Un juez mexicano dictó una resolución histórica en el caso del accidente aéreo ocurrido en Cuba en 2018, que cobró la vida de 112 personas. De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un experto independiente determinó que el siniestro fue un “accidente institucional” causado por negligencia en el mantenimiento de la aeronave, y que el avión nunca debió haber despegado.

Con base en estos hallazgos, el juez ordenó a la aerolínea mexicana Aerolíneas Damojh —que operaba bajo el nombre comercial Global Air— pagar 1.5 millones de dólares en daños a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que interpusieron la demanda inicial. La empresa no se presentó al juicio y fue sentenciada en ausencia.

Un avión con historial de problemas que nunca debió volar

El Boeing 737 se desplomó en un campo agrícola momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en lo que se convirtió en uno de los accidentes aéreos más mortales de Cuba en décadas. De las 113 personas a bordo, solo una mujer cubana sobrevivió. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos cubanos.

Según el informe pericial citado por The Washington Post, los pilotos fueron descritos como una “última línea de defensa” que, trágicamente, no pudo evitar el impacto a baja altitud. El experto concluyó que la causa raíz fue la negligencia sistemática en el mantenimiento de la aeronave por parte de la empresa propietaria.

Samuel González, abogado de los demandantes, aseguró que el propio jefe de mantenimiento de Damojh reconoció ante los familiares, desde el primer día en La Habana, que el avión no debía haber estado en el aire.

“Ese avión voló sobre nuestras cabezas durante 10 años sin mantenimiento. Se cayó en Cuba, pero pudo haber pasado en cualquier lugar”, declaró González.

Cuba señaló error humano; México apunta a negligencia empresarial

Un año después del accidente, Cuba atribuyó la tragedia a error de la tripulación. En México, las autoridades habían suspendido temporalmente a Aerolíneas Damojh y abierto una investigación. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respondió a las solicitudes de comentario de la AP sobre el estado de dicha investigación.

Damojh proporcionó el Boeing 737 y la tripulación mexicana a la aerolínea estatal Cubana de Aviación mediante un contrato de arrendamiento, lo que permitió que una aeronave con un historial documentado de problemas operativos continuara en servicio.

La batalla legal continúa: demanda colectiva y cargos penales

El fallo del 31 de marzo es solo el inicio de un proceso legal más amplio. González indicó que:

• Una demanda civil colectiva en representación de todas las víctimas está en curso.
• Se presentó una denuncia penal por homicidio ante la Fiscalía General de la República contra la empresa y otros responsables.
• La investigación criminal se encuentra estancada porque las autoridades cubanas no han proporcionado la información solicitada.

Además, el abogado señaló que Damojh parece estar tramitando una quiebra, ante lo cual advirtió: “Si es una quiebra fraudulenta, también presentaremos cargos por eso”.

El asegurador de la aeronave fue mencionado en la demanda pero quedó exento de sanciones económicas.

Mensajes compartidos en redes sociales han impulsado la investigación judicial al ofrecer indicios que vinculan a una de las partes con la presunta difusión de afirmaciones falsas. El proceso también examina la eventual manipulación de pruebas y posibles presiones ejercidas sobre testigos para que beneficiaran la declaración de uno de los implicados. Todo ello ha repercutido en la actuación del juez, quien decidió suspender las declaraciones previstas de Iñigo Errejón y la artista Mouliaá por la naturaleza de las supuestas calumnias expresadas por ella, citándolos para una nueva fecha establecida oficialmente para el 24 de abril. La información fue publicada por el medio original.

El medio detalló que la controversia surgió a partir de publicaciones realizadas por la artista en una red social, donde respondió a noticias que circulaban en diferentes plataformas mediáticas. En uno de los mensajes señalados por la querella, la artista negó una de las versiones difundidas sobre Errejón y expresó: “No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad.” Estas afirmaciones forman parte central de la denuncia y han motivado que la autoridad judicial examine posibles delitos de calumnias y manipulación de testimonios.

Según consignó el medio, las acusaciones giran en torno a señalamientos que implican a Errejón con presuntos intentos de influir indebidamente en testigos, atribuyéndole supuestos actos de extorsión. La querella presentada recogió no solo los mensajes digitales de la artista, sino también una lista de publicaciones que, a juicio de la parte denunciante, afectan directamente la percepción pública y el desarrollo del proceso judicial.

De acuerdo con la información difundida, la investigación abarca el análisis de comunicaciones y material que podría ser relevante para esclarecer la veracidad de las versiones expuestas en redes sociales. La decisión de suspender las declaraciones judiciales se produjo luego de que la juez considerara imprescindible delimitar las repercusiones de los mensajes y la naturaleza de las imputaciones formuladas en los medios digitales.

El enfoque de la controversia incluye el examen detallado de las circunstancias en torno a la negativa a entregar el dispositivo móvil por parte de Errejón, acción que fue interpretada por la otra parte como un intento de ocultar posibles evidencias de extorsión a testigos. Este señalamiento ha sido amplificado y debatido ampliamente, tras el impacto que generaron las publicaciones en la red social y su repercusión en la opinión pública.

La actuación judicial, según reportó el medio original, implica la citación de ambas partes para el 24 de abril, fecha en la que se espera avanzar en el esclarecimiento de los hechos y valorar la autenticidad y el alcance de las alegaciones vertidas. El caso permanece bajo vigilancia informativa, mientras las autoridades judiciales analizan la documentación y los mensajes relacionados con la causa.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió hoy la destitución de Mariano Riva, el hasta entonces titular del Tribunal de Trabajo N° 4 de Mar del Plata, tras acreditarse casos de maltrato, acoso sexual y abuso de poder contra empleados judiciales. Se trató de un proceso impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Con el apoyo de los testimonios de más de 20 víctimas y peritajes oficiales, el fallo determinó la máxima sanción prevista. Oscar Yenni, secretario general del gremio, afirmó: “Marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial”.

De esta manera, el jurado consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar las denuncias en contra de Rivas. Entre los hechos que se le adjudicaron, se indicó que solía cambiar los lugares de trabajo de su personal en forma de castigo y realizaba críticas injuriosas.

Según la información publicada por La Capital de Mar del Plata, el ex magistrado también fue acusado de obstruir licencias médicas, de intromisión en la vida privada y de hacer alusiones constantes de índole sexual.

Frente a esto, la secretaria de Género y Diversidad de la AJB, Mónica Blanc, remarcó la necesidad de denunciar y buscar acompañamiento institucional. Asimismo, señaló que “la AJB es el espacio para impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren”.

Durante un diálogo con el medio marplatense 0223, Blanc destacó que “este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de género y libre de violencias”.

Previo a la destitución, Rivas había sido apartado de su cargo en febrero de 2024 por decisión de la Suprema Corte. En esa instancia, le dictaron una licencia compulsiva y, finalmente, le aplicaron un embargo del 40% a su sueldo tras iniciarse el jury en su contra.

El caso del juez Alfredo López, acusado de antisemitismo, será tratado en plenario y quedó al borde del juicio político

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió elevar al plenario la acusación contra Alfredo Eugenio López, el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, por expresiones antisemitas realizadas en su cuenta de X.

La decisión surgió tras una investigación sobre la conducta digital del juez, que incluyó la constatación de un patrón sistemático de mensajes hostiles hacia la comunidad judía, y que podría dar lugar a su suspensión y eventual juicio político si el plenario lo aprueba por mayoría calificada.

Si el plenario del Consejo avala la acusación con los votos de dos tercios de sus 20 miembros, López sería suspendido y sometido a juicio por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, los consejeros Luis Juez y Alberto Maques fueron designados como representantes para esa etapa procesal.

De parte de la acusación, se confirmó que cuenta con un total de 17 mensajes publicados entre septiembre de 2024 y julio de 2025 desde la cuenta @JuezLopezMDP, atribuidos directamente al magistrado. Entre esos contenidos se encuentran frases como: “¿A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”.

El expediente, tramitado bajo el número 19/2025, se inició en febrero de 2025 a partir de denuncias formales presentadas por organizaciones como el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la DAIA, así como por particulares. Los denunciantes aportaron copia certificada de capturas de pantalla de publicaciones y respuestas hechas desde la cuenta personal del magistrado, y sostuvieron que López utilizó la red social para difundir expresiones que comprometen la imparcialidad y el decoro judicial.

El dictamen acusatorio fue elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien aplicó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), vigente en el organismo desde 2024, junto con el llamado “test de las tres D” —demonización, deslegitimación y doble estándar— para distinguir entre crítica política y discurso antisemita.

En la sesión ante la comisión, López reconoció la autoría de las publicaciones y defendió que sus mensajes en X eran un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Argumentó que se trataba de “interpretaciones subjetivas y descontextualizadas” que no comprometían causas en trámite ni afectaban la administración de justicia, y que nunca fue recusado o apartado por conducta parcial.

En línea con esto, el magistrado agregó que no surgía la comisión de delito alguno de la denuncia, y reprochó a las organizaciones denunciantes haber recurrido al Consejo de la Magistratura por faltarle vías legales efectivas.

De la misma manera, también descalificó la legitimidad representativa de la DAIA y el FACA para actuar en nombre de los participantes en la red, y acusó a la DAIA de representar “abiertamente los intereses de un Estado extranjero” más que a la totalidad de la colectividad judía en Argentina.

En su descargo, el juez consideró las denuncias como “una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa” dirigida contra un magistrado con “más de 40 años de trayectoria intachable”. Además, invocó un antecedente de noviembre de 2020, cuando el Consejo archivó una denuncia similar sobre publicaciones en redes sociales, presentada entonces por el diputado Rodolfo Tailhade.

Entre las justificaciones, López sugirió que la motivación real de los denunciantes era la difusión de la orden de captura internacional contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu (emitida por la Corte Penal Internacional) y aludió a su propia condición de católico como causa de supuesta persecución religiosa.

En el dictamen, el senador Juez sostuvo que los mensajes de López constituyeron “un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo” y no pueden considerarse manifestaciones aisladas o simples opiniones polémicas. Asimismo, resaltó la gravedad de la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento” de las expresiones, factor al que atribuye relevancia para evaluar la capacidad del magistrado de cumplir funciones con imparcialidad.

La decisión se tomó durante las audiencias de control de garantías, después de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de homicidio a título de dolo eventual, cargo que el procesado no aceptó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la investigación presentada por el ente judicial, los hechos ocurrieron en una calle del sector de Engativá, donde Luis Ramírez, el adulto mayor y arquitecto, intentaba cruzar la vía por el paso peatonal.

Las imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron que la víctima esperó pacientemente antes de atravesar la calle, al dejar pasar varios vehículos para garantizar su seguridad. Entre estos, se observan motocicletas y un bus que avanzaron antes de que Ramírez decidiera cruzar.

El material evidenció que el conductor, identificado como Brayan González, se desplazaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol; sobre las 6:00 p. m., en la intersección de la calle 63 con carrera 121. La colisión fue inevitable y el adulto mayor resultó gravemente herido, falleciendo poco después debido a la magnitud del impacto.

Las imágenes también demostraron que Ramírez no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente, ya que el intento del motociclista de escapar se vio detenido gracias a que un testigo del accidente logró retenerlo hasta que llegaron agentes de la Policía, lo que reforzó la imputación de la Fiscalía sobre la conducta del conductor.

Durante la audiencia, el juez explicó que la decisión de imponer la detención preventiva se basó no solo en la gravedad del hecho, sino en la conducta del acusado posterior al accidente.

Según el togado, González intentó evadir a las autoridades, hecho que generó preocupación sobre su disposición a enfrentar el proceso judicial.

“Ese interés de la persona en evadirse del lugar de los hechos y que tuvo que ser la comunidad la que logró contenerlo para que llegara a los servidores de Policía”, señaló el juez durante la audiencia.

Además, señaló que, durante la etapa de judicialización, el acusado mostró actitudes que indicaban su intención de evitar la responsabilidad penal. Entre estas conductas se incluyeron amenazas sobre su propia integridad física.

“Ese interés de la persona en afectar su integridad física e, inclusive, amenazar con culminar con su vida para buscar así también evadirse de esas responsabilidades”, añadió el togado.

Debido a esta serie de factores, el juez concluyó que medidas menos restrictivas no garantizarían el cumplimiento de los fines del proceso penal. Por lo tanto, sostuvo que “lo que nos queda es acudir a una medida mucho más restrictiva, lo que nos ubica en la detención preventiva en establecimiento de reclusión”, así apoyó la solicitud presentada por la Fiscalía.

Mientras la entidad judicial continúa con la recolección de pruebas, incluido el análisis de los registros de video, testimonios de testigos y evaluaciones periciales sobre el estado del conductor al momento del accidente, Brayan González permanecerá privado de la libertad.

Esta sería la posible pena contra el motociclista que atropelló al adulto mayor

En Colombia, el homicidio cometido bajo dolo eventual se sanciona con las mismas penas que el homicidio doloso, ya sea simple o agravado, ya que la ley considera que el dolo es único.

Esto significa que no hay una categoría especial de pena llamada “dolo eventual” en el Código Penal. El dolo eventual se produce cuando una persona actúa con la conciencia de que su conducta puede causar la muerte de alguien, pero procede dejando el resultado al azar, a diferencia del dolo directo, en el que se busca causar la muerte de manera intencional.

Las penas varían según la gravedad del homicidio. Para el homicidio simple bajo dolo eventual, la legislación establece un rango de 208 a 450 meses de prisión (17 a 37 años aproximadamente).

Entre los objetos recuperados se encontraban varias pertenencias que habían sido denunciadas como robadas y que el sospechoso aún tenía consigo al momento de ser identificado, según consignó Europa Press. El hombre fue arrestado por la Policía Nacional en Salamanca tras un operativo en el que los agentes ubicaron múltiples pruebas que lo relacionaban con un robo perpetrado en el almacén de un restaurante.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los hechos sucedieron el domingo 8 de marzo alrededor del mediodía. El individuo forzó la entrada al almacén, fracturando un cristal de la puerta para acceder a las taquillas del personal. En el lugar sustrajo una mochila, documentos de identidad, varias carteras, tarjetas bancarias, llaves, distintas prendas de vestir, un reloj, un teléfono móvil y la suma de 300 euros en efectivo.

Tras la comisión del delito, el detenido dejó en el sitio una bandolera que portaba sustancias estupefacientes, documentación judicial y su propia identificación, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional y recogida por Europa Press. La situación fue advertida inicialmente por un empleado del restaurante, que observó que uno de los cristales de acceso al almacén estaba roto. Además, se percató de la presencia de una bandolera que no correspondía a ninguno de los empleados habituales del establecimiento.

A través de la investigación, los funcionarios de la Policía Nacional revisaron los objetos hallados en el almacén. En el interior de la bandolera abandonada encontraron tanto la documentación personal del presunto autor como papeles vinculados a procesos judiciales, lo que facilitó su identificación. Los informes recopilados por Europa Press detallan que la policía vinculó de inmediato la documentación al sospechoso y activó una búsqueda para dar con su paradero.

El jueves 12 de marzo, agentes en servicio localizaron al hombre en la calle Linares de Salamanca. Al proceder a su identificación, los policías comprobaron que portaba consigo efectos personales, algunos de los cuales correspondían a los objetos denunciados como robados en el incidente del almacén del restaurante ocurrido días antes. Entre los artículos recuperados figuran diversos objetos personales y documentos pertenecientes a las víctimas.

Tras la intervención, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al sospechoso y aseguraron los bienes sustraídos. Los objetos incautados fueron devueltos posteriormente a sus propietarios, según informó Europa Press. El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y para completar todos los trámites documentales requeridos.

Cuando concluyeron las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición judicial. El juez de guardia estudió la información policial y, ante la evidencia recabada, decretó el ingreso en prisión del hombre por el robo con fuerza, la tenencia de sustancias prohibidas y por la documentación judicial hallada junto a su identificación en el escenario del delito. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre los empleados del restaurante y la intervención policial para resolver el caso y proceder a la restitución de los objetos robados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las medidas de jubilación y retiro anticipado implementadas en el estado de Chihuahua para personas juzgadoras, al determinar que estas disposiciones transitorias resultan constitucionales en el contexto de la reforma al Poder Judicial de 2024, con el objetivo de asegurar la protección laboral y de seguridad social ante la salida anticipada de sus cargos.

Según informó la SCJN en un comunicado de este 9 de marzo, la decisión busca evitar un estado de indefensión para los funcionarios afectados, garantizando la legalidad y la sostenibilidad financiera de los beneficios otorgados.

El fallo, dictado y resuelto en el Pleno este 9 de marzo, especifica que las fracciones II y III del artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua cumplen con los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez exigidos por el artículo 134 de la Constitución federal.

La reforma al poder judicial en Chihuahua implicó la terminación anticipada de ministros en el estado

Las indemnizaciones y pensiones involucradas se determinan por norma legislativa, se calculan en función de los años de servicio y se financian con recursos ya asignados en los presupuestos de egresos, conforme lo exigen los artículos transitorios de la reforma judicial federal y el artículo 127 relativo a remuneraciones y haberes de retiro.

Dicha reforma del Poder Judicial, aprobada en 2024, establece el respeto a los derechos laborales de los integrantes de los juzgados y obliga a prever pensiones complementarias y otras prestaciones para quienes deben dejar su cargo.

En el caso de Chihuahua, el rediseño institucional derivado de la reforma implicó la terminación anticipada de jueces y magistrados, lo que motivó la implantación de estas medidas específicas para proteger su seguridad social.

El texto del comunicado destaca que las disposiciones cuestionadas “responden a una situación extraordinaria: la salida anticipada de personas juzgadoras derivada de un rediseño institucional”. Por ello, la SCJN concluye que no se trata de la creación de un régimen privilegiado, ni de una violación al principio de igualdad frente al resto de los trabajadores de Chihuahua, sino de un mecanismo previsto para mitigar los efectos de un cambio estructural en el Poder Judicial.

Además, el esquema de compensaciones y pensiones, recalca el comunicado, está alineado con las normas de gasto público y no representa un impacto adicional sobre los presupuestos estatales, ya que “se financian con recursos ya previstos en los presupuestos de egresos”.

Críticas por la decisión de la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama manifestó su voto en contra de la validez de una de las fracciones de la reforma a la Ley del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, destacando que el beneficio de pensión parcial para jueces y magistrados con al menos diez años de servicio constituye un trato diferenciado injustificado en el ámbito público local.

En su intervención, Batres aclaró que apoya únicamente la validez de la fracción tercera del segundo transitorio del decreto, que regula la liquidación para jueces y magistrados que decidieron no participar en el proceso de elección y tengan menos de diez años de servicio.

La ministra Batres explicó su rechazo a la fracción segunda del transitorio, la cual otorga a jueces y magistrados con más de diez años de servicio pero que no cumplen con los requisitos para la pensión una compensación adicional, consistente en un finiquito y un porcentaje de la compensación mensual a modo de pensión complementaria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió este domingo en sus redes sociales una tarjeta informativa y un vídeo sobre el evento “Avances, retos y liderazgo de las mujeres en la sociedad actual”, organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa en la Suprema Corte

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública. Propuesta por el presidente de la República en 2019, fue ratificada por el Senado como ministra número doce en la historia de la SCJN, y tras la elección judicial de 2025 fue reelecta para continuar en el cargo hasta 2034.

Por una justicia tangible y equitativa: el llamado de la ministra Esquivel Mossa

Durante el evento, la ministra refrendó su compromiso con una justicia tangible, no archivada, y con una abogacía al servicio del pueblo. “Por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo, sino una libertad plena, alzaremos la voz hasta que no haya violencia ni discriminación, hasta que nuestros derechos sean respetados y podamos vivir en libertad”, afirmó ante las y los asistentes.

En el acto realizado en la zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa subrayó la importancia de construir una justicia accesible para todas las personas, con decisiones justas que protejan los derechos desde una perspectiva de derechos humanos y enfoques diferenciados.

De la misma manera, subrayó que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un deber institucional del Estado, pero también una convicción personal, por lo que anunció que continuará trabajando hasta que la igualdad de oportunidades, la justicia laboral igualitaria y la erradicación de la violencia sean una realidad para todas.

Magistradas llaman a la corresponsabilidad y reconocen avances en igualdad judicial

El encuentro reunió a diversas voces del ámbito jurídico. La magistrada Nelly Montealegre Díaz destacó que en 2015 había 87 juezas frente a 337 jueces, mientras que hoy el número es prácticamente igual: 375 juezas y 374 jueces. “Esto no es una concesión histórica, sino el resultado de décadas de lucha, preparación y persistencia”, aseguró.

Por su parte, la magistrada Gisela Barrón hizo un llamado a dejar de romantizar la resiliencia femenina: “Estamos cansadas de ser fuertes por necesidad; el futuro debe construirse con una corresponsabilidad real”. El acto cerró con la interpretación del tema “Sin Miedo” a cargo de un ensamble musical.

La cifra total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional entre 2021 y 2025 revela una tendencia sostenida de crecimiento en estos procedimientos a lo largo de los últimos cinco años. Este aumento anual continuado ha situado a 2025 como el año con el mayor número de expulsiones registradas, según datos oficiales revisados por Europa Press y recogidos en las estadísticas del Ministerio del Interior. La información muestra que, solamente en 2025, el total de expedientes alcanzó 3.398, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior, y refleja una subida del 67% respecto al dato de 2021.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y reportados por Europa Press, la evolución de estas cifras muestra un crecimiento paulatino año a año. En 2021 se tramitaron 2.025 expedientes de expulsión; en 2022, la cifra se elevó a 2.627; en 2023, se situó en 3.090; mientras que en 2024 se registraron 3.031 expulsiones, prácticamente la misma cantidad que el año anterior. La continuidad de este ascenso alcanzó su máximo en 2025, con los 3.398 procedimientos suministrados por el Ministerio del Interior, que deja constancia de una política sostenida y creciente en la tramitación de expedientes de expulsión.

La estadística recogida por Europa Press se centra únicamente en los expedientes de expulsión tramitados por la Policía Nacional, el cuerpo encargado de forma exclusiva de estos procedimientos bajo lo establecido en la Ley de Extranjería. Dichos datos no incluyen las devoluciones de migrantes en situación irregular, sino que se refieren a aquellos casos en los que el expediente de expulsión obedece a motivos relacionados con la seguridad nacional u otras circunstancias especificadas por la legislación.

El procedimiento para la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular dispone de distintos cauces legales conforme a la Ley de Extranjería. Según detalló Europa Press, puede iniciarse un expediente de expulsión de tipo ordinario o preferente, dependiendo de cada caso particular y en función de lo tramitado por la Policía Nacional. Todos estos procesos cuentan con la posibilidad de recurso, por lo que la decisión definitiva suele recaer sobre la autoridad judicial encargada de revisar cada expediente.

Además de los procedimientos administrativos amparados en la Ley de Extranjería, Europa Press informó que el artículo 89 del Código Penal español contempla la opción de sustituir la condena de prisión por la expulsión directa al país de origen, siempre que la pena impuesta supere un año. En la situación en la que el extranjero justifique haber residido en España durante más de diez años, el tiempo de pena ligada a la expulsión aumenta a cinco años, y, en tales circunstancias, las autoridades deben examinar la posible reincidencia antes de ejecutar la decisión definitiva.

La suma de procedimientos ejecutados entre 2021 y 2025 refleja la dimensión del fenómeno. El Ministerio del Interior, según consigna Europa Press, ha evaluado ese periodo en el que 14.171 personas extranjeras han sido expulsadas conforme a la normativa vigente, reiterando la función que cumple la Policía Nacional en el desarrollo de estas acciones. Esta dinámica evidencia la evolución del enfoque institucional frente a las cuestiones migratorias y los procedimientos derivados de la aplicación de las leyes españolas sobre extranjería y penal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos criterios importantes que impactan directamente en los juicios penales en México.

Las resoluciones explican, de forma clara, en qué casos un juez puede impulsar el cambio de abogado defensor y a partir de qué momento empieza a correr el plazo para apelar una sentencia penal.

Ambos criterios buscan que las personas tengan una defensa real y que no haya confusión en los tiempos legales.

¿Puede un juez cambiar al abogado de una persona acusada?

La Corte validó el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la persona juzgadora promover el cambio de defensor o defensora sólo en casos muy específicos.

Esto aplica cuando el abogado demuestra una incapacidad técnica clara y repetida que ponga en riesgo la defensa de la persona imputada.

La Suprema Corte dejó en claro que no se trata de quitar abogados por cualquier error, sino de evitar que una mala defensa afecte seriamente el derecho de la persona acusada a un juicio justo.

Qué sí es incapacidad técnica y qué no

Para que proceda un cambio de defensor, deben existir señales objetivas y constantes de que el abogado no está cumpliendo con su trabajo. La Corte explicó que algunos ejemplos son:

• No conocer reglas básicas del proceso penal
• No presentar recursos o defensas sin una razón válida
• Dejar pasar actos importantes del juicio
• Abandonar de hecho la defensa de su cliente

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal aclaró algo clave: un juez no puede cambiar a un abogado solo porque no le gusta su estrategia.

Las decisiones de defensa pueden variar y eso no significa que sean malas o incorrectas. Lo que importa es si hubo negligencia o desinterés real.

Qué debe hacer el juez antes de cambiar al abogado

La Suprema Corte también explicó que, antes de impulsar un cambio de defensor, el juez debe respetar varios pasos para proteger los derechos de la persona acusada:

• Escuchar lo que opina la persona imputada
• Respetar su derecho a elegir a su abogado
• Explicar claramente por qué considera necesario el cambio
• Dar tiempo suficiente para que el nuevo abogado prepare la defensa

Si estos pasos no se cumplen y no hay una justificación clara, el cambio de abogado puede ser inconstitucional, ya que también afecta la reputación y la independencia profesional de las y los abogados.

¿Desde cuándo se puede apelar una sentencia penal?

En otro tema, la Suprema Corte aclaró desde qué momento empiezan a contar los diez días para apelar una sentencia penal.

La Corte confirmó que el plazo comienza al día hábil siguiente de la audiencia donde el juez lee y explica la sentencia.

Esto se debe a que en esa audiencia las partes conocen directamente las razones del fallo, pueden hacer preguntas y, además, ya deben tener acceso a la versión escrita de la sentencia.

Con esta información completa, las personas pueden decidir si apelan o no.

La Corte concluyó que esta regla es clara, razonable y no limita el derecho a impugnar una sentencia.

Estas decisiones quedaron establecidas en el Amparo en Revisión 370/2025, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte el 27 de enero de 2026, y sirven como guía para que los juicios penales sean más claros y justos para todas las personas.

Debido a la difusión de videos en los que amenazó a guardianes del Inpec y jueces de la República, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, más conocido como “el Negro Ober”, ha sido tendencia en más de una ocasión en Colombia.

Precisamente, por el comportamiento mencionado, que ha provocado que sea trasladado de prisión en más de una ocasión, el 20 de enero se confirmó que un juez sumó 36 meses de cárcel a la condena que purga “el Negro Ober”, al ser declarado culpable del delito de amenaza contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La determinación del juez se registró debido a que el material probatorio no dejó dudas sobre las amenazas que recibió un fiscal en Bucaramanga que estaba investigando a Julieth Vanessa Martínez Cantillo, esposa del líder de Los Rastrojos Costeños.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas se registraron durante los avances del proceso en contra de Martínez Cantillo, imputada por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada.

En el proceso mencionado, “el Negro Ober” aceptó los cargos y, con la asesoría de un abogado, llegó a un acuerdo con la fiscalía, el mismo que ya fue avalado por un juez de control de garantías.

Además de los tres años de prisión, el criminal que se encontraba en la cárcel de Girón cuando grabó el video por el que fue condenado, deberá pagar una multa equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Durante las audiencias se descartó que se tratara de un hecho aislado, puesto que no era la primera vez que Martínez tenía este tipo de comportamientos en prisión, dejando en evidencia al personal del Inpec por el uso indiscriminado de tecnología y lujos que no debería tener un recluso en prisión.

Además del juez en Bucaramanga, en el video “el Negro Ober” amenazó a comerciantes y periodistas en Barranquilla, a los que les prometió una oleada de violencia si no seguían sus indicaciones.

En el comunicado de prensa con el que se confirmó la adición en la condena del imputado, la Fiscalía General de la Nación envió un mensaje a los reclusos que han protagonizado casos de la misma índole en los últimos meses.

“El mensaje es claro: las intimidaciones, incluso cuando se realizan desde centros carcelarios, tienen consecuencias penales y no quedarán en la impunidad”.

¿Quién es ‘el Negro Ober’?

Ober Ricardo Martínez tiene 37 años y es mencionado por las autoridades como líder de Los Rastrojos Costeños, una organización criminal que opera en Barranquilla y otras zonas del Atlántico.

Actualmente, cumple una condena de 50 años en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo por delitos como extorsión, homicidio, ataques a la población civil y tráfico de drogas.

No siempre estuvo vinculado a Los Rastrojos, puesto que ha formado parte de distintas bandas delictivas. A pesar de su captura y condena, ha sido señalado por continuar ejerciendo poder sobre la organización criminal y por ordenar extorsiones y atentados, incluso contra comerciantes y empresas de transporte.

Su esposa, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, también conocida como alias Johanna, tiene 28 años y enfrentó cargos por concierto para delinquir y extorsión. Tras la captura de Ober, asumió el control de Los Rastrojos Costeños y se encargó de cobrar el dinero proveniente de las extorsiones, administrar ganancias y efectuar pagos a miembros del grupo. Fue detenida en Bogotá, donde presuntamente intentaba invertir parte del dinero ilícito para evitar el rastreo de las autoridades.

La influenciadora colombiana Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cumplir una pena de cinco años y dos meses de prisión, por cometer actos vandálicos contra las estaciones de TransMilenio y compartirlos en sus redes sociales en 2019.

El fallo, que se leyó el miércoles 29 de enero de 2025, confirma que no gozará del beneficio de casa por cárcel debido a las graves imputaciones. La decisión se fundamenta en los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La defensa de la creadora de contenido, comandada por el abogado Francisco Bernate, ha planteado alternativas para poner en libertad a Barrera, que lleva más de 10 meses en prisión. Entre ellas, apegarse a un proceso de justicia restaurativa, un mecanismo con el que busca que su cliente repare el daño causado por fuera del centro penitenciario.

A pesar de ello, el 13 de enero de 2026, se reveló que un juez de ejecución de penas negó a Daneidy Barrera Rojas la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. En consecuencia, la empresaria seguirá privada de la libertad, en la Escuela de Carabineros de Bogotá, hasta que cumpla la pena impuesta por la justicia colombiana.

En reacción a la decisión, la defensa de la creadora de contenido solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela que pone en tela de juicio la legalidad de la condena contra Epa Colombia.

Las estrategias fallidas de Epa Colombia para reducir su pena y salir de la carcel

El 28 de septiembre de 2025, Daneidy Barrera Rojas presentó una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Hilda González Neira firmó la admisión y dispuso la recolección de diferentes conceptos, con el objetivo de tomar una decisión de fondo en los próximos días.

En su acción judicial, la empresaria sostuvo que la sala penal del máximo tribunal no consideró su condición de madre cabeza de familia ni el hecho de haber reparado económicamente a las víctimas reconocidas en su expediente. Por ello, alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad. La petición recibió una respuesta negativa por parte de la entidad. Sin embargo, Epa Colombia no se rinde en su propósito de abandonar la cárcel.

Como acto de buena fe, Barrera Rojas llegó a un acuerdo con TransMilenio S.A., para indemnizar a la empresa de transporte por los hechos que protagonizó en 2019.

En la negociación se estableció que deberá pagar $100.000.000 a la entidad de servicio urbano, además de que estará obligada a realizar actividades pedagógicas tanto en espacios públicos como en redes sociales, una vez culmine su condena y ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.

TransMilenio precisó: “Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”.

Y agregó: “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”.

Incluso, Barrera Rojas se comprometió a emplear su experiencia digital para promover el respeto a la infraestructura y a los funcionarios del sistema, así como para sensibilizar sobre las consecuencias de colarse o causar daños a las estaciones y buses.

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial resolvió inhabilitar por un año a un juez de Distrito adscrito a un Centro de Justicia Penal en el estado de Guerrero, luego de acreditar graves faltas administrativas, entre ellas hostigamiento sexual, hostigamiento laboral y uso indebido de facultades y recursos del Estado para beneficio personal.

De acuerdo con la resolución, el juzgador incurrió en conductas contrarias a la legalidad y a la ética judicial, al utilizar su cargo para simular una actuación judicial y valerse de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales con el fin de resolver un conflicto privado relacionado con la recuperación de un vehículo y el cobro de una deuda.

Uso indebido de fuerzas armadas para un conflicto personal

Según la investigación de la Comisión de Disciplina, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2022, cuando el juez solicitó a una oficial judicial que lo acompañara a un lugar no especificado, además de pedir una unidad blindada, una camioneta Suburban blanca y dos elementos armados como parte del traslado.

El grupo se dirigió a un domicilio donde, presuntamente, el juez pretendía recuperar un vehículo que había intercambiado con un integrante de la Marina, quien —según su versión— no había cubierto el pago acordado. Ya en el lugar, el juzgador amenazó a dos mujeres, identificadas como la esposa y la madre del marino, con llevarse el automóvil mediante una grúa.

La presencia de elementos armados sin orden judicial provocó molestia entre los habitantes del condominio, quienes exigieron que se retiraran. Pese a ello, el juez advirtió que, si el pago no se concretaba en media hora, procedería a retirar el vehículo.

Intimidación, presión y simulación de autoridad

Durante el altercado, las mujeres informaron que habían contactado a su abogada y a ministerios públicos, al considerar que la actuación del juez era irregular. Ante ello, el juzgador solicitó refuerzos, lo que derivó en la llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y policías estatales, con aproximadamente 15 elementos armados.

