El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.

La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.

La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.

El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.

Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.

Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.

Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.

En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.

De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.

Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.

La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.

En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.

La magistrada de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona subrayó la existencia de resoluciones judiciales firmes que respaldan la decisión de Noelia, la joven de Barcelona que solicitó la eutanasia, con el procedimiento previsto para ejecutarse este jueves por la tarde. Esta jueza reiteró que el juzgado a su cargo carece de potestad para intervenir en la suspensión de la práctica, una determinación avalada previamente por la justicia administrativa y ratificada en instancias superiores.

Según consignó Europa Press tras consultar el auto judicial, se trata de la tercera vez que la Fundación Española de Abogados Cristianos solicita, sin éxito, la adopción de medidas cautelarísimas para frenar la aplicación de la eutanasia en el caso de Noelia. La asociación, que representa al padre de la joven, formuló nuevamente el pedido este miércoles, reclamando tanto la suspensión del procedimiento como el acceso inmediato a tratamiento psicológico y psiquiátrico para la paciente.

De acuerdo con el medio Europa Press, Abogados Cristianos había instado al juzgado de instrucción para que este adoptara medidas urgentes sobre el caso, a pesar de admitir que "no hay una relación directa entre el tratamiento psiquiátrico y psicológico de la joven y el objeto procesal". Sostuvieron que el juzgado debía considerar el principio de justicia material y acceder a las medidas propuestas, entre ellas el cese de la aplicación de la eutanasia y el inicio de nuevos tratamientos médicos para la joven.

Europa Press detalló que esta petición tuvo lugar en el marco de la querella presentada por la asociación contra dos profesionales sanitarios que evaluaron a Noelia, y a quienes acusan de presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación. La organización intentó ligar la situación de los tratamientos médicos a la posible existencia de irregularidades en la evaluación previa al procedimiento de eutanasia.

La magistrada, según recogió Europa Press, recordó en su auto que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona previamente había autorizado la eutanasia para la joven. Además, subrayó que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como el Tribunal Supremo habían confirmado la resolución y respaldado la legalidad de la intervención médica solicitada.

La jueza insistió en la falta de competencia del juzgado de instrucción en el asunto pendiente. Recalcó en el auto que Noelia, la solicitante de la eutanasia, no tiene la condición de parte procesal en el procedimiento penal, lo que impediría una intervención directa sobre su caso. Una eventual decisión judicial contraria podría situar a la joven en una situación de indefensión, según explicó la magistrada en su dictamen.

Sobre la capacidad de decisión de la joven para acceder a la eutanasia, la jueza afirmó que "dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico". Esta conclusión zanja el debate sobre la autonomía de Noelia, la idoneidad del procedimiento, así como la oportunidad de imponer tratamientos adicionales antes de ejecutar su voluntad.

El caso presentado por la Fundación Española de Abogados Cristianos, informaron desde Europa Press, plantea además un trasfondo de conflicto entre los familiares de la joven, ya que la entidad representa principalmente la posición del padre. Las solicitudes de la fundación se tramitaron en un contexto judicial donde ya existían pronunciamentos favorables a Noelia por parte de autoridades administrativas y judiciales, que habían considerado sus circunstancias clínicas y confirmado la legalidad y adecuación de su petición de eutanasia.

La decisión de la jueza de instrucción responde de este modo a las reiteradas gestiones de Abogados Cristianos, marcando una posición clara respecto a los límites competenciales del juzgado penal frente a resoluciones firmes de otras instancias. El auto resalta la imposibilidad legal de revertir o suspender una decisión ya establecida, y sostiene que la única vía para reconsiderar el caso quedaría cerrada en virtud de los pronunciamientos previos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y del Tribunal Supremo.

Europa Press reportó que, por el momento, el procedimiento de eutanasia para Noelia continúa exactamente según lo planeado y autorizado por las autoridades competentes. En paralelo, la querella de la asociación contra los profesionales médicos sigue su curso procesal separado del objeto principal de este caso, sin que esas diligencias cambien el destino inmediato de la joven ni el calendario fijado para la intervención.

Una jueza federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, de la Secretaría de Marina (SEMAR), acusado de“huachicol fiscal”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara en repetidas ocasiones a entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano, quien además otorgó un plazo adicional de tres meses para que la defensa pueda analizar a fondo las pruebas y robustecer su estrategia legal.

De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la decisión judicial responde a una audiencia de tutela de derechos promovida por los representantes legales del vicealmirante, quienes argumentaron que la falta de acceso completo al expediente vulneraba el derecho a una defensa adecuada.

Ordenan acceso total a la carpeta de investigación

Durante la audiencia, la jueza determinó que la FGR deberá permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación, lo que incluye todos los tomos, anexos, cuadernos, discos y demás elementos que conforman el expediente.

Asimismo, instruyó a la Fiscalía a presentar un inventario detallado del contenido del caso, con el objetivo de evitar omisiones y garantizar la transparencia en el proceso judicial. Esta medida busca asegurar que la defensa cuente con todos los elementos necesarios para ejercer plenamente sus derechos.

La juzgadora también ordenó que se facilite la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa, un punto clave señalado por los abogados, quienes habían denunciado obstáculos para analizar este tipo de pruebas.

Señalan irregularidades en actuación de la Fiscalía

Según lo expuesto por la defensa, la FGR incurrió en una negativa reiterada para compartir información esencial del caso, lo que habría limitado significativamente la capacidad de los abogados para preparar su estrategia.

Ante ello, la jueza concluyó que era necesario restituir el equilibrio procesal mediante la ampliación del periodo de investigación complementaria, así como garantizar el acceso total a las constancias.

La resolución representa un revés para la Fiscalía, que ahora deberá cumplir con los lineamientos establecidos por el tribunal y transparentar la totalidad de las actuaciones realizadas en el caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió este domingo en sus redes sociales una tarjeta informativa y un vídeo sobre el evento “Avances, retos y liderazgo de las mujeres en la sociedad actual”, organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa en la Suprema Corte

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública. Propuesta por el presidente de la República en 2019, fue ratificada por el Senado como ministra número doce en la historia de la SCJN, y tras la elección judicial de 2025 fue reelecta para continuar en el cargo hasta 2034.

Por una justicia tangible y equitativa: el llamado de la ministra Esquivel Mossa

Durante el evento, la ministra refrendó su compromiso con una justicia tangible, no archivada, y con una abogacía al servicio del pueblo. “Por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo, sino una libertad plena, alzaremos la voz hasta que no haya violencia ni discriminación, hasta que nuestros derechos sean respetados y podamos vivir en libertad”, afirmó ante las y los asistentes.

En el acto realizado en la zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa subrayó la importancia de construir una justicia accesible para todas las personas, con decisiones justas que protejan los derechos desde una perspectiva de derechos humanos y enfoques diferenciados.

De la misma manera, subrayó que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un deber institucional del Estado, pero también una convicción personal, por lo que anunció que continuará trabajando hasta que la igualdad de oportunidades, la justicia laboral igualitaria y la erradicación de la violencia sean una realidad para todas.

Magistradas llaman a la corresponsabilidad y reconocen avances en igualdad judicial

El encuentro reunió a diversas voces del ámbito jurídico. La magistrada Nelly Montealegre Díaz destacó que en 2015 había 87 juezas frente a 337 jueces, mientras que hoy el número es prácticamente igual: 375 juezas y 374 jueces. “Esto no es una concesión histórica, sino el resultado de décadas de lucha, preparación y persistencia”, aseguró.

Por su parte, la magistrada Gisela Barrón hizo un llamado a dejar de romantizar la resiliencia femenina: “Estamos cansadas de ser fuertes por necesidad; el futuro debe construirse con una corresponsabilidad real”. El acto cerró con la interpretación del tema “Sin Miedo” a cargo de un ensamble musical.

Entre los elementos aportados recientemente al juzgado se hallan mensajes del expresidente autonómico Carlos Mazón remitidos a Alberto Núñez Feijóo, en los cuales Mazón reconoció la existencia de víctimas mortales a consecuencia de las inundaciones en Valencia varias horas antes de lo que manifestó públicamente. A raíz de esta documentación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sostiene que se confirma la existencia de contradicciones en los testimonios de los dos dirigentes y reclama la salida inmediata de Feijóo, líder nacional del Partido Popular. Según consignó el PSOE, estos hechos demuestran que Feijóo minimizó información clave sobre la gravedad de la tragedia mientras priorizaba intereses políticos, dando mayor relevancia a la construcción de un relato comunicativo por encima de la gestión de la emergencia.

De acuerdo con información publicada por el PSOE, Feijóo compareció este viernes ante la jueza que investiga las muertes ocasionadas por la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. La declaración se realizó de forma telemática y se extendió por más de cinco horas. En su intervención, Feijóo afirmó que estuvo al tanto de la situación en tiempo real tras establecer contacto con Mazón a las 19:59 horas del 29 de octubre, intercambiando alrededor de una veintena de mensajes en las horas siguientes. El PSOE, no obstante, refutó esta versión al señalar que Feijóo admitió desconocer dónde se encontraba Mazón durante las horas de mayor gravedad y que, por tanto, no se encontraba plenamente informado, como había asegurado anteriormente.

El medio detalló que los socialistas consideran que el testimonio, en el contexto de los mensajes intercambiados y la cronología de los acontecimientos, evidencia que Feijóo no actuó con transparencia ni diligencia en el manejo de la información vinculada a la tragedia. Según el PSOE, los mensajes con Mazón demuestran que la atención de Feijóo se centró más en la estrategia política y mediática que en la coordinación de la respuesta ante la emergencia. Ante esto, el partido reclamó no solo la dimisión inmediata del dirigente popular, sino también su expulsión del PP, recordando que el propio Feijóo había afirmado que, en caso de mentir, sus compañeros del partido debían apartarlo de inmediato.

El PSOE también señaló que resulta especialmente grave la incongruencia respecto al momento en que Feijóo y Mazón tomaron conocimiento de las víctimas mortales. Según consignó información divulgada por el propio partido, Mazón había informado a Feijóo sobre el fallecimiento de personas a causa de la DANA varias horas antes de realizar declaraciones públicas en las que negó disponer de dicha información. Para los socialistas, esto prueba que tanto Mazón como Feijóo incurrieron en falsedades.

A lo largo de sus declaraciones y sucesivas comparecencias, Feijóo insistió en que su comunicación con Mazón fue fluida y continua tras el primer contacto. Sin embargo, la documentación hecha pública y reproducida por fuentes socialistas indica lo contrario. Según publicó el PSOE, durante las horas más críticas del desastre climático, Feijóo y Mazón mantuvieron una comunicación que, según los socialistas, se centró prioritariamente en la gestión política y comunicativa de la tragedia antes que en la coordinación de las labores de rescate o mitigación.

El PSOE remarcó que, ante la gravedad de las acusaciones y considerando las propias afirmaciones de Feijóo sobre la necesidad de honestidad y transparencia, resulta imprescindible que el líder del PP asuma su responsabilidad política. Según señalaron desde el partido, la prioridad que ambos dirigentes otorgaron al control del relato habrían dejado en segundo plano la gestión de la emergencia en unas horas en las que se perdían vidas.

Finalmente, la exigencia de dimisión de Feijóo se fundamentó en la defensa de la ética política y la transparencia que, a juicio del PSOE, se vio comprometida tras la difusión de mensajes y testimonios contradictorios. Según reportó el propio partido, la actuación de los dos dirigentes en los momentos decisivos del desastre natural pone en tela de juicio la idoneidad de su gestión y la veracidad de sus comunicaciones públicas.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que la ciudadanía aún desconoce el contenido de los mensajes, las llamadas y los contactos que mantuvieron los miembros del Gobierno de España con relación a la gestión de la dana del día 29, que tuvo como consecuencia la muerte de 230 personas. En este contexto, Camarero ha reclamado mayor transparencia a los integrantes del Ejecutivo nacional y ha exigido que hagan públicos sus mensajes y conversaciones, siguiendo el ejemplo del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. De acuerdo con la información publicada por el medio, la vicepresidenta ha instado a que, al igual que Feijóo, los responsables del Gobierno central remitan a la jueza encargada del caso sus mensajes relacionados con la gestión de la emergencia.

Según consignó el medio, Susana Camarero manifestó a los medios de comunicación este miércoles que “ojalá” los miembros del Gobierno de España enviaran a la jueza que investiga la gestión de la dana sus mensajes de WhatsApp, como ya lo hizo Feijóo. Camarero subrayó que quienes reclaman transparencia deben ser los primeros en actuar con claridad y puso como ejemplo el caso del dirigente del PP, quien, según detalló, ha remitido ya sus mensajes y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia en todas las peticiones que la jueza pueda requerir.

La vicepresidenta respondió a preguntas sobre si Feijóo debería aportar la totalidad de las conversaciones mantenidas con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la jornada de la dana, e incluso si tendría que comparecer de manera presencial en el juzgado de Catarroja ante la solicitud de las asociaciones de víctimas. Camarero recalcó que el presidente del PP no solo ha enviado los mensajes que se le han pedido, sino que también ha declarado públicamente que facilitará cualquier mensaje que la jueza le solicite y que se encuentra completamente disponible para responder a cualquier cuestión en la declaración que tendrá lugar el día 9 del mes correspondiente.

El medio informó que Camarero hizo hincapié en que sería deseable que otros integrantes del Gobierno hicieran lo mismo en aras de la transparencia. Criticó que aún persista la falta de información sobre los intercambios de mensajes y llamadas que mantuvo la delegada del Gobierno el día de la tragedia, así como las comunicaciones entre los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), varios ministros y el propio presidente del Gobierno.

Según publicó el medio, la vicepresidenta autonómica sostuvo que tanto los funcionarios que reclaman transparencia, como aquellos cuyos mensajes son relevantes para el esclarecimiento de los hechos, “deberían poner a disposición de la jueza y de la ciudadanía todos los mensajes, llamadas y comunicaciones relacionados con la gestión del día 29”. Camarero insistió en que el presidente del PP ha reiterado su disposición para cooperar con la instrucción judicial y ha reafirmado su compromiso con la remisión de todos los mensajes que le sean requeridos.

En lo relativo a la forma de la declaración de Feijóo, la vicepresidenta recordó que el propio juzgado ha aceptado su comparecencia por medios telemáticos, decisión que según el medio, ha sido destacada por Camarero, quien señaló que esa modalidad se ajusta a lo solicitado por la instrucción. Añadió además que no entrarán a valorar aspectos de fondo vinculados al desarrollo de las pesquisas judiciales, limitándose al respeto a las decisiones adoptadas en el proceso.

La información aportada por el medio subraya la posición de la representante autonómica en cuanto a la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura informativa desde las instancias gubernamentales nacionales. Camarero recalcó que, pese a que Feijóo no ostentaba ninguna responsabilidad directa en los hechos de aquel día, ha manifestado que colaborará activamente con la Justicia y atenderá cada una de las solicitudes de la jueza que instruye el caso.

