Con el nuevo mes en marcha, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene fijadas las fechas en que cada beneficiario percibirá sus haberes y asignaciones. Quienes tengan el último dígito del DNI en 4 disponen de un cronograma propio que varía según la prestación que cobren, con acreditaciones distribuidas a lo largo de noviembre.

Los pagos de este mes incorporan una suba del 1,93%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo que establece el Decreto 274/2024. Esa norma instituye un esquema de ajuste mensual de las prestaciones con un rezago de dos meses respecto del dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A continuación, el detalle completo de fechas y montos actualizados para cada una de las prestaciones que abona el organismo este mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo y tengan el último dígito del documento en 4 recibirán la acreditación el 13 de noviembre, la misma jornada que sus pares con terminaciones 2 y 3. El haber mínimo jubilatorio queda fijado en $444.158,46 para este período. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total depositado asciende a $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo y DNI terminado en 4 —junto con quienes tienen terminación en 5— recibirán el pago el 26 de noviembre. El tope máximo del haber previsional se establece en $2.988.765,82.

Quienes perciban un haber mensual entre $444.158,46 y $514.158,46 cobrarán un bono extraordinario proporcional hasta alcanzar ese piso de $514.158,46. Para aquellos que tengan haberes brutos iguales o superiores a $514.158,46, quedan excluidos del cobro del bono.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 4 recibirán el depósito el 17 de noviembre.

Con el aumento del 1,93%, el monto bruto de la AUH es de $159.611. ANSES deposita directamente el 80% mensual ($127.688,80 netos por hijo) y retiene el 20% acumulado ($31.922,20), que se libera tras acreditar los controles de salud y escolaridad.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores en relación de dependencia, se liquida en tramos actualizados según el ingreso familiar:

• Familias con ingresos de hasta $1.235.699: cobran $79.816 por hijo.
• De $1.235.699,01 a $1.812.272: cobran $53.841 por hijo.
• De $1.812.272,01 a $2.092.326: cobran $32.566 por hijo.
• De $2.092.326,01 a $6.543.628: cobran $16.806 por hijo. (Si un integrante de la familia percibe individualmente más de $3.271.814, el grupo queda excluido del beneficio).

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de pago que la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 4 percibirán el depósito el 17 de noviembre.

El monto bruto oficial es de $159.611, del cual ANSES acredita de forma directa el 80% ($127.688,80) y retiene el 20% restante ($31.922,20) hasta la presentación de los controles médicos del embarazo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 4 se paga el 16 de noviembre, junto con quienes tienen terminación en 5. Los montos siguen la misma escala de ingresos que la Asignación Familiar por Hijo.

La Asignación por Maternidad puede cobrarse entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, independientemente del último dígito del DNI. Su valor no es fijo: equivale a la remuneración bruta que percibía la trabajadora al inicio de la licencia por maternidad, por lo que el importe varía según cada beneficiaria.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— se pueden cobrar entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI.

Los montos oficiales actualizados por la Resolución 303/2026 quedaron fijados en valores enteros:

• Nacimiento: $93.035
• Adopción: $556.217
• Matrimonio: $139.300 (por cada cónyuge)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 4 recibirán el pago el 12 de noviembre, la misma fecha que quienes tienen terminaciones 2, 3, 5, 6 y 7.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 ya incorporado, quedaron fijados de la siguiente manera:

• PNC por invalidez o vejez: $380.910,91 ($310.910,91 + $70.000 de bono)
• PNC para madres de siete hijos o más: $514.158,46 ($444.158,46 + $70.000 de bono)
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 + $70.000 de bono)

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que perciben la Prestación por Desempleo (Plan 1) y tienen DNI terminado en 4 —junto con quienes tienen terminación en 5— recibirán el cobro el 27 de noviembre. Quienes cobren el Plan 2 percibirán sus haberes entre el 2 y el 10 de diciembre para todas las terminaciones de documento.

El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo neto habitual del último semestre trabajado. Para noviembre, cuenta con un piso mínimo garantizado de $199.400 (50% del salario mínimo) y un tope máximo de $398.800 (100% del salario mínimo). A partir del quinto mes de cobro, el importe se reduce de forma escalonada según la cantidad de cuotas asignadas.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de noviembre de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones y la prestación por desempleo. Las fechas para quienes tienen el DNI finalizado en 3 varían según el beneficio que perciban, mientras que los haberes suben 1,93% este mes.

El ajuste se aplica a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, de acuerdo con el mecanismo de actualización mensual vigente. Por eso, antes de consultar la fecha de acreditación, cada titular debe identificar la prestación que cobra.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo tendrán acreditado el pago el viernes 13 de noviembre si su documento termina en 3.

En noviembre, el haber mínimo asciende a $444.158,46, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) queda establecida en $203.182,22. El cronograma para este grupo comienza el 11 de noviembre y finaliza el 20 del mismo mes.

Las personas con DNI terminado en 3 deben tener en cuenta que esta fecha corresponde solamente a quienes perciben hasta la jubilación mínima. Si el haber mensual supera ese valor, el depósito se realiza más adelante.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el haber mínimo cobrarán el miércoles 25 de noviembre si el DNI finaliza en 2 o 3.

El monto máximo jubilatorio fijado para noviembre es de $2.988.765,82. El calendario para los haberes superiores a la mínima se extiende entre el 24 y el 30 de noviembre, según la terminación del documento.

De este modo, la fecha del 25 de noviembre alcanza a quienes cobran una jubilación o pensión por encima de $444.158,46 y tienen DNI terminado en 3.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documento terminado en 3 cobrarán el lunes 16 de noviembre.

La AUH tiene un valor bruto cercano a $159.600 durante noviembre. ANSES deposita de forma mensual el 80% de ese importe, equivalente a unos $127.700, y retiene el 20% restante. Ese saldo se libera luego de la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores registrados, varía según el ingreso total del grupo familiar:

• Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
• De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
• De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
• De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Para hijos con discapacidad, las asignaciones alcanzan $259.861,30 en el primer tramo de ingresos; $183.835,73 en el segundo; y $116.023,37 en el siguiente segmento.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 3 percibirán el beneficio el 16 de noviembre.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de la Asignación por Prenatal cuyo DNI termina en 3 cobrarán el viernes 13 de noviembre, fecha que comparten con los documentos finalizados en 2.

La prestación por prenatal se actualiza con el mismo incremento de 1,93% que las asignaciones familiares. En el primer tramo de ingresos, el monto por hijo es de $79.812,80, aunque el valor disminuye en las escalas de ingresos superiores.

Por su parte, la Asignación por Maternidad se deposita el primer día del calendario que corresponda a cada terminación de DNI. Por lo tanto, para un documento finalizado en 3, la fecha prevista también es el 13 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 o 3 cobrarán el jueves 12 de noviembre.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

• PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
• PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio no se pagan según la terminación del DNI. Para la primera quincena, todas las personas habilitadas pueden cobrar entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. En la segunda quincena, el período va del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

• Nacimiento: $93.032,34
• Adopción: $556.214
• Matrimonio: $139.297,43

Además, los jubilados y pensionados del régimen contributivo que reciben la asignación por cónyuge percibirán $19.365,68 en noviembre.

Desempleo Plan 1

Las personas alcanzadas por la Prestación por Desempleo Plan 1 y con DNI finalizado en 2 o 3 cobrarán el jueves 26 de noviembre.

Desempleo Plan 2

Para los beneficiarios del Desempleo Plan 2, el pago correspondiente estará habilitado entre el 2 y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI.

La sesión ordinaria en la Cámara de Diputados programada para este 4 de noviembre a las 11:00 de la mañana fue cancelada por la presencia de jubilados que protestaban a las afueras de San Lázaro, quienes mantuvieron por varias horas el bloqueo de los accesos al recinto.

Tras la entrega de un pliego petitorio a diputados, las y los pensionados y jubilados acordaron permitir la entrada, con la promesa de que sus demandas serán analizadas y el diálogo se abrirá el próximo jueves 12 de noviembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, comentó que tras un acercamiento con los extrabajadores se recibieron sus peticiones, procediendo a realizar un estudio de los planteamientos entregados.

Protesta aplaza emisión de convocatoria para presidencia del INE

Ante el bloqueo a las y los legisladores, la discusión de la convocatoria para elegir a la nueva titularidad de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fue aplazada, debido a que se canceló la sesión ordinaria.

Alrededor de 250 trabajadores se dieron cita en San Lázaro a las 6:00 de la mañana de este miércoles, quienes cerraron los accesos al recinto y orillando a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a posponer los trabajos legislativos.

El boletín número 4868 emitido por la Cámara baja, precisó que las demandas de los manifestantes se centran en un apoyo económico de aproximadamente 14 mil pesos mensuales, además de una cantidad adicional de 50 mil pesos a finales de año.

La exigencia de la indemnización llevó al bloqueo de accesos peatonales y vehiculares en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Bolaños-Cacho dijo “desconocer” las demandas planteadas

Tras el encuentro con quienes protestaban a las afueras del recinto, Bolaños-Cacho confirmó la decisión de los extrabajadores para levantar la protesta, como resultado de la escucha activa que realizaron.

“Seremos responsables y prudentes. No te lo podría decir, aunque no conozco el documento. Ahora lo que hicimos fue escuchar sus planteamientos y yo siempre he creído que el diálogo es el camino a cualquier solución”, comentó a medios de comunicación.

Reconoció la disposición al diálogo de las y los jubilados, lo que permitió el acercamiento para conocer el motivo de su protesta:

“Acordamos volvernos a reunir el próximo jueves a las doce del día después de que analicemos todo el pliego de peticiones que nos han entregado el día de hoy. Vamos a empezar a estudiarlo”.

Ante el “sorpresivo” cierre de los accesos, aclaró que tanto él como el morenista Fernando Castro Trenti, quienes formaron parte de la mesa de diálogo, no conocían “cuál era la situación de ellos. Somos sensibles. Les agradecemos que a partir de ahora van a liberar los accesos a la Cámara de Diputados”.

La sesión ordinaria de este miércoles fue suspendida para que el presidente de la mesa directiva atendiera de manera personal a quienes se manifestaban.

“Entendemos su causa y ya la próxima semana, después de analizar esto, que es la primera vez que conocemos Fernando y yo, podremos tener planteamientos o avanzar más claros”, comentó.

Esto es lo que se sabe sobre el pago adicional que demandan los extrabajadores de San Lázaro

Alrededor de 250 jubilados exigen un apoyo económico adicional a las pensiones que reciben del ISSSTE, lo que derivó en el cierre de los accesos en la Cámara de Diputados tras no ser atendida su demanda.

Los inconformes solicitaron 14 mil pesos mensuales, más un bono adicional de 50 mil pesos al cierre del año. Señalaron que estos recursos se sumarían a las pensiones que ya reciben por ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ante las restricciones presupuestales, la Cámara de Diputados ofreció un pago único de 56 mil pesos, equivalente a cuatro meses de apoyo, lo que derivó en que 248 jubilados aceptaran la propuesta.

Un grupo de ellos recurrió a tribunales laborales para exigir estos apoyos extraordinarios, lo que se mantiene con resolución pendiente.

Asimismo, dio a conocer que mantienen un diálogo activo con las personas que desde la mañana de este miércoles 4 de noviembre tomaron las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Hemos decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las once de la mañana, toda vez que vamos a entablar una mesa de diálogo con las y los jubilados a las once cuarenta y cinco. Es mi responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la Cámara, de las y los diputados, pero sobre todo, a través del diálogo, encontrar una solución a las peticiones de quienes hoy se manifiestan. Los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales”, declaró a través de un video en su cuenta oficial de X.

Diputada de Morena se enfrentan a gritos en San Lázaro

La diputada panista Kenia López Rabadán y la morenista Vianey García intercambiaron acusaciones durante una sesión de la Cámara de Diputados, en una discusión sobre el INE, la corrupción, los programas sociales y la forma en que ambas obtuvieron su representación legislativa. El choque retomó una apuesta que las legisladoras habían planteado semanas antes por sus votaciones sobre becas y pensiones, según Infobae.

García cuestionó a integrantes de la oposición por sus señalamientos contra el organismo electoral y defendió que se investiguen presuntos actos de corrupción relacionados con el INE. También reclamó a López Rabadán la apuesta que ambas habían acordado previamente sobre las votaciones de los programas sociales.

La diputada del PAN respondió por alusiones y rechazó haber votado contra esos apoyos. Afirmó que los registros de la Cámara de Diputados pueden consultarse para corroborar el sentido de sus votos.

López Rabadán acusó a García de modificar videos para respaldar sus señalamientos y cuestionó el reconocimiento público de su trabajo legislativo. Desde la tribuna le dijo: “¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vianey. Mire, diputada Vianey García, póngase a trabajar para que la gente la reconozca. Póngase a trabajar”.

La panista también comparó a la legisladora de Morena con Guadalupe Taddei, a quien identificó como expresidenta del INE, al acusarlas de mentir y de usar el poder del Estado para sostener afirmaciones falsas. Además, le pidió dejar de defender a quienes calificó como corruptos.

García defendió que llegó a la Cámara mediante el voto ciudadano

Después de la intervención de López Rabadán, García respondió que su curul fue obtenida por votación ciudadana y no mediante una candidatura plurinominal. “Soy Vianey García. A mí nadie me ha regalado una plurinominal desde la cúpula del poder. Cada elección que yo he jugado, me la he ganado”, sostuvo.

La morenista afirmó que continuará cuestionando a la oposición desde el Congreso y calificó a sus integrantes de antidemocráticos e hipócritas. Más tarde volvió a tomar la palabra para reiterar que su representación legislativa es resultado del respaldo ciudadano.

Al intercambio se sumó la diputada del PT Lilia Aguilar, quien respaldó a García y cuestionó la manera en que López Rabadán se dirigió a su compañera. La petista también retomó los cuestionamientos sobre el INE y pidió que las investigaciones sobre la probidad de las autoridades electorales incluyan los comicios presidenciales de 2006.

Aguilar mencionó en ese señalamiento al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox y al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. La legisladora sostuvo que las indagatorias deben considerar los cuestionamientos históricos sobre aquella elección.

López Rabadán contestó nuevamente que García es recordada por declaraciones que calificó como mentiras. También defendió su actuación al frente de la Cámara de Diputados y aseguró que nunca impidió a otros legisladores expresar sus posturas.

Trabajadores y jubilados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) exigen este miércoles 4 de noviembre el nombramiento de un director general y denuncian recortes que, sostienen, ponen en riesgo el futuro de sus prestaciones y apoyos.

La manifestación se instala en Paseo de la Reforma, frente a la Secretaría de Bienestar, con ambos sentidos de la avenida bloqueados a la altura de la calle de París, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El INAPAM lleva años sin director y sin resolución los reclamos laborales

El instituto lleva aproximadamente más de seis años sin que se nombre a una persona titular al frente de la Dirección General, de acuerdo con el reclamo expresado por los propios trabajadores.

Sin ese nombramiento, las decisiones sobre personal y condiciones laborales quedan en manos de un encargado de despacho que no tiene las mismas facultades que marca el Estatuto Orgánico del instituto.

Entre las atribuciones exclusivas de la Dirección General está nombrar al personal del instituto y participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo que rigen la relación laboral entre el INAPAM y sus empleados.

Al no existir una persona con ese nivel de representación legal, trabajadores y jubilados señalan que sus demandas laborales —entre ellas las relacionadas con pensiones y prestaciones— no encuentran una instancia con autoridad plena para resolverlas.

La falta de presupuesto agrava el reclamo por las prestaciones

El reclamo de los manifestantes no se limita al nombramiento pendiente: también exigen certeza sobre el presupuesto que sostiene las prestaciones y apoyos del instituto.

El tema ya fue discutido en el Congreso: en la decimosexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, celebrada el 25 de agosto, la directora de Fortalecimiento y Operación de las Políticas Públicas del INAPAM, Rocío Ruiz López, presentó ante los legisladores un informe sobre la situación del instituto, de acuerdo con el acta publicada en la Gaceta Parlamentaria.

En esa reunión, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado reconoció la necesidad de incrementar el presupuesto destinado al Instituto y propuso que la comisión trabaje para impulsar mayores recursos en el siguiente ejercicio fiscal.

El diputado Juan Armando Ruiz Hernández coincidió en la urgencia de fortalecer presupuestalmente a las instituciones que atienden a grupos en situación de vulnerabilidad, según el mismo documento oficial.

El reconocimiento legislativo confirma el fondo del reclamo que hoy sostienen los manifestantes en Paseo de la Reforma.

Los apoyos que están en riesgo: albergues, residencias y servicios directos

Las prestaciones que trabajadores y jubilados buscan proteger sostienen una red de servicios que atiende directamente a personas adultas mayores.

El INAPAM opera seis albergues con atención permanente las 24 horas —cuatro en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y uno en Tuxtepec, Oaxaca— donde se ofrece alojamiento, atención médica, atención psicológica y alimentación a adultos mayores sin apoyo familiar o recursos suficientes.

El instituto mantiene además seis residencias de día, cinco en la Ciudad de México y una en Jerez, Zacatecas, que brindan atención en estancia temporal de lunes a viernes.

El ingreso a ambos espacios depende de una valoración gerontológica y de la disponibilidad de recursos del instituto, a cargo del Comité de Ingreso y Casos Especiales de Albergues y Residencias de Día.

También esa disponibilidad de recursos es la que los manifestantes consideran amenazada por los recortes.

Qué está en juego para 17 millones de personas adultas mayores

El INAPAM es el organismo público descentralizado que funciona como el órgano rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores en México, con atribuciones que incluyen consultas médicas, dentales y psicológicas.

Además existen talleres ocupacionales, asesoría jurídica, créditos a la palabra y bolsa de trabajo, de acuerdo con la Estrategia Programática del Ramo 20 Bienestar del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

La resolución de las demandas planteadas este miércoles en Paseo de la Reforma depende de dos decisiones pendientes: el nombramiento de una persona titular para la Dirección General y la definición del presupuesto que el Congreso asigne al instituto para el próximo ejercicio fiscal, del cual dependen las prestaciones y apoyos que hoy reclaman trabajadores y jubilados.

Con el nuevo mes en marcha, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de acreditaciones para noviembre de 2026. Los beneficiarios con DNI terminado en 2 tienen fechas precisas para cada prestación, que varían según el tipo de beneficio que perciban.

Los haberes se actualizan este mes con un incremento del 1,93%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según lo establece el Decreto 274/2024. Esa norma fijó un esquema de revisión mensual de las prestaciones con un rezago de dos meses respecto del dato inflacionario publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A continuación, el detalle de las fechas de cobro y los montos actualizados para cada una de las prestaciones y asignaciones que abona el organismo este mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones que no superan el mínimo y tienen el último dígito del documento en 2 recibirán el pago el 13 de noviembre. El haber mínimo jubilatorio queda fijado en $444.158,46 para este período. A ese importe se agrega un bono extraordinario de $70.000, con lo que el total acreditado asciende a $514.158,46.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo y DNI terminado en 2 deberán aguardar hasta el 25 de noviembre para recibir su acreditación. El tope máximo del haber previsional se establece en $2.988.765,82. Este grupo no accede al bono dado que el beneficio está reservado exclusivamente para quienes cobran el haber mínimo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documento terminado en 2 cobrarán también el 13 de noviembre.

Con la suba del 1,93%, ANSES depositará directamente el 80% del monto de la AUH —unos $127.700 por hijo—, mientras retiene el 20% restante hasta que la titular acredite los controles de salud y la escolaridad del menor mediante la Libreta AUH en la plataforma Mi ANSES.

La Asignación Familiar por Hijo, orientada a trabajadores del sector formal, se liquida en tramos según el ingreso total del grupo familiar:

• Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
• De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
• De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
• De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema de pago que la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 2 recibirán el depósito el 13 de noviembre.

El monto bruto de la prestación ronda los $159.600, de los cuales el organismo transfiere directamente unos $127.700 —el 80% del total— y retiene el 20% restante hasta la presentación de los controles médicos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 2 se acredita el 13 de noviembre, fecha que comparten con la terminación en 3. Los montos siguen la misma escala de ingresos que la Asignación Familiar por Hijo:

• $79.812,80 para familias con ingresos de hasta $1.212.301
• $53.838,46 para el segundo tramo
• $32.564,29 para el tercero
• $16.801,94 para el cuarto

La Asignación por Maternidad, en tanto, está disponible para todas las terminaciones de DNI durante el período que va del 12 de noviembre al 10 de diciembre. Esta asignación no tiene un valor fijo: su monto equivale a la remuneración bruta que la trabajadora percibía al momento de iniciar la licencia por maternidad, por lo que el importe varía según cada beneficiaria

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por Matrimonio, Nacimiento y Adopción— pueden cobrarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena se tramitan entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

Los montos actualizados con el incremento quedaron fijados de la siguiente manera:

• Nacimiento: $93.032,34
• Adopción: $556.214
• Matrimonio: $139.297,43

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 —junto con quienes tienen terminaciones 3, 4, 5, 6 y 7— recibirán el pago el 12 de noviembre.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 ya incorporado, quedaron fijados de la siguiente manera:

• PNC por invalidez o vejez: $380.910,91 ($310.910,91 + $70.000 de bono)
• PNC para madres de siete hijos o más: $514.158,46 ($444.158,46 + $70.000 de bono)
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,76 ($355.326,76 + $70.000 de bono)

Prestación por Desempleo

Los trabajadores que perciben la Prestación por Desempleo y tienen documento terminado en 2 recibirán el pago el 26 de noviembre, junto con quienes tienen terminación en 3. Los titulares de esta prestación, sin importar el último dígito del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre en concepto del período de octubre.

El monto no es uniforme: se calcula como un porcentaje del promedio de las remuneraciones del trabajador durante el último año de actividad registrada, y puede reducirse progresivamente según los meses que lleve cobrando la prestación

Los mayores que quieran disfrutar de unos días de descanso y tratamientos termales a precios reducidos ya pueden solicitar su plaza. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para su programa de termalismo de 2027, que contará con 199.000 plazas, 2.000 más que en la convocatoria anterior.

La nueva temporada permitirá disfrutar de estancias de diez días y nueve noches en régimen de pensión completa. En total, participarán 87 balnearios repartidos por distintos puntos de España, con viajes programados entre el 1 de febrero y el 14 de diciembre de 2027, según ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En cuanto al coste, las tarifas se sitúan entre los 322 y los 477 euros por persona, dependiendo de la estancia y el establecimiento elegido. El importe incluye alojamiento, comidas, reconocimiento médico a la llegada, tratamiento termal, seguimiento sanitario, actividades de ocio y tiempo libre, además de una póliza de seguro.

Dos fechas límite para solicitar los viajes del Imserso

Para organizar el proceso de inscripción, el organismo ha fijado dos periodos diferentes en función de los meses en los que se quiera viajar. Así, las personas que quieran participar en los turnos comprendidos entre febrero y agosto de 2027 tendrán hasta el próximo 5 de diciembre para presentar su solicitud. Por su parte, quienes prefieran viajar entre septiembre y diciembre podrán inscribirse hasta el 12 de mayo de 2027.

Desde su puesta en marcha en 1989, el programa de termalismo del Imserso persigue facilitar el acceso de las personas mayores a tratamientos en balnearios. Su objetivo, según recuerda el ministerio, es “mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a balnearios a precios accesibles”.

Más allá del descanso, la iniciativa también busca fomentar hábitos saludables y favorecer que los mayores mantengan una vida activa. En este sentido, el departamento destaca que el programa “contribuye al envejecimiento activo y a la promoción de una vida activa, al tiempo que ayuda a reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos y contribuye a la mejora general del bienestar físico y mental”.

Los viajes también representan una fuente de actividad para el sector turístico y termal, especialmente fuera de los meses de mayor afluencia. El ministerio considera que se ha convertido en “un importante dinamizador de la economía”, al generar empleo y actividad económica durante todo el año, sobre todo en las zonas rurales.

Cuando se pregunta cuánto necesita una persona mayor para vivir, la cuenta suele quedar reducida al precio de la comida. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mide algo más amplio: todo lo que paga un hogar de adultos mayores en un mes, desde los alimentos y los remedios hasta el alquiler, el transporte y la ropa. Según su informe de septiembre de 2026, el dinero necesario va de $963.253 a $3.077.375, según quién viva en el hogar y cómo resuelva la vivienda y la salud.

El organismo elabora un sistema de canastas que mide, “en base a estándares que aseguran la calidad de vida y el bienestar de este sector de la población”, el “monto requerido para alimentarse adecuadamente, vivir en condiciones habitacionales dignas, comprar medicamentos, acceder a cuidados, vestirse y tener esparcimiento, entre otros gastos básicos”. Los componentes se valorizan con precios de la Ciudad de Buenos Aires.

Para hacerlo, el sistema construye seis tipos de hogares que tienen en cuenta “el sexo y la edad de las personas, cómo se componen, si son propietarias o inquilinas, y si pagan o no un servicio prepago de salud”. Tres corresponden a parejas en edad jubilatoria de hasta 74 años y tres a mujeres de 75 años o más que viven solas. En cada grupo hay un hogar con vivienda propia, otro con vivienda propia y prepaga, y otro que alquila.

