La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por supuesto abuso sexual y ordenó que se realice “a la mayor brevedad” el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, reinstalada como querellante en la causa.

El máximo tribunal penal nacional sostuvo que fue “arbitraria” la decisión de apartar a Rakauskas del proceso por carecer temporalmente de abogado, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La denuncia se remonta al 10 de mayo de 2021. Rakauskas, quien se desempeñaba como secretaria privada de Espinoza desde fines de abril de ese año, acusó al jefe comunal de haberse presentado en su departamento con una excusa laboral e intentar abusar sexualmente de ella. El intendente siempre negó los hechos.

La decisión de Casación

La decisión por mayoría de la Sala 3 de Casación con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días revirtió una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero pasado, separó a Rakauskas de su rol de querellante y sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

“La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”, sostuvo el camarista Días.

La denunciante fue apartada como querella en la etapa de juicio oral porque no designó un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal la intimó a hacerlo en un plazo de 72 horas, en plena semana previa a las fiestas de fin de año y con la feria judicial de enero a días de comenzar, remarcó ahora Casación.

El camarista Huarte Petite concluyó que “la conducta desplegada por la querellante revela una intención de mantener su participación en las actuaciones y de continuar ejerciendo los derechos inherentes a su calidad de parte”.

“Por ello, la conclusión alcanzada por el tribunal en torno a una presunta falta de interés en la prosecución de la acción penal no aparece suficientemente respaldada por las constancias objetivas incorporadas al expediente ni por la normativa legal aplicable”, agregó.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia por el rechazo del recurso y la confirmación del sobreseimiento para Espinoza. El magistrado cuestionó la figura del querellante exclusivo —aquella en que la acusación privada actúa sin el Ministerio Público Fiscal— y consideró que el apartamiento de Rakauskas no fue “antojadizo, intempestivo e inmotivado”, sino el resultado de “diversas diligencias llevadas a cabo por la directora del proceso penal que la querellante resistió activamente”.

El 11 de febrero de 2025, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro se pronunció por el sobreseimiento por falta de pruebas para Espinoza y la causa quedó desde entonces “con la actuación en solitario de la acusación privada”, como se recordó en la resolución judicial.

A fines de 2025 el abogado de la denunciante renunció y el Tribunal que debe llevar adelante el juicio la convocó en reiteradas ocasiones para que designara nuevo patrocinio, necesario para el rol de querellante. Incluso, se le informó las maneras de obtenerlo de manera gratuita por su calidad de presunta víctima. Ante la falta de respuesta, la separaron del rol de querella y como era la única parte acusadora, se sobreseyó a Espinoza por “falta de acción”.

Rakauskas designó luego nuevo abogado, Ignacio Barrios y recurrió a Casación: se realizó una audiencia el último jueves a la cual ella concurrió en persona y ahora se tomó la decisión de reponerla en su rol y seguir adelante con el futuro juicio oral.

El juicio por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens avanzó en Guatemala con los testimonios protegidos de sus padres, que relataron ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal cómo ocurrió el ataque del 17 de abril de 2024 y reclamaron justicia en un proceso que, según la investigación, apunta a una acción planificada con vigilancia previa.

“Lo pude ver porque me sacó la pistola y me amenazó”, dijo el padre de la víctima, mientras hacía ademanes de la forma en que los atacantes de su hijo lo amenazaron durante el incidente.

Uno de los datos centrales expuestos en la causa es que los socorristas localizaron 17 indicios balísticos en la escena del crimen, mientras cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque. Esas pesquisas también establecieron que el médico de 32 años habría sido seguido durante varios días y que en el hecho participaron varias personas.

Los padres de la víctima declararon por videoconferencia bajo medidas de resguardo que impidieron su identificación visual. En la sala estuvo presente Ángel Pérez Iguardia, señalado por el Ministerio Público como el conductor de la motocicleta utilizada en el crimen.

El padre describió al hombre que, según su testimonio, lo amenazó con un arma

El padre de Campos Hoffens presenció el momento cuando su hijo recibió los disparos, ya que regresaban de desayunar en la zona 13.

Frente al Tribunal Quinto de Sentencia Penal reconstruyó la apariencia de los dos hombres que iban en la motocicleta. Dijo que quien la conducía llevaba una camisa blanca, gorra y era “gordito de tez blanca”, y explicó que pudo fijarse en esos rasgos cuando pasaron cerca de él.

También relató por qué recuerda al segundo ocupante. “Llevaba una gorra y tenía tapaboca, como pañuelo. El de tez morena, iba atrás. A él lo vi porque me sacó la pistola y me amenazó. Ahora, el de adelante lo vi cuando yo abrí el carro. Ese muchacho tenía la camisa blanca y algo cachetón, con cara redonda”, declaró el padre de la víctima.

La madre dijo que su presencia en el tribunal tiene un solo objetivo: justicia

La madre del médico explicó que compareció para pedir una condena para los responsables y describió el impacto personal de la pérdida de su hijo. Recordó que era su único hijo y que ambos habían hecho posible su formación profesional.

“La razón por la cual estoy aquí es porque... que se pueda hacer justicia... para mí ha sido un proceso bastante largo porque era mi único hijo... (estas personas) hicieron mucho daño... No voy a tener descendencia, no voy a tener nietos”, declaró la madre.

En otro tramo de su testimonio, añadió: “Prácticamente me quitaron parte de mi vida, porque era un hijo muy responsable, un hijo muy amoroso. Él era todo para mí y yo era todo para él. Pero... Lo bendigo. Yo sé que él (acusado) me está escuchando y lo bendigo. Va a necesitar misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados”.

La mujer cerró su intervención con un mensaje dirigido al tribunal y a los acusados. “Solamente justicia... que el Señor les dé mucha sabiduría a ustedes para tomar una mejor decisión”, dijo.

La acusación sostiene que el médico fue interceptado en zona 13 y murió en el lugar

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, Campos Hoffens fue interceptado cuando conducía su vehículo en la intersección de la 15 avenida y 11 calle de la zona 13 de la capital guatemalteca. Dos personas en motocicleta se acercaron y uno de ellos disparó varias veces.

La víctima murió en el lugar. Por este caso está siendo procesado Ángel Pérez Iguardia quien es identificado por el MP a través de fotografías como el conductor de la motocicleta.

Al menos cuatro individuos habrían seguido a la víctima desde que salió de su domicilio. El seguimiento involucró un vehículo azul y una motocicleta en la que viajaba quien, de acuerdo con las pesquisas, fue el autor material de los disparos. El juicio continuará en las próximas semanas con la presentación de nuevas pruebas y testimonios.

La reciente apelación presentada por los abogados de Karmelo Anthony reavivó el debate sobre el sistema judicial en Texas y la transparencia de los procesos penales en Estados Unidos.

Condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia de atletismo en Frisco, el joven enfrenta un panorama incierto mientras la causa gana repercusión nacional y abre interrogantes sobre derechos constitucionales y posibles sesgos en la administración de justicia.

Un crimen en Frisco y una condena que generó repercusión nacional

El 2 de abril de 2025, durante un torneo de atletismo entre Centennial High School y Memorial High School, Karmelo Anthony—entonces de 17 años—apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, de la misma edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de Frisco, en las afueras de Dallas.

El juicio, realizado meses después, concluyó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 35 años de prisión para Anthony, quien actualmente tiene 19 años.

La defensa de Anthony, que no estuvo a cargo del proceso principal, sostiene que el joven actuó en legítima defensa luego de ser intimidado físicamente por miembros del equipo rival.

La fiscalía, por su parte, describió al acusado como el agresor, negando que existiera presión o amenaza previa. El caso se transformó rápidamente en un tema de interés nacional, no solo por la violencia involucrada, sino también por el trasfondo racial: Metcalf, la víctima, era blanco, mientras que Anthony es afroamericano.

Esta circunstancia, sumada a la composición del jurado—sin integrantes negros—, alimentó un intenso debate en medios y redes sociales.

Los ejes de la apelación: transparencia, derechos vulnerados y recusación del juez

Según la última información publicada por NBC News, la nueva defensa de Anthony presentó dos mociones claves: una para solicitar un nuevo juicio y otra para exigir la recusación del juez John Roach.

El escrito judicial argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron los derechos del acusado. Entre los puntos destacados, la defensa denuncia que el juicio no fue plenamente público, con restricciones para la prensa y el público en general, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, los abogados alegan que existía un acuerdo informal entre las partes para limitar la presentación de pruebas de carácter y antecedentes.

Sin embargo, afirman que la fiscalía desestimó ese entendimiento en la etapa final, lo que obligó a Anthony a renunciar a su derecho a testificar para no exponerse a información perjudicial, tal y como detallaron medios como New York Post y The Guardian.

Otro aspecto cuestionado es la rapidez del proceso: se fijaron audiencias en días atípicos, como un sábado, y se concedió un tiempo “insuficiente” para que el joven decidiera si declaraba en el estrado.

La defensa también apunta contra el juez Roach, sosteniendo que perdió la apariencia de imparcialidad al brindar entrevistas a medios como WFAA y Fox News y defender públicamente el veredicto y su propia actuación.

En una carta emitida tras el fallo y dirigida a la “familia del condado de Collin”, Roach calificó el caso como uno de los grandes honores de su carrera, lo que—según la apelación—afecta la neutralidad necesaria mientras sigue teniendo potestad para decidir sobre un eventual nuevo juicio.

El futuro del caso: tiempos judiciales y repercusiones

El fiscal Bill Wirskye, en declaraciones recogidas por NBC News y otros medios estadounidenses, rechazó todas las acusaciones de parcialidad o irregularidad, afirmando que la fiscalía actuó con ética y respeto absoluto a las resoluciones judiciales.

Aseguró que el jurado contó con pruebas suficientes y defendió la integridad del proceso. La respuesta oficial de la fiscalía a las mociones de la defensa será presentada por escrito en las próximas semanas, de acuerdo con reportes recientes.

Mientras tanto, el juez Roach debe decidir primero si se aparta o no del expediente, aunque es probable que el pedido pase a un juez administrativo regional, quien podría fijar una audiencia específica para analizar la recusación.

Anthony permanece detenido en la prisión Pack Unit de Texas, a la espera de novedades en el expediente. La defensa, integrada por reconocidos abogados de derechos civiles y penalistas como Gary Bledsoe y Russell Wilson, trabaja pro bono tras la condena.

El proceso de apelación puede extenderse por varios meses antes de que haya una resolución definitiva sobre la posible repetición del juicio o la confirmación de la condena.

Si la solicitud de un nuevo juicio no prospera, la defensa ya anticipó que llevará la causa a instancias superiores del sistema judicial texano.

En paralelo, la opinión pública y la comunidad de Frisco siguen atentas a un caso que, para muchos, refleja los desafíos y tensiones del sistema de justicia estadounidense en materia de acceso, imparcialidad y derechos constitucionales.

Un sacerdote enfrenta un pedido de más de seis años de prisión tras el grave episodio en el que un niño de 12 años recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota de la vivienda del cura en Paraná. Luego de que el menor, identificado como Esteban Bogado, quedara internado en terapia intensiva por el impacto sufrido en el portón de la casa, el hombre fue acusado de intento de homicidio.

La fiscal Patricia Yedró formalizó la imputación contra César Jesús Schdmidt por el presunto delito de intento de homicidio en el marco de la audiencia de medidas de coerción, ante el juez de Garantías Eduardo Ruhl. El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que será acompañado por la querella, encabezada por Leopoldo Cappa.

El grave incidente ocurrió el 7 de marzo en la calle Lamadrid, en la capital de Entre Ríos. Esteban Bogado intentó ingresar al patio de la vivienda tras no recibir respuesta al tocar el timbre, con la intención de recuperar una pelota que había caído dentro del predio. Al trepar el tapial y tomar contacto con la estructura metálica del portón, el niño sufrió una descarga eléctrica que lo inmovilizó durante más de un minuto.

Durante esos minutos, un vecino que intentó socorrer al menor también resultó afectado por la corriente. Finalmente, una mujer intervino y logró separar al niño del portón utilizando un palo, lo que permitió que recibiera auxilio inmediato. Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde el equipo médico inició maniobras de reanimación y lo ingresó a la unidad de terapia intensiva pediátrica con sedación y asistencia respiratoria mecánica.

Tras lo sucedido, el equipo médico inició diferentes tratamientos y fue controlando cómo respondía Esteban a cada uno de ellos. Entre las medidas adoptadas, los especialistas optaron por suministrarle pequeñas cantidades de agua con jeringa, ya que su estado no permitía que bebiera por sí mismo. Este método busca asegurar una hidratación adecuada y cuidar el funcionamiento de los riñones, órganos que pueden verse afectados tras una descarga eléctrica severa.

La fiscal subrayó como agravante la condición de sacerdote del imputado. Uno de los puntos más contundentes del requerimiento fiscal es la determinación de la pena. Su investidura religiosa implica una “expectativa social de comportamiento ejemplar y de especial protección hacia el prójimo”. El documento judicial al que accedió Cuestión de Fondo señala que, al instalar una trampa letal que podía afectar a cualquier transeúnte, el imputado actuó en contradicción con los valores que su ministerio representa, incrementando el “disvalor de su acción”.

Entre los principales elementos incorporados a la causa figura un informe técnico elaborado por la empresa ENERSA, que determinó que la conexión eléctrica no se debió a una falla de la red pública, sino que correspondía a una instalación propia del inmueble. Según la acusación, esa conexión constituía una fuente permanente de energía con capacidad suficiente para provocar la muerte de cualquier persona que entrara en contacto con el tejido metálico. Con estos elementos, la fiscalía sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar hacia la instancia de juicio bajo la imputación de tentativa de homicidio.

La fiscalía también pidió medidas cautelares como la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir de la ciudad de Paraná y la exigencia de permanecer a disposición judicial durante la investigación. El juez hizo lugar a estos requerimientos, por lo que Schdmidt continuará sometido al proceso judicial. Actualmente, el sacerdote de 66 años reside en la Residencia Sacerdotal “El Buen Pastor” y durante el proceso se abstuvo de declarar.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut anuló la sentencia que había absuelto a un hombre juzgado por el abuso sexual de su hija de cinco años y ordenó realizar un nuevo juicio. Por unanimidad, los seis ministros concluyeron que el juez analizó el relato de la niña con parámetros de un adulto, descartó pruebas relevantes y construyó una absolución basada en una valoración “arbitraria” de la prueba.

La causa investiga hechos que ocurrieron entre el 5 y el 18 de febrero de 2024 en dos domicilios de Esquel. De acuerdo con la imputación, el hombre, mientras tenía a su cuidado a su hija, que entonces tenía cuatro años, realizó tocamientos en la zona genital de la menor.

Casi dos años más tarde, el 29 de diciembre de 2025, el acusado fue absuelto durante el juicio oral. Ahora, el máximo tribunal provincial dejó sin efecto esa decisión y ordenó que otro magistrado vuelva a juzgarlo.

Para el Ministerio Público Fiscal, representado por Rafaella Riccono y Cecilia Bagnato, la sentencia se apoyó en una “valoración sesgada, parcial e incompleta del cuadro probatorio”, especialmente del testimonio de la víctima. En el recurso, las fiscales sostuvieron que el juez omitió aplicar la perspectiva de la niñez al analizar la declaración brindada por la menor en Cámara Gesell, desestimó las secuelas psicológicas detectadas por la psicóloga forense y los testimonios de docentes y de la médica que la atendió, e ignoró los relatos de la madre y la tía sobre las conductas hipersexualizadas e irritabilidad que la niña comenzó a presentar tras las visitas con su padre.

La ministra Silvia Bustos, cuyo voto abrió el acuerdo y fue acompañado por el resto de los integrantes del tribunal, resumió la conclusión del STJ en una frase contundente: “La sentencia resulta arbitraria” porque “se valoró erróneamente el testimonio de una víctima de cinco años, utilizándose parámetros propios de la declaración de un adulto”.

Por qué el STJ anuló la absolución

Buena parte de la resolución está dedicada a explicar por qué el STJ entendió que el juez utilizó criterios inadecuados para analizar la declaración de una niña de cinco años. “Los indicadores de credibilidad en adultos no se trasladan linealmente a niños pequeños”, dice.

A partir de esa premisa, los ministros señalaron que “a los 5 años es esperable la dificultad para precisar fechas, secuencias o distinguir episodios repetidos”, por lo que esas imprecisiones no pueden interpretarse automáticamente como signos de falta de credibilidad.

También explicaron que la falta de detalles periféricos —como diálogos o el contexto exacto de los hechos— “muchas veces refleja limitaciones evolutivas” y que la confusión entre distintos escenarios “puede ser compatible con experiencias reales, especialmente si hubo más de un episodio o si el recuerdo está fragmentado”.

Otro de los argumentos utilizados por el magistrado en la absolución fue que la niña primero relató un episodio y luego habló de varios hechos.

El STJ respondió que “la ampliación progresiva del relato (...) no es inusual en niños, que pueden ir recordando o animándose a contar más con el tiempo”. Incluso remarcó que “varios de los elementos que el juez interpreta como ‘merma de coherencia interna’ también pueden ser indicadores neutrales o incluso compatibles con relatos genuinos en la niñez”.

En esa misma línea, los ministros coincidieron en que las particularidades propias de la edad de la víctima, como la falta de precisión cronológica o la progresividad del relato, no pueden interpretarse automáticamente como signos de “inconsistencia”. Por el contrario, señalaron que son características esperables en una niña de esa edad y deben ser valoradas teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo.

La resolución también cuestionó la valoración que hizo el juez sobre el develamiento del abuso. Según uno de los votos, “el carácter fragmentado del develamiento no invalida su veracidad, pues es frecuente en casos de abuso infantil”. Otro de los ministros agregó que, en este tipo de hechos, “el develamiento es indirecto, fragmentado o reactivo”, por lo que esa circunstancia tampoco puede utilizarse para desacreditar el relato de una víctima infantil.

Las pruebas que el juez dejó de lado

Además de cuestionar la forma en que fue analizado el testimonio de la niña, el STJ entendió que la sentencia dejó de lado evidencia relevante reunida durante el juicio.

Entre otros elementos, recordó que la psicóloga que intervino en la causa concluyó que la menor no presentaba una psicopatología ni tendencia a fabular; que una médica declaró haber escuchado directamente a la niña decir que “su padre la tocaba”; y que tanto la madre como una tía describieron conductas hipersexualizadas e irritabilidad que comenzaron después de las visitas con el padre.

La resolución también destacó que la víctima identificó claramente al presunto autor, describió circunstancias de tiempo, modo y lugar y mantuvo un relato persistente.

Para el STJ, todas esas pruebas debían analizarse de manera conjunta, ya que conformaban “un cuadro indiciario convergente, no un relato aislado débil”.

Con esos argumentos, el máximo tribunal provincial concluyó que durante el análisis del caso “no existió una protección reforzada como lo determina la Convención de los Derechos del Niño” y que tampoco se aplicaron los lineamientos previstos en la Convención de Belém do Pará para casos de violencia contra mujeres y niñas.

Los ministros Javier Gastón Raidan, Ricardo Napolitani, Mario Vivas, Andrés Giacomone y Camila Banfi Saavedra adhirieron al voto de Bustos y coincidieron en que la absolución se apoyó en una valoración inadecuada de la prueba, por lo que correspondía declarar la nulidad de la sentencia y ordenar un nuevo juicio.

“Si bien rige el principio de in dubio pro reo (NdR.: Ante la duda, a favor del acusado), la duda debe fundarse en una correcta valoración probatoria, lo que no ocurre en el caso, donde se omitieron ponderar adecuadamente elementos relevantes ya señalados", concluyeron.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el día de ayer, 9 de julio en San Miguel sentencias de hasta 60 años de prisión para 102 integrantes de la clica Calle La Amargura Locos Salvatruchos, perteneciente a la organización Mara Salvatrucha (MS-13), por delitos de:

• Agrupaciones ilícitas
• Extorsión agravada
• Tráfico ilícito y homicidio
• Entre otros. 

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado impuso las penas tras validar la prueba presentada por la FGR, que acreditó la pertenencia de los condenados a esta estructura criminal activa entre 2000 y 2022 en el centro y el mercado de San Miguel.

De acuerdo con la información oficial, la FGR demostró que los imputados participaron en la comisión de delitos graves como extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego.

A la estructura se le atribuye también el homicidio de un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrido en noviembre de 2016, así como el asesinato de un taxista en las inmediaciones del mercado central de la ciudad.

Las sentencias dictadas distinguen la jerarquía dentro de la estructura. Tres corredores de clica y 13 homeboys recibieron penas de 45 años de cárcel. Los chequeos, observación, paros y colaboradores fueron sancionados con 30 años de prisión.

Entre los condenados destacan Kelvin Raúl Portillo Martínez (cheque), sentenciado a 60 años por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y posesión ilegal de armas; así como Mauricio Alexander Alvarado Guevara, Milton Bladimir Amaya Vigil y Daniel Alexander Sánchez González (paros), con 50 años cada uno por tráfico ilícito y extorsión agravada.

El resto de los procesados, que incluye chequeos, observación, paros y colaboradores, recibió condenas de 30 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Todos los sentenciados fueron capturados bajo el régimen de excepción vigente en el país durante los últimos años, según informó la FGR.

La investigación judicial incluyó pruebas documentales, testimonios y peritajes que validaron la permanencia de los acusados en la Mara Salvatrucha y su participación en los delitos señalados. El fallo fue anunciado por el juez uno del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, quien destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares para combatir el crimen organizado en El Salvador.

La FGR reiteró su compromiso de continuar las acciones para desarticular estructuras criminales y garantizar justicia para las víctimas, señalando que el proceso de investigación y juzgamiento seguirá activo en otros casos pendientes.

Condenas a 53 integrantes de la MS-13 en Usulután

De igual manera, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado “C” de San Miguel dictó penas de entre 20 y 40 años de prisión a 53 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), por delitos cometidos en diversas zonas del departamento de Usulután.

Según el Centro Judicial de San Miguel, la sentencia responde a acusaciones de homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

La resolución se produjo tras un extenso proceso judicial con la presentación de múltiples pruebas sobre la operatividad de la estructura en varios municipios de Usulután. Los jueces validaron la existencia de una red criminal que cometió delitos de alto impacto, afectando la seguridad de comunidades enteras durante años. Por lo que, el tribunal impuso penas diferenciadas según la participación de cada acusado en los hechos y su posición dentro de la estructura de la MS-13.

La defensa de Rafael Caro Quintero manifestó su rechazo a la petición del Gobierno de Estados Unidos para que el juicio en contra del fundador del Cártel de Guadalajara se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, al considerar que esa medida vulnera el principio de presunción de inocencia y podría predisponer a los integrantes del jurado en contra del acusado.

De acuerdo con reportes periodísticos, los abogados del narcotraficante mexicano enviaron una carta al tribunal en la que sostienen que la solicitud presentada por los fiscales únicamente “enrarecerá” el proceso judicial y generará una percepción anticipada de culpabilidad sobre su cliente.

El equipo legal, encabezado por el abogado Mark de Marco, argumentó que recurrir a un jurado anónimo transmitiría la idea de que Caro Quintero representa un peligro extraordinario para quienes participen en el juicio, lo que, a su juicio, comprometería el derecho del acusado a recibir un proceso imparcial.

Actualmente, el juicio contra el narcotraficante mexicano está programado para comenzar en marzo de 2027, mientras continúan las audiencias y las negociaciones previas entre ambas partes.

Fiscalía busca proteger al jurado

La petición de la Fiscalía estadounidense surgió tras la tercera audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde los fiscales solicitaron que la identidad de los integrantes del jurado permanezca reservada y que éstos reciban medidas especiales de protección.

La propuesta contempla que los nombres y datos personales de los jurados únicamente sean conocidos por las autoridades judiciales. Además, plantea que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sea el encargado de trasladarlos diariamente entre sus domicilios y el tribunal, así como mantenerlos separados del público durante el desarrollo de las audiencias.

De acuerdo con los fiscales, estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso judicial y evitar cualquier tipo de intimidación, presión o acoso contra los ciudadanos que participen como jurados, debido a que se trata de un caso relacionado con delitos considerados de “gravedad excepcional”.

Continúan las negociaciones con la Fiscalía

Mientras el tribunal analiza la petición sobre el jurado, la defensa y los fiscales estadounidenses mantienen conversaciones iniciadas a mediados de junio para definir el rumbo del caso.

Entre las alternativas que siguen sobre la mesa se encuentra la posibilidad de que Rafael Caro Quintero alcance un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. De concretarse, el exlíder criminal podría evitar un juicio prolongado por los delitos que le atribuyen.

El capo mexicano enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir una empresa criminal dedicada al narcotráfico, además de cargos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas para facilitar esas actividades ilícitas.

Sin embargo, uno de los procesos más relevantes para el Gobierno de Estados Unidos es el relacionado con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

El caso Camarena marcó un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y convirtió a Caro Quintero en uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses durante décadas.

Tras ser detenido nuevamente en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Caro Quintero enfrenta uno de los juicios más importantes y mediáticos vinculados con el narcotráfico. Ahora, el tribunal deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía para proteger la identidad del jurado o si da la razón a la defensa, que insiste en que esa medida pondría en riesgo el derecho de su cliente a un juicio justo e imparcial.

El ex senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, aseguró que ni él ni su pareja, Iara Guinsel, cometieron delitos. “Eso quedará demostrado”, dijo tras los alegatos de cierre del juicio por contrabando. La sentencia podría conocerse el próximo lunes.

“No se cometió ningún ilícito”, dijo Kueider a medios paraguayos que se hicieron presentes en la audiencia de comienzos de semana. Antes de retirarse, el ex legislador dejó el escritorio desde donde siguió toda la audiencia y se acercó a la baranda que separa al público. Allí fue interrogado por la prensa tras el pedido de Fiscalía de dos años y dos meses de prisión.

El ex representante de Entre Ríos en el Senado de la Nación evaluó que los argumentos de su defensa fueron “más que elocuentes. Es así la cuestión. Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

Kueider está siendo juzgado por contrabando en grado de tentativa. Es por haber querido ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer que luego se supo estaba a nombre de una persona sindicada como su testaferro en Argentina: Daniel “Gonzalito” González.

El razonamiento defensivo se sustenta en un tecnicismo: el dinero no es mercancía, por lo tanto no puede haber contrabando. La acusación pública tiene una interpretación distinta y considera que el intento de ingresar desde Foz do Iguaçu a Ciudad del Este con divisas sin declarar constituye un delito.

“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”, remarcó Kueider. “De hecho —agregó—, en Argentina tampoco se ha cometido ningún ilícito. Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”, aventuró.

El ex senador y su pareja eligieron no hablar durante las audiencias. Esto lo privó de contar, por caso, su versión de cómo fue el procedimiento de detención. Mientras que los agentes paraguayos sostuvieron ante el Tribunal que el dinero estaba en una mochila ubicada en el asiento trasero, Kueider dijo en los medios que eso no había sido así y que, incluso, se mezcló plata de él y de Guinsel durante el secuestro. Pero eso no se escuchó en las audiencias.

“Ningún agravio”

Además, en el vecino país fue procesado hace unos días por lavado de activos. El caso se sustenta en la compra de seis departamentos con sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía paraguaya sospecha que el dinero usado tuvo un origen ilícito.

Por otro lado, en Argentina hay dos expedientes judiciales abiertos en su contra. Está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Una de las causas se tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia. La otra en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro. Su titular, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y hay luz verde de Paraguay. La Corte tiene en trámite un proceso para determinar a quién le corresponde continuar.

En las últimas semanas, la Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión. Esto implica que, cuando vuelva a la Argentina, el ex senador quedará detenido de inmediato.

Antes de retirarse de la sala, Kueider subrayó que tanto él como su pareja “hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Cuándo se conocerá el fallo

El Tribunal especializado en delitos económicos volverá a reunirse por el caso Kueider el lunes 13 desde las 9:30 de la mañana. Será el momento de las réplicas y dúplicas, la última instancia del proceso antes de que los magistrados vayan a debate. En esta etapa, Fiscalía retrucará los argumentos defensivos y, a la inversa, los abogados de Kueider (Marcelo Bogado y Carlos Arévalo) contestarán a los acusadores.

Concluido este paso, los magistrados Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, se retirarán a deliberar. En principio, la decisión podría conocerse ese mismo día, aunque el Tribunal no tiene un plazo preestablecido para dar el veredicto.

Cabe destacar que el pedido de Fiscalía está cerca del máximo que se puede establecer por este delito, que es dos años y medio. Y que, además, en caso de haber una condena contra Kueider y Guinsel, deberá contemplarse que llevan un año y seis meses de detención domiciliaria.

“La resolución que tomamos fue absolutamente con libertad de criterio, sin ningún tipo de presión o influencia de ninguna naturaleza. Es el convencimiento de cada uno de los magistrados sobre la solución que debía darse al caso. Reconocemos nuestra naturaleza humana y, si pudimos haber cometido algún error, pedimos disculpas”.

Con esa aclaración, el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi, pasó a leer este miércoles el veredicto. Por mayoría, los jueces condenaron a tres años de prisión en suspenso al ex capitán de navío Claudio Villamide por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El entonces comandante de la Fuerza de Submarinos fue considerado responsable de los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal como había solicitado la fiscalía.

Los otros tres imputados (el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa) resultaron absueltos por unanimidad del tribunal, integrado por Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez.

La decisión se produjo pasadas las 12.30, dando cierre a un juicio que inició el 3 de marzo y tuvo más de 30 audiencias con declaraciones de expertos submarinistas, ex comandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 21 de agosto, ya que el tribunal cuenta con el plazo previsto por el Código Procesal para exponer los argumentos de su decisión. Recién entonces las partes podrán apelar para ir a la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, si así lo consideran.

Uno de los ejes centrales de los fundamentos será establecer qué vínculo consideró acreditado la mayoría del tribunal entre los incumplimientos atribuidos al condenado y el desenlace de la tragedia, cuya secuencia -desde la pérdida de control del submarino hasta su implosión- todavía es materia de hipótesis.

Villamide ya había sido destituido de la Armada en 2021 tras un proceso disciplinario tramitado en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, en el que un Consejo de Guerra lo sancionó, entre otros puntos centrales, por no haberle ordenado al comandante del submarino, Pedro Fernández, regresar a puerto navegando en superficie tras el ingreso de agua reportado en el tanque de baterías.

Este miércoles, el ex oficial superior de la Armada -y actual capitán de ultramar de la Marina Mercante- recibió una pena de “tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena para ejercer cargos públicos y costas del proceso” tras ser hallado “autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 248 del Código Penal-, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte -art. 189, segundo párrafo-”.

El tribunal oral le impuso a Villamide una serie de reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar domicilio y teléfono, informar cualquier cambio, no cometer nuevos delitos y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio.

Los jueces también rechazaron “por improcedente” un pedido realizado por la fiscalía durante su alegato, que pretendía aplicar al caso la Resolución PGN 58/2024, dictada por el procurador general interino Eduardo Casal. Esa norma fue concebida para promover investigaciones patrimoniales, medidas cautelares y el recupero de activos vinculados principalmente con delitos de criminalidad económica, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y terrorismo, categorías ajenas al objeto de este proceso.

Durante el juicio penal declararon unos 90 testigos para evaluar el estado material de la nave al momento de su última operación, que comprendía una fase de adiestramiento naval y otra de patrullaje y control del mar argentino. Para ello, se analizó toda la documentación en la que constaban las novedades y las pruebas pendientes del buque, y se intentó determinar si incidían en su seguridad náutica.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente y con lo declarado por la mayoría de los testigos, las reparaciones y tareas de mantenimiento pendientes -entre ellas, la prueba de máxima profundidad, la prueba de presión del sistema principal de refrigeración y el ingreso a dique seco para realizar el carenado, cuyo plazo reglamentario estaba vencido- no impedían la operatividad del submarino.

Las defensas sostuvieron que esa conclusión también estaba respaldada por la decisión del propio comandante del buque, quien ordenó la zarpada una vez superadas las pruebas realizadas durante las 48 horas previas y que, de acuerdo con los reglamentos del servicio naval, solo podía autorizarla si consideraba que la unidad se encontraba en condiciones de navegar.

El contrapunto a esa visión estuvo dado por la teoría del caso de la fiscalía, encabezada por Gastón Pruzán, quien alegó que una serie de incumplimientos incrementó indebidamente el riesgo de la misión y que ese aumento terminó contribuyendo al hundimiento de la nave y a la muerte de los 43 hombres y la mujer que integraban la dotación.

Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal pidió cinco años de prisión para Villamide y el contralmirante López Mazzeo -quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de los hechos, el máximo cargo operativo de la fuerza—; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y tres años y seis meses de prisión para el capitán de fragata Correa, exjefe de Operaciones de ese mismo comando.

Tanto el querellante Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan- como las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias habían solicitado penas de prisión para todos los acusados. Tagliapietra formuló el pedido más severo: reclamó ocho años de cárcel para Villamide al considerar que los delitos concurrían de manera real y no ideal. Sin embargo, ambos alegatos fueron anulados por haberse apartado de los límites de la acusación formulada por la fiscalía, dado que ninguna de las querellas había presentado oportunamente un requerimiento propio de elevación a juicio.

El debate oral se llevó adelante en la ciudad de Río Gallegos, luego de que la causa fuera instruida en Caleta Olivia y revisada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En una primera etapa del expediente llegaron a estar imputados siete oficiales de la Armada. Tiempo después, los fiscales de instrucción Lucas Colla y María Garmendia, con el posterior aval de la jueza de primera instancia Marta Yáñez, elevaron la causa a juicio oral en el año 2024 con cuatro acusados, cuya situación procesal quedó definida este miércoles.

En cualquier caso, durante las audiencias del debate se revisaron en reiteradas oportunidades distintos informes periciales y otra documentación relacionada con los antecedentes del ARA San Juan: su reparación de media vida en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), sus cambios de comando y un extenso listado de tareas ejecutadas y pendientes sobre los sistemas y equipos del buque.

También se revisaron al detalle los reglamentos de la Armada para determinar cómo funcionaba la cadena de mando y qué funciones y responsabilidades correspondían a cada uno de los involucrados en la Operación N.º 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos, que terminó de definir la misión que debía cumplir el submarino.

Uno de los nodos centrales del juicio fue el informe de navegación de julio de 2017, elaborado por el comandante Pedro Fernández. En ese documento, informó a su superior, Claudio Villamide, que el día 13 se había producido un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hasta uno de los ventiladores del tanque de baterías de proa, el mismo sector en el que meses después se reportaría el incidente que derivó en la tragedia.

Ese reporte fue objeto de una exhaustiva revisión durante buena parte del cronograma de audiencias, por las que fueron desfilando expertos submarinistas y marinos de distintos escalafones. ¿Cómo había ingresado el agua hasta ese sector? Fernández ofrecía una explicación plausible: “una posible falta de estanqueidad” de la válvula ECO-19.

Así, durante las sucesivas jornadas se intentó determinar en qué estado se encontraba esa válvula -perteneciente al sistema de ventilación- al momento de la partida del submarino, el 25 de octubre. ¿Estaba en mal estado o desgastada? ¿Había sido abierta durante la navegación, en contra de lo establecido por el reglamento, como había ocurrido días antes para realizar una prueba en el interior del buque? ¿Había quedado mal cerrada después de esa prueba inédita? ¿O estaba rota? En ese caso, ¿el buque había emitido una Solicitud de Orden Correctiva (SOC) para reparar ese flap, como correspondía administrativamente? No se encontraron constancias de esto último.

Y es que a falta de una SOC, podría inferirse entonces que, si durante aquel mes de julio se había producido alguna falla, esta había sido subsanada por la propia dotación por tratarse de una tarea de primer o segundo escalón de mantenimiento, y no de tercero o cuarto, niveles que ya requerían la intervención más compleja de un arsenal o un taller. En cualquier caso, según los especialistas, el agua que provocó el cortocircuito y el principio de incendio eléctrico en el ARA San Juan durante la noche del 14 de noviembre no pudo haber ingresado por otro conducto que no fuera el de la válvula ECO-19, que conecta el tanque de baterías con el tubo de inducción del snorkel.

Es probable que la mayoría del tribunal -por dos votos contra uno- haya considerado válida la teoría acusatoria de la fiscalía, según la cual Villamide incurrió en una falta de diligencia o de cuidado en la inspección de la E-19 después de recibir, en agosto, el informe elaborado por el capitán Fernández. De acuerdo con esa hipótesis, la omisión habría incrementado el riesgo propio de la actividad militar y configurado un incumplimiento del deber de cuidado derivado de su posición de garante.

Ese riesgo, para esa línea de pensamiento, se habría concretado finalmente en el resultado.

La cronología básica de los hechos fue la siguiente: ingreso de agua, cortocircuito y principio de incendio, que la tripulación reportó como controlado y “sin novedad de personal”; salida a superficie para ventilar el buque en medio de un temporal de mar gruesa; posterior inmersión a plano de periscopio -18 metros- para completar el envío de los últimos mensajes al comando en tierra, que ya había cancelado la patrulla y ordenado el regreso a Mar del Plata.

A las 7.19 del 15 de noviembre, desde el submarino informaron que la intención del comandante era descender a plano de 40 metros para descansar y luego ingresar al tanque de baterías con el fin de verificar su estado. Tres horas y 33 minutos después, el buque implosionó tras perder plano y superar la profundidad de colapso de su casco.

En ese lapso no se emitió ninguna señal de emergencia ni se activaron alarmas, radiobalizas, señales pirotécnicas, balsas salvavidas o los tanques de lastre, cuyo soplado habría permitido impulsar al submarino hacia la superficie en forma casi inmediata. La ausencia de cualquiera de esas maniobras abona la hipótesis principal de que, durante ese intervalo, se produjo un evento súbito que neutralizó a la tripulación y le impidió ejecutar los procedimientos necesarios para llevar la nave nuevamente a flote.

Las últimas palabras de Villamide

Antes de escuchar el veredicto, Claudio Villamide volvió a proclamar su inocencia y cuestionó que la acusación hubiera logrado precisar cuál fue la conducta concreta que se le reprochaba. “Al día de hoy no entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio”, sostuvo. Y agregó: “No me han podido indicar qué es lo que hice mal ni cuál fue el incumplimiento de mis deberes que ocasionó la pérdida del control del buque”.

El excomandante de la Fuerza de Submarinos también remarcó que todavía no existe una explicación definitiva sobre la mecánica de la tragedia. “Al día de hoy no sabemos por qué se perdió el buque, pero, sin embargo, nos acusan”, afirmó ante los jueces.

En ese sentido, recordó que declaró en indagatoria en tres oportunidades y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder preguntas. Sin embargo, cuestionó que el Ministerio Público Fiscal nunca le formulara interrogantes concretos sobre su actuación. “Declaré tres veces ante este tribunal. Nunca me preguntaron nada, pero sí me acusan”, expresó.

Villamide consideró que el proceso excedió su responsabilidad individual y alcanzó a toda la institución. “Esto es un juicio a la Armada”, dijo, al reivindicar la formación de los submarinistas y los procedimientos aplicados durante la misión. También describió el impacto personal que tuvo la causa: recordó su destitución, la pérdida del grado, la imposibilidad de volver a utilizar el uniforme y la afectación que sufrió su familia.

Sobre el final, defendió la vocación de servicio y rindió homenaje a los 44 tripulantes. “Mis submarinistas, los submarinistas argentinos, no eran personas o jóvenes con miedo de embarcarse e irse a inmersión. Todo lo contrario: siempre estuvieron orgullosos de lo que hacían”, expresó.

Luego pidió al tribunal que resolviera a partir de los testimonios brindados durante el debate y concluyó que el capitán Pedro Fernández y su tripulación “honraron las más altas tradiciones brownianas y de la Armada Argentina”.

El juicio oral por el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo cuando el agente de la Policía Federal Argentina Facundo Aguilar Fajardo intentó defenderse de un robo, comenzará en marzo de 2027. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, durante una audiencia preliminar en la que la querella reiteró su rechazo a un juicio abreviado.

“Sostenemos que un hecho de la gravedad del que terminó con la vida de Thiago debe ser debatido en un juicio oral y público, donde toda la prueba sea producida y valorada con la máxima transparencia”, expresó la familia de la víctima en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

La causa fue elevada a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa (en dos hechos) y homicidio culposo, todos en concurso ideal.

La querella, por su parte, insistió en que el hecho se debe juzgar como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad, conforme al artículo 80 del Código Penal.

Fabián Correa, padre de Thiago, manifestó que “el único interés” de la familia es “conseguir justicia” y que no buscan privilegios ni venganza. “Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que la muerte de nuestro hijo no quede impune”, señaló.

El proceso continuará con audiencias preparatorias en las que se definirán la lista de testigos, las cuestiones procesales y los acuerdos probatorios.

El caso

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, pasadas las 23, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, donde Fabián Correa y su hijo esperaban el colectivo. En ese momento, el agente Aguilar Fajardo, que estaba de civil, fue abordado por cuatro delincuentes armados. Para repeler el asalto, utilizó su pistola reglamentaria y efectuó once disparos.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo (17), murió tras recibir dos balazos en el pecho y otro en la mano. Dos cómplices, Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leyva (ambos de 21 años), resultaron heridos. Montenovo sufrió un impacto en el muslo y Leyva, en el abdomen. El cuarto sospechoso, Joaquín López Otto Zacarías (20), logró escapar, pero fue capturado días más tarde. Thiago, que esperaba el colectivo junto a su padre, recibió un disparo y murió 48 horas después en el hospital.

En su declaración indagatoria, Aguilar Fajardo sostuvo que actuó para defender a su madre y a él mismo del ataque, afirmó que nunca advirtió la presencia de Thiago en la línea de fuego y aseguró que, desde aquella noche, no pasa un solo día sin pensar en lo ocurrido.

“Que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto, es en lo que pienso todos los días”, concluyó.

El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad contra los señalados por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia. “Los tres recibirán la pena de prisión perpetua”, sostuvo.

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo tribunal, pero aún no tiene fecha establecida, según informó Noticias Argentinas.

En ese contexto, Ignacio Barrios, abogado de Cerrato, aseguró a Infobae que “el veredicto fue sólido y coherente con el cuadro probatorio del debate: prueba pericial forense y balística, telefonía, prueba documental y las propias declaraciones cruzadas de los acusados”.

Además, destacó que la unanimidad del jurado “significa que ninguno de los doce ciudadanos tuvo una duda razonable sobre dónde estaba la responsabilidad. Y esa responsabilidad quedó donde siempre estuvo, en quienes concibieron y ejecutaron el plan”.

El caso

Fernando “Lechuga” Pérez Algaba era un trader que fue asesinado entre el 18 y el 19 de julio de 2023 de dos tiros por la espalda mientras se hallaba en estado de indefensión, según estableció la acusación. Del crimen participaron varias personas.

El lugar exacto no fue determinado con precisión, aunque la hipótesis de la fiscalía apuntó al predio del campo “Renacer”, sobre las rutas 6 y 7 de General Rodríguez. El móvil fue la codicia: tanto Pilepich como Vargas, socios en ese emprendimiento inmobiliario, le debían dinero a la víctima, por lo que el homicidio les reportaría un rédito económico.

Tras el crimen, los responsables seccionaron el cuerpo, lo embalaron y lo colocaron en una valija roja con vivos negros, una mochila con inscripciones del municipio de Lomas de Zamora y un envoltorio de bolsas de consorcio, y lo arrojaron en el Arroyo del Rey.

Los restos fueron hallados entre el 23 y el 25 de julio en las inmediaciones de la estación de Bombeo de Ingeniero Budge. En esa etapa del plan, Carrizo, Córdoba, Gil y Contreras habrían prestado colaboración a Pilepich y Vargas en diferentes momentos y de distintas formas.

La trama incluyó también a otros imputados con roles específicos. La gestora Flavia Bomrad fue acusada de haber facilitado la realización de un acto jurídico en la escribanía “Cerrato” de Castelar entre la víctima y Pilepich, con el fin de que Pérez Algaba creyera que su deudor cumpliría con el pago y se trasladara así hacia “Renacer”.

La desaparición del empresario fue denunciada el 19 de julio por la dueña del departamento que la víctima alquilaba de manera temporal en Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, radicó un pedido de averiguación de paradero. En la propiedad, la Policía encontró valijas armadas y ropa doblada: “Lechuga” tenía un pasaje para viajar a Barcelona ese mismo día. Días después, una joven encontró al bulldog francés color beige de la víctima, llamado “Coopper”, en el barrio porteño de Villa Lugano y publicó el hallazgo en sus redes sociales. Un amigo del empresario reconoció al perro y alertó a la Policía.

El arranque de la semana judicial en Utah dejó un momento de fuerte carga emocional y relevancia pública: la familia de Charlie Kirk se encontró por primera vez cara a cara con Tyler Robinson, el acusado de asesinar al activista conservador.

La audiencia preliminar, celebrada en Provo, se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y con la atención puesta en la posibilidad de que el proceso derive en un juicio por homicidio agravado, cargo que podría exponer al sospechoso a la pena de muerte.

El desarrollo de la audiencia y la presentación de pruebas

El lunes, la sala del tribunal se transformó en escenario de una audiencia marcada por la presencia de figuras públicas, familiares y un despliegue probatorio que incluyó material audiovisual sensible.

De acuerdo con Reuters, Tyler Robinson, de 23 años, permaneció en la sala antes incluso de la entrada de la prensa, vestido con un traje gris, camisa rosa y corbata negra, y con esposas en muñecas y tobillos.

Su actitud fue objeto de atención durante la reproducción del audio de los videos que captaron el momento de la muerte de Charlie Kirk. Según reportó Boston Globe, el juez Tony Graf mostró una reacción evidente al escuchar el disparo fatal, mientras que Robinson no evidenció emoción alguna.

Durante la jornada, las imágenes de la muerte de Kirk solo fueron exhibidas al juez y a los abogados de ambas partes, no al público. Los familiares del activista, entre ellos su viuda Erika Kirk y sus padres, salieron de la sala antes de la presentación de ese material, tras recibir aviso previo sobre la naturaleza gráfica de las pruebas.

Tal y como detalló Forbes, la familia de Kirk dejó el recinto en dos ocasiones, regresando luego para continuar siguiendo el desarrollo del proceso.

Un punto central fue la intervención del agente David Hull, de la Oficina Estatal de Investigación de Utah, quien introdujo varios videos y aportó detalles sobre el material que, según la acusación, vincula a Robinson con el crimen.

Parte de la estrategia de la fiscalía incluye la incorporación de una declaración grabada de Lance Twiggs, ex pareja del acusado, quien habría recibido una confesión escrita después del asesinato.

Testigos, contexto y objeciones de la defensa

La audiencia continuó con el testimonio de Christopher Bagley, hoy policía en el Departamento de Spanish Fork y quien estaba de servicio en la Utah Valley University el día del asesinato, el 10 de septiembre de 2025.

Bagley aseguró que escuchó un disparo de rifle proveniente de la dirección del Losee Center, y fundamentó esa percepción en la presencia de una funda de pistola vacía en el suelo y en la línea de visión directa desde la azotea de ese edificio hacia el lugar donde Kirk hablaba ante los asistentes.

En la azotea, Bagley encontró un destornillador negro y rojo y marcas que parecían indicar el uso de una “almohadilla de francotirador”, tal y como describió ante el tribunal.

El oficial también revisó material de videovigilancia que mostraría a un sospechoso en la azotea y localizó huellas en el césped y marcas en el borde del techo.

En el contrainterrogatorio, la defensora Kathy Nester preguntó a Bagley si su informe inicial mencionaba la dirección del disparo, respuesta que fue negativa. Además, el testigo admitió desconocer el destino de la funda de pistola hallada en la escena.

La defensa de Robinson no limitó sus objeciones a los testimonios, sino que también cuestionó la autenticidad de ciertos videos de vigilancia presentados por la fiscalía. Según Boston Globe, el juez Graf aceptó la objeción en relación a un video editado con ampliaciones y círculos rojos, al considerar que no estaba debidamente autenticado. Se informó que la fiscalía planea presentar próximamente una versión sin editar de ese material.

Clima en la sala, figuras presentes y próximos pasos

El ambiente en la sala estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Además de la familia de Charlie Kirk, se hicieron presentes personalidades como Donald Trump Jr., su esposa Bettina, y analistas conservadores como Jack Posobiec y Brandon Tatum, quienes acompañaron a los allegados de la víctima en las primeras filas.

Por su parte, los padres de Tyler Robinson ocuparon la cuarta fila junto a otros familiares, una ubicación inusual dada su habitual presencia en las primeras filas del tribunal.

La audiencia preliminar, que se prevé se extienda durante toda la semana, busca determinar si existen elementos suficientes para llevar a juicio a Robinson bajo la acusación de homicidio agravado.

Entre las pruebas en poder de la fiscalía figuran videos, testimonios de testigos presenciales, el informe de autopsia que calificó la muerte de Kirk como homicidio por herida de bala en el cuello, así como la presunta confesión escrita atribuida al acusado.