En el marco de las demandas de transparencia por parte de las asociaciones de víctimas y la sociedad civil, Camarero reiteró que la actuación de Feijóo contrasta con la opacidad que atribuye a integrantes del Gobierno de España, lamentando que la información sobre las actuaciones y comunicaciones mantenidas en la jornada de la dana por personal clave en la gestión de la emergencia continúe sin hacerse pública. El medio recogió además que la vicepresidenta pidió que aquellos responsables que insisten habitualmente en la importancia de la transparencia sean también los primeros en aplicar esta exigencia a sus propias actuaciones, especialmente en situaciones de especial gravedad como la analizada por la Justicia.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, afirmó que no ha eliminado ningún mensaje ni reemplazado su teléfono, aludiendo a circunstancias que involucraron al exfiscal general del Estado y haciendo hincapié en la transparencia de su actuación frente a la investigación judicial sobre la gestión de la DANA. Según informó la agencia Europa Press, Feijóo reiteró que ha entregado todos los mensajes solicitados por la jueza encargada del caso y expresó que responderá cualquier requerimiento adicional de la magistrada respecto a sus comunicaciones con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El dirigente popular subrayó que no ha recibido hasta ahora una solicitud específica para remitir las conversaciones mantenidas con Mazón, aunque mostró disposición a facilitar esa correspondencia si la instrucción judicial así lo requiere. "Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", sostuvo Feijóo ante preguntas relacionadas con la petición de los socialistas valencianos, quienes exigen la divulgación íntegra de dichos intercambios.

Europa Press detalló que el jefe de la oposición mencionó explícitamente que ha cumplido con la entrega de la información requerida, diferenciando su proceder del atribuido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", declaró Feijóo, reafirmando así su compromiso de colaboración total con la justicia.

La polémica sobre las comunicaciones surgió luego de que la ministra portavoz, Elma Saiz, pidiera públicamente la dimisión de Feijóo por este asunto. Se trata de una demanda que el líder del PP ha rechazado, insistiendo en que no existen motivos para apartarse del cargo por haber suministrado voluntariamente la información exigida por la magistrada. "¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", expresó Feijóo durante sus declaraciones, considerando excesivas e infundadas las críticas del Ejecutivo central.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, el entorno del dirigente popular rechaza las dudas planteadas por el Gobierno y sectores del PSOE, sosteniendo que Feijóo ha actuado conforme a los requerimientos legales y no ha ocultado ningún tipo de comunicación relevante para el proceso. Además, la controversia política se incrementó ante la denuncia de los socialistas valencianos, quienes instaron a que se hicieran públicos los mensajes enviados y recibidos entre Feijóo y Mazón en el contexto de la intervención de la DANA.

El procedimiento judicial que motiva la discusión indaga sobre las actuaciones institucionales y la gestión ante la emergencia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Según publicó Europa Press, la jueza encargada de la instrucción ha reclamado información específica a varios responsables políticos, delimitando el ámbito de la investigación a partir de los datos recibidos por la vía digital, entre ellos los mensajes de WhatsApp mencionados por el propio Feijóo.

El presidente del PP ha remarcado en distintas intervenciones públicas que su actitud de transparencia y colaboración pretende evitar suspicacias o interpretaciones erróneas sobre su participación en los hechos investigados. En línea con esta postura, ha descartado cualquier paralelismo entre su situación y la de otras figuras públicas inmersas en casos recientes de supresión de información digital.

Europa Press consignó que el debate sobre la posible entrega íntegra de las conversaciones mantiene abiertos varios frentes en el ámbito político, pues diferentes representantes socialistas insisten en la necesidad de clarificar todo el intercambio mantenido entre Feijóo y Mazón. Según el medio, la intención de estos sectores es garantizar la máxima transparencia durante el proceso judicial y aclarar cualquier posible irregularidad en las comunicaciones relevantes para la causa.

Dentro del Partido Popular, las declaraciones de Feijóo han recibido respaldo de los miembros de la dirección nacional, quienes han apoyado su posición y su disponibilidad para proporcionar documentos y mensajes si así lo solicita la autoridad judicial. De acuerdo con Europa Press, los portavoces populares subrayan el contraste entre la postura asumida por Feijóo y la de otros responsables políticos cuestionados por la gestión de comunicaciones privadas en investigaciones judiciales recientes.

La instrucción sobre la gestión de la DANA sigue acumulando elementos probatorios y testimoniales, según reportó Europa Press, mientras persiste el debate público sobre la pertinencia de divulgar contenidos íntegros de conversaciones entre altos representantes políticos en el marco de investigaciones abiertas.

El hallazgo del cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía en su vivienda de Cúcuta, Norte de Santander, la tarde del miércoles 17 de diciembre, generó conmoción en la rama judicial. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento y si existió la intervención de terceros.

En su última publicación en Instagram, la jueza compartió una imagen de la ecografía de su hija, nacida hace dos meses, acompañada del mensaje: “¡Te amo Mohammed!”.

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Tras conocerse la noticia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dispuso un equipo de defensoría de familia para atender a la menor y garantizar sus derechos.

Durante su carrera, Polanía fue protagonista de diversas controversias, como la difusión de fotografías consideradas “subidas de tono” en redes sociales, su vestimenta en audiencias virtuales y una suspensión de tres meses por un show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta.

En noviembre de 2022, la funcionaria explicó en una entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio que su aparición recostada en una audiencia virtual se debió a un ataque de ansiedad y negó haber estado semidesnuda, asegurando que siempre utilizaba toga en sus diligencias.

También denunció haber recibido presiones y amenazas de algunos magistrados y atribuyó el incidente a problemas de salud y exceso de trabajo.

Se aguarda el informe de Medicina Legal para esclarecer las causas del deceso de la jueza.

Vivian Polonia había denunciado que sentía temor por su vida y expresó sentirse acosada

En una entrevista previa con la revista Semana, Polonia Franco había manifestado sentirse perseguida y temer por su vida tras una serie de polémicas públicas, incluyendo un baile erótico en 2023 durante una celebración en el Palacio de Justicia de Cúcuta.

“Tengo miedo de mi vida, ayer cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”, expresó en el programa Vicky en Semana.

La jueza relató que enfrentaba acoso y procesos disciplinarios derivados de su comportamiento en redes sociales y reuniones sociales, lo que, según sus declaraciones, le generó un trauma psicológico. “Nunca he tenido ninguna denuncia por corrupción. No es vida privada, es pública, pero es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad”, afirmó en la misma entrevista.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, confirmó que la funcionaria contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que la última comunicación con su equipo de seguridad se registró a las 8:00 p. m. del martes 16 de diciembre. El oficial indicó que se esperan los resultados de medicina legal para avanzar en la investigación.

Vivian Polanía había ordenado la reclusión de Alejandro Arias Alejos en cárcel de máxima seguridad, por el asesinato del veedor ciudadano de Cúcuta

Vivian Polanía, jueza primera penal municipal con función de control de garantías ambulante de Cúcuta, había ordenado la reclusión en una cárcel de máxima seguridad de Alejandro José Arias Alejos, conocido como Chueco, por su presunta participación en el asesinato del abogado Jaime Alonso Vásquez Giraldo.

Durante la audiencia, la jueza advirtió sobre un posible plan para asesinar a Arias Alejos dentro del penal, atribuido a la estructura criminal ‘Los AK47’, a la que la Fiscalía lo señaló como segundo cabecilla. Por este motivo, dispuso estrictas medidas de protección en su reclusión y consideró que el procesado representaba un peligro para la sociedad, además de existir riesgo de fuga.

En abril de 2024, Arias Alejos fue imputado por coautoría en homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Aunque no aceptó los cargos, la jueza avaló la solicitud de medida de aseguramiento al considerar contundente el material probatorio presentado por la Fiscalía.

La defensa, encabezada por Christian Leal, anunció la apelación de la medida, cuestionando la valoración de las pruebas y señalando supuestas irregularidades en la audiencia. La decisión de la jueza fue respaldada por el representante de la Procuraduría General de la Nación.

Actualmente, Arias Alejos permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander.

Según los últimos registros, más de 500 familias de Argentina y del extranjero se inscribieron. El caso cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que el propio joven expreso su deseo de “tener un papá y una mamá”, lo que generó un hecho sin precedentes.

El plazo para anotarse en el proceso de adopción vence el 20 de diciembre por lo que las autoridades reiteraron el llamado a las familias interesadas a completar el trámite.

La publicación del video viral, que dura un minuto y cuarenta segundos, tuvo como objetivo ampliar el alcance de la convocatoria ante la urgencia del caso y promover la inscripción de familias dispuestas a adoptar a un adolescente.

La jueza de Familia Nº 3, María José Campanella, explicó a La Capital que la convocatoria fue un pedido expreso del propio Nata, quien participó activamente en la elaboración del video junto a la Red Argentina de Adopción y la organización Abrigo Firmat. Campanella detalló: “Se han recibido interesados desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Son más de 500 anotados”.

El proceso de selección y depuración de los postulantes está a cargo del RUAGA en colaboración con la Dirección de Niñez. Cada inscripto recibirá un correo electrónico con los formularios correspondientes, y se priorizarán aquellos grupos familiares que puedan garantizar cercanía geográfica y un perfil acorde al deseo de Nata de contar con una mamá y un papá. Los postulantes del exterior quedarán excluidos de la selección.

El video de Nata superó ampliamente las expectativas de las autoridades, ya que la convocatoria pública nacional más exitosa hasta la fecha había reunido apenas 25 interesados, según fuentes del sector citadas por el medio santafesino.

En la provincia de Santa Fe, existen actualmente unas 137 convocatorias públicas abiertas para la adopción de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. La de Nata es la número 81. En este contexto, la tendencia muestra un incipiente cambio: entre enero y noviembre, se iniciaron más de cien trámites de adopción en la provincia, de los cuales 22 correspondieron a niños mayores de ocho años.

La historia de Nata

Marcado por el abuso, el abandono y el maltrato, a los siete años fue separado de su familia por situaciones de violencia; su madre fue privada de la libertad y, bajo el cuidado de su padre, sufrió nuevos episodios de violencia que derivaron en la detención de este último.

Posteriormente, vivió con sus tías y, tras la liberación de su madre en 2021, se intentó una revinculación que no prosperó. En 2024, su madre lo llevó a los tribunales y manifestó su deseo de dejarlo en adopción.

Desde entonces, el adolescente reside en un centro residencial en Rosario y, pese a la tristeza y la soledad, decidió grabar el video que movilizó a la sociedad. Y allí expresó: "Viví demasiadas situaciones de violencia que no quiero repetir. Maltratos, gritos, discriminaciones demasiado graves y dolorosas para mi infancia. A los 12 años mi mamá me llevó en adopción a Tribunales, cosa que no quería porque mi sueño desde chiquito fue siempre tener una familia, una mamá y un papá. Mi deseo es sentirme cuidado y contenido, una familia, algo que no pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”.

Hoy, el adolescente cursa el segundo año de secundaria y valora profundamente la importancia de estudiar. Además, disfruta de la natación -actividad que practica dos veces por semana en un club- y sostiene también un espacio terapéutico con una psicóloga al que asiste cada 15 días.

Además, cuenta con un círculo de amigos que considera fundamentales en su vida y el acompañamiento de Paola, su abogada.

Entre sus anhelos más personales, Nata destaca dos deseos para su futuro hogar: “Que la familia tenga tiempo para que salgamos a pasear y me acompañe a mis actividades y que yo pueda tener mi propia habitación, solo para mí”.

Aunque Nata expresa que le gustaría integrarse a una familia compuesta por un papá y una mamá, también contempla la posibilidad de una familia monoparental. Su prioridad es permanecer cerca de Rosario para no alejarse de sus vínculos actuales.

Las personas interesadas en postularse para la adopción de Nata pueden inscribirse enviando un correo electrónico a registrosrosario@santafe.gov.ar, consignando en el asunto el número de referencia de la convocatoria (81/25), junto con sus datos personales y de contacto.

La jueza del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, en el departamento de Caldas, ordenó la suspensión inmediata de la licencia para la construcción de un horno crematorio situado en la zona urbana del municipio, justo al lado de un establecimiento educativo.

La medida responde a una acción de tutela presentada ante la justicia, la cual resultó en un fallo cautelar mientras se revisan las garantías legales del proceso.

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Faysuri Moreno, concejal de La Dorada, informó al medio Caracol Radio que la determinación judicial se fundamentó en la falta de protección al derecho al debido proceso, especialmente en lo relativo a la comunidad educativa colindante.

“No se garantizó el derecho al debido proceso del proyecto, especialmente en el colegio que está cerca de estas obras, además de que no fueron notificados ni vinculados correctamente al trámite de la licencia urbanística”, precisó la cabildante, que enfatizó que el colegio afectado es el Mi Mundo Feliz, junto a la estación de servicio La Melisa, en la entrada del municipio.

Moreno aclaró además que este horno crematorio no guarda relación con otro caso mediático de la región: “Este horno no es el mismo por el cual el alcalde de la Dorada fue requerido para pagar una multa con cárcel, esa construcción es del municipio de Honda”, explicó al diario.

Según la concejal, la acción de tutela instruye directamente a la Administración Municipal de La Dorada para que congele toda actividad relacionada con las obras, las cuales habían suscitado inquietud en la comunidad por su cercanía a un centro educativo y la presunta falta de notificación y vinculación en el proceso de solicitud de licencia urbanística.

Qué dice la orden judicial

La parte resolutoria de la orden judicial fue dada a conocer por la plataforma informativa digital La Tribuna. Allí consta que la jueza firmante fue Martha Cecilia Echeverri de Botero.

En primer lugar, el juzgado tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la Institución Educativa Mi Mundo Feliz “Aprender Jugando”, representada por la directora Yamile Hernández Báez, y exigió a la Alcaldía Municipal de La Dorada y a la Secretaría de Planeación que, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas tras la notificación, notifiquen formalmente a los accionantes sobre el proyecto, detallando que la obra cuenta con la licencia de construcción No. SDP-LC 068-2025, en la modalidad de obra nueva.

La decisión ordenó suspender la ejecución de la licencia hasta que la Secretaría de Planeación de La Dorada evalúe nuevamente el cumplimiento exacto de los requisitos del decreto 1077 de 2015.

Además, instruyó desvincular a varias instituciones y personas previamente incluidas en el proceso, y advierte a las autoridades municipales que el incumplimiento del fallo podría originar sanciones disciplinarias, acciones penales y medidas por desacato.

El decreto indicó que las partes involucradas deben ser notificadas de inmediato y prevé la posibilidad de impugnar el fallo en un periodo de tres días. Si no se presenta impugnación, el expediente se enviará a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

De manera paralela, el 24 de octubre de 2025 se conoció que el Juzgado Primero Civil Municipal de Honda ordenó el arresto de los alcaldes de Honda, Juan Enrique Rondón García, y de La Dorada, Jhon Freddy Saldaña Leopardo, por no cumplir a tiempo una tutela relacionada con la construcción de un horno crematorio en Honda.

El mandatario de Honda debió cumplir dos días de arresto y pagar dos salarios mínimos, mientras que el de La Dorada recibió cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos, según conoció también Caracol Radio.

La alcaldía de La Dorada aclaró que cumplió la orden judicial una vez fue notificada y que no tiene responsabilidad directa sobre la obra.