El caso de referencia es una pareja de jubilados con casa propia y sin prepaga. En septiembre necesitó $1.742.128 para cubrir todos sus gastos, lo que equivale a $58.071 por día. Respecto de agosto, esa canasta subió 1,6%.

Alimentos y medicamentos

La canasta alimentaria de esa pareja fue de $655.184 mensuales, es decir, $21.839 por día. Dentro de ese monto, el rubro de mayor peso es el de carnes y derivados, con $249.397, seguido por vegetales y frutas, con $155.085, y por productos lácteos, con $104.601. Para una mujer de 75 años o más que vive sola, la canasta alimentaria es de $276.416 al mes.

La Defensoría aclara que esa canasta parte de “una estimación propia que tiene en cuenta los requerimientos calóricos y la relación entre proteínas, grasas e hidratos que debe satisfacer la dieta de este grupo poblacional”. Fue el componente que más aumentó en septiembre: 2,5% en todos los hogares.

En medicamentos y atención médica, el informe incluye un rubro de productos y servicios médicos y terapéuticos. Para una pareja, ese gasto fue de $191.528 al mes, unos $6.384 por día. Para una mujer sola, de $100.833 mensuales. La canasta de salud subió 2,2% respecto de agosto.

El peso de la vivienda y de la prepaga

Donde más se separan los montos es en la vivienda y en la cobertura de salud. Una pareja que alquila necesitó $2.552.915 en septiembre. La diferencia con la pareja propietaria es de $810.787, que es el valor del alquiler que considera el informe. En el caso de una mujer sola que alquila, el total fue de $1.563.201, contra $963.253 si tiene casa propia. Esa diferencia coincide con el alquiler estimado para este hogar: 599.948 pesos.

Aun con vivienda propia, los gastos asociados pesan en el presupuesto. Las expensas fueron de $202.697 para las parejas y de $149.987 para las mujeres solas. El transporte, por su parte, se valorizó en $204.887 y $95.176, respectivamente.

La prepaga es el otro gran factor. Para una pareja con casa propia y servicio de salud privado, la canasta total fue de $3.077.375, unos $102.579 por día, el valor más alto de los seis hogares. El seguro de salud, por sí solo, representa $1.335.246 al mes. En el caso de una mujer sola con vivienda propia y prepaga, la canasta fue de $1.630.876, con un seguro de $667.623.

Cuánto subieron los costos

Entre agosto y septiembre, las canastas aumentaron entre 1,0% y 1,9%. El mayor incremento fue el de la pareja con casa propia y prepaga, y el menor, el de la mujer sola que alquila.

En la comparación interanual, los valores subieron entre 34,2% y 38,7%, según el caso. El aumento más alto lo registró la mujer de 75 años o más que vive sola en vivienda propia: su canasta pasó de $694.390 en septiembre de 2025 a $963.253 un año después. La pareja con casa propia, por su parte, pasó de $1.259.204 a $1.742.128, un alza de 38,4%.

Los datos del informe muestran que no hay una única cifra que responda a cuánto necesita un jubilado por mes. Lo que sí está claro, es que en todos los casos el costo de vida está muy alejado del monto que cobra un jubilado que percibe la mínima. En septiembre, el ingreso mínimo fue de $498.633,20, considerando la suma del haber mínimo de ese mes ($428.633,20) con el bono extraordinario ($70.000), de acuerdo a los datos de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de noviembre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 1 cobrarán en distintas fechas, según la prestación que les corresponda.

El mecanismo de actualización está regulado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una revisión mensual de los haberes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses. Así, la inflación de septiembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fijó en 1,93%, determina los valores que se abonan en noviembre.

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

Quienes perciben haberes que no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre. El haber mínimo jubilatorio se ubicará en $444.158,46 durante este mes. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $514.158,46.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo previsional, ascenderá a $203.182,22.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran por encima del mínimo y tienen DNI terminado en 1 deberán esperar hasta el 24 de noviembre. El tope máximo del haber se fijó en $2.988.765,82.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre.

Con el incremento del 1,93%, ANSES depositará directamente el 80% del monto de la AUH, unos $127.700 por hijo. El 20% restante queda retenido hasta que el titular acredite los controles de salud y la escolaridad del menor ante el organismo.

La Asignación Familiar por Hijo, destinada a trabajadores registrados, varía según el ingreso total del grupo familiar:

• Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
• De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
• De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
• De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94

Para los hogares con hijos con discapacidad, los valores son considerablemente más altos: $259.861,30 para ingresos de hasta $1.212.301, $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y $116.023,37 para el tramo siguiente.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema que la AUH. Las titulares con DNI terminado en 1 cobrarán el 12 de noviembre.

El monto bruto de la prestación se acerca a los $159.600, de los cuales el organismo deposita directamente unos $127.700 (el 80%) y retiene el 20% hasta la presentación de los controles médicos.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para las terminaciones 0 y 1, tanto la Asignación por Prenatal como la Asignación por Maternidad se acreditan el 12 de noviembre.

Los montos siguen la misma escala por ingresos que la Asignación Familiar por Hijo: $79.812,80 para familias con ingresos de hasta $1.212.301; $53.838,46 para el segundo tramo; $32.564,29 para el tercero; y $16.801,94 para el cuarto.

La Asignación por Maternidad, en particular, se paga el primer día del calendario que corresponde a cada terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 1 cobrarán el 11 de noviembre, junto con quienes tienen terminación 0.

Los montos de noviembre, con el bono extraordinario de $70.000 incluido, son los siguientes:

• PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
• PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las prestaciones de pago único se actualizaron con el incremento mensual y quedaron fijadas en los siguientes valores:

• Nacimiento: $93.032,34
• Adopción: $556.214
• Matrimonio: $139.297,43

Estas prestaciones no dependen de la terminación de DNI. Las solicitudes de primera quincena pueden tramitarse entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre; las de segunda quincena, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

Desempleo Plan 1

Las personas con DNI terminado en 1 que cobran la Prestación por Desempleo recibirán el pago el 25 de noviembre, junto con quienes tienen terminación 0.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de diciembre, en concepto del período de octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en noviembre de 2026 los montos de todas sus prestaciones previsionales, entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que absorbe el mismo incremento mensual que el resto de los haberes del sistema. La suba del 1,93% se calculó en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y determina los valores que el organismo acreditará a lo largo del mes.

La PUAM es una prestación vitalicia y no contributiva que ANSES otorga a adultos mayores que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Su existencia dentro del esquema previsional busca garantizar un ingreso básico a quienes quedan fuera del régimen ordinario.

Al igual que las jubilaciones y pensiones, la PUAM se rige desde julio de 2024 por el mecanismo instaurado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció actualizaciones mensuales de los haberes atadas a la variación del IPC registrada dos meses antes.

En este marco, noviembre de 2026 representa un nuevo eslabón en la cadena de ajustes mensuales que el organismo aplica sobre jubilaciones, pensiones, la PUAM, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. El cronograma de cobros contempla los feriados del mes y distribuye las acreditaciones a lo largo de distintas fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

De cuánto es la PUAM de ANSES en noviembre 2026

Con el incremento del 1,93%, el haber básico de la PUAM asciende a $355.326,77 en noviembre de 2026, según lo oficializado mediante la Resolución 304/2026 de ANSES. La cifra equivale al 80% de la jubilación mínima, fijada en $444.158,46 para el mismo período.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, confirmado para noviembre a través del Decreto 1296/2026, lo que eleva el cobro total de la PUAM a $425.326,77. El refuerzo se acredita de forma automática junto con el haber mensual y no requiere inscripción previa ni gestiones en las oficinas del organismo.

Los titulares de la PUAM perciben sus haberes en el mismo tramo del calendario que las jubilaciones que no superan el haber mínimo, con pagos distribuidos entre el 11 y el 20 de noviembre según la terminación del DNI.

Quiénes cobran la PUAM de ANSES

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no perciban ningún haber jubilatorio, pensión contributiva, retiro por invalidez ni Prestación por Desempleo. Para acceder, los solicitantes deben ser argentinos nativos, naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país, o extranjeros con un mínimo de 20 años continuos de residencia.

En todos los casos, la residencia en territorio argentino debe mantenerse una vez otorgada la prestación: ANSES puede suspender el pago si el titular se ausenta por más de 90 días corridos. Previo al otorgamiento, el organismo realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial del solicitante.

Los titulares de la PUAM cuentan con cobertura médica automática a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y pueden acceder, cuando corresponda, a asignaciones familiares.

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo se ubica en $444.158,46 en noviembre de 2026, mientras que el tope máximo alcanza $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del cálculo previsional contributivo, se sitúa en $203.182,22.

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en su totalidad a quienes cobran la jubilación mínima, llevando el ingreso bruto total a $514.158,46. Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo pero inferiores a ese tope, el bono se otorga en forma proporcional. Quienes superen los $514.158,46 no perciben el refuerzo.

El cronograma de cobro para quienes perciben hasta el haber mínimo se extiende del 11 al 20 de noviembre, distribuido por terminación de DNI. Los beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima acceden al pago entre el 24 y el 30 del mes.

En noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones. La suba se calculará a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medida incluirá a la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. El cronograma de acreditaciones puede consultarse en el calendario de pagos del organismo previsional.

El sistema vigente surge del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que estableció una actualización mensual de los haberes. Desde julio de 2024, el cálculo toma la variación del IPC registrada dos meses antes. Por eso, la inflación de septiembre, que arrojó 1,93%, define los valores que se abonarán en noviembre.

El calendario de pagos de ANSES para noviembre 2026

A lo largo de noviembre, Anses acreditará jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, prestaciones de pago único y beneficios por desempleo. El cronograma considera los feriados previstos durante el mes y, para varios grupos, iniciará el miércoles 11 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Durante noviembre, el haber jubilatorio mínimo alcanzará los $444.158,46. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las prestaciones previsionales, se situará en $203.182,22.

El cronograma de cobro para beneficiarios que perciben hasta la mínima se extenderá del 9 al 20 de noviembre, distribuido según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para los haberes que superen esa cifra, el calendario de pagos regirá entre el 24 y el 30 de ese mes.

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4: 13 de noviembre
• DNI terminados en 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6: 17 de noviembre
• DNI terminados en 7: 18 de noviembre
• DNI terminados en 8: 19 de noviembre
• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Según lo informado por la Anses, el tope máximo de las jubilaciones se ubicará en $2.988.765,82 en noviembre.

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Con un incremento del 1,93% en noviembre, la Asignación por Embarazo (AUE) llegará a un monto bruto cercano a los $159.600. Al igual que en la Asignación Universal por Hijo (AUH), Anses liquidará el 80% de manera directa —unos $127.700— y retendrá el 20% restante, suma que se libera tras presentar la acreditación de los controles médicos. El calendario de cobro se desplegará del 11 al 25 de noviembre, de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad (DNI).

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
• DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
• DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
• DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 16 de noviembre
• DNI terminados en 4: 17 de noviembre
• DNI terminados en 5: 18 de noviembre
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

• DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pagos correspondiente a cada terminación de DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

• Todas las terminaciones de DNI, primera quincena: del 11 de noviembre al 10 de diciembre
• Todas las terminaciones de DNI, segunda quincena: del 25 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de DNI: del 11 de noviembre al 10 de diciembre

Desempleo Plan 1

• DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre

Desempleo Plan 2

Mes de cobro: octubre.

• Todas las terminaciones de DNI: del 2 al 10 de diciembre

Las asignaciones familiares por hijo y prenatal tendrán un incremento del 1,93%. Los hogares con ingresos de hasta $1.212.301 cobrarán $79.812,80 por cada hijo. El importe descenderá según la escala de ingresos: será de $53.838,46, $32.564,29 o $16.801,94 en los tramos posteriores. El calendario prevé pagos entre el 12 y el 18 de noviembre.

Para quienes tienen hijos con discapacidad, la prestación alcanzará $259.861,30 si el ingreso familiar no supera los $1.212.301. El monto será de $183.835,73 para ingresos de hasta $1.777.957 y de $116.023,37 en el segmento siguiente. Anses informará las fechas de acreditación a través de su calendario de pagos.

Las prestaciones de pago único se actualizarán a $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio. A su vez, los jubilados y pensionados del régimen contributivo percibirán una asignación mensual por cónyuge de $19.365,68.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un aumento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para septiembre. La actualización alcanzará, entre otras prestaciones, a la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Las fechas de pago se pueden consultar en el calendario de ANSES.

El ajuste mensual responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que modificó el esquema de movilidad previsional. Desde julio de 2024, los haberes se actualizan cada mes según la evolución del IPC nacional de dos meses antes. Por ese mecanismo, el dato de inflación de septiembre determina los importes que ANSES liquidará durante noviembre.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026

En noviembre, la jubilación mínima será de $444.158,46, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de determinados haberes, quedará en $203.182,22.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo percibirán sus pagos entre el 9 y el 20 de noviembre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes superen ese monto cobrarán entre el 24 y el 30 de noviembre.

El calendario de acreditaciones se organiza de la siguiente manera:

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 13 de noviembre
• DNI terminados en 4: 13 de noviembre
• DNI terminados en 5: 16 de noviembre
• DNI terminados en 6: 17 de noviembre
• DNI terminados en 7: 18 de noviembre
• DNI terminados en 8: 19 de noviembre
• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el cronograma prevé pagos desde el 23 de noviembre, agrupados de a dos terminaciones de DNI.

De cuánto será la AUH de ANSES en noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en noviembre un incremento de 1,93%. Con esa actualización, el monto total de la prestación será de alrededor de $159.600 por hijo.

ANSES deposita cada mes el 80% del beneficio y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar. De esta forma, el pago mensual directo rondará los $127.700 por hijo, mientras que cerca de $31.900 quedarán retenidos para su cobro posterior, siempre que se complete el trámite correspondiente.

Para titulares de AUH por hijo con discapacidad, el valor total será cercano a $519.700. El depósito mensual, equivalente al 80%, rondará los $415.800, y el restante 20% quedará sujeto a la acreditación de la Libreta AUH.

El calendario de acreditaciones se organiza de la siguiente manera:

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre
• DNI terminados en 1: 12 de noviembre
• DNI terminados en 2: 13 de noviembre
• DNI terminados en 3: 16 de noviembre
• DNI terminados en 4: 17 de noviembre
• DNI terminados en 5: 18 de noviembre
• DNI terminados en 6: 19 de noviembre
• DNI terminados en 7: 20 de noviembre
• DNI terminados en 8: 24 de noviembre
• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

De cuánto serán los planes sociales en noviembre

La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá una suba de 1,93% en noviembre y alcanzará un valor bruto de aproximadamente $159.600. Como ocurre con la AUH, ANSES paga el 80% de forma mensual, por lo que el depósito directo rondará los $127.700. El 20% restante queda retenido hasta la presentación del certificado que acredita los controles médicos correspondientes. La prestación se pagará según la terminación del DNI, entre el 11 y el 25 de noviembre.

Las asignaciones familiares por hijo y prenatal también subirán 1,93%. Para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301, el monto será de $79.812,80 por hijo. En los tramos siguientes, los valores serán de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con el ingreso total del hogar. Los pagos se realizarán entre el 12 y el 18 de noviembre.

La asignación por hijo con discapacidad llegará a $259.861,30 para familias con ingresos de hasta $1.212.301; a $183.835,73 para quienes perciban hasta $1.777.957; y a $116.023,37 desde ese nivel de ingresos. Las fechas de pago de estas prestaciones estarán disponibles en el calendario de pagos de ANSES.

Por su parte, las asignaciones de pago único quedarán en $93.032,34 por nacimiento, $556.214 por adopción y $139.297,43 por matrimonio. La asignación por cónyuge para jubilados y pensionados del sistema contributivo será de $19.365,68 mensuales.

Este lunes fue sancionada en Panamá una ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, y que además eleva las multas para quienes se nieguen a otorgarlos.

Estas podrán llegar hasta USD 5.000 para personas naturales y jurídicas que incumplan la normativa.

La sanción del presidente, José Raúl Mulino, se concretó durante un Consejo de Gabinete extraordinario.

La nueva ley modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, la norma que desde hace casi cuatro décadas regula los beneficios para la población de la tercera edad en el país.

Ahora, la Ley 6 de 1987 amplía sus beneficios a nuevas categorías de productos y servicios. El objetivo declarado es facilitar el acceso de los adultos mayores a bienes esenciales de salud, asistencia y uso personal.

Entre los cambios se incorporan descuentos en medicamentos, consultas médicas, exámenes de laboratorio, radiografías y tratamientos oncológicos. La reforma también suma rebajas en pañales desechables para adultos y en trámites de vivienda, estos últimos reservados a los adultos mayores que sean propietarios del inmueble.

La normativa sancionada por el mandatario suma beneficios para la compra de equipos de asistencia y ayudas técnicas. La lista incluye prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

El texto también introduce descuentos en la adquisición de ataúdes, urnas y en la contratación de servicios funerarios, un rubro que antes no estaba contemplado en la ley original.

Las multas por negar estos descuentos podrán alcanzar hasta USD 5,000, según la información divulgada tras la sanción presidencial. Con este refuerzo, el Gobierno busca garantizar el cumplimiento efectivo de los beneficios ya existentes y de los que se suman con la reforma.

El mismo lunes, Mulino también sancionó otra ley de peso: el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027. La partida asciende a USD 35.111,75 millones y había sido aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional.

La sanción llega en medio de cuestionamientos por una propuesta introducida en el proyecto que habilita excepciones en la ley de contrataciones públicas.

El texto plantea incluir a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones, dentro de las entidades que podrían acogerse a excepciones de hasta un millón de dólares para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos.

Según la propuesta, esas contrataciones directas procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o ante circunstancias de interés público que requieran atención prioritaria.

El mandatario se refirió un día antes a la polémica por las excepciones en contrataciones públicas, explicando que la última palabra sobre el uso de los fondos recae en otra dependencia del Estado.

“La ley puede decir lo que usted tenga que decir o quiera decir, pero acuérdese de una cosa: el que dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si hay, hay, y si no, pues no hay”, afirmó Mulino.

La nueva norma contempla una asignación de USD 12,839.7 millones para inversiones públicas, equivalente al 36.6% del presupuesto total. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el presupuesto de 2026, mientras que los gastos de funcionamiento registran una reducción del 5%.

El presidente agregó que ese punto del debate no le genera preocupación. Sin embargo, reconoció que el mecanismo de excepción exige controles: “En estas eventualidades se necesita agilidad, pero también que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y fiscalización del contralor”, sostuvo.

Con la sanción conjunta de ambas leyes, los medios indicaron que el Gobierno panameño cerró en una misma jornada dos frentes distintos: la ampliación de beneficios para adultos mayores y la aprobación del presupuesto que regirá las finanzas públicas del país durante 2027.

Los jubilados, pensionados y retirados que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cumplan con los requisitos de ingresos podrán a partir de hoy viajar gratis en subte con su DNI. Para acceder, deberán completar un trámite de alta y luego apoyar su Documento Nacional de Identidad en los molinetes Multipago habilitados.

La medida alcanza a quienes perciben un haber de hasta 2,5 veces la jubilación mínima, un tope que se ubica alrededor de $ 1.087.000. Podrán aprovechar la medida quienes realicen el trámite por primera vez como quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios, como la tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Cómo darse de alta

El primer paso es completar el formulario del Boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados, disponible en el sitio web de la Ciudad (https://buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados). Quienes prefieran la atención presencial pueden hacer la gestión sin turno en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Durante la solicitud, el interesado debe informar nombre y apellido, domicilio, CUIL y teléfono. Además, tiene que adjuntar una foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del último recibo de haberes.

El formulario incluye una declaración mediante la cual la persona confirma que no percibe otros ingresos, más allá de los haberes previsionales informados. El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados, así como a retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad que vivan en la Ciudad y estén dentro del límite de ingresos establecido.

Una vez que la solicitud sea aprobada, el beneficiario recibirá una notificación por WhatsApp. Desde entonces, podrá validar el pasaje sin cargo al apoyar su DNI en los molinetes Multipago habilitados de las estaciones de la red de subterráneos.

El sistema incorpora al documento como una alternativa para utilizar el boleto gratuito en el subte, sin necesidad de depender de una tarjeta o de una aplicación.

En relación con el anuncio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo en su cuenta de la red social X: “Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”.

Macri agregó que “mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión” y afirmó que la Ciudad realiza “la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte”. También señaló que está en marcha la construcción de la nueva Línea F, a la que definió como “la obra de infraestructura más importante del país”.

Beneficio sin franjas horarias y con vigencia de cinco años

El acceso gratuito con DNI podrá utilizarse todos los días y durante todo el horario de funcionamiento del subte. De este modo, el beneficio no quedará limitado a una franja determinada y alcanzará los viajes que los usuarios realicen para consultas médicas, trámites, visitas o actividades laborales.

La habilitación tendrá una vigencia de cinco años. Al vencimiento de ese plazo, podrá renovarse siempre que el titular continúe dentro de las condiciones de residencia e ingresos previstas. Esa duración reemplaza al esquema de pases o credenciales que era necesario presentar para acreditar el derecho a viajar sin cargo.

La modificación fue aprobada por la Legislatura porteña y previó una reglamentación con un plazo máximo de 60 días para definir la operatoria técnica. La puesta en marcha posterior incorporó la validación mediante el documento y los molinetes Multipago.

El sistema mantiene como requisito que los beneficiarios estén registrados y cuenten con la aprobación de su solicitud antes de usar el DNI en la red. Quienes ya disponían del boleto gratuito mediante otros soportes pueden optar por esta alternativa para ingresar al subte.

Un jubilado de 72 años que perdió $400.000 en una ciberestafa recibirá una indemnización superior a los $10 millones luego de que la Justicia responsabilizara a un banco por las fallas en los mecanismos de seguridad de sus servicios digitales. El hombre había sido engañado por delincuentes que utilizaron el nombre y el logotipo de una entidad bancaria estatal para convencerlo de que su cuenta estaba bloqueada y necesitaban verificar sus datos para protegerla.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de La Plata, en el expediente iniciado por el tesorero de un colegio contra el banco por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. La sentencia hizo lugar a la demanda y estableció que la transferencia realizada el 30 de noviembre de 2022 no podía considerarse una operación consentida por el titular de la cuenta.

En consecuencia, ordenó al banco pagarle un total de $10.156.000, integrado por la restitución de los $400.000 sustraídos, una compensación por daño moral ($3.000.000), otra por incapacidad psicológica ($4.000.000), el costo de un tratamiento terapéutico ($756.000) y una multa civil por las deficiencias detectadas en el servicio ($2.000.000)

La decisión judicial puso el foco en un aspecto central de las estafas bancarias digitales: aunque los delincuentes hayan conseguido utilizar códigos auténticos de seguridad, eso no significa necesariamente que el titular de la cuenta haya autorizado la operación. Para el tribunal, la entidad financiera debía contar con herramientas capaces de detectar movimientos inusuales y prevenir maniobras fraudulentas.

El mensaje de WhatsApp que dio inicio a la estafa

El episodio ocurrió el 30 de noviembre de 2022. Ese día, el hombre debía realizar una transferencia a un proveedor de una escuela de Florencio Varela, donde se desempeñaba como tesorero. Además de esa cuenta vinculada al establecimiento educativo, tenía una cuenta bancaria personal en un banco estatal.

Mientras intentaba realizar la operación, recibió un mensaje de WhatsApp que exhibía el logotipo de la entidad financiera. Del otro lado le informaron que se había detectado un inconveniente relacionado con movimientos sospechosos y que su cuenta se encontraba bloqueada.

Los interlocutores le indicaron que debía seguir una serie de pasos para solucionar el supuesto problema. Convencido de que estaba comunicándose con personal del banco, el hombre proporcionó varios códigos Token, bajo el argumento de que eran necesarios para realizar una verificación de seguridad y recuperar el acceso a sus productos bancarios.

Sin embargo, detrás de esa comunicación había una maniobra fraudulenta. Minutos después, cuando se comunicó telefónicamente con el banco para consultar por la situación, descubrió que desde su cuenta personal se había realizado una transferencia de $400.000 a una cuenta de otra entidad financiera, a nombre de Gastón Aclicio Sosa.

El hombre aseguró que no conocía al destinatario, que nunca había ordenado ese movimiento y que tampoco había autorizado que se retirara ese dinero de su cuenta.

El jubilado había cobrado sus haberes apenas dos días antes. Según expuso durante el proceso judicial, los delincuentes parecían contar con información sobre sus datos personales y sus movimientos bancarios, lo que contribuyó a que confiara en la comunicación recibida.

Ese mismo 30 de noviembre presentó un reclamo ante el banco para desconocer la transferencia. Posteriormente, el 6 de diciembre realizó la denuncia penal correspondiente y aportó la conversación de WhatsApp que había mantenido con los supuestos empleados bancarios.

La Justicia consideró que no hubo consentimiento del jubilado

La jueza Gladys Cardoni destacó que el hombre había desconocido la transferencia desde el mismo día en que se produjo y que su relato se mantuvo durante todo el proceso. También valoró la conversación de WhatsApp, el formulario de reclamo presentado ante el banco y la denuncia penal.

