“Estuve hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente intentando pensar formas de matarla sin ir a la cárcel.” Ese mensaje, enviado por Caleb Flynn a su amante meses antes del crimen, fue uno de los más de 100.000 textos que la fiscalía presentó esta semana como prueba central en su juicio por asesinato agravado.

Flynn no era un desconocido: en 2013 había participado en American Idol y hablado públicamente de su amor por su esposa.

Ahora está sentado en el banquillo de Tipp City, Ohio, acusado de haberla matado a tiros el 16 de febrero de 2026 y de haber manipulado la escena para encubrirlo. Se declaró no culpable.

Los mensajes revelan un plan premeditado

Los fiscales afirman que Flynn mantuvo una aventura extramatrimonial durante al menos un año antes del crimen. Según la fiscalía, a lo largo de ese período intercambió mensajes con su amante en los que expresó odio hacia su esposa y su deseo de librarse de ella.

El fiscal del condado de Miami, Paul Watkins, aseguró ante el jurado que los mensajes —algunos enviados con meses de diferencia, otros pocas horas antes del crimen— muestran con claridad el móvil y la intención del acusado.

Para Watkins, el objetivo de Flynn era liberarse de su matrimonio para construir una vida con su amante.

El analista legal Josh Ritter, consultado por Fox News, indicó que Flynn habría enviado un texto el día anterior al homicidio en el que afirmaba que el día siguiente sería uno que nunca olvidaría y que tomaría su decisión definitiva.

Flynn llamó al 911 y alegó un robo

Tras la muerte de Ashley, Flynn llamó al servicio de emergencias y aseguró que un intruso había entrado al domicilio y disparado a su esposa.

“Dios mío, alguien entró a mi casa, alguien entró a mi casa y le disparó a mi esposa. Tiene dos disparos en la cabeza, hay sangre por todos lados”, declaró a la operadora, tal y como recoge el audio obtenido por Fox News Digital.

Los primeros agentes en llegar a la escena recogieron su versión: Flynn dijo haber estado dormido cuando lo despertaron los ruidos de un allanamiento y disparos.

Las grabaciones de las cámaras corporales de la policía registran cómo repitió esa misma versión ante los oficiales. Ese mismo metraje también muestra a Flynn agachado, vomitando en la escena del crimen.

La escena del crimen contradice la versión del acusado

Un investigador veterano de escenas del crimen testificó que los daños en la puerta del garaje no eran consistentes con los robos que había investigado a lo largo de su carrera. Tras pasar aproximadamente 12 horas en la vivienda, el investigador testificó que la escena había sido manipulada deliberadamente.

Los fiscales sostienen que Flynn usó una pistola 9mm para matar a Ashley dentro del domicilio. El acusado guardaba habitualmente un arma de ese calibre en la consola central de su camioneta Ford F-150. La consola estaba abierta y el arma no fue hallada, un detalle que la fiscalía vincula directamente con el crimen.

El FBI rastrió más de 80 viviendas del barrio en busca de cámaras de seguridad o cualquier otro registro que pudiera corroborar la presencia de un intruso en la zona. No encontró nada.

La defensa acepta la infidelidad pero rechaza la culpabilidad

La abogada defensora Emily Smith reconoció la existencia de la aventura durante sus alegatos iniciales, pero advirtió al jurado que la conducta de Flynn como esposo no equivale a prueba de asesinato.

Smith argumentó que la fiscalía construyó su caso sobre pruebas circunstanciales y que Ashley merecía un juicio basado en hechos concretos, no en especulaciones.

Ritter, por su parte, consideró en declaraciones a Fox News que la defensa tendría serias dificultades para sembrar duda razonable ante semejante volumen de pruebas digitales.

Flynn se quebró durante la audiencia del lunes: el jurado lo vio llorar cuando el investigador detalló sus hallazgos ante el tribunal.

Ashley Flynn tenía 37 años y era maestra suplente y entrenadora de vóley en las escuelas de Tipp City, donde era conocida dentro de la comunidad educativa.

En 2013, durante una entrevista para American Idol, su ahora acusado esposo había declarado sobre ella: “La amo más que a nada en el mundo. Es muy, muy bonita... La amo”. El juicio continúa.

La defensa de Lindsay Clancy pidió al Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, investigar al jurado Michael Desronvil, único de los 12 que se negó a eximir a la acusada de responsabilidad penal. La moción, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue presentada el 18. La audiencia será el 29 de septiembre.

El pedido llega tres semanas después de que el juez declarara la nulidad del juicio, el pasado 4 de septiembre, al comprobar que el jurado no podía alcanzar un veredicto unánime. Once de los 12 integrantes se inclinaban por absolver a Clancy, con el argumento de que sufría psicosis posparto cuando estranguló a sus tres hijos —Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses— en su hogar de Duxbury.

Solo Desronvil respaldó la tesis de la fiscalía, que sostuvo que la acusada comprendía sus actos. La defensa presentó además una segunda moción para desestimar los cargos, con el argumento de que un nuevo juicio vulneraría la garantía constitucional contra la doble incriminación, de acuerdo con CBS News y The Guardian.

Qué pidió la defensa de Lindsay Clancy sobre el jurado

El abogado Kevin Reddington firmó la moción, registrada en el caso número 2383CR00198 del Tribunal Superior de Plymouth, bajo los artículos 13 y 17(a)(2) de las Reglas de Procedimiento Penal de Massachusetts, la Ley General c. 234A y las enmiendas Sexta y Decimocuarta de la Constitución federal.

El documento —identificado bajo el nombre genérico de “Juror Doe” para proteger la identidad del jurado durante la vigencia de una orden de impoundment (reserva judicial que impide el acceso público a ciertos documentos del expediente)— apunta a tres cuestiones concretas:

• La veracidad de las respuestas de Desronvil en el cuestionario previo al juicio y durante la selección del jurado.
• La exactitud de su declaración bajo juramento del 3 de septiembre de 2026.
• Un presunto uso de teléfono móvil o recepción de información externa durante las deliberaciones, conducta prohibida por la ley estatal.

Para sustentar esa investigación, la defensa solicitó que la jueza emitiera citaciones para obtener los registros de llamadas, mensajes de texto y uso de datos del dispositivo de Desronvil entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. de cada jornada de deliberaciones —del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026—, además de una revisión forense limitada del teléfono por un examinador neutral designado por el tribunal, con devolución en un plazo de 48 horas.

La moción preserva también los cuestionarios de los 12 jurados deliberantes y de seis suplentes, las notas del jurado, las respuestas escritas del tribunal, las grabaciones de las audiencias y los videos del pasillo de la sala de deliberaciones, según el texto judicial.

Por qué el juicio de Lindsay Clancy terminó sin veredicto

El proceso se centró en la defensa por insanidad mental. La abogacía sostuvo que Clancy, enfermera, sufrió psicosis posparto severa que le impidió discernir sus actos. La fiscalía del condado de Plymouth, dirigida por el fiscal de distrito Timothy Cruz, lo rechazó con pruebas físicas, testimonios y análisis de su conducta para demostrar que actuó con plena conciencia.

Ante deliberaciones sin resultado, la presidenta del jurado informó al juez que un integrante se negaba a aplicar la duda razonable. En su segunda moción, Martin Weinberg sostuvo que el tribunal debió reemplazarlo por un suplente en vez de declarar la nulidad. “Contrariamente a lo que el tribunal creyó en ese momento, sí tenía opciones viables distintas a declarar el juicio nulo”, escribió Weinberg, según PBS NewsHour.

La postura del jurado Michael Desronvil y de la fiscalía

Desronvil no enfrenta acusación formal por su conducta en el juicio. A través de su abogado, Edward Paltzik, negó dudar de la culpabilidad de Clancy. “No tuve ninguna duda de que sabía lo que hacía”, afirmó en una declaración en X recogida por PBS NewsHour. También negó haber admitido dudas razonables —como sostuvo la presidenta del jurado ante los medios— con la intención de votar igualmente por la condena.

Aunque otros jurados lo describieron como inflexible, Desronvil recibió apoyo público de quienes creen que Clancy debería ser condenada. Una campaña en su favor reunió cerca de USD 375.000 para seguridad, honorarios legales y salarios perdidos, según sus organizadores y PBS NewsHour. Un portavoz de la fiscalía del condado de Plymouth declinó comentar las mociones de la defensa.

Qué puede pasar en el caso de Lindsay Clancy

La fiscalía aún no comunicó si buscará un nuevo juicio. En paralelo, la defensa presentó una moción anterior para que se desestimen los cargos por insuficiencia de pruebas, con el argumento de que la acusación no logró demostrar que Clancy carecía de una enfermedad mental o que, aun teniéndola, conservaba la capacidad de comprender sus actos —los dos elementos que, bajo la ley de Massachusetts, la fiscalía debía probar.

Clancy permanece internada en un hospital psiquiátrico mientras el proceso judicial sigue pendiente de resolución.

La sexta audiencia del juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de Christian Zárate estuvo centrada en las condiciones en las que funcionaba el Centro Médico Conde (CEMECO), donde el paciente fue operado en abril de 2021. La semana pasada, cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación que participaron de la clausura del establecimiento declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y sostuvieron que el médico no estaba habilitado para realizar cirugías en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo publicado en el sitio Fiscales.gob.ar, los testigos también aseguraron que CEMECO “no estaba habilitado para internaciones” y reconstruyeron la inspección que realizaron el 4 de mayo de 2021, menos de tres semanas después de la muerte de Zárate. Según explicaron, la clínica tampoco contaba con los servicios necesarios para realizar cirugías generales.

Los inspectores llegaron al centro médico, ubicado en el barrio porteño de Caballito, convocados por la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad.

Durante sus declaraciones explicaron que la habilitación original de CEMECO databa de 2012 y permitía el funcionamiento de consultorios externos, un quirófano y una sala de recuperación para procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos tras los cuales los pacientes pueden regresar a sus domicilios dentro de las seis horas posteriores a la intervención.

La situación era diferente para las cirugías generales o aquellas que requirieran internación. Según los inspectores, el establecimiento no disponía de los servicios necesarios para ese tipo de prácticas y, ante una complicación, el paciente debía ser derivado a una clínica de mayor complejidad.

Los funcionarios también señalaron que el establecimiento no contaba con un director médico al momento de la inspección. Andrea Isabel Torelli se presentó como responsable del lugar y les informó que el director médico había sufrido un ACV y no podía comunicarse.

Los inspectores consideraron que, ante esa situación, el centro se encontraba acéfalo desde el punto de vista de la dirección médica, lo que incumplía la normativa sanitaria vigente.

Durante el procedimiento encontraron además un contrato entre CEMECO y Lotocki para el alquiler de los quirófanos. El documento había sido firmado el 18 de abril de 2021, tres días después de la operación de Zárate y dos días después de su muerte, y establecía que el médico no pertenecía al plantel ni tenía una relación de dependencia con la clínica.

Sin embargo, los inspectores señalaron que en el establecimiento encontraron historias clínicas firmadas por Lotocki anteriores a la fecha de ese contrato, correspondientes a procedimientos que había realizado allí.

Otro de los puntos de la declaración estuvo relacionado con la habilitación de Lotocki para operar. Ante una pregunta de la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30, los inspectores explicaron que el acusado posee un título de médico cirujano expedido por la Universidad Nacional del Litoral, pero que para realizar ese tipo de procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires debía estar inscripto en un registro específico.

Según declararon, Lotocki no figuraba como especialista en cirugía general ni en cirugía plástica y tampoco les constaba que hubiera iniciado el trámite correspondiente para inscribirse.

Fentanilo, propofol y medicamentos vencidos

Los inspectores también describieron una serie de irregularidades sanitarias detectadas durante el procedimiento. Entre ellas, mencionaron que había una gran cantidad de fentanilo y propofol distribuida en distintos sectores de la clínica.

Incluso, encontraron ampollas almacenadas en muebles de fácil acceso al público, una situación que los inspectores consideraron un riesgo sanitario.

El informe elaborado tras la inspección también consignó medicamentos vencidos mezclados con otros que todavía estaban vigentes y la ausencia de los libros de registro de estupefacientes, en los que debía quedar asentado el ingreso de esos fármacos y a qué pacientes habían sido administrados.

También hallaron material que se presentaba como esterilizado junto a otros elementos sucios. En una heladera utilizada para guardar pan y café, además, encontraron ampollas de propofol.

Los inspectores explicaron que los medicamentos que requieren cadena de frío deben conservarse en una heladera de uso exclusivo y con control de temperatura.

Lotocki pidió declarar

Al finalizar la audiencia, la defensa de Lotocki informó que el médico quería declarar sobre lo ocurrido con Christian Zárate. El tribunal dispuso que podrá hacerlo durante la audiencia prevista para este miércoles 23 de septiembre.

Después de esa instancia está previsto que comiencen a declarar las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según la acusación, sufrieron luego de someterse a intervenciones quirúrgicas con él.

Zárate había sido operado el 15 de abril de 2021 en CEMECO. Se le practicó una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción. Luego de la intervención, una enfermera detectó una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki, quien dispuso que el paciente regresara al quirófano.

Durante la noche, Zárate permaneció dolorido y sin poder dormir. A la mañana siguiente se descompensó, fue intubado y desde la clínica solicitaron una ambulancia. Los médicos que llegaron advirtieron la complejidad del cuadro y pidieron un segundo móvil. El paciente sufrió un paro cardíaco y murió pese a las maniobras de reanimación.

En la audiencia anterior, ocho peritos analizaron la atención que recibió Zárate y describieron ante el tribunal una secuencia de deterioro clínico que, según sus conclusiones, no recibió la respuesta que requería el cuadro.

Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Zárate. Junto con él son juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos y Torelli.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada de encubrimiento agravado, bajo la sospecha de haber ocultado el teléfono de Lotocki para impedir que fuera encontrado por los investigadores.

El Gobierno nacional celebró los avances que se conocieron en las últimas horas en el juicio en ausencia que se lleva a cabo a los responsables del atentado a la AMIA. El Ministerio de Justicia destacó como un “avance histórico” el procesamiento que se conoció este lunes a los siete ciudadanos iraníes y de un libanés por el ataque terrorista de 1994.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques destacó que “gracias a la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia (Ley 27.784), la Justicia Federal dio un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad”.

El pronunciamiento del Ejecutivo llegó horas después de que el juez federal Daniel Rafecas, titular subrogante del Juzgado Federal N.° 6, firmara una resolución de 648 páginas en la que dictó el procesamiento de ocho personas por sus roles en el ataque del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El atentado dejó 85 muertos y más de 151 heridos. A cada uno de los imputados se le impuso un embargo de USD 500.000.000.

Con base en las pruebas recopiladas por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la decisión estratégica de ejecutar el ataque fue adoptada en agosto de 1993 por la cúpula del régimen iraní, y que la parte operativa fue delegada en Hezbollah, la organización armada de origen libanés con estrecho vínculo con Teherán. Para concretar el plan, esa organización estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, área que comprende las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

La resolución judicial estableció con precisión la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores compraron una camioneta Renault Trafic. Cinco días después, el viernes 15 a las 18, el vehículo ya estaba acondicionado y cargado con 300 kilogramos de amonal y TNT. Los responsables de la logística lo estacionaron en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, fecha elegida para la detonación por el alto flujo de personas que concurrían al edificio en ese horario.

Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidio calificado por odio racial o religioso y peligro común, lesiones dolosas y daño agravado por motivos discriminatorios. Además, calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución diferenció los roles de los imputados según su nivel de participación. Fueron procesados como autores mediatos cuatro exfuncionarios del Estado iraní: Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Ali Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, ex comandante de la Fuerza Al Quds. Desde sus posiciones de poder, estos hombres tomaron las decisiones políticas y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno.

Como cómplices necesarios fueron imputados Hadi Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada; y Ahmad Reza Asghari, ex diplomático y agente de inteligencia. Los tres aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local. Por su parte, Salman Raouf Salman —conocido también como Samuel El Reda—, ciudadano libanés y miembro de Hezbollah, fue procesado como coorganizador y agente operativo por haber coordinado la fase final del ataque en Buenos Aires.

En paralelo, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, mientras que Rafecas no se pronunció sobre las situaciones procesales de Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, debido a que los tres fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La resolución también estableció que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá: el 19 de julio de 1994, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó la muerte de 20 personas, entre ellas 12 integrantes de la comunidad judía panameña. Ambos episodios fueron reivindicados cuatro días después de forma conjunta por Hezbollah desde el Líbano, bajo el nombre de cobertura “Ansar Allah”. La justicia panameña mantiene una investigación abierta por ese hecho e intercambia información con los tribunales argentinos.

En el plano local, Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe la posible unificación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992, también en territorio argentino. La medida se fundó en un dictamen del fiscal Basso, que sostiene que ambos ataques fueron ejecutados por la misma organización.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva. Si los tribunales superiores confirman el fallo, el juzgado quedará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal. En forma simultánea, la Cámara Federal de Casación Penal ya habilitó la posibilidad del juicio en ausencia.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la legitimidad y constitucionalidad del juicio en ausencia para avanzar con la investigación y el juzgamiento de los responsables del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.

La resolución sostuvo que el mecanismo permite garantizar el derecho a la verdad y mejorar el acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo. Con esta decisión, el tribunal despejó el camino para avanzar con la investigación y el juzgamiento sin la presencia de los imputados.

La Cámara rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.784, presentado por la defensa oficial. La jueza Angela Ledesma y los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques consideraron que el argumento sobre las supuestas “distinciones arbitrarias” para solicitar un nuevo juicio, ante una eventual presentación posterior de los acusados, era hipotético y conjetural, porque dependía de hechos todavía inciertos. Entendieron que ello es así en cuanto la rebeldía de los encausados no había permitido avanzar con el proceso.

La resolución se firmó este lunes, al mismo tiempo que el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado. El ataque terrorista, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos.

Los argumentos de la defensa

La defensa oficial —encabezada por el defensor Enrique Comellas— planteó la inconstitucionalidad de la norma porque, si se condena en ausencia a los imputados y estos se presentan en el futuro ante la Justicia argentina, el sistema limitaría su derecho a exigir un nuevo juicio. Según su mirada, la decisión judicial que considera probado que los acusados conocían el proceso desde antes los dejaría automáticamente en la categoría de “contumaces”, excluyéndolos del derecho pleno a una revisión con presencia.

Sostuvo que este punto es clave: “El verdadero agravio no radica en la celebración del juicio en ausencia, sino en el rechazo anticipado a la posibilidad de realizar un nuevo juicio posterior”.

El planteo también subrayó que la intervención de un defensor técnico, sin contacto con el imputado, no suple la necesidad de una defensa de hecho, es decir, el derecho del acusado a estar presente, participar y coordinar su estrategia. Advirtió que la solución normativa coloca a la defensa en una situación “materialmente imposible”, porque deben montar una estrategia desconociendo en su totalidad la versión de los hechos que podría tener su propio asistido.

Según Comellas, el daño para sus representados no es hipotético, sino actual, ya que tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez a cargo afirman que los imputados sabían de la causa y, si no se revisa el artículo cuestionado, nunca accederán a un verdadero nuevo juicio.

La postura del fiscal y las querellas

El Ministerio Público Fiscal, representado por Raúl Pleé, pidió rechazar el recurso. Sostuvo que la ley 27.784 fue dictada para destrabar procesos cuando los imputados, como en este caso, deciden no presentarse y permanecen prófugos a pesar de los pedidos de captura internacional.

Para el fiscal, la aplicación del juicio en ausencia es una respuesta a la gravedad de hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, y la norma prevé suficientes garantías: el acusado puede designar abogado, goza de defensor oficial, el juicio es íntegramente registrado para su posible revisión, y existe la posibilidad de solicitar un nuevo juicio si, al momento de aparecer, acredita no haber conocido el trámite o un impedimento grave. Pleé subrayó: “La restricción al derecho de defensa deriva de la propia conducta de los imputados al no comparecer, y pueden revertirla en cualquier momento”.

Las querellas —representadas por la AMIA (abogado Miguel Bronfman), la DAIA (abogados Hernán Najenson y Gabriel Camiser) y familiares de víctimas— coincidieron en que la ley votada tiene carácter general y no está hecha a medida para este caso. Avalaron la constitucionalidad del juicio en ausencia y remarcaron: “La incomparecencia deliberada de los imputados no impide la prosecución del proceso cuando existe una defensa técnica efectiva”.

Los fundamentos de la Cámara

La jueza Angela Ledesma y los jueces Barroetaveña y Mahiques coincidieron en un punto esencial: la objeción planteada por la defensa resulta “prematura y conjetural”. El tribunal sostuvo que el agravio es hipotético porque:

• Todavía no hay condena dictada en ausencia.
• No se registró la comparecencia posterior de ningún imputado que pida un nuevo juicio.
• El daño es potencial, ya que la discusión sólo cobraría actualidad si esos hechos ocurren.

Según el fallo, la cuestión solo podrá analizarse concretamente si alguno de los acusados es juzgado en ausencia, condenado y luego se presenta pidiendo un nuevo debate. En palabras del tribunal: “Ninguna de esas circunstancias puede darse hoy por acontecida. Resolver ahora esa cuestión importaría emitir una declaración acerca de una controversia eventual, cuya configuración depende de hechos futuros e inciertos”.

El fallo reafirmó el principio de que los jueces no pueden expedirse sobre situaciones abstractas o posibles cuestiones futuras, sino sobre hechos actuales con consecuencias jurídicas inmediatas.

Además, la Cámara recordó que la declaración de inconstitucionalidad es una medida extrema, que solo puede dictarse si la repugnancia con la Constitución es manifiesta y el interesado demuestra claramente que la ley contraría derechos fundamentales, lo que —a criterio del tribunal— no sucedió en este expediente.

De este modo, la vía para avanzar con el juicio en ausencia de los imputados por el atentado a la AMIA queda habilitada, mientras el debate sobre el alcance del derecho a un nuevo juicio, en caso de condena y posterior presencia de los acusados, queda postergado para un futuro escenario que todavía no existe.

En el sótano, sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses— yacían con bandas elásticas alrededor del cuello. Dos murieron en el lugar. El tercero no sobrevivió la semana.

Casi tres años después, y a días del juicio nulo que cerró el proceso penal contra Lindsay sin condena, Patrick habló ante las cámaras de 60 Minutes para poner en palabras el dolor, el perdón y la única explicación que encontró para lo inexplicable: la enfermedad mental.

El juicio terminó en nulidad tras un jurado dividido

El proceso judicial de Lindsay Clancy concluyó el 4 de septiembre con la declaración de un juicio nulo, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime.

La defensa argumentó que la acusada no era penalmente responsable de las muertes porque padecía psicosis posparto, una condición que puede alterar la percepción de la realidad en madres recientes y se considera una emergencia psiquiátrica.

La fiscalía sostuvo la posición contraria: que Lindsay Clancy actuó de forma deliberada y planificada, y que envió a su entonces esposo a hacer mandados mientras cometía los crímenes.

Patrick testificó durante dos días en el juicio. Describió haber encontrado a Lindsay con heridas en el cuello y las muñecas y a los tres niños con bandas elásticas de ejercicio alrededor del cuello.

Durante el segundo día de testimonio, justo antes de que se reprodujera la llamada al 911, sufrió un ataque de pánico masivo. “Mi corazón latía a mil por hora, y me pusieron en una ambulancia”, relató ante 60 Minutes.

Le ofrecieron medicación, pero la rechazó. Quería volver al estrado y terminar su declaración.

Patrick Clancy cree que fue la enfermedad, no su exesposa, la responsable

“Creo que fue su enfermedad mental lo que causó todo esto”, afirmó Patrick. Para él, los titulares que describieron a Lindsay como una “madre asesina” o un “monstruo” no reflejaron la realidad de lo ocurrido.

La enfermedad de Lindsay había dado señales antes de la tragedia. Realizó varias visitas a urgencias tras el nacimiento de Callan, se internó en un programa para pacientes con depresión posparto —de donde fue dada de alta al día siguiente— y le prescribieron una cantidad creciente de medicamentos.

El 31 de diciembre ingresó al Hospital Psiquiátrico McLean, donde fue tratada por depresión y la devolvieron a su casa días después. La familia celebró el cumpleaños de Cora el 7 de enero. Diecisiete días más tarde ocurrió la tragedia.

Patrick reconoció ante el programa que desconocía las particularidades de las enfermedades posparto. “Podía entender cómo se siente estar muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo manejar una enfermedad posparto”, declaró. “Creo que la enfermedad mental tiene esta capacidad de ser trágicamente engañosa”, agregó. “Estoy seguro de que hay cosas que no vi”.

El día de los hechos, Lindsay pareció estar en uno de sus mejores momentos: llevó a Cora a una cita médica y luego construyó un muñeco de nieve con los niños. Patrick Clancy dijo que nunca la había visto lastimar a sus hijos con anterioridad.

Cuando le preguntó a Lindsay qué recordaba de esa noche, ella respondió que fue como un sueño. “Lo recordaba de la misma forma en que uno recuerda algo al despertar”, reprodujo Patrick en la entrevista.

Aquella noche, esperó que al menos uno pudiera sobrevivir

Tras encontrar a los niños en el sótano, Patrick Clancy mantuvo la esperanza de que el menor pudiera vivir. Callan fue trasladado en helicóptero a un hospital de Boston, donde los médicos lograron restablecer su latido cardíaco.

“Solo denme uno. Solo denme uno de mis hijos”, recordó haber pensado esa noche. “Lo criaría de la mejor manera posible. Le contaría sobre su hermano y su hermana”.

Al llegar al hospital, la expresión de la médica le anticipó lo peor. Pasó cuatro días junto a Callan antes de que el bebé falleciera en sus brazos.

Durante esas horas, con una mano sostuvo la del bebé y con la otra escribió, desde su teléfono, un homenaje a cada uno de sus tres hijos. Tenía miedo de que fueran olvidados.

Las teorías conspirativas fueron un daño adicional para la familia

Tras la muerte de sus hijos, Patrick atravesó un período de oscuridad. Confesó ante 60 Minutes que hubo un momento en que no creyó que llegaría a sus 35 años y que estaba “completamente bien con eso”.

Incapaz de quedarse en Duxbury, se mudó a Nueva York en busca de anonimato.

En lo que habría sido el primer cumpleaños de Callan, entró a la catedral de San Patricio en Manhattan, encendió una vela y le dijo que lo amaba. “Salí a la Quinta Avenida y rompí a llorar. Y a nadie le importó”, relató. “Pensé: ‘aquí es donde necesito estar. Aquí puedo llorar’”.

El caso también generó una ola de teorías conspirativas en redes sociales, algunas de las cuales lo acusaron directamente de haber cometido los crímenes. “Es dañino para el legado de mis hijos”, expresó. “Es una gran distracción de lo que realmente importa aquí, que es la salud mental perinatal”.

El abogado defensor de Lindsay, Kevin Reddington, rechazó esas teorías. “Es evidente que Patrick ha sido atacado y que su vida ha sido convertida en una pesadilla que no merece. Punto final”, declaró Reddington al ser consultado por NBC News.

El abogado de Patrick también advirtió que se tomarán “todas las medidas apropiadas para responsabilizarlos, incluso legalmente”.

El perdón que él dio sin que nadie se lo pidiera

En la entrevista, Patrick reconoció que su entonces esposa nunca le pidió perdón. “No. Pero se lo di de todas formas”, aseguró. Explicó que, de no haber llegado al perdón, habría quedado “consumido por dentro, para siempre”.

Para su recuperación también recurrió a expertos. Se contactó con Postpartum Support International y con psiquiatras especializados en salud perinatal, con quienes mantuvo conversaciones profundas sobre lo que ocurrió.

Tanto él como Lindsay iniciaron demandas por negligencia médica contra los profesionales de la salud que la trataron.

Años después de la tragedia, conoció a la doctora Rachel Danis, médica especialista en fertilidad, en un club de corredores de Nueva York en enero de 2024.

El primer acercamiento ocurrió en una cafetería: Danis vio la foto de los niños en el teléfono de Patrick al momento de pagar y le preguntó quiénes eran.

Él le respondió que eran sus hijos y que habían muerto. Los dos contrajeron matrimonio en abril y planean formar una familia.

Danis resumió su rol ante las cámaras del programa: “Sé que no puedo devolverle a sus hijos, pero si puedo honrarlos y permitirle a Pat llorarlos mientras los honra en el presente, supongo que es todo lo que puedo hacer”.

Lindsay Clancy permanece detenida en el Hospital de Tewksbury, en Massachusetts, a la espera de que se determine si enfrentará un nuevo juicio por la muerte de sus hijos.

El asesinato de Austin Metcalf no terminó con su muerte. Desde que Karmelo Anthony fue declarado culpable, en junio de 2026, la familia del adolescente texano recibió más de 100 amenazas. Una de ellas derivó en una acusación federal.

Sharifa Nicole Henderson, de 34 años y residente en Kansas City, Misuri, prometió matar a integrantes de la familia en tres contactos separados realizados en menos de 48 horas. El caso llegó a la justicia federal de Estados Unidos y la expone a hasta 15 años de prisión.

Un gran jurado del Distrito Este de Texas la procesó el 9 de septiembre de 2026 por tres cargos de comunicaciones amenazantes interestatales. Fue arrestada dos días después en Kansas City.

Las amenazas llegaron horas después de la condena de Karmelo Anthony

El juicio contra Karmelo Anthony concluyó el 9 de junio de 2026 con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Metcalf.

Al día siguiente, Henderson ya había enviado el primero de sus mensajes.

A través de Facebook Messenger, le escribió a un integrante de la familia Metcalf que los mataría y los metería en una bolsa para cadáveres. Al final del mensaje, tal como consta en el texto de la acusación formal, añadió: “Esto es una amenaza, llévenme a juicio”.

Ese mismo 10 de junio, Henderson llamó por teléfono al gobierno del Condado de Collin, la fiscalía que procesó a Anthony, y aseguró que “demolería” a la familia Metcalf y “estrangularía” a uno de ellos, de acuerdo con el mismo documento.

El tercer contacto tuvo lugar el 11 de junio, por la misma vía. En ese mensaje, le escribió a otro destinatario: “No te preocupes, te mataré a ti también. Te cazaré para siempre hasta matarte… siempre tendrás que mirar por encima de tu hombro”.

Jeff Metcalf reveló que su familia acumula muchas amenazas desde el veredicto

Jeff Metcalf, padre de Austin, declaró a FOX 4 Dallas-Fort Worth que los suyos recibieron más de 100 amenazas desde que se conoció el fallo contra Anthony.

El caso de Henderson es el primero que derivó en una acusación federal.

El asesinato de Austin Metcalf generó una profunda tensión racial en todo el país. Mientras los seguidores de Anthony cuestionaban la composición del jurado —integrado sin presencia de personas afroamericanas— y exigían la absolución, los familiares y simpatizantes de la víctima se congregaron frente al mismo tribunal en busca de un fallo condenatorio.

Anthony mató a Metcalf durante una competencia escolar y recibió 35 años de prisión

El crimen ocurrió el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo de nivel secundario.

Anthony, entonces estudiante de la Escuela Secundaria Centennial y de 17 años en ese momento, se acercó hasta la carpa del equipo de la Escuela Secundaria Memorial, donde estaba Metcalf.

Según la investigación, Metcalf le pidió que se retirara. La fiscalía sostuvo que fue Anthony quien provocó el enfrentamiento que terminó con su muerte, tras recibir una puñalada en el pecho.

Las cámaras de vigilancia captaron a Anthony corriendo del lugar inmediatamente después del ataque.

Cuando los agentes lo aprehendieron, tal como quedó registrado en informes policiales obtenidos por Fox News, les dijo a los agentes: “No soy un presunto culpable, yo lo hice”.

Anthony fue condenado a 35 años de prisión. En agosto de 2026, un juez rechazó su pedido de nuevo juicio, aunque su defensa prepara una nueva apelación.

Su palabra era una de las más esperadas en el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu. María, la viuda del ex jugador de Los Pumas, se sentó en el estrado y declaró en una nueva jornada del litigio que busca esclarecer lo ocurrido el 19 de marzo de 2022. El ex rugbier, que en el momento de su muerte tenía 42 años, murió tras ser atacado a tiros por dos hombres vinculados a la ultraderecha francesa después de una pelea en un bar.

El juicio se desarrolla ante el tribunal de la Cámara de Apelaciones de la capital francesa que procesa a Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los principales acusados por el crimen del jugador que fue parte del plantel argentino que logró el histórico bronce en el Mundial 2007. La declaración de María era una de las más esperadas desde el inicio del debate y, como era de esperarse, generó conmoción en la sala. “Tantas cosas me impactan, me ponen a prueba”, expresó entre lágrimas. También habló de sus hijos, Santi, Trini y Justi, que tenían 10, 8 y 2 años cuando perdieron a su padre, según recogieron de su relato medios franceses como Le Parisien y L’Equipe.

“El dolor no terminó el 19 de marzo: sigue vivo”, sostuvo. María relató que Santi, el mayor, primero imaginó que un dinosaurio se había comido a Federico; luego creyó que había muerto en un accidente de auto, hasta que comprendió que había sido asesinado.

La última imagen que Aramburu le envió a su esposa lo mostraba con un puño en alto y la palabra “Vamos”. El mensaje celebraba el éxito de un proyecto profesional vinculado al Mundial de Rugby, que había conseguido para su agencia Esprit Basque. El ex jugador de CASI y del Biarritz Olympique del rugby francés había firmado con los patrocinadores del Mundial 2023 para que su empresa participara del evento. Era su primer gran negocio después de su carrera deportiva y de sus estudios en la Universidad de Burdeos.

Ese logro fue el motivo por el que salió a festejar con su amigo y socio Shaun Hegarty la noche del 18 de marzo hace cuatro años en el centro de París. Durante la madrugada, ambos mantuvieron una pelea con los acusados en un bar. Luego fueron perseguidos hasta el hotel, donde Aramburu fue atacado a tiros. A pedido de la fiscalía, María describió cómo recibió la noticia. Una amiga fue a verla, le dijo que había habido una pelea que “terminó mal” y, cuando ella preguntó si Federico seguía vivo, la mujer negó con la cabeza.

“Fede no era un héroe. Era un hombre normal y sano”, dijo la viuda. Desde el comienzo del juicio, ella se ubica en el sector reservado para la parte civil, junto a los padres, suegros, hermanos, amigos y otros familiares de Aramburu.

Vestida con jean y camisa negra, con el pelo recogido y anteojos en algunos momentos, María vio en la sala Voltaire del Palacio de Justicia los videos de toda la secuencia: la primera pelea en el bar, el trayecto hasta el hotel, un nuevo enfrentamiento y el asesinato de su esposo. El resto de los familiares se retiró de la sala durante la proyección. “Es duro, pero he podido encontrar algo de paz”, reconoció. Su abogado había optado por postergar su testimonio para que declararan antes otros testigos, entre ellos Hegarty.

Además del relato de la esposa del ex jugador de la selección argentina de rugby, un guardia de la prisión de Fleury-Mérogis fue el gran protagonista de la jornada previa al inicio de la semana que culminará con el veredicto. Afirmó que Le Priol se atribuyó los últimos disparos contra Aramburu durante una llamada desde su celda. La declaración, negada por el acusado, incorporó al juicio una frase sobre “las últimas cuatro balas” que habría disparado al exintegrante de Los Pumas, asesinado en París tras una pelea ocurrida en marzo de 2022.

La conversación fue escuchada durante una ronda nocturna del 22 de mayo de 2023. El agente penitenciario, identificado como Lucas, miró por la mirilla de la celda y vio a Le Priol sentado frente a una ventana, aparentemente con un auricular, mientras hablaba por teléfono. El guardia anotó parte de lo que escuchó y dejó asentada una frase atribuida al detenido: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”. El portal francés Actu-Juridique indicó que el Tribunal de lo Penal de París convocó al agente para que confirmara el contenido de aquel registro.

Durante su declaración del pasado viernes 18 de septiembre, Lucas dijo que ya no recordaba con precisión la escena, aunque sostuvo que, si la había consignado por escrito, debía haber ocurrido. Explicó que anotó las palabras “lo mejor que pudo para que surgiera y tuviera repercusión en el caso”, según relató la cronista Olivia Dufour.

La defensa cuestionó la fiabilidad del testimonio por varias inconsistencias. El agente situó una audiencia el 6 de junio cuando había sido el 6 de julio, aseguró haber visto un auricular que no apareció en el posterior registro de la celda y mencionó planos de la prisión que tampoco fueron encontrados.

Los registros telefónicos establecieron que Le Priol había hablado con su pareja, también coacusada en el proceso. El guardia describió al detenido como “una persona decente y tranquila” y explicó que el episodio se le había borrado de la memoria porque durante sus turnos solía escuchar situaciones “mucho más crudas y crueles”.

El presidente del tribunal, Franck Zientara, le preguntó si había pretendido perjudicar al acusado al redactar su anotación. “No, no me interesa”, respondió el testigo. El magistrado insistió sobre la posibilidad de que hubiera mentido o exagerado. Ante las preguntas del fiscal Philippe Courroye, Lucas confirmó bajo juramento que lo asentado reflejaba lo que había oído: “De lo contrario, no lo habría anotado”. El medio francés que recopiló la declaración del guardia señaló que Le Priol hizo gestos de desacuerdo mientras el guardia respondía.

La defensa también presentó a un antiguo compañero de celda de Le Priol en el pabellón de máxima seguridad de Fleury-Mérogis, donde ambos estuvieron durante 2023 y 2024. El hombre aseguró que agentes penitenciarios buscaban que reuniera información sobre el caso y las posiciones políticas del acusado.

“Siempre querían más, que acosara a Le Priol sobre su caso, sus opiniones políticas. Nunca le pregunté; no es asunto mío”, declaró. Los abogados sostuvieron que esa versión estaba respaldada por correos electrónicos que el testigo había enviado entonces a su madre y a su abogado.

El excompañero de celda afirmó que Le Priol evitaba hablar del asesinato porque el hecho lo había afectado profundamente. También rechazó la imagen de un hombre violento o despectivo: “Jugábamos a las cartas, al fútbol; nunca fue violento, jamás vi en él ni un ápice de malicia”. El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre, más de cuatro años después de la muerte de Aramburu, que tenía 42 años y era padre de tres hijos.

La postura de Desronvil fue determinante para que el juez William Sullivan declarara el juicio nulo el 4 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts, tras casi 40 horas de deliberaciones sin acuerdo unánime. El panel quedó dividido 11 a 1 a favor de declarar a Clancy sin responsabilidad penal, lo que imposibilitó el veredicto y dejó el caso sin resolución definitiva.

Qué dijo Michael P. Desronvil tras el juicio nulo de Lindsay Clancy

En una declaración enviada a CBS News, Desronvil rechazó la versión de sus compañeros, quienes afirmaron que él había expresado dudas razonables durante las deliberaciones pero se negó a plasmarlas en el veredicto.

“No tuve ninguna duda”, sostuvo el jurado de 48 años, residente en Bridgewater, Massachusetts. “Basándome en todas las pruebas físicas, los testigos clave y lo que presentó la fiscalía, consideré que había pruebas suficientes de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo planeó”, agregó, según recogió BBC.

Desronvil también respondió a las críticas internas. “Mientras intentaba explicar distintas teorías posibles durante la deliberación, me interrumpían constantemente, como si mis palabras fueran señal de que tenía dudas sobre las pruebas presentadas”, declaró.

Por qué el jurado consideró que había pruebas de planificación

Clancy, de 36 años, se declaró no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado, aunque reconoció ante el tribunal haber causado la muerte de sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en su vivienda de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, y haberse lanzado desde una ventana del segundo piso. Su defensa argumentó que una crisis severa de psicosis posparto le impedía comprender la naturaleza de sus actos. Para emitir un veredicto de culpabilidad, el jurado debía coincidir de forma unánime, y más allá de toda duda razonable, en que Clancy actuó de manera intencional y que esa condición no determinó sus actos.

Desronvil consideró que las pruebas físicas y los testimonios de los peritos de la fiscalía acreditaban con suficiencia que los hechos fueron planificados. Según él, ningún argumento de la defensa lo convenció de lo contrario.

El argumento de la defensa sobre la psicosis posparto

La estrategia de la defensa se centró en la condición mental de Clancy al momento de los hechos. Sus abogados señalaron que la acusada había recibido más de una decena de medicamentos en el período previo, que llamó a una línea de crisis suicida y que acudió a urgencias, todo ello como indicios de una enfermedad psiquiátrica grave.

Un psiquiatra forense que declaró a favor de la defensa afirmó que Clancy sufrió una “alucinación de mandato” y un “delirio de influencia” al momento de los hechos, lo que —según esa lectura— le impedía comprender la naturaleza de sus actos o distinguir entre el bien y el mal, según informa BBC.

La fiscalía, en cambio, presentó a la psiquiatra tratante de Clancy, quien declaró que su paciente no mostraba signos de psicosis durante sus sesiones. Otro perito indicó que la psicosis posparto no figura en el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana.

La ley de Massachusetts obligaba a los fiscales a probar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable; la defensa no tenía la carga de demostrar la enfermedad mental.

Cómo quedó dividida la deliberación del jurado

El panel —nueve mujeres y tres hombres— dedicó casi 40 horas al análisis del caso. El juez declaró el juicio nulo tras recibir, por tercera vez, una nota del jurado que indicaba que no había acuerdo.

Paula Devlin, una de las once juradas que votaron a favor de eximir a Clancy de responsabilidad penal, declaró a CBS Mornings que el grupo pasó varios días intentando convencer a Desronvil de que cambiara de posición. “Trabajamos todos juntos para convencernos una vez que llegamos al punto en que éramos 10 a 2”, señaló.

La presidenta del jurado, una maestra jubilada, afirmó en declaraciones a NBC que Desronvil “admitió tener dudas razonables”, pero que al completar las hojas de veredicto expresó que “aun así no iba a decir que no era culpable por razón de locura”, según New York Post.

El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, sostuvo que Desronvil “no aplicó la ley de la duda razonable tal como lo instruyó el juez” y calificó esa conducta de incorrecta en declaraciones a ABC Good Morning America.

Qué puede ocurrir ahora en el caso de Lindsay Clancy

El juicio nulo dejó el proceso sin resolución definitiva. La fiscalía no había confirmado si solicitaría un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts.

Desronvil, en tanto, abandonó la zona ante la exposición pública que siguió al final del juicio: su nombre fue filtrado en redes sociales, recibió amenazas y su domicilio fue vigilado. Su abogado confirmó que se encuentra en “un lugar seguro y no revelado en una zona rural del norte de Nueva Inglaterra”.

El hecho, ocurrido el pasado 11 de septiembre en el interior de un establecimiento a la vera de la Ruta 23, quedó resuelto apenas una semana después mediante un procedimiento de juicio abreviado. La pena quedó fijada en tres años de prisión condicional por el delito de coacción agravada por el uso de arma.

La audiencia en la que se formalizó la condena fue conducida por el fiscal jefe Gastón Ávila, quien presentó la acusación y los términos del acuerdo. Tanto la defensora de Díaz, Laura Plaza, como la abogada querellante que representó a la víctima, Lorena Miani, avalaron los términos expuestos por el representante del MPF. Finalmente, el acuerdo fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

Además de la pena en suspenso, el acuerdo contempla un conjunto de pautas de conducta con una vigencia de tres años que, de ser incumplidas, convertirán la condena en prisión efectiva. Díaz tiene prohibido ejercer cualquier acto de perturbación contra la víctima, Andrés Avelino Infante, o su grupo familiar, y no podrá mantener ningún tipo de contacto con ellos, ni de forma directa ni a través de terceros. A eso se suma la obligación de fijar un domicilio y concurrir periódicamente a los controles de la Dirección de Población Judicializada.

El juez Bagnat fue explícito sobre la razón de las restricciones: “Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia”, señaló, y advirtió que, dado el tamaño reducido de Pilo Lil, existe la posibilidad real de que ambos hombres se crucen en la localidad. “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”, le indicó a Díaz durante la audiencia, según un comunicado oficial del MPF de Neuquén.

El episodio tuvo lugar en el interior de El Parador, un establecimiento ubicado a la vera de la Ruta 23 y el río Aluminé, al ingreso de la localidad de Pilo Lil, en el sur de la provincia de Neuquén. Se trata de una pequeña comunidad de apenas algo más de 200 habitantes, en la que Díaz había gobernado durante 12 años como presidente de la Comisión de Fomento.

Todo comenzó cuando Infante, actual titular de la Comisión, le solicitó a Díaz la rendición de cuentas del combustible utilizado por el camión comunal, que el propio ex funcionario había pedido para mover fardos de pasto. Las Comisiones de Fomento de la provincia operan con aportes para el combustible que deben ser rendidos: esa exigencia habría desencadenado la reacción de Díaz, quien además reclamó el uso del vehículo comunal. La respuesta de Infante fue que el pedido debía formalizarse mediante nota escrita.

Sin aceptar la condición, Díaz comenzó a amedrentar al funcionario con frases como “no te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda” y “a este lo voy a hacer cagar, para eso vine”, según reconstruyó el fiscal Ávila. La discusión se extendió por casi 20 minutos dentro del recinto, con gritos, insultos y empujones. Según el relato que Infante brindó a LM Neuquén, la reacción de Díaz tampoco dio margen para el diálogo desde el inicio: “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”.

La situación escaló cuando ambos forcejearon y Díaz sacó un cuchillo de su cintura, con una hoja de entre 20 y 25 centímetros y cabo de madera. “Te voy a matar”, le dijo al funcionario, según indicó el fiscal. En ese momento, la esposa de Infante, Raquel Fantini, se interpuso entre los dos hombres. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató el propio Infante.

El funcionario fue categórico al describir la proximidad del peligro: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Una de las pruebas centrales que sostuvo la acusación fue un video grabado en el momento de mayor tensión por Eliana Rivera, coordinadora regional que se encontraba presente en el lugar. Alertada por Rivera, la Policía activó el protocolo de intervención: concurrió personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes, donde finalmente quedó demorado Díaz tras ser interceptado cuando intentaba dirigirse a esa localidad por su cuenta. La denuncia fue radicada en el propio parador, donde se tomó declaración a las dos mujeres presentes.

El episodio tampoco cerró con la detención de Díaz. Tres horas después del incidente, el hijo mayor de edad del condenado se presentó en el despacho de Infante. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar”, denunció el funcionario, quien radicó una segunda denuncia por esa visita.

Mientras tanto, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, desmintió la existencia del arma blanca en declaraciones a LM Neuquén: “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo. En su versión, fue Infante quien inició la agresión física, y su marido actuó en defensa propia. Alfonso también describió al presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

El propio Díaz no realizó declaraciones públicas. La condena dictada esta semana pone fin formalmente al proceso judicial, aunque las prohibiciones de contacto y las pautas de conducta impuestas permanecerán vigentes durante los próximos tres años.

Este 17 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la declaración de una víctima puede incorporarse mediante videograbación en un nuevo juicio oral, siempre que la defensa haya participado en el desahogo y tenido oportunidad de controvertirla.

Dicha medida del Máximo Tribunal busca evitar la revictimización sin afectar los derechos de la persona imputada.

De acuerdo con la SCJN, el principio de inmediación debe interpretarse junto con los derechos de las víctimas. La reproducción del testimonio es válida cuando fue desahogado con intervención de las partes y la defensa pudo formular preguntas y cuestionar su contenido.

El caso derivó de un proceso penal por secuestro agravado en Guanajuato. Un tribunal colegiado ordenó reponer el juicio porque una audiencia privada se realizó sin la participación de todas las partes, lo que afectó los principios de contradicción e imparcialidad.

La SCJN confirmó la reposición del procedimiento y el uso de la grabación en el nuevo juicio, al considerar que evita que la víctima tenga que revivir los hechos durante otro interrogatorio. La resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 875/2026, aprobado por el Pleno en sesión del 17 de septiembre de 2026.

Suprema Corte avala la videograbación de entrevistas psicológicas a niñas y niños en juicios

La SCJN determinó que es válido videograbar entrevistas y evaluaciones psicológicas de niñas y niños en juicios de guarda y custodia, siempre que se protejan sus derechos. La resolución se anunció el pasado 29 de enero.

Dicha medida requiere confidencialidad, control judicial y uso limitado del material, según un comunicado de la SCJN . El Pleno estableció que estas condiciones deben cumplirse para que las grabaciones puedan utilizarse durante el proceso.

El tribunal señaló que las diligencias deben estar a cargo de personal especializado y realizarse en espacios adecuados para la infancia. Las reglas buscan evitar la revictimización, permitir la revisión posterior de las pruebas periciales y ofrecer mayores garantías al valorar cada caso.

Acuerdan un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización contra menores en el sistema judicial

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) acordaron el pasado 29 de agosto un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema judicial mexicano, con medidas para adaptar los espacios de atención, capacitar a quienes imparten justicia y facilitar la restitución de derechos.

El Convenio Marco de Colaboración, aprobado por unanimidad por la Asamblea Plenaria de la CONATRIB, fija lineamientos para fortalecer el acceso a la justicia con un enfoque de protección integral de la niñez, de acuerdo con la dependencia.

La urgencia del acuerdo coincide con los registros de violencia contra menores de edad: entre enero y abril de 2026, más de 52 mil menores fueron víctimas de delitos en México, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

Plan contempla seis ejes para atender a niñas, niños y adolescentes

El Plan Ejecutivo que deriva del convenio se organizará en seis ejes: justicia adaptada y libre de revictimización; profesionalización con perspectiva de infancia; defensa y representación efectiva de niñas, niños y adolescentes; justicia especializada para adolescentes; acceso incluyente a la justicia, e información judicial para mejorar las decisiones.

La propuesta será analizada en mesas de trabajo coordinadas por la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONATRIB, encabezada por la magistrada María José Ocampo Vázquez. También participarán las presidentas de los Poderes Judiciales de Tlaxcala y Nuevo León.

Entre las prioridades se encuentran la creación de entornos judiciales adecuados para la niñez, la acreditación de operadores de justicia y el uso de mecanismos alternativos para resolver controversias que sean compatibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La SIPINNA convocó a los Poderes Judiciales de los estados a sumarse al Pacto Nacional para erradicar toda forma de violencia contra la niñez. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del organismo, señaló que el convenio respeta la autonomía judicial y que adherirse al pacto respondería a la exigencia social de evitar que menores de edad enfrenten violencia en soledad o barreras al buscar protección y restitución de derechos.

Del total de menores víctimas de delitos durante los primeros cuatro meses de 2026, el 55.1% son mujeres. Uno de cada cinco casos corresponde a delitos sexuales, rubro en el que el 86% de las víctimas son mujeres y el 13.5% son hombres.

La violencia familiar representa el 21.1% de los casos registrados. Las mujeres concentran el 53.6% de las víctimas en este delito, mientras que los hombres representan el 43.3%.

Datos del SESNSP contabilizaron 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales, 10 mil 975 de violencia familiar, 6 mil 112 por incumplimiento de obligaciones familiares y 5 mil 188 por delitos vinculados con la delincuencia organizada entre enero y abril.

Una nueva jornada del juicio por el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu mostró el perfil psicológico de los acusados a partir de dos especialistas. El psiquiatra Daniel Zagury afirmó que el acusado Loïk Le Priol sufría una alteración leve del discernimiento vinculada a un trastorno por estrés postraumático tras sus despliegues militares en África, conclusión que podría incidir en la evaluación de su responsabilidad penal. Otros peritos cuestionaron ese diagnóstico y sostuvieron que, durante los hechos, no presentaba ninguna modificación de su juicio.

La psiquiatra Isabelle Teillet, quien elaboró junto al doctor Roland Coutanceau una pericia contraria, consideró que el principal acusado (Le Priol) no tiene síntomas de enfermedad psiquiátrica, está conectado con la realidad y no padece trastornos del estado de ánimo. Atribuyó sus rasgos a trastornos de personalidad y psicopáticos previos al trauma, con antecedentes desde la infancia. “Su peligrosidad criminológica está probada y es significativa”, analizó según la recopilación que hizo el diario L’Equipe.

Teillet afirmó que Le Priol dormía bien, había aumentado de peso durante su aislamiento y no tenía pesadillas. Para la especialista, esos elementos indicaban que no se veía excesivamente afectado por la empatía ni por la culpa.

Zagury, veterano de procesos de gran repercusión como los de asesinos seriales y violadores en Francia, describió a Le Priol como un hombre con gran necesidad de expresarse, poco inclinado a la introspección y situado del lado de la moralidad. También lo definió como grandilocuente y avergonzado por lo que percibía como una debilidad en relación con sus compromisos militares.

El acusado, vestido con camisa blanca y gafas de carey, permaneció con la cabeza baja y tomó notas durante la declaración. Su afición deportiva inicial había sido el rugby, cuando estudiaba en un instituto católico, aunque la abandonó rápidamente. Durante la entrevista realizada en el lugar de los hechos, en el Boulevard Saint-Germain, Le Priol habló de un “reflejo reptiliano” y de un “odio verbal” que le hicieron sentir en peligro de muerte. Zagury situó esas percepciones en un contexto de elevado consumo de alcohol.

El psiquiatra señaló una tendencia a manipular situaciones en beneficio propio, que distinguió de la mentira, junto con una sensación de impotencia y la necesidad de recuperar el control de sus actos. Añadió trastornos psicosomáticos, necesidad de presencia masculina, rechazo a la humillación, reacciones de intensidad desproporcionada y un comportamiento arrogante.

Hay que recordar que un camarero dio detalles de cómo fue la pelea previa en el bar Mabillon, en el centro de la capital francesa. Sébastien L. afirmó que el ex soldado Le Priol, principal acusado en el juicio que se lleva adelante en la Corte Penal de París, dijo “voy a matarlo” minutos antes de que Aramburu fuera asesinado a tiros, en una declaración que reforzó el debate sobre la premeditación por el homicidio del ex rugbier argentino.

El análisis forense detectó que las heridas causaron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata. Aramburu tenía 42 años y murió tras recibir cuatro de los seis disparos que efectuó el ex militar de 32 años. Dos de los impactos se ubicaron en el centro de la espalda y fueron, de acuerdo con la médica, los que determinaron la muerte del ex jugador del Biarritz Olympique. Pese a la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia, la especialista sostuvo que no existía margen para salvarle la vida, tal lo revelado por el medio La Dépeche.

“No pude responder algunas de sus preguntas”, reconoció Zagury, quien advirtió que su tarea era escuchar, no establecer la verdad de los hechos. Sobre el diagnóstico de estrés postraumático, fue contundente: “Soy modesto respecto de muchos de mis hallazgos, pero no en este punto”. El experto sostuvo que las puntuaciones obtenidas en la escala de evaluación eran “innegables”. Sin embargo, evitó afirmar que aquella condición hubiera anulado por completo la capacidad de discernimiento de Le Priol.

El consumo de alcohol ocupó un lugar central en la audiencia. Aramburu tenía 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que Le Priol y Romain Bouvier, que habían huido, no fueron sometidos a ese análisis. El presidente del tribunal pidió precisiones sobre el posible efecto clínico del trastorno. Zagury respondió: “Hay muchas incertidumbres, muchas cosas que no puedo confirmar; esto no es un asunto científico”.

El fiscal Philippe Courroye buscó que el psiquiatra formulara un diagnóstico y un pronóstico sobre la eventual puesta en libertad de Le Priol, quien se enfrenta a prisión perpetua con un posible período mínimo de cumplimiento. Zagury rechazó anticipar si continuaría su trayectoria: “Nadie puede decirlo. No es una certeza matemática”.

Al abordar los trastornos de personalidad, el perito señaló que pueden abarcar desde Hannibal Lecter, el asesino psicópata de El silencio de los inocentes, hasta un delincuente de poca monta. “Ser demasiado psicópata para el ejército no serviría, pero un poco sí”, añadió.

Zagury también examinó a Romain Bouvier, el otro acusado principal, aunque se mostró más reservado respecto de su funcionamiento psicológico. Se preguntó cómo explicar el contraste entre un estudiante de Derecho en Assas y la violencia de sus actos, así como la relevancia de la relación con su padre biológico, a quien nunca conoció.

El especialista planteó que Bouvier pudo haber compensado esa ausencia afectiva al estrechar su vínculo con Le Priol. “Nunca se puede querer demasiado a un padre”, sostuvo, aunque precisó que no había detectado ninguna patología en Bouvier.

Para Zagury, ambos funcionaban como “espejos narcisistas”: Le Priol veía en Bouvier la cultura y la inteligencia, mientras que Bouvier identificaba en Le Priol al soldado y al héroe. Definió al primero como “el lado oscuro” del segundo y afirmó que Bouvier se juzgaba más de lo que era capaz de comprender su propio comportamiento.

Lyson R., pareja de Le Priol y conductora del Jeep que abandonó la terraza de Mabillon con los dos acusados aquella noche, fue descrita como modesta y reservada. Zagury no halló patología alguna y la consideró responsable de sus actos, pese a que también podría afrontar una condena a prisión perpetua.