La próxima comparecencia del agente David Hull fue fijada para el martes por la mañana, en tanto la fiscalía continúa presentando pruebas ante el juez Tony Graf. Mientras tanto, la familia de Charlie Kirk permanece a la espera del avance del proceso judicial, acompañada por simpatizantes y bajo la mirada atenta de la prensa nacional e internacional.

El juicio por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba culminó su primera semana con algunas sorpresas y sobresaltos en la sala de audiencias a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora y ante un jurado popular.

Durante las jornadas transcurridas, amigos y testigos dieron a conocer detalles de las últimas horas con vida del trader. Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, aseguró que los acusados también planeaban matarlo para no dejar cabos sueltos.

Pérez Algaba, representado por los abogados Javier Baños y Sebastián Quejeiros, protagonizó un fuerte cruce con Maximiliano Pilepich, el principal acusado, quien decidió declarar en dos oportunidades.

El debate comenzó con los alegatos de inicio. El abogado de Matías Gil, considerado coautor, intentó despegar a su cliente del homicidio. Dijo que, aunque conocía a “Lechuga”, no tuvo nada que ver con el crimen, que no sabía y que no estaba en el momento en el que fue asesinado.

Enrique Tronceda, a cargo de la defensa de Pilepich, en tanto, aseguró que la investigación fue mala y que la víctima llegó a Argentina “escapándose”. Según su versión, le querían cobrar una deuda y su defendido le dio una mano. En esa línea, afirmó que “Lechuga” le compró dos departamentos y pidió canjearlos para hacerse de efectivo e irse al exterior.

Por otro lado, manifestó que no se sabía cómo lo habían matado, dónde ni quién lo había hecho, debido a que no se halló sangre en el predio de General Rodríguez establecido como la escena del crimen por la investigación: el desarrollo inmobiliario Renacer. Para el penalista, no hay certezas, solo sospechas. Los peritos que actuaron en la instrucción, lo desmintieron en los días sucesivos.

El abogado de Nahuel Vargas, en tanto, apeló a la emotividad, al indicar que la fiscalía iba a poder probar la muerte y el lugar donde fue hallado el cuerpo pero no el autor. “Van a tener que convivir con su conciencia”, le dijo al jurado y apuntó a Pilepich: “Fíjense quién tiene la deuda con ‘Lechuga’”.

La primera testigo en declarar fue la martillera, Vanesa Romera, que alquiló el departamento al trader y fue quien realizó la denuncia por búsqueda de paradero. “Lechuga” le dijo que vivía en Barcelona y que iba a permanecer en la propiedad del 13 al 19 de julio del 2023. Nunca dejó las llaves de la unidad en el buzón del edificio.

Luego fue el turno de Valeria Domínguez la oficial que ingresó al departamento junto a Romera. La policía detalló que encontraron ropa, perfumes, zapatillas, el pasaporte de la víctima, medicamentos, el certificado de un psiquiatra que le recomendaba que viajara con su perro Cooper y un boleto de compra y venta de departamentos.

El hermano de la víctima también se presentó ante el jurado. Contó que Fernando se dedicaba a la compra y venta de autos, que tuvo un bajón económico en la pandemia y que tenía una adicción al juego. También que Pilepich lo había estafado con cuatro departamentos en pozo en Hurlingham y que tenía deudas junto a Vargas por criptomonedas. Ambos habían montado un negocio con esa actividad en Puerto Madero.

Carolina Cerrato, en tanto, confirmó que en su escribanía se firmó el acuerdo entre Pilepich y “Lechuga” por la deuda de 50 mil dólares, en cuatro pagos, que habría motivado el crimen. A la escribana le llamó la atención que Gil firmara por “Lechuga”.

Asimismo, un amigo de la víctima habló de deudas previas, relacionadas con la venta de autos y de una reunión previa al viaje a España de “Lechuga”. “Nos juntó y nos dijo que la situación económica era insostenible”, remarcó y recordó que en ese encuentro estaba Vargas.

También mencionó un grupo de WhatsApp creado por Flavia Bomrad, una gestora que será juzgada como cómplice junto a otros imputados en un juicio técnico. El testigo dijo que la mujer armó el grupo solo para decir que “tenía el chisme del siglo”. Los llamó por teléfono y les aseguró que “Lechuga” se había ido a Rosario a gastar la plata en un casino. Se comentaba, indicó, que era amante de Pilepich. A ningún amigo de la víctima “le cerraba” que no atendiera el teléfono.

También declaró uno de los empleados de Renacer, quien manifestó que el día del crimen, el 18 de julio de 2023, estuvo en el predio entre las 15 y las 17. Dijo que, antes de irse, vio a “Lechuga”, de brazos cruzados en el deck y a Vargas, que hablaba por teléfono. Vio una camioneta Mercedes Benz negra estacionada en el lugar.

El sereno del campo, en tanto, también vio a Pilepich. Les reclamó que le pagaran, pero le dijeron que se vaya a su casa porque no tenían dinero. Lo hizo a las 17.15. Al día siguiente regresó a trabajar y dijo que creía haber visto a Cooper. Una semana después, demolieron una casa construida en el fondo, que había servido de vivienda de una ex empleada y contó que una vecina había escuchado dos tiros.

Asimismo, Gustavo Iglesias remarcó que no sabía cómo sus audios del 2022, con amenazas por una deuda a “Lechuga”, se habían filtrado a la prensa en los primeros días en los que identificaron el cuerpo, pero que lo habían hecho para inculparlo a él.

Pilepich pidió hablar y dijo que “Fernando era ludópata” y que se endeudó junto con Vargas. Aseveró que ambos estaban amenazados por ese motivo. Según él, después de 2022, “apareció un Fernando malo que no podía ordenar sus finanzas y tenía problemas psiquiátricos”.

A la vez, manifestó que él no tenía problemas económicos, por lo que no tenía motivos para matar a Fernando. De acuerdo a su relato, lo único que había hecho, desde que había llegado de España, era ayudarlo. Sobre la deuda de 50 mil dólares, afirmó que ya estaba pagada.

Pericias

El forense que realizó la autopsia también fue parte del debate. César Rodríguez Paquete relató que los brazos y las piernas estaban en una valija roja; el torso en una bolsa y la cabeza en una mochila. Determinó que el descuartizamiento fue post mortem y que la muerte fue causada por dos heridas de arma de fuego en la espalda.

Sostuvo que “Lechuga” pudo tener de 30 a 90 minutos de sobrevida. “Fue perdiendo la conciencia”, señaló. Incluso, manifestó que los asesinos “sacaron piel” para ocultar el orificio de la bala.

Adriana Vallones, en tanto, realizó una pericia psicológica a Pilepich. En cuanto a su personalidad, indicó que presenta estructura psíquica bajo la modalidad de perversión y un marcado egocentrismo. También encontró signos de una personalidad manipuladora e impulsiva, escaso remordimiento y empatía.

Dieron su testimonio el perito Pablo Zaiwskoski, a cargo de los cruces telefónicos que definieron las ubicaciones y comunicaciones de los sospechosos, una tarea que fue vital para la instrucción. Ese trabajo se complementó con el seguimiento y análisis de cámaras que fue encabezado por el comisario Luis Otero de Homicidios.

Se estima que, tras los alegatos de cierre, el jurado pueda deliberar esta semana sobre la culpabilidad de los acusados.

El Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Ricardo Echegaray y a otros 10 imputados en el juicio por la licitación del servicio de limpieza de la ex AFIP. Los jueces llegaron a esa decisión después de que el Ministerio Público Fiscal retirara la acusación por falta de evidencias.

Según la acusación original, como administrador federal de ingresos públicos, Echegaray había dejado sin efecto una primera licitación para tareas profesionales de higiene, y tiempo después adjudicó el contrato a otra firma supuestamente por el doble del precio. Este hecho comenzó a investigarse en la justicia en el año 2011.

A pesar de las sospechas, en el momento del alegato, el fiscal Abel Córdoba concluyó que no se había probado ni el interés espurio exigido por el delito de negociaciones incompatibles ni el perjuicio patrimonial efectivo requerido para la defraudación contra la administración pública.

Córdoba destacó que tras un análisis “integral y exhaustivo” de la prueba documental, testimonial y de los descargos, existían “obstáculos infranqueables” para sostener una acusación válida, por lo que pidió la absolución de todos los acusados.

Este punto de vista fue decisivo para que el tribunal, integrado por Néstor Guillermo Costabel, Ricardo Ángel Basílico y Fernando Canero, resolviera que no podía dictar condena por falta de acusación.

El veredicto alcanzó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; a los entonces funcionarios del organismo Guillermo Adolfo Espiñeira, Orlando Luis Franco, Cristina Alejandra Mercado, Gustavo Iván Malnis y Pablo Jorge Aguilera; a la presidente de Limpiolux, Cecilia Peluso; y a los integrantes de la Comisión Evaluadora Miriam Esther Cashki, Gustavo David Obercie, Rodolfo Alberto Noé y Alida Mirta Gacio.

Con la finalización de este juicio, el TOF 4 deberá fijar fecha para dar inicio a otro proceso pendiente contra Echegaray, relacionado con presuntas maniobras ilegales en el otorgamiento de beneficios arancelarios para la importación de decodificadores de televisión.

La hipótesis que llegó a juicio

Los imputados llegaron al debate oral procesados por las supuestas irregularidades detectadas en la AFIP durante la contratación de la empresa de la firma Limpiolux S.A. hace 15 años, por $15.196.000, un presupuesto que, de acuerdo a la sospecha, duplicaba la oferta de una licitación anterior que había quedado sin efecto.

Ricardo Echegaray fue señalado por dar la orden de anular el concurso previo, y Peluso, como representante de la empresa, fue acusada de acceder a la concesión a precios presuntamente sobrevalorados. Al resto de los imputados se le reprochó que, con su posible intervención coordinada, habían sido funcionales al mecanismo delictivo.

Al final del debate, el fiscal Córdoba entendió que el monto del servicio coincidía sustancialmente con un presupuesto reconocido en un correo electrónico del oferente que impugnó el concurso, cuyo presupuesto coincidía sustancialmente con el de la compañía que resultó adjudicataria. Por tal motivo, consideró que la hipótesis de direccionamiento no superó el plano de la conjetura y que la prueba producida en el debate debilitó las dudas.

A su vez, el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset Maisonave afirmó que no se acreditó, con el grado de certeza requerido para esta etapa, ninguna relación previa o extralaboral entre la adjudicataria y Echegaray, ni los miembros de la comisión evaluadora o el área jurídica.

Oil Combustibles

Ricardo Echegaray espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de queja que su defensa presentó en mayo pasado, con el objetivo de revertir la condena de 4 años y 8 meses de prisión, por ser responsable de administración fraudulenta en la causa Oil Combustibles.

Sus abogados sostienen que la condena resulta arbitraria y que existió una manifiesta persecución política durante la instrucción, por lo que confían en un fallo favorable que anule la pena.

La investigación giró en torno a las maniobras de retención indebida del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), un tributo que la empresa petrolera cobraba a los consumidores finales. En lugar de transferir esos fondos recaudados a la AFIP, la compañía los usó para capitalizar otras firmas pertenecientes al Grupo Indalo.

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró inocente de los cuatro delitos que le atribuye la justicia federal de Estados Unidos (EEUU) durante una audiencia realizada este miércoles en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. La jueza Rossie Alston Jr. estableció el cronograma procesal y fijó el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio.

La audiencia se realizó días después de que la Fiscalía de Estados Unidos ampliara la acusación contra Marset, incorporando tres nuevos delitos a la causa iniciada en 2024, cuando se lo investigaba por el lavado de dinero.

Con la nueva imputación, el uruguayo enfrentará cargos por narcoterrorismo, tráfico de cocaína en alta mar, lavado de dinero y conspiración para lavar activos, delitos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua si es declarado culpable.

En la última semana y con la ampliación de la imputación, Marset decidió cambiar su estrategia de defensa: sustituyó a tres abogados, presentó una denuncia por presuntos actos de extorsión cometidos por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y se declaró inocente de los delitos que le atribuyen.

En una carta manuscrita desde el Centro de Detención de Alexandria, donde permanece recluido mientras avanza el proceso, el uruguayo sostiene que sus derechos fueron vulnerados desde el momento de su detención en Bolivia el 13 de marzo, que fue arrestado sin una orden judicial de allanamiento o captura y que su expulsión no siguió ningún proceso legal, lo que, según su versión, constituye una entrega irregular contraria a los tratados internacionales.

El acusado también asegura que, tras arribar al Aeropuerto Internacional Washington, solicitó un abogado y que ese pedido no fue atendido. Según su relato, difundido por el portal uruguayo Búsqueda, fue interrogado sin asistencia legal y durante ese procedimiento recibió amenazas relacionadas con una eventual condena.

Marset también denunció que, durante el traslado al centro de detención, dos agentes de la DEA le exigieron acceso a una billetera de criptomonedas valorada, según afirma, en aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT. En su escrito, el uruguayo cuestiona además el desempeño de sus anteriores abogados, a quienes acusa de negarse inicialmente a denunciar esos hechos.

En la parte final de la carta, el acusado solicita que el tribunal tome en consideración todas las presuntas irregularidades expuestas, las cuales anticipó que serán desarrolladas durante el proceso. También reafirma que no cometió los delitos que se le imputan y sostiene que espera contar con una representación legal adecuada y con un proceso imparcial.

Marset fue capturado en Bolivia la madrugada del 13 de marzo de 2026 cuando fuerzas especiales lo detuvieron en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra tras varios meses de seguimiento. El presunto narcotraficante vivía en ese país desde 2022, donde llegó a tener una vida pública bajo otra identidad.

En 2023 escapó de un operativo de captura y desde entonces se encontraba prófugo. Es considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región; cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay y está vinculado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Desde el año 2025, el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares para dar con su paradero.

Mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, en Bolivia continúan las investigaciones para desarticular su red criminal.

La presión judicial sobre Meta sigue creciendo después de que una jueza federal en Estados Unidos rechazara el intento de la compañía de archivar una demanda presentada por los fiscales generales de 29 estados.

El proceso, que involucra a Facebook e Instagram, gira en torno a la acusación de que estas redes sociales estarían diseñadas para generar adicción en niños y jóvenes, provocando posibles efectos graves como depresión, ansiedad e insomnio.

Cómo comenzó el proceso judicial contra Meta

La demanda colectiva fue presentada por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, quienes alegan que Meta Platforms diseñó Facebook e Instagram para maximizar el tiempo de uso entre menores, generando hábitos compulsivos que pueden desembocar en daños a la salud mental.

Los estados sostienen que la empresa no solo creó plataformas con características adictivas, sino que también ocultó deliberadamente los riesgos para el público.

La jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, de Oakland, California, negó la moción de Meta para desestimar las reclamaciones relacionadas con engaño, prácticas desleales y violaciones de la Ley federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, conocida como COPPA.

Este fallo judicial representa un golpe para la empresa, ya que implica que debe enfrentar un juicio en el que se analizará si las plataformas fueron efectivamente diseñadas para provocar adicción en menores y si Meta ocultó información relevante sobre los posibles daños.

La decisión también resalta que Meta incumplió los requisitos de notificación y consentimiento parental exigidos por la normativa COPPA, lo que llevó a la jueza a conceder un fallo sumario a favor de los estados en ese punto particular.

Por qué creen que Meta diseño redes sociales para generar adicción en jóvenes y niños

La base de la demanda contra Meta se centra en la evidencia presentada por los estados, quienes aseguran que las investigaciones han demostrado que el uso frecuente de Facebook e Instagram por parte de menores puede tener consecuencias graves.

Entre los riesgos identificados se encuentran la depresión, la ansiedad, el insomnio, interferencias con la educación y la vida diaria, así como autolesiones e, incluso, el suicidio.

De acuerdo con la decisión judicial, los fiscales generales interpretan que existen indicios razonables de que las plataformas fueron diseñadas para fomentar el uso compulsivo entre adolescentes, lo que podría considerarse una práctica engañosa si se comprueba que Meta negó haber implementado estos mecanismos adictivos.

En uno de los párrafos clave, la jueza sostiene que si las pruebas demuestran que las plataformas están diseñadas para inducir el uso compulsivo en perjuicio de los menores, un jurado podría considerar que las declaraciones de Meta fueron falsas.

Qué dice Meta ante esta demanda

Por su parte, Meta sostiene que la acusación carece de fundamento, argumentando que no existen pruebas de que haya engañado a los consumidores sobre la supuesta capacidad adictiva de sus plataformas.

La empresa, con sede en Menlo Park, California, se apoya en el hecho de que la “adicción a las redes sociales” no es una afección psiquiátrica reconocida oficialmente, por lo que, a su entender, las declaraciones públicas y testimonios ante el Congreso de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, no pueden considerarse falsos.

Además, Meta afirma que no ha violado la ley de privacidad en línea para niños, ya que sus plataformas están dirigidas a una audiencia general y no exclusivamente a menores de 13 años. Sin embargo, la jueza consideró que existe base suficiente para que un jurado examine si la empresa dirigió parcial o totalmente sus servicios a los niños y si cumplió con los requisitos de consentimiento parental.

El proceso contra Meta no solo involucra a la empresa, sino que se inscribe en un litigio multidistrital más amplio supervisado por la misma jueza, que abarca demandas presentadas por más de 2.600 personas, distritos escolares y gobiernos locales.

En el marco de la causa por el femicidio de Corina Mabel Mena, cometido el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes en Neuquén, un jurado popular condenó al acusado a prisión perpetua. Jorge Octavio Linco enfrenta la máxima sentencia por un crimen que se vio envuelto en celos, control y violencia extrema.

La decisión fue tomada durante la jornada del martes 30 de junio, donde el juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la pena tras el veredicto previo de culpabilidad emitido por un jurado popular. “La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua”, afirmó el fiscal.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Gastón Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora, sostuvo que correspondía la pena máxima por la doble agravante del artículo 80 del Código Penal: el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género. El fallo también contempló el ataque a otra víctima que fue identificado como M.D.G.T, un hombre que sufrió una lesión abdominal y sobrevivió.

De acuerdo con la acusación que dio por probada la fiscalía, el ataque ocurrió cerca de las 6:40 en una vivienda del barrio Los Pobladores. Durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y le provocó una herida abdominal que demandó unos 25 días de recuperación.

Tras la agresión, el magistrado señaló el “brutal despliegue de violencia”. Además, señaló que “inmediatamente después de cometido el hecho Linco intentó fugarse para escapar del accionar de la Justicia”. El condenado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, demostrando que “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”.

En su alegato de apertura, Ávila sostuvo ante el jurado que el crimen respondió a celos y a conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima. El fiscal afirmó que no se trató de un episodio aislado, sino de un vínculo marcado por violencia psicológica y antecedentes de maltrato.

El imputado seguirá detenido con prisión preventiva hasta que comience el cumplimiento efectivo de la condena, luego de que un tribunal de impugnación ratificara esa medida al revocar un beneficio de prisión domiciliaria otorgado en una instancia anterior.

El femicidio de Mabel Mena

En la madrugada del sábado 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, la Policía recibió un pedido de auxilio en el barrio Primeros Pobladores. Un joven se encontraba herido en la vía pública y solicitó ayuda desesperadamente. Los agentes constataron que presentaba una lesión grave en el abdomen, ocasionada por un arma blanca.

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a Mabel Mena, de 40 años, quien había sido atacada con un arma blanca en su domicilio. El expediente judicial reconstruyó que cuando Mena intervino para recriminar la agresión a su amigo, recibió una puñalada en el pecho que le perforó el corazón y le causó la muerte. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde los médicos lograron estabilizar al joven, mientras que Mena falleció poco después por la profundidad de la herida recibida.

El ataque fue perpetrado por Jorge Octavio Linco, expareja de la víctima, quien ingresó al domicilio y atacó primero al amigo de Mena. El propio sobreviviente señaló ante la policía a Linco como el responsable y brindó una descripción física que resultó clave para su identificación. El agresor huyó tras el doble ataque y organizó su fuga hacia una zona rural.

La policía provincial, con el apoyo de vecinos y utilizando registros de cámaras de seguridad, desplegó un operativo de búsqueda que culminó ese mismo sábado por la tarde. Linco fue detenido a las 14:45 en el paraje Mallin de las Yeguas, en las afueras de Junín de los Andes, cuando intentaba escapar en taxi. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

A casi cuatro años de que el reconocido abogado Gustavo Antonio de la Fuente comenzara a ser investigado por presunta explotación sexual, este martes la Fiscalía solicitó al Tribunal Oral Federal de San Juan que fuera condenado a 12 años de prisión. Además, pidieron la misma pena para su cómplice colombiano, John Sebastián Quevedo Medina.

El pedido fue elevado por el fiscal federal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez en medio del juicio que afrontan los acusados. Ambos llegaron imputados por explotar a 37 mujeres en situación de vulnerabilidad.

Según describieron, las víctimas eran obligadas a producir, difundir y comercializar material audiovisual de contenido sexual en estudios webcam de la ciudad de San Juan. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024. Además, la acusación incluyó el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia durante las transmisiones.

Durante su alegato, la auxiliar fiscal Rodríguez sostuvo que los imputados se aprovecharon de la pobreza estructural de las víctimas para obtener múltiples ganancias. La organización producía beneficios mediante la explotación de mujeres que eran convertidas en “objetos”. Además, destacó la adhesión de Argentina a las Reglas de Brasilia y la aplicación de la Ley N°26.485 para la protección de mujeres contra la violencia.

Por su parte, el fiscal Alcaraz precisó que, tras el contacto inicial, las postulantes asistían a entrevistas presenciales bajo instrucciones secuestradas en los allanamientos. Se les prometían ingresos en dólares o euros y autonomía económica, pero las ganancias eran muy inferiores a las ofrecidas.

De la misma forma, indicaron que las víctimas eran alojadas en un inmueble para entrevistas, capacitaciones y producción de contenido. Cada una era incorporada a las plataformas con una “identidad digital” y las transmisiones se extendían siete horas diarias, seis días a la semana.

En ese sentido, las autoridades plantearon la similitud de la estructura investigada con otros casos de trata de personas vinculados a estudios webcam en hoteles e inmuebles de Buenos Aires y Rosario. Los fiscales señalaron que De la Fuente funcionaba como jefe de la organización, encargado de pagos y contratos con las víctimas.

A raíz de esto, los imputados deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de coautores. Asimismo, de acuerdo con el sitio Fiscales, solicitaron el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos, así como una reparación integral para las víctimas por un total de 1.152.362.472 pesos.

Entre las medidas de reparación no patrimonial, se pidió la eliminación inmediata de todo el contenido producido con las víctimas en cualquier plataforma digital y la incorporación de advertencias para posibles víctimas en las plataformas identificadas.

De acuerdo con la investigación, las mujeres eran captadas mediante falsas ofertas laborales de modelaje para la firma “Belle Argentina”. La captación se realizaba a través de redes sociales, tarjetas de promoción, contactos telefónicos y un “programa de referidos”.

En línea con esto, remarcaron que una de las víctimas fue trasladada desde la provincia de La Rioja y alojada en la sede de San Juan. Una vez incorporadas, las mujeres producían contenido sexual de transmisión en vivo y cedían los derechos de imagen para su comercialización en distintas plataformas.

Respecto a las ganancias obtenidas, señalaron que eran retenidas al menos en un 50% por los acusados, quienes aplicaban descuentos bajo conceptos como “horas incumplidas”, “multas”, “faltas por cansancio”, “menstruación” o “llegadas tarde”.

De la misma manera, indicaron que el material era vendido en diversas plataformas y los pagos se realizaban mediante sistemas de “tokens” y criptoactivos en billeteras virtuales. “La digitalización no solo amplía el alcance territorial de las organizaciones, sino que también genera que la escala del nivel de explotación y la obtención de rédito sean incalculables”, afirmó Alcaraz.

Asimismo, la Fiscalía explicó que la explotación incluía el uso de dispositivos sexuales interactivos, controlados de forma remota por los usuarios durante las transmisiones.

La investigación se inició en marzo de 2022 luego de que se recibiera una denuncia anónima. Desde ese momento, el caso fue asignado a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de Gendarmería Nacional, bajo la dirección de Alcaraz, con la intervención del fiscal general Francisco Maldonado y la fiscal cotitular de PROTEX, Alejandra Mángano.

No obstante, el debate oral comenzó el 21 de mayo. Ambos imputados permanecen en prisión domiciliaria y el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Daniel Doffo, escuchó a 30 testigos y reprodujo seis declaraciones en Cámara Gesell. El veredicto se dará a conocer el 2 de julio.

Este martes, siete hombres fueron condenados a siete años de prisión por la violación grupal de una joven de 17 años, ocurrida durante una reunión celebrada en una quinta de Médanos, una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Luego de que se celebrara la última audiencia la semana pasada, la Justicia consideró a los acusados como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Según la sentencia dictada por el juez Hugo De Rosa, Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres fueron hallados responsables del ataque sexual.

El hecho se produjo la madrugada del 30 de noviembre de 2017, cuando la víctima asistió al festejo de cumpleaños junto a una amiga, donde se encontraba con un grupo de jóvenes con quienes mantenía una relación de confianza.

Tras haberse analizado las pruebas, la sentencia estableció que los imputados utilizaron un juego de cartas con “prendas” para colocar a la adolescente en una situación de vulnerabilidad. Fue así que, después de que la joven se arrojara a un estanque como parte del juego, le ocultaron la ropa y la llevaron a una habitación.

De acuerdo con el fallo al que tuvo La Brújula, los acusados actuaron de manera coordinada y con acuerdo previo. Finalmente, lograron encerrar a la víctima en una habitación oscura, donde fue rodeada y sometida sexualmente por varios de los presentes.

De hecho, reconocieron que la víctima pidió ayuda, mientras que una amiga intentó abrir la puerta y advirtió que llamaría a la Policía. Además, tras reconocerse la existencia de una planificación y una ejecución conjunta, se aplicó la figura de coautoría funcional, es decir, la responsabilidad no dependía solo de quien ejecutó el acto material, sino del rol conjunto en la preparación y ejecución del delito.

La Fiscalía, representada por Marcelo Romero Jardín, había solicitado 10 años de prisión, accesorias legales, costas y la detención inmediata de los acusados. Como agravantes, mencionó la nocturnidad, la lejanía del lugar, la planificación previa y el daño causado.

Mientras que el representante de la particular damnificada, Mauro De Mira, acompañó el planteo fiscal, reclamó una pena mayor de 12 años de prisión para cada uno de los imputados. Por el contrario, las defensas pidieron la nulidad de la acusación y la absolución de los imputados.

Uno de los puntos centrales del fallo fue que los siete condenados actuaron con un acuerdo previo, lo que permitió consumar la violación grupal. Por este motivo, el juez De Rosa enfatizó que la coautoría funcional implicaba que todos los partícipes compartían la responsabilidad penal del abuso.

A pesar de haberse conocido la sentencia, el caso no cerró con esta condena, ya que De Mira confirmó que aún resta el debate judicial contra otros tres acusados que eran menores de edad al momento del hecho. Según confirmó, las audiencias del segundo juicio fueron programadas para los días 5, 6, 7 y 10 de agosto en el Tribunal de Menores.

Frente a esto, el abogado criticó que la víctima deba enfrentarse a un nuevo proceso judicial por el mismo episodio, calificando la situación como una “revictimización deshumana, inhumana”. Ante este planteo, la expectativa de la particular damnificada es que el Tribunal de Menores incorpore como prueba la declaración ya prestada por la víctima, a fin de evitar que vuelva a ser expuesta.

“Esperemos que el Tribunal acepte como prueba la declaración de la víctima en esta causa y no tener que exponerla nuevamente para que vuelva a declarar”, señaló De Mira.

Por otro lado, el juez De Rosa descartó la detención inmediata de los condenados solicitada por el fiscal, tras argumentar que los imputados cumplieron con el proceso judicial, se presentaron cada vez que fueron convocados y no intentaron evadir la investigación. Sin embargo, hasta que la sentencia quede firme, dispuso prohibición de salida del país y prohibición de contacto con la víctima, ya sea directa o indirectamente, por cualquier medio.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex subsecretario de Obras Públicas, José López, fueron los primeros imputados en hacer uso de su oportunidad de pronunciar las últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 4, en el marco de la penúltima audiencia del juicio Skanska. En la causa se investiga el presunto pago de coimas en la contratación para el primer plan de obras de ampliación de los gasoductos.

De Vido agradeció la posibilidad de presenciar el juicio por vía remota desde su domicilio en Zárate, donde cumple condena por la Tragedia de Once, y recordó cuando sufrió un problema cardíaco hace un mes mientras aún estaba en la cárcel de Marcos Paz.

Luego José López, conectado desde el sitio donde permanece custodiado por el Programa Nacional de Protección a Imputados colaboradores, también reconoció el acompañamiento del tribunal durante todo el proceso, especialmente cuando debió enfrentar “varias dificultades y problemas de salud”.

La jornada se completó con el descargo de otros procesados, entre ellos ex directivos de Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Héctor Obregón y Juan Carlos Bos. Además, habló Alfredo Norberto Greco, que fue contador de la empresa Infinity Group.

En este contexto, los imputados que quedaron involucrados en esta causa hace 20 años, y hoy día la mayoría supera los 70, hicieron referencia a las enfermedades que padecieron durante el debate y a su vez resaltaron la tarea de sus abogados.

En su descargo, Obregón sostuvo un detalle que pidió se tomado en cuenta a su favor. Según dijo, no participó de las negociaciones de las obras. Enfatizó que “había sido apartado dos años antes de las actividades operativas porque debió ser intervenido quirúrgicamente por un grave problema arterial”, por lo que lo mandaron a hacer “consultoría técnica”.

Al finalizar la audiencia, el juez Jorge Gorini anunció que el próximo encuentro está previsto para el 13 de julio, ocasión en la que terminarán de escuchar las últimas palabras de los imputados que restan, y más tarde darán a conocer el veredicto.

El juicio

Por este caso los ex funcionarios procesados por administración fraudulenta y cohecho son Julio De Vido, José López y el ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa. Para ellos, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset pidieron 5 años de prisión.

En tanto, requirieron la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de cohecho activo para directivos y gerentes de Skanska, y para los responsables de Infinity Group, 4 años.

A su vez, hay una lista de 17 imputados para los que solicitaron la absolución, por considerar que no fue acreditada su responsabilidad en los hechos.

Esta causa surgió de “una de las primeras denuncias de corrupción que involucró a funcionarios del kirchnerismo en el año 2006”.

Se investiga si existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos, a cambio de orientar la licitación de las obras de ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) hacia la empresa Skanska.

Según la acusación, los responsables “direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada”.

Agregó que “la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones”.

La justicia de Michigan imputó a Damien O’Brien y Jessica O’Brien por la muerte de su hijo Casper, de 7 años y 116 kilos, bajo cargos de asesinato en segundo grado, tortura y abuso infantil.

La autopsia determinó que el menor murió por una miocardiopatía dilatada, agravada por obesidad mórbida, según informó CBS News. El caso generó conmoción en Flint Township y abrió un debate sobre la responsabilidad parental.

Entorno familiar y hallazgos al ingresar al domicilio

El 4 de noviembre de 2025, los servicios de emergencia llegaron a la vivienda de la familia luego de recibir una alerta por dificultades respiratorias del niño. Al arribar, los paramédicos encontraron a Casper O’Brien inmóvil en una cama. El domicilio estaba repleto de objetos, lo que obstaculizó el acceso de los equipos, según relató el fiscal David Leyton a CBS News.

La hermana menor, de 5 años, fue hallada fuera de la casa, sin ropa y en malas condiciones higiénicas. Documentos judiciales citados por Fox8 News señalaron que la niña también presentaba obesidad mórbida y signos de abandono.

La investigación concluyó que los menores no estaban escolarizados y que ningún organismo oficial tenía constancia de su existencia. “No creo que nadie del distrito escolar, la policía o Servicios de Protección Infantil supiera que estos niños vivían allí”, afirmó Leyton. La vivienda presentaba signos de deterioro y acumulación de basura, según el reporte policial recogido por Fox8 News.

Alimentación, salud y evolución del caso

El análisis forense, respaldado por los reportes de New York Daily News y Orlando Sentinel, atribuyó la muerte a una enfermedad cardíaca agravada por una dieta basada en papas fritas de bolsa, papas fritas y jugo de manzana.

En febrero de 2024, el niño pesaba 47 kilos, lo cual evidencia un incremento sostenido de peso en cuestión de meses.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el peso habitual para su edad y estatura rondaría los 27 kilos.

Pese a que el padre tenía empleo y la familia contaba con seguro médico, Casper solo recibió atención profesional una vez en su vida, según el informe policial citado por Leyton en Fox8 News.

El día del fallecimiento, los padres contactaron a un veterinario para el perro de la familia, mientras el menor no había sido llevado a consulta médica regular. Las fuentes periodísticas también informaron que el niño sufría llagas por permanecer en cama y no realizaba actividad física.

El obituario publicado por New York Daily News describió a Casper como “un niño brillante y cariñoso”, mencionando la muerte previa de un hermano menor. El caso mostró la acumulación de factores de riesgo y la ausencia de intervenciones preventivas por parte de las instituciones.

Impacto judicial, contexto y abordaje institucional

La fiscalía del condado de Genesee presentó cargos contra ambos progenitores: asesinato en segundo grado, tortura y abuso infantil.

La acusación incluyó también la situación de la hermana menor, quien fue encontrada con múltiples señales de descuido. Fox8 News detalló que el cargo de abuso infantil se relaciona directamente con las condiciones detectadas en la menor.

El fiscal Leyton consideró el caso como un ejemplo de “negligencia prolongada y deliberada”, lo que en la jurisdicción local constituye uno de los requisitos para la figura penal de asesinato en segundo grado.

La audiencia judicial está fijada para el 2 de julio, fecha en la que la fiscalía presentará los elementos reunidos durante la investigación. En Michigan, el delito imputado puede ser penado con cadena perpetua, según la legislación estatal citada por Fox8 News.

El proceso abrió un debate sobre los controles institucionales para identificar situaciones de riesgo infantil y la capacidad de las autoridades para intervenir ante señales de negligencia. La ausencia de escolarización y controles médicos impidió que las agencias detectaran a tiempo la situación de los menores.

La cobertura mediática dejó en el centro la cuestión de la vigilancia estatal y la protección de los derechos de la infancia en contextos de aislamiento social.

Damien O’Brien y Jessica O’Brien permanecen detenidos a la espera de comparecer ante el tribunal. La evolución del caso y las eventuales reformas legales quedarán en la agenda pública de Michigan durante los próximos meses.

El juicio oral por la causa Cuadernos inició una nueva etapa centrada en testimonios del equipo de la ex AFIP y actual ARCA que investigó a las empresas y empresarios involucrados en los presuntos pagos de sobornos en el kirchnerismo.

El proceso, que tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se concentra ahora en el análisis en las inconsistencias detectadas en los controles a firmas cuyos entonces responsables se encuentran en el banquillo.

En tan sólo dos de estas audiencias se escuchó ya hablar de millones de dólares a los que se les perdió el rastro, uso de facturas truchas de proveedores que nunca podrían haber prestado los servicios contratados y hasta de un recital de Ricky Martin pagado para promocionar un emprendimiento turístico privado, vinculado a un empresario que poco antes había cobrado un multimillonario anticipo de fondos públicos para una obra que no llegó a terminarse.

Según la acusación que ahora sostiene la fiscal de juicio Fabiana León, gran parte de este dinero que para los técnicos de la AFIP se volvió imposible de rastrear era el que recolectaron en concepto de sobornos funcionarios del kirchnerismo, como detalló el autor de los cuadernos y remisero arrepentido Oscar Centeno, en relación a su ex jefe Roberto Baratta.

Una semana de testigos clave

Para esta semana se esperan dos testimonios clave: los de Jaime Mecikovsky y Eliseo Devoto. El primero fue subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la entonces AFIP y ya declaró durante horas en la causa Vialidad, donde se condenó a seis años de prisión a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Devoto, por su parte, era el jefe de Asuntos Jurídicos del organismo durante la gestión de Alberto Abad.

Miembros del equipo fueron objeto de denuncias penales y en muchos casos pérdida de funciones durante 2020, según fueron recordando en las audiencias quienes ya declararon, entre ellos funcionarios de carrera con más de 30 años en el organismo.

Se los acusó, incluso, de haber sido parte de una “taskforce” del macrismo. Todos dijeron que se les asignó por sus funciones responder, por ejemplo, pedidos de información judicial que llegaban desde el juzgado federal 11, donde tramitaba el caso Cuadernos, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio.

El próximo martes 30 está prevista la declaración de Pedro Puyo, María Eugenia Matilde Lanza, Jimena de la Torre, José Luis Giordano y Marcelo Costa, mientras que el jueves 2 de julio se espera la presencia de Devoto, Horacio Castagnola, Mecikovsky, Pablo Paturlante, Diana Guterman y Ana María Prana.

Documentación secreta

A los testigos se les muestra documentación contable y financiera que hasta ahora permaneció bajo secreto fiscal y fue entregada a las partes poco tiempo atrás.

Durante las recientes audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7, declararon entre otros Verónica Iglesias, Carlos Stafforini, María Marta Criscuolo y Diego Quintas, todos ex integrantes del equipo de fiscalización de Grandes Contribuyentes de la AFIP. Iglesias relató que, en los controles a la empresa Isolux Corsán, se detectó el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores sin capacidad operativa, lo que motivó allanamientos y la extensión de controles a otros contribuyentes.

Stafforini, por su parte, explicó que la empresa Fainser recurrió a proveedores identificados como apócrifos, y que uno de ellos llegó a emitir facturas por cerca de 80 millones de pesos sin respaldo de servicios reales.

Criscuolo, quien ocupó cargos de supervisión hasta 2020, detalló que empresas como IECSA, entonces en manos de Angelo Calcaterra, realizaron transferencias a bancos en Andorra y compraron unos tres millones de dólares en coincidencia con anticipos por obra pública.

Parte de ese dinero se retiró en efectivo a través de la firma Transcambio y se vinculó a una UTE que IECSA formó con JCR para la remodelación de la autopista Córdoba-Rosario. “Se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, afirmó Criscuolo ante el tribunal. A ese dinero se le perdió el rastro, dijo.

Uno de los testimonios más llamativos lo aportó Jorge Tesolin, quien recordó la investigación sobre Vertúa Servicios y el uso de anticipos financieros otorgados por la empresa pública Enarsa. Tesolin indicó que la firma recibió una multimillonaria suma equivalente a casi cinco millones de dólares al cambio de la época para el Gasoducto del Nordeste Argentino, fondos cuyo destino no pudo acreditarse en su totalidad y que, de manera llamativa, poco tiempo después hubo una inversión del dueño de la empresa y su esposa en un fideicomiso turístico, que luego contrató un espectáculo de Ricky Martin en Mar del Plata para promocionarse.

“No se pudo determinar qué pasó con los dólares comprados con esos fondos de Enarsa”, declaró Tesolin, en referencia a las extracciones en efectivo detectadas por parte de los responsables de Vertúa.

Las audiencias ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli seguirán martes y jueves y se resolvió que haya juicio la segunda semana de la feria judicial de julio.

La inteligencia artificial acaba de marcar un nuevo hito en el sector legal. Una firma de abogados impulsada por IA logró ganar un caso judicial en el Reino Unido tras utilizar esta tecnología para preparar gran parte de la documentación presentada ante los tribunales. El hecho es considerado por sus responsables como la primera victoria judicial obtenida con la participación de un sistema de inteligencia artificial en tareas propias de la abogacía.

El caso involucra a Garfield AI, un estudio jurídico que recibió en 2025 la aprobación regulatoria de la Autoridad de Regulación de Abogados (SRA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de supervisar el ejercicio profesional de los abogados en Inglaterra y Gales. La información fue revelada por el diario Financial Times.

La demandante, Tamires Camal Taquidir, obtuvo una indemnización de 7.000 libras esterlinas tras un proceso en el que la inteligencia artificial participó en la elaboración de documentos legales, declaraciones de testigos y otros elementos necesarios para presentar la demanda.

Cómo participó la inteligencia artificial en el caso

Aunque la IA desempeñó un papel central en la preparación del expediente, el juicio no estuvo completamente automatizado. La defensa oral ante el tribunal fue realizada por un abogado humano, quien se encargó de exponer los argumentos y responder a las cuestiones planteadas durante el proceso judicial.

Según explicó Philip Young, fundador de Garfield AI, el sistema se utilizó para generar y organizar la documentación necesaria para el litigio, permitiendo reducir tiempos y costos asociados a la preparación del caso.

Young aseguró que este resultado representa un acontecimiento sin precedentes para el sector legal. “Este es un momento histórico, no solo para Garfield AI, sino también para el acceso a la justicia”, afirmó al Financial Times.

El directivo sostuvo que muchas pequeñas empresas y particulares suelen renunciar a reclamar deudas o iniciar procesos legales debido a los elevados costos, la complejidad administrativa y el tiempo que suelen demandar este tipo de procedimientos.

Qué es Garfield AI y cómo funciona

Garfield AI es una firma especializada en la recuperación de deudas y reclamaciones comerciales. Su propuesta consiste en utilizar inteligencia artificial para automatizar gran parte del trabajo jurídico que tradicionalmente realizan abogados y asistentes legales.

De acuerdo con datos proporcionados por la compañía, la plataforma ya ha gestionado más de 600 reclamaciones y ha recuperado alrededor de 500.000 libras esterlinas para sus clientes.

La automatización permite elaborar documentos legales, organizar pruebas, preparar declaraciones y generar borradores adaptados a las características de cada caso.

Sus responsables sostienen que esta metodología facilita el acceso a servicios legales para personas y empresas que no podrían asumir los costos de una representación tradicional.

Los antecedentes que obligan a actuar con cautela

La incorporación de inteligencia artificial en el ámbito jurídico no ha estado exenta de controversias. Durante los últimos años se registraron varios casos en los que el uso incorrecto de herramientas generativas provocó errores importantes dentro de procesos judiciales.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió en Estados Unidos, cuando dos abogados utilizaron ChatGPT para buscar antecedentes legales que respaldaran una demanda. Sin verificar la información, incorporaron las referencias al expediente judicial. Posteriormente, el juez descubrió que los casos citados nunca habían existido, ya que habían sido inventados por el sistema de IA, lo que derivó en sanciones para los profesionales involucrados.

Situaciones similares también ocurrieron en América Latina. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia abrió una investigación contra un magistrado después de que una resolución elaborada con ayuda de inteligencia artificial incluyera jurisprudencia inexistente.

Asimismo, en Argentina, un fallo redactado parcialmente con apoyo de ChatGPT fue posteriormente anulado tras detectarse problemas relacionados con la información utilizada en el documento.

El desafío de evitar las “alucinaciones”

Uno de los principales retos para la adopción de inteligencia artificial en el ámbito legal es reducir las llamadas “alucinaciones”, un fenómeno por el cual los modelos generan información incorrecta o directamente inventada con apariencia de veracidad.

Para minimizar estos riesgos, diversas compañías están desarrollando plataformas especializadas para abogados, entrenadas con bases de datos jurídicas verificadas y adaptadas a las normativas específicas de cada país.

A diferencia de los asistentes de propósito general, estas herramientas incorporan mecanismos de validación y sistemas diseñados para reducir errores en la búsqueda de legislación, jurisprudencia y doctrina.

La victoria de Garfield AI muestra que la inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante dentro de los tribunales. Sin embargo, también pone de relieve que, al menos por ahora, la supervisión humana continúa siendo un elemento indispensable para garantizar la precisión y la seguridad de los procesos judiciales.

Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, fue notificado sobre la fecha en la que deberá comparecer ante el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá para la presentación del escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias, en un proceso vinculado a la compra del apartamento 902 en el sector del Chicó, en el norte de la capital, inmueble en el que reside actualmente.

Según Semana, que accedió al acta oficial del caso, la diligencia será el 20 de agosto de 2026 a las 12:00 p. m. en el centro de servicios judiciales de Paloquemao. El exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 acudirá con su abogado de confianza para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía 45 especializada contra la corrupción.

La investigación sostiene que en la compraventa del inmueble Roa Barragán obtuvo condiciones favorables frente al valor de mercado. De acuerdo con la imputación, adquirió el apartamento por $1.800.000.000, aunque su valor comercial ascendía a $2.727.000.000, una diferencia del 34% equivalente a $927.000.000.

El ente acusador determinó que ese beneficio económico se conecta con las gestiones que Roa Barragán habría realizado para favorecer al expolicía Juan Guillermo Mancera en un proyecto de regasificación en el Caribe. La acusación ubica esos hechos entre agosto y octubre de 2024.

La Fiscalía vincula la compraventa del apartamento con presiones sobre Hocol

El expediente al que accedió el medio citado menciona contactos insistentes de Roa Barragán con el presidente de Hocol, empresa del sector de hidrocarburos. En esos encuentros, según la tesis del ente investigador, se planteó de manera directa la necesidad de beneficiar a Mancera en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG.

En la audiencia de imputación de cargos del 11 de marzo de 2026, la fiscal sostuvo: “Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa GAXI ESP S.A.S. de propiedad de Juan Guillermo Mancera”.

La acusación también precisa un episodio del 20 de agosto de 2024, cuando Roa Barragán ya era presidente de la compañía petrolera. Ese día se reunió en un restaurante de la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol y, según la fiscal, “le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

Casi un mes después hubo otra reunión, esta vez en la sede de Ecopetrol. Allí, según la investigación, Roa Barragán le recordó al directivo de Hocol lo que habían conversado durante ese almuerzo.

La Fiscalía añadió que la insistencia continuó pocos días después de una sesión de junta directiva. En esa ocasión, afirmó la fiscal, Roa Barragán pidió a Luis Enrique Rojas que permaneciera a solas con él al término de la reunión.

“En esa ocasión, al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, dijo la funcionaria judicial, citada por Semana.

El primer proceso penal contra Ricardo Roa Barragán se centra en tráfico de influencias

La diligencia del 20 de agosto de 2026 corresponde al primero de los dos procesos penales que existen contra Ricardo Roa Barragán, mientras que también es investigado por la violación de los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro .

Según información publicada por Cambio, documentos bancarios y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) muestran transferencias por $58.323 millones a las cuentas personales de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña de Gustavo Petro. Los fondos superaron en $7.000 millones lo reportado oficialmente por las campañas ante las autoridades electorales.

La investigación, basada en documentos de la Uiaf y los movimientos bancarios, indica que Roa habría manejado sus cuentas personales, la de la consulta interpartidista y la de la campaña de Petro como una sola estructura financiera. La consulta interpartidista reportó gastos por casi $8.757 millones y la campaña presidencial por $41.583 millones, lo que suma $50.340 millones. Sin embargo, las cuentas personales de Roa movieron $58.323 millones durante 2022.

Richard Glossip, exrecluso de Oklahoma, volverá a sentarse ante un tribunal el 28 de septiembre por el asesinato de su jefe en 1997, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara su condena.

Tras haber pasado más de 25 años preso—gran parte de ese tiempo en el corredor de la muerte—, fue liberado bajo fianza en mayo y ahora afrontará su tercer juicio, según informó CBS News.

Glossip enfrentó nueve fechas de ejecución y llegó a ingerir tres “últimas comidas” durante su paso por el corredor de la muerte, antes de que distintas suspensiones frenaran el proceso cuando ya estaba al borde de la inyección letal. “Una vez que estás fuera y ves todo lo que te quitaron, y los momentos en que casi pierdes la vida, todo cobra otra dimensión”, aseguró.

Un proceso marcado por irregularidades y nueve fechas de ejecución

La causa contra Glossip se originó tras el homicidio de Barry Van Treese, dueño de un motel en Oklahoma City. La acusación sostiene que Glossip ideó un plan de asesinato por encargo y que el ejecutor fue Justin Sneed, empleado del establecimiento.

Sneed declaró que recibió una oferta económica para cometer el crimen y su testimonio fue el eje de la condena, aunque no existía prueba física directa que vinculara a Glossip con el hecho.

La Corte Suprema determinó que los fiscales permitieron que Sneed falseara información sobre su salud mental durante el proceso, lo que vulneró el derecho a un juicio justo.

Según ABC News, el tribunal concluyó que la omisión de datos críticos sobre el principal testigo alteró de manera sustancial la percepción del jurado.

En el corredor de la muerte, Glossip pasó años bajo la lógica de la cuenta regresiva: el estado le fijó nueve ejecuciones y, tres veces, llegó incluso a recibir la comida final previa al procedimiento. Según relató, esa repetición lo empujó al límite físico y emocional.

En 2015, la ejecución se suspendió cuando Glossip ya aguardaba en una celda adyacente a la cámara de inyección letal. Oklahoma detuvo todos las ejecuciones durante siete años para revisar sus protocolos, de acuerdo con información de The New York Post.

El impacto humano y la presión pública

Al recuperar la libertad bajo fianza, Glossip describió las dificultades de adaptación tras décadas de encierro. En diálogo con The Intercept, relató que las primeras noches en libertad le resultaron extrañas sin el ruido constante de la prisión y que el apoyo de la comunidad fue clave para sobrellevar el proceso.