Minutos después, tras una llamada del padre del marino y la confirmación de una transferencia bancaria, el juez ordenó retirarse del lugar, concluyendo así un operativo que fue calificado como intimidatorio y abusivo.

Hostigamiento sexual y laboral

Además del abuso de poder, la Comisión de Disciplina acreditó que el juez incurrió en hostigamiento sexual contra una subordinada, así como hostigamiento laboral en perjuicio de dos colaboradores, una mujer y un hombre, lo que agravó la sanción impuesta.

Por estos hechos, el Tribunal determinó que el juzgador no podrá desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público durante un año.

“No se permitirán abusos ni impunidad”: Comisión de Disciplina

El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, afirmó que no se tolerarán abusos ni actos de impunidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Subrayó que se sancionará con todo el rigor de la ley a quienes traicionen la confianza pública y utilicen de forma indebida los recursos del Estado mexicano.

Claudio Azul Bañuelos Jurado, de apenas 24 años, se convirtió en el centro de una fuerte controversia luego de confundir a la víctima con el culpable durante una audiencia penal.

El incidente se viralizó en redes sociales y provocó críticas inmediatas sobre la preparación y experiencia de los funcionarios judiciales jóvenes.

La situación generó un debate nacional sobre los criterios de selección de jueces y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de alta relevancia.

El error ocurrió cuando Azul Bañuelos mencionó por equivocación el nombre de la víctima al dictar la sentencia, aunque al momento le mencionaron que estaba en un error la difusión del video evidenció su falta de experiencia.

Tras el incidente el joven juez solicitó una licencia laboral de un mes y, posteriormente, presentó su renuncia, la cual actualmente se encuentra en revisión por el Poder Legislativo.

Cuestionamientos sobre la experiencia judicial

La licencia laboral de Azul Bañuelos estaba programada para terminar en diciembre, pero su ausencia prolongada en las audiencias siguientes llamó la atención-

Finalmente, la solicitud de renuncia fue presentada al Poder Legislativo, donde aún se encuentra en proceso de aprobación. El joven juez fue electo en un proceso organizado por el Instituto Estatal Electoral, lo que lo convirtió en el juez penal más joven de México.

Su nombramiento fue celebrado por quienes aplauden la renovación, pero también cuestionado por otros, que señalaron que la juventud y la falta de experiencia podrían afectar la toma de decisiones en casos complejos.

Reacciones en redes sociales

El video que registró el error de Azul Bañuelos se volvió viral, acumulando miles de comentarios que criticaban la falta de preparación del joven juez.

Muchos usuarios destacaron la importancia de la experiencia y cuestionaron cómo personas tan jóvenes pueden asumir decisiones que afectan directamente la vida de las personas.

La repercusión ha sido tal que el caso ha sido retomado por medios nacionales, aumentando la presión sobre el Poder Judicial de Aguascalientes.

Aunque el juez trató de rectificar la situación de manera inmediata, la viralización del video dejó en evidencia que la corrección tardía no siempre modera el impacto de los errores. Actualmente la designación de un nuevo juez no ha comenzado oficialmente.

Respecto a su postura sobre la conformación ideal, señaló que cinco jueces es el número adecuado, ya que en esa integración cada expediente es debatido por todos los miembros y favorece una deliberación sustancial sobre cada fallo. “Cinco es el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte”, analizó; y en ese sentido explicó: “Cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de cinco, la mayoría es tres y todos intervienen. Es decir, que aunque los tres primeros, siendo cinco, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros tres puede cambiar su criterio”.

Por otro lado, distinguió este modelo de los de siete o nueve integrantes, donde, a su criterio, el circuito para el análisis de los casos se vuelve excesivamente extenso y podría dificultar la construcción de consensos. “Si usted hace una Corte de siete, la mayoría es cuatro, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa”, planteó y remarcó que el tribunal debería intervenir solo en aquellos temas “en los que hay una cuestión estrictamente constitucional”.

Para explicar el funcionamiento actual del organismo, Rosatti acudió a un ejemplo. “Estamos jugando un partido de fútbol de once jugadores con siete, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones porque tenemos que hacer malabares”, detalló en diálogo con Carlos Pagni al aire de LN+. Según Rosatti, las actividades que llevan a cabo requieren una organización que, ante la cantidad de gente disponible, puedan sacar el trabajo.

“Todas las semanas tenemos acuerdo, inexorablemente. En el acuerdo discutimos las sentencias que queremos sacar en las semanas subsiguientes, quiere decir que es un debate anticipado sobre lo que vamos a hacer en las semanas o meses subsiguientes”, relató, y continuó: “Previamente, nos reunimos entre nosotros, con nuestros letrados, con los secretarios, y vamos tratando de ponernos de acuerdo”. “Ponerse de acuerdo, yo diría el noventa y ocho por ciento de las sentencias, es unanimidad, en este caso, tres firmas. Si no se llama a un conjuez”, añadió en referencia a la modalidad adoptada debido al número reducido de magistrados.

De igual forma, Rosatti señaló que la dotación de letrados en la Corte es considerablemente inferior a la de algunos estudios jurídicos privados de Buenos Aires. Mientras en ciertos despachos de la ciudad trabajan hasta trescientos abogados, en el máximo tribunal la cantidad es mucho menor. Sobre la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas, el presidente del tribunal expresó: “Esta es la única forma de trabajar sin inteligencia artificial por ahora, porque este reparto, a lo mejor, algún día podría hacerse por inteligencia artificial, pero a veces delira y podemos tener ahí problemas”.

“Este año va a ser el récord histórico desde la fundación de la Corte Suprema de Justicia en 1863 de cantidad de sentencias. Nunca antes, como hoy”, dijo Rosatti quien indicó que se van a firmar “más de trece mil” sentencias, teniendo en cuenta que aún no terminó el año.

De esta manera, reiteró la importancia de que existan más plenarios o instancias de casación en todos los fueros, de modo de unificar criterios antes de llegar al máximo tribunal. “Nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia”, analizó. Aunque, por otro lado, destacó: “El trabajo de estos últimos años se ha organizado muy bien, pero hay que decir que estamos al límite, por supuesto”.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá luego de que un juez de tutela le ordenara retractarse públicamente de sus declaraciones sobre Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía, hermanos del congresista norteamericano Bernie Moreno.

Las acusaciones del mandatario, que vinculan a los hermanos con presuntos delitos relacionados con el “robo del Banco del Pacífico” y el “volteo de tierras” en la Hacienda San Simón —en la sábana de Bogotá— fueron desestimadas por el juez, que concluyó que no había pruebas ni decisiones judiciales previas que las respaldaran.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El juez argumentó que, aunque Petro tiene libertad de expresión, no puede hacer afirmaciones sin pruebas que puedan dañar la reputación de las personas mencionadas. En el fallo se ordenó al presidente rectificarse públicamente y ofrecer excusas dentro de un plazo de 48 horas a través de los mismos medios en los que hizo las acusaciones, además, la retractación debía mantenerse en sus redes sociales por tres meses.

Sin embargo, Petro no ha mostrado intención de cumplir con el fallo. El 15 de diciembre, en su cuenta de X, respondió al juez de forma desafiante, insistiendo en que las pruebas que sustentan sus acusaciones son parte de un debate público realizado hace más de un cuarto de siglo.

En su mensaje, destacó que estas pruebas fueron documentadas en medios de comunicación como El Tiempo y que el debate sobre el “volteo de tierras” en la Hacienda San Simón también se dio públicamente en el Congreso de Colombia.

“El juez dice que no hay pruebas sobre el caso del Banco del Pacífico y el papel de Luis Alberto Moreno. No tengo la culpa que haya olvidado leer. Porque todas las pruebas son parte de mi debate público hecho hace un cuarto de siglo”, escribió el mandatario en su red social.

Petro fue tajante al señalar: “La historia no se borra jurídicamente. Solo hay que leer e investigar sin miedo al poderoso. Si en un cuarto de siglo no fui rectificado menos ahora. Lo dicho, dicho está y quedó comprobado”.

Las acusaciones que originaron la tutela se basan en intervenciones públicas de Petro, incluidas una transmisión en el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2025, una alocución presidencial del 13 de noviembre y un mensaje en X del 18 de noviembre. En estos, Petro vinculó a los hermanos Moreno con presuntos actos de corrupción y delitos graves, pero sin ofrecer pruebas judiciales que respaldaran sus palabras.

Petro acusó a los hermanos Moreno de estar involucrados en un desarrollo inmobiliario en la Hacienda San Simón, un proyecto que transformó más de 300 hectáreas de humedales y reservas ambientales en un exclusivo proyecto urbano.

Petro dio explicaciones de sus señalamientos contra la familia del congresista norteamericano

Como primer mensaje, el 12 de diciembre, al que él se respondió, el presidente Petro recordó denuncias previas de tráfico de influencias en el gobierno de Andrés Pastrana y alertó sobre los riesgos ambientales de dichos desarrollos. A su vez, mencionó que estas actividades estaban vinculadas con el narcotráfico, aludiendo a los audios de “Ñeñe” Hernández de 2020.

Además, Petro acusó al senador Bernie Moreno de ser el autor de un plan, denominado la “Doctrina Trump” —refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, que supuestamente busca desestabilizar su Gobierno. En este sentido, señaló que su lucha contra el narcotráfico y su enfoque en la equidad social eran contrarios a los intereses de los Moreno, que, según él, defendían proyectos privados en lugar del bienestar colectivo.

El mandatario aseguró que la situación refleja una “vendetta personal” por sus denuncias sobre los presuntos actos de corrupción en la Hacienda San Simón, un tema que le provocó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, de acuerdo con sus denuncias.

En este mensaje, el presidente compartió cada una de sus afirmaciones junto con enlaces que respaldan sus palabras, como artículos en medios de comunicación, debates en el Concejo de Bogotá y noticias de distintas épocas. Por eso, en su posterior publicación, Petro indicó que al juez le había faltado leer para comprender la base de sus declaraciones.

Entre los factores que han profundizado la investigación oficial destaca el hallazgo de que los sistemas de alarma de los ocho bloques del complejo implicado posiblemente no funcionaron de manera adecuada. Esta situación, señalada por el Cuerpo de Bomberos local y reportada por distintos medios, ha impulsado a las autoridades a analizar si hubo fallas técnicas o de mantenimiento que hayan impedido la evacuación oportuna de los residentes. La noticia central se enfoca en la creación, este martes, de una comisión independiente destinada a dilucidar las causas del incendio sucedido en el complejo de rascacielos de Tai Po, donde han fallecido al menos 156 personas y otras treinta se encuentran desaparecidas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Hong Kong y detallado por diversas agencias de noticias, el jefe del Gobierno local, John Lee, anunció en conferencia de prensa la formación de esta comisión encargada de esclarecer el origen y desarrollo del siniestro. La comisión analizará si la utilización de materiales inadecuados en las renovaciones de las torres contribuyó a que el fuego se expandiera con mayor rapidez. Según explicó John Lee, la presidencia de la comisión recaerá en un juez que debe asegurar tanto la independencia del proceso investigativo como su credibilidad pública.

Hasta el momento, las fuerzas del orden han procedido a la detención de quince personas vinculadas presuntamente con el incidente bajo acusaciones de homicidio involuntario. Entre los arrestados figuran dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa Prestige Construction & Engineering, encargada de las recientes obras de remodelación del complejo. Las pesquisas buscan determinar si durante la ejecución de los trabajos se incumplieron normativas sobre seguridad, lo que podría haber derivado en una tragedia de esta magnitud, según consignó el medio que da cobertura al caso.

El Cuerpo de Bomberos de Hong Kong también ha señalado que existen pruebas que apuntan a fallos en los mecanismos de alerta temprana de incendios instalados en el lugar. De acuerdo con los reportes, la posible inoperatividad de los sistemas de alarma habría comprometido la capacidad de huida y la protección de los habitantes, dificultando la labor de los equipos de rescate. Las autoridades no descartan que entre las causas principales del alto número de víctimas se encuentren deficiencias en los procedimientos de seguridad y en la gestión del edificio antes y durante el incendio.

La comisión de investigación deberá recabar pruebas, analizar documentación técnica y establecer responsabilidades tanto a nivel administrativo como penal. Además, evaluará si la gestión de la emergencias y las condiciones de infraestructura respetaron las normativas vigentes de Hong Kong. Entre sus misiones también figura proponer cambios legales o regulatorios si se confirman carencias o irregularidades en las prácticas de construcción y mantenimiento.

Estos hechos surgen en un contexto de fuerte conmoción social por la magnitud de la tragedia y la incertidumbre en torno al paradero de las personas desaparecidas. Las autoridades han señalado que el balance provisional de víctimas podría variar conforme avance la labor de identificación y localización. El proceso de investigación busca aportar certezas y dar respuesta a las inquietudes de los familiares y de la opinión pública local.

La tragedia ha suscitado una amplia discusión sobre los estándares de seguridad en edificios de gran altura y la vigilancia sobre empresas que operan en el sector de la construcción. De acuerdo con distintos reportes, la posible utilización de materiales no homologados o que no cumplen con los requisitos ignífugos constituye una de las principales hipótesis que maneja la comisión. Los resultados de esta investigación definirán si existió negligencia o incumplimiento deliberado por parte de quienes participaron en la reforma del conjunto residencial.

El caso de Tai Po se ha convertido en uno de los incidentes más graves en la historia reciente de Hong Kong en materia de seguridad y prevención de riesgos en la construcción urbana. Funcionarios y expertos han subrayado la importancia de esta comisión para esclarecer los hechos y sentar nuevas bases en la legislación, así como garantizar que situaciones similares puedan prevenirse mediante controles más estrictos y una mayor transparencia en los procesos de supervisión y ejecución de obras.

Mientras prosigue la identificación de víctimas y se mantiene la búsqueda de las personas desaparecidas, el gobierno de Hong Kong y las agencias de emergencia continúan desplegando recursos para atender a los afectados y brindarles apoyo. Las autoridades han reafirmado su compromiso con la investigación integral y expeditiva, tal como destacó el jefe de Gobierno en la conferencia divulgada por los medios locales.

El resultado de esta investigación servirá como referencia para otras ciudades asiáticas con problemáticas semejantes en la gestión de riesgos en grandes complejos urbanos, según apuntaron especialistas consultados por el medio que ha seguido el caso de cerca. Por el momento, la atención se centra en las pesquisas judiciales, en la revisión de los protocolos de seguridad y en la espera de los informes que elaborará la comisión independiente ya en funciones.

En la diligencia, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Petro Burgos, ahora imputado, interrumpió en varias ocasiones a la fiscal Lucy Laborde, que estaba haciendo una descripción fáctica de los hechos por los cuales es investigado el hijo del mandatario. En cierto momento, la delegada de la Fiscalía hizo afirmaciones que involucraban a Laura Ojeda, esposa de Petro Burgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para sustentar su solicitud de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, indicó que el proceso puede incurrir en la reiteración de los hechos ilícitos, relacionados con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falso testimonio, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

“El mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos me manifestó que habrían incurrido en otras actuaciones ilícitas, al parecer de las cuales tendría conocimiento Daysuris del Carmen Vásquez Castro (exesposa), y que le pedía el favor a Laura Ojeda (pareja actual) de averiguar si Vásquez Castro tenía algo más, porque si no: ‘nos jode y entonces, tú y ella, felices’, cierro comillas”, dijo la fiscal.

El abogado Carranza solicitó el uso de la palabra y el juez se la concedió advirtiendo: “Señor defensor, espero que la razón para interrumpir a la señora fiscal sea valiosa”.

La defensa indicó que su intervención respondía a una advertencia: que se estaría endilgando una responsabilidad penal a Laura Ojeda, que fue reconocida como víctima de Daysuris Vásquez por violación de datos. “Le solicito nuevamente respeto por la presunción de inocencia de Laura, su señoría”, dijo.

El juez criticó y cuestionó la declaración del abogado Carranza, indicando que hay momentos procesales específicos en los que se permite hacer este tipo de intervención y que ese no era uno de esos espacios.

“Qué pena. Doctor, usted vuelve a interrumpir la intervención de la señora fiscal, porque usted corta la dinámica con la que viene la señora fiscal para hacer una réplica o hacer una disertación sobre la validez del argumento utilizado por la fiscalía, cuando eso lo debe hacer en el momento procesal debido”, explicó.

Advirtió entonces que habrá consecuencias si impide de nuevo que la delegada de la Fiscalía continúe con su intervención. Aseguró que tomará esa interrupción como un intento por torpedear la participación del ente acusador en el proceso. “Yo voy a tomar medidas disciplinarias si usted vuelve a interrumpir”, aclaró.

Carranza insistió en que se estaba afectando la presunción de inocencia de Ojeda, y el togado cuestionó ese señalamiento y lo negó, afirmando que la fiscal basó su argumentación en presupuestos fácticos que yacen en la investigación.

El defensor dejó la constancia de la presunta violación a la presunción de inocencia de Ojeda y el juez continuó con la diligencia, dando la palabra a la delegada del ente investigador, advirtiendo nuevamente sobre la importancia de permitir que la audiencia siguiera su curso.

“Que no se vuelva a repetir una intervención innecesaria en la disertación de la Fiscalía”, expresó.

No es la primera vez que el juez discute con la defensa de Nicolás Petro Burgos y con el mismo procesado por constantes interrupciones en las diligencias. En la audiencia que se realizó el 26 de noviembre de 2025, el hijo del presidente aseguró no haber entendido la imputación que hizo en su contra la Fiscalía, lo cual molestó al togado.

“Este despacho ha sido especialmente meticuloso en preguntar a la Fiscalía para que precise esos hechos jurídicamente relevantes, usted es abogado, usted estuvo en todas las audiencias. A los ojos de este fallador, es completamente clara la imputación, independientemente de los repartos que usted tenga”, señaló.

De inmediato, se percató de que el abogado Alejandro Carranza estaba teniendo otra conversación mientras él intervenía y decidió cuestionarlo públicamente. “Señor defensor, ¿con quién habla? Perdón, no sé si me estoy perdiendo de otra conversación”, indicó.

En consecuencia, exigió respeto por su palabra y la de las demás partes intervinientes. “Es una falta de respeto que esté hablando mientras yo estoy hablando, como si lo que dijera no fuese importante”, explicó.

Cabe recordar que el episodio ocurrió la noche del 14 de octubre de 2022 y no solo involucró a Barona, sino también a su amigo William Vergara, que se encontraba con él durante la agresión, como quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación, los tres estaban reunidos esa noche y, tras una discusión en un concierto, decidieron trasladarse al apartamento donde residían Barona y Silveira.

La confrontación continuó en el domicilio y, ante la insistencia de Barona para que Silveira se marchara, se desencadenó la agresión. Las imágenes de seguridad muestran a Barona golpeando a la mujer en un ascensor, mientras Vergara actúa como cómplice.

El juez Efraín Bermúdez argumentó que cuenta con los suficientes elementos probatorios para demostrar el abuso y maltrato al que fue sometida la víctima por los procesados.

“Sí, en circunstancias fácticas que estructuran la circunstancia de agresión por el hecho de ser mujer, en tanto describió la condición de medida y extranjera víctima, los reiterados insultos vinculados a su género, las expresiones de menosprecio y hostilidad que la trataban de loca, tóxica y celosa y otros calificativos denigrantes, así como la evidente relación de dominación y superioridad física ejercida por los procesados en un contexto en la que la violencia desplegada obedeció precisamente a la posición de vulnerabilidad que le representaba su condición de mujer”, expuso el togado.

Y agregó: “En esas circunstancias, contenidas desde el traslado del escrito de acusación y ampliamente debatidas en el juicio, son el fundamento que empleó la primera instancia y en esta oportunidad la Sala para emitir condena por el delito de lesiones personales agravadas, sin que ello implique introducir hechos nuevos ni sorpresivos que desborden el marco trazado por el ente fiscal”.

En su análisis, recalcó que contexto distinto es “que el órgano instructor no haya atribuido jurídicamente el agravante, pues del marco fáctico este se deliberaba sin mayor dificultad. En esa medida, la ecuación típica bajo el delito lesiones personales agravadas no altera el lucro fáctico ni agrava la responsabilidad, sino que se limita a aplicar la consecuencia jurídica que corresponde a los hechos efectivamente atribuidos y mostrados, razón por la que no se configura vulneración alguna del derecho de defensa ni del debido proceso”.

A lo largo de su intervención, el togado Bermúdez señaló que ninguno de los acusados tuvo intención de indemnizar a la víctima mientras avanzaba el proceso.

“La eventual intención de negociar no configura por sí sola afectación del derecho de defensa en caso de que no se concrete, menos en este caso, por cuanto ninguno de los acusados expresó interés en terminar tempranamente el proceso, ni mucho menos se planteó la posibilidad de allanarse al cargo que consideraba se había ejecutado con el fin de que se evalúe tal alternativa. Tampoco mostraron intención de indemnizar a la víctima”.

A renglón seguido, sugirió no olvidar que “las estrategias de negociación que hipotéticamente pudo esperar la bancada acusada pueden condicionar ni restringir la función jurisdiccional de aplicar las normas conforme a los hechos delimitados por la titulada de la acción penal y acreditados en la República. Además, la etapa de juicio y la segunda instancia no son espacios para intentar recuperar oportunidades procesales vencidas o dependientes de decisiones discrecionales de la Fiscalía, ni cuestionar convenientemente, por tal motivo, las determinaciones de la adjudicatura cuando estas son adversas a los intereses de los involucrados”.

En consecuencia, el juez Bermúdez señaló que se mantenía la condena de 32 meses impuesta a Juan Fernando Barona por los delitos de lesiones personales agravadas y violencia de género. Y sancionó con el mismo castigo a Willian Vergara por ser el coautor del crimen.

A las 2:00 p. m. del 7 de noviembre de 2025 se daría continuidad a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento de Juan Carlos Suárez Ortiz, único procesado por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno. Sin embargo, cuando las partes intervinientes concurrieron en la diligencia, fueron informados sobre una situación que afectó al juez José Alejandro Hofmann, a cargo del caso.

“En horas de la mañana, en medio de una sala de jueces, se tropezó. En este momento va camino hacia el hospital, hasta la Fundación Santa Fe, en donde le van a prestar los primeros auxilios o las medidas correspondientes”, explicó una funcionaria del Juzgado 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a este percance, el juez de control de garantías no pudo presentarse en la audiencia para avanzar en la diligencia. La funcionaria del juzgado indicó que sería necesario reprogramar la audiencia.

“Dicha situación hace necesaria la reprogramación de la audiencia, no sabemos el estado actual del doctor, sí fue un golpe bastante duro y además, por su condición de discapacidad, amerita revisión profunda”, precisó.

En consecuencia, la audiencia fue reprogramada para el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 9:00 a. m.

El accidente del juez requiere de un chequeo cuidadoso debido a que padece de una parálisis cerebral. El togado ha enfrentado durante toda su vida los efectos de tener una discapacidad, que poco a poco ha ido mejorando; nació con una parálisis total del cuerpo y, pese a que su diagnóstico era desfavorable, aprendió a caminar a los 14 años, así como a manejar los cubiertos y vestirse solo.

“Fue un parto complicado. El cordón umbilical se me enredó y eso provocó la parálisis. Desde muy pequeño los médicos dijeron que, además de la discapacidad física, posiblemente tendría retardo mental. Pronosticaron que nunca me levantaría de una cama y que mi vida no pasaría de los 20 años. Crecer con esos juicios médicos es una carga pesada, pero también fue un reto que me propuse desmontar día a día”, contó el su momento el juez a El Tiempo.

El caso de Jaime Esteban Moreno

En una diligencia anterior, el procesado Juan Carlos Suárez Ortiz fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó. Posteriormente, la Fiscalía pidió que sea privado de la libertad en un centro carcelario, mientras se adelanta la investigación en su contra y se define su situación jurídica.

“... se imponga en contra del aquí imputado, señor Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía 1032501123 de Bogotá, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro de reclusión”, indicó la Fiscalía en la audiencia.

El abogado penalista Iván Cancino se pronunció en su cuenta de X sobre la solicitud de medida de aseguramiento, asegurando que fue “muy pobre”, puesto que carecería de sustentos para reforzarla. No obstante, la decisión sobre la petición del ente acusador se conocerá hasta el miércoles 12 de noviembre, cuando se reanudará la audiencia.

“El fin de no comparecencia o riesgo de fuga no se soportó desde ninguna perspectiva ni fáctica ni evidencia. Deben enviar personas más preparadas. Debe quedar en libertad. No porque lo hizo o no. Es debido a que la fiscal no logró acreditar la medida, los fines de ella”, detalló.

Por otro lado, las autoridades esperan encontrar a otro presunto implicado en el asesinato, que fue captado en grabaciones de cámaras de seguridad golpeando a la víctima hasta causarle la muerte.

La captura inmediata del controvertido empresario Emilio Tapia Aldana, conocido como “El zar de la contratación” en Colombia, implica su retorno a prisión luego de que la justicia determinara que se habría beneficiado de una medida de excarcelación a su favor.

El fallo, que fue ordenado por Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D. C., determinó que el contratista no solo carece de remordimiento, sino que tampoco ha mostrado intención de reparar el daño causado a la sociedad, lo que evidencia, según la decisión judicial, el fracaso del sistema penitenciario en su objetivo de resocialización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La resolución judicial, divulgada el viernes 10 de octubre de 2025, revocó la libertad condicional previamente concedida a Emilio Tapia. En el documento, el juez fue enfático al señalar que los beneficios otorgados al contratista resultan incompatibles con la magnitud del perjuicio infligido a la fe pública.

“Nada fue producto del azar, sino de una meticulosa planeación entre funcionarios y particulares para despojar a la administración de los fondos que tenía previstos para invertirlos en pro de la comunidad, de suerte que todo fue en respuesta a un propósito deliberado para afectar el bien jurídico objeto de protección”, se lee en el fallo del juez que solicitó la recaptura de Tapia, según citó Semana.

El juez a cargo de la decisión subrayó que los beneficios concedidos previamente al contratista no guardan proporción con el impacto negativo que sus acciones tuvieron sobre la confianza pública.

“Los actos de una persona son el mejor reflejo de lo que ella es, develan sus sentimientos y sus valores. Por ende, cuando un individuo se confabula con otros para defraudar a la administración pública en perjuicio de la comunidad, haciendo nugatorias sus necesidades, trasluce una personalidad inadecuada, que no se detiene ante el bienestar general que procura la sociedad”, anotó el fallo.

La reincidencia fue otro de los elementos determinantes en la revocatoria de la libertad condicional de Tapia: mientras el empresario cumplía condena por el Carrusel de la Contratación, también se vio involucrado en el controvertido caso de Centros Poblados, ocurrido en 2020 y 2021 y que implicó el desfalco de 70 mil millones de pesos a proyectos de conectividad de internet en zonas rurales de Colombia.

El juez consideró que esta circunstancia evidencia el fracaso de los fines de la pena, en particular la prevención especial, la retribución justa y la reinserción social.

“Así mismo, tampoco puede omitirse el hecho de que el procesado se encontrara aun purgando la respectiva pena impuesta dentro de las presentes diligencias, y fuera condenado por hechos de amplio conocimiento público conocidos como Centros Poblados, acaecidos en los años 2020 y 2021, lo cual permite deducir que no es posible aseverar con suficiencia que, efectivamente, operaron las funciones de la pena en especial la prevención especial, retribución justa y reinserción social”, reza en la lectura del fallo citada por Semana.

El fallo también destacó que el comportamiento de Emilio Tapia dista del que se esperaría de alguien que busca reparar el daño causado y reconciliarse con la sociedad. El juez sostuvo que el tratamiento penitenciario no fue asumido de manera adecuada por el condenado.

“Propensión a delinquir sea desestimada y que no deba evaluarse como parte de su personalidad, pues de todas formas sigue siendo un reflejo de su modo de actuar en sociedad, de su carencia de frenos inhibitorios para transgredir el ordenamiento jurídico, es decir, el proceso de resocialización al que lo han sometido no ha surtido efecto, ninguna conclusión diferente puede extraerse de eso”, concluyo el juez en el fallo.

En ese sentido, la resolución judicial que ordenó el retorno a la cárcel de Emilio Tapia se sostiene en la reiteración de conductas delictivas, la falta de arrepentimiento ante las mismas y la ineficacia del proceso de resocialización, elementos que, a juicio del magistrado, impiden considerar cumplidos los fines de la pena en este caso.

El Tribunal Superior de Riohacha revocó la orden de traslado de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, a una cárcel de máxima seguridad en Santa Marta.

Según se conoció a través de la publicación del documento del fallo, se anula la decisión emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, por lo que el detenido permanecerá en la Estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión, adoptada por la Sala Penal de Decisión del Distrito Judicial de Riohacha, declaró improcedente la acción de tutela presentada por Deiby Alexander Osorio Galíndez, que actuó como agente oficioso de Marín Silva.

El tribunal fundamentó su fallo en el incumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa. El documento también llamó la atención del juez de primera instancia para que en casos futuros realice un análisis más detallado acorde con los criterios jurisprudenciales de procedibilidad de la tutela.

“Revocar la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, conforme se consideró”, señala la parte resolutiva de la decisión.

Además, el tribunal ordenó notificar a las partes su determinación, dejando constancia que no procede ningún recurso en contra de la misma y disponiendo el envío del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Avanza la extradición de ‘Pipe Tulua’

La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia marca un punto de inflexión en el proceso de extradición de Andrés Felipe Marín, conocido como “Pipe Tuluá”, al rechazar la solicitud de nuevas pruebas presentada por su defensa.

Este pronunciamiento judicial deja en suspenso la posibilidad de que el líder de la organización criminal La Inmaculada pueda evitar su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

El abogado de alias Pipe Tuluá había presentado un recurso de reposición ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que era necesario practicar nuevas pruebas para verificar la identidad de su defendido y salvaguardar su derecho a la dignidad humana.

Entre las diligencias solicitadas figuraban varios oficios dirigidos a la Sijín, con el objetivo de descartar un posible caso de homonimia que pudiera afectar el proceso. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió negar estas peticiones, cerrando la puerta a la incorporación de nuevos elementos probatorios en esta etapa del trámite.

La negativa del alto tribunal implica que el proceso de extradición avanza hacia su fase final. La captura de Andrés Felipe Marín se produjo en junio, tras ser requerido por una corte de Texas, que lo señala como integrante de una red internacional de narcotráfico.

La determinación final sobre la entrega de “Pipe Tuluá” a las autoridades estadounidenses recaerá en el Gobierno nacional, que tiene la última palabra en materia de extradición, conforme al marco legal colombiano.

Alias Pipe Tuluá ofreció mediar para frenar ataques a guardianes del Inpec

Además, se conoció que en medio de la reciente ola de ataques contra funcionarios penitenciarios, Andrés Felipe Marín propuso ser mediador para frenar la violencia dirigida a los guardianes del Inpec.

En una carta enviada a altos funcionarios del Gobierno, Marín manifestó su disposición a gestionar su influencia para que cesen de manera definitiva las acciones violentas contra el personal del sistema penitenciario.

El líder criminal solicitó que su comunicación sea vista como una muestra de voluntad para participar en una salida negociada, pidiendo al Gobierno Nacional que interprete la misiva como “una prueba fehaciente de mi deseo de pasar la página de la violencia y encontrar, a través de la negociación, una salida política y humana al conflicto”.

Marín también expresó su interés en asumir una “gestoría oficializada” que permita consolidar la tranquilidad en el Valle del Cauca. En el documento, dirigido a los ministros de Justicia y del Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti; al director de Inteligencia, Jorge Lemus; y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, Marín reconoció la gravedad de la situación y afirmó que ha estado “redoblando los esfuerzos para que otras organizaciones criminales se sumen a un llamado de paz”.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a su papel durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que, entre otras decisiones, desencadenó en el retiro de su visa por parte del Gobierno Trump, luego de su participación en una manifestación a favor del Estado de Palestina en Nueva York.

Tras ese episodio, que tensionó los choques con la diplomacia estadounidense, el jefe de Estado aseguró que está dispuesto a ponerse bajo un juez de los Estados Unidos por lo que el considera “actos que quebraron la inmunidad” durante la Asamblea de la ONU y, para dicho propósito, manifestó querer recibir la ayuda de “un abogado estadounidense y libertario”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro anticipó que, de lograr su objetivo, ese abogado “pasará a la historia”, y citó el nombre de un expresidente de los Estados Unidos que gobernó a ese país en el siglo XIX, que también se desempeñó como jurista.

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en al asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro realizó su publicación tras citar un artículo del portal digital Democracy Now titulado: “El ataque de Trump a la libertad de expresión y la enérgica reprimenda de un juez federal”, el cual aborda episodios entre William G. Young, juez federal de Distrito de Massachussets, y Donald Trump, producto de lo que ese portal considera ataques a la libertad de expresión por parte del presidente estadounidense.

“Desobedezcan a Trump”, solicitó Petro desde Nueva York

La revocatoria del visado estadounidense al presidente Petro marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La decisión, comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos la noche del 26 de septiembre de 2025, se fundamentó en que el mandatario habría instado a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, según el comunicado oficial de esa dependencia.

“Revocaremos la visa (...) debido a sus actos imprudentes e incendiarios”, reseñó la autoridad estadounidense en su comunicación escrita.

La reacción de Petro no se hizo esperar. El presidente colombiano calificó la medida como una violación del derecho internacional y de las normas de inmunidad diplomática. Además, sostuvo que la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no debería permanecer en Nueva York.

El origen de la controversia se remonta a la manifestación propalestina celebrada el viernes 26 de septiembre en Nueva York, donde Petro participó activamente. Durante el acto, que congregó a una multitud de defensores de la causa palestina, el jefe de Estado colombiano realizó un llamado directo a los soldados estadounidenses.