El psiquiatra distinguió su “neutralidad emocional” de la frialdad y habló de un apego genuino, aunque no excesivo, hacia Le Priol. También observó que ella empezaba a dudar de su pareja y que provenía de una familia de orientación izquierdista y centrista, alejada de las ideas identitarias del acusado.

Teillet cuestionó que el estrés postraumático pudiera explicar la conducta de Le Priol. Recordó que un profesor lo había descrito en la secundaria como arrogante, incluso fascista, y sostuvo que las peleas, las armas y el alcohol eran anteriores a la aparición del trastorno.

“La característica principal del señor Le Priol es culpar siempre a los demás”, declaró la psiquiatra. “Tiene una opinión muy, muy elevada de sí mismo. Es condescendiente”.

La especialista revisó además el diagnóstico realizado en 2015 y señaló que Le Priol fechaba el trauma un año antes, un lapso que calificó de inusual. También sostuvo que su hospitalización en Percy no duró una semana, como había indicado Zagury, sino 24 horas.

Teillet rechazó que Le Priol hubiera estado fuertemente medicado y sostuvo que evitaba el seguimiento terapéutico al minimizar su enfermedad. Según su interpretación, luego utilizaba el trastorno para justificar actos violentos.

La noche de los hechos, afirmó la psiquiatra, Le Priol fue el primero en cruzar el límite y en entrar en contacto físico al dar bofetadas a Hegarty. “No estaba evitando el peligro; corría hacia él persiguiendo a los jugadores de rugby”, dijo, antes de concluir que lo que experimentaba era “una rabia narcisista”.

Coutanceau aceptó que entre 2015 y 2017 hubo un cuadro claro de estrés postraumático, pero remarcó que la mayoría de los casos remite con el tiempo. “¿Puede considerarse esto un factor clínico que afectó su juicio en el momento de los hechos? Nos pareció que no”, afirmó.

Teillet añadió que Bouvier disparó cuatro veces sin padecer estrés postraumático y cuestionó que Le Priol hubiera terminado su huida en Ucrania. “Todo es contradictorio”, concluyó. La psiquiatra sostuvo que “su peligrosidad criminológica está probada y es significativa”. Ante las críticas de uno de los asesores del presidente por la pasión de su declaración, respondió que testimonia con el mismo fervor en cualquier caso y afirmó haber sido objeto de ataques personales.

El juicio se extenderá hasta el 25 de septiembre y llega más de cuatro años después de la muerte del ex integrante de Los Pumas, que tenía 42 años y era padre de tres hijos.

Previo a definirse los detalles del juicio que se celebrará por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, este miércoles se conoció que otro de los acusados por encubrimiento fue beneficiado con el arresto domiciliario.

La jueza Jimena Suárez que resolvió que Jorge “Chicho” Díaz podrá esperar la instancia oral desde su casa. Asimismo, se dictaminó que el acusado deberá pagar una caución de $20 millones para acceder a la medida.

Díaz está procesado por presunto encubrimiento junto con Justina Gordillo, funcionaria judicial y ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa, señalado como autor del crimen. Ambos recibieron el beneficio de cumplir la prisión preventiva en sus domicilios, aunque bajo distintas condiciones económicas.

Aunque el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia se opusieron al pedido, el defensor Juan Pablo Bello planteó ante el tribunal de Impugnación que no existían riesgos de fuga ni elementos que permitieran suponer que su asistido podía obstaculizar la investigación.

Sin embargo, Suárez resolvió concederle la prisión domiciliaria y fijó una garantía de $20 millones, una cifra menor a la que se había dispuesto para Gordillo. En el caso de la funcionaria judicial, se le había impuesto una caución de $30 millones y el uso de una tobillera electrónica para ser monitoreada.

Luego de que concluyera la audiencia, Bello indicó que la situación económica de su defendido no era la mejor. “Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, planteó.

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, la causa avanza mientras se desarrollan las audiencias preparatorias para el juicio oral. Aunque todavía no hay juzgado ni fecha establecida, se cree que la realización podría quedar definida antes de fin de año.

Por el mismo expediente, Nicolás Navarro Flores, allegado a Sosa, aceptó una pena de tres años de prisión a través de un juicio abreviado. La defensa estuvo a cargo de Patricio Char y Candelaria Hernández.

La investigación establece que los tres imputados habrían realizado distintas maniobras para encubrir el crimen de Álvarez, asesinada el 7 de enero en una vivienda de la localidad tucumana de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado después en un descampado de Manantial Sur.

En las audiencias previas al debate oral surgieron dos novedades. Por un planteo del abogado Marcelo Cosciansi, defensor del principal acusado, se resolvió apartar a los hermanos de Álvarez del reclamo civil.

La decisión podría reducir en un 50% el pedido de resarcimiento, que inicialmente ascendía a $500 millones. Además, según lo expuesto durante los debates, Sosa habría reconocido que trasladó y abandonó el cuerpo de la joven. La explicación atribuida al imputado es que actuó por temor a represalias de una persona a la que vinculó con la víctima.

Sin embargo, se espera que las audiencias preparatorias continúen este jueves, en donde se buscará definir las pruebas y los planteos que llegarán al juicio oral.

Los detalles del caso

Según la reconstrucción fiscal, Sosa habría asesinado a Érika durante la madrugada del 7 de enero de 2026. La joven sufrió agresiones físicas que le provocaron traumatismos cráneofaciales y cervicales. No obstante, la investigación no comenzó hasta el día siguiente, cuando su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un basural.

En su declaración judicial, Nicolás Navarro Flores relató que Sosa lo llamó de urgencia a las 6.50. “Se me clavó una chica”, le habría dicho antes de pedirle que fuera a su casa de Santo Domingo al 1100.

Fue así que Navarro llegó cerca de las 9 y encontró a Sosa nervioso, con una pala y junto a un cuerpo dentro de la vivienda. El entonces testigo afirmó que no reconoció a la víctima ni llegó a ver su rostro. Además, describió una secuencia que, según la Fiscalía, formó parte de un plan para retirar el cuerpo durante la mañana.

Por otro lado, la reconstrucción del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) indicó que el recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok habría buscado evitar calles y sectores con cámaras de seguridad. No obstante, las imágenes disponibles permitieron establecer parte del trayecto hasta el basural de Manantial Sur.

A las 10.33, una cámara registró a una persona que colocaba una bolsa de la camioneta frente a la vivienda. El vehículo quedó fuera de los registros durante casi 23 minutos. Para los investigadores, en ese lapso Sosa habría rodeado el inmueble e ingresado por la calle Guyanas, una vía con menor cobertura de videovigilancia, para cargar el cuerpo en la parte posterior.

La Amarok volvió a aparecer frente a la casa a las 10.57. Luego fue detectada a las 11.09 en la avenida Mate de Luna, a las 11.37 en el cruce de las avenidas Colón y Roca y, diez minutos después, ingresó a Manantial Sur.

Según la pesquisa, permaneció brevemente en el sector donde más tarde fue hallado el cuerpo de Álvarez. Los investigadores estimaron que el abandono habría demandado entre 10 y 15 minutos. Asimismo, las cámaras también registraron el regreso del vehículo: a las 12.08 fue visto en el Camino de Sirga y a las 12.11 en la avenida Aconquija, antes de retornar a las cercanías del domicilio de Sosa.

Con esos registros y el relato de Navarro, la Fiscalía reconstruyó los movimientos atribuidos al acusado durante la mañana del hecho. La imputación contra el hombre sostiene que habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros, con el propósito de favorecer la impunidad y dificultar el avance de la investigación.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana declaró inadmisible el recurso de casación de Jean Alain Rodríguez y dejó firme la condena que obliga al exprocurador general a pagar RD$2 millones (USD $33,984.71) al periodista Marino Zapete por daños morales vinculados con la salida del aire de su programa televisivo. La sentencia SCJ-PS-26-1757, dictada el 31 de agosto de 2026, concluyó que el exfuncionario no cumplió con el requisito legal para revisar el caso, según Diario Libre, diario dominicano.

La indemnización incluye un interés judicial de 1,5% mensual, calculado desde la notificación de la decisión de apelación hasta el pago total. La Suprema Corte también compensó las costas del procedimiento.

El requisito casacional que impidió revisar la condena

El recurso de casación es una vía extraordinaria que exige demostrar un interés casacional: que la decisión impugnada contradice jurisprudencia de la Primera Sala, que existen criterios judiciales opuestos sobre la cuestión debatida o que resulta necesario fijar doctrina sobre una norma nueva.

Rodríguez alegó vulneraciones a su derecho de defensa, deficiencias en la motivación de la sentencia y un supuesto conflicto de interés de una magistrada que intervino en la apelación. Sin embargo, el tribunal no examinó esos cuestionamientos en el fondo porque concluyó que no se configuraban las condiciones exigidas por la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación.

La Primera Sala estuvo presidida por Justiniano Montero Montero e integrada por Samuel Arias Arzeno, Édynson Alarcón y Miguelina Ureña Núñez. La decisión mantuvo vigente el fallo emitido el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, informó Listín Diario, diario dominicano.

La corte de apelación había revocado la resolución de primera instancia, que en 2022 rechazó la demanda de Zapete por considerar insuficientes las pruebas. Estableció la responsabilidad civil del entonces exprocurador y reconoció el perjuicio moral sufrido por el comunicador.

Los jueces tomaron en cuenta la proximidad entre la difusión de las informaciones cuestionadas y la salida del programa de la televisión, una declaración notarial sobre un pedido de retractación y una comunicación de Teleradio América relacionada con la querella. Para la corte, esos elementos permitieron vincular las actuaciones atribuidas a Rodríguez con la suspensión del espacio.

La sentencia consideró que Zapete padeció afectaciones a su reputación, su honor y su buen nombre, además de estrés, angustia y preocupación. No obstante, fueron rechazados los daños materiales reclamados y la demanda presentada contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador.

La investigación sobre contratos de asfalto y la salida del programa

El conflicto comenzó en septiembre de 2019, cuando Zapete difundió en El Jarabe de Zapete, transmitido por Teleradio América, una investigación sobre contratos para el suministro de cemento asfáltico AC-30 suscritos entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL.

Dos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez como representante de la empresa. Tras la difusión, el periodista pidió que las contrataciones fueran investigadas, mientras que ella negó mediante una comunicación que fuera o hubiera sido suplidora del Estado.

Maybeth Rodríguez Sánchez presentó posteriormente una acusación penal privada por difamación contra Zapete, aunque desistió del proceso en 2020. El periodista sostuvo que Jean Alain Rodríguez procuró que se retractara de sus señalamientos y que, tras su negativa, su programa fue retirado del aire.

La Corte de Apelación determinó que el exprocurador realizó acciones orientadas a lograr la retractación del periodista y que la negativa podía derivar en la cancelación de la transmisión. Esa conclusión fue la base de la reparación por daño moral, de acuerdo con El Día, diario dominicano.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló este lunes la condena de Jaime Tovar-Durán, un ciudadano mexicano hallado culpable en 2020 de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, al determinar que los fiscales ocultaron que dos de los tres agentes de la Patrulla Fronteriza que testificaron en su contra eran miembros de un grupo privado de Facebook con contenido racista y misógino.

El panel de tres jueces concluyó que el gobierno violó su obligación constitucional de divulgar pruebas relevantes.

La jueza del circuito Ana de Alba, autora del fallo, sostuvo que “la actividad de los testigos en esa página podría constituir prueba sólida de sesgo contra personas no ciudadanas”, según recogió The New York Times. El tribunal ordenó a un tribunal inferior determinar si ese ocultamiento influyó en el veredicto.

El grupo fue expuesto en 2019 y derivó en una investigación del Congreso

En julio de 2019, el medio de investigación ProPublica expuso la existencia del grupo, llamado “I’m 10-15” —código de radio de la Patrulla Fronteriza para referirse a inmigrantes detenidos sin documentos— y con unos 9.500 miembros entre agentes en actividad y retirados.

Allí se burlaban de migrantes muertos, publicaban imágenes sexualmente explícitas de legisladoras latinas y cuestionaban si la foto de un padre y su hija ahogados en el Río Grande era real.

El escándalo derivó en una investigación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que determinó que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) conocía las irregularidades desde agosto de 2016 pero no actuó hasta que los medios comenzaron a cubrir el caso.

Aunque el comité disciplinario recomendó despedir a dos docenas de agentes, solo dos perdieron su empleo. El CBP declaró que las publicaciones discriminatorias violaban los estándares de conducta, pero que la mera membresía en el grupo no conllevaría sanción automática.

Los fiscales admitieron tarde la pertenencia de los agentes al grupo

Según documentos judiciales, Tovar-Durán fue detenido en noviembre de 2019 a unos 5 kilómetros (tres millas) del puerto de entrada de Tecate, en California, pocos días después de haber sido deportado a México.

Un agente declaró que el detenido admitió ser ciudadano mexicano sin documentos que lo habilitaran a permanecer en el país.

Inicialmente, los fiscales aseguraron que ninguno de los agentes involucrados pertenecía al grupo. Sin embargo, poco antes del juicio informaron a la defensa que dos de sus tres testigos —uno que declaró haber entrevistado a Tovar-Durán y otro que revisó sus registros migratorios— habían formado parte del grupo. Sostuvieron que esos testigos no recordaban haber publicado ni reaccionado a contenido allí.

El juez de primera instancia había validado la condena pese al hallazgo

El juez de primera instancia rechazó los pedidos de la defensa para que los fiscales entregaran información completa sobre la membresía de los agentes, y sostuvo que las pruebas existentes eran suficientes para sustentar el veredicto.

El tribunal de apelaciones discrepó y determinó que no podía establecerse con certeza si el ocultamiento había perjudicado al acusado.

Kim Hutchison, abogada de Tovar-Durán, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times que el fallo demuestra la necesidad del debido proceso. El gobierno “intentó usar atajos como no ofrecer un descubrimiento de pruebas completo”, señaló.

Advirtió además que, dado que su cliente reside en México, no está claro cómo continuará el proceso, ya que podría no estar en condiciones de comparecer en persona.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las consultas sobre si los agentes implicados en el caso recibieron medidas disciplinarias.

En un comunicado, el CBP indicó que no comenta sobre casos individuales de personal, pero que la agencia “exige a cada empleado los más altos estándares de integridad y conducta, tanto dentro como fuera del servicio”.

Healey pidió a los legisladores estatales que aprueben una asignación de USD 2 millones para extender el programa de visitas a las aproximadamente 68.000 familias que reciben un bebé cada año en Massachusetts. La participación sería voluntaria. “A cada mamá que ha luchado con su salud mental antes, durante o después del embarazo, quiero que sepa que la vemos — yo la veo”, declaró la gobernadora, según recogió Associated Press.

Healey propone visitas gratuitas de enfermeras para nuevas madres en Massachusetts

El programa contempla que una enfermera visite el hogar de los nuevos padres para responder preguntas sobre alimentación, sueño y cuidados del recién nacido. Además, la profesional evaluaría la salud posparto de la madre y aplicaría controles para detectar depresión u otros problemas de salud mental.

La iniciativa representaría la primera inversión estatal en un programa de financiamiento federal que, hasta ahora, solo llega a unas 3.000 familias por año en el estado. La brecha entre la cobertura actual y las más de 68.000 familias que tienen un bebé anualmente ilustra la escala del problema que Healey busca atender.

La gobernadora también propuso destinar USD 250.000 al Massachusetts Child Psychiatry Access Program for Moms (Programa de Acceso a Psiquiatría Infantil de Massachusetts para Madres) y ordenó al Departamento de Salud Pública de Massachusetts que actualice las normas estatales sobre controles de salud mental perinatal, tanto durante el embarazo como después del parto.

El contexto judicial: el juicio de Lindsay Clancy y la psicosis posparto

El anuncio de Healey se produjo en el marco del caso judicial de Clancy, enfermera de Massachusetts cuyo juicio concluyó sin veredicto cuando el jurado no logró ponerse de acuerdo. Ambas partes coincidieron en que la mujer mató a sus tres hijos en 2023 y luego intentó quitarse la vida al arrojarse desde una ventana del segundo piso de su casa. Como consecuencia de esa caída, quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

La defensa alegó que Clancy no era penalmente responsable por psicosis posparto sin tratar, que puede causar alucinaciones, delirios y desconexión de la realidad. La fiscalía sostuvo que Clancy sabía que sus actos eran incorrectos y debía ser culpable. El tribunal anuló el juicio por falta de veredicto unánime.

La salud mental, principal causa de muerte materna en Massachusetts entre 2019 y 2024

Los datos del comité estatal de revisión de mortalidad materna revelan la magnitud del problema que impulsa la propuesta de Healey. Según ese organismo, los trastornos mentales, incluido el consumo problemático de sustancias, fueron la principal causa subyacente de muerte entre mujeres embarazadas y madres recientes en Massachusetts entre 2019 y 2024, con una representación del 38% de los casos.

El comité también concluyó que el 85% de esas muertes era prevenible y que más de la mitad ocurrió entre siete días y un año después del parto, una ventana en la que el seguimiento médico suele ser escaso. “Para las nuevas madres, puede ser agotador, aislante y abrumador”, señaló Healey, según AP.

Massachusetts amplía su histórico liderazgo en acceso a la salud

La gobernadora ya tiene antecedentes en esta área. En 2024, Healey promulgó una ley de salud materna que amplió el acceso a doulas, parteras y centros de parto, y obligó a las aseguradoras a cubrir controles de depresión posparto. “Necesitamos hablar de esto con más apertura”, afirmó la mandataria demócrata en declaraciones a AP.

Massachusetts tiene una larga tradición como referente nacional en cobertura sanitaria: su ley de salud de 2006, orientada a lograr una cobertura casi universal, sirvió de modelo para partes centrales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible federal. Sin embargo, las brechas en la atención materna persisten, y el nuevo paquete de Healey apunta a cerrar una de las más críticas.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de crisis y prevención del suicidio en Estados Unidos atiende por llamada o mensaje de texto al 988.

Un inusual episodio interrumpió la tensión en la Corte Penal de París durante el juicio por el asesinato del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Tras la emotiva declaración de Thomas Lievremont, antiguo capitán del Biarritz Olympique y amigo cercano de la víctima, Hugues Vigier, abogado defensor de Romain Bouvier —uno de los principales acusados, el otro es Loïck Le Priol—, se acercó al estrado para reconocer la emotividad del testimonio. “Usted quiso rendir homenaje a su amigo. Y lo hizo de maravilla”, le expresó el letrado al testigo, en un gesto que conmovió a los presentes durante la sexta jornada del proceso judicial por el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022 en Francia.

Lievremont había definido previamente al rugbier argentino como una persona fidedigna, generosa y tranquila, al tiempo que aseguró que la noche del trágico episodio alteró su vida de forma permanente. La reconstrucción de la personalidad de Aramburu, quien tenía 42 años al momento de su muerte, se convirtió en el eje central de una de las audiencias.

Según recogieron medios como la cadena francesa de TV BFM o el diario Le Parisien, diversos testigos describieron al deportista como un hombre volcado a calmar disputas y evitar conflictos. Una investigadora citada en el tribunal resaltó que las averiguaciones previas retrataron al exintegrante del seleccionado argentino como un individuo respetuoso, dinámico y atento con su entorno.

La reconstrucción del ataque estableció que se dispararon seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles salieron en apenas cuatro segundos. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro por la espalda, uno de ellos en la columna vertebral.

Los testigos que declararon poco después del crimen coincidieron en haber visto a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, indicó que el cuerpo del ex rugbier estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar.

La médica forense confirmó que dos disparos efectuados por Le Priol atravesaron por la espalda a Federico Martín Aramburu y le provocaron heridas incompatibles con la vida. Los acusados se arriesgan a recibir la pena de reclusión perpetua y el veredicto se conocerá el 25 de septiembre. Ambos niegan la premeditación y la intención homicida, y sostienen que actuaron en legítima defensa después de un altercado en la terraza de un restaurante.

Los proyectiles que causaron la muerte siguieron una trayectoria de atrás hacia adelante, fracturaron la columna vertebral y alcanzaron el hígado, los riñones y un pulmón. La forense explicó que esas lesiones produjeron una hemorragia masiva y una falla cardíaca casi inmediata, de acuerdo con la reconstrucción del periódico La Dépêche.

Bouvier, de 35 años, había disparado cuatro veces, 45 segundos antes que Le Priol. Sus balas impactaron a Aramburu de frente y de perfil, pero no le provocaron heridas mortales. Un investigador de la Brigada Criminal de la Policía Judicial de París había descrito el crimen como una “ejecución” un día antes de la declaración de la forense.

María Aramburu, esposa y madre de sus tres hijos (Trinidad, Justina y Santiago), explicó que recibe atención psicológica desde el homicidio. Al conocer la muerte de su marido sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia y dificultades para alimentarse con normalidad durante meses, de acuerdo con el relato de la sesión en el juicio que hizo L’Équipe.

La madre del ex Puma Cecilia Aramburu compareció como parte civil y relató la mañana en que su esposo le comunicó la muerte de Federico. Él había recibido la llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con su hijo y, tras comprender que algo grave había pasado, se contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento de su hijo. La mujer recordó que su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de una nieta que se encontraba en la casa. Al principio creyó que él traía una buena noticia por la expresión de su rostro, hasta que salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle.

“Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, declaró Cecilia.

Con la voz quebrada, sostuvo que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon sus palabras con la cabeza baja, una actitud que también registró la cadena francesa BFM.

La madre pidió que los imputados comprendan la dimensión de lo ocurrido antes de volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, afirmó, y advirtió que representan una amenaza para otras personas mientras no entiendan las consecuencias de sus actos.

“El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, recordó ante el tribunal. La declaración expuso la desorientación que atravesó la familia tras el asesinato.

“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró su amigo Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”. El ex jugador aseguró que la noche del 19 de marzo de 2022 modificó su vida y que aún no entiende por qué murió su amigo. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, expresó.

Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano del argentino, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador definió a Aramburu como un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal” y aseguró que nunca lo vio perder el control durante las numerosas noches que compartieron.

Quesada se refirió a las imágenes del homicidio difundidas por los medios, aunque aclaró que no estuvo presente. Interpretó que Aramburu le tiró de la capucha a Le Priol como una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato contra Shaun Hegarty, ubicado en una mesa vecina. “Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, alcanzó a decir la gloria de Los Pumas antes de hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata de Biarritz Olympique contó que conoció al argentino cuando llegó al club y que su contextura física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se convirtió en amistad a partir de la afición compartida por el vino.

El profesional recordó una visita a una ganadería de toros en la Camarga, donde un animal escapó y se lanzó contra él. Mientras las demás personas no reaccionaban, Aramburu intervino para evitar que sufriera lesiones graves.

Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty querían continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para la vida posterior al deporte. Definió al argentino como un alumno aplicado y agradecido con quienes le acercaban apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

Los testimonios reunidos durante la investigación de personalidad lo describieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, alguien que intentaba calmar los episodios violentos en vez de agravarlos. Una de las personas consultadas resumió esa imagen con una frase: “No existe un Fede malo”.

La investigación sostiene que los acusados localizaron a Aramburu y a Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto después de una pelea iniciada en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento comenzó cuando Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty.

Aramburu reaccionó al tirarle de la capucha a Le Priol y se produjo una pelea en la que, según varios testigos, los dos rugbiers llevaban ventaja. La secuencia posterior terminó con los disparos contra el ex Puma que provocaron su muerte.

El ex Puma Federico Martín Aramburu fue recordado ante la Corte de lo Penal de París este lunes durante la sexta jornada del juicio que juzga el asesinato del ex jugador el 19 de marzo de 2022. Familiares, amigos y antiguos compañeros describieron a un hombre que rechazaba los conflictos y cuya muerte dejó consecuencias psicológicas en el entorno más íntimo.

La audiencia estuvo dedicada a reconstruir la personalidad de la víctima, que tenía 42 años cuando murió. Una investigadora relató los testimonios reunidos sobre Aramburu: lo definieron como dinámico, atento, respetuoso y generoso, una persona que procuraba calmar las situaciones violentas en lugar de agravarlas.

El impacto alcanzó a su esposa María y a sus tres hijos. La mujer explicó que recibe atención psicológica desde los hechos y que, al conocer la muerte de su marido, sufrió falta de aire, palpitaciones, ataques de llanto, angustia e incapacidad para alimentarse con normalidad durante meses, según detalles que recabó el diario deportivo L’Équipe.

Cecilia Aramburu, madre de Federico, compareció como parte civil y relató cómo su esposo le comunicó la muerte de su hijo. Esa mañana, él recibió una llamada de un amigo que preguntaba qué ocurría con Federico y comprendió que algo grave había sucedido; luego contactó a María, quien le confirmó el fallecimiento. “Entiendo que este es el lugar, el momento y el sitio para hablar de Federico. Pero para nosotros es muy difícil no decir en voz alta que este crimen no debería haber ocurrido, que podría haberse evitado”, expresó.

Su marido la despertó con cautela para no interrumpir el sueño de su nieta, que estaba en la casa. Cecilia creyó inicialmente que él tenía una noticia agradable por la expresión que vio en su rostro, hasta que ambos salieron de la habitación y él se dio vuelta para hablarle. “Recibió una llamada de un amigo que quería saber qué pasaba con Federico. Allí comprendió que algo grave había ocurrido… Así que llamó a María, quien le dijo que Fede había muerto”, relató la mamá de Aramburu.

Con la voz quebrada, sostuvo que el crimen pudo haberse evitado y afirmó que su hijo se cruzó con personas que salieron “con violencia dentro, con odio, con armas de fuego y una cierta forma de impunidad”. Los dos principales acusados escucharon su declaración con la cabeza baja, algo que también remarcó la cadena de TV francesa BFM.

La madre expresó ante el tribunal que espera que los imputados comprendan el alcance de lo ocurrido antes de poder volver a vivir en sociedad. “Creo que estamos frente a criminales que no saben qué es la humanidad”, dijo, y agregó que, mientras no lo entiendan, representan una amenaza para otras personas. “El médico me recetó medicamentos para que pudiera asistir al funeral. Durante el funeral, no entendía”, dijo en otro tramo de su declaración ante el tribunal.

Thomas Lievremont, antiguo capitán de Biarritz y amigo de Aramburu desde que compartieron equipo a partir de 2004, también intervino como parte civil. Comparó el duelo por su amigo con las muertes de su padre y de su hermano, ambos tras enfermedades prolongadas, y aseguró que el paso del tiempo no alivió esa ausencia.

“Encarnaba la bondad en estado puro, era alguien fiable, tranquilo, generoso y respetuoso”, declaró Lievremont. “Daba felicidad a la gente, facilitaba la vida. Nunca conocí a nadie así”.

El ex jugador dijo que la noche del 19 de marzo de 2022 cambió su vida y que todavía no comprende por qué murió Aramburu. “Desde entonces, la vida no ha sido la misma”, relató el amigo del ex Puma. Tras su declaración, Hugues Vigier, abogado de Romain Bouvier, uno de los acusados, se acercó para decirle que había honrado la memoria de su amigo y de su familia.

Otro de los que se hizo presente en el estrado fue una gloria de Los Pumas. Gonzalo Quesada, actual seleccionador de Italia y amigo cercano de Aramburu, lloró al declarar ante la Corte. El entrenador recordó a un hombre “humano, alegre, generoso, fiel y leal”, y aseguró que no lo vio perder el control ni una sola vez durante las numerosas noches que compartieron.

Quesada se refirió también a las imágenes de la noche del homicidio que conoció a través de los medios. Aunque aclaró que no estuvo presente, interpretó que el gesto de Aramburu de tirar de la capucha de Loïck Le Priol fue una reacción defensiva ante lo que habría percibido como un maltrato hacia su amigo Shaun Hegarty en una mesa vecina.

“Desde que me uní al Biarritz Olympique, nos convertimos en hermanos. Cuando supe cuántos amigos tenía…”, dijo Quesada, que tuvo que hacer una pausa por la emoción.

Un antiguo osteópata del Biarritz Olympique recordó que conoció al argentino cuando se incorporó al club y que su complexión física lo llevaba con frecuencia a la enfermería. La relación se transformó en amistad a partir de una afición compartida por el vino.

El profesional relató un episodio ocurrido durante una visita a una ganadería de toros en la Camarga. Un animal escapó y se lanzó contra él; mientras los demás no reaccionaban, Aramburu intervino para impedir que sufriera daños graves.

Otra persona que conoció a Aramburu también habló de su personalidad, a pedido del juez del tribunal. Una ex profesora de francés del País Vasco declaró que Aramburu y Hegarty buscaban continuar sus estudios mientras jugaban en Biarritz, como preparación para su futuro fuera del deporte. Describió al argentino como un alumno aplicado, agradecido con quienes le facilitaban los apuntes, y señaló que obtuvo su diploma.

La reconstrucción de su entorno personal incluyó una idea repetida por quienes lo conocieron: evitaba las discusiones y aportaba tranquilidad a los demás. Uno de los testimonios recogidos durante la investigación de personalidad lo resumió así: “No existe un Fede malo”, sostuvieron según los relatos recogidos durante una nueva jornada del juicio.

La investigación sostiene que los acusados localizaron al argentino y a su amigo Shaun Hegarty cuando salían del hotel, y que el ataque se produjo en menos de un minuto tras la pelea que se inició en el bar Mabillon de París. El enfrentamiento empezó cuando Loïk Le Priol, principal acusado del asesinato, le dio una “pequeña bofetada” a Hegarty, amigo del ex Puma. Aramburu reaccionó tirándole de la capucha y se produjo una pelea en la que, de acuerdo con varios testigos, los dos rugbiers llevaron la ventaja.

La secuencia de los disparos fue uno de los puntos centrales. El director de la investigación precisó que se efectuaron seis balas en 45 segundos y que los últimos cuatro proyectiles fueron disparados en apenas cuatro segundos.

Los testigos interrogados poco después del crimen describieron una escena coincidente: vieron a un hombre disparar contra otro con el brazo extendido. El comisario Maximilien Gruselle, director de la investigación, relató que el cuerpo de Aramburu estaba cubierto por un biombo visual cuando llegó al lugar. Las heridas permitieron establecer la violencia del ataque. Aramburu recibió dos impactos en la parte delantera del cuerpo, en el muslo derecho y las costillas izquierdas, y otros cuatro en la espalda, incluido uno en la columna vertebral.

Aramburu había cenado esa noche con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, antiguos compañeros de la selección argentina. Al día siguiente planeaba asistir con otras personas al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones, en el Stade de France.

El ex Puma disputó 22 partidos con Argentina y anotó ocho tries. Uno de los más recordados fue el que consiguió ante Francia en el encuentro por el tercer puesto del Mundial de 2007. Tras su retiro se radicó en Biarritz, club con el que fue bicampeón del rugby francés. También jugó en USA Perpignan entre 2006 y 2008, US Dax entre 2008 y 2010 y Glasgow Warriors de Escocia entre 2010 y 2012.

Un taxista de 51 años comenzó a ser juzgado este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, acusado de planificar el asesinato de su amigo Daniel Quintilli para quedarse con 2 millones de pesos. Por esto, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Víctor Carmelo Godoy, a quien atribuye un homicidio criminis causa, además de defraudación y hurto agravado.

Según la acusación encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, Godoy habría utilizado la confianza que tenía con Quintilli para tenderle una trampa. Días antes del crimen, la víctima había vendido una vivienda en la zona noroeste de Rosario.

A cambio de la transacción, el hombre había recibido 2 millones de pesos y planeaba usar el dinero para comprar un vehículo. Asimismo, tenía planificado usar ese vehículo para empezar a trabajar como taxista.

De acuerdo con la información publicada por La Capital, Godoy conocía a Quintilli desde hacía algunos meses. No obstante, había participado como intermediario en la venta de la propiedad y se había ofrecido a ayudarlo a conseguir un auto.

De hecho, la pareja de Quintilli declaró que el hombre había dejado una parte del dinero bajo custodia de Godoy porque temía gastarlo en el casino. Por esto, el acusado debía acompañarlo luego en la supuesta compra del vehículo.

Para la Fiscalía, esa relación previa fue central en el plan. Fue así que el viernes 17 de febrero de 2023, el acusado pasó a buscar a la víctima en un taxi cerca de las 17.30 horas, en las inmediaciones del complejo de cines Village.

Por este motivo, la víctima creía que iba a concretar la operación por el auto. Esa noche, cerca de las 21.30, Quintilli llamó a su pareja y le aseguró que la compra había salido bien. Le dijo que regresaría en colectivo y que podían salir a cenar al día siguiente. Fue la última comunicación que mantuvo con ella.

Después, las llamadas al teléfono de Quintilli comenzaron a derivar al contestador. Su pareja también se contactó con Godoy, quien le respondió que la víctima se había ido con el dinero en un bolso y que probablemente aparecería.

No obstante, al día siguiente de que supuestamente se realizara la compra, los feriantes encontraron el cuerpo del hombre en inmediaciones de Magallanes y Riobamba, en la zona de Parque Oeste. Estaba tendido sobre una mancha de sangre y presentaba varias heridas de arma blanca, además de un corte en el cuello.

Entre sus pertenencias, los investigadores hallaron un boleto de compraventa vinculado con la vivienda que había vendido pocos días antes. A pesar de esto, no estaban su documento de identidad, su teléfono celular ni los 2 millones de pesos que, de acuerdo con la causa, llevaba o había dejado en manos de Godoy.

Por este motivo, la acusación sostuvo que la calificación de homicidio criminis causa implicaría que el asesinato habría tenido como finalidad asegurar el desapoderamiento del dinero y procurar la impunidad por otros delitos. Así, solicitaron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el hecho.

Durante la reconstrucción de los hechos, el fiscal destacó que, una semana después del crimen, Godoy dejó de trabajar para el dueño del taxi que conducía. No obstante, el chofer que lo reemplazó llevó el vehículo a una tapicería por cortes en la funda del asiento trasero.

Al retirar el tapizado, el trabajador encontró manchas de sangre y realizó una denuncia. El auto fue secuestrado para su peritaje. Las pruebas con luminol detectaron numerosas manchas de sangre en el asiento trasero y en una alfombra, incluso después de la reparación.

La Fiscalía también reconstruyó el recorrido del taxi. El vehículo había estado cerca del complejo Village alrededor de las 19:10 y luego se dirigió hacia el parque Independencia, donde permaneció detenido entre las 21:25 y las 21:45. Ese período coincide con el momento en que Quintilli dejó de responder los llamados de su pareja.

Más tarde, el taxi se desplazó hacia Parque Oeste. A la 01:13 se detuvo durante unos tres minutos en la zona de Riobamba y Magallanes. Asimismo, personas que vivían en el parque declararon haber visto a un hombre bajar de un taxi y arrojar un cuerpo detrás de una cancha.

El médico Edgar José Velásquez Orellana volvió este jueves 10 de septiembre de 2026 a la madrugada en la que Keyla Martínez murió bajo custodia policial, al rendir declaración ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque y reconstruir las últimas horas que ambos pasaron detenidos en la estación de La Esperanza, Intibucá.

Velásquez aseguró que permaneció despierto durante toda la noche y que podía comunicarse con Keyla desde celdas distintas. Según su testimonio, la situación cambió cuando la joven dejó de responderle, lo que provocó que comenzaran los llamados de auxilio y posteriormente observó cómo varias personas la sacaban de la celda.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, declaró el médico ante los jueces, al recordar el momento en que intentó acercarse a Keyla para comprobar su estado.

El testimonio de Velásquez forma parte de las declaraciones que el tribunal escucha durante el juicio por la muerte de Keyla Martínez, ocurrida el 7 de febrero de 2021, un caso que continúa bajo análisis judicial más de cinco años después de aquella madrugada.

Velásquez explicó que conocía a Keyla Martínez desde aproximadamente tres años antes, cuando comenzó a trabajar en la clínica San Rafael. Durante su declaración, la describió como una persona amable con los pacientes, colaboradora y con quien mantenía una relación cordial.

La noche del 6 de febrero de 2021, ambos coincidieron en el bar La Meseta, ubicado en el barrio El Centro de La Esperanza. El médico aseguró que Keyla se encontraba sola cuando él llegó y que posteriormente se reunió con conocidos que lo invitaron a sentarse en su mesa.

Durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento, Velásquez afirmó que no observó en Keyla un comportamiento que le llamara particularmente la atención.

“Keyla tuvo una actitud normal esa noche”, manifestó ante el tribunal al referirse a las horas previas a la detención.

La situación cambió cuando ambos salieron del establecimiento y posteriormente fueron interceptados por agentes policiales mientras se movilizaban en una camioneta blanca.

El médico recordó que la intervención policial ocurrió en un sector donde anteriormente funcionaba la terminal de buses que viajaban hacia Intibucá. Dijo no recordar el número exacto de agentes, aunque afirmó que observó dos patrullas policiales.

De acuerdo con su declaración, ni él ni Keyla recibieron en ese momento una explicación clara sobre el motivo de la detención. Velásquez sostuvo que insistía en que únicamente se dirigían a dejar a la joven en su vivienda.

Sin embargo, ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados en una patrulla.

“Nos bajamos, nos pusieron las esposas y nos subieron a la paila de la patrulla”, relató durante el interrogatorio de la acusación privada.

Los dos fueron trasladados a la estación policial de La Esperanza, donde permanecieron detenidos durante la madrugada del 7 de febrero. En aquel momento, la versión que trascendió públicamente fue que habían sido detenidos por incumplir el toque de queda establecido durante la pandemia de covid-19.

Una vez en la estación policial, Velásquez declaró que solicitó realizar una llamada telefónica, pero que su petición fue denegada.

Mientras los agentes tomaban sus datos, Keyla permaneció inicialmente cerca de él. Posteriormente, una agente policial llevó a la joven hasta una celda.

El médico calculó que pasaron aproximadamente diez minutos entre el momento en que Keyla fue trasladada a la celda y cuando él también fue encerrado.

Velásquez señaló que en su celda había alrededor de diez personas, mientras que Keyla permanecía sola en otra. Desde el lugar donde se encontraba podía observar el reloj de la torre de la iglesia y, según afirmó, todavía podía conversar con ella.

“Era un lugar oscuro”, recordó durante su declaración.

El médico aseguró que ambos continuaron comunicándose durante un período de tiempo, aunque admitió que había perdido la noción exacta de la hora. La conversación se interrumpió cuando Keyla dejó de responder.

Según Velásquez, fue ese silencio el que llamó su atención. Después de intentar comunicarse con Keyla, comenzaron los llamados de auxilio desde el interior de la estación.

Posteriormente, aseguró haber observado cómo varias personas sacaron a Keyla de la celda. El médico declaró que eran cuatro personas las que la llevaban, aunque no pudo precisar ante el tribunal si en ese momento el cuerpo estaba boca arriba o boca abajo.

Fue entonces cuando, según su versión, intentó intervenir como profesional de la salud y pidió que le permitieran examinar a Keyla.

“Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, reiteró ante los jueces.

Velásquez también manifestó que no recuerda haber escuchado comentarios específicos de los policías sobre lo que estaba ocurriendo. Aseguró que únicamente observó cómo se llevaban a Keyla mientras él permanecía detenido.

Horas después, según su relato, llegó una persona a quien identificó como el responsable de la estación policial, quien le solicitó su documento de identidad para elaborar un acta y tomarle declaración.

Fue entonces cuando recibió la noticia sobre la muerte de su amiga.

“Su amiga está muerta”, recordó que le dijeron.

Velásquez señaló que finalmente recuperó su libertad aproximadamente entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Después del médico declaró David Ricardo Mejía, agente policial que se encontraba asignado a La Esperanza cuando ocurrieron los hechos.

Mejía afirmó que conocía a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, uno de los acusados en el proceso, porque ambos habían sido compañeros de trabajo. Sobre Keyla, aseguró que no la conocía previamente.

El agente relató que alrededor de la medianoche del 7 de febrero de 2021 se levantó para recibir su turno y observó a varias personas del sexo masculino en una celda y a una mujer en otra.

De acuerdo con su declaración, posteriormente se solicitó apoyo para verificar el estado de la joven.

Mejía afirmó que Keyla fue movida y que en ese momento se rio y manifestó que se iba a morir. Según el policía, después la dejaron nuevamente dentro de la celda.

Más tarde, relató que se encontró con el agente Elmer Domínguez, quien le informó que habían encontrado a Keyla colgada con una prenda de vestir que llevaba consigo.

Durante su declaración, Mejía sostuvo que observó cuando Jarol Perdomo bajó a Keyla y la colocó en el piso de la celda.

Sin embargo, esta descripción generó un punto de tensión durante la audiencia debido a que contradice una declaración anterior del mismo agente, realizada durante la audiencia inicial del proceso

Ante la diferencia entre ambas versiones, el juez ordenó que se leyera la declaración previa de Mejía.

En aquella primera versión, el agente había señalado que su compañero permanecía afuera de la celda y no ingresó. Durante el nuevo juicio, en cambio, sostuvo que observó a Jarol bajar a Keyla y agregó que Elmer Domínguez ya no se encontraba en el lugar.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre sus dos declaraciones, Mejía respondió que no recordaba con precisión debido al tiempo transcurrido desde los hechos.

La contradicción quedó incorporada al debate y deberá ser valorada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque junto con las demás pruebas y testimonios que se presenten durante el juicio.

La jornada también dejó cambios en la lista de personas llamadas a declarar. La defensa informó que renunciaba al testimonio de Jean Carlos Reyes, decisión que fue aceptada por el tribunal.

El juicio continúa así con la evacuación de testimonios y demás elementos probatorios relacionados con la muerte de Keyla Martínez, mientras los jueces deberán determinar el valor de cada una de las declaraciones y las contradicciones que han surgido durante el proceso.

La declaración de Velásquez volvió a colocar bajo escrutinio las últimas horas de Keyla dentro de la estación policial, particularmente el momento en que dejó de responder, los llamados de auxilio y la atención que, según el médico, intentó brindarle cuando fue sacada de la celda.

La adolescente de 14 años fue hallada sin ida el 30 de mayo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, una semana después de haber ingresado a la vivienda de Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800.

Luego de que la investigación apuntara a Barrelier, este fue imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. Desde ese momento, continúa detenido con prisión preventiva.

Horas después de que se confirmara el cierre de la etapa de instrucción, Garzón sostuvo que el expediente permitió reconstruir la secuencia de los hechos con registros informáticos, pericias genéticas, análisis químicos, testimonios y material audiovisual.

“Se reconstruyó lo que sucedió prácticamente minuto a minuto. La prueba lo ubica como exclusivo autor de este hecho”, afirmó. En este sentido, el fiscal indicó que ese conjunto de elementos descartó la participación de otras personas en el homicidio.

En declaraciones a Telenoche, Garzón destacó que Barrelier declaró durante la investigación, aunque sus explicaciones fueron contrastadas con los elementos incorporados a la causa. “Cada argumento expresado ha tenido una respuesta de la prueba de la causa”, sostuvo.

Por otro lado, el funcionario judicial describió que el principal acusado mantenía un vínculo cercano con Agostina y con su entorno familiar. “La jornada anterior al crimen compartió un partido de fútbol, un cumpleaños con Agostina y su madre. Era de confianza, vista como un referente casi paternal por la niña. Ese fue el contexto increíble del desarrollo. La investigación estableció cómo gestionó esta captación y obsesión por la niña”, mencionó.

Según la información publicada por El Doce.tv, Garzón sostuvo que la investigación detectó una conducta de captación y obsesión sobre la víctima. Además, planteó que el posible móvil del homicidio estuvo relacionado con la intención de impedir que se conociera un presunto ataque sexual cometido antes del crimen.

De hecho, el fiscal recordó que, durante los primeros días de la búsqueda, circularon hipótesis que situaban a la adolescente fuera de su domicilio o en La Calera. Sin embargo, la progresión de la pesquisa, explicó, permitió dejar de lado esas versiones.

Además, recordó que los investigadores habían analizado desplazamientos vehiculares, comunicaciones y otros registros para determinar el recorrido previo y posterior al hecho. “La reconstrucción del desplazamiento de un auto fue calle por calle, momento por momento, diálogo por diálogo, minuto por minuto”, señaló Garzón.

Junto con Barrelier, serán juzgados otros cinco imputados, quienes fueron identificados como Osvaldo Fassetta, que vivía en la misma casa que Barrelier; Soledad Andreani, quien le prestó el Ford Ka negro utilizado para descartar el cuerpo de la menor; Marianela Palmero, pareja de Barrelier; Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, inquilinos de la casa de Barrelier. Todos fueron acusados por el delito de encubrimiento.

Garzón explicó que la acusación se basa en conocimientos que, según la Fiscalía, esas personas habrían tenido antes, durante y después del crimen. No obstante, aclaró que hasta el momento no están imputadas como partícipes del homicidio.

Por otro lado, el fiscal hizo referencia a los datos que surgieron durante la investigación sobre presuntos delitos vinculados con narcotráfico, prostitución e irregularidades. Así, informó que esas actuaciones fueron remitidas a los fueros que correspondan, ya que no forman parte directa del expediente por el femicidio de Agostina Vega.

El acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta amplió este jueves su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7 para “aclarar distintas mentiras” entre ellas haber recibido un millón de dólares en sobornos por parte del grupo Techint.

Baratta, exjefe del remisero autor de los escritos Oscar Centeno, salió al cruce de dichos de testigos de la empresa Techint en las últimas audiencias, de manera principal Héctor Zabaleta y Luis Betnaza. Dijo que “repitieron mentiras del año 2018″, cuando se abrió la causa por los cuadernos. Además reclamó que declare como testigo el CEO de la empresa Paolo Rocca, quien presentó un certificado médico para -por ahora- no concurrir a tribunales.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, agregó el exfuncionario y aseguró que podrá probarlo al final del juicio. El ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo pidió hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli pero sin responder preguntas. Durante su exposición volvió a decir que su exchofer Centeno fue autor de “mentiras escritas” y mostró filminas con síntesis de sus respuestas a las acusaciones.

Los ejecutivos de la empresa Techint declararon bajo juramento de verdad en audiencias pasadas que le entregaron sobres con dinero por un total equivalente a un millón de dólares que el entonces funcionario buscaba en persona llevado por Centeno en las cocheras del edificio de esa empresa. El objetivo habría sido logar ayuda para sacar a personal argentino de Venezuela a raíz de la nacionalización de SIDOR, controlada por Techint, durante el gobierno de Hugo Chávez en ese país en un clima de amenazas y hostilidad, según declararon.

“A mí no me pagaron nada”. Terminó de declarar Baratta y el juicio sigue el martes próximo

Baratta sostuvo que a él no le pagaron nada y dijo que el relato de los ejecutivos de Techint es “ciencia ficción, imposible de verificar”. También marcó contradicciones entre las declaraciones bajo juramento de verdad de los testigos Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, en relación al motivo de esos presuntos pagos y a si hubo inconvenientes para la salida de los empleados argentinos de Venezuela, durante el conflicto por la nacionalización de SIDOR en el gobierno de Hugo Chávez.

“No existe una sola razón” por la cual podrían haberle pagado un soborno, agregó y recordó las causas que tuvo abiertas el grupo Techint en Italia. Zabaleta con “soberbia e impunidad total” dijo que la Justicia argentina no lo encontró para notificarlo de esas investigaciones, acotó Baratta.

Sobre los bolsos que supuestamente contenían el dinero de los pagos ilegales, dijo: “Yo vine a declarar y traje un bolso, tengo la computadora, mis elementos personales, lo mismo hacía cuando trabajaba seguramente era más grande porque mis responsabilidades eran otras. Pero eso no significa nada, absolutamente nada”. Techint “fue sobreseído en un acto de impunidad total por razones humanitarias, nadie apeló, ni el fiscal (Carlos) Stornelli ni la UIF, que llamativamente llegó tarde a la apelación”.

“En ninguna ocasión les solicité o pedí algo, es mentira”, dijo sobre Betnaza y Zabaleta. Y se preguntó: “Cómo hacía Baratta para destrabar la salida de la gente de Venezuela? Hablaba con Chávez?”.

“Es de ciencia ficción”, concluyó.

Tras su exposición concluyó la audiencia y el juicio seguirá el martes próximo.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, dijo el acusado Roberto Baratta

El ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo apuntó contra los exdirectivos de Techint que lo incriminaron, dijo que tanto Luis Betzana como Héctor Zabaleta, “mintieron” y que la empresa tuvo un trato diferencial en la Justicia.

“Esta causa fue una clara y evidente operación de inteligencia”, agregó y aseguró que podrá probarlo al final del juicio.

Recordó que por sus funciones como subsecretario de Planificación se reunió con “muchos empresarios” e incluso compartió cenas en la casa del CEO de Techint Paolo Rocca junto al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido para hablar de trabajo en un “clima cordial”.

También apuntó al Poder Judicial por una “clara asimetría procesal” en relación a Techint y otros empresarios, “algunos igual de importantes que el holding Techint y otros menos importantes pero hubo una clara diferenciación en el trato”. Mencionó que fue citado a declaración indagatoria en otra causa penal que está en trámite y que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito “un día después” de la declaración de Zabaleta en el caso Cuadernos. Baratta será indagado el próximo 16 de septiembre en esta investigación.

Además aludió a las “mentiras escritas” de su ex chofer Oscar Centeno, el autor de los cuadernos con detalles de recorridas que hacía con su entonces jefe en busca de sobornos.

Amplía su declaración indagatoria Roberto Baratta

El ex funcionario de Planificación Federal Baratta dijo que los ejecutivos de Techint que declararon en el juicio mintieron. “Techint por su amplio espectro de actividades fue una de las empresas con las cuales más me reuní”, dijo.

Baratta anticipó que no responderá preguntas del Tribunal Oral Federal 7 ni de las partes. “He ido a cenar a la casa de Paolo Rocca acompañando al ministro Julio De Vido, cenas cordiales donde se evaluaba el trabajo”.

Declara una ex funcionaria del Ministerio de Transporte

La letrada Gabriela Winick era Directora Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios y trabajaba en el Ministerio de Transporte en 2018. Recibió los oficios con pedidos de informes del juzgado federal de Claudio Bonadio sobre subsidios al transporte público.

“Pudimos constatar todas las planillas presentadas al banco”, explicó y se aportaron al juzgado. Explicó que el pago de subsidios se había a través del Banco Nación. Desde el 2019 se empezó a pagar con un fideicomiso, relató. Con anterioridad se pagaba a través del Tesoro Nacional. Confirmó que se pagaban subsidios a Ferrovías y Metrovías.

Había “una contribución política” que los contratistas estaban “obligados a hacer” dijo un testigo

El testigo Huergo recordó sus encuentros con Clarens, el financista vinculado a los Kirchner, y dijo que le pidió una “contribución política que los contratistas estábamos obligados a hacer”.

Era “una pequeña contribución que hacíamos de tipo político”, agregó.

“¿La hacían alegremente esa contribución? ¿Le salía del corazón? ¿Estaban de acuerdo?”, quiso saber la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León.

“No, pero hay muchas cosas que uno tiene que hacer, no por que está de acuerdo sino por usos y costumbres”, respondió el testigo y dijo que no lo interpretó como una exigencia del acusado Clarens sino como un “uso y costumbre”.

En esta etapa del juicio declaran empresarios que figuran en los listados entregados por Ernesto Clarens con supuestos pagadores de sobornos cuando se convirtió en arrepentido en la causa.

Declara otro empresario que estuvo acusado y fue sobreseído

Se trata de Enrique Huergo, un ingeniero jubilado de 83 años que presidió la firma DICASA y estuvo acusado en el caso pero luego fue sobreseído. Dijo que conoció al financista Ernesto Clarens, a quien vio “un par de veces” en un hotel y se remitió a lo que recordó que declaró en su declaración indagatoria durante la investigación, cuando estaba acusado.

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Un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, dio inicio este miércoles al juicio por conspiración para delinquir contra Huawei Technologies, la mayor proveedora mundial de equipos para redes de telecomunicaciones inalámbricas. Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusan a la empresa china de delitos durante dos décadas: robo de tecnología a compañías estadounidenses, abuso del sistema financiero estadounidense y colaboración con proyectos de vigilancia digital en Irán.

La defensa rechazó las acusaciones y afirmó que no existió ningún plan criminal a nivel corporativo.

La fiscalía acusa a Huawei de dos décadas de delitos organizados

Taylor Stout, abogado del Departamento de Justicia, fue el encargado de exponer el caso ante el jurado en la apertura del proceso. Según Stout, Huawei y tres de sus subsidiarias operaron durante 20 años con un patrón deliberado de conducta criminal que abarcó distintos países y mercados.

Los cargos se enmarcan bajo la figura legal de racketeering, que en el sistema judicial estadounidense equivale a conspiración para delinquir. Esta acusación, habitualmente asociada al crimen organizado, obliga a la fiscalía a probar que los delitos no fueron actos aislados, sino parte de un esquema continuo y organizado.

Aplicarla a una corporación del tamaño de Huawei convierte a este proceso en uno de los juicios penales más complejos que enfrenta una empresa extranjera en suelo estadounidense.

La defensa sostiene que errores individuales no equivalen a una conspiración corporativa

El abogado Brian Heberlig, a cargo de la defensa, desestimó los cargos en su alegato inicial. Su argumento principal fue que la fiscalía construyó el caso sobre anécdotas y el comportamiento de algunos trabajadores, sin probar que esas conductas respondieran a una política de la compañía.

“No hubo un plan para delinquir”, afirmó Heberlig ante el jurado, según recogió NBC News. El abogado recordó que Huawei emplea a cerca de 200.000 personas en 170 países, y subrayó que los actos de unos pocos no pueden imputarse a toda la organización.

Heberlig también anticipó que la defensa cuestionaría la credibilidad de los testigos de la fiscalía y señaló que algunos testimonios estarían motivados por “viejos rencores”. Además, respondió de antemano a una de las pruebas que los fiscales planean presentar: un empleado que fotografió el producto de una empresa rival en una feria comercial.

Según el abogado, Huawei despidió al trabajador de inmediato por ese acto. “No es prueba de una conspiración de toda la empresa”, sostuvo.

Un testigo relató una propuesta de Huawei para monitorear a usuarios iraníes en internet

El primer testigo llamado por la fiscalía fue Parham Baheshti, ciudadano estadounidense de origen iraní. Baheshti creció en Irán, se mudó a Estados Unidos para estudiar y obtuvo la ciudadanía en el año 2000. Regresó a Irán en 2003 para estar cerca de la familia de su esposa.

En su declaración, Baheshti contó que en 2009 trabajó para una pequeña empresa que expandía el acceso a internet en zonas alejadas del país. Fue a través de ese trabajo que entró en contacto con Huawei. Según su testimonio, al mismo tiempo comenzó a pasar información al gobierno de Estados Unidos sobre sus tratos con la empresa china.

Al principio, dijo, lo motivaba el objetivo de llevar conectividad a ciudades pequeñas. Pero su percepción cambió durante una reunión con representantes de la compañía. “No parecían interesarse en eso. Tenían su propia agenda”, declaró, de acuerdo con lo recogido por NBC News.

Lo que más lo perturbó fue una propuesta concreta: Huawei presentó un sistema orientado a analizar el comportamiento en línea de la población iraní. Baheshti calificó ese momento como “indignante”. Abandonó Irán en 2011, cuando le informaron que estaba bajo investigación.

Huawei opera en el mundo, pero tiene vedado el mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos

Huawei es hoy el mayor proveedor global de infraestructura para redes de telefonía móvil, además de fabricar teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, en Estados Unidos tiene prohibido vender equipos a los operadores de telefonía por razones de seguridad nacional. Canadá y el Reino Unido adoptaron restricciones similares, en parte como resultado de presiones diplomáticas de Washington.

Durante la primera administración de Donald Trump, el gobierno elevó las alertas sobre la empresa y presionó a sus aliados occidentales para excluirla de las redes de quinta generación (5G). El Departamento de Justicia presentó los cargos penales en enero de 2019 y los fue ampliando en los años siguientes.

Las autoridades chinas respondieron con dureza. Funcionarios del gobierno de Beijing calificaron la postura de Estados Unidos como “acoso económico” y sostuvieron que el argumento de la seguridad nacional fue un pretexto para presionar a empresas de China en el mercado global.

En ese contexto de restricciones, Huawei amplió su actividad hacia la fabricación de semiconductores —los chips que procesan información en los dispositivos electrónicos— en un momento de fuerte crecimiento de la demanda de procesadores vinculados con la inteligencia artificial.

El juicio en Brooklyn no tiene fecha prevista de cierre y es probable que se extienda durante varias semanas.

La presidenta del jurado del juicio de Lindsay Clancy reveló que el único integrante disidente del panel admitió tener una “duda razonable” sobre la responsabilidad penal de la acusada, pero aun así se negó a declararla no culpable por razón de demencia. La declaración surgió en una entrevista exclusiva que NBC10 Boston emitió el martes 8 de septiembre, cuatro días después de que el juez William Sullivan declarara la nulidad del proceso por falta de un veredicto unánime en Massachusetts.

Ronni Carlson, presidenta del jurado y maestra jubilada de educación especial, describió el momento en que creyó que el panel había llegado a un acuerdo. “Admitió que tenía una duda razonable. Empecé a llenar los formularios, estaba muy emocionada. Firmé cada uno”, relató a NBC10. Pero el integrante disidente aclaró que, a pesar de sus dudas, no diría que Clancy era no culpable por razón de demencia. “Tenía duda razonable, pero se negó”, resumió Carlson.