Por eso, concluyó que entregar códigos de seguridad bajo engaño no equivalía a expresar la voluntad de transferir $400.000 a una persona desconocida.

“La sentencia también aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, que establece obligaciones especiales para las entidades financieras en materia de seguridad, información y prevención de daños”, explicó el abogado Marcelo Szelagowski, que representa al jubilado estafado.

El letrado interpretó que “este fallo resulta ejemplificador ya que los bancos jamás han hecho las inversiones para estar a la altura de las protecciones necesarias contra la ciberdelincuencia”.

El presidente José Raúl Mulino anunció que el lunes 2 de noviembre sancionará la nueva ley de descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, después de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional.

La decisión abre paso a la ampliación de beneficios que habían generado controversia entre organizaciones empresariales y representantes de la tercera edad.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que recibió el proyecto en el Palacio de las Garzas, conforme a los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, diputados de la comisión legislativa y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La sanción presidencial está prevista para el lunes, según adelantó.

El anuncio corresponde al proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El documento incorpora nuevos descuentos en servicios de salud, equipos de asistencia y otros gastos esenciales, además de actualizar algunas condiciones para acceder a las rebajas.

La iniciativa surge después de que Mulino objetara totalmente el proyecto 226 el pasado 20 de septiembre, alegando razones de inconveniencia e inexequibilidad. Aquella propuesta, aprobada por la Asamblea en agosto, provocó cuestionamientos de diferentes sectores económicos por las obligaciones que imponía a los establecimientos comerciales.

Entre las principales preocupaciones figuraba el incremento de los descuentos obligatorios sin mecanismos suficientes para compensar a los negocios, particularmente a las pequeñas empresas. Los gremios advertían que las nuevas rebajas podían reducir sus márgenes de ganancia y afectar la sostenibilidad de determinadas actividades comerciales.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el impacto económico de la propuesta anterior, mientras representantes del sector hotelero y farmacéutico expresaron inquietudes sobre su aplicación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de los beneficios, ante sus posibles consecuencias para la actividad económica.

También la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones relacionadas con el acceso al crédito, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas examinó las implicaciones fiscales. Estas observaciones contribuyeron a abrir una nueva etapa de conversaciones entre empresarios, autoridades y organizaciones de jubilados, con el propósito de revisar las disposiciones cuestionadas.

Las negociaciones se desarrollaron en una mesa de trabajo instalada en la Asamblea Nacional, donde participaron representantes del Gobierno, comerciantes, empresarios y adultos mayores. El proceso permitió revisar porcentajes, incorporar nuevos beneficios y eliminar disposiciones que habían provocado desacuerdos durante el debate legislativo.

Una de las diferencias más visibles está en los descuentos para restaurantes y establecimientos de comida, que en la propuesta anterior llegaron a plantearse hasta en 35%. El texto aprobado establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, aplicable también a franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

En medicamentos, la nueva legislación contempla un descuento del 20% sobre el precio de venta, previa presentación de una receta médica a nombre del beneficiario. Para los productos de libre venta, no será obligatorio presentar una prescripción, una disposición que busca facilitar el acceso a tratamientos y productos farmacéuticos.

Los servicios médicos también recibirán beneficios, entre ellos 25% de descuento en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos. Además, se establece una rebaja del 30% para procedimientos, medicamentos e insumos oncológicos, incluidos productos utilizados durante el tratamiento del cáncer.

La normativa incorpora descuentos del 20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones y camas hospitalarias, así como en otros dispositivos de asistencia. También contempla rebajas para el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos médicos, destinados a facilitar la movilidad, recuperación y permanencia de los pacientes en sus hogares.

En servicios de telecomunicaciones, internet y televisión por cable tendrán un descuento del 20%, siempre que el contrato residencial esté a nombre del beneficiario y no supere los 50 dólares. La telefonía móvil también recibirá una rebaja del 20% para contratos de hasta 30 dólares, bajo las condiciones establecidas en la ley.

El texto incluye igualmente un descuento del 20% en la tasa de aseo y en la compra de pañales para adultos, además del 25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios. Para mejorar la accesibilidad, contempla una rebaja del 15% en determinadas adecuaciones de viviendas, como rampas, barras de apoyo y superficies antideslizantes.

En electricidad, se mantiene el beneficio vigente del 25% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, sin adoptar la ampliación que se había discutido anteriormente. Esta diferencia forma parte de los ajustes introducidos durante la revisión de los descuentos, luego de las observaciones del Ejecutivo y del sector privado.

Uno de los cambios más relevantes ocurrió con el mecanismo de compensación para microempresas que figuraba en la propuesta inicial del proyecto 746. Durante el trámite legislativo se eliminó el fideicomiso destinado a reembolsar descuentos, así como el crédito fiscal transferible del 100% que había sido planteado.

En consecuencia, la ley aprobada no contempla ese sistema de reembolso directo a los pequeños negocios. El articulado mantiene la posibilidad de deducir los descuentos del impuesto sobre la renta, un mecanismo cuya utilidad depende de la situación tributaria de los establecimientos que conceden los beneficios.

Durante la discusión, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios para jubilados y adultos mayores. Esa cifra representa una estimación del alcance económico de las rebajas, no una asignación presupuestaria destinada a entregar dinero directamente a los beneficiarios.

Los descuentos alcanzarán a jubilados, pensionados y personas que cumplan los requisitos establecidos, incluidas mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60. También se contemplan disposiciones para extranjeros con residencia permanente en Panamá, de acuerdo con las condiciones de la normativa.

Aunque Mulino anunció su decisión de sancionar el proyecto, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse inmediatamente. El documento aprobado establece que la ley entrará en vigor seis meses después de su promulgación, período durante el cual deberán prepararse los procedimientos necesarios para su cumplimiento.

La decisión presidencial permitirá cerrar el proceso legislativo de una reforma que enfrentó objeciones y negociaciones durante varios meses. Su aplicación pondrá a prueba el equilibrio alcanzado entre las demandas de los adultos mayores y las preocupaciones económicas que llevaron al rechazo de la primera propuesta.

El gasto en pensiones crece y, según las previsiones publicadas por Fedea, la inversión pública pasaría del 13,1% del producto interno bruto (PIB) en 2022 al 16,9% en 2045. Así lo asegura el informe publicado con el título Valorando las reformas del Plan de Recuperación: avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes, que sostiene que la reforma aprobada entre 2021 y 2023 reforzó la protección de los jubilados frente a la inflación, aunque no resuelve la financiación del sistema a largo plazo.

Entre 2022 y 2045, el gasto medio en pensiones de la Unión Europea subiría del 11,4% al 12,1% del PIB. Y España ampliaría la diferencia respecto de la media comunitaria, de 1,7 puntos porcentuales en 2022 a 4,8 puntos dentro de 19 años. El informe, firmado por Judith Arnal, Ángel de la Fuente y Juan Pablo Riesgo, aclara que se trata de previsiones construidas a partir de hipótesis demográficas y macroeconómicas.

El informe concluye que la reforma reforzó la protección de los pensionistas frente a la inflación al recuperar la actualización anual de las prestaciones con el índice de precios al consumidor (IPC). También derogó el factor de sostenibilidad, que vinculaba la cuantía inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida, y aprobó mejoras en las pensiones mínimas y en los complementos para reducir la brecha de género. Pero para Fedea, estas medidas elevan las obligaciones futuras del sistema sin resolver por completo cómo se financiarán.

El documento no cuestiona la finalidad de proteger a los jubilados. Su advertencia apunta al coste de esa decisión en un país donde aumentará la proporción de personas retiradas respecto de la población en edad de trabajar.

La evolución demográfica explica buena parte de la presión sobre el sistema, aunque no es el único factor. La previsión no contempla solo el impacto de una población más envejecida, con un mayor número de jubilados. También incorpora las reglas que determinan a qué edad se accede a la jubilación, cómo se fija la pensión inicial y cómo se actualiza cada año. El resultado es un incremento del gasto que, según Fedea, supera la capacidad de financiación que aportan las medidas aprobadas.

Las cotizaciones adicionales no cubrirían todo el aumento del gasto

La reforma incorporó nuevas vías de ingresos para reforzar las cuentas de la Seguridad Social. La principal es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización social adicional y temporal aplicada en España desde el 1 de enero de 2023 para reforzar el sistema público de pensiones frente a la jubilación de la generación del baby boom. Su tipo alcanzó el 0,9% en 2026 y está previsto que llegue al 1,2% en 2029.

A ese mecanismo se suman el aumento de las bases máximas de cotización por encima de la inflación y una cuota de solidaridad para los salarios que superan dichas bases. Con estas medidas, el sistema recaudaría más recursos a través de las aportaciones de trabajadores y empresas.

Sin embargo, el informe sostiene que ese refuerzo no bastará para compensar el aumento previsto del gasto. La estimación citada calcula que las medidas de ingresos aportarían una media de 1,6 puntos de PIB entre 2022 y 2050. En ese período, la subida del gasto superaría los tres puntos de PIB según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Ageing Report 2024. La estimación de Fedea eleva ese aumento a cinco puntos, aunque el documento aclara que las metodologías no son idénticas.

La distancia entre el gasto adicional y los nuevos ingresos obligaría a buscar recursos fuera de las cotizaciones, según el documento. Fedea sostiene que esa parte deberá financiarse con transferencias del Estado, es decir, con impuestos o deuda pública.

La regla de gasto se cumple por tres décimas, pero no despeja la sostenibilidad

La reforma creó una regla para vigilar la evolución futura del sistema. Esa regla establece que el gasto en pensiones, después de restar los ingresos extra obtenidos con las nuevas cotizaciones, no debería superar una media del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. En la primera revisión, realizada en 2026, el indicador se situó en el 13% del PIB. Por eso, la regla se cumple, aunque solo con tres décimas de margen.

Fedea advierte de que ese resultado no significa que esté resuelta la financiación de las pensiones. El 13% no es el gasto previsto para un año concreto: es una media calculada para casi tres décadas y descuenta los ingresos adicionales de la reforma. En cambio, la previsión de gasto público bruto para 2045 asciende al 16,9% del PIB.

El informe cuestiona que el cumplimiento de esa regla sea suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Si en una próxima revisión se superara el límite, el Gobierno tendría que proponer medidas, aunque la norma no determina de antemano si el ajuste se haría mediante más cotizaciones, impuestos, deuda o cambios en las pensiones.

El informe alerta sobre el coste para otras políticas públicas

El estudio sitúa el debate en la distribución futura de los recursos públicos. Si el gasto en pensiones absorbe una parte mayor del PIB, habrá menos margen presupuestario para otras áreas, como vivienda, educación y empleo.

Ese es uno de los puntos centrales del informe: la reforma protege a los pensionistas actuales, pero traslada una parte de la financiación pendiente a las próximas décadas. El coste puede recaer sobre los trabajadores a través de cotizaciones más altas, sobre los contribuyentes mediante impuestos o sobre el conjunto de la economía si se recurre a mayor deuda, dice Fedea.

Fedea concluye que el sistema necesita un acuerdo que defina cómo se financiará el aumento del gasto sin concentrar el ajuste sobre el empleo y las generaciones jóvenes. La proyección hasta 2045 no anticipa un resultado inevitable, pero dibuja el escenario que se produciría si se mantienen las reglas actuales y se cumplen las hipótesis demográficas y económicas utilizadas en el cálculo.

Una banda que operaba desde cárceles bonaerenses habría realizado cerca de 20.000 llamadas extorsivas para estafar a jubilados y pensionados de todo el país. La organización utilizaba identidades falsas, simulaba emergencias familiares y contaba con colaboradores fuera de los penales para concretar robos cuando los engaños telefónicos no daban resultado.

El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata, detalló el funcionamiento de la estructura durante una entrevista en Infobae al Mediodía. La investigación comenzó en julio, a partir de dos hechos ocurridos en esa ciudad, y permitió identificar una red con conexiones en distintos puntos del país.

Uno de los casos más graves fue el de una jubilada de 70 años que sufrió una entradera: los delincuentes la golpearon, le hicieron cortes en los dedos de los pies y le robaron $600.000. La causa también incluyó un intento de robo frustrado el 8 de julio.

Falsos policías y familiares para engañar a las víctimas

La organización utilizaba dos modalidades principales. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y advertían sobre un supuesto accidente de tránsito en el que un familiar había atropellado a una mujer embarazada. En la otra, recurrían a un falso operativo para cambiar dólares, vinculado con un anuncio presidencial.

En el primer caso, los estafadores le dijeron a una mujer que su hijo había protagonizado el accidente y le exigieron $16 millones. Para sostener la historia, uno de los involucrados simuló ser el familiar y otro se presentó como fiscal.

“Le requerían la entrega de 16 millones de pesos y la obligaron no solamente a tener el teléfono fijo, sino también a que les dé el número de celular”, explicó Moyano.

La comunicación duró 33 minutos. Según reconstruyó el fiscal, la maniobra podía derivar en un robo presencial: cinco hombres llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima y cuatro ingresaron a la vivienda, la redujeron y se llevaron dinero y otros bienes.

Las escuchas incorporadas a la investigación muestran cómo los sospechosos alternaban sus roles para sostener el engaño. En una de las llamadas, un hombre se presentó como el “subcomisario Gutiérrez” y pasó la comunicación a un cómplice que fingía ser un familiar de la persona contactada.

La estrategia consistía en generar temor, obtener información y mantener a las víctimas bajo presión para conseguir dinero. Cuando no lograban concretar la estafa por teléfono, la organización podía recurrir a personas que actuaban fuera de las cárceles.

Casi 20.000 llamadas y una lista de jubilados

La pesquisa permitió establecer que los delincuentes no llamaban al azar. Los investigadores encontraron planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas, seleccionadas principalmente entre jubilados y pensionados.

“Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país”, afirmó Moyano.

La organización también distribuía los contactos por localidades. “Se selecciona la ciudad de Mar del Plata y ese día se hicieron 120 llamados a Mar del Plata”, ejemplificó el fiscal. La red también registró comunicaciones dirigidas a Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.

El rastreo de las líneas telefónicas fue determinante para avanzar en la investigación. Una empresa prestadora informó sobre 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados, cuyos registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense.

La intervención de otra línea permitió detectar más de 5.000 comunicaciones en un período de 30 días. Según la reconstrucción presentada durante Infobae al Mediodía, el análisis permitió estimar que la banda habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre.

Los investigadores también detectaron el uso de 11 tarjetas SIM que los sospechosos intercambiaban en un mismo teléfono. La actividad, de acuerdo con los datos expuestos durante el programa, se concentraba de lunes a sábado, entre las 9 y las 17.

Quiénes están bajo investigación

La pesquisa identificó como presunto jefe de la organización a Hugo “el Gitano” Miguel, de 62 años, detenido en la cárcel de Olmos y condenado a prisión perpetua por homicidio. También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre.

Los procedimientos se realizaron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares. Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, determinar cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los establecimientos penitenciarios.

La hipótesis judicial contempla que la organización contaba con personas en distintas ciudades para recibir transferencias o ejecutar robos cuando las maniobras telefónicas no prosperaban. La posible participación de terceros en el funcionamiento del esquema es uno de los puntos que todavía debe esclarecerse.

Moyano también señaló un aspecto de las escuchas que llamó la atención de los investigadores: la ausencia de otras voces en comunicaciones que, según indicó, se realizaban desde pabellones y celdas. Sin embargo, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario y sostuvo que la cuestión requiere profundizar la investigación.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre una suba de 1,9% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste surge de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con la actualización, la jubilación mínima pasará de $ 435.748,51 a $444.027,73. También se modificarán los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

El esquema de movilidad vigente establece que las prestaciones se actualizan cada mes según el índice de inflación de dos meses previos. El IPC nacional de septiembre registró un avance del 1,9%, dato que se utilizará para liquidar los haberes de noviembre. El organismo todavía deberá publicar las escalas completas con los importes definitivos de cada prestación.

De cuánto será la AUH de noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo tendrá un valor total cercano a $159.563 por cada hijo en noviembre, tras el incremento del 1,9%. Este importe corresponde al monto bruto de la prestación.

ANSES deposita mensualmente el 80% de la AUH y retiene el 20% restante. Por eso, el pago mensual directo será de aproximadamente $127.651 por hijo, mientras que unos $31.913 quedarán sujetos a la posterior presentación de la Libreta AUH.

La libreta acredita la asistencia escolar, los controles de salud y la vacunación de niños, niñas y adolescentes. Una vez cumplido ese trámite, los titulares pueden cobrar el porcentaje retenido durante el período correspondiente.

Para la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de alrededor de $519.551. En este caso, el pago mensual equivalente al 80% llegará a $415.641, mientras que el 20 % retenido rondará los $103.910.

Estos valores corresponden exclusivamente a la asignación. No incluyen otros programas que pueden corresponder según la situación de cada familia, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan 1000 Días. La acreditación de esos beneficios responde a requisitos y montos propios.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2026

La jubilación mínima de ANSES será de $444.027,73 en noviembre. El haber máximo, por su parte, se elevará a $2.988.765,82.

El aumento se aplica de manera automática sobre los haberes previsionales, por lo que las personas jubiladas no deben realizar ninguna gestión adicional. La movilidad también impacta en la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones.

El valor mínimo vigente en octubre es de $435.748,51, según la Resolución 284/2026 de ANSES. La norma fijó además el haber máximo de octubre en $2.932.174,85 y la PUAM en $348.598,81. Sobre esas cifras se aplica el 1,9% correspondiente al IPC de septiembre.

El Poder Ejecutivo deberá definir por separado la continuidad y el alcance de un eventual bono extraordinario para jubilados y pensionados. Ese refuerzo no forma parte del haber mensual ni de la fórmula de movilidad, por lo que no debe sumarse a los montos previsionales hasta que exista una norma oficial que lo disponga.

De cuánto serán las pensiones de ANSES en noviembre 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, ascenderá a $355.222,18 en noviembre. La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y cumplen las condiciones establecidas por ANSES.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasarán a unos $310.819,41. En tanto, la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más quedará equiparada al haber mínimo, con un monto de $444.027,73.

La actualización alcanza a las prestaciones que dependen de la movilidad mensual. Para consultar el monto individual, la fecha y el lugar de cobro, los titulares pueden ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES o utilizar la herramienta “Cuándo y dónde cobro” del organismo.

México, al contrario que España, cuenta con un modelo de pensiones mixto que combina prestaciones de reparto, cuentas individuales de ahorro y complementos financiados por el Estado. Desde julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite elevar determinadas prestaciones hasta el 100% del salario medio del último año trabajado, aunque con un máximo fijado para 2026 en 17.885,85 pesos mensuales, unos 862 euros.

La cuantía que recibe cada jubilado depende de varios factores, entre ellos la fecha en que comenzó a cotizar, el número de semanas acumuladas y el salario percibido durante su vida laboral. Por eso, dos personas que se retiren a la misma edad pueden acceder a prestaciones muy diferentes. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años, aunque existen vías para dejar de trabajar antes bajo determinadas condiciones.

El modelo se organiza en cuatro niveles: una pensión no contributiva para las personas mayores, el seguro social para los trabajadores del sector privado, un complemento público para determinadas jubilaciones y los planes de pensiones promovidos voluntariamente por las empresas. La combinación busca ofrecer una protección básica y mejorar los ingresos durante la vejez, pero el resultado final depende de la trayectoria laboral de cada persona, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El sistema de pensiones mexicano es diferente al de España que posee un modelo de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.

Dos regímenes según cuándo se empezó a cotizar

La fecha clave para calcular la pensión contributiva es el 1 de julio de 1997. Quienes comenzaron a cotizar antes de ese día están sujetos a la llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), basada en un sistema de reparto y una prestación definida. Para acceder a ella se necesitan, como mínimo, 500 semanas cotizadas —casi diez años— y haber cumplido 60 años para la jubilación por cesantía en edad avanzada o 65 para la pensión de vejez.

Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

En cuanto a la cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En el modelo mexicano, el cálculo de la pensión parte del salario medio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes a casi cinco años. A esa base se aplica una cuantía inicial, que puede aumentar en función del tiempo cotizado por encima del mínimo exigido. La pensión mínima garantizada asciende en 2026 a 10.636,54 pesos mensuales, alrededor de 513 euros.

Adelantar el retiro tiene un coste. Una persona que se jubile a los 60 años percibe el 75% de la pensión que le correspondería a los 65, a los 61 recibe el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 el 90% y a los 64 el 95%. Solo al alcanzar los 65 años se aplica el 100%.

Además, quienes ya no trabajan pueden recurrir a la denominada Modalidad 40 para seguir cotizando voluntariamente y mejorar su promedio salarial a efectos de pensión, aunque desde el 22 de octubre de 2026 se aplican condiciones más restrictivas.

Las cuentas individuales determinan la pensión de los más jóvenes

Para quienes comenzaron a cotizar en México a partir del 1 de julio de 1997, la Ley 97 establece un sistema de capitalización individual. En este caso, el importe final depende del dinero acumulado en la cuenta personal, las aportaciones realizadas, los rendimientos obtenidos y las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores.

En 2026, los trabajadores que accedan a esta modalidad deben acreditar 875 semanas cotizadas y tener 60 años en caso de cesantía laboral o 65 para la pensión de vejez. El requisito de cotización aumenta progresivamente: partió de 750 semanas en 2021 y crecerá en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 en 2031.

Una vez llega la jubilación, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia contratada con una aseguradora o en retiros programados gestionados por las Afores -gestoras de las cuentas individuales de retiro- que distribuyen el saldo de acuerdo con la esperanza de vida prevista.

Si el capital acumulado no alcanza el mínimo necesario, el Estado garantiza una prestación cuyo importe depende de la edad, las semanas cotizadas y el salario medio. En 2026, esas cuantías oscilan entre 3.540,56 y 11.128,01 pesos al mes, unos 171 y 536 euros, respectivamente.

El Estado refuerza las pensiones, pero no todas por igual

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno de los elementos que explica la elevada tasa de sustitución mexicana. El mecanismo permite completar las pensiones de cuentas individuales hasta el 100% del salario medio del último año, con el límite mensual establecido. La referencia máxima se actualiza cada enero y, en 2026, se sitúa en 17.885,85 pesos.

A esa protección se suma la Pensión Bienestar, una ayuda no contributiva financiada con impuestos para las personas de 65 años o más. En 2026 paga 6.400 pesos cada dos meses, equivalentes a unos 154 euros mensuales. La ayuda se amplía progresivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, que reciben 3.100 pesos bimestrales.

Los datos de la OCDE reflejan el efecto de estas medidas. Según el informe Pensions at a Glance 2025, una persona con salario medio y una carrera laboral completa entre los 22 y los 65 años obtiene en México una tasa de sustitución neta del 79,6%, frente al 63,2% de media de la organización. Para quienes cobran la mitad del salario medio, la tasa alcanza el 131,9%; para quienes ganan el doble, baja al 56,9%.

España también mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países. La tasa de sustitución alcanza el 80,4%, según datos de la OCDE.

Los planes de empresa siguen siendo voluntarios

México también cuenta con planes de pensiones de empleo que complementan las prestaciones públicas, aunque no son obligatorios. Cada empresa puede establecer sus propias condiciones, incluidos los requisitos de antigüedad, la edad de jubilación y las aportaciones. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2025 había 3.222 planes de este tipo en 2.938 empresas, con 1,9 millones de trabajadores activos y 86.322 pensionistas beneficiarios.

Pese a las tasas de sustitución registradas, el sistema mantiene importantes diferencias entre trabajadores. El complemento público mejora especialmente las pensiones de quienes perciben salarios bajos, mientras que el límite establecido reduce su efecto relativo en las rentas más altas. Además, la cuantía final depende de las cotizaciones acumuladas y de las condiciones de acceso a cada régimen, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El desafío consiste en garantizar ingresos suficientes durante la jubilación sin dejar fuera a quienes han desarrollado buena parte de su vida laboral en la economía informal o no han podido cotizar lo suficiente. En un sistema que combina un sistema de reparto y ahorro individual, la carrera laboral sigue siendo decisiva para determinar cuánto dinero llega cada mes al bolsillo del pensionista.

El IGSS otorgará un bono extraordinario y único de Q 1.000 (USD 131) a pensionados de tres programas durante octubre de 2026, como parte de la conmemoración por los 80 años del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El aporte se acreditará de manera automática en las cuentas bancarias donde los beneficiarios reciben habitualmente sus pensiones.

La Junta Directiva formalizó la medida mediante el Acuerdo 1571, publicado el 27 de octubre en el Diario de Centro América. La disposición entró en vigencia el miércoles 28 de octubre, un día después de su publicación oficial.

El beneficio corresponde a quienes tengan una pensión en curso de pago cuando la normativa comience a aplicarse. El instituto estableció que el desembolso se financiará a partir de estudios actuariales y técnicos que determinaron su capacidad para otorgarlo sin comprometer la estabilidad de los fondos involucrados.

Tres programas incluidos y un límite para cobros simultáneos

El pago alcanzará a pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, conocido como IVS; del Plan de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del IGSS; y de las pensiones por muerte accidental reguladas por el Acuerdo 97 de la Junta Directiva.