Durante la audiencia que fijó la fecha del nuevo juicio, Glossip apareció en la sala sin uniforme carcelario y acompañado de su esposa Lea, a quien conoció y con quien se casó durante su estadía en prisión, según reconstruyó Death Penalty Information Center.

El caso atrajo la atención de figuras públicas como Kim Kardashian y de legisladores de ambos partidos, quienes insistieron en la necesidad de asegurar un proceso justo. Por su parte, la familia de Van Treese solicitó a la Corte Suprema que se mantuviera la condena y la sentencia original.

Desafíos legales y expectativa para el nuevo proceso

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, anunció que el estado volverá a juzgar a Glossip, aunque precisó que no pedirá la pena de muerte.

“Mi oficina garantizará que Glossip reciba un juicio justo basado en hechos sólidos y testimonios veraces”, aseguró Drummond.

La defensa, en tanto, argumentó que la representación legal en los primeros juicios fue inadecuada y solicitó un nuevo examen preliminar, pedido que fue rechazado por la jueza Natalie Mai.

Expertos legales citados por el KOCO News advirtieron que la reapertura del caso implica dificultades probatorias, ya que varios testigos murieron o no recuerdan los hechos, y la fiscalía planeaba recurrir a testimonios previos.

El nuevo proceso, que podría extenderse durante dos semanas, representa una instancia decisiva para Glossip y concentra la atención de organizaciones abolicionistas y defensores de la pena capital en todo el país.

Luego de que el empresario Federico Blumenthal fuera condenado a ocho años de prisión por la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba por una serie de nueve hechos de violencia de género, cometidos en contra de la madre de sus hijos, la víctima criticó la pena que le dieron. “Esperaba que fueran más años”, aseguró al apuntar que la Fiscalía había pedido un mínimo de 13 años.

Uno de los peores hechos fue cuando Blumenthal propinó una brutal golpiza a la mujer frente a sus hijos, que por ese entonces tenían 4 y 5 años, el tribunal también fijó un resarcimiento económico de 32 millones de pesos a su favor. Sin embargo, la víctima cuestionó: “Ocho años no son nada, pasan volando. Pero bueno, se hizo justicia. Pude hablar, pude pasar todo este proceso y me escucharon, que es lo importante”.

“Nos quedamos con sabor a poco, porque se esperaba entre trece y dieciséis años”, recriminó la víctima en un diálogo con el medio local Resumen de la Región sobre la pena que recibió su agresor tras ser hallado culpable de delitos como coacción, robo, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, abuso sexual, lesiones leves y amenazas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la fiscal de Cámara Laura Batistelli había solicitado una pena de trece años, mientras que la querella, representada por Daniela Ferrari, pidió 16. Asimismo, la defensa reclamó la absolución o, subsidiariamente, que solo se considerara el delito de lesiones leves.

Por su parte, el empresario condenado pidió disculpas y expresó que lamentaba el daño causado durante su última declaración ante el tribunal. A pesar de esto, la mujer no aceptó las disculpas y advirtió sobre el futuro riesgo que tanto ella como otras mujeres podrían correr cuando vuelva a quedar en libertad.

“Es un psicópata, así lo describió su propio psicólogo. Esta persona va a salir en ocho años y probablemente tenga la capacidad y la edad de buscar otra víctima o venir a buscarme a mí”, señaló la víctima.

De la misma manera que había pedido no compartir la sala que su agresor, la joven reconoció que tenía miedo tras asegurar que se trataba de “una persona que no tiene límites”. Y apuntó: “No es alguien que pida disculpas sinceras; en su voz no se notaba ni siquiera un poquito de remordimiento por todo lo que hizo”.

La sentencia llegó tras la denuncia pública realizada por la mujer en julio de 2024, cuando hizo visibles en redes sociales las secuelas de las agresiones y relató el calvario vivido durante años. Uno de los episodios más graves ocurrió el Día del Amigo de 2024, cuando Blumenthal la agredió brutalmente frente a sus hijos de cuatro y cinco años.

En esa ocasión, la víctima logró llamar a la Policía, que llegó en unos cinco minutos. “Si la Policía no llegaba la mataba”, afirmó Ferrari sobre la gravedad del episodio. Tras la detención, la Fiscalía dictó prisión preventiva, por lo que el acusado permaneció en la cárcel durante el proceso.

Sin embargo, no era la primera vez que Blumenthal enfrentaba denuncias por violencia de género. En 2020, ya había sido arrestado tras una primera acusación en su contra, pero recuperó la libertad poco después y continuó el hostigamiento hacia la mujer.

Debido a que logró encontrar una salida al exponer las situaciones de violencia que había vivido en redes sociales, la mujer instó a las demás quienes son víctimas de violencia de género e intrafamiliar a que denuncien a sus agresores.

“Que se animen a denunciar y no solo denunciar, sino seguir los pasos que te va diciendo Fiscalía, porque Fiscalía te va guiando, te va pidiendo ciertos pasos, presentar ciertas pruebas y llegas a una justicia”, aseguró la mujer, tras reconocer que el paso más difícil sería denunciar. Y concluyó: “Es muy duro, duele mucho, pero al final hay justicia”.

En medio del juicio contra los siete hombres acusados de haber violado en grupo a una adolescente de 17 años en la localidad de Médanos, ubicada en la provincia de Buenos Aires, el fiscal de Delitos Sexuales, Marcelo Romero Jardín, solicitó que sean condenados a 10 años de prisión.

Según reconstruyó la investigación, el ataque sexual ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre de 2017. Esa noche, la víctima y los imputados habían concurrido a un cumpleaños, que había sido celebrado en una quinta situada en el partido de Villarino.

Por este hecho, llegaron en calidad de acusados A. E. A., F. F. A., E. D. R., K. D. R., F. N. Q. H., Alexis G. R. y E. G. T. Algunos de ellos enfrentan cargos de abuso sexual con acceso carnal o, de forma subsidiaria, abuso sexual gravemente ultrajante, en calidad de “coautores funcionales”.

De acuerdo con la información obtenida por La Nueva, el fiscal sostuvo que solo dos de los procesados habrían accedido carnalmente a la víctima, pero consideró que todos los imputados contribuyeron de manera activa para que el abuso se concretara.

Por este motivo, el representante del Ministerio Público Fiscal apuntó que los sospechosos actuaron con “violencia o mediante intimidación”, tras haber encerrado a la joven en una habitación oscura, en donde procedieron a rodearla y amenazarla.

“Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes”, afirmó en su exposición. De la misma manera, remarcó que el ataque fue interrumpido cuando otra chica golpeó la puerta y advirtió que llamaría a la Policía.

Frente a esto, el fiscal explicó que no pudo determinar con precisión quiénes accedieron carnalmente a la menor, ya que los agresores apagaron la luz de la habitación durante el ataque. Por esa razón, postuló la figura de coautoría funcional, que contemplaría penas de entre 6 y 15 años de cárcel. Asimismo, descartó la complicidad.

Según explicó Romero Jardín, tomó el concepto de coautoría funcional, basándose en el texto “Derecho Penal. El delito imprudente. Autoría y participación criminal” del jurista Edgardo Donna. De acuerdo con esta doctrina, la coautoría se configuraría cuando varias personas participan en la ejecución de un delito, cada una con un rol o función específica, de forma tal que sus aportes resultan indispensables para la consumación del hecho.

“Si pensamos en el sujeto que amenaza a la víctima con un arma mientras su compañero le sustrae la cartera, o en el que sostiene a la mujer por la fuerza mientras otro la accede sexualmente, veremos que hay casos en que varias personas correalizan la ejecución del hecho en distintos papeles o funciones, de forma que sus aportes al hecho completan la total realización del tipo”, profundizó.

En este sentido, la comisión del hecho no residiría en la ejecución personal, sino que también tendría en cuenta la división del trabajo planificada y consciente. No obstante, señaló que la posibilidad de la coautoría se restringe a delitos dolosos, es decir, aquellos cometidos de manera intencional y con voluntad de participar en la acción delictiva.

Durante el turno del abogado Mauro de Mira, representante de la víctima, se requirieron penas de 12 años de cárcel para los acusados, mientras que los defensores Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola pujaron por la absolución de sus clientes. A lo largo del juicio oral, también declararon testigos presentados por todas las partes implicadas.

De esta manera, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca confirmó que dará a conocer el fallo el próximo martes. No obstante, cabe recordar que todavía queda pendiente de celebrarse un segundo juicio por el hecho, debido a que también estuvieron involucrados tres menores de edad, quienes serán juzgados por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por primera vez, una firma legal basada en inteligencia artificial (IA) ha ganado un caso en un tribunal de Reino Unido, marcando un precedente en el uso de tecnología en el sector jurídico. Garfield AI lideró esta victoria tras asistir a una reclamante en un proceso por honorarios impagos, lo que evidencia el potencial de la automatización para transformar la práctica legal.

La reclamante, Tamires Camal Taquidir, recurrió a Garfield AI tras no lograr que una empresa de hospitalidad le pagara por servicios de recursos humanos que había prestado como freelance. El juicio, celebrado en el Wandsworth County Court en Londres, duró tres horas y concluyó con un fallo favorable para la demandante, quien recuperó 7.000 libras esterlinas. Garfield AI preparó toda la documentación del proceso, incluyendo la redacción de declaraciones de testigos y la gestión de trámites previos al juicio.

Garfield AI es la primera firma de abogados dirigida por IA que recibió el visto bueno de la Solicitors Regulation Authority (SRA), el organismo regulador de abogados en Inglaterra y Gales. El sistema ofrece servicios de reclamación de deudas, desde el envío de cartas de requerimiento por tan solo 2 libras hasta la presentación formal de demandas por 50 libras. La empresa afirma haber gestionado más de 600 reclamaciones y recuperado cerca de 500.000 libras para sus clientes en casos que, en su mayoría, se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales.

El papel de la inteligencia artificial en el litigio

Durante el proceso, Garfield AI se encargó de todos los aspectos documentales y procesales, aunque la representación en la sala estuvo a cargo de un abogado humano. Generalmente, un cliente debe contratar tanto a un procurador para la fase previa como a un barrister para la defensa oral; en este caso, la IA asumió la preparación de la causa, reduciendo costes y tiempos.

“La IA no reemplazó al juez, al abogado ni al sistema legal, pero hizo el proceso más accesible, eficiente y asequible”, dijo Philip Young, exlitigante de Londres y fundador de Garfield AI, en declaraciones citadas por Financial Times.

El propio Young destacó que este avance representa “un momento decisivo, no solo para Garfield AI, sino para el acceso a la justicia”. Explicó que muchas empresas se ven obligadas a renunciar a reclamar deudas debido al coste y la complejidad de los litigios tradicionales.

Ahora, gracias a la automatización, se abre una vía más económica y rápida para resolver disputas de pequeña cuantía. Camal Taquidir, la beneficiaria de la victoria judicial, pagó aproximadamente 400 libras en honorarios a Garfield AI para recuperar el monto reclamado. La contraparte contó tanto con un procurador como con un barrister, mientras que la demandante se valió de la tecnología y la asesoría de la firma de IA.

A pesar de la irrupción de la inteligencia artificial en diversos sectores, el ámbito legal ha mostrado cierta resistencia al cambio, principalmente por preocupaciones sobre la confidencialidad y la diversidad de normativas.

Firmas tradicionales como Kirkland & Ellis han anunciado inversiones millonarias en el desarrollo de sus propias plataformas de IA, mientras que otros despachos han protagonizado errores notables por confiar en sistemas automatizados. Pinsent Masons fue amonestada en mayo por un tribunal londinense tras presentar escritos con información incorrecta generada por IA, y Sullivan & Cromwell reconoció ante una corte federal estadounidense que una de sus presentaciones contenía varias “alucinaciones” de IA.

Camal Taquidir compartió su experiencia: “Me debían dinero por mi trabajo y sentí que el proceso para recuperarlo podía resultar demasiado estresante, costoso y lento. Garfield hizo posible que llevara adelante mi reclamación”. Esta declaración ilustra el efecto tangible que tecnologías como la de Garfield AI pueden tener sobre individuos y pequeños negocios que enfrentan barreras para acceder a la justicia.

La victoria judicial de Garfield AI se perfila como un precedente para la integración de la IA en el sistema legal del Reino Unido y otros países. Según los expertos consultados, el caso podría impulsar la adopción de soluciones digitales en procedimientos rutinarios, siempre que se mantenga el control humano en las fases críticas del proceso.

La condena por el caso de Etan Patz volvió a quedar en pie después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restableciera el lunes el veredicto contra Pedro Hernández por el secuestro y asesinato del niño de seis años desaparecido en Manhattan en 1979. La decisión anuló un fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que había abierto la puerta a un nuevo juicio, según The New York Times.

La Corte Suprema decidió que Hernández no tendrá un nuevo juicio y dejó vigente su condena de 2017 por el secuestro y asesinato del niño. Según The New York Times, la mayoría concluyó que el tribunal federal de apelaciones se excedió al revisar una condena estatal, y tres juezas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— dejaron constancia de su desacuerdo.

La resolución, emitida sin firma, formó parte de las órdenes rutinarias del tribunal y no incluyó audiencias orales. El fallo devuelve el caso a instancias inferiores y revierte la decisión de julio del año pasado, cuando el Segundo Circuito había ordenado liberar a Hernández de su condena de 25 años a cadena perpetua o concederle otro juicio.

Harvey Fishbein, abogado de Hernández, afirmó a The New York Times que su equipo estaba “terriblemente decepcionado”. “Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un delito que no cometió”, afirmó.

El fiscal de distrito de Manhattan Alvin L. Bragg sostuvo en un comunicado recogido por The New York Times que el caso había “cambiado a una generación de neoyorquinos”.

También añadió: “Esta oficina se ha mantenido firme en su búsqueda de justicia para Etan y la familia Patz, y seguirá respaldando esta importante condena”.

Cómo desapareció Etan Patz y por qué el caso conmocionó al país

El caso se remonta al 25 de mayo de 1979, cuando Etan Patz salió de su casa en el barrio neoyorquino de SoHo para recorrer solo dos cuadras hasta la parada del autobús escolar. Era la primera vez que hacía ese trayecto sin compañía.

Antes de salir, el niño le dijo a su madre, Julie Patz: “Está okey mamá, puedo hacerlo solo”. Llevaba un bolso con elefantes, una gorra de Eastern Airlines y un dólar para comprar una bebida en el camino.

Etan nunca subió al autobús ni llegó a la escuela. La alarma familiar se activó horas después, cuando no regresó a casa por la tarde y Julie comprobó en una ronda de llamadas que su hijo no había aparecido en ningún punto del trayecto.

La policía movilizó a 100 agentes con perros, mientras helicópteros sobrevolaban la zona y la casa de los Patz se convertía en centro de operaciones para investigadores, voluntarios y periodistas.

Tres días después, Julie Patz lanzó un pedido público dirigido a quien pudiera tener al niño: “Deseo que esté con alguien que lo cuide… Yo no quiero lastimarte ni juzgarte, no importa quién sos, sólo quiero que lo traigas a casa”.

La desaparición generó una atención pública inmediata y, junto con el asesinato de Adam Walsh dos años más tarde, marcó una etapa de mayor cautela entre padres de todo Estados Unidos, según The New York Times. La imagen del niño apareció en cartones de leche, paradas de autobús, escuelas, aeropuertos y otros espacios públicos.

Décadas de pistas fallidas y un caso sin cuerpo

Durante años, los investigadores de Manhattan no lograron determinar qué había ocurrido y el cuerpo de Etan jamá apareció. En 2001, las autoridades lo declararon legalmente muerto.

Uno de los primeros sospechosos fue José Ramos, vinculado de forma indirecta a la familia porque era pareja de una mujer que había cuidado al niño.

Ramos, que cumplía condena en una cárcel de Pensilvania por abusar de otro menor, siempre negó haber secuestrado a Etan y nunca enfrentó cargos por falta de pruebas.

En el año 2000 los investigadores excavaron durante ocho horas en el sótano de un edificio donde Ramos había vivido. Hallaron huesos, pero los peritos concluyeron que pertenecían a mascotas.

En 2012, mientras las autoridades examinaban otra línea de investigación sobre un obrero llamado Othoniel Miller, surgió el dato que cambiaría la investigación. Hasta entonces, el expediente acumulaba sospechas, búsquedas y reconstrucciones sin una respuesta definitiva.

La confesión de Pedro Hernández y las dudas de la defensa

El giro llegó cuando un hombre llamó a las autoridades y dijo que su cuñado, Pedro Hernández, le había contado que había matado a un niño en Manhattan. A partir de esa pista, agentes de la policía de Nueva York fueron a buscar a Hernández a Camden, Nueva Jersey.

Tras unas siete horas de interrogatorio, Hernández confesó primero antes de recibir la advertencia de sus derechos y dos veces más después. Hernández contó que atrajo al niño con la oferta de una bebida para hacerlo entrar en la bodega donde trabajaba, en la esquina de Prince y West Broadway.

Hernández dijo que llevó a Etan al sótano, lo asfixió y después ocultó el cuerpo en una bolsa, entre hielo de un congelador y más tarde en una caja que dejó en la basura a dos cuadras del lugar. También dijo que no sabía por qué lo había hecho y que había sentido “el deseo de matar”.

La investigación no encontró pruebas científicas que vincularan a Hernández con el crimen, según The New York Times. Aun así, una referencia sobre una puerta que no estaba en el lugar en 1979 convenció a los detectives de que conocía detalles internos de la bodega.

La defensa sostuvo que las confesiones no eran fiables y que Hernández las había inventado para apaciguar a la policía. Sus abogados alegaron que las declaraciones derivaban de su bajo coeficiente intelectual y de delirios psicóticos.

De los jurados divididos al fallo final de la Corte Suprema

El primer juicio contra Hernández, en 2015, terminó sin veredicto después de 18 días de deliberaciones, según The New York Times. El segundo comenzó en octubre de 2016 y concluyó en febrero de 2017.

El jurado del segundo proceso declaró culpable a Hernández tras nueve días de deliberaciones, según The New York Times. El juez Maxwell Wiley dictó sentencia el 14 de abril de 2017 y fijó una pena de 25 años a cadena perpetua.

En medio de ese proceso, el entonces fiscal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. afirmó: “La desaparición de Etan Patz persiguió a las familias de Nueva York y a las de todo el país por casi cuatro décadas”. Durante el juicio, el padre de Etan Patz dijo: “Ya sé cómo es la cara del diablo”.

La disputa jurídica posterior giró sobre las instrucciones que Wiley dio al jurado sobre confesiones en serie. Según The New York Times, cuando los jurados preguntaron si debían descartar una confesión posterior si consideraban involuntaria la primera, el juez respondió con una sola palabra: “No”.

El Segundo Circuito entendió después que Wiley debía haber explicado mejor un precedente de la Corte Suprema sobre ese tipo de confesiones y anuló la condena. La Corte Suprema respondió el lunes que ese tribunal federal había ido más allá de su autoridad, porque la ley aplicable no permite revisar una condena estatal a partir de su propia valoración sobre la fiabilidad de las pruebas.

Durante años, el caso se volvió un símbolo nacional de los niños desaparecidos y empujó cambios públicos y privados, desde campañas de búsqueda hasta nuevas rutinas de cuidado.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación solicitó una condena de 14 años de prisión para el productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, quien será juzgado por presuntamente organizar y financiar una red de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos.

Durante la audiencia celebrada este viernes, la acusación planteó que las operaciones se habrían realizado desde campos de Airaldi, donde habría funcionado una pista de aterrizaje clandestina. Esta misma habría sido empleada para el arribo de avionetas con cocaína y la partida de lanchas destinadas a la distribución de la droga.

El pedido fue formulado durante el alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona. El tribunal estuvo integrado por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Fiscales, los representantes del Ministerio Público Fiscal reclamaron condenas de entre 3 y 7 años de prisión para otros ocho imputados vinculados a la organización narcocriminal que también están siendo juzgados junto con el productor rural.

Como agravantes en el caso de Airaldi, la acusación señaló la cantidad y variedad de estupefacientes incautados, el uso de aeronaves para tráfico transnacional, la violencia desplegada para sostener la organización y la posibilidad de que hubiera obtenido recursos por vías lícitas debido a la actividad que desempeñaba en el mundo agropecuario.

De la misma manera, se solicitó el decomiso de la estancia El Mirador, propiedad del principal acusado, al considerar que fue utilizada como instrumento para la comisión del delito, por su extensión, ubicación estratégica sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar.

Por su parte, Airaldi presenció el alegato fiscal por vía llamada desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El acusado se encuentra alojado allí desde febrero de 2026 bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), ya que también es investigado en otra causa por la presunta planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Durante su alegato, el fiscal general Candioti sostuvo que la responsabilidad de Airaldi quedó demostrada con la prueba reunida en el debate oral. Explicó que la investigación comenzó en 2019, cuando el Juzgado Federal de Paraná encargó tareas de inteligencia a la Prefectura Naval Argentina, tras denuncias de vecinos sobre actividades de narcotráfico en un campo vinculado a Airaldi.

En esa oportunidad, los vecinos habían indicado la existencia de una pista de aterrizaje clandestina, información que luego fue corroborada mediante registros con drones y fotografías que documentaron movimientos de aeronaves en el predio.

De manera paralela, la Policía de Entre Ríos investigó a Airaldi y recogió testimonios sobre movimientos nocturnos inusuales, la salida de embarcaciones y la existencia de la pista. Además, la propia fuerza informó al juez federal que Airaldi contaba con “una protección dentro de la misma policía”.

Por otro lado, las investigaciones federales de Paraná y Santa Fe coincidieron en vincular al productor rural con el comercio de estupefacientes. En una causa acumulada en Santa Fe, la Policía Federal advirtió sobre la protección policial que le permitía moverse sin riesgo por la zona. Entre las pruebas destacadas figura el secuestro de 29,5 kilogramos de cocaína en 2022 en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe, hecho considerado parte de la estructura criminal investigada.

En este sentido, los fiscales apuntaron que la prueba producida permitió acreditar que Airaldi habría ejercido funciones de organización, financiamiento y control territorial, recurriendo a mecanismos violentos para sostener la actividad ilícita. Por esto, sostuvieron que del análisis de las comunicaciones su rol fue identificado como quien impartía directivas y coordinaba la estructura, lo que habría confirmado así su condición de organizador y financista.

Las intervenciones telefónicas y mensajes recuperados de celulares secuestrados a los imputados fueron valorados como evidencia central, ya que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y el uso de un lenguaje codificado. Además, se identificaron términos como “lomo”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, utilizados para referirse a drogas, enmascarando las conversaciones dentro de un contexto agropecuario.

De hecho, en una de las comunicaciones se mencionaba que “los maples van a llegar a Gaboto”, en alusión al traslado de estupefacientes. En otra, se hablaba de un “novillito lastimado”, expresión asociada a un paquete de cocaína dañado. También se registró que uno de los involucrados refirió haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”, expresión que fue interpretada como una referencia a actividades ilícitas.

Al finalizar la exposición, los fiscales solicitaron condenas como coautores para Juan Andrés Erbes (7 años), Sebastián Agustín Armocida (6 años y 4 meses) y Roberto Fabián Coronel (6 años). Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente, contemplando para Touzet una perspectiva de género en función de su declaración durante el debate.

En el caso de Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, se les atribuyó un papel menor en la organización y se solicitaron penas de 3 años y 2 meses para el primero y 3 años de ejecución condicional para los dos últimos.

El juicio comenzó el 3 de marzo y, en trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, incluidos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Está previsto que las audiencias continúen el 1, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. Mientras tanto, el veredicto se dará a conocer el 13 de agosto.

La jueza Florencia Alfonso, a cargo del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores de La Rioja, procesó a una pareja por el crimen de un niño de 12 años cometido en 2024.

Los imputados son la media hermana del menor, Brisa Soria y su pareja, Mauricio Vergara (en aquel entonces ella tenía 17 y él 21 años). Ambos están acusados de ser los coautores del homicidio agravado por alevosía de Emir Paz, en la localidad de Vichigasta.

Por la resolución de la magistrada podría caberle a los dos acusados una pena de prisión perpetua. A esta medida, se sumó la prisión preventiva para ambos y el embargo preventivo sobre sus bienes.

El cuerpo de Emir fue hallado sin vida el 25 de febrero de 2024 en su propia vivienda del barrio San Pablo. Tenía una herida de arma blanca en el cuello y la autopsia determinó que murió por un shock hipovolémico. Los investigadores constataron que la muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada de ese día.

En un primer momento, la hipótesis apuntó a que se trataba de un homicidio en ocasión de robo, pero poco después la investigación se corrió de eje. Las autoridades supieron que el niño —quien estaba bajo el cuidado de la procesada— había recibido una puñalada al intentar defender a su hermana durante una discusión con su novio. Esa versión fue la que finalmente avaló la jueza Alfonso al dictar el procesamiento.

El fallo se apoyó en un cuerpo probatorio que la Fiscalía y la querella consideraron sólido. Los informes forenses de ADN confirmaron la presencia de rastros genéticos de ambos sospechosos en la escena del crimen y en relación con la víctima. A eso se sumó el análisis de más de 100 fojas de registros de comunicaciones, que permitió reconstruir los movimientos de los imputados en las horas posteriores al hecho.

“Las coartadas presentadas por los imputados, quienes intentaron argumentar que se trató de un hecho de robo, fueron totalmente desvirtuadas por pruebas y elementos contundentes”, afirmó el abogado querellante Ricardo Chamia, de acuerdo al portal de noticias Nueva Rioja.

Durante la audiencia indagatoria, la familiar de la víctima—trasladada desde la ciudad de Belén, provincia de Catamarca— brindó una breve declaración, mientras que Vergara optó por guardar silencio, amparado en su derecho constitucional.

Según indicó Medios Rioja, del proceso participaron el abogado defensor Rafael Ocampo, en representación de Vergara, y la letrada Carolina Elizondo, por parte de Soria. Ahora, la defensa tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara, aunque desde la querella se mostraron confiados en que la medida será ratificada. “Este procesamiento es el resultado que esperaba la comunidad de Vichigasta”, señaló Chamia.

Con esta decisión, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio oral. Se espera que en los próximos meses la Justicia riojana fije las fechas para la instancia de debate público, donde también se buscará determinar el móvil preciso del crimen.

En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, el letrado se refirió al hecho que terminó con la muerte del niño y apuntó contra Soria. “No sabemos qué desencadena la situación, pero sí que él quiso defenderse. Fue brutal porque ellos quisieron ocultar lo que habían hecho”, explicó Chamia en La Red La Rioja.

“Nunca imaginé tener que escribir esto tan triste con uno de mis niños, mi querido Emir”, había escrito la maestra del nene asesinado tras conocer la noticia, y manifestó: “Es una aberración lo que sucedió. Por Dios. No solo te mataron físicamente, sino tu alegría, tus ganas de vivir, tu pasión por tu Boca querido, tus sueños, tus deseos, tus proyectos. Dejaron a una familia sin su hijo, a su seño sin su alumno, a sus amigos sin Emir, a su pueblo sin un hermoso adolescente”, decía la publicación en las redes sociales.

Esa misma noche los vecinos de Vichigasta y de la localidad de Chilecito salieron a marchar en reclamo de Justicia. La concentración terminó frente a la comisaría de la ciudad y se extendió hasta altas horas de la noche.

Al día siguiente, el padre del niño habló con un medio local y reconoció que por entonces circulaban múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, aunque admitió que la familia todavía no tenía certezas. Sobre la línea que apuntaba al novio de su hija, fue cauto: “Al novio de mi hija, nunca lo vi agresivo. No sé qué pasó”, dijo.

El comisario Hugo Escudero decía sobre lo ocurrido: “Estamos ante un hecho aberrante, que nos indigna y nos duele a todos. No vamos a descansar hasta encontrar al culpable y ponerlo a disposición de la Justicia”.

Un hombre enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión tras ser acusado de nueve violaciones a las hijas de su ex pareja en Villa Mercedes, provincia de San Luis. El expediente fue elevado a juicio oral, por lo que todavía queda pendiente definir la fecha de las audiencias.

Los hechos investigados ocurrieron cuando las menores —de menos de 12 y 5 años al momento de los ataques— se encontraban bajo la custodia del acusado. Según consta en el expediente, la denuncia fue radicada por la madre de las víctimas, lo que agrava la situación procesal del imputado.

La mujer presentó la denuncia luego de que detectara presuntas situaciones de abuso, lo que dio lugar a la apertura de la causa judicial. Según la hipótesis de la Fiscalía, los ataques habrían ocurrido de manera continuada durante el tiempo en que las nenas vivían bajo el mismo techo que el acusado.

De acuerdo con la información publicada por Diario de la República, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 20 años de prisión para el procesado, calificando los hechos como abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con las víctimas. Además, la acusación consideró que la reiteración de los ataques y la edad de las damnificadas como agravantes centrales.

Por su parte, la defensa del acusado cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía, tras haberla calificado de “exagerada”. A pesar de esto, la elevación a juicio ya fue confirmada y resta únicamente que el tribunal fije la fecha para el inicio del debate oral.

Actualmente, el imputado permanece detenido en la cárcel provincial a la espera del proceso. La resolución definitiva sobre la responsabilidad penal y la eventual condena será determinada por el tribunal que quede a cargo de la celebración del juicio oral.

Un docente abusó de nueve alumnos, pero fue condenado a cuatro años de prisión

El docente José Naim Jofré Emin fue condenado a cuatro años de prisión en Mendoza tras confesar ante la Justicia que abusó sexualmente de nueve alumnos de entre 11 y 13 años en la escuela primaria Rubén Darío de El Desaguadero, donde trabajó entre 2022 y 2024. El caso salió a la luz a mediados de 2024 durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI).

La sentencia, dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°1 de la tercera circunscripción, recayó sobre nueve hechos de abuso sexual simple agravado por la condición de encargado de la educación, todos en concurso real. El acusado tenía 37 años y admitió los hechos en una audiencia preliminar al juicio oral, tras un proceso que incluyó la denuncia inicial de otra maestra y la investigación penal correspondiente.

Todo comenzó cuando un estudiante relató en una clase de ESI lo que ocurría y señaló directamente al docente como responsable, lo que derivó en la denuncia de los padres de un total de nueve víctimas. La denuncia original fue presentada de forma online por una colega del acusado.

Según la investigación, el patrón de conducta se repetía: los estudiantes acudían al escritorio del maestro para hacer consultas o pedir ayuda con las tareas, y en esos momentos, Jofré Emin los tocaba en las manos, las piernas y las partes íntimas, conforme relataron las víctimas.

El caso incluyó también un esquema de manipulación psicológica atribuido al docente. Les decía a los estudiantes frases como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”. En uno de los episodios más graves, obligó a una alumna a mirar un video pornográfico bajo amenaza de no permitirle izar la bandera si se negaba.

De la misma manera, descubrieron que el docente habría utilizado un relato sobre un supuesto maestro malinterpretado para evitar que los estudiantes hablaran, solicitando explícitamente que no malinterpretaran sus abrazos.

Este planteo generó un pacto de silencio entre los alumnos: “Si habla uno, hablamos todos”. A raíz de esto, las víctimas intercambiaron notas en clase describiendo los abusos, lo que finalmente permitió que las autoridades tomaran conocimiento de la situación.

Cuando se recibieron las primeras denuncias, Jofré Emin fue citado por la Justicia, pero en ese momento solo se le tomó una declaración informativa debido a la falta de pruebas suficientes. Posteriormente, al sumarse nuevas denuncias y declaraciones en Cámara Gesell, el docente abandonó Mendoza y se trasladó a Tierra del Fuego.

El 14 de agosto de 2025, personal de la División Delitos Complejos detuvo a Jofré Emin en la ciudad de Río Grande, tras la solicitud de captura realizada por el fiscal de la causa. El acusado fue trasladado a Mendoza y puesto a disposición del fiscal de La Paz-Santa Rosa, Héctor Gustavo Rosas, quien lo imputó y ordenó su alojamiento en un penal provincial.

Casi diez meses después, el docente confesó los abusos en una audiencia preliminar, reconociendo ante el juez Armando Martínez los hechos denunciados por los padres de los menores. En esa instancia, la defensa y la fiscalía acordaron cerrar la causa mediante un juicio abreviado final, que fue homologado por el magistrado.

Después de que recibiera una pena de cuatro años de prisión por los delitos cometidos, según el sitio MDZ, algunos familiares de las víctimas manifestaron su descontento con el fallo, al considerar insuficiente la condena impuesta al docente.

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata rechazó los planteos de nulidad de la defensa de Facundo Carro y determinó que el hombre condenado por integrar la “Banda del Millón”, que se dedicaba al robo de departamentos en la ciudad balnearia, sea llevado a juicio por un hecho similar cometido en 2025.

En aquel entonces, junto a otros tres individuos, sustrajo 800 mil dólares de la vivienda de una jubilada mientras gozaba del beneficio de libertad asistida. Este miércoles, el Tribunal de Apelación descartó el pedido de sobreseimiento, con lo que la causa quedó habilitada para llegar a debate oral.

La condena anterior había llegado por los asaltos cometidos por la“Banda del Millón" de la ciudad balnearia entre 2022 y 2023. En febrero de ese año, se entregó y posteriormente fue sentenciado tras un juicio abreviado.

Pero el 20 de enero de 2025, Carro recuperó la libertad, bajo el régimen asistido y un mes después, según la acusación fiscal, volvió a actuar. De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía y la información recabada por el portal La Capital de Mar del Plata, el 4 de marzo alrededor de las 15.24 un Citroën Cactus negro llegó al edificio Topacio, ubicado en Alsina al 2900, en Mar del Plata. A bordo viajaban Carro, Franco L. —quien permanece en prisión preventiva— y un tercer hombre que todavía no fue identificado. El ingreso se produjo por la cochera mediante utilizando un control remoto.

Estando dentro del edificio, dos de los tres hombres subieron al segundo piso y esperaron a que una mujer de 87 años regresara a la vivienda. Cerca de las 17.30, los acusados interceptaron a la jubilada, la obligaron a entrar por la fuerza, la maniataron de pies y manos y amordazaron. Tras revisar el departamento, lograron abrir una caja fuerte de la que sustrajeron aproximadamente 800 mil dólares y 100 mil pesos.

Luego de concretar el golpe, se dieron a la fuga en el mismo autocon el que habían llegado, mientras un tercero abandonó el edificio con una llave magnética. Horas después, el rodado apareció totalmente carbonizado en la intersección de Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, donde los bomberos lo hallaron incendiado.

Una semana más tarde, en el marco de un proceso judicial completamente distinto por otro robo, los investigadores interceptaron una conversación telefónica entre un detenido alojado en una unidad penitenciaria de Río Negro y otro hombre que luego fue identificado. En ese diálogo, surgieron referencias al control remoto de la cochera, al acceso al departamento y a la distribución del botín. Los interlocutores precisaron que el monto real rondaba los 820 mil dólares y que el dinero se dividió entre cuatro personas.

Con ese conjunto de indicios el fiscal Moyano requirió la elevación a juicio de la causa. La Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión al rechazar todos los planteos presentados por la defensa.

El robo en 2023

Carro y A. S. se habían entregado voluntariamente a la justicia a principios de 2023 junto a otro integrante de la organización, cuando la investigación sobre la "Banda del Millón" comenzaba a cerrarse sobre el grupo.

Ambos se presentaron acompañados por su abogado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Desde allí, la Justicia dispuso su traslado a la Unidad Carcelaria 44 de Batán para que fueran indagados por el fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

La banda era investigada por al menos cuatro de estos delitos cometidos en un lapso de seis meses en departamentos del macrocentro y de la zona de Playa Grande. El botín acumulado superaba el millón de dólares, 42 millones de pesos, además de alhajas y joyas. El primer hecho se registró el 28 de julio de 2022 en un edificio de Moreno al 3000; días después, la misma organización volvió al mismo domicilio mientras sus ocupantes estaban de viaje.

El modo de operar de la banda incluía tareas de inteligencia previas para identificar propietarios con grandes sumas de dinero en sus viviendas, y la clonación de llaves para acceder a los edificios. “Hay filmaciones de cámaras de seguridad que muestran a distintos integrantes de la banda merodeando la zona los días previos a cometer los ilícitos”, explicó el fiscal Berlingeri sobre la investigación que se llevó a cabo en aquel momento.

El TOF tomó la decisión de suspender la audiencia del día siguiente y retomar el juicio con la apertura del debate el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana. La razón es que uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se había presentado a la primera audiencia. Fue declarado en rebeldía y ordenada su detención.

Horas después reapareció con un nuevo abogado que tenía tantas condiciones para aceptar el patrocinio que fue descartado por el Tribunal. Ahora será defendido por Juliana Machado, abogada de la Defensoría Pública. A la letrada se le concedieron las 72 horas para que se ponga al corriente del caso que prevé la normativa.

El juzgado federal que interviene en la causa por la desaparición del menor tiene un problema material en su integración. Solo uno de sus miembros es de Corrientes. Se trata de su presidente Fermín Cerolini. Uno de los vocales, Eduardo Belforte, es de Formosa, y el restante, Simón Pedro Bracco, es de Río Negro. Además de este caso, tienen despacho que atender en sus jurisdicciones lo que se suma a que deben viajar.

Cuándo declararían los imputados y los testigos

El juicio se retomará el día 24 por la mañana. Con el debate abierto, deben resolverse primero temas formales. Luego, quedaría habilitada la posibilidad de que los imputados amplíen sus indagatorias.

Una de las declaraciones más esperadas es la de Laudelina Peña, la tía de Loan. Se sospecha que tuvo un rol importante en la desaparición del niño de 5 años aquella tarde del 13 de junio de 2024.

Su abogada, Mónica Chirivin, adelantó al diario correntino Época que su defendida “va a hablar y contestará preguntas”. “Ella no es responsable de la sustracción de Loan y va a hablar en el juicio”, agregó.

Al respecto, la Fiscalía tiene expectativas que estos dichos sirvan para acercarse al fondo de la cuestión: qué pasó con Loan. Si Laudelina y los demás acusados aceptan preguntas de las otras partes “entendemos que podremos indagar a fondo sobre qué pasó, cómo fue, qué hicieron y por qué. Eso puede llegar a tener una respuesta” dijo a Infobae el fiscal de la causa, Carlos Schaefer.

— ¿Alguno podría quebrarse? - preguntó este medio.

— Si responden las preguntas, tengo la esperanza, porque trabajo con esa idea, de que pueda ser así — respondió el titular de la acusación pública.

Quien no declarará es Mónica Millapi. Así lo anticipó en la segunda jornada de juicio su defensor Roberto Hanson. La mujer, que acompañó al menor al naranjal de donde nunca regresó, está en Neuquén con arresto domiciliario, usa tobillera electrónica y se conecta por videollamada con el TOF.

Una vez que se supere esa fase, comenzarán las testimoniales. Los primeros en declarar serán José Peña y María Noguera, los padres de Loan. La exposición de ambos no tiene fecha. La abogada querellante que los representa, María Russo Cornara, inquirió al Tribunal cuándo sería. El presidente del cuerpo no pudo responder, dado que antes deben cumplirse etapas formales. Los progenitores del niño están en la localidad de 9 de Julio, a 176 km de la capital provincial.

La intención es que puedan explayarse tranquilos y que cuenten la mayor cantidad de detalles posibles.

Luego será el turno de Mariano, hermano del chiquito desaparecido. Para más adelante, están listados los otros hermanos: Cristian Ramón; Alfredo Maximiliano; José Omar; César Iván y Fernando.

En una etapa posterior se sumarán las testimoniales de Camila Núñez (prima de Loan y la que desbarató las falsas pistas del botín y del accidente que intentó plantar Laudelina) y Macarena Peña (hija de Laudelina).

También lo harán Catalina Peña, la abuela que organizó el almuerzo en donde no se supo nada más del niño, y los tíos Alberto y Ceferina Noguera.

Qué aspectos formales deben completarse antes

Para llegar a escuchar las indagatorias y testimoniales, el juicio deberá superar dos etapas previas.

Una es la identificación de los imputados, con sus datos personales completos. Para este paso, el Tribunal pidió que estén todos presentes en la sala. La excepción es Millapi, que además de la prisión preventiva y la tobillera electrónica que porta, es responsable de hijos menores. A ella se le permitirá asistir vía videoconferencia.

A la otra se la denomina «cuestiones preliminares».

Incluye planteos de nulidad de aspectos del proceso. Hay defensas que anticiparon “observaciones” a diferencias materiales entre el requerimiento formal de elevación a juicio que elaboró Fiscalía y la síntesis que se leyó en las audiencias.

También contempla reclamos de las partes, como la incorporación de pruebas que fueron rechazadas en instancias anteriores. La defensa de Laudelina anticipó que bregará por una testimonial que fue descartada durante la investigación.

Destrato y agravios de género

No todas las novedades que podrían aparecer en el caso están contenidas dentro del expediente.

Durante el duro y por momentos virulento debate se produjeron dos situaciones que podrían traer consecuencias formales y materiales.

El esquema de un juicio tiene dos bandos: la acusación, donde está la Fiscalía y la querella particular, y las defensas. Más allá de los intereses contrapuestos, las normas éticas de conducta de los abogados y el propio código ponen límites a la virulencia. El juego de partes contiene también la idea de desestabilizar al adversario y congraciarse con el Tribunal.

Durante la segunda jornada del juicio, el abogado jugó al fleje de la divisoria entre lo tolerable y no. Tuvo dos cruces fuertes con Fiscalía. Uno por la mañana y otro por la tarde. En ambos, la acusación pública pidió al TOF que intervenga ante lo que consideró agravio personal.

El primer choque fue con el fiscal Schaefer. Al abrirse la jornada, cuestionó sus capacidades por “dilatar” el debate, la parte sustancial del juicio, y por decir una cosa ante los medios y otra en el recinto.

Al cierre fue más allá: lo trató de “asalariado”. La cuestión en debate era si los abogados defensores podían o no participar vía videoconferencia de las etapas que se vienen. Baqué dijo que a diferencia de Schaefer, que es empleado del Ministerio Público, los abogados privados deben participar en otros juicios. Y no solo en el que se desarrolla en Corrientes.

Pero el punto más oscuro de sus intervenciones no fue ese.

Durante la mañana, la fiscal Tamara Pourcel tomó el micrófono a fin de objetar algo que Baqué decía. Ella es una de las dos fiscales autorizadas por el TOF para intervenir en el juicio. Entonces, el defensor particular dijo desde el otro lado de la sala: ‘No sé quién es esta señora que me habla’. Con esa sentencia, minimizó a Pourcel y su papel en la causa. Ni siquiera la miró al pronunciar la frase. Su vista estaba clavada en el estrado del Tribunal.

La funcionaria judicial no entró en el juego y se presentó con nombre y apellido. Pero su contestación no tuvo eco. Cabe destacar que las partes están identificadas desde el primer momento en el proceso judicial. Por la tarde, la escena se repitió con las calificaciones de Baqué hacia los fiscales, Schaefer y Pourcel, e intentó pedir al Tribunal que intervenga. “No sé quién es esta señora que me habla”, reiteró obviando la información que constaba en la causa y lo que la fiscal le había contestado horas antes.

Ambas situaciones podrían ser causal de una acción por falta a la ética profesional prevista en el trato entre abogados. Esto no es solo algo que prevé la colegiación de los letrados, sino incluso el Código de procedimiento. Además, en el caso de Pourcel, podría sumarse un planteo por violencia de género.

Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, se encuentra en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para establecer un acuerdo que evite la realización de un juicio en su contra.

Durante la audiencia de revisión, realizada este 17 de junio en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el fiscal en jefe, Francisco Navarro, dio a conocer que la defensa del narcotraficante mantiene conversaciones con las autoridades de ese país para lograr una salida alterna al proceso en su contra, en el que enfrenta cargos por narcotráfico y el asesinato del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

Sin embargo, detalló que hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto, ya que implicaría un cambio en su declaración de no culpabilidad.

El Narco de Narcos fue presentado en la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta naranja y un traje color café. Junto a él estaba su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, con quien comparte su proceso legal.

Próxima audiencia de Caro Quintero será el 1 de octubre de 2026

Durante la audiencia, los fiscales confirmaron la solicitud de que ciertas pruebas del caso sean protegidas al considerarse termas de seguridad nacional, así como que las identidades de los jueces se mantengan bajo anonimato y sean traslados por alguaciles.

La petición se llevó a cabo debido a que se consideró que el narcotraficante podría interferir en el juicio, así como para garantizar un juicio imparcial sin intimidaciones.

El juez Frederick Block consideró prematura la petición, pero fijó para el próximo 1 de octubre de 2026 la realización de la siguiente audiencia de revisión del proceso y para dar respuesta a la solicitud.

Cabe señalar que tanto la defensa como los fiscales estadounidenses deberán alcanzar un acuerdo previo a que se aproxime la fecha tentativa para el inicio del juicio en contra de Caro Quintero, establecida para el 8 de marzo de 2027.

De acuerdo con reportes, la audiencia de Caro Quintero tuvo una duración de cerca de 10 minutos en la que no realizó ningún comentario y se limitó a escuchar.

Entregado a EEUU en un paquete de 29 narcos

Caro Quintero fue entregado a las autoridades estadounidenses en un paquete de 29 narcotraficantes en febrero de 2025. Al llegar a ese país, le fueron colocadas las esposas de Enrique “Kiki” Camarena y se anunció que el agente al fin tendría justicia por su asesinato.

“Al procesar a estos acusados en la máxima medida permitida por la ley, honramos la memoria del agente especial Camarena, el sheriff adjunto Byrd y otras víctimas que son demasiado numerosas, así como décadas de arduo trabajo en las trincheras por parte de nuestros socios en la aplicación de la ley”, aseguró Dereck S. Maltz, administrador de la DEA.

Desde entonces, el narcotraficante se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, en donde también se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, y más recientemente Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Aunque a su arribo a Estados Unidos las autoridades dijeron que solicitarían la pena máxima para Rafael Caro Quintero -que incluía la pena de muerte-, en agosto de 2025 el fiscal Joseph Nocella Jr. desistió de solicitar esta sentencia contra él.

La defensa acusó en meses pasados que el narcotraficante permanece prácticamente incomunicado en una celda pequeña y en condiciones de frío, asegurando que ponía en riesgo su estabilidad psicológica.

Al respecto, la fiscalía estadounidense sostuvo que las medidas eran necesarias para evitar que mantenga contacto con el exterior y pueda dirigir actividades delictivas desde prisión. Actualmente no han realizado nuevas declaraciones al respecto.

El juicio en Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, se podría realizar con un jurado anónimo y con pruebas protegidas por tratarse de temas de seguridad nacional luego de que el Departamento de Justicia de ese país así lo solicitó.

Con esto, se busca que las 12 personas que integren el jurado -y que tendrán la responsabilidad de determinar la culpabilidad del narcotraficante- se mantengan en el anonimato, no se revelen sus domicilios ni lugares de trabajo, así como que sean transportados de manera diaria por alguaciles federales y se mantengan separados del público.

Además, se solicitó que sea considerada la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de que las partes sensibles de documentos sean eliminadas o sustituidas por resúmenes para evitar exponer datos.

De “El Chapo” Guzmán a Genaro García Luna: los otros mexicanos que llevaron un proceso con jueces anónimos

Esta petición no es la primera que se emite para procesos en contra de mexicanos, ya que en años anteriores sucedió con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, y con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Fue en febrero de 2018 cuando el juez, Brian Cogan, determinó que el jurado que definiría el destino de “El Chapo” tendría su identidad resguardada, así como sus domicilios y lugares del trabajo, además de que serían transportados hasta la corte por alguaciles para proteger su privacidad.

La decisión se tomó debido a que Guzmán Loera era considerado peligroso y ante el interés mediático que provocaría su juicio. Aunque la defensa del narcotraficante se oponía a que el jurado fuera anónimo, Cogan determinó que era otra de las razones por las que sí debía aplicarse.

El 12 de febrero de 2019, “El Chapo” fue condenado a cadena perpetua más 30 años luego de un juicio de tres meses al estar acusado de 10 cargos, entre ellos por narcotráfico, uso de arma de fuego, entre otros.

En julio de 2022, el juez Brian Cogan también anunció que el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se realizaría con un jurado anónimo para evitar posibles represalias.

Y es que el exfuncionario fue acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa al recibir sobornos. De acuerdo con los fiscales, se contaba con grabaciones en las que se le escucha hablar en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular testigos.

Fue el 16 de octubre de 2024 cuando Cogan dictó una sentencia de 38 años de prisión para Genaro García Luna por cuatro cargos que involucraban vínculos con el narcotráfico, participación en una organización criminal continua y falsedad de declaraciones ante las autoridades estadounidenses. Además, le incluyeron una multa por 2 millones de dólares y 5 años de libertad condicional.

Juicio contra Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027

Rafael Caro Quintero fue entregado a los Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete que incluyó 28 narcotraficantes más, esto pese a que contaba con un amparo que evitaba su extradición.

Al llegar a ese país, le fueron colocadas las esposas del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, por cuyo secuestro, tortura y asesinato se le acusa a Caro Quintero.