Carlson habló junto a otras dos juradas: Paula Devlin, empleada de un contratista de defensa, y Kellie Farina, chef jubilada de un centro de adultos mayores. Fue la primera declaración pública de integrantes del panel tras siete días de deliberaciones sin acuerdo. Las tres dijeron haberse hecho amigas durante el proceso.

Qué es la duda razonable y por qué fracturó las deliberaciones en el caso Lindsay Clancy

En el sistema judicial de Estados Unidos, la fiscalía debe probar la culpabilidad del acusado “más allá de toda duda razonable”, el estándar de prueba más alto del ordenamiento legal del país. Como informó The New York Times, ese umbral no exige certeza absoluta: el juez Sullivan le explicó al jurado que la prueba “no significa prueba más allá de toda duda posible, ya que todo en la vida de los seres humanos está sujeto a alguna duda posible o imaginaria”.

Lo que la ley requiere es una “firme convicción, con certeza moral” de que el cargo es verdadero. R. Michael Cassidy, profesor de derecho del Boston College, lo resumió así al Times: “No hablamos de certeza científica, sino de una convicción profunda, tan firme como se puede estar en los asuntos cotidianos de la vida”. Si esa convicción no se alcanza, el acusado tiene derecho a ser absuelto.

Fue ese principio el que paralizó las deliberaciones. Las juradas le leyeron en voz alta la definición al integrante disidente en reiteradas ocasiones, pero él no lograba separar el concepto jurídico del hecho concreto.

Devlin describió al disidente como “muy arrogante” y señaló a NBC10: “Realmente no tomaba en cuenta nada de lo que decía nadie”. Carlson explicó que al hombre le resultaba difícil separar el concepto jurídico del hecho concreto.

Cuando el hombre planteó una duda sobre la medicación de Clancy, las juradas con formación en enfermería le explicaron los datos del informe toxicológico del Hospital South Shore; él ignoró las aclaraciones. Carlson llegó a enviarle una nota al juez Sullivan advirtiéndole que un integrante no seguía las instrucciones judiciales.

El magistrado interrogó al panel, releyó las instrucciones y les pidió que continuaran. En al menos tres ocasiones, los jurados informaron al tribunal que no lograban un acuerdo.

Por qué se declaró la nulidad y qué implica para el caso

Un veredicto penal en Estados Unidos exige la unanimidad de los 12 integrantes del jurado. Si esa unanimidad es imposible, el juez puede declarar la nulidad del juicio —también llamada mistrial—, lo que ocurrió en Plymouth el viernes 5 de septiembre.

La nulidad no equivale a una absolución ni a una condena: el proceso queda sin efecto y la fiscalía debe decidir si presenta el caso ante un nuevo jurado. El integrante disidente no se identificó públicamente; sus datos permanecen bajo reserva temporal por orden del tribunal, según consignó The Associated Press.

El debate central: psicosis posparto frente a acto deliberado

Lindsay Clancy, de 36 años y exenfermera de parto y posparto, nunca negó haber causado la muerte de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses. Su defensa alegó psicosis posparto, vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales, lo que le habría impedido comprender la gravedad de sus actos. Durante 21 días de testimonios, el jurado escuchó a familiares y profesionales describir el deterioro de su salud mental.

La fiscalía rechazó ese argumento: sostuvo que Clancy actuó de forma deliberada y que había organizado la salida de su entonces esposo, Patrick Clancy, de la casa familiar en Duxbury enviándolo a buscar medicamentos y comida. Para Carlson, en cambio, los diarios personales de Clancy y el testimonio de su exsuegra —quien la describió como una madre afectuosa— apuntaban en sentido contrario.

“Todo probaba que ella amaba a sus hijos. Así que tuvo que haberse quebrado y no haber sabido lo que hacía”, dijo a NBC10. Farina agregó que la fiscalía careció de compasión durante el proceso: “Sé que es su trabajo, pero en un caso como este, uno espera un poco”.

Qué puede ocurrir ahora con Clancy

La fiscalía no ha anunciado si volverá a presentar el caso. Si lo hiciera, Clancy enfrentaría un segundo juicio con las mismas acusaciones de asesinato, que podían derivar en prisión perpetua. Una eventual absolución por razón de demencia podría llevar a su internación en una institución de salud mental hasta que una evaluación determinara que ya no representa un riesgo para la comunidad.

Clancy permanece internada en un hospital psiquiátrico y hay una audiencia de situación prevista para el 29 de septiembre de 2026.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenara el martes que Aníbal Lotocki quede preso preventivamente por la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por las lesiones graves generadas a Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi, continúa el juicio en contra del cirujano por la muerte de otro paciente.

Se trata del caso de Christian Zárate, un hombre de 50 años al que Lotocki operó en 2021 y que falleció un día después de esa intervención. La audiencia de este miércoles contará con la declaración como testigos de peritos del Cuerpo Médico Forense, quienes responderán preguntas ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo y las partes. La fiscal María Luz Castany está a cargo de la acusación.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, los peritos brindarán su testimonio en modalidad de coloquio. Es decir, estarán todos juntos en la audiencia para responder las preguntas formuladas por las distintas partes del debate.

Según explicó el presidente del tribunal al comienzo del juicio, la modalidad de hacer declarar a varios peritos juntos de esta manera es “enriquecer el debate y clarificar aspectos técnicos del caso”. Aseguró que “permite un mejor conocimiento de los actos técnicos y facilita la profundización en temas relevantes ya incorporados en los informes periciales, evitando que los peritos repitan información ya dada”.

Además, se desistió de algunos expertos como testigos para que actúen como asesores médicos, lo que -se prevé- agilizará la dinámica de la audiencia.

La acusación contra Lotocki es por el delito de homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética. Además, se le imputan las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

También están acusados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Al listado se suma Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde. Todos están señalados también como responsables del homicidio simple de Zárate.

En el debate está también imputada la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek, quien está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores. el cargo es por encubrimiento agravado.

La acusación contra Lotocki es por el delito de homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética.Además, se le imputan las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

La muerte del paciente

El 16 de marzo de 2021, Zárate acudió al consultorio de Lotocki y pactó la realización de una lipoescultura y dermolipectomía por 6.500 dólares. Luego de practicar los estudios médicos requeridos, la pareja del imputado, que también trabajaba como secretaria, indicó que la intervención se llevaría a cabo en CEMECO.

Los análisis médicos revelaron antecedentes de COVID-19 y diabetes mellitus tipo II, por lo que el médico recetó medicación antes de la cirugía.

La operación, prevista inicialmente para el 9 de abril, se reprogramó para el 15 de ese mes. Ese día, Zárate ingresó a la clínica de la calle Colpayo 20 para someterse a la extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo.

“El paciente manifiesta haber padecido COVID y ser fumador, razón por la que le pide radiografía de tórax. Los exámenes salieron bien. En el análisis de sangre arrojó glucemia elevada, por lo que ordenó repetir el examen. En la repetición volvió a salir igual, por lo que le prescribió hace unas tres semanas la metformina para regularizar su diabetes. Quiero dejar en claro que un paciente con diabetes tipo dos no es incompatible para hacer este tipo de cirugías”, dijo el cirujano en su declaración de abril de 2021.

Durante la intervención, Lotocki habría abandonado el quirófano unos 40 minutos para participar en una audiencia virtual con su abogada, dejando al paciente a cargo de sus asistentes. Después del cierre quirúrgico, Zárate fue trasladado a una habitación, donde una enfermera detectó una hemorragia en un drenaje. Ante esto, Lotocki decidió reabrir la herida, pero el paciente se deterioró rápidamente.

La mañana siguiente, el 16 de abril, Zárate sufrió una descompensación grave, fue intubado y se solicitó una ambulancia. Los profesionales que arribaron al lugar advirtieron que la intubación era incorrecta.

Poco después, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció, pese a los intentos de reanimación. La Fiscalía sostiene que la muerte no fue una complicación imprevisible, sino que Lotocki avanzó con la cirugía conociendo los riesgos y omitió medidas que podrían haber evitado el desenlace fatal.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Lotocki conocía los riesgos de realizar múltiples procedimientos en una sola operación, sobre todo considerando las condiciones de salud preexistentes de Zárate, pero decidió avanzar.

Un nuevo día del juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu mostró cómo fue el proceso que terminó con la emboscada por parte de los acusados y en los detalles de los elementos reunidos por la investigación para sostener que Romain Bouvier, uno de los implicados, quiso reencontrar a los dos hombres antes del crimen ocurrido en París la noche del 18 al 19 de marzo de 2022, cuando el ex jugador argentino de 42 años fue asesinado tras una pelea a la salida de un bar.

Uno de los datos más precisos expuestos ante la corte fue la rapidez del ataque: de acuerdo con el director de la investigación, se dispararon seis balas en 45 segundos y las últimas cuatro salieron en apenas 4 segundos. Los testimonios directos recogidos inmediatamente después del hecho coincidieron, en términos generales, en una misma escena: todos vieron a un hombre disparar a otro con el brazo extendido.

El comisario Maximilien Gruselle relató además qué encontró al llegar a la escena del crimen. Dijo que el cuerpo estaba oculto tras un biombo visual, que la identidad de Aramburu fue comprobada y que luego se examinaron las heridas: dos en la parte delantera del cuerpo, una en el muslo derecho y otra en las costillas del lado izquierdo, y cuatro más en la espalda, incluida una en la columna vertebral. En ese momento, se mostraron fotos del cuerpo de Aramburu y su familia se retiró de la sala.

Según la reconstrucción del inicio de la tercera jornada de audiencias que realizó el medio francés La Dépche du Midi, Gruselle confirmó ante la corte que la camioneta Jeep conducida por Lyson Rochemir buscó a Aramburu y a Shaun Hegarty después de la primera pelea. El investigador afirmó que fue Bouvier quien pidió a la conductora que detuviera el vehículo.

Antes de eso, la acusación reconstruyó el altercado en el bar Mabillon a partir de videos y declaraciones de empleados y testigos. Gruselle describió una “pequeña bofetada” de Loïk Le Priol a Hegarty, seguida de un tirón de capucha por parte de Aramburu y de una pelea en la que varios testigos dijeron que los rugbiers llevaron la ventaja. “Fue una verdadera pelea de hombres”, se escuchó en la sala.

El vigilante del local declaró que Le Priol le mostró un brazalete policial y un arma, de la que llegó a sacar el tambor, para hacerse pasar por agente. El comisario precisó que no montó la pistola que llevaba en la cintura y que el guardia se apartó porque le creyó. En ese momento, según la difusión de las imágenes de la confrontación en un canal de TV, el acusado de asesinar a Aramburu habría dicho “Voy a matarlo”. Hay que recordar que en la primera declaración en el juicio, el presunto autor del crimen dijo que su actitud fue “disparé en legítima defensa”.

También se mencionó una frase atribuida a Bouvier cuando subía a la camioneta, en un momento en que, según las imágenes, se mostraba agresivo. Dirigiéndose a un empleado del Mabillon, dijo: “Deberían habernos dejado hacerlo, íbamos a reventarlos”, por la pelea en la que Aramburu también fue partícipe.

La investigación sostuvo además que, cuando Aramburu y Hegarty llegaron a su hotel, ambos estaban heridos. Un empleado relató que el argentino tenía una herida sangrante en la sien y que los dos pidieron hielo “muy amablemente” para ponérselo sobre las lesiones. Ese mismo trabajador afirmó que no estaban agresivos. Es más, el empleado del lugar destacó que el ex Puma incluso se disculpó “por dejar caer gotas al suelo” y, al ser atendido, dijo: “Es la vida”.

Uno de los momentos esclarecedores de la jornada en el juicio fue que se estableció que durante los dos minutos que permanecieron en el establecimiento, Le Priol pasó corriendo por delante del hotel y el Jeep se detuvo cuando los dos amigos salieron del edificio. Según el medio francés, un policía que fue parte de la audiencia emitió una frase que generó estupor en la sala: “Por unos segundos no habría pasado nada”, mencionó, dando a entender que el incidente que terminó en asesinato se podría haber evitado.

Otro tramo clave de la audiencia estuvo dedicado al allanamiento en casa de Bouvier. El director de la investigación habló de un “verdadero arsenal” y señaló que los hallazgos podían contradecir la explicación del acusado, que se presentó como coleccionista de armas antiguas. En un departamento de 20 m² se encontraron más de 1.000 cartuchos repartidos por distintos lugares, además de material para mantenimiento de armas, fundas y numerosos distintivos de servicios policiales. El comisario rechazó la versión de Bouvier, que había denunciado una supuesta puesta en escena de los investigadores, y sostuvo que la agrupación de las armas en la entrada respondió al procedimiento habitual.

Gruselle confirmó también la presencia de Mein Kampf, otros libros vinculados con la ultraderecha y una estatuilla de Adolf Hitler. Matizó, al mismo tiempo, que en el inmueble había lecturas variadas, entre ellas el Corán y obras clásicas.

En otro registro, el teléfono del principal acusado (Le Priol) apareció en casa de Lyson Rochemir sin tarjeta SIM. Allí también se encontraron camisetas con la inscripción “Babtou solide certifié” (Blanco sólido crtificado), medicamentos y objetos vinculados visiblemente a la ultraderecha y placas de chaleco antibalas. Más tarde se constató que Le Priol estaba fichado por su pertenencia a ese movimiento y que también fue identificado como ex integrante del Groupe Union Défense (GUD), un grupo violento de extrema derecha ya disuelto.

La reconstrucción policial de la fuga indicó que Rochemir recogió a Bouvier a la altura del puente del Alma, el lugar donde había sido ocultada el arma del crimen. Cuando el presidente de la corte preguntó cómo se había hallado esa arma escondida en la estructura del puente, el director respondió que fue gracias a la indicación de una persona cuya identidad no recordaba; el magistrado precisó entonces que había sido Loïk Le Priol, y el acusado asintió desde el banquillo.

La policía también pudo seguir el trayecto posterior de la camioneta tras los disparos. El vehículo recogió a Le Priol en los muelles cercanos al Sena antes de dejarlo en un lugar no identificado, y las matrículas de esa Jeep y de un Fiat 500 permitieron identificar a la pareja de acusados.

La audiencia quedó interrumpida cuando tomaba la palabra la defensa de Le Priol. Un miembro del jurado pidió una suspensión, los abogados protestaron porque querían responder de inmediato y el presidente decidió igualmente dar paso a la pausa del mediodía.

Aramburu, quien tenía 42 años al momento de ser asesinado, tenían planeado asistir junto a otras personas al partido del día siguiente entre Francia e Inglaterra por el Torneo del Seis Naciones en el mítico Stade de France. La noche en la que fue asesinado, el ex Puma había cenado previamente con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, ex compañeros de la selección argentina de rugby, donde registró 22 presentaciones y logró ocho tries, siendo tal vez el más recordado el que consiguió en el partido por el tercer puesto del Mundial 2007 ante Francia. También fue bicampeón del rugby francés con el Biarritz (donde se radicó tras su retiro) y también jugó en USA Perpignan (2006-2008), US Dax (2008-2010) y Glasgow Warriors de Escocia (2010-2012).

El caso de Lindsay Clancy —la madre de Massachusetts acusada de estrangular a sus tres hijos en enero de 2023— cerró su primera etapa judicial sin resolución. Un jurado no logró unanimidad, el juez declaró el juicio nulo y el proceso quedó abierto.

Lo que siguió fue una avalancha de teorías conspirativas en redes sociales que apuntan directamente a su exesposo, Patrick Clancy, como responsable de las muertes.

Este martes, el abogado de Patrick, Howard Cooper, anunció en un comunicado difundido por ABC News que las autoridades ya fueron notificadas y que se evaluarán acciones legales contra quienes difunden esas falsedades. “Basta, esta difusión de falsedades descaradas y sin fundamento debe detenerse”, afirmó el letrado.

El jurado no llegó a un acuerdo y el caso quedó sin resolución

Un juez de Massachusetts declaró el juicio nulo el viernes pasado, luego de casi seis semanas de proceso. Tras 38 horas de deliberaciones a lo largo de siete días, los miembros del jurado no lograron alcanzar un veredicto unánime.

Según informó The New York Times, el panel estaba dividido 11 a 1 por la absolución, pero cualquier veredicto requiere unanimidad.

La defensa intentó sin éxito que se removiera al jurado disidente e incluso presentó una apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, que fue rechazada.

Lindsay Clancy enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado. La fiscalía sostiene que el 24 de enero de 2023 estranguló a sus tres hijos pequeños en el domicilio familiar, antes de intentar quitarse la propia vida.

La defensa, encabezada por el abogado Kevin Reddington, alegó que en ese momento sufría de psicosis posparto.

Las fiscales Jennifer Sprague y Shanan Buckingham sostienen que Clancy es penalmente responsable de la muerte de los niños. La discrepancia entre ambas posturas fue el eje central del debate ante el jurado.

Influencers y conspiracionistas, apuntados por la defensa del padre

Cooper detalló que la campaña contra Patrick Clancy fue “implacable, escalante y destructiva” durante los últimos meses.

La señaló como obra de “celebridades menores, los llamados influencers y conspiracionistas directos” que, aseguró, buscan capitalizar la situación para aumentar su perfil en redes sociales.

El abogado advirtió que esa campaña de desinformación puso en riesgo “la reputación, el sustento y la vida” de su cliente. “Patrick no tiene otra opción que hacer frente a esta situación”, aseguró Cooper, con el objetivo declarado de detener el daño, generar responsabilidad por las mentiras y permitir que el padre pueda concentrarse en lo que realmente importa.

“Preservar la memoria de Cora, Dawson y Callan Clancy y apoyar a otras mujeres que enfrentan desafíos de salud mental perinatal”, precisó el letrado en el comunicado.

El caso reabrió el debate sobre la salud mental materna en Estados Unidos

Desde el inicio del juicio, Lindsay Clancy obtuvo un respaldo notable, especialmente entre mujeres y madres.

Varias personas se acercaron al tribunal en persona durante las audiencias con el argumento de que el caso pone en evidencia falencias en la atención que reciben las mujeres tras el parto.

La psicosis posparto —una condición poco frecuente y de alta gravedad que puede provocar delirios, alucinaciones y alteraciones profundas en la percepción de la realidad, según el American College of Obstetricians and Gynecologists— pasó a ser un tema de debate público a escala nacional.

“La pérdida de los hijos de Patrick es algo de lo que nunca se recuperará y de lo que nunca habrá cierre”, dijo David Meier, otro abogado del padre.

La declaración también reconoció que enfrentar un nuevo juicio sería “extraordinariamente doloroso” para toda la familia.

Mientras tanto, Lindsay Clancy permanece internada en el Hospital Tewksbury, una clínica psiquiátrica estatal donde estuvo alojada durante más de tres años.

El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, no descartó un nuevo proceso: según NPR, una audiencia de seguimiento quedó fijada para el 29 de septiembre.

El abogado de Lindsay Clancy le pidió al presidente Donald Trump que conceda un indulto a su clienta, días después de que el juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts, terminara sin veredicto unánime. La solicitud, formulada el martes 8 de septiembre en el programa Good Morning America, es jurídicamente inviable, dado que el poder de indulto presidencial se limita a delitos federales y Clancy enfrenta cargos estatales.

“Me gustaría decirle al presidente Donald Trump, que se sintió impulsado a hablar sobre este caso: señor presidente, espero que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha atravesado y que considere un indulto”, afirmó Kevin Reddington en declaraciones recogidas por ABC News y NBC News.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el presidente tiene amplia autoridad para conceder indultos y conmutaciones de penas, pero esa facultad se restringe estrictamente a delitos federales. Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado ante la justicia estatal de Massachusetts y no recibió una condena, de modo que el indulto presidencial no es una vía aplicable a su caso.

Cualquier eventual medida de clemencia dependería de las autoridades estatales de Massachusetts, no de la Casa Blanca.

El juicio terminó en nulidad

El proceso judicial concluyó el 4 de septiembre, cuando la jueza declaró la nulidad del juicio —lo que en el sistema anglosajón se denomina mistrial— después de que el jurado no lograra un acuerdo unánime. Clancy se había declarado no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado.

El juicio se centró en si Lindsay Clancy tenía psicosis posparto durante los hechos y si eso afectaba su responsabilidad penal. La defensa dijo que Clancy actuó bajo alucinaciones auditivas por esa enfermedad y estaba sobremedicada. La fiscalía afirmó que Clancy era consciente de sus actos y los planeó.

En Massachusetts, la ley establece que para declarar a un acusado penalmente responsable, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que no padecía una enfermedad mental al momento del delito. Ese estándar estuvo en el centro de las discusiones del jurado.

Reddington cuestionó al jurado y abrió la puerta a un acuerdo con la fiscalía

Reddington dijo estar “molesto” con el resultado y afirmó que el jurado estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a su clienta no culpable por falta de responsabilidad penal, aunque no habló con ningún jurado ni puede confirmar esa cifra. Dijo que, según una nota de la presidenta del jurado a la jueza, el único jurado disidente tenía dudas pero se negaba a aplicar la duda razonable. “Eso no está bien y por eso estuve molesto”, dijo Reddington a NBC News.

Pese a la frustración, el defensor también tendió la mano al fiscal de Plymouth County, Timothy Cruz, al expresar su esperanza de llegar a un acuerdo. “Espero que, después de sentarse durante este juicio y ver las pruebas presentadas por el gobierno y por la defensa, [Cruz] reconsidere esa cuestión y podamos llegar a algo aceptable para ambas partes”, señaló, según ABC News. La fiscalía aún no confirmó si buscará un nuevo juicio o si evaluará un acuerdo con la defensa.

Las partes tienen una audiencia prevista para el 29 de septiembre de 2026, en la que definirán los próximos pasos tras la nulidad.

Los antecedentes: la muerte de los tres hijos en Duxbury en enero de 2023

Lindsay Clancy estrangló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el domicilio familiar de Duxbury, una localidad al sur de Boston, el 24 de enero de 2023. Tras los hechos, se arrojó por la ventana de su habitación en un intento de suicidio que la dejó paralizada.

Durante el juicio de cinco semanas, la defensa presentó mensajes de texto, diarios personales y notas escritas por Clancy en los que, según Reddington, pedía ayuda reiteradamente. “Llegó a todos y a cualquiera que pudiera escucharla y seguía diciendo: ‘No estoy bien. No estoy bien’”, afirmó el abogado según NBC News. La defensa responsabilizó a uno de los médicos que la atendió de sobremedicarla con fármacos psiquiátricos.

Trump calificó el caso de tragedia y mencionó la posibilidad de un nuevo juicio

El mismo 4 de septiembre, horas después de que se declarara la nulidad, el presidente Donald Trump hizo sus primeros comentarios públicos sobre el caso en una rueda de prensa. El mandatario dijo que seguía el proceso por su amplia cobertura televisiva: “Está tanto en televisión que es difícil no seguirlo”.

Trump calificó la situación de “terrible” y de “horrible tragedia”, pero no precisó cuál debería ser el desenlace judicial. “Ella hizo una cosa horrible, horrible. No puede ser peor”, afirmó. “Pero van a descubrir cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Va a ser una institución mental o la cárcel o algo así”, agregó.

El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

El primer día del juicio por la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu dejó una sorprendente declaración del acusado de asesinar al ex jugador de rugby. Loïk Le Priol afirmó ante el Tribunal de lo Penal de París que disparó en “legítima defensa” en lo que fue la apertura del proceso por el crimen ocurrido hace más de cuatro años. Una causa en la que el principal apuntado se expone a cadena perpetua por haber efectuado seis disparos, dos de ellos mortales, en pleno centro de la capital francesa tras una pelea en un bar.

El ataque ocurrió el 19 de marzo de 2022 tras una discusión que comenzó en la terraza del bar Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. El tiroteo fue el desenlace de una pelea iniciada en una brasserie parisina, después de la cual los acusados habrían vuelto a buscar a los jugadores de rugby para ajustar cuentas.

El pasado domingo, día previo al comienzo del juicio, un informe de la televisión francesa reveló las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron cómo fue la pelea inicial que terminó con el asesinato de Aramburu.

“Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no”, declaró Le Priol, activista de extrema derecha de 32 años y ex miembro del Grupo Unión Defensa, una organización estudiantil radical y violenta ya disuelta.

“Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón”, añadió el acusado frente al tribunal. El diario Le Monde señaló que en 2015 debió abandonar la unidad de comandos de fuerzas especiales de la Marina a la que pertenecía después de ser acusado de hechos violentos mientras vestía uniforme.

Romain Bouvier, amigo de larga data de Le Priol y también ex miembro del GUD, reconoció haber ejercido “violencia armada”, pero negó haber querido matar al jugador que fue parte del seleccionado que logró el histórico bronce en el Mundial 2007 de rugby. En sus declaraciones ante el tribunal, sostuvo: “Nunca quise matar al señor Martin Aramburu, no quería hacerle daño, ni siquiera quería tocarlo”.

Antes de que Le Priol efectuara los disparos que provocaron la muerte del ex jugador de rugby, Bouvier había disparado cuatro veces contra la víctima, de acuerdo con Le Monde. Ambos hombres, además, no deberían haber estado juntos aquella noche, ya que se encontraban bajo supervisión judicial por su participación en un ataque especialmente violento cometido en el domicilio de un dirigente del mismo grupo.

Ese episodio ya derivó en condenas de prisión: tres años para Bouvier y dos años para Le Priol. En el caso del principal acusado, la justicia había retenido una responsabilidad disminuida por un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático vinculado con su paso por el servicio militar.

La validez de ese diagnóstico de TEPT es discutida entre los expertos y aparece como uno de los puntos centrales del proceso en París. El tribunal deberá establecer hasta qué punto esa evaluación médica incide en la responsabilidad penal de Le Priol por la muerte del ex rugbier argentino.

También comparece una ex pareja de Le Priol, de 29 años, presente durante la discusión inicial y luego durante el tiroteo atribuido a Bouvier. Está acusada de complicidad en tentativa de asesinato, un cargo que rechazó en sus primeras declaraciones durante el juicio, que según los reportes de los medios fueron confusas.

Para su situación judicial, será decisivo determinar si sabía que los acusados pretendían reencontrarse con los jugadores de rugby después de la pelea para vengarse y si tenía conocimiento de que iban armados. Al igual que los dos principales acusados, también se enfrenta a cadena perpetua.

Un cuarto hombre, de 37 años, del que no se difundió su nombre, está siendo juzgado por haber ayudado a Bouvier durante el breve período en que permaneció prófugo. En su caso, se expone a una pena menor.

Según el material emitido a horas del inicio del proceso en la Corte de Asís de la capital francesa, el ex Puma fue atacado tras un altercado que derivó, minutos después, en una persecución callejera y en su muerte durante la madrugada del 19 de marzo de 2022.

Uno de los elementos más delicados del expediente apareció en el tramo final del informe televisivo: mientras empleados del restaurante retenían a Le Priol y a Romain Bouvier, el primero habría exhibido un brazalete de policía y un arma, y dijo: “Voy a matarlo”. Para la justicia francesa, citada por La Dépêche du Midi, esa breve conversación previa refuerza la hipótesis de premeditación y marca el inicio de una “cacería humana”.

Las imágenes de vigilancia de aquella noche se conocieron por primera vez el domingo en un informe exclusivo del programa Sept à Huit. El material reconstruye la secuencia anterior a los disparos que mataron al ex jugador argentino sobre la vereda del bulevar Saint-Germain, en el centro de París.

Aramburu estaba allí con Shaun Hegarty, mientras Le Priol y Bouvier se encontraban en el mismo lugar, aunque ninguno de los cuatro se conocía. El incidente comenzó cuando Hegarty intervino para pedirle a Le Priol que se dirigiera mejor a otro hombre que le había reclamado algo. Las cámaras no tienen sonido, pero muestran que la tensión subió hasta que el militante de extrema derecha se levantó y le dio tres bofetadas leves en la cara a Hegarty.

Aramburu observó esa provocación sin intervenir y siguió apoyado en su silla. Poco después, un guardia de seguridad se acercó para pedirle a Le Priol que volviera a sentarse en su mesa, ubicada a dos metros de la que ocupaban los dos amigos vinculados a Biarritz.

Temprano, cuando la situación parecía terminada, Hegarty se apartó para fumar y Aramburu se levantó para pagar la cuenta. La secuencia volvió a romperse segundos después, cuando el ex rugbier salió de la terraza, simuló despedirse y tiró de la capucha del buzo de Le Priol.

Ese gesto hizo caer de la silla a su futuro agresor y lo arrastró al suelo. En la grabación difundida por TF1, varias personas intentan separarlos mientras Le Priol lanza los primeros golpes de puño, y luego se suman Bouvier y Hegarty hasta que empleados y personal de seguridad consiguen apartar a los cuatro.

La pelea fue contenida en menos de un minuto. Después de ese cruce, Aramburu y su amigo siguieron a pie hacia su hotel, aunque antes se detuvieron para curarse las heridas. La pregunta central del caso es qué ocurrió después de la riña: la reconstrucción judicial sostiene que los dos hombres fueron alcanzados pocos minutos más tarde por sus agresores ya fuera del restaurante. Aramburu murió por los disparos de Le Priol sobre el bulevar Saint-Germain, y por ese hecho será juzgado por asesinato ante la Corte de Asís de París.

“Nos persiguieron, decidieron llevar armas encima, decidieron sacarlas, decidieron utilizarlas y quitarle la vida a Federico”, relató Hegarty al periodista Marc-Olivier Fogiel. El neozelandés, ex compañero de Aramburu en el Biarritz Olympique y socio suyo en una empresa de turismo, aseguró que todavía no logra comprender lo sucedido. Federico se desploma sobre la calzada. Y entonces yo lo agarro y es en ese momento cuando me dice, ‘Sean, llama a la policía, voy a morir’”, recordó el amigo de Aramburu durante la entrevista en la que dio detalles del incidente.

Aramburu tenía 42 años cuando lo mataron. Había ido esa noche al bar de Saint-Germain-des-Prés con Hegarty, ex compañero suyo en el Biarritz Olympique y además su socio en la empresa de viajes Esprit Basque; ambos planeaban asistir al día siguiente, con otras personas, al partido entre Francia e Inglaterra por el Torneo de las Seis Naciones en el Stade de France.

Un año después del crimen, los abogados de la familia dieron una descripción más precisa del ataque. Yann Le Bras, que representa a los allegados de Aramburu junto a Christophe Cariou-Martin, sostuvo: “Una especie de autodefensa no puede resultar en 10 balas disparadas a un ritmo frenético. La realidad de este caso es que Federico Martín Aramburu recibió cuatro balazos de Loïk Le Priol, tres de ellos en la espalda”.

El abogado agregó: “Por su formación militar, sabemos que tiene un dominio absoluto en el manejo de las armas. Sabe dónde y a qué apunta. Romain Bouvier sale del coche, estira el brazo a la altura de los ojos y dispara cuatro veces. Estamos lejos de una acción defensiva”.

Antes de ese episodio, Aramburu había cenado con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, todos ex compañeros en la selección argentina. Con Los Pumas disputó 22 partidos y marcó ocho tries, entre ellos uno de los más recordados en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2007 ante Francia.

Su carrera también incluyó dos títulos del rugby francés con Biarritz, club en el que se radicó después del retiro. Además jugó en USA Perpignan entre 2006 y 2008, en US Dax entre 2008 y 2010 y en Glasgow Warriors de Escocia entre 2010 y 2012.

La jornada forma parte de la repetición del proceso judicial ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación contra la sentencia emitida en el juicio anterior.

La portavoz del Poder Judicial, Clara López, informó que durante la audiencia correspondió a la acusación privada presentar ante el tribunal los medios de prueba que considera pertinentes para sustentar su posición dentro del nuevo proceso.

La repetición del juicio implica que los jueces deberán volver a conocer y valorar los distintos elementos probatorios incorporados al proceso, antes de emitir una nueva decisión sobre la responsabilidad penal que pudiera corresponder al acusado.

El caso se originó en febrero de 2021, cuando Keyla Patricia Martínez, estudiante de enfermería, fue detenida en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

De acuerdo con la relación de hechos presentada durante el proceso, la joven fue detenida el 6 de febrero de 2021 por presuntamente incumplir las restricciones de circulación que permanecían vigentes en Honduras debido a la pandemia de COVID-19.

Posteriormente, Martínez fue trasladada hasta la estación policial número 10 de La Esperanza, donde quedó recluida en una celda.

Horas después, durante la madrugada del 7 de febrero de 2021, la joven fue encontrada sin vida dentro de una de las celdas de la dependencia policial.

Su muerte provocó una fuerte reacción pública y dio paso a una investigación que posteriormente derivó en un proceso penal contra el entonces agente policial Harol Rolando Perdomo Sarmiento.

El caso de Keyla Martínez también generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte y sobre la actuación de los funcionarios que se encontraban en la estación policial durante aquella madrugada.

El proceso ya había llegado a una primera resolución judicial. En 2023, Perdomo Sarmiento fue condenado por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo conforme con esa resolución y presentó en 2024 un recurso de casación, con el objetivo de que la decisión fuera revisada por la instancia correspondiente.

Tras analizar el recurso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2026 ordenar la repetición del juicio oral y público.

De esta manera, el caso regresó al Tribunal de Sentencia de La Esperanza para que se desarrollara nuevamente el debate judicial y se efectuara una valoración de los medios de prueba conforme a las disposiciones establecidas por la instancia superior.

La nueva etapa no supone, por sí misma, una declaración de culpabilidad o inocencia del acusado, sino la apertura de un nuevo debate en el que deberán analizarse los elementos probatorios presentados por las partes.

Durante la audiencia desarrollada este viernes, la acusación privada tuvo la oportunidad de presentar sus medios de prueba ante el tribunal.

La participación de las partes en esta etapa es fundamental para que los jueces puedan conocer los elementos que cada una considera relevantes para sustentar sus argumentos dentro del proceso.

El tribunal deberá continuar con las diferentes diligencias programadas hasta completar el debate y posteriormente determinar la responsabilidad penal que corresponda, tomando en consideración la prueba que sea admitida y valorada durante el juicio.

El Poder Judicial informó que el proceso tiene previsto concluir el próximo 7 de septiembre, fecha en la que está programada una inspección judicial como parte de las últimas diligencias contempladas dentro de esta repetición del juicio.

La inspección será una de las actuaciones finales antes de que concluya esta etapa procesal.

Con la continuación del juicio, los jueces deberán analizar nuevamente los elementos presentados por las partes para establecer qué ocurrió durante las horas en las que Keyla Martínez permaneció detenida en la estación policial.

La nulidad del juicio de Lindsay Clancy dejó abierto el futuro penal del caso y puso en primer plano una decisión que ahora deberá tomar la fiscalía de Massachusetts: avanzar con un nuevo juicio por asesinato en primer grado, reducir los cargos, alcanzar un acuerdo de culpabilidad o incluso desistir de continuar con el proceso.

Clancy, de 36 años, está acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por las muertes de sus hijos en 2023, en su vivienda de Duxbury, en las afueras de Boston.

La defensa no cuestiona la autoría de los hechos, pero sostiene que Clancy atravesaba un episodio de psicosis posparto y que, por ese motivo, no era penalmente responsable. La fiscalía, en cambio, argumentó que padecía depresión y agotamiento, pero que comprendía sus acciones y actuó de manera deliberada.

Este viernes, tras siete días de deliberaciones y casi 40 horas de debate, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime y el juez William Sullivan declaró la nulidad del juicio.

El fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, evitó anunciar de inmediato cómo continuará el expediente. “Me reuniré con nuestro equipo y abordaremos este caso con mayor detalle en el momento oportuno, en el marco de un procedimiento judicial oficial”, dijo ante la prensa, según CBS News.

Clancy seguirá bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal

Mientras se definen los pasos a seguir, Clancy continuará detenida sin derecho a fianza y será alojada nuevamente en el Hospital Estatal de Tewksbury, donde ya permanecía bajo atención psiquiátrica estatal desde 2023, precisó CBS News.

Por el momento, su situación procesal regresa al estado previo al juicio oral. Si en el futuro fuera condenada por asesinato en primer grado, podría recibir una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En caso de ser declarada no culpable por razón de insanía, permanecería internada en una institución psiquiátrica estatal, detalló Reuters.

La fiscalía decidirá si insiste con otro juicio o modifica su estrategia

El analista jurídico de ABC News, Brian Buckmire, expresó que la fiscalía podría optar por volver a juzgarla en un futuro próximo o retirar el caso.

Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y analista legal de CBS News, coincidió: “Creo que es totalmente posible que avancen con un nuevo juicio por un par de razones. Primero, a veces se observa una gran variación entre los jurados de un juicio y otro. Segundo, la acusación podría formularse de una manera muy diferente”.

Al respecto, la analista legal Caroline Polisi manifestó al mismo medio que la fiscalía tendría la oportunidad de “replantear o afinar su caso”, mientras que Levinson consideró posible una acusación “mucho más simplificada”.

Los jurados debían decidir entre cinco posibles veredictos: no culpable por falta de responsabilidad penal, no culpable, culpable de homicidio en primer grado, culpable de homicidio en segundo grado o culpable de homicidio involuntario.

Según Polisi, la fiscalía podría modificar su estrategia: “Creo que deberían centrar su caso no en minimizar su estado de salud mental, sino en reconocer que sufría una depresión grave”.

Luego de la muerte de sus hijos, Clancy intentó suicidarse. Un eventual nuevo juicio podría enfocarse, explicó Polisi, en “si ella podía distinguir entre el bien y el mal, en lugar de intentar afirmar que se trató de un intento de suicidio simulado”.

Los fiscales suelen consultar a las familias de las víctimas. Sin embargo, en este caso, la cercanía entre el entorno familiar de las víctimas y el de la acusada podría dificultar cualquier consenso, informó CNN.

Un acuerdo aparece como salida posible, aunque depende del fiscal

De acuerdo con Reuters, otra posibilidad es que la acusación y la defensa alcancen un acuerdo. Ambas partes podrían tener incentivos para evitar los costos y la incertidumbre de un segundo juicio. El acuerdo requeriría la aprobación del tribunal.

La fiscalía podría ofrecer una declaración de culpabilidad por un cargo menor. El abogado Peter Elikann afirmó a ABC News: “En muchos casos, después de que un jurado no logra alcanzar un veredicto, la fiscalía le dice a la defensa: ‘Lleguemos a un acuerdo. Reduciremos los cargos a algo mucho menor. ¿Podemos acordar que se declare culpable de un cargo más leve?’”.

Por su parte, la abogada Elyse Hershon consideró en CNN que la acusación “podría volver a juzgarla por un delito de primer grado o, quizás, decidir más adelante ofrecerle un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor. Solo el fiscal de distrito puede hacer eso”.

Sin embargo, Buckmire considera posible que los fiscales no quieran reducir ninguno de los cargos en el futuro.

Podrían volver a discutirse peritajes, pruebas y hasta la sede del proceso

Si la fiscalía decide volver a llevar el caso a juicio, el segundo proceso no necesariamente se parecería al primero. El debate inicial contó con más de 80 testigos y más de 300 elementos probatorios.

En esta nueva etapa, tanto la acusación como la defensa podrían evaluar qué estrategias funcionaron y cuáles no, a fin de ajustar sus presentaciones.

A su vez, podrán formular planteos procesales y reabrir las discusiones sobre los testigos y las pruebas que serán admitidos.

La defensa podría intentar impedir la declaración de expertos de la acusación, entre ellos el psiquiatra Dr. Avram Mack, quien testificó sobre el estado mental de Clancy, consignó CNN.

Asimismo, surge la posibilidad de solicitar el traslado del caso a otra jurisdicción dentro del estado.

Para ello, podría invocarse el arresto de una simpatizante de Clancy, acusada de filmar a miembros del jurado en el estacionamiento del tribunal. Ese episodio podría utilizarse para cuestionar la imparcialidad de un futuro jurado o que podrían ser intimidados en el condado de Plymouth.

El tribunal ya fijó una audiencia para ordenar los próximos pasos

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, aseguró inicialmente que desea que el segundo juicio comience lo antes posible.

El juez Sullivan señaló que no estaba “seguro de que eso sea lo más conveniente”. Su intención es volver a juzgar el caso más adelante en el otoño, aunque aclaró que primero debe revisar el calendario del tribunal y su agenda propia.

Por su parte, según CNN, la fiscal a cargo informó que no estará en el estado durante las próximas dos semanas y no dio opiniones sobre la posible fecha del juicio más allá de ese lapso.

Por el momento, el magistrado ya convocó a una audiencia de seguimiento para el 29 de septiembre, indicó ABC News.

Hasta entonces, el expediente seguirá abierto y la presión recaerá sobre la fiscalía, que deberá definir cuál será su próximo paso.

Un enfermero del Hospital Zonal de Esquel, ubicado en la provincia de Chubut, fue condenado por el hurto de morfina. La Justicia le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación para ejercer su profesión.

El acusado fue identificado como Marcelo Gustavo Villarroel, hallado responsable por la sustracción de ampollas del opiáceo destinadas al servicio de guardia. Los magistrados ya habían declarado por unanimidad la responsabilidad penal del acusado como autor de hurto calificado en dos hechos en concurso real, y ahora fijaron la pena tras la audiencia de cesura.

La decisión fue dada a conocer por el tribunal mixto que intervino en el caso, integrado por los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino, junto con los vocales populares Emiliano García y Celestina Farías.

Al explicar el monto de la pena, el tribunal ponderó como agravante central la naturaleza de la morfina como medicamento opiáceo de disponibilidad restringida. Según se expuso durante el debate, las ampollas sustraídas formaban parte de la reserva hospitalaria destinada a situaciones de urgencia.

Ese elemento llevó a los jueces a concluir que la gravedad del caso excedió el valor económico del fármaco. Según explicaron, la capacidad de respuesta del servicio público de emergencias se vio afectada por la sustracción, pues se disminuyó la cantidad disponible de un insumo empleado para tratar cuadros de dolor agudo y otras intervenciones médicas en las que se necesita una administración controlada.

En ese marco, además de la prisión en suspenso, el tribunal dispuso las accesorias legales, el pago de las costas del proceso y una inhabilitación especial para ejercer como enfermero por el doble del tiempo de la condena. La fiscalía hizo especial hincapié en ese aspecto, ya que consideró que el acusado incurrió en el delito mientras se desempeñaba en funciones dentro del sistema público de salud.

Otro de los ejes que agravaron la situación de Villarroel fue el abuso de la función y de la confianza derivada de su tarea. Se destacó que el condenado tenía más de 30 años de trayectoria en el área de salud y un amplio conocimiento del funcionamiento interno de la guardia del hospital, ámbito que él mismo había definido como “su casa”.

Para el tribunal, esa experiencia no operó como un atenuante sino en sentido contrario. El enfermero conocía con precisión las rutinas, los lugares de guardado del estupefaciente y los momentos en que podía actuar en soledad, lo que facilitó la maniobra. También se remarcó que, por su condición de agente estatal, estaba alcanzado por obligaciones éticas y legales específicas, en particular las previstas por la Ley I Nº 231.

La condena se apoyó además en la reiteración de la conducta. El caso juzgado comprendió dos episodios ocurridos entre fines de 2024 y comienzos de 2025, cuando desaparecieron un total de siete ampollas de morfina de la caja de seguridad del establecimiento: cinco el 26 de diciembre de 2024 y dos el 5 de enero de 2025.

El hombre llegó incluso a revisar pertenencias de una compañera de trabajo para obtener las llaves del estante donde se guardaba la medicación. Para los jueces, esa conducta implicó una intromisión en la privacidad de otra trabajadora y mostró una decisión de superar los resguardos institucionales que se habían dispuesto para proteger el fármaco.

El esquema delictivo pudo reconstruirse a partir de registros de video, peritajes y otros indicios reunidos durante la investigación. Según la acusación, las filmaciones mostraron al enfermero abriendo la caja de seguridad en horas de la madrugada y cubriendo parcialmente la maniobra con su cuerpo. La defensa había cuestionado la validez de las filmaciones, pero ese planteo de nulidad fue descartado por los jueces.

Por otro lado, el imputado accedió a las llaves que los médicos guardaban en mochilas y casilleros dentro del sector de enfermería. A eso se sumó una pericia escopométrica que confirmó su identidad en los registros audiovisuales, además del hallazgo en su teléfono celular de la fotografía de una ampolla de morfina. También, tuvieron en cuenta que dejaron de faltar estupefaciente después de que Villarroel fue detenido.

Como circunstancia favorable al condenado, el tribunal solo contempló la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, ese elemento no alcanzó para neutralizar el peso de los agravantes expuestos por el Ministerio Público Fiscal y valorados en la sentencia.

En el barrio de Alto Verde, ubicado en Santa Fe, Darío Víctor Ruíz Díaz fue asesinado en noviembre de 2023 durante un ataque que ocurrió en plena vía pública cuando circulaba en moto. Por el homicidio, este martes, Williams Ricardo Ocampo recibió una condena que lo sentencia a 20 años de prisión.

Williams Ricardo Ocampo, un hombre de 21 años, recibió la pena al término de un juicio oral realizado en los tribunales santafesinos. El tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por la jueza Susana Luna y los jueces Héctor Aiello y Sergio Carraro, que lo condenaron por unanimidad como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Según la reconstrucción, el crimen fue cometido minutos después de las 22:00 del miércoles 15 de noviembre de 2023 en inmediaciones de la Manzana 5 de Alto Verde. En ese momento, Ruíz Díaz, de 20 años, circulaba en una moto conducida por otra persona cuando recibió un disparo.

La acusación sostuvo que Ocampo utilizó un arma calibre 9 milímetros y que efectuó el disparo a corta distancia. El proyectil impactó en el tórax de la víctima y le causó una herida de gravedad que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.

En primera instancia, el joven fue trasladado al centro de salud Demetrio Gómez. Más tarde, fue derivado por personal del Sies 107 al hospital José María Cullen de la capital provincial. Al ingresar al hospital, los médicos ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia. Luego de la operación, quedó internado en terapia intensiva, pero murió durante la mañana del jueves 16 de noviembre.

De acuerdo con la Fiscalía, vecinos del barrio señalaron a Ocampo como autor del ataque y comenzaron a generar disturbios frente a su vivienda. Ante la situación, personal policial intervino para resguardar su integridad física y trasladarlo a la Comisaría 24.

Durante ese procedimiento el joven manifestó ser el autor del homicidio. La fiscalía señaló: “Ruíz Díaz comenzó a llorar, manifestó ser el autor del homicidio y dijo que había tirado al río el arma de fuego utilizada para perpetrar el ataque”.

El debate oral concluyó este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la acusación estuvo a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. Además de haber encabezado la investigación desde el comienzo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación sostuvo en el juicio que la evidencia reunida durante la pesquisa permitía atribuirle a Ocampo la autoría del hecho.

Giavedoni sostuvo que la acusación logró demostrar la responsabilidad de Ocampo a partir del testimonio de vecinos, las actuaciones policiales realizadas tras el crimen y los elementos incorporados durante la pesquisa.

La defensa, a cargo del abogado Néstor Pereyra, pidió la absolución por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal avaló la hipótesis fiscal y resolvió condenar a Ocampo a 20 años de prisión efectiva.

La condena recayó sobre Ocampo como autor de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, una figura penal que fue sostenida por la parte acusadora a lo largo del proceso. Con la sentencia unánime, dictada por los jueces Luna, Aiello y Carraro, la causa quedó resuelta en esta instancia con una pena de 20 años de prisión.

Tras la audiencia, Giavedoni valoró la resolución y sostuvo que lo resuelto por los magistrados se ajustó al pedido de pena formulado por la Fiscalía. Con el fallo conocido este martes, la Justicia dio por acreditada la responsabilidad penal de Ocampo en un crimen ocurrido en noviembre de 2023 y cerró, en esta instancia, el juicio por el homicidio de Ruíz Díaz.

Tenía 24 años, era una de las voces más influyentes del rap y su muerte dejó una herida que, casi tres décadas después, la justicia todavía no cerró.

El caso nunca tuvo un sospechoso sentado frente a un juez. No hubo juicio, no hubo condena y no hubo respuestas para la familia de Wallace.

La investigación se hundió en escándalos internos, testigos que se negaron a cooperar y fricciones entre departamentos policiales que nunca lograron trabajar juntos.

El caso Biggie: testigos mudos, policías divididos y pruebas vencidas

El exfiscal Dmitry Gorin había sido directo al señalar las causas del fracaso. “Los detectives identificaron las pandillas, el motivo y los sospechosos desde temprano, pero no persiguieron con agresividad a esos sospechosos ni desarrollaron a los testigos reacios”, dijo, en palabras que Los Angeles Times recuperó ahora.

En 2017, Kevin McClure, exjefe de la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que supervisó el caso, resumió la situación al mismo medio con una frase que no dejó espacio para el optimismo. “El tirador probablemente está muerto. No puedes preguntarle quién lo contrató”, afirmó.

La familia de Wallace también demandó al LAPD por supuestas irregularidades en la investigación, un escándalo que agravó aún más la crisis de confianza en torno al caso.

La bala que mató a Wallace le perforó el hígado, el pulmón y el corazón. Murió en el Cedars-Sinai Medical Center poco después de la 1 a.m. Ningún responsable pisó un tribunal por su muerte.

Por qué Tupac sí llegó a juicio

El lunes, un jurado de Las Vegas deliberó pocas horas antes de declarar culpable a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años y exlíder de la pandilla Southside Crips-Burris Street de Compton, por haber orquestado la muerte de Shakur el 7 de septiembre de 1996.

Lo que hizo posible el juicio no fue una investigación impecable. Fue el propio Davis. A lo largo de los años, el acusado se incriminó en dos entrevistas policiales, en un documental y en su libro de memorias de 2019, Compton Street Legend, donde incluyó pasajes comprometedores.

La fiscalía construyó su caso casi por completo sobre las palabras del imputado.

En una grabación de 2008, Davis relató cómo su grupo reconoció el BMW en que viajaba Shakur cerca del Strip de Las Vegas y giró el auto para interceptarlo.

“Si hubiera estado de mi lado, yo hubiera disparado. Se lo di a Dre, y Dre dijo que no. Entonces Lane dijo: ‘Dámelo’”, se escuchó decir al acusado. La defensa argumentó que Davis había inventado esa historia para evitar una condena por narcotráfico. El jurado no lo creyó.

El exfiscal federal Neama Rahmani reconoció que la velocidad del veredicto fue “sorprendente”.

“Le doy crédito al fiscal del condado de Clark por llevar un caso de archivo tan difícil hasta el final, cuando todos los demás fiscales que lo evaluaron lo dejaron pasar”, sostuvo en declaraciones recogidas por el diario.

La diferencia que lo explica todo

El abogado penalista Mark Geragos identificó el factor clave que separó ambos casos. “Le dieron un pase libre cuando admitió bajo acuerdo de colaboración con los federales, pero hasta que escribió el libro, no podían usar sus declaraciones”, explicó sobre Davis.

Esa combinación —un acuerdo de inmunidad inicial, seguido de años de declaraciones públicas— terminó siendo la trampa que cerró el caso Shakur.

En el crimen de Wallace, nunca existió una figura equivalente. Nadie con conocimiento directo de los hechos habló de forma sostenida, pública y verificable. Sin ese hilo del que tirar, la investigación se fue apagando.

Gorin lo resumió de forma tajante: “Estas oportunidades perdidas permitieron que las pruebas envejecieran, que los testigos desaparecieran o murieran. Cuanto más viejo se vuelve el caso, más débil se vuelve”. El caso Biggie Smalls lleva casi 30 años probando esa premisa.

La cuarta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debía comenzar este miércoles a las 10.30. Sin embargo, a esa hora el músico todavía no había llegado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Finalmente apareció en auto, pasadas las 11, junto a su hermana y su abogado y fiel amigo Sebastián Queijeiro, quien desde que comenzó el debate lo pasa a buscar religiosamente por su domicilio para llevarlo hasta la sede judicial.

Álvarez bajó del coche con anteojos de sol, calzas, una camiseta de red y, una vez más, una remera gris con la inscripción “La gente manda” estampada como un grafiti. Para entonces, en la puerta ya lo esperaban su otro defensor, Javier Baños, y Rafael Herrera Milano, el médico psiquiatra convocado por la defensa commo perito de parte, que llevaba un informe de 31 páginas sobre el estado de salud del músico.

La audiencia comenzó finalmente a las 11.20, casi una hora después de lo previsto. Antes de avanzar, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, preguntó por la demora y pidió a los defensores que en las próximas jornadas procuraran llegar a horario para no retrasar el debate. Fue el primero de varios reproches que marcarían una audiencia cada vez más tensa.

Baños pidió entonces la palabra. La nueva defensa llevó una batería de planteos, pero el más fuerte apuntaba a volver a discutir si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio. Mientras el abogado desarrollaba sus argumentos, “Pity” se recostó contra una pared, cerró los ojos y, poco después, comenzó a roncar.

Goerner interrumpió la exposición. “Yo ya lo he dicho en audiencias anteriores: si no puede estar en condiciones adecuadas, lo invito a que se retire y quede representado por sus defensores”, señaló. Y advirtió: “No vamos a continuar en estas condiciones”.

Después del llamado de atención, el músico se reincorporó, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. De inmediato, su otro abogado, Sebastián Queijeiro, cambió de lugar y se sentó más cerca de él. No fue la última vez que Álvarez cerró los ojos durante la jornada.

Los planteos y la respuesta de la Fiscalía

La nueva defensa del músico sostuvo que las conductas observadas durante las primeras audiencias justificaban una nueva evaluación neuropsicológica. Para respaldar el pedido, presentó el informe elaborado por Herrera Milano y ofreció que el psiquiatra ingresara a la sala para explicar sus conclusiones. “En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, planteó Baños.

Los abogados también cuestionaron la competencia del TOC N°29, reclamaron que Álvarez sea juzgado por un jurado popular, pidieron suspender el proceso hasta que Casación resuelva un recurso pendiente. También objetaron las condiciones en las que declararon dos testigos durante las jornadas anteriores.

Cuando llegó su turno, el fiscal Sandro Abraldes dejó en claro desde el comienzo que su lectura era completamente distinta. “Es claro que ‘Pity’ y su defensa no quieren este juicio”, lanzó. Y apuntó directamente contra lo que había ocurrido en la mañana: “Si quiere dormir, comer facturas o hacer un show de fotografía, esta sala de audiencias no es el lugar”.

La tensión aumentó cuando Abraldes habló de un “intento sobreactuado del imputado y su defensor” y contrapuso la imagen de Álvarez dentro de la sala con un video que el músico había publicado apenas once horas antes en sus redes sociales. Allí aparecía despierto, cantando y hablando sobre la suspensión de sus próximos shows. “Ahí no se hace el dormido”, disparó el fiscal.

En ese contexto, la Fiscalía pidió rechazar todos los planteos. La querella, representada durante la jornada por Fabián Améndola, adhirió a esa postura.

Un revés y una salida anticipada

El tribunal también dijo que no. Rechazó los planteos de la nueva defensa, incluido el reclamo por un juicio por jurados y el pedido de volver a evaluar la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso.

Goerner recordó que esa última cuestión ya había sido resuelta antes del comienzo del debate y consideró que la conducta del músico durante las audiencias no constituía un hecho nuevo. También descartó escuchar a Herrera Milano y ordenar los nuevos estudios solicitados.

Mientras el presidente del tribunal explicaba la decisión, “Pity” volvió a cerrar los ojos por momentos.

Después hubo un cuarto intermedio de veinte minutos. Cuando se habilitó el ingreso a la sala, el músico ya no volvió a ocupar su lugar junto a los abogados. Permaneció de pie en el sector de las butacas, acompañado por su hermana y su manager, Santiago Ruiz, con un café en la mano.

A las 13.40, previo a que se anunciaran los testigos previstos para la jornada, Queijeiro pidió interrumpir la audiencia argumentando que estaban por cumplirse las tres horas de permanencia de Álvarez en el debate. Finalmente, se resolvió que el músico podía retirarse y quedar representado por sus abogados.

Antes de salir, volcó unas gotas del café que tenía en la mano y agradeció al presidente del tribunal. Mientras se encaminaba hacia la puerta, algunos periodistas le advirtieron sobre un cable que había en el piso. “Sí, sí, lo vi”, respondió. El juicio continuó sin él.

Cuatro policías y el final de la audiencia

Durante el último tramo declararon cuatro policías que intervinieron en las primeras actuaciones y en la investigación posterior al homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. Los testimonios recorrieron la llegada de los primeros móviles al barrio Samoré, el hallazgo de un arma en una alcantarilla y la búsqueda posterior de Álvarez.

El último fue Lisandro Suazo, entonces integrante de la División Homicidios, quien contó que los investigadores analizaron cámaras y siguieron el recorrido de un Polo verde atribuido al músico, reconocible por una luz defectuosa. También recordó los intentos por encontrarlo durante aquellas horas: “Recorrimos muchos lugares, pero no dimos con él”.