Las personas que perciban beneficios tanto del Plan de Pensiones de los Trabajadores como del régimen IVS recibirán un solo aporte extraordinario. La norma impide acumular pagos por estar incorporado en más de uno de los programas contemplados.

El mecanismo de distribución variará según la prestación. En las pensiones derivadas de riesgo de muerte, el total del bono se dividirá en partes iguales entre todos los beneficiarios reconocidos; si existe una sola persona con derecho, recibirá el monto completo.

La misma modalidad se aplicará a las pensiones por riesgo de sobrevivencia y a las prestaciones del Plan de Pensiones vinculadas con sobrevivencia. En esos casos, el aporte se distribuye entre quienes figuren como beneficiarios de la pensión.

Los jubilados por vejez e invalidez recibirán el total directamente, al igual que los pensionados del Plan de Pensiones de los Trabajadores. Para esas categorías no habrá reparto entre terceros.

Depósito automático y condiciones para pensionados suspendidos

El pago se realizará durante octubre de 2026 para quienes ya estén incluidos en la nómina de pensiones. No será necesario presentar solicitudes, realizar gestiones administrativas ni tramitar una inscripción adicional ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Los pensionados con prestaciones suspendidas podrán acceder al bono cuando cumplan las condiciones que restablezcan su derecho. En esos casos, el aporte se depositará junto con la reactivación de la pensión correspondiente.

El artículo 4 del Acuerdo 1571 excluye a quienes hayan perdido el derecho de pensionamiento al momento de generarse la nómina de octubre de 2026. La condición decisiva será, por lo tanto, mantener vigente la prestación en el registro utilizado para procesar el pago.

La institución depositará los recursos en la misma cuenta bancaria destinada al cobro regular de la pensión. El mecanismo evita que los beneficiarios tengan que concurrir a oficinas o abrir nuevas cuentas para recibir el aporte.

Ocho décadas desde la creación del seguro social guatemalteco

El IGSS fue creado por el Decreto 295 del Congreso de la República, su Ley Orgánica, aprobada el 28 de octubre de 1944 durante la presidencia de Juan José Arévalo Bermejo. La norma fue sancionada dos días después.

La entidad inició oficialmente sus operaciones el 2 de enero de 1947. Su primera sede funcionó en el actual Edificio de Auxilios Mutuos, ubicado en la zona uno de la Ciudad de Guatemala.

La cobertura del organismo se amplió en los años siguientes. En 1949 incorporó el Programa de Accidentes de Trabajo y, en 1953, entró en vigencia el Reglamento de Protección Materno Infantil, antecedente del posterior Programa de Enfermedad y Maternidad.

Las oficinas centrales fueron inauguradas en 1959 en un edificio diseñado por los arquitectos Jorge Montes Córdoba y Roberto Aycinena Echeverría.

Cada diciembre, millones de pensionistas españoles esperan el decreto que fija cuánto subirá su paga al año siguiente. Durante buena parte de la última década y media, esa cifra llegó acompañada de una pregunta silenciosa: ¿será suficiente para seguir el ritmo de los precios? Un informe de Funcas sobre carencia material y social (un indicador estadístico que mide si un hogar tiene dificultades económicas para acceder a bienes o servicios básicos) reconstruye, año por año, los tramos en los que la respuesta fue negativa y revela que la brecha entre revalorización e inflación dejó episodios de pérdida real de poder adquisitivo entre 2007 y 2022.

El documento, elaborado por la Dirección de Estudios Sociales de la fundación, no se limita a exponer cifras. Durante casi 20 años de datos sobre pensiones contributivas e IPC, el informe muestra que el malestar de los pensionistas no siempre coincidió con los años de mayor pérdida de poder adquisitivo. Veamos por qué.

La primera grieta, entre 2010 y 2012

El primer tramo de deterioro llegó en plena resaca de la crisis financiera. En 2010, la revalorización de las pensiones contributivas quedó entre 1 y 1,8 puntos por debajo del IPC medio anual. Al año siguiente, la distancia se ensanchó hasta un rango de entre cero y 3,2 puntos, el mayor diferencial porcentual mencionado en el informe para ese tramo. En 2012 persistió, con una diferencia de entre 1 y 2,4 puntos.

Fueron tres años en los que el ajuste anual no compensó la subida de precios, aunque el informe matiza algo que suele perderse en la discusión pública: en términos de renta total, los hogares de mayores de 65 años fueron, paradójicamente, los que mejor resistieron el golpe de la Gran Recesión. Mientras su renta equivalente media cayó un 7% entre 2009 y 2012, la caída general fue del 17% y, entre los jóvenes de 16 a 29 años, llegó al 24%.

El espejismo del 0,25%

La reforma de las pensiones de 2013 dio origen al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que, según establecía la Ley 23/2013, fijó un suelo legal de aumento anual del 0,25%, el mínimo posible dentro de la norma. La razón no estuvo en la generosidad del mecanismo, sino en la circunstancia opuesta: el IPC registró variaciones negativas o mínimas, de -0,2%, -0,5% y -0,2% respectivamente. El 0,25% no supuso pérdida porque los precios apenas subieron, o incluso cayeron.

La fórmula se agotó en 2017. Ese año, el IPC subió un 2% mientras las pensiones seguían ancladas al mismo 0,25%, lo que produjo una nueva pérdida de poder adquisitivo, esta vez sin el colchón de la deflación. El informe conecta este episodio con un giro en el indicador de carencia material y social severa (CMSS) de los mayores, que pasó del 3,5% en 2015 al 8,1% en 2018, un salto que casi igualó la tasa general de la población.

Ese salto, sin embargo, no se explica por una caída de los ingresos. La CMSS no mide únicamente privaciones materiales del hogar, como no poder calentar la vivienda o afrontar un gasto imprevisto. Incorpora también cuestiones individuales, como la posibilidad de reunirse con amigos o familia, participar en actividades de ocio o disponer de una pequeña cantidad de dinero para gastos propios, aspectos que responden a la percepción subjetiva de la situación económica, no solo a los ingresos disponibles.

“Tras años de crecimientos mínimos o, incluso, de congelación nominal, no pocos pensionistas pudieron experimentar cierto malestar ante un incremento nominal tan bajo”, señala el informe de Funcas, que atribuye a esa sensación de estancamiento prolongado el aumento de menciones a carencias relacionadas con la vida social y el ocio entre los mayores de 65 años, un fenómeno que no se observó con la misma intensidad en el indicador de carencia material más tradicional.

“Tras años de crecimientos mínimos o, incluso, de congelación nominal, no pocos pensionistas pudieron experimentar cierto malestar ante un incremento nominal tan bajo”

La renta de los hogares de mayores, de hecho, se mantuvo estable en ese mismo período, lo que explica por qué el indicador de carencia material clásico (CMS) permaneció bajo y sin sobresaltos entre 2008 y 2019. El malestar, en este caso, se filtró por una vía distinta a la de la renta disponible.

El retorno a la indexación y los límites de la recuperación

Con el abandono del IRP y la vuelta a un sistema de revalorización ligado al IPC, primero previsto y después pasado, se recuperó la tendencia a mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Pero el informe advierte que ese mecanismo no compensó del todo los choques inflacionarios de 2021 y 2022, los años en que la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania dispararon los precios de la energía en toda Europa.

Aun así, el saldo de las dos últimas décadas, según Funcas, resulta favorable para los jubilados si se compara con el resto de la población. El crecimiento de las nuevas pensiones de jubilación por encima de la inflación tuvo un efecto netamente positivo sobre la renta de los hogares de mayores, hasta el punto de que, en 2025, su tasa de carencia material y social severa cayó al 4,7%, muy por debajo del 8,1% general. El indicador que llegó a duplicarse en apenas tres años terminó por convertirse, una década después, en uno de los más bajos entre todos los grupos de edad.

El Gobierno no contempla endurecer los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha descartado este lunes que el sistema vaya a exigir más años de cotización o que se amplíe el periodo utilizado para calcular la prestación, dos cuestiones que afectan directamente a la futura jubilación de millones de trabajadores.

“En absoluto se contempla ampliar el periodo de cálculo de las pensiones o ampliar los años cotizados necesarios”, ha afirmado Saiz en una entrevista en la Cadena SER. La ministra ha aprovechado su intervención para defender las reformas impulsadas por el Ejecutivo y rechazar las críticas del Partido Popular sobre la viabilidad financiera del sistema público de pensiones.

La responsable de Seguridad Social sostiene que los datos actuales respaldan la fortaleza del sistema. España cuenta con más de 22,6 millones de afiliados y registra una relación de 2,5 cotizantes por cada pensionista, una proporción que, según ha destacado, no se observaba desde 2010. A ello se suma el crecimiento de la denominada hucha de las pensiones, que el Gobierno prevé que cierre el ejercicio en torno a los 20.000 millones de euros.

El Gobierno defiende la viabilidad de las pensiones hasta 2050

La llegada a la jubilación de la generación del baby boom, formada por quienes nacieron durante las décadas de mayor crecimiento demográfico, constituye uno de los principales desafíos para el sistema español. El aumento del número de pensionistas elevará la presión sobre las cuentas públicas durante los próximos años, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.

Saiz ha rechazado, sin embargo, que este proceso vaya a provocar la quiebra del modelo. “De ninguna manera”, ha respondido al ser preguntada por la sostenibilidad de las pensiones ante el incremento previsto del gasto. La ministra considera que las medidas aprobadas en los últimos años permiten afrontar este escenario y garantizar el pago de las prestaciones.

La portavoz también ha defendido las reformas de las pensiones, que, según ha explicado, se han desarrollado mediante el diálogo social y cuentan con el respaldo de la Unión Europea. El objetivo, ha insistido, es asegurar la viabilidad del sistema hasta 2050 sin recurrir a un endurecimiento de los requisitos de acceso a la jubilación.

Las aportaciones del Estado, en el centro del debate

Uno de los argumentos utilizados en la discusión política sobre las pensiones es la necesidad de recurrir a transferencias presupuestarias para cubrir parte del gasto. Saiz ha restado importancia a esta cuestión y ha recordado que la financiación pública complementaria no constituye una anomalía dentro de los sistemas de protección social europeos.

“El hecho de que el sistema se nutra también de aportaciones del Estado es algo absolutamente normal”, ha señalado. A su juicio, estas transferencias no deben presentarse como una señal extraordinaria de debilidad financiera, ya que existen mecanismos similares en otros países.

La ministra ha aprovechado además para acusar al PP de difundir afirmaciones falsas sobre el futuro de las pensiones. El debate sobre su sostenibilidad continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno y la oposición, especialmente ante las consecuencias económicas del envejecimiento demográfico y el aumento progresivo del número de jubilados.

El salario mínimo volverá a subir en 2027

Más allá de las pensiones, Saiz ha confirmado que el Ejecutivo elevará de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027. La ministra no ha concretado la cuantía del incremento, pero ha garantizado que el Gobierno mantendrá su política de aumentos del suelo salarial y que este seguirá exento de tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El anuncio podría producirse antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, según el calendario mencionado en la información. La subida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para mejorar los ingresos de los trabajadores con remuneraciones más bajas, aunque su alcance dependerá de la decisión que adopte el Gobierno.

En este asunto, Saiz ha dirigido sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha atribuido un “importantísimo desconocimiento técnico” sobre la tributación del salario mínimo. La portavoz ha defendido que el tratamiento fiscal del SMI debe abordarse con rigor y ha rechazado las posiciones de la oposición en esta materia.

Saiz carga contra Feijóo por sus posiciones sobre igualdad

La ministra también ha cuestionado las declaraciones de Feijóo sobre el feminismo y las ha contrapuesto a los votos del PP en medidas destinadas a reducir la brecha de género. Entre los ejemplos citados figura el complemento de las pensiones destinado a compensar parte del impacto que las desigualdades laborales y familiares tienen sobre las carreras de cotización.

Saiz ha reclamado “seriedad, respeto y rigor” al abordar las políticas que afectan a las mujeres. Para respaldar su argumento, ha recordado que más de 10,5 millones de mujeres cotizan actualmente a la Seguridad Social.

El futuro de las pensiones públicas está empezando a generar muchas dudas, sobre todo ante el envejecimiento de la población, el aumento del número de jubilados y el reto de financiar las prestaciones durante las próximas décadas. La evolución demográfica plantea interrogantes sobre la capacidad de la Seguridad Social para mantener el sistema actual, especialmente en un contexto en el que cada vez hay más personas que acceden a la jubilación y aumenta el tiempo durante el que cobran la pensión.

En este punto, el economista Gonzalo Bernardos considera que el modelo español puede mantenerse, aunque será necesario introducir cambios para equilibrar sus cuentas. En una de sus últimas intervenciones en el programa Más Vale Tarde de la Sexta, defendió que el sistema es viable, y señaló que la edad de jubilación es la principal vía para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos.

“Es absolutamente viable. Lo único que hay que hacer son algunos ajustes, que ya sea a trabajadores o a jubilados, no les gustarán”, afirmó el experto al abordar uno de los asuntos que más preocupación suscita entre los ciudadanos. Así, Bernardos sostiene que el debate no debería centrarse en si las pensiones públicas tienen futuro, sino en qué medidas pueden garantizar su financiación sin deteriorar las prestaciones de quienes ya han terminado su vida laboral.

“En todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación”

Uno de los argumentos que utiliza Bernardos para explicar la necesidad de introducir cambios es la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema. Durante su intervención, cifró en más de 70.000 millones de euros el déficit al que se enfrenta, una cantidad que, según explicó, obliga a plantear medidas para reforzar su sostenibilidad financiera.

Después, el economista identificó tres posibles vías para afrontar este desequilibrio: aumentar las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores, retrasar la edad de jubilación o reducir las pensiones que reciben los jubilados. Aunque dejó claro que no respalda todas estas alternativas por igual.

La primera opción consistiría en incrementar las cotizaciones sociales para elevar los recursos que recibe la Seguridad Social. Estas aportaciones financian las prestaciones contributivas y se calculan, principalmente, a partir de los salarios de los trabajadores. Sin embargo, Bernardos dejó claro que no estaba de acuerdo “porque significaría cobrar menos”. El economista considera que aumentar las aportaciones de los trabajadores no sería la solución adecuada para resolver los problemas de financiación, ya que supondría trasladarles una parte mayor del coste del sistema.

Su alternativa sería retrasar la edad de jubilación. Bernardos defendió que, si la esperanza de vida aumenta, también debe adaptarse al momento en el que las personas dejan de trabajar y empiezan a cobrar una pensión. “Yo sí estoy de acuerdo, por la sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales”, señaló.

La lógica de esta propuesta es que prolongar la vida laboral puede incrementar el periodo durante el que una persona cotiza y reducir, al mismo tiempo, los años durante los que percibe una prestación. De esta manera, se podría aliviar parte de la presión financiera que soporta el sistema, aunque su efecto depende también de la evolución del empleo, los salarios y las cotizaciones. En cambio, el economista se mostró tajante respecto a la tercera posibilidad: reducir las prestaciones de quienes ya están jubilados. “De ninguna de las maneras estoy de acuerdo en que se baje la pensión a los jubilados”, aseguró.

“Es peligroso que lo que cobren dependa solo de lo que han cotizado”

Más allá de los ajustes necesarios para cuadrar las cuentas, Bernardos advirtió de dos posibles cambios que, en su opinión, podrían perjudicar a los pensionistas. El primero sería vincular de forma más estricta la cuantía de las prestaciones a lo que cada persona ha cotizado durante su vida laboral, sin mantener el mismo grado de protección que ofrece actualmente el modelo español. “Para los jubilados hay dos peligros. El primero es que lo que cobren dependa solo de lo que han cotizado”, explicó. Como ejemplo, mencionó el sistema de Suecia y advirtió que una fórmula de este tipo podría traducirse en pensiones más bajas.

El segundo riesgo que señaló Bernardos está relacionado con la posibilidad de destinar una parte de las cotizaciones a fondos privados de inversión. En concreto, advirtió de un modelo en el que las aportaciones empresariales no se ingresaran íntegramente en la Administración pública, sino que se canalizaran a través de entidades financieras o gestoras de fondos de pensiones.

Su preocupación se centra en que esos recursos pudieran invertirse en bolsa en lugar de mantenerse en activos de renta fija, que pueden ofrecer una mayor previsibilidad cuando se trata de deuda de emisores solventes. Las inversiones bursátiles pueden generar rentabilidad, pero también están expuestas a fluctuaciones y pérdidas, lo que introduce riesgos para el ahorro destinado a la jubilación.

“No es un problema irresoluble, pero sí hay que hacer ajustes”

Pese a las dudas sobre la sostenibilidad financiera, Bernardos defendió las características del sistema español y destacó la relación entre el salario previo a la jubilación y la primera pensión que se recibe.

“¿Cuáles son las pensiones más generosas de toda Europa? Las españolas”, afirmó. Durante su intervención, situó en el 80,4% la proporción que representa la primera pensión respecto al último salario y aseguró que España ocupa la segunda posición entre los países de la OCDE, por detrás de Brasil, en el indicador al que hacía referencia. Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta la metodología utilizada para calcular las tasas de sustitución, que pueden variar en función de si se comparan pensiones brutas o netas, perfiles salariales o carreras de cotización completas.

En cualquier caso, el argumento del economista es que las prestaciones españolas mantienen una relación relativamente elevada con los ingresos laborales previos. “Es un orgullo nuestro sistema de pensiones. No es un problema irresoluble, pero sí hay que hacer ajustes”, resumió Bernardos.

En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

El 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios, una situación que reduce los ingresos de un sistema previsional ya en crisis y limita la cobertura de la seguridad social.

En un contexto de deterioro del mercado laboral, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la proporción de trabajadores que sí efectúan contribuciones pasó de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a 45,2% en el primer trimestre del corriente año.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que esa reducción implica una merma anual de $3,3 billones en los recursos previsionales, a valores actuales. El monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales.

Del total estimado, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la baja alcanza los $277.780 millones mensuales, con un máximo de $454.093 millones en julio por el efecto de la liquidación del medio aguinaldo.

Quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores (CEPA)

El CEPA aclaró que se trata de una proyección máxima de la pérdida potencial, no de una medición exacta de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar. El planteo supone que quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores.

Mientras tanto, según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), tras el ajuste aplicado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se ubica apenas un 5% por encima, en términos del PBI, del promedio registrado en la década de los 80. En cambio, el gasto asociado a la vejez es un 73% mayor.

Qué pasa en otros países

El problema estructural del sistema previsional argentino radica en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes para sostener las jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.

Un estudio comparativo de Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), situó al país entre los que registran menor proporción de contribuyentes respecto de la población económicamente activa (PEA).

Argentina esté entre los países con menor proporción de contribuyentes al sistema previsional respecto de la población económicamente activa (OPC)

El indicador alcanza el 46,3% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque asciende a aproximadamente el 58% al incorporar los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y las profesionales. Brasil registra el 60,9%, Canadá 86,1%, España 87,5% y Suecia 91,5%. México presenta el valor más bajo, con el 42,5 por ciento.

El informe muestra que la diferencia está asociada sobre todo con la informalidad laboral. En la Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja “en negro”, mientras que en Canadá, España y Suecia ese fenómeno tiene una incidencia marginal.

Además, advierte que la cantidad de personas que aportan no refleja por sí sola la capacidad de financiamiento: los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales.

En ese sentido, se destaca el caso del monotributo. En la categoría más habitual, el componente previsional representa, en promedio, apenas el 3,65% del ingreso del contribuyente, frente a entre el 21,77% y el 23,35% de la remuneración bruta que aporta un empleado en relación de dependencia.

Los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales

La fragilidad también aparece en las cuentas previsionales. Según la OPC, el sistema argentino registra un resultado positivo equivalente al 0,03% del PBI cuando se incluyen los impuestos asignados específicamente a su financiamiento. Sin embargo, si se consideran únicamente los aportes y las contribuciones, presenta un déficit del 0,72% del PBI.

El documento explica que depender de tributos vinculados al consumo y a las transacciones bancarias expone los recursos previsionales a las fluctuaciones de la actividad económica.

A largo plazo, la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento constituye otro obstáculo. La tasa de cotización vigente —es decir, el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional— es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las reglas actuales.

Según el documento, esa diferencia —la mayor entre los países analizados— evidencia los límites de intentar resolver el desequilibrio exclusivamente mediante un incremento de las cargas laborales.

La OPC subraya que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas. La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050.

La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050 (OPC)

Ese cambio plantea un desafío adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos contributivos.

El futuro de las pensiones públicas vuelve a situarse en el centro del debate político. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), junto a otros movimientos de pensionistas, ha convocado una manifestación en Madrid para este sábado 24 de octubre, con el objetivo de defender el sistema público de pensiones y reclamar mejoras en las prestaciones. La marcha partirá a las 12.00 del mediodía de la calle de Atocha y recorrerá el centro de la capital hasta la calle de Alcalá.

La convocatoria llega en un momento de creciente controversia sobre la sostenibilidad del sistema y el papel que deben desempeñar los mecanismos privados de previsión. Las declaraciones de dirigentes del PP y Vox sobre la viabilidad futura de las pensiones han reavivado la discusión, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde COESPE destacan las “numerosas adhesiones” recibidas por la movilización, a la que se han sumado movimientos sociales, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, sindicatos, entidades culturales, organizaciones juveniles y grupos ciudadanos de distintos puntos de España. La coordinadora aspira a convertir la protesta en una demostración de apoyo a los derechos sociales y a la solidaridad entre generaciones.

Subir las pensiones mínimas y recuperar el poder adquisitivo

Entre las principales exigencias de los convocantes figura la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo neto. La organización reclama al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar que cumpla sus compromisos y adopte medidas para garantizar que las prestaciones permitan mantener unas condiciones de vida dignas.

La actualización de las pensiones constituye otra de las prioridades de la plataforma. COESPE pide que las prestaciones se revaloricen conforme al IPC real y que se restablezca una paga compensatoria al final de cada año para recuperar el poder adquisitivo perdido. Con estas demandas, el colectivo busca reforzar la capacidad económica de los pensionistas ante el encarecimiento del coste de la vida.

La jubilación anticipada también ocupa un lugar destacado en sus reivindicaciones. La coordinadora reclama que, antes de que concluya la legislatura, se deroguen los coeficientes reductores que afectan a quienes hayan cotizado 40 años o más. Además, exige que se presente la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social prevista en la ley, cuya publicación sigue pendiente según denuncia la organización.

COESPE alerta de los riesgos de la privatización

Más allá de las mejoras económicas, la movilización pretende frenar lo que la plataforma considera una amenaza para el modelo público de pensiones. COESPE denuncia los “continuos e intolerables intentos de privatización total o parcial” del sistema, según recoge Efe, y rechaza que los mecanismos privados ganen peso a costa de la protección colectiva que ofrece la Seguridad Social.

En particular, la coordinadora cuestiona la implantación y el impulso de los planes de pensiones de empleo (PPE) y de los fondos privados corporativos. A juicio de la organización, son “instrumentos diseñados para desviar el dinero de la caja común de la Seguridad Social hacia el beneficio de la banca y las aseguradoras”. La crítica sitúa en primer plano el debate sobre el papel de las entidades financieras en la previsión para la jubilación.

La convocatoria se presenta así como una llamada a defender un modelo de protección que, según los organizadores, debe garantizar ingresos durante la vejez con independencia de los intereses políticos o económicos de cada momento. La coordinadora resume su posición con un mensaje dirigido a los responsables públicos: “Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden”.

Una movilización en defensa de los derechos sociales

La marcha del 24 de octubre pretende trascender las reivindicaciones estrictamente económicas y reunir a distintos sectores sociales en torno a la defensa de los servicios públicos. COESPE sostiene que las decisiones que se adopten sobre las pensiones tendrán consecuencias no solo para los jubilados actuales, sino también para las generaciones que todavía están trabajando.

En su llamamiento a la ciudadanía, la organización defiende que “la lucha por las pensiones y los derechos públicos de hoy es la garantía de los derechos de mañana”. Con ese mensaje, busca ampliar la participación y convertir la manifestación en una expresión colectiva de respaldo al sistema público.

La coordinadora concluye su argumentación reivindicando el papel de las pensiones dentro del Estado social: “Las pensiones públicas no son un coste ni una carga, son salarios diferidos y un pilar fundamental de la cohesión social que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar”.

La Asamblea Nacional retomó la ampliación de los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores con la aprobación en primer debate del proyecto de ley 746.

La nueva iniciativa revisa varios beneficios y contempla mecanismos de compensación para los comercios, después de que el presidente José Raúl Mulino objetara una propuesta similar.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por Crispiano Adames, aprobó el proyecto tras modificar, eliminar e incorporar artículos durante su discusión. El documento deberá superar el segundo y tercer debate legislativo antes de ser remitido al Ejecutivo para su eventual sanción y promulgación.

El antecedente es el proyecto 226, aprobado por la Asamblea en agosto de 2026, que fue objetado totalmente por Mulino el 20 de septiembre. El mandatario invocó razones de inconveniencia e inexequibilidad, en medio de cuestionamientos sobre las obligaciones económicas que las nuevas rebajas impondrían a distintos sectores.