“¡A todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles! ¡Desobedezcan la orden de (el presidente Donald) Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, exclamó.

En ese contexto, planteó la necesidad de que un futuro “ejército de salvación” multinacional pudiera operar en apoyo al pueblo palestino. La propuesta de Petro de crear un “Ejército de Salvación del Mundo” para intervenir en el conflicto palestino-israelí irrumpió en la agenda internacional tras la manifestación.

El presidente colombiano manifestó su intención de llevar esta iniciativa a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de que la primera misión de este cuerpo internacional sea “la liberación del Estado de Palestina”, siempre que cuente con el respaldo necesario en el seno de la ONU.

La concentración en Nueva York estuvo protagonizada por demandas de acciones concretas de la comunidad internacional en favor del Estado de Palestina, incluyendo la captura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al cual Petro ha acusado reiteradamente de perpetrar un “genocidio”.

“Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, añadió Petro en la manifestación.

El impacto de la propuesta de Petro trascendió las fronteras políticas y recibió el respaldo de figuras internacionales, entre ellas, la del músico británico Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, que expresó públicamente su apoyo a la iniciativa del presidente colombiano.

La reciente decisión judicial que rechazó el acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el principal acusado en el caso de Lenis Paola Martínez reavivó el debate sobre la respuesta institucional por la violencia de género en Bogotá.

El juez encargado del proceso desestimó de manera categórica la negociación que buscaba una reducción de la condena para Duván Ardila, el agresor, y ordenó que se amplíe la investigación para incluir nuevos delitos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El episodio que desencadenó este proceso ocurrió el 21 de enero de 2025, cuando Lenis Paola Martínez fue víctima de un secuestro perpetrado por su expareja sentimental. Según los registros de la audiencia, la mujer fue sacada por la fuerza de su vivienda a las 7:00 a. m., mientras sus dos hijos quedaron amordazados y abandonados en el apartamento.

En menos de un día, las autoridades lograron rescatar a Lenis Paola Martínez. Tras su liberación, la mujer relató que durante el cautiverio fue sometida a abusos y que sus agresores la rociaron con gasolina. “No entiendo por qué las víctimas tenemos que pasar por todas estas situaciones”, expresó la propia Lenis Paola en declaraciones recogidas tras el ataque.

Durante la audiencia más reciente, el abogado de la víctima solicitó a la Fiscalía que se aplicara un enfoque de género en el tratamiento del caso.

Argumentó que el ente investigador no había considerado la violencia ejercida contra los hijos de Lenis Paola Martínez ni el contexto de extrema violencia que sufrieron a manos del acusado. Esta petición fue respaldada por el juez, quien criticó la actuación de la Fiscalía y negó el preacuerdo alcanzado con el agresor.

El representante del organismo acusador reconoció públicamente el error cometido durante la diligencia y anunció que se sumarán nuevos cargos a la investigación contra Duván Ardila. La negativa judicial contra el preacuerdo y la ampliación de los delitos imputados marcan un giro en el proceso, mientras la víctima insiste en que el caso no debe quedar impune.

Lenis Paola Martínez relató su secuestro

Duván Ardila, que, según el testimonio de la víctima, planeó el ataque junto a dos cómplices con el objetivo de infligir sufrimiento a ella y a sus hijos. La mujer relató que fue atacada en su propio apartamento, donde sus hijos fueron amordazados y atados a una cama, mientras ella era rociada con gasolina y amenazada de muerte.

El episodio comenzó cuando Duván Ardila ingresó al domicilio de Lenis Paola Martínez acompañado de dos hombres desconocidos. Los agresores sometieron a sus hijos y los dejaron inmovilizados en una de las habitaciones. “Fueron momentos muy difíciles, desde el momento que entraron esos tipos a mi apartamento, desde el momento que amordazaron a mis hijos, que los dejaron amarrados en una cama”, describió Lenis Paola Martínez a Noticias RCN.

La situación se tornó aún más violenta cuando, según su testimonio, su exesposo le arrojó un líquido inflamable sobre el cuerpo. “Gasolina. Me la esparció del ombligo hacia abajo. De hecho, tengo quemaduras de ese líquido inflamable”, detalló. En ese instante, la mujer sintió que su vida estaba en peligro inminente. “La verdad yo sentí que era el fin. Era el fin de mi vida. Yo dije, de esta no me salvo”, confesó.

A pesar de la desesperación, Lenis Paola intentó pedir ayuda mientras era forzada a salir del edificio. Según relató al medio citado “Me agarraron muy duro, me metieron a la fuerza al carro. Yo ahí grité nuevamente. No sé si había personas ahí que se dieron cuenta”.

Durante el trayecto, Duván Ardila le confesó el motivo detrás del secuestro: “Era tenerme unos días retenida, como para hacer sufrir a mi familia, hacerme sufrir a mí, porque él quería venganza”, relató la víctima.

El sufrimiento de la mujer se intensificó al pensar en el impacto que el secuestro tendría sobre sus hijos. “Yo esto no se lo deseo a nadie. Mis hijos no tienen por qué sufrir esto. Ellos no tienen por qué vivir todo lo que vivieron”, expresó entre lágrimas en su conversación con el medio citado.

El momento final de un juicio penal en España es el derecho del acusado a tener un último turno de palabra. En ese instante, el investigado tiene la oportunidad de dirigirse directamente al tribunal antes de que se dicte sentencia. Sin embargo, un abogado ha lanzado una advertencia directa a quienes deban afrontar este tipo de procesos.

“No ejercites este derecho”, afirma Toni Musalaev, abogado conocido en TikTok como @toni.abogado. Según su consejo, en la mayor parte de los casos, optar por hablar tras la intervención de la defensa puede perjudicar el resultado, en lugar de aportar una mejora a la estrategia preparada.

El derecho del acusado a intervenir en último lugar dentro del proceso penal se relaciona directamente con la garantía del juicio oral y con los principios constitucionales, como la presunción de inocencia y la defensa. La reforma de la Ley Orgánica 1/2025 refuerza este derecho.

Riesgo de la intervención final

La ley vigente establece que la persona que se enfrenta a una causa dispone del derecho a intervenir al cierre del procedimiento, tras las conclusiones de las partes. En la práctica, este abogado no duda que, siempre que exista una buena defensa, esta es la clave, por lo que no tiene por qué ser positivo esta intervención.

Bajo la perspectiva del abogado, la intervención personal del acusado genera riesgos que pueden alterar la estrategia diseñada por la defensa. “Lo único que probablemente vas a acabar haciendo es empeorar la defensa o la estrategia”, advierte. Un error en estas declaraciones, un exceso de espontaneidad o contradicciones respecto a lo ya expuesto pueden ser utilizados en contra del acusado o interpretados de manera negativa.

El consejo no cuestiona la existencia del derecho, sino el modo de emplearlo en la práctica judicial diaria en España. El letrado plantea que el mejor escenario para la persona acusada se produce cuando la representación legal ha abordado todos los argumentos y matices relevantes.

En ese contexto, romper el silencio con una declaración adicional puede ser innecesario y abrir una vía para errores de última hora. La advertencia cobra especial sentido al considerar que, una vez formulada la última palabra, no habrá más oportunidades para matizar, explicar o corregir las expresiones vertidas ante la sala.

El papel del abogado

La intervención del abogado suele resultar decisiva en la fase final del juicio, pues se encarga de sintetizar los argumentos, organizar la información y delimitar el mensaje que queda en el tribunal antes del fallo. A juicio de este profesional, lo recomendable es confiar plenamente en la estrategia expuesta por la defensa y rechazar el turno final concedido por la jueza o el juez.

Por ello, para Toni, quien deba enfrentarse a un juicio penal en el sistema jurídico español se beneficiará más guardando silencio y permitiendo que todo lo dicho por su defensa quede como conclusión del proceso. El derecho a la última palabra sigue figurando como una garantía en la ley, aunque el uso inapropiado puede jugar en contra de quien lo ejerce.

Presentar una denuncia falsa en España puede acarrear consecuencias legales de gran impacto. A la hora de realizar una demanda es importante tener claro que existen motivos suficientes para iniciar este proceso legal. Es posible que no se logre ganar el juicio, pero, por lo menos, debe existir una razón que no haga interpretar al juez que se trata de una denuncia irreal.

La Policía ha realizado una advertencia en sus redes sociales por la preocupación de las autoridades ante el incremento de acusaciones infundadas, lo que pone de manifiesto la gravedad de manipular el sistema de justicia. El objetivo de estas medidas es subrayar que recurrir a una denuncia sin fundamento no constituye una acción sin riesgos.

Las consecuencias legales de una denuncia falsa

El Código Penal, a través de su artículo 456, contempla sanciones económicas que varían entre tres y 24 meses y penas de prisión que van de seis meses a dos años para quienes incurran en este delito. La legislación es dura con este tipo de acciones para tratar de evitarlas al máximo y transmitir la importancia que supone un proceso de denuncia.

Este artículo establece que quienes formulen una acusación sin pruebas suficientes pueden enfrentarse no solo a multas económicas, sino también a penas de prisión. Además, si el caso llega a juicio y se determina la falsedad de la denuncia, el responsable tendrá antecedentes penales, lo que complica el acceso a determinados derechos y oportunidades.

La legislación española concede a los afectados la posibilidad de reclamar daños y perjuicios ante los tribunales. Los antecedentes penales derivados de este delito limitan la capacidad de viajar a ciertos países y dificultan encontrar empleo, sobre todo en sectores en los que se exige un certificado negativo de antecedentes.

Impacto profesional y personal

Recibir una denuncia, aunque luego se demuestra su falsedad, implica una limitación inmediata en la vida personal y profesional del afectado. Desde el momento en que se tramita la denuncia, la persona investigada queda sujeta a procedimientos legales y puede enfrentar sanciones internas en su empleo.

Algunas empresas, para evitar riesgos de imagen o posibles responsabilidades, deciden prescindir del trabajador denunciado, incluso cuando no existe una condena. Esta decisión busca proteger el entorno laboral y evitar implicaciones reputacionales mientras el proceso judicial se resuelve. Es cierto que, en algunos casos, el despido puede considerarse improcedente y la Justicia exige la incorporación del trabajador.

El daño ocasionado a la persona falsamente denunciada puede tener repercusiones económicas y sociales profundas, afectando tanto su vida profesional como personal. El perjudicado puede reclamar legalmente una compensación por los daños sufridos como resultado de la falsa acusación, lo que añade una dimensión civil a la responsabilidad del que ha cometido el delito.

El sistema judicial en España busca proteger a las víctimas verdaderas. Por ello, el uso indebido de los mecanismos de denuncia supone un abuso que las instituciones castigan con firmeza. La presentación de denuncias infundadas no solo atenta contra la justicia, sino que expone a los infractores a consecuencias legales de largo alcance.

Pasar por un proceso judicial puede ser estresante para muchos, especialmente si el desarrollo de tu vida depende de una resolución judicial. Los nervios están a flor de piel y los agentes involucrados no siempre son lo delicados que deberían durante las vistas en los juzgados, pero para el demandante o demandado perder la calma puede tener consecuencias perjudiciales. Del juez se presupone siempre una imparcialidad, pero puede ocurrir que su actitud o forma de expresarse haga parecer que esté directamente en tu contra. Ante una actitud acusatoria, responder de forma confrontativa pueden intensificar el conflicto y perjudicar la imagen, tanto de la persona representada como de la defensa, ante el tribunal.

Susana Capdevila, abogada española que comparte contenidos de orientación legal en redes sociales, ha abordado este desafío directamente en uno de sus videos publicados en TikTok. La especialista aporta en su perfil de la plataforma de vídeos cortos pautas concretas sobre cómo responder de manera efectiva ante un juez cuya actitud resulte intimidante o percibida como opuesta a la propia posición en el proceso.

“Si el juez parece que está en tu contra, lo mejor que puedes hacer (y también lo más difícil) es mantener la calma. Porque si le respondes o te subes a la parra, él o ella se va a encabritar. Y entonces, la situación va a empeorar”, expuso Capdevila. Estas palabras recogen una de las situaciones más temidas por quienes se encuentran en una sala de vistas: la de ser objeto de un trato distante o irritable por parte de la autoridad judicial, que puede interpretarse como falta de imparcialidad o, en algunos casos, generar inseguridad en los participantes del proceso.

Ante todo, mantén la calma

La abogada insistió en la necesidad de centrar la exposición en hechos verificables y apartar las emociones personales de la argumentación. “Aunque cueste mucho, pero lo que hay que hacer sobre todo es mantener la calma y mantenerse concentrada, explicar tu historia y explicar los hechos. No se trata de que expliques cómo te sientes tú sobre eso o si te pareció mejor o peor. Simplemente, explicar hechos y hay que mantener la concentración en eso”, ha manifestado en su canal.

Capdevila considera en su vídeo que el impulso de responder al tono del juez puede surgir de manera natural y legítima, pero adviere sobre el efecto contraproducente de ese tipo de reacciones. “Si consigues hacer eso, conseguirás evitar esas ganas naturales y, además, lógicas, de responderle al juez o a la jueza de la misma manera que te está hablando. Entonces, [hay que] mantener la calma y mantenerse concentrado en el mensaje que uno quiere transmitir”, ha señalado.

Las recomendaciones de la abogada han sido vistas por miles de usuarios en la plataforma TikTok, donde se acumulan testimonios sobre experiencias similares en todo el territorio español. El autocontrol y la concentración en los hechos, más allá del tono empleado por la autoridad judicial, se consolidan como herramientas indispensables para avanzar en cualquier proceso con garantías de ser escuchado.

En Francia, un caso reciente ha vuelto a poner en primer plano la protección de los derechos laborales de los empleados públicos frente a decisiones unilaterales de las administraciones. Un tribunal ha resuelto un conflicto surgido cuando un trabajador municipal, afectado por problemas de espalda, fue apartado de su puesto y forzado a jubilarse.

Según indicó Le Parisien, el Tribunal Administrativo de Rouen dictó este viernes una sentencia a favor de un antiguo trabajador de los servicios de espacios verdes del Ayuntamiento de Gaillon (Eure), que había sido jubilado sin su consentimiento por “discapacidad” y apartado de la plantilla en enero de 2024, tras un proceso iniciado por decisión de la autoridad municipal local.

Obligado a jubilarse

La sentencia pone el foco sobre un conflicto laboral originado tras reconocerse al empleado una lesión de espalda diagnosticada como “lumbalgia con dolor radicular”. El afectado recurrió a la justicia administrativa tras constatar que la decisión tuvo “efectos retroactivos sobre su situación personal”.

El protagonista de esta historia es un hombre que fue contratado como empleado temporal en 2008 y pasó a ser fijo solo un año después. Desde entonces, trabajó en el servicio de espacios verdes del Ayuntamiento de Gaillon, hasta que la administración local decidió apartarlo de su puesto y forzarlo a jubilarse por motivos de salud. Esta decisión cambió su vida sin que se exploraran alternativas laborales.

Según la versión de su abogada, Lucile Matrand, la sentencia destaca que el ayuntamiento no valoró otras opciones antes de imponerle la jubilación. El tribunal consideró que debieron haberse propuesto cambios en sus condiciones laborales para permitirle realizar funciones adecuadas a su salud, en vez de optar directamente por separarlo de la plantilla.

Resolución judicial

La disputa también llegó a la Caja Nacional de Jubilaciones de los Empleados de las Administraciones Locales (CNRACL), responsable de calcular la pensión del trabajador. Esta entidad determinó que el empleado presentaba un “porcentaje de invalidez del 10%”. Esta cifra fue clave para fijar la cuantía de su pensión y que debía ser considerado a la hora del finiquito y la jubilación anticipada.

Según la abogada del trabajador, esta cifra no reflejaba su verdadera situación médica y resultaba injusta. Además, la CNRACL no tuvo en cuenta el último ascenso que recibió el empleado, aunque se había producido 25 días antes de que terminara su tiempo de servicio útil para la jubilación.

La propia caja de pensiones sospechó que este ascenso, autorizado por el ayuntamiento, tenía como objetivo aumentar la pensión futura del trabajador. Sin embargo, el tribunal consideró que ni el ascenso ni los informes médicos justificaban que el trabajador fuera expulsado sin antes intentar cambiarlo a otro puesto que se adaptara a sus condiciones.

La justicia ordenó al Ayuntamiento de Gaillon reincorporar al trabajador y pagarle los salarios y cotizaciones sociales acumulados desde septiembre de 2022. También deberá revisar si el empleado puede ocupar otro puesto antes de enero de 2026. Además, el ayuntamiento tendrá que pagar 1.500 euros al trabajador en concepto de honorarios legales.

El juez Juan Carlos Peinado contraataca. El responsable de la investigación contra Begoña Gómez ha interpuesto varias demandas civiles por considerar que distintas críticas públicas han vulnerado su derecho al honor. Según informa EFE, este proceso incluiría tanto a periodistas como a políticos.

Como primer paso, se habrían programado actos de conciliación con los demandados en distintos juzgados de primera instancia de Madrid. Además, como adelanta El Confidencial, el ministro de Transportes, Óscar Puente, figura entre los implicados en la decisión del magistrado de acudir a la Justicia para responder a las críticas recibidas. El ministro no es el único nombre conocido que estaría demandado por el juez.

Si no se lograrse alcanzar un acuerdo en los actos de conciliación, donde los denunciados ni siquiera tienen la obligación legal de acudir, Peinado podría optar por continuar la tramitación del proceso por la vía civil o incluso iniciar un procedimiento penal por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Demandas a Puente o Iglesias por las críticas

El juez busca defender su posición legal en un momento en que la atención pública y mediática sobre el caso que involucra a la esposa del presidente es especialmente alta. Las críticas a su trabajo han venido de distintos sectores, incluyendo a políticos y periodistas, lo que Peinado ha interpretado como un delito por deshonor a su figura.

El magistrado considera que diversos comentarios y opiniones sobre su actuación en la causa, expresados tanto en el entorno político como en los medios de comunicación, han dañado su honor y su imagen profesional. Estas declaraciones y valoraciones se han hecho públicas en entrevistas, declaraciones oficiales y artículos de prensa, lo que ha llevado al juez a tomar medidas legales para protegerse.

El Confidencial ha desvelado la inclusión del ministro de Transportes entre los denunciados, que acusó a Peinado de ser uno de los jueces que “hace política”. Este periódico ha apuntado otras personas públicas entre las demandadas, como los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, o el antiguo líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Contexto de la investigación a Begoña Gómez

La investigación dirigida por Juan Carlos Peinado desde abril de 2024 involucra a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Madrid ha limitado varias veces estas averiguaciones, que han recibido críticas tanto en el ámbito legal como en la opinión pública.

La agencia EFE ha informado que la Fiscalía y las defensas han manifestado su desacuerdo con la instrucción en diversas fases del procedimiento. Las discrepancias han trascendido el plano estrictamente legal, pues el desarrollo del caso ha generado intenso debate político y mediático alrededor de la figura del magistrado.

Diferentes representantes públicos han formulado críticas sobre la gestión y el enfoque de la investigación liderada por Peinado, provocando su denuncia por vulneración del derecho al honor. El resultado de los actos de conciliación determinará los próximos pasos judiciales de este caso que continua enroscándose y abriendo nuevos frentes.

El intento de la Fiscalía General de la Nación por alcanzar un preacuerdo con el contratista Ángelo Andrés Ucros Ospino en el proceso penal que enfrenta por delitos contra la administración pública en Barrancas, La Guajira, fue rechazado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva.

La decisión del juez Cristián Camilo López Pontón se fundamentó en la falta de cumplimiento de los requisitos legales y en la insuficiencia de garantías para la reparación de los daños ocasionados al municipio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El preacuerdo presentado por el ente acusador proponía que Ucros Ospino fuera juzgado como cómplice y no como autor de los delitos imputados, lo que habría reducido su condena a 66 meses de prisión. Esta propuesta fue considerada inadmisible por el juez, que argumentó que tal calificación desconocía los presupuestos del derecho penal sustancial y los derechos de la víctima, reconocidos por la Constitución, en un caso que involucra un detrimento patrimonial superior a $300 millones en las finanzas de Barrancas, La Guajira.

El origen del proceso penal se encuentra en la celebración, ejecución y pago de un contrato de cooperación técnica destinado a la instalación de un aula de informática y al desarrollo de programas comunitarios. Ángelo Andrés Ucros Ospino participó en este contrato como director de la entidad contratante, Fondeba. La Fiscalía le imputa los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

En su argumentación, el juez Cristián Camilo López Pontón señaló que el convenio excluía un requisito esencial previsto en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que exige la devolución de al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y la garantía de pago del saldo restante como condición previa para acceder a beneficios punitivos.

“El acuerdo omitía un requisito esencial previsto en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, consistente en la obligación de reintegrar al menos el 50 % del incremento patrimonial ilícito y garantizar el pago del saldo restante como condición previa para acceder a beneficios punitivos”, afirmó el juez.

Según el togado, la decisión se alineó con lo establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SP1901-2024, la cual enfatiza que los preacuerdos deben asegurar la reparación a la víctima y evitar que se transmita la idea de que los delitos contra la administración pública pueden resultar ventajosos. “La decisión acogió además lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SP1901-2024, que reafirma que los preacuerdos deben garantizar la reparación a la víctima y evitar que se envíe el mensaje de que la comisión de delitos contra la administración pública puede resultar beneficiosa”, expresó el juez.

El acta de la diligencia, a la que tuvo acceso Semana, recoge en el apartado resolutivo la negativa del despacho judicial: “Improbar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado Ángelo Andrés Ucros Ospino, puesto a consideración a este despacho, dentro del proceso adelantado por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, no se aprueba la negociación y no habrá de emitir una sentencia condenatoria con base a dicho preacuerdo”, sostuvo López.

La investigación y el proceso penal contra Ucros Ospino están a cargo de Katherine del Carmen Sierra Meza, Fiscal 4 Seccional de la Unidad de Administración Pública.

Begoña Gómez ha vuelto a ser interrogada por el juez Juan Carlos Peinado por la investigación que envuelve a la mujer del presidente del Gobierno. Este miércoles a las 12:00 del mediodía ha llegado a los juzgados para responder a la presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Ha decidido acogerse a su derecho de no declarar y se ha limitado a contestar las cuestiones de su defensa, según adelanta RTVE.

Una hora antes de la llegada de Begoña Gómez a los juzgados, su asesora implicada en esta investigación ha acudido para responder. En el caso de Gómez, es la cuarta vez que visita las salas de justicia. En las dos primeras ocasiones, se acogió a la posibilidad de no declarar, mientras que en la tercera, como en esta última, optó por responder únicamente las cuestiones lanzadas por su abogado, el antiguo ministro, Antonio Camacho.

Una serie de mensajes en correos electrónicos que intercambiaron ambas empujaron a esta línea de investigación. En uno de ellos, Cristina Álvarez redactaba un texto donde incluía el deseo personal de Gómez de mantener a la compañía Reale como patrocinadora de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora, la mujer del presidente ha reconocido que le hizo algún “favor”.

Begoña Gómez responde preguntas de su abogado

Begoña Gómez ha llegado al juzgado en la Plaza Castilla de Madrid para comparecer ante el juez Peinado. Ha entrado por una puerta lateral directa al parking dentro de un vehículo, evitando la entrada principal donde prensa y unos pocos manifestantes esperaban su llegada. Así, se dirige a su cuarta participación en un proceso legal desde que comenzaron las investigaciones.

Su comparecencia se ha reducido a sus contestaciones a su abogado, pues no ha respondido al juez. Ha tenido lugar tras haber presentado, este lunes 8 de septiembre, un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que no ha impedido que haya tenido que presentarse ante el juez Peinado. Ha reconocido algún “favor” excepcional de su asesora pero defiende una actitud exagerada de la justicia.

Ambas declaraciones se producen tras la solicitud del juez a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que examine los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez a través de su cuenta oficial en Presidencia, desde el nombramiento de su asesora en julio de 2018 hasta la actualidad.

Imputación por malversación

La imputación de este delito llegó cuando Álvarez admitió, en diciembre del año pasado, haber escrito un correo dirigido a responsables de Reale Seguros en el que expresaba que a Begoña Gómez le “encantaría” que la aseguradora continuara patrocinando el máster de la Universidad Complutense.

Álvarez declaró que actuó como “favor” a una persona cercana. Aseguró que siempre ha cumplido con sus labores de asistente con “plena disposición, 24 horas 7 días a la semana”. En otro correo se menciona que integrantes de la Universidad Complutense comunicaron a Gómez instrucciones sobre el procedimiento para registrar el dominio de la página web.

La defensa de la pareja de Pedro Sánchez sostiene que no existen indicios de malversación y argumenta que el juez Peinado realiza una interpretación del Código Penal que consideran excesiva, muy amplia y alejada de la realidad. Consideran que este tipo de mensajes no tienen las intenciones ni magnitud que se le quieren atribuir.

Un juez penal de control de garantías ordenó la reclusión preventiva de Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable de agredir y lanzar a su pareja, Laura Blanco, desde el noveno piso de un edificio residencial en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá.

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio, tras una celebración en el apartamento donde residía la pareja.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la pareja sostuvo una discusión en una de las habitaciones del inmueble luego de la reunión. Durante el altercado, Gómez Leal habría atacado a Laura Blanco, presionándole el cuello hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, presuntamente la arrojó por la ventana del apartamento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima fue trasladada con vida a un centro asistencial cercano, pero falleció poco después. El informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la mujer sufrió asfixia y otras lesiones físicas antes de la caída.

En su declaración inicial, Gómez Leal afirmó que su compañera se había lanzado voluntariamente, versión que no pudo sostener ante las autoridades.“El informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la mujer sufrió asfixia y otras lesiones físicas antes de la caída.”

Además de estos testimonios, El Tiempo reveló que durante la diligencia judicial el juez aseguró que, para intentar distraer los hechos ante sus amigas que se encontraban dentro de la vivienda esa madrugada, el procesado intentó acudir a episodios de distracción tales como una descompensación o posible desmayo.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor", comunicaron.

Así mismo, el togado no puedo evitar dejar en evidencia los sentimientos de molestia en medio de las acciones pertinentes al caso: “comportamiento altamente reprochable”.

Las labores de policía judicial, a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitieron establecer que la víctima había sido sometida durante varios meses a episodios de violencia verbal, física y de género por parte de su pareja.

“Especialmente relevante resulta el evento ocurrido el 1 de febrero de este año, en el que usted, en el marco del continuum de violencia, ejerció sobre la víctima actos de opresión consistentes en cuestionarla delante de sus familiares por su vestimenta, al punto de catalogarla de prostituta y agredirla físicamente”, así se constató en uno de los audios compartidos por el ente investigativo en medio de la realización de la audiencia.

Estos antecedentes fueron fundamentales para la imputación del delito de feminicidio agravado por parte de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

El acusado no aceptó los cargos. La captura de Gómez Leal se realizó en vía pública del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, también en el occidente de la capital. El proceso judicial continúa mientras el señalado permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario.

Teniendo en cuenta lo que establece el Código Penal de Colombia, el delito de feminicidio puede castigarse con una pena de hasta 41 años de cárcel. Situación que obligó a la defensa de Óscar Gómez a apelar la medida de aseguramiento que ordenó el juez. Sin embargo, seguirá cobijado por la medida de prisión en un centro penitenciario mientras se desarrollan las siguientes audiencias y se da una determinación final de esta maniobra judicial.

Un incidente en el entorno laboral desencadenó un despido que ha recorrido todas las instancias judiciales en Italia hasta recibir el respaldo de la Corte Suprema. El caso comenzó en 2018, cuando una médica de la Asociación Italiana de Asistencia Espástica (AIAS), perdió su empleo después de dirigir un insulto a su superior en presencia de un compañero de trabajo.

La empleada, al resistirse a una orden, llamó a su jefe “lameculos”, lo que derivó en la rescisión directa de su contrato. Tras el despido inmediato por parte del presidente de la organización, la médica inició un proceso judicial solicitando su reincorporación. En un primer momento, parecía que se acabaría beneficiando a la despedida, pero la Justicia se acabó decantando por dar la razón al empleador.

Escalada judicial y distintas decisiones

En una primera etapa, el juez laboral anuló el despido y ordenó que la AIAS la readmitiera, además de abonar una indemnización equivalente a doce meses de salario. En 2021, el tribunal de Catania ratificó este fallo, considerando que la sanción había resultado desproporcionada en relación con la acción cometida.

La situación dio un giro en 2023, cuando el Tribunal de Apelación estimó el recurso presentado por la organización. Los magistrados determinaron que, según el convenio colectivo que regula al personal de la entidad, el insulto público y la negativa a obedecer instrucciones constituían una “causa justa de despido”.

La Justicia señaló que el carácter grave y flagrante de la conducta, encuadrándola en situaciones del artículo 32 del convenio, que incluye faltas graves, riñas o insubordinación severa como motivo legítimo de finalización de un contrato. Así, la reincorporación fue revocada y el despido considerado ajustado a derecho.

La Corte Suprema concluye con el despido

El fallo definitivo llegó cuando la Corte Suprema de Casación revisó el caso, avalando la resolución del tribunal de apelación. Los jueces subrayaron que insultar a un superior constituye fundamento legítimo para el despido siempre que la falta revista una gravedad considerable y afecte de forma definitiva la confianza necesaria en la relación profesional.

Los magistrados apuntaron que “la gravedad objetiva de la conducta basta para romper el vínculo de confianza”, independientemente del tiempo trabajado o de situaciones personales complicadas que pudieran haber influido en la reacción de la empleada. De esta forma, dieron la razón al tribunal de apelación.

Durante el proceso de revisión, la médica intentó argumentar que su comportamiento estaba relacionado con un estado psicológico complejo y con el malestar acumulado en el entorno de trabajo. No obstante, el máximo tribunal consideró que estas circunstancias no eliminaban la responsabilidad ni el impacto de sus palabras en la convivencia laboral.

Además, la Corte tuvo en cuenta antecedentes de comportamientos similares por parte de la trabajadora, lo que reforzó la valoración de que no debería seguir en la organización. La sentencia crea precedente reforzando la idea de que el respeto hacia la autoridad y la convivencia profesional son esenciales en el ámbito laboral, y que las faltas graves, aunque respondan a situaciones personales difíciles, pueden justificar un despido.

La causa que investiga la denuncia por abuso sexual y abuso de poder contra el juez Ernesto García Maañón, presentada a principios de julio por una secretaria suya de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, sumó un nuevo capítulo con la incorporación de unos chats al expediente aportados por la denunciante.

Se trata de un intercambio de mensajes entre el camarista de 76 años, que renunció semanas atrás a su cargo y aguarda que el gobernador Axel Kicillof la acepte o rechace, y la funcionaria judicial que lo acusó. El caso, revelado por La Nación, dio inicio a un nuevo escándalo en el departamento judicial de zona norte, que ya venía golpeado por el episodio que protagonizó Julieta Makintach.

Las conversaciones denotan la clara intención del magistrado de referirse constantemente al aspecto físico de su secretaria y su manera de vestir. Además, exponen algunas de las veces que García Maañón la invitó a salir.

“Los pantalones te quedan muy bien. Hoy lo comprobé”, se lee en una de las capturas de WhatsApp incorporadas a la causa, donde la denunciante le responde amigablemente que no aceptaba sugerencias fuera del horario laboral. Ese mensaje había sido casi dos horas después de finalizar la jornada.

El juez le retruca: “No hay queja. Todo te queda bien. Y yo prefiero seducir a ordenar”. En un texto posterior, se alcanza a ver cómo le pedía que le aceptara una cena.

Esta línea se mantiene en el resto de las capturas que ilustran la nota. “Valora mi opinión y mi aplauso en tu estado con el vestido plateado”, dice otro mensaje. En uno posterior, García Maañón le dice: “Cuida tu cuerpo y salud que te eleva la autoestima. Consejo de look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado”.

Hacia el final de la serie de mensajes aportados al expediente, se lee otra insistencia del juez y una respuesta en mayúscula de la secretaria que demuestra hartazgo.

En ese intercambio, el camarista le dice a la funcionaria: “Si estuviera ahí con vos te despertaba de otro modo”.

Ella le contesta: “Parece que mi sinceridad no tuvo efecto. Me escuchaste cuando te hablé. NO ESTOY DISPONIBLE EMOCIONAL NI FÍSICAMENTE”.

De acuerdo con la denuncia, el vínculo entre García Maañón y G.B.S. comenzó a intensificarse en febrero de 2025, poco antes de que él volviera a asumir la titularidad rotativa del tribunal. En ese marco, la mujer relató que el juez empezó a enviarle mensajes de índole personal que, aunque al principio respondió con cortesía, fueron tornándose cada vez más incómodos, persistentes y con contenido sexualizado.

“La noche es deseo, la pasión, la aventura”, habría escrito el juez en una otra conversación de madrugada, a la que siguieron propuestas de encuentros en su casa o cenas “de trabajo” durante los fines de semana.

El hecho que motivó a la auxiliar letrada a formalizar la denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense fue un mensaje que García Maañón envió en un grupo institucional de WhatsApp, en el que, frente a todos los integrantes de la Cámara, expresó que no quería seguir trabajando con ella y sugirió que ya había cometido errores durante su gestión anterior.

Como respuesta, la mujer reenvió al mismo grupo un audio privado que el magistrado le había grabado en abril, en el que le hacía saber su “atracción sexual” hacia ella y aseguraba que ese sentimiento no interferiría en su vínculo laboral.

En ese audio, del que se adjuntó la transcripción, García Maañón insistía en que sabía “separar las cosas”, afirmaba que le gustaría “tener algo” con ella y que había “mucha atracción sexual” de su parte, pero que si no se daba, no insistiría. “Si algo entiendo es de mujeres y caballos”, decía el mensaje en un tono que G.B.S. calificó como cosificador y ofensivo.