La controversia judicial surgió a partir de una acción de tutela presentada por Angie Paola Riaño Cortés, una ciudadanda que alegó que la instalación del horno crematorio en Honda podría exponer a sus hijos menores de edad a riesgos para su salud y su entorno.

Una vivienda de Edisto Island, propiedad de la jueza estatal de Carolina del Sur Diane Goodstein y su esposo, el exsenador Arnold Goodstein, ardió el pasado fin de semana y provocó que tres personas fueran hospitalizadas.

El siniestro, que obligó a los ocupantes a escapar saltando desde una planta elevada y ser rescatados en kayak, aún se encuentra bajo investigación. Según informó The New York Times, las autoridades no han determinado la causa del incendio y, hasta el momento, no se ha detectado evidencia que indique un acto intencional.

De acuerdo con registros del condado de Colleton, la residencia pertenece a la magistrada Diane Goodstein y a su esposo, quien compró la propiedad en 2019 y la puso a nombre de ambos en 2023.

Arnold Goodstein, destacado por su servicio militar durante la guerra de Vietnam, donde fue condecorado dos veces con la Estrella de Bronce, se encontraba en la vivienda junto a otras dos personas cuando la estructura se vio envuelta por las llamas.

The New York Times detalló que el incendio ocurrió el sábado 3 de octubre en una casa con vista a un pantano, ubicada cerca del paso elevado que vincula Edisto Beach con Edisto Island, en la costa de Carolina del Sur.

Los ocupantes saltaron desde la planta elevada de la casa para luego ser auxiliados en el área trasera por equipos de emergencia que utilizaron kayaks y canoas para realizar el rescate. Un testigo relató al Same medio que “uno de los heridos, Arnold Goodstein, fue extraído del área por medio de una cuerda atada a una canoa”.

El propio vecino Tom Peterson relató a medios locales que la operación de rescate “involucró una cuerda y una canoa para sacar a Arnold Goodstein de la zona pantanosa detrás de la casa”. Afirmó que la intervención de los servicios de emergencia fue crucial debido a la cercanía del agua y la altura desde la que saltaron los ocupantes.

El capitán K.C. Campbell, del cuerpo de bomberos de Colleton County Fire Rescue, indicó en declaraciones a The New York Times y posteriormente a The Post and Courier, que “tres personas, cuyos nombres no han sido divulgados, fueron trasladadas al Medical University of South Carolina. Dos de ellas ingresaron por vía terrestre y la tercera recibió atención aérea, dado el estado de sus lesiones”. Las autoridades aseguraron que sus condiciones clínicas permanecen bajo reserva.

La jueza Goodstein ofreció este lunes la primera reacción pública tras el incendio en conversación telefónica con el Daily Mail, citada por Newsweek. “Estoy bien”, afirmó la magistrada, quien, según versiones recogidas por vecinos y medios, al momento de iniciarse el fuego se encontraba paseando a sus perros por la playa. Newsweek informó que la jueza no entregó más detalles, aunque su tono fue descrito como “alegre”.

Un incendio después de un fallo

El incidente puso el foco en la seguridad de los magistrados y en el debate sobre el clima de hostilidad tras recientes polémicas judiciales. La residencia de la jueza Diane Goodstein sufrió el siniestro semanas después de un fallo firmado por ella que bloqueaba temporalmente la entrega de la base de datos electoral estatal al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Entregar esa información podría causar un daño inmediato e irreparable al violar los derechos de privacidad de la ciudadanía”, escribió Goodstein en la sentencia, citada por Newsweek. Dicho fallo fue revertido posteriormente por la Corte Suprema de Carolina del Sur, a raíz de críticas expresadas por el gobernador republicano, Henry McMaster, y la funcionaria del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon.

Fuentes de The New York Times enfatizaron que, de momento, “no hay evidencia para sugerir que el incendio tuviera un origen provocado”. La División de Aplicación de la Ley Estatal de Carolina del Sur (SLED) confirmó a Newsweek que la investigación “se mantiene activa y en curso” y que “podrían divulgarse más detalles a medida que avancen las pesquisas”.

En declaraciones a FITSNews, el presidente de la Corte Suprema de Carolina del Sur, John Kittredge, sostuvo que por ahora se desconoce “si el incendio fue accidental o provocado. Hasta tener claridad, el jefe de SLED, Mark Keel, ha solicitado patrullaje y presencia policial adicional en la zona”.

Isis Peralta Salvador, jueza de Ejecución Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue atacada a tiros por parte de sujetos armados la mañana de este miércoles en el municipio de Acapulco de Juárez.

De acuerdo con reportes de medios locales, la agresión ocurrió cuando la jueza se encontraba en el fraccionamiento Costa Azul en compañía de su hijo, a quien llevaba a la escuela, y dos hombres la interceptaron a bordo de una motocicleta para después dispararle.

La jueza se trasladaba a bordo de una camioneta, la cual quedó estacionada en el sitio con impactos de bala en el parabrisas y distintas zonas de la unidad.

Como resultado del ataque tanto Peralta como su hijo resultaron ilesos.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de la jueza del Poder Judicial del Estado.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) informa que mantiene las investigaciones dentro de la carpeta iniciada por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de una servidora pública del Poder Judicial del Estado“, detalló en un comunicado.

Por los hechos, agentes ministeriales mantienen las indagatorias dentro de la carpeta iniciada tras el ataque a tiros ocurrido este miércoles, por lo que peritos especializados y personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) acudieron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente y levantar los indicios necesarios para esclarecer lo sucedido.

Asesinan a magistrado y expresidente del TSJ

Este hecho ocurre luego de que el pasado 11 de diciembre de 2024 fuera asesinado Edmundo Román Pinzón, magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, cuando salía de los juzgados de Caleta en el Puerto de Acapulco.

Pinzón fue atacado por un grupo de sicarios cuando salía de los juzgados y abordó su vehículo, el cual quedó con el vidrio del conductor destruido.

El cuerpo de la víctima quedó en el interior del vehículo, mientras las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones.

Edmundo Román Pinzón desempeñaba funciones como magistrado de la Segunda Sala Penal de Acapulco y, anteriormente, había presidido el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ). Su nombramiento como presidente de la Segunda Sala Penal fue ratificado en el acta 86 del Tribunal, para el periodo comprendido entre el 14 de mayo y la primera semana de diciembre de 2015. Su trayectoria lo posicionó como una figura relevante dentro del sistema judicial estatal.

El Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá, en cabeza de la juez Sandra Liliana Heredia, dictó el 1 de agosto de 2025 una condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana.

Desde entonces, la juez Heredia se ha convertido en blanco de ataques y señalamientos por parte de algunos sectores de la oposición, que consideran la condena contra Uribe como una respuesta a una presunta persecución política en su contra.

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Dichas represalias contra la togada se intensificaron el domingo 03 de julio de 2025, cuando en X se conoció un mensaje de un usuario que se hace llamar Eduardo Cote (@EdoCote), en el que atacó con dureza a la juez que dictó el histórico fallo.

“Hoy es el primer domingo (del resto de su vida) en que la Jueza Sandra Heredia no podrá salir a ningún lugar público pues hay decenas de millones de colombianos dispuestos a romperle la jeta para que nunca se vuelva a burlar (ni del procesado, ni de su familia)”, publicó en X, en referencia a supuestas chanzas de la juez durante el juicio.

A esta publicación contestó el abogado Miguel del Río, que durante el juicio contra Uribe representó jurídicamente a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve (el testigo clave del caso) y que fue reconocida como víctima en el proceso.

“Todo un varón. Imagino que suele pegarle a las mujeres. El próximo lugar al que deberá ir usted será a la Fiscalía.”, advirtió el reconocido jurista desde su cuenta oficial en X.

Testigo de la defensa de Álvaro Uribe amenazó a la juez Heredia

El 01 de agosto de 2025 se conoció un video en el que Nicolás Jurado Monsalve, exintegrante de las extintas Farc y testigo de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, acusó a la jueza Sandra Heredia de corrupción e, inclusive, expuso la ubicación de sus familiares.

El video, citado por Semana, Jurado Monsalve incluyó un mapa que señalaba la zona de residencia de la familia de la magistrada, lo que generó preocupación por la seguridad de la funcionaria judicial y sus allegados.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la seguridad de la jueza Heredia y su familia fue reforzada tras la amenaza implícita en el mensaje de Jurado Monsalve, y que solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el exconvicto, a quien calificó de “asesino (sic)”. En palabras del presidente, “ya tomamos medidas para proteger a la jueza Sandra Heredia y su familia. Le solicito a @FiscaliaCol iniciar investigación sobre este asesino (sic)”.

La figura de Nicolás Jurado Monsalve ha cobrado notoriedad en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jurado Monsalve, quien formó parte de las Farc y posteriormente fue condenado, participó como testigo de la defensa en el juicio. Durante su declaración, el hombre relató que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota entre 2012 y 2015. Según su testimonio bajo juramento, Juan Guillermo Monsalve le habría manifestado su deseo de retractarse de las acusaciones contra Uribe, aunque no lo hizo por temor a represalias judiciales.

“En una época, me buscó para decirme que quería retractarse de los señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (...) En mi caso, fui trasladado en octubre de 2014. Me enviaron a la cárcel de Picaleña, en el Tolima. Ese traslado se dio porque iba a haber una fiesta en la cárcel. Iban a trasladar a Juan Guillermo Monsalve, pero finalmente no lo hicieron. Me trasladaron a mí. Fue como un cambiazo”, dijo.

El Día del Juez y la Jueza se conmemora en el Perú cada 4 de agosto. La fecha remite a la creación de la Alta Cámara de Justicia por el Libertador José de San Martín en 1821, acto que marcó el inicio de la organización del Poder Judicial en la República.

Posteriormente, en 1971, el gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado oficializó la efeméride mediante el Decreto Ley 18918. Desde entonces, cada año las Cortes Superiores desarrollan actos solemnes para destacar la importancia de magistrados y magistradas en la administración de justicia y en la construcción del Estado de derecho.

El origen histórico

El 4 de agosto de 1821, pocos días después de proclamarse la independencia, José de San Martín instituyó en Lima la Alta Cámara de Justicia. Este órgano reemplazó a la Real Audiencia española y se convirtió en el antecedente más remoto de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La Alta Cámara estuvo conformada por un presidente, ocho vocales y dos fiscales, uno para causas civiles y otro para causas penales. Su creación respondió al propósito de centralizar la administración del nuevo Estado y garantizar que la justicia fuera ejercida con independencia.

San Martín dejó constancia de su decisión de no interferir en las labores judiciales. Afirmó que “la independencia del Poder Judicial es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”, reforzando así la necesidad de desvincular la justicia de presiones políticas.

El establecimiento de la Alta Cámara de Justicia se sumó a otras medidas adoptadas en la época, como la creación del departamento de Trujillo y de la Cámara de Apelaciones con sede en esa ciudad el 12 de febrero de 1821, lo que ayudó a estructurar el territorio de la nueva República.

La oficialización en 1971 por el gobierno militar

El Día del Juez y la Jueza fue institucionalizado en 1971 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado mediante el Decreto Ley 18918. La norma, publicada el 3 de agosto de ese año, fijó el 4 de agosto como la fecha oficial de conmemoración en homenaje al acto fundacional de San Martín.

La decisión se tomó con el objetivo de dignificar a la magistratura nacional y promover la cultura jurídica en el país. Además, dispuso que cada año las Cortes Superiores de Justicia realizaran sesiones solemnes para recordar a los magistrados que contribuyeron de manera ejemplar a la administración de justicia.

No obstante, el contexto de la oficialización estuvo marcado por tensiones. Apenas dos años antes, en 1969, el propio régimen de Velasco había destituido a los magistrados de la Corte Suprema mediante el Decreto Ley 18060 y designado directamente a sus reemplazantes.

Ese mismo gobierno creó y controló el Consejo Nacional de Justicia, organismo que, lejos de garantizar independencia, terminó debilitando la autonomía del Poder Judicial y politizando el nombramiento de jueces. Estas contradicciones revelaron la compleja relación entre el poder político y la magistratura.

Los retos históricos del Poder Judicial

A lo largo de la historia republicana, la independencia judicial ha enfrentado grandes desafíos. La injerencia del Ejecutivo y los periodos de militarismo de los siglos XIX y XX afectaron la autonomía del Poder Judicial. Estas tensiones derivaron en situaciones en las que el sistema de justicia fue utilizado como instrumento de los gobiernos de turno.

El Decreto Ley 18918 buscó fijar un estándar alto. Además de establecer la fecha conmemorativa, exigía que las ceremonias del 4 de agosto resaltaran el trabajo de magistrados que hubieran aportado a la cultura jurídica y a la emancipación social, política y económica del país.

Sin embargo, la judicatura peruana ha sido cuestionada históricamente por problemas de corrupción, ineficiencia y vulnerabilidad frente a presiones externas. Estos factores han deteriorado la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.

A pesar de ello, el Poder Judicial también ha contado con magistrados y magistradas que marcaron un precedente. Algunos, como Antonia Esther Saquicuray Sánchez, quien declaró inaplicable una ley de amnistía en el caso Barrios Altos, o Inés Villa Bonilla, que enfrentó casos de corrupción complejos, son ejemplos de resistencia frente a injerencias políticas.

Magistrados y magistradas que dejaron huella

El Día del Juez y la Jueza es también un espacio para recordar a quienes, a través de su labor, fortalecieron el sistema judicial. Figuras como el fiscal supremo Guillermo Seoane, el vocal de la Corte Suprema Domingo García Rada y Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, primer Fiscal de la Nación, fueron reconocidas por su integridad.

Estos magistrados, y otros más, demostraron independencia de criterio y ética en contextos adversos. Su compromiso con la justicia se convirtió en ejemplo para nuevas generaciones.

Cada 4 de agosto, las ceremonias conmemorativas organizadas por las Cortes Superiores de Justicia buscan mantener viva esa tradición. Más allá del homenaje, la fecha reafirma la importancia de un Poder Judicial autónomo, capaz de proteger los derechos ciudadanos y de ejercer sus funciones sin interferencias externas.

El fallo definitivo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se conocerá el 28 de julio de 2025, tiene una protagonista silenciosa: Sandra Liliana Heredia Aranda, la jueza que ha adelantado el extenuado proceso contra el exmandatario y que podría encabezar lo que algunos han llamado El Fallo de Siglo, pues la togada podría pasar a la historia como la primera en declarar culpable a un exmandatario, e inclusive condenarlo a prisión.

El nombre de Sandra Heredia, que durante los juicios contra Uribe no sonaba con tanta fuerza, ha comenzado a ser tendencia por estos días, aunque de manera paulatina, como el martes 22 de julio de 2025, cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por primera vez sobre el proceso contra el exmandatario.

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Desde su cuenta de X, el jefe de Estado, sin mencionar su nombre, abogó por la independencia de Heredia al momento de impartir el fallo y aseguró que, independientemente de la sentencia que profiera, se encargará de proteger a la juez y a su decisión.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”, escribió el primer mandatario en X.