La comparación de las iniciativas muestra una reducción de algunos porcentajes originalmente propuestos. El proyecto 226 contemplaba inicialmente descuentos del 35% en restaurantes y establecimientos de comida rápida, mientras que el texto presentado del 746 establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, incluidas las franquicias nacionales e internacionales.

En medicamentos, el nuevo documento presentado contempla un descuento del 25% sobre el precio de venta, mientras que el proyecto anterior había planteado porcentajes superiores durante su tramitación. La propuesta también incorpora beneficios específicos para tratamientos oncológicos, incluidos medicamentos, procedimientos e insumos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

Los servicios médicos forman parte de los beneficios que se busca ampliar o actualizar. El proyecto 746 contempla descuentos del 25% en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos y determinados tratamientos oncológicos, según las condiciones previstas en su articulado.

En electricidad, la iniciativa establece una rebaja del 30% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, frente al límite de 700 contemplado en el proyecto anterior. También propone descuentos del 30% en agua, telefonía e internet, sujetos a requisitos relacionados con los contratos y los límites de facturación.

Otros beneficios incluyen rebajas en pañales desechables, productos de higiene y equipos de movilidad, así como descuentos en servicios funerarios y tasa de aseo. El documento incorpora además incentivos para adaptar las viviendas a las necesidades de accesibilidad, especialmente en instalaciones destinadas a mejorar la seguridad y el desplazamiento.

Una diferencia relevante es la creación de un mecanismo para compensar económicamente a las microempresas que otorguen los descuentos. El proyecto propone establecer un fideicomiso destinado a reembolsar hasta el 100% de los beneficios debidamente facturados por negocios inscritos y acreditados ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La propuesta también contempla el reconocimiento tributario de los descuentos concedidos por los establecimientos y mecanismos de fiscalización para verificar su aplicación. En la administración y supervisión del sistema participarían la Ampyme, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, conforme a las disposiciones que se establezcan.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones expresadas por gremios empresariales durante la discusión del proyecto 226, posteriormente objetado por el Ejecutivo. En aquel debate, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el aumento de los descuentos obligatorios y sus posibles consecuencias para las actividades económicas.

La Asociación Panameña de Hoteles también advirtió sobre el impacto de ampliar las rebajas y las dificultades para deducirlas fiscalmente. Representantes del sector farmacéutico expresaron inquietudes sobre los márgenes de ganancia y la sostenibilidad de los establecimientos, especialmente de los pequeños negocios obligados a conceder beneficios adicionales.

Durante la discusión de aquella propuesta, el Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de las medidas, mientras la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones sobre sus posibles efectos en el acceso al crédito. El Ministerio de Economía y Finanzas también advirtió sobre las implicaciones fiscales de los descuentos.

Las diferencias llevaron a revisar las disposiciones y buscar mecanismos de compensación para los comercios, mediante conversaciones entre representantes empresariales, organizaciones de jubilados y autoridades. Adames destacó que la nueva discusión incorporó una mesa técnica para conciliar los intereses económicos y sociales involucrados.

Con el avance del proyecto 746, queda pendiente conocer la evaluación del sector privado sobre los cambios introducidos, particularmente los porcentajes de descuento y el mecanismo de compensación.

La reacción de los gremios será importante para determinar si las modificaciones atienden las preocupaciones que marcaron la iniciativa anterior.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostuvo que los beneficios alcanzarán también a adultos mayores que no reciben pensión. Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios, una cifra presentada durante la discusión legislativa.

Los promotores esperan que el proyecto avance a segundo debate durante la próxima semana y complete su trámite antes del 31 de octubre. Sin embargo, su aprobación definitiva todavía depende del pleno legislativo y del Ejecutivo, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el financiamiento de las compensaciones y su aplicación.

Envejecer sin poder trabajar era, durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, un problema que cada persona afrontaba con los recursos que tenía a su alcance. No existía un sistema público de pensiones que garantizara ingresos después de una vida de trabajo. La supervivencia de los mayores dependía, sobre todo, de la familia, la caridad y las redes de ayuda creadas por determinados oficios. Mucho antes de que las pensiones se convirtieran en un derecho, la sociedad ya había desarrollado fórmulas para atender a quienes perdían la capacidad de ganarse el sustento.

La vejez tampoco tenía un significado único. En determinados contextos, los ancianos eran respetados por su experiencia y considerados depositarios de la memoria colectiva. Sin embargo, quienes llegaban a esa etapa sin familiares, propiedades o vínculos profesionales podían encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad. La protección existía, pero no alcanzaba a todos por igual, señalan expertos en pensiones de BBVA.

Los historiadores han identificado en las cofradías, los hospitales y la solidaridad vecinal algunos de los antecedentes de la previsión social. Estas instituciones proporcionaban asistencia en caso de enfermedad, pobreza o fallecimiento, aunque sus prestaciones estaban lejos de las garantías de los sistemas actuales. La diferencia fundamental era que recibir ayuda no constituía un derecho universal, sino una posibilidad condicionada por la posición social y las circunstancias de cada individuo.

Las cofradías, el primer apoyo para quienes ya no podían trabajar

Durante los siglos XIV y XV, las cofradías gremiales desempeñaron una función importante en las ciudades de los reinos cristianos peninsulares. Estas asociaciones reunían a personas de un mismo oficio y combinaban prácticas religiosas con mecanismos de solidaridad. Sus miembros podían recibir ayuda cuando enfermaban, atravesaban dificultades económicas o necesitaban asistencia para afrontar los gastos de un entierro.

La cooperación no se limitaba a las aportaciones económicas. Cuando un cofrade enfermaba, otro podía encargarse de atenderlo durante la noche. Si carecía de recursos, la organización podía proporcionarle comida. En la segunda mitad del siglo XV, algunas cofradías de sastres, tejedores, armeros y herreros habían incorporado a sus estatutos cuotas destinadas a financiar ayudas para los miembros y sus familias.

Aquellas aportaciones constituyen uno de los antecedentes de la protección social vinculada al trabajo. Sin embargo, no equivalían a una pensión de jubilación. Cuando fallecía el cabeza de familia, la cofradía podía pagar el funeral, entregar limosnas a la viuda o ayudarla a mantener el taller familiar. Eran prestaciones concretas, no una renta periódica garantizada durante el resto de la vida.

Los hospitales: refugio para los ancianos sin recursos

La asistencia hospitalaria ofrecía otra vía de protección. Los hospitales medievales no funcionaban únicamente como centros sanitarios, tal y como se entienden hoy, sino también como lugares de acogida para personas enfermas, pobres o sin apoyo familiar. Algunos ancianos encontraban allí alimento, alojamiento y cuidados durante sus últimos años.

Muchos de estos establecimientos estaban vinculados a cofradías y hermandades profesionales. Además de atender a sus miembros en caso de enfermedad o accidente, podían asumir los gastos funerarios y auxiliar a las familias que quedaban desamparadas. Su capacidad de respuesta, no obstante, variaba en función de los recursos disponibles y de las normas de cada institución.

El acceso a esta protección tenía límites claros. La pertenencia a una cofradía podía exigir el pago de cuotas, mientras que los jornaleros sin oficio reconocido y las personas más pobres quedaban frecuentemente al margen de las redes gremiales. Para quienes no tenían familia ni podían acogerse a una institución, la limosna seguía siendo, en muchos casos, el último recurso.

El Renacimiento y la búsqueda de nuevas respuestas a la pobreza

Durante el siglo XVI, la pobreza adquirió una creciente relevancia en el debate social español. La mendicidad se extendía por las ciudades y los espacios religiosos, mientras pensadores como Luis Vives, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto reflexionaban sobre la necesidad de organizar la asistencia más allá de la limosna ocasional.

Los hospitales se consolidaron como instituciones centrales de atención a los sectores más desfavorecidos. Su administración podía recaer en particulares, órdenes religiosas, municipios o iniciativas de la Corona, mientras los gremios contribuían mediante donaciones y trabajo. La asistencia también se convirtió en una expresión de compromiso cívico y religioso.

Un ejemplo significativo aparece en la documentación del Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Algunas personas mayores sin recursos ni familiares en la ciudad entregaban sus bienes a cambio de recibir alojamiento, vestido, alimentación y atención hasta su muerte. En la práctica, quienes disponían de patrimonio podían asegurar su cuidado mediante este acuerdo. Quienes no tenían nada dependían de la caridad.

De la caridad al derecho: una diferencia decisiva

La consolidación de hospitales de mayor tamaño, en sustitución de numerosos establecimientos pequeños, reflejó los cambios en la organización de la asistencia. En Castilla, ese proceso se prolongó hasta finales del siglo XVI, mientras que en otros territorios tuvo una evolución diferente.

La historia de estas instituciones permite entender el largo camino que condujo a los sistemas modernos de previsión social. Las cofradías y los hospitales demostraron que la sociedad podía organizar mecanismos de ayuda, pero también dejaron al descubierto sus límites: quienes no pertenecían a una corporación, carecían de familia o no poseían bienes podían quedar desprotegidos. La jubilación entendida como un derecho general llegaría mucho después.

Actualmente, muchos trabajadores están preocupados por sus pensiones futuras, preguntándose si podrán mantener su nivel de vida cuando llegue el momento de jubilarse. Y es que España se va a enfrentar en las próximas décadas a un gran cambio demográfico, teniendo en cuenta que la generación conocida como baby boom, que está a punto de llegar a la edad de jubilación, es mucho más numerosa que las cohortes que vienen detrás. Un relevo que plantea la pregunta de cómo se pueden financiar las prestaciones de un número cada vez más grande de pensionistas si la población que trabaja y cotiza no aumenta al mismo ritmo.

Una de las teorías económicas que permite entender este fenómeno es el Modelo de Generaciones Solapadas (Overlapping Generations Model, OLG), que estudia cómo se distribuyen los recursos entre personas de distintas generaciones que conviven en una misma economía. Su teórica aplicación al sistema público de pensiones ayuda a explicar por qué el envejecimiento de la población puede aumentar la presión financiera sobre las cuentas públicas y qué factores determinan su capacidad para afrontar ese desafío.

El Modelo de Generaciones Solapadas fue desarrollado por el economista francés Maurice Allais en su obra Économie et Intérêt, publicada en 1947, y adquirió más relevancia académica con el trabajo de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que formalizó matemáticamente algunas de sus ideas en 1958. Su planteamiento parte de la realidad de que, en una economía, conviven personas que se encuentran en distintas etapas de su vida y que, por tanto, tienen necesidades e ingresos diferentes.

El envejecimiento pone a prueba el sistema de reparto

Mientras que los jóvenes se incorporan al mercado laboral, los adultos trabajan y cotizan, y los mayores abandonan progresivamente la actividad profesional para vivir de sus pensiones, sus ahorros u otras fuentes de ingresos. Estas generaciones están conectadas económicamente, ya que las decisiones y los recursos de unas influyen en las condiciones de vida de las otras.

Una relación que es muy importante en los sistemas públicos de pensiones que funcionan mediante el modelo de reparto, como el de España. Aquí, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas financian, sobre todo, las prestaciones que reciben los pensionistas actuales. Es un sistema basado en la solidaridad entre generaciones.

Por eso, la capacidad de financiar las pensiones depende, entre otras cosas, de cuántas personas cotizan, cuánto aportan y cuántos beneficiarios reciben prestaciones. Si la relación entre trabajadores y pensionistas disminuye, el sistema afronta una mayor exigencia financiera, especialmente si los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente para compensarla.

El envejecimiento de la población es uno de los principales factores que explican esto. La llegada a la jubilación de la generación boomer, nacida durante la década de mayor natalidad, incrementa el número de personas que pueden empezar a comprar una pensión. Al mismo tiempo, las generaciones posteriores son menos numerosas debido al descenso de la natalidad registrado durante décadas, entre otros motivos.

Además, el aumento de la esperanza de vida puede prolongar el periodo durante el que se percibe una pensión. Y, en consecuencia, el sistema debe atender a un volumen de prestaciones que puede crecer durante años, mientras la evolución de la población activa y del empleo determinará cuánto aumentan sus ingresos.

Más empleo y mejores salarios para aliviar la presión sobre las pensiones

Aun así, que disminuya el número de trabajadores por pensionista no significa automáticamente que el sistema vaya a quebrar ni que las pensiones tengan que reducirse necesariamente. El resultado también depende de la evolución de los salarios, la productividad, el empleo y las cotizaciones sociales, así como de los recursos que puedan destinarse a financiar las prestaciones.

En este punto entra otra de las aportaciones asociadas a Samuelson, la denominada tasa de interés biológica. En un modelo simplificado de reparto, la rentabilidad implícita del sistema está vinculada al crecimiento de su base de cotización, que depende tanto de la evolución de la población que trabaja como de la productividad y los salarios.

La idea es que una economía con más trabajadores y salarios crecientes puede generar más ingresos para financiar las pensiones. Pero, si el número de cotizantes aumenta poco o disminuye, el crecimiento de los salarios y de la productividad puede contribuir a compensar esa presión demográfica. Aunque el efecto dependerá de cuánto crezcan los ingresos frente al gasto.

Desde esta perspectiva, el Modelo de Generaciones Solapadas ayuda a comprender por qué las reformas de las pensiones suelen girar en torno a varias palancas económicas. Una de ellas es aumentar el número de cotizantes mediante la creación de empleo y una mayor participación laboral. Otra consiste en mejorar los salarios y la productividad para elevar las bases sobre las que se calculan las cotizaciones.

También se puede actuar sobre la edad efectiva de jubilación, incentivando que quienes lo deseen prolonguen su vida laboral, o modificar los ingresos y gastos del sistema mediante cambios en las cotizaciones, las prestaciones y las aportaciones procedentes de los presupuestos públicos. Cada alternativa tiene efectos distributivos distintos sobre trabajadores, pensionistas y generaciones futuras.

Al final, la utilidad del modelo está en mostrar que las decisiones sobre pensiones afectan a distintas generaciones y que el equilibrio financiero depende de la relación entre los recursos disponibles y los compromisos adquiridos.

Suecia se ha convertido en uno de los referentes internacionales en materia de pensiones gracias a un modelo que busca conciliar dos objetivos: ofrecer ingresos suficientes a los jubilados y evitar que el gasto comprometa la sostenibilidad financiera a largo plazo. Su fórmula combina un sistema público de reparto, una parte obligatoria de capitalización individual y prestaciones complementarias ligadas al empleo, según recoge el estudio ‘Suecia: el arte de equilibrar pensiones generosas y sostenibles, a través de un sistema multipilar’, elaborado por Fernando Martínez-Cue y publicado por el Instituto Santalucía.

La principal diferencia respecto a otros modelos europeos está en cómo se distribuyen las cotizaciones y se calculan las prestaciones. El sistema sueco no depende exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores actuales para financiar las pensiones futuras, sino que incorpora también ahorro individual y planes vinculados a la actividad laboral. En tanto que España mantiene un sistema de pensiones de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.

La combinación de estos pilares ha situado al país entre los sistemas mejor valorados del mundo. No obstante, su funcionamiento también se apoya en decisiones que afectan directamente a la edad de jubilación y a la cuantía de las prestaciones, con el objetivo de responder al envejecimiento de la población. También en España se ha tenido que elevar la edad de jubilación hasta los 67 años para dar viabilidad al sistema.

Cómo se reparte la cotización para la pensión

Uno de los elementos centrales del modelo es la aportación destinada a la pensión nacional sueca. Cada trabajador cotiza un 18,5% de sus ingresos pensionables, distribuido entre dos mecanismos distintos: un 16% se destina a la denominada pensión de ingresos, que funciona mediante cuentas nocionales, y el 2,5% restante se dirige a una pensión de capitalización individual.

Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

En materia de cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En cuanto a los tipos de cotización en España, alcanzan el 28,3% del salario bruto. La empresa cotiza un 23,6% del total y el trabajador el 4,7%. Incluye jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Adicionalmente existe el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año es del 0,9 % y sube gradualmente hasta alcanzar el 1,2% a partir de 2029.

Cuentas nocionales

En el sistema sueco, las cuentas nocionales registran las aportaciones de cada trabajador en una cuenta virtual, aunque el dinero no se acumula físicamente en ella. Las cotizaciones de los empleados en activo financian las prestaciones de los pensionistas actuales, mientras que los derechos registrados sirven para calcular la futura pensión de cada cotizante.

El segundo componente introduce una lógica diferente. La parte de capitalización individual permite invertir las aportaciones en instrumentos financieros para generar un ahorro destinado a la jubilación. De este modo, la prestación final combina derechos calculados dentro del sistema público de reparto con el resultado de la inversión individual.

Las pensiones de empresa, un complemento decisivo

Suecia cuenta además con sistemas de pensiones ocupacionales vinculados al empleo, establecidos principalmente mediante acuerdos de negociación colectiva entre sindicatos, empresas y organizaciones patronales.

La extensión de estos planes es uno de sus puntos fuertes: aproximadamente nueve de cada diez trabajadores por cuenta ajena están cubiertos por una pensión ocupacional. Estas prestaciones complementarias permiten elevar los ingresos disponibles durante la jubilación y reducir la dependencia exclusiva de la pensión pública.

La edad de jubilación y la esperanza de vida condicionan la pensión

La sostenibilidad financiera constituye otro de los pilares del sistema sueco. Según el informe, el modelo incorpora mecanismos automáticos para ajustar las prestaciones a la evolución demográfica y económica, incluida la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida para las personas nacidas a partir de 1966.

La cuantía de la pensión también depende de la edad a la que se accede a la jubilación, de la esperanza de vida del grupo de población correspondiente y de la tasa de crecimiento nacional. En términos generales, retrasar la retirada del mercado laboral permite acumular más derechos y repartir la prestación prevista durante un periodo de cobro más corto.

El sistema contempla, además, un mecanismo automático de equilibrio financiero. Si las previsiones indican que los recursos disponibles serán insuficientes para cubrir las prestaciones comprometidas, la revalorización anual puede reducirse. Con ello se pretende evitar que los desequilibrios se acumulen y terminen amenazando la estabilidad del modelo.

El sexto mejor sistema de pensiones del mundo

Los resultados sitúan a Suecia entre los países mejor valorados en materia de jubilación. El Mercer CFA Institute Global Pension Index de 2025 le otorgó 78,2 puntos, suficientes para alcanzar el sexto puesto mundial. En el apartado de sostenibilidad obtuvo 76,3 puntos, mientras que en adecuación de las prestaciones consiguió 76,8.

Los datos de la Agencia Sueca de Pensiones correspondientes a 2024, recogidos en el estudio, ofrecen otra referencia relevante: los nuevos jubilados con ingresos medios recibieron una pensión total equivalente a alrededor del 70% de su último salario. El cálculo incluye tanto la pensión nacional general como la prestación ocupacional, frente al 64% registrado en 2022.

Para el conjunto de nuevos jubilados de entre 63 y 70 años, la mediana de la tasa de sustitución alcanzó el 73%. La diferencia por sexos, sin embargo, persiste: fue del 73% para los hombres y del 68% para las mujeres. Si se considera únicamente la pensión nacional general, la proporción se situó entre el 53% y el 59% del salario final para las personas con ingresos medios.

En tasa de sustitución España gana a Suecia, al situarse entre el 80% y el 85% para carreras completas, una de las más altas de la OCDE.

El retraso de la jubilación eleva los ingresos

El aumento de la tasa de sustitución respecto a 2022 se explica principalmente por las reformas que elevaron las edades de jubilación. Estas modificaciones favorecieron que parte de los trabajadores prolongara su vida laboral, acumulara más derechos y comenzara a cobrar la pensión más tarde.

La experiencia sueca muestra así una de las principales vías para reforzar la sostenibilidad de los sistemas públicos: combinar distintas fuentes de ingresos con reglas que adapten las prestaciones a la evolución económica y demográfica.

Sin embargo, sus resultados dependen también de la trayectoria laboral, los salarios, la cobertura de los planes ocupacionales y la edad elegida para retirarse. El modelo ofrece una referencia internacional, aunque trasladarlo a otros países exige tener en cuenta las diferencias entre sus mercados de trabajo y sus estructuras de protección social, indica el informe.

La hucha de las pensiones vuelve al centro del enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reclamado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “un poco más de rigor” al hablar de la Seguridad Social y ha contrapuesto la situación del Fondo de Reserva durante los gobiernos populares con la previsión de que alcance alrededor de 20.000 millones de euros al cierre de 2026.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha defendido la gestión del actual Ejecutivo y ha recordado que, bajo los gobiernos del PP, las pensiones llegaron a subir un 0,25%, mientras que la denominada hucha de las pensiones quedó prácticamente vacía. Según ha señalado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se redujo entonces hasta situarse en apenas 5.000 millones de euros.

La portavoz no ha limitado sus críticas a las cifras. En una intervención dirigida al presidente de los populares, ha cuestionado la autoridad de Feijóo para advertir sobre los problemas financieros del sistema público y ha señalado que “Para hablar de agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social, desde luego es un especialista el señor Feijóo”.

Revalorización de las pensiones

Frente a las advertencias del PP sobre el futuro de las prestaciones, la ministra ha reivindicado el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El Ejecutivo defiende que las pensiones se actualicen conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), una medida que vincula a la protección de los ingresos de quienes dependen de estas prestaciones.

En ese contexto, la previsión de que el Fondo de Reserva alcance los 20.000 millones de euros al finalizar 2026 se ha convertido en uno de los principales argumentos de Saiz para defender la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.

Las promesas de Feijóo a los pensionistas

La controversia llega después de que Feijóo presentara este lunes doce promesas que se compromete a cumplir si llega a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Entre ellas, el dirigente popular ha incluido su disposición a revalorizar las pensiones cada año y a garantizar que las generaciones jóvenes puedan heredar el sistema público.

Otras de sus prioridades son defender la soberanía nacional y la integridad territorial, con un refuerzo de las fronteras, recuperar la calidad de la democracia y el respeto a la separación de poderes y a la judicatura, un Estado más limpio y más ligero, para lo cual se promoverá una auditoría de cada euro y se recortarán los ministerios, altos cargos y asesores; construir al menos un millón de nuevas viviendas y “ordenar” la inmigración, entre otros compromisos.

Feijóo pretende situar las pensiones entre las prioridades de la propuesta política del PP, en un momento en que la sostenibilidad financiera del modelo y su capacidad para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida ocupan un lugar destacado en la discusión pública.

Sin embargo, el debate se ha visto condicionado por la polémica desatada la semana pasada por Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. La dirigente popular generó controversia al advertir de que el sistema “va a petar”, una expresión que ha alimentado el intercambio de reproches entre ambas formaciones.

La imagen de los políticos con una pensión vitalicia al margen del resto de los ciudadanos sigue instalada en el debate público. Sin embargo, el sistema actual es distinto del que existía hace más de quince años. Desde la reforma de 2011, diputados y senadores están sujetos, con carácter general, a las normas ordinarias de la Seguridad Social o al régimen que les corresponda por su trayectoria profesional. Aun así, algunas prestaciones del modelo anterior continúan vigentes para quienes ya habían adquirido ese derecho.

Los datos de febrero de 2026 permiten medir el alcance de esa herencia. Un total de 106 personas cobraban entonces la denominada pensión parlamentaria, con un coste aproximado de 124.000 euros al mes. A ellas se sumaban 35 exparlamentarios y 48 cónyuges viudos que percibían complementos de ingresos, cuyo desembolso mensual conjunto rondaba los 70.000 euros. Se trata de un colectivo reducido y en retroceso, pero suficiente para mantener abierta la discusión sobre las condiciones económicas de quienes han ocupado un escaño.

La reforma que cambió las reglas

El punto de inflexión llegó en 2011, cuando se derogó el régimen especial de pensiones parlamentarias. La medida no tuvo efectos retroactivos, por lo que no eliminó automáticamente los derechos reconocidos con anterioridad. De este modo, quienes cumplían los requisitos del sistema antiguo pudieron conservar las prestaciones que ya habían generado.

Antes de ese cambio, el Reglamento de Pensiones Parlamentarias de 2006 contemplaba una ayuda complementaria para antiguos diputados que hubieran permanecido al menos siete años en el cargo y reunieran determinadas condiciones de edad y jubilación. El objetivo era cubrir la diferencia entre el límite máximo de la pensión pública y las demás prestaciones que recibiera el beneficiario.

La cuantía dependía del tiempo pasado en el Parlamento. Quienes acumulaban entre siete y nueve años de mandato podían recibir un complemento equivalente al 80% de esa diferencia; el porcentaje ascendía al 90% para quienes habían permanecido entre nueve y once años, y alcanzaba el 100% a partir de once años. El acceso estaba sujeto, además, a requisitos específicos de edad y derecho a jubilación.

Cuánto cobran los parlamentarios actuales

La situación de quienes llegaron al Congreso o al Senado después de la reforma es diferente. Su jubilación se calcula conforme a las reglas generales de la Seguridad Social o, cuando corresponda, al régimen de Clases Pasivas. No existe para ellos un complemento parlamentario automático por el mero hecho de haber ocupado un escaño.

Durante el mandato, las Cámaras asumen las cotizaciones que corresponden a los parlamentarios, de acuerdo con su situación profesional. Si proceden del Régimen General o de una mutualidad alternativa, la cotización se articula conforme a ese encuadramiento; en determinados casos de funcionarios públicos, el Congreso se hace cargo de la cuota correspondiente al régimen de Clases Pasivas.