La presentación del caso ante la Subsecretaría de Control Disciplinario del Máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires derivó en la intervención de la Procuración General bonaerense, en manos de Julio Conte Grand, quien envió las actuaciones a la Fiscalía General de San Isidro, encabezada por John Broyad. Con la denuncia se abrió una Investigación Penal Preparatoria que actualmente conduce el fiscal José Amallo.

La renuncia del camarista se concretó un día antes de que termine la feria judicial de invierno. Fue presentada por su abogado defensor, Adrián Murcho, ante la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Un momento inusual y divertido fue captado durante una videollamada de una audiencia judicial en México: un abogado se vio obligado a declarar en voz alta su dirección de correo electrónico y lo que parecía ser un simple trámite terminó desatando carcajadas en redes sociales.

¿La razón? El email incluía una inolvidable frase.

Cómo fue el momento

El video fue compartido el pasado 5 de agosto de 2025 por el usuario de TikTok Óscar Sámano (@oscar.smano) con la leyenda:

“Como cuando el abogado proporciona su correo más random... ‘lo que callamos los jueces’, no pude evitar reír”.

La grabación muestra una audiencia aparentemente celebrada el 18 de enero de 2023, donde un juez solicita al abogado sus medios de localización para que queden asentados de manera oficial en video.

En el clip se puede ver al juez, sentado frente a la bandera de México, solicitando al litigante:“¿Sus medios de localización, por favor?”

A lo que el abogado responde con seguridad:“Ya debería estar registrado, señor”.

El juez, con tono serio pero sereno, replica:“Sin embargo, tomando en consideración que la audiencia está siendo debidamente videograbada, le requiero para que me lo proporcione y quede registro de ese domicilio o medio alterno, por favor.”

Y entonces llega el momento que ha hecho reír a miles de usuarios:“Registro del correo electrónico: changotremendoyosoy1973@...”

El juez, en un gesto que no pasó desapercibido, se rasca la nariz y mantiene la compostura mientras continúa con el proceso:“¿Quién más comparece?”.

Comentarios en redes no tardan en llegar

Las reacciones en TikTok fueron inmediatas y reflejan el humor con el que el público recibió el momento. Algunos usuarios destacaron lo insólito de utilizar una dirección tan peculiar en un contexto legal.

Uno de los comentarios más populares señaló:“El juez ya lo había leído y solo quería que lo dijera en voz alta”.

Otro usuario comentó en tono de burla y sorpresa: “¿Está divertido, pero no se le ocurrió crear otro por lo menos para el proceso? Digo, para no andar haciendo esos papelitos".

También hubo quienes aplaudieron con ironía el nivel de compromiso del abogado con su identidad digital: “Muy tremendo de su parte ese correo”.

El video ya acumula miles de vistas y reacciones, no solo por el peculiar correo, sino también por la impecable compostura del juez, quien logró contener la risa en una situación que muchos consideran hilarante.

Aunque se desconoce la identidad del abogado y la naturaleza del juicio, el clip ha provocado una conversación más amplia sobre la importancia de mantener correos electrónicos formales, especialmente en contextos profesionales.

Aún así, el momento quedó registrado como un ejemplo más de cómo lo cotidiano puede volverse viral en cuestión de segundos.

Y claro, como recordatorio: tal vez sea buena idea tener un correo alternativo... por si algún día toca decirlo en voz alta frente a un juez.

El Día del Juez y la Jueza se conmemora en el Perú cada 4 de agosto. La fecha remite a la creación de la Alta Cámara de Justicia por el Libertador José de San Martín en 1821, acto que marcó el inicio de la organización del Poder Judicial en la República.

Posteriormente, en 1971, el gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado oficializó la efeméride mediante el Decreto Ley 18918. Desde entonces, cada año las Cortes Superiores desarrollan actos solemnes para destacar la importancia de magistrados y magistradas en la administración de justicia y en la construcción del Estado de derecho.

El origen histórico

El 4 de agosto de 1821, pocos días después de proclamarse la independencia, José de San Martín instituyó en Lima la Alta Cámara de Justicia. Este órgano reemplazó a la Real Audiencia española y se convirtió en el antecedente más remoto de la Corte Suprema de Justicia de la República.

La Alta Cámara estuvo conformada por un presidente, ocho vocales y dos fiscales, uno para causas civiles y otro para causas penales. Su creación respondió al propósito de centralizar la administración del nuevo Estado y garantizar que la justicia fuera ejercida con independencia.

San Martín dejó constancia de su decisión de no interferir en las labores judiciales. Afirmó que “la independencia del Poder Judicial es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo”, reforzando así la necesidad de desvincular la justicia de presiones políticas.

El establecimiento de la Alta Cámara de Justicia se sumó a otras medidas adoptadas en la época, como la creación del departamento de Trujillo y de la Cámara de Apelaciones con sede en esa ciudad el 12 de febrero de 1821, lo que ayudó a estructurar el territorio de la nueva República.

La oficialización en 1971 por el gobierno militar

El Día del Juez y la Jueza fue institucionalizado en 1971 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado mediante el Decreto Ley 18918. La norma, publicada el 3 de agosto de ese año, fijó el 4 de agosto como la fecha oficial de conmemoración en homenaje al acto fundacional de San Martín.

La decisión se tomó con el objetivo de dignificar a la magistratura nacional y promover la cultura jurídica en el país. Además, dispuso que cada año las Cortes Superiores de Justicia realizaran sesiones solemnes para recordar a los magistrados que contribuyeron de manera ejemplar a la administración de justicia.

No obstante, el contexto de la oficialización estuvo marcado por tensiones. Apenas dos años antes, en 1969, el propio régimen de Velasco había destituido a los magistrados de la Corte Suprema mediante el Decreto Ley 18060 y designado directamente a sus reemplazantes.

Ese mismo gobierno creó y controló el Consejo Nacional de Justicia, organismo que, lejos de garantizar independencia, terminó debilitando la autonomía del Poder Judicial y politizando el nombramiento de jueces. Estas contradicciones revelaron la compleja relación entre el poder político y la magistratura.

Los retos históricos del Poder Judicial

A lo largo de la historia republicana, la independencia judicial ha enfrentado grandes desafíos. La injerencia del Ejecutivo y los periodos de militarismo de los siglos XIX y XX afectaron la autonomía del Poder Judicial. Estas tensiones derivaron en situaciones en las que el sistema de justicia fue utilizado como instrumento de los gobiernos de turno.

El Decreto Ley 18918 buscó fijar un estándar alto. Además de establecer la fecha conmemorativa, exigía que las ceremonias del 4 de agosto resaltaran el trabajo de magistrados que hubieran aportado a la cultura jurídica y a la emancipación social, política y económica del país.

Sin embargo, la judicatura peruana ha sido cuestionada históricamente por problemas de corrupción, ineficiencia y vulnerabilidad frente a presiones externas. Estos factores han deteriorado la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.

A pesar de ello, el Poder Judicial también ha contado con magistrados y magistradas que marcaron un precedente. Algunos, como Antonia Esther Saquicuray Sánchez, quien declaró inaplicable una ley de amnistía en el caso Barrios Altos, o Inés Villa Bonilla, que enfrentó casos de corrupción complejos, son ejemplos de resistencia frente a injerencias políticas.

Magistrados y magistradas que dejaron huella

El Día del Juez y la Jueza es también un espacio para recordar a quienes, a través de su labor, fortalecieron el sistema judicial. Figuras como el fiscal supremo Guillermo Seoane, el vocal de la Corte Suprema Domingo García Rada y Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, primer Fiscal de la Nación, fueron reconocidas por su integridad.

Estos magistrados, y otros más, demostraron independencia de criterio y ética en contextos adversos. Su compromiso con la justicia se convirtió en ejemplo para nuevas generaciones.

Cada 4 de agosto, las ceremonias conmemorativas organizadas por las Cortes Superiores de Justicia buscan mantener viva esa tradición. Más allá del homenaje, la fecha reafirma la importancia de un Poder Judicial autónomo, capaz de proteger los derechos ciudadanos y de ejercer sus funciones sin interferencias externas.

El presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón, de 76 años, presentó su renuncia tras ser denunciado ante la Suprema Corte bonaerense por una secretaria letrada de ese tribunal de Alzada, quien lo acusó hace dos semanas de acoso sexual y laboral y abuso de poder en una presentación extensa y detallada.

En efecto, la denunciante describió diversos episodios de presunto acoso sexual, abuso de autoridad, hostigamiento laboral y degradación institucional que, según afirmó, impactaron gravemente en su salud mental y afectaron de manera profunda su vida profesional y personal. La mujer cumple funciones específicas en la Secretaría de la presidencia de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, y cuenta con casi 20 años de trayectoria en el Poder Judicial de la provincia.

De acuerdo con la denuncia -revelada por el diario La Nación-, el vínculo entre García Maañón y G.B.S. comenzó a intensificarse en febrero de 2025, poco antes de que él volviera a asumir la titularidad rotativa del tribunal. En ese marco, la mujer relató que el camarista empezó a enviarle mensajes de índole personal que, aunque al principio respondió con cortesía, fueron tornándose cada vez más incómodos, persistentes y con contenido sexualizado.

“La noche es deseo, la pasión, la aventura”, habría escrito el juez en una conversación de madrugada, a la que siguieron propuestas de encuentros en su casa o cenas “de trabajo” durante los fines de semana.

El hecho que motivó a la auxiliar letrada a formalizar la denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense fue un mensaje que García Maañón envió en un grupo institucional de WhatsApp, en el que, frente a todos los integrantes de la Cámara, expresó que no quería seguir trabajando con ella y sugirió que ya había cometido errores durante su gestión anterior.

Como respuesta, la mujer reenvió al mismo grupo un audio privado que el magistrado le había grabado en abril, en el que le hacía saber su “atracción sexual” hacia ella y aseguraba que ese sentimiento no interferiría en su vínculo laboral.

En ese audio, del que se adjuntó la transcripción, García Maañón insistía en que sabía “separar las cosas”, afirmaba que le gustaría “tener algo” con ella y que había “mucha atracción sexual” de su parte, pero que si no se daba, no insistiría. “Si algo entiendo es de mujeres y caballos”, decía el mensaje en un tono que G.B.S. calificó como cosificador y ofensivo.

La presentación del caso ante la Subsecretaría de Control Disciplinario del Máximo Tribunal de la provincia de Buenos Aires derivó en la intervención de la Procuración General bonaerense, en manos de Julio Conte Grand, quien envió las actuaciones a la Fiscalía General de San Isidro, encabezada por John Broyad. Con la denuncia se abrió una Investigación Penal Preparatoria que actualmente conduce el fiscal José Amallo.

El juez denunciado, campeón de tiro y de karate, accedió a su cargo a fines de los ‘80 y se desempeñó siempre en el departamento judicial de San Isidro. Intervino en expedientes como la muerte de Diego Maradona -donde actuó como suplente-, el crimen de María Marta García Belsunce y el robo al periodista “Baby” Etchecopar. Además, fue noticia hace dos años por matar a dos de los cinco delincuentes que intentaron asaltarlo en el partido bonaerense de Quilmes cuando salía de un polígono de tiro junto a su custodio personal. Para el fiscal del caso, Martín Conde, el magistrado actuó en legítima defensa.

La renuncia del camarista se concretó un día antes de que termine la feria judicial de invierno. Fue presentada por su abogado defensor, Adrián Murcho, ante la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

“Al juicio no se va de pescar”, advirtió el procurador especial durante la audiencia, en una crítica directa a la estrategia de la defensa de Nicolás Petro. Esta frase, pronunciada en medio de un debate sobre la pertinencia de las pruebas solicitadas, encapsula la tensión que domina el proceso judicial contra el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el Ministerio Público, la defensa estaría recurriendo a maniobras que, lejos de agilizar el caso, podrían enredarlo aún más. Esta advertencia marcó el tono de una jornada en la que tanto la Procuraduría como la Fiscalía y el propio juez expresaron su preocupación por la dinámica que ha adquirido el proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La advertencia formal que hizo el juez apunta a que si el abogado defensor del acusado insiste en solicitar aplazamientos injustificados de las audiencias, se abrirán investigaciones disciplinarias. Esta decisión surge tras una serie de incidentes en los que la defensa pidió suspensiones alegando compromisos en otros procesos, lo que generó molestia en el tribunal y entre los demás actores procesales.

El juez, visiblemente incómodo, cuestionó la lógica de que la defensa solicite suspensiones de diligencias que ellos mismos programaron en fechas acordadas previamente.

“Estas audiencias se vienen programando, el juzgado ni siquiera impone la fecha, como debe ser, de tal manera que se exhorta por última vez a la defensa y si la próxima vez vuelve a ocurrir algo que cambie la fecha, el juzgado ponderará y compulsará copias disciplinarias si ello es necesario por incumplimiento de sus deberes, aun cuando las audiencias son programadas”, afirmó el juez, esta postura busca frenar una práctica que, a juicio del tribunal, afecta la eficiencia y la transparencia del proceso.

La Fiscalía General de la Nación, representada por la fiscal Lucy Laborde, respaldó la posición del juez y subrayó las dificultades logísticas que generan los aplazamientos. Laborde explicó que el traslado a Barranquilla respondía a la necesidad de asistir presencialmente a todas las audiencias, con la expectativa de que el proceso avanzara con celeridad. “Me preocupa su señoría, pues toda vez que el señor defensor tiene defensor suplente tenga que aplazarse, una y otra vez, esta sesión programa”, manifestó la fiscal, evidenciando el impacto negativo de las suspensiones en la agenda institucional y en el desarrollo normal de las diligencias.

El origen de este clima de tensión se remonta a los reparos de la Procuraduría frente al listado de pruebas presentado por la defensa. El procurador especial cuestionó la pertinencia de las pruebas solicitadas, sugiriendo que la defensa estaría utilizando el juicio como un espacio para explorar posibilidades, en vez de presentar una teoría del caso sólida y coherente. “Las partes tienen ya estructurada una teoría del caso, sabe cuál es el resultado de cada prueba y vienen a mostrar, a practicarlas ante el juez, para que la valore y para llevar a su conocimiento la hipótesis, pero aquí no se viene a solicitarle al juez que ordene la práctica de una prueba o una actividad investigativa porque esa no es la etapa del juicio”, puntualizó el procurador.

La defensa de Nicolás Petro, tras escuchar los reparos de la Procuraduría, solicitó la suspensión de la diligencia, argumentando la existencia de compromisos en otras instancias. Esta petición no fue bien recibida por el juez, que reiteró que no tolerará más dilaciones y que, de repetirse la situación, procederá a ordenar las investigaciones disciplinarias correspondientes.

Las partes fueron citadas nuevamente para el miércoles 30 de julio de 2025, en una sesión en la que se espera que la defensa defina si insistirá en la suspensión. De no hacerlo, el juez dejó claro que tomará medidas para garantizar el cumplimiento de los deberes procesales y evitar que el proceso se prolongue innecesariamente.

El secretario en funciones de juez, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, desechó, el 28 de julio de 2025, el amparo promovido por Ulises Pinto Madera, alias ‘El Pinto’, señalado como presunto exlíder del grupo conocido como La Barredora.

El amparo se desechó luego de que “El Pinto” o “El Mamado”, no ratificó la demanda de amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, por lo que se calificó como no presentada dicha solicitud.

Dicho personaje es señalado como cercano a Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) estatal, durante las administraciones de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos, quien huyó de México, tras activarse una orden de aprehensión en su contra, por presuntos nexos con la organización criminal La Barredora.

De acuerdo a los primeros reportes, su huida fue para evitar que autoridades federales lo sometieran a supuestos “malos tratos, incomunicación o tortura”.

Catean domicilio de “El Mamado”, en fraccionamiento de Villahermosa

Durante un cateo en un domicilio ubicado en Hacienda Santa Lucía, en la colonia Sabina, fuerzas federales incautaron droga, documentos y uniformes oficiales relacionados con Ulises Pinto Madero, alias “El Mamado”, presunto exlíder criminal de la organización delictiva La Barredora

El operativo se realizó en una casa de tres niveles sin ocupantes.

En el lugar se localizaron objetos que simulan pertenencia a la FGE y la Secretaría de Seguridad Y protección Ciudadana, como uniformes, gorras, insignias y fornituras, además de placas vehiculares y dos máquinas contadoras de dinero.

También fueron aseguradas 26 bolsas con presunta cocaína, una bolsa con marihuana, una motocicleta y una cuatrimoto, además documentos a nombre de Pinto y su presunta pareja María Nayely ‘N’.

AMLO ya había puesto el ojo en Hernán Bermúdez, según filtraciones

En días recientes se filtró información sobre que el expresidente Andrés Manuel López Obrador conocía desde hace casi tres décadas los señalamientos de corrupción, abuso de poder y vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena.

En 1995, cuando era dirigente nacional del PRD, el hoy presidente lo acusó públicamente de encabezar una banda delictiva protegida por el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

Pese a estos antecedentes, el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación le abrió las puertas nuevamente al poder público, cuando en 2019 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco por el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández.

El fallo definitivo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se conocerá el 28 de julio de 2025, tiene una protagonista silenciosa: Sandra Liliana Heredia Aranda, la jueza que ha adelantado el extenuado proceso contra el exmandatario y que podría encabezar lo que algunos han llamado El Fallo de Siglo, pues la togada podría pasar a la historia como la primera en declarar culpable a un exmandatario, e inclusive condenarlo a prisión.

El nombre de Sandra Heredia, que durante los juicios contra Uribe no sonaba con tanta fuerza, ha comenzado a ser tendencia por estos días, aunque de manera paulatina, como el martes 22 de julio de 2025, cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por primera vez sobre el proceso contra el exmandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su cuenta de X, el jefe de Estado, sin mencionar su nombre, abogó por la independencia de Heredia al momento de impartir el fallo y aseguró que, independientemente de la sentencia que profiera, se encargará de proteger a la juez y a su decisión.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Considere mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado. Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad. Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”, escribió el primer mandatario en X.

Sandra Heredia y su pasión por el derecho

El portal tolimense El Cronista logró reconstruir la historia de vida y profesional de la togada, gracias a la información que recabó de fuentes protegidas y documentos oficiales. Nacida en el corazón rural del Tolima, Heredia cursó la primaria en la Escuela Urbana de Niñas y el bachillerato en el Colegio Felisa Suárez de Ortiz, ubicado en Alpujarra, un municipio agrícola de apenas 4.000 habitantes.

La falta de recursos la obligó a dejar su pueblo natal, aunque nunca abandonó su departamento. Siendo adolescente se trasladó a Flandes, donde una de sus hermanas la acogió y la acercó a la Rama Judicial. El camino de Heredia Aranda no estuvo exento de dificultades, pues tardó más de una década en obtener su título de abogada debido a que tuvo que alternar estudios y trabajo.

Inició su formación en los años 90, al adelantar cursos de Estadística y Matemáticas Financiera en el Sena de Girardot, porque su familia no podía costearle la universidad. Su primera oportunidad en la Rama Judicial llegó en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Flandes como notificadora, un cargo que desempeñó durante 44 días en 1994, cubriendo las vacaciones de su hermana. Esa breve experiencia bastó para que se enamorara del servicio público.

A partir de entonces, su carrera avanzó sin atajos. En Melgar, Heredia trabajó como notificadora para la jueza Luz Marina Sandoval Carrillo, a la que considera su primera mentora. Mientras cumplía funciones allí, Sandra Heredia viajaba constantemente a El Espinal para estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. El esfuerzo rindió frutos, el 1 de noviembre de 2006 obtuvo su título profesional; y tres años después, en mayo de 2009, inició su carrera como jueza de la República al ser designada Juez Municipal Adjunta en Bogotá, aunque solo por siete meses en un cargo temporal de “descongestión”.

Su desempeño la llevó a ocupar otros cargos relevantes: oficial mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagué y Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá. El 1 de agosto de 2018, alcanzó el cargo que la proyectó a nivel nacional e internacional: Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La designación para liderar el juicio de Uribe, una cuestión de “azar”

Como Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Heredia Aranda destacó el proceso en el que dictó la primera condena por violencia policial durante las protestas sociales de septiembre de 2020 en Bogotá. La jueza impuso 10 años de prisión al patrullero de la Policía Nacional John Antonio Gutiérrez por el homicidio de Jáider Alexander Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, que protestaban por la muerte de Javier Ordóñez a manos de policías, resaltó El Cronista.

En abril de 2024, el sistema de reparto asignó a Sandra Liliana Heredia el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno de testigos.

Consciente de la magnitud del caso, solicitó la suspensión de nuevos procesos para concentrarse en el juicio. Durante el proceso, Heredia enfrentó tutelas que la acusaban de vulnerar el debido proceso, intentos de dilación y el riesgo de prescripción, ya que en octubre de 2025 el expresidente podría beneficiarse del vencimiento de términos.

A pesar de estos obstáculos, la jueza logró que el juicio avanzara con sorprendente celeridad. En varias ocasiones, Heredia Aranda rechazó solicitudes de aplazamiento y recusaciones infundadas, por lo que la defensa de Uribe recurrió a tutelas para intentar dilatar el proceso; pero el Tribunal Superior de Bogotá respaldó la imparcialidad de la jueza y negó todas las pretensiones.

En apenas cinco meses, la jueza condujo las etapas más complejas del juicio oral: exposición de pruebas, testigos y alegatos de conclusión. Ahora, solo resta conocer el sentido del fallo, que se revelará el lunes 28 de julio y cuya decisión está en sus manos.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “comprometen gravemente la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal” y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende, sin embargo, que “ni una sola línea” de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de “infundadas” las críticas de las asociaciones contra estas leyes.

El CGPJ acuerda que la huelga carece de base legal

Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.

Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, “no procede” tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal “pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”.

Las asociaciones mantienen la convocatoria y consideran la huelga una medida legítima

A pasar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de “una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales”.

Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que “de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión”. Alegan, además, que tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Por otra parte indican que “ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado” el comité de huelga ha establecido unos criterios “para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga”.

Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

(Noticia elaborada por EFE)

El 26 de junio de 2025 se desarrolló una nueva audiencia judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos, que estuvo marcada por tensos alegatos, suspensiones inesperadas y la intervención de los representantes de las víctimas.

El caso, que involucra a Álvaro Uribe Vélez, exmandatario de Colombia, continúa generando expectativa en el ámbito judicial y político del país. La jornada de este jueves se centró en los argumentos de los abogados que representan a las víctimas, que expusieron ante la juez Sandra Liliana Heredia. La audiencia, que tuvo lugar en los juzgados de la capital colombiana, se vio interrumpida en dos ocasiones, lo que añadió un matiz de tensión y expectativa al proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la primera parte de la sesión, el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Iván Cepeda, tomó la palabra para defender los intereses de su representado, quien figura como demandante en el proceso. Del Río sostuvo que “muchos de los testigos han querido manchar la imagen de Cepeda”, señalando que el abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, habría visitado cárceles con el propósito de modificar testimonios. Esta afirmación puso de relieve la complejidad del caso y la multiplicidad de actores involucrados, así como la importancia de los testimonios en la construcción de la verdad judicial.

La intervención de Del Río se centró en la presunta manipulación de testigos, un aspecto clave en la acusación contra el expresidente. El abogado argumentó que la estrategia de la defensa de Uribe habría incluido el contacto directo con personas privadas de la libertad, con el objetivo de obtener declaraciones favorables para el exmandatario. Este señalamiento refuerza la hipótesis de que el proceso judicial no solo se limita a la figura de Uribe, sino que involucra a su círculo cercano y a quienes han participado en la recolección de pruebas y testimonios.

El desarrollo de la audiencia tomó un giro inesperado cuando intervino el abogado Juan David León, representante de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, también considerados víctimas en el proceso. Durante su alegato, la juez Sandra Liliana Heredia se vio obligada a suspender la audiencia en dos ocasiones. La primera suspensión se debió a una falla técnica que afectó la conexión a internet, lo que impidió la continuidad normal de la sesión. La segunda interrupción ocurrió cuando la juez consideró que el alegato de León se alejaba de los hechos jurídicos en discusión.

La juez Heredia advirtió al legista: “Está haciendo su alegato frente a circunstancias que no hacen parte de los hechos jurídicos y voy a suspender la audiencia en estos momentos para que reconsidere sus alegatos”. Esta intervención de la togada evidenció la rigurosidad con la que se conduce el proceso y la necesidad de ceñirse estrictamente a los hechos relevantes para la causa. La decisión de la juez se produjo después de que León intentara referirse a una intervención pública de Álvaro Uribe cuando era presidente, el 8 de octubre de 2007, lo que fue considerado por la magistrada como un desvío del objeto central del juicio.

Como resultado de estas interrupciones, la audiencia quedó aplazada y se reanudará con el alegato pendiente de León el viernes 27 de junio a las 8:30 de la mañana. Esta reprogramación mantiene en vilo a las partes involucradas y a la opinión pública, que sigue de cerca cada desarrollo del proceso judicial contra el exmandatario.

Cabe recordar que en la diligencia realizada el miércoles 25 de junio. La fiscal Marlene Orjuela presentó un balance de las pruebas recabadas durante la investigación. Orjuela afirmó que “las pruebas practicadas con inmediación y bajo la dirección de la entidad, han sido concluyentes”. Según la fiscal, la estructura probatoria desplegada en la audiencia incluyó declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y un análisis integral del contexto fáctico “no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda”.

Así las cosas, defendió las pruebas presentadas por el ente acusador y reafirmó su solicitud de que el líder político del Centro Democrático sea condenado.

Un juez federal declaró el martes al fiscal general de Florida en desacato civil por violar una orden judicial que requería que los fiscales estatales informaran a los agentes para que dejaran de aplicar una ley de inmigración recientemente promulgada.

La misma jueza, Kathleen M. Williams, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, había emitido en abril una orden de restricción temporal que suspendía la aplicación de una ley que convertía en delito estatal que cualquier “adulto extranjero no autorizado” ingresara o reingresara a Florida, con una pena mínima obligatoria de prisión de nueve meses. Esa ley había sido firmada por el gobernador Ron DeSantis en febrero.

Posteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta a las agencias de orden público estatales señalando que no podía impedir que aplicaran la nueva ley. “En mi opinión, actualmente no existe ninguna orden legítima y legal que impida a sus agencias seguir aplicando las nuevas leyes de entrada y reingreso ilegal de Florida”, escribió en la carta. Este martes, Williams consideró que dicha carta iba en contra de su orden y la declaró en desacato.

La carta fue enviada después de un memorando anterior de Uthmeier que informaba a las agencias de orden público sobre la orden de restricción temporal y les instruía a cumplirla.

Sin embargo, la segunda carta, que Uthmeier afirmó que fue enviada para aclarar su memorando original emitido cinco días antes, decía a las agencias de orden público: “La jueza Williams ordenó que mi oficina les notificara el alcance evolutivo de su orden, y así lo hice. Pero no puedo impedirles que hagan cumplir (la nueva ley), ya que no existe una orden judicial que les restrinja adecuadamente de hacerlo”.

Uthmeier declaró en X: “Si ser declarado en desacato es el precio por defender el estado de derecho y respaldar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.

Williams, quien fue nombrada por el presidente Barack Obama, ordenó a Uthmeier que presente informes quincenales sobre si se han realizado arrestos, detenciones u otras acciones bajo la nueva ley. Además, debe informar de inmediato al tribunal si llega a tener conocimiento de algún arresto, agregó. En caso de no cumplir, el tribunal considerará sanciones adicionales, como multas, escribió.

La demanda que impugna la ley de Florida, introducida como el Proyecto de Ley del Senado 4-C, fue liderada por la Coalición de Inmigrantes de Florida y argumenta que la supervisión de la inmigración es una responsabilidad federal.

Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, que forma parte del equipo legal de los demandantes, declaró que la ley es “no solo inconstitucional, sino también cruel y peligrosa” cuando se presentó la demanda en abril.

La ley también instruye a la policía a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sobre cualquier arresto realizado. En abril, defensores de inmigrantes informaron que un ciudadano estadounidense fue arrestado y detenido por más de 24 horas bajo esta ley.

Un panel de apelaciones de un tribunal federal en Atlanta rechazó a principios de este mes el intento de Uthmeier de impugnar la orden de restricción original de Williams.

(c) 2025 , The Washington Post

Un juez decidió suspender provisionalmente la medida de restricción del pico y placa que había sido impuesta a los vehículos no matriculados en el departamento de Santander.

Esta decisión afecta directamente la Resolución 017, la cual estaba programada para entrar en vigor el próximo 16 de julio de 2025, según lo establecido en la normativa de tránsito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La restricción del pico y placa en cuestión había sido implementada para regular la circulación de vehículos en el área metropolitana de Bucaramanga, el cual afectaba especialmente a aquellos vehículos con placas de otros municipios del departamento y del país. La medida había sido establecida para limitar el acceso de vehículos foráneos a la ciudad en horarios específicos, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire.

Sin embargo, la medida generó una fuerte oposición y protestas en varias ocasiones por parte de los conductores, que argumentaron que la restricción afectaba principalmente a los propietarios de vehículos matriculados fuera del área metropolitana de Bucaramanga, muchos de los cuales dependen de sus vehículos para trabajar o trasladarse a la ciudad.

Detalles de la medida y la protesta

Según la resolución original, los vehículos con placas foráneas estaban prohibidos de circular en el área metropolitana bajo las siguientes condiciones:

• Días pares: no podían circular los vehículos cuya placa terminara en 0, 2, 4, 6 u 8.
• Días impares: se les prohibía circular a los vehículos cuya placa terminara en 1, 3, 5, 7 o 9.

La restricción debía aplicarse en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, y los sábados la medida se reducía a un horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Estas medidas de control de tráfico buscaban disminuir la congestión vehicular, especialmente en horas pico, y mejorar la circulación en el área urbana de Bucaramanga, que históricamente ha sufrido por la alta demanda vehicular.

Sin embargo, muchos conductores se vieron afectados por la restricción, especialmente aquellos que viven fuera de Bucaramanga y tienen que ingresar a la ciudad con regularidad.

Decisión del juez y suspensión provisional

La decisión judicial de suspender de manera provisional la medida del pico y placa para vehículos no matriculados en Santander llega luego de que varios sectores de la sociedad manifestaran su inconformidad con la resolución. Entre ellos, los conductores afectados y ciertos sectores de la comunidad legal, que consideraron que la medida había sido adoptada de manera improvisada y sin una consulta adecuada con los ciudadanos y los actores involucrados.

En su fallo, el juez argumentó que existían dudas razonables sobre la legalidad y justificación de la restricción, lo que llevó a tomar la decisión de suspenderla de manera provisional mientras se resuelven los posibles vicios de procedimiento o de fondo en la normativa establecida. La medida había generado un gran debate en el ámbito legal, ya que muchos consideraban que se trataba de una limitación innecesaria y desproporcionada para los conductores provenientes de otros municipios del departamento.

Consecuencias de la suspensión

La suspensión provisional de esta medida implica que, por el momento, los vehículos con placas registradas fuera del área metropolitana de Bucaramanga y del departamento de Santander podrán circular libremente en la ciudad, sin la obligación de cumplir con la restricción del pico y placa establecida. Esto permitirá a los conductores continuar con sus actividades cotidianas sin la limitación que había sido impuesta anteriormente.

Sin embargo, esta suspensión es temporal, y aún se espera que las autoridades competentes resuelvan de manera definitiva el futuro de la medida. Si la medida es considerada válida por los tribunales en el futuro, la restricción podría entrar nuevamente en vigor.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini finalmente suspendió la licencia que tenía concedida para la semana que viene, por lo que no iba a estar para definir la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Gorini iba a estar la semana que viene por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia era “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y para viajar a España. Sin embargo, luego de que esta mañana se difundiera públicamente la noticia del viaje, el juez buscó postergar su licencia, lo que finalmente concretó.

Así, Gorini continuará como el juez de ejecución de la condena de Cristina Kirchner y el resto de los acusados. Si no, su lugar iba a ser ocupado para esa función por Rodrigo Giménez Uriburu, también juez del mismo tribunal oral. Los tribunales orales tienen tres jueces. En este caso son solo dos porque el tercer lugar está vacante, que siempre se cubre con un suplente. Para el caso Vialidad es Andrés Basso.

Giménez Uriburu es uno de los jueces apuntados tiempo atrás por Cristina Kirchner por integrar el equipo de fútbol Liverpool, que integran otros magistrados y participó de un campeonato en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.

En los casos de ejecuciones de sentencias las decisiones son de un solo juez. En este caso es Gorini pero ante su posible ausencia quien lo reemplazará es Giménez Uriburu. Más allá de eso, las fuentes señalan que por la trascendencia del caso de Vialidad aunque firme un solo juez la decisión es consentida por todo el tribunal.

La ausencia del juez se iba a dar la semana en la que Cristina Kirchner y el resto de los acusados tienen que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos. El tribunal les dio un plazo de cinco días hábiles que vence el próximo miércoles. Además, respecto de la ex presidenta se tiene que resolver el pedido de prisión domiciliaria.

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados que también reclamaron que a Cristina Kirchner no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal oral comenzó a hacer el trámite para resolver ese pedido y le pidió opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola antes de resolver. Pero también le requirió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente una lista de posibles lugares de detención para los condenados.

“Requiérase al Ministerio de Seguridad Nacional que en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas. Hágase saber que, para determinar el lugar de detención, se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas", le solicitó para Cristina Kirchner y el resto de los condenados.

Para cada uno de ellos la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

El gobierno ya contestó ese planteo. La información llegó el miércoles a la tarde al Tribunal Oral Federal 2 ″en un sobre cerrado "y, por la “confidencialidad” del asunto, se guardó en una caja fuerte sin que las partes del caso puedan por el momento tener acceso.

El individuo que hirió este pasado sábado con su vehículo a cinco personas en la ciudad alemana de Passau ha sido detenido por el cargo de intento de homicidio, según ha informado la Policía.