El Narco de Narcos enfrenta cargos por uso de armas de fuego, tráfico de drogas, narcotráfico y el homicidio del exagente de la DEA.

Será en una audiencia del próximo 1 de octubre de este año cuando se defina si el juicio en su contra contará con jueces anónimos y pruebas confidenciales para garantizar un proceso imparcial. En tanto, se tiene previsto que sea el 8 de marzo de 2027 cuando el proceso de enjuiciamiento comience.

Lo que vieron fue una Ford Bronco blanca circulando a baja velocidad por las autopistas de Los Ángeles, California, Estados Unidos, con una veintena de patrulleros detrás y helicópteros encima.

Todo comenzó en la noche del domingo 12 de junio de 1994. La policía llegó al condominio del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, después de que vecinos siguieran al perro de Nicole Brown Simpson —un akita blanco que deambulaba solo con las patas ensangrentadas— hasta la entrada de la propiedad.

La noche del crimen

Ahí encontraron los cuerpos de Nicole y de su amigo Ron Goldman. Los habían apuñalado y degollado. Adentro de la vivienda dormían los dos hijos de Nicole y de su exmarido, el afamado jugador de fútbol americano Orenthal James Simpson: una nena de nueve años y un nene de seis.

Goldman había ido esa noche a devolver unos anteojos que la madre de Nicole había olvidado en el restaurante Mezzaluna, donde él trabajaba como mozo. Nicole había cenado ahí horas antes, junto a familiares y amigos, después del recital de danza de su hija. Simpson estaba en Chicago cuando se descubrieron los cadáveres. Voló de regreso a Los Ángeles al día siguiente.

Antes de que Simpson regresara, los detectives que fueron a notificarle la muerte de Nicole encontraron algo en su mansión de la calle Rockingham: su camioneta Ford Bronco estacionada en un ángulo extraño, con manchas de sangre en la puerta. Eso les dio motivo para solicitar una orden de allanamiento.

Dentro de la propiedad hallaron más rastros de sangre: en el camino de entrada y en el interior del vehículo. El detective Mark Fuhrman encontró además un guante de cuero ensangrentado detrás de una de las casas de huéspedes. El guante parecía ser el par del que se había hallado junto al cuerpo de Goldman en la escena del crimen.

Las pruebas de ADN tardaron días en procesarse. El 17 de junio de 1994, hace 32 años, llegaron los resultados finales y los detectives recomendaron imputar a Simpson por dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia agravante de homicidio múltiple.

La cronología de la persecución

A las 08:30 de esa mañana, el Departamento de Policía de Los Ángeles notificó al abogado defensor Robert Shapiro que su cliente debía entregarse ese mismo día.

Simpson había pasado la noche del 16 al 17 de junio en la casa de su amigo Robert Kardashian, en el Valle de San Fernando. Shapiro llegó a las 09:30 con la noticia: la entrega debía producirse antes de las 11:00, una hora después de que se formalizaran los cargos.

Simpson dijo que estaba dispuesto a entregarse. La policía, convencida de que alguien de su perfil no intentaría fugarse, accedió a postergar la hora de entrega hasta el mediodía para que pudiera ver a un especialista en salud mental. En los días previos había mostrado señales de depresión: había actualizado su testamento, llamado a su madre y a sus hijos, y redactado tres cartas selladas. A las 11, más de 1.000 periodistas esperaban en la sede central de la policía. Simpson no apareció.

Lo que nadie sabía en ese momento era que Simpson ya estaba en movimiento. Él y Cowlings, excompañero suyo en la universidad y en la NFL, habían subido a la Bronco y circulaban por la Interestatal 405.

A la 13:50, el comandante Dave Gascon, vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles, declaró ante las cámaras. “El señor Simpson es un fugitivo de la justicia en este momento”, dijo. La policía emitió también una orden de arresto contra Al Cowlings por encubrimiento.

A las 17, Kardashian se paró ante un micrófono en la conferencia de prensa y leyó la carta que Simpson le había dejado. La dirigía “a quien corresponda” y arrancaba con una negación: “Primero, que todos entiendan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole”.

La carta de O.J.

Hacia el final, la carta decía: “No puedo seguir. Pase lo que pase, la gente me señalará. No puedo soportar eso”. Y cerraba: “No sientan lástima por mí. He tenido una gran vida, grandes amigos. Piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida”.

Shapiro confirmó a los periodistas que tanto él como los psiquiatras de Simpson interpretaban la carta como una nota de suicidio. La madre de Simpson se descompensó al escucharla.

El 17 de junio de 1994, O.J. Simpson no se entregó a la policía de Los Ángeles pese a haber acordado hacerlo. En cambio, subió a una Ford Bronco blanca conducida por su amigo Al Cowlings y circuló por las autopistas del sur de California durante casi dos horas, con una pistola apuntándose a la cabeza, mientras 95 millones de personas lo miraban en vivo por televisión.

A las 17:51, Simpson llamó al 911 desde un celular. La llamada fue rastreada hasta la autopista Santa Ana, cerca de Lake Forest. A las 18:20, un automovilista en el condado de Orange avisó a la Patrulla de Caminos de California que había visto a alguien parecido a Simpson en la Interestatal 5, con dirección norte.

A las 18:45, la agente Ruth Dixon divisó la Bronco en la autopista 405 y aceleró para alcanzarla. Cowlings le gritó desde la ventanilla que Simpson iba en el asiento trasero con un arma apuntándose a la cabeza. La agente frenó, pero siguió al vehículo a 55 kilómetros por hora. Detrás de ella se fueron sumando hasta 20 patrulleros.

La persecución que vio todo el mundo

Todos los canales interrumpieron su programación. La NBC cortó la transmisión del quinto partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los Houston Rockets para cubrir la persecución en directo. Veintidós helicópteros de medios de comunicación sobrevolaban las autopistas.

Miles de personas salieron a los costados de las rutas a ver pasar la Bronco. Muchas alentaban. Según informó LiveNow FOX, Domino’s Pizza registró ese día su jornada de mayor venta hasta entonces: tantos televidentes miraban la persecución que no querían alejarse del televisor para cocinar.

La periodista de la agencia AP, Linda Deutsch, que cubrió el juicio posterior, describió la escena ante la BBC: “Fue algo espectacular. Nunca había sucedido nada similar. Ahora estamos acostumbrados a ver persecuciones policiales en televisión, pero cuando retransmitieron la huida de O.J. Simpson el público no había visto nada parecido”.

A las 20, la Bronco entró a la mansión de Simpson en Brentwood. Lo esperaban 27 efectivos del grupo SWAT. El hijo de Simpson, Jason, salió corriendo de la casa.

El vehículo no se detuvo de inmediato. Simpson permaneció adentro durante casi 45 minutos. Pidió hablar con su madre por teléfono. Le trajeron un vaso de jugo. Llegó Shapiro. A las 20:50, Simpson bajó de la Bronco, entró a la casa y finalmente se entregó.

Dentro del vehículo, la policía encontró 8.000 dólares en efectivo, un revólver cargado calibre .357 Magnum, su pasaporte y un kit de disfraz con bigote y barba postizos. También había un cambio de ropa y fotografías de su familia.

Lo trasladaron al Centro Parker, donde quedó detenido sin derecho a fianza y bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Cowlings fue arrestado por encubrimiento y quedó en libertad bajo una fianza de 250.000 dólares. Los cargos en su contra fueron desestimados más tarde por falta de pruebas.

El juicio al ídolo deportivo

El proceso comenzó el 24 de enero de 1995 ante el juez Lance Ito. La fiscalía, encabezada por Marcia Clark y Christopher Darden, presentó más de 108 pruebas de ADN —sangre, cabellos y fibras— que según Clark trazaban “un rastro de sangre desde la escena del crimen en Bundy hasta la Bronco de Simpson y su dormitorio en Rockingham”.

La defensa reunió un equipo de abogados de alto perfil con Johnnie Cochran a la cabeza. Su estrategia se centró en atacar la cadena de custodia de las pruebas y en cuestionar al detective Fuhrman. Durante el juicio surgieron grabaciones en las que Fuhrman usaba insultos raciales en más de 40 ocasiones, pese a haber jurado ante el tribunal que no los había usado en la última década. En 1996 fue condenado por perjurio.

Un momento recordado del juicio tuvo lugar el 15 de junio de 1995, cuando Darden le pidió a Simpson que se probara los guantes ante el jurado. Simpson pareció no poder ponérselos. Cochran remató en su alegato final con una frase que quedó grabada en la memoria de los que siguieron el juicio con enorme curiosidad: “Si no le calza, hay que absolverlo”.

El jurado se retiró a deliberar el 2 de octubre de 1995. Al día siguiente, el juez Ito leyó el veredicto: no culpable en los dos cargos de asesinato. Cerca de 145 millones de personas lo vieron en directo. La nota de suicidio, los objetos hallados en la Bronco y la persecución misma nunca fueron presentados como pruebas en el juicio criminal.

En 1997, un jurado civil encontró a Simpson responsable por las muertes de Brown y Goldman de forma unánime. Las familias recibieron una indemnización total de 33,5 millones de dólares. Atrás quedaron aquellas inolvidables escenas de la persecución de la que pasaron más de tres décadas.

En uno de los casos más mediáticos en estos momentos en Colombia, una jueza de control de garantías negó la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd; a su manager Santiago Jaramillo, “Dímelo Jara”; a la abogada Laura Moreno y a Julián Giraldo.

Los mencionados se encuentran vinculados a una investigación por una denuncia de presunto secuestro en Medellín, interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, conocido como “Yo me llamo Ozuna”, que representaba al imitador del reguetonero cuando se registraron los hechos.

Como argumento principal, la jueza consideró que no existía una inferencia razonable para sostener la configuración del delito de secuestro extorsivo y que, por ende, los acusados podrán seguir vinculados al proceso en libertad.

Durante las audiencias que se han realizado hasta el momento, se confirmó que la investigación comenzó tras la denuncia de Sánchez, que afirmó haber sido retenido contra su voluntad, amenazado y presionado durante una reunión en la disquera del Blessd en Medellín. Según la Fiscalía, el manager del artista y otros miembros del equipo le habrían exigido firmar un contrato para impedir que organizara presentaciones del imitador del reguetonero colombiano.

Sánchez denunció que le quitaron el teléfono celular cuando intentó registrar lo sucedido, que fue agredido físicamente y amenazado con armas. También aseguró que recibió una llamada del cantante en la que lo amedrentó verbalmente.

La jueza, al analizar el caso, sostuvo que la Fiscalía no aportó suficientes elementos para demostrar que hubo una privación de la libertad que permitiera configurar el delito de secuestro extorsivo. Señaló que el ánimo de la reunión no era tender una trampa ni privar de la libertad a los asistentes, sino discutir el uso del nombre y la marca de Blessd. Además, resaltó que otro participante, identificado como Jefferson, el imitador del reguetonero, permaneció en el lugar bajo las mismas circunstancias y no denunció secuestro, lo que debilitó la hipótesis del ente acusador.

¿Qué seguirá en el caso contra Blessd?

En diálogo con Infobe Colombia, el docente jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano Milton Perdomo explicó el alcance de la reciente decisión judicial en el proceso penal contra Blessd. El jurista recordó que el proceso penal en Colombia consta de varias fases, entre ellas la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, que es lo que se ha registrado en este caso.

Perdomo aclaró que esta decisión no representa una resolución definitiva sobre la imputación de los hechos en investigación. La jueza únicamente estableció que no resulta necesario privar de la libertad a los investigados mientras avanza el proceso penal.

De la misma forma, el abogado resaltó que la decisión de fondo sobre la existencia del delito y la posible responsabilidad de los imputados quedará en manos del juez de conocimiento, que asumirá el caso en las siguientes etapas del proceso. Es decir, que los argumentos de la jueza no serán tenidos en cuenta en las próximas diligencias.

Perdomo explicó que el procedimiento que sigue es la fase de acusación, en la que la Fiscalía presentará formalmente los cargos y las partes podrán solicitar la práctica de pruebas. Posteriormente, se realizará la audiencia preparatoria, en la que se definirán los elementos probatorios que serán admitidos en el juicio oral.

El juez tendrá la labor de recibir y valorar los testimonios, documentos y demás pruebas presentadas por las partes, con el fin de establecer si existió una conducta delictiva, si esta conducta corresponde a la categoría penal de secuestro y si los hechos pueden atribuirse a los imputados en calidad de coautores.

El abogado subrayó que solo después del análisis de la prueba en juicio, el juez podrá determinar la existencia del delito y la responsabilidad penal de los investigados, conforme a la estructura y garantías del proceso penal colombiano. En caso de que los imputados sean declarados culpables, se exponen a una condena de entre 25 y 40 años de prisión.

Sean “Diddy” Combs será liberado de una prisión federal antes de lo previsto, luego de una nueva modificación en la fecha estimada para el término de su condena.

De acuerdo con registros del sistema penitenciario federal de Estados Unidos, el , artista, de 56 años, saldrá del Centro Correccional Federal (FCI) Fort Dix, en Nueva Jersey, el 23 de febrero de 2028.

La nueva fecha representa un adelanto de casi dos meses respecto a la proyección anterior. Inicialmente, tras su condena en julio de 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución, la liberación estaba prevista para el 8 de mayo de 2028.

Durante el cumplimiento de la sentencia, la fecha de salida ha sido modificada en varias ocasiones. En un primer momento, fue extendida hasta el 4 de junio de 2028 en medio de reportes sobre presuntas infracciones a las normas penitenciarias.

Posteriormente, se adelantó al 25 de abril de 2028 y más tarde al 15 de abril de ese mismo año. La modificación más reciente establece ahora el 23 de febrero de 2028 como fecha estimada de liberación.

Según informó USA Today, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ofreció detalles específicos sobre las razones de este nuevo ajuste. En una declaración, el organismo señaló que no comenta sobre las condiciones de confinamiento ni sobre los planes de liberación de personas privadas de libertad.

No obstante, la dependencia indicó que los internos pueden acceder a reducciones de condena mediante diversos mecanismos contemplados por la legislación federal.

Entre ellos se encuentran los créditos por buena conducta, la participación en programas y actividades aprobadas, así como el reconocimiento del tiempo cumplido antes de la sentencia.

Algunas de estas disposiciones forman parte de la denominada First Step Act, una ley orientada a la rehabilitación de personas condenadas en el sistema federal.

Antes de ser trasladado a FCI Fort Dix, Sean “Diddy” Combs permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El cambio de institución fue solicitado por su equipo jurídico.

En una presentación judicial realizada en octubre del año pasado, su abogada Teny Geragos argumentó que el traslado permitiría abordar cuestiones relacionadas con el abuso de sustancias, facilitar las visitas familiares y favorecer los esfuerzos de rehabilitación.

Previo a la imposición de la sentencia, el rapero envió una carta al juez del caso en la que afirmó que se encontraba sobrio por primera vez en 25 años. También indicó que asistía a terapia y que había iniciado un programa de mentoría para otros internos.

Durante su estancia en prisión surgieron reportes sobre un supuesto consumo de alcohol elaborado de manera artesanal y sobre la realización de una llamada telefónica no autorizada.

Diversos medios informaron que presuntamente había ingerido una bebida fermentada preparada con refresco, azúcar y manzanas. Sin embargo, representantes del artista rechazaron dichas versiones y aseguraron que no había infringido las normas penitenciarias.

Respecto a la llamada, los informes señalaron que Combs habría participado en una comunicación en la que una tercera persona fue incorporada a la conversación, una práctica restringida por la Oficina Federal de Prisiones.

Las regulaciones limitan las llamadas a personas previamente autorizadas y prohíben la inclusión de participantes adicionales.

La defensa sostuvo que la comunicación estaba relacionada con asuntos legales. Según esta versión, Sean “Diddy” Combs hablaba con su abogado, quien habría incorporado a un responsable de comunicaciones jurídicas para revisar una declaración destinada a un medio de comunicación.

Paralelamente, los abogados del empresario continúan apelando la condena. Documentos judiciales citados por CNN indican que la defensa cuestiona la aplicación de la Ley Mann al caso.

Los abogados sostienen que los encuentros conocidos como “Freak-Offs”, que fueron parte de los elementos considerados durante el proceso, no deberían encuadrarse dentro de los supuestos contemplados por dicha legislación.

Durante el juicio federal, los fiscales describieron esos encuentros como eventos sexuales organizados en los que, según la acusación, se consumían drogas y que podían extenderse durante varios días. Combs también enfrentó cargos por tráfico sexual y conspiración para extorsión, aunque fue absuelto de esas acusaciones.

La madrugada de este martes 16 de junio de 2026 marcará un antes y un después en la historia judicial de la República Dominicana. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia calificada como “histórica” y “ejemplar” contra la plana mayor de una red de corrupción administrativa, militar y policial que operó impunemente durante casi una década.

El entramado criminal desmantelado bajo las denominadas Operación Coral y Operación Coral 5G logró defraudar al Estado dominicano por un monto superior a los RD $4,500 millones de pesos ($76,530,612 dólares), utilizando las propias instituciones destinadas a la seguridad nacional para el enriquecimiento ilícito de sus altos mandos.

La estructura delictiva comenzó a tejerse en el año 2012, coincidiendo con el inicio de la gestión presidencial del exmandatario Danilo Medina, y se extendió de manera sistemática hasta el año 2020. Durante estos ocho años, los cabecillas de la red aprovecharon sus posiciones de absoluto poder para desviar fondos públicos de tres instituciones clave:

• El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)
• El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) (antiguo Cestur/Politur)
• El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), institución a la que intentaron trasladar y replicar el mismo esquema de sustracción de dinero.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el corazón del fraude financiero se basaba en la manipulación y abultamiento de las nóminas institucionales, proceso conocido popularmente en el país como el nombramiento de “empleados fantasmas” o “botellas”.

Los jefes militares buscaban a personas de bajos recursos, policías o militares de rangos menores y les hacían una propuesta atractiva: ingresarlos a la nómina del Estado con sueldos altos (de entre RD$ 40,000 y RD$ 50,000 pesos mensuales) y acceso a seguro médico para sus familias.

Una vez que la persona aceptaba y firmaba los papeles, pasaba a ser formalmente un empleado del CUSEP o CESTUR, pero con una trampa: no tenían que trabajar, cumplir horarios ni reportarse a ninguna oficina.

El verdadero negocio de la red ocurría el día de pago: el Estado depositaba el salario completo en las cuentas de estos falsos empleados, pero la condición obligatoria para mantener el beneficio era que debían retirar el dinero y devolver entre el 80% y el 90% en efectivo directamente a los cabecillas de la organización.

Este flujo millonario de dinero en efectivo era recolectado meticulosamente y posteriormente introducido en el sistema financiero regular. Para blanquear los fondos y ocultar su procedencia ilícita, la red creó empresas de maletín y adquirió:

• Lujosos bienes raíces: Como fincas, villas y residencias.
• Vehículos de alta gama.
• Fachadas religiosas: Utilizando los fondos en la iglesia de la pastora Rossy Guzmán.

El desglose de las sentencias: 20, 15 y 10 Años de prisión

El juicio de fondo, que inició formalmente el 27 de junio de 2024, culminó tras casi dos años de debates y la presentación de un abrumador arsenal de pruebas documentales y financieras por parte del Ministerio Público. Las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitieron un fallo contundente que condenó a 29 personas involucradas.

El tribunal impuso la pena máxima de 20 años de reclusión mayor y el pago de 400 salarios mínimos a los tres principales cerebros del entramado:

• Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre: Exjefe del CUSEP y considerado el máximo líder de la estructura.
• General de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou: Extitular de CESTUR.
• Coronel policial Rafael Núñez de Aza: Mano derecha financiera del entramado.

El general Julio Camilo De los Santos Viola (exsubjefe del CUSEP) y la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez fueron sentenciados a 15 años de prisión, además de enfrentar cuantiosas multas en salarios mínimos.

Asimismo, se dictaron penas de 10 años de reclusión para figuras operativas clave como el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el capitán de la Armada Franklin Mata Flores, el mayor policial José Manuel Rosario Pirón y la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, quien facilitaba los movimientos financieros dentro del sistema.

El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, cuya confesión y colaboración activa con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) desarmó por completo la coartada de la red al explicar detalladamente cómo se repartía el dinero, fue condenado a una pena reducida de cinco años.

Por otra parte, el tribunal dictó un fallo absolutorio para 6 de los encartados, entre ellos Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la pastora) y la entidad jurídica de la Iglesia Bautista Vida Eterna, al considerar que las evidencias no fueron suficientes para comprometer su responsabilidad penal directa.

El tribunal también ordenó la disolución inmediata de múltiples empresas utilizadas para el lavado de activos y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 14 de agosto de 2026.

En el marco de una ofensiva judicial histórica, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron los perfiles criminales de seis de los principales líderes de la pandilla Barrio 18.

Estos sujetos forman parte del grupo de 563 altos mandos de la estructura que serán sometidos a un juicio unificado por miles de crímenes cometidos en el país durante la última década.

La Fiscalía identificó formalmente a seis de los cabecillas nacionales e históricos que dirigen las operaciones de las dos facciones de la pandilla (Sureños y Revolucionarios), quienes acumulan expedientes por delitos de sangre, terrorismo y extorsión a gran escala:

• César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”: Considerado uno de los fundadores y cabecillas históricos de la estructura. Se le adjudica directamente la autoría de la masacre de junio de 2006 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad Este), donde fueron asesinadas cinco personas, incluidos menores de edad. Enfrenta cargos por homicidio agravado, extorsión, narcotráfico y agrupaciones terroristas.
• Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”: Reconocido como el máximo corredor y líder criminal en el sector de La Campanera, en Soyapango (San Salvador Este), una de las zonas tradicionalmente más golpeadas por el accionar de esta pandilla.
• Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”: Con rango de “palabrero” y cabecilla, dirigía una sofisticada red de extorsión en el centro de San Salvador. Su modus operandi incluía instrumentalizar a menores de edad y jóvenes trabajadores ambulantes para recolectar y movilizar los pagos ilícitos.
• Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”
• Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”
• Víctor Antonio García, alias “Duke”

A estos cabecillas y sus subordinados se les vincula, además, con crímenes de alto impacto nacional, como la masacre de marzo de 2016 en San Juan Opico (La Libertad Centro), donde 14 trabajadores civiles fueron asesinados de forma violenta.

Un juicio histórico: 563 cabecillas al banquillo de los acusados

La presentación de los perfiles individuales se desprende de la solicitud de imposición de medidas entregada formalmente por la FGR ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

El Ministerio Público busca procesar de manera conjunta a 563 jefes de la pandilla, divididos en sus dos ramas: 275 de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.

El requerimiento fiscal recopila un total de 14,488 delitos acumulados desde el año 2012 hasta la fecha, abarcando un catálogo de atrocidades que incluye homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas.

Más allá de los delitos comunes y de terrorismo, el Ministerio Público ha sumado de forma contundente el delito de rebelión. Según explicó el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este cargo se fundamenta en que los implicados intentaron “imponer un estado criminal paralelo” mediante el control territorial, el uso de las armas y el sometimiento de la sociedad.

“Vamos a saldar esta deuda histórica que teníamos como país y como Fiscalía. Ahora vamos a sentar en el banquillo de los acusados a los cabecillas de ambas fracciones para que respondan por todos los actos cometidos”, afirmó el fiscal Muñoz.

Las investigaciones apuntan a que este grupo de mandos ordenó y coordinó de forma directa al menos 269 atentados y ataques de gran envergadura contra la población civil honrada. El tribunal ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que la Fiscalía presente formalmente todas las pruebas científicas, periciales y testimoniales recopiladas.

Por lo tanto, la fecha exacta de la audiencia única todavía no ha sido programada con un día y hora fijos, pero la Fiscalía ha proyectado que el juicio masivo se realice dentro de este mismo año.

Durante este período de dos meses, el caso estará bajo el análisis de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, quien, tras evaluar las pruebas del ministerio público, se encargará de fijar la fecha definitiva para sentar a los 563 cabecillas en el banquillo de los acusados.

El juez de Texas John Roach respaldó el veredicto del jurado que condenó a Karmelo Anthony a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf, de 17 años.

La sentencia llegó después de que el jurado, seleccionado conforme a la ley estatal, consideró las pruebas por la muerte del joven durante un evento deportivo en Frisco, según informó WFAA.

Un proceso judicial bajo la lupa pública

Durante el proceso, el juez Roach defendió la integridad del veredicto y la imparcialidad del tribunal. En una entrevista con WFAA, subrayó: “Fueron seleccionados con base en la ley, escucharon los hechos, sucedió en esta sala y llegaron a un veredicto”.

El magistrado enfatizó que su principal objetivo siempre fue garantizar un juicio justo para ambas partes, motivo por el cual decidió impedir la presencia de cámaras en la sala. “Mi trabajo consiste en asegurar la equidad, no en satisfacer al público”, afirmó.

El caso se desarrolló en un contexto de fuerte exposición mediática y tensiones sociales. La defensa de Anthony intentó argumentar que Austin Metcalf, quien era blanco, había acosado a Anthony, de tez negra, y que el acusado actuó en defensa propia.

Sin embargo, el jurado desestimó tanto la alegación de autodefensa como el argumento de “pasión repentina”, que habría permitido una condena menor, limitando la pena máxima a 20 años.

De acuerdo con WFAA, el altercado ocurrió en un evento de atletismo donde ambos jóvenes eran participantes. Testimonios recogidos durante el juicio revelaron que Metcalf solicitó a Anthony abandonar la carpa de un equipo al que no pertenecía.

La situación escaló cuando Anthony advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Tras un empujón, Anthony extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho, provocando la muerte del adolescente en el lugar.

Declaraciones y consecuencias posteriores

Al concluir el juicio, el juez Roach opinó sobre el carácter de Anthony: “Parece un buen joven que cometió un delito y hoy entiende más que nunca sus consecuencias”, expresó en declaraciones al medio texano.

El magistrado también rechazó versiones sobre una supuesta relación personal con la familia Metcalf, asegurando que no conocía a los involucrados antes del proceso.

La atención mediática sobre el caso aumentó tras la condena. Parte del público cuestionó la decisión de no permitir la transmisión televisiva del proceso, a lo que Roach respondió: “Debía balancear el derecho de la prensa a informar y la necesidad de proteger la justicia para las partes”. El juez reiteró que la sala estuvo abierta al público y negó cualquier favoritismo.

Por su parte, la familia de Karmelo Anthony anunció que recurrirá el fallo. De acuerdo con WFAA, un día después de la sentencia, Anthony presentó la notificación formal de apelación, lo que abre un proceso legal que puede prolongarse durante años y no garantiza un nuevo juicio. El joven fue trasladado a la prisión estatal Wallace Pack Unit, cerca de Houston, para cumplir su condena.

Debate y repercusiones sociales del caso

El caso de Karmelo Anthony se convirtió en un símbolo de debate sobre justicia y cuestiones raciales en Estados Unidos. De acuerdo con WFAA, la fiscalía y la defensa negaron que el móvil del crimen tuviera un componente racial, remarcando que el conflicto se centró en la disputa por el uso de un espacio en un evento escolar.

La rapidez con la que el jurado llegó a su veredicto —menos de tres horas de deliberación— fue interpretada por observadores como un signo de contundencia en la evidencia presentada. Durante el proceso, se destacó la ausencia de antecedentes penales por parte de Anthony y su desempeño académico, factores que influyeron en la reducción de su fianza en etapas anteriores, aunque no modificaron la gravedad de la sentencia final.

El impacto del caso fue amplificado por campañas en redes sociales y colectas para costear la defensa y la apelación de Anthony. La familia de Metcalf, mientras tanto, enfrentó amenazas y hostigamiento tras conocerse el veredicto.

Para el sistema judicial de Texas, el caso dejó en evidencia la complejidad de los procesos con alta exposición mediática y la presión social sobre jueces y jurados. “Mientras siga la ley, duermo bien por la noche. Sé que hice enojar a la gente, pero tampoco estoy aquí para hacerlos felices”, reiteró el juez Roach en declaraciones a WFAA.

La condena a 35 años de prisión para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante un evento escolar en Frisco, Texas, provocó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre violencia juvenil, justicia y tensiones raciales en el sur de Estados Unidos.

Según New York Post, el crimen ocurrió el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo. Austin Metcalf, de 17 años, recibió una puñalada mortal de Anthony, quien tenía 19 años al momento del juicio.

El jurado del condado de Collin no aceptó el argumento de defensa propia y dictó un veredicto de asesinato en primer grado tras menos de tres horas de deliberación.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, expresó “un poco de tristeza” por el joven condenado y remarcó que el caso “nunca” estuvo vinculado a la raza. “Perdonar no era para él. Perdonar era para mí. Para no cargar con la rabia, el odio y eso; me consumirá como un cáncer”, declaró Metcalf a CBS News. También afirmó que asistirá a la audiencia de libertad condicional para oponerse a la excarcelación anticipada.

Un proceso judicial bajo atención nacional

Según Fox News, la investigación y el juicio recibieron amplia cobertura mediática y generaron manifestaciones en las afueras del tribunal de McKinney. El proceso se realizó sin cámaras ni transmisión en vivo, por decisión del juez del 296th District Court, quien consideró que preservar el orden y la integridad del juicio era prioritario.

La fiscalía del condado de Collin presentó como prueba principal el arma blanca utilizada y testimonios de testigos presenciales, incluyendo la admisión de Anthony de haber portado y utilizado la navaja.

La defensa, liderada por el abogado Mike Howard, alegó que Anthony actuó en defensa propia luego de una confrontación relacionada con la ocupación de una carpa del equipo escolar.

Sin embargo, el jurado no encontró evidencia suficiente para reducir los cargos o considerar una condena menor. De acuerdo a Fox News, una vez dictada la sentencia de 35 años, Anthony fue trasladado al Texas Department of Criminal Justice, donde cumplirá la condena con opción de revisión de libertad condicional tras 17 años y medio.

Durante y después del proceso judicial, la familia de Austin Metcalf recibió amenazas y mensajes hostiles, según reportó Fox News.

Por otro lado, la familia y los seguidores de Anthony denunciaron supuesto racismo en la selección del jurado y en la rapidez del proceso, argumento que según el entorno del condenado, será parte de la apelación ya presentada por la defensa.

Debate social y tensiones en Frisco

La cobertura de NPR subraya que el caso de Austin Metcalf y Karmelo Anthony expuso profundas divisiones en la comunidad de Frisco, una ciudad marcada por un rápido crecimiento y diversidad étnica. Ambos jóvenes eran estudiantes destacados y atletas reconocidos en sus escuelas, lo que amplificó la conmoción social.

Testigos y allegados describieron una comunidad impactada por la violencia y la sensación de que el sistema judicial enfrenta desafíos para equilibrar justicia, percepción pública y tensiones raciales.

Según NPR, la fiscalía y la defensa coinciden en que la disputa surgió por la presencia de Anthony en la carpa de otro equipo.

La secuencia de los hechos fue confirmada por testimonios y videos presentados en la corte: tras un intercambio verbal y un empujón, Anthony utilizó una navaja y apuñaló a Metcalf en el pecho, lo que derivó en la muerte del estudiante en el lugar del incidente.

El debate sobre posibles motivaciones raciales se mantuvo en el centro de la discusión pública. Jeff Metcalf y las autoridades reiteraron que “el caso nunca fue sobre la raza”, una postura que la defensa y los seguidores de Anthony discuten y que podría ser clave en la apelación en curso.

La ciudad de Frisco permanece atenta a la resolución de los recursos judiciales, mientras familiares, estudiantes y autoridades buscan respuestas para reducir la violencia y restaurar la confianza en el sistema de justicia.

La creadora de contenido de OnlyFans Michaela Rylaarsdam fue sentenciada a cuatro años de reclusión en la cárcel del condado de San Diego por la muerte de Michael Dale durante un encuentro sexual de fetichismo ocurrido en Escondido, California, en 2023.

El caso, que derivó en un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, expuso una compleja trama de intercambios económicos, prácticas extremas y debates judiciales sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad penal, según The San Diego Union-Tribune.

Un vínculo marcado por dinero y fetichismo

La relación entre Dale y Rylaarsdam comenzó semanas antes del incidente, cuando el hombre contactó a la creadora de contenido a través de internet y le pagó más de USD 11.000 para mantener comunicación y concretar encuentros privados.

De acuerdo con Los Angeles Times, la interacción incluyó solicitudes precisas: envoltura total con film plástico, pegado de botas de mujer a los pies y, en reiteradas ocasiones, el pedido de que le cerraran los párpados, aunque este último nunca se cumplió. La sesión fatal fue filmada por Rylaarsdam con el objetivo de publicarla en su cuenta de OnlyFans.

Ocho minutos bajo plástico y una llamada desesperada

Según la acusación fiscal citada por The San Diego Union-Tribune, Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, cinta adhesiva y varias capas de envoltorio durante al menos ocho minutos antes de perder el conocimiento. La mujer, al notar que su cliente no respondía y comenzaba a mostrar signos de asfixia, llamó al 911 e intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima con los brazos sujetos por encima de la cabeza, envuelto en film transparente desde los muslos hacia abajo y vestido con pantalones deportivos y botas negras brillantes.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal se incluyeron ocho videoclips breves que documentaron parte del encuentro. Además, se presentaron mensajes y registros del intercambio previo entre ambos, donde Dale detalló sus preferencias y límites.

Pruebas, testimonios y tensión en la sala

Durante la audiencia preliminar, Court TV informó que uno de los compañeros de vivienda de la víctima declaró haber escuchado a Dale pedir que la sesión se interrumpiera y ofrecer más dinero para detenerla.

La fiscalía sostuvo que, a pesar del consentimiento inicial, la situación se volvió riesgosa y terminó en tragedia por la prolongación de la privación de aire.

El proceso incluyó testimonios sobre el contexto emocional de Rylaarsdam, quien, según su defensa, ya asistía a sesiones de terapia antes de enfrentar cargos formales. La acusada expresó en la sala que se sentía responsable por lo sucedido y transmitió sus disculpas a la familia de la víctima.

Del cargo de asesinato al acuerdo por homicidio involuntario

La investigación penal demoró casi dos años en avanzar, y la acusación original contra Rylaarsdam fue por asesinato. El juez a cargo del caso, citado por The San Diego Union-Tribune, consideró que existían pruebas suficientes para ir a juicio, aunque aclaró que la evidencia no demostraba intención de matar.

En sus palabras, el caso planteaba la necesidad de distinguir entre prácticas de bondage y fetichismo y la existencia de malicia implícita.

El proceso concluyó con un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, figura legal que en California se aplica a muertes ilícitas resultantes de actos deliberados, pero sin intención de matar ni desprecio consciente del riesgo para la vida humana.

Durante la audiencia de sentencia, la defensa expuso que Rylaarsdam buscó ayuda profesional desde el inicio y que la resolución alcanzada tomó en cuenta tanto la evidencia como la opinión de la familia de la víctima, que manifestó conformidad con el fallo, según un comunicado de la fiscalía citado por Los Angeles Times.

El caso generó debate en distintos foros legales y sociales sobre los límites del consentimiento, la responsabilidad penal en el contexto de prácticas sexuales extremas y la exposición de estos contenidos en plataformas digitales como OnlyFans.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó formalmente ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador la solicitud de imposición de medidas en contra de 563 cabecillas históricos y nacionales de la pandilla Barrio 18. A los imputados se les atribuye un acumulado de 14,488 delitos cometidos desde el año 2012 hasta la fecha.

Este masivo proceso penal abarca a las dos divisiones de la organización criminal: 275 pandilleros pertenecientes a la facción Sureños y 288 a la facción Revolucionarios. De acuerdo con el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este requerimiento marca el inicio de un proceso judicial que se proyecta ágil.

La institución prevé presentar el dictamen de acusación final en agosto, con el objetivo de celebrar la audiencia única abierta este mismo año para definir la situación jurídica de la cúpula de esta estructura. Con esta ofensiva legal, las autoridades judiciales buscan saldar una deuda histórica con la sociedad salvadoreña, llevando al banquillo de los acusados a los principales responsables de la zozobra y el luto en el país durante más de una década.

Entre los procesados figuran líderes históricos de alto rango, conocidos en la jerarquía criminal como:

• “Pilares nacionales”
• “Pilares de tribu”
• “Pilares históricos”.

Entre los nombres más destacados de la acusación se encuentran César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de los Palmas”, líder de la facción Revolucionarios, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, cabecilla de la facción Sureños.

A estos jefes criminales se les acusa formalmente de delitos graves que incluyen:

1. Rebelión
2. Pertenencia a organizaciones terroristas
3. Homicidio agravado
4. Extorsión agravada
5. Tráfico ilícito de drogas.

Bajo las reformas actuales del Código Penal salvadoreño, el delito de pertenencia a organización terrorista contempla penas severas que pueden alcanzar la cadena perpetua, lo que asegura que los procesados enfrenten décadas tras las rejas si son declarados culpables.

Atentados, masacres y el financiamiento del terror

La investigación fiscal detalla una serie de actos de barbarie y terrorismo que conmocionaron al país en años anteriores. Entre los casos documentados se encuentra la masacre de San Juan Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, y una matanza interna ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.

Asimismo, se les vincula directamente con crímenes de alto impacto institucional, como el ataque con coche bomba contra el Ministerio de Seguridad, atentados terroristas en las inmediaciones del Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez y asaltos armados a diversas sedes y delegaciones policiales.

El requerimiento también expone cómo estas facciones del Barrio 18 utilizaron el tráfico ilícito de marihuana y cocaína como su principal mecanismo de autofinanciación. Estos recursos económicos les permitieron adquirir armamento de uso privativo de la fuerza armada y organizar la logística necesaria para sostener sus actividades criminales a nivel nacional.

Para sustentar la robusta acusación, la FGR se apoyó de forma determinante en la herramienta legal de intervención a las telecomunicaciones. Estas escuchas telefónicas permitieron frustrar múltiples atentados planeados por los cabecillas en tiempo real. Uno de los casos más alarmantes revelados por el fiscal Muñoz fue el plan para detonar granadas militares contra la sede principal de la Fiscalía.

A través del monitoreo electrónico, las fuerzas de seguridad obtuvieron información precisa de que el armamento era transportado en un vehículo amarillo sobre la carretera Panamericana. La interceptación oportuna mediante controles vehiculares estratégicos logró incautar los explosivos antes de que llegaran a su destino.

Tras la recepción del caso por parte de la jueza tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, se ha otorgado un plazo inicial de dos meses de instrucción para que el ministerio público presente formalmente toda la prueba científica y testimonial recopilada.

El juicio por el asesinato de Austin Metcalf concluyó con una condena de 35 años de prisión para Karmelo Anthony, tras un proceso que expuso el dolor de una familia y el debate sobre la justicia juvenil en Texas.

La frase de Hunter Metcalf —“Eventualmente tu nombre será olvidado”— dirigida al condenado, marcó el final de una audiencia cargada de tensión, según New York Post.

El crimen durante una competencia escolar

Austin Metcalf, de 17 años, era atleta y estudiante de secundaria en Frisco, Texas. El 2 de abril de 2025, fue apuñalado en las gradas por Karmelo Anthony, también de 17 años, durante una competencia de atletismo. Ninguno de los jóvenes se conocía previamente.

El hecho ocurrió en un ambiente escolar que, según NBC News, generó conmoción en la comunidad local y atrajo atención nacional por la brutalidad del episodio y la juventud de los involucrados.

La investigación y el contexto del ataque incluyeron versiones contrapuestas. La defensa sostuvo que Anthony fue abordado por miembros del equipo rival mientras estaba sentado bajo una carpa y que la situación escaló hasta el desenlace fatal. El jurado, sin embargo, rechazó el argumento de defensa propia, considerando las pruebas presentadas en el juicio, afirmó CNN.

Un juicio breve y la voz de la familia Metcalf

El proceso judicial se desarrolló en el tribunal del Condado de Collin, en la ciudad de McKinney. La deliberación del jurado tomó menos de tres horas y concluyó con la declaración de culpabilidad de Karmelo Anthony por asesinato en primer grado.

La sentencia, dictada el 9 de junio de 2026, fijó una pena de 35 años de prisión, una condena que, en el estado de Texas, podría haber alcanzado hasta 99 años, de acuerdo con NBC News.

Durante la fase de declaraciones de impacto, la familia de Austin Metcalf expuso su dolor ante el tribunal. El hermano gemelo de la víctima, se dirigió directamente a Anthony: “Te llevaste a un hijo, un hermano, un amigo y a mi mejor amigo de este mundo... Ahora quiero que te quiten todo”.

New York Post destacó que la declaración incluyó la frase: “Eventualmente tu nombre será olvidado, pero la memoria de mi hermano vivirá”.

El padre, Jeff Metcalf, también tomó la palabra y exigió al acusado que levantara la mirada: “¡Nos robaron!... Fallaste a tus padres, a ti mismo y a la sociedad. No perteneces a esta comunidad. Vas a ir a prisión. Te perdoné el día que ocurrió, pero no perdono lo que hiciste. No puedes mirarme a los ojos, pero sí apuñalaste a mi hijo”, relató New York Post.

Anthony permaneció cabizbajo y evitó el contacto visual durante la audiencia. Al finalizar las declaraciones de la familia, fue puesto bajo custodia del sheriff y trasladado fuera de la sala, según NBC News.

Debates tras el fallo y repercusión nacional

The New York Times destacó que el caso reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores y la seguridad en eventos escolares, dado que Anthony fue juzgado como adulto pese a tener 17 años al momento del crimen. La legislación texana contempla para estos casos sentencias de entre 5 y 99 años.

Durante el proceso, se organizaron manifestaciones de apoyo a Anthony fuera del tribunal, reflejando la controversia y la división de opiniones en la comunidad, según AP.

El acusado, que tenía un promedio académico alto y estaba próximo a graduarse, optó por no declarar durante el juicio, conforme lo señaló CNN.

El jurado desestimó de manera unánime tanto la defensa de “pasión repentina” como la de defensa propia. La condena a 35 años de prisión establece que Anthony podrá solicitar libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de la pena. Aún no se informó a qué prisión estatal será trasladado.

La historia de Austin Metcalf y la sentencia contra su agresor continúan alimentando el debate sobre los límites de la justicia juvenil y la protección en ámbitos escolares en Texas y en todo el país.

El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la calle 48 entre Diagonal 77 y 3, en La Plata. De esta manera, la presidenta de la empresa, Roxana Aloise, sería juzgada por los delitos de “estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real”.

En el pedido, la acusación sostuvo que existirían pruebas suficientes para que Aloise enfrente un juicio oral, luego de que mantuviera en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro. Producto de esto, decenas de vecinos quedaron expuestos a situaciones de alto riesgo y provocó daños materiales de magnitud.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el fuego se originó en un predio de una antigua estación de servicio utilizado como cochera y depósito de electrodomésticos que presuntamente no contaban con habilitación ni medidas de seguridad.

En paralelo, el informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina concluyó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la planta baja del edificio. Tras propagarse por varios pisos, culminó con el derrumbe parcial de la estructura. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron descartar la intervención de terceros en el inicio del fuego.

El avance de las llamas fue rápido y afectó la estructura del edificio, lo que provocó el colapso de los pisos superiores y puso en peligro la vida de los vecinos linderos. Entre ellos se encontraba Martina Píccoli, quien logró escapar de su vivienda gracias a la alerta de un vecino.

Según el testimonio que brindó ante la Justicia, salió de la casa solo con su celular, llaves y pijama. Minutos después, observó cómo parte del edificio incendiado se derrumbó sobre su propiedad y destruyó sectores como la cocina y un estudio de trabajo. Por este motivo, consideró que podría haber muerto atrapada entre las rejas de seguridad y el humo, si no le advertían del siniestro.

En el expediente destacaron que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por la Municipalidad de La Plata el 25 de junio de 2025, cuando los inspectores constataron que el lugar funcionaba como depósito de electrodomésticos sin tener habilitación y un sistema de prevención contra posibles incendios.

Según la información obtenida por El Día, tras la inspección, se labró un acta contravencional y se dispuso la clausura preventiva. Esta medida sería ratificada posteriormente por el Juzgado de Faltas, que notificó a la empresa sobre la sanción.

A pesar de la clausura, la actividad comercial continuó. De hecho, dos trabajadores del depósito declararon haber recibido instrucciones directas de Aloise para seguir operando, incluso, tras la colocación de las fajas de clausura.

En línea con esta orden, relataron que se les indicó no permitir el ingreso de inspectores municipales y evitar la firma de documentación oficial. Además, ratificaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal y de sistemas de detección o prevención de incendios, ya que solamente contaban con una alarma contra robos.

Después de que enumerara todas las pruebas en contra de Aloise, el fiscal Padovan consideró demostrada la responsabilidad de la acusada como titular de Al Tecno S.A. Por este motivo, se confirmó su procesamiento en la causa el 20 de marzo de este año.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, la empresaria habría ignorado deliberadamente las órdenes de clausura, manteniendo en funcionamiento un depósito sin habilitación ni medidas de seguridad, lo que encuadra en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia.

En este sentido, el requerimiento subrayó que la imputada era la máxima responsable de la firma y tenía pleno conocimiento tanto de las inspecciones como de las infracciones y órdenes de cierre. Además, remarcó que la investigación constató que se trataba de la accionista mayoritaria de la empresa, ya que el 95% de ellas estaban bajo su poder.

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.

Un jurado de Brooklyn declaró culpable a Dmitriy Popov por homicidio agravado por odio en el asesinato del bailarín O’Shae Sibley, un caso que expuso la violencia por motivos de odio y el racismo en Nueva York.

El veredicto, alcanzado tras tres semanas de juicio, determinó que Popov, quien tenía 17 años al momento del hecho, enfrentará entre 8 y 25 años de prisión cuando reciba sentencia el 30 de junio, de acuerdo con New York Daily News.

El veredicto y la reacción de las partes

La decisión del jurado se centró en tres cargos principales: asesinato como delito de odio, asesinato simple y homicidio agravado por odio.

Tras largas deliberaciones, el panel descartó la acusación de asesinato, pero encontró a Popov responsable de homicidio con agravante de odio. De haber sido condenado por el cargo más grave, el acusado habría recibido una pena de 20 años a cadena perpetua, según New York Daily News.

Joshua Sanchez, amigo y testigo presencial, expresó a New York Daily News: “Hubo justicia. Va a cumplir el tiempo que merece, pero para quienes estuvimos esa noche, no pareció homicidio involuntario”. Sánchez consideró que el veredicto fue indulgente e insistió: “La sacó barata”.

En Nueva York, el jurado halló culpable a Popov de manslaughter as a hate crime, una categoría legal que implica homicidio sin premeditación pero motivado por odio, lo que difiere de la figura de homicidio culposo o por imprudencia habitual en otros sistemas legales.

El incidente en la estación de servicio

La noche del 29 de julio de 2023, O’Shae Sibley y cuatro amigos llegaron a una estación de servicio Mobil en Coney Island Avenue, Brooklyn, tras un día en la costa de Nueva Jersey. El grupo bailaba canciones de Beyoncé mientras cargaba combustible. Uno de los acompañantes de Sibley vestía un suspensorio, prenda mencionada durante el juicio.

Según el relato de New York Daily News, uno de los amigos de Popov vio al grupo y comenzó a lanzar insultos homofóbicos y racistas.

El fiscal adjunto Sarah Jafari, citada por el medio, sostuvo que los agravios precedieron la agresión. Sibley intentó mediar, asegurando: “No nos conocen, solo estamos divirtiéndonos y disfrutando la vida. Todo es respeto, tenemos derecho a estar aquí igual que ustedes”.

El desarrollo del juicio: defensa propia y testimonios

La fiscalía presentó grabaciones de video y testimonios que reconstruyeron el enfrentamiento. Popov grabó parte del altercado con su teléfono y, cuando los grupos se separaron, continuó filmando a Sibley y sus amigos.

Todos los acompañantes del bailarín declararon ante el tribunal, recogió New York Daily News, que Popov profirió insultos homofóbicos. Dos miembros de una patrulla comunitaria también afirmaron que escucharon expresiones racistas.

Durante el juicio, la defensa de Popov se centró en su edad y en la teoría de la defensa propia. Su abogado, Mark Pollard, afirmó ante el jurado que el video mostraba a Sibley abalanzándose sobre Popov segundos antes de la puñalada.

“Se abalanzó, corrió hacia Dmitriy Popov. Ese es el caso”, sostuvo Pollard, pidiendo al jurado que se pusiera en la perspectiva de un joven de 17 años. El abogado subrayó: “No tuvo el lujo de analizar después las imágenes para decidir quién hacía qué antes de actuar”.

Implicancias y reacciones tras el fallo

La fiscalía, encabezada por Jafari y citada por New York Daily News, argumentó que Popov provocó y escaló el conflicto, siendo el único armado. “No se puede provocar a alguien y luego, cuando esa persona se planta, decir: ‘Dios mío, tengo tanto miedo, esto es defensa propia’”.

La familia y los amigos de Sibley reaccionaron con sorpresa y decepción al conocer la absolución del cargo de asesinato.