Sandra Heredia y su pasión por el derecho

El portal tolimense El Cronista logró reconstruir la historia de vida y profesional de la togada, gracias a la información que recabó de fuentes protegidas y documentos oficiales. Nacida en el corazón rural del Tolima, Heredia cursó la primaria en la Escuela Urbana de Niñas y el bachillerato en el Colegio Felisa Suárez de Ortiz, ubicado en Alpujarra, un municipio agrícola de apenas 4.000 habitantes.

La falta de recursos la obligó a dejar su pueblo natal, aunque nunca abandonó su departamento. Siendo adolescente se trasladó a Flandes, donde una de sus hermanas la acogió y la acercó a la Rama Judicial. El camino de Heredia Aranda no estuvo exento de dificultades, pues tardó más de una década en obtener su título de abogada debido a que tuvo que alternar estudios y trabajo.

Inició su formación en los años 90, al adelantar cursos de Estadística y Matemáticas Financiera en el Sena de Girardot, porque su familia no podía costearle la universidad. Su primera oportunidad en la Rama Judicial llegó en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Flandes como notificadora, un cargo que desempeñó durante 44 días en 1994, cubriendo las vacaciones de su hermana. Esa breve experiencia bastó para que se enamorara del servicio público.

A partir de entonces, su carrera avanzó sin atajos. En Melgar, Heredia trabajó como notificadora para la jueza Luz Marina Sandoval Carrillo, a la que considera su primera mentora. Mientras cumplía funciones allí, Sandra Heredia viajaba constantemente a El Espinal para estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. El esfuerzo rindió frutos, el 1 de noviembre de 2006 obtuvo su título profesional; y tres años después, en mayo de 2009, inició su carrera como jueza de la República al ser designada Juez Municipal Adjunta en Bogotá, aunque solo por siete meses en un cargo temporal de “descongestión”.

Su desempeño la llevó a ocupar otros cargos relevantes: oficial mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagué y Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá. El 1 de agosto de 2018, alcanzó el cargo que la proyectó a nivel nacional e internacional: Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La designación para liderar el juicio de Uribe, una cuestión de “azar”

Como Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Heredia Aranda destacó el proceso en el que dictó la primera condena por violencia policial durante las protestas sociales de septiembre de 2020 en Bogotá. La jueza impuso 10 años de prisión al patrullero de la Policía Nacional John Antonio Gutiérrez por el homicidio de Jáider Alexander Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, que protestaban por la muerte de Javier Ordóñez a manos de policías, resaltó El Cronista.

En abril de 2024, el sistema de reparto asignó a Sandra Liliana Heredia el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno de testigos.

Consciente de la magnitud del caso, solicitó la suspensión de nuevos procesos para concentrarse en el juicio. Durante el proceso, Heredia enfrentó tutelas que la acusaban de vulnerar el debido proceso, intentos de dilación y el riesgo de prescripción, ya que en octubre de 2025 el expresidente podría beneficiarse del vencimiento de términos.

A pesar de estos obstáculos, la jueza logró que el juicio avanzara con sorprendente celeridad. En varias ocasiones, Heredia Aranda rechazó solicitudes de aplazamiento y recusaciones infundadas, por lo que la defensa de Uribe recurrió a tutelas para intentar dilatar el proceso; pero el Tribunal Superior de Bogotá respaldó la imparcialidad de la jueza y negó todas las pretensiones.

En apenas cinco meses, la jueza condujo las etapas más complejas del juicio oral: exposición de pruebas, testigos y alegatos de conclusión. Ahora, solo resta conocer el sentido del fallo, que se revelará el lunes 28 de julio y cuya decisión está en sus manos.

El abogado Paulino Loa Gamboa intervino cuando la magistrada había dispuesto que el fiscal inicie el interrogatorio directo al acusado. El letrado recordó el artículo 376.2 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que el imputado debe brindar primero un relato libre sobre los hechos antes de responder preguntas de las partes. La jueza aceptó ese punto, pero la tensión se encendió con un segundo pedido: retirar a los testigos presentes en la sesión virtual.

El abogado citó la norma y la jueza respondió

El defensor argumentó que el artículo 378.2 del CPP prohíbe que los testigos «vean, oigan o sean informados» sobre lo que ocurre en la audiencia antes de prestar su declaración. “Ellos son incorporados conforme su despacho los va llamando, en el orden”, señaló Loa Gamboa, advirtiendo que la situación podría generar nulidades futuras.

La jueza, visiblemente incómoda, replicó: «No siempre se cumple esto, depende de la causa». Fue entonces cuando el abogado insistió: «En todo caso, para yo poder impugnar en caso sea necesario, si usted dice ‘no siempre’, ¿en qué casos se exceptúa que un testigo esté presente?».

La respuesta de la magistrada marcó el inicio del altercado:«Señor abogado, yo no voy a discutir con usted, esto se discute en las aulas universitarias; yo no soy su alumna, tampoco usted es profesor, yo soy la juez que dirige la causa», expresó tajante.

El intercambio continuó con frases que elevaron la tensión:

• Jueza: «El proceso lo dirijo yo».
• Abogado: «El CPP es para todos, doctora, discúlpeme».
• Jueza: «El Código se ha hecho para analizar, para interpretar; no aplicar a rajatabla. A mí no me han dicho administra el Código, a mí me han dicho anda a administrar justicia».

Finalmente, la magistrada cerró el diálogo con una orden directa a su equipo: «Córtame el audio», dejando al abogado silenciado en plena audiencia.

El representante del Ministerio Público intervino para calmar las aguas, señalando que no veía inconveniente en retirar a los testigos. Tras esto, la jueza dispuso que abandonen la sala virtual y continuó con la diligencia.

¿Qué dice el artículo 376 del Código Procesal Penal peruano sobre la declaración del acusado?

El artículo 376 del Código Procesal Penal establece cómo debe realizarse el interrogatorio al acusado en un juicio penal. Si el imputado decide no declarar, el proceso sigue su curso sin su participación verbal, y el juez leerá las declaraciones previas que el acusado haya hecho ante el fiscal. Es importante destacar que el derecho al silencio no puede ser interpretado como una aceptación tácita de los cargos, ya que la decisión de no declarar no debe implicar una suposición de culpabilidad por parte del tribunal.

Si el acusado decide responder, el artículo regula cómo debe ser el interrogatorio. Las preguntas realizadas por las partes deben ser claras, directas y pertinentes al caso, orientadas tanto a aclarar los hechos como a evaluar la magnitud de la pena y la reparación civil. A su vez, se prohíben las preguntas capciosas, repetitivas o que sugieran una respuesta, protegiendo el derecho del imputado a una defensa justa y equilibrada durante el juicio.

Una de las responsabilidades más relevantes recae sobre el juez, quien debe dirigir el interrogatorio, rechazando de oficio cualquier pregunta que no cumpla con los principios establecidos en la ley. Además, el abogado defensor tiene la última palabra en este proceso, interviniendo después de que se hayan realizado los interrogatorios, lo que le otorga la oportunidad de reforzar la defensa del acusado. Todo este marco normativo asegura que el juicio se realice de forma imparcial y respetuosa con los derechos humanos del imputado.

En medio de un clima marcado por la violencia y la tensión en torno a la reforma judicial que se debate a escala nacional, una jueza de Guanajuato fue el blanco de un ataque directo en donde varios hombres lograron ingresar a la casa de su madre generando un clima de preocupación en la entidad.

El hecho ocurrió el lunes 16 de junio de 2025, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de la madre de Reyna Rodríguez, generando consternación tanto en el gremio judicial como entre la ciudadanía.

El ataque ocurre en momentos de fuerte controversia respecto a la reforma judicial impulsada por el gobierno federal y criticada abiertamente por un sector del Poder Judicial. La jueza se ha manifestado desde sus redes sociales en torno a los riesgos y deficiencias que, desde su perspectiva, implica la modificación de la estructura y funcionamiento de los tribunales.

Caso genera indignación

El incidente fue condenado de inmediato por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, organismo que emitió un comunicado expresando su preocupación y rechazo absoluto a los hechos. “Condenamos estos actos de intimidación y violencia dirigidos contra quienes desempeñan la labor de impartir justicia”, señaló la agrupación, que reúne a juezas y magistradas de todo el país.

Miembros de organizaciones civiles, así como representantes de colectivos de jueces en Guanajuato, han señalado que el acto podría estar vinculado a las recientes declaraciones de la jueza sobre la reforma. El temor de que el atentado constituya una represalia directa se ha viralizado entre colegas y defensores de los derechos humanos.

La Asociación Mexicana de Juzgadoras subrayó el riesgo que enfrentan actualmente quienes ejercen labores judiciales, especialmente en estados como Guanajuato, donde los niveles de violencia y crimen organizado se mantienen elevados. En el comunicado difundido, el organismo hace un llamado a las autoridades federales y estatales a garantizar la seguridad de los juzgadores, así como a investigar de manera exhaustiva lo ocurrido.

A pesar de la gravedad del evento, hasta el momento las autoridades locales no han dado a conocer detalles sobre personas detenidas o líneas de investigación concretas. Tampoco se ha informado sobre agresiones físicas a la madre de la jueza o daños significativos en la vivienda. Esto no ha aminorado el clima de zozobra en la comunidad judicial.

Guanajuato, foco rojo de violencia

El estado de Guanajuato se ha mantenido en los primeros lugares nacionales por delitos de alto impacto y violencia armada. En la primera quincena de junio de 2025 se reportaron 31 homicidios dolosos sólo en León, la capital, cifra considerada preocupante pese a la ligera baja respecto al año previo. El contexto de violencia e impunidad complica aún más el ambiente para quienes ejercen funciones públicas relacionadas con la procuración y administración de justicia.

El caso de la jueza amenaza con convertirse en un símbolo de los desafíos y riesgos que enfrenta el Poder Judicial estatal y nacional, no sólo ante el crimen organizado, sino también ante eventuales represalias políticas fruto de posiciones públicas en torno a reformas estructurales.

Diversos sectores han cerrado filas en torno a la jueza y su familia, demandando protección institucional para ella y sus colegas. Organizaciones civiles destacan la necesidad de blindar la independencia judicial y de garantizar el libre ejercicio del cargo, sin amenazas ni intimidaciones. Se suman llamados a que la Fiscalía General del Estado actúe con rapidez y transparencia en la investigación, para evitar que el caso quede en la impunidad.

"Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach, que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", señaló este martes el fiscal Patricio Ferrari poco después del comienzo de la audiencia.

La Fiscalía exhibió un trailer del documental, en la que se combinan imágenes de Diego Armando Maradona con planos de la jueza Makintach desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

Además, presentó parte del guión de la miniserie, cuyos seis episodios iban a tener una duración de 30 minutos cada uno.

El primer capítulo incluía imágenes de la jueza en su casa, preparándose para ir al juzgado y una declaración en la que decía: "Toda mi vida me preparé para esto, la vida o dios me puso aquí para hacer justicia".

"Sin ningún tipo de duda y de manera inmediata exijo al tribunal que recuse a la doctora Makintach", solicitó Ferrari tras la presentación de estas pruebas.

Además, acusó a la magistrada de mentir tras las primeras acusaciones en su contra por su participación en el documental.

"La doctora Makintach eligió mentirnos en la cara y acomodar su relato según cómo se iban acumulando las pruebas en la causa", señaló, y agregó: "Quién va a pensar que un juez va a mentir así. Quién va a creer que va a fallar justamente si miente así".

En la audiencia están presentes varios de los imputados y familiares de Maradona, incluyendo a su hija Gianinna, que rompió en llanto cuando observó las imágenes del documental.

Tras la presentación de estas pruebas, las partes deberán pronunciarse en favor o en contra de la recusación de Makintach, que al comienzo de la audiencia anticipó que no se apartaría voluntariamente del juicio.

"Yo de este juicio no me aparto porque no hay razón que lo justifique. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no hay remota sospecha de parcialidad", expresó y dijo que el proyecto de documental "salió mal, fue desprolijo, fue torpe", aunque destacó que no hizo "nada irregular" ni protagonizó actos ilícitos.

El 15 de mayo, Julio Rivas, el abogado del imputado Leopoldo Luque -médico de cabecera de Maradona-, denunció la parcialidad de la jueza y su vinculación con la realización de un documental sobre el debate, hechos por los cuales pidió la recusación de la magistrada.

De manera paralela, dos abogados de la querella, Fernando Burlando y Mario Baudry, presentaron una denuncia penal por el mismo asunto que condujo, el pasado martes, a la suspensión del debate durante una semana, tiempo en el que la Justicia dio curso a la investigación pertinente.

En la reanudación del juicio este martes, se decidirá sobre la recusación de la jueza y se debatirá el futuro del juicio, que podría declararse nulo o retrotraerse a instancias iniciales.

El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires. EFE

A pocas horas de conocerse si se reanuda o se cae el juicio por la muerte de Diego Amando Maradona, tras la recusación de la jueza Julieta Makintach, la ex pareja del jugador Verónica Ojeda aseguró que está dispuesta a volver a declarar si fuese necesario. El proceso se mantiene suspendido desde el martes pasado a partir de la grave denuncia sobre la participación de la magistrada en una miniserie documental sobre la causa.

“Yo quiero que tengamos nuevos jueces, que empiece todo de cero. Si yo tengo que declarar de vuelta, voy a volver a declarar”, sostuvo Ojeda respecto a la postura adoptada frente a lo que podría llegar a pasar este jueves, luego de que el juez Maximiliano Savarino convocara a las partes y a los imputados para el mediodía. Se espera que les dé a conocer la decisión tomada por el tribunal después de la salida de Makintach.

“He hablado con parte de la familia, piensan lo mismo que yo, aunque sea doloroso”, aseguró la mamá de Diego Fernando —el hijo menor del astro del fútbol— quien además se mostró decepcionada por la actitud de Makintach. “Creía en la jueza. Creía en su fortaleza como jueza, cómo manejaba el juicio”, reconoció al relatar cómo se sintió el día en que comenzó a circular la posible existencia del documental y su actuación en el mismo. “El día que sucedió todo esto yo dije ‘quiero ver las pruebas’, hasta que no vea las pruebas yo no creo nada”, agregó.

Al aparecer las primeras imágenes, y luego de haberlo negado en reiteradas ocasiones, la magistrada tuvo que reconocer su participación en la grabación, el cual se iba a titular “Justicia Divina”. La trama iba a contar con seis capítulos de media hora cada uno. En el material que el 27 de mayo proyectó el Ministerio Público, se encontraba una supuesta sinopsis que dejaron en evidencia la implicancia de la magistrada en la producción audiovisual. También se difundió el guion de la miniserie.

El fiscal Patricio Ferrari fue categórico al pedir la designación de un nuevo tribunal completo. “Ha existido a espaldas de ustedes una contaminación horizontal que impide a nuestro modo de ver la continuidad”, les dijo a los jueces Savarino y Di Tommaso.

“No estamos de acuerdo en seguir de esta manera y la única responsable de esto es la jueza recusada. A veces hay que dar dos pasos para atrás para ir para adelante. Hoy los actos quedaron teñidos de sospecha”, sostuvo el funcionario.

Ojeda contó que su trato con la jueza era cordial, una contacto que se vio opacado por el escándalo. “Es muy doloroso para la familia [...] no le importó primero la muerte de Diego, hacer justicia, no le importó la familia”, compartió en una charla con TN. Incluso, comentó que personas de diversos países, como Emiratos Árabes, México, Italia y España, se contactaron con ella para entender la situación actual.