Un magistrado de la localidad ha emitido una orden de arresto al respecto contra el conductor, un hombre de 48 años, que según la investigación intentó arrollar con su Mercedes a su mujer y a su hija, llevándose por delante a otras tres personas, dos de ellas (el hombre de 38 años y una mujer de 39) todavía siguen hospitalizados con pronóstico grave.

"En relación con su esposa, ya existían motivos para la intervención policial en el pasado", ha añadido un portavoz policial en comentarios recogidos por el diario local 'Passau Neue Presse', en lo que, de momento, apunta a crimen pasional.

Una juez de Almería ha condenado a una madre que golpeó con el palo de una escoba a su hijo adolescente tras irrumpir en su habitación en el marco de una discusión que se desarrollaba en la vivienda familiar en la que ambos residían.

La sentencia, dictada en firme tras la conformidad de las partes y el reconocimiento de los hechos por parte de la mujer, la condena por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, por lo que no podrá comunicarse con su hijo ni acercarse al mismo a menos de 500 metros por un periodo de dos años.

Según consta en la resolución, consultada por Europa Press, apunta que los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de marzo sobre las 13,00 horas cuando se inició una discusión entre ellos. Así, en un momento dado, la mujer le habría manifestado en marco de la riña "te voy a arrancar la cabeza y te tengo que matar".

Así, entró en la habitación del adolescente y "le golpeó con un palo de escoba en el cuerpo", lo que le provocó una contusión en la zona próxima del esternón para la que precisó únicamente un día para curarse tras haber sido asistido por un médico.

Además de la orden de alejamiento, por la que la progenitora tampoco se podrá acercar al centro escolar del menor, también tendrá que cumplir una pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad, abonar las costas procesales e indemnizar a su hijo con 50 euros más intereses.

En 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum y el Fiscal General de la República, Gertz Manero, señalaron que un juez de distrito había liberado a José Alfredo Cárdenas Martínez uno de los líderes del Cártel del Golfo.

Durante una conferencia matutina, el fiscal compartió los motivos por los que se abrió la carpeta de investigación y entre ellas figuró que dejó que el líder criminal llevara su proceso en libertad. Ante esta situación, la autoridad ministerial federal daría a conocer un informe sobre los dichos del juez con las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público.

Frente a estos señalamientos, el juez Gregorio Salazar Hernández emitió un recurso de queja ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la FGR compartió la versión pública de la sentencia a principios de 2025.

La respuesta del Tribunal Colegiado

La resolución del Recurso de Queja No. QA Ib) 530/2024 se emitió el 27 de diciembre de 2024 y según la versión pública “la persona quejosa sostuvo, bajo protesta de decir verdad, que es Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez del Poder Judicial de la Federación, desde agosto de 2017″.

“Promovió demanda de amparo quien argumentó que ciertas declaraciones y publicaciones realizadas por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Fiscal General de la República y el Director General de Comunicación Social de dicho organismo lesionaban su independencia judicial y derechos fundamentales" señala el documento oficial. Los actos reclamados por el juez fueron:

• La cesión de espacio durante una conferencia matutina (“mañanera”) de la Presidenta, es decir, ceder el espacio para que el Fiscal General emitiera señalamientos públicos sobre resoluciones judiciales que él había emitido en un caso específico
• Manifestaciones difundidas por el Fiscal General en medios de comunicación y redes sociales (x.com, antiguamente Twitter) respecto a esa actividad judicial
• Un comunicado público y publicaciones en plataformas oficiales de la Fiscalía General de la República, que criticaban su desempeño y cuestionaban las bases de las resoluciones emitidas

Esto ocurrió en el contexto de que el 20 de noviembre de 2024, el juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a José Alfredo Cárdenas Martínez, acusado en un caso de extradición tras seguir una suspensión provisional ordenada por un juez de distrito en un juicio de amparo relacionado.

Estas resoluciones generaron críticas por parte de las autoridades mencionadas, quienes las calificaron de controvertidas e, incluso, se derivaron amenazas de iniciar procedimientos penales contra el juez.

Ante lo mencionado, el juez promovió una demanda de amparo, solicitando la suspensión de actos como declaraciones gubernamentales en su contra y cualquier acto que afectara su independencia judicial.

El tribunal negó dicha suspensión, argumentando que las críticas formaban parte del escrutinio legítimo a la función judicial, debido a su carácter como servidor público.

Sin embargo, el Vigésimo Tribunal Colegiado consideró que estos actos representaban una injerencia indebida y una violación a la independencia judicial. Además, destacó que las expresiones públicas realizadas por las autoridades, lejos de cumplir con el deber de informar con objetividad y veracidad, socavaban la función autónoma del juez afectado. Frente a esta situación, las medidas ordenadas fueron:

• Retirar publicaciones de la Fiscalía General de la República en las plataformas digitales y en su sitio oficial que cuestionaban directamente la actividad jurisdiccional del juez recurrente
• Además, se determinó que cualquier comunicación futura por parte de las autoridades involucradas sobre resoluciones judiciales debía cumplir con principios de veracidad, objetividad, e imparcialidad, evitando insinuaciones de ilicitud o denostaciones

Los fundamentos jurídicos en los que se sustentó la respuesta del Tribunal fueron la jurisprudencia de la Suprema Corte y estándares internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se establecen la importancia de proteger la independencia judicial frente a presiones externas provenientes de órganos gubernamentales.

Además, reconoció las garantías de los jueces, como la independencia en la toma de decisiones, la protección de sus derechos ante amenazas y la obligación del Estado de intervenir frente a cualquier acto que pueda ocasionar daño irreparable.

El Tribunal resolvió declarar fundado el recurso de queja, otorgando una medida cautelar destinada a garantizar la independencia judicial del juez recurrente.

Señalamientos por parte de Harfuch

Sin embargo, no era la primera vez que autoridades señalaban a Gregorio Salazar Hernández, pues en el pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch mencionó que “ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción“.

Algunos de los casos exhibidos por Harfuch destacaron porque el juez Gregorio benefició a operadores delictivos. El más reciente compartido por el secretario data del 24 abril de 2025, pues favoreció en el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, al centro estatal de Aguaruto, donde el pasado lunes se aseguraron drogas, armas y dinero en efectivo.

En noviembre de 2024. Revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

En marzo 2024. Dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción Los Escorpiones.

En enero 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado este martes como "inadmisible" la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones contra el juez del Tribunal Supremo brasileño y relator del caso por el golpe de Estado a principios de 2023, Alexandre de Moraes.

"Es inadmisible que el presidente de cualquier país del mundo opine sobre la decisión del Tribunal Supremo de otro país", ha declarado en una rueda de prensa celebrada en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, según recoge agencia brasil.

Lula ha considerado que, independientemente de las actuaciones del Supremo, Washington debería "guardar silencio" y no dar su opinión. "Creo que Estados Unidos solo tiene que comprender que el respeto a la integridad de las instituciones de otros países es muy importante", ha afirmado.

El mandatario brasileño ha recalcado que, por el momento, su Gobierno solo tiene conocimiento de declaraciones por parte de las autoridades estadounidenses, no así de medidas concretas, si bien ha asegurado que "Brasil defenderá no solo a su ministro, sino también al Tribunal Supremo".

EL JUEZ DE MORAES, OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la semana pasada que Washington prohibiría la entrada al país de todas aquellas personas, incluidas autoridades, que sean "cómplices de la censura contra estadounidenses", "sea en América Latina, en Europa o en cualquier otro lugar".

La medida fue ampliamente entendida como un mensaje dirigido a De Moraes, después de que el jefe de la diplomacia estadounidense confirmara que existe "una alta posibilidad" de que éste sea sancionado por las autoridades estadounidenses.

El magistrado había iniciado solo dos días antes una investigación contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por los delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil, como parte de una campaña para defender desde Estados Unidos la inocencia de su padre, acusado de golpe de Estado por el ataque a las instituciones en enero de 2023.

El diputado pidió en marzo de este año una excedencia de 122 días y se fue a vivir al país norteamericano, donde, según el Ministerio Público brasileño, estaría intentando lograr la imposición de sanciones por parte de Washington contra el juez brasileño con el fin de "coaccionar" al Supremo.

El próximo lunes, 9 de junio, Jair Bolsonaro y otros siete acusados comparecerán ante el más alto tribunal brasileño en la trama por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula.

Un ciudadano guatemalteco identificado en los procedimientos judiciales como O.C.G. ha sido devuelto a Estados Unidos tras una orden judicial que determinó que su deportación fue realizada de manera injusta y sin el debido proceso.

Según informó CBS News, el hombre aterrizó en territorio estadounidense y se reunió con su equipo legal, liderado por Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.

Realmuto señaló que su cliente se encuentra agradecido por haber regresado, aunque también está nervioso y asustado por lo que pueda suceder en adelante.

Este es el primer caso en que el gobierno estadounidense repatria a un migrante deportado

El caso de O.C.G. se convirtió en un precedente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, bajo las nuevas políticas migratorias, repatria a una persona deportada tras una orden judicial que exige su regreso.

Según documentos judiciales, el juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, dictaminó que el hombre debía ser devuelto a Estados Unidos debido a irregularidades en el proceso de su deportación. La administración había informado el mes pasado que estaba organizando un vuelo chárter para cumplir con la orden.

La situación legal de O.C.G. y los abusos que vivió en su país

De acuerdo con los abogados de O.C.G., el hombre no tiene antecedentes penales y había solicitado asilo en Estados Unidos tras haber sido víctima de múltiples ataques violentos en su país natal, Guatemala.

En marzo de 2024, ingresó de manera irregular al país y fue deportado poco después. Sin embargo, al regresar a Estados Unidos el año pasado, se presentó ante la Patrulla Fronteriza para iniciar el trámite de asilo. En febrero de 2025, un juez de inmigración determinó que O.C.G. enfrentaría graves riesgos si era enviado de vuelta a Guatemala, por lo que ordenó una suspensión de expulsión que impedía su deportación.

A pesar de esta decisión judicial, dos días después, O.C.G. fue trasladado en un autobús y deportado a México sin que se respetaran los procedimientos legales establecidos. Según sus abogados, durante su estancia en México, fue retenido contra su voluntad y sufrió abusos, incluyendo una violación, mientras intentaba regresar a Estados Unidos.

En su audiencia de inmigración, presentó pruebas de estas experiencias, lo que llevó al juez a dictaminar que no podía ser deportado a ningún país que no fuera Guatemala sin un proceso adicional.

Las autoridades mexicanas decidieron trasladar a O.C.G. a Guatemala

Tras ser enviado a México, las autoridades de ese país lo trasladaron a Guatemala, donde tuvo que permanecer escondido hasta que se resolviera su situación legal. En su fallo, el juez Murphy destacó que el gobierno estadounidense ignoró los pasos necesarios para garantizar el debido proceso en el caso de O.C.G. “Esos pasos necesarios, y las solicitudes de ayuda de la O.C.G., fueron ignorados”, escribió el juez en su orden.

El Departamento de Justicia reconoció ante el juez que no existía ningún testigo que pudiera corroborar la versión del gobierno sobre la deportación de O.C.G. Además, admitió que una declaración jurada presentada previamente, en la que se afirmaba que O.C.G. no temía ser enviado a México, había sido un error.

Murphy concluyó que la única evidencia válida era la declaración de O.C.G., quien aseguró que no fue notificado de su traslado a México y que se le negó la oportunidad de hablar con sus abogados antes de ser deportado.

En su fallo, Murphy afirmó que la retractación del gobierno sobre su declaración previa reforzaba la conclusión de que la deportación de O.C.G. careció de cualquier indicio de debido proceso. Por ello, ordenó su regreso a Estados Unidos.

El equipo legal de Realmuto también está trabajando en otros casos relacionados

Según CBS News, ocho personas más, presuntamente trasladadas sin el debido proceso a África Oriental con destino final en Sudán del Sur, permanecen detenidas en Yibuti.

El juez Murphy ordenó al gobierno que mantuviera la custodia de estos migrantes mientras se les realizan entrevistas de “miedo razonable” para determinar si enfrentan riesgos en un tercer país.

Si no cumplen con los criterios de temor razonable, el gobierno debe otorgarles al menos 15 días para impugnar su deportación. Murphy indicó que estas personas pueden permanecer detenidas en Estados Unidos o en el extranjero, siempre que el gobierno garantice su custodia.

En un fallo de emergencia, un juez federal en Colorado bloqueó temporalmente la deportación de la esposa y los cinco hijos de Mohamed Soliman, un ciudadano egipcio investigado por un ataque con bombas incendiarias en Boulder.

Según informó Fox News, la orden fue emitida por el juez de distrito Gordon P. Gallagher, designado por la administración Biden, y estará vigente hasta una audiencia programada para el 13 de junio.

La decisión surge tras una solicitud de emergencia que alega que la familia debería tener oportunidad de defender su caso

El juez Gallagher dictaminó que las autoridades federales de inmigración no podrán expulsar del país a Hayem El Gamal, esposa de Soliman, ni a sus cinco hijos menores de edad, argumentando que su deportación podría causar “daño irreparable”.

La orden fue emitida tras una solicitud de emergencia presentada por Susanna Dvortsin, amiga de El Gamal, quien alegó que la familia enfrentaba una deportación inminente sin la oportunidad de defender su caso en los tribunales. Gallagher también estableció plazos para que ambas partes presenten argumentos legales antes de la audiencia en el juzgado Byron G. Rogers de Denver.

De acuerdo con el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, El Gamal y sus hijos permanecieron en el país más allá del tiempo permitido por sus visas, aunque Soliman ya había presentado una solicitud de asilo en nombre de su familia.

La cuestión principal que enfrenta el tribunal es si la deportación debe proceder mientras la solicitud de asilo sigue pendiente. Este caso ha puesto de relieve las tensiones entre las políticas migratorias y las investigaciones de seguridad nacional.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a la familia de Soliman.

En un video publicado en redes sociales, Noem aseguró que las acciones de Soliman serían procesadas “con todo el peso de la ley” y que las autoridades también están investigando si su familia tenía conocimiento o participó en el ataque. “Si tenían algún conocimiento o si brindaron algún apoyo, eso también será investigado”, afirmó.

El ataque en Boulder ha intensificado las divisiones políticas en Washington y Colorado

Legisladores republicanos han criticado las políticas migratorias de la administración Biden, señalando que fomentan la falta de aplicación de la ley.

El representante republicano por Colorado, Gabe Evans, declaró que este incidente es una “consecuencia directa del fracaso de los estados santuario como Colorado y California”. Evans instó a los demócratas a dejar de priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses, argumentando que “hay vidas en juego”.

Por su parte, la oficina del gobernador de Colorado, Jared Polis, negó que el estado sea un “santuario” para inmigrantes y aseguró que las fuerzas del orden locales, estatales y federales trabajan en conjunto para detener a los delincuentes, independientemente de su estatus migratorio.

Un portavoz del gobernador afirmó que no hubo solicitudes de agencias federales para actuar contra Soliman antes del ataque y que, de haber existido, el estado habría cooperado plenamente. Según los informes, la presencia legal de Soliman en el país terminó en marzo, tres meses antes del incidente.

El caso también ha generado controversia dentro del Partido Demócrata en Colorado

Algunos miembros enfrentaron críticas por asistir a un evento de recaudación de fondos con la representante Ilhan Omar en Denver, a solo 30 minutos del lugar del ataque.

Omar ha sido objeto de polémica en el pasado por comentarios considerados antisemitas y por sus críticas a Israel, lo que ha añadido un componente político y cultural al debate en torno a este caso.

La audiencia del 13 de junio será clave para determinar el futuro de El Gamal y sus hijos, así como para definir el alcance de las políticas migratorias en casos que involucran investigaciones de seguridad nacional.

Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado que más de 100 migrantes deportados a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tengan la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

Según informó The Associated Press, el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que estas personas, enviadas a una prisión en El Salvador en marzo, no han tenido acceso a un proceso formal para cuestionar las acusaciones en su contra ni las decisiones de deportación.

El fallo sugiere que muchos de los detenidos no tienen vínculos con la pandilla venezolana

El fallo surge tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, que permitió el traslado de los migrantes fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.

Boasberg señaló que existen “pruebas significativas” que sugieren que muchos de los detenidos no tienen vínculos con la pandilla y que están encarcelados bajo acusaciones “endebles” o incluso “frívolas”. En consecuencia, el juez ordenó al gobierno que facilite un mecanismo para que al menos 137 personas puedan presentar sus impugnaciones, incluso mientras permanecen bajo custodia salvadoreña.

El caso ha estado marcado por una serie de controversias legales

Según detalló The Associated Press, en marzo, el gobierno organizó vuelos para deportar a los migrantes a El Salvador, ignorando una orden previa de Boasberg que exigía su retorno a Estados Unidos.

Este acto llevó al juez a encontrar causa probable de desacato judicial por parte del gobierno. Además, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un mensaje en redes sociales tras el aterrizaje de uno de los vuelos, afirmando: “¡Uy, demasiado tarde!”, lo que fue interpretado como una respuesta desafiante a las órdenes judiciales estadounidenses.

La Corte Suprema de Estados Unidos intervino posteriormente, dictaminando que cualquier persona afectada por la Ley de Enemigos Extranjeros tiene derecho a apelar ante un juez para cuestionar su designación como enemigo del Estado. Boasberg explicó que su decisión actual se basa en la aplicación de este principio a los migrantes deportados. Según el juez, “claramente se privó” a los migrantes de la posibilidad de impugnar sus deportaciones antes de ser enviados a El Salvador. Por ello, ordenó que los casos sean tratados como si se hubiera proporcionado un proceso adecuado desde el principio.

Preocupaciones ante un patrón repetitivo de errores en las deportaciones

En documentos presentados bajo secreto, el gobierno estadounidense argumentó que los migrantes están ahora bajo el control legal de El Salvador, debido a un acuerdo entre ambos países.

Sin embargo, Boasberg expresó su preocupación por la conducta del gobierno en este caso, señalando que las acciones de la administración han complicado aún más la situación. También destacó un incidente en abril, cuando un vuelo nocturno desde Texas intentó eludir los requisitos establecidos por la Corte Suprema.

El juez comparó este caso con otro en el que el gobierno deportó erróneamente a un hombre de Maryland a El Salvador. En ese caso, los tribunales, incluida la Corte Suprema, ordenaron al gobierno facilitar el regreso del hombre a Estados Unidos. Boasberg subrayó que este tipo de acciones reflejan un patrón preocupante en la gestión de las deportaciones por parte de la administración.

El fallo representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal sobre el destino de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión conocida por sus duras condiciones.

Según The Associated Press, el juez ha dado al gobierno estadounidense un plazo de una semana para implementar un mecanismo que permita a los migrantes presentar sus impugnaciones, lo que podría marcar un cambio significativo en la forma en que se manejan estos casos en el futuro.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la prisión preventiva en arresto domiciliario del juez federal Marcelo Bailaque, acusado en tres causas penales por extorsión y vínculos con el narcotráfico. El magistrado no está preso porque tiene fueros, los que podría perder si es destituido en una causa que avanza en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces de la Sala III de Casación, Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, rechazaron un pedido de la defensa de Bailaque para que se revoque la prisión preventiva. El fiscal de Casación Raúl Pleé había pedido desestimar el planteo por inadmisible porque la decisión de dictarle al juez la prisión preventiva ya tenía un doble conforme con dos fallos previos. Los jueces de Casación fallaron en ese sentido en una audiencia oral que se hizo en los tribunales de Comodoro Py.

Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades que supo tener los mayores índices de violencia del país por la lucha por la venta de drogas. Sin embargo, Bailaque tiene tres causas penales en su contra por usar el juzgado con otros fines.El juez está acusado por armar causas falsas a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.

Los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país.

Eso fue apelado a Casación que hoy hizo la audiencia oral en la que ratificó la decisión.

La expectativa es que antes de fin de año comience el juicio oral contra Bailaque. Mientras tanto, en paralelo se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación del Consejo lo citó a que haga un descargo el próximo 17 de junio. El juez puede hacerlo por escrito o ir personalmente.Después de esa audiencia, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza con la acusación y suspende a Bailaque en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en la etapa de juicio político es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que le impiden la detención para que comience a cumplir la prisión preventiva.

“De la prueba reunida en este expediente, es posible tener por acreditado, con el grado de convicción requerido en esta etapa, que el magistrado Bailaque incurrió en comportamientos incompatibles con la ética, la transparencia y la objetividad exigidas por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial", dice el dictamen por el que el Consejo citó a Bailaque y que fue elaborado por los consejeros Àlvaro González y Alberto Maques.Tanto en la justicia penal como en el Consejo, Bailaque está acusado de tres hechos.

Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco “Los Monos”.

El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.

La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.

La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.

El Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe, en Haití, continúa con los interrogatorios a los 17 colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.

Según informó el tribunal, las audiencias, que comenzaron a finales de mayo de 2025 tras múltiples retrasos, buscan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante las sesiones, los acusados negaron cualquier vínculo con el crimen, por lo que argumentaron que su presencia en Haití se debía a labores de seguridad privada.

De acuerdo El Tiempo, en los testimonios presentados, los colombianos aseguraron que el día del asesinato recibieron órdenes de “prestar asistencia a la Policía” y vigilar los alrededores de un lugar que, según ellos, desconocían que era la residencia del mandatario.

Uno de los acusados relató que, en la madrugada del 7 de julio, le pidieron conducir un vehículo sin informarle el destino. Durante su declaración, afirmó que un oficial de policía le entregó las llaves de una camioneta y le indicó seguir una caravana. “Llegué hasta el sitio donde estaban todos los carros. Yo no vi ninguna casa, no sé quién viviría ahí”, expresó el hombre a través de una intérprete que tradujo del español al criollo haitiano.

Juez cuestionó con contundencia

De acuerdo con el medio citado, el juez encargado del caso cuestionó severamente la versión del acusado en medio de la audiencia, por lo que puso en duda su desconocimiento de los hechos. “¿Usted es tonto, es un niño? ¿No sabe nada?”, preguntó el magistrado al escuchar el relato. El colombiano respondió que solo podía declarar lo que sabía y negó cualquier implicación en el ataque. “Primero, no fui a ninguna casa. Y segundo, no maté a nadie”, afirmó. Además, explicó que su única tarea fue transportar a otros cuatro colombianos al lugar y esperar en el vehículo. Según su testimonio, permaneció allí hasta que, alrededor de las 2:00 p. m. o 3:00 p. m., dos vehículos blindados de la Policía comenzaron a dispararles.

El acusado también denunció que, tras ser capturado, fue golpeado por los agentes policiales, que lo acusaron directamente de asesinar al presidente de Haití. “Me decían que yo había matado al Presidente”, declaró ante el tribunal. Durante el interrogatorio, el juez cuestionó la credibilidad de su relato, por lo que señaló inconsistencias y calificó su comportamiento como inmaduro. “Usted ha dicho que es un militar. ¿Los niños pueden hacer parte del Ejército?”, preguntó el juez, a lo que el acusado respondió que no. “De las declaraciones que viene de hacer, usted parece un niño”, añadió el magistrado. El colombiano, identificado como exmilitar, insistió en que era un adulto de 48 años y que desconocía cualquier plan relacionado con el ataque.

El homicidio del presidente de Haití: un crimen por resolver

El asesinato de Jovenel Moïse, que fue atacado en su residencia privada, sumió a Haití en una profunda crisis política y social. Desde entonces, las investigaciones han estado marcadas por retrasos y controversias. Según consignó el tribunal, los acusados fueron detenidos en julio de 2021 y desde entonces han sostenido que su presencia en el país caribeño estaba vinculada a un contrato con una empresa de seguridad. Las audiencias actuales buscan esclarecer si los colombianos participaron activamente en el crimen o si, como ellos afirman, fueron engañados sobre las verdaderas intenciones de su misión en Haití.

El caso aún genera atención internacional debido a las implicaciones políticas y diplomáticas que rodean el asesinato de Moïse. Las declaraciones de los acusados y las respuestas del tribunal serán claves para determinar el curso de las investigaciones y las posibles condenas.

La jueza de distrito de EE. UU., Allison Burroughs, anunció que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado que no realicen cambios al programa de visas estudiantiles de Harvard indefinidamente.

En este sentido, Burroughs declaró: "Quiero mantener el statu quo" para permitir que Harvard continúe recibiendo estudiantes internacionales con visas por el momento, de acuerdo con la CNN.

No obstante, los detalles aún se están debatiendo en el tribunal.

Burroughs ha solicitado a los abogados de Harvard y del Departamento de Justicia que lleguen a un acuerdo para detener la revocación del programa de visas estudiantiles por el momento.

La juez también ha expresado su preocupación por el hecho de que los posibles estudiantes de Harvard en el extranjero no han podido obtener visas en algunas embajadas estadounidenses en el extranjero desde la semana pasada, de acuerdo con la cadena estadounidense.

La extensión de la jueza de distrito estadounidense Allison D. Burroughs se produce después de que la administración Trump diera a Harvard 30 días para responder a una notificación del Departamento de Seguridad Nacional que le prohibía recibir estudiantes extranjeros.

El Gobierno de EE. UU. -que también ha congelado subvenciones a la prestigiosa universidad- ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo progresista, de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus.

Mientras que la universidad afirma que está sufriendo represalias injustas.

Paralelamente hoy se celebró en el campus de Cambridge (Massachusetts) la ceremonias de graduación de las clases 2025 de Harvard que estuvo repleta de mensajes para Trump, ya que los oradores señalaron en sus discursos que están en el centro de una batalla nacional.

Yurong "Luanna" Jiang, una recién graduada china, recibió una gran ovación tras instar a los graduados a recordar su "humanidad compartida", según la CNN.

"Si aún creemos en un futuro compartido, no olvidemos a quienes fueron etiquetados como enemigos; ellos también son humanos", concluyó Jiang, quien se gradúo hoy en la Escuela de Desarrollo Internacional. EFE

Kseniia Petrova, de 31 años, que trabaja en el laboratorio Kirschner, enfrentó hoy una audiencia ante la jueza Christina Reiss, del tribunal federal en Vermont, que ordenó fuera dejada en libertad mientras se dilucida el caso de los embriones.

La jueza indicó además que la acción de un agente de Inmigración no fue legal cuando el pasado 16 de febrero despojó a la científica de su visa al descubrir los embriones, tras lo cual fue detenida en el aeropuerto de Boston (Massachussetts) en su regreso a EE.UU. desde Francia.

También dijo que la vida y el bienestar de Petrova estaba en peligro si era deportada a su país, de acuerdo con The New York Times.

Petrova trajo los embriones de un laboratorio en Francia para ser usados en investigaciones, pero olvidó declarar que los llevaba consigo. La científica estuvo detenida brevemente en Vermont, donde presentó un recurso pidiendo ser liberada, tras lo cual fue trasladada a un centro de Inmigración en Luisiana.

Sin embargo, se desconoce si la Administración del presidente Donald Trump acatará la orden o continuará con su plan de deportarla, señala además el Times.

A principios de este mes, horas después de otra audiencia en la que la jueza Reiss indicó su intención de liberar a Petrova, el Departamento de Justicia emitió una orden de detención por cargos de inmigración, por lo que no podría quedar en libertad bajo fianza hasta que no se vea este caso en Masaschussetts, a donde será trasladada el próximo viernes.

Petrova, graduada de un instituto ruso de élite de física y tecnología, fue reclutada en 2023 para trabajar en el laboratorio de Harvard, donde exploraba las formas de reparar el daño a las células que conducen a enfermedades como el cáncer.EFE

Kseniia Petrova, de 31 años, que trabaja en el laboratorio Kirschner, enfrentó hoy una audiencia ante la jueza Christina Reiss, del tribunal federal en Vermont, que ordenó fuera dejada en libertad mientras se dilucida el caso de los embriones.

La jueza indicó además que la acción de un agente de Inmigración no fue legal cuando el pasado 16 de febrero despojó a la científica de su visa al descubrir los embriones, tras lo cual fue detenida en el aeropuerto de Boston (Massachussetts) en su regreso a EE.UU. desde Francia.

También dijo que la vida y el bienestar de Petrova estaba en peligro si era deportada a su país, de acuerdo con el New York Times.

Petrova trajo los embriones de un laboratorio en Francia para ser usados en investigaciones, pero olvidó declarar que los llevaba consigo. La científica estuvo detenida brevemente en Vermont, donde presentó un recurso pidiendo ser liberada, tras lo cual fue trasladada a un centro de Inmigración en Luisiana.

Sin embargo, se desconoce si la Administración del presidente Donald Trump acatará la orden o continuará con su plan de deportarla, señala además el Times.

A principios de este mes, horas después de otra audiencia en la que la jueza Reiss indicó su intención de liberar a Petrova, el Departamento de Justicia emitió una orden de detención por cargos de inmigración, por lo que no podría quedar en libertad bajo fianza hasta que no se vea este caso en Masaschussetts, a donde será trasladada el próximo viernes.

Petrova, graduada de un instituto ruso de élite de física y tecnología, fue reclutada en 2023 para trabajar en el laboratorio de Harvard, donde exploraba las formas de reparar el daño a las células que conducen a enfermedades como el cáncer.EFE

El juez, Richard Leon, de un tribunal federal de Washington DC, emitió un fallo con unas 73 páginas de argumentos que los expertos señalaban como inusual por su tono de indignación, ya que usa signos de admiración y expresiones como "eso no sirve" o "esto es absurdo" para responder al Gobierno de Trump.

A finales de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que rescindía los contratos de WilmerHale con el Gobierno federal, suspendía el acceso de sus empleados a instalaciones de información confidencial y edificios gubernamentales, y prohibía a las agencias federales contratarlos a menos que estuvieran "específicamente autorizados".

El juez dijo que la orden es "inconstitucional" y la sumó a otras penalizaciones por parte de Trump a bufetes de abogados que han trabajado en casos contra él o asociados a profesionales críticos con él.

Leon mencionó, en ese sentido, "varias órdenes ejecutivas que se han emitido y que retan los derechos fundamentales" que garantizan un poder judicial y unos colegios de abogados independientes en el país.

En este caso, el presidente mencionó como una de las razones para penalizar a la entidad su vinculación con Mueller, a quien asegura que "acogió" después de dirigir "una investigación partidista contra el presidente y otras personas".

Robert Mueller, que trabajó en este bufete hasta que se retiró en 2021, lideró la investigación para determinar si los miembros de la campaña electoral de Trump en las elecciones de 2016 habían tenido contacto con agentes rusos, que finalmente concluyó que no había pruebas suficientes. EFE

Un tribunal de Estados Unidos ha fallado a favor del regreso de un ciudadano guatemalteco expulsado de Estados Unidos a México al considerar que sí cumple los requisitos para recibir asilo en el país.

El migrante aseguró a las autoridades estadounidenses que ser expulsado a México suponía para el un peligro, donde ya había sufrido violencia y había sido atacado. Igualmente, la posibilidad de volver a su país también implicaba peligro para él, donde actualmente se encuentra escondido.

Al hacer explícita esta información, el juez encargado de su proceso de deportación le confirmó que no podía expulsarlo a México al no poseer la nacionalidad del país, sin embargo, finalmente tuvo que viajar al país mexicano.

En este sentido, el juez considera que el Departamento de Seguridad Nacional cometió un error con este hombre y que, por lo tanto, deben facilitar su regreso a los Estados Unidos.

Este caso se suma a los ocurridos durante los últimos meses de supuestos errores en la deportación de migrantes de Estados Unidos ante los que el Gobierno Estadounidense debería hacer regresar y que, sin embargo, no ha retornado al país norteamericano.

Está previsto que Ximena Arias Cristóbal, una estudiante universitaria de 19 años que llegó a Estados Unidos hace 15 años, sea liberada en las próximas horas del Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, en el suroeste de Georgia, tras pagar la fianza de 1.500 que le impuso el magistrado de inmigración durante una audiencia celebrada este miércoles.

“El juez revisó el caso de Ximena en detalle y determinó que, de hecho, Ximena no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad en lo más mínimo”, declaró a Efe su abogado Dustin Baxter.

La joven cayó en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras supuestamente cometer una infracción de tráfico en Dalton, la localidad de Georgia donde reside con su familia, por presuntamente realizar un giro indebido y por manejar sin licencia.

Una semana después de su arresto, el pasado 5 de mayo, la policía reconoció que se trató de un error y la exoneró de los cargos, pero ICE se negaba a liberarla bajo el argumento de que estaba indocumentada.

“El Departamento de Seguridad Nacional indicó que no apelará la decisión del juez. La familia pagará la fianza lo antes posible y Ximena estará en casa con su familia mañana por la tarde a más tardar”, dijo el abogado de la joven que llegó a Estados Unidos cuando solo tenía cuatro años.

Oficiales del Departamento de Policía de Dalton explicaron que al revisar el video de la cámara de la patrulla que detuvo a Arias se determinó que el auto de la joven “parecía similar al vehículo infractor, pero no era el que realizó el giro indebido”.

Este error ha generado indignación en la comunidad hispana de Dalton, una localidad en el noroeste de Georgia que se conoce como la “Capital Mundial de las Alfombras” -por el número de fábricas de esta industria que operan ahí- que se unió para apoyar a los familiares de la joven para lograr su liberación.

El caso también ganó notoriedad porque el padre de Arias, José Arias, también fue detenido por ICE, tras ser detenido por una infracción de tránsito. El inmigrante mexicano fue liberado la semana pasada del mismo centro de detención donde se encontraba la joven, tras concederle un juez la libertad bajo fianza.

Los allegados a la familia de Arias han recaudado más de 85.318 dólares para su representación legal y han organizado, junto con diversos grupos, varias protestas contra lo que ellos consideraban una injusticia.