La madre de Popov lloró aliviada tras el fallo. Sánchez, el amigo de la víctima, aseguró que Popov “parecía orgulloso de lo que hizo” y que “no estaba arrepentido”.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, destacó —según New York Daily News— que el veredicto coincidió con el inicio del Mes del Orgullo LGBTQ+.

“O’Shae Sibley se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de ser bailarín y coreógrafo, y su vida fue truncada cuando este acusado lo mató porque no soportaba ver a O’Shae y a sus amigos viviendo abiertamente como hombres negros y gays”, indicó Gonzalez. “Con el veredicto del jurado, este acusado ahora deberá rendir cuentas”.

La defensa anticipó que apelará la condena, mientras la comunidad LGBTQ+ y los allegados de Sibley esperan la sentencia definitiva el 30 de junio.

La Justicia fijó las fechas del juicio por el crimen de Aralí Vivas, la nena de ocho años asesinada en Brinkmann, provincia de Córdoba. Las audiencias serán el 22, 23 y 29 de septiembre en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con jurados populares.

El debate llegará con tres imputados: Rocío Milagros Rauch (madre de la víctima), Matías Ezequiel Simeone (pareja de Rauch) y Cristian Hernán Varela (amigo de Simeone). Los tres permanecen detenidos en la capital de la provincia.

Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de abusos sexuales contra la niña que derivaron en el homicidio. La imputación contempla la intervención de más de una persona, la figura de homicidio criminis causa y, para Simeone, el delito de incendio, ya que habría prendido fuego la vivienda para borrar pruebas.

Antes del juicio se hará la selección del jurado en los tribunales de San Francisco: primero se conformará una lista de 24 ciudadanos y en agosto quedarán definidos los 12 titulares. Rauch será defendida por el abogado Marcos Nicolás Arnoldt, mientras que Simeone y Varela tendrán defensores oficiales, Luciano Fino y César Testa; el padre de la niña, Ricardo Vivas, actúa como querellante.

El cuerpo de Aralí fue hallado el 1 de noviembre de 2024 después de que bomberos apagaran un incendio en la casa. Si la Cámara del Crimen comparte los argumentos del fiscal, los delitos atribuidos prevén prisión perpetua.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Varela llegó en bicicleta a la vivienda de Simeone alrededor de las 21 horas, el 1 de noviembre. Durante la madrugada, los dos hombres se alternaron para usar una bicicleta en distintos momentos, hasta que Simeone regresó a la casa cerca de las 3:27 del sábado.

Después de las primeras horas de la mañana, Simeone salió del domicilio con los otros dos hijos menores de Rauch, los llevó a una plaza cercana y volvió poco antes del mediodía, según la reconstrucción judicial. Minutos más tarde, cerca de las 14, los vecinos alertaron el incendio en la vivienda donde vivía Aralí Vivas.

Según el expediente, el fuego habría sido iniciado de forma deliberada para eliminar pruebas del crimen. La investigación comprobó que Aralí fue víctima de abusos sistemáticos y la autopsia reveló que presentaba un traumatismo en la zona craneal.

La hermana de la víctima declaró en Cámara Gesell que vio a la niña tendida en la cama antes de que empezaran las llamas. Según las actuaciones recogidas por el Ministerio Público Fiscal, intentó despertarla, no obtuvo respuesta y se retiró porque creyó que estaba dormida.

La investigación también estableció que Ezequiel Matías Simeone estaba en libertad condicional cuando ocurrió el crimen, tras una condena dictada en septiembre de 2023 por amenazas y violencia de género. Según declaraciones y testigos, la madre no habría protegido a la niña pese a conocer los antecedentes de violencia de su pareja.

La madre de la víctima habló el año pasado, ya detenida, y contó su versión de los hechos, asegurando su inocencia: “Que la Justicia abra los ojos y vea que no tengo nada que ver, nunca quise que le pase a mi hija esto. Solamente quise reclamar un derecho y fui a buscar un plato de comida para que no le falte nada a ella y a sus hermanos”.

En medio de los reclamos de justicia, Nazarena, la tía de la menor, cargó contra los tres detenidos. “Se pudran en la cárcel”, pidió sobre su hermana, Simeone y Varela. Sobre Simeone, agregó: “Nos vendió a todos un verso de que era bueno”. Luego describió la imagen que, según dijo, había logrado construir dentro de la familia: “Él se hacía cargo de los chicos, se encargaba de lavarles la ropa, de hacerles la comida, y todos creímos que dentro de todo los trataba bien, pero hoy en día saber que le hizo todo a nuestra sobrina, nos tiene desgarrados”.

Nazarena también cuestionó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia por haber devuelto la tenencia de los niños a Rauch. “Nunca hicieron un seguimiento para ver si realmente ella estaba capacitada para tener a los chicos”, acusó sobre la SENAF.

La estrategia de la defensa en el juicio contra Karmelo Anthony por el apuñalamiento mortal de Austin Metcalf en Frisco, Texas, experimentó un giro determinante cuando el equipo legal del joven de 19 años decidió que el acusado no declarara ante el jurado.

Esta maniobra, según New York Post, podría debilitar gravemente el alegato de legítima defensa en un proceso que generó fuerte atención pública.

El proceso llega a su etapa decisiva

Este martes, el juicio se encuentra en su etapa final: el jurado escucha los alegatos de cierre y comienza la deliberación que definirá el futuro de Karmelo Anthony.

De acuerdo con información publicada por The Independent, el veredicto podría conocerse en las próximas horas, marcando un desenlace clave para todas las partes involucradas en el caso.

El jurado debe decidir si la muerte de Austin Metcalf fue un asesinato o un acto de legítima defensa. La fiscalía sostiene que se trató de una acción de violencia injustificada, mientras que la defensa insiste en que Anthony reaccionó para protegerse durante una confrontación bajo el toldo del equipo de Metcalf, durante una competencia de atletismo en 2025.

El impacto de no declarar y las consecuencias legales

De acuerdo con New York Post, la defensa cerró su caso sin que Anthony reconociera expresamente haber apuñalado a Metcalf. Esta omisión podría impedir que el jurado considere la legítima defensa como opción de absolución.

Jeremy Rosenthal, abogado de Texas, explicó al medio que la legislación estatal exige que el acusado no niegue el hecho principal para habilitar esa vía de defensa ante el jurado.

“Para obtener una instrucción de legítima defensa, existe lo que se llama una ‘carga de producción’. Debes mostrar con tu propia prueba que no discutes la conducta”, precisó Rosenthal en declaraciones a New York Post.

Si el jurado declara culpable a Anthony, la sentencia podría ser cadena perpetua. Este desenlace extremo subraya la gravedad de la acusación y el impacto potencial que la decisión tendrá en la vida del acusado y de ambas familias.

Cambio de foco: homicidio culposo como alternativa

New York Post subraya que la defensa podría estar intentando que el jurado contemple un cargo menor, como homicidio culposo, en lugar de asesinato en primer grado. Rosenthal señaló que la defensa puede solicitar, antes de los alegatos finales, que se considere esta alternativa. “Esas negociaciones probablemente están ocurriendo ahora mismo”, afirmó el abogado.

Añadió además: “Que el señor Anthony no testifique potencialmente estrecha algunas vías hacia la absolución. El derecho a testificar o no testificar es exclusivamente del acusado”.

Otro abogado consultado por New York Post, Steve Bassett, con más de 30 años de experiencia, consideró que los argumentos para reducir el cargo a homicidio culposo parecen más sólidos que los de una absolución total por legítima defensa. “Siempre pensé que esta era una batalla cuesta arriba para la defensa simplemente porque se introdujo un cuchillo en el conflicto muy rápidamente”, opinó Bassett.

El relato de los hechos y las pruebas en disputa

Según New York Post, la secuencia de los acontecimientos en el estadio es el eje del debate jurídico. Mientras la defensa sostiene que Anthony actuó bajo temor a una agresión, testigos declararon que el acusado tenía la mano en su mochila con el cuchillo antes del contacto físico con Metcalf.

Uno de los testimonios refiere que Anthony advirtió: “Tócame y verás”, frase que, según Rosenthal, “puede interpretarse como: ‘Te mataré’”.

El artículo también recoge imágenes de la cámara corporal policial. En ellas, Anthony aparece llorando tras su detención y dice al agente: “Él me puso las manos encima”, seguido de la pregunta “¿está bien?”, lo que para la defensa podría retratarlo como un adolescente alterado y temeroso, no un asesino premeditado.

El estándar de la fuerza letal y la posición de la fiscalía

New York Post remarcó que la fiscalía también enfrenta desafíos probatorios. Rosenthal expresó que no hay indicios de que Anthony llegara al evento con intención de matar. “Fue un acto agresivo, temerario y con muy mala suerte”, relató.

Para que se reconozca la legítima defensa, la defensa debe demostrar que el acusado temió por su vida cuando Metcalf intentó empujarlo fuera del toldo en las gradas.

Un juicio marcado por la celeridad judicial

New York Post destaca el papel del juez de distrito John Roach, conocido por su eficiencia y porque este es el último proceso de su carrera.

Según el medio, Roach extendió los horarios, celebró audiencias incluso los sábados y en una ocasión reprendió a la fiscalía por atrasos mínimos.

El magistrado llegó a probar la comida de la cárcel y a usar un monitor de tobillo para comprender la experiencia de los acusados. En otra ocasión, detuvo personalmente a un imputado que violaba la libertad condicional.

La decisión del jurado se espera para las próximas horas y podría conocerse este martes, de acuerdo con New York Post.

El caso se convirtió en uno de los juicios más seguidos en Texas, con consecuencias de largo alcance para el acusado y la comunidad.

La justicia dominicana se encuentra en la antesala de un fallo definitivo por uno de los crímenes que más hondo ha calado en la sensibilidad colectiva en los últimos años. El Ministerio Público solicitó el día de ayer 5 de junio formalmente una condena de 40 años de prisión para el autor material del disparo que segó la vida del niño Gioser Luis Feliz, de tan solo 9 años, y 30 años de cárcel para los demás coimputados.

La petición, realizada formalmente ante el Primer Tribunal Colegiado de Santiago, marca el cierre de un debate procesal extenuante y traslada la responsabilidad final a los jueces, quienes han fijado la lectura de la sentencia para el próximo 30 de junio.

Para entender el peso de los años de cárcel solicitados, es preciso regresar a la fatídica tarde del 19 de abril de 2023. Gioser Luis Feliz, un niño alegre de nacionalidad estadounidense que residía junto a su familia en el condado de El Bronx, Nueva York, acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Lo acompañaban su padre y la pareja de este, en lo que se perfilaba como unas vacaciones familiares en la tierra de sus ancestros.

El vehículo en el que se trasladaban avanzaba por la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros cuando la normalidad del viaje se rompió de forma violenta. Un grupo de asaltantes interceptó el automóvil con la clara intención de perpetrar un robo. En medio de la confusión y el pánico del asalto, un arma de fuego fue accionada.

El proyectil atravesó el cristal e impactó directamente en el cuerpo del pequeño Gioser, transformando el anhelo del reencuentro familiar en una pesadilla de sangre, gritos y sirenas de ambulancia. El menor no sobrevivió al impacto, y su cuerpo tuvo que ser repatriado para recibir sepultura en el mismo suelo neoyorquino donde crecía.

La traición detrás del crimen: El factor Tomás Peña

Detrás de la logística del asalto se escondía un elemento que dotó al caso de una carga dramática y de un repudio social aún mayor: la traición. Con el avance de las investigaciones, las autoridades descubrieron que el cerebro detrás del atraco no era un extraño, sino Tomás Peña, señalado como el mejor amigo del padre de la víctima.

Peña, valiéndose de la confianza y el conocimiento íntimo de los movimientos de la familia, planificó minuciosamente el asalto para despojarlos de las pertenencias y el dinero con el que viajaban desde Nueva York. Según los informes del caso, el autor intelectual organizó la emboscada bajo la premisa de ejecutar un robo lucrativo, asegurando posteriormente que desconocía que el hijo de su amigo se encontraba dentro del vehículo al momento de interceptarlos.

Sin embargo, para la sociedad y los acusadores, la ignorancia del detalle no exime la monstruosidad de un plan que culminó en un infanticidio. El proceso judicial seguido contra los seis hombres presuntamente implicados ha culminado su etapa culminante tras agostarse la fase de juicio de fondo.

Durante las audiencias, el tribunal escuchó testimonios desgarradores, evaluó peritajes balísticos y examinó las pruebas documentales presentadas por la fiscalía. Por lo que, el Ministerio Público solicita las siguientes penas:

• 40 años de prisión: Para Luis Ángel Vargas Brito, identificado de forma contundente como el presunto responsable de realizar el disparo mortal.
• 30 años de prisión: Para Tomás Peña (el amigo y planificador), Darlyn Javier Mercado, José Manuel Almonte, César Junior Ulloa y Elián Martínez, en calidad de coautores y cómplices del sangriento asalto.

El próximo 30 de junio, cuando los jueces den a conocer la sentencia, la República Dominicana y la comunidad dominicana en Nueva York sabrán si el peso de la ley caerá con la severidad que el Ministerio Público ha demandado para vengar, en los tribunales, la memoria del pequeño Gioser.

En una decisión trascendental para el sistema de justicia dominicano, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción, dictó auto de apertura a juicio de fondo (o juicio público) contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez.

Ambos, junto a un grupo de exfuncionarios y empresas, están acusados de liderar una red de corrupción que desfalcó al Estado a través de una licitación irregular para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El Ministerio Público logró que el tribunal admitiera formalmente las acusaciones por delitos graves de corrupción administrativa, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos y privados.

La acusación principal señala la estructura de un esquema fraudulento para adjudicar un contrato multimillonario a la empresa Transcore Latam S.R.L. por un monto exacto de RD$1,317,350,997.00 (21,774,396.64 USD).

Sin embargo, el tribunal desestimó la calificación jurídica de “actos de terrorismo” y “sabotaje” que solicitaba originalmente el órgano persecutor contra los principales señalados. Aunque se admitió el impacto del colapso del sistema informático, la jueza Rivas entendió que los tipos penales de la ley antiterrorista no se adecuaban técnicamente a los hechos debatidos en esta etapa del proceso.

Además de Beras y Gómez, el tribunal envió a juicio a otros exfuncionarios clave de la institución que supuestamente facilitaron el fraude desde sus puestos técnicos y financieros:

• Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
• Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
• Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.
• Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero de la entidad.

El caso también arrastra de manera penal a otras seis personas físicas y a siete empresas que sirvieron de fachada corporativa.

A su salida del tribunal, Hugo Beras mantuvo una postura reservada ante los medios de comunicación, limitándose a declarar brevemente: “Que hable la justicia, que hable la justicia”. A partir de esta decisión judicial, el expediente será remitido a un tribunal colegiado, el cual se encargará de fijar la fecha definitiva para el inicio de las audiencias del juicio de fondo, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los encartados.

¿Qué es el Intrant y por qué es tan crítico este caso?

Para entender la gravedad del escándalo, es necesario precisar qué es el Intrant. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es el órgano rector y regulador del transporte terrestre, el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en la República Dominicana.

Cuando una red criminal logra capturar los sistemas tecnológicos del Intrant, no solo se comprometen fondos públicos, sino la seguridad nacional. Al controlar los semáforos de la capital, una entidad privada tiene la capacidad de paralizar la ciudad, retrasar los servicios de emergencia o, como ocurrió en este caso, usar el control vial como un mecanismo de presión y chantaje contra el propio Estado dominicano.

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que las maniobras delictivas se planificaron y ejecutaron en varias fases consecutivas entre 2023 y 2024:

• Febrero de 2023 (La Convocatoria): El Intrant publicó las bases para la licitación de la modernización de la red semafórica. Según el expediente acusatorio, el pliego de condiciones técnicas no fue redactado por técnicos del Estado, sino confeccionado en secreto por la propia empresa que resultaría ganadora, Transcore Latam, asegurando un traje a la medida.
• Abril de 2023 (La Adjudicación): Bajo la gestión de Beras, se formalizó el contrato por más de 1,300 millones de pesos a favor de la compañía, a pesar de que la empresa carecía de la experiencia robusta requerida para un proyecto de tal envergadura.
• Octubre y Noviembre de 2023 (Primeras Alertas): La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) intervino tras detectar graves indicios de falsificación de documentos, simulación corporativa y una composición accionaria difusa y sospechosa, ordenando la suspensión provisional inmediata de los efectos del contrato.
• Agosto de 2024 (El Sabotaje Vial): En un desafío directo a las autoridades tras las suspensiones del contrato, la empresa apagó de forma unilateral e intencional 55 intersecciones semafóricas críticas en el Gran Santo Domingo. Este evento provocó un colapso masivo del tránsito, un caos vial sin precedentes y obligó a una intervención de emergencia por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Finalizó la fase de incorporación de pruebas tras la reanudación de la Audiencia Única Abierta contra los cabecillas nacionales de La Mara Salvatrucha 13 (MS-13).

Este proceso abarca delitos cometidos entre 2012 y 2022 y detalla las operaciones atribuidas a los líderes de esta organización en diferentes zonas del país.

Durante la jornada se presentaron documentos, peritajes y declaraciones relacionados con acusaciones de homicidio, extorsión, tráfico de armas, drogas y trata de personas.

Se admitieron actas de víctimas, testigos, especialistas forenses y de otras áreas, así como álbumes fotográficos, perfiles de imputados y audios vinculados a los casos.

En la acusación se sostiene que los cabecillas de la MS-13 habrían intentado establecer un estado criminal paralelo al institucional. Las pruebas documentales y testimoniales buscan demostrar que la estructura ordenó y coordinó acciones que, según el expediente, afectaron el sistema democrático.

La teoría presentada por la Fiscalía indica que los líderes planificaron y dirigieron operaciones para lograr control territorial y político, mediante mecanismos propios de gobierno y justicia distintos a los estatales.

Durante la audiencia se incorporaron pruebas documentales y periciales, entre ellas declaraciones de víctimas, relatos de testigos, informes de analistas y dictámenes de peritos en criminalística, drogas y medicina forense.

También se agregaron álbumes fotográficos, actas de reconocimiento de implicados y perfiles de los procesados, además de registros de audios relacionados con los distintos casos.

Estas pruebas cubren hechos cometidos en varias regiones y reflejan el alcance nacional de la estructura investigada.

La acusación formal agrupa cargos por homicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas. Según la Fiscalía, los líderes de la MS-13 habrían dado órdenes relacionadas con estos delitos, que afectaron tanto a civiles como a miembros de cuerpos de seguridad.

Se busca vincular a los procesados con la autoría intelectual y la coordinación de hechos ocurridos en diferentes áreas del país, y se señala que estas acciones formaron parte de una estrategia sistemática de la organización.

El proceso judicial se desarrolla bajo la teoría del “hombre de atrás”, que atribuye responsabilidad penal a quienes, desde posiciones de liderazgo, ordenaron, autorizaron o facilitaron la ejecución de delitos.

La Fiscalía sostiene que la estructura jerárquica permitió a los líderes asumir un rol de coordinación y control, aunque sin participar directamente en la ejecución. El planteamiento apunta a establecer la responsabilidad de los imputados por la totalidad de los hechos investigados.

Las pruebas admitidas corresponden a diferentes regiones, en las que operaron las “clicas” de la MS-13. La investigación involucra los 32 programas identificados de la organización y describe cómo la estructura extendió su presencia a nivel nacional.

El expediente incorpora evidencia sobre actividades coordinadas entre distintas células y la cadena de mando que, según la acusación, facilitó la comisión de los delitos.

Con la conclusión de la fase de incorporación de pruebas, la Fiscalía tiene previsto presentar los alegatos finales. Se espera que en esa etapa se expongan los argumentos sobre las responsabilidades y se soliciten las penas máximas que prevé la ley para cada uno de los delitos imputados.

Los fiscales afirman que el caso fue estructurado para cubrir todos los aspectos de la acusación y respaldar las imputaciones presentadas ante el tribunal.

La Justicia de Oregón formuló un quinto cargo de asesinato en segundo grado contra Jesse Calhoun, quien ya enfrentaba imputaciones previas por el homicidio de cuatro mujeres en el noroeste del estado y en el sudoeste de Washington.

La acusación más reciente se vincula con el hallazgo del cuerpo de Ashley Real, de 22 años, localizado en mayo de 2023 en un estanque cercano a Portland, según información de NBC News. El caso generó inquietud en la región ante la posibilidad de que existiera un patrón de homicidios de mujeres jóvenes.

Cronología de los hallazgos y cargos

De acuerdo con NBC News, los restos de Ashley Real se encontraron junto a los de otras cuatro víctimas: Kristin Smith, de 22 años; Charity Perry, de 24; Bridget Webster, de 31; y Joanna Speaks, de 32.

Cuatro de los cuerpos aparecieron en áreas boscosas, una alcantarilla y otros puntos del noroeste de Oregón, mientras que el de Speaks fue hallado cerca de un granero abandonado en el sudoeste de Washington.

Las ubicaciones conforman un radio aproximado de 160 kilómetros (100 millas), según lo detallado por el medio estadounidense.

El proceso judicial se reforzó con la imputación más reciente luego de que un gran jurado formalizara la acusación por la muerte de Real.

En la audiencia celebrada en Portland, el abogado defensor de Calhoun ingresó una declaración de no culpabilidad, mientras el acusado permaneció en silencio.

La Fiscalía aspira a consolidar todos los cargos en un solo juicio y la defensa solicitó reprogramar la fecha prevista, según NBC News.

Impacto en las familias y antecedentes del caso

Familiares de las víctimas asistieron a la audiencia. José Real, padre de Ashley, se mostró visiblemente afectado al hablar con la prensa. “Nunca pensé ni imaginé que mi familia viviría algo así. Tenía un corazón de oro”, expresó a través de un intérprete, en declaraciones recogidas por NBC News.

Masciell Real, hermana de la joven, manifestó que ver al acusado tras las rejas le dio alivio, aunque la ausencia de su hermana permanece. “Eso tampoco cambia el hecho de que mi hermana ya no está aquí”, sostuvo.

En una denuncia previa, José Real relató a The Associated Press que en noviembre de 2022 su hija acudió a su casa llorando y con marcas en el cuello, acusando a Calhoun de estrangulamiento.

El caso fue transferido a otra jurisdicción, lo que complicó el seguimiento, según la reconstrucción de The Oregonian/OregonLive. El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación sobre la posible existencia de un asesino serial en la zona. // El hallazgo del cuerpo de Ashley Real en 2023 profundizó la preocupación y colocó a Jesse Calhoun como un posible asesino serial de la zona.

Trayectoria judicial y situación actual de Calhoun

Jesse Calhoun permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Multnomah. El acusado fue arrestado en junio de 2023 por órdenes de captura no relacionadas con los homicidios y más tarde imputado formalmente por las muertes de las otras cuatro mujeres en 2024 y 2025.

La primera acusación formal ocurrió poco antes de que pudiera salir en libertad, tras cumplir casi la totalidad de una condena por agresión a un agente policial, intento de estrangulamiento de un perro policía, robo y otros delitos.

Según NBC News, Calhoun había sido excarcelado en 2021, un año antes de lo previsto, por colaborar en el combate de incendios forestales en 2020 dentro de un programa penitenciario.

La entonces gobernadora Tina Kotek revocó esa conmutación en 2023, luego de que la policía lo investigara por los homicidios. Hasta el momento, no se fijó una nueva fecha para el inicio del juicio.

El proceso judicial contra Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf entra este jueves en su etapa clave, con la presentación de los primeros alegatos ante un jurado ya conformado en el tribunal de Collin County, Texas.

El caso, que involucra a dos jóvenes de 17 años al momento de los hechos, captó la atención pública y marca el inicio de una fase decisiva en la que la fiscalía y la defensa expondrán sus versiones sobre lo ocurrido.

Alegatos iniciales y organización del tribunal

Según información de KRLD, este jueves se desarrollan los alegatos iniciales en el juicio que enfrenta a Karmelo Anthony, acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Austin Metcalf durante una competencia escolar de atletismo en Frisco, Texas.

El tribunal ha dispuesto un jurado de 12 titulares y seis suplentes, seleccionados entre casi 600 candidatos, luego de un exhaustivo proceso de depuración en el que tanto la fiscalía como la defensa ejercieron su derecho a excluir hasta 10 personas cada uno, según reportó CBS News.

La audiencia, presidida por el juez John Roach Jr., se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con reglas claras para la conducta dentro de la sala y sin presencia de cámaras.

Las autoridades estiman que el juicio podría extenderse alrededor de dos semanas y contemplan la participación de hasta 36 testigos, de acuerdo con KRLD.

Los hechos bajo investigación

El caso gira en torno a lo sucedido el 2 de abril de 2025 durante un evento de la University Interscholastic League (UIL) en la Memorial High School de Frisco. Según AP News, la confrontación comenzó cuando Anthony se sentó bajo una carpa perteneciente al equipo de Metcalf.

Testigos declararon a la policía que, tras una discusión por un asiento, Anthony habría advertido: “Tócame y verás lo que pasa”. Minutos después, Metcalf lo sujetó y Anthony extrajo un cuchillo de su bolso, con el que apuñaló a Metcalf en el pecho, causándole la muerte.

Karmelo Anthony, actualmente de 19 años, fue arrestado poco después y permaneció bajo cargos de asesinato en primer grado. Si resulta condenado, podría enfrentar una pena de entre cinco y 99 años de prisión o cadena perpetua.

El proceso de selección del jurado

La selección del jurado, que se completó el miércoles por la tarde, se realizó bajo un clima de amplia cobertura mediática y estrictos controles de seguridad en el tribunal de Collin County.

De acuerdo con CBS News, el proceso incluyó preguntas sobre la influencia de la prensa, posibles prejuicios y la capacidad de los candidatos para mantener la imparcialidad.

Una de las aspirantes, identificada como educadora del distrito escolar de Frisco, expresó dudas sobre su propia objetividad debido a la cercanía del caso. Otro potencial jurado admitió que las noticias sobre el proceso ya habían generado impresiones difíciles de ignorar.

Durante las entrevistas, los abogados abordaron temas como la edad de Anthony, la naturaleza del enfrentamiento y el derecho a no declarar. La defensa preguntó a los candidatos si considerarían negativamente que el acusado optara por guardar silencio, ante lo cual un jurado respondió: “El silencio es ensordecedor; importa. Es difícil ignorarlo”, según recogió CBS News.

Claves del debate judicial y contexto social

La cuestión central que deberá resolver el jurado es si Anthony actuó en defensa propia o si, como sostiene la fiscalía, provocó la disputa e introdujo el arma de manera deliberada.

El abogado defensor, Mike Howard, declaró a AP News que espera que los fiscales no logren descartar la posibilidad de una legítima defensa, aludiendo a que todos los detalles del enfrentamiento se conocerán durante el juicio.

El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Frisco y fue amplificado en redes sociales, lo que llevó al jefe de policía local, David Shilson, a advertir sobre los riesgos de la desinformación, el miedo y la polarización en línea, según reportó AP News.

Tanto la familia de la víctima como la del acusado pidieron respeto por la privacidad y expresaron su pesar por la tragedia.

El padre de Metcalf subrayó en una entrevista con Fox News, que “esto es una cuestión humana” y pidió evitar interpretaciones políticas o raciales del hecho.

El fiscal de Collin County, Greg Willis, anunció la imputación formal en junio de 2025 y remarcó la sensibilidad social del caso, de acuerdo con KRLD.

El proceso judicial continuará durante los próximos días, con la expectativa de que el jurado escuche el testimonio de hasta 36 testigos antes de deliberar sobre la responsabilidad penal de Anthony.

El proceso judicial contra Karmelo Anthony por la muerte de Austin Metcalf en un encuentro escolar en Texas comenzó en el condado de Collin, bajo fuertes medidas de seguridad y una atención mediática nacional.

De acuerdo con FOX 4, la causa involucra alegatos de defensa propia y una ola de desinformación, que expone tensiones raciales y cuestiona la influencia de las redes sociales en la percepción pública de la justicia.

Desarrollo del juicio y contexto procesal

Según CBS Texas, este lunes inició la selección del jurado en el tribunal del condado de Collin, donde fueron convocadas centenares de personas para formar parte del proceso.

El juez John Roach busca reducir el grupo inicial a menos de 250 integrantes, con la expectativa de que el juicio finalice alrededor del 12 de junio.

FOX 4 informó que, manifestantes de diversas posturas se concentraron en las inmediaciones del tribunal, incluyendo un pequeño grupo de nacionalistas blancos.

La fiscalía cuenta con una lista de 35 testigos, lo que podría extender el proceso cerca de dos semanas. Durante la selección del jurado, los candidatos recibieron un cuestionario especializado para identificar posibles sesgos y determinar su idoneidad para el caso.

El tribunal implementó restricciones estrictas: prohibición de celulares, grabaciones, y manifestaciones dentro del edificio, además de limitar las protestas a áreas específicas y someter a los asistentes a controles de seguridad. CBS News señaló que el Departamento del Sheriff local es el encargado de hacer cumplir estas medidas.

En julio de 2025, el juez Roach emitió una orden de silencio que obliga al silencio público a todas las partes vinculadas al caso, buscando evitar filtraciones y presiones externas que puedan afectar la imparcialidad del juicio, tal como reportó CBS Texas.

El incidente en Frisco: ¿defensa propia o asesinato?

El hecho central ocurrió el 2 de abril de 2025 en el estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo. Anthony, estudiante de Centennial High School, y Metcalf, de Memorial High School, tenían 17 años y no se conocían.

Según un informe policial citado por CBS News y CBS Texas, Anthony se acercó a la carpa de Memorial High School en las gradas. Metcalf le pidió que se retirara, ante lo cual Anthony tomó su bolso y advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Testigos coinciden en que nadie pensó que portaba un arma.

En la secuencia, Metcalf tocó o agarró a Anthony, quien extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho. Tras el ataque, Anthony huyó mientras Metcalf pedía ayuda y se sujetaba el pecho. CBS News destacó que, cuando la policía llegó, Metcalf ya no respiraba y recibió reanimación cardiopulmonar por parte de entrenadores escolares.

Anthony fue detenido poco después en el estadio. De acuerdo con FOX 4, declaró a los agentes frases como “me estaba protegiendo”, “él me puso las manos encima” y “no soy un presunto. Yo lo hice”. También preguntó si lo ocurrido podía considerarse defensa propia y si Metcalf iba a sobrevivir.

La acusación formal por asesinato llegó tras la presentación de pruebas ante un gran jurado en junio de 2025. Anthony quedó bajo arresto domiciliario después de que la fianza inicial de USD 1 millón fuera reducida a USD 250.000 por decisión judicial, en parte por no tener antecedentes penales, según CBS News.

La cuestión clave para el tribunal es determinar si la acción de Anthony constituye asesinato o puede justificarse bajo la alegación de defensa propia.

La carga probatoria recae en la fiscalía, que debe demostrar más allá de toda duda razonable que Anthony no actuó para protegerse. FOX 4 subrayó este punto en sus reportes.

Repercusiones sociales, amenazas y desinformación

El caso trascendió rápidamente el ámbito local y generó una intensa reacción en redes sociales, amplificando tensiones raciales y promoviendo narrativas polarizadas. CBS Texas documentó que cuentas de alto perfil en X viralizaron el episodio, reclamando la ausencia de “indignación nacional” y sugiriendo que el caso no “encajaba en la narrativa”, acumulando decenas de millones de visualizaciones.

Simultáneamente, circularon informaciones falsas: cuentas apócrifas de autoridades policiales difundieron detalles inventados, apareció en Facebook un informe de autopsia falso que implicaba drogas, y en Instagram se compartieron capturas adulteradas sobre armas.

CBS Texas informó que la desinformación agravó el clima de hostilidad, derivando en amenazas y acoso a ambas familias. Las direcciones de sus domicilios fueron publicadas, provocando incidentes de “swatting” y obligando a algunos de los padres a abandonar sus empleos o tomar licencia, además de requerir seguridad adicional en el funeral de Metcalf.

Impacto y desafíos para la justicia

La presión pública y mediática llevó a una serie de restricciones inéditas para proteger el proceso judicial, la privacidad del jurado y la seguridad de todos los participantes. El juez prohibió reacciones, gestos y cualquier distracción durante las audiencias, remarcando la importancia de mantener la integridad y la imparcialidad del juicio, como descrió CBS News.

Tanto la fiscalía como la defensa llamaron a la comunidad a priorizar el principio de justicia sobre las emociones y a respetar el desarrollo del juicio. El fiscal del distrito, Greg Willis, y el abogado defensor, Mike Howard, apelaron al respeto por los procedimientos y recordaron que detrás del caso hay jóvenes y familias afectadas en ambos extremos, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Texas.

El juicio a Karmelo Anthony pone en primer plano los desafíos de administrar justicia en un entorno saturado de información y presión social, donde la verdad judicial debe abrirse paso entre rumores, intereses cruzados y la exposición constante en la esfera digital.

El caso por el asesinato de Charlie Kirk en Utah avanza hacia una instancia crucial tras la decisión del juez Tony Graf de mantener abierta al público la audiencia preliminar contra Tyler Robinson, acusado de homicidio agravado.

La medida, reportada por AP News, permitirá la exposición pública de las pruebas reunidas por la fiscalía, que busca la pena de muerte en este proceso de alto perfil.

El proceso judicial y el debate sobre el acceso público

El juez Graf rechazó el lunes el pedido de la defensa de Tyler Robinson para cerrar partes de la audiencia preliminar, prevista del 6 al 10 de julio, en la que los fiscales deberán demostrar si existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

Según detalló AP News, la defensa argumentó que la cobertura mediática podría perjudicar el derecho de su cliente a un proceso justo, mientras que la fiscalía insistió en la importancia de la transparencia judicial.

Durante su resolución, Graf sostuvo que “el público y los medios disfrutan de un derecho presunto de acceso a los procedimientos judiciales, incluidas las audiencias preliminares”, y descartó que la exposición de pruebas en esa instancia suponga un daño para la imparcialidad del proceso.

De acuerdo con NBC News, la audiencia de julio será la presentación de pruebas más relevante hasta el momento en una causa marcada por la controversia en torno al acceso de la prensa y la opinión pública sobre el caso.

Robinson, de 23 años y oriundo del suroeste de Utah, enfrenta cargos por el asesinato de Kirk el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Utah Valley University. Hasta la fecha, el acusado no presentó declaración de culpabilidad y permanece bajo prisión preventiva.

La fiscalía, por su parte, prevé introducir como pruebas análisis forenses, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de testigos, hallazgos de la autopsia y mensajes atribuidos a Robinson en los que admitiría su responsabilidad.

Entre los elementos que serán evaluados, destacan los resultados de ADN hallados en el gatillo del arma homicida, en la vaina del cartucho disparado y en una toalla utilizada para envolver el rifle.

Además, los investigadores incautaron una nota dirigida a la pareja sentimental de Robinson con el mensaje: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a hacerlo”, según informaron AP News y CBS News.

Tensiones entre la defensa y la fiscalía

La defensa de Robinson sostiene que la cobertura mediática distorsionó la imagen pública de su cliente y buscó restringir el acceso a los detalles de la audiencia para evitar una afectación al futuro juicio.

El equipo legal del acusado consiguió que se programe una audiencia previa, prevista para el 12 de junio, destinada a discutir las acciones de la fiscalía en relación con declaraciones realizadas a la prensa.

Según AP News, los abogados acusan al fiscal Christopher Ballard de haber realizado una “gira mediática” en la que expresó opiniones sobre la culpabilidad de Robinson.

La fiscalía respondió que las intervenciones de Ballard se limitaron a corregir información errónea difundida en la prensa, en particular sobre un informe preliminar de balística que había generado especulaciones en torno a una posible exoneración del acusado.

En ese sentido, los fiscales negaron que Ballard haya emitido juicios de valor sobre la culpabilidad de Robinson, como puntualizó AP News.

Contexto y repercusiones del caso

El asesinato de Charlie Kirk conmocionó a la comunidad universitaria y generó amplia repercusión en medios nacionales e internacionales. Kirk, conocido por su activismo político y su cercanía a líderes conservadores, fue asesinado en circunstancias que las autoridades describen como premeditadas.

El proceso judicial captó la atención por el debate sobre el acceso público a audiencias sensibles y el impacto de la cobertura mediática en casos penales de alta notoriedad.

El desarrollo de la audiencia preliminar en Utah marcará un punto de inflexión en el caso, al poner a disposición del público y la prensa las pruebas clave reunidas hasta el momento.

Si la fiscalía logra acreditar la solidez de su acusación, el proceso avanzará hacia un juicio en el que los fiscales ya anticiparon que solicitarán la pena de muerte para Tyler Robinson.

Este lunes a partir de las 8 de la mañana, el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos debía comenzar a juzgar a Edgardo Kueider y a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. Pero Elsa García, presidenta del Tribunal, dispuso postergar las audiencias para el martes 9. Alegó razones organizativas para sostener la decisión. El juzgado se completa con Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa al exsenador y su pareja de contrabando en grado de tentativa. El proceso en contra de quien fuera legislador nacional por Entre Ríos comenzó durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

En ese momento, la Aduana ubicada en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad detuvo la Chevrolet Trailblazer en la que circulaban Kueider y Guinsel. En una mochila, se encontraron más de 200 mil dólares, pesos argentinos y guaraníes sin declarar.

Desde que Villalba Ramírez formuló la acusación el 5 de diciembre de 2024, el exlegislador y su pareja cumplen arresto domiciliario. Pasaron por tres lugares. Un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y un departamento en un edificio periférico pero de alta gama que es donde residen ahora.

Efectos del proceso en Paraguay

El juicio sufrió dos postergaciones previas. En un principio, las audiencias iban a comenzar el 24 de noviembre del año pasado. Esa fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. Pero días antes, la Fiscalía pidió fijar una nueva debido a la extensión de otro juicio que se estaba llevando a cabo. Este lunes hubo otra dilación. La fecha se corrió una semana.

El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

El juicio por contrabando es clave para comenzar a desenmarañar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

Cómo espera Kueider el juicio

El exsenador está convencido de que es inocente y de que podrá demostrarlo. Sin embargo, sabe que carga con el peso de la condena social y culpa por eso a los medios y a la Justicia.

En cada aparición pública, se ha mostrado con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de dos personas dentro de un auto incenciado en un pasaje rural del departamento El Carmen, el Ministerio Público confirmó que el caso como doble homicidio. Las víctimas, identificadas como L.C.L. y M.N.P., fueron encontrados calcinados y presumen que el crimen ocurrió entre la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo de 2025 en la provincia de Jujuy.

Este sábado, el Ministerio Público de la Acusación pidió la apertura de juicio oral y público contra los imputados reconocidos como D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. por el crimen de una pareja asesinada en Pozo Cavado. De acuerdo con Somos Jujuy, el juez de Control Gastón Mercau admitió el requerimiento del fiscal Luis Marcelo De Aparici y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los tres imputados.

La acusación atribuye a D.F.M., L.G.E. y V.G.Y. los delitos de “doble homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego, en despoblado y en banda, en concurso real”. La causa requirió un trabajo conjunto del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía interviniente y personal de la policia de Jujuy.

El magistrado también revocó la prisión preventiva domiciliaria que tenía D.F.M. y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario, a pedido de la fiscalía. En la audiencia de control de acusación, que finalizó el último viernes, la fiscalía expuso evidencias materiales, informes técnicos, pericias y declaraciones testimoniales reunidas durante la pesquisa.

La investigación penal preparatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen - Perico, dirigida por De Aparici. En representación de la madre de una de las víctimas intervino el abogado Nicolás Flores, del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación, como querellante particular.

El hallazgo del crimen

En mayo del 2025, encontraron una Jeep Renegade incendiada, dentro hallaron dos cuerpos calcinados. El hallazgo ocurrió por la noche, cerca de las 21, en un camino vecinal situado a unos dos kilómetros de la Ruta Provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado, en el departamento El Carmen. La denuncia había sido recibida a las 20.30 y, según los fiscales del caso, un testigo alertó a la Policía después de escuchar ruidos, acercarse al lugar y ver el vehículo envuelto en llamas.

A través de la patente, los investigadores identificaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Lucía del Carmen Lera, de 52 años, con domicilio en la ciudad de Perico. Según publicó Somos Jujuy, la mujer salió el mismo miércoles por la tarde en ese vehículo junto a su pareja, Matías Nicolás Pérez, de 36 años, y ninguno volvió a ser visto desde entonces.

“Se desconoce el paradero de la propietaria del vehículo. Es una mujer vinculada con el comercio. Y hay un masculino cercano a la propietaria cuyo paradero tampoco conocemos”, dijo la fiscal María Curten Haquim. Los policías llegaron al lugar pocos minutos después del aviso con personal de la Comisaría Sección 45 de Pampa Blanca, dependiente de la Unidad Regional VI de la Policía de Jujuy. También intervinieron bomberos, que sofocaron los focos activos en el interior del rodado y enfriaron la estructura para permitir la inspección.

Recién entonces, según la reconstrucción oficial, los agentes pudieron observar el interior del vehículo. En la parte trasera del habitáculo encontraron dos cuerpos completamente carbonizados. Haquim explicó que el nivel de carbonización impidió cualquier reconocimiento inicial. “Los dos cuerpos estaban en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento de los mismos. No podemos determinar ni el sexo ni las edades”, detalló la fiscal.

Una abuela será llevada a juicio, luego de que fuera acusada de secuestrar a su nieto de tres años desde su casa en la ciudad de Tunuyán, Mendoza, con la presunta intención de venderlo en la provincia de Salta. En el caso también está imputada su pareja, quien fue acusado de haber sido partícipe del macabro plan. Desde que fueron detenidos, se encuentran detenidos en el penal de San Felipe.

El caso se conoció el 1 de junio de 2025, cuando una adolescente, que sería la presunta hija de la acusada, del barrio La Tablada llamó al 911 para denunciar que pretendían llevarse a su hijo sin permiso a otra provincia. La rápida intervención de la policía permitió localizar en el callejón Belgrano a un hombre con el nene, acompañado por una mujer y un adolescente, quienes avanzaban en dirección a la Ruta 40.

Luego de que las autoridades lograran detenerlos, se confirmó que la abuela sería una mujer de 37 años, identificada como J. V., mientras que la pareja de esta se trataría de un hombre de 28 años, cuyas iniciales serían E. M. Según confirmó la Fiscalía de Tunuyán, ambos fueron acusados de sustracción de menores, un delito que contempla penas de entre cinco y quince años de prisión.

Durante el operativo, el hombre manifestó ante los efectivos que el menor le había sido entregado por la madre debido a que no podía cuidarlo por motivos de salud. Sin embargo, otra comisión policial acudió al domicilio de la madre y encontró a la joven, de 19 años, llorando.

Por otro lado, tres personas presentes en la vivienda confirmaron que el nene había sido retirado con el objetivo de venderlo en Salta por $14.000.000, suma de la cual ya se habría pagado un 50 %. No obstante, desde ese momento la Fiscalía dispuso el secreto de sumario y no habían descartado en un primer momento la hipótesis de trata de personas.

En la audiencia preliminar celebrada ante la jueza Mónica Romero, las partes acordaron los puntos del debate, que se desarrollará próximamente en los tribunales del Valle de Uco. De acuerdo con la información obtenida por Telesoldiario, las autoridades judiciales anticiparon que “el debate se realizará a la brevedad”.

El caso generó amplia repercusión, por lo que la Justicia de Mendoza había alertado a las autoridades de Salta, que iniciaron una investigación para determinar si detrás de este traslado existía una red de posibles compradores o intermediarios.

Según la información que había sido recopilada por El Tribuno de Salta, el hecho abrió una línea de investigación colaborativa entre ambas jurisdicciones para esclarecer la existencia de un posible circuito de venta de menores.

Buscan en Buenos Aires a una nena mendocina de 7 años: creen que habría sido ocultada por su madre

La Justicia de Mendoza ordenó la búsqueda y restitución de Sur Álvarez Tovar, una nena de siete años presuntamente oculta por su madre en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue tomada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien resolvió el retorno de la menor a su padre, identificado como A. A., luego de que este presentara una acción judicial ante los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según surge del expediente, Sofía Micaela Tovar, madre de la menor, no acató la orden judicial de entrega y habría cambiado el nombre de la menor, lo que dificultaría las tareas de localización. El último dato oficial indica que estuvieron en el partido bonaerense de San Isidro, donde Sur fue inscripta por última vez en una escuela.

La resolución de la jueza Vila establece el regreso inmediato de la nena a Mendoza y habilita la intervención de organismos especializados, entre ellos el Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades remarcaron que el seguimiento descartaría posibles cambios de establecimiento escolar o modificaciones en las características personales de la menor, ya que existen antecedentes de alteraciones de este tipo.

La Justicia de Mendoza autorizó la difusión pública de imágenes, datos y señas particulares de Sur Álvarez Tovar para facilitar su localización y el cumplimiento de la decisión judicial. Las fotografías que acompañan el comunicado oficial fueron divulgadas a través de medios y plataformas públicas, conforme a la autorización judicial.

Desde la Oficina de Prensa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se recordó que estos procedimientos buscan garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. Ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur, se solicita a la ciudadanía dar aviso inmediato en la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

La Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que investiga a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y producción de material de explotación sexual, en un expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses. Ambos imputados permanecen en libertad desde marzo, tras la revocación de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que motivó protestas de familiares y allegados de la víctima.

El caso se originó en octubre de 2024, cuando la menor quedó al cuidado de personas de su círculo de confianza. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°4 y liderada por Ricardo Córdoba Andreatta, recopiló una serie de pruebas: denuncias, testimonios, exámenes médicos, pericias psicológicas y psiquiátricas, análisis de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales. El expediente fue elevado a juicio luego de que la fiscalía consideró que se alcanzó el grado de probabilidad suficiente para que los acusados enfrenten un proceso oral, según reportó Inforama.

La acusación formal sostiene que el hombre afronta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil en calidad de coautora. Las pruebas recabadas permitieron a la fiscalía avanzar hasta la instancia de juicio, y la notificación ya fue enviada a todas las partes involucradas.

En marzo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la detención preventiva de los imputados mientras avanza la causa. La decisión de liberar a los imputados provocó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que reclama mayor celeridad y nuevas medidas de restricción.

La madre de la menor relató el impacto que tuvo la decisión judicial en diálogo con El Ancasti: “Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto”. La mujer también manifestó que la familia no recibe asistencia psicológica por parte del Estado y que el único apoyo que espera es una respuesta efectiva por parte de la Justicia.

Luego de esa decisión, la fiscalía ordenó que los imputados establezcan un domicilio fijo, se presenten cada semana ante la Justicia, no salgan de la provincia sin autorización judicial y mantengan distancia de la presunta víctima. Por su parte, la madre de la menor subrayó el sentimiento de desprotección que atraviesa la familia. “Ellos han salido como si nada a la calle, teniendo la carátula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada”, declaró.

En paralelo, los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, reiteraron su oposición a la liberación de los padrinos. La fiscalía solicitó copias certificadas de una denuncia por daños contra un vehículo presentada por un vecino, ocurrida después de la excarcelación de los imputados, para evaluar si existen nuevos elementos que ameriten restricciones adicionales.

Los padrinos de la beba continúan en libertad bajo vigilancia judicial y medidas restrictivas, pero sin condena firme. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, aseguró la madre de la beba. Con el proceso judicial en marcha, las expectativas están puestas en el debate oral y en que la Justicia adopte medidas que garanticen la seguridad de la víctima y el avance del caso.

La Justicia de Córdoba confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra el ex legislador Oscar González por el accidente vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, en donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos jóvenes sufrieron graves lesiones.

Según resolvió la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el proceso judicial comenzará el lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Así, poco más de tres años del siniestro vial, González será juzgado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El choque ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el ex legislador, al volante de un BMW de uso oficial, circulaba presuntamente en dirección Córdoba–Mina Clavero e invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra el automóvil en el que se trasladaba Bengoa.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, en el asiento trasero del vehículo viajaban también Marina, hija de la docente, y su amiga Alexa, ambas de 14 años al momento del hecho. Mientras que Marina logró recuperarse sin secuelas, Alexa sufrió lesiones irreversibles y quedó parapléjica tras el impacto.

La elevación de la causa a juicio se produjo luego de que fracasara una propuesta de la defensa de González, que pretendía una salida alternativa mediante una reparación económica. Sin embargo, la solicitud fue rechazada durante el proceso.

La investigación también dirigió su atención al vehículo oficial que conducía González en el momento del siniestro. En este sentido, el uso del BMW, perteneciente a la administración pública, es una de las aristas que será analizada durante el debate oral.

A fines de febrero, González fue excarcelado en el marco de otra causa derivada del mismo episodio. En este expediente, permanece imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. No obstante, el proceso penal por el accidente vial avanzará de manera independiente.

Así fue la tragedia de las Altas Cumbres

El sábado 29 de octubre de 2022, el siniestro vial ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres, a pocos kilómetros de Mina Clavero, marcó el inicio de una investigación judicial que aún sigue su curso. En el hecho, el dirigente peronista y ex presidente provisorio de la Unicameral impactó su camioneta BMW X1 contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, junto a las dos menores de edad.