Álvarez terminó presentándose posteriormente ante las autoridades.

Tras la audiencia, en diálogo con Infobae, Sebastián Queijeiro adelantó que evaluarán los próximos pasos a medida que avance el debate.

Además insistió en que la capacidad de Álvarez para cantar o mantener determinados intercambios no contradice el planteo sobre su estado mental. Para explicarlo utilizó una comparación: “Un menor puede realizar diferentes tipos de actos, puede cantar, puede hablar, puede entender. Pero no puede entender, por ejemplo, la criminalidad del acto. Cristian es como un nene chiquito, más complicado todavía”, sostuvo. Y agregó que el músico puede cantar porque lo hace “en modo automático”, ya que es una actividad que realiza desde hace décadas.

La próxima audiencia será el miércoles 2 de septiembre a las 10.

El asesinato de Tupac Shakur fue uno de los crímenes sin resolver más notorios de la historia de la música.

Nadie fue imputado por el crimen hasta que las propias palabras de Duane “Keffe D” Davis —volcadas en entrevistas, grabaciones y una autobiografía— reactivaron la investigación y lo convirtieron en el único acusado.

Su defensor tomó la palabra al día siguiente del veredicto. “Incluso antes de que llegara el primer grupo de jurados para la selección, sabíamos que iba a ser un tema de apelación”, declaró el abogado Michael Sanft ante NBC News.

La apelación girará en torno a un acuerdo de inmunidad parcial de 2008

El eje central del recurso será la decisión del juez de admitir como prueba las declaraciones que Davis hizo a investigadores federales en 2008 bajo un acuerdo de proffer , un pacto de inmunidad parcial que le permitía hablar con franqueza sobre lo que hizo o presenció esa noche sin enfrentar cargos por ello.

La defensa había intentado, sin éxito, excluir esas declaraciones antes del juicio. Sanft aseguró que las consideraban “altamente perjudiciales”.

Davis firmó el acuerdo en el marco de una investigación federal sobre el asesinato de Christopher Wallace, el rapero conocido como Notorious B.I.G. Durante esas conversaciones, aportó información sobre la muerte de Shakur.

Los fiscales usaron esas mismas palabras de Davis como pieza central de su acusación. En el juicio, reprodujeron grabaciones de sus declaraciones a investigadores y señalaron relatos que él mismo ofreció en entrevistas posteriores y en su autobiografía de 2019, Compton Street Legend.

El veredicto unánime llegó en una tarde y sorprendió a la defensa

La velocidad del jurado desconcertó a Sanft. “Para que un jurado regrese dos horas y media después de que se les entregó el caso... ya habían tomado su decisión”, declaró al medio. El abogado esperaba que los jurados, al menos, pasaran la noche analizando las pruebas.

Davis no fue acusado de disparar personalmente contra Shakur. Los fiscales argumentaron que proveyó el arma y organizó el ataque. Bajo la ley de Nevada, quien ayuda o facilita un asesinato puede ser considerado penalmente responsable de la muerte.

La acusación retrató a Davis como un shotcaller —figura de autoridad— de los South Side Compton Crips, una pandilla de California.

Tal como sostuvieron los fiscales, Davis orquestó el ataque contra Shakur después de que este y otros hombres golpearon a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el interior del MGM Grand esa misma noche.

El 7 de septiembre de 1996, Shakur viajaba en un BMW conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador del sello Death Row Records, cerca de Las Vegas Strip, cuando un Cadillac blanco se acercó y alguien desde su interior abrió fuego.

El rapero, de 25 años, recibió varios impactos y murió seis días después. Knight sobrevivió.

La sentencia está fijada para el 13 de octubre

Davis enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia fue programada para el 13 de octubre.

La defensa pedirá la pena mínima, aunque Sanft reconoció que cualquier condena puede equivaler, en la práctica, a cadena perpetua.

“El señor Davis tiene más de 60 años. En este punto, cualquier sentencia es potencialmente una sentencia de por vida”, aseguró el abogado ante NBC News.

El abogado mantuvo durante el proceso que Davis no estaba en el vehículo ni en Las Vegas esa noche, pero el jurado rechazó ese argumento por unanimidad.

Davis es el único sobreviviente conocido de quienes, según la investigación, iban en ese Cadillac al momento del tiroteo.

Sanft caracterizó la condena como una etapa, no como el final. “Entendemos que hay un juego largo aquí. Esta no es la última escena de la película, sino solo una fase”, tal como dijo el abogado al medio.

“No fue algo que ocurrió, fue diseño deliberado”: Sheinbaum

La mandataria explicó que el caso judicial contra la empresa de Mark Zuckerberg ya tuvo una resolución, en la que Meta reconoció que el diseño de sus plataformas para generar adicción no fue accidental, sino deliberado, y que esa adicción derivó en mensajes negativos para niñas, niños y jóvenes.

Según detalló la presidenta, la resolución obliga a la empresa a pagar un monto económico importante y, sobre todo, a definir una serie de regulaciones específicas para el uso de sus plataformas por parte de menores de edad.

De acuerdo con información verificada, el juicio se resolvió apenas la semana pasada: Meta aceptó pagar más de 17 mil millones de dólares para cerrar la demanda presentada por 29 fiscales estatales de Estados Unidos, quienes acusaron a la compañía de diseñar intencionalmente funciones —como el desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones— para generar un uso compulsivo entre menores, además de recopilar datos de niños sin el consentimiento de sus padres. Como parte del acuerdo, Instagram y Facebook limitarán a dos horas diarias el uso de menores de edad, con bloqueo de acceso entre la medianoche y las 6:00 horas, salvo que los padres amplíen ese límite.

El “scrolling” y la preocupación de Sheinbaum con los estudiantes

Antes de mencionar el caso Meta, la presidenta sostuvo un intercambio directo con los alumnos de la secundaria sobre sus hábitos digitales. Les preguntó cuántas horas al día pasan en el celular y si les ha ocurrido que, al entrar a una red social y comenzar a hacer scrolling, “ya no quieren hacer otra cosa” más que seguir viendo la pantalla.

Sheinbaum fue clara sobre su preocupación: no quiere que niñas, niños y adolescentes sustituyan el juego, la lectura o el estudio por pasar el día “metidos en el celular”. Como contraste, promovió entre los estudiantes el regreso a juegos tradicionales como el resorte y el yoyo.

Delgado: 81% de maestros pide reglas para el uso de celulares

El secretario de Educación, Mario Delgado, respaldó el planteamiento presidencial con datos de una consulta nacional a maestros realizada la semana pasada, en la que participaron 565,396 docentes de todo el país.

Entre los hallazgos que presentó:

• 81% de los maestros está a favor de establecer reglas para un uso seguro del celular con fines pedagógicos
• Casi 40% de los estudiantes lleva celular al salón; 24%, reloj inteligente
• 48% de los maestros detecta que el celular dificulta mantener la atención en clase
• 38% señala que interrumpe las actividades escolares
• 34% identifica que por el celular los alumnos abandonan la convivencia
• Cerca de 39% ha detectado que conflictos generados en redes sociales se trasladan al salón de clases

Delgado informó que estos resultados ya se presentaron parcialmente ante autoridades educativas de todo el país durante una sesión conjunta, y que esta semana continuarán definiendo los lineamientos que regirán el uso de celulares en las aulas a nivel nacional.

Maestros y padres, parte de la definición

Sheinbaum insistió en que la regulación no será impuesta unilateralmente por el Gobierno federal, sino que se construirá con la participación de maestras, maestros, padres de familia y los propios estudiantes. Adelantó que, por lo pronto, 81% de los docentes coincide en que los celulares no deberían usarse durante horario de clases ni en el recreo, al menos dentro del espacio escolar, mientras se define la regulación definitiva en la próxima reunión de la Comisión de secretarios de Educación Pública del país.

El juicio por el crimen de Tupac Shakur entró en una etapa decisiva en Las Vegas, donde este lunes comenzaron los alegatos finales contra Duane “Keffe D” Davis, el único acusado por el asesinato del rapero en 1996.

ABC News informó que la fiscalía sostiene que el imputado admitió varias veces su papel en el ataque, mientras la defensa asegura que esas declaraciones fueron falsas.

La causa deja al jurado ante una definición clave. Debe establecer si Duane Davis dijo la verdad cuando relató su supuesta participación en el homicidio o si inventó esa historia para obtener dinero y notoriedad.

Davis se declaró inocente y enfrenta una posible pena de cadena perpetua si resulta condenado, afirmó ABC News.

Qué sostiene la acusación

Los fiscales aseguraron que Davis no disparó, pero lo ubicaron como el hombre que ordenó el ataque y facilitó el arma usada en el tiroteo.

La acusación lo presentó como un referente de una pandilla de Compton y como la persona que impulsó la represalia después de una pelea previa en el hotel MGM Grand.

ABC News detalló que la fiscalía atribuye el móvil a una venganza por la golpiza que Tupac Shakur y otras personas le dieron a Orlando Anderson, sobrino de Davis, pocas horas antes del ataque. Ese episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y ocupa un lugar central en la reconstrucción del caso.

Durante el juicio, los fiscales apoyaron buena parte de su exposición en entrevistas policiales, declaraciones públicas y pasajes del libro autobiográfico de Davis.

En esos materiales, el acusado describió que él y su grupo se cruzaron con el auto en el que viajaban Shakur y Marion “Suge” Knight y abrieron fuego desde un Cadillac blanco.

Ante el jurado también apareció una frase en la que Davis dijo que el grupo “tuvo suerte” y se encontró con sus objetivos esa noche.

En otra declaración, recogida por ABC News, afirmó que su sobrino pidió el arma y comenzó a disparar.

La estrategia de la defensa

La defensa intentó desarmar ese eje con un planteo directo. El abogado de Davis sostuvo que todas esas confesiones fueron inventadas. También afirmó que la policía construyó el caso sobre los dichos de un hombre propenso a exagerar y necesitado de atención pública.

El letrado remarcó ante el jurado que no existe una prueba material que ubique a Davis dentro del vehículo desde el que partieron los disparos. También cuestionó la solidez de los documentos presentados por la fiscalía para demostrar que el acusado estuvo en la ciudad la noche del crimen.

Entre esos elementos aparece un comprobante de un casino del hotel Monte Carlo hallado en un allanamiento de 1996.

La acusación lo mostró como una pieza que respalda el relato de Davis sobre su presencia en la ciudad. La defensa replicó que ese papel no permite establecer con claridad la fecha a la que corresponde, aseguró ABC News.

Un caso marcado por el tiempo y el silencio

La investigación arrastra problemas que exceden la disputa entre fiscales y defensores. El paso de los años deterioró recuerdos, redujo la cantidad de testigos disponibles y dejó un expediente con vacíos difíciles de cubrir.

Un detective declaró que miles de armas fueron analizadas sin encontrar coincidencias con las vainas recuperadas en la escena del crimen, tal y como reprodujo ABC News.

A ese cuadro se sumó el llamado “código de la calle”, al que varios testigos aludieron durante el juicio para explicar por qué nadie quiso colaborar con la policía. Uno de ellos dejó una frase contundente ante el tribunal: “No quiero mandarlo a prisión”, dijo sobre Davis, pese a reconocer que no mantenía una buena relación con él.

La coordinación entre agencias policiales también quedó bajo cuestionamiento. Un testimonio indicó que cuando Davis habló con investigadores en 2008 bajo una promesa de inmunidad, las autoridades del caso no recibieron esa información a tiempo.

Ese desorden demoró el avance judicial y alimentó dudas sobre el manejo del expediente.

El jurado deberá resolver ahora si los relatos del acusado fueron una ficción o la base más firme que tiene la fiscalía para probar el asesinato de Tupac Shakur.

La definición llegará con un expediente que todavía combina declaraciones explosivas, escasa evidencia material y preguntas sin respuesta.

Meta alcanzó un acuerdode 18.000 millones de dólares para cerrar el mayor proceso judicial en su contra por daños a menores en redes sociales, pero el pacto no contempla ninguna indemnización directa para las familias que sufrieron las consecuencias.

La decisión de la compañía, matriz de Facebook e Instagram, evitó un juicio público que podría haber expuesto información interna sobre el funcionamiento de sus algoritmos y la gestión de riesgos para menores, pero dejó sin compensación económica a quienes denunciaron daños reales y documentados.

La noticia marca un hito en la historia de la regulación tecnológica en Estados Unidos y reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los daños causados por sus sistemas adictivos y la falta de controles efectivos para proteger a niños y adolescentes.

Cómo Meta consiguió limitar el impacto judicial

Meta optó por un acuerdo rápido y estratégico, aceptando el pago de una suma millonaria y la implementación de reformas técnicas, solo en Estados Unidos, para evitar un litigio prolongado y la publicación de documentos sensibles.

Aunque la cantidad parece elevada, representa una fracción de los 200.000 millones de dólares inicialmente reclamados por los demandantes y se pagará en cuotas a lo largo de diez años, con parte del monto condicionada a que otras plataformas adopten restricciones similares.

La empresa también consiguió que el acuerdo no implique cambios globales en sus productos y que los fondos vayan a los estados para programas de seguridad digital, no a las familias afectadas. Al evitar el juicio, Meta protegió su modelo de negocio y eludió la posibilidad de precedentes legales que pudieran replicarse a nivel internacional.

Qué reciben (y qué pierden) las familias de las víctimas

El acuerdo deja varias cuestiones insatisfechas para quienes sufrieron los mayores daños:

• Sin indemnización directa: Ninguna parte del dinero pactado será destinada a compensar individualmente a las víctimas. Todo irá a fondos estatales para iniciativas generales, sin mecanismos de reparación personal para quienes enfrentaron depresión, acoso o pérdidas ligadas al uso de las plataformas.
• Reconocimiento limitado: Aunque las demandas y testimonios demostraron el impacto negativo de los algoritmos adictivos sobre los menores, el acuerdo evitó una sentencia judicial formal que reconociera la responsabilidad de Meta de manera individualizada. No hubo cierre judicial pleno ni reparación simbólica suficiente.
• Medidas preventivas, pero con límites: Las reformas técnicas impuestas solo aplican a Estados Unidos y pueden ser sorteadas por los propios usuarios. No benefician a quienes ya han experimentado daños.
• Persisten litigios individuales: El acuerdo multiestatal no cierra las puertas a demandas individuales, pero estos procesos suelen ser largos, complejos y con resultados inciertos.

Cuáles son las obligaciones de Meta tras el acuerdo

El pacto establece obligaciones específicas para Meta en sus plataformas estadounidenses:

• Límites diarios de uso de dos horas para menores, con posibilidad de desactivación solo por padres o tutores.
• Bloqueo de actividad nocturna y de notificaciones entre las 22:00 y las 7:00 h.
• Ocultamiento de “me gusta” y reacciones en cuentas de menores.
• Prohibición de filtros cosméticos y fortalecimiento de la verificación de edad.
• Mejora del mecanismo de denuncia y respuesta rápida a reportes de contenido dañino.

Aunque estas medidas buscan prevenir futuros daños, expertos y víctimas insisten en que no representan un rediseño estructural ni una solución global para el problema.

El caso Kaley: un precedente para la industria

A pesar del acuerdo, Meta sigue enfrentando demandas individuales, como el caso emblemático de Kaley, una joven de California cuya adicción a las redes sociales derivó en graves problemas de salud mental.

En su juicio, un jurado determinó que Meta y Google actuaron con “malicia, opresión o fraude” y otorgó una indemnización de seis millones de dólares a la víctima, sentando un precedente legal sobre la responsabilidad de las plataformas por daños psicológicos en menores.

El caso Kaley simboliza la rendición de cuentas de la industria y refuerza el debate sobre el diseño adictivo de las redes sociales y la protección de los adolescentes.

El acuerdo de 18.000 millones de Meta representa un reconocimiento implícito del daño, pero prioriza la estabilidad jurídica y financiera de la empresa sobre la reparación plena a las víctimas. El pacto limita el daño reputacional, evita precedentes legales y transforma un desafío judicial de alto riesgo en un coste controlado.

Las familias afectadas, sin embargo, siguen esperando justicia y una reparación a la altura del daño sufrido, mientras la industria digital enfrenta la presión de cambiar su modelo antes de que nuevas demandas obliguen a una transformación más profunda.

El tribunal del condado de Plymouth, en Massachusetts, atraviesa la etapa final del juicio contra Lindsay Clancy, una enfermera de 36 años acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en enero de 2023, en su casa de Duxbury.

Clancy quedó con parálisis permanente después de arrojarse por una ventana del segundo piso tras los hechos y comparece ante el juez William Sullivan en silla de ruedas. En el proceso, la discusión central no pasa por la autoría material de las muertes, sino por su estado mental al momento del crimen y por si podía comprender la criminalidad de sus actos.

La acusación, homicidio en primer grado con premeditación

La fiscalía del condado de Plymouth, encabezada por Shanan Buckingham, sostiene que Clancy actuó con premeditación y que entendía la gravedad y la ilicitud de lo que hacía. Según esa hipótesis, la acusada organizó una secuencia de acciones para quedarse sola con sus hijos y ejecutar los ataques sin interferencias.

Entre los elementos expuestos por la acusación figura que Clancy envió a su entonces esposo, Patrick Clancy, a hacer compras fuera de la casa. Para los fiscales, ese dato resulta relevante porque mostraría planificación previa. A eso se suma que, horas antes de los asesinatos, había compartido actividades cotidianas con los niños, como jugar en la nieve y llevarlos al médico.

La fiscalía sostiene que ese comportamiento evidencia un grado de organización incompatible con una ruptura total con la realidad. Si el jurado adopta esa interpretación, el caso quedaría encuadrado como asesinato en primer grado, el cargo más grave que enfrenta que exige probar que hubo intención de matar y planificación previa.

La defensa, inimputabilidad por presunta psicosis posparto

La defensa, a cargo del abogado Kevin Reddington, apunta a demostrar que Clancy no era penalmente responsable por sus actos debido a un cuadro severo de psicosis posparto asociado, según su planteo, a un trastorno bipolar.

De acuerdo con reportes de Associated Press, los abogados sostuvieron que la acusada atravesaba una desconexión profunda de la realidad tras el nacimiento de su hijo menor. Para reforzar esa postura, presentaron parte del historial clínico de los meses previos al crimen.

Entre los elementos incorporados al debate aparecen consultas médicas en varios centros de salud, la prescripción de más de una docena de medicamentos psiquiátricos y una internación voluntaria pocos días antes de los hechos. La estrategia defensiva busca demostrar que ese recorrido reflejaba un deterioro mental severo y que la red de atención no logró contener la crisis.

La prueba central, el choque entre peritos psiquiátricos

El corazón del juicio quedó en manos de los especialistas convocados por cada parte. El psiquiatra forense Phillip Resnick, citado por la defensa, declaró que Clancy actuó bajo “alucinaciones de mandato” e ideas delirantes, con la creencia de que sus hijos estarían mejor muertos.

A esa línea se sumó el testimonio de la capellana hospitalaria Sheila Cavanaugh, quien declaró que la acusada le habló de una voz masculina que le ordenaba cometer el crimen. Esa afirmación se convirtió en una de las piezas más sensibles del proceso, porque refuerza la tesis de una ruptura con la realidad en el momento del ataque.

La fiscalía presentó una lectura distinta. El psiquiatra forense Avram Mack afirmó que Clancy presentaba depresión mayor y ansiedad, pero que conservaba la capacidad legal para comprender la inmoralidad de su conducta. En la misma línea, la psiquiatra tratante Jennifer Tufts declaró que en las consultas previas no había detectado signos severos de manía o psicosis que anticiparan un riesgo inminente para la familia.

También tuvo peso el testimonio de Patrick Clancy, quien describió ante el jurado el deterioro de la salud mental de su esposa en las semanas previas al crimen, con pérdida marcada de peso, insomnio persistente y expresiones de desesperanza. Su relato quedó incorporado al debate sobre si ese deterioro anulaba o no su responsabilidad penal.

El desenlace, entre cadena perpetua o internación psiquiátrica indefinida

Tras los alegatos finales y las instrucciones del juez Sullivan, el jurado debe resolver entre tres escenarios posibles. El primero es un veredicto de culpabilidad, que implicaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado.

La segunda posibilidad es un fallo de no culpabilidad por falta de responsabilidad penal. En ese caso, Clancy sería derivada de forma inmediata a un hospital psiquiátrico estatal de alta seguridad, con internación indefinida y revisiones periódicas sobre su situación clínica y legal.

El tercer escenario es un jurado sin unanimidad, figura conocida en Estados Unidos como hung jury. Si eso ocurre, el juicio quedaría nulo y la fiscalía tendría que decidir si impulsa un nuevo proceso.

Fuera de la sala, el caso también empujó un debate público sobre la salud mental materna en Estados Unidos y sobre la atención de cuadros psiquiátricos en el posparto. El veredicto del tribunal de Plymouth definirá la situación judicial de Clancy y cerrará una etapa central de uno de los procesos más seguidos del país.

El Tribunal Oral Federal 5 convocó a todas las partes que intervienen en la causa Hotesur-Los Sauces a una audiencia preliminar para organizar el juicio que tendrá en el banquillo a Cristina Fernández, su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex contador arrepentido Víctor Manzanares.

El encuentro está previsto para el próximo 4 de septiembre en la Sala Auditorio o AMIA, y representa un paso clave para definir la fecha de inicio del debate oral. Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni citaron a defensores, escribanos, exfuncionarios y representantes del Ministerio Público Fiscal. Aunque no tienen obligación, los imputados tienen derecho a asistir a la audiencia.

La causa Hotesur-Los Sauces investiga presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, en el marco de supuestas maniobras para redirigir fondos obtenidos de la corrupción hacia la familia Kirchner a través de contratos inmobiliarios y hoteleros.

Por el momento, el avance del juicio oral depende de la finalización de la pericia contable que ordenó el TOF 5 para determinar si existió una simulación de alquileres entre las empresas de Báez y López y las firmas administradas por la familia Kirchner. La hipótesis es que esos contratos habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito.

El tribunal resolvió que el debate comenzaría cuando se complete ese informe, porque entendió que no sería oportuno iniciar el juicio sin disponer de la totalidad de las pruebas. Por su parte, el fiscal Diego Velazco recurrió a la Cámara de Casación para que ordene al tribunal establecer un cronograma de audiencias.

Velazco argumentó que la instrucción suplementaria está prácticamente cerrada, por lo que consideró viable avanzar en el proceso y permitir que las pruebas pendientes se completen durante el debate.

La pericia contable

El peritaje en cuestión es un estudio interdisciplinario a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, dependiente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El requerimiento dispuso comparar los contratos firmados por Néstor Kirchner, sus apoderados o su sucesión para la locación del hotel Los Sauces con los contratos celebrados con Hotesur S.A. respecto de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. El objetivo es establecer si los cánones locativos pactados podrían considerarse excesivos de acuerdo con las variables de mercado.

La pericia deberá informar si Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia recibieron alguna remuneración por las funciones prestadas en el directorio de Hotesur S.A.

A pedido de la defensa de Lázaro Báez, el tribunal sumó además un análisis contable de los contratos entre Valle Mitre y Hotesur S.A., con detalle de la modalidad del negocio.

Por su parte, los jueces pidieron el relevamiento de la cantidad de habitaciones, la ocupación anual, el valor promedio en dólares de la habitación, los servicios adicionales facturados, el personal anual y de temporada, las fechas de temporada alta y baja, el porcentaje de ocupación y los principales clientes por monto y porcentaje.

El análisis deberá extenderse a los balances del período 2009-2013 para determinar el valor promedio de la habitación en función de las ventas, la evolución de las utilidades y disponibilidades y si los resultados contables eran acordes con la actividad desarrollada.

También se ordenó un análisis contable y económico del proyecto turístico presentado por Leandro Báez respecto de Valle Mitre.

Las pruebas

La pesquisa por Hotesur-Los Sauces acumula una larga lista de pruebas que ya fueron admitidas por el tribunal para que formen parte del juicio.

Incluyen pedidos de informes a bancos sobre movimientos de fondos de cuentas pertenecientes o vinculadas a Néstor Kirchner y Austral Construcciones, y solicitudes de información a empresas transportadoras de caudales respecto de operaciones millonarias en dólares.

Además, se requirió información sobre consumos y pagos de servicios públicos y tasas municipales de inmuebles hoteleros en El Calafate, como el Hotel Alto Calafate y Las Dunas, para determinar el origen de los fondos y el flujo económico de esas propiedades.

En cuanto a la nómina de testigos, será definida junto con la fiscalía, la querella que representa la Unidad de Información Financiera y las defensas de los imputados. Los nombres serán luego comunicados oficialmente cuando se fije la fecha del debate oral.

Asimismo, el tribunal estableció la incorporación por lectura de piezas procesales, la actualización de antecedentes y estudios socioambientales de los imputados y el pedido de documentación a juzgados federales por causas conexas.

Los imputados

Los imputados que deberán comparecer en este juicio son Cristina Elisabet Fernández -expresidenta y exvicepresidenta, acusada como presunta jefa de una asociación ilícita-, Máximo Carlos Kirchner -exdirector de Hotesur y Los Sauces-, Romina de los Ángeles Mercado -sobrina de Fernández y expresidenta de Hotesur S.A.- y Patricio Pereyra Arandia -esposo de Mercado y directivo de la compañía-.

También Lázaro Antonio Báez -dueño de Austral Construcciones-, Osvaldo “Bochi” Sanfelice -expresidente y administrador de Hotesur-, Víctor Alejandro Manzanares -contador histórico de la familia-, Ricardo Leandro Albornoz -escribano-, Martín Antonio Báez -hijo de Lázaro Báez y directivo- y Julio Enrique Mendoza -presidente y firmante en Austral Construcciones-.

El listado se completa con César Gerardo Andrés -contador del holding-, Adrián Esteban Berni -abogado y directivo de Valle Mitre S.A.-, Emilio Carlos Martín -directivo y accionista- y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz -empleados, apoderados o directivos menores-.

En la trama familiar, Florencia Kirchner figuró como accionista y directiva tras la muerte de su padre, pero la Cámara de Casación resolvió en 2023 excluirla del juicio oral y mantener su sobreseimiento, al considerar probado que no participó del armado inicial de la estructura investigada.

Según la acusación, Báez habría aportado fondos a través del gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones que no se utilizaban. En ese circuito, Martín Báez firmaba cheques y transferencias hacia cuentas vinculadas a los Kirchner, mientras Sanfelice articulaba contratos y la administración hotelera.

Un instante de desesperación en una calle de Fort Collins, Colorado, cambió para siempre el destino de Silvia Paola Sánchez-Hurtado. El pasado 11 de marzo, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron colocarle las esposas en cumplimiento de una orden de arresto por infracciones migratorias, la joven nicaragüense de 23 años reaccionó instintivamente: se resistió y mordió en el cuello a uno de los oficiales.

Meses después de aquel violento episodio, la calma tensa del tribunal federal reemplazó el caos de la detención. Ante el juez de distrito de los Estados Unidos, Gordon P. Gallagher, Silvia Paola admitió su responsabilidad y se declaró culpable formalmente del delito de agresión a un funcionario federal.

El caso, investigado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y procesado por la fiscal adjunta Elizabeth Tonkin, ha dejado a la joven al borde de una condena penal y con un pie fuera del país que un día buscó como refugio.

La firma del acuerdo de culpabilidad evitó un juicio prolongado, pero no canceló las consecuencias de sus actos. En el sistema judicial estadounidense, la agresión a un oficial federal en el desempeño de sus funciones constituye un delito grave.

La verdadera encrucijada: ¿Podría retornar a Nicaragua?

Mientras espera la audiencia de sentencia fijada para finales de este año, surge una interrogante inevitable sobre su futuro legal y personal: ¿qué ocurrirá con Silvia Paola tras declararse culpable? ¿Existe la posibilidad real de que sea deportada a Nicaragua?

La respuesta corta es sí: la probabilidad de que Silvia sea deportada a Nicaragua al finalizar su condena es extremadamente alta. En la legislación de migración estadounidense, la combinación de una falta migratoria previa con una condena por un delito con violencia coloca a cualquier ciudadano extranjero en una posición prácticamente indefendible.

Existen varios factores clave que definen su situación migratoria:

• Inadmisibilidad y deportabilidad: Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una condena por un delito grave o de “turpitud moral” —categoría en la que suele clasificarse la agresión a la autoridad— convierte a la persona en automáticamente deportable.
• Perdida de alivios migratorios: Al haber sido hallada culpable de un delito grave federal, Silvia Paola pierde el derecho a solicitar la mayoría de las formas de protección discrecional, como el asilo político, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la cancelación de la remoción.
• Orden final de remoción: Una vez que cumpla la pena de cárcel que le imponga el juez Gallagher, pasará inmediatamente a la custodia de ICE. Desde allí, las autoridades migratorias tramitarán su repatriación hacia Managua.

El peso del regreso en un contexto complejo

Para miles de jóvenes migrantes que salen de Nicaragua buscando mejores oportunidades en el norte, la deportación representa el fin dramático de un proyecto de vida. Volver a su país de origen tras haber cumplido condena en Estados Unidos implica enfrentarse a un doble estigma: el de ser deportada y el de cargar con un antecedente penal internacional.

El caso de Silvia Paola refleja la trágica espiral en la que caen muchos indocumentados al momento de un arresto. Lo que comenzó como un procedimiento administrativo por faltas migratorias se transformó, en cuestión de segundos, en un delito penal grave debido a la resistencia física.

A finales de este año, cuando el juez dictamine cuántos meses o años deberá pasar tras las rejas, Hurtado sabrá con certeza cuánto durará su encarcelamiento en suelo estadounidense. Pero la sentencia definitiva ya parece escrita en el ámbito migratorio: el final del camino penitenciario no conducirá a la libertad en Colorado, sino a un vuelo de regreso a la tierra que dejó atrás.

Con promesas de trabajo en el mundo de la moda, un hombre de 39 años abusó sexualmente de seis mujeres a las que convocaba en departamentos de la ciudad de Buenos Aires, donde montaba una fachada profesional y supuestos castings para concretar los ataques. La fiscalía pidió que el imputado vaya a juicio como autor del delito, una figura que prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión.

El requerimiento fue presentado por Lucio Herrera, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación ya reunió prueba suficiente para avanzar hacia la instancia oral.

La acusación describe una secuencia reiterada entre diciembre de 2024 y enero de 2026 en tres inmuebles de los barrios de Caballito, San Nicolás y Retiro. Según la fiscalía, el imputado captaba a las víctimas “bajo la apariencia de una actividad vinculada al modelaje” y las convocaba para medirlas con vistas a una incorporación laboral.

Una vez allí, les indicaba que quedaran en ropa interior y les efectuaba “reiterados tocamientos en los senos, glúteos y zonas genitales”, además de tomar fotografías en algunos casos. El hombre se aprovechó de la puesta en escena profesional para dificultar que las víctimas identificaran de inmediato la situación como un abuso.

El primer episodio habría ocurrió el 7 de diciembre de 2024 en un departamento de la calle Felipe Vallese al 800, en Caballito. Otro hecho fue ubicado por la pesquisa el 4 de octubre de 2025 en una vivienda de la calle Tucumán al 1500, en San Nicolás. Los otros cuatro casos habrían sucedido en noviembre y diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026 en un espacio alquilado por el imputado sobre la avenida Santa Fe al 1179, en Retiro.

Durante la investigación, la fiscalía incorporó testimonios de dos diseñadoras de moda, una de ellas con antecedentes de trabajo junto al acusado. Las dos explicaron que en ese tipo de tareas las modelos pueden permanecer en ropa interior o traje de baño, pero no desnudas. Sobre esa base, el juez sostuvo en una resolución de junio que el modo en que se habrían realizado las mediciones resultaba impropio de una práctica profesional.

En ese pronunciamiento, el magistrado afirmó que “el acusado tomó las medidas de una manera por demás inapropiada” y amplió el procesamiento con prisión preventiva, además de trabar un embargo por 10 millones de pesos.

La causa también sumó elementos sobre la estructura con la que se habría presentado el imputado. Según la información remitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la productora “Artemoda” no figuraba formalmente inscripta. A la vez, el acusado no aparecía registrado como productor, diseñador ni agente del rubro de la moda, sino como taxista.

Por otro lado, también se tuvo en cuenta los antecedentes del imputado. De acuerdo con la fiscalía, el 22 de noviembre de 2017 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso como autor de abuso sexual reiterado en dos oportunidades.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Herrera sostuvo que el acusado “se valió del contexto previamente generado—la convocatoria de mujeres jóvenes interesadas en incorporarse a una supuesta productora— para dotar a su conducta de una apariencia profesional y colocarlas en una situación en la que la confianza inicial, el desconocimiento acerca de la modalidad habitual de esas prácticas y la expectativa de obtener trabajo dificultaron que pudieran identificar inmediatamente el carácter abusivo de su accionar y reaccionar frente a él”.

Con el cierre de la instrucción, el juez resolvió elevar el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°13 de la Capital Federal, integrado por Adolfo Calvete, Enrique Gamboa y Diego Leif Guardia. La acusación en el debate oral quedará a cargo del fiscal general Aldo de la Fuente.

Instagram y Facebook modificarán la experiencia de usuarios menores de 18 años en Estados Unidos tras un acuerdo que cierra el mayor juicio contra Meta en el país. El pacto, firmado el 26 de agosto con 52 fiscales generales de estados, territorios y el Distrito de Columbia, obliga a Meta a pagar hasta USD 18.000 millones en cuotas anuales durante 10 años e imponer restricciones predeterminadas en ambas plataformas.

Meta antes ofrecía herramientas de seguridad optativas. Los resultados fueron bajos: en el juicio en California, el fiscal de Colorado interrogó al director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, sobre “Tómate un descanso”: solo el 1,8% de los adolescentes la usó. Mosseri admitió: “He dicho públicamente que las tasas de adopción voluntaria son bajas”.

El acuerdo exige que las nuevas restricciones sean el ajuste por defecto y requieran autorización adulta para desactivarse.

Límite diario de dos horas de uso

Según el comunicado oficial de Meta, los adolescentes tendrán un tope de dos horas diarias de uso acumulado entre Instagram y Facebook. El contador es unificado: suma el tiempo en ambas aplicaciones, incluso si el menor tiene varias cuentas activas, ya que el sistema está diseñado para detectarlas.

Este límite no puede desactivarse sin la intervención de un padre o tutor. Es la única restricción que los adolescentes no pueden modificar por cuenta propia bajo ninguna circunstancia.

Si TikTok y YouTube adoptan restricciones equivalentes, el tope diario se reduciría automáticamente a una hora por aplicación, según la misma fuente. Esa cláusula convierte la adhesión de los competidores en una condición con efecto directo sobre los propios usuarios de Meta.

Modo nocturno con bloqueo total entre las 0:00 y las 6:00

El “modo nocturno” impedirá a los adolescentes publicar y acceder al feed, las historias, la sección Explorar y los Reels durante la franja de medianoche a las 6:00, de acuerdo con el comunicado

El bloqueo no es una advertencia ni una sugerencia: es un cierre de acceso a esas funciones. Los mensajes directos quedan excluidos de esta restricción, para que los adolescentes puedan mantener contacto con amigos y familiares.

Esta función arranca con un compromiso de cinco años. Si TikTok y YouTube se adhieren al acuerdo, el plazo se extiende a diez años y el horario de bloqueo se amplía al tramo de las 22:00 a las 7:00.

Modo escolar con notificaciones silenciadas

De lunes a viernes, durante el horario escolar, todas las notificaciones quedarán silenciadas por defecto entre las 8:00 y las 15:00, según Meta. Las únicas excepciones son los mensajes directos y las alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta.

A diferencia del modo nocturno, el modo escolar no bloquea el acceso a la aplicación: solo elimina las notificaciones push que interrumpen la atención durante las horas de clase.

Esta medida aplica durante el período lectivo y tiene una vigencia comprometida de 10 años desde la firma del acuerdo.

Avisos cada 15 minutos para interrumpir el uso automático

Cada 15 minutos de uso continuo, la aplicación mostrará un aviso en pantalla. Los mismos avisos se repetirán cuando el tiempo de uso diario acumulado alcance los 60 y los 90 minutos, de acuerdo con el comunicado oficial de la empresa.

Meta describió el objetivo de estas interrupciones como “fomentar un uso intencional”. La lógica es detener el scroll automático con una pausa que obligue al usuario a tomar una decisión consciente sobre si continuar o no.

Control sobre el feed algorítmico

Por primera vez, los adolescentes podrán elegir un feed no personalizado, es decir, uno que no esté ordenado ni filtrado por el sistema de recomendación de Meta, según el comunicado oficial de la empresa.

La plataforma recordará periódicamente a los usuarios que esa opción existe. Los padres supervisores, además, podrán establecerla como ajuste fijo de la cuenta, de modo que el adolescente no pueda revertirla sin autorización.

Esta medida no existía antes del acuerdo. Hasta ahora, el feed algorítmico era la única experiencia disponible para todos los usuarios, sin distinción de edad.

Autoplay desactivable por decisión propia

El “autoplay” —la reproducción automática de contenido— también podrá desactivarse. Con esa opción activa, el adolescente deberá hacer un gesto deliberado —deslizar o tocar la pantalla— para pasar al siguiente contenido.

Hasta la firma del acuerdo, esa función no tenía un interruptor disponible para ningún usuario. Los padres supervisores podrán, además, fijar esa desactivación como ajuste permanente de la cuenta.

Conteo de “me gusta” oculto por defecto

El número de “me gusta” y reacciones dejará de mostrarse de forma predeterminada, tanto en las publicaciones propias como en las ajenas, de acuerdo con el comunicado de Meta.

La medida apunta directamente a la comparación social. La visibilidad del conteo de reacciones es uno de los mecanismos que los investigadores vinculan con la ansiedad y la baja autoestima en adolescentes. Un padre supervisor podrá reactivar esa función, pero el ajuste de fábrica será la ausencia del contador.

Bloqueo de filtros de cirugía estética y maquillaje extremo

Meta ya tenía una política que bloqueaba a los menores el acceso a filtros que simulan cirugía estética. El acuerdo la amplía: quedan vetados también los filtros de maquillaje extremo, según el comunicado oficial.

El objetivo es reducir la exposición a estándares de apariencia irreales. Ambos tipos de filtros quedan bloqueados por defecto y no pueden activarse desde la cuenta del adolescente.

Verificación de edad con tecnología reforzada

Meta deberá invertir en tecnología más avanzada para detectar de forma proactiva cuentas que puedan pertenecer a menores de 13 años y retirarlas de las plataformas, según el comunicado oficial de la empresa.

El sistema también apuntará a identificar usuarios de entre 13 y 17 años que hayan declarado una fecha de nacimiento falsa para acceder a cuentas sin restricciones, y reubicarlos en la experiencia diseñada para adolescentes.

Meta señaló además que impulsará legislación para que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y obtengan aprobación parental antes de que un adolescente descargue una app. Un auditor independiente certificará estos sistemas cada año durante cinco años.

Restricciones de contenido apropiado para la edad

Por defecto, los adolescentes quedarán ubicados en una configuración de contenido “13+”, con criterios inspirados en las clasificaciones de películas y en la retroalimentación de padres, de acuerdo con el nuevo aviso.

Meta mantendrá además la restricción de que los menores no puedan seguir ni interactuar con cuentas que la plataforma considere inapropiadas para su edad. La empresa se comprometió a mejorar de forma continua estos sistemas de filtrado.

Protección reforzada contra el contacto no deseado de adultos

Las cuentas de adolescentes continuarán siendo privadas por defecto en Instagram y con configuración privada en Facebook. El acuerdo va más lejos: Meta reforzará sus mecanismos para que los adultos considerados potencialmente sospechosos no puedan encontrar, seguir ni contactar a menores, según el comunicado oficial.

La empresa no detalló los mecanismos técnicos exactos de esa restricción ampliada, pero el compromiso forma parte de los términos del acuerdo con los fiscales generales.

Nuevo sistema de reporte y respuesta en menos de seis horas

Los adolescentes contarán con una vía renovada para reportar contenido que les preocupe, y Meta se comprometió a responder al 90% de esos reportes en menos de seis horas, según informó The New York Times.

El comunicado oficial agrega que la empresa evaluará de forma periódica con qué frecuencia los adolescentes se exponen a experiencias potencialmente dañinas, con revisión basada en investigación y asesoramiento de expertos externos. Es una obligación de monitoreo continuo, no solo reactiva.

Control parental ampliado con alertas en tiempo real

El acuerdo refuerza las herramientas de supervisión parental con un nivel de detalle inédito. Según el comunicado de Meta, el adulto designado como supervisor recibirá notificaciones cuando el adolescente vincule una cuenta secundaria, cuando interactúe con cuentas consideradas potencialmente sospechosas y cuando intente modificar alguno de los ajustes de protección.

Los supervisores también recibirán actualizaciones periódicas sobre el tiempo de uso del menor y los cambios que este intente realizar en su configuración. Todos estos controles requieren el acuerdo de ambas partes —adulto y adolescente— para activarse.

Hace más de un año, un choque frontal sobre la Ruta Nacional N°40 causó la muerte de Nicolás Echeveste de 40 años y de su hijo Samuel, de 4 años. La causa entró a una nueva etapa y el conductor, acusado de haber invadido el carril contrario por la Fiscalía de Neuquén, irá a juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2025, cerca de las 19.00, cuando el conductor de la camioneta, identificado como J.G., circulaba desde Villa La Angostura hacia Bariloche e invadió el carril contrario. La maniobra derivó en un impacto frontal contra un Renault Logan que avanzaba en sentido opuesto. Como resultado, murieron el hombre y su hijo menor, mientras que otros ocupantes del auto sufrieron lesiones de gravedad.

La figura penal atribuida al acusado es la de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas y, en ambos casos, por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Esa calificación ya había sido fijada al inicio del proceso y luego fue confirmada en la instancia de control de acusación.

La reconstrucción principal del episodio se apoya en una pericia accidentológica de Gendarmería Nacional, que ubicó la invasión de carril en la secuencia central del caso. Esa prueba fue uno de los elementos clave presentados por el Ministerio Público Fiscal para sostener la teoría de una conducción imprudente. La Fiscalía impulsó la elevación a juicio con la adhesión de las querellas particulares.

Durante la audiencia de control de acusación y prueba, el fiscal Hernán Scordo cuestionó parte de la evidencia ofrecida por la defensa. El representante objetó la incorporación de datos vinculados con actividades previas del imputado, entre ellas sus registros de su teléfono celular -que luego se extravió durante la investigación-. El planteo de la Fiscalía apuntó a que esos elementos no resultaban determinantes para establecer la mecánica del impacto ni la responsabilidad penal por el choque frontal.

Pese a esa objeción, el juez Maximiliano Bagnat entendió que la prueba discutida guardaba relación con la teoría del caso de la defensa y resolvió admitirla para el futuro debate oral. En la misma audiencia, realizada el 6 de agosto, Scordo también se opuso a un intento defensivo de obtener una suspensión del proceso a prueba. Con esos planteos resueltos, el magistrado habilitó el pase del expediente a juicio y dejó incorporados testimonios, informes y documentación referidos a las circunstancias previas al siniestro.

La causa tuvo una etapa anterior en la que la Fiscalía formuló cargos contra J. G. por el choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 40. En el vehículo embestido viajaba una familia y que, además de Nicolás Echeveste y su hijo de 4 años, también resultaron heridos la pareja de la víctima fatal y otro hijo de la familia, de 7 años, quienes lograron recuperarse.

El conductor de la RAM sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que los otros ocupantes de esa camioneta no padecieron lesiones significativas. También se indicó que la audiencia de imputación estuvo encabezada por el fiscal jefe Gastón Ávila, junto con el asistente letrado Federico Gayós y el funcionario Gustavo Vázquez, y que el juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló la formulación de cargos y las medidas de coerción solicitadas por la acusación.

Las personas heridas fueron derivadas al Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo de Bariloche. La mujer sufrió traumatismo de cráneo y lesiones óseas, mientras que el niño de 7 años presentó politraumatismos. El cuadro más delicado fue el del hijo menor, quien murió a la mañana siguiente por lesiones craneanas severas, pese a las intervenciones médicas.

La Fiscalía pidió que el imputado no pudiera salir del país ni conducir vehículos durante el proceso. La investigación quedó sujeta a un plazo inicial de tres meses para completar diligencias pendientes, entre ellas nuevos peritajes técnicos y la recolección de informes complementarios. Esa instancia permitió consolidar la base probatoria que luego desembocó en la confirmación de la acusación y en la elevación del caso a juicio.

Este miércoles, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Sin embargo, el testimonio de tres testigos complicó al hombre que está acusado de integrar la denominada “banda del hotel” y de entorpecer la investigación.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el careo virtual entre Soria y Roberto Carlos Sotelo, detenido en la Unidad Penal 6 de Corrientes por violencia de género. Sotelo, desde la cárcel, admitió que le daba pistas falsas a Soria: “Yo no sabía nada, pero inventaba para sacarle plata para la droga. Todas las veces nos drogábamos”.

Además, indicó que durante el último encuentro que tuvo con Soria, “El Americano” le dio cocaína y una pastilla de color rosa, la cual, según él, le generó un estado de aturdimiento. Sotelo mencionó que producto de esa pastilla al día siguiente atacó a su expareja de un piedrazo, hecho por el cual se encuentra detenido hoy en día.

Tras los dichos del testigo, el abogado del imputado, Marcelo Ponce, solicitó un careo, el cual fue autorizado por el Tribunal. Durante el mismo, Sotelo se dirigió hacia el acusado y le preguntó: “Vos me convidaste la droga en la costa del río. ¿Es así o no?”. Soria negó con la cabeza y aseguró: “Está mintiendo”.

Luego, fue el turno de Mónica Sotelo, hermana de Roberto, quien se refirió al vínculo entre “El Americano” y su hermano. “Mi hermano y Soria se drogaban juntos. Quería saber dónde estaba Loan y mi hermano le decía cualquier pavada”, contó.

Por otro lado, habló sobre el falso allanamiento llevado a cabo por Soria. Según explicó, en aquella ocasión, el hombre se hizo presente en su casa con una falsa orden: “Llegó con un papel, decía que él era de la DEA y que yo tenía a Loan”. Y continuó: “No lo dejé entrar, forcejeamos y lo saqué a los empujones”. Al ser consultada sobre cómo sabía que se trataba de un falso operativo, la mujer respondió: “Cuando te allanan, rompen la puerta y entran”.

Soria volvió a declarar por tercera vez en lo que va del juicio por la desaparición del niño el 13 de junio de 2024. Ahora, desmintió haber consumido estupefacientes con el detenido y se refirió a los hermanos Sotelo como un “clan delictivo”.

Por otro lado, comentó que la primera vez que vio a Roberto fue entre el 4 y el 5 de agosto, cuando se hizo presente en su casa. “Me presenté, me levanté la remera para mostrar que no tenía armas. Le dije que había pertenecido a una red antitrata. Le expliqué que no era parte de ninguna fuerza y le pregunté si tenía información de Loan”.

Una semana después, se juntaron a una cuadra de una estación de servicio de Goya, debido a que Sotelo le dijo que tenía novedades sobre el paradero del menor. “Ese día vamos a la casa de la mujer de ‘Cabeza López’. Sentí peligrosidad cuando nos detuvimos en una cortada y me pidió plata para cigarrillos. Se bajó y yo me quedé solo en el auto. Le mandé mensajes y llamé, pero no me respondió. Pensé que era una emboscada. Bajé y me di cuenta de que no había ningún kiosco, así que volví al hotel donde me alojaba”, explicó.

El tercer encuentro ocurrió el 27 de agosto. “Ese día me mandó muchos mensajes insistentes para encontrarnos”, mencionó. Y agregó: “Yo buscaba una prueba de vida, o si no iba a desistir de la hipótesis que tenía”. En aquella ocasión, Soria contó que decidió grabar el encuentro.

“Te están buscando, se juntaron en la casa de mi hermana, quieren saber de dónde sacas la plata. Yo te recomiendo que te afeites, cambies el auto y te vayas de Corrientes”, fue la advertencia que le dio Sotelo.

Y añadió: “Me pide ir al río para hablar. Ahí me dio cinco o seis detalles específicos de dónde estaba Loan. Que estaba en un campo del paraje Carolina, que lo iba a reconocer porque tenía dos tranqueras, eucaliptos secos y estaba cerca de la Laguna Pucú”. En ese sentido, la última frase que el imputado y Sotelo intercambiaron fue: “Si yo encuentro a Loan se lo devuelvo a la familia y me voy”.

Por último, Soria aseguró que se enteró a través de la prensa de que Roberto había dicho que había sido “El Americano” quien le había suministrado las pastillas. En cuanto a esto, el acusado apuntó contra la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien, según él, “tomó esta entrevista como valoración y la incluyó en el procesamiento por el suministro de drogas”.

En tanto, Walter Alberto Retamozo, quien participó de la diligencia en la que se notificó a Camina Núñez y Macarena Peña que debían dejar el hotel donde estaban alojados los supuestos miembros de la Fundación Lucio Dupuy, recordó que Soria dijo ser de Interpol y que había intentado echarlos del lugar. “Cuando llegamos, se nos acerca Soria y nos pregunta qué hacíamos ahí, que nos vayamos, que no servíamos para nada, que busquemos a Loan”, mencionó.

A su vez, indicó que “El Americano” ofrecía plata por información sobre el paradero del niño. Retamozo concluyó su declaración afirmando que Soria les dijo que “si entrábamos y llevábamos a los testigos, íbamos a tener problemas; que se iba a generar una guerra con Estados Unidos”.

La audiencia de este miércoles también se vio marcada por el cruce entre los integrantes del tribunal y un abogado. Los jueves apuntaron contra Rodolfo Baqué, abogado de la imputada Elizabeth Cutaia, por intentar “obstruir” el desarrollo del debate. “Haga silencio si no quiere que se suspenda el juicio”, le advirtió el juez Simón Bracco al letrado. Y sentenció: “Aprenda a respetar al tribunal”.

Por otro lado, la asesora de menores, Rosana Leonor Marini, denunció el accionar del periodista Alejandro Pueblas, a quien acusó de exhibir en una transmisión de streaming la imagen de una persona menor de edad que es testigo clave del caso Loan.

El debate continuará este jueves y se espera que presten testimonio Federico Ezequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González. La declaración de la periodista Paula Bernini, que estaba pautada para este miércoles, debió ser reprogramada para el 16 de septiembre.

La primera entrevista de Jeff Metcalf después del fallo que rechazó un nuevo juicio para Karmelo Anthony volvió a poner en primer plano uno de los casos más sensibles de Texas por el impacto del crimen, la edad de los involucrados y la discusión pública que se abrió tras el proceso.

En diálogo con ABC News, el padre de Austin Metcalf planteó que la condena no modifica el daño que dejó el asesinato de su hijo en su familia.

Anthony, hoy de 19 años, recibió una condena de 35 años de prisión por apuñalar a Austin durante una discusión en una competencia de atletismo en Frisco, en abril de 2025.

El dolor de la familia y el rechazo a la idea de cierre

Consultado sobre si sentía que había recibido justicia, Metcalf respondió con una frase tajante. “No, no existe tal cosa. A mí me dieron cadena perpetua”, declaró al medio estadounidense.

Extendió esa definición a la madre de Austin, Meghan Metcalf, al hermano gemelo del joven, Hunter Metcalf, y al resto de la familia.

También describió escenas cotidianas que, dijo, quedaron vaciadas desde el crimen.“Hay una silla vacía en Navidad y en Acción de Gracias. Regalos sin abrir. Graduaciones perdidas. Cumpleaños. Ser tía o tío. Todo eso nos lo quitaron”, expresó.

También dijo que perdonó a Anthony desde el primer día. “Lo hice por mi salud mental, por mi bienestar y por mi salud espiritual. Sabía qué tenía que hacer”.

Ese perdón no cambió su postura sobre la pena. Aseguró que siente cierta compasión por el futuro del condenado, aunque mantuvo su reclamo de responsabilidad.

“Me da pena que tenga que estar en prisión. Su vida está prácticamente arruinada. Pero no siento pena por lo que hizo. Tiene que hacerse responsable”, sostuvo.

La apelación de Anthony y la decisión judicial

ABC News informó que los nuevos abogados de Anthony sostuvieron que su cliente fue presionado para renunciar a su derecho a declarar durante el juicio.

El planteo también incluyó objeciones sobre un acuerdo que no había salido a la luz entre la fiscalía y los abogados que llevaron el proceso original. Ese entendimiento limitó cierta evidencia de carácter sobre Anthony y sobre la víctima.

La defensa sumó además cuestionamientos por restricciones dentro de la sala y por la imparcialidad del juez que encabezó el juicio por homicidio.

El juez retirado Michael Chitty quedó al frente del expediente después de que el magistrado John Roach fuera apartado de actuaciones posteriores por una impugnación sobre su imparcialidad.

Tras la negativa al nuevo juicio, el abogado de apelación Russell Wilson II aseguró, tal y como reprodujo ABC News, que el equipo seguirá ante la Quinta Corte de Apelaciones y agotará “todos los recursos legales disponibles”.

El padre de Austin Metcalf también cuestionó a quienes sostienen que Anthony no tuvo un juicio justo. Afirmó que parte de esas lecturas repite argumentos ajenos sin revisar los hechos por cuenta propia.

La dimensión racial y las declaraciones más polémicas

La entrevista abordó además la discusión racial que rodeó el caso. El padre de la víctima dijo que no leyó el crimen en esos términos al principio y atribuyó ese enfoque a la familia del condenado y a su entorno.

En su reconstrucción para ABC News, ubicó ese punto en una conferencia de prensa organizada poco después del asesinato.

“Hasta ese momento, yo nunca lo vi como algo entre blancos y negros. Lo vi como algo entre lo correcto y lo incorrecto”, afirmó.

El abogado de Karmelo Anthony presentó otra mirada. En declaraciones citadas por ABC News, aseguró que la estrategia judicial no busca minimizar la vida de Austin ni el dolor de su familia.

También planteó que las preguntas sobre igualdad de trato, acceso público, parcialidad judicial y garantías constitucionales no pueden descartarse como una simple introducción del factor racial.

Metcalf defendió además comentarios que hizo en un podcast después del veredicto, donde utilizó expresiones de fuerte carga racial y atacó a la familia de Anthony. Dijo que no se retracta, aunque admitió que “no fue su mejor momento”.

La fundación que impulsa en nombre de su hijo

Metcalf explicó que intenta convertir parte de esa experiencia en una iniciativa pública. El mes pasado lanzó la Austin Metcalf Foundation junto con Bruce Carter, organizador comunitario e integrante fundador del proyecto.

La propuesta apunta a la prevención de conflictos y busca enseñar a los jóvenes a alejarse de situaciones que pueden escalar hacia la violencia.

Carter afirmó en ABC News que esa capacidad debe incorporarse antes de que una persona quede atrapada en una situación límite.

Dijo que su objetivo es evitar que otras familias atraviesen una pérdida similar. Mientras la apelación de Anthony sigue su curso, la fundación aparece como el proyecto con el que busca sostener el nombre de su hijo fuera del expediente judicial.

El reparto del acuerdo aprobado por la ciudad de Fort Worth fijó que los dos sobrinos menores de Atatiana Jefferson recibirán su parte a través de un fideicomiso cuando cumplan 18 años, mientras que el resto se distribuirá entre otros familiares.

La medida abrió la instancia final para cerrar una demanda civil iniciada por la muerte de la mujer, baleada por un policía dentro de su casa, tal y como informó ABC News.

La decisión del concejo municipal llegó casi siete años después del caso que conmocionó a Texas. El expediente por muerte injusta había sido presentado en mayo de 2021 por la sucesión de Jefferson contra la ciudad y la Policía local.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, sostuvo que la familia y los seres queridos de Jefferson sufrieron “una pérdida profunda e inimaginable”.

Parker agregó que ningún acuerdo puede revertir el impacto de lo ocurrido, aunque expresó su expectativa de que la resolución aporte “una medida significativa de cierre” y permita avanzar, de acuerdo con declaraciones citadas por ABC News.

El operativo que terminó con la muerte de Jefferson

El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada. Aaron Dean, entonces integrante de la Policía de Fort Worth, acudió junto a otro agente a la vivienda de Jefferson tras una llamada no urgente de un vecino que había advertido la puerta principal abierta, tal y como reconstruyó Reuters.

Durante el juicio surgió que Jefferson y su sobrino habían dejado abiertas las puertas para sacar el humo después de que se quemaran unas hamburguesas horas antes, de acuerdo con AP.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que los agentes avanzaron por la propiedad sin identificarse como policías. Dean entró al patio trasero con el arma desenfundada y se acercó a una ventana, añadieron Reuters y AP.

Jefferson advirtió movimientos fuera de su casa y creyó que había un intruso. La mujer tomó su arma y se acercó a una ventana. Dean gritó que levantara las manos y disparó a través del vidrio casi de inmediato, antes de matarla delante de su sobrino de 8 años, señaló ABC News.

Durante el juicio, la defensa del expolicía sostuvo que Dean respondió a una amenaza letal cuando vio a Jefferson armada.