La normativa también establece límites a la percepción simultánea de determinadas prestaciones públicas durante el ejercicio del cargo. Según el artículo 158.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, diputados y senadores no pueden cobrar retribuciones por su función que resulten incompatibles con las asignaciones o pensiones que les correspondan. Al abandonar el escaño, el derecho a la pensión puede restablecerse conforme a las reglas aplicables.

Indemnizaciones y ayudas que siguen vigentes

La desaparición de la pensión parlamentaria no significa que todos los exdiputados queden excluidos de cualquier compensación económica al dejar el cargo. Quienes hayan permanecido al menos dos años pueden tener derecho a una indemnización por cese equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato —o fracción superior a seis meses—, con un máximo de 24 mensualidades. Esta compensación es incompatible con otras retribuciones o percepciones públicas o privadas.

También sobreviven algunas medidas transitorias destinadas a evitar que determinados antiguos parlamentarios queden sin cobertura suficiente para acceder a la jubilación. En concreto, la Cámara puede mantener el alta en la Seguridad Social de quienes hayan tenido mandatos inferiores a siete años, tengan al menos 55 años al cesar y carezcan de actividad profesional, hasta que completen el periodo mínimo de cotización exigido.

A estas disposiciones se suman ayudas para cónyuges viudos e hijos menores de 25 años en supuestos concretos. Las Cortes cuentan, además, con una póliza de accidentes para diputados y senadores que contempla riesgos como el fallecimiento accidental o la incapacidad permanente. Por su parte, las aportaciones al plan de previsión social complementario de las Cámaras permanecen suspendidas desde el 25 de enero de 2012.

El resultado es un sistema con dos realidades distintas: la de los parlamentarios actuales, sujetos en términos generales a las normas ordinarias de jubilación, y la de un grupo cada vez menor que conserva derechos adquiridos bajo la regulación anterior.

“Los parlamentarios actuales están plenamente integrados en el marco ordinario de la Seguridad Social, y la Cámara asume el coste de la cotización, pero sin reglas de cálculo propias. La llamada ‘pensión vitalicia’ es en realidad un vestigio de un régimen jurídico ya derogado, cuyo colectivo beneficiario se reduce progresivamente”, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha trastocado los planes de trabajadores con más de 40 años cotizados que quieren jubilarse anticipadamente sin sufrir recortes en su pensión y de jubilados con una larga carrera de cotización que han pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores que penalizan sus pensiones.

El Congreso aprobó en septiembre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos que plantea eliminar los coeficientes reductores de las pensiones para quienes acrediten carreras de cotización de 40 años o más. La iniciativa contempla, además, que la reforma pueda beneficiar a personas que ya estén jubiladas, que tendrían la posibilidad de solicitar un nuevo cálculo de su prestación conforme a las reglas que se establezcan.

La propuesta salió adelante con 178 votos a favor, entre ellos los del PSOE; 136 abstenciones, incluidas las del PP, y 33 votos en contra, correspondientes a Vox. Sin embargo, la aprobación de su toma en consideración no implica que la reforma haya entrado en vigor ni garantiza que termine convirtiéndose en ley.

Cerca de un millón de afectados

En este contexto, la Asociación de Jubilados Anticipados con 40 o más años Cotizados (Asjubi40) registró la pasada semana un escrito en el Congreso para reclamar un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores de la edad de retiro para las personas con largas carreras de cotización que opten por la jubilación anticipada. La organización considera que la convocatoria electoral no debería dejar en suspenso una reivindicación que afecta, según sus estimaciones, a casi un millón de pensionistas.

Asjubi40 pide en su escrito que se valore “de forma extraordinaria” la utilización de un decreto ley que elimine las penalizaciones y entiende que la propuesta está amparada en la “extraordinaria y urgente necesidad” que demanda el decreto.

La asociación incide en que la convocatoria electoral no puede convertirse en “una coartada perpetuar el agravio comparativo que sufren cerca de un millón de pensionistas en España”.

Requisitos exigidos

La disolución de las Cortes y el final anticipado de la legislatura pueden dejar sin recorrido las iniciativas que permanecían en tramitación, entre ellas la proposición de Podemos. Si el Gobierno no atiende la petición de Asjubi40, la medida no podrá darse por aprobada y su futuro dependerá de los procedimientos parlamentarios que correspondan tras las elecciones.

Incluso si la reforma sale adelante, no todos los trabajadores que hayan cotizado durante cuatro décadas podrán beneficiarse automáticamente de ella. La jubilación anticipada está sujeta a requisitos de edad, años cotizados y cuantía de la pensión resultante, además de las condiciones específicas que finalmente establezca la norma.

La edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de acuerdo con el calendario de la reforma de las pensiones aprobada en 2013. En 2026, la edad legal es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. Quienes alcancen ese periodo de cotización pueden jubilarse a los 65 años.

Ese calendario también determina cuándo se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria. En 2026, pueden hacerlo desde los 64 años y 10 meses quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, mientras que quienes alcancen o superen ese periodo pueden adelantar el retiro hasta los 63 años.

Además, es necesario acreditar al menos 35 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos pueden acogerse a esta modalidad. En determinados supuestos, también pueden computarse hasta 12 meses del servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino.

Existe otra condición económica: una vez aplicados los coeficientes reductores, la pensión resultante debe superar la cuantía mínima que correspondería al trabajador a los 65 años, atendiendo a sus circunstancias familiares. Si no se cumple este requisito, no se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

Cómo se calcula el recorte de la pensión

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria. La reducción depende de cuántos meses se adelante el retiro y del periodo total cotizado: cuanto mayor sea el adelanto, mayor puede ser el recorte, aunque las penalizaciones también varían según la carrera de cotización.

En la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores pueden ir del 2,81% cuando se adelanta un mes la jubilación hasta el 21% cuando se anticipa el retiro el máximo permitido de dos años, en los supuestos correspondientes.

Es precisamente este recorte el que Asjubi40 quiere eliminar para quienes hayan cotizado al menos 40 años. Por ahora, sin embargo, la supresión de las penalizaciones sigue siendo una reivindicación pendiente y su aplicación dependerá de que la iniciativa legislativa prospere o de que el Gobierno decida aprobar un decreto ley antes de las elecciones.

Vox levantó la libre sobre el futuro de las pensiones en España tras unas declaraciones del diputado José María Figaredo, que en una entrevista afirmó que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” y apoyó un modelo mixto, con una parte pública y otra privada.

Ahora ha sido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, la que ha abierto la puerta a una posible reforma del sistema público de pensiones si su partido llega al Gobierno. Aunque ha asegurado que las prestaciones se seguirán abonando “a costa de lo que sea”, la dirigente ha evitado comprometerse con un modelo concreto y ha defendido que será necesario examinar las cuentas públicas antes de determinar qué cambios podrían aplicarse.

Las declaraciones de Millán, recogidas por Europa Press, se producen en plena precampaña electoral, en medio de un debate político sobre la sostenibilidad de las pensiones. La portavoz ha insistido este jueves en el Congreso en que el sistema, tal como está diseñado actualmente, “no funciona”, por lo que no descarta modificaciones si Vox alcanza el Ejecutivo.

Vox condiciona los cambios a las cuentas del Estado

“Aquí no se puede descartar nada, porque tampoco somos ilusos ni se puede engañar a la gente (...) habrá muchas cosas que habrá que cambiar, pero el sentido en el que se tendrán que cambiar lo sabremos con mayor acierto cuando lleguemos y veamos cuáles son las cuentas reales del Estado”, ha señalado Millán durante una rueda de prensa en el Congreso.

Con estas palabras, la portavoz ha evitado concretar qué reformas impulsaría su partido o si respaldaría un sistema mixto como el sugerido por Figaredo. Millán ha defendido, al mismo tiempo, que garantizar las pensiones debe ir acompañado de oportunidades para los jóvenes.

Vox sostiene así que la protección de los actuales pensionistas y las perspectivas de las nuevas generaciones deben abordarse conjuntamente, aunque Millán no ha precisado cómo se articularía esa garantía en una eventual reforma.

Críticas al Gobierno por la gestión de los servicios públicos

Millán ha dirigido también sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de poner en riesgo los servicios públicos. La portavoz ha cuestionado que, pese a la recaudación récord, los ciudadanos afronten un encarecimiento de la cesta de la compra, problemas en el transporte ferroviario y dificultades de acceso al empleo para muchos jóvenes.

“Esa es la gestión pública que hace el Gobierno del dinero de todos los españoles, con lo cual, como ustedes comprenderán, este Gobierno no nos va a decir a los demás cómo se tiene que gestionar ningún sistema público”, ha sentenciado.

El debate sobre las pensiones se intensifica en la precampaña electoral, con declaraciones de Vox y del PP que cuestionan la viabilidad del actual sistema público de pensiones. Por ahora, Vox garantiza que mantendrá el pago de las prestaciones si gobierna, pero deja sin concretar qué cambios introduciría para reformar el sistema y cómo financiaría esas modificaciones.

El PSOE está satisfecho con la deriva de la campaña. Se trataba de ir recortando distancia y considera que está siendo así. El primer golpe fue el momento del adelanto electoral, dejando como última instantánea de la legislatura a Junts, PP y Vox tumbando los decretos de vivienda. La muerte de Maricarmen aumentó el foco sobre los fondos buitre y la necesidad de intervenir el mercado, medida que apoya una amplia mayoría de los españoles, también los que votan a Junts, PP y Vox. El segundo fue un regalo de la derecha.

Empezó el diputado José María Figaredo, hablando de pensiones: “La solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho otros países europeos”. Y siguió el PP, con Alberto Núñez Feijóo no en una entrevista sino en un mitin pidiendo “sacrificio” a los españoles, o con Ester Muñoz, esta en un podcast, asegurando que el sistema público “va a petar” y que su partido quiere “cambiar el modelo” de forma “valiente”, aunque sin especificar cómo.

Ambos partidos se han visto obligados a rectificar. Santiago Abascal asegura que “nunca” han hablado de privatizar las pensiones y que si Vox gobierna, se van a pagar “como sea”. El PP ha salido al paso anunciando que las revalorizará en relación con el IPC, algo que no hizo plenamente en su anterior etapa en el poder, y que “reforzará” el sistema. Saben que han pinchado en hueso, un hueso en el que está cerca de uno de cada cuatro votantes y que registra el menor porcentaje de abstención de todos los grupos de edad.

Los pensionistas votan a PSOE y PP

En una semana en la que el FMI ha confirmado que España sigue liderando el crecimiento en Europa o con la hucha de las pensiones más llena que en 2018, cuando Pedro Sánchez fue investido, tras largos años sin recortes sociales, las dos fuerzas que aspiran a arrebatarle el país han metido en el corazón de la campaña conceptos que ni el PSOE podía imaginar se pronunciarían. Se ha puesto en alerta al sector de población con mayor peso electoral en España. Según datos de la Seguridad Social, son en torno a diez millones de personas con derecho a voto (de 38,7 millones en total).

El voto pensionista se concentra principalmente en PSOE y PP. Son el reducto del bipartidismo: según el CIS, un 35,7% votaría al PSOE y un 22% al PP (un 57,7% entre ambos), por solo un 4,4% a Vox, que es el favorito entre los más jóvenes. Y el PP necesita a Vox, pero no menos a esos diez millones de votantes, sin los que no podrá ganar unas elecciones porque votar, van a votar. Son los más fieles a los colegios electorales, con apenas un 4-5% de abstención frente al 25-30% que puede darse en global en unas generales.

Entrevistado por Infobae, Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, responde con claridad: “El sistema público de pensiones va a seguir funcionando. En los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, se incrementará el número de pensionistas y el sistema sufrirá tensiones, pero hay que trasladar un mensaje de confianza: no está quebrado va a seguir existiendo. Otra cuestión es que sean necesarios ajustes. (...) Esas decisiones deberían centrarse más en la generosidad de las prestaciones que en los ingresos del sistema”.

Pregunta: El futuro de las pensiones en España se ha convertido en uno de los principales temas de la precampaña electoral y que más polémica está suscitando. Algunos miembros del PP han señalado que el actual sistema “va a colapsar”, mientras que desde Vox han asegurado que es un “zombi” y que “está quebrado”. ¿Es sostenible el actual sistema público de pensiones a medio y largo plazo o está quebrado, como apuntan desde Vox?

Respuesta: El sistema público de pensiones va a seguir funcionando. Es un sistema de reparto y, en los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, se incrementará el número de pensionistas y el sistema sufrirá tensiones. Pero hay que trasladar un mensaje de confianza: el sistema público de pensiones no está quebrado va a seguir existiendo. Otra cuestión es que sean necesarios determinados ajustes, debido a la bonanza de las prestaciones de nuestro sistema, que es más generoso que el de otros países de nuestro entorno. Hay que buscar un punto de equilibrio. Yo traslado un mensaje de confianza, aunque este deba matizarse y, en algún momento, sea necesario tomar decisiones al respecto. Esas decisiones deberían centrarse más en la generosidad de las prestaciones que en los ingresos del sistema, para no hacer recaer una carga mayor sobre las generaciones jóvenes o sobre quienes están trabajando.

P: Siguiendo con las próximas elecciones generales, algunos partidos recogen en sus programas electorales propuestas para rebajar los impuestos. ¿Puede España permitirse estas rebajas? ¿Qué efectos tendrían sobre las cuentas públicas, la economía y los ciudadanos?

R: En tiempos electorales es muy fácil recurrir a los eslóganes, y el de la rebaja de impuestos vende mucho. Más allá de bajar o subir los impuestos, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema tributario. Tenemos que recaudar mejor, de modo que quizá podamos ingresar más sin incrementar la carga sobre los ciudadanos e incluso mejorarla. Nuestro sistema tributario presenta deficiencias que debemos tratar de solventar para seguir recaudando los recursos que necesita el Estado. Al final, los impuestos son recursos que se ponen a disposición de las tres administraciones —central, autonómica y local— para que puedan prestar servicios.

Tenemos que ver cómo hacerlo: si ampliando las bases imponibles, simplificando el sistema tributario y dotándolo de una mayor seguridad jurídica para que no sea tan cambiante... También debemos analizar por dónde se nos están escapando recursos que, al final, no acaban en las arcas del Estado. Todo ello permitiría mejorar la recaudación sin que disminuyeran los ingresos públicos.

P: ¿Otro de los retos de España es la consolidación de las cuentas públicas?

R: Sí. Existen desequilibrios entre los ingresos y los gastos públicos, aunque es cierto que se han corregido significativamente. Tenemos una deuda pública importante y, de alguna forma, debemos establecer una senda de consolidación fiscal que permita equilibrar las cuentas a medio plazo y reducir sustancialmente la deuda pública. No me preocupa tanto el volumen de deuda pública, pero, si en este momento surgiera una necesidad extraordinaria como la que se produjo durante la pandemia —algo que esperamos que no ocurra—, la capacidad de las administraciones públicas para hacerle frente estaría algo más debilitada debido al actual nivel de endeudamiento.

También hay que tener en cuenta que uno de los pilares del crecimiento económico de España en los últimos años han sido los fondos europeos Next Generation, cuya financiación terminará. Por lo tanto, tenemos que ver cómo consolidamos las cuentas públicas y reorientamos una parte del gasto. Esta es otra de las tareas pendientes. No se trata solo de recaudar mejor, sino también de gastar mejor, y en ello están implicadas las tres administraciones. Podemos mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público y, quizá, debamos empezar a introducir una cultura de la evaluación. Es decir, tenemos que analizar en qué estamos gastando y qué estamos consiguiendo con ese gasto. Debemos preguntarnos si alcanzamos los resultados al menor coste posible y si somos eficientes. Hay muchas cosas que hacer en el conjunto del sector público. Esta es una de las reformas pendientes y uno de nuestros retos estructurales.

P: ¿Qué consecuencias tendría para la economía española que, en las próximas elecciones generales, saliera elegido un Gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular?

R: Que salga elegido un partido de derechas o de izquierdas tiene importancia a la hora de aprobar determinadas medidas que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, en materia de política económica, España tiene que cumplir una serie de compromisos con la Unión Europea. Y menos mal que tenemos a Europa, que establece la ruta a seguir, reglas y limitaciones que hay que cumplir. Los países que forman parte de la UE tienen que encuadrar sus políticas nacionales dentro de las directrices europeas.

Por todo ello, de cara a las próximas elecciones generales no creo que existan grandes diferencias en política económica entre que gane un partido de izquierdas o de derechas. Lo que sí puede haber son diferencias en función de la estabilidad política que surja de estas elecciones, que es muy importante para el funcionamiento de la economía. Es cierto que existen matices entre ambas opciones, pero considero más importante que haya estabilidad política. La economía necesita confianza, y esa confianza, independientemente de la orientación política, depende de que quienes toman las decisiones conozcan las reglas del juego. Eso es lo que me gustaría que saliera de estas elecciones, estabilidad, más allá del color político.

P: ¿Qué consecuencias tendrá para la economía española la huelga general convocada para el 11 de noviembre?

R: En este momento España tiene problemas y somos conscientes de ellos, pero creo que una huelga general no ayudaría. Los problemas están encima de la mesa y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Si tenemos un problema con la vivienda, busquemos puntos de encuentro para empezar a recorrer el camino que traiga la solución, que no será corto, y poder ofrecer viviendas. Así evitaremos que, dentro de diez años, sigamos hablando de otro decreto fracasado.

P: ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades económicas del próximo Gobierno para mejorar las finanzas de los ciudadanos e impulsar el crecimiento del país?

R: Para que el crecimiento actual de España sea sólido y se mantenga en el tiempo tenemos que afrontar retos estructurales. Entre ellos destaca la vivienda por sus consecuencias sociales y económicas. Me parece una prioridad que debe liderar el nuevo Gobierno y que requiere un pacto de Estado en el que también estén implicadas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta es, para mí, la primera prioridad.

La segunda está relacionada con la productividad. Para mejorarla hay que actuar en muchos ámbitos, como la formación y las ayudas a las empresas destinadas a la innovación, la investigación y la internacionalización, para que puedan crecer y salir al exterior.

El tercer reto sería la consolidación de las cuentas públicas mediante la mejora de los ingresos. Esto no significa necesariamente incrementarlos, sino contar con un sistema tributario mucho más justo, fiable y seguro para los ciudadanos y las empresas que, en última instancia, aportan esos recursos.

En cuanto al gasto, tenemos que empezar a revisar cómo gastan las administraciones públicas. Ese gasto debe ser mucho más eficiente y eficaz, porque las administraciones tienen que cubrir necesidades de la ciudadanía relacionadas con las pensiones, la sanidad, la asistencia social, las infraestructuras... Estamos viendo que no siempre podremos atender esas prioridades incrementando los ingresos. Lo que tenemos que hacer es reordenar y priorizar el gasto, de manera que los recursos disponibles se utilicen con mayor eficiencia para afrontar las necesidades. Esas son las tareas que le encomendaría al nuevo Gobierno.

El sistema público de pensiones se ha situado en el centro de la batalla política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El PSOE ha acusado este miércoles al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de pretender “privatizar” las pensiones y exigir “sacrificios” a los jubilados si llega al Gobierno. Los socialistas sostienen que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre la necesidad de cambiar el modelo anticipan una política de recortes que, a su juicio, amenaza los derechos de los pensionistas.

La controversia se desencadenó el martes, cuando Muñoz afirmó que el sistema de pensiones “va a colapsar” y defendió que había que “ser valientes a la hora de tomar decisiones”. La portavoz popular también consideró que “el modelo actual hay que cambiarlo”, unas palabras que el PSOE interpreta como una señal de las intenciones del principal partido de la oposición si consigue gobernar tras los comicios.

Sin embargo, Feijóo se comprometió ese mismo día a revalorizar las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) si llega a La Moncloa. El líder del PP aseguró que “en ningún caso” cuestionará el sistema público y prometió “garantizar” el futuro de las prestaciones de jubilación para los jóvenes. Los socialistas consideran insuficientes estas garantías y reprochan al dirigente popular que prometa mantener una medida que ya está recogida en la legislación.

El PSOE acusa al PP de preparar recortes

Desde Ferraz sostienen que el PP «empieza a enseñar su verdadero modelo de pensiones» y acusan a los populares de apostar por “recortar y destruir derechos”. En un comunicado, los socialistas han advertido de quiénes, a su juicio, acabarían soportando las consecuencias de una eventual reforma: “Ya sabemos quiénes serán los primeros a los que Feijóo pedirá sacrificios: a los pensionistas”.

El PSOE también reprocha al líder popular que presente como compromiso electoral la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, una garantía legal que, según los socialistas, el PP no ha respaldado en el Congreso. “Lleva ocho años no apoyando las subidas y ahora pretende vender como promesa lo que ya está garantizado”, señalan.

Frente a las críticas de la oposición, el partido de Pedro Sánchez reivindica la gestión del Gobierno y destaca tanto la actualización de las prestaciones como el aumento de la denominada hucha de las pensiones. Según los datos difundidos por los socialistas, el fondo de reserva ha pasado de contar con 5.000 millones de euros en 2018 a disponer de 20.000 millones en la actualidad. “Mientras ellos hablan de sacrificios, nosotros protegemos las pensiones y reforzamos el sistema público”, sostienen.

El riesgo de privatizar las pensiones

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha elevado el tono de las críticas y ha vinculado las declaraciones de Muñoz con una posible transformación del sistema público. “Que quede claro: cuando el PP dice que el sistema de pensiones necesita una reforma, habla de privatizarlo, como sus socios de Vox”, ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Torró considera que «Feijóo y los suyos quieren sacrificar el sistema de pensiones» y ha pedido a los ciudadanos que tengan presentes estas posiciones cuando acudan a votar el 29 de noviembre.

En la misma línea, la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, ha relacionado las palabras de la portavoz del PP con los sacrificios que, según los socialistas, podrían exigirse a los jubilados. “Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones”, ha afirmado, recurriendo a una imagen con la que el PSOE trata de alertar de posibles recortes.

Los ministros socialistas cargan contra Feijóo

Las críticas también han llegado desde distintos miembros del Gobierno. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, considera que el PP “está insinuando que privatizaría las pensiones como pide Vox”. Sus declaraciones refuerzan la estrategia socialista de presentar el debate sobre la sostenibilidad del sistema como una discusión sobre su futuro carácter público.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido asimismo a los posibles votantes de PP y Vox de que ambas formaciones están hablando de “cargarse” el sistema público de pensiones. “Luego que nadie se llame a engaño”, ha escrito en X.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acusado al PP de asumir planteamientos de Vox, al que atribuye la defensa de un “sistema mixto de pensiones” y de una reforma inspirada en el modelo de capitalización de Chile. España ha cuestionado ese planteamiento y ha reconocido que las palabras de Muñoz le provocan inquietud: “A mí se me hiela un poco la sangre solo de pensarlo”, ha declarado en una entrevista en TVE.

El Gobierno ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad a los pensionistas ante el debate político sobre el futuro del sistema público de pensiones, en plena controversia por las propuestas del Partido Popular y Vox. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá la ley y actualizará las prestaciones, como cada año, “con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Arcadi España ha cuestionado la posición del PP y su relación con las propuestas de Vox en materia de pensiones. “Estamos viendo que el Partido Popular y Vox están teniendo un intercambio de programas electorales. Yo creo que el redactor del programa electoral del Partido Popular es Vox”, ha afirmado el ministro, que considera que las declaraciones de los dirigentes populares reflejan mensajes contradictorios sobre la sostenibilidad del sistema.

El titular de Hacienda se ha referido tanto a las propuestas de Vox de avanzar hacia un modelo mixto como a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien afirmó que el sistema estaba “petando” y defendió la necesidad de reformarlo. “Feijóo un día pone el sistema en duda, ayer dice que con las pensiones no se bromea y vemos a la portavoz —Ester Muñoz— diciendo que el sistema estaba literalmente ‘petando’ y que había que reformarlo”, ha señalado.

Revalorización por ley

Arcadi España ha reconocido que se le «hiela un poco la sangre» al escuchar las propuestas que atribuye a PP y Vox, especialmente por la relación que, a su juicio, establecen entre la reforma del sistema y la exigencia de sacrificios. El ministro ha situado así las pensiones entre los principales puntos de confrontación política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Frente a las críticas de la oposición, España ha reivindicado la evolución de las prestaciones durante la etapa del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha señalado, la pensión media de jubilación ha aumentado un 43% y la denominada hucha de las pensiones se ha elevado hasta los 15.000 millones de euros. El ministro ha presentado estas cifras como muestra del compromiso del Ejecutivo con la protección de los jubilados y la continuidad del sistema público.

“Por supuesto, nosotros, como todos los años, tenemos que cumplir la ley y se hará con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”, ha recalcado. La declaración no concreta la cuantía de la próxima subida, que dependerá de la fórmula legal de actualización y de los datos de inflación correspondientes al periodo de referencia.