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo sucedido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

A partir del análisis testimonial, la funcionaria judicial concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

Una vez concluida la etapa investigativa, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio del caso, tras señalar la existencia de pruebas que comprobarían la culpabilidad del imputado. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuraron documentos periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por peritos de control de la parte querellante y defensora, una aclaratoria de la pericia accidentológica y el informe de reconstrucción virtual.

La acusación adelantó que también presentará testimonios, informes técnicos y pruebas informativas, documentales y periciales. Hace algunos meses, los resultados del peritaje accidentológico permitieron sostener la acusación contra González, luego de que su abogado defensor, Martín Ortíz Pellegrini, afirmara que la docente habría cambiado de carril, provocando la colisión frontal.

Sin embargo, el informe ordenado por la fiscal Gallarato reveló que ambos vehículos cruzaron la doble línea amarilla, pero el impacto ocurrió en el carril de la víctima. En línea con esto, los peritos determinaron que la mujer había adelantado a una grúa, pero al regresar a su carril, se encontró con el ex legislador quien transitaba por la vía contraria luego de haber salido de una curva.

El impacto involucró el costado frontal derecho de la BMW X1 y el frente del Renault Sandero, por lo que ambos volcaron. Asimismo, confirmaron que ninguno de los dos circulaba por encima de los 100 km/h permitidos, ya que González circulaba a 87 km/h y la docente a 74 km/h.

En Bogotá se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales registradas en Dabeiba e Ituango en Antioquia entre 2004 y 2005.

La defensa de Guzmán Ramírez asegura que el coronel (r) no tuvo nada que ver en los hechos expuestos durante el caso y en el que testigos aseguraron que el militar sabía lo que pasó con los campesinos y locales que fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combates.

En la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo, que preside el juicio, confirmó que la defensa de Guzmán presentó una solicitud para suspender el proceso, argumentando que primero se debe resolver un recurso por un hecho registrado entre el 8 y 9 de diciembre de 2004 en Ituango.

La decisión fue suspender el juicio oral, esperar la resolución del recurso de apelación y mantener la sección de ausencia mientras las diligencias del resto del juicio serán programadas mientras se espera la decisión de la Sección de Apelación.

La representación de las víctimas interpuso un recurso de reposición al considerar que la suspensión del juicio afecta a los afectados en el caso y generará nuevas dilaciones en un proceso que lleva más de 20 años desde que se registraron las ejecuciones extrajudiciales.

“Desde el escrito de acusación y durante todas las etapas procesales, la Fiscalía definió con claridad los diez hechos jurídicamente relevantes. La defensa nunca presentó nulidades ni objeciones oportunas frente al marco fáctico. La controversia pendiente en apelación solo afecta uno de los diez hechos, por lo que suspender integralmente el juicio resulta desproporcionado”, argumentó la fiscal encargada del caso.

Para la magistrada de la JEP, la decisión que tomará la Sección de Apelación podría afectar la definición del material probatorio del juicio, y confirmó que mantendrá la suspensión para proteger el debido proceso.

“No repone y, por el contrario, confirma la decisión tomada en toda y cada una de sus partes” fueron las palabras de la magistrada Reinere Jaramillo, que indicó que permitiría la presentación de los testimonios de dos testigos de las víctimas (que estaban en el lugar) y luego suspendería el juicio.

Testigos expusieron sus historias y el juicio fue aplazado

La representación de víctimas presentó a sus dos testigos, que de manera reservada se refirieron a uno de los hechos de la acusación contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, registrado en septiembre de 2004 en jurisdicción de Ituango, en Antioquia.

Debido a la condición de los testigos y la reserva que pidieron, sus declaraciones serán tenidas en cuenta cuando se programe la continuidad del juicio. Tras las preguntas complementarias de la fiscal y del magistrado Gustavo Salazar, el abogado defensor Diego Bernal ejerció el derecho a la última palabra y finalmente se aplazó el resto del proceso.

“Tras la realización de los testimonios en audiencia reservada y el desistimiento de otros testimonios por parte de la representación de víctimas, el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez se reanudará una vez la Sección de Apelación se pronuncie sobre el recurso interpuesto relacionado con el hecho incluido en la acusación del 9 de diciembre de 2004″, confirmó la JEP.

Cabe recordar que la apelación de la defensa es por las acusaciones en contra de su cliente, que ha sido culpado de participar en cuatro homicidios registrados en Ituango, más específicamente en la vereda San Luis, en donde el 8 de diciembre de 2004 cuatro personas fueron sacadas a la fuerza de una fiesta.

Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, Pacífico Antonio Sucerquia García, Roberto de Jesús Garcés Barrera y Arley Darío Rojas Graciano, que horas después de la retención ilegal fueron asesinados. La investigación adelantada por fiscales e investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación ha establecido que los hombres armados que cometieron la masacre en realidad eran efectivos del Batallón Contraguerrilla 79, al mando de Guzmán Ramírez.

Comenzó ayer martes el juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones sufridas por una amiga de la víctima, en un hecho ocurrido en junio de 2025 en Junín de los Andes.

El caso es seguido de cerca por la comunidad debido a la gravedad de los hechos y al contexto de violencia de género que la fiscalía atribuye al imputado. El debate judicial se desarrolla ante un jurado popular compuesto por doce personas titulares y presidido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama.

La expectativa de pena para el acusado es la de cadena perpetua, por lo que la instancia del jurado popular resulta obligatoria según la legislación vigente. El proceso está previsto hasta el viernes 30 de mayo, aunque podría extenderse si los alegatos finales y la deliberación así lo requieren. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora.

El hecho investigado ocurrió el 7 de junio de 2025, cerca de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores en Junín de los Andes. De acuerdo con la teoría de la fiscalía, durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a la amiga de Corina, identificada como M.D.G.T., provocándole una herida abdominal que requirió aproximadamente 25 días de recuperación.

Segúnlo informado por el portal LM Neuquén, cuando Mena intervino para recriminar la agresión, recibió una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte por una lesión cardíaca perforante y hemotórax.

Según expuso Ávila en su alegato de apertura ante el jurado, la fiscalía sostiene que se trató de un crimen motivado por celos y conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima, en el marco de una relación marcada por episodios de violencia psicológica. La acusación descarta la hipótesis de un hecho aislado y apunta a la existencia de antecedentes de maltrato y control en la pareja.

De acuerdo con la fiscalía, el crimen de Corina Mabel Mena no fue un episodio casual, sino la culminación de una relación atravesada por violencia de género. El fiscal jefe señaló que el acusado ejercía “conductas de control” y que la víctima había sufrido situaciones previas de violencia psicológica. Tras cometer el ataque, el imputado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, según la acusación.

El Ministerio Público Fiscal interpreta estas acciones como señales de que el acusado “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”, por lo que buscará demostrar la existencia de premeditación y la intencionalidad en el hecho. La fiscalía presentará pruebas testimoniales de familiares, amistades y profesionales que intervinieron en el caso, junto a peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, además de registros fílmicos relevados durante la investigación.

Uno de los testimonios clave será el de M.D.G.T., quien sobrevivió al ataque y podrá aportar detalles sobre la dinámica de los hechos y la relación entre el acusado y la víctima. Según la acusación, la agresión fue consecuencia de una discusión por celos dentro de la vivienda.

La defensa del imputado solicitó que el jurado estuviera integrado, al menos en parte, por miembros de la comunidad mapuche, dado que el acusado pertenece a ese pueblo originario. El pedido fue rechazado por el juez Balderrama, quien coincidió con la postura del Ministerio Público Fiscal. El magistrado explicó que la ley no exige que los jurados sean miembros de comunidades originarias, sino que cuenten con conocimiento sobre su cultura, costumbres y formas de vida.

Durante la audiencia, el juez citó el artículo 109 del Código Procesal, que remite a convenios internacionales sobre el juzgamiento de integrantes de pueblos originarios. Balderrama aclaró que la normativa establece la necesidad de conocer las pautas culturales, pero no implica necesariamente que los jurados deban formar parte de esas comunidades. Tras entrevistar a los convocados, el juez consideró que el tribunal reunía condiciones de pluralidad y diversidad cultural suficientes, sin requerir la fijación de un cupo obligatorio.

El juicio continuará durante la semana, con la exposición de pruebas y los testimonios previstos, y podría extenderse si el calendario de audiencias lo requiere. La expectativa de la fiscalía es que el proceso permita demostrar la existencia de violencia de género previa y la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados.

El desarrollo del juicio será seguido por la comunidad y por organizaciones que reclaman justicia en casos de femicidio, atentos a la aplicación de la perspectiva de género y el respeto por los derechos de las víctimas y sus familiares.

El 25 de mayo comenzó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘falsos positivos’, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeiba e Ituango, Antioquia.

A pesar de que exuniformados han asegurado que Guzmán tenía claridad de lo que pasaba con los civiles ultimados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, la defensa del militar retirado asegura que esta versión no es verdad.

En el proceso, que es adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han declarado militares retirados, antiguos subalternos de Guzmán, exparamilitares y expertos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal.

En la primera de las diligencias, que se registrarán hasta el 27 de mayo para recopilar todas las pruebas y los argumentos de la defensa, el antropólogo forense Carlos Manuel Bacigalupo Salinas asistió en calidad de perito.

El experto indicó que, luego de participar en la construcción del informe de los resultados de las necropsias hechas a cadáveres recuperados en Ituango, se comprobó la identidad de varias personas reportadas como desaparecidas en los años mencionados. Uno de los procesos fue el del cuerpo de Abraham González, que tenía 15 años cuando fue asesinado y se comprobó el parentesco que tenía con Blanca Elena González y Sandra González, su madre y hermana, que son parte de las denunciantes en el proceso.

De la misma forma, se comprobó el parentesco de otra familia con Rodrigo Humberto Torres, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio de Ituango sin la identificación total, lo que impidió que sus familiares supieran sobre su asesinato durante varios años.

Una de las conclusiones del informe final fue que Torres Múnera tenía 23 años cuando fue asesinado y no 30, como se había señalado inicialmente en la necropsia, algo similar a lo registrado con cuatro cuerpos más que fueron identificados tras la orden judicial que permitió la exhumación.

Se trató de cuatro víctimas vinculadas al caso del coronel (r) Guzmán Ramírez, que en su momento fueron reportadas como personas dadas de baja en combate por integrantes del Batallón de Contraguerrillas 79.

“A partir del análisis, se puede concluir que se observa una multiplicidad de eventos que pueden mostrar una concentración en un área determinada, principalmente a nivel de cráneo y tórax. Debe considerarse que la multiplicidad de eventos se relaciona con una intencionalidad de hacer daño a la persona, en una dinámica de violencia prolongada que implica una sobreexposición a traumas letales... En ese sentido, la presencia de lesiones que implican cercanía por parte del agresor, con quemaduras o tatuajes, así como expresiones de carácter defensivo, no parecen ajustarse a situaciones normales de combate”, afirmó el perito.

La declaración del experto forense incluyó un material gráfico con el que se ilustró la gravedad de las lesiones que tenían las víctimas, incluyendo golpes y lesiones que habitualmente no se registran durante combates armados.

El antropólogo respondió las preguntas de la defensa y la representación de víctimas, destacando la conservación de las prendas de las víctimas como un punto clave para comprobar las lesiones que tenían los cuerpos y las huellas que quedan en la ropa.

“Es decir, si el informe dice que la persona tiene una herida en el pecho, la camiseta que llevaba puesta debería tener un orificio que coincida con lo que se reporta; es más, debería tener manchas de sangre. Son parte de un análisis particular”, respondió el testigo. La segunda audiencia del proceso incluirá el interrogatorio por parte de los testigos de las víctimas.

El campocorto dominicano Wander Franco, jugador de béisbol de los Tampa Bay Rays en la Major League Baseball (MLB), fue declarado penalmente responsable por abuso sexual y psicológico de una menor en República Dominicana, pero no cumplirá condena porque un juez le concedió un perdón judicial al considerar que también fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la adolescente, tal y como detalló CBS News.

La decisión, anunciada el lunes, mantiene la culpabilidad por violar disposiciones de la Ley 136-03 y deja pendiente para el 16 de junio la sentencia completa, de acuerdo con AP News.

La resolución incluyó otra condena central del caso: la madre de la menor recibió 10 años de prisión por comercializar sexualmente a su hija, según explicó el juez José Antonio Núñez. Esa valoración fue la base para eximir de pena a Franco, pese a que el tribunal sostuvo su responsabilidad penal.

“Parece contradictorio que declaren responsabilidad penal y al mismo tiempo eximido de pena, el tribunal ha acogido en favor de Wander Franco el perdón judicial por las circunstancias particulares que lo colocaron como víctima material, no así como víctima legal”, afirmó Núñez. El magistrado justificó esa decisión como un “razonamiento de carácter lógico jurídico”, de acuerdo con CBS News.

El tribunal sostuvo la culpabilidad, pero aplicó un perdón judicial

El documento leído en audiencia declaró a Franco “penalmente responsable de la violación a las disposiciones de la Ley 136-03 que tipifican y sancionan el abuso sexual y psicológico, en perjuicio de la menor de edad”, retomó AP News. La decisión no revirtió esa conclusión: solo lo exoneró de castigo.

Franco había sido arrestado en enero de 2024, acusado de mantener durante 4 meses una relación con una niña de 14 años y de transferir miles de dólares a la madre para que consintiera la relación ilegal, de acuerdo con AP News. También enfrentó cargos por explotación sexual y comercial de una menor y trata de personas, de los que ya había sido declarado no culpable, afirmó CBS News.

A la salida del tribunal, Franco abrazó a su madre, Nancy Aybar, y a otros familiares. “Gracias a Dios por todo”, expresó, según diferentes medios estadounidenses.

Mientras que, AP News destacó que Franco aseguró ante la prensa sentirse “tranquilo” y le envió un mensaje a sus seguidores: “Que me sigan apoyando, que con la fe de Dios vamos para arriba de nuevo”.

La sentencia completa se conocerá el 16 de junio

El abogado Teodosio Jáquez sostuvo que la defensa aún no tiene la sentencia física y que ese documento será clave para definir los próximos pasos. “No tenemos la sentencia física en las manos, pero él fue eximido de pena porque el presidente del tribunal estableció que él también era una víctima y por lo tanto lo exime de pena con el perdón judicial”, aseguró Jáquez a AP News.

Jáquez agregó que no descartaba volver a apelar y que esperará el fallo completo para planificar junto con su cliente la estrategia. “Cuando tengamos la sentencia íntegra en las manos, les daremos más detalles”, afirmó a CBS News.

El fiscal José Martínez Montán consideró relevante que el tribunal mantuviera la culpabilidad de Franco, tal como el Ministerio Público había sostenido desde las primeras etapas del juicio, según AP News.

El caso alteró un contrato de 11 años y USD 182 millones con Tampa Bay

En noviembre de 2021, Franco firmó con los Rays de Tampa Bay un contrato por 11 años y USD 182 millones, de acuerdo con CBS News.

Su situación deportiva cambió en agosto de 2023, cuando las autoridades dominicanas anunciaron que lo investigaban por una presunta relación con una menor; entonces tenía 22 años.

Seis meses después de su arresto, Tampa Bay lo colocó en la lista restringida, lo que interrumpió el salario que seguía cobrando mientras estaba en licencia administrativa, aseguró CBS News.

Tras el veredicto, MLB, la liga profesional de béisbol de Estados Unidos informó en un comunicado: “Estamos conscientes del veredicto de hoy en el juicio contra Wander Franco y nuestra investigación concluirá en el momento apropiado”, según AP News.

Franco afirmó que personalmente no había contactado a los Rays, aunque supuso que sus abogados sí lo habían hecho, tal y como detalla CBS News.

Meta amenazó con bloquear Facebook e Instagram en todo el estado de Nuevo México como respuesta a una demanda estatal que exige nuevas medidas para proteger a menores en sus plataformas.

La advertencia, presentada ante un tribunal, marca la primera vez que la compañía plantea dejar sin acceso a sus redes sociales a todos los habitantes de un estado en Estados Unidos, según reportó NBC News.

De acuerdo con los documentos judiciales, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg argumentó que cumplir con la obligación de verificar con un 99% de precisión que los usuarios sean mayores de 13 años es irrealizable con la tecnología actual, y que si el tribunal mantiene esa exigencia, no tendría otra opción que cerrar el servicio.

Exigencias judiciales y posición de Meta

El litigio en Nuevo México forma parte de una ola de más de 40 demandas estatales en Estados Unidos que cuestionan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores.

Según AP News, el caso local es el primero que llega a la etapa judicial donde se discuten medidas correctivas concretas. Los fiscales piden que Meta implemente una verificación de edad eficaz, controles parentales, límites de acceso para usuarios por debajo de la edad legal, advertencias sobre riesgos, cambios en los algoritmos de recomendación y restricciones al cifrado de extremo a extremo en cuentas de menores.

Además, solicitan que las cuentas de adolescentes estén vinculadas a sus tutores y que las reformas sean supervisadas por un monitor independiente.

“Muchas de las solicitudes son tecnológicamente o prácticamente inviables y, en esencia, obligarían a Meta a crear aplicaciones totalmente separadas para uso exclusivo en Nuevo México”, afirmó ante el tribunal la compañía, citada por The Guardian.

Implicancias y antecedentes

Un cierre de Facebook e Instagram en Nuevo México, que cuenta con 2,1 millones de residentes, implicaría dejar al estado sin acceso a dos de las plataformas más populares del mundo. La medida también afectaría el uso comercial y publicitario, según AP News.

Eric Goldman, codirector del High Tech Law Institute de la Universidad de Santa Clara, indicó que una retirada solventaría para Meta las preocupaciones legales sobre daños a menores, pero enviaría un mensaje hostil y podría acarrear consecuencias imprevistas. El especialista recordó que en 2023, Facebook bloqueó noticias locales en Canadá como reacción a una ley que obligaba a las plataformas a pagar a los editores por enlazar su contenido.

The Guardian subrayó que la amenaza de Meta no tiene precedentes en el país y que, de hacerse efectiva, marcaría un punto de inflexión en la relación entre grandes tecnológicas y las autoridades estatales.

Sin embargo, tanto la empresa como analistas consideran poco probable que el cierre se concrete, aunque la polémica evidencia la presión creciente sobre las plataformas digitales respecto al bienestar infantil.

Respuestas de las autoridades y postura de Meta

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la amenaza de Meta como una “maniobra de relaciones públicas”. “Sabemos que Meta tiene la capacidad de hacer estos cambios. Durante años, la empresa reescribió sus propias reglas, rediseñó sus productos e incluso cedió a las exigencias de dictadores para preservar el acceso a los mercados”, declaró Torrez, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Y además, Torrez aseguró que “esto no trata sobre capacidad tecnológica. Meta simplemente se niega a poner la seguridad de los niños por delante de la interacción, los ingresos publicitarios y las ganancias”.

En otra intervención, el fiscal general expresó sus dudas sobre la disposición real de la compañía para desconectar sus plataformas en todo el país, según AP News.

Meta sostiene que mejora continuamente la seguridad infantil en sus redes sociales y que el enfoque exclusivo en sus servicios ignora el uso de otras aplicaciones por parte de adolescentes.

Un portavoz de la empresa afirmó que las medidas propuestas limitan los derechos parentales y la libertad de expresión en Nuevo México.

En su defensa judicial, la compañía negó que sus redes constituyan una molestia pública y comparó su caso con la responsabilidad de las cadenas de comida rápida respecto a la obesidad.

Una médica fue condenada a tres años de prisión condicional y a diez años de inhabilitación especial para ejercer medicina clínica y realizar guardias médicas, tras haber sido encontrada culpable de cometer el homicidio culposo de Thomás Octavo. La víctima era un adolescente de 17 años que murió en octubre de 2022, poco después de que regresara de su viaje de egresados en Bariloche.

La sentencia fue homologada este viernes a la mañana en el marco de un juicio abreviado. Durante la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la calificación legal y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

Junto con la pena de prisión condicional, la condenada deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, como fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia o teléfono y presentarse periódicamente ante el organismo de control correspondiente.

Aunque la inhabilitación dispuesta le impedirá ejercer la medicina clínica y realizar guardias médicas, la médica podrá continuar con el ejercicio de su especialidad de psiquiatría. Por su parte, la querella acompañó el acuerdo alcanzado, resaltó el trabajo conjunto con la Fiscalía durante la investigación, brindando apoyo a la madre del adolescente en el proceso judicial.

Al homologarse el acuerdo, el juez consideró acreditadas múltiples infracciones al deber de cuidado y sostuvo que la evidencia permitía concluir que una atención médica adecuada “muy probablemente hubiera cambiado el destino” del joven. También destacó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por la imputada durante la audiencia.

No obstante, la sentencia aún no quedó firme, ya que las partes no renunciaron durante la audiencia a los plazos legales para eventuales impugnaciones. Minutos después, estaba prevista una audiencia de control de acusación respecto de otras personas imputadas en el legajo —un coordinador y quien manifestó ser médico sin serlo—, pero la instancia fue suspendida a pedido de una defensora pública penal, en función del procedimiento abreviado homologado previamente respecto de la médica.

El caso se desencadenó luego de que el joven muriera el 25 de octubre de 2022 debido a una falla multiorgánica derivada de un cuadro de sepsis por Streptococcus Pyogenes. Para la Fiscalía, la muerte fue consecuencia de omisiones en la atención médica durante la evolución de la enfermedad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, a la médica condenada se le atribuyó haber atendido al adolescente el 24 de octubre de 2022 en una unidad sanitaria de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires.

Aunque la familia informó síntomas graves y persistentes, la profesional omitió realizar un examen físico completo y no solicitó estudios complementarios básicos. Por este motivo, los investigadores consideraron que esta conducta no se ajustó a la práctica médica esperable ante el cuadro clínico presentado por el paciente.

En línea con esto, los informes periciales incorporados al legajo concluyeron que una evaluación adecuada y un tratamiento oportuno con antibióticos podrían haber modificado el curso de la enfermedad. Esto fue respaldado por las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas, la historia clínica, la epicrisis de la Clínica Santa Bárbara y los informes del Cuerpo Médico Forense y del Cuerpo de Investigación Forense.

Durante el proceso también declararon la madre y otros profesionales médicos que participaron en la atención posterior del joven, quienes describieron la evolución del cuadro clínico y las condiciones en las que ingresó a terapia intensiva.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se investigó en Bariloche porque los primeros hechos vinculados al caso ocurrieron durante el viaje de egresados en esa ciudad, donde el adolescente inició los síntomas y recibió las primeras atenciones.

De hecho, inicialmente, existió un conflicto de competencia con la justicia bonaerense. Hasta que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), finalmente, declinó la investigación a favor de la justicia rionegrina.

En la segunda jornada del juicio, el testimonio de uno de los primeros policías que entró al hotel de Barracas donde ocurrió el ataque incendiario que mató a Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, aportó nuevos datos sobre lo que pasó la madrugada del 6 de mayo de 2024.

El inspector de la Policía de la Ciudad Julio César Alacore relató ante el tribunal que atendió el llamado de emergencia por un incendio y que, al llegar, se encontró con una habitación en llamas y varias mujeres en el pasillo, cerca de un baño. Ante ello, llamó a los bomberos y a las ambulancias, y ayudó a evacuar a la gente que estaba en el lugar.

El testigo dijo que había personas que no querían salir, que todo era confusión y que los bomberos le avisaron que en un baño del piso de arriba había un hombre con una herida en el cuello.

Luego, explicó cómo estaban las víctimas. Describió que algunas tenían ropa quemada y otras estaban desnudas, todas afectadas por el fuego. Señaló que una de ellas le mencionó que había una embarazada, aunque no pudo precisar si era ella o alguna de las otras.

Sobre el acusado, Justo Fernando Barrientos, el inspector recordó que lo vio sentado en la vereda, “nervioso y asustado”, mientras había gente que lo acusaba de lo ocurrido. Explicó que la herida en el cuello parecía autoprovocada y que el sospechoso no quería hablar ni con la policía ni con los médicos. Más adelante, lo identificaron en el hospital.

Durante su declaración, Alacore contó que dos vecinos, aparentemente padre e hijo, se acercaron a hablar con él. El más joven le dijo que Barrientos “había estado molestando a las mujeres todo el día”, y que incluso habría intentado abusar de alguna.

Por su parte, el mayor dijo que vio cómo Barrientos “le pegaba a una de las mujeres en el pasillo y la volvió a arrojar hacia el fuego”.

Al final de la audiencia, el tribunal le pidió que leyera el acta que había firmado la noche del hecho. En ese documento, el inspector dejó asentado que habló con una de las víctimas que le relató cómo empezó el incendio.

Según el acta, fue la única sobreviviente, Castro Riglos, quien le contó que, mientras estaban reunidas en la habitación, vieron cómo una persona les arrojó “una bola de fuego”.

“Recuerdo haber visto un tacho en la escena y entonces en ese momento asocié: un tacho, líquido inflamable... le habrán tirado encima”, dijo Alacore.

En la misma jornada, también declaró un oficial de la policía porteña, aunque su intervención fue más breve y no aportó datos relevantes para el tribunal.

El juicio comenzó el lunes pasado. En esa primera audiencia, Barrientos se negó a declarar ante los jueces.

El tribunal, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, rechazó dos pedidos: uno de la querella, que buscaba la transmisión completa de las audiencias, y otro de la defensa, que pretendía excluir una prueba pendiente de ejecución.

El debate oral continuará el 8 de junio con la declaración de más testigos y peritos.

El caso

La fiscalía sostiene que el ataque ocurrió en un contexto de discriminación y violencia de género por odio a la orientación sexual de las víctimas. Según la acusación, en la noche del 5 de mayo de 2024, Barrientos arrojó una bola de fuego dentro de la habitación donde descansaban las mujeres, provocando un incendio que se expandió rápidamente. Vecinos intentaron ayudar, pero el acusado habría seguido agrediendo a las víctimas y arrojó otro elemento incendiario cuando dos de ellas buscaron refugio en el baño.

Como resultado de la agresión, Cobbas falleció el 6 de mayo y Figueroa, el 8 de ese mes. Sus autopsias revelaron que sufrieron quemaduras críticas en el 90% de sus cuerpos, lo que resulta incompatible con la vida. Amarante murió el 12 de mayo como consecuencia de la misma especie de quemaduras en el 75% de su cuerpo. Por su parte, Castro Riglos tuvo quemaduras que afectaron un 3% de su cuerpo -localizadas en sus brazos, manos y rostro- y permaneció internada hasta el 3 de junio de 2024.

El incendio también afectó a otros residentes, tres de los cuales fueron atendidos por inhalación de monóxido de carbono.

Un juez de control dictó apertura de juicio oral contra Uriel “N”, el hombre señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre, aunque en esta ocasión el proceso corresponde a otro caso de presunto abuso sexual cometido en agravio de una joven identificada como Aidee Guadalupe.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde el juzgador resolvió que el caso avance a la etapa de juicio oral, en la cual tanto el Ministerio Público como la defensa deberán presentar y debatir las pruebas correspondientes.

Uriel “N” permanece interno en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que le fue impuesta desde noviembre pasado, cuando fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado fue detenido el 4 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente realizara tocamientos a una joven de 25 años en el callejón Condesa, ubicado entre las calles Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la capital.

Dos procesos distintos por hechos ocurridos el mismo día

Aunque el acusado también enfrenta otro proceso penal relacionado con el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos expedientes continúan desarrollándose de manera separada.

Durante una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez rechazó la solicitud para unificar ambos casos, al considerar que los hechos ocurrieron en momentos distintos y constituyen conductas independientes.

El juzgador argumentó que no existe conexidad entre los delitos, por lo que legalmente no procede la acumulación de los expedientes. Esta petición había sido promovida por el Ministerio Público en una diligencia distinta, correspondiente al caso relacionado con la mandataria federal.

En esa misma audiencia, además, se concedió una prórroga de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria del segundo proceso.

Imputado compareció ante el juez

Durante la audiencia más reciente, Uriel “N” estuvo presente ante el juez de control, mientras continúa a la espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia correspondiente al expediente relacionado con la presidenta.

La apertura de juicio oral representa una nueva etapa dentro del proceso penal, ya que será en dicha instancia donde las partes expondrán los testimonios, peritajes y demás elementos de prueba con el objetivo de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado.

El caso generó atención pública desde noviembre pasado debido a que el imputado fue señalado no sólo por la agresión contra una joven en calles del Centro Histórico, sino también por el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen ambas investigaciones activas y bajo procedimientos independientes, mientras el acusado continúa privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

Durante seis años, un sacerdote de 78 años de la parroquia de Saint-Donat, en el sur de Bélgica, malversó más de 245.000 euros de las cuentas parroquiales. El dinero, que debía destinarse al funcionamiento de la comunidad religiosa, fue utilizado para costear viajes personales y comidas en restaurantes de lujo. La investigación, abierta tras la creación de una asociación para centralizar las finanzas de la región, destapó el vacío en las cuentas de Saint-Donat y despertó sospechas sobre el estilo de vida del sacerdote.

La alarma saltó en 2022, cuando la nueva asociación observó que, a diferencia de las otras nueve parroquias de Arlon, Saint-Donat no había realizado ninguna aportación. Ante la pregunta por la ausencia de fondos, el propio sacerdote admitió: “Las arcas están vacías”. Las pesquisas de la fiscalía revelaron la retirada de sumas importantes en efectivo y la transferencia de dinero desde distintas cuentas, todo bajo la gestión del sacerdote. El hallazgo de varias decenas de miles de euros en efectivo reforzó las sospechas sobre el desvío sistemático de fondos.

El fiscal sostiene que el acusado llevaba una vida incompatible con su salario mensual de unos 2.000 euros. Frecuentaba restaurantes de lujo varias veces al día y realizaba viajes con regularidad, todo financiado con dinero de la parroquia. La acusación se apoya en la existencia de movimientos bancarios irregulares y el uso de fondos comunitarios para fines personales, lo que podría costarle hasta 18 meses de prisión si el tribunal de Arlon lo declara culpable.

El método y el destino del dinero parroquial

Entre 2016 y enero de 2022, el sacerdote retiró más de 245.000 euros de las cuentas de la parroquia de Saint-Donat. Las sumas se extrajeron en efectivo o mediante transferencias a diversas cuentas controladas por él mismo. Parte del dinero fue hallado durante el registro, pero la mayor parte ya había sido gastada. Los fondos, según la fiscalía, sufragaron una vida de lujo insólita para un miembro del clero: comidas en restaurantes exclusivos y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación se intensificó cuando se supo que el sacerdote ya había sido condenado previamente por abuso de confianza. Este antecedente reforzó la hipótesis de una gestión fraudulenta reiterada. Además, la discrepancia en las aportaciones entre las diferentes parroquias de la región facilitó la detección del caso, ya que Saint-Donat era la única sin fondos.

La situación fue calificada de insostenible por la fiscalía, que presentó pruebas sobre los movimientos de dinero y el ritmo de gastos del acusado. El caso ilustra cómo la falta de controles y la confianza depositada en un responsable pueden facilitar el desvío sistemático de recursos destinados a fines comunitarios.

La defensa y la decisión judicial pendiente

La defensa del sacerdote sostiene que no existen pruebas concluyentes de que el dinero parroquial se utilizó para fines privados. Alegan que, hasta la creación de la asociación centralizada, nadie había cuestionado la gestión financiera y que no hay elementos que demuestren el uso fraudulento de los fondos. El equipo legal pide la absolución, argumentando que las sospechas se basan en interpretaciones y no en hechos irrefutables.

El tribunal de Arlon será el encargado de dictar sentencia el 8 de junio. El resultado del proceso marcará un precedente sobre la vigilancia de las finanzas en instituciones religiosas y la responsabilidad de quienes las administran. Mientras tanto, el caso ha reabierto el debate sobre la transparencia y el control de los recursos en las parroquias y el papel de la supervisión comunitaria para prevenir este tipo de delitos.

La fiscal Romina Díaz solicitó en las últimas horas de ayer jueves la prisión perpetua para Víctor Figueroa, acusado de asesinar a tiros a su esposa y a su cuñado en diciembre de 2023. El pedido se presentó en el marco del debate oral y la investigación penal preparatoria que encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°6, donde se analizaron los hechos ocurridos en una vivienda del barrio Belgrano de la ciudad de Mar del Plata y las circunstancias en las que se desencadenaron los homicidios.

El caso, que conmocionó a la comunidad local, expuso una dinámica marcada por el consumo de alcohol y episodios previos de violencia. Según lo relatado en la audiencia, tanto el imputado como su cuñado llegaron a la vivienda en estado de ebriedad, situación que desembocó en una discusión acalorada por el volumen de la música que Figueroa había puesto.

De acuerdo con la acusación, el incidente escaló rápidamente hasta que Figueroa extrajo un arma de fuego y disparó, provocando la muerte de su pareja —en un contexto de violencia de género— y de su cuñado. Tras los homicidios, la fiscal Díaz consideró que existieron agravantes suficientes para solicitar la pena máxima prevista por la legislación vigente.

Según informó el portal 0223, durante el debate oral, el defensor oficial Claudio De Miguel sostuvo que su defendido actuó bajo emoción violenta, producto del abuso de alcohol consumido previamente. De Miguel insistió en que el estado de ebriedad de Figueroa y su cuñado fue un factor determinante en la incapacidad del acusado para medir las consecuencias de sus actos.

El defensor planteó que, debido a estas circunstancias, el tribunal no debía imponer el máximo de la pena. La argumentación de la defensa giró en torno a la figura legal de la emoción violenta, que contempla una disminución en la capacidad de comprender la criminalidad del acto o de dirigir las acciones conforme a esa comprensión.

La fiscalía, en cambio, remarcó que los delitos cometidos por Figueroa configuraron homicidio agravado por el vínculo en el caso de su pareja, en el marco de violencia de género, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego respecto a su cuñado. Además, se le imputaron amenazas agravadas con arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

En la audiencia quedó acreditado, según la acusación, que los crímenes ocurrieron tras una discusión iniciada por la música a alto volumen. La fiscal Díaz señaló que Figueroa tenía pleno conocimiento de sus actos, descartando que la emoción violenta y el consumo de alcohol pudieran eximirlo de responsabilidad penal.

El episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Belgrano durante la noche de diciembre de 2023. Los testigos indicaron que tanto Figueroa como su cuñado habían consumido alcohol en exceso antes de arribar al domicilio familiar. Tras el altercado por el volumen de la música, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

De acuerdo con la investigación, Figueroa disparó contra su cuñado y luego contra su pareja, utilizando un arma de fuego cuya tenencia no estaba autorizada legalmente. Posteriormente, profirió amenazas bajo la misma modalidad armada, según el relato de la fiscalía.

La acusación formal incluyó los cargos de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra. La fiscal Díaz argumentó que estos elementos configuran una conducta criminal que debe ser sancionada con prisión perpetua.

El defensor oficial De Miguel, en contraste, insistió en la influencia del consumo de alcohol sobre la conducta de Figueroa, señalando que el acusado actuó bajo un estado emocional alterado. Solicitó al tribunal que se aplique una condena inferior a la prevista para el máximo de la escala penal.

El tribunal integrado por los jueces Pablo Viñas, Jorge Luis Rodríguez y Roberto Falcone anunció que el veredicto y la sentencia serán dados a conocer el próximo 4 de junio. Las partes aguardan la resolución judicial, que determinará si se hace lugar al pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía o si se considera el argumento de la defensa relativo a la emoción violenta.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán resolvió elevar a juicio la causa contra cuatro policías provinciales de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado. Los acusados fueron denunciados en febrero de 2024 por presuntamente haber privado de la libertad a un joven y exigido dinero a sus familiares para su liberación.

El avance del proceso fue dispuesto por el juez José Manuel Díaz Vélez, luego de que el fiscal federal Agustín Chit presentara el requerimiento. De esta manera, el oficial principal Ángel Sebastián Gómez (38), el cabo primero Sergio Daniel Díaz (49), el comisario jefe de la Zona III Gustavo Ezequiel Morales (51) y el agente Franco Javier Jiménez (39) serán juzgados por los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2024 en el barrio privado Portal del Parque, ubicado en la capital tucumana.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, con instrucción a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar, quienes establecieron que el joven de 28 años fue captado bajo engaño y reducido violentamente por los policías.

Según la reconstrucción brindada por el sitio Fiscales, el día del hecho, los acusados lo trasladaron en un automóvil Renault Megane hasta la dependencia policial de la Zona III. Allí, la víctima permaneció cautiva, fue golpeada, forzada a desnudarse y fotografiada, mientras se ejercía violencia física y psicológica. También se identificó como participante a un civil, que se encuentra imputado en la causa.

Mientras el hombre permanecía en cautiverio, parte del grupo se dirigió nuevamente al domicilio de la víctima, donde contactaron a su hermano y obtuvieron el número telefónico de la madre. Por medio de llamadas, los secuestradores exigieron $240.000 para liberar al joven y lo vincularon con maniobras de narcotráfico, asegurando que sería liberado si se realizaba el pago.

De esta manera, la madre de la víctima fue citada a la dependencia policial, donde pudo ver a su hijo retenido y negociar con los captores. Tras entregar la suma exigida durante la madrugada del 24 de febrero, ambos se retiraron del lugar.

Uno de los datos que serían clave para el juicio surgió durante la etapa investigativa, en donde se determinó que el ingreso del joven no fue asentado en los registros oficiales. Además, corroboraron que no existía causa judicial ni orden de detención en su contra.

En su declaración, la víctima relató que fue contactada a través de un grupo de Telegram para una supuesta compra de cannabis y, tras acordar la entrega, fue sorprendida por cuatro hombres en un automóvil gris, quienes se identificaron como policías y la forzaron a subir al vehículo.

Sobre su estadía en la dependencia, indicó que sufrió golpes, fue desnudada y fotografiada. Incluso, señaló que uno de los captores le manifestó dedicarse a extorsiones y robos. Su madre también declaró y detalló que los secuestradores intentaron vincularla con actividades ilícitas mostrando fotografías tomadas en el domicilio familiar.

Por otro lado, un agente de la Jefatura de Zona III confirmó la presencia de Díaz y Gómez en la dependencia junto a otro efectivo, y recordó que realizaron llamadas telefónicas a los familiares de la víctima. Asimismo, el sereno del barrio privado aportó los registros de las cámaras de seguridad, donde detectaron movimientos compatibles con el horario y la secuencia denunciada por la familia.

También destacaron que el análisis de los dispositivos secuestrados durante los allanamientos permitió recuperar fotografías de la víctima, conversaciones de WhatsApp entre los imputados y evidencia de pedidos de dinero vinculados al cautiverio.

A raíz de esto, el fiscal Chit consideró a Díaz, Gómez y Jiménez coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por el cobro de rescate y por tratarse de funcionarios policiales. Para Morales, solicitó la imputación como partícipe necesario, dado que autorizó el uso de la dependencia policial y coordinó comunicaciones con los demás imputados.

De la misma manera, la Fiscalía apuntó que los acusados actuaron de manera coordinada con roles distribuidos y simularon un procedimiento legal para privar de la libertad a la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico. Las comunicaciones entre Morales y los otros imputados, así como el uso de la dependencia bajo su mando, fueron determinantes para sostener la acusación.

Tras valorar que los procesamientos con prisión preventiva ya habían sido confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Díaz Vélez rechazó los planteos de la defensa, que pretendía calificar los hechos como un procedimiento policial irregular, y subrayó la ausencia de orden judicial, registro oficial y la finalidad extorsiva del accionar policial.

Respecto de Morales, el magistrado ponderó conversaciones y mensajes con frases como “Meta” y “Dale pa adelante”, así como la autorización para usar la dependencia policial. Sin embargo, mantuvo su imputación como partícipe secundario al considerar que su aporte fue relevante, pero no indispensable para la consumación del secuestro extorsivo.

La serie revisa el proceso judicial derivado de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 contra el artista y el impacto mediático que rodeó el caso.

El documental se centra en el juicio realizado en California, donde Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.

Durante el proceso, el cantante negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. A pesar de la resolución judicial, el caso continuó generando atención pública y mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.

La producción reúne testimonios de personas que participaron directamente en el juicio, entre ellos jurados, testigos, acusadores y miembros de la defensa.

De acuerdo con los realizadores, el objetivo fue reconstruir el desarrollo del proceso judicial desde diferentes perspectivas y mostrar cómo se desenvolvieron los acontecimientos dentro de la sala del tribunal.

El proyecto fue dirigido por Nick Green y cuenta con la producción ejecutiva de Fiona Stourton. También participan como productores ejecutivos David Herman y James Goldston. La serie fue producida por Candle True Stories.

En declaraciones difundidas por Tudum, el sitio oficial de Netflix, los cineastas señalaron que consideraron oportuno volver sobre el juicio dos décadas después de que se desarrollara. Según explicaron, el documental fue concebido como un relato histórico enfocado en los hechos presentados durante el proceso judicial.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores.

Y añadieron: “No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”.

La serie incorpora además entrevistas con periodistas y figuras de medios que cubrieron el juicio en ese momento. Los realizadores indicaron que buscaron incluir únicamente a personas que hubieran estado presentes durante los hechos o que hubieran participado directamente en el proceso judicial.

Asimismo, indicaron la intención fue ofrecer una reconstrucción del juicio desde el interior de la corte y mostrar cómo se desarrollaron las distintas etapas del caso.

“Cualquier persona interesada en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue en gran medida un evento hermético y la oportunidad de sentirse más cerca de lo que sucedió”, señalaron.

El estreno de la docuserie se suma a una serie de producciones audiovisuales recientes que revisitan figuras de la industria musical y casos judiciales de alto perfil.

Michael Jackson, reconocido por éxitos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”, es considerado una de las figuras más influyentes de la música popular contemporánea. Su carrera estuvo marcada tanto por el éxito comercial y artístico como por diversos episodios judiciales y controversias públicas.

Una de las preguntas que más se repiten cuándo muere una persona es cual es el grado de consanguinidad máximo para que alguien se pueda considerar heredero del fallecido, además de los trámites que se deben realizar durante un juicio de sucesión.

Habitualmente la herencia de una persona que no realizó un testamento legalmente radicado es para su pareja, hijos o familiares más cercanos; sin embargo, en Colombia un hombre logró consolidar la primera herencia legal para un heredero de crianza.

Se trata de John Jairo Martínez, de 45 años, que fue el protagonista del último programa emitido en Los Informantes, en dónde narró el proceso legal por el que tuvo que pasar para recibir lo que dejó María Plazas, la mujer que lo crio desde que él tenía siete años.

En una entrevista con el programa mencionado, Martínez explicó que su madre, de escasos recursos, tomó la decisión entregarlo junto a un hermano a María Plazas, que no tuvo hijos y vivió junto a ellos el resto de su vida en Boyacá.

“Su situación tan difícil, de falta de dinero, falta de protección, porque tras la muerte de mi padre ella queda desprotegida completamente”, fue lo que expuso Martínez como los argumentos que tuvo su madre para entregarlos.

“Mamá María”, como la llamaban, falleció en 2021 durante la pandemia, desde entonces comenzó la disputa legal para demostrar que ellos eran los hijos de crianza de la difunta y por ello debían heredar la vivienda en la que se criaron.

“Uno puede alegar hijos de crianza. Le dan un término de 5 años para poder demostrar que hay un vínculo de familia, que hay cariño, que hay protección, que hay cuidados. En mi caso fueron 37 años de convivencia con mi mamá, era más que suficiente”, narró John Jairo Martínez.

Durante el proceso tuvo que entregar fotos, certificados escolares, y otras pruebas que recopiló para que el juez designado al caso fallara a su favor; sin embargo, en dos instancias el fallo fue negativo.

Mientras el proceso avanzaba, su hermano falleció durante un accidente de tránsito y John Jairo tuvo que afrontar las dos perdidas mientras esperaba que la justicia confirmara que los tres habían conformado una familia.

Al final, la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, lo que para Martínez es una muestra de que no todas las familias son convencionales: “Para mí se hizo justicia. Fue una convivencia, lo que realmente es una familia de verdad, donde hay amor, donde hay cariño, cuidado, respeto”.

Sobre el fallo, el magistrado Fernando Jiménez, que fue el encargado de dictar la sentencia, explicó al medio citado que con esta decisión se busca demostrar que hay “normalidades” que en Colombia se deben concientizar en la sociedad, como el ejemplo de John Jairo Martínez y su hermano.

“Nosotros tenemos una riqueza natural, pero también humana muy importante en el país y una gran diversidad de formas sociales. Un poco la ley intenta ajustarse, digamos, a esa dinámica de nuevas formas familiares”.

El magistrado resaltó que, a pesar de que la madre biológica de Martínez sigue viva y que él tiene contacto con ella, eso no evita que sea considerado un heredero de María Plazas, que no tuvo hijos ni se casó en ningún momento.

“A pesar de que sobrevive la madre biológica, el demandante tiene derecho a ser declarado hijo de crianza de María Riquilda Plaza, puesto que ella lo acogió y protegió desde niño”, puntualizó el magistrado, que explicó que estas dinámicas no son poco habituales en Colombia, principalmente por casos en los que menores pierden a sus progenitores a una corta edad.

En el marco de la primera audiencia del juicio contra Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque incendiario que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos, el imputado escuchó los cargos en su contra y se negó a declarar ante los magistrados.

En otro orden, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5, integrado por los jueces Fabián M. Dinesta, Rafael A. Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián A. Perez Lance, rechazó los pedidos planteados por la querella de la única sobreviviente y la defensa del homicida para la televisación completa del proceso y la exclusión de una prueba, respectivamente.

El planteo de la abogada Luciana Sánchez, querella particular en representación de Castro Riglos, fue ante el pedido del Tribunal para que las audiencias testimoniales no se transmitan en directo. En este sentido, la letrada puntualizó en la importancia de la publicidad de los testimonios en un juicio de estas características. "Entendemos que los testimonios son el corazón probatorio del debate, y que por eso es muy importante que todas las personas que están pendientes de este juicio tengan acceso a la información y a las audiencias, y al contenido de esos testimonios", explicó.

Y en esa misma línea, solicitó: "La restricción debería resolverse para cada testimonio. Si no van a transmitirse todos, que sí se transmitan los testimonios de los peritos técnicos y de los testigos expertos".

En cuanto al pedido de la defensa, el abogado Ricardo Antonio Richiello planteó la necesidad de que Barrientos sea informado de los hechos y de la prueba que se va a producir durante el juicio. En este sentido, hizo hincapié en un peritaje de ADN que se le solicitó en abril de este año al Cuerpo Médico Forense, el cual todavía continúa pendiente de realización y no fue incorporado al expediente.. “En caso de que efectivamente no se haya cumplimentado o incorporado, solicito que se tome la decisión de excluirlo de este debate en la medida que no se pueda avanzar en este primer acto o en la oportunidad de la declaración indagatoria de mi asistido sin conocimiento previo de cuales son los elementos de cargo o de descargo que eventualmente puedan ser incorporados al debate”, justificó.

Al cabo de unos 20 minutos de debate, los magistrados regresaron a la sala y comunicaron el rechazo a ambos planteos. Si bien el Tribunal consideró que fue “sabia” la propuesta de la doctora Sánchez, al mismo tiempo contemplaron la importancia de que no se contamine la “memoria espontánea” de los testigos que serán citados a declarar, como por ejemplo los vecinos del hotel donde ocurrió el trágico ataque y aquellas personas que estaban presentes al momento de la detención de Barrientos.

“Una vez que agotemos este grupo de personas, después sí podremos transmitir en directo el resto del juicio”, puntualizó el juez Oliden.

Sobre el planteo formulado por la defensa de Barrientos, el Tribunal también lo rechazó al considerar que no se puede excluir una prueba que por el momento no fue producida ni incorporada a la causa. “No podemos hacerle saber a Barrientos la prueba existente cuando él se siente ahi porque todavía no hay ninguna prueba producida”, resolvieron los magistrados.

La segunda audiencia del juicio se realizará el próximo viernes, desde las 10:00, cuando el TOCC N° 5 reciba en la sala a dos agentes de la Policía de la Ciudad que fueron testigos de la detención de Barrientos luego del brutal ataque.

El caso

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2024, en una pensión de la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación donde estaban las cuatro mujeres. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por el odio a la orientación sexual de las víctimas, un agravante que buscarán acreditar durante el juicio oral.

Barrientos llegó al debate detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Durante el juicio se prevé la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, no declarará por recomendación de su equipo médico, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La acusación contra Barrientos es por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. Se espera una pena de prisión perpetua.

En el caso hay tres querellas: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Castro Riglos como sobreviviente y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), que buscan un fallo ejemplar que reconozca los lesbicidios.

En diálogo con Infobae, la representante de la FALGBT+, Samanta Pedrozo, explicó que la intervención de la Federación en el debate oral tiene un peso particular: será la primera vez que la organización llegue a juicio como querellante en una causa penal de estas características, con la posibilidad de acusar y pedir pena. Hasta ahora, la FALGBT+ había intervenido en otros procesos como amicus curiae o desde un rol de acompañamiento civil.