Por su parte, la defensa de la mamá del último hijo del ídolo y actual pareja, Mario Baudry, aseguró que para ellos comenzar de cero no representa un problema. “Cuando uno va con la verdad… cómo podés tapar los audios de Luque, los audios de Cosachov, de Díaz. Los WhatApp que le mandaban tratándolo de negro pata sucia, que no te quieren ni tus hijas”, arremetió el letrado.

Por último, Ojeda subrayó: “Yo sé que va a haber justicia y Diego va a poder descansar en paz”.

Todos los abogados que representan a las partes querellantes apoyaron la propuesta de Ferrari, sosteniendo que es la única manera de prevenir eventuales nulidades debido a las irregularidades que ya se han detectado.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires comenzó una investigación sobre la magistrada, la cual podría tener repercusiones institucionales que trasciendan este juicio en particular. Makintach también está siendo examinada por tres fiscales en San Isidro.

Por ello, y a través de una providencia a la que EFE ha tenido acceso, la jueza solicita a la Cámara legislativa que acredite tal condición de diputado autonómico.

Asimismo, pide a la Junta Electoral de Extremadura que aporte toda la documentación referida al proceso de designación de Gallardo como diputado regional tras la renuncia al cargo de la hasta ahora diputada María de la Cruz Rodríguez, quien salió elegida en las elecciones autonómicas de 2023. EFE

La conductora del coche que causó el jueves un atropello múltiple fuera del estadio del RCE Espanyol en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha quedado en libertad, aunque deberá presentarse periódicamente en el juzgado, se le retira el carné de conducir y se le decomisa el vehículo.

La jueza del juzgado de guardia de Cornellà ha recibido este sábado a la mujer detenida por el incidente antes del partido de Liga de fútbol RCE Espanyol-FC Barcelona en que hubo 17 heridos, informa el TSJCat en un comunicado.

La causa está abierta por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia ("sin más tipificación" hasta que cada una de las personas heridas tenga los informes definitivos de las consecuencias de las heridas).

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La conductora del coche que causó el jueves un atropello múltiple fuera del RCDE Stadium en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha quedado en libertad, aunque deberá presentarse periódicamente en el juzgado, se le retira el carné de conducir y se le decomisa el vehículo.

La jueza del juzgado de guardia de Cornellà ha recibido este sábado a la mujer detenida por el incidente antes del partido de Liga de fútbol RCD Espanyol-FC Barcelona en que hubo 17 heridos, informa el TSJCat en un comunicado.

La causa está abierta por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia ("sin más tipificación" hasta que cada una de las personas heridas tenga los informes definitivos de las consecuencias de las heridas).

Esa avería, que se constató que era responsabilidad del operador telefónico, y que suponía que una de cada diez llamadas entrase sin audio, no se pudo subsanar hasta la tarde del 1 de noviembre, según han explicado fuentes judiciales presentes en la declaración de este testigo.

El segundo de los técnicos que intervino en el envío del mensaje de alerta a la población valenciana durante la dana declara desde las 9:30 horas de este jueves ante la jueza y el resto de partes personadas. EFE

En un auto dictado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, la titular de Instrucción 3 de Catarroja reitera que la declaración de emergencia nacional "ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte" los dos únicos investigados hasta ahora en esta causa: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. EFE

El ministro de Justicia del Gobierno boliviano, César Siles, ha informado de que se ha presentado denuncias por la vía penal y disciplinaria contra la jueza de garantías constitucionales Lilian Moreno después de publicar un dictamen que favorece al expresidente y rival político del presidente Luis Arce, Evo Morales.

En concreto ha sido denunciada por "delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales". "Se ha presentado ya la acción penal acá en La Paz y se ha presentado también la acción disciplinaria en Sucre", ha apuntado Siles, en una entrevista con la cadena pública Bolivia TV.

Inicialmente la denuncia contemplaba únicamente el delito de prevaricato. Sin embargo, en las últimas horas fue ampliada por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales, específicamente por el incumplimiento de un fallo emitido por el juez Franz Zavaleta de La Paz.

"El juez competente dispuso que se dejen en suspenso todas las resoluciones dictadas por la jueza Lilian Moreno con posterioridad a ese fallo, incluida la última resolución en la que disponía la anulación de un proceso", ha indicado Siles.

El pasado miércoles la jueza Moreno anuló la imputación y la orden de aprehensión del expresidente Morales por un caso de presunta trata de personas con agravante.

Sin embargo, el 2 de mayo el juez de La Paz Franz Zabaleta dejó sin efecto la resolución de Moreno, por lo que ahora continúa vigente la orden de aprehensión de Morales.

El equipo jurídico de Morales ha salido en defensa de Moreno y aseguró que sufre hostigamiento solamente por haber "cumplido con su trabajo". "No se puede amenazar a una jueza por haber cumplido con su trabajo. Pedimos al pueblo boliviano que se solidarice con una mujer que está sufriendo y es víctima de este acoso político", dijo uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez.

Moreno aseguró el viernes en conversación con 'El Deber' que está "delicada de salud" y que necesita "reposo para estar tranquila". "Yo estoy mal. Como es de conocimiento de todos, hace poco me operaron del hombro y además tengo una operación de columna. Yo estoy recuperándome de eso y este tipo de situaciones que me estresa, hace que mi situación y mi recuperación sea lenta y más dolorosa. Necesito reposo para estar tranquila, recibir fisioterapia para relajar los músculos y este tipo de cosas no me ayudan", argumentó la jueza.

El ministro de Justicia del Gobierno boliviano, César Siles, informó que presentaron denuncias por la vía penal y disciplinaria contra la jueza de garantías constitucionales Lilian Moreno después de publicar un dictamen que favorece al expresidente y rival político del presidente Luis Arce, Evo Morales.

En concreto ha sido denunciada por “delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales”. “Se ha presentado ya la acción penal acá en La Paz y se ha presentado también la acción disciplinaria en Sucre”, expresó Siles, en una entrevista con la cadena pública Bolivia TV.

Inicialmente la denuncia contemplaba únicamente el delito de prevaricato. Sin embargo, en las últimas horas fue ampliada por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales, específicamente por el incumplimiento de un fallo emitido por el juez Franz Zavaleta de La Paz.

“El juez competente dispuso que se dejen en suspenso todas las resoluciones dictadas por la jueza Lilian Moreno con posterioridad a ese fallo, incluida la última resolución en la que disponía la anulación de un proceso”, indicó el ministro de Justicia.

El pasado miércoles la jueza Moreno anuló la imputación y la orden de aprehensión del expresidente Morales por un caso de presunta trata de personas con agravante.

Sin embargo, el viernes pasado, el juez de La Paz Franz Zabaleta, dejó sin efecto la resolución de Moreno, por lo que ahora continúa vigente la orden de aprehensión de Morales.

El equipo jurídico del ex presidente salió en defensa de Moreno y aseguró que sufre hostigamiento solamente por haber “cumplido con su trabajo”. “No se puede amenazar a una jueza por haber cumplido con su trabajo. Pedimos al pueblo boliviano que se solidarice con una mujer que está sufriendo y es víctima de este acoso político”, dijo uno de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez.

Moreno aseguró el viernes en conversación con ‘El Deber’ que está “delicada de salud” y que necesita “reposo para estar tranquila”. “Yo estoy mal. Como es de conocimiento de todos, hace poco me operaron del hombro y además tengo una operación de columna. Yo estoy recuperándome de eso y este tipo de situaciones que me estresa, hace que mi situación y mi recuperación sea lenta y más dolorosa. Necesito reposo para estar tranquila, recibir fisioterapia para relajar los músculos y este tipo de cosas no me ayudan”, argumentó la jueza.

Orden de arresto a Evo Morales

Siles, ha afirmado este viernes que la orden de arresto contra el expresidente Evo Morales por trata de personas “sigue vigente” después de que una jueza de la ciudad de Santa Cruz la anulase el miércoles.

“No solamente la orden (de captura), sino que queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción de Tarija y la plena competencia del juez (...). El fallo está suponiendo claramente que, como medida cautelar se deje en suspenso cualquier decisión que haya emitido la juez Moreno”, ha explicado Siles en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información.

El titular de Justicia contradice con estas palabras la decisión tomada a mediados de semana por la jueza Moreno.

“Conforme al artículo 34 del CPCo. (Código de Procesamiento Penal) como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, entre tanto no se resuelva la presente queja conforme lo determina el Auto constitucional Plurinacional N° 0047/2022 de 10 de agosto de 2022”, rezaba el dictamen, acogido por el exmandatario como un símbolo de justicia “después de mucho tiempo”.

La medida fue, no obstante, cuestionada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo: “No compartimos la posición de jueces, que permiten a ciudadanos procesados por hechos de pedofilia, burlarse de la Justicia. Primero, nuestros niños”, manifestó a través de su perfil en la red social X.

(Con información de EP)

Barcelona, 30 ene. (EFE).- Una jueza ha requerido al cuerpo de los Mossos d'Esquadra que informe de la situación administrativa de los tres agentes que están siendo investigados por supuestamente ayudar a huir al expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto.

En concreto, la titular del juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona pide al cuerpo de los Mossos que detalle si están en servicio activo, de baja o suspendidos (y en este caso el motivo), entre requerimientos, así como sobre la situación administrativa en el que estaban en el momento de los hechos, cuando Puigdemont se fugó de nuevo.

La magistrada ha acordado esta medida en un auto de diligencias previas tras la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír, que ha sido admitida a trámite de manera parcial.

En su querella, la citada asociación atribuye a los tres agentes de los Mossos un "hecho delictivo" al actuar "de mutuo acuerdo" para facilitar la huida del expresident.

En concreto, les acusa de cuatro supuestos delitos: omisión de perseguir delitos, denegación de cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la administración de Justicia y encubrimiento.

En el auto de diligencia previas, la jueza ha acordado asimismo que se dé trasladado del contenido de la querella a los tres agentes investigados, así como la documentación anexa si la hubiera. EFE

Murcia, 30 ene (EFE).- La jueza que investiga el incendio que el 1 de octubre de 2023 acabó con la vida de 13 personas en dos discotecas de Murcia ha denegado una vez más las peticiones de las partes de investigar si la situación administrativa de las salas, que carecían de licencia, influyó en el trágico desenlace del suceso, y declina también imputar a media docena de funcionarios municipales.

La magistrada ha emitido varios autos en ese sentido, fechados el 20 de enero y a los que ha tenido acceso EFE, en el marco de la fase de instrucción abierta para investigar trece posibles delitos de homicidio imprudente, y que se prorrogó por seis meses el pasado octubre.

Varios de los abogados de las partes habían solicitado que se aportaran a la causa expedientes administrativos municipales relacionados con las inspecciones llevadas a cabo en las salas de fiestas, que aunque funcionaban como dos negocios diferentes, tenían una única licencia sobre la que, además, pesaba una orden de cierre que no había llegado a ejecutarse.

La jueza, como ya había hecho en pronunciamientos anteriores, considera que la situación urbanística en que se encontraban las dos discotecas de la conocida zona de ocio de Atalayas no puede derivar en una responsabilidad penal en este caso, por lo que rechaza todas esas peticiones ya que descarta “por ahora que la actuación administrativa urbanística tuviera una relación causal de naturaleza penal con el incendio y su resultado”.

Es la misma conclusión a la que ya llegó en sus autos de 16 de noviembre de 2023 y de 6 de marzo de 2024, en los que desestimaba investigar la posible responsabilidad penal del Ayuntamiento al considerar que “la situación urbanística en sí a lo sumo pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa, pero no penal”, autos que están recurridos por los representantes legales de las víctimas de la tragedia ante la Audiencia Provincial de Murcia, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Del mismo modo, la jueza rechaza citar como investigados a siete funcionarios del Ayuntamiento de Murcia que participaron en la tramitación de los expedientes administrativos de las discotecas, una petición que había formulado el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de tres de los fallecidos en el incendio.

En concreto, estos afectados habían solicitado la declaración en calidad de investigados del jefe de Negociado de Actividades del Ayuntamiento de Murcia, que habría dejado sin efecto la orden de cese de la actividad de Teatre, donde la investigación sitúa el origen del incendio, y de la jefa de Sección de Disciplina de Actividades, que instruyó expedientes de disciplina de actividades por falta de licencia a Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas.

También pedían que acudiesen al juzgado como investigados la ingeniera técnica industrial del Servicio de Actividades; el jefe del Servicio Técnico de Obras y Actividades; el arquitecto técnico municipal, el jefe del Servicio de Protección Civil-Prevención de Incendios, y el ingeniero técnico industrial del Servicio Técnico de Obras y Actividades.

La jueza, no obstante, no investigará por el momento a ninguno de ellos, porque considera que eso supondría incidir en la cuestión urbanística que, insiste, “a lo sumo pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa pero no penal”, por lo que no es actualmente objeto de investigación en esta causa.

Sí admite que acudan a declarar como “perjudicados/testigos” tres víctimas supervivientes del incendio, una de ellas, además, pareja de una de las personas que fallecieron, tal y como había solicitado su abogada, Rosa Egea.

Acepta también la petición de los propietarios de las naves siniestradas, que tenían alquiladas a los dueños de las discotecas, de escuchar los testimonios de clientes y empleados de Teatre sobre la hora en que dejaron de utilizarse las máquinas de fuegos fríos que los investigadores consideran que provocaron el fuego.

Del mismo modo, descarta que la organización Manos Limpias pueda personarse en la causa como acusación popular, así como la petición del sindicato UGT de conocer el listado de trabajadores de las salas dados de alta la noche del incendio y su testificación en el proceso. EFE

vv/or/mcm

El Tribunal Supremo de Wisconsin ha decidido suspender temporalmente a la jueza Hannah Dugan, del condado de Milwaukee, quien enfrenta acusaciones federales relacionadas con la supuesta ayuda a un hombre para evadir a las autoridades de inmigración.

Según informó The Associated Press, la decisión busca preservar la confianza pública en el sistema judicial del estado mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La jueza Dugan fue detenida el pasado viernes por agentes del FBI en el juzgado del condado de Milwaukee.

Las acusaciones en contra de la jueza Hannah Dugan

Las acusaciones en su contra incluyen ocultar a una persona para evitar su arresto y obstruir un procedimiento oficial.

De acuerdo con documentos judiciales, Dugan habría escoltado al hombre, identificado como Eduardo Flores Ruiz, y a su abogado a través de una puerta no pública del tribunal tras ser alertada de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el edificio. Flores Ruiz fue finalmente detenido fuera del tribunal tras una persecución a pie.

En una orden de dos páginas emitida por el tribunal, se especifica que la suspensión de Dugan se aplicará de manera indefinida y que la decisión fue tomada de oficio, sin que mediara una solicitud formal.

El documento señala que la medida es necesaria para proteger la integridad del sistema judicial. Los jueces liberales, que tienen mayoría en el tribunal por un margen de 4 a 3, respaldaron la decisión.