Cómo se calcula la subida de las pensiones

La legislación vigente establece que las pensiones se revaloricen cada año conforme a la evolución de los precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de sus beneficiarios. La fórmula quedó recogida en la reforma aprobada mediante la Ley 20/2021, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, y se enmarca en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El cálculo toma como referencia el IPC interanual promedio de doce meses, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del ejercicio en curso. Por tanto, la cifra definitiva de inflación del periodo resulta determinante para establecer el porcentaje de actualización que se aplicará a las prestaciones.

Según el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), el dato provisional del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales previstas para el día 29.

Carlos Cuerpo rechaza los mensajes “catastrofistas”

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha defendido este miércoles la viabilidad del sistema público de pensiones. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha asegurado que el modelo español es “perfectamente sostenible” y ha criticado lo que considera contradicciones en el discurso del PP.

“Yo creo que, en ese sentido y más cuando hablamos de algo tan serio, hay que tener no sólo un diagnóstico aterrizado y una discusión seria, sino hablar con un poco de responsabilidad. Pero estamos acostumbrados a este tipo de titulares. Titulares catastrofistas, titulares que no están basados en la realidad”, ha denunciado.

Cuerpo ha reprochado a los populares que, por un lado, aseguren que mantendrán el sistema actual y, por otro, sostengan que está abocado a la quiebra y necesita una reformulación completa. El debate enfrenta dos cuestiones: la sostenibilidad financiera de las pensiones a largo plazo y las garantías sobre el mantenimiento de las prestaciones públicas.

Por su parte, Arcadi España se ha mostrado «seguro» de que, si los ciudadanos respaldan de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo presentará a principios del próximo año los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Alberto Núñez Feijóo ha despejado una de las principales incógnitas sobre su programa económico de cara a las próximas elecciones generales: qué hará con las pensiones si llega a la presidencia del Gobierno. El líder del PP se ha comprometido a actualizar las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y ha asegurado que no cuestionará el sistema público, al tiempo que ha prometido garantizar su viabilidad para las generaciones más jóvenes.

El candidato popular ha defendido, en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, que su compromiso abarca tanto a quienes ya reciben una pensión como a quienes todavía no han accedido a ella. “Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las están cobrando”, ha afirmado.

Feijóo ha insistido en que la actualización de las prestaciones conforme a la inflación no está en cuestión. “Ahora bien, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso. Por tanto, revalorización con el IPC de pensiones, la respuesta es sí”, ha declarado, en un contexto de campaña electoral marcado por el debate sobre el coste de las jubilaciones y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El reto de financiar las pensiones de las próximas generaciones

El dirigente del PP ha reconocido, sin embargo, que mantener el sistema exigirá afrontar importantes dificultades financieras. Durante la entrevista ha aludido al “déficit enorme” y al impacto que tendrá el envejecimiento de la población, especialmente por la jubilación de las generaciones nacidas durante el llamado baby boom, entre los años sesenta y 1974. Ese cambio demográfico, ha advertido, “va a poner muy difícil” la sostenibilidad del modelo.

La promesa de Feijóo se extiende también a los trabajadores jóvenes, cuya preocupación por la posibilidad de cobrar una pensión en el futuro forma parte del debate sobre las reformas del sistema. El líder popular ha asegurado que “garantizar el futuro de las pensiones” constituye “un objetivo básico”, aunque ha vinculado ese propósito a la evolución de la economía española.

Para lograrlo, ha defendido un modelo basado en el crecimiento económico y las mejoras de productividad y competitividad. En concreto, ha sostenido que la economía debe “crecer de forma sana, no a través del gasto público, ni a través del incremento masivo de impuestos”, y ha reclamado dejar de “gastar aquello que es superfluo y evitable”. No ha detallado en estas declaraciones qué medidas concretas aplicaría para cubrir las necesidades futuras del sistema.

Crisis de la vivienda

Más allá de las pensiones, el candidato del PP ha centrado buena parte de sus críticas en la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha calificado la actuación del Ejecutivo de “política absolutamente especulativa” y ha cuestionado la intervención del mercado, que ha relacionado con las políticas de “los partidos populistas, comunistas y de extrema izquierda”.

Su argumento es que las limitaciones sobre los alquileres y la falta de seguridad para los propietarios pueden llevar a que parte de las viviendas disponibles se retiren del mercado. El líder popular ha señalado especialmente a Cataluña como ejemplo de lo que considera un fracaso de la política del Gobierno: “Y esto es lo que ha pasado. Hay un lugar especialmente claro del fallo de la política de vivienda que es Cataluña”, ha apostillado.

Las declaraciones sitúan el acceso a la vivienda como otro de los ejes de confrontación electoral entre el PP y el PSOE. Feijóo sostiene que las medidas del Ejecutivo han contribuido a agravar el problema, mientras que sus críticas se dirigen a la regulación de los alquileres.

El desahucio “más importante” que plantea el PP

El presidente del PP ha elevado el tono de sus críticas al referirse a los desahucios registrados durante el mandato de Sánchez. Feijóo ha citado una cifra cercana a los 300.000 procedimientos y ha asegurado que se producen a un ritmo de 97 diarios, datos que ha utilizado para cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda.

En ese contexto, ha señalado que “lo que hay que hacer es un único desahucio en España, que es sacar a Sánchez de Moncloa. Eso sí, un desahucio democrático. Pero este es el desahucio más importante que tiene España”, ha enfatizado.

Feijóo también ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, trate de “agitar” la calle con la cuestión de la vivienda ante los comicios de noviembre. Además, ha criticado los encuentros del presidente con fondos de inversión durante sus viajes a Nueva York, que considera incompatibles con el discurso del Gobierno sobre las dificultades de acceso a una vivienda.

El aumento de la esperanza de vida ha transformado la planificación del ahorro y las decisiones de inversión destinadas a mantener el nivel de vida durante la jubilación. En España, las personas viven una media de entre 20 y 24 años tras retirarse y esta mayor longevidad preocupa a muchos futuros jubilados, que temen agotar sus ahorros antes de tiempo y no disponer de una pensión suficiente para conservar el poder adquisitivo que tenían durante su vida laboral.

El 33% de los futuros jubilados españoles no sabe cuánto tiempo le durarán sus ahorros, según un informe elaborado por la Fundación del Instituto Español de Analistas. “Esa incertidumbre se está convirtiendo en un riesgo más silencioso y peligroso que el propio nivel de la pensión”, señalan expertos en pensiones de BBVA.

La incertidumbre sobre cómo financiar los últimos años de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas de quienes se preparan para su retiro. El problema no es solo cuánto dinero se ha acumulado, sino durante cuántos años deberá cubrir los gastos cotidianos.

La falta de previsión queda patente en otro dato del informe: el 40% de los mayores de 50 años ha planificado sus finanzas para un periodo al menos diez años inferior a la esperanza de vida media de su región. Esto significa que muchos hogares podrían estar calculando sus necesidades económicas para una jubilación más corta de la que finalmente tendrán que afrontar.

Prever una jubilación más larga

El aumento de la longevidad obliga a revisar la manera tradicional de preparar el retiro. Durante años, buena parte de la planificación financiera se ha centrado en calcular cuánto dinero es necesario ahorrar antes de dejar de trabajar. Sin embargo, acumular un capital no garantiza la tranquilidad económica si no se estima durante cuánto tiempo deberá cubrir los gastos ni qué necesidades pueden surgir en las últimas etapas de la vida.

Quienes infravaloran la duración de la jubilación corren el riesgo de retirar demasiado dinero durante los primeros años y descubrir más adelante que sus recursos son insuficientes. Esta situación puede agravarse si aumentan los gastos sanitarios, surgen necesidades de cuidados de larga duración o la inflación reduce el poder adquisitivo de los ingresos fijos.

El reto consiste en calcular no solo cuánto se cobrará de pensión, sino también cuánto costará mantener el nivel de vida durante dos o tres décadas. Para quienes se jubilen en torno a los 65 años, los expertos recomiendan planificar con un horizonte que llegue hasta los 90 o 95 años de edad en lugar de basarse exclusivamente en la esperanza de vida media.

Complementar la pensión

En este cálculo, la pensión pública constituye una fuente de ingresos esencial por su carácter vitalicio. No obstante, el ahorro complementario puede ser necesario para cubrir la diferencia entre la prestación y los gastos reales, así como para afrontar desembolsos extraordinarios relacionados con la salud o los cuidados. Combinar ambos recursos requiere una planificación que tenga también en cuenta la evolución de los precios y las necesidades personales.

La incertidumbre también dificulta decisiones como cuánto dinero retirar cada mes o qué parte del patrimonio mantener invertida. Una estrategia que parece sostenible al comienzo de la jubilación puede dejar de serlo 20 años después si cambian la inflación, la rentabilidad de las inversiones o los gastos familiares.

La clave está en diseñar una estrategia financiera adaptada a una vida más larga y que tenga en cuenta las necesidades y los objetivos de cada persona. No es necesario que el plan sea perfecto desde el principio: lo importante es partir de una estimación razonable y revisarla cuando cambien las circunstancias personales o económicas. Una planificación elaborada a los 60 años probablemente necesitará ajustes a los 75, pero contar con una hoja de ruta permite tomar decisiones con mayor margen.

Cómo planificar las finanzas para el retiro

Para reducir el riesgo de agotar los ahorros durante el retiro, los expertos recomiendan empezar a planificar cuanto antes. El primer paso consiste en definir qué nivel de vida se desea mantener y calcular cuánto costará. Según las estimaciones, para conservar el nivel de vida previo a la jubilación se necesita entre el 70% y el 80% de los ingresos percibidos durante la etapa laboral.

El segundo paso es calcular la pensión que se cobrará y determinar cuánto ahorro será necesario para complementar esa prestación. Empezar a ahorrar cuanto antes permite disponer de más tiempo para acumular capital. También puede valorarse la contratación de productos de ahorro para la jubilación que ofrezcan rentabilidad y posibles ventajas fiscales.

Quienes opten por invertir deben diversificar sus inversiones para reducir el riesgo de pérdidas y mejorar las posibilidades de obtener rentabilidad a largo plazo. Asimismo, conviene evitar recurrir al capital reservado para la jubilación para cubrir gastos imprevistos siempre que existan otras alternativas, de modo que el ahorro pueda seguir cumpliendo su objetivo. Por último, los expertos aconsejan revisar al menos una vez al año la evolución del plan de ahorro y adaptarlo a los cambios en los ingresos, los gastos, las inversiones y las circunstancias personales.

La cobertura de PAMI incluye, además de la atención médica y la entrega de medicamentos, distintas ayudas económicas para afiliados con necesidades específicas de salud. Entre ellas figura un subsidio pensado para quienes deben seguir una dieta estricta a causa de una enfermedad crónica y afrontan, por ese motivo, un gasto adicional en alimentos.

Se trata del subsidio económico por celiaquía. Según informa el organismo en su sitio oficial, PAMI otorga una ayuda mensual de $58.560,98, vigente a partir del período mayo 2026 y regulada por el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con PAMI, el objetivo de la ayuda es “que las personas afiliadas con celiaquía puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten”. Para recibirla, los interesados deben presentar la documentación correspondiente y realizar el trámite 100% online.

La celiaquía es una enfermedad que obliga a quitar de la dieta los alimentos que contienen gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. El tratamiento consiste en una alimentación libre de TACC que debe sostenerse de manera permanente, por lo que el acceso a harinas y premezclas específicas forma parte del gasto cotidiano de quienes la padecen.

Quiénes pueden acceder al subsidio

El beneficio está destinado a las personas afiliadas a PAMI que tienen celiaquía y pueden acreditar el diagnóstico con la documentación médica que pide el organismo. No alcanza con declarar la condición: el trámite exige presentar estudios y certificaciones que la respalden.

Respecto de quién puede iniciar la gestión, PAMI aclara que “el trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado/a o familiar”. Esto permite que un allegado se ocupe de reunir los papeles y presentarlos cuando el afiliado no pueda hacerlo por sus propios medios.

Qué documentación hay que presentar

PAMI solicita documentación personal, administrativa y médica. En el primer grupo se encuentran el Documento Nacional de Identidad, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

En cuanto a la parte médica, el organismo pide un resumen de historia clínica donde conste la sintomatología clínica. También requiere los resultados serológicos, es decir, los análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio, y los resultados histopatológicos, que corresponden a la biopsia realizada al momento de la videoendoscopia digestiva alta.

El último requisito es la certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, que debe ser emitida por el especialista que atiende al paciente. Conviene reunir todos los documentos antes de iniciar la gestión, ya que se trata de estudios que en muchos casos están en distintos consultorios o centros de salud.

Cómo se realiza el trámite

Según PAMI, el trámite se realiza a través de la propia web del organismo. Además, precisa que se puede hacer “desde el celular, tablet o computadora”, y en su sitio ofrece un video para quienes necesiten una guía sobre cómo realizar gestiones en línea.

Quienes prefieran la atención presencial también tienen esa opción. PAMI aclarar que previamente se debe sacar turno online para una mejor atención.

En la misma página del subsidio, además de la opción para iniciar el trámite web, figuran dos herramientas complementarias: una para realizar un reclamo vinculado al subsidio y otra para consultar el estado del trámite. De esa manera, el afiliado puede seguir la gestión una vez presentada la documentación.

Cómo afiliarse a PAMI

Como el subsidio está dirigido a personas afiliadas, el primer paso para quienes aún no lo son es completar la afiliación. La afiliación titular definitiva está reservada para quienes reciben un beneficio de jubilación o pensión nacional, siempre que se verifiquen los descuentos a favor de PAMI. El trámite puede gestionarse personalmente o por medio de un apoderado autorizado.

Existen además otras modalidades. Pueden afiliarse las personas mayores de 70 años sin beneficio previsional, quienes perciben beneficios previsionales del sistema italiano en la Argentina, quienes sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo de 2001 y los beneficiarios en trámite de jubilación en la Anses que requieran cobertura médica.

La credencial de PAMI es digital y se puede obtener desde la aplicación para teléfonos móviles. Es uno de los documentos que se necesitan para el subsidio por celiaquía, por lo que conviene tenerla disponible antes de comenzar.

El Gobierno puede aprobar el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Así lo concluye un informe jurídico elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, que sostiene que no existe ningún impedimento legal para culminar la norma antes de la cita electoral. La clave, según el documento, está en activar de inmediato la tramitación urgente y evitar retrasos durante el procedimiento.

El análisis aborda una de las principales dudas sobre el calendario de aprobación: si la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral limitan la capacidad del Ejecutivo para desarrollar reglamentariamente la pasarela. La respuesta de la Abogacía es que no. El Gobierno no pasa automáticamente a estar en funciones por la convocatoria de elecciones y conserva sus competencias reglamentarias hasta la celebración de los comicios.

Por tanto, el Ejecutivo puede aprobar el Real Decreto que debe desarrollar la Pasarela al RETA sin que la disolución parlamentaria paralice el procedimiento. El informe distingue entre las iniciativas que se encuentran en tramitación en las Cámaras y los procedimientos administrativos que dependen directamente del Gobierno, que pueden continuar su curso pese al calendario electoral.

La convocatoria no suspende los procedimientos administrativos

La Abogacía sostiene que la disolución de las Cortes afecta a la actividad parlamentaria, pero no supone la suspensión automática de los procedimientos administrativos impulsados por el Ejecutivo. En consecuencia, el proceso de aprobación del reglamento de la pasarela no decae ni queda suspendido por la convocatoria de elecciones.

El documento también analiza las restricciones que establece la legislación electoral durante el periodo previo a los comicios. Estas limitaciones se dirigen fundamentalmente a la comunicación institucional y al uso de actos públicos para difundir logros o realizaciones de las administraciones. No constituyen, según el informe, una prohibición general para que el Gobierno apruebe nuevas disposiciones normativas.

Esta interpretación abre la puerta a que el Ejecutivo complete la regulación antes del 29 de noviembre. Sin embargo, que exista viabilidad jurídica no significa que la aprobación esté garantizada: para llegar a tiempo, el Gobierno tendría que acelerar los trámites y respetar los plazos establecidos para cada fase del procedimiento.

La tramitación urgente, clave para llegar a tiempo

El informe examina la posibilidad de recurrir a la tramitación urgente prevista en la Ley del Gobierno, una herramienta que permite reducir sustancialmente los plazos de elaboración y aprobación de un real decreto. La Abogacía considera que esta vía permitiría encadenar los trámites necesarios para que la norma pudiera aprobarse antes de las elecciones.

Entre las medidas contempladas figura la reducción a siete días hábiles del periodo de audiencia e información pública. También se podrían acortar a la mitad determinados plazos para la emisión de informes y establecer un plazo de hasta 15 días para el dictamen del Consejo de Estado, uno de los trámites esenciales del procedimiento. Ese periodo podría ser incluso inferior si el Gobierno o su presidente fijan otro más breve.

Más de 150.000 personas esperan una solución

La urgencia de la pasarela no responde únicamente a una cuestión administrativa. La Comisión Permanente de Abogacía ha insistido esta semana en que el retraso tiene consecuencias directas sobre miles de profesionales que siguen pendientes de conocer las condiciones de su incorporación al RETA.

La institución recuerda que más de 150.000 personas pueden verse afectadas por una regulación que no se limita al ámbito de la abogacía, sino que alcanza también a otros colectivos profesionales.

La situación afecta especialmente a profesionales que ya han alcanzado la edad de jubilación y que, a la espera de conocer el desarrollo normativo, se ven obligados a posponer decisiones sobre su futuro. La falta de una regulación definitiva prolonga la incertidumbre sobre cómo podrán hacer efectiva su incorporación al régimen de autónomos.

La Abogacía reclama culminar el proceso

Ante este escenario, la Comisión Permanente ha apelado a la unidad de los profesionales para lograr una solución que responda a las necesidades de las personas afectadas. La institución defiende que el proceso debe concluir después de años de espera y reclama que el calendario electoral no se convierta en un nuevo obstáculo.

“No podemos permitir que la incertidumbre se prolongue indefinidamente. Por eso, reivindicamos que es imprescindible culminar, de una vez por todas, el largo proceso de la Pasarela al RETA. No hacerlo supondría prolongar una situación de incertidumbre que afecta a más de 150.000 personas que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta”, concluye la Abogacía.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 9 deberán revisar la fecha correspondiente a la prestación que reciben.

La resolución 284/2026 dispuso una actualización de 1,66 % para las prestaciones. A la vez, el Gobierno confirmó un refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000, sujeto a los requisitos establecidos para este mes.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 recibirán el pago el jueves 22 de octubre. Tras el aumento, el haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, cuyos documentos terminen en 8 o 9, cobrarán el jueves 29 de octubre. El haber máximo vigente desde octubre se fijó en $2.932.174,85.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 tendrán el pago disponible el jueves 22 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 9 cobrarán el viernes 23 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el martes 20 de octubre para los documentos terminados en 8 y 9.

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio estarán disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

La prestación por nacimiento es de $ 91.273; la de adopción, de $ 545.685; y la de matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual quedó en $ 55.672 para el valor general y en $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizado en 8 o 9 cobrarán el jueves 15 de octubre.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán a todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Desempleo 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el miércoles 28 de octubre.

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

Progresar

Los titulares de las Becas Progresar con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el lunes 19 de octubre la cuota correspondiente a septiembre.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó suspender toda acción de cobro y débitos automáticos que un banco estaba ejecutando sobre un jubilado sobreendeudado. El deudor, de 76 años, tenía comprometidos todos sus ingresos previsionales y cayó en un estado de vulnerabilidad extremo que lo obligó a depender de comedores y centros comunitarios para alimentarse.

Se trata de una medida cautelar que benefició a M.A.D., quien demandó al banco y fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo N° 27, a cargo del juez Patricio Cánepa.

El jubilado percibe la mínima otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ante los tribunales, describió el severo escenario de vulnerabilidad social, económica y habitacional que atraviesa. Según relató en su presentación judicial, reside en una vivienda compartida para poder afrontar los gastos cotidianos de subsistencia y asiste de manera regular a centros de día comunitarios de la Capital Federal para cubrir sus necesidades básicas.

Esa situación de fragilidad económica, sumada a la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral activo y al incremento constante del costo de vida, empujó al hombre a recurrir de manera sistemática al financiamiento bancario.

El jubilado demostró que se endeudó para comprar comida y medicamentos esenciales y pagar servicios básicos.

Entre los años 2020 y 2025, el banco -a través de la cual el jubilado cobraba originalmente sus haberes— le otorgó un total de 14 préstamos personales.

De acuerdo con el detalle de la demanda, siete de estas operaciones se realizaron mediante un sistema de refinanciación encadenada y precancelación. Bajo esta modalidad, el banco absorbía los saldos pendientes de los créditos anteriores e incorporaba el capital remanente en un nuevo préstamo, lo que a criterio del juez generó un incremento desmedido de la deuda por la acumulación de recargos e intereses compensatorios.

Posteriormente, el banco aplicó débitos automáticos sobre la cuenta sueldo del cliente. Esto absorbió de manera total o sustancial sus ingresos mensuales en distintas oportunidades, lo que colocó al adulto mayor en un estado de “desamparo absoluto”, según alegó en su demanda. Ante esta situación, el afectado decidió trasladar el cobro de su jubilación hacia otro banco.

El demandante aseveró que la entidad bancaria omitió proporcionar información clara, precisa y de fácil comprensión respecto a la composición de las tasas de interés y al funcionamiento de las refinanciaciones sucesivas.

Por tal motivo, calificó el accionar de la empresa como una práctica abusiva de financiación imprudente hacia un consumidor hipervulnerable. Tras concluir sin éxito la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, el damnificado inició la acción judicial por daños y perjuicios, solicitando además la aplicación de una multa por daño punitivo y el dictado de una medida de protección urgente.

La resolución del tribunal

El juez Patricio Cánepa consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el reclamante a partir de las pruebas presentadas en el expediente. Entre estos elementos se destacaron recibos de haberes de la ANSES, los legajos de contratación de los créditos, un informe socioambiental elaborado por el Ministerio Público de la Defensa y el reporte de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En su análisis preliminar, el magistrado advirtió una evidente “distorsión” entre la capacidad real de pago del usuario, el carácter alimentario que poseen las jubilaciones y la cantidad de préstamos otorgados por la entidad financiera.

Asimismo, el Juzgado remarcó que la ley otorga una tutela diferenciada y de especial rigurosidad a los consumidores hipervulnerables, categoría en la que encuadra el demandante debido a su avanzada edad, de acuerdo con los parámetros de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El fallo judicial también dio por probado el peligro en la demora, al entender que no dictar una medida cautelar causaría la frustración de los derechos del jubilado durante el tiempo que demande la tramitación del juicio principal.

La sentencia ordenó al banco demandado a cumplir con las siguientes disposiciones en un plazo improrrogable de tres días a partir de su notificación:

• Suspender de forma inmediata cualquier gestión de cobro judicial o extrajudicial, ya sea que la realice de manera directa o por medio de terceras empresas.
• Cesar de forma completa la aplicación de débitos automáticos y la capitalización de intereses vinculados a las deudas bajo litigio.
• Abstenerse de informar al cliente como deudor ante el Banco Central de la República Argentina y bases de datos privadas, o proceder a la rectificación provisoria de su calificación crediticia en caso de que ya hubiese sido reportado.

Estas medidas de protección se mantendrán vigentes de manera ininterrumpida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del reclamo por daños y perjuicios.

Los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 8 tendrán fechas de acreditación diferentes durante octubre de 2026, según la prestación que reciban. El cronograma contempla el incremento de 1,66 % aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La actualización fue fijada por la Resolución 284/2026. A su vez, el Gobierno dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para los beneficiarios alcanzados por los requisitos definidos para este mes. El refuerzo se suma de manera completa o parcial, según el nivel del haber.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciban jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 8 recibirán el pago el miércoles 21 de octubre.

El haber mínimo previsional de octubre quedó establecido en $ 435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo, el ingreso mensual llegará a $505.748,51.

En este segmento se incluye a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El valor de esa prestación es de $ 348.598,81 antes del bono. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU), que forma parte del cálculo de determinadas jubilaciones, quedó en $ 199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con ingresos por encima de la mínima y documento finalizado en 8 cobrarán el jueves 29 de octubre, fecha prevista para las terminaciones 8 y 9.

El haber máximo vigente desde octubre asciende a $ 2.932.174,85. Los beneficiarios que superen el umbral establecido para el complemento no recibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finalice en 8 tendrán acreditado el pago el 21 de octubre.

La AUH tiene un importe general de $ 156.588 por hijo y llega a $ 203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto general es de $ 509.863, mientras que en la zona 1 asciende a $ 662.822.

Para trabajadores registrados, la asignación familiar por hijo es de $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no excede $ 1.212.301. El importe baja de acuerdo con cada escala de ingresos, hasta un mínimo de $ 16.487.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 cobrarán el jueves 22 de octubre.

El valor general de la prestación es de $ 156.588 y alcanza $ 203.565 en la zona 1. La liquidación mensual contempla el pago del 80 % del importe; el 20 % restante queda sujeto a la acreditación de los controles y requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el 20 de octubre para los documentos finalizados en 8 y 9. El monto depende del ingreso del grupo familiar: el valor más alto es de $ 78.304 para ingresos de hasta $ 1.212.301.

