró con una definición enfática sobre su conducta: “Nunca me llevé un peso que no venía de mi sueldo, nunca, jamás. Nunca le pedí dinero a nadie. Nunca le robé un centavo a nadie”.

Concluyó la indagatoria de Thomas

La indagatoria del ex directivo de Yacyretá Oscar Thomas concluyó poco antes de las 13 y el Tribunal dispuso un cuarto intermedio.

El acusado también fue interrogado por el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori. Ante preguntas del magistrado refirió que conoció a Héctor Sánchez Caballero, de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

“Una vez me vino a preguntar si podían adelantar los pagos financieros de un certificado. Yo le dije que no manejo eso”, recordó.

Una empresa “angurrienta” y contactos con Baratta por yerba y libros

Thomas respondió preguntas del juez Germán Castelli.

Sobre el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta dijo que el ex jefe del remisero Centeno -autor de los cuadernos- fue dos veces al domicilio en que vivía cuando viajaba desde Posadas a la ciudad de Buenos Aires. En una ocasión le entregó un libro de su autoría, “seguro quería tener la primicia”, dijo. En otra, paquetes de yerba.

“Usted dijo que estaba a tiro de decreto, ¿podían no estar conformes con su actividad?”, preguntó Castelli y Thomas respondió que el único mandato que tenía era terminar la obra: “Cumplimos lo que nos indicó la alta parte”.

Sobre el ex ministro De Vido, Castelli preguntó: “Usted destaca que no era empleado público, que nadie le daba órdenes pero usted reportaba la energía al ministro De Vido de mañana y de tarde?”. “La energía era para ver cuánto iba a disponer el sistema eléctrico argentino de energía de Yacyretá”, respondió.

Thomas aseguró que la empresa IMPSA intentaba hacer lobby para obtener contratos, aunque él evitaba recibirlos. Mencionó a Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, a quienes dijo haber conocido de manera ocasional.

Cuando le tocó preguntar, Castelli quiso saber más detalles sobre cómo buscaban hacer lobby. “Querían. Yo no los recibía”.

“Venían a pedir audiencia a mi scretaria. A Pescarmona y Valenti los conocí, me invitaron una vez a conocer la fábrica”

“Eran muy angurrientos, quería que todo le contratemos directamente a ellos más o menos. Si quiere le cuento algunos ejemplos”, ofreció. “Brevemente”, respondió Castelli.

Thomas se refirió a una licitación para un sistema inteligente de administración energética en la que IMPSA fue la única oferente, tras comprar otra compañía para poder presentarse, pero cuya propuesta fue observada durante meses hasta ser finalmente declarada desierta. También mencionó otro caso con una central hidroeléctrica, donde la firma quedó precalificada pero, al mismo tiempo, inició acciones contra Yacyretá por esa misma licitación: “sino salía ganadora, ya tenía la espada puesta”, graficó.

Pescarmona fue sobreseído al inicio del juicio oral por razones de salud y Valenti es uno de los acusados. Thomas contó que la empresa estaba en el mismo edificio, tres pisos más abajo, de donde Yacyretá tenía oficinas en Puerto Madero.

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí”

“Bonadio no me conocía pero tenía algo contra mí, alguien le dijo que me tenía que liquidar más o menos”, expresó Thomas en su indagatoria al responder preguntas de su abogado defensor José Manuel Ubeira.

El ex director de Yacyretá en el kirchnerismo vinculó su acusación en el caso Cuadernos con críticas que hizo sobre cómo siguió la gestión de Yacyretá en el gobierno de Mauricio Macri, incluída una condonación de una deuda millonaria a Paraguay. “Yo creo que estoy acá por eso”, sostuvo. “Es mi convicción”, insistió.

En cuanto a sus vínculos políticos, negó relación con el expresidente Néstor Kirchner y relativizó su cercanía con Cristina Fernández: “Con Cristina, una vez me saqué una foto en una visita”.

En relación a las menciones a su persona en los cuadernos de Centeno donde aparece citado en al menos 15 oportunidades en relación con supuestas visitas de Roberto Baratta a su domicilio o a su oficina en Puerto Madero, salió al cruce de los escritos del remisero. “No. Lo niego totalmente”.