Aun así, el propio exagente admitió en el estrado que su conducta había sido “un mal trabajo policial”, una frase que quedó entre los elementos centrales del proceso.

El acuerdo civil y la respuesta de la familia

El acuerdo civil quedó establecido en USD 11,25 millones y aún debe pasar por un tribunal sucesorio, que tendrá a su cargo la validación final de los términos. ABC News detalló que el entendimiento recibió apoyo unánime en el Concejo Municipal.

La hermana de la víctima, Ashley Carr, afirmó que el caso constituye una situación poco frecuente en la que una familia obtuvo respuestas en el plano penal y en el civil tras la muerte de un ser querido a manos de un policía.

“Reconocemos lo inusual que resulta que las familias afectadas por estos hechos reciban respuestas en ambos frentes, y no lo damos por sentado”, expresó en una declaración recogida por ABC News.

El antecedente penal y los próximos pasos judiciales

Dean renunció poco después del episodio. En diciembre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio culposo, una figura menor a la acusación inicial de asesinato. Días más tarde recibió una pena de más de 11 años de prisión.

Tras esa sentencia, Carr remarcó que su hermana no había hecho nada incorrecto y que se encontraba dentro de su hogar cuando la mataron.

La emisora WFAA, afiliada de ABC en Dallas, reportó que Fort Worth ya había aprobado en 2023 otra compensación de USD 3,5 millones en una demanda presentada en nombre de Zion Carr, el sobrino que presenció el disparo fatal.

El expediente civil quedó ahora a la espera de la validación final del tribunal sucesorio, que deberá confirmar los términos definitivos del acuerdo para la familia de Atatiana Jefferson.

El juicio de Lindsay Clancy en Massachusetts, donde una exenfermera enfrenta cadena perpetua por la muerte de sus tres hijos mientras su defensa alega psicosis posparto, volvió a colocar bajo la lupa en México el caso de Claudia Mijangos, la exreina de belleza y catequista queretana que en 1989 asesinó a sus tres hijos tras asegurar que escuchaba voces.

Ambos casos comparten un elemento estremecedor: tres niños muertos a manos de su madre y la enfermedad mental como eje de la defensa. Sin embargo, también exhiben profundas diferencias en el diagnóstico, el tratamiento judicial y la forma en que México y Estados Unidos han abordado estos crímenes.

Así fueron los asesinatos de los hijos de Lindsay Clancy y Claudia Mijangos

La madrugada del 23 de abril de 1989, Claudia Mijangos Arzac discutió con su esposo, Alfredo Castaños, en su casa de la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro. Tras la discusión, él abandonó el domicilio y ella acostó a sus tres hijos. Horas después, alrededor de las cuatro de la mañana y según declaró ante la fiscalía, comenzó a escuchar voces.

Mijangos tomó cuchillos de la cocina y atacó a Alfredo, de 6 años; Claudia María, de 11; y Ana Belén, de 9, en distintas habitaciones de la vivienda. Los gritos alertaron a los vecinos, pero cuando lograron intervenir los tres menores habían muerto a consecuencia de las heridas.

Casi 34 años después, el 24 de enero de 2023, Lindsay Clancy envió a su esposo, Patrick Clancy, a recoger comida para llevar y un medicamento en una farmacia. Mientras él estaba fuera, atacó y mató a sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Después, Clancy se arrojó desde la ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio, lo que le provocó una lesión que la dejó paralizada de la cintura para abajo. Al regresar al domicilio, Patrick encontró a su esposa en el exterior de la vivienda y, al entrar, halló a los tres menores sin vida.

El diagnóstico que las diferencia

Claudia Mijangos fue evaluada por el psiquiatra Armando Fonseca, quien determinó que padecía epilepsia del lóbulo temporal —una condición que produce ausencias, pérdida de conciencia del entorno y alteraciones emocionales— combinada con esquizofrenia.

“Se pudo determinar que no estaba en sus cabales y se declaró inimputable”, dijo Fonseca al canal Discovery Channel en un documental sobre el caso. Con ese diagnóstico, la justicia de Querétaro no le impuso una condena de prisión convencional, sino una medida de seguridad: 30 años en el área psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Ingresó en septiembre de 1991 y salió en abril de 2019.

En su primera declaración ante la fiscalía, Mijangos no solo habló de las voces: también culpó al padre Ramón, un sacerdote del colegio Fray Luis de León de quien se había enamorado, de manipular su mente, provocar su divorcio y ordenarle que matara a sus hijos. La Iglesia envió al padre Ramón a España tras el crimen. Nunca habló públicamente sobre el caso, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

El caso de Lindsay Clancy gira en torno a un diagnóstico diferente y más específico: psicosis posparto. La defensa, encabezada por el abogado Kevin Reddington, argumenta que Clancy desarrolló la condición tras el nacimiento de su tercer hijo y que, al momento del crimen, había perdido el contacto con la realidad. El psicólogo clínico y forense Paul Zeizel declaró ante el tribunal que Clancy “era incapaz de ajustar su comportamiento a las normas legales y no comprendía la ilicitud de su acto”.

La psicosis posparto afecta a entre 1 y 2 de cada 1,000 mujeres después del parto. Sus síntomas incluyen alucinaciones, delirios, paranoia y cambios abruptos de humor. El psiquiatra forense Phillip Resnick —quien también testificó en el caso de Andrea Yates, otra madre estadounidense que mató a sus hijos alegando psicosis posparto— declaró ante el jurado que Clancy “estaba claramente psicótica ese día” y que las alucinaciones auditivas que experimentó la convencieron de que sus acciones eran moralmente correctas.

“En su mente”, dijo Resnick al tribunal, “creía que les haría un favor a sus hijos llevándolos al cielo con ella, en lugar de dejarlos en la Tierra sin que ella pudiera criarlos”.

La fiscalía, por su parte, sostiene que Clancy actuó de forma calculada: manejó a Cora a una cita médica esa mañana, construyó un muñeco de nieve con los niños por la tarde e investigó medicamentos infantiles en internet antes de los hechos. La fiscal Shanan Buckingham señaló ante el jurado una frase que Clancy le dijo a sus hijos mientras los estrangulaba: “Ve con Dios”. Para la acusación, esas tres palabras prueban que Clancy sabía que sus hijos eran inocentes y que lo que hacía estaba mal.

Lo que los sistemas legales hicieron con cada caso

La diferencia más profunda entre ambos casos no está en los crímenes, sino en cómo los absorbió cada sistema de justicia.

En México, en 1989, el concepto de inimputabilidad por enfermedad mental existía pero se aplicaba con escasos recursos psiquiátricos y sin protocolos especializados en salud mental. Mijangos fue declarada inimputable y enviada al sector psiquiátrico de un penal.

Cumplió 30 años —la pena máxima aplicable en ese momento para ese tipo de delito en México— y salió sin que el caso dejara huella en el debate legislativo ni en la política de salud mental del país.

El Tribunal Superior de Justicia de Querétaro cerró el expediente. La casa donde ocurrió el crimen sigue abandonada y a nombre de Mijangos, quien la adquirió en 1985 por 3,500,000 pesos, según consta en la escritura número 4336.

En Estados Unidos, el juicio de Clancy lleva más de un mes en el Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, con más de 70 testigos, transmisión en vivo y cobertura nacional.

El juez William Sullivan discutió con los abogados la posibilidad de incluir homicidio involuntario como opción de veredicto, una alternativa que la fiscalía rechaza. Si el jurado la declara culpable de asesinato en primer grado, enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si la absuelve por falta de responsabilidad penal, será internada en una institución psiquiátrica estatal con revisiones periódicas. Los alegatos de cierre se esperaban para esta semana.

Señales ignoradas antes del crimen

Otro punto de contacto entre los dos casos es el de las advertencias previas que nadie supo o pudo detener.

Quienes conocían a Mijangos en Querétaro notaron su deterioro antes del crimen. El sacerdote Rigoberto Castellano, entonces director del colegio Fray Luis de León donde estudiaban sus hijos, recordó en el documental de Discovery Channel que ella “decía que veía cosas, decía cosas incoherentes”.

La pareja había intentado terapia matrimonial sin éxito y se había separado poco antes de los hechos. El antecedente no era solo conyugal: según investigaciones publicadas por Milenio, tres de los hermanos de Mijangos sufrían padecimientos psicomotrices y dos hermanas habían atravesado matrimonios fallidos.

En el caso Clancy, el deterioro fue documentado con mayor detalle y durante más tiempo. Su entonces esposo Patrick Clancy testificó que Lindsay había comenzado a manifestar pensamientos suicidas e intrusivos sobre hacerles daño a sus hijos el mes anterior al crimen, poco después de empezar a tomar Seroquel, un medicamento para tratar depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia.

La hermana de Lindsay, Allison Ozga, testificó que a finales de diciembre de 2022 su hermana le confesó haber tenido pensamientos suicidas todos los días durante un mes. La madre de Lindsay, Paula Musgrove, testificó esta semana que su hija le había dicho: “Esta no soy yo, nunca había sido así antes”.

La defensa documentó que Clancy buscó ayuda de forma activa: acudió a múltiples proveedores de atención ambulatoria, llamó a una línea de prevención de suicidios, fue a urgencias y solicitó ingresar a un programa hospitalario de jornada completa para mujeres con problemas de salud mental posparto, sin ser aceptada. Se internó por su cuenta en un hospital psiquiátrico durante varios días. Aun así, el sistema no logró contenerla.

A casi seis años del asesinato de Verónica Dessio —la abogada platense de 49 años que fue apuñalada en su casa de La Plata en diciembre de 2020— la Justicia fijó una nueva fecha para el juicio contra los únicos dos acusados. El debate, que debía comenzar en junio pasado y fue suspendido en dos oportunidades, se realizará los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre. “Sabemos que volver a transitar esos días no será fácil. Habrá recuerdos, emociones y momentos muy difíciles, pero vamos a estar acompañados”, le dijo a Infobae la hermana de la víctima, Natalia Dessio.

Pese a la reciente confirmación, la mujer admitió que las suspenciones anteriores le impiden dar por sentado que esta vez el debate comience. “Es una gran noticia, pero todavía no confío. Hay que ver si la principal imputada se presenta, pone alguna excusa o se de a la fuga. Ya desconfío de todo”, sostuvo.

La preocupación de Natalia no es ajena a la situación actual de los imputados. Ivana Mapis (49), acusada de haber encargado el crimen por celos, ya cumple prisión domiciliaria; mientras que Jorge Antonio Alvez (64), señalado como el hombre contratado para ejecutar el asesinato, obtuvo el mismo beneficio, aunque todavía no se hizo efectivo porque restan pericias en el domicilio donde debería cumplirlo.

La prisión domiciliaria de Mapis había sido rechazada inicialmente por el TOC N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr, el mismo tribunal que deberá llevar adelante el juicio. Sin embargo, la defensa apeló y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, integrada por Laura Irma Lasaga y Miriam Patricia Ermili, le concedió el beneficio. La decisión fue cuestionada por la Fiscalía y la querella, pero a comienzos de agosto la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, rechazó los recursos y dejó firme la prisión domiciliaria.

“Para nosotros fue una sorpresa. Si bien sabíamos que se le había concedido hace un tiempo, como habíamos adelantado el juicio, pensamos que la efectivización estaba suspendida”, contó Natalia a este medio.

La familia se enteró de que Mapis ya estaba cumpliendo la prisión domiciliaria la semana pasada, cuando fue al tribunal para consultar por la nueva fecha del juicio. Allí supieron, además, que la acusada estaba en su casa sin tobillera electrónica.

“Nos dijeron que como no había pulsera, se fue a la casa sin nada. La única medida fue que la comisaría cercana la controle, pero no sabemos cómo. No tenemos garantías”, lamentó.

A su vez, cuestionó los fundamentos de la Justicia para conceder el beneficio y remarcó el riesgo de fuga. “La Cámara dice que no hay riesgo de fuga porque la pena es perpetua, pero para nosotros es al revés. Nadie quiere cumplir la pena más alta, van a buscar la manera de evitarla”, sostuvo.

Un juicio suspendido una y otra vez

El debate oral por el crimen de Verónica Dessio sufrió múltiples postergaciones desde que la causa fue elevada a juicio en 2022. Inicialmente, el proceso estaba previsto para 2027, pero luego de que las partes acordaran reducir la cantidad de testigos pudo adelantarse y se fijaron audiencias para los días 3, 4, 5 y 8 de junio de este año.

Sin embargo, el juicio tampoco pudo comenzar entonces. Las primeras tres audiencias fueron suspendidas debido a que el fiscal Martín Chiorazzi presentó un cuadro gripal. Cuando el debate debía retomarse, apareció un nuevo impedimento: Mapis presentó un certificado médico que indicaba diez días de reposo y recomendaba que no fuera trasladada. “El tribunal le ofreció alternativas para presentarse, incluso vía Zoom, pero se negó a todas”, contó Natalia.

En relación con estos obstáculos, aseguró: “La Ley de Víctimas jamás se respetó. Sufrimos una vulneración tras otra: nadie nos cuidó. Todo lo que hicimos fue colaborar con la Justicia. No somos nosotros quienes debemos demostrar que somos gente de bien. Ellos tienen que demostrar que no hicieron lo que hicieron. Las pruebas son contundentes”, afirmó Natalia.

El crimen de Verónica Dessio

Verónica Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020, un día después de haber celebrado su cumpleaños junto a amigos y familiares. Su cuerpo fue encontrado dentro de su casa de la calle 5, en La Plata.

La abogada había estado casada desde 2010 con Carolina Pérez, con quien conformó una de las primeras parejas del país en acceder al matrimonio igualitario. Después de la separación, Pérez comenzó una relación con Mapis.

Según la hipótesis de la acusación, Mapis estaba celosa del vínculo que Dessio mantenía con su ex pareja y decidió mandar a matarla. Para concretar el plan, habría recurrido a Jorge Antonio Alvez, un ex policía, señalado como el encargado de ejecutar el crimen.

Dessio recibió varias puñaladas por la espalda. Desde el comienzo, los investigadores descartaron que se hubiera tratado de un homicidio cometido durante un robo: en la vivienda no había desorden y tampoco se detectaron faltantes.

La investigación avanzó entonces sobre la hipótesis de un crimen por encargo y reunió distintos elementos que terminaron comprometiendo a Mapis y Alvez.

Ambos llegaron a juicio acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio, una calificación que prevé prisión perpetua.

Casi seis años más tarde, después de dos intentos fallidos de iniciar el juicio, el próximo 25 de septiembre comenzará un nuevo intento por llevar a los acusados al banquillo. “Mi hermana era una luchadora y no podemos ser menos. Seguimos adelante por ella, con la esperanza de que algún día podamos abrazarnos, mirarnos a los ojos y decir, después de tanto dolor y tanta lucha: ‘Se hizo Justicia por Vero’”, concluyó.

Un juez de Texas rechazó el pedido de un nuevo juicio para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf, una decisión que dejó firme la condena a 35 años de prisión dictada en junio por un jurado del condado de Collin. La defensa puede apelar el dictamen.

En junio de este año, el jurado desestimó el planteo de defensa propia y concluyó que el acusado, de 19 años, apuñaló de manera intencional a Metcalf, de 17, durante un altercado en las gradas de una competencia escolar de atletismo en Frisco, en abril de 2025.

El expediente tomó dimensión nacional por la repercusión en redes sociales y por el acoso que sufrieron las familias. La muerte de Metcalf también quedó atravesada por publicaciones que amplificaron el caso en términos raciales.

No obstante, los abogados de ambas partes dijeron al jurado que el hecho no tuvo relación con ello, informó Associated Press.

Los argumentos de la defensa

La audiencia sobre el pedido de nuevo juicio reabrió discusiones que habían transcurrido fuera de la vista del público durante el proceso original. El nuevo equipo defensor de Anthony basó su reclamo en dos cuestiones principales.

La primera apuntó a un presunto “acuerdo de caballeros” entre las partes para excluir del debate los antecedentes personales del acusado y de la víctima, precisó CBS News.

La segunda abordó las restricciones impuestas en la sala por el entonces juez del caso, John Roach, quien fue apartado después de que un magistrado considerara que su imparcialidad podía ser razonablemente cuestionada, a partir de comentarios públicos posteriores al veredicto.

Según los abogados, ese acuerdo informal afectó la posibilidad de que el acusado declarara en su propia defensa. Los abogados alegaron que el joven fue “coaccionado” a renunciar a ese derecho, por una disputa sobre el alcance de las preguntas que la fiscalía podría hacerle si subía al estrado, reportó ABC News.

En consecuencia, el acusado habría perdido confianza en que el Estado respetara ese pacto no registrado y decidió no testificar por temor a que se abriera la puerta a referencias sobre su conducta pasada.

Uno de los abogados del juicio original, Toby Shook, declaró que los fiscales lo habían “acorralado” y que el plan era que Anthony hablara ante el jurado, pero que la fiscalía iba a limitar de forma grave lo que podía preguntársele dentro de ese marco privado.

El acuerdo se había dado porque tanto la víctima como el agresor tenían antecedentes problemáticos. En documentos judiciales, se conocieron mensajes amenazantes, acoso y acusaciones de agresión durante la adolescencia de Anthony en Luisiana.

Sobre Metcalf y su hermano gemelo Hunter, aparecieron referencias a incidentes de grafiti, uso de insultos raciales, denuncias de acoso escolar y acusaciones de agresión, indicó CBS News.

La postura de la fiscalía

El fiscal Bill Wirskye, que también intervino en el juicio por asesinato, negó que hubiera existido un acuerdo que impidiera al acusado declarar. Según ABC News, sostuvo que la defensa aceptó el acuerdo y que las reglas especiales buscaron preservar el juicio en medio de amenazas, presión pública intensa y circulación de desinformación.

En su testimonio, Wirskye enumeró juicios de alto perfil que resultaron perjudicados por estos asuntos.

Por consiguiente, explicó que esas preocupaciones justificaron un juicio con audiencias preliminares privadas, una sala de audiencias controlada y un acuerdo para dejar afuera los antecedentes de ambas partes, con el objetivo de concentrar el debate en los hechos ocurridos “bajo la carpa” durante la competencia de atletismo.

No obstante, la defensa respondió que ese esquema fue demasiado lejos y que la falta de acceso público vulneró la ley federal. A su vez, argumentó que se le negó un “juicio justo” a Karmelo.

El juez rechazó la moción

La resolución, firmada por el juez retirado Michael Chitty, llegó después de una audiencia de dos días cerca de Dallas.

En una orden breve, el magistrado señaló que, tras revisar la moción, el expediente, la prueba, los argumentos, los escritos y la jurisprudencia aplicable, el planteo debía ser rechazado, consignó ABC News.

Tras conocerse la decisión, el fiscal de distrito del condado de Collin, Greg Willis, manifestó: “Respetamos y esperábamos la decisión del tribunal de denegar la solicitud de un nuevo juicio. El veredicto de culpabilidad del jurado se mantiene y seguimos confiando en el proceso. Todo acusado tiene derecho a apelar y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Metcalf tras la dolorosa audiencia de la semana pasada”.

Del lado de la defensa, el abogado Russell Wilson expresó su desacuerdo con la resolución y anticipó una nueva instancia de revisión: “Consideramos que las cuestiones planteadas en nuestra moción son sustanciales y merecen una revisión de apelación exhaustiva. La denegación de nuestra moción no pone fin a este caso”.

El letrado añadió que continuarán la apelación ante la Quinta Corte de Apelaciones y buscarán “todos los recursos legales disponibles” para su cliente.

Tras un juicio oral que se extendió por cinco jornadas, un tribunal de Bariloche, integrado por los jueces Gregor Joos, Marcos Burgos y José Bernardo Campana, absolvió por unanimidad a D.E., un reconocido psicólogo de esa ciudad, acusado de abusar de su hijo. El debate se llevó a cabo con una particularidad: no contó con la presencia del Ministerio Público Fiscal porque a sólo semanas del comienzo del debate, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó oficialmente que no iba a participar.

Pese a esa situación pocas veces vista, la madre de la víctima decidió avanzar y llevó adelante el proceso acompañada únicamente por su abogada, con la esperanza de que la Justicia le iba a dar la razón. Argumentos para pensarlo tenía, ya que después de la etapa de instrucción, que incluyó una Cámara Gesell y la recopilación de otras pruebas como entrevistas psicológicas y estudios médicos, el juez de Garantías Martín Arroyo aceptó el pedido de elevación a juicio bajo la acusación abuso sexual agravado y le puso fecha al debate. Es decir, en un principio, la Justicia había aceptado el pliego probatorio.

Sin embargo, tras las idas y vueltas, la Justicia barilochense dio marcha atrás y resolvió en sentido contrario con la absolución al psicólogo.

De acuerdo con el fallo de 250 páginas, al que accedió Infobae, el tribunal desestimó la acusación impulsada por la madre del menor, en el que la Cámara Gesell del niño, la actuación de peritos y la propia construcción de la acusación quedaron puestas bajo la lupa.

Los jueces, unánimemente, indicaron que la acusación presentada por la querella fue “genérica, carente de todo dato fáctico” y sin detalles que permitan distinguir “si se trata de un solo hecho o varios”. Los magistrados cuestionaron la falta de elementos objetivos que permitan diferenciar los presuntos tocamientos indebidos del imputado de los que pueden surgir en el cuidado íntimo habitual de un niño pequeño.

“Vale referir que acciones cotidianas como bañar, limpiar o cambiar los pañales a un hijo menor de edad [...] son actos normales de la vida familiar”, sostuvo el juez Campana en su extenso voto, para agregar que “la imputación de este juicio carece de toda particularidad que permita siquiera concluir si se imputa un solo evento con uno o varios tocamientos, o varios eventos con uno o varios tocamientos”.

El Tribunal citó antecedentes de la Cámara de Casación y recordó que las exigencias para una condena penal “no disminuyen aunque existan dificultades probatorias”. Los antecedentes, de diversos tribunales patagónicos, advertían que no alcanza con la sola declaración de la presunta víctima si no existen pruebas externas o contextuales que permitan descartar otras hipótesis.

La decisión se fundó principalmente en la -siempre según el fallo- debilidad de la principal prueba producida: la declaración de la víctima en la Cámara Gesell. Según los jueces, la entrevista “no cumplió con los estándares” y atravesó “inconsistencias metodológicas”, con preguntas “sugestivas” e “inductivas” por parte de la psicóloga que lo entrevistó.

El dictamen tomó también la opinión de la perito de parte, quien explicó que el testimonio tenía un grave riesgo de “contaminación” y concluyó que la declaración del niño era “probablemente increíble”.

Los jueces afirmaron que “la valoración de la declaración del niño no puede realizarse mediante la selección aislada de aquellos fragmentos que resulten compatibles con la hipótesis acusatoria”. En ese sentido, subrayaron que “no hay relato, hay algunas respuestas a preguntas indicativas que se intentan vestir de tal manera con el solo propósito de llevar adelante la imputación”.

De acuerdo con la resolución, la Cámara Gesell “mostró profundas contradicciones en el discurso y surgieron dudas sobre ”la espontaneidad, la consistencia y la autenticidad de esos relatos", así como “influencia de la madre en la presentación de los hechos”.

El expediente reunió informes periciales presentados por la querella, la defensa, peritos oficiales y consultores de parte de diferentes provincias. En todos se reflejaron diferencias sustanciales.

En la audiencia se escucharon frases como: “la entrevista fue aberrante, metodológicamente inválida”, según una perito de parte, frente a “el discurso del niño resultó acorde a lo esperable evolutivamente para su edad”, según una psicóloga forense. Por su lado, una perito independiente sostuvo que, pese a los defectos, encontró unos pocos elementos “suficientes para la credibilidad”, pero fue la única perito de querella, mientras que la defensa aportó al menos cuatro especialistas para impugnar la consistencia del testimonio.

Otro dato que se vio en el fallo fue la crítica interna al propio Cuerpo de Investigación Forense (CIF). El Tribunal señaló que la entrevista en la Cámara Gesell “expone una discordancia marcada en el sistema de trabajo del CIF” al verificarse que, tras un dictamen inicial que desaconsejaba la declaración del niño por la edad, “después se la aprobó bajo un método que la propia estructura consideró deficiente”.

Entre otros argumentos, el fallo destacó los dos relatos sobre los presuntos abusos y las múltiples interpretaciones sobre un mismo hecho. Además, indicó que ninguno de los informes médicos del Hospital Zonal Bariloche halló lesiones o indicios físicos compatibles con abuso sexual. Las pedagogas y cuidadoras que hablaron como testigos tampoco pudieron ubicar con precisión —ni en tiempo ni en contexto— los supuestos episodios denunciados, aunque varias de ellas sí describieron frases y conductas sexualizadas del niño, tanto en el ámbito familiar como escolar.

En ese sentido, los jueces agregaron: “Las dificultades probatorias no significan que disminuyan las exigencias de certidumbre”, y explicaron que en este caso la única referencia de contexto era “la casa vieja” y la voluntad del niño de “esconderse bajo su cama”.

No hubo, aseguraron, un “relato claro, consistente y contextualizado” que permitiera una condena, ni elementos complementarios que dieran fuerza al relato.

Finalmente, además de fallar a favor del imputado, el Tribunal impuso las costas del proceso a la querella, lo que implica que la parte acusadora —en este caso, la madre denunciante— deberá afrontar los honorarios de la defensa. El monto asciende a 16 millones de pesos. D.E. fue absuelto del delito de abuso sexual doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente". Durante el debate, el acusado dijo que “siempre va a estar dispuesto a trabajar para tener el mejor vínculo como padres con el dispositivo terapéutico que fuera necesario”.

Tanto los peritos del CIF, que fueron tres, más la de parte dieron credibilidad al relato del niño. Por parte de la defensa, sólo se presentó una perito.

La reacción de la madre

Infobae dialogó con la mamá del menor, quien se manifestó golpeada por el fallo, y más después del shock que le significó no contar con el apoyo del Ministerio Público Fiscal en el juicio.

“El juicio fue, para mí, una experiencia profundamente traumática. No fue solamente volver a escuchar aquello que originó la denuncia. Fue volver a atravesar muchos años de mi vida y, al mismo tiempo, escuchar testimonios y relatos que me permitieron comprender cosas que yo misma no había podido dimensionar mientras sucedían”, dijo la mujer.

“Una de las principales críticas que tengo respecto del juicio y de la sentencia es que no se tuvo una mirada longitudinal sobre el desarrollo de esos relatos y sobre la evolución de mis hijos a lo largo del tiempo”, señaló la mujer, para quien “la sentencia terminó concentrándose de una manera muy reducida en el relato que dio origen a la denuncia y, especialmente, en las dificultades que el Tribunal encontró en la Cámara Gesell”.

En ese sentido, continuó: “Para mí la historia no terminaba ahí. Había todo un proceso anterior y posterior que necesitaba ser comprendido en conjunto”. “Siento que el juicio me permitió comprender mucho más de lo que había pasado, pero que la sentencia terminó haciendo una lectura demasiado reducida de todo ese contexto”, agregó la denunciante.

Por lo pronto, la mujer adelantó a este medio, que apelará el fallo. “Vamos a apelar porque considero que hay aspectos centrales de la valoración de la prueba que deben ser revisados. Entre ellos, la falta de una mirada longitudinal sobre la evolución de mis hijos y sobre las manifestaciones que se produjeron durante los años posteriores a la separación del progenitor”, explicó.

“Entendemos que debe revisarse cómo fueron valoradas las distintas manifestaciones de mi hijo ante profesionales, docentes, directivos, familiares y otras personas, y si esas manifestaciones fueron analizadas como un conjunto o de manera fragmentada”, dijo.

Finalmente, dijo se refirió a la diferencia entre los testigos. Para la madre del nene “hubo personas que declararon desde distintos ámbitos profesionales, laborales y cotidianos y que no tenían un beneficio personal en que yo ganara este juicio” y “también testigos muy vinculados al denunciado y a su entorno familiar”.

“No digo que un testigo sea verdadero o falso simplemente por el vínculo que tenga, pero considero que esa diferencia debía ser analizada de manera objetiva al valorar la prueba”, cuestionó.

“También vamos a cuestionar la imposición de las costas. La sentencia me impuso aproximadamente 16 millones de pesos en costas, cuando soy yo quien desde hace tres años y medio sostiene sola una estructura familiar y a mis hijos. Para mí esto tiene una dimensión que va mucho más allá de una cifra”, concluyó.

El caso

La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara “algunos juegos sexuales” que supuestamente había mantenido con su padre. La madre dijo a Infobae que antes de esa revelación ya observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.

“Hice la denuncia y a partir de que hice la denuncia ahí en mayo de 2023, a él lo destituyeron del hogar. Ahí mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso. Eran juegos de masturbación, eso me lo dijeron en el hospital porque lo revisaron”, contó la madre para otra nota de Infobae.

La causa tuvo un desfile de fiscales. En primer lugar, el expediente estuvo en manos del ex fiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, a finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en el fiscal Gerardo Miranda, hasta que este año, cuando ya se preparaba el juicio, la causa pasó a manos de la fiscal subrogante Daniela Ortíz. Fue esta funcionaria la que desistió de la acusación.

En el escrito que la fiscal Ortíz envió al juez Arroyo, al que también accedió este medio, se esgrimió como argumento que “falta de pruebas suficientes, solicitando que se continúe exclusivamente la acusación particular, sin afectar su validez ni los derechos procesales adquiridos”.

En ese sentido, concluyó que “no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral, conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes”.

“Como es de conocimiento de las partes, en las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal y la querella particular formularon oportunamente sus respectivas acusaciones, las cuales fueron sometidas al correspondiente control jurisdiccional, resultando admitidas en la audiencia prevista al efecto y disponiéndose la apertura a juicio, encontrándose actualmente fijada la fecha para la realización del debate oral”, señaló la fiscal Ortíz, reconociendo que anteriormente el MPF había sostenido la acusación.

A pesar de todo, dio marcha atrás.

Un proceso penal no puede durar para siempre. Parece una afirmación elemental, pero en la práctica obliga a responder una pregunta bastante más difícil: ¿cuándo el tiempo que insume una causa deja de ser razonable y comienza a vulnerar una garantía constitucional y convencional?

Una sentencia muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a colocar esa discusión en primer plano. El 15 de mayo de 2026, en el caso “López de Belva y otro vs. Argentina”, el tribunal internacional dictó sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas y declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por vulneraciones a garantías judiciales en el proceso seguido contra dos abogados. La sentencia fue notificada el 21 de agosto de 2026. La cercanía de esa notificación le da al precedente una actualidad inmediata y obliga a volver sobre una cuestión central de la práctica penal: el derecho de toda persona a que su situación frente a la ley sea definida sin dilaciones indebidas.

El caso se originó en un proceso iniciado en 1991 contra Carlos Alberto López de Belva y Arturo Jorge Podestá, a raíz de la presunta presentación de documentación fraudulenta mientras ejercían profesionalmente como abogados de un tercero en un juicio civil contra la Municipalidad de La Matanza. En marzo de 1993 fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión.

Pero la historia judicial recién comenzaba. La condena fue recurrida, atravesó sucesivas instancias de revisión y la situación procesal de los acusados permaneció abierta durante años. Finalmente, el 7 de marzo de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal por prescripción. Desde el comienzo del proceso habían transcurrido aproximadamente quince años.

Ahí aparece el verdadero problema. El plazo razonable no es un cronómetro ni una fórmula matemática. No existe un número de años que automáticamente convierta a cualquier proceso en inválido. Una causa compleja, con numerosos imputados, prueba técnica, cooperación internacional o grandes volúmenes de evidencia puede exigir un tiempo considerable. Lo que el derecho exige es algo distinto: que ese tiempo pueda ser explicado y justificado.

Para analizarlo, la jurisprudencia interamericana considera, entre otros elementos, la complejidad del asunto, la actividad procesal de la persona interesada, la conducta de las autoridades y la afectación que la duración del procedimiento produce sobre quien está sometido a él.

Y aquí hay una distinción decisiva. El plazo razonable no puede transformarse en un beneficio para quien deliberadamente paraliza una causa y después pretende aprovechar la demora que él mismo generó. Pero tampoco puede confundirse el ejercicio legítimo del derecho de defensa con una maniobra dilatoria. Recurrir una sentencia, plantear una nulidad, ofrecer prueba o utilizar los remedios que reconoce la ley forma parte del debido proceso.

Por eso el análisis judicial debe ser concreto. Frente a un planteo de plazo razonable, el juez debería reconstruir el trámite, identificar los períodos de inactividad y determinar quién fue responsable de cada demora. ¿La defensa? ¿La acusación? ¿El tribunal? ¿La propia complejidad del expediente? Esa reconstrucción es mucho más importante que limitarse a contar los años transcurridos.

En López de Belva, además, existe un dato que obliga a mirar especialmente la etapa recursiva. La sentencia de primera instancia llegó aproximadamente dos años después del inicio de la causa. La prolongación más significativa se produjo posteriormente, mientras se discutían y revisaban las decisiones adoptadas. Esto recuerda algo esencial: la garantía no termina con el dictado de una sentencia. También alcanza el tiempo necesario para obtener una revisión y una definición final de la situación jurídica del acusado.

Una persona sometida durante años a un proceso penal no permanece en una situación neutral. La incertidumbre tiene consecuencias profesionales, patrimoniales, familiares y reputacionales. El proceso no debe convertirse, por su propia duración, en una pena anticipada.

El fallo también excede la cuestión temporal. El caso involucra problemas relacionados con la imparcialidad judicial, la protección judicial y el acceso efectivo a mecanismos de revisión. Pero precisamente por eso su enseñanza es más amplia: las garantías previstas por la Convención Americana no son declaraciones programáticas. Deben funcionar dentro del expediente y producir respuestas cuando son vulneradas.

Esto tiene una consecuencia particularmente importante para los jueces argentinos. Cuando una defensa plantea seriamente que el plazo razonable fue excedido, no alcanza con responder mediante fórmulas generales sobre la complejidad del proceso o la existencia de recursos. Hay que explicar por qué la causa duró lo que duró.

Y cuando del análisis surge que las demoras relevantes son atribuibles al Estado, que el imputado no las provocó y que no existe una complejidad suficiente para justificarlas, la garantía no puede quedar reducida a una declaración abstracta. El tribunal debe reconocer la vulneración y adoptar la consecuencia jurídica que corresponda según las circunstancias del caso.

Para la práctica penal argentina hay, además, una precisión técnica que no debería perderse. Plazo razonable y prescripción de la acción penal están estrechamente vinculados, pero no son conceptos idénticos. La prescripción responde a las reglas legales de extinción de la acción; el plazo razonable es una garantía del debido proceso que exige examinar cómo se desarrolló concretamente el procedimiento. La propia Corte Suprema, desde precedentes clásicos como “Mattei” y “Mozzatti” y, de manera particularmente significativa, en “Podestá y López de Belva” en 2006, ha relacionado la duración indebida del proceso con el derecho del imputado a obtener una definición de su situación jurídica. Esa distinción importa: un planteo serio no se construye solamente contando años, sino identificando demoras, responsables, complejidad real y perjuicio procesal.

Esto no significa impunidad. Tampoco supone que toda causa antigua deba cerrarse. Significa algo bastante más exigente: que el poder de investigar y juzgar tiene límites y que uno de ellos es temporal. El Estado puede perseguir delitos, pero debe hacerlo respetando las garantías de la persona sometida a proceso.

El precedente resulta especialmente oportuno para la Argentina porque obliga a mirar un problema cotidiano de la práctica penal desde una perspectiva concreta. No se trata de cuestionar a la Justicia en términos generales. Se trata de exigir que una garantía reconocida por la Constitución y por los tratados internacionales tenga aplicación efectiva.

El tiempo judicial también debe ser objeto de control. Una resolución jurídicamente correcta que llega después de una demora injustificable puede no reparar todo lo que el proceso produjo durante esos años.

El caso López de Belva y otro vs. Argentina vuelve a recordarlo: administrar justicia también significa administrar razonablemente el tiempo. Y cuando ese límite se supera por causas no atribuibles al imputado, los jueces deben analizarlo, declararlo cuando corresponda y darle una respuesta jurídica efectiva. De lo contrario, el plazo razonable corre el riesgo de convertirse en una garantía escrita para ser citada, pero no para ser aplicada.

Dr. Jorge Monastersky

Abogado penalista. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales

La investigación por el asesinato del empresario hotelero Gabriel Alejandro Piedecasas dio un paso central en Villa María con el pedido de elevación a juicio de la causa por el crimen cometido en abril de 2025. La fiscal Juliana Companys acusó a dos hombres por homicidio triplemente calificado, en un expediente que apunta a un ataque planificado y ejecutado por encargo.

Según informó ElDoce.tv, la fiscal de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2 sostuvo la acusación contra Leandro Andrés Montivero, de 28 años, y Gabriel Alberto Ponzanesi, de 64. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Montivero habría sido el autor material de los disparos, mientras que Ponzanesi aparece señalado como autor intelectual del asesinato. Ambos continúan detenidos en el Establecimiento Penitenciario Nº 5.

Piedecasas, de 55 años, fue hallado muerto tras un ataque a balazos en pleno centro de Villa María, sobre la calle Mendoza al 1100, a pocos metros de San Martín. En esas primeras horas, la pesquisa se movió bajo una hipótesis de presunto ajuste de cuentas, aunque todavía no había imputados ni una descripción oficial acabada sobre el móvil.

La investigación judicial determinó que el crimen ocurrió cerca de las 6.30 del 12 de abril de 2025, cuando Piedecasas salió de su vivienda para despedir a su madre, que se iba a trabajar. En ese momento, los acusados esperaban en un Peugeot 408 que pertenecía a la esposa de Ponzanesi.

La secuencia que figura en el expediente describe un ataque breve y directo. Según esa reconstrucción, Montivero descendió del vehículo y efectuó seis disparos con un arma calibre 11.25 milímetros contra la víctima. El empresario murió en el lugar a causa de las heridas. La Policía de Córdoba encontró el cuerpo con múltiples impactos de bala luego del alerta por un tiroteo en la zona.

La acusación sostiene que el crimen fue cometido por encargo a cambio de dinero, un punto que transformó la lectura inicial del expediente en una hipótesis de sicariato. La figura de homicidio triplemente calificado contempla, en este caso, tres agravantes concretos: la presunta existencia de un pago para concretar el asesinato, el carácter sorpresivo del ataque y la utilización de un arma de fuego.

El posible móvil estaría vinculado con una deuda de 300 mil dólares que Piedecasas mantenía con Ponzanesi a raíz de la venta de un hotel en Villa Carlos Paz. El presunto autor intelectual habría entregado a Montivero una suma cercana a 10 millones de pesos para ejecutar el homicidio.

La víctima se había instalado hacía poco tiempo en Villa María y arrastraba una trayectoria en el rubro hotelero, aunque su nombre no aparecía ligado a investigaciones penales previas. Ese perfil alimentó desde el comienzo la necesidad de reconstruir su entorno comercial y personal para determinar de dónde podía surgir un conflicto previo.

Uno de los elementos clave para el avance del expediente fue el análisis de las cámaras de seguridad. Con el correr de los meses, la pesquisa logró trazar el recorrido del auto utilizado en el crimen donde determinaron que se desplazó por la ruta 9. Los sospechosos se dirigieron hacia Arequito, en Santa Fe, localidad de la que ambos son oriundos.

La causa quedó desde el principio bajo la órbita de la fiscal Companys, quien ordenó medidas urgentes. El pedido de elevación a juicio marca ahora que la fiscalía considera cerrada la investigación penal preparatoria respecto de los dos imputados y con prueba suficiente para sostener la acusación en un debate oral. Si la resolución queda firme, será la Cámara del Crimen de Villa María la que deberá continuar el trámite y fijar la fecha de las audiencias.

El Tribunal Oral Federal 4 reabrió el juicio contra Enrique Blaksley Señorans, conocido como el Madoff argentino, por las supuestas maniobras de estafa y lavado vinculadas al proyecto del barrio privado Verazul, impulsado por la empresa Hope Funds.

La audiencia se celebró a raíz de una resolución de la Corte Suprema que ratificó un fallo de la Cámara de Casación Penal, que anuló una parte de la sentencia del Tribunal Oral Federal 4. En ese tramo, el tribunal había dispuesto la absolución por prescripción de la acción penal en relación con los hechos que vuelven a analizarse en este nuevo debate.

En consecuencia, este nuevo juicio debe limitarse a tramitar el punto 13 de la sentencia, que fue declarado nulo. Se trata de los presuntos delitos que se habrían cometido con anterioridad al 9 de abril de 2012.

El tribunal le dio la palabra a ARCA, parte querellante que impulsó la queja que logró la nulidad, para que expusiera sus consideraciones. El abogado Ramiro Buján enfatizó que el núcleo central del reclamo fue que no se habían ponderado los elementos de prueba o se había hecho una valoración parcial, y se remitió al alegato que pronunció en la instancia previa.

Luego habló la Fiscalía, que cumple el rol de controlar el proceso, y solicitó para Blaksley tres años de prisión y una multa por un monto seis veces mayor al de las operaciones de lavado de dinero cuestionadas.

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso un cuarto intermedio hasta el 4 de septiembre para escuchar a las defensas. Después de escuchar a todas las partes, los jueces pasarán a deliberar para emitir un nuevo veredicto.

Los acusados son Enrique Juan Blaksley Señorans, Pablo Andrés Willa, Federico Armando Dolinkue, María Paola D’Angelo y Felipe Badino.

El punto 13

El fideicomiso Verazul fue una estructura creada el 25 de julio de 2012 con el fin de desarrollar un emprendimiento urbanístico en Villa Rosa, Pilar, provincia de Buenos Aires. En su diseño participaron las sociedades Grileon S.A., bajo control de Hope Funds S.A., ligada a Enrique Juan Blaksley Señorans, y Willa Servicios Fiduciarios S.A., presidida por Pablo Andrés Willa.

La hipótesis del caso sostiene que se dedicaron a captar fondos de numerosos pequeños inversores, muchos de ellos de bajos recursos, mediante el engaño de que participarían de un negocio inmobiliario rentable.

Blaksley Señorans se mostraba con famosos y era sponsor de grandes eventos. Recibió el apodo de “Madoff argentino” por la magnitud de las estafas que cometió a través de la fachada de su empresa Hope Funds.

Los créditos de los inversionistas fueron transferidos primero a la sociedad Wall Street Group SRL y luego a Hope Funds. Sin embargo, los aportantes nunca recibieron los lotes prometidos ni se concretó la obra.

En este esquema, Blaksley Señorans quedó imputado como el supuesto líder del grupo, que decidía sobre el destino de los fondos. Willa apareció como el armador del fideicomiso y de los contratos utilizados para captar dinero.

Por su parte, Federico Dolinkue era el director suplente de Hope Funds S.A., que presuntamente tomó decisiones financieras. María Paola D’Angelo y Felipe Badino también habrían intervenido en la gestión de los fondos.

El primer juicio

En 2023, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Blaksley Señorans a ocho años de prisión como jefe de una asociación ilícita que estafó a 311 personas, por lavado de activos e insolvencia fraudulenta.

En su sentencia, consideró que la banda operó al menos desde 2009 hasta 2016 mediante la captación masiva de dinero de particulares que firmaban contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y adhesiones a fideicomisos inmobiliarios.

La sentencia estimó que la estafa verificada alcanzó USD 13.855.451,81, 42.234,59 euros y $32.249.332. El tribunal aclaró que ese cálculo, que se implementó para fijar el decomiso, solo comprendía los casos comprobados y no agotaba el universo total de damnificados.

Blaksley Señorans también fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos en un juicio abreviado por maniobras con inmuebles en Panamá. La pena unificada quedó fijada en ocho años y dos meses.

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado realizó este jueves una serie de registros en las sedes del grupo Swiss Medical y en la Clínica Los Arcos. Fue en el marco del escándalo por la confusión de las historias clínicas de Diego Armando Maradona y Don Diego que desató una nueva crisis en el juicio por la muerte del Diez.

El procedimiento fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro durante la última audiencia con el objetivo de recuperar los verdaderos archivos del astro del fútbol. Los estudios traspapelados son de laboratorios realizados entre 2011 y 2015 en el mencionado sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma línea, los jueces resolvieron volver a citar como testigos a los peritos de la Junta Médica que ya declararon para que evalúen los nuevos resultados y ratifiquen sus conclusiones del informe o expliquen qué modificaciones harían.

En total se incautaron 59 fojas de documentación relacionada con Diego Armando Maradona, según informaron fuentes policiales a Infobae. También se llevaron un escrito la prepaga aportó a la Justicia, donde explicaron nuevamente la situación y subrayaron que se trató de un “error involuntario de trabajadores del sector” que habrían ingresado mal el nombre de Don Diego al momento de atenderlo.

El primer operativo se realizó en el piso 12 de la sede de Swiss Medical, en el área correspondiente a la gerencia de legales. Allí fue identificado un abogado a cargo del sector, quien explicó que en esa dependencia únicamente se gestionan asuntos jurídicos y se archivan expedientes judiciales relativos a litigios de las empresas del grupo. El funcionario indicó que no se resguardan historias clínicas ni estudios médicos en ese espacio y la posterior inspección en ese sector resultó negativa.

La comitiva luego accedió al piso 18 de la misma sede, correspondiente a impuestos y contabilidad. En ese sitio, los investigadores constataron la presencia de equipos informáticos y comprobaron la ausencia de archivos o documentación relevante. El resultado de la diligencia en este sector fue igualmente negativo.

Así, el procedimiento se trasladó a la Clínica de los Arcos, donde el director de la institución recibió a los agentes. En la clínica, la medida arrojó resultado positivo: allí se incautaron 59 carillas de documentación perteneciente a Diego Armando Maradona, incluyendo información vinculada al seudónimo que utilizaba durante su atención médica.

Todo el material incautado quedará a disposición de la justicia para su análisis.

Cómo sigue el juicio

Debido a este conflicto, el tribunal resolvió suspender el debate oral hasta el próximo jueves. Cuando se reanude, los jueces informarán cómo continuará el proceso. Según adelantaron, los pasos a seguir son analizar la nueva documentación y llamar nuevamente al nefrólogo Hernán Trimarchi y Carlos Cassinelli, ambos peritos de la Junta Médica, para que analicen los nuevos exámenes e informen sus conclusiones.

Los resultados de laboratorio confundidos son más de 60, datan de entre 2011 y 2015 y midieron la creatinina plasmática, que es un dato clave para evaluar los riñones de un paciente. Todos los valores dieron mal y daban cuenta de una enfermedad renal crónica que presuntamente tenía el Díez. Sin embargo, confirmar que no pertenecían al astro del fútbol, sino a su padre, cambia las cosas.

Para la Fiscalía, encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y los abogados querellantes, estos documentos no generan gran impacto en las conclusiones Junta Médica. Por eso propusieron que simplemente los peritos que ya declararon lo vuelvan a hacer examinando esta nueva información. Los jueces aceptaron la propuesta.

El jueves próximo restará ver si las defensas de los imputados realizan algún planteo sobre lo sucedido esta semana.

El despacho Mendieta y abogados confirmó a Infobae México que solicitaron que la audiencia inicial del contraalmirante Fernando Farías Laguna fuera pública este 21 de agosto de 2026 en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras esperan la notificación formal del inicio del proceso. El equipo legal confirmó que ya tuvo comunicación con su cliente desde que aterrizó en México.

Los abogados argumentaron que la petición se basó en el principio de publicidad del sistema penal acusatorio. Explicaron que el artículo 20 constitucional estableció ese criterio y que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispuso que la regla fue la publicidad, mientras que cualquier restricción debió ser excepcional, fundada y motivada.

La defensa sostuvo que la FGR hizo público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención, los traslados y otras actuaciones vinculadas con Farías. Con ese antecedente, consideró que debía prevalecer la congruencia y que la audiencia no debió convertirse en un acto reservado sin una justificación jurídica clara.

También recalcó que la publicidad se mantuvo como regla y que la puerta cerrada quedó como excepción como lo hicieron con su hermano Manuel Roberto Farías.

Farías Laguna llegó desde Argentina esta mañana

Fernando Farías Laguna, el excontralmirante de la Marina acusado de encabezar una red de huachicol fiscal que operó en cinco estados del país, llegó a México pasadas las 3:00 de la mañana de este viernes 21 de agosto, tras ser deportado de Argentina en un avión militar de la Armada.

El traslado, coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina, la SSPC y la SRE, con la colaboración de autoridades de Estados Unidos y Argentina, pone fin a una batalla legal para evitar su regreso a México. Farías Laguna había ingresado a territorio argentino bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.

La aeronave, un Gulfstream G450 con matrícula AMT-205, partió del aeropuerto internacional de Ezeiza e hizo una escala en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia, para recargar combustible.

Será internado en el penal del Altiplano, donde ya se encuentra su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, para quedar a disposición del juez de control que lo requiere por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

FBI y DEA participaron en la entrega

El traslado se concretó como deportación, no como extradición formal. El juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó el resolutorio que archivó el proceso al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, señaló que no recibió notificación alguna. El juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires. El mecanismo de deportación adelantó su salida del país.

El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC registró la detención de Farías Laguna hasta las 3:55 de la mañana, con estatus “en traslado”. La ficha, describe al detenido como una persona del sexo masculino, complexión media, tez clara, barba cerrada, cejas pobladas y cabello ondulado negro, que viste pantalón beige, sudadera verde, suéter gris y tenis blancos —descripción que coincide punto a punto con las imágenes oficiales difundidas por la FGR desde el aeropuerto de Ezeiza.

Cientos de personas se congregaron este jueves en Plymouth, Massachusetts, para manifestar su apoyo a Lindsay Clancy, quien enfrenta un juicio por el asesinato de sus tres hijos. La movilización frente al tribunal busca visibilizar las deficiencias en el sistema de salud mental, mientras la defensa argumenta que la acusada padecía psicosis posparto al momento de los hechos.

Cerca de 300 mujeres y algunos hombres se reunieron durante la jornada del 20 de agosto en las inmediaciones del Tribunal Superior de Plymouth. Los asistentes portaron prendas de color rosa con lemas como “Believe” (Creer), “She Needed Help” (Ella necesitaba ayuda) y “Peace For Lindsay” (Paz para Lindsay), según informó AP.

El grupo permaneció en silencio durante más de una hora antes de que iniciaran los procedimientos judiciales. Al finalizar el acto, los manifestantes formaron un círculo para rezar, alzaron sus brazos y realizaron gestos de corazones con sus manos.

Se exhibieron incluso banderas de distintos países para demostrar el alcance global de su respaldo.

El caso de Lindsay Clancy y el argumento de la defensa

La acusada, de 36 años, se declaró inocente de los cargos de asesinato tras la muerte de sus hijos Callan, Dawson y Cora, cuyas edades oscilaban entre los ocho meses y los cinco años. El abogado defensor, Kevin Reddington, no niega la autoría material de los fallecimientos, pero sostiene que Clancy carece de responsabilidad penal debido a su estado mental.

De acuerdo con AP, el letrado afirma que la mujer, quien trabajaba como enfermera de parto, sufría de trastorno bipolar y psicosis posparto, condición vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales posteriores al alumbramiento.

Reddington sostuvo que su clienta solicitó asistencia de forma constante al acudir a múltiples proveedores ambulatorios, llamar a una línea de prevención del suicidio, visitar un servicio de urgencias y realizar un internamiento voluntario en un hospital psiquiátrico.

Tras el suceso ocurrido el 24 de enero de 2023, Clancy saltó desde una ventana de un segundo piso, razón por la que permanece paralizada de la cintura hacia abajo. Los fiscales sostienen que la mujer planificó el acto y envió a su esposo a realizar recados para quedarse sola con los menores, además de cuestionar la severidad de su intento de suicidio y el cumplimiento con sus tratamientos médicos.

Testimonios y desarrollo del juicio

Durante la audiencia del jueves, la capellana del hospital Brigham and Women’s, Sheila Cavanaugh, brindó su testimonio ante el estrado. La religiosa, quien ha visitado a Clancy en más de 200 ocasiones, describió el estado emocional de la acusada como “muy neutral” y con un “afecto plano” durante sus primeros encuentros.

Cavanaugh relató que, al despertar en el hospital, Clancy le expresó su alivio por considerar que sus hijos estaban a salvo. “Lindsay, tus hijos están a salvo. Están a salvo en el cielo con Dios”, recordó la capellana haberle respondido, según reportó AP.

La testigo también reveló que la acusada mencionó haber escuchado una voz que le ordenaba seguir ciertos mandatos para garantizar la seguridad de su familia. Ante los cuestionamientos de la fiscalía sobre la ausencia de este relato en los registros médicos, Cavanaugh aclaró que su labor es acompañar el sufrimiento y no realizar evaluaciones clínicas.

Reacciones y llamados a la concienciación sobre salud mental

Los participantes de la protesta expresaron su preocupación por el trato que reciben las mujeres dentro del sistema sanitario. April Vincent, una asistente legal de 52 años, declaró a AP que existe un temor generalizado ante la percepción de que las pacientes son desatendidas cuando manifiestan sus padecimientos.

Jeanne Zaborski, una enfermera jubilada de 72 años, manifestó su esperanza de que este proceso judicial impulse una mayor atención sobre la salud posparto. La mujer, quien sigue el juicio de manera cotidiana, subrayó que muchas personas se sienten identificadas con la historia de Clancy y abogan por que reciba la atención médica necesaria.

Contexto y datos sobre la psicosis posparto

La psicosis posparto representa una enfermedad mental grave que, aunque poco frecuente, requiere atención inmediata. Según datos citados por AP, los investigadores estiman que esta condición afecta a entre una y dos de cada 1.000 mujeres tras el parto.

Este diagnóstico se distingue de la depresión posparto por su mayor severidad y riesgo clínico. El juicio, que se transmite en vivo, ha generado un intenso debate público sobre la complejidad de estos trastornos y la responsabilidad del sistema de salud al abordar las crisis de las madres.

Este jueves, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró Abundio Escobar, quien ya durante la investigación había asegurado que la tarde del 13 de junio de 2024 escuchó los gritos de un niño. Durante la audiencia, ratificó ese relato y aportó nuevos detalles sobre lo que ocurrió en las horas posteriores. Además, Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, pidió volver a declarar ante el Tribunal.

Si bien en un principio se esperaba que Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, se presentara ante el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, su declaración debió ser reprogramada debido a que las partes se opusieron a que participara mediante videoconferencia.

Por lo tanto, el único testigo que declaró durante la jornada fue Escobar. El hombre ya había prestado testimonio el 21 de junio de 2024, cuando contó que el día de la desaparición de Loan escuchó “tres gritos de un nene” provenientes de un campo cercano.

Durante la audiencia de este jueves, relató que aquel 13 de junio, alrededor de las 11.30, vio pasar la camioneta Ford Ranger de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez en dirección a la casa de Catalina Peña, la abuela del niño. Siempre según su testimonio, el vehículo volvió a pasar cerca de las 14, esta vez en dirección a la localidad de 9 de Julio.

“A la tarde, entre las 17 y las 17.15, escuché el sonido de un chico. Eran gritos desesperados. Salí de mi casa y me puse a ver si venía alguien”, aseguró Escobar, según informó el medio local El Litoral. Y agregó: “Fueron tres gritos como ahogados, como si le taparan la boca a una persona”.

Durante la investigación ubicó inicialmente esos gritos entre las 18 y las 19. Ante el Tribunal corrigió ese horario y sostuvo que ocurrieron antes: “Los gritos fueron antes, era de día todavía”.

Tras escucharlos, el testigo dio aviso a Bomberos Voluntarios y a un policía identificado como Catalino “Hueso” Robledo. Según relató, ambos llegaron a la zona alrededor de las 18.40.

Esa misma tarde, cerca de las 19.30, Escobar aseguró haber visto a Antonio Benítez, uno de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Según su relato, el hombre estaba sin remera y descendió de una camioneta en la que viajaban varias personas para sumarse a la búsqueda. “Abrió una tranquera y corrió hacia el campo”, recordó.

El hombre también contó que esa noche se acercó hasta la casa de Catalina Peña para saber si sus compañeros del hospital, que habían concurrido al lugar para brindar asistencia, necesitaban ayuda. Según afirmó, en ese momento no vio allí ni a Caillava ni a Pérez.

En la parte final de su declaración, Escobar —quien trabaja como chofer de ambulancia en el hospital de 9 de Julio y vive en la zona rural donde desapareció el niño— señaló que al día siguiente salió a recorrer el campo a caballo, aunque la búsqueda no arrojó resultados.

Por otro lado, durante la audiencia, Nicolás “El Americano” Soria, acusado de integrar la denominada “banda del hotel” y de entorpecer la investigación, pidió volver a declarar ante el TOF. Frente a la solicitud, el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, respondió que el planteo quedaría a consideración para otra oportunidad.

La semana pasada, Soria negó las acusaciones en su contra y aseguró que jamás había tenido contacto previo con los otros imputados de la “banda del hotel”. “No conocía a ninguno de los nueve imputados. Tampoco a la familia de Loan ni al gobernador. A nadie. Es más, nunca había estado en Corrientes”, sostuvo.