Según la familia de Arias, la adolescente no logró regularizar su estatus migratorio debido a que no pudo acogerse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) porque este dejó de aceptar nuevas solicitudes antes de que cumpliera con los requisitos. EFE

El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ordenó la retirada de la lona que colocó Hazte Oír contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las inmediaciones del Congreso al considerar que supone "un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión" y que es "claramente lesivo" para la reputación del jefe del Ejecutivo.

Por orden del juez, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid retiraron este martes, sobre las 00.50 horas, la lona que Hazte Oír desplegó frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término 'corrupto' en letras grandes, así como imágenes de carpetas presididas por textos que rezan 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo', 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros.

En un auto, recogido por Europa Press, consta que el juez --que el lunes se encontraba en funciones de guardia-- adoptó dicha decisión en respuesta a la medida cautelar que reclamó la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Begoña Nasarre, tras la denuncia que presentó por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad cometidos contra el presidente del Gobierno.

"El uso de la expresión 'corrupto' en una lona de grandes dimensiones, acompañando a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web denominada "elcapo.org", así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales atribuidos a la jurisdicción penal forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de Pedro Sánchez, que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión susceptible de constituir un ilícito penal", concluye el juez.

Además, el instructor considera que el hecho de que la lona esté enfrente del Congreso logra "dar una mayor repercusión al mensaje difundido". "La ubicación también refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo, en tanto es éste el lugar donde ejerce su función de Diputado y es sometido al control de Diputados", añade.

Según consta en la resolución, la lona fue instalada sobre las 11 horas del lunes, "negándose la representante de la empresa a la retirada voluntaria de la misma". Por ello, y ante la posible comisión de un delito contra el honor realizado con publicidad, el juez autorizó la retirada de la pancarta.

Después de que cinco reclusos fueran ejecutados en un periodo de siete meses en Carolina del Sur, un preso condenado a muerte ha solicitado representarse a sí mismo, lo que podría acelerar su ejecución.

Según informó The Associated Press, James Robertson, de 51 años, envió una carta a un juez federal expresando su intención de despedir a sus abogados y asumir su propia defensa, una decisión que podría tener consecuencias fatales en cuestión de semanas o meses.

Robertson, quien ha estado en el corredor de la muerte desde 1999, fue condenado por el asesinato de sus padres en su hogar en Rock Hill.

Así fue como Robertson asesinó a sus padres

De acuerdo con la fiscalía, golpeó a su padre con un martillo y un bate de béisbol, apuñaló a su madre y simuló un robo con la intención de obtener su parte de una herencia valorada en 2.2 millones de dólares. Esta no es la primera vez que Robertson intenta retirar sus apelaciones; en el pasado, ya había manifestado su deseo de aceptar la pena de muerte en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional.

El juez federal que recibió la carta de Robertson el pasado 7 de abril ordenó un retraso de 45 días para que un abogado independiente hablara con él y evaluara si comprende plenamente las implicaciones de su decisión.

La abogada de Robertson solicitó al juez postergar la decisión del condenado

La abogada actual de Robertson, Emily Paavola, argumentó en documentos judiciales que su cliente no está tomando medicamentos para la depresión, sufre de dolor crónico de espalda y padece una afección cutánea que agrava su estado emocional.

Además, señaló que Robertson está profundamente afectado por las recientes ejecuciones en el estado, incluida la de su mejor amigo en el corredor de la muerte, Marion Bowman Jr., quien fue ejecutado por inyección letal el 31 de enero.

Paavola solicitó al juez que se postergara la decisión de Robertson durante cuatro meses para realizarle una evaluación psiquiátrica completa y determinar si es mentalmente competente para representarse a sí mismo. Sin embargo, la jueza Mary Gordon Baker decidió que un abogado diferente hablara con Robertson y presentara un informe sobre su estado mental a principios de julio.

Su relación con el sistema judicial

El historial de Robertson muestra que su relación con el sistema judicial ha sido conflictiva desde el inicio. En la década de 2000, intentó retirar todas sus apelaciones, argumentando que prefería la pena de muerte a la cadena perpetua y que los abogados que lo habían representado hasta entonces lo habían defraudado.

En una audiencia en 2002, Robertson mencionó que la decisión de su amigo Michael Passaro de aceptar la pena de muerte había influido en su perspectiva. Passaro fue ejecutado por incendiar una camioneta con su hija dentro, frente a la casa de su exesposa. Robertson declaró en ese momento que la experiencia de ver a su amigo pasar de jugar cartas con él a ser ejecutado había reforzado su decisión de seguir un camino similar.

Muchos de los reos prefieren la pena de muerte a la cadena perpetua

El fenómeno de los llamados “voluntarios para la muerte” no es nuevo en el sistema de justicia de Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, aproximadamente el 10% de las ejecuciones en el país corresponden a reclusos que deciden retirar sus apelaciones y aceptar la pena capital.

La mayoría de estos casos involucran a personas con enfermedades mentales que influyen en su decisión de no continuar viviendo. Aunque la tasa de voluntarios ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo un tema relevante en el debate sobre la pena de muerte.

Entre 2000 y 2009, 65 de las 590 ejecuciones en Estados Unidos fueron de reclusos que renunciaron a sus apelaciones, mientras que desde 2020 solo siete de las 111 ejecuciones han seguido este patrón.

La opinión del fiscal que llevó a Robertson al corredor de la muerte

El fiscal Tommy Pope, quien llevó a Robertson al corredor de la muerte, expresó su comprensión hacia los reclusos que optan por no luchar contra sus sentencias.

Pope, quien actualmente es presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, señaló que, en su opinión, algunos presos prefieren aceptar la muerte antes que pasar el resto de sus vidas en el corredor de la muerte. Sin embargo, también describió a Robertson como un hombre con una inteligencia superior a la media que disfruta manipulando el sistema y que, a menudo, se considera más astuto que sus propios abogados.

La decisión final sobre si Robertson podrá representarse a sí mismo y las implicaciones de esta elección se conocerán en los próximos meses, tras la evaluación ordenada por la jueza Baker.

Fue el viernes cuando el hombre fue detenido junto a una mujer. Ella ya ha sido puesta en libertad, según información del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (JGPA), mientras que el hombre ha pasado a disposición judicial este domingo.

El juez considera que puede haber un delito de homicido en grado de tentativa y le ha enviado a la cárcel. La víctima fue trasladada el viernes a un centro hospitalario.

Así lo ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado en el que ha precisado que esta investigación corre a cargo del juzgado de instrucción número dos del municipio grancanario de Telde, que este sábado se encontraba de guardia.

Este órgano judicial recopila imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia instaladas fuera y dentro del aeródromo grancanario con el fin de hacer una reconstrucción de los hechos.

El cuerpo del fallecido, natural de Gambia, según ha confirmado a EFE la Policía, recibió cinco disparos, uno de ellos en el cuello y los vídeos que ahora analiza el juzgado "evidencian que, aparentemente, se encontraba fuera de sí portando un cuchillo de dimensiones considerables".

"Después de atacar a un taxista, derribó a un agente de la autoridad, intentó derribar a otro, y deambulaba armado en una zona" donde se congregaba "un gran número de personas, generando peligro real para la integridad física de éstas", detalla la nota del TSJC.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias informó este sábado de que los hechos tuvieron lugar sobre las 16.50 horas en los accesos a la terminal de vuelos internacionales del aeropuerto de Gran Canaria, donde agentes del cuerpo "tuvieron que hacer uso de sus armas de fuego tras la actuación violenta del hombre que, presuntamente, intentó cometer un robo con violencia utilizando un arma blanca contra un taxista en las inmediaciones" del aeródromo.

Durante la intervención policial, el agresor se abalanzó sobre los agentes con el arma, "viéndose estos obligados a repeler el ataque mediante el uso reglamentario de sus armas de fuego".

Inmediatamente se activaron los servicios de emergencia, tanto del aeropuerto como del Servicio Canario de la Salud, que trataron de reanimar al individuo, si bien sólo pudieron confirmar su fallecimiento. EFE

Tras celebrar una comparecencia en la que fueron oídas tanto la representación del Ministerio Fiscal como las partes, el juez ha acordado adoptar una orden de alejamiento de la madre respecto de su hijo, por lo que no podrá aproximarse a menos de 200 metros de él, a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre durante la tramitación de la presente causa.

Además, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), le ha impuesto la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo. Por otra parte, ha denegado la adopción de una orden de alejamiento respecto de los abuelos maternos del menor.

Asimismo, el magistrado ha entendido que en este momento procesal no se disponen de elementos de juicio suficientes para poder acceder a la petición de que se le atribuya la guarda y custodia del menor a su padre.

El menor se encuentra en la actualidad tutelado de urgencia por la Xunta de Galicia, por resolución dictada el 14 de mayo de 2025, quedando suspendida la patria potestad de ambos progenitores, "sin que existan razones para dejar sin efecto dicha resolución".

HECHOS

Todo ello después de que este fin de semana el niño, de ocho años de edad, fuese liberado por la Guardia Civil de su vivienda y derivado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras detectar signos de maltrato físico, después de relatar que su madre lo había atado y encerrado en el baño con una bolsa en la cabeza. Por ello, la Xunta ha asumido ya su tutela.

Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press, los agentes se desplazaron hasta la vivienda tras recibir el aviso por parte del 112, ya que el menor habría llamado al número de emergencias tras conseguir liberarse.

Un jueza federal de Nueva York ha decidido retirar el control de Rikers Island, una de las cárceles más grandes y conocidas de Estados Unidos, de las manos de la ciudad de Nueva York.

Según informó Fox News, la jueza Laura Taylor Swain emitió un fallo de 77 páginas en el que ordena que el sistema carcelario de la ciudad, incluido el complejo de Rikers, sea administrado por un funcionario independiente que reportará directamente al tribunal.

Esta decisión responde a las persistentes condiciones peligrosas e inconstitucionales en la prisión, así como al fracaso del Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York (DOC) en implementar las reformas ordenadas previamente por la corte.

La razón del fallo recae en el incumplimiento de ciertas reformas

El fallo se enmarca en el caso Núñez contra la Ciudad de Nueva York, iniciado en 2011, cuando un grupo de reclusos presentó una demanda federal alegando un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de las cárceles de la ciudad.

En 2015, la ciudad llegó a un acuerdo conocido como la Sentencia de Consentimiento de Núñez, que estableció una serie de reformas destinadas a reducir la violencia y mejorar la supervisión en las instalaciones carcelarias. Sin embargo, Swain señaló que, a pesar de los nueve años transcurridos desde la implementación de estas medidas, las condiciones en Rikers Island no han mejorado significativamente, calificando esta situación como “alarmante e inaceptable”.

En noviembre pasado, la jueza declaró al DOC y a la ciudad en desacato civil por incumplir 18 disposiciones de órdenes judiciales diseñadas para reducir la violencia y el abuso en el sistema carcelario. Como respuesta, Swain ordenó la designación de un Gerente de Remediación de Núñez, quien tendrá autoridad para modificar políticas relacionadas con el uso de la fuerza, la dotación de personal, la disciplina y la seguridad.

Este funcionario independiente tendrá poderes similares a los de un receptor, pero su enfoque estará limitado a las violaciones de desacato identificadas en el caso.

La opinión del alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su desacuerdo con la intervención federal, pero aseguró que cumplirá con la decisión judicial. En declaraciones realizadas el martes, Adams afirmó: “Si el juez federal decide que quieren hacer algo diferente y no les gusta lo que estamos haciendo, se trata de una decisión federal. Vamos a acatar las normas”.

Adams también defendió su gestión, argumentando que las condiciones en Rikers han mejorado bajo su liderazgo, con una reducción en incidentes como apuñalamientos y agresiones, aunque reconoció que los problemas en la prisión tienen décadas de antigüedad.

Planes e inversiones para mejorar la situación de las cárceles en Nueva York

El complejo de Rikers Island ha sido objeto de críticas durante años debido a las condiciones peligrosas y la disfunción sistémica que lo caracterizan. En 2017, el entonces alcalde Bill de Blasio anunció un plan para cerrar la prisión en un plazo de 10 años, con el objetivo de reducir la población carcelaria y reemplazar Rikers por cuatro cárceles modernas ubicadas en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.

Este plan, aprobado por el Concejo Municipal, también prohibió nuevas inversiones de capital en Rikers, lo que, según Adams, ha limitado la capacidad de la ciudad para mejorar las instalaciones. Sin embargo, el proyecto enfrenta retrasos significativos, y no se espera que la primera de las cárceles de reemplazo esté lista antes de 2029.

Swain reconoció las limitaciones presupuestarias y de infraestructura como parte del contexto, pero rechazó estas circunstancias como excusas válidas para justificar el incumplimiento de las reformas. En su fallo, indicó que el Gerente de Remediación de Núñez tendrá la capacidad de plantear cuestiones relacionadas con el gasto de capital directamente al tribunal.

La decisión de la jueza tuvo buen recibimiento por parte de algunas organizaciones

La decisión de la jueza ha sido bien recibida por organizaciones como The Legal Aid Society y el bufete de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel. Representantes de estas entidades, como Mary Lynne Werlwas y Debra Greenberger, calificaron el nombramiento del gerente independiente como un “punto de inflexión crucial”.

En un comunicado conjunto, señalaron que el liderazgo de la ciudad ha demostrado ser incapaz de garantizar la seguridad y los derechos constitucionales de las personas encarceladas, permitiendo que la violencia y el desorden persistan en las cárceles.

Con esta medida, el tribunal busca abordar de manera directa las fallas estructurales y de liderazgo que han perpetuado las condiciones inaceptables en Rikers Island, marcando un nuevo capítulo en la supervisión federal del sistema carcelario de Nueva York.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, protagonistas de uno de los casos criminales más mediáticos de los años 90, han dado un paso significativo hacia la libertad. Recientemente, un juez de Los Ángeles redujo su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 50 años con posibilidad de ser liberados. Esto ocurre más de tres décadas después de su condena por el asesinato brutal de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su hogar en Beverly Hills.

El caso Menéndez ganó notoriedad no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el trasfondo dramático que incluyó alegaciones de abuso infantil y la defensa en los tribunales de haber actuado en autodefensa.

Los hermanos argumentaron durante sus juicios que los abusos por parte de su padre los llevaron a cometer el asesinato. En aquellos años, el juicio capturó la atención del público estadounidense con testimonios perturbadores y un relato de vida familiar distorsionada.

El siguiente paso en la larga batalla legal de los hermanos Menéndez

Con la reciente decisión judicial, los hermanos ahora pueden solicitar libertad condicional. Esto implica que Lyle y Erik ingresarán a una nueva fase legal, donde su historia de vida carcelaria y rehabilitación será minuciosamente evaluada por la junta de libertad condicional de California. Según The Associated Press (AP), esta revisión considerará si los hermanos representan un riesgo para la sociedad al ser liberados. La abogada de Seattle Anne Bremner comentó que, dadas las circunstancias, la junta de libertad condicional tiene plena conciencia de quiénes son los Menéndez, qué supuestamente hicieron y cómo han vivido desde su encarcelamiento.

En su emotiva declaración ante el tribunal, Erik Menéndez expresó remordimiento hacia su familia, admitiendo sus errores pasados. Para muchos, estas palabras podrían ser un indicio de su evolución personal durante los años en prisión.

El camino hacia la libertad de los Menéndez también podría ser influenciado por factores externos. Tienen una audiencia programada para el 13 de junio como parte de una petición de clemencia presentada al gobernador Gavin Newsom. Además, Newsom ha solicitado al estado realizar una evaluación integral de riesgo antes de tomar cualquier decisión sobre su liberación, según publicó el diario.

¿Pueden negarles la libertad condicional a Lyle y Erik Menéndez?

Por otro lado, sus abogados continúan explorando otras vías legales. Una petición de habeas corpus fue presentada en mayo de 2023, sugiriendo la posibilidad de un nuevo juicio basado en nuevas evidencias de los abusos sufridos. Aunque los fiscales de Los Ángeles se han opuesto, el futuro de este recurso aún está por determinarse.

A medida que el caso Menéndez vuelve a cobrar relevancia, debido a producciones recientes como el drama de Netflix “Monsters: Lyle and Erik Menendez Story” y otros documentales, el interés público en conocer la resolución definitiva de su situación persiste. La posibilidad de conceder libertad a los hermanos podría enfrentar múltiples objeciones y revisiones, pero sin duda, representa un nuevo capítulo en uno de los relatos delictivos más fascinantes y complejos de Estados Unidos.

En caso de que los hermanos soliciten la libertad condicional, puede negárseles la primera audiencia, aunque podrán seguir solicitando audiencias posteriores hasta que se les conceda la liberación.

Si la libertad condicional les es concedida, Newsom todavía puede solicitar la anulación de la decisión de la junta. Si escoge no hacerlo y mantener la decisión, Lyle y Erik Menéndez serán puestos en libertad, según reportó AP.

“Supongo que la junta de libertad condicional ha estado observando esto y, por supuesto, ya han realizado estas evaluaciones de riesgo. Saben quiénes son estos dos, cuáles fueron sus presuntos delitos y qué han hecho desde que fueron encarcelados hasta hoy”, explicó Bremner.

La juez Lilian Moreno, que anuló una orden de arresto contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), ingresó este miércoles a cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde deberá guardar detención preventiva por un mes, mientras se desarrollan las investigaciones que la acusan por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley.

Moreno pasó la noche en el centro de salud del penal y se prevé que en el transcurso de esta jornada entre al pabellón de mujeres, según confirmaron fuentes policiales al programa Asuntos Centrales.

La juez cobró notoriedad la semana pasada cuando emitió un fallo con el que anulaba la imputación, el arraigo y la orden de captura que pesan sobre el ex mandatario, investigado por el delito de trata agravada de personas al haber presuntamente embarazado a una menor de edad en el año 2016, cuando era presidente.

El polémico fallo estuvo en vigencia dos días y luego fue revocado por un juez de La Paz, con lo que los cargos contra Morales volvieron a estar en vigencia. Sin embargo, el caso complicó la situación jurídica de la juez Moreno que enfrenta un proceso legal por prevaricato y resoluciones contrarias a ley además de investigaciones disciplinarias.

Horas antes de su captura, el martes por la mañana en Santa Cruz, la juez denunció presiones, amenazas y actos de amedrentamiento en su contra. En su defensa, más de 30 ex ministros de Morales pidieron la intervención de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos por lo que califican como una detención “ilegal y arbitraria”.

“Naciones Unidas tiene que intervenir, no puede ser que un juez cada que tome una decisión, cuando no les gusta la decisión, meten preso al juez. Entonces, no hay posibilidad de estar defendidos en nuestros derechos”, manifestó ante los medios Teresa Morales, exministra del Gobierno de Morales.

La defensa de la juez anunció que en los próximos días presentarán un recurso de acción de libertad y solicitarán la cesación de la detención preventiva para que pueda defenderse en libertad.

Antecedentes del caso

La investigación contra el ex presidente se inició bajo el mandato interino de Jeanine Añez y fue cerrado en cuanto el presidente Luis Arce llegó al poder a finales de 2020. Sin embargo, en septiembre de 2024 cuando ambos líderes políticos estaban inmersos en una feroz disputa por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), se conoció que la Fiscalía había reactivado el caso y que existía una orden de captura contra el líder cocalero.

En octubre, la juez Moreno -que tiene antecedentes de haber trabajado en la función pública durante la gestión de Morales- dictó una sentencia constitucional que dejó sin efecto esa orden de arresto pero ésta no fue ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Desde entonces, Morales fue convocado a declarar ante la justicia en dos oportunidades pero no se presentó. Ante su inasistencia, en enero se lo declaró en rebeldía, se dictó su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes, y se emitió un nuevo mandamiento de aprehensión que no ha sido ejecutado porque, según fuentes del Gobierno, no existen garantías para detener al ex mandatario sin poner en riesgo la vida de civiles.

El 30 de abril, la juez Moreno volvió a emitir un fallo en el que ratificaba la sentencia de octubre y revocaba todo lo que ocurrió a partir de entonces, con lo que el caso quedaba prácticamente en nada y debía remitirse a tribunales de Cochabamba. Dos días más tarde, el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la decisión de Moreno y restituyó los cargos que pesan sobre el ex presidente.

El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, informó que solicitará la detención preventiva de la juez Lilian Moreno, quien está acusada por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, luego de haber anulado la imputación y orden de captura contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019).

Siles indicó que la resolución dictada por la juez Moreno es “arbitraria, ilegal y delincuencial” y que una vez que el Gobierno sea notificado con la imputación de la jurista, presentarán los riesgos procesales para su detención.

La juez Moreno emitió el 30 de abril una acción de libertad en favor de Morales, que está investigado por el delito de trata de personas por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad durante su Presidencia. Con el fallo de Moreno, que hacía referencia a una sentencia que emitida en octubre, Morales quedaba liberado de la orden de captura, la imputación y el arraigo que pesan en su contra. “Tiene libertad irrestricta”, aseguraron los abogados del ex presidente.

Sin embargo, dos días después un abogado de La Paz revocó ese fallo y restituyó todos los actos procesales que involucran al expresidente, por lo que el mandamiento de arresto volvió a estar en vigencia. Morales lleva más de 200 días atrincherado en la región cocalera de Cochabamba, al centro del país, donde sus seguidores lo custodian para evitar su detención.

Tras darse a conocer el fallo de la juez Moreno, varios operadores de justicia se manifestaron en contra y anunciaron investigaciones disciplinarias y sanciones en caso de evidenciarse que la jurista actuó de manera contraria a las leyes. El presidente del Tribunal de Justicia, Romer Saucedo, publicó en su cuenta de X que “no comparte” la posición de la juez y la acusó de “burlarse de la justicia”.

Este lunes, Moreno fue detenida por la Policía en la ciudad oriental de Santa Cruz y trasladada a la sede de Gobierno, donde pasó la noche en celdas policiales y aguarda su audiencia cautelar. Moreno está acusada por prevaricato y resoluciones contra la Constitución.

Horas antes de su captura, la juez había denunciado, en un audio enviado al programa Asuntos Centrales, presiones, amenazas y una serie de actos de amedrentamiento en su contra. Por otro lado, sus familiares manifestaron ante los medios locales que la detención de la jurista se produjo de manera ilegal porque no le mostraron ninguna orden de arresto.

En tanto, el ex presidente Morales criticó la detención de Moreno y dijo que el Gobierno de Luis Arce, su antiguo ministro de Economía, instauró un “terrorismo de Estado” en el país. “Desde hace tiempo voy denunciando que en Bolivia, con el gobierno actual, no hay Estado de Derecho. Aquí rige el terrorismo de estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente”, escribió Morales en su cuenta de X.

De igual forma, el ex gobernante pidió atención a los organismos internacionales ante lo que considera un acto de “irrespeto de los derechos humanos y constitucionales” de la administración de Arce en contra de “ciudadanos indefensos, perseguidos y amenazados permanentemente”.

Morales enfrenta varios procesos legales que considera parte de una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político e impedir su candidatura en los próximos comicios nacionales previstos para el 17 de agosto, a los que busca presentarse pese a estar inhabilitado por la Justicia.

La juez boliviana Lilian Moreno, que la semana pasada admitió una acción de libertad con la imputación y la orden de captura que pesaban sobre el ex presidente Evo Morales fue aprehendida por la Policía este lunes por la mañana, según reportan los medios locales.

La juez fue detenida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a las 07:00 la mañana por orden de Fernando Espinoza, fiscal de materia de la Fiscalía especializada en anticorrupción, legitimación de ganancias ilícitas y en delitos tributarios y aduaneros de la ciudad de La Paz. Se presume la juez fue trasladada al aeropuerto de Viru Viru desde donde tomará un vuelo rumbo a La Paz para enfrentar una audiencia cautelar, señala el medio Unitel.

Pese a que su fallo fue revertido por un juez de La Paz y los cargos contra el ex presidente fueron restituidos, Moreno enfrenta investigaciones disciplinarias y procesos por prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales.

“Se ha presentado una acción penal en La Paz y una acción disciplinaria en Sucre, inicialmente se ha presentado por prevaricato y en las últimas horas se ha ampliado por el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales”, informó el domingo el ministro de Justicia, César Siles, en entrevista con el canal estatal.

El ex presidente lleva más de 200 días sin salir de su bastión político y sindical en la región cocalera de Bolivia por el riesgo de ser capturado por la Policía. Su situación jurídica se complicó en septiembre del año pasado cuando al finalizar una marcha de siete días en contra del Gobierno, denunció que le iniciaron 12 procesos penales. Uno de ellos tenía que ver una causa abierta años atrás que lo acusaba de haber embarazado a una adolescente el año 2016.

La investigación se inició bajo el mandato interino de Jeanine Añez y fue cerrado en cuanto el presidente Luis Arce llegó al poder a finales de 2020. Sin embargo, en septiembre de 2024 cuando ambos líderes políticos estaban inmersos en una feroz disputa por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), se conoció que la Fiscalía había vuelto a abrir el caso y que existía una orden de captura contra el líder cocalero.

En octubre, la juez Moreno -que tiene antecedentes de haber trabajado en la función pública durante la gestión de Morales- dictó una sentencia constitucional que dejó sin efecto esa orden de arresto pero ésta no fue ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Desde entonces, Morales fue convocado a declarar ante la justicia en dos oportunidades pero no se presentó. Ante su inasistencia a la última convocatoria de enero, el juez Nelson Rocabado, dictó un nuevo mandamiento de captura, lo declaró en rebeldía, dictó su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.

A más de tres meses de la emisión de la orden de arresto, ésta no logró ser ejecutada. El ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, explicó que no existen las garantías para detener al líder cocalero sin poner en riesgo la vida de civiles.

Sin embargo, la semana pasada, la juez Moreno volvió a emitir un fallo en el que ratificaba la sentencia de octubre y revocaba todo lo que ocurrió a partir de entonces, con lo que el caso quedaba prácticamente en nada y debía remitirse a tribunales de Cochabamba. Sin embargo, el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la decisión de Moreno y restituyó los cargos que pesan sobre el ex presidente.

El tire y afloje de Morales con la justicia es una muestra más de la instrumentalización de los tribunales con fines políticos, una práctica que se agravó precisamente durante su Gobierno (2006-2019). Varios líderes de la oposición lo acusaron de persecución política e incluso de montar casos para eliminar adversarios en el campo político, como el denominado “Caso Las Américas” con el que desarticuló a la fuerza opositora de Santa Cruz durante varios años.

Sobre las causas abiertas en su contra, Morales ha denunciado son parte del lawfare del Gobierno con el fin de eliminarlo del escenario político. Para el analista político Carlos Saavedra, el expresidente por primera vez se está sintiendo en el lugar en el que se sentían sus opositores en algún momento: “acorralado por la Justicia”.

Un audio de una audiencia judicial en Maryland, obtenido por USA TODAY, ha revelado detalles sobre una solicitud de protección presentada en 2020 por Jennifer Vásquez Sura contra su esposo, Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño cuya deportación ha generado controversia en Estados Unidos.

En el testimonio, Vásquez Sura describió un incidente en el que Ábrego García presuntamente la agredió físicamente, afirmando que “me agarró del pelo y luego me dio una bofetada”.

Este caso ha cobrado relevancia en medio de la batalla legal por el regreso de Ábrego García a Estados Unidos tras ser deportado por error.

Las declaraciones de Vásquez Sura en contra de Ábrego García

Vásquez Sura declaró que su relación con Ábrego García se deterioró significativamente tras su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2019, mientras ella estaba embarazada.

Según su testimonio ante la jueza Ada Clark Edwards, Ábrego García regresó a casa “como una persona cambiada”, describiendo episodios en los que él gritaba tanto a ella como a sus hijos por cuestiones menores.

Vásquez Sura presentó una segunda solicitud de protección en 2021, citando incidentes de violencia ocurridos en 2019, 2020 y 2021, en los que, según afirmó, Ábrego García la golpeó, arañó y le causó lesiones físicas. A pesar de estas acusaciones, la policía no presentó cargos contra él por violencia doméstica.

El arresto y la deportación de Ábrego García

La deportación de Ábrego García se produjo en marzo, cuando fue detenido por agentes de ICE mientras conducía con su hijo de cinco años. Tres días después, fue enviado a una prisión en El Salvador, a pesar de que un juez de inmigración había dictaminado en 2019 que no podía ser deportado debido a un “temor fundado de persecución futura”.

Posteriormente, un juez de distrito ordenó su regreso a Estados Unidos, pero el gobierno federal apeló la decisión, y la Corte Suprema redujo la orden, limitándose a instruir a las autoridades a “facilitar” su liberación.

De acuerdo con USA TODAY, la deportación de Ábrego García, de 29 años, ha sido defendida por funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes lo han señalado como miembro de la pandilla MS-13, aunque un juez federal ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por el gobierno.

Ábrego García niega cualquier vínculo con la pandilla y no cuenta con antecedentes penales. Su caso ha sido un punto de debate sobre los derechos de los migrantes y el debido proceso en Estados Unidos.

Chris Van Hollen visitó El Salvador

El caso de Ábrego García ha atraído la atención de legisladores demócratas, quienes han criticado la gestión de su deportación.

El senador Chris Van Hollen, junto con otros miembros del Congreso, visitó El Salvador para presionar por su liberación y exigir que se respeten sus derechos legales. En una conferencia de prensa, Van Hollen subrayó que su apoyo no se centra en defender a Ábrego García como individuo, sino en garantizar que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas en Estados Unidos.

Además, varios senadores, incluidos Tim Kaine, Alex Padilla y Chuck Schumer, han anunciado una resolución para solicitar al Departamento de Estado un informe sobre el historial de derechos humanos en El Salvador.

Los momentos difíciles que pasó Ábrego García y su familia

Por su parte, el DHS ha utilizado las acusaciones de violencia doméstica como argumento para justificar la deportación de Ábrego García. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin calificó a Ábrego García como un “inmigrante ilegal violento” y afirmó que su deportación contribuye a la seguridad del país.

McLaughlin también reiteró que Ábrego García es un miembro confirmado de la MS-13, aunque esta afirmación ha sido refutada por la jueza federal Paula Xinis, quien cuestionó la evidencia presentada por el gobierno.

En respuesta a la divulgación de las acusaciones de abuso, Vásquez Sura emitió una declaración a USA TODAY en la que reconoció los momentos difíciles que atravesó su familia durante la pandemia de COVID-19 y el impacto del tiempo que Ábrego García pasó detenido por ICE.

“Ninguno de los dos estábamos bien en ese momento”, afirmó, añadiendo que nunca imaginó que los problemas en su relación serían utilizados para justificar la violación de los derechos legales de su esposo. Vásquez Sura también defendió a Ábrego García como un “compañero y padre cariñoso” y expresó su compromiso de seguir luchando por su regreso a la familia.

Huesca, 31 ene (EFE).- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Jaca ha acordado solicitar a un ingeniero industrial un informe pericial para tratar de esclarecer las causas del accidente ocurrido el pasado día 18 de enero en la estación de esquí de Astún, en el Pirineo de Huesca, en el que resultaron heridas diez personas, dos de ellas de carácter grave.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, esta solicitud se enmarca en las diligencias penales abiertas por la instructora tras el incidente para indagar en las causas del accidente, que se produjo al salirse de su engranaje la gran rueda de arrastre que tira de las sirgas del telesilla.

Estas fuentes han señalado que la instructora ha encargado el informe a la vista del atestado elaborado por la Guardia Civil, que se limita en principio a describir el escenario del accidente y las consecuencias que tuvo para los esquiadores afectados.

Además, la magistrada ha comenzado a dirigirse a las distintas personas que se vieron afectadas por el accidente para ofrecerles la posibilidad de personarse en la causa y de formular las reclamaciones oportunas durante el proceso de instrucción y, en su caso, en el procedimiento que pudiera derivarse de las investigaciones.

En cualquier caso, las fuentes referidas han advertido que la realización del informe pericial solicitado por la jueza se demorará aún en el tiempo debido a la complejidad del trabajo a realizar.

Al margen de la investigación judicial, el Gobierno aragonés y la propia estación invernal han iniciado sus propias investigaciones para tratar de determinar las causas del accidente.

Unos días después, la administración regional confirmó que la instalación había pasado las inspecciones pertinentes: una ordinaria antes de empezar la temporada a cargo de la empresa y una segunda de carácter exhaustivo que se produce cada cinco años y en la que se desmonta "pieza a pieza".

El propio director comercial de la estación invernal de Astún, Andrés Pita, confirmó, en declaraciones a EFE un día después del accidente, que el telesilla cumplía todos los estándares legales y había pasado las correspondientes revisiones, como exige la legislación aragonesa de transporte por cable, una de las más exigentes de España.

Pita destacaba en dicha entrevista que el remonte había pasado las pruebas anuales y contaba con la supervisión del Gobierno de Aragón, así como que la última revisión extraordinaria se realizó en 2021 y la siguiente ya no tocaba hasta 2026. EFE

El juez federal de distrito Claude M. Hilton decidió desestimar los cargos penales contra Henrry Villatoro Santos, un hombre de Virginia señalado por las autoridades como líder regional de la pandilla MS-13, según informó CBS News.

Esta decisión abre la puerta a un proceso de deportación acelerado, lo que podría derivar en su traslado inmediato a custodia de inmigración.

Durante la audiencia, un alguacil estadounidense del Grupo de Trabajo sobre Fugitivos estuvo presente, lo que reforzó la posibilidad de que Villatoro Santos sea entregado rápidamente a las autoridades migratorias.

El Departamento de Justicia solicitó la retirada de los cargos

El Departamento de Justicia había solicitado previamente la retirada de los cargos, argumentando que su intención era proceder con la deportación de Villatoro Santos. Según el abogado defensor, Muhammad Elsayed, esta acción podría ejecutarse con rapidez. “Es probable que se lo lleven muy rápido”, afirmó tras la audiencia.

Villatoro Santos había sido arrestado el mes pasado, un hecho que fue anunciado en una conferencia de prensa nacional en la que participaron la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI.