A pedido de su defensor, el exfuncionario detalló números de su gestión en Yacyretá. Aseguró que la central pasó de generar entre “11.000 y 12.000 gigavatios hora” a “21.000” al momento de su salida. En términos económicos, afirmó que hubo ingresos por unos 8.200 millones de dólares, de los cuales “invertimos 4.000 millones en obras y expropiaciones” y quedaron “2.550 millones como crédito a favor de Yacyretá”, asentados en el presupuesto nacional.

Sobre su situación judicial, rechazó haber estado prófugo y relató cómo fue detenido. Dijo que se enteró por televisión de una orden de captura en su contra apenas 24 horas después de haber sido notificado de una absolución en otra causa. “Fui al juzgado federal de Posadas y no tenían conocimiento”, señaló. Luego viajó a Buenos Aires, buscó abogado y solicitó la eximición de prisión.

En ese contexto, denunció presiones para involucrar a terceros. Recordó que su abogado le refirió que “tenía que implicar a alguien en algún ilícito o iba preso”. También aludió a una conversación atribuida al fiscal Carlos Stornelli, quien le habría dicho a Ubeira que “había sortija para pocos” y que podía tomarle declaración como arrepentido incluso en su domicilio. “Yo le dije que no, que no tenía nada que decir”, afirmó.

“No tuve trato ni conocía cómo se manejaba el Gobierno nacional”, acotó.

Thomas estuvo preso en la causa, primero en el penal de Marcos Paz y luego bajo arresto domiciliario hasta que fue excarcelado.

Relató que cuando viajaba desde Misiones traía yerba de esa provincia para funcionarios y empleados. Y que en ese contexto el ex funcionario de Planificación Baratta, ex jefe del remisero Centeno, pasó por su domicilio en una ocasión a buscarla. “Bajé a entregarle en la planta baja”. “Fue la única vez”.

Thomas: “le escribía todos los días a De Vido” para informar la generación diaria de energía

El ex director de Yacyretá responde preguntas de los jueces del Tribunal y de la fiscal Fabiana León.

A requisitoria de la fiscalía, detalló que mantenía contactos diarios con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, también juzgado en Cuadernos.

Con De Vido tenía contacto “para pedirle alguna reunión”, respondió y además “tenía que escribirle todos los días a las seis de la mañana cuánto se iba a generar en el día y a la noche. Tenía que informarle por mensajito cuanto se generó y con cuanta energía se iba a continuar al otro día, todos los días, 4500 días”.

Ante una pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre su vínculo con los entonces funcionarios, sostuvo: “Era un intercambio de información, yo no recibía órdenes de ellos”.

Según explicó, ese contacto se canalizaba con De Vido y muchas veces la comunicación terminaba en el subsecretario Roberto Baratta. Cuando De Vido “no tenía agenda para atenderme le entregaba la información a Baratta, que manejaba el tema de energía”.

Durante el interrogatorio de la fiscal León, también negó vínculos con los empresarios involucrados en la causa: “Conocí a algunos al principio en la Casa Rosada, en actos oficiales”.

También confirmó que varias de esas firmas fueron contratistas de Yacyretá: “Ganaron la licitación, eran las mejores empresas argentinas, estaban haciendo obra que nosotros necesitábamos”.

Se refirió a una de las obras más relevantes: la construcción del puente internacional y sus accesos, un compromiso asumido por Argentina con Paraguay en 1981. Según detalló, la licitación fue adjudicada a las empresas JCR e IECSA.

“Monumento a la corrupción”

Thomas defiende su gestión al frente de Yacyretá en una extensa exposición. “Yo en mi gestión no he manejado dinero, no he firmado cheques, no tenía caja; todo el dinero que se manejaba en Yacyretá era bancarizado”, sostuvo.

Al hacer un repaso de su llegada a la entidad binacional en 2003, describió un escenario de fuerte deterioro operativo e institucional. Según explicó, la empresa “estaba funcionando en condiciones inadecuadas respecto del proyecto” y arrastraba una serie de problemas técnicos, financieros y sociales que condicionaban su funcionamiento.