“Se ordena que la jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah C. Dugan, tiene prohibido temporalmente ejercer los poderes de una jueza de circuito en el estado de Wisconsin, a partir de la fecha de esta orden y hasta nueva orden del tribunal”, señalaron los jueces en un texto.

El incidente que desencadeno en la detención de la jueza

El incidente, que desencadenó las acusaciones, ocurrió la semana pasada cuando Dugan fue informada por su secretario de que agentes del ICE estaban en el edificio buscando arrestar a Flores Ruiz.

Según una declaración jurada del FBI, la jueza reaccionó con visible enojo, calificando la situación como “absurda”. Posteriormente, habría confrontado a los agentes junto con otro juez, exigiendo que hablaran con el juez principal antes de escoltarlos fuera de la sala del tribunal.

La declaración jurada también detalla que, tras este intercambio, Dugan regresó a la sala y, según testigos, le dijo a Flores Ruiz y a su abogado “espera, ven conmigo”, antes de guiarlos a través de una puerta reservada para jurados, personal del tribunal y acusados bajo custodia.

Este acceso, según los documentos, no suele ser utilizado por abogados defensores ni por acusados que no están bajo custodia, lo que hace que la acción de Dugan sea considerada inusual.

Reacciones políticas y sociales después de las acusaciones

El caso ha generado una fuerte reacción política. Según reportó The Associated Press, el arresto de Dugan ha provocado indignación entre sectores demócratas, quienes han acusado al gobierno federal de intentar socavar la independencia del poder judicial.

El sábado, manifestantes se congregaron frente a la oficina local del FBI en Milwaukee para expresar su rechazo a la detención de la jueza.

La defensa legal de la jueza acusada

En cuanto a su defensa legal, Dugan cuenta con un equipo de abogados que incluye a Craig Mastantuono, Paul Clement y Steve Biskupic.

Clement es un reconocido abogado conservador, mientras que Biskupic es un exfiscal federal del Distrito Este de Wisconsin, designado durante la administración de George W. Bush. Hasta el momento, Mastantuono no ha emitido comentarios sobre el caso.

Un juez suplente asumió las funciones de Dugan el lunes, mientras se espera que la jueza comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos el próximo 15 de mayo.

Mérida, 29 ene (EFE).- La jueza instructora de la causa abierta a David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- apunta, a raíz de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora, que el puesto de coordinador de los conservatorios de música adscritos a la Diputación de Badajoz "se creó para ser asignado" a su persona.

En un auto suscrito este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, considera que los indicios de criminalidad existentes en la causa "se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas".

Así, y en el marco de su decisión de no sobreseer la causa respecto a los investigados, como así habían pedido las defensas, la jueza expone que las motivaciones expresadas en la Memoria de la propuesta de creación del citado puesto de coordinador han sido negadas por los directores de los conservatorios.

Además, recoge en su auto que otros investigados apuntaron a que la creación de dicho puesto era "una necesidad política de difusión de las actividades culturales" de los conservatorios.

Un origen que, "si fuera cierto, no entiende esta juzgadora por qué no se hizo constar así en la documentación respectiva".

Por otro lado, considera que tampoco se justifica la necesidad de que el citado puesto de trabajo tuviera consideración de "personal de Alta Dirección", pues, "según la doctrina y jurisprudencia, su uso debe ser restrictivo y debe motivarse siempre".

También expone que la petición de cobertura del puesto de coordinador "se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo" y señala que encuentra "irregularidades" en el proceso de selección de los candidatos.

"Todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al Señor Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto", agrega la juez en su auto, pues, según afirma, "no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador" durante su excedencia y su baja de paternidad, y "su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven".

Biedma ha ampliado las diligencias probatorias con la citación de nuevos testigos y la solicitud de documentación. EFE

Mérida, 29 ene (EFE).- La jueza instructora de la causa abierta a David Sánchez ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que informe de los puestos de trabajo que en Moncloa haya ocupado Luis María Carrero, persona que fue contratada por la Diputación de Badajoz tras la llegada del hermano del presidente del Gobierno a esta institución provincial.

A través de un auto, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz pide que "a la mayor brevedad informe" a este Juzgado sobre los puestos que haya ocupado Carrero, las fecha de inicio y finalización de los mismos, los contratos laborales firmados y el motivo y fecha de la extinción de su relación laboral en Moncloa.

Esta diligencia probatoria la sustenta la magistrada al exponer que de los correos electrónicos intervenidos en el marco de la investigación se desprende que Luis María Carrero "tenía relación personal" con David Sánchez antes de que fuera contratado por la Diputación de Badajoz.

La propia jueza, en un auto anterior emitido hace nueve días, manifestó que David Sánchez, en su declaración como investigado, afirmó que en su labor como jefe de la Oficina de Artes Escénicas trabaja habitualmente con Ángel Seco, técnico de formación superior que entró a trabajar en la Diputación en 2022, y con Luis Carrero, jefe de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas de 2023, dos empleos adscritos al Área de Cultura de la institución provincial.

De hecho, la jueza Beatriz Biedma, en su auto del 20 de enero, ya solicitó a la Diputación de Badajoz documentos relacionados con la contratación de estas dos personas, con las que David Sánchez ya intercambiaba correos "antes de que figuraran en el organigrama de la institución provincial".

En el mismo escrito firmado este miércoles, la jueza instructora también solicita al Teatro Real de Madrid que le informe si David Sánchez ha tenido o tiene alguna relación laboral con esta institución.

A pesar de los sobreseimientos solicitados por las defensas del resto de investigados, entre ellos el propio presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la jueza ha acordado que no proceden. EFE

Pese a que el multiseñalado Genaro García Luna ya se encuentra al interior de una prisión en Nueva York, una de las familias relacionadas con el lavado de dinero que cometía el exfuncionario mexicano podría quedar desvinculada del caso. Y es que, con todo y la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la denuncia en su contra podría quedar desestimada por una jueza en Estados Unidos.

Lo anterior se debe a que, entre los procesos donde se liga al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una jueza radicada en Miami, Florida, determinó que este lunes, 28 de abril, se vence el plazo para dar inicio de manera definitiva al juicio civil en el que el Gobierno de México buscará recuperar los 600 millones de dólares que se habría llevado el exservidor público de forma ilícita.

Se trata de la jueza Lissa Walsh, proveniente de la Corte del Onceavo Cicuito Judicial de Miami-Dade, quien dijo que esta fecha es la pactada por ambas partes para que se inice el proceso o para llegar a un común acuerdo pues, en caso de no cumplirse ninguna de las dos opciones, la demanda de la UIF podría ser desechada.

Es importante señalar que desde noviembre del 2024 se realizó una reunión en donde se intentó llegar a un acuerdo; sin embargo, se determinó que el juicio para reclamar la cantidad millonaria sería en enero del 2025. Esta fecha no se cumplió pues ambas partes decidieron aplazarlo hasta el 28 de abril con el objetivo de que ambas partes intentaran un convenio para cancelar los procesos penales y administrativos en nuestro país.

¿Cuál fue la familia que supuestamente se benefició?

De acuerdo con los datos de la UIF, se trata de la familia Weinberg, originarios de Israel, quienes supuestamente concretaron hasta 30 contratos por medio de licitaciones con instituciones públicas de seguridad en México, esto se traduce a 634 millones de dólares del erario público, además de posibles sobornos desde 2006. Según la actual administración, este dinero fue transferido a ‘paraísos fiscales’, hacia Florida y gastado en inmuebles, bienes y otros activos.

Como consecuencia, el 21 de septiembre del 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera decidió interponer una demanda civil en el Tribunal Undécimo Circuito Judicial correspondiente al condado de Miami-Dade, con el objetivo de que todo el dinero que fue ‘saqueado’ pueda ser devuelto al pueblo de México. Entre lo solicitado, se piden 28 inmuebles ubicados en Florida, no obstante, de ellos 18 ya habrían sido vendidos: 12 antes de la demanda y seis después.

Debido a que se han pedido una serie de aplazamientos, la jueza indicó que el proceso ha sido muy largo y tedioso, por lo que puso un ultimátum para aceler el litigio: “No concederé una nueva moción del gobierno de México. Si no actúa o no aprueba, pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar. No hay nada más que yo pueda hacer”.

Autoridades mexicanas pusieron los ojos sobre los Weinberg

Si bien, dentro del interés de los altos mandos estadounidenses, este caso puede o no proceder, la Fiscalía General de la República (FGR) no dudó en ir tras los miembros de los señalados. Es por ello que se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Mauricio Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, ambos acusados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Éste último fue detenido en diciembre del 2023 mientras se encontraba en Madrid, España.

Ciudad de Panamá, 20 ene (EFE).- El inicio del juicio del caso Odebrecht en Panamá, que involucra a expresidentes y exministros, se ha vuelto a posponer este lunes debido a la falta de "asistencias judiciales no respondidas", informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

"La Jueza ordena reprogramar el acto de audiencia del #JuicioOdebrecht, por asistencias judiciales no respondidas, para la comparecencia de testigos colaboradores. La nueva fecha queda dispuesta para el 11 de noviembre de 2025 y como fecha alterna el 12 de enero de 2026", informó la Fiscalía panameña en X.

Esta sería la cuarta vez que se aplaza el inicio del juicio. Sin embargo, en esta ocasión se instaló la sesión y la jueza tomó la decisión mientras que las veces anteriores el Órgano Judicial anunciaba la suspensión días antes. EFE

València, 8 ene (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Llíria ha abierto una investigación a dos agentes de la Policía Local de Bétera (Valencia), uno de ellos el jefe de este cuerpo, por sus supuestos vínculos con personas investigadas por tráfico de drogas.

Según ha informado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, las dos causas en las que se investiga a ambos agentes tienen su origen en una investigación anterior, iniciada en 2024, a varias personas por supuestos delitos de narcotráfico.

Durante las escuchas practicadas en esta investigación por drogas se determinó que dos policías locales de este municipio, uno de ellos en el cargo de jefe, estarían, presuntamente, haciendo uso de su posición como policías para proporcionar información a los investigados.

Por este motivo, la jueza decidió abrir dos nuevas causas, una por cada agente, dirigidas a investigar si los hechos descubiertos en la causa inicial pudieran ser constitutivos de delito, ha informado el TSJCV. EFE

Delia Quiroa, quien es activista y fundadora del colectivo 10 de marzo, anunció en redes sociales que se encontraba vendiendo su auto.

Esto, como forma de contar con recursos para iniciar su campaña como candidata a jueza con miras a la elección del Poder Judicial.

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, Delia puso a la venta su auto Jetta en 27 mil pesos.

Señaló que debido a que el pasado viernes 21 de marzo quedó “firme” que no habrá gastos de campaña para la elección judicial, ponía a la venta su automóvil.

Quiroa, quien participa en la localización de personas desaparecidas en Tamaulipas, estudió la licenciatura en leyes luego de que su hermano Roberto fuera secuestrado el 10 de marzo de 2014.

Desde entonces, la mujer ha luchado por recuperar restos de cementerios clandestinos para que las familias puedan sepultar a sus seres queridos.

Ahora la mujer busca llegar a ser jueza, ya que asegura, es la única forma en la que podrá ayudar a las familias para que la ley se imparta de forma justa para todos.

Sin embargo, ha señalado, requiere recursos para iniciar su campaña y que los ciudadanos conozcan su trabajo, por lo que puso en venta su vehículo.

“Lo vendo barato porque tiene un detalle en la transmisión, jala bien no te deja tirado, ayúdenme a compartir por favor necesito venderlo”, dijo Delia en su publicación.

Además, la mujer especificó que el automóvil se encuentra en Culiacán, y se podía mostrar en Soriana Zapata o la USE, y que el precio era a tratar ya con una oferta.

El día que Delia Quiroa entregó sus documentos para inscribirse como aspirante en la elección del Poder Judicial, dijo la siguiente oración: “Mira, Dios mío, yo lo único que quiero es que mi hermano regrese, vivo o muerto. Pongo mi destino en tus manos”.

En entrevista con Infobae México, el pasado mes de febrero, la abogada especialista en juicios de amparo reconoció que a pesar de disentir con la manera en la que se llevó a cabo la reforma, vio en dicho proceso una oportunidad para establecer contrapesos y brindar el apoyo necesario a las personas vulnerables.

“He tenido muchos problemas en juzgados que no hacen bien su trabajo y que me obligan a estar poniendo recursos y a que los amparos sobrevivan porque los desechan por cualquier tecnicismo. A lo mejor ya estando del otro lado y teniendo el respaldo de un cargo público puedo lograr más por las personas desaparecidas”, dijo la activista.

Su activismo comenzó el Tamaulipas, el 10 de marzo de 2014, fecha en la que un comando armado, presuntamente ligado al Cártel del Golfo, se llevó a su hermano Roberto y a su madre, María Icela Valdez. Ella fue liberada 40 días después, sin embargo, el paradero de su hermano sigue sin conocerse.

María Icela y su hija decidieron fundar el colectivo de búsqueda con la intención de encontrar a su hermano. Con el paso del tiempo, Delia se dio cuenta que necesitaban especialistas en Derecho, ya que los abogados que habían contratado no daban los resultados esperados, por lo que decidió incursionar en las leyes.

El legislador de la ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, denunció por presunto mal desempeño de sus funciones a Karina Andrade, la magistrada que ayer liberó a las 114 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en el Congreso Nacional, en la manifestación a favor de los jubilados.

Lo hizo ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad, el organismo que se encargaba de investigar la conducta de los jueces. “En su decisorio, la magistrada se pronunció sobre todos los detenidos, sin proceder a un análisis circunstanciado de cada caso, e invocando faltantes de información que, como ella misma reconoce, son propios de las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad", sostuvo.

Además dijo que el proceder de Andrade fue “renunciando, además, a utilizar la figura de flagrancia de forma irregular atento a que los hechos habilitaban a utilizar dichos mecanismos que hubieran representado un uso más eficiente de los recursos judiciales”, señaló en su denuncia a la que accedió Infobae.

La jueza ordenó la libertad de las 114 personas porque señaló que las fuerzas federales y de la ciudad y la Fiscalía no le dieron información sobre los hechos para poder avanzar con el caso. “No fue una decisión trasnochada sino en el marco de priorización de derechos; el derecho a manifestarse“, dijo hoy la magistrada en declaraciones a la radio Urbana Play.

Ese punto fue abordado por Santoro (de Republicanos Unidos) en su denuncia. Sostuvo que ese tramo del fallo “no hace otra cosa que poner blanco sobre negro la intención de la magistrada de afectar, con su decisión, una política pública llevada adelante por el Poder Ejecutivo”.

El legislador agregó en su denuncia que “el carácter meramente político de esta manifestación queda evidenciado, en tanto que, si fuera cierto que las detenciones no se ajustaron a derecho, y que el método elegido por la autoridad administrativa vulnera derechos elementales de los detenidos, la magistrada debió haber impulsado una investigación judicial contra los funcionarios de la Administración. Y no lo hizo”.

La denuncia contra Andrade no es solo por su fallo de esta semana. El legislador sumó otros dos hechos: presunto maltrato laboral y demoras en una causa.