También afirmó que viajó a 9 de Julio con la intención de colaborar en la búsqueda del niño. “Decidí ayudar por mi cuenta. Llegué a 9 de Julio el 1° de julio en mi auto. Solo”, declaró.

Tras aquella audiencia, habló con los medios y aseguró sentirse aliviado por haber dado su versión. “La verdad es que me siento muy liberado porque conté toda la verdad. Siempre hablé con la verdad y voy a seguir declarando con la verdad”, expresó. Y concluyó: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún ilícito”.

El juicio continuará la próxima semana. Para el martes 25 de agosto está previsto que declaren los periodistas Paula Bernini y Cristian Balbo, quienes cubrieron el caso desde los primeros días.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el juicio contra el jubilado Daniel Rubén Vera, alias Elpidio Sánchez, por amenazas e incitación al odio a raíz de sus publicaciones en redes sociales contra el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, diputados nacionales y periodistas.

La resolución firmada por el juez Carlos Mahiques declaró inadmisible el recurso extraordinario que presentó la defensa con el propósito de frenar el debate hasta que la Corte Suprema revise el rechazo a su pedido de suspensión del juicio a prueba, o probation.

Por otra parte, ante un planteo de Vera para frenar el inicio del juicio, el Tribunal Oral Federal 3 resolvió mantener la fecha prevista para el 1 de octubre de este año. El juez Fernando Marcelo Machado Pelloni concluyó que “no existe un perjuicio actual que justifique suspender el avance del proceso penal”.

El imputado está detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria. Es un jubilado e integrante de un gremio docente de la provincia del Chaco y se ocultaba bajo el perfil Elpidio Sánchez para publicar sus amenazas y comentarios antisemitas.

En Facebook difundió fotos de Javier Milei y del diputado José Luis Espert con un punto rojo, como si fuera la mira láser de un arma. Escribió “como ratas hay que cazarlos y eliminarlos” al lado de una imagen de Benjamín Netanyahu. También atacó a periodistas como Eduardo Feinmann, Luis Majul y Jonatan Viale.

El fallo de Casación

La Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que presentó Daniel Rubén Vera porque entendió que la impugnación no acreditó una cuestión federal que permitiera abrir la vía extraordinaria ante la Corte Suprema.

Para el camarista Mahiques, la defensa “se limitó a expresar su discrepancia con la decisión adoptada por este tribunal, sin lograr desarrollar una adecuada demostración de la arbitrariedad que alega”.

En esa línea, advirtió que la doctrina de la arbitrariedad tiene un carácter estrictamente excepcional y que no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa.

El juicio oral

El Tribunal Oral Federal 3 ratificó el avance del proceso hacia el juicio oral, al considerar que no existe un perjuicio actual que justifique frenar el debate previsto para el 1 de octubre de 2026.

La defensa había pedido dejar sin efecto el comienzo del debate oral con el argumento de que no debía realizarse mientras siguiera pendiente la discusión sobre una posible suspensión del juicio a prueba.

Intentó respaldar su planteo en que, en una audiencia preliminar que se realizó en febrero pasado, la querella de Eduardo Feinmann no objetó la concesión del beneficio. Por su lado, la fiscalía se opuso por la gravedad de los hechos cuestionados y por razones de política criminal.

El juez Machado Pelloni afirmó que la resolución cuestionada “se endereza a lo que la ley prescribe se realice en esta instancia, el juicio oral y público”. En el mismo tramo, descartó que la defensa hubiera demostrado un daño concreto derivado de fijar fecha para el inicio del debate.

El fallo agregó que no se expuso “de qué manera la fijación de la fecha para dar inicio al debate, se traduce en un perjuicio a esa parte”, más allá de la hipótesis sobre un eventual cambio de criterio en instancias superiores.

En este sentido, el magistrado sostuvo que la medida de arresto domiciliario que pesa sobre Vera desde hace más de un año “sugiere aún más imprimir celeridad al trámite”.

Arturo Bejar, un ex ingeniero de Meta, aseguró que para la empresa y su CEO, Mark Zuckerberg, la seguridad de los menores de edad en Instagram y Facebook no era prioridad, como si lo era su participación y el crecimiento que podían aportar a estas redes sociales.

Su confesión se realizó en medio del juicio que enfrenta la empresa en California, en el que 29 estados de Estados Unidos la acusan diseñar sus plataformas para enganchar a los menores, minimizar los riesgos y recolectar datos sin consentimiento parental. Un caso que podría llevar a la compañía a la quiebra.

Por qué Meta fue demanda en Estados Unidos

El proceso se desarrolla en la corte federal de Oakland, California, y reúne a la empresa frente a una coalición de 29 estados liderados por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. El monto reclamado podría alcanzar los $1,4 billones (1.400.000 millones) de dólares, junto con la exigencia de eliminar funciones como las historias de Instagram y la reproducción automática de videos, consideradas adictivas para los usuarios más jóvenes.

Durante los alegatos iniciales, la fiscal Meghan O’Neill recalcó que el caso “no es sobre quitar Instagram”, sino sobre si Meta engañó al público acerca de los riesgos para los menores en sus plataformas.

En paralelo, familiares de víctimas se congregaron fuera del tribunal: padres alzaron la voz narrando cómo la interacción de sus hijos con estas redes derivó en depresión, acoso, consumo de drogas e incluso muertes.

Casos como el de Coco, una joven que murió por una sobredosis tras ser contactada por un adulto a través de Instagram, y el de Elijah, quien se quitó la vida tras ser víctima de una estafa sexua.

Cómo fue el testimonio de Arturo Bejar contra las políticas de protección de Meta

Bejar, quien trabajó en Meta entre 2009 y 2015 y luego como contratista independiente hasta 2021, fue el primer testigo presentado por los estados.

Su declaración fue contundente: “Si Mark (Zuckerberg) hace de algo una prioridad, las cosas cambian en meses”, afirmó. Según Bejar, el CEO de Meta ejercía un control directo sobre las decisiones clave y cualquier cambio de diseño enfocado en la seguridad solo ocurría si él lo ordenaba expresamente.

El exingeniero desmintió las afirmaciones del propio Zuckerberg, quien había sostenido que la empresa utilizaba investigaciones constantes para mejorar la seguridad de sus productos. Bejar explicó que, ante estas declaraciones, llegó a enviarle un correo electrónico al CEO advirtiendo sobre los riesgos, pero nunca recibió una respuesta satisfactoria. “No puedes confiar a Mark Zuckerberg el cuidado de los niños”, sentenció el exdirectivo.

Durante el proceso, relató el caso de su propia hija, quien sufrió acoso misógino tras abrir una cuenta en Instagram a los 16 años. Aunque ella logró reunir seguidores, lo hizo “al precio del daño”, según reconoció su padre. Bejar también admitió que cientos de empleados en Meta están dedicados a temas de seguridad, pero que las políticas y herramientas implementadas no resultaban eficaces para proteger a los menores.

Uno de los aspectos más llamativos de la comparecencia de Bejar fue la acusación de que Meta adoptó una postura de “don’t ask, don’t tell” (no preguntar, no informar) respecto a los usuarios menores de 13 años. A pesar de la tecnología capaz de identificar a millones de niños que no alcanzan la edad mínima, la compañía habría optado por no intervenir para no afectar el crecimiento y las ganancias.

Bejar criticó funciones como la herramienta “Take a Break”, diseñada para que los adolescentes hagan pausas mientras usan Instagram. Según su experiencia, esta función es “fácil de ignorar”, no viene activada por defecto y se asemeja a un “airbag que hay que encender cada vez que uno sube al auto”.

Para Bejar, una herramienta de protección efectiva debe estar activa desde el primer momento y no depender de la iniciativa del usuario. Por lo que, según él, “la seguridad era algo secundario” para la empresa.

Qué sigue en el juicio contra Meta

El juicio, que inicio el pasado 18 de agosto, está previsto para durar seis semanas, tras lo cual el jurado emitirá un veredicto consultivo. La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers determinará si Meta es responsable y, en ese caso, fijará las eventuales sanciones y las modificaciones que deberán adoptarse en Facebook e Instagram.

Se espera que durante el proceso comparezcan testigos clave, incluidos Mark Zuckerberg y el responsable de Instagram, Adam Mosseri. De confirmarse las acusaciones, Meta podría verse obligada a realizar cambios profundos en sus plataformas, limitar el tiempo de uso para menores y modificar elementos considerados adictivos, como el “scroll infinito”.

Para la empresa, el riesgo no solo es financiero sino también reputacional, ya que el caso podría sentar un precedente para la regulación de las tecnológicas en todo Estados Unidos.

Cuatro policías de la Comisaría 47° de J.J. Gómez, de la provincia de Río Negro, llegaron a juicio oral por los delitos de torturas, lesiones leves calificadas, privación ilegal de la libertad y amenazas con arma, cometidos presuntamente contra dos adolescentes en el playón deportivo del barrio Alta Barda durante la madrugada del 15 de junio de 2024.

El proceso tiene a más de 30 testigos y se lleva adelante en los Tribunales de la localidad rionegrina de General Roca, según informó el portal del Ministerio Público de Río Negro.

El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez, escuchó en la primera jornada a los primeros testigos propuestos por la acusación. La expectativa sobre el desarrollo del juicio se centra en la pretensión punitiva de la Fiscalía, que solicita penas superiores a los tres años de prisión. El debate, que se extenderá a lo largo de seis jornadas, prevé la proyección de pruebas audiovisuales y la declaración de decenas de testigos.

Durante el primer día, la madre de uno de los adolescentes afectados relató ante el tribunal el impacto que los hechos tuvieron en su hijo y en el entorno familiar. También declararon la hermana de la mujer y dos enfermeras del servicio de emergencias, quienes aportaron detalles sobre el estado físico y emocional de los jóvenes tras los hechos.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre las 2:05 y las 4:30 de la madrugada del 15 de junio de 2024. De acuerdo con el fiscal, los cuatro policías arribaron en una camioneta oficial al playón deportivo de Alta Barda, donde se encontraban varios jóvenes.

“Uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a los presentes”, expuso el fiscal durante sus alegatos de apertura. Posteriormente, los agentes identificaron a dos adolescentes y les ordenaron subir al móvil policial. Dentro del vehículo, una de las empleadas conducía, otra viajaba en la cajuela, y el tercer policía se ubicaba en el asiento trasero junto a los menores.

En línea con la reconstrucción de los hechos, los adolescentes fueron trasladados a un descampado en las afueras del barrio, donde fueron privados de su libertad sin ser conducidos a ninguna dependencia policial. Una vez allí, el mismo agente que habría disparado anteriormente golpeó a los jóvenes, mientras las dos mujeres policías le exigían que detuviera su accionar y el cuarto agente observaba en silencio.

El fiscal añadió que, tras las agresiones, el policía insistió con nuevas órdenes. “Esta vez les dijo que corrieran y volvió a efectuar detonaciones hacia los pies de los adolescentes, causándole a uno de ellos una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón”, continuó el fiscal. La acusación sostiene que el accionar culminó cuando el agente presuntamente amenazó a los jóvenes con la frase: “¿Qué pasa si yo te mato y te desaparezco?”, mientras empuñaba el arma cargada.

Los adolescentes lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos hasta recibir ayuda.

De esta manera, están imputados por los delitos de “torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma”. Según la acusación, uno de los empleados policiales deberá responder como autor principal, y los otros tres en calidad de partícipes necesarios.

El defensor penal público Juan Pablo Chirinos, quien representa a uno de los imputados, reconoció en sus alegatos que su defendido admitió haber participado en los hechos, aunque no en la magnitud ni con la modalidad que describe la Fiscalía. “Para esta parte no hay tortura”, sostuvo Chirinos.

Por su parte, Flavia Rojas, también de la defensora pública, anticipó que el debate incluirá la discusión sobre la desigualdad en la fuerza policial entre hombres y mujeres, y cómo este factor incide en la actuación de su asistida. Además, la defensa particular de los otros imputados cuestionó la calificación legal, abriendo el debate sobre la interpretación de los hechos y la responsabilidad de cada uno de los policías involucrados.

Entre los testigos que prestarán declaración se encuentran, familiares de las víctimas, personal médico, peritos y otros agentes policiales. Para la segunda jornada está programada la reproducción de las Cámaras Gesell en las que los adolescentes brindaron su testimonio, así como la presentación de otros elementos probatorios solicitados por las partes.

La tercera jornada del juicio por el asesinato de Tupac Shakur subió de tono por el testimonio de James McDonald, exintegrante de la pandilla Mob Piru Bloods y excolaborador de Death Row Records.

Citado bajo orden judicial y presentado como “testigo hostil”, evitó detallar episodios violentos y tensó el intercambio con el fiscal frente al jurado.

El proceso tiene como acusado a Duane “Keffe D” Davis. Según la fiscalía, consiguió el arma y estuvo en el vehículo desde el que se disparó.

La acusación sostiene que el crimen formó parte de una escalada de represalias entre las pandillas Crips y Bloods, desencadenada por un enfrentamiento previo entre el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson —señalado como presunto autor material—, y miembros del círculo de Shakur.

McDonald admitió su incomodidad en el estrado. “No vine voluntariamente”, respondió al fiscal Binu Palal, al subrayar que su presencia obedecía a una citación judicial.

También describió el trasfondo de violencia ligado a la rivalidad entre Crips y Bloods en Los Ángeles: “En la vida de pandillas, siempre hay violencia en cualquier momento”, resumió.

La negativa a responder y la tensión en la sala

Cuando el fiscal le pidió que detallara hechos violentos que hubiera presenciado, McDonald se negó: “¿En serio? No me preguntes eso aquí”, lanzó. La respuesta dejó expuesta la reticencia del testigo a profundizar ante el jurado.

McDonald coordinaba la seguridad en el club 662, propiedad de Marion “Suge” Knight, la noche en que Shakur fue atacado. Según su relato, el local era el destino previsto para el rapero y el productor. El ataque ocurrió a poco más de un kilómetro del club.

El testigo dijo que, tras confirmarse el ataque, “la gente se fue de Las Vegas esa misma noche, porque era una situación delicada. Pac fue baleado. La represalia era segura”.

Aunque no presenció el asesinato, McDonald afirmó que el entorno de las pandillas reaccionó de inmediato y anticipó una respuesta violenta antes de que se confirmara la muerte del rapero, ocurrida seis días después, a causa de las heridas.

La seguridad de Death Row y el testimonio de Reggie Wright Jr.

La audiencia también escuchó a Reggie Wright Jr., jefe de seguridad de Death Row y entonces agente policial en Compton. Wright testificó desde una scooter eléctrica debido a secuelas de Long Covid.

En su declaración, distinguió entre su rol formal y el de McDonald, a quien identificó como miembro de los Bloods. “No eran seguridad oficial, pero sí brindaban otro tipo de protección”, admitió en sala.

Wright relató que asignó un segundo guardia personal a Shakur tras el lanzamiento de Hit ‘Em Up, un tema dirigido contra Bad Boy Records y Christopher “Biggie Smalls” Wallace. La noche del crimen, ese agente no se presentó a trabajar, lo que dejó a Shakur y Knight solos en el vehículo.

Cuando le preguntaron si tuvo relación con el asesinato, Wright fue tajante: “Absolutamente no”, al desmentir las insinuaciones de Davis, quien lo mencionó desde la cárcel como posible orquestador del crimen.

Fotos de la autopsia y disculpas fuera del tribunal

La sesión matinal incluyó la exhibición de fotografías de la autopsia de Shakur, tomadas justo después de su fallecimiento en el hospital.

Las imágenes mostraron tubos médicos y heridas de bala, así como el tatuaje “Thug Life” en el pecho del artista. Los familiares de Shakur, advertidos previamente sobre la crudeza de las pruebas, abandonaron la sala antes de la proyección.

Al final de la jornada, McDonald protagonizó una escena fuera del tribunal: buscó al abogado defensor Michael Sanft para ofrecerle disculpas por el tono de su declaración.

“No quería contribuir a que Davis termine en prisión, pero también debe asumir que sus palabras lo pusieron en esa posición”, afirmó ante la prensa.

El coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega deberá comparecer el 8 de septiembre de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por la demanda civil presentada por las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.

El proceso busca determinar si el exmilitar tuvo alguna responsabilidad en la tortura y posterior ejecución extrajudicial del jurista durante los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 y posteriormente retomado por las Fuerzas Militares.

Plazas Vega, quien actualmente reside en Weston, Florida, fue llamado a juicio en el marco de una demanda interpuesta en 2022 por Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, hijas del magistrado. Las demandantes sostienen que el entonces comandante de la Escuela de Caballería y una de las personas que lideraron la operación militar habría tenido injerencia en los hechos que terminaron con la muerte de su padre.

El caso se tramita como un proceso civil en Estados Unidos y plantea una discusión distinta de la que fue resuelta por la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Plazas Vega en 2015 de los cargos relacionados con desaparición forzada derivados de la retoma del Palacio de Justicia, pero ahora, el tribunal estadounidense deberá examinar los argumentos relacionados con una eventual responsabilidad de mando en el caso particular de Urán Rojas.

Las hermanas del magistrado sostienen que su padre fue visto con vida cuando salió del Palacio de Justicia después de la toma del M-19. Posteriormente, según los informes forenses mencionados en el proceso, fue encontrado dentro del edificio con un impacto de arma de fuego a corta distancia.

La responsabilidad de mando, en el centro del proceso

El debate ante la justicia estadounidense no se concentra únicamente en determinar quién disparó contra Urán Rojas. El punto central será establecer si Plazas Vega, desde la posición que ocupaba dentro de la estructura militar, tenía autoridad sobre los uniformados que habrían participado en la tortura y asesinato del magistrado, si conocía lo que estaba ocurriendo y si tomó medidas para impedirlo o investigar los hechos posteriormente.

El documento que establece las pautas del juicio, conocido por El Espectador, señala que “una persona puede ser responsable aunque no haya realizado personalmente cada acto”, y que “el demandado no necesita haber realizado personalmente el crimen”.

Las demandantes deberán demostrar que Plazas Vega tuvo una relación de poder sobre quienes habrían sometido al magistrado a tratos crueles después de su salida con vida del Palacio de Justicia. La demanda sostiene que el exmilitar habría “conspirado” desde su posición de mando y habría “sometido” al magistrado auxiliar a los actos que precedieron su muerte.

En relación con la ejecución extrajudicial, el tribunal deberá valorar pruebas encaminadas a establecer que una o varias personas mataron deliberadamente a Urán Rojas y que su muerte no correspondió a una ejecución autorizada judicialmente. Este planteamiento se contrapone con la hipótesis que durante años sostuvo la Fiscalía en Colombia, según la cual el magistrado murió en medio del fuego cruzado entre el Ejército y el M-19.

Sobre la eventual responsabilidad de mando, el tribunal establece que “No es necesario que la persona responsable haya utilizado personalmente un arma o ejecutado físicamente cada acto que produjo la muerte si (...) su conducta sometió al magistrado Urán a la ejecución extrajudicial”.

El mismo documento explica que la responsabilidad de mando “se basa en la idea de que quienes ocupan posiciones superiores dentro de una cadena de mando (en este caso la Escuela de Caballería del Ejército) tienen poder o autoridad y, además, el deber de prevenir los abusos”.

Por su parte, Plazas Vega ha sostenido que no tuvo participación ni responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Testigos y pruebas durante diez días

Para sustentar sus acusaciones, las hermanas Urán Bidegain presentarán 21 testigos. Entre ellos se encuentra Orlando Arrechea Ocoró, quien trabajaba en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue retenido por el M-19 durante la toma y posteriormente, según el expediente, fue torturado por militares durante la retoma.

También declararán los periodistas Julia Navarrete y Rodrigo Barrera, quienes, de acuerdo con la información incorporada al proceso, observaron al magistrado auxiliar salir con vida del Palacio de Justicia.

Otro de los testigos será Cecilia Cabrera Guerra, esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y una de las personas desaparecidas durante los hechos. Asimismo, está previsto el testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, exagente de inteligencia del Estado, quien en 2007 entregó información a la Procuraduría sobre las torturas ocurridas durante la toma y retoma.

Por su parte, Plazas Vega presentará 13 testigos. Entre ellos se encuentra el magistrado auxiliar José Gabriel Salom, quien resultó herido durante los acontecimientos de noviembre de 1985, sobrevivió y posteriormente entregó información relacionada con la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz.

También está incluido Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general de la Nación y designado embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.

En total, las pruebas y testimonios serán presentados durante diez días ante la justicia estadounidense. Al término del proceso, el jurado deberá determinar si los elementos aportados permiten establecer la responsabilidad de Plazas Vega en el crimen de Carlos Horacio Urán Rojas.

La residencia del exmilitar en Estados Unidos permitió que las hijas de Carlos Horacio Urán presentaran en 2022 la demanda civil bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Así las cosas, el 8 de septiembre comenzará el juicio que deberá establecer si existió o no responsabilidad de mando de Plazas Vega en la tortura y muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

Inicia uno de los procesos judiciales más tensos en la industria tecnológica, en el que se ponen frente a frente Meta y una coalición de 29 estados de los Estados Unidos. Este proceso podría marcar un antes y un después en la historia de las redes sociales, tanto por el alcance económico como por los cambios que podría haber en estas aplicaciones y su impacto en los usurios.

La demanda, presentada en 2023, acusa a la empresa de Mark Zuckerberg de fomentar deliberadamente la adicción a las redes sociales entre niños y adolescentes, además de recopilar datos de menores de 13 años de edad sin consentimiento parental.

El monto reclamado por daños supera los 1,4 billones de dólares (1,4 millones de millones), una cifra que iguala el valor bursátil de la compañía y que, de concretarse, podría llevarla a la bancarrota.

Por qué están demandando a Meta

El eje central de la demanda sostiene que la empresa diseñó y mantuvo funciones en Facebook e Instagram con el objetivo de captar y retener a usuarios jóvenes, a sabiendas de los riesgos que esto conllevaba para su salud mental.

Según los fiscales, la motivación detrás de estas prácticas era maximizar las ganancias derivadas de la publicidad online, que representa el 98% de los ingresos de la empresa.

Los estados demandantes afirman que la compañía ha utilizado tecnologías avanzadas para desarrollar productos que resultan especialmente adictivos para niños y adolescentes. Además, Meta habría recolectado sistemáticamente información personal de menores de 13 años sin las autorizaciones requeridas, infringiendo la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) y otras leyes de protección al consumidor.

La acusación sostiene que, pese a conocer los peligros, la empresa no solo no advirtió adecuadamente a los usuarios ni a sus familias, sino que también habría minimizado o negado públicamente los riesgos. El fiscal general de California, Robert Bonta, señaló que la compañía “diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes”, era consciente de ello y “luego mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.

Cómo será el desarrollo del juicio contra Meta

El juicio, que se inicia en un tribunal federal de Oakland, California, reúne a los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey como primeros demandantes, aunque se prevé que los otros 25 estados celebren sus propios procesos más adelante. La selección del jurado tuvo lugar la semana pasada, y los argumentos de apertura se presentan este martes 18 de agosto de 2026.

La importancia del tribunal californiano es especialmente significativa, ya que se trata del estado donde Meta tiene su sede y donde las autoridades ejercen el mayor alcance legal sobre la compañía. Para muchos analistas, este caso se asemeja a las demandas masivas contra las tabacaleras en los años noventa, cuando las multas multimillonarias transformaron radicalmente ese sector.

El precedente inmediato más relevante para Meta es el reciente fallo en Nuevo México, donde la empresa fue condenada a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, además de otros 375 millones por un juicio anterior en marzo, ambos por no proteger adecuadamente a los menores de los riesgos en sus plataformas.

En ese caso, el juez Bryan Biedscheid subrayó que las pruebas presentadas demostraron la contribución de las redes sociales de Meta a la crisis de salud mental juvenil en el estado.

Cuál sería el impacto económico y empresarial a Meta

La cifra de 1,4 billones de dólares que reclaman los estados demandantes podría, en teoría, llevar a Meta a la bancarrota y forzar una reestructuración que pondría incluso en riesgo la continuidad de la empresa bajo la actual propiedad. La propia compañía reconoció en un expediente judicial que esta suma es casi tan alta como toda su capitalización bursátil.

Sin embargo, los expertos consideran poco probable que el tribunal imponga una sanción de semejante magnitud, ya que no existen antecedentes de una multa de tal envergadura en la historia de la protección al consumidor.

En términos prácticos, el tribunal tiene un amplio margen para determinar la cuantía de la sanción si Meta resulta responsable. James Grimmelmann, profesor de derecho en Cornell, enfatizó que una indemnización de esa escala “llevaría a Meta a la bancarrota, arruinaría a sus propietarios y, efectivamente, daría lugar a que los estados sean dueños de Meta”, aunque calificó este escenario como extremadamente improbable.

Más allá del impacto financiero, un fallo adverso obligaría a la empresa a modificar de forma sustancial el funcionamiento de Facebook e Instagram. Esto podría incluir desde cambios en los algoritmos para frenar los mecanismos adictivos hasta nuevas restricciones en la recopilación de datos y en el acceso de menores a las plataformas.

De hecho, Meta ya ha introducido recientemente medidas como cuentas privadas por defecto para adolescentes en Instagram, controles parentales y el uso de inteligencia artificial para detectar la edad real de los usuarios.

Un tribunal de Florida inicia este lunes el juicio contra Mario Fernandez Saldana por el presunto asesinato por encargo de Jared Bridegan, un gerente de diseño que había trabajado en Microsoft y que murió a tiros en Jacksonville Beach en 2022 cuando salió de su vehículo para retirar un neumático que bloqueaba la calle.

Según informó Associated Press, la fiscalía sostiene que el ataque fue una emboscada planificada y vinculada a una larga disputa por la custodia de los dos hijos que Jared Bridegan tenía con su ex esposa, Shanna Gardner. De acuerdo con las revisiones, el crimen ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa en St. Augustine con su hija menor, de 2 años, sentada en una silla infantil dentro del auto.

La acusación plantea que Fernandez Saldana, de 38 años, coordinó una operación para atraer a Bridegan, de 33, fuera del vehículo y facilitar el ataque. La causa, que se tramita en el condado de Duval, es la primera de tres instancias judiciales previstas por el mismo homicidio.

A su vez, la ex esposa del ejecutivo —quien también estuvo casada con Fernandez Saldana— enfrenta cargos y su juicio comenzará en septiembre.

Cómo ocurrió la emboscada que llevó el caso a juicio

La reconstrucción policial indica que Bridegan había pasado parte de la tarde con los mellizos de 9 años que compartía con Gardner y los devolvió a la casa de ella en Jacksonville Beach. Después retomó el trayecto hacia St. Augustine junto con una de las dos hijas que tuvo con su actual esposa, Kirsten Bridegan.

De acuerdo con las reconstrucciones, el hombre encontró un neumático atravesado en la calzada, detuvo el auto y descendió para apartarlo. En ese momento recibió varios disparos. La niña permaneció ilesa dentro del vehículo, aunque una bala pasó a escasa distancia de su asiento.

La escena reforzó desde el inicio la hipótesis de una acción dirigida. CBS News señaló que los investigadores descartaron un robo porque los objetos personales de la víctima permanecieron en el lugar. Entre ellos figuraban la billetera, el reloj y otras pertenencias, mientras el cuerpo quedó tendido sobre la calle residencial tras el ataque.

El entonces jefe de la Policía de Jacksonville Beach, Gene Paul Smith, definió el hecho como “una emboscada y un asesinato planificados”, tras el arresto del presunto tirador.

Hipótesis de la fiscalía y conflicto con la ex esposa

La investigación ubica en el centro del caso a la disputa posterior al divorcio entre Bridegan y Gardner, formalizado en 2015. Según AP, el proceso derivó en años de enfrentamientos por la crianza y la custodia compartida de sus hijos.

En documentos judiciales citados por ese medio, la jueza London Kite resumió la postura policial tras una audiencia de fianza celebrada en 2024. Allí escribió que Gardner “odiaba al señor Bridegan, odiaba tener que compartir la custodia de los niños con él y lo quería muerto”.

La ex esposa, de 39 años, está acusada de homicidio, conspiración para cometer homicidio, solicitud para cometer homicidio y abuso infantil.

Además, la fiscalía también aludió a declaraciones de allegados y a registros que, según su teoría, muestran que Fernandez Saldana y Gardner no actuaron por separado. La fiscal Melissa Nelson afirmó en 2023 que el asesinato no fue obra de un solo participante y atribuyó a la mujer un papel central en el plan.

Rol atribuido al presunto tirador y pruebas citadas

El tercer acusado es Henry Tenon, un hombre de 65 años al que las autoridades identifican como el supuesto autor de los disparos. Previamente había aceptado declararse culpable de asesinato en segundo grado en 2023 y colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios procesales.

Ese acuerdo se cayó este año, dado a que Tenon retiró su declaración de culpabilidad al asegurar que el testimonio ofrecido en ese marco era falso. Un juez aceptó el pedido y fijó para marzo de 2027 el juicio en su contra, con lo que la acusación perdió a uno de sus testigos más sensibles en la antesala del debate contra Fernandez Saldana.

Entre las pruebas mencionadas por la acusación figuran al menos USD 10.000 que, según las autoridades, recibió Tenon después de la muerte de Bridegan. También aparece ADN suyo en el neumático que bloqueaba el paso del vehículo.

Además de esas pistas, los fiscales presentaron registros de GPS que mostrarían dos recorridos previos por la ruta de la víctima y más de 60 contactos telefónicos entre Tenon y Fernandez Saldana.

Qué viene ahora en el proceso judicial en Florida

El juicio que comienza este lunes convierte a Fernandez Saldana en el primero de los tres acusados en sentarse ante un jurado. El hombre fue arrestado en Orlando en marzo de 2023 y se declaró no culpable de los cargos, entre ellos asesinato en primer grado y solicitud para cometer un delito capital.

La defensa sostiene que la evidencia no prueba de manera concluyente la participación del acusado. En una audiencia de este año, su abogado cuestionó la credibilidad de Tenon y planteó que parte de sus declaraciones resultó forzada. También mostró una entrevista policial en la que Fernandez Saldana afirmó que estaba en su casa en un horario que, según esa versión, le impedía asistir al tirador.

Tras esta instancia, la siguiente acusada en enfrentar juicio será Shanna Gardner, cuya fecha de inicio está prevista para septiembre. Mientras que la selección del jurado para el proceso contra Fernandez Saldana concluyó la semana pasada con 12 jurados y 4 suplentes, a la espera de los alegatos iniciales.

El tribunal detalló el 12 de agosto en Fort Hood, en Texas, la estructura completa del expediente contra el médico militar Blaine McGraw, con nueve cargos y 273 especificaciones, informó NBC News.

La propia cobertura detalló que el caso incluye 12 cargos de agresión sexual, 79 de intento de agresión sexual, 66 de grabación visual indebida y 91 de agresión consumada por contacto físico. El expediente ya reúne 93 presuntas víctimas, de acuerdo con ese reporte.

Durante esa comparecencia ante un juez militar, McGraw rechazó todas las imputaciones y formalizó su declaración de no culpable, afirmó NBC News.

El señalamiento penal se concentra en hechos atribuidos durante consultas ginecológicas a pacientes mujeres dentro del sistema de salud del Ejército. La mayor parte de las acusaciones se vincula con atenciones realizadas en el Carl R. Darnall Army Medical Center de Fort Hood.

La investigación creció desde la denuncia inicial

La magnitud actual del expediente contrasta con los datos que habían trascendido meses atrás. NBC News recordó que la Oficina del Fiscal Especial del Ejército había hablado antes de 44 víctimas durante 2025. El nuevo recuento casi duplicó esa cifra tras el avance de la pesquisa.

El medio estadounidense afirmó que las conductas bajo investigación se habrían extendido entre 2021 y 2026. Parte de los hechos atribuidos en el expediente también alcanzan su paso por el Tripler Army Medical Center, en Hawái, donde trabajó entre junio de 2019 y junio de 2023.

A partir de ese antecedente, el Ejército notificó a antiguas pacientes de ese hospital sobre la investigación y sobre los canales disponibles para presentar quejas.

Qué resolvió la audiencia y qué falta definir

La comparecencia dejó abierto un punto central del proceso. El diario militar Stars and Stripes, afirmó que el acusado postergó su decisión sobre el tipo de juicio que prefiere, es decir, si su caso quedará en manos de un panel militar o solo de un juez. Además, precisó que todavía no existe una fecha de juicio.

La publicación añadió que el magistrado anticipó un proceso con una cantidad de evidencia “voluminosa”, expresión que alude al material que deberán revisar la fiscalía y la defensa antes de las próximas audiencias.

El proceso sigue sin una decisión sobre la responsabilidad penal de McGraw y tampoco tiene fechas fijadas para sus próximos pasos. Lo que sí quedó expuesto en esta etapa es la dimensión que tomó el expediente frente a los primeros datos conocidos del caso.

Cómo empezó el caso y cuál fue la respuesta del Ejército

La investigación se activó después de una denuncia presentada por una paciente en octubre. A partir de esa queja, la División de Investigación Criminal del Ejército abrió una pesquisa, el médico fue acusado formalmente en diciembre y funcionarios de Fort Hood aseguraron que lo suspendieron de inmediato, informó NBC News.

La cadena añadió que autoridades del centro médico identificaron a más de 1.400 pacientes de McGraw para informarles sobre la existencia de la investigación, un dato que ayuda a explicar por qué el expediente ganó volumen con el paso de los meses.

En paralelo, NBC News recordó que una ex paciente presentó una demanda civil anónima y afirmó que había sido grabada sin conocimiento ni consentimiento durante casi toda una consulta final, incluidos exámenes de mamas y pelvis.

Esa misma presentación judicial acusó a mandos del Ejército de haber permitido que McGraw siguiera ejerciendo durante años pese a denuncias previas de conducta sexual indebida, una acusación que la institución rechazó, añadió la cadena.

La Justicia de Bariloche resolvió el sobreseimiento de un coordinador de turismo estudiantil en la causa por la muerte de Thomás Octavo, el adolescente de 17 años que falleció en octubre de 2022 por una falla multiorgánica, después de haberse enfermado durante su viaje de egresados y de una serie de omisiones en la atención que recibió.

La resolución dejó afuera del proceso penal a Ezequiel Castaño, quien tenía 19 años al momento de los hechos y era uno de los coordinadores asistentes en aquel viaje a Bariloche. Según informó Río Negro, la jueza Romina Martini concluyó que no había elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal, ya que se trataba de un coordinador “en formación”, sin tareas de dirección ni de supervisión.

El pedido de sobreseimiento fue impulsado por la fiscal adjunta Fernanda Orticelli, por instrucción de la fiscal Sofía Ocampo, y contó con el acuerdo de la querella y la defensa. En su resolución, la magistrada entendió que no podía afirmarse que el joven hubiera asumido una posición de garante sobre la salud e integridad de la víctima ni que contara con el dominio funcional necesario para impedir el desenlace.

La situación procesal de Castaño quedó diferenciada de la de otros involucrados a partir de su rol dentro del viaje. Otro coordinador, Diego Cañete, aparecía como la persona que impartía las directivas dentro del contingente. Ese punto resultó central para establecer distintos niveles de responsabilidad entre quienes estaban a cargo del grupo.

La causa ya había tenido un avance relevante en mayo, cuando una médica de Buenos Aires fue condenada en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas. La profesional reconoció su responsabilidad penal en el homicidio culposo de Thomás Octavo y aceptó la pena acordada entre las partes.

Con esa condena ya homologada, el expediente siguió abierto para definir la situación del resto de las personas investigadas por posibles omisiones de cuidado. El sobreseimiento de Castaño marcó un recorte dentro de esa línea de investigación, al excluir de responsabilidad penal al integrante de menor rango entre los coordinadores.

La reconstrucción de la muerte de Thomás Octavo

El estudiante había viajado a Bariloche con su grupo de egresados cuando comenzó a presentar fiebre persistente y dolores corporales. Ese cuadro lo mantuvo en cama durante varios días. La investigación judicial determinó que, durante ese período, no fue trasladado a un centro de salud y que solo recibió una atención circunstancial en la enfermería del hotel.

El deterioro de su salud continuó durante el regreso a Buenos Aires. Compañeros del adolescente advirtieron que su estado era cada vez más delicado durante el trayecto en ómnibus y pidieron atención médica. Sin embargo, la asistencia no llegó en ese momento. Para los investigadores, ese tramo también integró la cadena de omisiones que incidió en la evolución del cuadro.

En uno de los tramos del expediente se sostuvo que el fallecimiento fue “evitable” y que una atención médica oportuna “hubiera aumentado sus chances de sobrevida”. La acusación también sostuvo que existieron fallas en el deber de cuidado desde la aparición de los primeros síntomas.

El adolescente murió el 25 de octubre de 2022 por una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por Streptococcus pyogenes. Un día antes había sido atendido en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, donde, según la acusación, la médica ahora condenada omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos pese a la gravedad de los síntomas referidos por la familia.

Los informes periciales incorporados al expediente concluyeron que una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno con antibióticos podían haber modificado el curso de la enfermedad. A partir de esa evidencia, el juez consideró acreditadas múltiples infracciones al deber de cuidado y validó la condena a la médica.

Según publicó Río Negro, cuando se acordó esa condena los fiscales ya habían advertido que la investigación seguiría adelante respecto de otras personas señaladas por posibles “omisiones de cuidado”. En ese contexto se inscribió el análisis de la situación de los coordinadores que habían formado parte del viaje.

En los fríos pasillos de los juzgados de Managua se respira un aire denso, cargado de agravios mutuos y revelaciones desconcertantes. En el banquillo de los acusados se encontraba Elizabeth Araceli Frank Davis, una joven de 26 años.

A pocos metros, el acusador: John Michael Quinn, un ciudadano estadounidense de 64 años. Lo que a simple vista parecía una audiencia más por supuesta violencia intrafamiliar en la comarca San Antonio Sur del Distrito V de Managua, ha comenzado a revelar una compleja trama donde la presunción de inocencia, los traumas del pasado y la extrema vulnerabilidad chocan de frente ante las leyes de la República.

Según sostuvo la representación fiscal y la abogada querellante Francis Fley, el ciudadano estadounidense habría sido víctima de un presunto patrón de agresión física y psicológica por parte de la joven.

De acuerdo con el relato presentado durante la acusación oral, en un incidente reciente la supuesta agresora habría ingresado a la vivienda mientras el señor Quinn descansaba. En ese momento, según la tesis acusatoria, Elizabeth presuntamente lo habría provocado con insultos denigrantes. La querella asegura además que la joven presuntamente tomó una varilla de hierro para intimidarlo y forzarlo a abandonar la propiedad. Cuando Quinn intentó documentar el supuesto ataque con el teléfono celular en la mano, la acusada le propinó un golpe que hizo caer el dispositivo al suelo.

El trasfondo de una historia compleja

No obstante, el caso dio un giro drástico cuando la defensa técnica de la imputada y reportes locales comenzaron a desenterrar los orígenes de esta controvertida relación. Según las versiones recabadas y la tesis defensiva, la historia se remontaría al año 2013, cuando la joven apenas contaba con 13 años de edad e incluso registros señalan que tenía 12 años cuando habrían iniciado los primeros acercamientos.

Relatos sobre la infancia de Elizabeth describen un contexto de severa precariedad económica. Hace aproximadamente quince años, la indigencia habría obligado a su madre y hermana a emigrar desde Puerto Cabezas hacia Managua, instalándose en las inmediaciones del mercado El Mayoreo.

Ante la posterior partida de la madre hacia Honduras en busca de ingresos, la menor habría comenzado a trabajar como mesera en un bar local para subsistir. Fue en ese entorno sensible donde supuestamente el adulto estadounidense conoció a Elizabeth.

La defensa sugiere que el señor Quinn se habría aprovechado presuntamente de la extrema vulnerabilidad de la menor. Producto de ese vínculo inicial, cuando Elizabeth tenía apenas 14 años, nació un niño que actualmente tiene 12 años. La abogada defensora cuestionó severamente la objetividad de la investigación inicial de la fiscalía, sugiriendo que la hoy acusada pudo haber sido en realidad víctima de un delito contra la libertad e integridad sexual durante su niñez.

Al término de la audiencia preliminar, el juez Alex Martínez dictó una serie de medidas cautelares en contra de Elizabeth Frank Davis a petición del Ministerio Público. Entre las disposiciones judiciales dictaminadas se encuentra la prohibición estricta de salir del país, para lo cual se giró el correspondiente oficio a la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior.

Mientras las autoridades judiciales continúan con el proceso legal para determinar la veracidad de cada señalamiento, la opinión pública nicaragüense sigue de cerca un expediente donde las fronteras entre denunciante y denunciado, víctima y victimario, continúan sujetas al dictamen final de la justicia.

“Cuidate, ma, y portate bien. No hagas lío”. Esas fueron las últimas palabras que Jacqueline Guzzardi recuerda haber escuchado de su padre, Cristian Maximiliano Díaz. Era el 11 de julio de 2018 y el “Gringo”, como lo conocían en el barrio Samoré de Villa Lugano, había pasado a llevarle unas cosas. Ella lo saludó con un beso, como cualquier otro día, sin imaginar que apenas unas horas después lo encontraría muerto frente a una de las torres del complejo.

Díaz tenía 36 años y conocía desde hacía tiempo a Cristian “Pity” Álvarez, quien también vivía en el complejo. Su hija siempre se encargó de aclarar que no eran amigos. Según reconstruyó la Justicia, entre ambos existía un conflicto previo que había comenzado en un contexto de consumo de drogas.

De acuerdo con la investigación, en una oportunidad Pity quería comprar drogas y el “Gringo” se ofreció a llevarlo a la Villa 1-11-14 para conseguirlas. Ambos fueron hasta allí, pero en un momento Díaz desapareció llevándose la mochila del músico y dejándolo solo. Pity sostuvo luego que de su interior le habían faltado pertenencias y responsabilizó al “Gringo”.

Cuando volvieron a cruzarse durante la madrugada del 12 de julio de 2018, ese episodio seguía latente.

El crimen

Eran cerca de la 1.30 cuando Álvarez salió de la Torre 12 B del barrio Samoré acompañado por su amiga Agustina Inbernoz. A unos 50 metros estaba Díaz junto a su amigo C.U.S.. Al verlo, el “Gringo” se acercó al músico y puso sobre la mesa el conflicto que arrastraban: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”, le dijo.

La discusión fue subiendo de tono. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Díaz desafió a Pity a pelear y C.U.S. intentó separarlos para evitar que se fueran a las manos. El “Gringo” le tocó la gorra y realizó el ademán de golpearlo con la cabeza. Álvarez, entonces, sacó del bolsillo derecho de su campera una pistola calibre .25.

Al ver el arma, Díaz redobló la apuesta: “Si vas a tirar, tirá, gato”. Instantes después, Pity disparó.

El primer disparo fue realizado a corta distancia y dirigido a la cabeza. Díaz cayó desplomado. Según estableció la Justicia a partir de los testimonios y las pericias, cuando ya estaba en el piso, Álvarez volvió a disparar al menos tres veces.

La secuencia fue presenciada por Inbernoz. Según declaró, al escuchar las detonaciones quedó perpleja, se agachó y le gritó al músico: “¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?”. Otros vecinos que se asomaron por las ventanas después de escuchar los disparos también recordaron haber oído esa pregunta.

Segundos después, Pity le pidió a Inbernoz las llaves de su Volkswagen Polo y ambos abandonaron el lugar. A los pocos metros detuvo el auto y le entregó la pistola. “Tomá, tirá esto”, le dijo. La mujer declaró que estaba en shock y que arrojó el arma dentro de una alcantarilla ubicada sobre la colectora Dellepiane Sur. “En ningún momento pude negarme a lo que me pedía, estaba aterrada”, sostuvo.

El arma calibre .25 fue encontrada posteriormente en ese lugar. Durante el trayecto, según declaró Inbernoz, Álvarez también se quitó la campera, la prendió fuego con un encendedor y la arrojó a la calle.

Pity continuó luego hasta Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, para presenciar un recital de Ulises Bueno. Recién durante la mañana del día siguiente, tras permanecer varias horas prófugo, se presentó en la Comisaría 52 de Villa Lugano. Antes de ingresar, admitió ante los medios haber sido el autor del homicidio: “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

“Los tiempos de Dios son perfectos”

Jacqueline se enteró de que algo había ocurrido cuando alguien tocó el timbre de su departamento. Tenía 16 años. Bajó corriendo y encontró a su padre junto a un charco de sangre. “Lo reconocí al verlo. Me lo quedé mirando en estado de shock, no sabía si estaba vivo, muerto o agonizando. Estuve unos 20 minutos pensando que iba a venir una ambulancia, hasta que llegó mi mamá y nos dijeron que estaba muerto”, recordó en un reportaje a Télam en 2022.

La identidad del autor también la sorprendió. Jacqueline conocía a Pity del barrio y antes del homicidio escuchaba su música. Después de aquella madrugada dejó de poder hacerlo. “No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo”, contó. “Será lo que será como músico, pero como persona mató a mi papá”, sumó.

La muerte del “Gringo” atravesó los años siguientes de su hija. “Estuve todo 2018 tratando de comprender que mi papá ya no estaba”, recordó Jacqueline en esa entrevista. Un año antes, en abril de 2021, publicó dos fotos junto a él y escribió sobre el momento en que recibió la noticia: “Tuve la sensación de que todo se detenía, no pude escuchar nada más, me congelé, me fui con vos”.

También habló de las visitas al cementerio y de las cosas que sentía que habían quedado pendientes entre ambos: “Te he ido a visitar al cementerio; algunos días no logré decir nada, otros simplemente llorar, otros te pedí perdón. Perdón por no haberte aprovechado tanto”.

Cuando en mayo pasado se confirmó que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el juicio, Jacqueline volvió a expresarse en sus redes sociales: “Gracias señor, todo llega... realmente los tiempos de Dios son perfectos”.

El debate

Ocho años después del crimen, Álvarez finalmente se sentará este lunes en el banquillo de los acusados, luego de que el debate fuera suspendido en 2023 por su estado de salud mental. Las audiencias serán los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre en la sede de los tribunales, en la calle Paraguay 1536, del barrio de Recoleta.

En la primera está previsto que el músico declare. Además, se esperan unos 70 testigos, entre ellos Agustina Inbernoz, quien acompañaba al músico la noche del crimen; C.U.S., amigo de la víctima, que presenció el hecho; y el padre César Scicchitano Tagle, quien acompañó a Álvarez durante su tratamiento y su regreso a la vida en libertad.

En caso de ser condenado por homicidio, Álvarez podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

“¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?”. La frase se escuchó segundos después de que “Pity” Álvarez disparó contra Cristian Maximiliano Díaz en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Era la madrugada del 12 de julio de 2018 y fueron varias las personas que presenciaron distintos momentos de la secuencia que terminó con cuatro balazos y el “Gringo” muerto en el piso.

Ocho años después, algunos de esos testigos volverán este miércoles sobre aquella noche frente a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que desde el lunes juzga al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

La segunda audiencia tendrá cinco testigos: Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; C.U.S., amigo de la víctima y testigo de la pelea; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior. La cantidad fue acordada al finalizar la primera jornada, luego de que el defensor de Álvarez, Javier Marino, advirtiera que el cantante no estaba en condiciones de mantener la atención durante una extensa sucesión de declaraciones.

De la lista, Inbernoz y C.U.S. aparecen como dos testigos centrales para reconstruir los minutos anteriores y posteriores al homicidio. Ambos estuvieron en el lugar y sus testimonios forman parte de la prueba con la que la acusación buscará determinar cómo comenzó la pelea, qué ocurrió antes de que “Pity” sacara una pistola calibre .25 y qué sucedió después de los disparos.

Según pudo saber Infobae, Inbernoz declarará vía Zoom porque actualmente vive en otro país.

La autoría material del homicidio no aparece, a priori, como el punto más complejo del juicio. El propio Álvarez reconoció públicamente haber matado al “Gringo” cuando se entregó al día siguiente del hecho. “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, dijo entonces frente a las cámaras.

Lo que ocurrió inmediatamente antes de los disparos adquiere, en cambio, especial relevancia. La defensa sostiene que “Pity” actuó en un contexto de miedo y el propio músico, aunque no declaró en su momento, presentó posteriormente un escrito en el que habló de “confusión, locura y miedo” y aseguró que creyó que su vida estaba en peligro.

La noche del crimen

De acuerdo con la acusación, “Pity” y Díaz se conocían del barrio y mantenían un conflicto previo relacionado con una mochila. El músico acusaba al “Gringo” de haberle sustraído pertenencias y aquella madrugada volvieron a cruzarse.

La discusión escaló hasta convertirse en una pelea. C.U.S., amigo de Díaz, estaba allí y su declaración será una de las más importantes de este miércoles para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió cuando todavía se trataba de una pelea cuerpo a cuerpo.

La secuencia cambió cuando Álvarez sacó el arma. Según la reconstrucción de la acusación, efectuó un primer disparo que impactó en el rostro de Díaz y posteriormente realizó otros tres tiros. La víctima murió en el lugar.

Agustina Inbernoz también se encontraba en la escena junto al músico y su testimonio permitirá reconstruir desde una posición privilegiada tanto el enfrentamiento como los momentos posteriores a los disparos.

Otro de los convocados, Alejandro Marcelo Pedroso, aportó durante la investigación un relato sobre lo que pudo escuchar y observar desde las inmediaciones. Según dijo, escuchó la discusión y luego las detonaciones. Al asomarse, vio a una mujer junto a Álvarez y la oyó preguntarle: “¿Qué hiciste?”. También describió lo ocurrido inmediatamente después, cuando abandonaron el lugar.

Tras el homicidio, “Pity” se fue del barrio a bordo de un Volkswagen Polo. Durante el recorrido se deshizo de la pistola, que fue arrojada en una alcantarilla de la colectora de la autopista Dellepiane. Luego se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, y permaneció prófugo hasta el día siguiente, cuando se entregó en la Comisaría 52 de Villa Lugano.

Una discusión que irá más allá de los disparos

Los testimonios también pueden resultar relevantes para otro de los grandes interrogantes que atravesará el proceso: en qué estado se encontraba “Pity” Álvarez aquella madrugada y si comprendía plenamente la criminalidad de lo que estaba haciendo.

La cuestión es diferente de la discusión que dominó la primera audiencia acerca de su capacidad actual para afrontar el juicio. El lunes, su defensor oficial volvió a pedir la suspensión del debate al advertir que “Pity” permanecía por momentos con los ojos cerrados y parecía dormido. “El señor Álvarez no está presente”, sostuvo.

El fiscal Sandro Abraldes se opuso y recordó la actividad pública que el músico desarrolló durante los últimos meses. “La otra posibilidad es que al señor ‘Pity’ Álvarez este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el debate”, respondió. El tribunal finalmente rechazó el planteo y consideró que no existe un impedimento que obligue a detener el proceso.

Desde el entorno de Álvarez, sin embargo, rechazan que su comportamiento durante la audiencia haya sido una actuación. “Su estado de salud es real. Tiene un daño psíquico importante producto del consumo de drogas”, explicaron a Infobae. “Una cosa es hacer un recital, cantar en modo automático, y otra es que entienda un debate”.

Las audiencias continuarán los días 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre en la sede de los tribunales, en la calle Paraguay 1536, del barrio de Recoleta. En caso de ser condenado por homicidio, Álvarez podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Condenaron al ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y productor agropecuario, Leonardo Airaldi, a 12 años de prisión por organizar y financiar maniobras de narcotráfico en Entre Ríos. El fallo del Tribunal Oral Federal de Paraná también le impuso una multa de 118.404.000 pesos por los delitos cometidos entre 2019 y 2024.

La sentencia fue dada a conocer por la presidenta del tribunal, Noemí Marta Berros, que integró el debate junto con Mariela Rojas y José María Escobar Cello. Airaldi siguió la lectura del veredicto por medios remotos desde el penal de Ezeiza, donde permanece alojado bajo un régimen para presos de alto riesgo por otra investigación que analiza su presunta participación en un plan para atentar contra el juez federal Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El juicio oral había comenzado el 3 de marzo y se extendió durante 13 audiencias, con la declaración de más de 50 testigos. Entre quienes pasaron por el debate hubo integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, fuerzas que participaron de distintos tramos de la pesquisa. Durante los alegatos, el fiscal general Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, pidieron la condena de Airaldi como organizador y financista de la estructura.

La pena quedó por debajo de la pena de 14 años de prisión que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado durante los alegatos. En ese tramo del juicio, los fiscales sostuvieron que Airaldi dirigía una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y que disponía de recursos logísticos y económicos para sostenerla. Entre los agravantes mencionados por la acusación figuraron el uso de aeronaves para tráfico transnacional, la cantidad de droga secuestrada y la violencia atribuida a la organización.

El tribunal también resolvió la situación del resto de los acusados juzgados en este expediente. Juan Andrés Erbes fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión; Sebastián Agustín Armocida, a 6 años; y Roberto Fabián Coronel, a 5 años. A la vez, Joel Schonfeld recibió 3 años y 6 meses de prisión; María Soledad Touzet, 3 años de cumplimiento condicional; y Walter Olivero, 3 años de ejecución condicional. En cambio, Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez resultaron absueltos.

Los hechos por los que fue condenado

La acusación fiscal ubicó una parte central de la operatoria en campos vinculados a Airaldi. Según esa reconstrucción, en esos establecimientos funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína. Desde la misma zona, además, también partían embarcaciones que presuntamente intervenían en la distribución de los cargamentos.

Para los investigadores, esos predios cumplían un papel logístico dentro de la maniobra atribuida al productor rural. La fiscalía sostuvo que la ubicación de los campos, su extensión y las dificultades de acceso favorecían el desarrollo de ese tipo de movimientos.

Pese al veredicto condenatorio, el tribunal rechazó el pedido del MPF para decomisar la estancia El Mirador, vinculada al principal acusado. La fiscalía había argumentado que el campo fue utilizado como instrumento para la comisión de los delitos y remarcó su extensión, su ubicación sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar. Esa pretensión no fue aceptada en la sentencia.

Otro de los hechos incorporados al expediente fue el acopio de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, en la provincia de Santa Fe. Ese procedimiento fue realizado en agosto de 2022 en el marco de una investigación iniciada en la justicia federal santafesina y luego acumulada a la causa principal que se tramitó en Paraná. Para la fiscalía, ese cargamento no representaba un episodio aislado, sino una parte de la misma estructura criminal atribuida a Airaldi.

Una prueba relevante fueron las intervenciones telefónicas y mensajes extraídos de celulares secuestrados durante la investigación. Esas comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar roles y detectar un lenguaje codificado para aludir al tráfico de drogas. Entre las expresiones mencionadas en el juicio aparecieron términos como “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, que, según la acusación, eran utilizados para encubrir referencias a estupefacientes y cargamentos.

Los fundamentos de la sentencia condenatoria se conocerán el 14 de septiembre.

Cristian “Pity” Álvarez llegó al edificio del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 este lunes pasadas las 10.30. Esta vez no había un escenario esperándolo. Tampoco miles de fanáticos con banderas coreando sus canciones. Quienes aguardaban su llegada eran periodistas, camarógrafos, policías y, unos pisos más arriba, los tres jueces que finalmente lo juzgarán por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, delito por el que está imputado y podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de prisión.

El ingreso del músico al edificio tuvo algo del caos que suele rodearlo, aunque el contexto era completamente distinto. Fotógrafos y camarógrafos se agolparon para conseguir la mejor imagen, mientras los cronistas lanzaban preguntas a los gritos. En medio del tumulto, una voz sobresalió sobre la vereda de Paraguay al 1500: “¡Pity es inocente!”. Era Johana, de 32 años, la única fanática que se acercó hasta los tribunales para apoyarlo.

“Pity” atravesó ese enjambre con una gorra de felpa negra y anteojos de sol que contrastaban con las mechas rubias que asomaban por debajo del sombrero. Llevaba calzas, borcegos y una remera con una frase de “Nunca quise”, uno de los temas de Intoxicados: “Y si esperás, vas a entender”, decía. Encima, una imagen de la runa Algiz, asociada a la protección.

Una vez dentro de la sala, la escena cambió. A pocos metros, Jacqueline Guzzardi, la hija de Díaz, observaba en silencio. Cuando comenzó la lectura de la acusación por el homicidio de su padre, bajó la mirada hacia el piso.

Pity se quitó el sombrero y los anteojos, se sentó junto a sus defensores y se desplomó contra el respaldo de la silla. Así estaba, semidormido y los brazos extendidos cuando el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, le preguntó si iba a declarar. “Si usted decide no declarar, no hay problema. Puede hacerlo más adelante, las veces que lo crea conveniente para su defensa”, le dijo.

—¿Va a declarar?

Pity acercó al micrófono, aunque esta vez no sería para cantar.

—Más adelante —respondió.

A pesar de la negativa, el cantante respondió algunas preguntas personales. Dijo que no recordaba su número de DNI ni su domicilio anterior y, cuando le preguntaron por su profesión, contestó: “En este momento, la música”.