Durante el evento, Bondi lo calificó como el “líder de la Costa Este” de la pandilla transnacional MS-13 y lo acusó de liderar ataques criminales en todo el país. Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha vinculado públicamente a Villatoro Santos con actos específicos de violencia.

El caso ha generado controversia debido a la falta de claridad en el proceso legal. Elsayed calificó el caso como “inusual” y cuestionó la decisión del Departamento de Justicia de retirar los cargos sin proporcionar una explicación detallada.

Según el abogado, el tribunal debía evaluar si la moción presentada por el gobierno se realizó de buena fe. Además, criticó lo que consideró un uso indebido de la Regla 48(a), una herramienta procesal que permite desestimar acusaciones, argumentando que esta acción podría ser un intento de eludir las garantías del debido proceso. “Quieren deportarlo sin el debido proceso”, declaró Elsayed, señalando la falta de intervención del Departamento de Seguridad Nacional en el caso.

Los cargos que presentaba Villatoro Santos

Villatoro Santos enfrentaba un cargo federal por posesión de armas de fuego en Virginia, aunque los documentos del caso solo mencionaban de manera breve su presunta asociación con la MS-13.

Una declaración jurada de un oficial de inmigración indicó que agentes del FBI y oficiales de la Oficina de Operaciones de Tráfico encontraron indicios de vínculos con la pandilla en la habitación del garaje de su residencia.

No obstante, la defensa ha cuestionado la solidez de estas pruebas y la falta de acusaciones concretas relacionadas con actividades violentas.

El abogado defensor y sus acusaciones en contra del Departamento de Justicia

Elsayed también acusó al Departamento de Justicia de “acoso fiscal” y comparó el caso con otros despidos de procesos judiciales políticamente sensibles, como el del alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Según el abogado, el gobierno podría estar buscando una “deportación ilegal” y advirtió sobre posibles desafíos legales si la administración no respeta las órdenes judiciales en este tipo de casos. “El tribunal tiene que profundizar más allá de la moción básica”, insistió, subrayando la necesidad de garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa.

Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que la defensa había retrasado el caso más allá de lo razonable y que mantener a Villatoro Santos en el sistema penal sin resolución no era viable.

Según ellos, el acusado no podía permanecer indefinidamente en un limbo legal. A pesar de estas declaraciones, la decisión del juez Hilton de desestimar los cargos ha dejado abiertas preguntas sobre el manejo del caso y el futuro de Villatoro Santos, quien ahora enfrenta un proceso de deportación que podría ejecutarse en breve.

Washington, 29 ene (EFE).- La Casa Blanca rescindió este miércoles la orden promulgada en la víspera de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales, una medida que ya había sido bloqueada temporalmente por un juez.

La orden de congelar ayudas y préstamos había creado cierto caos y pánico en su implementación, provocando incluso la caída de los portales de pagos federales del programa de seguro de salud público Medicaid. EFE

El Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona ha condenado a un total de 2 años y 9 meses de prisión al conductor de un autobús que enero de 2020, a la entrada de Estella, perdió el control del mismo y, a consecuencia de la colisión contra un vehículo, fallecieron los dos niños pequeños que iban en el interior del coche, conducido por su madre, que resultó gravemente herida.

Según la sentencia, puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra, el procesado ha sido condenado como responsable de dos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y dos delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones. Además, no podrá conducir vehículos a motor durante 3 años y un día.

El 19 de enero de 2020, el acusado, que trabajaba como conductor para la empresa La Estellesa, conducía un autobús que realizaba el trayecto Logroño-Pamplona, un itinerario que ya conocía con anterioridad, pero, sin embargo, era la primera vez que lo recorría al volante de ese concreto autobús.

Sobre las 20 horas, se detuvo brevemente en el apeadero de Ayegui y reanudó la marcha camino de Estella. El acceso a esta localidad se efectuó a través de la rotonda de la calle Carlos VII con la calle Merkatondoa, donde la velocidad máxima en aquellas fechas era de 40 km/h.

Sin embargo, recoge la sentencia, el inculpado aceleró en lugar de reducir su marcha. A consecuencia de ello, el autobús se salió de la calzada, por su derecha, y se subió a la acera. Se reventó la rueda delantera. Al perder por completo el encausado el control sobre el autobús, "ya que no utilizó el freno de mano ni ningún otro medio para frenar el vehículo", este chocó con una valla y un semáforo volviendo a la vía, que atravesó oblicuamente. Impactó contra un vehículo que circulaba a escasa velocidad a la altura del paso de peatones. La conductora no pudo eludir la colisión, que afectó prácticamente a la totalidad del coche, que dejo "destrozado".

A consecuencia del impacto, fallecieron los dos hijos menores de la conductora, quienes iban en el asiento trasero. La niña, en el momento, y el niño, poco después en el Hospital de Estella al que fue trasladado. La madre, por su parte, sufrió lesiones que precisaron de tratamiento médico quirúrgico especializado.

Tras esta colisión, el autobús volvió a salirse de la calzada y chocó contra una serie de vehículos y las instalaciones de una gasolinera. Provocó numerosos daños materiales que han sido indemnizados ya por la aseguradora del autobús.

A raíz de esta colisión multitudinaria resultó lesionada una mujer. Sufrió fractura de tibia y de peroné. Precisó de cuatro intervenciones quirúrgicas. Tardó 516 días en curarse de las lesiones. Entre otras secuelas, padece limitación para desarrollar la vida cotidiana en forma similar a antes de sufrir este accidente, así como en el área del ocio y la actividad deportiva.

La compañía aseguradora del autobús ha abonado prácticamente la totalidad de los perjuicios personales y materiales ocasionados por estos hechos. En la fecha del juicio, adeudaba a los padres de los menores fallecidos el último pago de las indemnizaciones convenidas tras el acuerdo alcanzado.

En el juicio, celebrado en abril de 2024, la fiscal y las acusaciones particulares solicitaron 3 años y 9 meses de prisión. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

SIN FALLOS EN EL SISTEMA DE FRENADO

La juez explica en la sentencia que el encausado conducía el autobús de La Estellesa "sin la atención exigible a la vista de que se trataba de un medio del transporte colectivo, y el propio tamaño del vehículo, cuyo impacto es notoriamente superior al de un turismo".

"Hay otro dato inesquivable, era el primer día que [*] conducía ese concreto autobús, al que no estaba acostumbrado, de modo que resultaba todavía más exigible un mayor y especial cuidado, que no prestó y desencadenó el fatal desenlace", describe la juez.

En su declaración en el juicio oral, los peritos de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil reiteraron cómo la inicial aceleración se debió a la acción del conductor. E igualmente señalaron la incidencia de la pendiente sobre la velocidad, que alcanzó hasta los 61 km/h en el momento en que literalmente arrolló al vehículo en el que viajaban los menores fallecidos.

Los informes periciales, subraya la juez, descartan fallo o defecto alguno en el sistema de frenado. Para la magistrada, por tanto, "había modos de parar el autobús, pero el conductor no hizo uso de ellos, no supo afrontar la situación".

El 22 de abril de 2025, la audiencia judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, que se adelanta en la ciudad de Barranquilla, fue aplazada por decisión del juez Hugo Carbonó.

Según informó el magistrado, la reprogramación responde al fallecimiento de un familiar cercano y otros asuntos personales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La nueva fecha quedó establecida para el próximo 19 de mayo, a las 8:30 a. m. La defensa de Nicolás Petro, la fiscal del caso, Lucy Laborde, y la representante de la Procuraduría estuvieron de acuerdo con la decisión del juez.

Este cambio en el cronograma judicial se produce en medio de un proceso que captó la atención pública debido a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesan sobre el exdiputado del departamento del Atlántico.

¿Qué pasó antes de que se aplazara la audiencia?

Alejandro Carranza, abogado defensor, retiró su solicitud de llevar a juicio las declaraciones que el exdiputado del Atlántico dio cuando estaba negociando con las autoridades colombianas un principio de oportunidad para colaborar en el proceso judicial.

El propósito de la defensa es que no sean estimadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que enfrenta su cliente y que, en cambio, se tenga en cuenta un acta, que demuestre que hubo un principio de oportunidad fallido. Esto probaría que las declaraciones que él dio no las entregó para confesar ni para autoincriminarse.

“La defensa le ha dicho, su señoría, que este acto no puede ser usado contra el procesado, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, entonces surge esa necesidad que haya una valoración clave y plantear la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido”, insistió el abogado al juez.

Carranza radicó una petición para que se tenga en cuenta la resolución del 10 de marzo de 2023 sobre la conformación del grupo de tareas especiales por parte de la entonces vicefiscal general Martha Mancera. A juicio del litigante, la medida “evidenciaría irregularidades en el origen de la investigación”, serviría “para revisar si había conflicto de interés entre los fiscales del caso”.

De igual manera, sostuvo que el recurso facilita la identificación de irregularidades, además de “revisar si hubo abuso de la Fiscalía, si no hubo actos administrativos para designar el fiscal como correspondía y si esas actuaciones pudieron ser raíces de frutos envenenados en el caso”.

Así las cosas, la estrategia de la defensa del hijo mayor del presidente de la República es clara, demostrar que hubo un sesgo institucional a lo largo del proceso.

Carranza también pretende que se acepte como material probatorio un documento entregado por Tigo Colombia para demostrar que el número de teléfono con el que supuestamente se acordaron los millonarios insumos para la campaña presidencial de Petro no estaba registrado a nombre de Nicolás Petro.

“Buscamos acreditar que este número de teléfono que aparece allí no era de portabilidad del señor Nicolás Petro y que luego hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él”, puntualizó.

Así mismo, solicitó que para el juicio se incorpore el testimonio de Santander Lopesierra o El Hombre Marlboro con el fin de demostrar que hubo inconsistencia y manipulación de una supuesta financiación a la campaña presidencial, con la que, su defendido fue relacionado con delitos como enriquecimiento ilícito.

A propósito , la defensa aseguró que las denuncias formuladas por Day Vásquez, testigo principal del caso y expareja de Petro Burgos, estarían motivadas por condiciones emocionales alteradas más que por la intención de revelar hechos delictivos.

León, 23 ene (EFE).- El boxeador leonés Antonio Barrul ha sido absuelto este jueves por la pelea que protagonizó el pasado mes de mayo en unos cines de León cuando defendió a una mujer de su pareja que le estaba increpando, un hecho que se hizo viral en redes sociales al ser grabado por los asistentes.

El joven deportista ha acudido a declarar este jueves en los juzgados de León por la agresión al hombre que presentó una denuncia aunque no ha comparecido en el juicio y, ante la falta de acusación por parte de la Fiscalía, la vista no se ha celebrado y la jueza ha emitido una sentencia absolutoria.

El boxeador, de 25 años, propinó el pasado 1 de mayo varios puñetazos a un hombre que estaba increpando a una mujer durante la proyección de una película infantil en una sala de cine de León.

Según se puede ver en el vídeo grabado por una espectadora, el inicio de la pelea se produce después de que un hombre, visiblemente alterado, comenzase a increpar a su acompañante, una mujer, y a insultarla.

El boxeador, que se encontraba en la sala junto a sus hijos viendo la película 'Garfield', trató de mediar y pidió al hombre que depusiera su actitud, pero el otro comenzó a insultarle.

Los dos terminaron encarándose justo debajo de la pantalla del cine y Barrul propinó varios puñetazos al otro hombre que le hicieron caer al suelo y en esta postura le propinó un rodillazo.

Mientras algunos espectadores comentaban que Barrul había hecho bien defendiendo a la mujer, otros abandonaban la sala apresuradamente con sus hijos.

Después de propinarle varios puñetazos, Barrul pidió disculpas a los espectadores y puede escucharse en el video como dice: "Lo siento mucho, de verdad que me duele".

Además, ese mismo día el hombre fue denunciado por su mujer por los malos tratos sufridos en el cine.

Barrul, por su parte, ha vuelto a pedir disculpas este jueves a su salida de los juzgados donde le esperaban familiares y amigos, aunque ha puntualizado que a un maltratador "no hay que darle ningún tipo de pie".

Por estos hechos, Barrul tampoco tuvo consecuencias deportivas ya que la Federación de Boxeo siempre ha mostrado su apoyo al boxeador. EFE

jjp/grg/jdm

Un caso que ha sacudido a la comunidad legal del sur de California llegó a su desenlace este martes, cuando un jurado declaró culpable al juez del Tribunal Superior del Condado de Orange, Jeffrey Ferguson, de 74 años, por el asesinato en segundo grado de su esposa, Sheryl Ferguson, de 65 años.

Según informó The Associated Press, el incidente ocurrió en agosto de 2023 en la residencia de la pareja en Anaheim Hills, durante una discusión que escaló trágicamente. Ferguson, quien admitió haber disparado el arma que causó la muerte de su esposa, argumentó que el disparo fue accidental.

El veredicto fue emitido tras un día de deliberaciones y marcó el fin de un juicio que había captado la atención pública y generado controversia en el ámbito judicial. Ferguson, además, fue declarado culpable de un delito grave por posesión de un arma de fuego.

Ahora enfrenta una sentencia que podría oscilar entre 40 años de prisión y cadena perpetua, la cual será dictada el próximo 13 de junio. Antes de ser llevado bajo custodia, el juez tuvo un momento para abrazar a su hijo, quien también fue testigo de los hechos.

Una discusión que terminó en tragedia

De acuerdo con la fiscalía, los hechos se desencadenaron el 3 de agosto de 2023, cuando la pareja discutió sobre asuntos financieros durante una cena en un restaurante mexicano.

Ferguson, quien había estado consumiendo alcohol, realizó un gesto con la mano simulando apuntar con una pistola a su esposa. La discusión continuó en su hogar mientras ambos veían la serie “Breaking Bad” junto a su hijo adulto. Según los fiscales, Sheryl Ferguson desafió a su esposo a que utilizara un arma real, lo que llevó a Ferguson a sacar una pistola y disparar.

Por su parte, Ferguson testificó que el disparo fue accidental. Según su relato, intentaba sacar el arma de una funda en su tobillo para colocarla sobre una mesa cuando esta se accionó. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo mensajes de texto enviados por Ferguson inmediatamente después del incidente, complicaron su defensa.

En uno de esos mensajes, dirigido a su secretario judicial y al alguacil, Ferguson escribió: “Me acabo de desmayar. Le disparé a mi esposa. No estaré mañana. Estaré bajo custodia. Lo siento mucho”.

Reacciones y testimonios clave

El fiscal de distrito del condado, Todd Spitzer, expresó su pesar tras el veredicto. “Aquí no hay ganadores”, declaró en una conferencia de prensa. “Se hizo justicia, pero estoy muy triste por la familia Ferguson”.

El hijo de la pareja, Phillip Ferguson, también desempeñó un papel crucial en el juicio. Según su testimonio, tras el disparo, derribó a su padre para quitarle el arma y trató de reanimar a su madre mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Además, las autoridades encontraron en la casa del juez un arsenal compuesto por 47 armas de fuego y más de 26.000 rondas de municiones, lo que reforzó la postura de la fiscalía de que Ferguson tenía un amplio conocimiento y entrenamiento en el manejo de armas.

Un juicio con ciertas complicaciones

El proceso judicial no estuvo exento de complicaciones. En marzo, un jurado anterior no logró llegar a un acuerdo, lo que llevó a la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Eleanor J. Hunter, a declarar el juicio nulo.

Hunter asumió el caso para evitar posibles conflictos de interés, dado que Ferguson había presidido casos penales en el Tribunal Superior del Condado de Orange antes del incidente.

El abogado defensor de Ferguson, Cameron Talley, anunció que planea apelar el veredicto. “Respeto el veredicto del jurado”, afirmó Talley. “Al mismo tiempo, todos sabemos que los jurados no siempre aciertan... Sigo creyendo en Jeff”.

Antes de este trágico episodio, Ferguson era conocido por su destacada trayectoria en el ámbito legal. Comenzó su carrera en 1983 como fiscal en la oficina del fiscal de distrito, donde trabajó en casos de narcóticos y recibió varios reconocimientos por su labor.

Sin embargo, tras ser acusado formalmente, quedó inhabilitado para ejercer como juez, ya que la constitución del estado de California prohíbe que un magistrado enfrente cargos por delitos graves mientras ocupa el cargo.

Quito, 22 ene (EFE).- Un juez de Ecuador fue detenido este miércoles por presuntamente otorgar un indulto que sacó de la cárcel a Bryan Vicente A. A. alias 'Momo' , un presunto criminal cuyo nombre ha salido a la luz por su supuesta participación en el asesinato de cuatro menores de edad afrodescendientes que desaparecieron en la ciudad de Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar.

La Fiscalía señaló en su cuenta de la red social X que la detención del juez, identificado como Jorge Enrique A. M., se realizó tras el allanamiento que se hizo junto a la Policía en una cárcel de Guayaquil y en unas oficinas judiciales ubicadas en el norte de la ciudad.

"Los operativos buscaban recabar indicios sobre la presunta participación de autores y colaboradores en el otorgamiento irregular de un indulto al privado de libertad Bryan Vicente A. A. alias 'Momo'", publicó la el Ministerio Público.

En esa operación, los agentes decomisaron ocho celulares, cuatro computadoras, ocho dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos USB, un disco duro, una tableta electrónica, 5.910 dólares en efecto, joyas y documentos.

La Fiscalía también señaló que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia en la que se le formularán cargos al juez por el presunto delito de prevaricato.

El nombre de 'Momo' saltó a la palestra pública en las últimas semanas después de que un testigo que compareció en el caso que la Fiscalía lleva por la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas, el pasado 8 de diciembre, lo nombrara como presunto responsable de dar la orden de quemar a los niños.

Por esta investigación están procesados 16 militares, quienes participaron en la detención de los menores en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.

Según sus versiones, los soldados detuvieron a los hermanos Ismael y Josué Arroyo (de 15 y 14 años) y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), después de que recibieran una alerta de su presunta participación en un robo.

Tras la detención, los subieron a una camioneta y los llevaron rumbo a la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los militares dijeron que los dejaron libres en el camino.

Horas después, el padre de uno de los niños recibió una llamada de su hijo, quien estaba acompañado por un hombre que le dijo que los vayan a recoger, pero tras alertar a la Policía del hecho no volvieron a saber de ellos.

El testigo señaló que unos hombres en moto se llevaron a los niños con rumbo desconocido y que posteriormente fue 'Momo' quien ordenó que los quemaran.

Sus cuerpos aparecieron calcinados días después en una zona de difícil acceso, pero cercana al sitio donde habían sido dejados por la patrulla militar.

Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición y posterior asesinato de los menores e instó al Estado a "investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar".

En el marco de este caso, este jueves está previsto que se realice en Guayaquil la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada contra los dieciséis militares, a petición de los propios miembros de las Fuerzas Armadas. EFE

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha tildado el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa de "horroroso" y ha dicho que es un "alegato" a "no denunciar".

"Creo que no hay ninguna mujer que pueda imaginarse una situación como esta, tan revictimizante y tan horrorosa. Creo que eso es un alegato, básicamente, a no denunciar. Creo que está invitando ese juez a que todas las mujeres nos replanteemos. Todas aquellas que no hemos denunciado en alguna ocasión", ha indicado Vidal en rueda de prensa en el Congreso sobre el interrogatorio del juez a Mouliáa, que declaró el 16 de enero ante el juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual.

Asimismo, Vidal ha subrayado que cuando vio el interrogatorio a la actriz se quedó "absolutamente de piedra". "Se me puso todo el vello del cuerpo de punta", ha añadido.

En este sentido, ha tachado de "inaceptable" la actitud del juez con la artista y ha agregado que, a su juicio, "es una falta de respeto" y "una intromisión inaceptable". También ha criticado que sea un hombre quien explique a una mujer "cómo debe actuar o cómo se debe sentir frente a una posible agresión sexual".

"Todo el cariño hacia Elisa Mouliáa. No me puedo imaginar, no quiero imaginarme viviendo algo parecido. Creo que precisamente un juez lo que debería entender es la importancia de reafirmar precisamente la necesidad de que todas las mujeres entiendan que la justicia es un lugar seguro para todas nosotras. Ayer, o anteayer, o cuando se produjo este interrogatorio, sin duda no lo fue", ha concluido.

Ceuta, 20 ene (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión para cuatro jóvenes, uno de ellos militar, que fueron detenidos en el puerto ceutí como presuntos integrantes de una organización de tráfico de drogas que intentaban introducir en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de 150 kilos de hachís escondidos en las ruedas de cuatro coches de alta gama.

Según han dicho a EFE fuentes judiciales, los cuatro detenidos han ingresado en prisión preventiva por presuntos delitos de atentado -en uno de ellos- y contra la salud pública -los cuatro- tras haber sido detenidos en la mañana del sábado en el control de embarque del puerto ceutí.

El juez, que ha decretado el secreto de la causa, ha ordenado el ingreso en prisión preventiva y uno de ellos es de profesión militar, según adelanta "El Faro de Ceuta".

Los cuatro detenidos se disponían a embarcar en cuatro vehículos de alta gama en el barco con salida a las 6:00 horas dirección a Algeciras, frustrándose su objetivo en el control policial.

Uno de los conductores intentó evitarlo con una maniobra evasiva, resultando imposible por la falta de espacio existente ya que había un vehículo policial muy cerca mientras que otro de los conductores hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y se introdujo en el interior de la bodega del barco, siendo localizado por los policías.

Ante tal situación y el nerviosismo existente por parte de los conductores, se solicitó la presencia de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Ceuta, quienes localizaron la droga en los neumáticos.

La sustancia estupefaciente iba oculta en el interior de los neumáticos de cada uno de los vehículos, envuelta con cinta de embalaje de color marrón y el peso total de la sustancia estupefaciente intervenida es de 152 kilogramos, localizada en 16 paquetes de forma cilíndrica.

Los detenidos son varones naturales de Ceuta. EFE

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a Ángel Hurtado --juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-- de ser "el favorito" del PP y de "proteger" a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación en la Asamblea de Madrid poniendo el foco en la petición de Hurtado de pedir a Whatsapp y Google los datos de las cuentas del fiscal general, mientras se "niega" al volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez.

"Ante el fiscal pide a dos empresas esa información cuando sería mucho más fácil por ejemplo ese volcado de información con Miguel Ángel, del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez y sin embargo lo protege", ha lanzado la líder de la oposición regional.

Ha reclamado a Hurtado que recuerde que "no trabaja" para Miguel Ángel Rodríguez y ha ironizado con que tiene "miedo de colapsar" todos los juzgados con "toda la información" que debe de tener el jefe de Gabinete de la presidenta regional. Cree que esta relación que le adjudica al togado está "afectando de facto" a la causa apuntando a las diferencias entre Miguel Ángel Rodríguez y García Ortiz. El primero acudió a declarar como testigo mientras que el segundo está investigado.

Por otra parte, se ha referido a la petición de su partido de que comparezca en la Asamblea de Madrid González Amador. Ha reconocido la posibilidad de que la Mesa lo tumbe como muestra del "sectarismo" del órgano rector de la Cámara y que el PP la usa para "degradar las instituciones".

Las elecciones para renovar el Poder Judicial, que se realizarán el próximo 1 de junio a nivel nacional, son las primeras de su naturaleza en la historia de México, ya que con estas se elegirán a los jueces, magistrados y ministros.

Estos últimos son cargos que han estado activos desde hace cientos de años; sin embargo, al ser la primera vez que son electos por voto popular, las autoridades electorales han destacado la importancia de que la ciudadanía en general conozcan sus funciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), este año se elegirán en total 881 ministros, jueces y magistrados en todo el país, entre más de 4 mil candidatos a cada cargo. Te decimos lo que debes saber sobre las funciones que desempeñarán.

¿Cuáles son los cargos que se elegirán del Poder Judicial?

En la página del INE se señala que en total, la ciudadanía elegirá a:

• Nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las cuales cinco deben ser mujeres y cuatro hombres.
• Dos magistrados de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• Cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 magistraturas de Circuito.
• 386 jueces de Distrito.

¿Cuáles son las funciones de los jueces, magistrados y ministros?

• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

El INE describe a los ministros y ministras de la Corte como “el máximo tribunal constitucional”, señalando que su principal función es “vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los Derechos Humanos”.

• Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Según la autoridad electoral, los magistrados resuelven en forma definitiva e inatacable las controversias electorales presentadas por ciudadanas y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos y demás actores políticos.

Por ello, el TEPJF es el último órgano jurisdiccional en resolver los conflictos de las elecciones a diversos cargos de la elección popular.

Asimismo, se encarga de realizar el cómputo final de la elección presidencial de México, declara la validez de la elección de la presidenta o presidente electo.

• Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Los magistrados de las salas regionales resuelven problemas que surgen en los procesos electorales y confirman, invalidan o cambian decisiones de los Tribunales Locales sobre disputas electorales, excepto de Gubernaturas.

De igual forma, revisan las acciones del INE y resuelven conflictos de las elecciones estatales que llegan a las Salas Regionales.

• Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

Las y los cinco magistrados que lo conforman, investigarán y sancionarán prácticas contrarias a la Constitución y la Ley que cometan las y los Jueces, las y los Magistrados, las y los Ministros.

Se conformarán en Comisiones y Pleno. El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes. El Pleno dirigirá y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia.

• Magistraturas de Circuito

Los magistrados de circuito revisan las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales, además de que ayudan a establecer precedentes para casos futuros y, con su trabajo, amplían tus derechos y libertades.

• Personas Juzgadoras de Distrito

Resuelven los problemas que tengas con las acciones de las autoridades y garantizan que éstas respeten la Constitución y las leyes del país.

En el ámbito federal, resuelven casos en materias civil, laboral, penal, administrativa, entre otras para la protección de los derechos de las personas y protegen los derechos humanos a través del Juicio de Amparo.

Chicago (EE.UU.), 14 ene (EFE).- Una jueza de la Corte Superior del condado de Marion (Indiana) ordenó este martes una fianza de 50.000 dólares para Michael Lewis, el hombre arrestado por la policía estadounidense con la acusación de acosar a la estrella de la WNBA Caitlin Clark, jugadora de las Indiana Fever.

Lewis, texano de 55 años, interrumpió repetidamente a la jueza Angela Davis en su comparecencia ante la Corte Superior del condado de Marion y afirmó que era "culpable de los cargos".

El presunto acosador de Clark también interrumpió a la jueza con frases como "lánzame ese libro" o "Estoy libre, habéis arrestado a la persona equivocada".

La jueza, que reprendió varias veces al hombre, aseguró que no aceptaría una declaración de culpabilidad en la primera audiencia y apuntó de momento que Lewis se declaró no culpable.

Lewis fue arrestado en un hotel de Indianápolis por una serie de mensajes enviados a Clark en la red social 'X' (antes Twitter) que incluían material sexual.

"Estoy comprando entradas. Me sentaré detrás del banquillo", escribió Lewis en uno de los mensajes, según recogen los medios estadounidenses.

"He estado conduciendo por tu casa tres veces al día, pero no llames a la policía, el público puede conducir por la zona de Gainbridge (el estadio de las Fever en Indianápolis).. también conocido como Caitlin Fieldhouse", se lee en otro.

Clark, la gran figura del baloncesto femenino estadounidense, considerada como un talento generacional y elegida con el número uno por las Fever en el draft de 2024, tiene 22 años y disputó su primera temporada en la WNBA.

La jugadora aseguró que se sintió amenazada por estos mensajes y que ha tenido miedo por su seguridad. EFE

En un caso que ha captado la atención pública, la jueza Sonya McKnight, quien fue electa en el condado de Dauphin en 2016, fue declarada culpable de intento de homicidio y agresión agravada luego de disparar a su exnovio en la cabeza mientras este dormía. El incidente ocurrió el 10 de febrero de 2024 en la residencia de la víctima en Pensilvania, pocos días después de que la relación entre ambos llegara a su fin. De acuerdo con CBS News, la acusada enfrenta una pena de hasta 60 años de prisión y será sentenciada el próximo 28 de mayo.

El fallo fue emitido tras un juicio en el cual se evidenciaron tensiones relacionadas con la resistencia de McKnight a abandonar la casa que compartía con su expareja, Michael McCoy. Según reportó la afiliada de CBS, WHP-TV, las palabras que McKnight pronunció antes de disparar presuntamente fueron: “Oh, ¿así que hablas en serio?”, en respuesta a los insistentes pedidos de McCoy para que ella se mudara.

El juicio y veredicto contra McKnight

Durante el juicio, los fiscales argumentaron que la mujer actuó por celos y que no le gustó haber sido echada, según detalló la fiscalía y fue citado por CBS News. El defensor de McKnight intentó desacreditar las acusaciones señalando que McCoy no pudo identificar al autor del disparo.

La víctima, quien sobrevivió milagrosamente al impacto del proyectil, testificó que el ataque lo dejó ciego de un ojo. En su testimonio ante el jurado, el afectado afirmó que, al despertar tras el disparo, pensó que estaba sufriendo un aneurisma cerebral. Según WHP-TV, el agraviado testificó que, aunque no pudo ver al agresor tras ser herido, McKnight era la única persona presente.

El jurado compuesto por residentes del condado de Delaware, transportados hacia Harrisburg, deliberó durante aproximadamente dos horas antes de emitir su veredicto. “Estamos satisfechos con el veredicto”, dijo Seán McCormack, fiscal del condado de Cumberland, en una declaración recogida por Fox News Digital. “Fue un juicio arduo que finalmente dependió de la credibilidad de la víctima. Él es un milagro andante“, añadió.

Entre los testigos que se presentaron en el juicio se encontraba el doctor Steven Allen, quien trató la herida de bala de McCoy. Allen explicó que la trayectoria del proyectil pasó a solo unos centímetros de provocar un desenlace mucho más trágico, reportó WHP-TV.

Un historial cuestionable

El caso de McKnight no es el único episodio controvertido de su historial como juez. Según documentos judiciales, la jueza ya había sido suspendida sin sueldo en noviembre de 2023 por acusaciones de violación de una libertad condicional judicial, derivada de una investigación por conducta indebida relacionada con la detención de tráfico de su hijo en 2020. Sin embargo, en aquel caso particular, fue absuelta de los cargos penales.

Otro incidente previo ocurrido en 2019 también generó polémica. Según recordó Pennlive.com, la jueza disparó a su entonces esposo separado después de invitarlo a su casa con el pretexto de ayudarla a mover muebles. En aquella ocasión, no se presentaron cargos al considerarse el hecho como defensa propia.

Tras ser declarada culpable en el caso actual, el juez a cargo del juicio rechazó la solicitud de sus abogados de liberarla antes de la sentencia.

Nueva York, 10 ene (EFE).- El presidente electo Donald Trump fue condenado este viernes a una sentencia de "libertad incondicional" por el juez Juan Merchan, en el caso de pagos irregulares para comprar el silencio sobre una relación extramarital, convirtiéndose así en el primer presidente de Estados Unidos con una condena criminal en su haber.

La sentencia supone que el presidente electo, que escuchó la sentencia por videoconferencia, no pisará la cárcel ni tendrá ninguna otra obligación para con el tribunal, en forma de multa o de personación ante la corte con alguna periodicidad.

El juez Merchan dijo en sus consideraciones previas que el caso pudo parecer extraordinario pero fue "ordinario" y similar a otros muchos en la selección del jurado o la consideración de las pruebas inculpatorias, y que él, en ningún caso, podía "borrar el veredicto del jurado".

En su turno de palabra, Trump, vestido con traje azul y una corbata roja a rayas, se negó a devolver el saludo al juez y dijo que esta había sido "una experiencia horrible" antes de reiterar: "Soy completamente inocente, no hice nada incorrecto", según relataron los periodistas presentes en la sala.

En mayo de 2024, un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación de registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de noviembre del 2016, que ganó, y evitar que saliera a la luz durante la campaña una supuesta aventura extramarital.

Los abogados de Trump han intentado por todos los medios que se desestime el caso, al que Trump se ha referido como una "caza de brujas" y en el que ha acusado al juez y la Fiscalía de ejecutar una persecución política contra él e incluso de interferencia electoral.

Uno de los argumentos más repetidos en sus distintos recursos ante cortes estatales o federales e incluso ante el Supremo es que Trump estaba cubierto por la inmunidad presidencial como "presidente electo" pese a que no haya sido todavía investido en la fecha del fallo, pero todos esos recursos de cientos de páginas han sido desestimados uno tras otro.

El último cartucho del equipo legal de Trump era el Tribunal Supremo, que ayer decidió in extremis y por una exigua mayoria de 5 a 4 jueces (incluidos dos republicanos supuestamente proclives a Trump) que la sentencia debía seguir adelante.

A las afueras del tribunal, en esta mañana gélida de enero, dos grupos de simpatizantes y de opositores a Trump aparecieron a primera hora con pancartas, pese a que se sabía que el republicano no acudiría a la vista.

Eran apenas una decena larga de personas en ambos casos: los simpatizantes pro Trump blandían una pancarta que decía "Basta de caza de brujas política" o "Liberad a Trump y salvad América", y dos de ellos ondeaban además una bandera de Israel.

Separados de ellos y sin interactuar entre sí, otro pequeño grupo desplegó otra pancarta que decía "Trump es culpable" y carteles más pequeños con leyendas como "Fascista", "Bancarrota moral" o "Los presidentes no son reyes". EFE

(foto)(video)

El juez Mark Summerville, del Tribunal Municipal de Boston, declaró el pasado lunes en desacato al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) Brian Sullivan, a quien responsabilizó de interrumpir ilegalmente un proceso judicial al detener a un acusado de origen dominicano mientras se encontraba en pleno juicio. Según Fox News, el magistrado consideró que la acción del agente federal constituyó una violación directa de los derechos constitucionales del acusado.