“La importancia de que la FALGBT+ pueda sentarse en este proceso penal y acusar y pedir pena de perpetua marca un antes y un después”, sostuvo la abogada. Para la querella, el caso no debe ser leído como un hecho aislado, sino como un ataque dirigido contra mujeres lesbianas y con impacto sobre todo el colectivo LGBT.

Uno de los puntos centrales del debate será la acreditación del agravante del odio. Según explicó Pedrozo, para ello se hará hincapié en los llamados “elementos contextuales”: testimonios que permitan reconstruir cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque. En este caso, la querella pondrá el foco en las declaraciones de vecinos y de amigos del propio imputado que, según esa parte, dan cuenta de conflictos anteriores, discusiones previas e insultos vinculados con estereotipos sobre la orientación sexual, la forma de vida y el proyecto de vida de las víctimas.

“Ya sabemos que hubo un incendio, ya sabemos quién lo provocó. Ahora vamos a investigar y vamos a profundizar a ver por qué se lleva adelante ese incendio, por qué se lleva adelante ese ataque”, planteó la abogada. En esa línea, buscarán demostrar que Barrientos no actuó por un conflicto circunstancial, sino en un contexto previo de hostigamiento hacia las víctimas por su condición de mujeres lesbianas.

La FALGBT+ tuvo que litigar para ser aceptada como querellante. De acuerdo con Pedrozo, durante la instrucción el pedido fue rechazado bajo el argumento de que no había elementos suficientes para demostrar que se tratara de un crimen de odio y, luego, porque las víctimas ya contaban con representación. La organización apeló y finalmente obtuvo el reconocimiento de la Cámara de Casación en diciembre de 2024.

María Rachid, presidenta de la FALGBT+, también remarcó ante Infobae la importancia del juicio. “No se trata únicamente de las víctimas directas, sino también del mensaje que un crimen así produce sobre toda una comunidad. Los crímenes de odio buscan disciplinar, sembrar miedo y recordarles a las personas lesbianas y LGBT que pueden ser atacadas por ser quienes son”, señaló.

Para Rachid, el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio implica también que el Estado admita la existencia de una violencia específica contra la diversidad sexual. “Ese reconocimiento es indispensable para desarrollar políticas públicas capaces de prevenir, reparar y erradicar esa violencia”, sostuvo.

El ataque tuvo consecuencias inmediatas. Pamela Cobbas murió el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Roxana Figueroa falleció dos días más tarde, también internada allí, con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Andrea Amarante, de 42 años, murió luego de cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía Castro Riglos sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante un mes.

A dos años del triple lesbicidio de Barracas, el caso llegó este lunes a juicio oral. Desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a juzgar a Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque incendiario que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y dejó gravemente herida a Sofía Castro Riglos.

El hecho ocurrió el 6 de mayo de 2024, en una pensión de la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la acusación, Barrientos arrojó una bomba tipo Molotov dentro de la habitación donde estaban las cuatro mujeres. Las querellas sostienen que el ataque estuvo atravesado por el odio a la orientación sexual de las víctimas, un agravante que buscarán acreditar durante el juicio oral.

Barrientos llegó al debate detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Durante el juicio se prevé la declaración de unos 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos. La única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, no declarará por recomendación de su equipo médico, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La acusación contra Barrientos es por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. Se espera una pena de prisión perpetua.

En el caso hay tres querellas: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Castro Riglos como sobreviviente y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), que buscan un fallo ejemplar que reconozca los lesbicidios.

En diálogo con Infobae, la representante de la FALGBT+, Samanta Pedrozo, explicó que la intervención de la Federación en el debate oral tiene un peso particular: será la primera vez que la organización llegue a juicio como querellante en una causa penal de estas características, con la posibilidad de acusar y pedir pena. Hasta ahora, la FALGBT+ había intervenido en otros procesos como amicus curiae o desde un rol de acompañamiento civil.

“La importancia de que la FALGBT+ pueda sentarse en este proceso penal y acusar y pedir pena de perpetua marca un antes y un después”, sostuvo la abogada. Para la querella, el caso no debe ser leído como un hecho aislado, sino como un ataque dirigido contra mujeres lesbianas y con impacto sobre todo el colectivo LGBT.

Uno de los puntos centrales del debate será la acreditación del agravante del odio. Según explicó Pedrozo, para ello se hará hincapié en los llamados “elementos contextuales”: testimonios que permitan reconstruir cómo era el vínculo entre el acusado y las víctimas antes del ataque. En este caso, la querella pondrá el foco en las declaraciones de vecinos y de amigos del propio imputado que, según esa parte, dan cuenta de conflictos anteriores, discusiones previas e insultos vinculados con estereotipos sobre la orientación sexual, la forma de vida y el proyecto de vida de las víctimas.

“Ya sabemos que hubo un incendio, ya sabemos quién lo provocó. Ahora vamos a investigar y vamos a profundizar a ver por qué se lleva adelante ese incendio, por qué se lleva adelante ese ataque”, planteó la abogada. En esa línea, buscarán demostrar que Barrientos no actuó por un conflicto circunstancial, sino en un contexto previo de hostigamiento hacia las víctimas por su condición de mujeres lesbianas.

La FALGBT+ tuvo que litigar para ser aceptada como querellante. De acuerdo con Pedrozo, durante la instrucción el pedido fue rechazado bajo el argumento de que no había elementos suficientes para demostrar que se tratara de un crimen de odio y, luego, porque las víctimas ya contaban con representación. La organización apeló y finalmente obtuvo el reconocimiento de la Cámara de Casación en diciembre de 2024.

María Rachid, presidenta de la FALGBT+, también remarcó ante Infobae la importancia del juicio. “No se trata únicamente de las víctimas directas, sino también del mensaje que un crimen así produce sobre toda una comunidad. Los crímenes de odio buscan disciplinar, sembrar miedo y recordarles a las personas lesbianas y LGBT que pueden ser atacadas por ser quienes son”, señaló.

Para Rachid, el reconocimiento judicial de estos hechos como crímenes de odio implica también que el Estado admita la existencia de una violencia específica contra la diversidad sexual. “Ese reconocimiento es indispensable para desarrollar políticas públicas capaces de prevenir, reparar y erradicar esa violencia”, sostuvo.

El ataque tuvo consecuencias inmediatas. Pamela Cobbas murió el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Roxana Figueroa falleció dos días más tarde, también internada allí, con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Andrea Amarante, de 42 años, murió luego de cinco días de agonía en el Hospital Penna. Sofía Castro Riglos sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras y permaneció internada durante un mes.

Por ahora, el tribunal fijó seis audiencias: este lunes 18 y el viernes 22 de mayo; el 8, 10 y 29 de junio; y el 1 de julio, según confirmó Pedrozo a Infobae. La transmisión del inicio del debate podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube habilitado para el juicio.

El juicio entre Elon Musk y OpenAI entra en su recta final tras tres semanas de testimonios de figuras relevantes del sector tecnológico como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella y la exdirectora de tecnología de OpenAI, Mira Murati.

La disputa legal inició por una demanda del CEO de Tesla que alega que la compañía de IA traicionó su misión fundacional sin fines de lucro al priorizar el beneficio comercial y su alianza con Microsoft por encima del bien de la humanidad.

La defensa de Musk, encabezada por Steven Molo, buscó desacreditar la credibilidad del director ejecutivo Sam Altman e instó al jurado a emplear su “sentido común” al analizar tanto su testimonio como el del presidente de OpenAI, Greg Brockman.

“Cinco testigos en este juicio lo llamaron mentiroso bajo juramento”, afirmó Molo.

Altman se defendió y respaldó su gestión al frente de OpenAI y rechazó la acusación de Musk de que él y la empresa “robaron una organización benéfica” al transformar una entidad sin fines de lucro, financiada por Musk, en una compañía con fines de lucro. “Estoy muy orgulloso del trabajo realizado”, sostuvo Altman.

Por qué inició la demanda de Elon Musk a OpenAI

Elon Musk inició la demanda contra OpenAI al considerar que la compañía, bajo la dirección de Sam Altman y Greg Brockman, incumplió el acuerdo original de operar como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

Musk sostiene que aportó decenas de millones de dólares convencido de ese objetivo y acusa a OpenAI de transformarse en una empresa con fines de lucro sin su consentimiento, desviando la misión inicial.

Según la demanda, OpenAI habría manipulado a Musk para obtener financiación, mientras planeaba modificar su estructura y buscar beneficios económicos, lo que él califica como un “robo de una organización benéfica”.

OpenAI, por su parte, niega las acusaciones y afirma que Musk estaba al tanto del cambio de modelo y que incluso buscó controlar la organización.

La disputa ha expuesto tensiones sobre la dirección ética y financiera de la inteligencia artificial, así como el papel de los fundadores y donantes en la gobernanza tecnológica.

Qué ha dicho OpenAI

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, defendió la actuación de la organización en el juicio iniciado por Elon Musk y detalló ante el tribunal aspectos clave sobre la gobernanza y la evolución de la empresa.

Altman reveló que Musk llegó a sugerir que, en caso de fallecer, el control de OpenAI pasara a sus hijos, lo que generó preocupación entre los fundadores por la posible concentración de poder en una sola familia.

OpenAI sostiene que la transformación a una estructura con fines de lucro fue necesaria para obtener los fondos que permitieran avanzar en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial, especialmente en 2017, ante la urgencia de recursos.

Durante su testimonio, Altman subrayó que OpenAI mantiene compromisos con instituciones como el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el gobierno del Reino Unido para la seguridad de la inteligencia artificial, y negó haber manipulado a Musk.

Qué ha testificado Elon Musk

Elon Musk testificó en el juicio contra OpenAI que su apoyo financiero inicial se basó en la promesa de que la organización operaría como una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad.

Musk afirmó que fue engañado respecto a las intenciones de los fundadores y denunció que OpenAI, bajo la gestión de Sam Altman y Greg Brockman, desvió el proyecto hacia una estructura con fines de lucro sin su consentimiento.

Expresó que, de haber sabido que la organización se transformaría en una empresa lucrativa, no habría realizado donaciones millonarias. Durante su declaración, calificó de “inaceptable” la conversión y sostuvo que “no está bien robar una organización benéfica”.

También señaló que llegó a proponerse para liderar OpenAI, o incluso ceder el control a sus hijos, pero finalmente fue apartado de las decisiones estratégicas. Musk insiste en que la misión original se traicionó y que sus aportes fueron utilizados en contra de los principios fundacionales.

Durante la audiencia única abierta que se celebra en San Salvador, la Fiscalía General de la República concluyó la integración de toda la prueba pericial y documental relevante contra los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13).

Según el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, la evidencia presentada durante esta etapa procesal incluye informes técnicos, documentos oficiales y pruebas materiales que, a juicio de la fiscalía, confirman la participación de la cúpula de la MS-13 en hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2022.

La acusación formal abarca homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, feminicidio, tráfico de armas, tráfico de droga, agrupaciones ilícitas y rebelión.

El fiscal Muñoz insistió en que la MS13 operaba como una estructura criminal “cuyo único fin era cometer delitos, cualquier tipo de delito, homicidio; pero, principalmente, es una estructura eminentemente homicida, extorsiva, que traficaba armas y traficaba drogas, que trataba a las mujeres. Toda esa prueba quedó incorporada”.

En cuanto al delito de rebelión, Muñoz explicó que se atribuye a todos los procesados porque, en palabras del fiscal, “fue una estructura que se alzó en armas en contra de la población salvadoreña, que atentó contra el estado democrático de este país”.

De acuerdo con la acusación, la fiscalía buscó demostrar que la organización criminal no solo cometía estos delitos, sino que los planificaba y ejecutaba de manera sistemática bajo una jerarquía definida.

Durante las jornadas previas, se sumó la prueba testimonial ofrecida por la fiscalía. Más de 10 testigos declararon ante el tribunal, aportando detalles sobre la forma en que los cabecillas de la MS-13 ordenaban y autorizaban la ejecución de crímenes en los territorios bajo su control.

Según el relato de estos testigos, las órdenes para cometer homicidios, extorsiones y otros delitos partían directamente de los líderes de la estructura.

La fiscalía también logró incorporar audios y videos que documentan la planificación y ejecución de crímenes en perjuicio de civiles, policías, soldados y miembros de estructuras criminales rivales. Estas piezas audiovisuales forman parte de los medios probatorios que, según Muñoz, refuerzan la tesis de que la cúpula de la MS-13 mantenía el control de las operaciones ilícitas mediante la impartición de órdenes directas a sus subordinados.

El fiscal adjunto detalló: “Prácticamente se incorporó todos los medios probatorios, de los 444 casos de homicidio, en donde lo que nosotros necesitamos como fiscalía para extraer de esos casos es probar que los hechores materiales fueron miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha”.

Y añadió: “En este caso nosotros no estamos juzgando a los autores materiales, sino que estamos procesando y estamos juzgando a los autores mediatos (es decir, quienes no ejecutaron los crímenes directamente, pero dieron las órdenes o autorizaron su realización)”.

La imputación se estructura siguiendo una línea cronológica, lo que permite atribuir responsabilidades dentro de la jerarquía criminal, desde la denominada “ranfla histórica” hasta los ranfleros en libertad y los corredores de programa.

Según Muñoz, el objetivo es demostrar ante el tribunal que los homicidios y otros delitos fueron resultado de decisiones tomadas en la cúpula de la organización.

Finalizada la incorporación de toda la prueba pericial, documental y testimonial, el juez del caso decretó un receso procesal. El fiscal Muñoz puntualizó: “Toda esa prueba, pues prácticamente ya quedó incorporada y solamente quedamos a la espera de recibir alguna documentación que se ha solicitado a los tribunales”.

Corresponderá al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Salvador, notificar a las partes la fecha en que se reanudará la audiencia única abierta para el inicio de los alegatos finales.

La región de Brandeburgo, Alemania, se encuentra sacudida tras la reciente acusación contra un pediatra de 45 años, imputado por 130 cargos de violación y abuso sexual de menores en el ámbito hospitalario. El caso, que abarca un periodo de doce años, pone en el centro del debate la seguridad de los pacientes infantiles y la responsabilidad de las instituciones médicas. Según la fiscalía de Potsdam y Midi Libre, los delitos atribuidos al acusado se habrían cometido entre 2013 y 2025, un lapso en el que ejercía en dos hospitales de las localidades de Nauen y Rathenow, ambos bajo la administración del grupo hospitalario “Havelland Kliniken”.

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre, quien alertó a las autoridades sobre un presunto episodio de violencia sexual perpetrado por el médico. A raíz de esta presentación, el hombre fue arrestado en noviembre de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva. La fiscalía comunicó que la mayoría de los hechos investigados se habrían producido “en el ejercicio de su actividad profesional”, pero no detalló el número exacto de víctimas ni sus edades, manteniendo la reserva sobre la identidad del acusado.

El impacto de la denuncia ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y entre los especialistas en protección infantil. El proceso judicial avanza con la acusación formal presentada el 6 de mayo de 2026, mientras el Tribunal Regional de Potsdam debe fijar la fecha de juicio. La magnitud y la duración de los supuestos delitos provocaron que el caso fuera comparado con antecedentes similares en Europa, recordando el reciente escándalo del ex cirujano Joël Le Scouarnec en Francia.

El abuso durante la práctica profesional

La información oficial indica que el pediatra habría utilizado su posición de confianza y su rol de especialista en el tratamiento de menores para acceder a las víctimas. El carácter sistemático de las presuntas agresiones, ocurridas dentro de hospitales y durante la atención médica, pone de relieve la vulnerabilidad de los pacientes y la necesidad de protocolos más estrictos en las instituciones sanitarias.

El caso fue destapado cuando una madre se animó a denunciar lo sucedido, lo que derivó en la detención inmediata del médico. Las autoridades subrayan que el acusado habría cometido “agresiones sexuales agravadas contra menores y violaciones”, aprovechando el ámbito profesional para ejecutar los delitos sin ser detectado durante más de una década. La ausencia de detalles sobre el número de afectados y la identidad del imputado responde a la protección de los menores y al avance de las investigaciones.

El grupo hospitalario “Havelland Kliniken”, responsable de los centros donde trabajaba el acusado, no realizó declaraciones públicas en el momento de la acusación. El caso reaviva la discusión sobre los controles internos y la vigilancia en los entornos donde los niños y adolescentes reciben atención médica.

El impacto judicial y los antecedentes europeos

El proceso judicial sigue su curso con el acusado en prisión preventiva y bajo la acusación formal de la fiscalía. El Tribunal Regional de Potsdam será el encargado de analizar las pruebas y determinar la fecha de inicio del juicio, una instancia que podría marcar un precedente en la jurisprudencia alemana por la cantidad y la gravedad de los cargos imputados. Hasta ahora, la fiscalía ha confirmado que los delitos abarcaban un periodo extenso y se cometieron en el entorno hospitalario, pero mantiene reserva sobre los datos sensibles del caso.

El contexto europeo ofrece un antecedente relevante: el caso del cirujano francés Joël Le Scouarnec, condenado en 2023 a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a casi 300 personas, la mayoría menores de 15 años, entre 1989 y 2014. La comparación ilustra el desafío que enfrentan los sistemas de salud y justicia para prevenir y sancionar estos crímenes, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y denuncia.

Las autoridades y la opinión pública alemana aguardan el avance del juicio, en un contexto de creciente exigencia hacia la transparencia institucional y la protección de los menores en todos los ámbitos profesionales.

En la Audiencia única Abierta contra los 486 cabecillas de la MS-13, el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, expuso el avance del proceso ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. Explicó que la jornada se centró en la incorporación y lectura de la prueba documental y pericial relativa a los delitos cometidos entre 2012 y 2022, con énfasis en los más de 444 casos de homicidio atribuidos a la estructura criminal.

El representante fiscal informó que, una vez concluida la incorporación de todos los elementos probatorios, el equipo de la fiscalía estará listo para presentar los alegatos finales. El objetivo es que el tribunal valore la totalidad de la prueba y se pronuncie sobre cada una de las imputaciones formuladas.

La estructura jerárquica de la MS-13 y la atribución de delitos

Según Max Muñoz, los audios y videos presentados durante la audiencia han sido determinantes para evidenciar la jerarquización vertical de la MS-13. Explicó que la investigación permitió identificar cómo los corredores de clica rendían cuentas a los corredores de programa, y estos, a su vez, a los ranfleros, quienes autorizaban la comisión de delitos.

El fiscal detalló que este esquema sustentó la aplicación de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, conforme al modelo de Claus Roxin. “Con estos elementos construimos la teoría que nos permite atribuir todos los delitos de la pandilla al corporativo criminal”, afirmó.

Destacó que la estructura funcionaba bajo un sistema de disciplina interna y violencia sistemática. “Es una estructura eminentemente homicida. Instrumentalizaban la violencia para generar temor a la población y a sus propios miembros”, sostuvo Muñoz. Añadió que los castigos físicos internos, incluso los homicidios de integrantes, eran empleados como método de adoctrinamiento y control.

El fiscal remarcó que quedó acreditado que todos los miembros de la organización eran plenamente conscientes de las implicaciones de pertenecer a la pandilla: “Ser pandillero implicaba matar, extorsionar, traficar drogas, traficar armas, robar vehículos. Todos aceptaban ese código”. Muñoz subrayó la existencia de un reglamento interno, conocido como “los ciento tres puntos”, dictado por el corporativo para mantener el orden dentro de la estructura criminal.

Avance procesal y presentación de pruebas

Durante la cuarta semana de audiencias, Max Muñoz precisó que la fiscalía se encuentra en la etapa de lectura y enunciación de toda la prueba documental y pericial ofrecida en el dictamen de acusación. El objetivo es que el tribunal pueda tener a la vista la totalidad de los elementos antes de la fase de alegatos finales.

El fiscal explicó que la incorporación de la prueba se realiza de manera exhaustiva, abarcando los delitos de rebelión, agrupaciones ilícitas, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como trata de personas. Enfatizó que la lectura de pruebas se ha concentrado en los casos de homicidio, para luego pasar a los demás delitos.

“Al momento se está leyendo todo lo relacionado a la prueba de los más de 444 casos de homicidios para posteriormente pasar a la prueba de los otros casos, toda la prueba es importante ósea incorporada”, recalcó el funcionario.

Estrategia de la fiscalía y alcance de los alegatos finales

La fiscalía ha organizado la presentación de los alegatos finales de manera que cada integrante del equipo aborde los distintos delitos imputados, asegurando que la acusación cubra el espectro completo de la actividad criminal atribuida a la MS-13. Muñoz indicó que los alegatos serán extensos y detallados, con una estructura diseñada para abarcar la totalidad de los hechos y la distribución territorial de la organización.

El fiscal señaló que la pretensión de la fiscalía es que el tribunal emita condena por todas las imputaciones presentadas en la acusación. “Pretendemos que le quede claridad al juez sobre cuál es la pretensión de la fiscalía y que se condene prácticamente todas y cada una de las imputaciones”, concluyó.

Relevancia del Tribunal Sexto y exhaustividad de la prueba

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, instancia encargada de valorar la abundante prueba documental y pericial presentada. La fiscalía ha reiterado la importancia de que todos los elementos sean formalmente incorporados, ya que de su análisis depende la acreditación de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de los acusados.

El fiscal adjunto remarcó que la revisión y lectura de las pruebas responde a la necesidad de que ninguna evidencia quede al margen del proceso. Cada documento, audio y video es analizado detalladamente para garantizar que el tribunal cuente con todos los elementos requeridos antes de dictar sentencia.

El inicio del juicio por el crimen de Leonel Sosa movilizó a toda la comunidad de Ciudad de Mis Sueños en la provincia de Córdoba. El adolescente, de apenas 15 años, fue asesinado de un disparo mientras presenciaba un partido de fútbol barrial en junio de 2024. La familia denunció amenazas e intimidaciones durante la primera jornada del proceso.

El adolescente, que solo quería ver el encuentro, recibió un tiro en el abdomen y perdió la vida. El hecho marcó un antes y un después para los vecinos del lugar, que reclama respuestas y mayores garantías de seguridad.

De acuerdo con la información del medio local La Voz del Interior, el homicidio de Leonel ocurrió en un predio ubicado en la manzana 52 del barrio. Según la reconstrucción judicial, el adolescente se encontraba en el lugar para observar un partido de fútbol barrial cuando, de forma repentina, varios hombres armados llegaron en vehículos y se produjo un enfrentamiento con otras personas presentes.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que el tiroteo estuvo vinculado a una disputa entre grupos rivales de Ciudad de Mis Sueños y Parque Ituzaingó. En ese contexto, uno de los disparos impactó en Leonel, quien no tenía relación con el conflicto. La familia de la víctima insistió desde el primer momento en que el joven quedó atrapado en un fuego cruzado, producto de la violencia estructural que afecta a la zona.

“Queremos justicia. Él no tuvo la culpa de nada, era un problema entre ellos”, afirmó una tía del adolescente en declaraciones televisivas. La mujer también advirtió sobre el miedo que existe entre los vecinos a la hora de declarar y colaborar con la causa: “La Justicia no está actuando porque hay gente que está tapando a más gente. Hay millones de testigos, pero la gente tiene miedo”.

Por el asesinato crimen, comenzaron a ser juzgados esta semana Manuel Ezequiel “Willy” Amaya (41 años), Emiliano “Tumba” Ferreyra (28 años) y Agustín Ariel “Turi” Bazán (20 años). El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, dadas las denuncias de amedrentamientos. Hasta el momento, no se ha determinado con certeza cuál de los acusados fue el autor material del disparo fatal.

La familia de Leonel solicitó públicamente que se acelere la pericia sobre las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Consideran que las imágenes pueden ser fundamentales para esclarecer la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los imputados.

Durante la primera jornada del juicio, el reclamo por justicia se reforzó con el pedido de protección a testigos y denunciantes. “Hay muchas personas que vieron lo que pasó, pero tienen miedo de declarar”, señalaron allegados a la familia, quienes expresaron su preocupación por posibles represalias.

De hecho, el inicio del proceos estuvo marcado por denuncias de hostigamiento hacia familiares y testigos. Según relataron los allegados a la víctima, las amenazas provienen de personas vinculadas al entorno de los acusados, y generan un clima de temor que dificulta el avance de la investigación judicial.

La tía del adolescente manifestó ante medios locales que varios miembros de la familia han recibido mensajes intimidatorios y que el miedo a represalias lleva a muchos testigos a no presentarse en sede judicial.

De acuerdo con lo narrado por los familiares, las amenazas y la violencia habitual en la zona condicionan la vida cotidiana de los vecinos. El temor a ser blanco de represalias limita la participación comunitaria y dificulta la reconstrucción precisa de lo ocurrido la tarde del asesinato.

Un joven de Michigan fue condenado a entre 30 y 45 años de prisión por matar a su mejor amigo durante la noche de su boda, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional solo después de cumplir 30 años, tras un enfrentamiento marcado por el consumo de alcohol.

La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2026 en Flint, determina que James Shirah atropelló intencionalmente a Terry Lewis Taylor Jr. pocas horas después de casarse, convirtiendo un día festivo en una tragedia dolorosa para las familias involucradas y la comunidad local, según informó AP News.

Durante la audiencia, el juez Khary Hanible lo expresó de manera directa: “No creo que usted sea un criminal, pero sí creo que es un asesino”. La sentencia contradijo los argumentos de la defensa, que argumentó que se trató de un accidente tras una discusión etílica después de la boda.

Hanible fundamentó su decisión en el registro de un video de vigilancia que mostró el momento del crimen, en el cual Shirah dejó la escena de la discusión y regresó un minuto después conduciendo un SUV. El vehículo fue dirigido directamente hacia Taylor, aceleró y lo impactó, detalló el juez ante la cadena especializada en juicios Court TV.

Los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2024. Tras la ceremonia civil con Savanah Collier, Shirah y su círculo cercano, entre quienes Taylor era el padrino de la boda, se reunieron en una casa para continuar la celebración.

Una discusión entre ambos amigos provocó que el conductor abandonara el lugar y, poco después, regresara para arrollar a Taylor, según la acusación formal citada por Court TV.

El impacto no resultó inmediatamente fatal: Taylor fue trasladado con vida al Hurley Medical Center, donde falleció más tarde a causa de las heridas recibidas.

La fiscalía señaló que Shirah, en vez de asistir a la víctima, huyó de la escena y se negó a cooperar con la policía hasta el día siguiente. Tras el hecho, la policía detuvo a los recién casados, James Shirah y Savanah Collier.

Durante el juicio, el abogado defensor Harrell Milhouse insistió repetidas veces en que la muerte fue accidental: “Se produjo una pelea, una discusión, con alcohol de por medio. Son amigos de toda la vida y las cosas se salieron de control”, afirmó ante el tribunal, de acuerdo con Court TV.

Finalmente, Shirah optó por no impugnar los cargos de homicidio en segundo grado, conducir sin licencia válida y huir tras un accidente mortal, decisión que derivó en la severa condena.

La sentencia contra Shirah, de 30 a 45 años por homicidio y otras penas menores que se cumplirán de manera simultánea, establece que será elegible para libertad condicional únicamente cuando cumpla los primeros 30 años de prisión, informó AP News.

El fiscal del condado de Genesee, David Leyton, expresó en su momento: “Nunca he visto nada parecido. He visto personas atropellando a otras, pero no tan pronto después de una boda”.

La prometida de Taylor, Nikki Robinson, estaba embarazada al momento de la tragedia y la familia organizó una campaña solidaria en GoFundMe que logró recaudar más de USD 1.200. Taylor tenía dos hijos y esperaba un tercero.

El testimonio de la familia de la víctima marcó la jornada. Eren Taylor, primo del fallecido, describió entre lágrimas la escena: “Todo lo que pude ver era sangre. Su pecho estaba abierto, donde están mi nombre y el de mis dos hijos”, narró ante la jueza, según la agencia de noticias.

Las palabras finales, el juicio de la sociedad y el futuro de los involucrados

Antes de la lectura de la sentencia en el tribunal del condado de Genesee, Shirah, con lágrimas, ofreció una disculpa pública: “Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi remordimiento. Estaré arrepentido por siempre. No fue intencional… sé lo que verdaderamente ocurrió esa noche y sé que no fue intencional. Era mi mejor amigo”, afirmó Shirah, citado por Court TV.

El juez Hanible contrarrestó esa versión, enfatizando: “El hecho de que alguien ya no esté aquí significa que usted es un asesino. Usted mató a alguien”, según la cobertura de la cadena especializada en juicios Court TV.

Por su parte, Collier, esposa de Shirah, se declaró culpable de encubrir los hechos tras el homicidio y enfrentará su propia sentencia el 26 de mayo de 2026, conforme a la información difundida por AP News.

Una creadora de OnlyFans de California se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Michael Dale, un hombre de 56 años que falleció por asfixia durante la filmación de contenido fetichista en su domicilio de Escondido.

La audiencia de sentencia está prevista para el 8 de junio de 2026, y la fiscalía del condado de San Diego anticipa que recibirá la pena máxima de cuatro años de prisión estatal, según información de Los Angeles Times.

De acuerdo con la acusación, la combinación de prácticas de dominación y sadomasoquismo, BDSM, grabadas para la plataforma y la omisión de auxilio médico oportuno provocaron el desenlace fatal.

Un vínculo marcado por el dinero y prácticas extremas

Durante marzo de 2023, Michael Dale contactó a Michaela Rylaarsdam, de 32 años, a través de Eros.com, un portal estadounidense especializado en anuncios de servicios para adultos, tal como consta en el expediente judicial citado por Los Angeles Times.

En las semanas previas a su muerte, Dale transfirió a Rylaarsdam más de USD 11.000 a cambio de conversaciones, visitas domiciliarias y actos de bondage. Antes de la sesión final, la acusada le exigió USD 1.000 adicionales, impulsada por mensajes de texto de su esposo, quien la animaba a obtener más dinero del cliente mediante la realización de prácticas de alto riesgo.

Según el expediente, Dale solicitó explícitamente ser envuelto en plástico —“como una momia”—, e insistió en la utilización de pegamento industrial y en que se le pegara un consolador en la boca. Durante la sesión en la que ocurrió la muerte, Rylaarsdam grabó varias horas de contenido en video, lo que incrementó los riesgos.

Los investigadores confirmaron que Michael Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, sellada con cinta adhesiva, durante al menos ocho minutos.

Mientras Dale se asfixiaba, la creadora de OnlyFans continuó grabando, según consta en el documento presentado ante la Corte Superior del condado de San Diego y citado por Los Angeles Times.

La situación se agravó cuando Rylaarsdam llamó al número de emergencias solo al notar que la víctima empezaba a presentar signos de cianosis. Cuando la policía de Escondido llegó al domicilio, la acusada intentaba reanimar al hombre, aunque ya no respondía ni respiraba.

Dale fue trasladado al hospital Palomar, donde los médicos diagnosticaron muerte cerebral y, días más tarde, procedieron a desconectarlo del soporte vital. El informe de la oficina forense del condado de San Diego concluyó que la causa de su fallecimiento fue asfixia, clasificando el caso como homicidio.

Proceso judicial y debate en torno a la responsabilidad penal

En febrero de 2025, Michaela Rylaarsdam fue arrestada y acusada formalmente de asesinato. Posteriormente, aceptó un acuerdo con la fiscalía para reducir los cargos a homicidio involuntario, figura penal que reconoce el desprecio por la vida humana pero no la intención de matar, según un portavoz de la fiscalía de San Diego citado por Los Angeles Times.

Rylaarsdam permanece sin acceso a fianza en el centro de detención Las Colinas, a la espera de la audiencia definitiva convocada para el 8 de junio, donde la fiscalía anticipa que se le impondrá la pena máxima prevista para este delito: cuatro años de prisión estatal.

La muerte de Dale, documentada en video y derivada de acciones solicitadas expresamente por él, vuelve a poner el foco sobre la responsabilidad penal de quienes producen contenidos de alto riesgo para plataformas de suscripción como OnlyFans.

El caso generó debate sobre los límites legales y éticos en la producción de material para adultos, la protección de los participantes y la responsabilidad de los creadores frente a las consecuencias de las prácticas acordadas en contextos de BDSM y otras formas de contenido extremo.

La Justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el delito de trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al sur del país.

El juez Carlos Oblitas suspendió el inicio del juicio que se había instalado a las 08:30 (hora local) ante la ausencia del acusado.

El abogado de Morales, Nelson Cox, había informado la semana pasada que el exmandatario no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó Cox ante los medios.

La causa gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, con la que habría tenido una hija en 2016.

Según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, los investigadores lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del ex mandatario.

Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, Morales denunció que el caso responde a una persecución política de los gobiernos del expresidente Luis Arce (2020-2025) y del actual Rodrigo Paz. Sin embargo, nunca negó la vinculación con la adolescente.

Por este caso, el expresidente ya enfrentaba una orden de aprehensión luego de no haberse presentado a declarar en las dos ocasiones en las que fue convocado por la Justicia. En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado dictó además su arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía.

Acorralado por la Justicia, Morales está refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, una región tropical al centro del país donde se cultiva hoja de coca. En los alrededores de su domicilio, sus seguidores han montado una guardia que lo vigila día y noche para evitar su captura.

(Nota en desarrollo)

Justin Baldoni continúa enfrentando las consecuencias emocionales derivadas de la disputa legal que sostuvo con Blake Lively, de acuerdo con declaraciones recientes de su amigo y coprotagonista Adam Mondschein.

Mondschein, quien participó junto a Baldoni en la película It Ends With Us, habló sobre el estado emocional del cineasta durante una entrevista concedida al medio Page Six.

Según explicó, Baldoni ha experimentado “estrés emocional” en medio del prolongado proceso judicial relacionado con la producción cinematográfica.

“Es una gran carga para llevar por el peso y el estrés emocional que esto le genera”, señaló Mondschein al referirse a la situación que atraviesa el actor y director de 42 años.

También mencionó el impacto que el conflicto habría tenido tanto en Baldoni como en su entorno familiar. “Es una persona real”, afirmó el intérprete de 50 años, quien agregó que sostener públicamente una versión distinta sobre sí mismo puede resultar agotador.

Adam Mondschein también indicó que Justin Baldoni se encuentra afectado emocionalmente por la situación y aseguró que considera al director una persona comprometida con su trabajo y sus proyectos profesionales.

La controversia legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una denuncia contra Baldoni.

En ella acusó a su coprotagonista y director de acoso sexual y de fomentar un ambiente laboral tóxico durante la realización de It Ends With Us, adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Colleen Hoover.

La actriz también sostuvo que Justin habría participado en una campaña organizada para afectar su imagen pública, acusación que posteriormente fue abordada en un artículo publicado por The New York Times bajo el título “We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine”.

Posteriormente, Lively presentó una demanda formal contra el actor, en la que incluyó acusaciones por acoso sexual, incumplimiento de contrato, invasión de privacidad y daños emocionales.

Baldoni negó públicamente todas las acusaciones presentadas por la actriz y respondió con una demanda por difamación y extorsión valuada en 400 millones de dólares. La acción legal también incluyó a Ryan Reynolds, esposo de Lively, así como al equipo de relaciones públicas de la actriz.

El proceso judicial avanzó durante varios meses y estuvo acompañado de declaraciones públicas y presentaciones legales de ambas partes.

Más adelante, el tribunal desestimó la mayoría de las acusaciones presentadas por Blake Lively, incluidas las relacionadas con acoso sexual contra Baldoni. Luego de ese fallo, ambas partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto judicial.

Sin embargo, la resolución del caso se concretó el pasado 4 de mayo mediante un acuerdo alcanzado poco antes de continuar con nuevas etapas del proceso legal.

En medio de la controversia, Mondschein también habló sobre la motivación que, según él, llevó a Justin Baldoni a involucrarse en la adaptación cinematográfica de la novela de Hoover.

“La razón por la que quiso dirigir esta obra, la razón por la que quiso participar en ella, por la que quiso volcarse en ella, fue porque consideró que el libro era importante”, explicó, señalando que Baldoni tenía “una gran relación” con la autora y quería contar “la mejor” historia.

El pasado 23 de abril de 2026, un jurado en Nueva York resolvió un histórico caso de falsificación y derechos de autor que se extendió por casi una década: las obras de Robert Indiana. La Justicia obligó al editor de arte Michael McKenzie a pagar USD 102,2 millones por daños a la Morgan Art Foundation.

El veredicto incluye piezas icónicas como la serie LOVE, símbolo reconocido internacionalmente, y representa una decisión clave para la protección del legado del artista, según ARTnews.

La disputa por las obras de Robert Indiana se decidió luego de ocho años de litigio. El tribunal determinó que Michael McKenzie infringió los derechos de autor de la Morgan Art Foundation al producir y vender obras no autorizadas, incluyendo esculturas y grabados de LOVE, BRAT, The Ninth American Dream y USA FUN.

El juicio comenzó poco antes de la muerte de Indiana en 2018 y abordó el impacto que las obras falsas tuvieron tanto en el mercado como en la reputación del artista.

El jurado validó los cálculos de la Morgan Art Foundation, atribuyendo las pérdidas a McKenzie y apoyando su derecho sobre las piezas en cuestión. La abogada de McKenzie, Nicole Brenecki, anunció que apelarán la sentencia y sostuvo en la corte: “Lo que ellos buscaban proteger era su dinero”.

Durante el proceso, el jurado escuchó testimonios y examinó pruebas sobre la magnitud de la producción y venta de obras no autorizadas. Morgan Art Foundation argumentó que Michael McKenzie y su empresa, American Image Art, llegaron a mover alrededor de 2.500 piezas de Indiana antes de una inspección judicial, lo que llevó a sanciones por parte del tribunal.

El abogado de la fundación, Luke Nikas, aseguró al medio citado que la decisión del jurado “restaura la confianza en el mercado de Robert Indiana” y subraya la protección de la integridad de su legado.

Por su parte, la defensa de McKenzie sostuvo ante medios estadounidenses que las obras se trasladaron para resguardarlas en mejores condiciones y negó cualquier falsificación, afirmando que los métodos de producción contaban con la autorización previa del artista.

Repercusiones para el legado de Robert Indiana

El prolongado proceso judicial ha generado consecuencias significativas en la gestión del legado del creador. Tras el litigio, la Star of Hope Foundation —fundada por Indiana en Maine— y la Morgan Art Foundation acordaron transformar la residencia del artista en un espacio de arte abierto al público.

En 2024, Pace Gallery asumió la representación global de la Robert Indiana Legacy Initiative, creada en 2022 por el galerista Simon Salama-Caro, que funge como la principal responsable de preservar los archivos y la obra del artista. ARTnews informó que la iniciativa se posiciona como referente en la conservación y promoción del legado de Indiana.

La resolución judicial también impactó en los intereses económicos vinculados a la obra de Indiana. La Star of Hope Foundation, principal depositaria del patrimonio artístico tras la muerte del creador, percibe regalías por las ventas legítimas gestionadas por la fundación Morgan, consolidando un modelo de colaboración y apertura pública en torno a su legado.

El caso evidenció disputas internas en los últimos años de vida del artista. Al comienzo del litigio, la Morgan Art Foundation demandó también al albacea James W. Brannan y al cuidador Jamie Thomas, argumentando que aislaron a Indiana para beneficiar la comercialización de piezas no autorizadas.

En 2021, ambas partes firmaron un acuerdo, y en 2022, se abonó más de USD 2 millones al estado de Maine tras objeciones acerca de los honorarios legales del patrimonio.

El medio destacó que, tras finalizar el juicio, la administración y visibilidad de la obra de Indiana se encuentran en un escenario más vigilado, enfocado en resguardar la integridad artística y el control del mercado.

En los últimos años, la fragilidad y el aislamiento de Robert Indiana fueron elementos señalados en la corte, revelando la complejidad que puede implicar la defensa del legado de figuras icónicas.

Los tres imputados por el femicidio de Sofía Delgado, la joven de 20 años encontrada muerta el 15 de noviembre de 2024 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, deberán permanecer en prisión preventiva durante seis meses adicionales por decisión del juez Eduardo Romanini. La medida se dictó durante una audiencia en la que se presentaron pruebas de ADN que fortalecen la acusación, en particular contra Alejandro Bevilaqua.

El motivo de la prórroga está vinculado a la existencia de peritajes fundamentales aún pendientes, como el análisis de una computadora y del GPS del automóvil del principal acusado. Estos exámenes podrían proporcionar datos clave para esclarecer cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de octubre, fecha en la que se habría producido el crimen, y el hallazgo del cuerpo.

Durante la audiencia, también se analizó el pedido de prórroga de las prisiones preventivas de los imputados: Alejandro Bevilacqua, Eduardo Mordini y Brian Baumann. Los defensores de Brian Bauman y Eduardo Mordini impulsaron cambios en la calificación penal para sus representados, solicitando que sean considerados por encubrimiento agravado y no como autores del femicidio. El magistrado permitió que continúen las negociaciones para definir la figura legal.

Por otro lado, la defensa de Bevilaqua pidió libertad condicional, pero el requerimiento fue rechazado. Las pruebas genéticas extraídas arrojaron que el ADN de Bevilaqua fue hallado bajo las uñas de la víctima, mientras que los análisis sobre Bauman no lo vincularon directamente a la escena. Este dato juega un gran papel dentro de la defensa del imputado.

Además, Mordini también solicitó la libertad tras más de un año y medio en prisión preventiva. Esta petición pone en disputa la calificación del crimen, cuya instrucción está próxima a ser elevada a juicio oral. La causa está caratulada como homicidio calificado, con una pena prevista de prisión perpetua.

Los abogados Gabriel Filippini y María Laura Maderna, representantes querellantes de los hermanos de la víctima, sostuvieron ante La Capital: “Se ha hecho un planteo sobre que Mordini había dado negativo los resultados de ADN en la causa, por lo cual el defensor plantea que hay una participación de Mordini en la etapa posterior al homicidio, ya delineándolo como un encubrimiento, y nosotros consideramos que no, que ahí obviamente tanto la Fiscalía como la querella cuentan con prueba que está ya cautelada en la causa”.

El crimen de Sofia Delgado

Sofía Delgado fue asesinada la noche del 30 de octubre de 2024, cuando Bevilaqua, con quien tenía una relación, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó a un taller, propiedad de Mordini, en Puerto San Martín. Según la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de muerte fue asfixia mecánica. El caso también involucra a dos mujeres inicialmente imputadas por encubrimiento, quienes recuperaron la libertad aunque permanecen bajo restricciones.

La investigación para la reconstrucción del crimen sostiene que, tras el fallecimiento de Sofía fue sometida a una serie de maniobras para su ocultamiento: fue Bauman, empleado del taller, quien habría atado el cuerpo e introducido el cadáver en una bolsa cubierta con aislante. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a un sector rural en “Camino de la Cremería”, Ricardone, donde lo encontraron dos semanas más tarde.

En noviembre de 2024, el fiscal Carlos Ortigoza formalizó la imputación por homicidio calificado para los tres detenidos. Ortigoza sostuvo ante el tribunal que Delgado fue asesinada “por placer”. El fiscal enfatizó que “la principal hipótesis es que se trató de un homicidio”, con pruebas que apuntan a una coordinación entre los involucrados.

La secuencia de acciones, revela una planificación precisa y una dinámica de grupo orientada tanto a la violencia como al encubrimiento. En la declaración pública, Ortigoza remarcó la vulnerabilidad de Sofía y las prácticas que circularon entre los acusados: “Hablan de Sofía, dicen que nadie la va a reclamar luego de sacrificarla y descargar su ira; eran mensajes y links de webs con mujeres teniendo relaciones atadas”.

Miembros de la pandilla realizaban tareas de vigilancia sobre las víctimas, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco del proceso judicial contra la MS-13.

De acuerdo con las grabaciones presentadas como prueba, los integrantes de la estructura observaban las rutinas diarias, días de descanso y características físicas de las personas señaladas como objetivo, siguiendo instrucciones de los cabecillas.

El material presentado corresponde a hechos ocurridos entre 2017 y 2018. En algunos casos, los pandilleros tomaban fotografías de las víctimas y compartían estos datos con otros miembros, con el fin de facilitar su identificación. La recopilación de información y la vigilancia formaban parte de un procedimiento previo a la ejecución de los homicidios.

Uno de los audios presentados detalla el seguimiento realizado a un custodio de un centro penal. Según el registro, los integrantes de la agrupación decidieron no actuar porque la persona iba acompañada de sus hijos, y esperaron hasta que estuviera sola para proceder.

Este tipo de acciones muestra que existía una cadena de mando y que la toma de decisiones estaba sujeta a análisis previo.

La FGR indicó que en las grabaciones pueden escucharse los momentos en que ocurrieron los homicidios, incluyendo disparos de arma de fuego.

Tras los ataques, los responsables pronunciaban el nombre de la pandilla. Otras grabaciones revelan que, una vez privadas de libertad las víctimas, los integrantes de la estructura debían aguardar la confirmación de la ranfla antes de ejecutar el homicidio.

Otro de los audios documenta una “investigación interna” realizada por miembros de la MS-13 ante una denuncia de agresión sexual contra una menor.

El material muestra que los pandilleros revisaron llamadas telefónicas, interrogaron al señalado y, tras deliberar, decidieron dispararle en más de veinte ocasiones. Este caso refleja tanto la recopilación de pruebas como la toma de decisiones dentro de la organización.

Las evidencias expuestas por la Fiscalía muestran que la estructura de la MS-13 operaba bajo procedimientos sistematizados. El proceso incluía vigilancia constante, intercambio de información, comunicación entre miembros y confirmación obligatoria con los mandos superiores antes de llevar a cabo las acciones.

Durante la próxima jornada del juicio, el tribunal tiene previsto concluir la reproducción de audios relacionados con el tráfico de drogas, actividad utilizada por la estructura para autofinanciarse. Además, se contempla la posible incorporación de videos donde se observa la ejecución de algunas víctimas, lo que podría aportar elementos adicionales al proceso judicial.

Audiencia única abierta contra cabecillas y estructura de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el contexto de una audiencia única abierta dirigida a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre los imputados figuran 22 cabecillas históricos de la ranfla, 212 ranfleros y 152 corredores de programa, además de otros integrantes de la estructura.

Según los datos judiciales, 413 de los procesados permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mientras que 73 se encuentran ausentes. Entre los delitos imputados se encuentran homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad.

La audiencia busca abordar la responsabilidad de los acusados en los hechos documentados, así como establecer el alcance de las operaciones y la estructura de mando dentro de la organización. El desarrollo de este proceso judicial es considerado uno de los más complejos por el volumen de imputados y la gravedad de los delitos atribuidos, lo que marca un precedente en el tratamiento judicial de estructuras criminales en el país.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

En uno de los audios divulgados por la Fiscalía General de la República, varios pandilleros intercambian instrucciones y reportes mediante frases cortas y códigos internos, mostrando la dinámica con la que se transmitían órdenes dentro de la estructura. La grabación forma parte de la evidencia presentada en el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13, donde el Ministerio Público busca acreditar la existencia de una estructura jerarquizada que ordenaba y coordinaba homicidios en distintas regiones del país.

En el diálogo se escucha una orden clara: “Que no tengamos piedad para los traidores, dicen”.

Durante la conversación, se habla de la revisión de “placazos” y la llegada de instrucciones para ejecutar acciones: “Ahí estaba viendo los placazos de varios locos, pues de los, de los que participaron en la onda esa, de las, de las güilas y todo eso”. Otro de los pandilleros menciona: “Han mandado una güila con cincuenta placazos de allá también”.

Entre los fragmentos, se reitera la instrucción de no tener piedad con quienes son señalados como traidores y la validación constante de las órdenes y mensajes que circulan dentro de la estructura, según los términos de la transcripción.

Entre las grabaciones reproducidas ante el tribunal, se destacan detalles sobre homicidios específicos que fueron planificados y ejecutados bajo órdenes directas de los cabecillas, de acuerdo con el Ministerio Público.

Sostienen que en uno de los audios se expone el crimen de un agente asignado a la Unidad de Servicios Generales de la Delegación de San Marcos. El asesinato se cometió en 2018, luego de que los altos mandos dieran la autorización para proceder.

Otra intervención telefónica aporta información sobre el homicidio de un empleado de la Unidad de Recepción de Denuncias de la Delegación de Zacatecoluca, perpetrado en 2019. En ambos casos, las instrucciones llegaron a través de mensajes cifrados y llamadas, donde se estableció el seguimiento y la logística necesaria para ejecutar los ataques.

Los audios también documentan el crimen de un motorista de buses, cometido por pandilleros rivales en noviembre de 2021 en San Martín. Además, se registró el asesinato de una persona dentro de un vehículo en San Ramón, Mejicanos, ocurrido el 11 de noviembre del mismo año.

Informes fiscales detallan el supuesto sistema de control interno utilizado por la MS-13 para mantener la disciplina y el cumplimiento de órdenes. A través de la figura de las “válvulas abiertas”, los cabecillas habilitaban a los miembros para ejecutar homicidios contra adversarios, así como realizar “depuraciones” internas de aquellos considerados soplones o traidores.

Las directrices también contemplaban atentados contra personal del sistema de justicia y seguridad, extendiéndose a la planificación de extorsiones y operaciones de tráfico de drogas. Los audios muestran que la orden para quitar la vida a un miembro o rival requería siempre la autorización de los altos mandos, quienes evaluaban la situación antes de dar luz verde a las acciones.