“Ha llegado a mi conocimiento, por personas que han pedido mantener reserva de su identidad, que la mencionada magistrada ejerce un maltrato permanente contra el personal de su Juzgado y que ello ha significado que varios damnificados por esta inconducta, entre los que se encuentran empleados y hasta secretarios, se hayan ido del tribunal". Y ejemplificó: “De junio de 2021 a marzo de 2025, se fueron 5 secretarios por el hartazgo con los malos tratos y las prácticas abusivas”, planteo Santoro.

Y señaló además que, en una causa del año pasado, la jueza rechazó mantener detenida a una persona pero no notificó su decisión a las autoridades. “A raíz de esta actuación negligente, el imputado prolongó su detención por una semana más”, sostuvo el legislador.

Santoro le pidió al Consejo una serie de medidas de prueba sobre los tres hechos que denunció.

El Gobierno nacional también adelantó que iba a denunciar por mal desempeño a Andrade. Lo hizo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en su cuenta de la red social X. “En lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, sostuvo.

Uno de los sucesos que marcó el 2024 fue el ultimatum que una jueza le dio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para eliminar, en un lapso de 24 horas, la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la reforma al Poder Judicial, acto que de no hacerse, le valdría a la mandataria una denuncia por desacato que la podría llevar a la cárcel. La jueza en cuestión fue nada menos que Nancy Juárez quien anunció su retiro oficial.

Fue a través de las redes sociales la vía por la cual la impartidora de justicia con sede en Coatzacoalcos, Veracruz confirmó que a partir del 30 de diciembre del año que recién concluyó se retiraba como jueza federal poniendo con ello fin a su carrera judicial.

Al momento, la presidenta o el Gobierno de México no se han pronunciado por este evento; sin embargo, se espera que sea hasta la siguiente semana cuando la mandataria federal exprese su postura como lo ha hecho tras la polémica que llevó a Juárez Salas a estar en la mira.

¿¿Quién es Nancy Juárez Salas?

la hoy jueza en retiro ya había llamado la atención a nivel nacional debido a que, sólo horas después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador publicara la declaratoria de reforma a Poder Judicial, la que funge como jueza adscrita al Juzgado Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos, concedió una suspensión provisional a modo de evitar su publicación en el DOF y, por ende, su entrada en vigor.

Tras darle un lapso de 24 horas a la titular del Poder Ejecutivo para eliminar la publicación hecha en el DOF, se difundió en redes sociales un video donde se observa a la jueza atacar al expresidente cuando éste levaba a cabo su ´´ultima visita a Veracruz antes de ceder la banda presidencial.

Juárez Salas gritaba “dictador” al morenista, solo omentos antes de que se mostrara cómo una botella con agua estuvo a punto de golpear al entonces mandatario federal. Su participación en dicha protesta la llevó a no solo ser criticada, sino también a destapar las denuncias que en el pasado ya había en su contra por nepotismo y malos tratos a sus trabajadores.

La presidenta, por su parte, siempre se mostró confiada con que la jueza al denunciarla estaba violando la ley por lo que minimizó las protestas de la impartidora de justicia quien al inicio de este 2025, vuelve a ser motivo de tendencia.

“Ni siquiera es por la queja que presentamos, la queja que presentamos -recuerden-, que fue porque ella resolvió eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) una publicación, cosa que es imposible eliminar una publicación, en todo caso puede ser una resolución para que quede sin efectos y entonces hay una nueva publicación, pero es absurdo pedir la eliminación de una publicación”, dijo el pasado 13 de diciembre la presidenta sobre la suspensión a Nancy Juárez.

El pasado 3 de enero, una escena de violencia conmocionó un tribunal en Las Vegas cuando Deobra Redden, de 31 años, saltó sobre el banco de la jueza Mary Kay Holthus y la atacó físicamente. El incidente, que fue captado en video, mostró a Redden lanzándose sobre el escritorio, derribándola de su asiento contra una pared, mientras le agarraba el cabello y tiraba una bandera estadounidense en el proceso. A pesar de la brutalidad del ataque, Holthus, de 62 años, sufrió algunas lesiones y no requirió hospitalización, tal y como reportó The Associated Press (AP).

La historia del “delincuente volador” tuvo un desenlace el martes 10 de diciembre, cuando un tribunal le ordenó cumplir entre 26 y 65 años en una prisión de Nevada por este ataque, de acuerdo con información del medio local KLAS-TV.

La sentencia fue emitida en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, donde Holthus había testificado previamente, expresando que temió por su vida durante el incidente en el que Redden saltó sobre su banco de 1.2 metros de altura para aterrizar sobre ella.

Hasta 65 años de cárcel para Redden

En septiembre, Redden se declaró culpable de intento de asesinato y otros cargos relacionados con el ataque, pero también se dijo enfermo mental.

Según su abogado defensor, Carl Arnold, Redden no estaba tomando su medicación prescrita para tratar su esquizofrenia diagnosticada durante el momento del ataque.

El litigante enfatizó que las declaraciones de su cliente reflejaban “el equilibrio entre aceptar la responsabilidad por un incidente lamentable y reconocer el impacto de la enfermedad mental no tratada del Sr. Redden en ese momento”.

“No fue solo una represalia o un ataque al juez Holthus. También fue un ataque al poder judicial”, dijo la jueza del Tribunal de Distrito Susan Johnson.

Redden, por su parte, afirmó no ser “una mala persona” o un “tipo malvado” instantes antes de que fuera sentenciado.

“No estoy poniendo excusas por mis acciones, pero estoy diciendo que no soy una mala persona y sé que no tenía la intención de matar a Mary Kay Holthus, sé que me preocupaba su bienestar”, declaró el ahora condenado, según reportó la televisora local KLAS-TV.

El ataque ocurrió justo antes de que la jueza Holthus dictara sentencia contra Redden en un caso separado de agresión grave. La naturaleza inesperada y violenta del acto resalta la vulnerabilidad del personal judicial en situaciones de alto estrés dentro de los tribunales.

La sentencia impuesta asegura que Redden no será elegible para libertad condicional hasta después de 2050, según informes de KLAS-TV.

Holthus, si bien no habló durante la audiencia de sentencia, emitió una declaración que fue leída por los fiscales. En ella aseguró que el acusado “tomó la decisión consciente” de matarla e “hizo todo lo posible para lograrlo”.

“Si pudiera, se enfrentaría a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato”, concluyó Holthus.

¿Por qué fue condenado Deobra Redden?

En enero de este año, AP reportó que, tras el ataque, Redden fue encarcelado bajo una fianza de 54.000 dólares, al mismo tiempo, se le negó volver a la corte, reprogramando su próxima comparecencia para el 9 de enero.

Además de los 13 cargos, entre los que destacaban algunos por extorsión, y coerción con fuerza, se le sumaron otros siete en relación a agresión a una persona protegida, refiriéndose a la jueza y oficiales que acudieron en su ayuda.

Richard Scow, fiscal jefe del distrito del condado, quien en aquel entonces procesaba a Redden, declaró en entrevista para AP a principios de año que todo “sucedió tan rápido” que era “difícil saber qué hacer”.

Mientras que Steve Wolfson, fiscal de distrito del condado de Clark, aseguró a principios de año que el historial criminal de Redden estaba manchado por delitos violentos, por lo que debería permanecer sin derecho a fianza al considerarlo como “un peligro extremo para la comunidad y un riesgo de fuga”.

Sarai Juallek “N” fue detenida por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, se le acusa de trafico de influencias, robo y ejercicio indebido del servicio público mientras se desempeñaba como jueza Civil de Primera Instancia en el Cuarto Distrito Judicial con sede en el municipio de Zacatepec.

Sarai Juallek “N” tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela de Derecho y Práctica Jurídica. En su trayectoria académica se establece que desde el 15 de abril de 1994 trabaja en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos; además de dar clases en la Universidad la Salle de Cuernavaca y en la Universidad UNIM.

La exjueza del TSJ de Morelos es señalada como asesora de la actual magistrada María Luisa Sánchez Osorio, esposa de Uriel Carmona, el fiscal general que estuvo preso por presuntamente encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López.

Conviene recordar que Sánchez Osorio es una de las 10 magistrados del TSJ de Morelos, cuyo cargo asumió en noviembre de 2023 para un periodo de 14 años, luego del aval que recibió de 14 de los 20 diputados que conforman el Congreso del estado.

Acusan a exjueza de robo de expedientes

La investigación contra la jueza inició por una denuncia presentada por el Poder Judicial ante la Fiscalía Anticorrupción, debido a varias inconsistencias detectadas durante el periodo que se desempeñó como jueza interina.

A Sarai Juallek “N” se le vincula con la desaparición de un expediente que contenía el pagaré de una demanda por más de 950 millones de pesos; además de ser señalada por dictar sentencia a un caso judicial en sólo dos días, incurriendo en incumplimiento al debido proceso y en posible fraude procesal.

El caso inició cuando la persona a quien correspondía el pagaré acudió al juzgado de Sarai Juallek “N” para ofrecer como pago por los 950 mil millones de pesos un inmueble en Acapulco, Guerrero, valuado en 55 millones de pesos.

En tiempo récord, la jueza aprobó la otorgación del terreno al propietario del pagaré, sin emplazar a la parte demandada ni a las autoridades competentes, lo que demostró una posible simulación del debido proceso.

Por este último caso, la Fiscalía Anticorrupción investiga la posible participación de otros integrantes del TSJ de Morelos en lo que ya vislumbran como un presunto “cártel inmobiliario” que operaría desde el poder judicial local y de Guerrero.

Luego de que una juez le dio a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo un plazo de 24 horas para eliminar la publicación de la Reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), la mandataria respondió desde el espacio conocido como La Mañanera del Pueblo afirmando que no llevaría a cabo tal acción, al tiempo de también denunciarla por la siguiente razón.

Antes de darse a conocer la respuesta de parte de la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ernestina Godoy, quien funge como consejera Jurídica, expuso que el Gobierno de México busca que “quede un antecedente de que hay una juez que, por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México”.

Si bien la exfiscal de la Ciudad de México remarcó que la Carta Magna especifica que el artículo 135 indica que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión, por la aprobación de dos terceras partes, recordó ante los representantes de la prensa que fue el pasado jueves 17 de octubre cuando una juez le pidió a la titular del Poder Ejecutivo que eliminara dicha publicación, por lo que a su vez mencionó:

“El antecedente es que le habían ordenado también al expresidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente en efectos restitutorios, efecto de que se eliminara, ahora se ha resuelto, según tendemos un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación esta juez, es una juez mujer, que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta que realice eso”.

Claudia Sheinbaum responde a la juez por orden

Una vez que la exposición de la funcionaria federal llegó a término, la presidenta lamentó que por ocurrencia de la juez Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, que le diera 24 horas para eliminarla, remarcando que no cuenta con sustento jurídico, al tiempo de que estaba fuera de sus funciones.

“El día de ayer, no nos han notificado, es a través de los medios de comunicación … Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo dentro de un juicio de amparo, son 9 años, o no sé cuántos años de cárcel... 3 a 9 años de prisión”, dijo con un tono de ironía.

Por si fuera poco, la presidenta también se dejó ver un tono de molestia cuando informó desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, que la juez antes citada “no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación” por las siguientes razones, de acuerdo con la mandataria:

1. Porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México
2. Porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo
3. Porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el DOF, entonces no vamos a bajar la publicación

Sheinbaum Pardo fue enfática en que no eliminaría la publicación el DOF e incluso insistió en que “en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales, estatales, sean electos, no solamente son los federales, también son los locales”, por lo que adelantó que se presentaría una denuncia contra la juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.

A modo de remate, la presidenta aclaró que “la reforma al poder judicial va, ni un juez, ni una ministra, ni siete ministros la van a parar”.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la posibilidad de que el excomandante Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso acceda a la libertad transitoria, condicionada y anticipada que solicitó su defensa. No obstante, en una audiencia llevada a cabo el 5 de julio de 2024, la jueza Luz Marina Zamora Buitrago de Justicia y Paz ordenó levantar la medida de aseguramiento en centro carcelario que pesa sobre él y que está cumpliendo en la cárcel La Picota de Bogotá.

“Yo recibo el proceso con la boleta de detención, y que estoy ordenando la cancelación y en la determinación que adopté sobre ese proceso, además le estoy diciendo a la cárcel que con ocasión de ese proceso usted (Mancuso), ya no es requerido, por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial”, detalló la jueza en la audiencia.

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La jueza determinó que se debe ratificar la libertad que se le concedió en marzo de 2024, puesto que, desde su perspectiva, la posibilidad de recuperar su libertad es un derecho que debe primar sobre el actual conflicto de competencias que hay entre la JEP y Justicia y Paz, la cual debe ser resuelta por la Corte Constitucional. En esa medida, podría gozar de este derecho a partir del 8 de julio de 2024.

De acuerdo con Nelson Menjura, abogado del excomandante de las AUC, la jueza decidió cancelar todas las órdenes de captura que Mancuso tenía en contra en la justicia ordinaria, relacionadas con procesos judiciales de Villavicencio y de Cúcuta. Por eso, aseguró que debe recuperar su libertad de manera inmediata.

Por eso, la jueza informó que explicará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a los funcionarios de la cárcel La Picota las razones por las cuales el procesado debe salir. No obstante, se tendrá que verificar que no esté siendo requerido por ninguna otra autoridad.

Por otro lado, la defensa también indicó que el conflicto enter la JEP y Justicia y Paz, referente a cuál de las dos es competente para tomar determinaciones con respecto a la libertad del exparamilitar, no debe afectar en nada el proceso contra su cliente.

“Este conflicto es un asunto independiente que no afecta para nada las decisiones de libertad de Salvatore Mancuso. Lo que va a afectar, posteriormente, es si llegan a decir que la competencia es exclusiva de la JEP o de Justicia y Paz. De ser así, Salvatore pasaría de manera exclusiva, si así lo señala la Corte, por una de esas dos jurisdicciones o si se decide podría ser por las dos jurisdicciones”, explicó el abogado, citado por El Tiempo.

Durante la audiencia en cuestión, a la que tuvo acceso la revista Semana, la jueza alcanzó a tener algunas dudas sobre la decisión que debía tomar al respecto, lo que llevó al exparamilitar a pronunciarse e interrumpirla en varias ocasiones.

Pues, la jueza indicó que, hasta que no fueran incorporados algunos procesos, no podría pronunciarse. Entonces, Mancuso criticó su explicación: “Perdón, su señoría, usted se pronunció desde el momento en que abogó conocimiento y vigila todas estas penas, por lo tanto, usted ya brindó a todos los sujetos procesales las garantías fundamentales”, señaló el exparamilitar en la audiencia.

Entonces, la jueza aseguró que, en efecto, está vigilando las penas, las cuales incorpora y analiza para tomar una decisión. No obstante, el ex comandante de las AUC la interrumpió, impidiendo que terminara de detallar sus argumentos. “Una cosa es incorporarla y otra cosa es que usted me haya dado la libertad por ellas. Que no las haya incorporado, no significa que no me haya dado la libertad por ellas”, sostuvo.