El afectado, William Martell Lebron, fue arrestado por Sullivan el jueves de la semana pasada al finalizar la segunda jornada del juicio en su contra, donde se le acusaba de haber proporcionado datos falsos en una solicitud de licencia de conducir. Debido a la detención, Martell Lebron no pudo continuar asistiendo a su proceso, lo que llevó al juez Summerville a desestimar los cargos y a calificar el incidente como un intento de obstrucción a la justicia.

“Este es un caso preocupante”, afirmó Summerville durante la audiencia. “Es un caso de obstrucción de la justicia. Es un caso de violación del derecho del acusado a estar presente en el juicio y a confrontar a los testigos en su contra. No podría ser más grave”, declaró, citado por Fox News. El agente Sullivan no compareció en la audiencia convocada por el tribunal.

El arresto interrumpió el proceso judicial y llevó a la desestimación de los cargos

Según los registros judiciales revisados por Fox News, el arresto de Martell Lebron tuvo lugar después de que concluyera la segunda sesión de su juicio. El acusado se encontraba compareciendo ante la justicia por un presunto delito relacionado con documentos de identidad, un cargo que el tribunal aún no había resuelto. Su detención por parte de agentes federales impidió su presencia en la sala de audiencias, una garantía que la Constitución de Estados Unidos concede a toda persona en juicio penal.

Ante la ausencia forzada del acusado, el juez Summerville optó por cancelar el proceso y retirar los cargos. En su argumentación, sostuvo que la intervención del agente Sullivan no solo fue inapropiada sino que también interfirió directamente en el funcionamiento independiente del sistema judicial estatal. La decisión de declarar en desacato al agente federal se basó en la premisa de que había incumplido una orden implícita del tribunal al actuar de manera unilateral durante un procedimiento activo.

El juez ordena investigar la actuación del agente federal y cuestiona la respuesta de los fiscales

Durante la audiencia del lunes, el juez Summerville no solo dirigió su crítica hacia el agente de ICE, sino también hacia la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Suffolk. El magistrado exigió a los fiscales asistentes presentes que iniciaran una investigación formal sobre la conducta de Sullivan y la coordinación, o falta de ella, entre las autoridades federales y estatales.

De acuerdo con Fox News, un fiscal asistente indicó al tribunal que tenía conocimiento de que agentes de ICE se encontraban fuera del edificio del tribunal durante el juicio, pero aseguró desconocer los motivos de su presencia. Asimismo, negó haber compartido información con las autoridades federales o haber colaborado con ellas para facilitar la detención del acusado.

Summerville mostró su preocupación por la posibilidad de que la detención hubiera sido planeada con anticipación y sin el conocimiento del tribunal, lo cual, según el juez, podría constituir una violación grave a los principios de separación de poderes. En ese contexto, reiteró su decisión de que se realizara una revisión exhaustiva de lo ocurrido.

El fiscal del distrito se pronuncia en contra de la actuación del agente de ICE

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden, afirmó ante periodistas que “no debería haber sucedido, y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder”, al referirse al caso de un acusado detenido por ICE mientras enfrentaba un juicio. Señaló además que no podía recordar una situación similar en la que la agencia federal hubiera realizado un arresto en medio de un proceso judicial en curso.

En respuesta, la fiscal Leah Foley defendió que “el punto central de la inmunidad de la Cláusula de Supremacía es que la ley federal —no la ley estatal, las autoridades estatales o los procedimientos estatales— debe regir la conducta de los funcionarios federales en el cumplimiento de sus deberes federales”. Según esta perspectiva, el arresto, aunque ocurrió durante los días de juicio y fue considerado por el tribunal estatal como una violación al derecho del acusado a asistir al proceso, no modificaba el enfoque jurídico desde la legislación federal.

En un mensaje en redes sociales, Torres calificó al magistrado de “demagogo, irresponsable e ignorante”. El gobernador sostuvo que este fallo pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud provincial. Según su declaración, la cirugía ordenada implica un gasto significativo que excede ampliamente los costos de los tratamientos oncológicos más caros que enfrenta la provincia. Por lo tanto, subrayó que su administración no permitirá que un “juez ideologizado y populista” cause el colapso de la obra social.

Torres también recordó que, al asumir su mandato, la obra social de la provincia presentaba un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus finanzas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica”, agregó, al alertar sobre el riesgo que representa este tipo de decisiones para los ciudadanos de Chubut.

El fallo del juez Huaiquil obliga a Seros a cubrir diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen feminización facial, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial, además de la cobertura sanatorial y los honorarios médicos. Torres puntualizó que estas intervenciones, orientadas a modificar la apariencia de género, no corresponden a una cobertura obligatoria por parte de la obra social provincial.

El gobernador también anunció que el Estado provincial revisará otros amparos judiciales y fallos que ordenen a Seros cubrir prestaciones que, según su criterio, no deben ser asumidas por el sistema de salud. “Cada vez que nos encontremos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, vamos a dar todas las peleas necesarias”, concluyó Torres.

Semanas antes, el gobernador también había anunciado la denuncia penal contra prestadores de la obra social provincial SEROS por falsificaciones de recetas, firmas y estudios médicos con el objetivo de obtener beneficios económicos.

La causa se caratuló como defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y, eventualmente, asociación ilícita. El perjuicio económico exacto para la obra social será determinado a medida que avance la investigación judicial.

“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo. Agradezco a los trabajadores y al personal del instituto”, expresó Torres. En ese marco, destacó que el proceso de control y depuración permitió un ahorro fiscal de más de 1.000 millones de pesos en esta primera instancia.

Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por el código penal sustantivo. En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizó facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención médica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.

Por otro lado, de la auditoria médica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos.

Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto.

El hombre de California acusado de conspirar para asesinar al juez de la Corte Suprema Brett M. Kavanaugh tiene la intención de declararse culpable, dijeron sus abogados en una carta a un juez federal presentada en el tribunal el miércoles por la mañana.

Nicholas Roske, de 29 años, admitirá un cargo de intento de asesinato contra un juez de Estados Unidos, según la carta. El juicio de Roske estaba previsto para junio en el Tribunal de Distrito de EEUU en Maryland. Sus abogados han solicitado una audiencia para la próxima semana para presentar oficialmente su declaración.

La carta, presentada el miércoles, detalla los hechos que, según Roske, se habrían probado en su juicio. Entre ellos, voló de California al área de Washington en junio de 2022 con un arma de fuego y herramientas de robo en su equipaje facturado. Desde allí, tomó un taxi hasta el vecindario de Kavanaugh en Chevy Chase, Maryland, según la carta. Tras salir, según han dicho previamente las autoridades, Roske vio al equipo de seguridad del juez, se dio la vuelta y se marchó. Luego habló por teléfono con su hermana, quien lo convenció de llamar al 911 y entregarse.

Roske así lo hizo y fue arrestado cerca de la casa de Kavanaugh aproximadamente a las 2 am por la policía del condado de Montgomery.

“Una vez bajo custodia”, escribieron sus abogados en el nuevo expediente, “el Sr. Roske declaró a los agentes del orden que había viajado de California a Maryland con la intención de matar al juez asociado y luego a sí mismo”.

Mientras estuvo en el vecindario de Kavanaugh, Roske guardó el arma, descargada, en una caja cerrada con llave dentro de la maleta. Cuando la policía registró el equipaje, también encontró 37 cartuchos, según documentos judiciales anteriores, junto con una linterna táctica con láser que podía montarse en el arma, un juego de ganzúas al estilo de James Bond, una mascarilla negra, un par de guantes tácticos resistentes, cuatro bridas negras y botas de montaña con suelas acolchadas, que la policía había indicado anteriormente que eran para moverse con sigilo.

El cargo por el que Roske pretende declararse culpable conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, al anunciar la acusación formal contra Roske en 2022, la fiscalía federal en Maryland señaló que las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores a la máxima.

Si Roske hubiera ido a juicio, el proceso podría haber girado en torno a los “pasos sustanciales” que dio para llevar a cabo su plan, según expertos en derecho penal federal, quienes dijeron que los fiscales podrían haber argumentado que tomar un vuelo de costa a costa con un arma en una maleta, por ejemplo, constituía un paso sustancial.

En su carta presentada el miércoles, los abogados de Roske reconocieron que éste tenía la intención de matar a Kavanaugh y dio un paso sustancial para hacerlo.

Los abogados de Roske, los Defensores Públicos Federales Adjuntos Andrew Szekely y Ellie Marranzini, declinaron hacer comentarios el miércoles. Un portavoz de la fiscalía federal en Maryland también declinó hacer comentarios.

Los archivos anteriores incluían transcripciones de entrevistas a Roske realizadas por detectives de Montgomery y agentes del FBI.

“¿Cuál era su plan?” preguntó un detective de Montgomery.

—Entra —respondió Roske—. Dispárale y luego me dispare.

Roske también declaró a los investigadores que le preocupaba el giro a la derecha de la corte en materia de aborto y otros temas, y que buscaba un propósito. Aseguró que se había preparado para el ataque durante un mes.

“Tenía la ilusión”, dijo Roske, “de que podía hacer del mundo un lugar mejor matándolo”.

Los abogados de Roske han afirmado que no pensaba con claridad. “En ese momento, el Sr. Roske presentaba tendencias suicidas agudas, estaba visiblemente exhausto y había expresado repetidamente su necesidad de atención psiquiátrica”, escribieron sus abogados en documentos judiciales anteriores.

A principios de este año, los abogados solicitaron al tribunal que desestimara las declaraciones de Roske, argumentando que en ese momento no comprendía que estaba renunciando a su derecho a no hablar con los investigadores y a consultar con un abogado. La fiscalía negó las acusaciones y se programó una audiencia sobre el asunto para la próxima semana, según documentos judiciales.

(c) 2025, The Washington Post

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del ex juez federal de Mar del Plata Jorge Ferro por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Sala IV de Casación rechazó la apelación que había presentado el ex integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata.

Fuentes judiciales informaron a Infobae la decisión fue dictada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña. Así, el ex juez seguirá procesado por haber favorecido al abogado Alejandro Ferrarello en un expediente por presunta trata de personas un en reconocido cabaret sobre la avenida Leandro N. Alem de Mar del Plata, de nombre Madaho´s.

En el marco de esa causa, se investigan diversos sucesos en los que habrían participado Ferro mientras cumplía funciones como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y los integrantes del estudio jurídico “Games y Asociados” integrado por Ferrarello, María de las Mercedes Hernández Morahín y Federico Gil de Muro, los cuales podrían encuadrar en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.

El ex juez fue procesado por la Cámara Federal de Mar del Plata por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa decisión fue apelada por la defensa de Ferro y ahora confirmada por Casación

Con anterioridad, la Sala IV ya había revocado el sobreseimiento de Ferro dictado por los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata, situación que fue determinante para que luego dichos magistrados dictaran un nuevo pronunciamiento, donde confirmaron el procesamiento del nombrado por el delito de violación de los deberes de funcionario público en nueve hechos.

“Debe ponderarse que más allá de lo dispuesto por el tribunal que integraba Jorge Ferro en el expediente señalado, lo cierto es que la presunta desaparición de ese legajo durante el lapso de 6 años y sin que se hubiera notificado de lo último dispuesto a las partes – rechazo de recurso de revocatoria contra la confirmación de una nulidad-, sumado a los mensajes detectados entre Moharín y Ferrarello –los cuales fueron mencionados en la resolución del juzgado instructor de fecha 25/08/21, a los que me remito-, podrían demostrar, con el grado de certeza que requiere el auto previsto por el art. 306 del CPPN, que Ferro habría perpetrado la maniobra criminal materia de impugnación", sostuvieron los jueces de Casación para confirmar el procesamiento de Ferro.

El tribunal de Casación agregó que “el examen de los distintos elementos probatorios incorporados a la causa no debe ser realizado de manera sesgada, sino que, insisto una vez más, tiene que hacerse de manera conjunta y valorando los diferentes indicios obrantes en la causa que nos permiten tener por acreditado la materialidad del hecho en cuestión”. Y los magistrados resaltaron que “dadas las características de los sucesos investigados en la presente causa, donde se encuentran involucrados funcionarios públicos y personas privadas, resulta por demás dificultoso encontrar pruebas directas que acrediten en forma instantánea la materialidad de los sucesos”.

La casación resaltó la importancia que la administración de justicia, como integrante de uno de los poderes de la República, maximice sus esfuerzos en cumplir con las obligaciones internacionales asumidas en materia de persecución, investigación y sanción a las personas que siendo funcionarios públicos habrían intervenido en hechos de corrupción.

Ferro renunció a su cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 1 de mayo de 2018 luego de 35 años en el Poder Judicial y tras ser denunciado en el Consejo de la Magistratura por su supuesta relación de amistad con el abogado Ferrarello.

El Ministerio Público Fiscal de la localidad de Sarmiento en la provincia de Chubut, formalizó cargos contra Emanuel Luis Alejandro Quiroga de 32 años de edad, por desobedecer una orden judicial en un contexto de violencia de género.

La denuncia que dio pie a la investigación fue presentada por la propia víctima, quien alertó sobre el incumplimiento de una medida de prohibición de acercamiento dictada por el Juez de Familia, Santiago Huaiquil.

Es que en un hecho que ocurrió la madrugada del último domingo 23 de marzo, Quiroga se presentó en la vivienda de la víctima, violando una orden judicial que le impedía acercarse a menos de 800 metros de ella, su hogar, y otros lugares de su actividad diaria.

Según el informe oficial de la Fiscalía, la víctima se encontraba en su domicilio en el plan “20 Viviendas” del barrio Progreso, cuando Quiroga irrumpió en su propiedad alrededor de la medianoche.

La mujer, preocupada por la violación de la medida cautelar, inmediatamente dio aviso a la Policía y al llegar al lugar, los efectivos encontraron al imputado dentro del patio de la vivienda, abrazando a una menor y profiriendo gritos hacia su ex pareja, lo que configuraba una clara violación a las restricciones impuestas por la justicia.

Cabe recordar que el juez Santiago Huaiquil había dictado la medida el martes 18 de marzo, prohibiendo el acercamiento de Quiroga a la víctima por un radio de 800 metros, que incluía las comunicaciones telefónicas y electrónicas, así como cualquier tipo de contacto. La orden abarcaba no solo el domicilio de la mujer, sino también otros lugares que formaran parte de su rutina, como su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento. Esta medida, que tenía una vigencia de seis meses, buscaba garantizar la seguridad de la víctima, quien había estado en una relación marcada por episodios de violencia.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario Jornada, el 21 de marzo pasado, debido a nuevos incidentes y a la creciente preocupación por la seguridad de sus hijas menores, la víctima solicitó una extensión de la medida judicial. En este contexto, se decidió ampliar el radio de la prohibición de acercamiento a 150 kilómetros, con el fin de proteger a las menores y garantizar que Quiroga se mantuviera alejado no solo de la mujer, sino también de sus hijas.

La audiencia de control de la detención se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial, presidida por el juez Alejandro Rosales. Durante la misma, la funcionaria Tamara Bernardi expuso los detalles del caso, destacando que el imputado había incumplido de manera flagrante la orden judicial, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El Ministerio Público solicitó que Quiroga cumpla con la medida de prohibición de acercamiento y que sea trasladado fuera de la localidad de Sarmiento, en cumplimiento de la orden judicial.

La Fiscalía solicitó, además, un plazo de seis meses de investigación para esclarecer los hechos y evaluar posibles agravantes, considerando que el imputado había sido notificado de la disposición judicial con anterioridad, pero continuó violándola de forma reiterada.

Por su parte, la defensora pública, Rosa Sánchez, no formuló oposición al pedido de la Fiscalía y manifestó su acuerdo con que Quiroga cumpla con la medida de alejamiento, tal como se había solicitado.

El juez, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensora, resolvió que el imputado sea acompañado por personal policial hasta la terminal de ómnibus “Héroes de Malvinas” para garantizar su traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia. La decisión busca que Quiroga cumpla con la orden judicial y se mantenga alejado de la víctima y sus hijas, como medida preventiva para evitar posibles nuevos episodios de violencia.

Después de haber tomado medidas legales contra su casera por acusarle públicamente de 'inquiokupa', Antonio Canales parece que está mucho más tranquilo, sobre todo al haber podido estar en televisión dando su versión de los hechos.

"Dije lo que pensaba, dije la verdad, ya está y lo demás está con los tribunales y todo lo competentes esperando la decisión del juez", ha confesado recientemente el artista.

Ahora, Canales ha desvelado que solo está pendiente "de bailar" aunque "a España le gusta todo esto, pero yo tengo ganas de bailar", ha comentado al no querer entrar en más detalles.

En cuanto a cómo ha pasado estas fechas navideñas, el artista ha confesado que las ha celebrado "en familia, como siempre, con mis hijos, mi mujer, y luego el año nuevo con mi mamá aquí en Sevilla" y se despedía de la prensa derrochando simpatía: "Os quiero".

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona rechazó este viernes que se inscriba cautelarmente a Dani Olmo en LaLiga hasta el 30 de junio de 2025, al entender que no concurren ninguno de los presupuestos necesarios para la adopción de la medida cautelar.

El jugador fue inscrito para la primera parte de la temporada, hasta el 31 de diciembre, gracias a la baja por lesión de larga duración del central danés Andreas Christensen, pero la situación económica del club en relación con el 'Fair Play' financiero le impide inscribir al futbolista para la segunda parte de la temporada, y el juez ha paralizado la prórroga.

Un nuevo giro judicial ha sacudido el caso del llamado ‘robo del siglo’ en Colombia. Carlos Miguel Dáger Díaz, presunto cerebro detrás del hurto de más de 85.000 millones de pesos de la empresa de seguridad Prosegur en Barranquilla, no será enviado a prisión.

La decisión fue tomada por el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran lo suficientemente contundentes para imponerle una medida privativa de la libertad, de acuerdo con información de W Radio y El Tiempo

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un robo hecho de manera meticulosa

El asalto, ocurrido en la madrugada del 1 de julio de 2024, ha sido catalogado como el más grande en la historia reciente de Colombia. Al menos 15 personas ingresaron a la sede de Prosegur en el barrio Rosario de Barranquilla y, en menos de 20 minutos, superaron los tres niveles de seguridad del edificio para acceder al “centro de efectivo”, de donde extrajeron el dinero.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que al menos 14 personas participaron en el robo. En los videos se observa cómo una mujer abre la puerta para permitir el ingreso del grupo, que posteriormente intimidó a los guardias de seguridad con armas de fuego.

Los asaltantes amordazaron a uno de los vigilantes y obligaron a los demás a desactivar las alarmas de la bóveda, lo que les permitió acceder al dinero sin mayores contratiempos.

Además, se descubrió que los miembros de la banda se comunicaban a través de un chat de WhatsApp, donde utilizaban frases en clave como “esto va a ser una bendición grande” y “en el nombre de Dios”. Estas expresiones, según las autoridades, formaban parte del lenguaje codificado que empleaban para coordinar el crimen.

Para su huida, los delincuentes utilizaron tres furgonetas y dos vehículos particulares. En una estrategia para despistar a las autoridades, incluso arrojaron una de las bolsas con dinero a trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, simulando un robo improvisado.

La Fiscalía no tienen las pruebas necesarias para inculparlo

La Fiscalía Novena Especializada de Barranquilla se ha encargado del caso y ha identificado a Dáger Díaz como pieza clave en la planificación del robo.

Según el ente investigador, existen registros de chats de Whatsapp y triangulaciones de celulares que lo vinculan con la logística previa al asalto. No obstante, el juez determinó que estas pruebas no son suficientes para demostrar su participación directa.

Las autoridades han señalado que Dáger Díaz tiene antecedentes penales, incluyendo una fuga de prisión en 2019 y porte ilegal de armas, lo que, según la Fiscalía, justificaría una medida de aseguramiento más estricta.

Sin embargo, la decisión judicial ha permitido que afronte el proceso en libertad, lo que ha generado críticas.

Las autoridades han apelado la decisión del juez

La Fiscalía y la representación legal de Prosegur han apelado la decisión, argumentando que la medida adoptada no garantiza la comparecencia del acusado ni protege a la comunidad.

Además, preocupa que el monto robado aún no ha sido recuperado en su totalidad: hasta el momento, solo se han hallado 850 millones de pesos, una fracción del botín.

El coronel Urrego Pedraza destacó que este tipo de delitos suelen requerir una planificación minuciosa y la colaboración de personas con acceso interno a la información.

En este caso, la participación de una empleada de la empresa fue crucial para el éxito inicial del plan, aunque finalmente las autoridades lograron desarticular la operación y capturar a los principales responsables.

El caso de Prosegur en Barranquilla no solo ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de las empresas de transporte de valores, sino que también ha planteado interrogantes sobre la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en estas instituciones.

Las autoridades continúan trabajando para recuperar el dinero restante y desmantelar por completo la red de Los Usurpadores.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha decretado el sobreseimiento provisional del caso 'La vida islados' por el que fue investigado el presidente del Consell, Vicent Marí.

Según ha avanzado este lunes Periódico de Ibiza y Formentera y ha confirmado Europa Press, el juez ha considerado que durante el proceso se ha puesto de manifiesto que Marí no cometió un delito de prevaricación, tráfico de influencias o coacciones contra la interventora de la institución.

En el auto, se determina que ninguno de los testigos con capacidad técnica y jurídica que han comparecido en la causa han puesto en cuestión la contratación por la vía de emergencia de la campaña 'La vida islados', llevada a cabo durante la pandemia sin concurso público.

Sobre las 13.30 horas, el presidente Vicent Marí comparecerá para ofrecer una valoración sobre esta resolución.

Barcelona, 20 dic (EFE).- Dos menores que agredieron sexualmente a una menor en el centro comercial Màgic de Badalona (Barcelona) en noviembre de 2022 han sido condenados a sendas penas de 4 y 2 años de internamiento en un centro cerrado, en una sentencia de conformidad entre las partes.

El juzgado de menores número 2 de Barcelona ha dictado sentencia sobre este caso, que obliga también a los condenados a seguir un curso de educación sexual y de educación en igualdad y, una vez cumplidas las penas, les prohíbe acercarse a menos de mil metros a la víctima y sus familiares directos, o comunicarse con ellos.

El fallo condena al primero de los menores como autor material y directo de varios delitos de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 16 años y también como autor de otros delitos de agresión sexual por cooperación necesaria a la misma menor, ademas de otro delito de pornografía infantil, a 4 años de internamiento en un centro en régimen cerrado.

Esta pena de internamiento se complementará posteriormente con tres años de libertad vigilada.

El segundo menor ha sido condenado por los mismos delitos a la medida de dos años de internamiento en centro cerrado y a otros tres años de libertad vigilada.

No obstante, en este caso el juez acuerda suspender la ejecución de la medida de dos años de internamiento en centro en régimen cerrado con la condición de que el menor cumpla correctamente una libertad vigilada durante 2 años con prohibición de aproximarse a menos de mil metros de la joven agredida y comunicarse con ella, y se someta al programa de educación sexual y educación en igualdad.

Tampoco debe ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensión.

Igualmente, el menor debe asumir el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.

Cumplido dicho plazo, señala el juez, la medida de internamiento en centro en régimen cerrado quedará definitivamente alzada.

El magistrado no efectúa ningún pronunciamiento en materia de responsabilidad civil al haber manifestado la acusación particular que efectuaba expresa reserva de las acciones civiles para ejercitarlas, en su caso, ante la jurisdicción civil.

En esta agresión sexual múltiple participaron otros menores de menos de 14 años, que no han sido juzgados al ser inimputables por su corta edad. EFE

Nueva York, 19 dic (EFE).- Luigi Mangione aceptó este jueves en un tribunal en Pensilvania (Estados Unidos) ser trasladado a Nueva York, donde se enfrentará a varios cargos de asesinato por la muerte del director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, hace más de dos semanas.

Según medios estadounidenses presentes en la vista, Mangione aceptó el traslado ("extradición" por tratarse de dos estados diferentes) a preguntas del juez del condado de Blair de Pensilvania.

Así, Mangione será trasladado a Nueva York, donde afronta un total de once cargos, entre ellos uno de asesinato en primer grado que podría computarse como "acto terrorista" y acarrearle una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. EFE

(foto) (vídeo)

El caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez continúa atrayendo atención mediática a nivel internacional. La mañana de este 10 de marzo, el fiscal general de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló durante una conferencia de prensa que no se opondrá ni apelará las solicitudes de audiencia de resentencia de los hermanos, sin embargo, se opone a su liberación.

Esto a raíz de que Hochman explicara que la moción anterior no examinó ni consideró si los Menéndez habían demostrado una comprensión completa y asumido su responsabilidad por los crímenes cometidos en 1989 “al continuar durante los últimos 30 años mintiendo sobre sus afirmaciones de defensa propia”.

La audiencia de resentencia está programada para el 20 y 21 de marzo en Van Nuys.

Revelan nuevos detalles sobre el caso de los hermanos Menéndez

Hochman aclaró que, tras “una revisión exhaustiva de más de 10.000 páginas de transcripciones de juicios que duraron dos meses”, así como “miles de hojas” de registros de prisión, “cientos de horas de testimonios de juicio” que quedaron grabados en video, alegatos y otras pruebas, la Fiscalía del Distrito “está preparada para seguir adelante” con la audiencia sobre el inicio por parte del Tribunal de los procedimientos de nueva sentencia.

Aclaró también que solicitaron el retiro de la moción del fiscal del distrito anterior para una nueva sentencia. Su solicitud se basa en que esta “no examinó ni consideró si los hermanos Menéndez han demostrado una comprensión completa y asumido la responsabilidad por sus crímenes” luego de continuar “durante los últimos 30 años mintiendo sobre sus afirmaciones de defensa propia.

Es decir, el temor a que sus padres los mataran la noche del 20 de agosto de 1989. Ellos “justificaron los brutales asesinatos de sus padres con disparos de escopeta en la parte posterior de la cabeza de su padre, uno a quemarropa en el rostro de su madre” y tiros en las rótulas para hacerlo pasar como un “homicidio de la mafia”.

Luego de “un examen completo del expediente”, Hochman afirmó que los hermanos Menéndez jamás han confesado o admitido “que mintieron sobre su defensa propia”, así como que sobornaron e intentaron sobornar a sus amigos “para que cometieran perjurio“ al decir mentiras como que “su padre violó violentamente a la novia de Lyle” o que la madre “envenenó a la familia y su intento de conseguir una pistola el día antes de los asesinatos”.

Los hermanos Menéndez avanzan por múltiples caminos con la esperanza de ser liberados algún día después de asesinar a tiros a sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez, el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills.

El indulto del gobernador: una posibilidad de libertad

Luego de ser acusados, tanto Lyle como Erik fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque una de las posibilidades que consideraron fue solicitar el indulto o conmutación de sus sentencias a la oficina del gobernador, Gavin Newsom.

Como respuesta a su petición, el mandatario respondió que ordenó a una junta de libertad condicional la elaboración de una “investigación de evaluación de riesgos” de los hermanos.

“La pregunta que se le plantea a la junta es sencilla: ¿Lyle y Erik Menéndez representan un riesgo irrazonable para la seguridad pública?“, preguntó el gobernador de California en declaraciones grabadas en video obtenidas por ABC News.

Explica que la evaluación de riesgos será llevada a cabo según lo habitual, es decir, a cargo de expertos en seguridad pública y psicólogos forenses.

Los hallazgos de la junta serán compartidos con el juez de la Corte Superior de Los Ángeles que preside el caso, al igual que con el fiscal de distrito y los abogados defensores.

Aún así, acotó que no existe garantía en el resultado de este caso, ya que su oficina conduce “docenas y docenas” de revisiones de clemencia “de manera sistemática”, aunque admitió que este paso “brinda más transparencia”.

Un juez federal ha rechazado la solicitud de Denver Public Schools para detener las redadas de agentes de inmigración en escuelas, una medida que buscaba proteger a los estudiantes y sus familias de posibles detenciones en estos espacios considerados sensibles. Esta decisión representa un respaldo a la política de la administración de Donald Trump, que busca intensificar los esfuerzos de deportación en todo el país.

El fallo fue emitido por el juez del Distrito de los Estados Unidos, Daniel Domenico, quien determinó que el distrito escolar no logró demostrar que la disminución en la asistencia de estudiantes estuviera directamente relacionada con la decisión del gobierno federal de revertir una política de la administración del expresidente Joe Biden.

Esta medida, implementada durante el gobierno de Biden protegía lugares sensibles como escuelas e iglesias de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según reportó The Associated Press (AP), no estaba claro qué tanto del temor respecto a las posibles redadas en las escuelas se debió a las nuevas reglas, tomando como punto de comparación las preocupaciones más amplias de un aumento de las acciones de inmigración.

El impacto en las escuelas y la respuesta del distrito

El distrito escolar de Denver presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, argumentando que la reversión de la política de 2021 había afectado su capacidad para cumplir con su misión educativa, tal y como reportó Fox News.

El distrito alegó que muchos estudiantes dejaron de asistir a clases debido al temor generado por las redadas en las escuelas, lo que, según ellos, obstaculizó su labor de garantizar el acceso a la educación.

En su demanda, el distrito también solicitó una orden judicial preliminar que prohibiera al gobierno federal realizar arrestos en lugares sensibles como las escuelas. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez Domenico, quien también rechazó una solicitud para imponer una orden judicial a nivel nacional que obligara a las autoridades de inmigración a volver a las directrices de 2021.

La decisión de permitir redadas en escuelas y otros lugares sensibles forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Trump para reforzar las políticas de inmigración y aumentar las deportaciones.

El debate sobre los lugares sensibles y las políticas de inmigración

Según información de AP, las Escuelas Públicas de Denver alegaron que tuvieron que desviar recursos para responder al temor entre los estudiantes y sus familias.

“Esto incluye brindar apoyo de salud mental a los estudiantes, desviar la atención de los administradores de los asuntos académicos a los asuntos de inmigración y ayudar a los estudiantes que faltan a la escuela a ponerse al día”, explicaron los abogados del distrito escolar en la solicitud para bloquear la nueva política, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

La política de 2021, implementada bajo la administración de Joe Biden, establecía que lugares como escuelas, iglesias y hospitales debían ser considerados zonas seguras, libres de redadas de inmigración.

Generalmente, los agentes migratorios debían obtener aprobación para realizar operaciones en estos lugares, sin embargo, se permitían excepciones por cuestiones como la seguridad nacional.

Hasta una semana antes del fallo del juez Domenico, arrestos nuevos en escuelas no se habían producido como fruto de la nueva política, reveló AP.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN) ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el 'caso Gürtel', Luis Bárcenas, después de haber cumplido las dos terceras partes de su condena, pagado la responsabilidad civil en su totalidad, mostrado su arrepentimiento y habiéndose sometido a programas para internos sentenciados por delitos económicos.

En un auto, recogido por Europa Press, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del CIS Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional de Bárcenas, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimento de la condena.

El magistrado considera que la propuesta reúne los requisitos exigidos por la ley ya que se dan en el interno las circunstancias para ello. Así, recuerda que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total de 4.535.254,92 euros, indicando que cumplirá las tres cuartas partes de su condena en septiembre del próximo año y la dejará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

"ESTILO DE VIDA POSITIVO"

Por otro lado, y en referencia a los aspectos psicológicos, el auto de Castro destaca el arrepentimiento de Bárcenas, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos.

Suma a esto que se ha producido el abono de la responsabilidad civil derivada del delito junto con los intereses, que lleva un "estilo de vida positivo" --con "habilidades sociales competentes" y una "actuación interpersonal efectiva"--, que existe una "ausencia de trastornos psicopatológicos" y que tiene "una elevada tolerancia a la frustración".

Al hilo, también valora que ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, "que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva".

Por el contrario, y como elementos negativos para la aprobación de la libertad condicional, el juez menciona "la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos cometidos que "exigen un alto grado de planificación", la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento.

Pese a ello, considera que la gravedad delictiva ha sido tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de imponer la pena, sin que esta circunstancia pueda constituir un elemento "estático" cuando, además, su evolución es favorable.

Respecto a la reiteración delictiva, señala que debe valorarse hacia un pronóstico de futuro y "resulta prácticamente imposible que, a día de hoy, el interno reitere los delitos dados los años transcurridos". En cuanto a la alarma social, entiende que queda rebajada de forma notoria por la antigüedad de los hechos y el pronóstico favorable de reinserción.

Por último, sobre el tiempo pendiente de cumplimiento, explica que tanto la actitud de Bárcenas como el buen uso de los permisos de salida, así como su paso por el régimen 100.2 y el tercer grado, "permiten junto con el resto de variables considerar que es el momento adecuado para acceder a la libertad condicional que se propone".

El auto destaca que no debe obviarse que al tratarse de un penado condenado por el Código Penal anterior a la reforma (LO 1/2015, de 30 de marzo) se aplica el régimen de libertad condicional vigente en dicho momento por resultarle más favorable.

Esto, añade, supone en la práctica que la libertad condicional "no es tiempo de suspensión de ejecución del resto de la pena, sino auténtico cumplimiento, por lo que se someterá a reglas de conducta que inciden en esa modalidad de ejecución".

En atención a esas reglas de conducta, el juez le impone a Bárcenas la obligación de fijar un domicilio y comunicar al juzgado cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del CIS Victoria Kent, la obligación de comunicar cualquier situación en la que resultase detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.

"En conclusión, se dan en el penado los siguientes factores de adaptación: antigüedad de los hechos delictivos, escaso riesgo de reincidencia, participación destacada en actividades, conducta normalizada durante toda la condena, buen uso del régimen abierto, desarrollando actividad laboral en el exterior, responsabilidad civil pagada en su totalidad, realizado programa específico de tratamiento con buena valoración, apoyo familiar y autoaval, determinando todos ellos un proceso de reinserción favorable a las dos terceras partes, al realizar el penado programas tratamentales directamente relacionados con su actividad delictiva (programa PIDECO)", apunta.