Uno de los puntos más reveladores de las pruebas presentadas es la minuciosidad con la que se debía reportar cada homicidio a la cúpula, conocida como la “ranfla”. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los reportes internos incluían el nombre de la víctima, el motivo del asesinato, el estado de ejecución y la modalidad.

Los términos internos de la pandilla clasificaban los hechos según su forma: “H1” para los cuerpos enterrados, “maceta” para un crimen realizado según la jerga, y “asoleado” si la víctima quedaba expuesta. Toda esta información era centralizada para conocimiento de los líderes encarcelados, quienes supervisaban y validaban cada paso del proceso.

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continuará con la fase de aportación de prueba. La Fiscalía anticipó la reproducción de nuevos audios que documentan el tráfico de drogas y las extorsiones cometidas por la MS-13 en el oriente del país, ampliando así el periodo analizado hasta 2022.

Estos materiales, según la acusación, forman parte de una estrategia para demostrar la extensión y permanencia de la estructura criminal, así como la vigencia de las órdenes impartidas por los cabecillas desde prisión.

Las órdenes para ejecutar homicidios y otros delitos llegaban a través de manuscritos enviados desde los penales, así como mediante llamadas telefónicas clandestinas. Los cabecillas mantenían contacto regular con los pandilleros en libertad, quienes debían esperar la autorización expresa antes de actuar.

El control jerárquico era estricto: ninguna acción violenta se realizaba sin la aprobación de los altos mandos, y toda comunicación debía seguir protocolos para evitar filtraciones o delaciones. Las decisiones finales se tomaban en función del interés de la estructura y la seguridad de los líderes.

Durante la Audiencia única Abierta celebrada, la Fiscalía formalizó la presentación de los audios ante el tribunal, enfatizando que los fragmentos seleccionados corresponden a periodos clave entre 2016 y 2021. El objetivo principal es demostrar el nivel de organización, la cadena de mando y los métodos empleados por la MS-13 para ordenar y ejecutar homicidios en diferentes zonas del país.

La acusación subraya que la evidencia obtenida a través de estas intervenciones es fundamental para acreditar la responsabilidad penal de los 486 cabecillas procesados y sustentar la existencia de una estructura criminal activa y jerarquizada.

La Justicia de Tucumán resolvió este miércoles absolver a César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos, la joven asesinada el 26 de febrero de 2006, en una decisión que llegó tras más de dos décadas del hecho.

La decisión se basó en el beneficio de la duda y también alcanzó a Sergio Kaleñuk, quien estaba acusado por encubrimiento y fue desvinculado de la causa. La resolución fue dictada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, luego de 14 jornadas de debate oral.

Con este fallo, el femicidio se mantiene impune, ya que no se logró establecer ningún autor.

Soto estaba señalado como presunto autor del asesinato de la joven de 23 años, cuyo cuerpo apareció tirado al costado de la ruta un 11 de marzo.

No solo había sido estrangulada, sino que presentaba lesiones provocadas por arma blanca, marcas de quemaduras de cigarrillo, el cuero cabelludo desprendido y las huellas dactilares alteradas.

Este lunes, el padre de Lebbos había solicitado la recusación del fiscal de Cámara Carlos Sale, luego de que este retirara los cargos contra Kaleñuk. En la solicitud, reclamó que el representante del MPF había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada”.

Y es que el proceso judicial estuvo atravesado por irregularidades desde sus inicios. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Albaca fue sentenciado en 2021 a seis años de prisión por encubrimiento agravado.

También quedaron tras las rejas el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, los ex jefes policiales Hugo Sánchez y Nicolás Barrera, y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito. El rol de la Policía tras la denuncia por desaparición en 2006 también fue juzgado, luego de haber alterado las actas del procedimiento para informar que el hallazgo fue producto de un rastrillaje realizado por efectivos de la comisaría local.

El caso

Paulina Lebbos desapareció la madrugada del 26 de febrero de 2006 tras haber salido con amigos y haberse dirigido al domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos al 1200. Los investigadores sostienen que allí se produjo una discusión que derivó en la muerte de la joven por asfixia. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año a la vera de la ruta 341, camino a Raco, donde las pericias determinaron que fue arrojada el mismo día en que ocurrió el asesinato.

En las horas previas al asesinato, la joven había ido a bailar al boliche “Gitana” y a la salida se subió a un remis Fiat Duna junto a una amiga, Virginia Mercado. A mediados de febrero pasado, la ex compañera de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Lebbos admitió ante la Justicia que había encubierto el crimen con mentiras y omisiones clave. Los abogados defensores le recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. Lo hizo en una audiencia en donde los letrados solicitaron un juicio abreviado que el juez Patricio Agustín Prado rechazó e indicó que continúe su curso normal.

El magistrado entendió que el acuerdo no cumplía con los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de Tucumán para validar este tipo de procedimiento, cuando Mercado indicó: “A mí me encantaría poder recordar, pero ya no puedo recordar”.

“Le quiero pedir a Virginia, en nombre de lo que ella ha dicho, de la amistad que la unía con mi querida Paulina, mi amada hijita, que diga la verdad. Si ella tanto la quería y eran tan amigas, ¿cómo se puede olvidar estos acontecimientos tan impactantes?“, declaró el padre de Paulina, Alberto Lebbos, quien estuvo presente en la audiencia.

El crimen de Mario Albornoz, hallado sin vida dentro de un freezer en una vivienda de barrio Alto Alberdi, Córdoba, llega esta semana a una instancia clave: comienza el juicio oral contra el único imputado.

La atención pública se concentra en la Cámara Duodécima del Crimen, donde mañana jueves 7 de mayo comenzará el proceso judicial con la participación de jurados populares. Mientras la ciudad observa de cerca, los detalles del caso vuelven a cobrar fuerza a dos años de los hechos.

La víctima, de 53 años, fue encontrada el 10 de abril de 2024 por su propio hermano tres días después del crimen. El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle Santa Rosa al 3300, donde la escena develó un panorama desconcertante: el cuerpo, congelado, permanecía dentro de un freezer, cubierto por una manta y una almohada. La noticia conmocionó a la comunidad y motivó una investigación que derivó en la detención de un sospechoso.

Según lo informó el portal El Doce.tv, el proceso penal apunta contra Fabián Ricardo Páez, de 39 años, único acusado, quien enfrenta cargos por homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

La fiscalía, encabezada por Guillermo González, reconstruyó los eventos que condujeron al crimen. Según la investigación, Albornoz habría sido asesinado a golpes con un martillo luego de sufrir un robo dentro de su propia casa. La acusación sostiene que el autor del crimen buscó asegurar su impunidad, por lo que la fiscalía atribuye el hecho a un homicidio cometido para ocultar otro delito. El cuerpo permaneció oculto dentro del congelador, lo que dificultó inicialmente la determinación del momento exacto de la muerte.

El caso adquirió notoriedad por la naturaleza del escenario: la vivienda funcionaba como una “pensión trucha”, ya que la víctima subalquilaba habitaciones y también alquilaba un espacio al propio acusado. Páez era considerado un inquilino reciente y mantenía una relación cercana con Albornoz, lo que complicó aún más el análisis de los hechos.

Según datos de la investigación, Páez fue detenido dos meses después del hallazgo, tras ser señalado como el último inquilino y una de las personas más allegadas a la víctima. En el juicio, la defensa y la fiscalía deberán debatir sobre las pruebas acumuladas, mientras los jurados populares serán los encargados de decidir si existe responsabilidad penal en el acusado.

Durante el proceso, se presentarán los elementos recolectados por la fiscalía, testimonios de testigos y pericias técnicas. El escenario del crimen, la relación entre la víctima y el imputado, y la motivación económica detrás del hecho serán aspectos clave en la evaluación de los jurados.

El proceso judicial buscará esclarecer las responsabilidades y determinar si Fabián Ricardo Páez actuó con la intención de asegurar la impunidad tras un robo, como sostiene la fiscalía encabezada por Guillermo González.

La resolución de este caso tendrá un fuerte impacto en la percepción pública sobre la seguridad en Córdoba y el funcionamiento del sistema judicial ante delitos de gravedad. La comunidad aguarda el desenlace del juicio, que marcará un precedente en la provincia por la naturaleza y repercusión del crimen.

A casi dos meses de que comenzara el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven de 23 años que fue asesinada hace 20 años en Tucumán, estaba previsto que este miércoles se diera a conocer la sentencia. Sin embargo, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, presentó un pedido para que el fiscal de Cámara Carlos Sale sea apartado, tras haber retirado los cargos en contra de uno de los acusados.

Tras haberse demorado dos décadas en llegar al proceso oral, producto de lo que los familiares de Paulina consideraron como un “mecanismo para asegurar la impunidad”, solo dos personas llegaron imputadas a esta instancia. Por un lado, la ex pareja de la joven, César Soto, acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen y, por el otro lado, Sergio Kaleñuk, amigo de Soto e hijo del ex secretario de José Alperovich, que fue señalado como encubridor.

Sin embargo, los alegatos cambiaron el panorama por completo, debido a que el fiscal Sale pidió la prisión perpetua para Soto, pero aseguró que no tenía pruebas suficientes para mantener los cargos en contra de Kaleñuk. Frente a esto, el padre de la joven presentó un recurso inédito para solicitar su apartamiento y la nulidad parcial del alegato.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, la solicitud fue presentada el lunes al mediodía ante la Cámara Penal Conclusional Sala III. Tras haber designado como abogado a Juan Emilio Abraham Musi, Lebbos se presentó en calidad de víctima, debido a que la querella había sido reservada para la hija de Paulina.

“Venimos a sostener la acusación, solicitando se decrete la nulidad parcial del alegato fiscal en lo que a Kaleñuk se refiere”, reclamaron al señalar que el representante del Ministerio Público Fiscal había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada” al retirar la acusación en contra del imputado.

Al mismo tiempo que pidieron ejercer el rol de la querella ante la ausencia de la hija de la víctima en el proceso, exigieron que se respete la pretensión punitiva que había sido demostrada al momento de elevarse el caso a juicio. Asimismo, pidieron que se haga uso del principio de razonabilidad y se designe a un nuevo fiscal.

En línea con esto, Lebbos denunció la existencia de una “asimetría procesal” respecto a los argumentos que presentó para librar al acusado de la imputación. Y apuntó que “el fiscal no logró justificar por qué la prueba que él mismo consideró suficiente para elevar la causa a juicio perdió repentinamente su aptitud conviccional”.

Por otro lado, el padre de Paulina criticó la falta de información respecto al avance del proceso. “Mi no participación es una consecuencia más del oscurantismo que hoy queda desvelado. No fue sino por la citación a testigo que fui notificado de estas actuaciones”, sostuvo al hacer referencia a que su lucha por justicia se extendió a más de 20 años.

Incluso, hizo referencia a una nota que había enviado al Ministerio Público Fiscal el 23 de Febrero de 2023, para que sea informado sobre el estado de la causa. No obstante, afirmó que nunca recibió una respuesta y, por ende, no recibió información sobre el desarrollo del proceso.

La acusación por encubrimiento contra Kaleñuk

Tras considerar que se trató de un “acto arbitrario y carente de motivación lógica”, remarcó que el hecho fue probado a lo largo de las semanas que duró el debate. “Quedó probado que Sergio Hernán Kaleñuk, lideró, junto a la cúpula política y policial de la provincia, un plan criminal destinado a ocultar la verdad material del homicidio de Paulina Alejandra Lebbos”, subrayó al destacar que la maniobra “fue garantizada por el entonces Gobernador José Jorge Alperovich”.

Como parte de prueba, el padre de Paulina recordó que el ex mandatario tucumano había aprobado los ascensos de varios agentes policiales que fueron encontrados culpables de encubrir el asesinato de su hija. Asimismo, remarcó que esas promociones también se dieron cuando los acusados eran investigados por la Justicia.

“No solamente me ofreció una ‘renta vitalicia’ o cargos públicos en el velorio de mi hija para que abandonara mi lucha, sino que también actuó activamente en la opinión pública, siendo la intervención más destacada aquella vez que dijo que conocía el nombre del asesino de Paulina Lebbos, sin que hasta el día de hoy diga a quién se refería”, sentenció.

De la misma manera, Lebbos recordó que la localización obtenida del celular de Kaleñuk había demostrado que había mentido en su declaración. Aunque este había dicho que la mañana del crimen estuvo en el Club Central Córdoba vendiendo entradas, las antenas telefónicas revelaron que entre las 09:49 y 11:52 horas estuvo en la zona de Avenida Independencia 1213.

Incluso, se habían llegado a detectar más de 200 comunicaciones que el acusado mantuvo con su padre, Alberto Kaleñuk, y los jefes policiales Hugo Raúl Sánchez y Luis Nicolás Barrera a partir de las 07:15 horas de ese domingo. Asimismo, indicó que los intercambios aumentaron durante la noche, poco después de que radicó la denuncia por desaparición.

“Este esquema permitió que el 11 de marzo de 2006, Sánchez y Barrera ordenaran a Héctor Rubén Brito y Enrique Antonio García confeccionar un acta de hallazgo falsa”, acusó el padre de Paulina, tras mencionar que se había probado el ocultamiento de las fotos originales del cuerpo y la destrucción de pruebas biológicas. Acusación que recayó sobre la bioquímica Lilia Amelia Moyano y el director Fernando Vázquez Carranza, quienes fueron señalados por dejar que las muestras se descompongan.

En ese sentido, denunció que “junto a su padre, financió la introducción de pistas falsas e inverosímiles para desviar sospecha de los ‘hijos del poder’, utilizando a personal como Francisco Vicente Picón, quien recibió dólares en mano cambiados en ‘cuevas’ ilegales” y mencionó la creación de una “policía paralela”, formada por Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, para producir “informes funcionales al poder”.

Luego de que mencionara la “posición de privilegio” con la que contaba Kaleñuk por ser un alto funcionario de la Secretaría General de la Gobernación, ratificó: “Este nivel de influencia sistémica demuestra que el imputado contaba con el poder fáctico no solo para impulsar el encubrimiento, sino para detener de forma definitiva la maquinaria de impunidad”.

Por este motivo, el padre de Paulina imploró al Tribunal que consideren “la contundencia de los elementos probatorios producidos durante el debate que destruyen de manera absoluta la inocencia de Sergio Hernán Kaleñuk y lo vinculan temporal y geográficamente con la víctima”.

Las conversaciones con ChatGPT se transformaron en pruebas clave en numerosas investigaciones criminales recientes en Estados Unidos, según la cadena de noticias internacional CNN.

Estas interacciones, percibidas por muchos usuarios como privadas, fueron integradas a expedientes judiciales para esclarecer motivos y acciones, desencadenando un debate sobre la protección de la privacidad ante la ley.

Uno de los casos más recientes se produjo en abril, cuando Hisham Abugharbieh, compañero de habitación de uno de los dos estudiantes de posgrado asesinados en la Universidad del Sur de Florida, realizó consultas a ChatGPT sobre “qué ocurre si una persona es colocada en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor”, según consta en la declaración jurada que la fiscalía de Florida presentó ante la corte.

Cuando la aplicación le advirtió del peligro implícito, el acusado insistió con la pregunta: “¿Cómo podrían descubrirlo?”. De acuerdo con CNN, estos mensajes forman parte de los cargos de doble homicidio premeditado que enfrenta Abugharbieh y ejemplifican cómo las autoridades estadounidenses rastrean registros de chat de inteligencia artificial como fuentes de prueba en casos penales de alto perfil.

A diferencia de los diálogos con un abogado, médico o terapeuta, que están amparados por privilegios legales establecidos, los intercambios con chatbots de IA carecen de protecciones de confidencialidad.

Según Virginia Hammerle, abogada en Texas, “cualquier cosa que alguien escriba en ChatGPT podría estar sujeta a descubrimiento judicial”, dijo a la cadena de noticias internacional CNN.

Esto significa que las autoridades pueden presentar estos registros como prueba sin restricciones, equiparándolos a otros datos electrónicos como el historial de llamadas o los pagos con tarjetas bancarias.

El uso de los historiales de conversación con ChatGPT como evidencia no se restringe a este hecho. El expediente judicial contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio de Palisades en California en 2025, incluye solicitudes que hizo a ChatGPT, como la generación de imágenes de “personas huyendo del fuego” y confesiones sobre haber quemado una Biblia y sentirse liberado, según consta en la denuncia penal reseñada por la cadena de noticias internacional CNN.

Además, tras reportar el fuego al 911, preguntó a la herramienta de IA: “¿Tienes culpa si un incendio se produce por tus cigarrillos?”, lo que la fiscalía considera un intento de fabricar una coartada.

Rinderknecht negó los cargos y su abogado, Steve Haney, sostuvo al medio CNN que “los registros de ChatGPT no constituyen ni confesión ni escena del crimen”. Para Haney, “el gobierno pide al jurado que lea la mente de un acusado a través de una barra de búsqueda, y ni la ciencia ni el derecho han permitido ese salto”.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, reconoció en una entrevista para el pódcast de Theo Von en julio pasado, también citada por la cadena de noticias internacional CNN, que la ausencia de límites legales sobre la privacidad de estas interacciones es un “problema enorme”.

Altman señaló: “La gente habla sobre las cosas más personales con ChatGPT. Las personas lo usan, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o un asesor de vida. Si esto se judicializa, podríamos vernos obligados a entregar esa información”.

El debate por la protección de la privacidad frente a la inteligencia artificial cobró relevancia tras la demanda interpuesta por las familias de las víctimas de un tiroteo en una escuela de Canadá en febrero, quienes denunciaron a OpenAI y a Altman por considerar que el uso de ChatGPT fue cómplice en el ataque, según informó la cadena de noticias internacional CNN.

Por su parte, la propia compañía subrayó en una declaración que mantiene su “compromiso con la seguridad de la comunidad” y que continuará priorizando la protección sin descuidar los riesgos colectivos.

El precedente de las búsquedas electrónicas en juicios penales

El empleo de historiales electrónicos en la instrucción penal no es enteramente nuevo. La jurisprudencia estadounidense reconoce casos donde búsquedas en Google fueron fundamentales para esclarecer el móvil o el conocimiento previo de un sospechoso.

En 2023, Brian Walshe fue declarado culpable del homicidio de su esposa, tras exhibirse ante el jurado búsquedas como “10 maneras de deshacerse de un cadáver” o “¿puedes ser juzgado por homicidio sin un cuerpo?”. De modo similar, en uno de los juicios de Karen Read, la atención se centró en el estado anímico de una testigo que había buscado “¿cuánto tiempo tarda en morir alguien en frío?”, lo cual se utilizó para analizar la intencionalidad.

Las autoridades subrayan que las consultas a la inteligencia artificial pueden revelar tanto el estado mental como el grado de planificación de los encausados. Las preguntas que Abugharbieh formuló a ChatGPT los días previos a la desaparición de las víctimas, entre ellas si podía poseer un arma de fuego sin licencia o si es posible modificar un número de identificación vehicular, constituyeron indicios relevantes para la imputación, según consta en la documentación recogida por la cadena de noticias internacional CNN.

Privacidad digital ante la ley estadounidense

El marco legal todavía no resolvió qué grado de protección debe concederse a estas interacciones en Estados Unidos. Altman defendió la necesidad de salvaguardar la privacidad, aunque admite la posibilidad de comprometer parte de ella en nombre de la seguridad colectiva, alertando sobre el riesgo de que los gobiernos excedan estos límites.

El historiador Nils Gilman, asesor principal del centro de estudios Berggruen Institute, argumentó en The New York Times que la sociedad debería otorgar confidencialidad legal a los diálogos con chatbots, del mismo modo que se hizo con médicos o abogados para garantizar conversaciones honestas.

Pese a estas propuestas, el consenso entre expertos legales consultados por la cadena de noticias internacional CNN es que, por ahora, los datos ingresados en ChatGPT carecen de privilegios y están sujetos a los mismos estándares de descubrimiento judicial que cualquier otro dato digital.

El analista jurídico Joey Jackson ilustró: “Sería como llamar por teléfono y después argumentar que esa llamada no puede utilizarse en nuestra contra”.

Las discusiones sobre eventuales excepciones —por ejemplo, materiales confidenciales que un abogado incorpore a una IA, o el caso de particulares que se autorrepresentan ante la justicia— aún carecen de jurisprudencia clara. Hammerle precisó a CNN: “El derecho está intentando alcanzar a la realidad”, y añadió que “ChatGPT no es su amigo, ni su abogado, ni su médico, ni su pareja. Deje de hablarle como si lo fuera”.

Durante la séptima jornada de la Audiencia única Abierta contra 486 cabecillas de la MS-13 en San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó llamadas telefónicas interceptadas entre pandilleros como parte de las pruebas para evidenciar la estructura y jerarquía interna de la organización criminal. Estas grabaciones expusieron las voces de mando de la ranfla nacional y el funcionamiento de los mecanismos de extorsión y adquisición de armas.

El Fiscal Adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los audios fueron obtenidos mediante intervenciones y extracciones como técnicas especiales de investigación. Durante la audiencia, se informó que la Fiscalía prevé reproducir al menos 125 audios a lo largo del proceso. En la jornada, se escuchó el audio de una reunión celebrada en abril de 2016 entre cabecillas de la MS-13 recluidos en distintas cárceles del país.

En esa reunión, los líderes abordaron temas como el cobro y la distribución de la renta, destinada a la compra de armas de grueso calibre y a la planificación de homicidios, conocidos dentro de la estructura como “pegadas”. Según uno de los cabecillas, esperaban recolectar unos $500,000 en extorsión provenientes de las diferentes clicas, fondos que también servirían para adquirir municiones, vehículos y para entrenar a miembros en el manejo de armamento.

Los audios también reflejaron la preocupación de los líderes por mantener la cohesión interna ante intentos de división y la creación de nuevas facciones. En otra grabación, fechada el 17 de abril de 2016, se detalló la distribución de las rentas y la preparación para enfrentar o atacar a las autoridades.

El fiscal adjunto anunció que en la próxima jornada se presentarán más audios, donde se evidencian los mecanismos y directrices utilizadas por la MS-13 para ordenar homicidios y coordinar acciones criminales a nivel nacional.

Solo el barrio puede autorizar acciones contra enemigos y contactos con autoridades

En una de las grabaciones difundidas por la Fiscalía, integrantes de la MS-13 leen y discuten normas internas dirigidas a otros miembros de la organización. Las conversaciones revelan la forma en que se comunican las reglas, la insistencia en su cumplimiento y la centralización de las decisiones dentro del grupo.

Uno de los integrantes inicia la comunicación advirtiendo la importancia de los puntos a tratar: “Esperamos que le pongan atención y le pongamos mente y los pongamos en práctica, no solo los vayamos a escuchar porque está c..., pues”.

Durante el intercambio, se subraya que los miembros no pueden tomar decisiones individuales en asuntos críticos. Uno de los puntos más insistidos es la prohibición de actuar por cuenta propia contra rivales: “Solo el barrio puede dar el aval para quitar a un enemigo”.

El vocero aclara: “El hecho de que seamos hombres y tengamos voz y voto, va, en nuestra pandilla y todo el pedo, no podemos venir y nadie, nadie, ni como clica, nadie, no lo podemos tirar al marso a querer venir y quitar el enemigo, va... solo el barrio puede dar el aval de quitar un enemigo”.

El mensaje se refuerza al advertir sobre las consecuencias de desobedecer: “Abalínese que h... va a venir y solo porque está loco va a venir y se va a tirar el alzo de que le quitaron enemigo, porque ya sabe de que va a venir trayendo algo... ahí nadie se puede andar tirando alzo de Simón”.

La estructura jerárquica también se refleja en las reglas sobre contactos con autoridades. El punto número siete es descrito como uno de los “más importantes” y establece: “Solo el barrio puede venir y hacer trances con las autoridades”.

Explica el procedimiento: “Si algún homie conoce algún jura que sea trancero, ese homie tiene que venir y hablar con el corredor de, del programa... y él venir y hablar con la rueda principal y manifestar el detalle que el homie está haciendo ver. Si la rueda le da permiso de hacer trances, la tercera parte será del barrio, independientemente del tacuachín que sea”.

Se advierte que ningún miembro debe mantener relaciones o acuerdos con autoridades sin autorización expresa: “Aquí nosotros no queremos que ningún homie vaya a venir y porque conoce un, un, un h... que sea de la autoridad... vaya a andar queriendo hacer trance o queriendo tener una comunicación muy cerca de él. O si no viene y no se le acerca a los corredores... va a traer graves consecuencias, carnal”.

El mensaje final insiste: “Si algún loco tiene comunicación con un h... de esos, de que mejor se acerque y hable... no lo vayamos a detectar primero haciendo unas movidas todas raras porque no se las va a acabar”.

El capitán de navío retirado Néstor Pietronave -submarinista desde 1981, ex comandante del propio ARA San Juan y colaborador de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa que analizó las circunstancias del siniestro- fue el primer testigo en prestar declaración este lunes en la reanudación del juicio oral por el naufragio del SUSJ tras una semana de cuarto intermedio, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos.

Convocado por el fiscal que encabeza el equipo de cuatro acusadores públicos, Gastón Franco Pruzán, su exposición abarcó los mecanismos de supervisión y alistamiento de una unidad submarina, el examen de los incidentes registrados en la patrulla de julio de 2017 y la interpretación del último mensaje enviado por la nave antes de su pérdida de contacto y desaparición. Sus conclusiones centrales fueron las siguientes: la nave estaba en condiciones adecuadas para cumplir la misión asignada, el SITREP -reporte de situación- no constituía una declaración de emergencia ni una solicitud de auxilio, y la maniobra con la válvula E-19 era muy inusual aunque estaba dentro de las facultades del jefe del barco.

Con 38 años de carrera en la Armada y más de cincuenta navegaciones en submarinos, Pietronave ejerció distintas jefaturas a bordo del ARA San Juan -operaciones, inmersión, máquinas y electricidad- antes de asumir su comando en 2004. Entre 2005 y 2006 se desempeñó como jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), con responsabilidad sobre personal, inteligencia, logística, operaciones, adiestramiento y alistamiento. A lo largo de la jornada fue interrogado por el fiscal Pruzán, las defensas de los cuatro exoficiales imputados -Claudio Villamide, Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa-, las querellas de Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Lorena Arias, y los magistrados del tribunal.

El estado operativo y los días de navegación

A instancias del defensor Juan Pablo Vigliero -abogado del ex capitán de navío destituido Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos al momento de la tragedia-, Pietronave respondió una serie de preguntas encadenadas que delinearon con precisión el esquema de responsabilidades en el alistamiento y mantenimiento de una unidad de guerra preparada especialmente para funcionar en el sigilo.

Sobre qué significa que un submarino esté en estado operativo, respondió: “Que es seguro para navegar y que tiene los sistemas en condiciones de operar con seguridad. Y está apto para navegar como submarino”. La potestad de certificar ese estado, señaló, recae doctrinariamente en la figura del comandante, quien, según explicó el testigo, también se erige como el primer responsable del mantenimiento y alistamiento de la nave.

La cuestión no es menor en el marco de este debate oral, ya que entre los documentos que se vienen analizando figura el ICEM N°07/17 suscripto en septiembre de 2017 por el titular del buque, el capitán de fragata Pedro Fernández, que consignaba a la unidad como “habilitada” con un índice de 4,25 sobre 5. Al ser consultado sobre qué es el ICEM -el Índice de Control del Estado del Material-, Pietronave lo describió como “un documento generado por el buque donde se analizan uno por uno todos los sistemas y equipos de la unidad. Y se establece una ponderación donde se califica cada uno (...) de los sistemas para determinar si está habilitado o no y si el buque, en definitiva, está habilitado o no y en qué grado de habilitación".

Ante la pregunta de si ese instrumento bastaba para salir a navegar o si existían otros controles adicionales, precisó: “Si hablamos de mantenimiento, el buque cumple su sistema de mantenimiento a bordo. Si hablamos de control del estado de alistamiento, antes de zarpar se hacen las pruebas de 48 horas, por ejemplo, donde se ponen en marcha y se prueban todos los equipos del buque. El buque, a cargo del comandante, las hace: todos los jefes de cargo del buque con su gente prueban todos los sistemas y equipos del buque. Los que reparan el buque son los que navegan en el buque”.

Y ante la consulta de si una unidad naval pudiera ser obligada a zarpar por orden superior aun cuando su comandante considerara que no estaba lista ni en condiciones, fue terminante: “Definitivamente no. No lo vi nunca”. Tampoco tenía conocimiento de antecedente alguno en ese sentido.

Sobre los controles que se realizan durante la zarpada misma, explicó: “Durante la zarpada se coloca el buque en condición de navegación. Se toman las planillas de preparación de mecanismos para zarpar y se ponen todas las válvulas y sistemas en la condición que dicen las planillas. Con el sistema de ventilación -por ejemplo- se van poniendo todas las válvulas y flaps en la posición que tienen que estar para zarpar, y así con todos los mecanismos. Además, previo a que el buque zarpe se hacen pruebas específicas como la prueba de propulsión: sobre la amarra se hace avanzar y retroceder al buque”.

Unos minutos después, el presidente del tribunal, Mario Reynaldi, le preguntó al testigo si se podía equiparar al ICEM con una fotografía del estado del buque en un momento dado. “Es una foto de ese momento en que se hizo la prueba, sí”, contestó, y puntualizó que en ninguna navegación de ningún buque a nivel general podía esperarse la ausencia de novedades de material.

En sus palabras, el submarinista dijo: “Yo creo que no hay ningún día de navegación en que no haya una novedad del material: puede ser grande o pequeña; puede ser una avería sencilla o importante, el tema es cómo se soluciona. Pero siempre hay novedades”.

El juez Reynaldi también le preguntó sobre la extensión de las navegaciones durante su carrera naval. Pietronave consideró que al principio eran más prolongadas y que con el tiempo se fueron acortando. “A veces se hacían navegaciones de mantenimiento, donde el buque salía un par de días por mes para mantener los mecanismos operativos y en movimiento, y otras veces para hacer operaciones como las que hizo el San Juan en 2017, que eran un poco más prolongadas. Hubo navegaciones mucho más prolongadas en la década del 70 y principios de los 80: había navegaciones de 40 días”, recordó. Y ante la pregunta específica de si los días de navegación del San Juan se fueron reduciendo con el tiempo, respondió: “Mi impresión es que a lo largo de toda mi carrera los días de navegación se fueron reduciendo, sí”.

Con todo, según fuentes que conocen el manual del fabricante -Thyssen, en la entonces República Federal de Alemania-, el ARA San Juan tenía en su diseño una autonomía de navegación de hasta 90 días.

En rigor, la Orden de Operaciones N°04/17 “C” del Comando de la Fuerza de Submarinos -fechado el 24 de octubre de 2017 y contribuyente a la Orden de la Flota de Mar N°14/17- fijaba para el San Juan una misión dividida en cuatro etapas, de las cuales la nave participaba en tres: el despliegue desde Mar del Plata hasta la Base Naval de Ushuaia -con patrulla antisubmarina en el área “Alessia” en el trayecto-, la estadía de tres días en Ushuaia con ejercicio de ataque submarino, y la Patrulla de Control del Mar en el área “Juliana” -frente a la milla 200-, con una permanencia mínima de diez días de operaciones de vigilancia, identificación y registro fotográfico y fílmico de buques de interés. Cuando el San Juan reportó el ingreso de agua de mar por el sistema de ventilación al tanque de baterías de proa, el cortocircuito y el principio de incendio, estaba ingresando a la etapa final de esa misión de control del mar.

Los incidentes de la patrulla de julio de 2017

Un tramo sustancial del interrogatorio se concentró en el informe de actividades que el comandante Pedro Fernández elevó al COFS el 14 de agosto de 2017, al concluir la patrulla realizada entre los días 1 y 19 de julio. El documento registraba dos incidentes de relevancia.

El primero fue el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa durante una maniobra de snorkel. “La única posibilidad es la falta de estanqueidad en la válvula E-19”, concluía el informe. El submarinista retirado remarcó el funcionamiento: la válvula E-19 es una válvula de ventilación situada entre el pozo del snorkel y el ventilador del tanque de baterías que, en condiciones normales, debe permanecer cerrada una vez que el buque zarpa.

“Si está abierta es la única forma de que el agua que está en el pozo de snorkel o en el ambiente del pozo pase para el tanque de baterías. Si está cerrada, no debería poder pasar”, señaló.

Las consecuencias de ese ingreso podían incluir cortocircuitos entre barras o entre las barras y las chapas del tanque, con el riesgo de que saltaran los interruptores correspondientes. El protocolo ante esa contingencia exige primero aislar el tanque -desconectarlo del resto del buque en el tablero- y luego, si las condiciones lo permiten, acceder al compartimento para evaluar los daños. Para alcanzar la estabilidad necesaria con un estado de mar muy agitado, estimó que la nave debería estar como mínimo a 40 metros de profundidad.

El segundo incidente fue la maniobra ejecutada el 13 de julio con la válvula E-19 para compensar el nivel de CO2 en el compartimento de proa. Pietronave afirmó no conocer esa operación como una práctica habitual. “Entiendo que lo que está buscando es homogeneizar el CO2 a lo largo de los dos compartimentos estancos del buque”, apuntó. Y añadió: “El único sentido que le buscaría es tratar de permanecer más tiempo sin ventilar el buque”. Nunca la había ejecutado ni había oído que alguien lo hubiera hecho. De haber recibido ese informe como superior, habría requerido una explicación más detallada.

”Me parece que este párrafo solo es poco para explicar la maniobra. Hubiera tenido una charla para explicar qué es lo que hicieron y cómo se aseguraron después del restablecimiento de todas las condiciones de las tuberías de ventilación. Es lo suficientemente importante como para protocolizar una prueba de este estilo“, formuló el testigo.

A raíz de una inquietud del defensor Vigliero sobre la seguridad de operar esa válvula en distintas condiciones, Pietronave fue preciso: durante el snorkel, no es seguro. En puerto, sí. Navegando a profundidad de periscopio o totalmente sumergido, no entraña ningún riesgo. “Puede abrir o cerrar porque no tiene ningún peligro”, dijo sobre ese último escenario. El juez Reynaldi también le consultó si los reglamentos del servicio autorizan a los comandos a efectuar pruebas con los equipos. “El Reglamento General del Servicio Naval creo que autoriza a los comandos a hacer pruebas, sí”, respondió. Y ante la pregunta específica de si esa autorización alcanzaba a la válvula E-19 en navegación, matizó: “El sistema de ventilación para mí es bastante crítico, pero sí, se puede hacer pruebas si hay un protocolo específico para hacerlas: eso es lo que yo considero. No creo que esté escrito en el reglamento porque es muy amplio”.

La lectura del SITREP

El fiscal Pruzán le exhibió el mensaje SITREP enviado por el ARA San Juan a las 06:00 del 15 de noviembre de 2017 por sistema HF al COFS: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3. Ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Batería de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado.”

Pietronave descartó que el mensaje constituyera una declaración de emergencia o una solicitud de auxilio: a su criterio, el texto reportaba una avería, no una crisis fuera de control. El señalamiento no es menor en el contexto del debate: uno de los reproches que pesan sobre el capitán de navío destituido Claudio Villamide -como comandante de la Fuerza de Submarinos y superior directo del comandante Pedro Fernández- es no haber ordenado al San Juan regresar en superficie ante la avería reportada ni haber dispuesto el envío de auxilio. La defensa del oficial destituido -hoy capitán de ultramar de la Marina Mercante- sostiene que la información que transmitía el submarino indicaba que la situación estaba bajo control. La lectura que hizo Pietronave del SITREP abona esa postura: al analizar la decisión de ir a inmersión, señaló que si el buque hubiera enfrentado un problema más grave, habría permanecido en superficie.

“Si tuviera algún problema más grave -planteó el testigo-, estaría en superficie. Si -el comandante- estuviera pensando que tiene un problema más grave estaría en superficie, no en inmersión, no se hubiera ido a inmersión con un problema más grave”.

El informe de la Comisión Asesora y el estado del buque

La defensa de Villamide le exhibió un fragmento del informe preliminar de la Comisión Asesora del Ministerio de Defensa -documento clasificado como secreto, con sello del año 2018, incorporado como prueba documental al juicio-. La comisión había sido constituida en diciembre de 2017 por el Ministerio de Defensa e integrada por los almirantes Gustavo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío Jorge Bergallo -tres oficiales que en las próximas semanas también prestarán declaración como testigos en el debate-.

El recuadro exhibido correspondía al punto 4 del documento, titulado “Conclusiones preliminares de la Comisión Asesora sobre las condiciones de navegabilidad y operatividad del San Juan”, y establecía: “Luego de los análisis realizados con la información disponible vinculada a los hechos ocurridos, al momento no existen evidencias demostrables que el Submarino A.R.A. ‘San Juan’ haya zarpado de la Base Naval de Mar del Plata el día 24 de octubre de 2017, o de la Base Naval de Ushuaia el día 8 de noviembre de 2017, o se haya destacado al área de patrulla asignada, luego de haber realizado operaciones navales integradas el 11 de noviembre de 2017, con alguna falla o avería de material, que hiciera presagiar su posterior naufragio el día 15 de noviembre de 2017”.

Y en su punto 4.2 agregaba: “El San Juan reunía las condiciones estructurales, mecánicas, técnicas y marineras necesarias para navegar y cumplir con la Orden del Comandante de la Fuerza de Submarinos N°4/17 ‘C’, para la profundidad operativa a la que se lo había restringido”.

Ante la pregunta de si coincidía con esas afirmaciones, respondió: “Sí coincido, porque el buque a mi entender estaba en condiciones adecuadas para hacer la patrulla para la cual fue designado”.

Más tarde, durante el interrogatorio de la querellante Valeria Carreras, ese punto fue retomado desde otro ángulo. Carreras le preguntó cómo le constaba que el buque estaba en condiciones de operar. “Me consta por el estado de alistamiento que mostraron: el ICEM anterior, que vi, leí y analicé”, respondió.

Luego aseveró que estaba al tanto de que el buque tenía una limitación de profundidad de 100 metros.

También en ese tramo la querellante Carreras le preguntó si en su experiencia como submarinista había tenido alguna emergencia que lo hubiera obligado a asentar en el fondo. Pietronave recordó el episodio del ARA San Luis -submarino Tipo 209 de histórica actuación en la Guerra de Malvinas-: “Era una zona de muy baja profundidad y estábamos haciendo ingreso y egreso de tropas especiales, y en algún momento, por un ingreso excesivo de agua porque había quedado una soga -para hablar en términos civiles- en el cierre de la garita de escape de buzos, ingresó mucha más agua de la que debía ingresar al tanque de compenso y el buque se puso muy pesado y hubo que asentar en el fondo en emergencia, a treinta y pico de metros”.

Esa situación, precisó, se debió exclusivamente a la escasa profundidad disponible: “Si el comando del buque hubiese tenido en ese momento más de treinta y pico de metros de profundidad, la maniobra se hubiera solucionado de otra manera. Se asentó en el fondo solamente porque había poca profundidad, porque si no hubiera hecho un saco a cuarenta o cincuenta metros y hubiera salido sin ningún tipo de problema”.

A raíz de ese intercambio, el defensor Vigliero retomó la cuestión de la limitación de 100 metros del San Juan y preguntó por qué esa restricción no impedía cumplir la Orden de Operaciones 04/17. La respuesta fue concisa: “Porque no tenía porqué bajar a más de 100 metros. La orden de operaciones no le exigía bajar a más profundidad. No veo porqué hubiera bajado a más”.

Semana de audiencias

El juicio retomó este lunes con cinco testigos por jornada previstos hasta el jueves de esta semana. Desde este martes comenzarán a comparecer los propuestos por las distintas defensas, que empezarán a delinear sus posturas respecto al caso.

El viernes 8 de mayo, a las 16, el tribunal realizará una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz -buque gemelo del siniestrado- en los astilleros de Tandanor, al sur de la ciudad de Buenos Aires, a la que concurrirán todas las partes del proceso.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reanudar el proceso penal contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiu y fijó fecha para el juicio oral, al concluir que el acusado cuenta con “reserva cognitiva suficiente” pese a los trastornos diagnosticados. La decisión fue adoptada este miércoles tras nuevos peritajes médicos y psiquiátricos, y tendrá impacto en el desarrollo de la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018, que llevaba más de siete años suspendida por su estado de salud mental.

Según indica la resolución judicial de 15 páginas, a la que accedió Infobae, el tribunal avanzó en la organización del debate oral, que ya tiene fechas definidas para los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre de 2026.

La controversia giró en torno a la salud mental de Álvarez Congiu. Hasta el momento, el avance del juicio permaneció frenado porque un informe médico de 2021 había determinado que el cantante no podía afrontar el proceso. Pero en 2025 el tribunal ordenó nuevos exámenes para saber si su estado había cambiado. En ese contexto, el Cuerpo Médico Forense concluyó que, aunque presenta un “trastorno cognitivo leve”, su estado no le impide participar del juicio ni defenderse. Resaltaron que conserva la capacidad de comprender lo que sucede y decidir sobre sus derechos procesales.

En palabras de los peritos, “dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal”, aunque aclararon que podrían darse fluctuaciones puntuales producto de su cuadro.

La defensa de Álvarez alegó lo contrario. Argumentó que los informes no brindan certeza sobre el desempeño mental de su representado durante un juicio prolongado. Aseguró que el diagnóstico podría ser más grave (“trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”) y pidió una evaluación neuropsicológica especializada, alegando riesgo de que el proceso avance contra una persona incapaz.

Pero el tribunal entendió que ese planteo resulta “sobreabundante” y que los peritajes ya generan certeza suficiente sobre la capacidad actual del acusado.

La clave de los peritajes

Los informes médicos oficiales describieron a Pity, de 53 años, como una persona con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, episodios previos de descompensaciones y factores de salud como hipertensión arterial, obesidad y sedentarismo. Aun así, no hallaron síntomas que impidan el proceso penal.

Se detalló que su cuadro puede mejorar o empeorar según períodos, pero que en la actualidad no existe incapacidad irreversible, sino la recomendación de un tratamiento terapéutico integral. Los peritos especificaron: “El pronóstico del cuadro queda supeditado a su evolución y a la eventual implementación de un abordaje terapéutico... No presenta al momento del examen indicadores o signo sintomatología compatible con riesgo cierto e inminente para sí y/o para terceros”.

Los peritos de la defensa coincidieron parcialmente, pero elevaron el diagnóstico a trastorno neurocognitivo mayor, advirtiendo que la capacidad de sostenerse a lo largo de un proceso judicial es incierta. Plantearon que un abordaje médico sostenido podría clarificar la situación, pero hoy no hay garantía de estabilidad suficiente.

Desde la fiscalía, en tanto, se insistió en que los peritajes oficiales están “sumamente documentados” y se sumó un elemento novedoso: la participación pública de Álvarez Congiu. El expediente menciona un concierto de tres horas en diciembre de 2025 en Córdoba y un evento futuro en Rosario, como muestras de funcionalidad y de que el acusado puede organizar y sostener actividades complejas.

Textualmente, la fiscalía sostuvo: “Los datos de realidad contemporáneos revelan un nivel de funcionamiento incompatible con la hipótesis de imposibilidad procesal”.

Subrayaron, además, que el informe pericial no describe una incapacidad actual, sino que señala una posible inestabilidad futura, lo que no alcanza como motivo. “Si el proceso queda supeditado a un estándar de ‘estabilidad ideal’ nunca definido, se corre el riesgo de una suspensión indefinida”, añadieron.

El tribunal, en voto mayoritario, rechazó el pedido de la defensa. “Resulta sobreabundante y manifiestamente improcedente”, resumió el juez Gustavo Goerner, quien encabezó la resolución. Llamó a evitar una postergación indefinida del juicio al depender la continuidad del tratamiento terapéutico, y destacó que hay numerosos antecedentes de dificultad del acusado para cumplir con las terapias.

El tribunal también valoró la vida profesional y social pública de Pity, incluyendo recitales, videos y entrevistas recientes. Citó expresamente un nuevo pedido de autorización para dar un recital en Rosario el mes siguiente como evidencia de su autonomía.

Como medida de protección, el tribunal ordenó que, durante el juicio, “las jornadas no se extiendan por más de 3 horas”, en línea con el funcionamiento demostrado por el acusado en presentaciones públicas. Además, si durante las audiencias surge algún inconveniente de salud, el imputado podrá ser representado únicamente por su defensor.

Por último, se dispuso la prohibición de salida del país y también la de salir de la ciudad sin permiso del tribunal.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos entrará la próxima semana en una nueva etapa clave: las declaraciones de testigos bajo juramento de verdad. En este tramo se espera en lo inmediato la presencia de dos mujeres que, con perfiles distintos y relatos controvertidos, tuvieron un papel relevante durante la investigación iniciada en 2018. Se trata de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, el autor de los manuscritos donde se dio cuenta del derrotero de recolección de supuestos sobornos pagados a exfuncionarios kirchneristas por empresarios de la obra pública y Miriam Quiroga, ex secretaria de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Por lo pronto, el próximo martes la audiencia estará dedicada a escuchar a tres periodistas del diario La Nación que investigaron el caso a partir de los cuadernos que recibió uno de ellos, Diego Cabot, de manos del por entonces amigo de Centeno, el ex policía Jorge Bacigalupo, quien según relató los había guardado como un favor al remisero del ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta. En la audiencia del jueves será el turno de Horovitz, Quiroga y también de Bacigalupo.

La ex pareja de Centeno

Hilda Horovitz fue una de las primeras en encender la mecha del caso. El 1 de noviembre de 2017 se presentó en Comodoro Py 2002 para declarar en una causa por presunta defraudación contra la administración pública que tenía como principal imputado al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, las irregularidades en la compra de 11 buques de gas natural licuado (GNL). Allí pidió dar testimonio tras años de conflictos personales con Centeno.

Ese día, Horovitz aseguró que el remisero trasladaba bolsos con dinero en efectivo en recorridos vinculados a funcionarios del Ministerio de Planificación. También sostuvo que esos movimientos incluían visitas a “cuevas financieras” y domicilios particulares, y que el dinero habría sido entregado en distintos puntos, entre ellos propiedades vinculadas al matrimonio Kirchner. Según su versión, parte de ese dinero habría sido utilizado por Centeno para adquirir bienes, como una casa en Olivos.

Además, durante la investigación salieron a la luz mensajes que Horovitz le habría enviado a Baratta en 2016, en los que advertía que Centeno “anotaba todo” en cuadernos, con fechas, direcciones y detalles de los supuestos traslados. En esos intercambios también reclamaba dinero y hacía alusión a bolsos con efectivo. En uno de esos mensajes incluso mencionó la existencia de los cuadernos: “Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa, dónde iban, con direcciones y fotos”. Tras la difusión de esos chats, Horovitz denunció haber recibido amenazas. El Tribunal Oral Federal 7 dispuso entonces medidas de protección, incluida custodia policial y un botón antipánico.

En el medio hubo denuncias cruzadas por extorsión como punto final a la relación amorosa entre el remisero y Horovitz que había empezado en 2006, cuando el sargento retirado del Ejército se separó de su anterior mujer y se fue a vivir a un hotel donde ella era encargada. Allí se conocieron. Estuvieron juntos hasta 2015, viviendo en Olivos, cuando la convivencia se volvió “insostenible” y habrían comenzado los reclamos de ella por los bienes de él y la forma en que fueron conseguidos. Hasta que, finalmente, subió las escalinatas de Comodoro PY y por primera vez habló en la Justicia del presunto dinero malhabido que, según ella, su pareja ayudaba a recolectar.

Las amenazas de contar lo que sabía habrían terminado cuando se convirtió en propietaria de un departamento en el barrio porteño de Once que según se sospecha habría sido pagado por Baratta.

La ex secretaria de Néstor Kirchner

Por su parte, Miriam Quiroga fue otra figura que cobró notoriedad años antes, cuando en 2013 apareció en televisión denunciando supuestos traslados de dinero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se presentó como ex secretaria del entonces presidente y relató viajes a la Patagonia con bolsos que, según dijo, contenían dinero.

Publicó un libro,“Mis años con Néstor y todo lo que vi”. En lo relativo al caso Cuadernos, declaró como testigo durante la investigación del fallecido juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Apuntó entonces al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era un bolso que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“, contó en ese momento. También habló de viajes al Sur en aviones oficiales.

También refirió que el fallecido ex presidente tenía “cuadernos espiralados, comunes". "Nunca tuve acceso a ellos pero los vi. Un día los quise ver, pero no me lo permitió. Sé que anotaba los que le debían, así me lo refirió Daniel Muñoz. Llevaba allí sus cuentas, no sé en concepto de qué“, acotó.

Ambas mujeres declararán bajo juramento de verdad el mismo día y tendrán que responder las preguntas del Tribunal, la fiscalía, la querella de la Unidad de Información Financiera y los abogados defensores de 86 acusados. Estos últimos de manera presencial o vía Zoom. Si lo desean, sus clientes procesados también podrían pedir estar en la sala de audiencias de cara a los testigos, explicitó el TOF7 en su resolución al respecto.