También enumeró sus problemas de salud —hipertensión, diabetes y las secuelas de una operación de cadera— y reconoció haber tenido problemas de consumo: “Muy adicto a la pasta base”. Aseguró que actualmente solo “coquetea con la marihuana”.

Su defensor, Javier Aldo Marino, aprovechó el interrogatorio para profundizar sobre el grado de autonomía que tiene actualmente. Pity contó que no participa de la organización de sus recitales ni maneja su dinero. Según explicó, su hermana le deposita cada dos o tres días dinero en una billetera virtual y, cuando necesita hacer alguna compra, se lo comunica para que ella la pague.

También dijo que precisa que le recuerden la medicación que debe tomar diariamente y mencionó a su hermana y al padre César como las personas que se ocupan de hacerlo.

Tras su declaración el cantante pidió ir al baño. Cuando regresó a su lugar su estado terminó convirtiéndose en el centro de la audiencia. Una vez más se recostó contra el respaldo de la silla, estiró los brazos, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Por momentos parecía dormido y roncando. Marino llegó a tocarlo en el hombro para que levantara la cabeza y prestara atención. Lo hizo, aunque poco después volvió a quedar con los brazos cruzados y la cabeza hacia abajo.

La imagen llevó al defensor a insistir con un planteo que ya había realizado antes del comienzo del juicio. “El señor Álvarez no está presente. Yo lo he advertido”, sostuvo. Para Marino, el comportamiento que exhibía su asistido era una nueva demostración de la disminución de sus capacidades y de que no estaba en condiciones de seguir el debate. Por eso pidió suspender la audiencia y realizar nuevos estudios, que, estimó, podrían demandar “capaz dos meses”.

“No me parece razonable que se someta a juicio a una persona que no está presente”, insistió. Y anticipó que no abandonaría el reclamo: “Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”, le dijo al presidente del tribunal.

La fiscalía reaccionó con dureza. Sandro Abraldes acusó a Marino de intentar “obstruir el desarrollo del debate” y sostuvo que la cuestión ya había sido analizada y resuelta. Pero, además, confrontó lo que estaba ocurriendo dentro de la sala con la actividad que Pity había desarrollado fuera de los tribunales durante los últimos meses.

Según Abraldes, esa desconexión que advertía la defensa “no se verificó en el Kempes, ni el 1° de agosto en el Roxy, ni tampoco en la reciente entrevista que el cantante dio a la revista Rolling Stone”. Y enseguida lanzó la frase que marcó el momento de mayor tensión de la jornada: “La otra posibilidad es que al señor Álvarez Congiú este juicio lo aburra. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio”.

El fiscal fue todavía más allá. Dijo que se trataba de una persona que “selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no”, recordó que organiza recitales y se expresa en redes sociales y pidió rechazar nuevamente la suspensión. Fernando Burlando, representante de la familia de Díaz, adhirió a su postura.

Tras unos minutos de deliberación, los jueces desistieron del pedido de la defensa. Recordaron que el planteo sobre la capacidad de Álvarez ya había sido tratado en dos oportunidades y volvieron sobre el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que cuenta con una “reserva cognitiva” suficiente para afrontar el juicio.

Además, utilizaron lo que acababan de observar en la propia sala para fundamentar la decisión: Pity había respondido las preguntas que le formularon, había manifestado comprender la acusación y, cuando Marino le pidió que prestara atención, reaccionó y volvió a seguir lo que ocurría. Para el tribunal, no se había acreditado una imposibilidad que justificara interrumpir el proceso. “El desarrollo del juicio no puede quedar supeditado a la voluntad del acusado”, sostuvo Goerner.

El estado del músico también terminó condicionando la organización de las próximas jornadas. Antes de dar por terminada la audiencia, las partes discutieron cuántos testigos podrían declarar por día sin que el debate se extendiera más de lo que Álvarez estaría en condiciones de tolerar.

Para la próxima audiencia, prevista para el miércoles, la fiscalía había preparado diez testimonios: nueve testigos presenciales y una declaración que sería incorporada por lectura. Marino volvió a objetar: “No hay manera de que el señor Álvarez pueda estar atento a esta cantidad de declaraciones”.

Goerner le preguntó entonces cuántos testigos consideraba razonable escuchar. Después de un intercambio en el que también intervino Burlando, llegaron a un acuerdo: serán cinco, con audiencias de aproximadamente tres horas. El juicio continuará el miércoles.

Pity se fue así de la primera audiencia de un juicio que su defensa intentó, una vez más, suspender. Como dice la letra de la canción que llevaba estampada en la remera: “Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero”.

Elaine Escoe se declaró no culpable este lunes ante un tribunal federal del sur de Florida por su presunta participación en un fraude de USD 32 millones con programas de alivio por la pandemia, en un nuevo capítulo del caso que la llevó a integrar la lista de los fugitivos por fraude más buscados por el FBI antes de su captura en Jamaica.

La audiencia se celebró después de su extradición a Estados Unidos, ocurrida semanas atrás, y marcó el inicio formal de la nueva etapa judicial para la acusada.

Sun Sentinel informó que Escoe compareció ante la jueza magistrada Brandy Brentari Galler, renunció a la lectura formal de la acusación y pidió ser juzgada por un jurado. El trámite, de acuerdo con ese medio, duró cerca de siete minutos.

La mujer enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero, ocultamiento de lavado de dinero y lavado de dinero transaccional, dentro de un expediente federal que ya dejó condenas para otros involucrados.

Qué dice la acusación sobre el esquema de fraude

La acusación federal sostiene que Elaine Escoe formó parte de una maniobra para presentar solicitudes falsas por más de USD 32 millones a distintos programas creados para sostener empresas afectadas por la emergencia sanitaria.

Entre ellos figuran el Paycheck Protection Program, el Restaurant Revitalization Fund, el Shuttered Venue Operators Grant y el Economic Injury Disaster Loan.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Fox 5 DC, los investigadores atribuyen al grupo la presentación o asistencia en la presentación de pedidos fraudulentos sustentados en datos falsos sobre la existencia de empresas, sus nóminas salariales, ingresos y operaciones.

Para respaldar esas solicitudes, los acusadores afirman que se habrían utilizado declaraciones impositivas falsas, registros bancarios fabricados y otros documentos financieros adulterados.

Fox 5 DC precisó que una parte de las solicitudes estaba asociada a empresas manejadas por los propios acusados, mientras que otras se presentaban para terceros a cambio de retornos significativos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró, citado por ese medio, que algunos de esos pagos llegaron a “hasta el 50% del dinero obtenido” y que luego los fondos circularon entre los miembros de la red mediante maniobras de lavado.

La captura en Jamaica y el antecedente de la fuga

Antes de esta audiencia, el caso ya había adquirido visibilidad internacional por la fuga de la acusada.

Fox News informó semanas atrás que Elaine Escoe permaneció prófuga durante más de un año en Jamaica y que, durante ese período, habría utilizado el nombre falso de Harley Newman.

La reconstrucción publicada entonces señaló que el proceso judicial dio un giro en mayo de 2025, cuando la mujer no se presentó ante la justicia federal luego de ser imputada por delitos vinculados a fraude y lavado de dinero.

A partir de esa ausencia, se emitió una orden de arresto federal y el FBI la incorporó a su lista de “Most Wanted Fraudsters”, con una recompensa de hasta USD 150.000 por información que permitiera localizarla y obtener una condena.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI afirmaron que la investigación avanzó tras una pista sobre su paradero en Jamaica.

Fox News aseguró que el operativo incluyó cooperación entre autoridades jamaicanas y agencias estadounidenses, entre ellas el FBI, el U.S. Marshals Service y el Departamento de Estado. Ese procedimiento permitió su captura y posterior traslado al sur de Florida en julio.

Los otros condenados y el próximo paso del caso

El expediente ya tuvo definiciones para el resto de los acusados. Fox 5 DC informó que Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark fueron declarados culpables por un jurado federal, mientras que James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables.

Ese medio añadió que Alfred Davis recibió una pena de 19 años y medio de prisión, Cher Davis fue condenada a 7 años, Clark a 5 años, y Jourdan y McGhow a 3 años cada uno.

Las autoridades federales consideran que Escoe era la última acusada pendiente en esta causa, una definición que ya había sido anticipada en coberturas previas sobre su extradición.

Ahora, tras la declaración de no culpabilidad presentada en el tribunal, el caso seguirá su curso en la justicia federal de Florida a la espera de que se fijen las próximas audiencias y la eventual fecha del juicio.

Un tribunal colegiado de la ciudad de Neuquén será el encargado de juzgar a M.G.S, un varón acusado de haber cometido abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal contra su vecina, hechos que habrían ocurrido en julio de 2025. “Voy a volver”, le dijo en una oportunidad.

La decisión de conformar un tribunal de estas características responde a un pedido de la asistente letrada Analía García, representante del Ministerio Público Fiscal, quien consideró que la gravedad de los delitos y la expectativa de pena así lo requerían.

El caso, que ha generado inquietud en la comunidad local, involucra tres hechos distintos, todos ellos en concurso real. Según la acusación, M.G.S habría aprovechado una situación de confianza inicial para ingresar sin autorización al domicilio de la víctima, quien residía en el mismo complejo de departamentos. Este punto fue central en la presentación de la Fiscalía.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la noche de los acontecimientos, víctima e imputado habrían compartido una reunión junto con otras personas en uno de los departamentos del complejo. Una vez finalizado el encuentro, la mujer regresó a su vivienda. Momentos después, el acusado habría ingresado sin permiso y fue ahí cuando cometió los abusos. La situación, que se desarrollaba en un contexto de vulnerabilidad para la denunciante, fue interrumpida abruptamente por un ruido externo. Esta interrupción motivó la huida momentánea del imputado.

Según el medio local LMNeuquén, el imputado aseguró que regresaría. “Voy a volver”, le habría dicho.

Ante esta amenaza, la víctima optó por permanecer a oscuras y encerrada en su hogar. Cuando el imputado regresó y no obtuvo respuesta, finalmente decidió marcharse del lugar. Este detalle, según la fiscalía, refuerza el carácter intimidatorio de la conducta y la percepción de peligro permanente por parte de la víctima.

De acuerdo con la información difundida, la expectativa de pena para los delitos imputados oscila entre más de tres años y menos de quince de prisión. Este rango fue determinante para que la representante del Ministerio Público Fiscal solicitara la intervención de un tribunal colegiado, mecanismo previsto en la normativa cuando la pena supera ciertos umbrales. La solicitud de la fiscalía fue avalada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien presidió la audiencia y dispuso la elevación del caso a juicio.

La fiscalía prepara una estrategia probatoria que incluye el testimonio directo de la víctima, así como de familiares y testigos presenciales o de contexto. Además, se presentarán informes médicos y psicológicos, junto con documentación relevante para reconstruir los hechos. La acumulación de estas pruebas será clave en el desarrollo del debate oral y público, donde se busca dilucidar la responsabilidad penal de M.G.S.

El proceso judicial se encuentra en etapa de preparación del debate, con la fiscalía enfocada en consolidar la carga probatoria. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar su propia versión de los hechos y contrainterrogar a los testigos, conforme lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia.

En la audiencia preliminar, la representante fiscal subrayó la necesidad de proteger a la víctima y garantizar un proceso justo, transparente y ajustado a derecho. La elevación a juicio fue interpretada como una respuesta institucional al reclamo de justicia en casos de abuso sexual, que suelen presentar dificultades probatorias y requieren un abordaje especializado.

La sala del Tribunal Primero del Crimen Organizado de San Salvador se prepara para escuchar, a partir de este día hasta el 14 de agosto, los argumentos en el proceso judicial que enfrenta Atilio Montalvo, excomandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz de El Salvador en 1992.

La audiencia adquiere un cariz especial luego de que la familia de Montalvo solicitara públicamente que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y las garantías constitucionales e internacionales.

El caso involucra a otros nueve acusados, todos exintegrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señalados de planificar atentados durante la toma de posesión del segundo mandato del presidente Nayib Bukele en 2024.

La familia de Montalvo ha dirigido su mensaje tanto al tribunal como a la opinión pública. En un comunicado citado por EFE, subrayaron: “Hacemos un respetuoso pero firme llamado a que se garantice un juicio justo, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales y de derecho internacional que le asisten”. El texto familiar insiste en que la resolución judicial debe basarse exclusivamente en la valoración objetiva e imparcial de las pruebas, y solicita que se tomen en cuenta las condiciones de salud y edad del acusado.

El estado físico de Atilio Montalvo se ha deteriorado de manera evidente desde su detención. Según la familia y organizaciones de derechos humanos, el excomandante sufre enfermedad renal crónica terminal, depende de diálisis periódicas y ha experimentado secuelas severas tras un accidente cerebrovascular y un infarto agudo de miocardio.

Además, enfrenta diabetes mellitus y episodios de hemorragias gástricas. Durante su estancia en el hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sufrió dos síncopes y requirió reanimación cardiopulmonar.

De acuerdo con EFE, este delicado cuadro de salud fue determinante para que, en julio de 2025, un tribunal le concediera la libertad condicional con medidas sustitutivas a la detención. Pese a ello, Montalvo deberá comparecer ante el tribunal en condiciones físicas frágiles.

¿Por qué está siendo juzgado Atilio Montalvo?

El 30 de mayo de 2024, Atilio Montalvo fue detenido por la Policía Nacional Civil junto a otros miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la acusación formal sostiene que el grupo habría preparado acciones con explosivos para sabotear la ceremonia de investidura de Bukele.

Por lo que, la Fiscalía imputa a los procesados los delitos de pertenencia a organizaciones terroristas y actos terroristas, en un contexto que reaviva tensiones latentes desde el conflicto armado de los años ochenta.

El expediente judicial incluye a:

1. José Santos Melara
2. Wilfredo Parada
3. Eliseo Alvarado
4. Orlando Cartagena
5. Douglas Recinos
6. Pedro Alfonso Mira
7. José Ismael Santos
8. Roberto Antonio Esquivel
9. Luis Menjívar.

Todos comparten pasado en la exguerrilla del FMLN y un presente marcado por procesos judiciales de alto perfil en El Salvador.

La historia de Atilio Montalvo está íntimamente ligada al devenir político de El Salvador. Su rol como firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 lo convirtió en un actor relevante en la transición democrática del país, según enfatiza su familia. Tras la desmovilización, el FMLN se transformó en partido político y alternó el poder con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante tres décadas, hasta la llegada de Bukele al Ejecutivo.

El desenlace del juicio será seguido de cerca tanto por organizaciones de derechos humanos como por sectores políticos y sociales en El Salvador y en el exterior. La causa de Montalvo se inscribe en la memoria reciente de la nación y en la disputa por el significado de la justicia en una sociedad marcada por el recuerdo de la guerra y la búsqueda de estabilidad democrática.

Luigi Mangione comparecerá este martes ante el tribunal estatal de Manhattan en la última conferencia previa al juicio por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La audiencia es la última instancia formal antes de que arranque la selección del jurado el 8 de septiembre.

La comparecencia del acusado, de 28 años, llega en un momento en que su defensa ya agotó su principal carta: el retiro de la única estrategia que habría podido reducir la condena, según informó ABC News.

Lo que reste del proceso se resolverá sin esa alternativa sobre la mesa.

El disparo en Manhattan y los dos juicios que enfrenta Luigi Mangione

Los fiscales acusan a Mangione de haber disparado contra Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el 4 de diciembre de 2024 en una calle del Midtown de Manhattan, en un ataque al estilo de una ejecución. Thompson estaba casado y tenía dos hijos.

Mangione quedó detenido días después del crimen en un McDonald’s de Pennsylvania. Se ha declarado inocente en dos causas paralelas: una estatal por asesinato y una federal por cargos de acecho relacionados con la muerte de Thompson, de acuerdo con The Guardian.

El caso trascendió las fronteras judiciales. La muerte de Thompson reavivó el debate sobre el sistema de salud privado en Estados Unidos y convirtió a Mangione, para una parte de sus seguidores en redes sociales, en una figura de culto, según reportó el mismo medio.

La defensa psiquiátrica que no prosperó

En las semanas previas a esta audiencia, la defensa de Mangione retiró abruptamente su plan de invocar la figura legal de “perturbación emocional extrema”, una estrategia poco frecuente que habría buscado argumentar que el acusado experimentó “una pérdida profunda del autocontrol” al momento del crimen, según ABC News.

De haber prosperado, esa defensa habría podido derivar en una condena por homicidio en lugar de asesinato en primer grado, con una pena máxima de 25 años. El juez del caso, Gregory Carro, condicionó el uso de esa estrategia a la entrega de los registros psiquiátricos de Mangione, y la defensa optó por abandonarla.

Negociaciones federales y presión de la fiscalía

En junio, los abogados de Mangione y los fiscales federales de Manhattan exploraron un posible acuerdo de culpabilidad en la causa federal, aunque las negociaciones se interrumpieron sin llegar a un pacto, de acuerdo con fuentes citadas por ABC News. El juicio federal tiene fecha de inicio el 5 de enero de 2027.

La fiscalía del Distrito de Manhattan dejó en claro su postura ante cualquier escenario de negociación: si Mangione se declara culpable en el proceso federal para evitar ese juicio, la oficina buscará la sentencia más severa posible en el caso estatal.

“Cualquier declaración de culpabilidad en estos asuntos debe tener en cuenta la gravedad de los delitos del acusado, la pérdida de una vida inocente, el impacto de esos crímenes en la familia de la víctima, y los demás intereses del Estado, incluido el principio de la santidad de la vida que sustenta los cargos estatales de homicidio”, escribió en julio el fiscal Joel Seidermann, según ABC News.

La pena que enfrenta y el silencio del juez

Si es declarado culpable en el proceso estatal, Mangione enfrenta cadena perpetua. El juez Carro no se ha pronunciado públicamente sobre ninguno de los últimos movimientos del caso ni ha dado a conocer su plan para la selección del jurado, de acuerdo con la misma fuente.

La batalla por la cobertura mediática

El caso genera una presión logística sin precedentes para el tribunal. La corte estatal de Nueva York no habilitó una sala de desbordamiento para acomodar al público y a los medios, lo que generó preocupación sobre el orden del proceso, según The Guardian.

La defensa alegó, sin respaldo en pruebas concretas, que los funcionarios del tribunal y los fiscales elaboraron un plan de acceso para la prensa sin consultar a los abogados de Mangione. Los medios desmintieron esa versión, y los propios fiscales aclararon que no tienen injerencia en la asignación de asientos.

La defensa presentó luego una carta aclaratoria, pero mantuvo su solicitud de que el juez Carro convoque una audiencia específica sobre el acceso mediático al juicio, de acuerdo con The Guardian.

Lo que viene a partir del 8 de septiembre

La selección del jurado arranca el 8 de septiembre. La conferencia de este martes fue la última instancia formal antes de esa fecha para que fiscales y defensores ajusten los últimos detalles del proceso.

El juez Carro aún tiene pendiente pronunciarse sobre la solicitud de transmisión en vivo del juicio, una decisión que definirá el alcance público de uno de los casos penales de mayor seguimiento en Estados Unidos en los últimos años.

Quién es Luigi Mangione

Luigi Mangione nació el 6 de mayo de 1998 en Towson, Maryland, en el seno de una de las familias más adineradas de la comunidad italoamericana de Baltimore. Su abuelo paterno construyó un emporio que incluye un resort, dos clubes de campo, una cadena de residencias para adultos mayores y una emisora de radio.

Fue el mejor promedio de su clase en la promoción de 2016 del Gilman School, uno de los colegios privados de élite de Baltimore, y en 2020 se graduó con honores en la Universidad de Pennsylvania con una licenciatura y una maestría en ingeniería informática.

Cuando quedó detenido en Pennsylvania días después del crimen, la policía le encontró una pistola fabricada con impresión 3D y un cuaderno con un manifiesto de 262 palabras contra la industria aseguradora. “Estos parásitos se lo tenían merecido”, decía una de las frases, según reportó The Telegraph.

La Justicia de Rosario condenó a prisión perpetua a los cuatro acusados de ejecutar el ataque a tiros en el que fue asesinado Máximo Jerez, el nene de 11 años que quedó en medio de una balacera narco en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas. Un quinto imputado recibió una pena de 4 años de prisión efectiva por encubrimiento.

El Tribunal de Primera Instancia, integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Nicolás Vico Gimena y Gustavo Pérez de Urrechu, condenó a Ezequiel Miguel Godoy (37) y Nicolás Brian Torres (28) y a los hermanos Maximiliano Oscar Castillo (27) y Nicolás Ariel Castillo (28) a prisión perpetua, tal como había solicitado la Fiscalía durante el juicio.

Los cuatro fueron considerados coautores del homicidio de Máximo, cometido durante un ataque planificado en el marco de una disputa entre bandas dedicadas a la venta de drogas en Rosario. En la balacera también fueron heridos dos adolescentes de 13 años –uno en el tórax y la otra víctima en el rostro– y un bebé de 2 años, que sufrió una lesión en el brazo derecho.

En tanto, Gustavo Marcelo Borda (54), el quinto acusado que llegó al debate, fue condenado a 4 años de prisión efectiva por encubrimiento. De acuerdo con la investigación, fue quien ordenó esconder en una vivienda de Campodónico al 3200 el Honda Civic utilizado por los atacantes.

La sentencia fue dictada a poco más de tres años del crimen que conmocionó a Rosario y provocó, horas después, una violenta reacción de los vecinos contra distintos puntos de venta de drogas del barrio.

De acuerdo con lo publicado por La Capital, luego de conocerse el veredicto, el fiscal Franco Tassini sostuvo que durante el debate se logró acreditar que el asesinato no había sido producto de un episodio fortuito, sino de un atentado organizado en medio de una disputa territorial entre dos grupos vinculados al narcotráfico.

“No fue un hecho para nada aislado ni aleatorio”, afirmó el representante del Ministerio Público de la Acusación. Según explicó, el ataque se produjo “en el marco de un conflicto entre dos bandas que se disputaron el control territorial para la venta de estupefacientes”.

Para la Fiscalía, los condenados estaban vinculados a la banda de Julio “Peruano” Rodríguez Granthon y planificaron el atentado con anticipación. Tassini señaló que durante la investigación se encontraron mensajes que daban cuenta de la preparación del ataque y de la necesidad de conseguir un vehículo, armas y personas para ejecutarlo.

El objetivo, sin embargo, no era Máximo ni su familia.

De acuerdo con la acusación, los tiradores buscaban atacar a integrantes de la banda de Cristian “Salteño” Villazón, enfrentada con el grupo al que respondían los agresores por el control de la venta de drogas en la zona.

“Los chicos estaban comprando jugos y gaseosas; las personas que cometieron el ataque tenían datos errados y lo ejecutaron de igual forma de una manera vil y despreciable”, sostuvo Tassini después de conocerse la sentencia.

El crimen de Máximo Jerez

El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de marzo de 2023, cerca de la 1.30, en Cabal y pasaje San José, en el barrio Los Pumitas de Rosario.

Según reconstruyó la investigación, los agresores llegaron a bordo de un Honda Civic negro y abrieron fuego contra las personas que se encontraban frente a distintas viviendas de la cuadra.

Máximo estaba junto a sus primos. Recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. Otros tres menores resultaron heridos: dos adolescentes de 13 años –uno en el tórax y la otra víctima en el rostro– y un bebé de 2 años, que sufrió una lesión en el brazo derecho.

La familia del niño, perteneciente a la comunidad Qom, era ajena al enfrentamiento que dio origen al ataque.

La hipótesis que llegó a juicio sostuvo que los agresores respondían a Alex “Araña” Ibáñez y que el atentado estaba dirigido contra la familia Villazón, conocida en el barrio como “Los Salteños”. Ambas organizaciones mantenían una disputa por el control del narcomenudeo.

Al inicio del juicio, la Fiscalía ubicó a los hermanos Castillo, Godoy y Torres dentro del Honda Civic utilizado durante la balacera. Maximiliano Castillo fue señalado como el conductor, mientras que los restantes ocupantes participaron del ataque.

El auto se convirtió en una de las pruebas centrales de la investigación. Tras el crimen, fue escondido en una vivienda ubicada a unos ocho kilómetros de Los Pumitas. Un vecino advirtió la presencia del vehículo en un garaje donde habitualmente no había autos y dio aviso a la Policía. Allí fue recuperado el Civic registrado a nombre de Nicolás “Macuá” Castillo.

Por esa maniobra llegó a juicio Gustavo Borda. Su pareja y sus hijos ya habían sido condenados anteriormente mediante un juicio abreviado por haber colaborado para ocultar el vehículo.

El asesinato de Máximo provocó una reacción inmediata en Los Pumitas. Tras el funeral, vecinos del barrio derribaron y saquearon viviendas señaladas como puntos de venta de drogas. Dos de ellas pertenecían a familiares de “El Salteño” Villazón, el hombre al que la investigación ubicó detrás de una de las organizaciones enfrentadas.

La pueblada se produjo en medio de amenazas contra la familia del nene y se convirtió en una de las imágenes más fuertes de la violencia narco que atravesaba Rosario en aquel momento.

Más de tres años después, los cuatro acusados de haber ejecutado el ataque fueron condenados a prisión perpetua.

El exjugador de la NBA Terry Rozier volvió a quedar en el centro de una controversia judicial después de que fiscales federales de Brooklyn lo mencionaran en una presentación vinculada a una causa por supuesto arreglo de partidos y apuestas deportivas.

En ese escrito, las autoridades lo asociaron a publicaciones en redes sociales en las que aparecía posando con armas junto a amigos de la infancia dentro de un grupo identificado como GMB.

La información fue difundida por New York Daily News, que detalló que esa referencia apareció en el marco de un pedido para que Deniro Laster, señalado como presunto cómplice y allegado de Rozier desde hace años, permanezca detenido mientras avanza el expediente.

De acuerdo con la acusación, distintos testimonios y registros digitales permitirían vincular a ambos con ese entorno.

El argumento de los fiscales y el uso de las redes como prueba

En la presentación judicial, el fiscal asistente David Berman afirmó que varios testigos identificaron a Rozier, Laster y otros conocidos de la infancia como integrantes del grupo. A eso, añadió que publicaciones en redes sociales reforzaban esa descripción.

Tal y como planteó la acusación, miembros de ese círculo se mostraban públicamente con acceso a armas, algo que, siempre en base al expediente, podía observarse en fotografías compartidas antes de que se formularan cargos en esta causa.

Entre ese material, los investigadores incluyeron imágenes en las que se veía al exbasquetbolista junto a Laster y otras personas posando con armas. Ese señalamiento no implicó una acusación específica contra Rozier por delitos vinculados a armas de fuego.

Más bien, formó parte de la estrategia oficial para sostener que Laster debía seguir preso, en un contexto en el que la fiscalía intenta demostrar riesgos de presión sobre testigos y posible entorpecimiento del proceso.

La defensa niega cualquier vínculo criminal detrás de GMB

La respuesta de la defensa fue inmediata. El abogado de Rozier, David Markus, rechazó la lectura de los fiscales y aseguró que GMB no tiene ninguna connotación delictiva. Afirmó que las siglas significan “Get More Blessings” (conseguir más bendiciones) y que remiten al lema de la fundación benéfica del exjugador, 12 Blessings.

Además, aseguró que ese nombre se remonta a la etapa escolar de Rozier y consideró “absurdo” que el Gobierno intentara presentar esa denominación como si se tratara de una organización criminal.

Markus también remarcó que su cliente no fue acusado por delitos con armas ni por intimidar testigos, y sostuvo que el escrito busca perjudicarlo en el terreno público más que fortalecer el caso en términos jurídicos.

En esa misma línea, ironizó con la propia sigla al afirmar que, en este expediente, GMB podría interpretarse como “Government’s Massive Blunder” (error monumental del Gobierno), una expresión con la que buscó dejar en claro que, a criterio de la defensa, la teoría oficial carece de solidez.

El eje del caso: la sospecha de manipulación en un partido de la NBA

Más allá de la discusión por las imágenes en redes, el corazón del expediente sigue siendo la presunta manipulación de un partido de la NBA.

Rozier y Laster fueron acusados de intervenir en una conspiración para beneficiar apuestas, con foco en un encuentro de Charlotte Hornets disputado el 23 de marzo de 2023.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el exjugador habría avisado con anticipación que abandonaría ese partido temprano por una supuesta lesión, dato que luego habría sido aprovechado para apostar. La defensa intentó desactivar esa acusación al apoyarse en un mensaje de texto enviado días después.

En ese intercambio, Laster escribió: “Dont tell chum bout the bet” (“No le digas a Chum sobre la apuesta”). “Chum” sería el apodo de Rozier. A partir de esa frase, sus abogados argumentaron que no tendría sentido ocultarle una apuesta a alguien que supuestamente formaba parte del arreglo, y presentaron ese punto como un elemento favorable para pedir que se desestimen los cargos.

La fiscalía, sin embargo, rechazó esa interpretación y aseguró que la investigación incorporó pruebas procedentes de múltiples fuentes.

También sostuvo que esa conversación no estaba relacionada con apuestas deportivas, por lo que descartó que el mensaje debilitara la acusación central.

Las acusaciones contra Deniro Laster y la sospecha de amenazas veladas

En paralelo, el caso también se apoya en cuestionamientos específicos contra Deniro Laster. Los fiscales aseguraron que mantuvo contacto con coacusados pese a una orden judicial que se lo impedía.

Incluso, indicaron que en diciembre se comunicó con uno de ellos para deslizar que todos estarían en una mejor posición si ninguno colaboraba con las autoridades.

Además, una publicación en Instagram vinculada a Laster con un emoji de rata fue interpretada por los investigadores como un gesto de intimidación hacia posibles testigos.

Ese episodio fue conectado, además, con otro comentario similar realizado meses antes desde una cuenta que usaba la imagen de un miembro fallecido del mismo entorno. Para el Gobierno, ese tipo de mensajes sugiere una amenaza implícita.

Por ahora, el expediente sigue abierto y la distancia entre ambas partes es total. Mientras los fiscales buscan consolidar una trama de apuestas, contactos indebidos y presión sobre testigos, la defensa de Rozier insiste en que las autoridades están forzando la evidencia y construyendo una lectura distorsionada de los hechos.

Luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejara firme la prisión domiciliaria de Ivana M., la ex esposa de Verónica Dessio y particular damnificada en la causa, Carolina Pérez, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata que se fije “con carácter prioritario” una nueva fecha para dar inicio al proceso que busca juzgar el crimen de la abogada en La Plata.

Tras las reiteradas suspensiones que frenaron el inicio del juicio por el homicidio, el abogado que representa a Pérez, Matías Pietra Sanz, exigió que, una vez superadas las incidencias que afectan la integración del tribunal o el estado psicofísico de la acusada, se requiera a la Secretaría de Gestión Administrativa la asignación del primer bloque de fechas disponible, preferentemente dentro de 2026.

En el mismo escrito, el letrado solicitó que conste expresamente que las demoras acumuladas y las frustraciones en la fijación del juicio no son atribuibles ni a Pérez ni a su representación legal, tras argumentar que siempre colaboraron para agilizar el proceso.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, Pietra Sanz también requirió a la Secretaría del Tribunal certifique el estado procesal de todas las incidencias abiertas, incluidas las relativas a la salud de Mapis, la recusación impulsada por su defensa y las sucesivas revisiones de las medidas de coerción, promoviendo la pronta resolución de cada una.

Esta nueva solicitud por parte de la querella se dio apenas un día después de que se confirmara que la principal acusada de haber instigado el crimen de Dessio por celos podría continuar detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal bonaerense, compuesta por los jueces Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes consideraron que los recursos presentados no cumplían los requisitos legales para ser revisados mediante casación.

En línea con esto, remarcaron que el beneficio procesal “no pone fin a la acción ni imposibilita que continúe”, por lo que no cumplían con el requisito de definitividad exigido por el Código Procesal Penal para acceder a la instancia de casación.

Por este motivo, el fallo recordó la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los recursos extraordinarios solo proceden contra sentencias definitivas o resoluciones que hagan imposible que el proceso continúe. Una situación en la que, en este expediente, según el Tribunal de Casación, no se verificaban dichas circunstancias.

Frente a esto, el fiscal adjunto de Cámara, Alejandro Marchet, y Natalia Dessio, en calidad de particular damnificada con el patrocinio del abogado Santiago Irisarri, argumentaron que la decisión de la Cámara generaba un perjuicio irreparable y denunciaron presuntas violaciones a garantías constitucionales.

En este sentido, la representación de la familia Dessio cuestionó la aplicación del Código Procesal Penal y sostuvo que se afectó el derecho de las víctimas a ser oídas. También señalaron que la reprogramación del juicio oral para mediados de 2027 invalidaba uno de los fundamentos originales para conceder el arresto domiciliario.

Los detalles del crimen de Verónica Dessio

Para comprender el origen de los hechos, es necesario saber que la víctima contrajo matrimonio con Carolina Pérez en 2010, lo que las convirtió en una de las primeras parejas en la Argentina en hacerlo bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, tras obtener una autorización judicial. Tuvieron un hijo y, luego de nueve años, se separaron.

Posteriormente, Pérez inició una relación con Ivana M., mientras que Dessio lo hizo con Patricia. Sin embargo, según los testimonios reunidos en la investigación, la actual acusada había expresado en varias ocasiones su incomodidad por la relación cordial que mantenían Dessio y Pérez después de la separación. Para los investigadores, este conflicto fue considerado el principal móvil del asesinato.

El crimen se cometió el 23 de diciembre de 2020, un día después del cumpleaños de Dessio, quien había celebrado con amigos y familiares, incluida su ex pareja. Al terminar la reunión, la abogada fue atacada en su domicilio de la calle 5. Recibió varias puñaladas por la espalda y murió a causa de las heridas.

La investigación policial descartó el robo como móvil, ya que no se hallaron signos de desorden en la vivienda. Además, la violencia del ataque reforzó la hipótesis de un crimen premeditado. Por este motivo, la acusación sostuvo que Ivana habría organizado el asesinato motivada por celos y recurrió a José A. (actual imputado en la causa) para concretarlo.

Desde el inicio del expediente, la defensa de la acusada solicitó reiteradamente su excarcelación, argumentando problemas de salud en su entorno familiar. No obstante, el representante de la familia Dessio se opuso a cualquier beneficio procesal, sosteniendo que “no se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”.

La Fiscalía y las querellas también habían rechazado la posibilidad de morigerar la detención, invocando el riesgo de fuga, la expectativa de una pena de prisión perpetua y la existencia de otros familiares que podían asistir a la madre de la imputada.

Gloria Trevi obtuvo un fallo a su favor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la editorial Penguin Random House, responsable del libro Todo a la luz, por el uso de fotografías de la cantante sin su autorización.

El IMPI ordenó suspender la comercialización de la obra mientras mantenga imágenes de Trevi sin su consentimiento. La publicación, editada bajo el sello Grijalbo y escrita por la activista Karla de la Cuesta, solo podrá volver al mercado si la editorial retira las fotografías cuestionadas o consigue la autorización expresa de la artista.

Además de la suspensión, el instituto impuso a Penguin Random House una multa de aproximadamente 540 mil pesos —equivalente a 5 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)— por la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor. La resolución advierte que la sanción podría incrementarse si la conducta infractora continuara.

El libro y su origen

Todo a la luz. El caso que según ella México dejó en la oscuridad fue publicado en 2024 por Grijalbo. En sus 256 páginas, De la Cuesta —abogada y activista que se presenta como una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade— describe manipulación, tortura, esclavitud y abusos presuntamente cometidos contra más de 40 adolescentes y jóvenes dentro del llamado clan Andrade.

Para la obra, la autora afirma haber tenido acceso al expediente judicial completo del caso, descrito como de casi una tonelada de fojas. El libro aborda el escándalo que involucró a Andrade, a Trevi y a Mary Boquitas, y que derivó en procesos judiciales que concluyeron con la absolución de las dos últimas, confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

El proceso legal: etapas y resoluciones

El litigio arrancó formalmente en 2024, cuando los representantes legales de Trevi solicitaron al IMPI medidas provisionales contra Penguin Random House por el uso de la imagen de la artista en la portada y en la campaña de promoción del libro.

Desde el inicio, la editorial y De la Cuesta sostuvieron que la cantante buscaba censurar la publicación. Trevi, por su parte, sostuvo que su objetivo era defender sus derechos de imagen, sin intención de impedir la libertad de expresión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por De la Cuesta y Penguin Random House contra esa medida provisional, y determinó que no existió censura previa por parte de la cantante. El mismo tribunal impuso a la editorial una multa superior a 500 mil pesos por haber continuado distribuyendo el libro a pesar de que la medida provisional ya lo prohibía.

La resolución del IMPI, emitida días después, acreditó la infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de la imagen de Trevi. El organismo otorgó a Penguin Random House un plazo de 15 días hábiles para cumplir con lo ordenado y dispuso la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Juristas piden una revisión del caso

El fallo del IMPI encierra una contradicción que especialistas en derecho consideran problemática. Durante el proceso, el propio instituto había reconocido que el libro abordaba asuntos de interés público y que De la Cuesta actuaba como víctima y defensora de derechos humanos; con ese argumento, había levantado las restricciones iniciales sobre la venta de la obra.

La resolución final falló en sentido contrario sin explicar con claridad por qué cambió de postura dentro del mismo expediente. Para los juristas citados en el análisis del procedimiento I.M.C. 1477/2024, una autoridad del Estado no puede resolver un caso de una forma y luego hacerlo de otra sin dar razones sólidas, ya que eso afecta la seguridad jurídica: la certeza de que las reglas no cambian a mitad del proceso.

La preocupación va más allá de este caso. Si el criterio se consolida, cualquier periodista, escritor o documentalista que use el nombre o la imagen de una figura pública en la portada o promoción de una investigación podría enfrentar un procedimiento administrativo similar.

La sola posibilidad de multas y meses de litigio, advierten los especialistas, puede desalentar la publicación de obras sobre asuntos que la sociedad tiene derecho a conocer, aun cuando esas obras estén protegidas por la Constitución.

La distinción que marcó el fallo

Uno de los puntos que más debate generó fue si la resolución equivalía a prohibir el contenido del libro. El IMPI aclaró que el procedimiento no se concentró en lo que la obra narra, sino en si la imagen de Trevi fue utilizada sin autorización en un contexto de explotación comercial.

Según la resolución, la editorial no pudo demostrar que contara con el consentimiento de la artista para ese uso. El fallo no impide que el libro circule con otro diseño; la restricción aplica exclusivamente mientras mantenga el material gráfico cuestionado.

La reacción de Karla de la Cuesta

A través de un video publicado en su canal de YouTube, De la Cuesta expresó su desacuerdo con la resolución, aunque aclaró que Todo a la luz no señala a Trevi como culpable de delito alguno.

“Dicen que Gloria fue absuelta y sí, nosotros jamás en el libro hemos dicho que sigue presa o que fue condenada, es más, ni siquiera hemos dicho que es culpable”, afirmó la autora.

La agenda de Gloria Trevi en 2026

Mientras avanza en el frente legal, la artista mantiene una extensa actividad sobre los escenarios. En los primeros meses del año completó la gira La Fiesta, con fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en enero y febrero, en Puebla y en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

En mayo se presentó en el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, y continuó con el Glow Tour en ciudades como Chihuahua, Morelia y Guadalajara.

Para la segunda mitad del año, la cantante tiene programado su Celebration Tour, que arranca el 25 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua y continúa el 26 en el Parque de la Industria de Guatemala. En octubre recorrerá Panamá —Arena Roberto Durán, el día 2— y Costa Rica —Parque Viva, los días 3 y 4—.

El recorrido también contempla una fecha europea: 24 de agosto en el Auditorio Starlite de Marbella, España. En México, la gira cierra con presentaciones en Tijuana el 10 de octubre, en el Auditorio Nacional el 24 de octubre y en Mérida el 11 de diciembre.

Una sentencia de 30 años de prisión fue confirmada para un hombre hallado culpable de homicidio doloso agravado contra una mujer en el corregimiento de 24 de Diciembre, Sector de Nuevo Tocumen.

La pena incluye inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 15 años adicionales, aplicable tras el cumplimiento de la condena principal.

El crimen se remonta al 16 de enero de 2021. Aquella mañana, el acusado disparó a la víctima con arma de fuego, privándola de la vida en un área concurrida por vecinos. La investigación determinó que los hechos se produjeron en presencia de varias personas, lo que agravó el delito.

Mientras tanto, la población de la provincia de Veraguas se encuentra atenta al desarrollo del juicio contra Bosco Bolívar Barrera, señalado por el femicidio de su expareja Doris Franco.

Este caso ha generado conmoción y movilización comunitaria desde el ataque ocurrido el 26 de abril de 2024, fecha en la que la maestra de 37 años fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca en la barriada La Primavera, Santiago.

Las autoridades detuvieron a Barrera, de 42 años, poco después del hecho, y permanece bajo detención provisional desde entonces.

La expectativa en torno al proceso es alta: familiares, allegados y docentes se mantienen atentos a cada avance del proceso judicial, demandando un fallo que refleje el reclamo social de justicia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima sufrió una herida letal en el corazón, además de otras lesiones.

“Han sido dos años de espera. La familia ha soportado un profundo dolor y ahora solo espera que la justicia cumpla con su deber”, explicó el abogado querellante Yairo Fernández, quien prevé que los alegatos finales podrían presentarse este jueves, dependiendo del ritmo de las audiencias.

El padre de la educadora, Silvino Franco, expresó su dolor y su deseo de ver una condena ejemplar: “Lo único que pido es que la justicia le caiga con todo el peso de la ley a quien me arrebató a mi hija”, dijo emocionado ante quienes lo acompañan en la búsqueda de justicia.

La parte querellante, junto al Ministerio Público y los familiares de la víctima, solicitarán que en caso de una condena, Barrera reciba la pena máxima de 30 años de prisión. La comunidad de Santiago y toda la provincia de Veraguas permanecen expectantes, pues consideran que el resultado del juicio marcará un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Actualmente, el juicio transcurre a puertas cerradas tras un pedido de la defensa del acusado, lo que limita el acceso a quienes no están directamente involucrados en el proceso: solo fiscales, abogados, testigos y peritos pueden presenciar las audiencias, mientras que familiares y público deben esperar fuera del recinto.

El caso de Doris Franco se encuentra en una fase crucial. El tribunal escuchará los testimonios y las pruebas reunidas por la Fiscalía antes de dictar su veredicto sobre la responsabilidad de Barrera en el delito de femicidio.

La sociedad local aguarda que la decisión judicial represente una respuesta firme ante la violencia de género, un fenómeno que ha generado dolor y movilización en la región.

Después de que se confirmara que el músico Cristian “Pity” Álvarez estaba en condiciones de afrontar un juicio por homicidio, su defensa había presentado un pedido para suspender el proceso. Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes, quien ocupa interinamente la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N° 27, rechazó la solicitud al no encontrar argumentos válidos.

De esta manera, el creador de Intoxicados y Viejas Locas será juzgado por la muerte de Cristian Díaz, un hombre al que habría asesinado en el barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018 tras una discusión. Así, la primera audiencia se realizará el próximo lunes 10 de agosto.

La defensa del acusado había intentado frenar el proceso, luego de que solicitaran la suspensión de las 11 audiencias fijadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para agosto y septiembre. El argumento se basó en la presunta existencia de recursos pendientes que, según el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, impedirían el avance del proceso.

A pesar de esto, el fiscal consideró que este planteo carece de sustento legal y remarcó que el debate oral es el ámbito adecuado para garantizar los derechos del imputado y resolver las controversias entre las partes. Asimismo, subrayó que el contenido del artículo se refiere a recursos de la etapa de instrucción y no implica una prohibición automática de realizar el juicio.

Según la información publicada por el sitio Fiscales, Abraldes señaló que la existencia de una vía recursiva pendiente puede “obstar” a la fijación de la audiencia, pero se trata de una facultad jurisdiccional, no de una imposición legal. Además, destacó que el tribunal ya decidió reanudar el proceso y programó las audiencias, por lo que el juicio debe iniciarse según lo previsto.

El proceso contra Álvarez había sido suspendido en 2021 por motivos de salud, y nuevamente en 2023. Sin embargo, según un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) y peritos de la defensa, el acusado cuenta con un “trastorno cognitivo leve”, pero actualmente posee las capacidades cognitivas necesarias para afrontar el juicio.

En palabras de los peritos, el cantante “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”. Sin embargo, aclararon que podrían darse fluctuaciones puntuales producto de su cuadro.

A partir de este informe, el tribunal coincidió con esta evaluación y en mayo de este año se dispuso retomar el proceso. En línea con esto, se fijó que las audiencias se realizarán los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

El crimen de Cristian Díaz ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018 en Villa Lugano cuando una discusión entre ambos derivó en que Álvarez extrajera una pistola y le disparara en la cabeza. Según la acusación, la víctima cayó al suelo y el acusado efectuó tres disparos más antes de darse a la fuga.

Después de haber sido buscado por varias horas, Pity quedó detenido tras entregarse en la comisaría de Villa Lugano, que estaba a cargo de las actuaciones. Minutos antes, había declarado ante la prensa que se presentaba para aclarar lo que había ocurrido.

Más tarde, el peritaje determinó que la víctima murió por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”. Además, la división Balística de la Policía de la Ciudad encontró el arma homicida en un drenaje cercano a la torre 12, zona donde ocurrió el crimen.

El análisis constató que se trataba de una Lorcin calibre .25, un modelo económico fabricado en Estados Unidos a mediados de la década del 90, célebre por sus múltiples fallas y accidentes a la hora de disparar. Asimismo, destacaron que esta presentaba varias huellas dactilares, según fuentes ligadas al expediente, aunque ninguna de ellas era lo suficientemente completa como para obtener una identificación positiva.

A casi tres décadas del asesinato de Tupac Shakur, la causa judicial por uno de los crímenes más notorios de la historia del rap entra en una etapa decisiva en Las Vegas.

El acusado es Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, señalado por la fiscalía como el hombre que habría organizado el ataque armado en el que murió el artista en septiembre de 1996.

NBC News informó que el proceso judicial está previsto para comenzar este lunes 10 de agosto y que el imputado enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal, con el agravante de presunta vinculación con una pandilla.

El caso permaneció sin resolución durante años y se convirtió en una referencia permanente dentro de la cultura hip hop, tanto por la dimensión artística de Shakur como por el entramado de rivalidades que rodeó su muerte.

Davis permanece detenido desde fines de 2023 por esta causa y se declaró inocente, de acuerdo con el reporte de NBC News.

Qué se juzga y por qué el caso volvió a activarse

La acusación no apunta necesariamente a determinar quién apretó el gatillo aquella noche, sino a establecer si Davis organizó el ataque y facilitó el arma utilizada en el tiroteo.

Tal y como explicó NBC News, los fiscales sostienen que el acusado ocupaba un lugar central dentro del grupo que viajaba en el Cadillac blanco desde el que partieron los disparos.

El ataque ocurrió el 7 de septiembre de 1996, cuando Tupac Shakur viajaba como acompañante en un BMW negro conducido por Marion “Suge” Knight, cofundador de Death Row Records.

Ambos salían de ver una pelea de Mike Tyson y se dirigían a un club nocturno donde el rapero tenía previsto asistir. En un semáforo cercano al Strip de Las Vegas, un Cadillac blanco se ubicó junto al BMW y desde allí abrieron fuego.

Shakur recibió varios disparos y murió seis días después. Knight sobrevivió con heridas menores. El expediente permaneció estancado hasta que las propias declaraciones públicas de Davis le dieron nuevo impulso.

NBC News detalló que la investigación cobró fuerza luego de entrevistas, apariciones mediáticas y la publicación del libro Compton Street Legend, escrito junto a un coautor en 2019.

La teoría de la fiscalía y la estrategia de la defensa

Para los investigadores, el crimen tuvo como trasfondo una represalia. La hipótesis oficial indica que el ataque fue una respuesta a la golpiza que Tupac Shakur y personas de su entorno le dieron horas antes a Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis, en el hotel MGM Grand.

Esa secuencia, afirmó NBC News, aparece como uno de los ejes del caso que llevará la fiscalía al juicio.

En ese contexto, los fiscales apoyan parte de su acusación en el contenido del libro de Davis y en registros de entrevistas concedidas a la policía y a medios de comunicación.

En ese material, el acusado relató aspectos de la interna entre pandillas y describió movimientos dentro del vehículo desde el que se efectuaron los disparos. Uno de los puntos más sensibles del proceso pasa por la admisibilidad de esas declaraciones.

La defensa intentó impedir que el libro y una grabación de una entrevista policial de 2008 fueran utilizados en el juicio.

Sus abogados argumentaron que la obra tenía partes ficcionalizadas y que, al haber sido escrita con un coautor, no podía determinarse con certeza qué fragmentos correspondían realmente a Davis. También sostuvieron que una entrevista brindada a un grupo de trabajo federal había sido confidencial, según recogió NBC News.

A la vez, los defensores remarcaron que no existe evidencia directa de que Davis haya ordenado el homicidio y cuestionaron la solidez de testimonios de personas que no estuvieron presentes en la escena del crimen. Esa será una de las discusiones centrales cuando avance el proceso.

El trasfondo entre sellos discográficos, pandillas y una herida abierta

El expediente judicial también reconstruye un conflicto más amplio entre la escena musical de la época y estructuras criminales del oeste y el este de Estados Unidos.

La investigación retrata el asesinato como parte de una disputa entre Death Row Records y Bad Boy Records, además de su relación con facciones enfrentadas como Mob Piru y South Side Compton Crips.

NBC News indicó que testigos ante el gran jurado describieron vínculos entre integrantes de South Side Compton Crips y figuras cercanas a Bad Boy Records, sello fundado por Sean “Diddy” Combs.

Del otro lado aparecía la asociación de Mob Piru con Death Row, la compañía para la que grababa Shakur junto a nombres como Snoop Dogg y Dr. Dre.

Dentro de esa trama, la muerte del rapero quedó instalada como uno de los episodios más oscuros de la rivalidad que marcó a la industria en los años 90.

La familia del músico sigue de cerca el juicio. Maurice “Mopreme” Shakur, hermanastro del artista, dijo a NBC News que atravesar esta instancia judicial resulta agotador y traumático, aunque mantiene una expectativa moderada sobre la posibilidad de conocer la verdad.

También planteó que aún hay aspectos que merecen mayor exploración, entre ellos las acusaciones mencionadas en el libro de Davis sobre una supuesta participación de Combs, algo que el empresario negó.

Con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, Tupac Shakur conserva un peso singular dentro de la historia del género. Sus canciones combinaron éxitos masivos con letras sobre violencia, familia, desigualdad y vida urbana.

Casi 30 años después de su muerte, el juicio contra Duane “Keffe D” Davis abre una nueva etapa en un caso que durante décadas osciló entre el mito, la investigación inconclusa y las confesiones públicas.

En la madrugada de 1987, una mujer de 85 años se despertó en su departamento de Deerfield Beach, Florida, y encontró a un hombre junto a su cama. Durante décadas, la causa quedó abierta, sin una identificación concluyente y sin un arresto.

Casi 40 años más tarde, una nueva prueba de ADN llevó a la detención de un sospechoso por la agresión sexual denunciada aquella noche.

Gregory Rollison, de 60 años, fue extraditado desde California a Broward County para enfrentar cargos de agresión sexual y robo a mano armada, informó Sun Sentinel con base en datos de la Broward Sheriff’s Office (BSO).

El diario estadounidense indicó que el hombre ya estaba preso en el sistema penitenciario californiano cuando los investigadores obtuvieron una coincidencia genética a partir de evidencia preservada durante décadas.

La noche del ataque

El caso se remonta a un edificio de departamentos del bloque 300 de North Federal Highway, en Deerfield Beach, una ciudad costera del sur de Florida.

El periódico estadounidense Sun Sentinel reconstruyó que el agresor trepó por el exterior del inmueble e ingresó al departamento de la víctima a través de una puerta corrediza ubicada en el balcón. La BSO añadió que, antes de entrar a esa unidad, el intruso intentó acceder a otro departamento del mismo edificio.

La mujer dormía cuando el atacante llegó hasta la habitación. La oficina del sheriff sostuvo, en declaraciones recogidas por CBS News, que el hombre la ató y la agredió sexualmente 2 veces a punta de cuchillo. Después, revisó la vivienda, tomó dinero y otros objetos, y volvió a atacarla antes de escapar.

El detective Andrew Gianino, uno de los investigadores del caso, afirmó en un video difundido por la agencia que “no fue solo que Rollison estuvo en el apartamento de la víctima, sino que fue la persona que la ató, la golpeó y la agredió sexualmente”. La cita fue reproducida por CBS News en su cobertura sobre el avance de la pesquisa.

Pocos días después del ataque, las autoridades divulgaron un retrato basado en la descripción de la víctima, recordó Sun Sentinel al revisar los archivos periodísticos de la época.

En ese momento, Deerfield Beach contaba con su propio departamento de policía. Cuando la ciudad pasó a trabajar con la BSO en 1990, el expediente quedó bajo control de esa agencia. La evidencia recolectada, incluido el kit forense de agresión sexual, permaneció bajo su custodia.

Cómo reapareció el caso

Ese material resultó decisivo casi 4 décadas después. Gianino, quien participó en la pesquisa original y luego volvió sobre el expediente, revisó la causa junto con peritos del laboratorio criminalístico de la BSO.

Sun Sentinel señaló que los avances en la tecnología de ADN permitieron repetir estudios sobre muestras preservadas desde 1987. Esa revisión derivó en una coincidencia con Rollison, quien ya había aparecido en el radar de los detectives en los primeros tramos de la investigación.

El nombre del sospechoso no era nuevo para los investigadores. Gianino contó a Sun Sentinel que Rollison tenía antecedentes penales en Florida, California e Illinois, con registros que se remontaban a comienzos de la década de 1980.

El medio añadió que, tras una condena por incendio intencional en 1982, el hombre pasó un período en un programa de alojamiento transitorio cerca del edificio donde vivía la víctima. El detective aseguró al diario que esa distancia podía recorrerse a pie o en bicicleta.

La investigación también tomó en cuenta otro episodio ocurrido poco después del ataque de julio de 1987.

Sun Sentinel detalló que, en menos de 10 días, se denunció otra agresión sexual en una oficina de un operador de puente levadizo situada a cerca de 1,6 kilómetros de la escena original. En esa causa, las autoridades vincularon a Rollison después de que un hombre fuera visto escapar en bicicleta.

Por ese hecho, añadió el diario, fue arrestado y acusado de agresión sexual y robo, aunque más tarde resultó absuelto del cargo sexual en juicio.

Para los detectives, esa denuncia encajaba con el patrón del caso de la mujer de 85 años, pero en ese momento la evidencia científica no alcanzó para presentar cargos por el ataque en Deerfield Beach.

La evidencia y la extradición

La falta de avances en aquellos años no cerró la causa. Gianino dijo a Sun Sentinel que nunca dejó de pensar en lo ocurrido esa noche.

En otra declaración difundida por la BSO y recogida por CBS News, el detective sostuvo que “lo que comenzó como una agresión sexual sin resolver hace casi 40 años terminó este año” con la identificación genética del sospechoso.

Cuando la coincidencia de ADN llegó, Gregory Rollison cumplía una condena de 9 años en una prisión de California. Sobre esa causa, las coberturas periodísticas revisadas difieren. Miami Herald, CBS News Miami y otros reportes, al citar a la Broward Sheriff’s Office, indicaron que la pena correspondía a un caso de intento de homicidio contra un agente del orden.

Sun Sentinel, en cambio, informó que la condena derivaba de cargos de agresión a un bombero, resistencia con violencia y fuga agravada vinculados con un arresto de 2023.

Lo que sí coincide en los reportes es el paso procesal más reciente. Rollison fue extraditado a Broward County durante el fin de semana del 2 y 3 de agosto de 2026 y quedó alojado en una cárcel del norte del condado, indicó CBS News.

Ese medio aseguró que un juez encontró causa probable y le fijó una fianza de USD 130.000, desglosada en USD 50.000 por uno de los cargos y USD 80.000 por el otro.

La misma cobertura añadió que California colocó una retención sobre el acusado, por lo que no podría quedar en libertad aunque pagara la caución.

WSVN 7 News también reportó que durante la audiencia de fianza el imputado renunció a comparecer y que la orden de retención impide su liberación inmediata.

El peso del proceso judicial

La víctima murió años después del ataque, consignó Sun Sentinel. Esa ausencia define una parte central del proceso que ahora se abre, ya que el caso regresa a los tribunales cuando la principal testigo ya no está viva para declarar.

A partir de lo publicado por los medios estadounidenses y de lo expuesto por la BSO, la acusación dependerá en gran medida de la evidencia biológica conservada, de la cadena de custodia y de la forma en que los fiscales reconstruyan lo ocurrido en 1987.

Casi cuatro décadas después, la investigación encontró en una muestra de ADN la respuesta que no había podido ofrecer en 1987.

Ahora será la Justicia de Florida la que deba determinar si esa evidencia alcanza para cerrar un caso que permaneció abierto durante tantos años.

El 11 de octubre de 2025, desde un Airbnb en el monte de Reddick, Florida, Sonia Exelby le escribió a una amiga a través de la app Discord lo que ella misma describió como su última comunicación. “Mi tiempo se acabó“, escribió.