Desde el regreso de la Democracia en 1983 hubo tan solo dos mujeres como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La primera en llegar a sentarse en uno de los despachos principales del cuarto piso del Palacio de Tribunales fue Elena Highton de Nolasco, quien hace dos décadas asumió como integrante del Alto Tribunal. La segunda fue Carmen Argibay, fallecida en mayo de 2014, quien juraría como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación semanas después de la llegada de Highton de Nolasco. Argibay o “Carmencita” como se la llamaba, había sido nombrada antes que Highton pero asumió más tarde.

Fue por ello que Highton de Nolasco se convirtió en la primera mujer en arribar -en la última semana de junio de hace 20 años- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la restauración democrática. Margarita Argúas había integrado la Corte pero fue designada en un gobierno de facto.

En aquellos primeros días del invierno de 2004 gobernaba Néstor Kirchner, el vicepresidente de la Nación era Daniel Scioli, el ministro de Economía era Roberto Lavagna y Cristina Fernández de Kirchner era senadora nacional por la provincia de Santa Cruz.

El precio de un ejemplar de un diario porteño durante un día de semana era de $1,50. El dólar cotizaba entre $2,95 y $2,98. Uno de los supermercados más importantes del país ofertaba media docena de huevos a $0,72 y un kilo de harina “0000″ a $0,99. En una casa de electrodomésticos una heladera costaba $899 y un lavarropas $799.

El último domingo de junio de 2004 River ganó su título número 32. Había empatado como local 1-1 con Atlético Rafaela con gol de Marcelo Gallardo. El técnico de los Millonarios era Leonardo Astrada. El mismo día de la consagración de River como campeón del torneo Clausura, la selección nacional, cuyo entrenador era Marcelo Bielsa, perdió contra Colombia en Miami. Aquel fue un partido preparatorio para la Copa América que se jugó en Perú y en la que Argentina cayó en la final por penales contra Brasil. De todo lo sucedido en junio de 2004 pasaron más de 7300 días.

Highton de Nolasco nació el 7 de diciembre de 1942 en Lomas de Zamora y a los 23 años se recibió de abogada. Ejerció por poco tiempo la profesión para entrar a trabajar en los tribunales. Cuando llegó a la Corte tenía 62 años y a diferencia del resto de los integrantes del Alto Tribunal -de entonces y de ahora- era la única de carrera judicial.

En diciembre de 1973 había ingresado al Poder Judicial y, hasta el momento de su renuncia, que se concretó en noviembre de 2021, jamás abandonó la función pública. Primero fue defensora oficial de Incapaces y Ausentes en el fuero Civil y Comercial y en 1979 fue nombrada jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial. Una década después fue designada jueza de primera instancia, pero esta vez en lo Civil, y en 1994 fue ascendida a la Cámara de ese mismo fuero. Dejó ese cargo cuando asumió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vio por primera vez en su vida a Kirchner cuando el entonces presidente le propuso integrar la Corte. Al momento de ser convocada para integrar el Alto Tribunal no se le conocía militancia partidaria. Tal vez haya tenido una cercanía al peronismo vía su marido y padre de sus dos hijos, el médico Eduardo Nolasco. El esposo de la ex jueza de la Corte es sobrino de Arturo Jauretche, el escritor que llegó al peronismo desde el nacionalismo de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (Forja). Jauretche, autor de obras como “Manual de zonceras argentinas”, estuvo al frente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) designado por el gobierno de Héctor Cámpora en 1973. Permaneció en su puesto cuando asumió Juan Perón la presidencia y allí estuvo hasta su muerte, ocurrida el 25 de mayo de 1974.

Fue en 1973 cuando Jauretche recomendó a su sobrina política Elena Inés Highton para iniciar su camino en la carrera judicial que terminaría en el lugar más alto posible. Según escribió la periodista Irina Hauser en el libro “Los Supremos” aquel nombramiento primigenio en el Poder Judicial fue firmado por el presidente Perón y publicado en el diario La Razón, cosa que la ex jueza recuerda con orgullo.

Fue profesora titular en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en materias como Derecho Civil I, Derecho Civil IV y Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. A finales de la década de los ´80 se dedicó a estudiar sobre Resolución Alternativa de Conflictos en el sistema judicial. Se especializó en mediación, a tal punto que integró en 1992 un equipo interdisciplinario que dio el envión necesario para que se adopte ese instituto en Argentina.

El proceso que terminó con la jura de Highton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema en la última semana de junio de 2004, había empezado en abril de ese año con la propuesta que el Poder Ejecutivo le envió al Senadop para que el pliego obtuviera acuerdo. Aquel mensaje fue firmado por el presidente Kirchner junto a quien era su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: Gustavo Beliz.

Allí se hicieron consideraciones sobre la candidata a jueza que decían: “Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de 2003, se procede a la elevación de la presente propuesta, teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica, de la citada profesional y su trayectoria pública y académica. Siguiendo dicho procedimiento, se recibieron tanto presentaciones, espontáneas como de instituciones y entidades, de reconocida relevancia profesional y social, universidades, colegios profesionales y academias, destacándose, una gran mayoría favorable a su propuesta”.

En los fundamentos del Poder Ejecutivo a la postulación de Highton se resaltaron los apoyos recibidos: “Al respecto, cabe destacar que la mayoría de las opiniones a favor de la doctora Highton se sustenta en su intachable desempeño en el Poder Judicial, que comprendió tanto su trabajo desde la judicatura, como en grupos de formación para los miembros del Poder Judicial, en la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y en la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, organizaciones, éstas que se han dedicado a promover la igualdad de género en la composición de los tribunales de justicia y en sus decisiones. Asimismo, destacan su labor en el diseño de propuestas de reforma legislativa y mejora del sistema de administración de justicia, como su invalorable aporte en materia de resolución alternativa de conflictos judiciales en general y mediación en particular”.

En cuanto a los cuestionamientos, el mensaje de Kirchner al Senado señalaba: “Por su parte, las oposiciones efectuadas a la candidatura de la doctora Highton, se centran casi exclusivamente en las opiniones, que vertiera en una publicación doctrinaria, vinculadas a la problemática del aborto, tratada en el marco de la responsabilidad civil y sus derivaciones en materia de eventuales reclamos de daños y perjuicios. Dentro de tal contexto, las opiniones doctrinarias de la nombrada sobre un tema polémico, como el referido, forman parte de su libertad de expresión, dentro del ámbito académico y del pluralismo de ideas, no afectando su idoneidad para desempeñar la alta función para la que es convocada.Por otra parte, este tema es abordado por la jurista partiendo del principio que se ha eliminado el aborto como delito, como ocurre en los Estados Unidos, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de los códigos penales que incluyen tal previsión. En ese contexto, solo manifiesta que en la Argentina no se contempla esta posibilidad”.

El Poder Ejecutivo también había dicho que: “Se destaca asimismo la espontánea adhesión que realizaron importantes instituciones del extranjero, tales como el Federal Judicial Center (Washington), la Asociación Internacional de Abogacía Preventiva, Conflict Management Initiatives y el Foro Mundial de Mediación, circunstancia que evidencia la trascendencia de la figura de la doctora Highton, aún más allá de nuestras fronteras. En mérito a todo lo expuesto se eleva al presente pedido de acuerdo para que la doctora doña Elena Inés Highton de Nolasco sea nombrada miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En la audiencia pública previa a su designación debió contestar más de 100 preguntas, muchas referidas al hecho de haber sido jueza durante la dictadura que terminó en 1983. Una de las respuestas que dio en aquella ocasión fue:“Los que tienen mi edad vivieron más de un gobierno de facto. Yo no me fui del país, fui jueza y trabajé a favor de los litigantes. Nunca nadie dijo que violé algún tipo de derecho”.

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación estaba integrada por Jorge Yoma, Norberto Massoni, Ricardo Gómez Diez, Liliana Capos, Sonia Escudero, Nicolás Fernández, Rubén Marín, José Mayans, Eduardo Menem, Gerardo Morales y Ramón Saadi. A principios de junio de 2004 los senadores otorgaron el acuerdo para que el Poder Ejecutivo nombrara a Highton de Nolasco en la Corte.

Para sustentar la aprobación del pliego los senadores habian dicho:

• “Que la designación de una mujer para integrar el máximo tribunal, contribuye a promover la igualdad de géneros.
• “Que su carrera judicial es sumamente positiva en cuanto aquilata su experiencia en materia de administración de justicia”.
• “Que su actividad jurisdiccional ha demostrado mesura, prudencia y sólidos conocimientos del Derecho. Que su idoneidad para el cargo también es avalada por su trayectoria académica”.
• “Que ha trabajado en diversas temáticas referidas a la reforma judicial y que tales actividades las ha desarrollado con amplia participación de la sociedad civil”.
• “Que su situación patrimonial ha sido expuesta públicamente, de acuerdo con las exigencias del actual procedimiento de designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no advirtiéndose en ella irregularidad o incumplimiento alguno”.

Los integrantes de la cámara Alta analizaron las impugnaciones que le habían hecho a Highton Nolasco por algunos casos en los que había resuelto como camarista en lo Civil y no hallaron razones para que no fuera designada en la Corte.

Y concluyeron: “Que tras examinar las impugnaciones presentadas y valorar las pruebas producidas, así como las respuestas proporcionadas por la candidata en el curso de la audiencia pública, llevada a cabo el día 31 de mayo del corriente, año, con relación a las objeciones a su designación y a otros temas de interés, como la interpretación constitucional, la reforma judicial, y la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, esta Comisión ha reunido elementos suficientes para avalar el acuerdo al pliego de la doctora Elena Highton de Nolasco, como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, se coincide en destacar como positivo la promoción de la igualdad de géneros en la composición del máximo tribunal, la carrera judicial y los antecedentes académicos de la magistrada propuesta, lo cual se corresponde con algunas recomendaciones en pos de una mejora de la calidad institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fomento de la heterogeneidad de criterios, entre quienes deben conformar la voluntad de la cabeza del Poder Judicial de la Nación”.

La aprobación del pliego para que una persona integre la Corte Suprema de la Nación, necesita de una mayoría especial de dos tercios de los senadores y senadoras presentes en la sesión en la que se vote. Highton de Nolasco obtuvo el respaldo de 51 senadores y se opusieron cinco. Cuando Highton de Nolasco se sumó a la Corte, lo hizo para ocupar el lugar de Eduardo Moliné O´Connor, uno de los jueces que formaba la mayoría automática durante el menemismo y había sido destituido.

En aquel lejano junio de 2004 la Corte tenía nueve integrantes. Highton de Nolasco se sumó a los ministros Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Raúl Eugenio Zaffaroni y Adolfo Vázquez. El único que aún permanece en la Corte es Maqueda ya que los restantes renunciaron, fueron destituidos o murieron. En 2006 la Corte volvió a tener cinco miembros.

En septiembre de 2008 Highton, con el acuerdo de sus colegas, impulsó la apertura de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, de la que estuvo al frente hasta su renuncia. También condujo la Oficina de la Mujer del Alto Tribunal.

Entre 2011 y 2012 integró la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, junto Lorenzetti, quien en ese momento presidía la Corte y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.

Elena Inés Highton de Nolasco estuvo durante 17 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 30 septiembre de 2021 le presentó su carta de dimisión al presidente Alberto Fernández quien había sido su impulsor en 2004 cuando era el Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Fernández era uno de los pocos que conocía el mundo judicial entre los kirchneristas fundacionales. La carta se hizo pública el 5 de octubre y la jueza dejó su despacho el 1 de noviembre de 2021. Desde entonces la Corte se quedó con cuatro integrantes: Maqueda, Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El despacho que dejó Highton de Nolasco en 2021 aún no fue ocupado. El gobierno de Fernández y Cristina Kirchner no propuso candidato ni candidata para ese cargo tan relevante. El presidente Javier Milei consideró que el juez federal Ariel Lijo -quien es magistrado también desde 2004- debe ingresar a la Corte en el lugar que dejó Highton de Nolasco. Desde 1983 ella fue la primera y la última mujer -al menos por ahora- en integrar el máximo tribunal de Justicia de la Argentina.

La decisión la tomó el miércoles pasado por unanimidad de sus 20 integrantes el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano presidio por Horacio Rosatti y que entre otras funciones se encarga de los concursos públicos para la selección de jueces nacionales y federales.

Súarez era jueza penal de Comodoro Rivadavia cuando a su tribunal llegó el caso de Cristian “Mai” Bustos, quien tenía una condena de 20 años de prisión por el homicidio de su hijastro de nueve meses, por el crimen de un policía y las heridas que sufrió otro durante un procedimiento en el que fueron a detenerlo. El tribunal lo encontró responsable del hecho y lo condenó a prisión perpetua con la disidencia de Suárez que entendió que debía recibir una pena de de ocho años.

Luego se conoció que tras la condena, Súarez visitó en distintas oportunidades a Bustos en su lugar de detención y en una filmación se los vio besándose. Fue tras la condena y la entonces jueza explicó que lo visitaba para hacer un trabajo académico. Se inició una causa por mal desempeño de sus funciones y en noviembre del año pasado la magistrada fue destituida. El Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, la encontró responsable de ausencia de imparcialidad, realizar trabajos con provecho personal, falsear la verdad retrasando actos de su función y conducta indecorosa.

“La relación íntima entre un juez y un detenido puede dar lugar a conflictos de interés y prejuicios en los procedimientos legales relacionados con ese condenado, que socava también la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial”, sostuvo el Jurado.

En paralelo a ese proceso, Suárez se inscribió para el concurso 452 del Consejo de la Magistratura para cubrir dos cargos en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El 7 de junio del año pasado la Comisión de Selección del Consejo hizo las entrevistas personales con los postulantes. Una de ellas, Suárez.

La entonces jueza, que ya estaba suspendida en el cargo de magistrada provincial a la espera del inicio del juicio político, se presentó en el Consejo y le preguntaron por el caso de Bustos y específicamente el por qué de esa relación cuando todavía tenía la causa. Suárez dijo que se contactó después de la condena y que entonces lo único que le quedaba por resolver era si acepta la apelación para que el fallo sea revisado por otro tribunal y que no tenía pendiente cuestiones de fondo.

“Las respuestas brindadas no resultaron plenamente satisfactorias para obtener certeza acerca de su conducta”, sostuvo la Comisión de Selección en un dictamen de principio de mes y al que accedió Infobae. Allí los consejeros señalaron que “la idoneidad no refiere exclusivamente al dominio del área de conocimiento por parte de quien pretende ser magistrado de la nación -idóneo como adecuado y apropiado técnicamente para la función- sino y esencialmente, contempla el universo de valores y conductas esperables de quien va a desempeñar la magistratura. En este sentido son esperables un conjunto de conductas que no alteren su objetividad e imparcialidad y que además, se manifiesten como un ejemplo ante la sociedad”.

También resaltaron los alcances del Código Iberoamericano de Ética Judicial y recordaron que el reglamento de concursos establece que los aspirantes que incurrieren en conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética serán apartados por el plenario. Así, el tema llegó al pleno del Consejo que el miércoles pasado por unanimidad apartó a Suárez del concurso para el tribunal oral federal de Comodoro Rivadavia.

La resolución firmada establece que fue excluida “por carecer de la idoneidad requerida para el ejercicio de la Magistratura de la Nación”. Era el única concurso en el que participaba en el Consejo de la Magistratura de la Nación.