En ese marco, remarcó que su rol dentro del comité ejecutivo —que integraba junto al director paraguayo— era “resolver las cosas” en un contexto de alta conflictividad. Mencionó, entre otros episodios, cortes de puente, protestas sostenidas durante años frente a la sede en Posadas, cabildos abiertos tanto en Argentina como en Paraguay y un creciente malestar social por las consecuencias de la obra.

También apuntó contra estructuras de gasto que consideró injustificadas. “Teníamos una consultora que cobraba 800 mil dólares por mes por estar y no por hacer”, afirmó.

Destacó los resultados energéticos alcanzados. Señaló que durante su administración se generó “un 72 por ciento más de energía que entre 1994 y 2003”, en un contexto de fuerte demanda energética en la Argentina.

En ese sentido, calificó la demora en la finalización de la obra como “el peor monumento a la corrupción”, al recordar que el proyecto estaba previsto para completarse en ocho años pero terminó demorando 31. “La energía que no entró eso nunca más se va a recuperar”, enfatizó.

Subrayó que su gestión se desarrolló bajo la directiva de concluir el emprendimiento y que, en ese proceso, además de mejorar la producción energética, se impulsaron transformaciones en las zonas de influencia tanto del lado argentino como paraguayo.

Declara Oscar Thomas

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, un organismo binacional, comenzó a explicar Thomas, quien anticipó que responderá preguntas.

El arquitecto misionero negó “las 17 veces que se me nombró en los cuadernos rotundamente. Yo no recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como Director Ejecutivo bajo las normas de la empresa”.

Ex funcionario Nivello se negó a declarar

El ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo German Nivello se negó a declarar aunque descartó “rotundamente haber integrado una asociación ilícita”.

" En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a declarar voy a contestar todas las preguntas de todas las partes",, anticipó y explicó que por ahora desconoce cuáles son las pruebas en su contra.

El Tribunal rechazó “in limine” los pedidos de nulidad por tema arrepentidos

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó “in limine” los nuevos planteos de nulidad que hicieron las defensas contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el juicio, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero Oscar Centeno.

Según anunció el presidente del Tribunal, Enrique Médez Signori y ante un pedido de la fiscal Fabiana León se impusieron las costas del planteo al defensor que lo formuló porque se trató de una cuestión que ya había sido resuelta en la audiencia pasada.

La defensa de Ernesto Clarens contesta los planteos

El defensor del financista Ernesto Clarens, Hugo Juvenal Pinto, sostuvo que los planteos de nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores resultan “prematuros” y defendió la validez de los acuerdos ya homologados en la causa.

Durante su exposición, Pinto reconoció que “el régimen de la ley de colaboración no quedó del todo armonizado con el régimen procesal”, pero subrayó que se trata de un esquema “muy particular” que tiene una lógica propia: comienza con un acuerdo de colaboración y concluye con una resolución judicial que da por cumplido el rol del imputado colaborador.

En ese sentido, remarcó que en el caso concreto “las declaraciones de los colaboradores han sido confirmadas con otras comprobaciones”, lo que —según su criterio— refuerza su validez probatoria.

“El régimen de colaboración quedó cerrado cuando el juez aprobó, dentro del plazo legal, la situación corroborada con otra prueba. El compromiso del colaborador fue cumplido y ya es colaborador”, afirmó el letrado.

Además, apuntó contra las defensas que ahora cuestionan esos acuerdos: “Incluso quienes hoy se manifiestan en contra consintieron, junto con sus abogados, esa resolución en la cual se tuvo por cumplida la colaboración”.

Con ese argumento, Pinto concluyó que “está claro que el planteo de nulidad es prematuro”.

Comenzó una nueva audiencia del juicio

Una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzó este jueves con una nueva tanda de declaraciones indagatorias.

De manera previa, abogados defensores realizan planteos de nulidad de la incorporación por lectura de los legajos de los arrepentidos. Lo hicieron en relación a la decisión que se tomó al respecto en la audiencia pasada luego de la negativa del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “cuadernos de las coimas” a declarar en el juicio oral.