Tenía 32 años, había volado desde Portsmouth, Inglaterra, y el hombre que la tenía encerrada le había devuelto el teléfono brevemente mientras se duchaba.

Seis días después, investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) encontraron su cuerpo enterrado en un bosque del condado de Marion, con cuatro heridas de arma blanca en el costado.

Los protagonistas

Exelby era tutora de música, la menor de 6 hermanos y llevaba 15 años con la misma pareja. Su familia la describió, en un comunicado emitido a través de la Policía de Hampshire y recogido por Sky News, como “una persona verdaderamente hermosa, por dentro y por fuera”.

“Podía tocar el piano sin esfuerzo y cuando cantaba tenía la voz de un ángel”, agregaron. Su vida también tuvo otra dimensión. Según un documento del condado de Marion citado por Sky News, Exelby “llevaba mucho tiempo luchando con problemas de salud mental”.

Durante sus veinte años se volvió progresivamente retraída y buscó vínculos en comunidades de internet. En 2024, las autoridades del Reino Unido frustraron un intento previo de viajar a Estados Unidos para reunirse con personas dispuestas a matarla violentamente, según constan en los registros judiciales del caso.

Dwain Hall, de 53 años al momento de su detención, vivía en Ocala y administraba un negocio de asistencia en carretera.

En el sitio de fetiches donde conoció a Exelby usaba el nombre de usuario “alphasadist”. Una página de Facebook atribuida a él mostraba fascinación por Anubis, el dios egipcio del inframundo.

Hall se autodescribía como sádico y operaba bajo el alias “Darkwolf” en sus interacciones en línea.

Dos años de mensajes

En 2023, Exelby publicó en un sitio de fetiches que buscaba a alguien dispuesto a abusar sexualmente de ella y matarla, según los expedientes judiciales citados por Fox News. Hall respondió.

Durante los dos años siguientes intercambiaron mensajes sobre bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la asesinara. Hall inició lo que él mismo llamó un proceso de “mentoría”.

Con el tiempo, el vínculo adquirió una dimensión financiera: el acuerdo al que llegaron, según los registros, fue de USD 4.000 en efectivo a cambio de que Hall ejecutara lo que ella pedía. También elaboraron una “historia de cobertura” para sus familias.

Exelby dejó evidencia en su computadora que describía el viaje como una visita a personas que podrían “abusarla sexualmente, torturarla y asesinarla”.

La llegada

El 10 de octubre de 2025, Exelby voló al Aeropuerto Regional de Gainesville, en el norte de Florida. Tenía pasaje de vuelta para el día 13.

Antes de recogerla, Hall hizo una parada en un Walmart de Gainesville donde compró limpiador de armas, 15 metros (50 pies) de cuerda, desodorante en spray y cuerda de paracaídas de nailon. Después de pagar, volvió a buscar una pala.

La secuencia quedó registrada en recibos y cámaras de vigilancia del local, revisadas por el FDLE. Luego llevó a Exelby a un Airbnb que ella misma había reservado en Reddick, a unos 40 minutos al sur.

Los mensajes del 11 de octubre

Al día siguiente, mientras Hall se duchaba, Exelby tomó su teléfono y le escribió a una amiga por Discord. Los investigadores describieron los mensajes como “largos y a veces inconexos”.

En ellos relató que “la noche anterior había sido muy mala”, que Hall la tenía encerrada y le había quitado el teléfono porque “no confiaba” en ella.

“Pensé que lo haría rápido y no le daría tiempo a mi mente para cocinar”, escribió Exelby, según consta en el expediente. Luego: “Estoy tan, tan asustada. Estoy tan rota y con tanto dolor. Lo único que puedo hacer es quedarme aquí acostada”. Sus últimas palabras en el chat fueron: “Lo siento. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo y trato de ser rápida y se me acabó el tiempo”.

Ese mismo día, la cuenta bancaria del negocio de Hall realizó 7 cargos a la tarjeta de débito de Exelby en un lapso de unos 10 minutos. Solo pudo cobrarle USD 1.200 antes de que la tarjeta fuera rechazada.

El video borrado

También el 11 de octubre, Hall filmó un video con su dispositivo y lo borró tres segundos después. El FDLE lo recuperó. Dura cuatro minutos y 16 segundos.

Muestra a Exelby con golpes visibles, sentada en un mueble del Airbnb, mientras la voz de Hall se escucha fuera de cámara dirigiendo sus respuestas.

Según la declaración jurada del expediente, Exelby “casi nunca mira hacia la cámara, se muestra visiblemente perturbada con lágrimas en los ojos, exhala profundamente y es muy reticente a responder”.

Cuando Hall le pregunta por qué está allí, Exelby responde: “Porque soy una persona horrible”. Cuando él insiste en cómo querría morir, ella titubea y dice que quiere ser apuñalada. Al preguntarle si actuó bajo coerción, sacude la cabeza en silencio.

El hallazgo

Exelby no abordó su vuelo de regreso el 13 de octubre. Su familia la reportó desaparecida. Los cargos a su tarjeta, realizados desde la cuenta del negocio de Hall, condujeron a los investigadores directamente a él.

El 17 de octubre, el FDLE encontró el cuerpo en una tumba poco profunda en un área boscosa de Marion Oaks. En las capas superiores de tierra, junto al cuerpo, estaba la etiqueta de la pala comprada en Walmart.

Ese mismo día, agentes del Sheriff del condado detuvieron a Hall en la Interestatal 75, cerca de Ocala, mientras conducía su Jeep Cherokee negro.

Antes de ser arrestado, según los registros, Hall le había enviado un mensaje a un amigo por Facebook sobre un paquete con “objetos personales preciosos y valiosos”. “Necesitaré esto de vuelta en 6 meses si esta tormenta pasa sin consecuencias duraderas”, escribió.

Los investigadores recuperaron el paquete: contenía un brazalete y un cuchillo negro de 17,7 centímetros (7 pulgadas) “diseñado para perforar y apuñalar”, con la inscripción grabada “Dorkworf, el extremo puntiagudo va en el otro”.

El amigo explicó que era una burla del alias Darkwolf. El análisis de ADN confirmó que la sangre en la hoja era de Exelby.

La investigación y el proceso judicial

Hall fue detenido el 18 de octubre de 2025 por el presunto uso fraudulento de la tarjeta de débito de Exelby.

El 17 de noviembre, el FDLE lo arrestó formalmente por asesinato en primer grado con premeditación y secuestro. En su primera comparecencia, se declaró inocente.

Sus declaraciones ante la policía fueron contradictorias: primero negó conocer a la víctima, luego admitió el contacto sexual pero lo describió como no deseado y finalmente reconoció que durante dos años habían hablado sobre “bondage, suicidio y el deseo de ella de que alguien la matara”.

Según Court TV, que cubrió la audiencia del 22 de abril de 2026, la fiscalía informó al juez que la única oferta de negociación sobre la mesa era cadena perpetua. Hall la rechazó.

El juicio arranca el 16 de noviembre de 2026 en el condado de Marion, con selección de jurado ese día, y se estima una duración de una semana.

Hall podría enfrentar la pena de muerte si es condenado. Hasta la fecha, su representante legal no respondió a solicitudes de comentario de los medios.

El después

Hall permanece detenido sin fianza en la Cárcel del Condado de Marion con 6 cargos por delitos graves. La Policía de Hampshire lleva adelante el componente británico de la investigación.

Los padres de Sonia Exelby hablaron públicamente por primera vez en julio de 2026, en un comunicado emitido a través de Hampshire. “La vida no siempre fue fácil para ti, pero tu vida fue mucho más que las dificultades que enfrentaste”, escribieron. “Fuiste muy querida y siempre lo serás. Te echamos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Te queremos muchísimo, siempre y para siempre”.

Un hombre de 28 años, identificado como L. N. C., fue condenado a 12 años de prisión luego de haber sido considerado como coautor del homicidio de Lucas Ariel Martínez, un joven que fue asesinado a disparos cuando circulaba en moto por la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Leandro Lazzarini, Gustavo Urdiales y Héctor Aiello, quienes consideraron al acusado como coautor del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego. La misma se dio a conocer a casi tres años y medio del asesinato.

De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, el homicidio se produjo alrededor de las 23:30 horas del viernes 10 de marzo de 2023. En ese momento, la víctima circulaba en una motocicleta por la Avenida Peñaloza cuando fue atacada por L. N. C., quien viajaba como acompañante en otra moto.

Al momento de reconstruir el episodio ante los jueces, el fiscal Andrés Marchi detalló que en las inmediaciones de la intersección con calle Espora, el ahora condenado efectuó al menos tres disparos contra la víctima con el objetivo de quitarle la vida.

Como consecuencia del ataque, Martínez recibió el impacto de varios proyectiles, cayó del vehículo y quedó tendido en la vía pública. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde murió horas después a raíz de la gravedad de las heridas.

Después de que se abriera una investigación por el crimen, el jueves 20 de julio de 2023 se logró la captura de L. N. C., tras diversas diligencias. Desde ese momento, el acusado permaneció con prisión preventiva hasta la finalización del juicio. No obstante, hasta el día de hoy, el conductor del vehículo no pudo ser identificado y continúa en libertad.

Tras haberse conocido la sentencia, el fiscal Andrés Marchi expresó: “Valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos”. Asimismo, señaló que esperarán los fundamentos del fallo para analizar las motivaciones, en especial el monto de la pena impuesta.

Asesinaron a un barra de Colón de Santa Fe y atacaron la casa del presunto responsable

Leandro Fuentes, un barra del club Colón de Santa Fe de 29 años conocido como “El Tucumano”, fue asesinado la semana pasada de varios disparos mientras conducía por una calle de la capital provincial. El crimen desencadenó ataques armados y un intento de incendio contra la casa del presunto responsable, lo que aumentó la preocupación de las autoridades por una posible escalada de violencia en la región.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Fuentes fue atacado en el barrio Centenario mientras circulaba en un Suzuki Fun. El homicidio se produjo alrededor de las 12:37 horas del 23 de julio en la intersección de Vera Mujica y Bolívar.

Tras los disparos, el joven perdió el control del vehículo y chocó contra un Volkswagen estacionado. Inicialmente, la Policía fue alertada por un accidente de tránsito, pero al llegar al lugar constató que el automóvil presentaba dos impactos de arma de fuego: uno se encontraba en la puerta del conductor y el otro en la parte trasera.

Una mujer trasladó a la víctima en un vehículo particular al Hospital José María Cullen, donde ingresó con una herida de bala en la zona lumbar y la espalda. Primero fue internado en la sala de shockroom y posteriormente derivado a quirófano, pero murió alrededor de las 14.

En el operativo participaron efectivos de la Estación Sur y el Destacamento Cullen. La investigación quedó a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni. El personal policial informó que en el lugar no se hallaron vainas servidas, y hasta el momento no se identificó a los autores de los disparos. No obstante, indicaron que seguirían trabajando para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

Horas después del asesinato, la casa de uno de los presuntos autores fue atacada a balazos y luego se intentó prenderle fuego en calle O’Higgins al 3400, también en barrio Centenario. El padre del sospechoso denunció dos ataques armados: uno por la tarde y otro por la noche, que dejaron varios impactos de bala en el frente de la vivienda.

En esta segunda escena, la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos balísticos levantaron 11 vainas servidas en el lugar, con intervención de la fiscal de homicidios Dra. Belén Abigail. Durante la madrugada, el padre volvió a alertar al 911 al escuchar un fuerte ruido y observar humo en la puerta. Logró sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara.

A raíz de esto, las autoridades manifestaron preocupación por una posible ola de venganzas en el marco del enfrentamiento interno en la barra de Colón. De hecho, la tensión obligó a considerar de alto riesgo el partido que el equipo sabalero disputará ante Chaco For Ever por una nueva fecha de la Primera Nacional, lo que activó el refuerzo de los operativos policiales en la ciudad.

Un documento interno de 2017, presentado como prueba en un juicio en Nashville, ha puesto a Meta bajo el foco judicial por las consecuencias de ciertas funciones de Instagram en la salud mental de los adolescentes. Este informe, elaborado por gerentes de producto de la propia empresa, señala que características como las notificaciones y el desplazamiento infinito resultan “incompatibles con el bienestar” de los usuarios jóvenes.

El juicio, impulsado por el estado de Tennessee, acusa a Meta de haber ignorado deliberadamente estos hallazgos internos en pos de maximizar sus ingresos, al mantener activas funcionalidades que, según los abogados estatales, fomentan el uso compulsivo entre los adolescentes y agravan problemas como los trastornos alimenticios, la depresión y la autolesión.

Cuál es el impacto de Instagram en la salud mental adolescente

Durante la apertura del proceso judicial, los representantes legales del estado de Tennessee desgranaron cómo Meta habría desoído las advertencias de sus propios investigadores.

Estos análisis internos alertaban que una parte de los adolescentes desarrollaba patrones de uso compulsivo de Instagram, lo que a su vez se relacionaba con el desarrollo o el agravamiento de trastornos alimenticios, síntomas depresivos y conductas autolesivas.

El documento interno de 2017, citado ante el jurado, recoge la preocupación de los gerentes de producto de Meta respecto de herramientas como la reproducción automática, el flujo infinito de contenido y la constante emisión de notificaciones.

Estas funciones, diseñadas para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible, fueron calificadas por los propios empleados de la empresa como “inherentemente incompatibles con el bienestar” de los adolescentes. La necesidad de advertir públicamente sobre estos riesgos fue mencionada en ese informe, aunque según la acusación, la empresa nunca trasladó esa advertencia al público.

En el juicio, se reprodujo el sonido característico de una notificación de teléfono móvil para ilustrar la manera en que estas señales actúan como recompensas impredecibles, desencadenando la liberación de dopamina y contribuyendo así a la formación de hábitos adictivos en los jóvenes.

La exposición constante a estos estímulos, según los argumentos presentados, tiene un efecto particularmente intenso en el cerebro adolescente.

Cuáles son las estrategias de Meta ante las acusaciones

La respuesta de Meta ante estas acusaciones se centró en destacar las medidas adoptadas para abordar los riesgos asociados al uso de Instagram entre menores.

Uno de los abogados de la empresa sostuvo que Meta ha sido transparente respecto a los desafíos que enfrentan los adolescentes y la cantidad de contenido perjudicial que detecta en la plataforma. Argumentó que la compañía trabaja activamente para identificar y solucionar estos problemas.

En esta línea, Meta ha implementado herramientas para limitar el uso excesivo de Instagram y ha promovido la formación de padres y docentes para reforzar la seguridad de los adolescentes en línea.

El abogado de la empresa apeló al jurado a reflexionar sobre el alcance de la responsabilidad de Meta en relación a problemas sociales complejos como el suicidio, la explotación infantil y la adicción, defendiendo la idea de que la protección de los adolescentes en internet debe ser un esfuerzo compartido entre plataformas, familias y comunidad educativa.

La demanda de Tennessee y el posible desenlace judicial

El proceso judicial en Tennessee responde a una demanda presentada por la oficina del fiscal general del estado, Jonathan Skrmetti. El objetivo de esta acción legal es lograr la imposición de sanciones económicas a Meta y obtener una orden judicial que obligue a la empresa a modificar elementos de Instagram considerados dañinos para la salud mental adolescente.

Si el jurado determina que Meta es responsable, el proceso avanzará a una segunda fase en la que el juez Russell Perkins decidirá si corresponde imponer sanciones económicas adicionales y si ordena a la empresa realizar cambios sustanciales en Instagram, orientados a reforzar la seguridad de los adolescentes.

Entre las posibles medidas se encuentran la restricción de ciertas funcionalidades y la mejora de los mecanismos de advertencia y control parental.

Litigios masivos y antecedentes judiciales contra Meta

La demanda presentada en Tennessee forma parte de un escenario más amplio en el que casi todos los estados de Estados Unidos han iniciado acciones legales contra Meta por el supuesto impacto negativo de sus plataformas en la infancia y la adolescencia.

Más de dos decenas de estos litigios han sido unificados en un proceso multidistrital con sede en San Francisco, mientras que otros estados han optado por llevar sus reclamos a los tribunales locales.

A este escenario se suman miles de demandas promovidas por particulares y distritos escolares, que alegan daños a la salud mental de estudiantes vinculados al uso de redes sociales. El proceso judicial de Tennessee es el segundo caso estatal que llega a juicio con jurado.

En una causa anterior, un jurado de Nuevo México halló responsable a Meta y ordenó el pago de 375 millones de dólares, mientras que un juez evalúa la posibilidad de imponer sanciones adicionales y exigir modificaciones en Facebook, Instagram y WhatsApp dentro de ese estado.

Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

La noche del 23 de abril de 2025 marcaba el inicio del fin de una pesadilla que se gestó entre bastidores, bajo el destello de la fama y las falsas promesas.

Celeste Abigail Rivas Hernández, una adolescente de origen salvadoreño de solo 14 años, subió a un vehículo enviado para trasladarla desde su tranquila localidad de Lake Elsinore hasta una mansión en Hollywood Hills.

Se dirigía al encuentro de David Anthony Burke, el ascendente cantante de alt-pop conocido mundialmente como d4vd, con quien mantenía una relación clandestina desde que ella tenía 13 años. No sabía que esa travesía nocturna sería la última.

Las paredes de aquella residencia no presenciaron un refugio, sino el escenario donde se consumó la violencia física y el intento definitivo por silenciar una verdad que amenazaba con destruir la carrera del artista.

Meses antes de aquella fatiga de abril, la relación entre el músico de 21 años y la adolescente había entrado en una espiral de tensión constante.

Las evidencias forenses y digitales presentadas en el tribunal detallan que Celeste, angustiada por la dinámica de abuso y el ocultamiento de su vínculo, envió una serie de mensajes tajantes donde le advertía que revelaría a su padre el sometimiento al que era sometida y que “arruinaría su carrera y su vida”.

Según la reconstrucción judicial expuesta por la fiscalía, Burke preparó una emboscada para evitar que la menor hablara. Cuando la adolescente llegó a la residencia de Hollywood Hills, su teléfono celular dejó de emitir señal de manera repentina.

Dentro del inmueble, el acusado la atacó propinándole dos heridas penetrantes con un objeto punzocortante en la parte superior del cuerpo. La autopsia determinó que uno de los impactos perforó las costillas en el tórax izquierdo y el otro penetró profundamente en el hígado, causándole lesiones internas mortales.

La fría ejecución del ocultamiento

Lo que siguió tras el ataque reveló una metódica y perturbadora serie de pasos para erradicar cualquier rastro del crimen. De acuerdo con las pruebas digitales aportadas por los investigadores, días después de la desaparición de la joven, Burke utilizó un seudónimo en internet para ordenar un kit de limpieza y herramientas de desmembramiento: bolsas industriales para cadáveres, una pala, herramientas varias y tres motosierras.

En el área del garaje de la vivienda, utilizando una piscina inflable de plástico azul para contener los fluidos, el cantante cercenó el cuerpo de la adolescente. Durante este proceso, las autoridades presumen que utilizó la motosierra sobre los restos de la menor.

Para entorpecer la identificación forense, a la víctima le amputaron dos dedos de la mano derecha, precisamente aquellos en los que llevaba tatuado el nombre de “David” y un diseño a juego con el del acusado.

Los restos mutilados de Celeste fueron introducidos en bolsas de plástico y colocados en el maletero delantero (frunk) de un vehículo Tesla propiedad del artista.

El automóvil permaneció abandonado durante semanas, trasladándose eventualmente a un lote de remolque en Los Ángeles tras ser incautado.

El 8 de septiembre de 2025, tan solo un día después de la fecha en que la joven habría cumplido 15 años, empleados del depósito vehicular reportaron a la policía un olor fétido insoportable que emanaba de la parte frontal del coche.

Al abrir la estructura, los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles hallaron el torso y la cabeza de Celeste en un avanzado estado de descomposición. La identificación inicial debió realizarse mediante registros radiográficos dentales debido al severo deterioro de los restos.

El banquillo de los acusados y el reclamo de la familia

Tras una investigación que se extendió por siete meses, David Anthony Burke fue arrestado en abril de 2026. Al concluir la reciente audiencia preliminar de cinco días en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la jueza Charlaine Olmedo determinó que las muestras de ADN en el garaje, las compras registradas por internet y los registros de comunicación constituían causa probable suficiente para enviarlo a juicio formal por

• Asesinato en primer grado
• Abuso sexual de menor
• Mutilación de un cadáver.

Durante la audiencia también se dio a conocer que la joven se había practicado un aborto en 2024, a los 13 años, después de que él la dejara embarazada.

Mientras el fiscal de distrito Nathan Hochman evalúa solicitar formalmente la pena de muerte por los agravantes de emboscada, la defensa intentó sostener que el acusado es inocente, argumentando la falta de restos hemáticos en dos de las motosierras e insinuando hipótesis como un presunto suicidio o conductas violentas por parte de la víctima.

Por lo que, al finalizar la audiencia, el abogado de la familia Rivas, Patrick Steinfeld, transmitió el sentir de los padres de la adolescente, devastados al escuchar la estrategia defensiva.

De momento, Burke permanece privado de libertad en una prisión del condado de Los Ángeles sin derecho a fianza. El caso continuará su curso en los tribunales con las siguientes fechas clave establecidas en el calendario judicial:

• 31 de agosto de 2026: Audiencia para la lectura formal de cargos procesales (arraignment) en el Tribunal Superior de Los Ángeles.
• Octubre y noviembre de 2026: Etapa programada para las conferencias de estado del caso (status conferences), donde las partes y la jueza definirán la fecha oficial de inicio del juicio oral.

Para la familia de Celeste Abigail Rivas Hernández, el final de la audiencia preliminar marca apenas el cierre de un doloroso capítulo inicial.

Tras meses de incertidumbre desde su desaparición, sumados a la angustia de escuchar en los tribunales los detalles forenses del crimen, los allegados de Celeste aguardan con la esperanza firme de que el proceso judicial concluya en una condena ejemplar.

La justicia hondureña reactivará el proceso penal contra la exjueza de Jurisdicción Nacional Wendy Vanessa Caballero Reyes. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público por el presunto delito de abuso de autoridad, tras admitir un recurso de casación del Ministerio Público contra la absolución dictada en 2018.

El expediente fue remitido nuevamente a San Pedro Sula y asignado a la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, que fijó el inicio del nuevo juicio oral y público para el 26 de noviembre a las 9:00 de la mañana, informó el portavoz de los juzgados de esa ciudad, Ruy Gabriel Barahona.

La resolución dejó sin efecto la sentencia absolutoria emitida en 2018 por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula y dispuso que el caso sea conocido por un tribunal distinto.

La acusación se originó en un expediente iniciado en diciembre de 2012, cuando las autoridades presentaron requerimiento fiscal contra un grupo de personas investigadas por un supuesto caso de lavado de activos.

Las investigaciones surgieron después del decomiso de una cantidad de moneda extranjera transportada en una embarcación localizada frente a las costas de Trujillo, en el departamento de Colón. Entre los detenidos figuraba un adolescente de 17 años.

El origen de la acusación

Según la acusación del Ministerio Público, Wendy Caballero, que entonces ejercía funciones como jueza con jurisdicción nacional, dictó medidas cautelares contra el menor tratándolo como si fuese un adulto y ordenó su ingreso a un centro penal ordinario.

Ese procedimiento dio origen al requerimiento fiscal por abuso de autoridad, al considerar que la resolución judicial presuntamente vulneró las normas especiales de protección aplicables a los menores de edad.

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula resolvió el 26 de febrero de 2018 absolver a Wendy Caballero al concluir que durante el juicio no se logró acreditar su responsabilidad penal en el delito de abuso de autoridad.

La Fiscalía impugnó esa decisión mediante un recurso de casación y sostuvo que durante el juicio no fueron valoradas adecuadamente diversas pruebas incorporadas al expediente.

Tras revisar los planteamientos, la Sala de lo Penal determinó que existían fundamentos suficientes para ordenar la repetición íntegra del debate oral y público, por lo que un nuevo tribunal deberá valorar nuevamente todas las pruebas antes de emitir sentencia.

Otros procesos contra la exjueza

El caso por abuso de autoridad es uno de varios procesos que Wendy Caballero ha enfrentado desde que comenzaron las investigaciones sobre su actuación como jueza.

Durante la última década, la exfuncionaria judicial fue objeto de distintos requerimientos fiscales relacionados con presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Uno de los procesos concluyó con una condena por cohecho, luego de que el Ministerio Público sostuviera que recibió USD 39 mil y un vehículo a cambio de modificar las medidas cautelares impuestas a Alexander Montes Aguilar, señalado por delitos vinculados al crimen organizado.

En ese caso, un tribunal la condenó a cinco años y seis meses de prisión, mientras que su hermano, que fungía como secretario judicial, también fue sentenciado por el mismo delito.

La exjueza también enfrentó otros expedientes por delitos como prevaricato y abuso de autoridad derivados de actuaciones judiciales distintas, con resultados diferentes en cada uno de esos procesos.

Qué implica la repetición del juicio

La orden emitida por la Sala de lo Penal no representa una condena anticipada ni modifica la condición jurídica de la acusada respecto del delito de abuso de autoridad.

En términos procesales, la repetición del juicio significa que un nuevo tribunal deberá conocer nuevamente el expediente, escuchar a las partes, valorar las pruebas documentales y testimoniales y emitir una nueva sentencia independiente de la resolución anterior.

Durante esta etapa, la defensa de Wendy Caballero podrá ejercer todos los recursos que contempla la legislación hondureña, mientras que el Ministerio Público buscará acreditar los hechos contenidos en su acusación.

La repetición del juicio vuelve a colocar bajo análisis la responsabilidad de funcionarios judiciales en decisiones adoptadas durante procesos, en especial los relacionados con delincuencia organizada y lavado de activos.

Con la audiencia fijada para noviembre, el proceso volverá a desarrollarse desde la etapa de juicio oral, donde un nuevo tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal o confirmar la inocencia de la exfuncionaria, conforme a las pruebas presentadas durante el debate.

El jefe de bomberos de Duisburgo, Alemania ya había advertido por escrito, con meses de anticipación, que el predio elegido para el festival Love Parade era “físicamente inadecuado” para un evento de esa magnitud. La advertencia fue ignorada aquel 24 de julio de 2010. Ese día murieron 21 personas aplastadas en un túnel.

No fue un accidente imprevisible. Según una investigación del semanario alemán Der Spiegel, entre doce y trece inspecciones previas al evento concluyeron, una y otra vez, que el plan derivaría en caos y víctimas. “Cada vez que íbamos acordábamos que el plan iba a resultar en caos, que la gente iba a resultar herida y muerta”, declaró al diario alemán Express un oficial de policía de Colonia que inspeccionó el sitio. La respuesta de la administración local fue siempre la misma: el festival debía realizarse.

El Love Parade se celebró por primera vez en Berlín (todavía Occidental) en 1989. Durante la segunda mitad de los años 90 se convirtió en uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, reconocido internacionalmente por su carácter pacífico y masivo.

Con el paso de los años el evento migró de Berlín a otras ciudades alemanas. En 2006, en Berlín, los organizadores afirmaron que habían asistido 1,2 millones de personas; la policía estimó 500.000. En 2008, Dortmund anunció una cifra récord de 1,6 millones de visitantes, aunque los diarios locales la ubicaron en la mitad. Las cifras de asistencia siempre fueron objeto de disputa entre organizadores y autoridades.

En 2010 le tocó el turno a Duisburgo. La ciudad, en la región del Ruhr, eligió como sede una antigua estación de carga ferroviaria. El predio medía 230.000 metros cuadrados, pero la mitad correspondía a edificaciones. Con una regla de cuatro personas por metro cuadrado, la capacidad real del espacio abierto era muy inferior a lo que los organizadores prometían.

El acceso al recinto se hacía por un único túnel. Esa vía era, al mismo tiempo, la entrada y la salida del evento. El 24 de julio de 2010, hace 16 años, con cientos de miles de personas intentando ingresar, el túnel se convirtió en una trampa mortal.

El Love Parade de Duisburgo terminó en una avalancha humana que mató a 21 personas y dejó más de 650 heridas. Las personas murieron aplastadas y asfixiadas en ese corredor de acceso, cuando la multitud quedó atrapada sin posibilidad de moverse entre las paredes de concreto. Las víctimas fueron de distintas nacionalidades: las hubo alemanas, españolas, holandesas, australianas, italianas y chinas.

El organizador del festival, Rainer Schaller —titular también de la cadena de gimnasios McFit, principal patrocinadora del evento—, atribuyó la catástrofe a una “orden fatal” de la policía, que habría dispuesto abrir el extremo occidental del túnel. Antes de eso, dijo Schaller, los organizadores ya habían cerrado diez de las 16 puertas de acceso por riesgo de saturación. La policía de Colonia, a cargo de la investigación, rechazó las acusaciones y pidió no especular.

Las fallas de comunicación agravaron todo. Las radios analógicas de policías y bomberos eran tan antiguas que, según Andreas Nowak de la federación policial de Renania del Norte-Westfalia, era imposible conseguir repuestos. En zonas del operativo los agentes se quedaban sin señal. La red de telefonía móvil también colapsó ese día, por lo que el recurso habitual de usar celulares personales tampoco funcionó.

Uno de los 1.080 acomodadores del evento declaró al diario alemán Bild: “Todo el mundo esperaba órdenes pero ninguna llegó. De repente había cuerpos por todos lados. Las salidas de emergencia en la parte superior de la rampa fueron abiertas por la policía cuando ya era demasiado tarde”.

Las estimaciones sobre la cantidad de asistentes también fueron contradictorias. El vocero de la policía de Duisburgo, Ramon van der Maat, calculó entre 300.000 y 400.000 personas en total durante todo el sábado, dentro y fuera del predio. Schaller habló de 187.000 visitantes en el recinto. El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia mencionó 350.000 personas en la ciudad y 120.000 en el predio. La cifra de 1,4 millón que tanto Schaller como el alcalde del lugar Adolf Sauerland difundieron el mismo día del desastre fue descartada por van der Maat como “matemáticamente imposible“, porque el transporte disponible no habría permitido ese flujo de personas en tan poco tiempo.

El jefe de bomberos de Duisburgo había enviado una carta al alcalde Sauerland en octubre de 2009 advirtiendo que el predio era inadecuado para el evento. Michael Böcker, presidente del sindicato de bomberos de Renania del Norte-Westfalia, fue categórico ante Der Spiegel: “Las normativas sobre sitios de reunión masiva fueron ignoradas de forma criminal. Los que firmaron la autorización son los responsables”.

El portal DerWesten.de publicó las actas de una reunión del 18 de junio de 2010 entre los organizadores, bomberos, el departamento de salud y seguridad, y el funcionario municipal Wolfgang Rabe. En esa reunión se discutieron las rutas de evacuación y Rabe dejó en claro, según las actas, que “el alcalde quiere que el evento se realice y que hay que encontrar una solución”. Las objeciones del departamento de planificación edilicia no fueron aceptadas.

El alcalde Sauerland, sin embargo, declaró al diario alemán Rheinische Post: “No tengo conocimiento de ninguna advertencia”. El documento oficial de la ciudad de Duisburgo autorizaba un máximo de 250.000 personas en el predio. El festival siguió adelante.

El alcalde Sauerland no asistió al acto de homenaje a las víctimas realizado días después de la tragedia. Su vocero explicó que el intendente no quería “herir los sentimientos de los familiares ni provocarlos con su presencia”. La prensa alemana también informó sobre amenazas de muerte contra él.

A la ceremonia sí concurrieron el presidente alemán Christian Wulff y la canciller Angela Merkel. La gobernadora de Renania del Norte-Westfalia, Hannelore Kraft, cuyo hijo de 17 años había asistido al festival sin sufrir daños, tomó la palabra entre lágrimas: “Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Cómo pudo pasar esto, quién tiene la culpa y quién es el responsable? Esas son preguntas que debemos responder".

El alcalde resistió durante meses los pedidos de renuncia. Sauerland había sido elegido por primera vez en 2004, cuando venció al candidato socialdemócrata en una ciudad de tradición de izquierda. Fue reelecto en 2009 como candidato de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Tras la tragedia, con excepción de su propio partido, todos los bloques del concejo municipal apoyaron una moción de censura. El vocero de los liberales del Partido Liberal Democrático (FDP) fue directo: “No podemos esperar hasta las elecciones. La ciudad necesita un nuevo liderazgo creíble cuanto antes”.

El presidente Wulff, miembro del mismo partido que Sauerland, le recordó públicamente que existía algo llamado responsabilidad política, aunque se negó a pedirle la dimisión en forma directa. “Si me lo preguntaran, mi consejo lo daría en privado”, dijo. Los diarios alemanes Frankfurter Allgemeine Zeitung y Süddeutsche Zeitung informaron, citando fuentes cercanas al alcalde, que Sauerland evaluaba la posibilidad de ser destituido por el concejo antes que renunciar, en parte para preservar sus derechos jubilatorios. Él mismo negó esa versión y la calificó de “irrespetuosa” dado el contexto.

En octubre de 2011 una iniciativa ciudadana juntó casi 80.000 firmas para forzar un referéndum de destitución. El 12 de febrero de 2012, 129.833 vecinos de Duisburgo votaron a favor de cesar a Sauerland, contra apenas 21.557 que querían que continuara en el cargo. El umbral mínimo para que el referéndum fuera válido era de aproximadamente 92.000 votos. Sauerland dejó el cargo.

La fiscalía de Duisburgo tardó más de tres años y medio en formalizar cargos. En febrero de 2014, el fiscal Horst Bien anunció en una multitudinaria conferencia de prensa que se acusaba formalmente a 10 personas por homicidio imprudente y lesiones imprudentes: cuatro responsables de Lopavent, la empresa organizadora del festival, y seis funcionarios de la administración municipal. La pena máxima prevista era de cinco años de prisión. Ni Schaller ni Sauerland figuraron entre los acusados. Todos los imputados negaron los cargos.

El proceso fue largo. Se interrogó a casi 4.000 testigos presenciales y se analizaron alrededor de 1.000 videos grabados durante la tragedia. Aun así, ninguna de las pruebas inclinó la balanza de forma definitiva. El jurista Julius Reiter, abogado de varias víctimas y sus familias, resumió el estado del proceso con una frase: “La esperanza de que se haga justicia en este caso va a morir en los tribunales”.

Reiter también señaló que la explicación del fiscal general de 2011 seguía siendo válida: al autorizar la realización del festival en Duisburgo se cometieron graves errores. Pero esa conclusión nunca se tradujo en una condena. “Nuestros clientes no piden mucho. Ellos sólo quieren entender cómo pasó lo que pasó para poder cerrar ese capítulo de sus vidas”, dijo el abogado en una entrevista de entonces.

El 4 de mayo de 2020, tras 184 sesiones, la Audiencia Provincial de Duisburgo suspendió el proceso contra los tres acusados que quedaban bajo investigación, al considerar que no había “indicios concretos” de que hubieran actuado de forma deliberada. La fiscalía también apoyó la suspensión: el informe técnico señalaba que la tragedia fue consecuencia de múltiples negligencias y que era difícilmente previsible.

“Allí se está haciendo más para encubrir a los responsables que para aclarar lo sucedido. Para mí, este es el punto en el que el Estado de derecho ha dejado de existir en Alemania”, declaró Jörn Teich, uno de los sobrevivientes que casi perdió la vida camino al festival.

Muchas de las víctimas tampoco recibieron las indemnizaciones que se les habían prometido en 2011. El caso se cerró sin responsables penales. El predio de la antigua estación de carga, abandonado desde 2010, aguarda la construcción de un nuevo barrio. La Fundación Duisburgo 24.7.2010, creada para sostener a las familias afectadas, celebró en julio de 2025 su último acto conmemorativo antes de disolverse, conforme a sus estatutos, tras diez años de actividad.

Luis Fernando Duarte Vázquez fue asesinado en noviembre de 2021 en medio de una discusión con Roberto S. por una deuda de 500 pesos. El hecho se produjo en una localidad de Misiones cuando ambos se encontraban en la vía pública consumiendo bebidas.

El imputado permanece detenido desde el momento del ataque en una vivienda del barrio Niño Perdido de Candelaria, sobre la costa del río Paraná.

Ambos jóvenes de 23 años, de nacionalidad paraguaya, trabajaban como albañiles y la jornada del 14 de noviembre decidieron compartir un par de bebidas alcohólicas. En un momento de la noche, el acusado reclamó a Duarte Vázquez el dinero que supuestamente le debía. El joven respondió que no contaba con esa suma para saldar la deuda, por lo que se desencadenó una discusión.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada por la investigación a cargo del juez de Instrucción Ricardo Balor y el fiscal René Casals, Roberto S. atacó a su compañero con un arma blanca y le propinó cinco puñaladas en los brazos y el tórax. La investigación determinó que algunas de las heridas fueron producidas por la espalda, lo que visibilizó un ataque sorpresivo que provocó el deceso sin llegar a recibir atención médica.

Tras el crimen, el agresor escapó del lugar junto a su pareja antes de que la Policía llegara al barrio tras haber sido alertada por los vecinos.

En un primer momento, los investigadores apuntaron a otro hombre de 41 años de la zona, pero los testimonios recopilados permitieron ubicar al acusado en la escena del homicidio. Los efectivos de la Dirección de Homicidios lo localizaron horas más tarde en la casa de su madre, donde se había refugiado. Allí, Roberto S. también intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido y detenido por una orden judicial.

El acusado compareció ante la Justicia y rechazó la posibilidad de un acuerdo abreviado, por lo que el caso llega a juicio oral, que tendrá lugar el lunes próximo. Según explicó Misionesonline, la defensa estará a cargo de Miguel Ángel Varela ante el Tribunal Penal 1 de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag. La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

Para el debate fueron convocados 15 testigos, entre efectivos policiales que participaron de la investigación y peritos, agregó el portal local Primera Edición. Se estima que las audiencias se extenderán a lo largo de cuatro jornadas. El acusado enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión.

Uno de los casos más resonantes en la misma provincia tuvo lugar en abril pasado cuando un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda.

El agresor oriundo de San Pedro le disparó a la víctima y la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del taller de la víctima. El hecho ocurrió cerca de las 16.00, en el barrio 29 de Junio de esa localidad.

Andrés Winck, de 46 años, llegó hasta el domicilio de Daniel Kaiser, alias “Negro”, de 50 años, a bordo de una moto. Según la reconstrucción de los investigadores, ambos mantuvieron una discusión en la vía pública por una deuda que Kaiser tenía con Winck. En un momento del intercambio, el prestamista extrajo una pistola calibre 9 milímetros del morral que llevaba colgado al hombro y efectuó cinco disparos contra la víctima. Luego sacó un segundo cargador y disparó tres veces más. La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones, salió de la vivienda, encontró a su marido en el suelo y corrió a pedir ayuda. Personal policial y Bomberos Voluntarios trasladaron al mecánico al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV llegaron al lugar alertados por vecinos y detuvieron a Winck. En el lugar se levantaron 10 vainas servidas calibre 9mm y tres residuos metálicos compatibles con fragmentos de proyectiles. Al allanar el domicilio del sospechoso, la Policía incautó ocho cartuchos del mismo calibre, un teléfono celular y la moto Rouser Bajaj 220 cc utilizada para llegar al taller. El juez de Instrucción N° 1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar, a cargo de la investigación, también ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima.

“Vamos a seguir dando pelea”, aseguraron en el Gobierno, luego de que la Corte de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia rechazara un recurso presentado por el Estado argentino contra el fondo Titan Consortium en el litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.

Sucede que el país busca que la Justicia estadounidense revierta el fallo que lo obliga a pagar USD 390 millones como consecuencia de la nacionalización de la aerolínea de bandera, que en ese entonces estaba en manos de empresas del grupo español Marsans.

Es importante recordar que, en 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo en el que condenó a la Argentina a pagar aproximadamente USD 321 millones, más intereses y costas. Tras el pedido de anulación, finalmente la resolución quedó firme en 2019.

Tiempo después, en 2021, Titan Consortium LLC, firma que adquirió los derechos de litigio, pidió su reconocimiento y ejecución en Columbia.

En 2024, ese tribunal rechazó el argumento de Argentina de que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años y concluyó que el término vigente era de doce. Además, reconoció el laudo CIADI por un monto de USD 390,9 millones al 10 de diciembre de ese año, más los intereses devengados desde entonces.

En 2025, el Estado argentino apeló ese fallo. Sin embargo, este martes la Corte de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia y ratificó dicho plazo de prescripción aplicable.

“Desde la Procuración del Tesoro nos encontramos analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o, al menos, mitigar el impacto de esa sentencia”, comunicaron fuentes oficiales.

En ese marco, en el Gobierno dijeron: “No nos quiten las espadas antes de que terminemos de pelear”, en alusión a que todavía quedan instancias judiciales para intentar evitar el pago.

El equipo jurídico argentino, que está evaluando los pasos a seguir, tiene la posibilidad de solicitar un rehearing en banc, es decir, pedir una nueva revisión de la decisión tomada por el tribunal. Esa fue, por ejemplo, la medida excepcional que eligió Burford Capital en el juicio por la estatización de YPF, que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York desestimó posteriormente. Si ese fuera el caso, se puede recurrir a la Corte Suprema de EEUU.

Según había contado Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, previo a la expropiación, “Marsans vació la empresa, utilizó los aviones y los pasó a Iberia. Iberia le daba a Aerolíneas Argentinas los aviones más antiguos y más usados. Es decir, estaba mal manejada”.

También, el grupo español, cuyos directivos enfrentaron condenas en su país, vendió activos valiosos de la aerolínea, como oficinas en ciudades clave (Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas), simuladores de vuelo esenciales para la capacitación del personal y rutas internacionales estratégicas hacia Europa. Estas acciones redujeron la capacidad operativa y la competitividad de la línea aérea.

Marsans dejó de gestionar Aerolíneas Argentinas y Austral, acumulando una deuda cercana a USD 890 millones, tras haber adquirido ambas compañías en 2001 por un precio simbólico de un dólar a un organismo estatal español.

Los resultados operativos de Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado obtenido el año anterior, cuando había alcanzado los USD 56,6 millones. De este modo, la empresa estatal encadenó su segundo saldo positivo consecutivo tras 16 años de déficit.

Con una facturación que superó los USD 2.200 millones, en la línea aérea destacan que es la primera vez, desde su reestatización en 2008, que no se requirieron transferencias del Tesoro.

Cabe recordar que entre 2008 y 2023, la firma registró un rojo operativo promedio de USD 400 millones anuales a nivel EBIT y demandó al Estado más de 8.000 millones de dólares.

En suma, el año pasado disminuyó su deuda bancaria y financiera en un 41% -de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 e igual mes de 2025- “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.

Para el 12 de agosto de 2026 está previsto que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla se presente ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia para el inicio de las audiencias preparatorias del juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

En la audiencia prevista, la defensa del exjefe de cartera deberá presentar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas con las que buscará controvertir los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, se espera que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia también presentará su material probatorio para la etapa de juicio.

El expediente quedó en manos del magistrado Jorge Caldas Vera, ya que Bonilla tenía fuero constitucional cuando, según el caso, habrían ocurrido los hechos. Por ese motivo, el alto tribunal es el competente para conocer el proceso por presuntos delitos ligados al ejercicio de sus funciones, incluso después de que dejó el cargo.

Vale mencionar que en esta fase se pueden debatir la legalidad de actuaciones y solicitudes de las partes, pero aún no se determina la responsabilidad penal del exministro.

Ricardo Bonilla fue acusado en abril por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

¿Por qué es investigado Ricardo Bonilla?

La acusación formal de la Fiscalía General de la Nación ubica los hechos entre mayo de 2023 y febrero de 2024. El ente acusatorio sostiene que el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, junto con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se concertaron con otras personas para cometer delitos contra la administración pública.

Según esa tesis, el objetivo era beneficiar a congresistas a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Invías.

“Los dos entonces ministros se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar mayorías parlamentarias” señala el expediente citado por Semana.

La fiscal delegada agregó que ambos “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal; impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinaron reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del Invías y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas”.

Entre los congresistas mencionados en el expediente aparecen Wadith Manzur y Karen Manrique. Ambos, que habían sido reelegidos en las elecciones legislativas de 2026, se encuentran privados de la libertad por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La investigación se apoyó en testimonios de exfuncionarios e implicados, entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quienes sostuvieron ante la justicia que el entonces ministro habría coordinado el direccionamiento de contratos y recursos públicos estimados en $92.000 millones para presuntas dádivas dirigidas a asegurar respaldo de congresistas a reformas e iniciativas del Gobierno en el Congreso.

De igual manera, sigue el rastro del manejo de tres convenios regionales: en Cotorra (Córdoba), un proyecto de mitigación del sistema de drenaje por $50.000 millones; en Saravena (Arauca), obras de mitigación y prevención de inundaciones por $30.000 millones; y en El Carmen de Bolívar (Bolívar), trabajos para mitigar la erosión en El Salado por $12.000 millones.

En distintas intervenciones, Ricardo Bonilla González ha cuestionado las declaraciones de los principales testigos de la Fiscalía General, al considerar que los señalamientos en su contra son contradictorios.

“Me gusta mucho que hoy la Fiscalía hubiera reconocido que ni el ministro (Luis Fernando) Velasco ni yo saqueamos la UNGRD. Eso es algo de Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la Unidad) y su cuadrilla, que son unos delincuentes confesos”, expuso durante la audiencia del 30 de abril de 2026.

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión de Casación

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

La denunciante fue apartada como querella en la etapa de juicio oral porque no designó un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal la intimó a hacerlo en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El camarista Huarte Petite concluyó que “la conducta desplegada por la querellante revela una intención de mantener su participación en las actuaciones y de continuar ejerciendo los derechos inherentes a su calidad de parte”.

“Por ello, la conclusión alcanzada por el tribunal en torno a una presunta falta de interés en la prosecución de la acción penal no aparece suficientemente respaldada por las constancias objetivas incorporadas al expediente ni por la normativa legal aplicable”, agregó.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

El 11 de febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro se pronunció por el sobreseimiento por falta de pruebas para Espinoza y la causa quedó desde entonces “con la actuación en solitario de la acusación privada”, como se recordó en la resolución judicial.

A fines de 2025 el abogado de la denunciante renunció y el Tribunal que debe llevar adelante el juicio la convocó en reiteradas ocasiones para que designara nuevo patrocinio, necesario para el rol de querellante. Incluso, se le informó las maneras de obtenerlo de manera gratuita por su calidad de presunta víctima. Ante la falta de respuesta, la separaron del rol de querella y como era la única parte acusadora, se sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

Rakauskas designó luego nuevo abogado, Ignacio Barrios y recurrió a Casación: se realizó una audiencia el último jueves a la cual ella concurrió en persona y ahora se tomó la decisión de reponerla en su rol y seguir adelante con el futuro juicio oral.

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens avanzó en Guatemala con los testimonios protegidos de sus padres, que relataron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal cómo ocurrió el ataque del 17 de abril de 2024 y reclamaron justicia en un proceso que, según la investigación, apunta a una acción planificada con vigilancia previa.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Uno de los datos centrales expuestos en la causa es que los socorristas localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen, mientras cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque. Esas pesquisas también establecieron que el médico de 32 años habría sido seguido durante varios días y que en el hecho participaron varias personas.

Los padres de la víctima declararon por videoconferencia bajo medidas de resguardo que impidieron su identificación visual. En la sala estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

El padre describió al hombre que, según su testimonio, lo amenazó con un arma

El padre de Campos Hoffens presenció el momento cuando su hijo recibió los disparos, ya que regresaban de desayunar en la zona 13.

Frente al Tribunal Quinto de Sentencia Penal reconstruyó la apariencia de los dos hombres que iban en la motocicleta. Dijo que quien la conducía llevaba una camisa blanca, gorra y era “gordito de tez blanca”, y explicó que pudo fijarse en esos rasgos cuando pasaron cerca de él.

También relató por qué recuerda al segundo ocupante. “Llevaba una gorra y tenía tapaboca, como pañuelo. El de tez morena, iba atrás. A él lo vi porque me sacó la pistola y me amenazó. Ahora, el de adelante lo vi cuando yo abrí el carro. Ese muchacho tenía la camisa blanca y algo cachetón, con cara redonda”, declaró el padre de la víctima.

La madre dijo que su presencia en el tribunal tiene un solo objetivo: justicia

La madre del médico explicó que compareció para pedir una condena para los responsables y describió el impacto personal de la pérdida de su hijo. Recordó que era su único hijo y que ambos habían hecho posible su formación profesional.

“La razón por la cual estoy aquí es porque... que se pueda hacer justicia... para mí ha sido un proceso bastante largo porque era mi único hijo... (estas personas) hicieron mucho daño... No voy a tener descendencia, no voy a tener nietos”, declaró la madre.

En otro tramo de su testimonio, añadió: “Prácticamente me quitaron parte de mi vida, porque era un hijo muy responsable, un hijo muy amoroso. Él era todo para mí y yo era todo para él. Pero... Lo bendigo. Yo sé que él (acusado) me está escuchando y lo bendigo. Va a necesitar misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados”.

La mujer cerró su intervención con un mensaje dirigido al tribunal y a los acusados. “Solamente justicia... que el Señor les dé mucha sabiduría a ustedes para tomar una mejor decisión”, dijo.

La acusación sostiene que el médico fue interceptado en zona 13 y murió en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, Campos Hoffens fue interceptado cuando conducía su vehículo en la intersección de la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 de la capital guatemalteca. Dos personas en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó varias veces.

La víctima murió en el lugar. Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta.

Al menos cuatro individuos habrían seguido a la víctima desde que salió de su domicilio. El seguimiento involucró un vehículo azul y una motocicleta en la que viajaba quien, de acuerdo con las pesquisas, fue el autor material de los disparos. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de nuevas pruebas y testimonios.

La reciente apelación presentada por los abogados de Karmelo Anthony reavivó el debate sobre el sistema judicial en Texas y la transparencia de los procesos penales en Estados Unidos.

Condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia de atletismo en Frisco, el joven enfrenta un panorama incierto mientras la causa gana repercusión nacional y abre interrogantes sobre derechos constitucionales y posibles sesgos en la administración de justicia.

Un crimen en Frisco y una condena que generó repercusión nacional

El 2 de abril de 2025, durante un torneo de atletismo entre Centennial High School y Memorial High School, Karmelo Anthony—entonces de 17 años—apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, de la misma edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de Frisco, en las afueras de Dallas.

El juicio, realizado meses después, concluyó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 35 años de prisión para Anthony, quien actualmente tiene 19 años.

La defensa de Anthony, que no estuvo a cargo del proceso principal, sostiene que el joven actuó en legítima defensa luego de ser intimidado físicamente por miembros del equipo rival.

La fiscalía, por su parte, describió al acusado como el agresor, negando que existiera presión o amenaza previa. El caso se transformó rápidamente en un tema de interés nacional, no solo por la violencia involucrada, sino también por el trasfondo racial: Metcalf, la víctima, era blanco, mientras que Anthony es afroamericano.

Esta circunstancia, sumada a la composición del jurado—sin integrantes negros—, alimentó un intenso debate en medios y redes sociales.

Los ejes de la apelación: transparencia, derechos vulnerados y recusación del juez

Según la última información publicada por NBC News, la nueva defensa de Anthony presentó dos mociones claves: una para solicitar un nuevo juicio y otra para exigir la recusación del juez John Roach.

El escrito judicial argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron los derechos del acusado. Entre los puntos destacados, la defensa denuncia que el juicio no fue plenamente público, con restricciones para la prensa y el público en general, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, los abogados alegan que existía un acuerdo informal entre las partes para limitar la presentación de pruebas de carácter y antecedentes.

Sin embargo, afirman que la fiscalía desestimó ese entendimiento en la etapa final, lo que obligó a Anthony a renunciar a su derecho a testificar para no exponerse a información perjudicial, tal y como detallaron medios como New York Post y The Guardian.

Otro aspecto cuestionado es la rapidez del proceso: se fijaron audiencias en días atípicos, como un sábado, y se concedió un tiempo “insuficiente” para que el joven decidiera si declaraba en el estrado.

La defensa también apunta contra el juez Roach, sosteniendo que perdió la apariencia de imparcialidad al brindar entrevistas a medios como WFAA y Fox News y defender públicamente el veredicto y su propia actuación.

En una carta emitida tras el fallo y dirigida a la “familia del condado de Collin”, Roach calificó el caso como uno de los grandes honores de su carrera, lo que—según la apelación—afecta la neutralidad necesaria mientras sigue teniendo potestad para decidir sobre un eventual nuevo juicio.

El futuro del caso: tiempos judiciales y repercusiones

El fiscal Bill Wirskye, en declaraciones recogidas por NBC News y otros medios estadounidenses, rechazó todas las acusaciones de parcialidad o irregularidad, afirmando que la fiscalía actuó con ética y respeto absoluto a las resoluciones judiciales.

Aseguró que el jurado contó con pruebas suficientes y defendió la integridad del proceso. La respuesta oficial de la fiscalía a las mociones de la defensa será presentada por escrito en las próximas semanas, de acuerdo con reportes recientes.

Mientras tanto, el juez Roach debe decidir primero si se aparta o no del expediente, aunque es probable que el pedido pase a un juez administrativo regional, quien podría fijar una audiencia específica para analizar la recusación.

Anthony permanece detenido en la prisión Pack Unit de Texas, a la espera de novedades en el expediente. La defensa, integrada por reconocidos abogados de derechos civiles y penalistas como Gary Bledsoe y Russell Wilson, trabaja pro bono tras la condena.

El proceso de apelación puede extenderse por varios meses antes de que haya una resolución definitiva sobre la posible repetición del juicio o la confirmación de la condena.

Si la solicitud de un nuevo juicio no prospera, la defensa ya anticipó que llevará la causa a instancias superiores del sistema judicial texano.

En paralelo, la opinión pública y la comunidad de Frisco siguen atentas a un caso que, para muchos, refleja los desafíos y tensiones del sistema de justicia estadounidense en materia de acceso, imparcialidad y derechos constitucionales.

Un sacerdote enfrenta un pedido de más de seis años de prisión tras el grave episodio en el que un niño de 12 años recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota de la vivienda del cura en Paraná. Luego de que el menor, identificado como Esteban Bogado, quedara internado en terapia intensiva por el impacto sufrido en el portón de la casa, el hombre fue acusado de intento de homicidio.

La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación contra César Jesús Schdmidt por el presunto delito de intento de homicidio en el marco de la audiencia de medidas de coerción, ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que será acompañado por la querella, encabezada por Leopoldo Cappa.

El grave incidente ocurrió el 7 de marzo en la calle Lamadrid, en la capital de Entre Ríos. Esteban Bogado intentó ingresar al patio de la vivienda tras no recibir respuesta al tocar el timbre, con la intención de recuperar una pelota que había caído dentro del predio. Al trepar el tapial y tomar contacto con la estructura metálica del portón, el niño sufrió una descarga eléctrica que lo inmovilizó durante más de un minuto.

Durante esos minutos, un vecino que intentó socorrer al menor también resultó afectado por la corriente. Finalmente, una mujer intervino y logró separar al niño del portón utilizando un palo, lo que permitió que recibiera auxilio inmediato. Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde el equipo médico inició maniobras de reanimación y lo ingresó a la unidad de terapia intensiva pediátrica con sedación y asistencia respiratoria mecánica.

Tras lo sucedido, el equipo médico inició diferentes tratamientos y fue controlando cómo respondía Esteban a cada uno de ellos. Entre las medidas adoptadas, los especialistas optaron por suministrarle pequeñas cantidades de agua con jeringa, ya que su estado no permitía que bebiera por sí mismo. Este método busca asegurar una hidratación adecuada y cuidar el funcionamiento de los riñones, órganos que pueden verse afectados tras una descarga eléctrica severa.

La fiscal subrayó como agravante la condición de sacerdote del imputado. Uno de los puntos más contundentes del requerimiento fiscal es la determinación de la pena. Su investidura religiosa implica una “expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo”. El documento judicial al que accedió Cuestión de Fondo señala que, al instalar una trampa letal que podía afectar a cualquier transeúnte, el imputado actuó en contradicción con los valores que su ministerio representa, incrementando el “disvalor de su acción”.

Entre los principales elementos incorporados a la causa figura un informe técnico elaborado por la empresa ENERSA, que determinó que la conexión eléctrica no se debió a una falla de la red pública, sino que correspondía a una instalación propia del inmueble. Según la acusación, esa conexión constituía una fuente permanente de energía con capacidad suficiente para provocar la muerte de cualquier persona que entrara en contacto con el tejido metálico. Con estos elementos, la fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar hacia la instancia de juicio bajo la imputación de tentativa de homicidio.

La fiscalía también pidió medidas cautelares como la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la exigencia de permanecer a disposición judicial durante la investigación. El juez hizo lugar a estos requerimientos, por lo que Schdmidt continuará sometido al proceso judicial. Actualmente, el sacerdote de 66 años reside en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor” y durante el proceso se abstuvo de declarar.