En los tramos siguientes, los importes son de $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487. En la zona 1, la escala parte de $ 32.231 y puede alcanzar $ 78.304. La Asignación por Maternidad se paga el primer día previsto en el calendario para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizado en 8, junto con quienes terminan en 9, cobrarán el jueves 15 de octubre.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70 % de la jubilación mínima y tendrá un valor de $ 305.023,96. Con el bono completo, el total llegará a $ 375.023,96.

La pensión para madres de siete hijos o más equivale a la jubilación mínima: será de $ 435.748,51, o de $ 505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Por ese motivo, las personas con documento finalizado en 8 podrán cobrar dentro de ese período.

La asignación por hijo va de $ 16.487 a $ 78.304, según el ingreso. Para hijo con discapacidad, los montos se ubican entre $ 113.829 y $ 254.943.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio estarán disponibles para todos los documentos, incluido el terminado en 8, desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

El pago por nacimiento es de $ 91.273; por adopción, de $ 545.685; y por matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual es de $ 55.672 en el valor general y de $ 74.257 en la zona 1.

Desempleo 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 cobrarán el miércoles 28 de octubre, junto con las personas cuyos documentos finalizan en 9.

El importe se calcula de acuerdo con los aportes y la remuneración previa de cada trabajador. En octubre, el beneficio tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $ 383.800.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre. Para esta prestación, el calendario no distingue la terminación del DNI.

El reclamo de los jubilados y pensionados volvió al pleno legislativo con pedidos para reactivar iniciativas que amplían descuentos, fortalecen beneficios económicos y buscan que determinados certificados sean aceptados por empresas e instituciones públicas.

Organizaciones de retirados solicitaron a los diputados que retomen el debate de una propuesta que modifica la Ley 6 de 1987.

La norma contempla beneficios, exoneraciones y descuentos obligatorios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En septiembre, el presidente José Raúl Mulino vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 226 de 2025.

La iniciativa modificaba y añadía artículos a la Ley 6 de 1987.

El mandatario sostuvo que la propuesta tenía un objetivo social legítimo, aunque consideró que algunas de sus disposiciones contravenían la legislación y la Constitución Nacional.

“Sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, indicó Mulino en una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

El jefe de Estado señaló en su momento que la revisión identificó cuestionamientos sobre la conveniencia de la propuesta y sobre su compatibilidad con el marco constitucional.

La medida vetada planteaba descuentos del 50% de lunes a jueves y del 40% los viernes, sábados y domingos. Las rebajas debían aplicarse a las tarifas regulares y promocionales de hospedaje.

La Asociación de Jubilados había reclamado la sanción de esa ley. El sector empresarial y los microempresarios rechazaron el proyecto porque advirtieron sobre el efecto que tendría en sus actividades.

Ahora, la nueva iniciativa deberá ser examinada por el pleno de la Asamblea Nacional. Sus disposiciones incluyen rebajas vinculadas con medicamentos, atención médica, artículos para la movilidad, servicios básicos, gastos fúnebres e internet.

Los dirigentes expresaron confianza en que la discusión avance después de los alcances con representantes de los sectores comercial y privado. También instaron a los parlamentarios a responder a las necesidades de quienes viven con menores recursos.

El dirigente Gilberto Cortez sostuvo que los diputados tienen una nueva oportunidad para legislar en favor de los sectores con menores ingresos. El dirigente afirmó que la discusión debe priorizar a las personas de la tercera edad.

Cuestionó la falta de solidaridad de los comerciantes con la población retirada. Para las asociaciones, el avance de estas iniciativas representaría una respuesta a demandas económicas que mantienen desde hace años.

Las agrupaciones también pidieron seguimiento para el programa creado por la Ley 438 de 2024, denominado “Programa de beneficios permanentes para los jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social”.

El plan está dirigido a jubilados y pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS). Su finalidad es otorgar un apoyo financiero anual a los beneficiarios.

El financiamiento del programa proviene de la industria de bebidas alcohólicas. La ley establece que esos recursos sostienen el pago de las bonificaciones previstas para la población retirada.

El artículo 6 dispone que el Órgano Ejecutivo revise los montos de los beneficios cada dos años. La norma permite ajustes e incrementos de acuerdo con las condiciones económicas del país.

Si la recaudación del impuesto selectivo supera los fondos requeridos para cubrir las bonificaciones, el excedente deberá acumularse. Esa reserva también será revisada con la misma periodicidad y podría derivar en un aumento de los pagos.

Los movimientos de jubilados consideran que ese mecanismo debe mantenerse bajo vigilancia legislativa. Su planteamiento busca que los beneficios conserven su utilidad frente a los cambios en la economía.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma oficial de acreditaciones para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 7 ya tienen asignadas las fechas en que recibirán cada una de sus prestaciones. El esquema de pagos, que cubre prácticamente todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último dígito del Documento Nacional de Identidad de cada titular para ordenar el flujo de cobros y evitar la concentración de transacciones en una misma jornada bancaria.

Todos los haberes del período incorporan una actualización del 1,66%, resultado del mecanismo de movilidad previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. La suba rige para jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones, con independencia de la terminación del documento. Las asignaciones familiares, además, contemplan valores diferenciados por zona geográfica: las regiones reconocidas por normativa como zona 1 —La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones— perciben importes más elevados en razón del mayor costo de vida.

Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los montos y topes vigentes para el mes. El calendario abarca el conjunto de las prestaciones que gestiona el organismo. En algunas de estas prestaciones, el cobro no se segmenta por terminación de documento sino que permanece habilitado durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones hasta el haber mínimo vigente y tienen DNI terminado en 7 recibirán el depósito el martes 20 de octubre. Tras el ajuste del 1,66%, la jubilación mínima quedó fijada en $ 435.748,51. A ese valor se suma el bono previsional extraordinario de $ 70.000 que el Gobierno ratificó para el mes, con lo que el ingreso total del período asciende a $ 505.748,51.

En este mismo grupo se ubica la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor de base en octubre es de $ 348.598,81, y con el bono completo el monto llega a $ 418.598,81. La Prestación Básica Universal (PBU), componente estructural del cálculo de los haberes del régimen general, asciende en este período a $ 199.335,05; a diferencia de la PUAM y la jubilación mínima, la PBU no lleva asociado el bono extraordinario, dado que no es una prestación autónoma sino un elemento de la fórmula de liquidación del haber.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA cuyos ingresos superan el haber mínimo y tienen documento finalizado en 7 recibirán la acreditación el miércoles 28 de octubre, fecha que comparten con quienes tienen DNI terminado en 6. El haber máximo para este mes quedó establecido en $ 2.932.174,85. Este segmento no accede al bono extraordinario, ya que esa prestación complementaria está orientada exclusivamente a sostener los ingresos ubicados en el tramo más bajo del sistema.

Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran el martes 20 de octubre. El valor general de la AUH por hijo alcanza los $ 156.588, mientras que en la zona 1 el importe sube a $ 203.565. Para los casos en que el hijo presente discapacidad, los montos son de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 en la zona 1.

El mecanismo de pago mensual contempla una retención del 20% del total, que se libera de forma acumulada una vez al año cuando la titular presenta la Libreta AUH, el documento que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud correspondientes a los menores a cargo.

Para los trabajadores registrados en relación de dependencia, la Asignación Familiar por Hijo tiene un valor de $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $ 1.212.301. La escala desciende según los ingresos y llega a $ 16.487 en el tramo más alto. Quedan excluidos del beneficio los grupos familiares con ingresos superiores a $ 3.209.863.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 7 tienen asignado el miércoles 21 de octubre como fecha de cobro. El monto general de esta prestación es de $ 156.588, con un valor de $ 203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, la liquidación mensual incluye una retención del 20%, que se restituye una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante la documentación requerida: partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o constancia médica de interrupción del embarazo, junto con los registros de controles prenatales.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal tiene fecha de cobro el lunes 19 de octubre para los documentos finalizados en 6 y 7 de forma conjunta. Su escala de importes sigue el mismo esquema que la asignación familiar por hijo: el valor más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $ 1.212.301, y desciende a $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487 en los tramos siguientes. En la zona 1, los montos parten de $ 32.231 y pueden alcanzar los $ 78.304.

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para la totalidad de las terminaciones de documento, sin distinción, y su monto varía según la remuneración de cada trabajadora.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las Asignaciones de Pago Único —que comprenden matrimonio, adopción y nacimiento— están disponibles para todos los beneficiarios desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin segmentación por dígito del DNI. Los valores vigentes son $136.662 por matrimonio, $545.685 por adopción y $91.273 por nacimiento. La ayuda escolar anual se ubica en $ 55.672 en el valor general y en $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 7 tuvieron disponible su acreditación desde el miércoles 14 de octubre, fecha que compartieron con los DNI terminados en 6. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre su valor es de $305.023,96; con el bono completo de $ 70.000, el monto total puede llegar a $ 375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un importe equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas permanecen habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes varían según el tipo de prestación: por hijo, el rango va de $ 16.487 a $ 78.304 en función de los ingresos del grupo familiar; por hijo con discapacidad, el monto oscila entre $113.829 y $254.943.

Prestación por Desempleo

Los titulares de la Prestación por Desempleo con documento finalizado en 7 cobran el martes 27 de octubre, fecha que comparten con el DNI terminado en 6. El piso de la prestación para octubre se fijó en $195.600 y el tope máximo en $391.200, con valores intermedios que dependen de los aportes realizados y de la remuneración previa del trabajador. El cronograma informado corresponde al Plan 1; los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha diferenciada por terminación de documento y podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

Más de la mitad de las personas mayores de 65 años, el 55,7%, que viven en el medio rural y acuden a su oficina bancaria denuncia que no cuenta con atención preferencial ni con personal específico para atender sus necesidades, según recoge una encuesta sobre Inclusión Financiera en el medio rural, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por encargo del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El informe ofrece una fotografía detallada de la relación de la población rural con los servicios financieros y dibuja una realidad marcada por la digitalización, pero también por una importante brecha generacional. Aunque la mayoría de los residentes en estos municipios está bancarizada, el salto hacia los canales digitales no se produce al mismo ritmo entre las personas de mayor edad.

La banca online es ya el canal habitual para el 76,9% de la población rural y el 94,2% dispone de una tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, entre los mayores de 65 años el uso de las nuevas herramientas desciende de forma significativa: el 62,2% de quienes tienen entre 65 y 74 años utiliza habitualmente la banca online, porcentaje que cae hasta apenas el 29,2% entre quienes superan los 75.

El problema no parece estar tanto en la conexión a Internet como en la capacidad para realizar gestiones financieras de forma autónoma. El 69,2% de los encuestados considera buena o muy buena la conexión de su zona, pero el 31% reconoce tener poca o ninguna habilidad para realizar operaciones bancarias por Internet.

La diferencia es especialmente acusada entre los mayores. El porcentaje de personas con poca habilidad digital alcanza el 50,3% entre los 65 y los 74 años y se dispara hasta el 70,4% entre quienes tienen más de 75. A ello se suma que el 55,7% de la población rural reconoce tener un nivel bajo o muy bajo de conocimientos financieros.

Entre quienes no utilizan la banca online, las razones son principalmente de preferencia y confianza. Un 39% prefiere acudir a una oficina o hablar con un empleado, mientras que el 25,1% asegura sentir inseguridad o miedo al fraude. Otro 19% reconoce directamente que no sabe utilizar este canal. La falta de dispositivos o de conexión, en cambio, apenas tiene peso.

La oficina sigue siendo clave para los jubilados

La transformación digital también ha reducido el peso de las sucursales. Solo el 31,8% de los residentes en el medio rural acude habitualmente a su oficina bancaria. Entre quienes sí lo hacen, el 25,9% señala que su sucursal no abre algunos días laborables, el 21,6% ha tenido que cambiar de oficina por el cierre de la anterior y el 20,6% necesita pedir cita previa para ser atendido.

La distancia es otro de los obstáculos. Una de cada cuatro personas asegura tener la oficina bancaria a más de diez kilómetros. Entre quienes ya no acuden presencialmente, un 33,2% explica que realiza sus trámites por Internet y un 19,4% utiliza principalmente el cajero automático para retirar dinero.

El efectivo, de hecho, continúa teniendo un peso importante en las zonas rurales. El 52,6% de la población retira dinero con mucha o bastante frecuencia y el cajero es el medio habitual para hacerlo para el 84,9%. Pero para los mayores la relación con la oficina física continúa siendo especialmente relevante debido a sus dificultades para desenvolverse con las herramientas digitales.

Servicios específicos que muchos mayores desconocen

Entre los mayores de 65 años que acuden a una sucursal existe un elevado desconocimiento sobre los servicios específicos que las entidades ofrecen o deberían ofrecer a este colectivo. Alrededor del 30% de quienes acuden a una oficina no sabe si dispone de caja con horario ampliado para mayores, atención preferencial, personal destinado específicamente a mayores de 65 años o cajeros automáticos adaptados. El dato refleja una brecha que no desaparece simplemente con la digitalización del sistema financiero.

Hay, sin embargo, un servicio que sí parece estar ampliamente extendido y reconocido. El 82,9% de los mayores asegura que un empleado de la sucursal le acompaña al cajero automático cuando lo necesita. Es la excepción dentro de un conjunto de prestaciones cuyo conocimiento es mucho menor.

El estudio del CIS dibuja un medio rural cada vez más digitalizado, pero en el que los mayores siguen necesitando una atención presencial adaptada. Mientras la banca online y los pagos digitales avanzan entre la población general, las dificultades para utilizar estos canales y la pérdida de oficinas convierten el acceso a una atención personalizada en uno de los principales retos de la inclusión financiera rural.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 6 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar la concentración de cobros en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento. En el caso de las asignaciones familiares, los montos varían además según la zona geográfica del beneficiario, dado que ciertas regiones del país cuentan con valores diferenciados por normativa.

El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 19 de octubre. Tras la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para quienes accedan al bono previsional extraordinario de $70.000 el ingreso total del mes llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor en octubre es de $348.598,81 antes del eventual refuerzo. La Prestación Básica Universal (PBU), componente que integra el cálculo de las jubilaciones del régimen general y representa el piso común sobre el que se construye cada haber, asciende en octubre a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 6 recibirán sus haberes el 28 de octubre, fecha que comparten con la terminación en 7. El haber máximo vigente desde este mes quedó fijado en $2.932.174,85. Este grupo no accede al bono extraordinario, ya que el refuerzo está diseñado exclusivamente para sostener los ingresos más bajos del sistema.

Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 cobran el 19 de octubre. La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1 —que comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones—, donde la normativa reconoce montos más altos en razón del mayor costo de vida. Para el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.

El pago mensual contempla una retención del 20%, que se liquida de forma acumulada una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud de los menores.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto se reduce de acuerdo con la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo. Quedan excluidos del beneficio quienes perciban un ingreso superior a $3.209.863.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 6 cobran el 20 de octubre. El monto general de la prestación es de $156.588 y asciende a $203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20%, que se libera una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o certificado médico de interrupción del embarazo, junto con los controles médicos de seguimiento.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acredita el 19 de octubre para los DNI finalizados en 6 y 7. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo. El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. Su monto no es fijo; varía según la remuneración de cada trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio— estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual alcanza $55.672 en el valor general y $74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 5 cobran el 13 de octubre, fecha que coincide también con los documentos finalizados en 4. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96. Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes aplicables dependen del tipo de asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $254.943.

Prestación por Desempleo

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 26 de octubre, fecha que coincide con los documentos terminados en 4. El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $195.600 y el tope máximo asciende a $391.200. El cronograma informado corresponde al Plan 1. Los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha segmentada por terminación de DNI: podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aplica a todos los pensionados de México, como ha circulado de forma distorsionada en redes sociales.

El fallo tiene un alcance estatal y específico: afecta únicamente a quienes tramiten su jubilación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) después del 11 de agosto de 2024.

El Pleno del máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad 149/2024 el 12 de enero de 2026, con el voto de siete ministros a favor.

La resolución avala el artículo 74 de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada el 10 de agosto de 2024, que reduce el aguinaldo de 60 a 30 días de pensión.

A quiénes aplica el recorte del aguinaldo

El recorte alcanza únicamente a trabajadores afiliados al ISSSTEZAC que inicien su pensión a partir del 11 de agosto de 2024, fecha en que entró en vigor la reforma.

Es un esquema nuevo que no se extiende a quienes ya cotizaban bajo las reglas anteriores, ni a trabajadores de otras dependencias estatales de Zacatecas, ni a quienes cotizan en sistemas de pensiones de otros estados del país.

A quiénes no aplica la reducción

La Corte fue explícita: la ley no puede aplicarse de manera retroactiva, por lo que los derechos adquiridos antes del 11 de agosto de 2024 quedan intactos.

Quienes ya recibían una pensión antes de esa fecha conservan sus 60 días de aguinaldo sin ningún cambio.

Tampoco afecta a trabajadores que, sin haberse jubilado todavía, ya habían cumplido los requisitos para hacerlo bajo las reglas anteriores a la reforma.

El beneficio queda protegido para ese grupo aunque su jubilación se formalice después.

Qué rechazó la Corte de la misma reforma

Junto con el artículo 74, la Legislatura de Zacatecas había aprobado los artículos 128 y 128 Bis, que condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del ISSSTEZAC a su capacidad financiera.

La Corte los declaró inconstitucionales: sostuvo que la seguridad social es un derecho humano y no puede sujetarse a la disponibilidad de recursos del instituto.

El déficit del ISSSTEZAC supera los 54 mil millones de pesos

El instituto calcula su propio déficit actuarial en más de 54 mil millones de pesos.

La nómina de pensiones pasó de 77 millones de pesos en 2021 a 126 millones en 2025, con una proyección de 150 millones para 2027: un crecimiento del 63.6% en cuatro años.

Al cierre de noviembre de 2025, el ISSSTEZAC registraba 6,614 pensionados frente a 18,122 derechohabientes activos, una tasa de 2.78 trabajadores por cada jubilado.

En enero de 2025, el director general José Ignacio Sánchez González reconoció que al instituto le faltaban 13 millones de pesos para cubrir el aguinaldo completo de 6,099 pensionados en nómina.

Por qué Zacatecas impulsó la reforma

Para evitar que se repita el faltante de recursos registrado en enero de 2025, la reforma introdujo un esquema de aportación quincenal: trabajadores activos y sus patrones destinan una fracción de su sueldo a financiar el aguinaldo de los jubilados en turno.

Parte del ingreso de quien trabaja hoy se destina así a pagar la prestación de fin de año de quien ya está retirado.

El Anexo 21 de Descripción de Riesgos 2025 de la Secretaría de Finanzas de Zacatecas clasifica al ISSSTEZAC como uno de los riesgos financieros más significativos a mediano plazo para el gobierno estatal, con adeudos que suman 297 millones de pesos.

Por qué el fallo no toca al IMSS ni al ISSSTE federal

La resolución es de alcance local y no modifica las reglas de ninguna de las dos instituciones de seguridad social de cobertura nacional.

El IMSS y el ISSSTE siguen operando bajo sus propias disposiciones, sin cambios en el pago de aguinaldo para sus pensionados.

El criterio jurídico que establece la Corte —que reducir prestaciones futuras es válido si existe un fin legítimo y no se afectan derechos ya adquiridos— podría servir de referencia para otros gobiernos estatales con sistemas de pensiones deficitarios.

Otros institutos de seguridad social estatales que enfrentan problemas financieros similares al ISSSTEZAC podrían citar este fallo como precedente para impulsar reformas que reduzcan prestaciones a futuros pensionados, siempre que respeten los derechos ya adquiridos por quienes están jubilados.

Así funcionan el IMSS y el ISSSTE, a diferencia del ISSSTEZAC

El IMSS paga aguinaldo solo a pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, equivalente a una mensualidad de pensión, y lo deposita en una sola exhibición en noviembre.

Quienes se pensionaron bajo la ley de 1997 no tienen derecho a esta prestación.

El ISSSTE entrega un aguinaldo de 40 días de pensión, dividido en dos pagos: la primera parte en la primera quincena de noviembre y la segunda en enero del año siguiente.

Ninguno de los dos institutos ha sufrido modificaciones por el fallo de la Corte, a diferencia del ISSSTEZAC, cuyo esquema se reduce de 60 a 30 días únicamente para los nuevos pensionados bajo la reforma estatal.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual, siempre que cumplan con la edad, régimen de cotización, semanas registradas y límite salarial previstos por el programa.

El apoyo no significa un depósito adicional igual para todas las personas jubiladas. El Fondo cubre la diferencia entre la pensión calculada por la Afore y el salario de referencia de la persona trabajadora, dentro del tope anual que fija la autoridad.

El mecanismo está destinado a quienes tienen 65 años o más e inician su proceso de jubilación. El esquema incluye a trabajadores afiliados al IMSS desde el 1 de julio de 1997 y a personas servidoras públicas del ISSSTE que permanecen en el régimen de cuentas individuales.

El aumento se determina durante el trámite de pensión

El primer paso consiste en identificar el régimen pensionario bajo el que la persona cotizó. En el caso del IMSS, el Fondo se dirige a quienes se retiran bajo la Ley del Seguro Social de 1997, es decir, el sistema de cuentas individuales administradas por las Afore.

Quienes se pensionan bajo la Ley 73 no entrarían al complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La diferencia resulta determinante porque cada régimen tiene reglas distintas para calcular el monto de retiro y reconocer las semanas cotizadas.

Para el ISSSTE, el beneficio se enfoca en trabajadores adscritos al régimen de cuentas individuales. El mecanismo también considera a quienes comenzaron a cotizar bajo ese sistema a partir de 2007 o se reincorporaron después de un periodo de inactividad.

La persona interesada debe comenzar formalmente el trámite de pensión en las ventanillas de atención de su institución. El proceso puede iniciar ante el IMSS, el ISSSTE o Infonavit.

Durante esa solicitud, la institución revisa la edad de la persona, su historial laboral, las semanas de cotización acumuladas, el salario registrado y el régimen bajo el que obtendrá la pensión. El complemento se define a partir de esa evaluación.

El monto no equivale a un depósito fijo para todos los pensionados

El cálculo parte de la pensión que corresponda a la persona por sus recursos acumulados en la Afore, sus semanas cotizadas y el tipo de retiro elegido. Después se compara con el salario de referencia. Si hay una diferencia y se cumplen las reglas, el Fondo puede cubrir una parte.

La persona jubilada no tendría que presentar una petición independiente para reclamar el complemento. La revisión ocurre dentro del trámite de pensión.

Por esa razón, las personas que están por retirarse deben acudir directamente a las oficinas del IMSS o del ISSSTE y evitar pagos a gestores que ofrezcan tramitar el aumento. La institución debe emitir primero la resolución de pensión y verificar si la persona reúne las condiciones para recibir el complemento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 5 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar la concentración de cobros en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento. En el caso de las asignaciones familiares, los montos varían además según la zona geográfica del beneficiario, dado que ciertas regiones del país cuentan con valores diferenciados por normativa.

El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 16 de octubre. Tras la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para quienes accedan al bono previsional extraordinario de $70.000 el ingreso total del mes llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor en octubre es de $348.598,81 antes del eventual refuerzo. La Prestación Básica Universal (PBU), componente que integra el cálculo de las jubilaciones del régimen general y representa el piso común sobre el que se construye cada haber, asciende en octubre a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 5 recibirán sus haberes el 27 de octubre, fecha que comparten con la terminación en 4. El haber máximo vigente desde este mes quedó fijado en $2.932.174,85. Este grupo no accede al bono extraordinario, ya que el refuerzo está diseñado exclusivamente para sostener los ingresos más bajos del sistema.

Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 cobran el 16 de octubre. La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1 —que comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones—, donde la normativa reconoce montos más altos en razón del mayor costo de vida. Para el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.

El pago mensual contempla una retención del 20%, que se liquida de forma acumulada una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud de los menores.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto se reduce de acuerdo con la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo. Quedan excluidos del beneficio quienes perciban un ingreso superior a $3.209.863.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5 cobran el 19 de octubre. El monto general de la prestación es de $156.588 y asciende a $203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20%, que se libera una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o certificado médico de interrupción del embarazo, junto con los controles médicos de seguimiento.

Asignación por Prenatal y por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acredita el 16 de octubre para los DNI finalizados en 4 y 5. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo. El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. Su monto no es fijo; varía según la remuneración de cada trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio— estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual alcanza $55.672 en el valor general y $74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 5 cobran el 13 de octubre, fecha que coincide también con los documentos finalizados en 4. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96. Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes aplicables dependen del tipo de asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $254.943.

Prestación por Desempleo

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 26 de octubre, fecha que coincide con los documentos terminados en 4. El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado corresponde al Plan 1. Los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha segmentada por terminación de DNI: podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.

Los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 4 cobrarán durante octubre según el calendario establecido para cada beneficio. Las prestaciones tendrán un incremento de 1,66 %, según la actualización mensual vinculada a la inflación.

La suba fue fijada mediante la resolución 284/2026. Además, el Gobierno oficializó un bono previsional extraordinario de hasta $ 70.000 para los titulares que cumplan las condiciones previstas para octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 4 recibirán su pago el jueves 15 de octubre.

Tras el aumento, el haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 4 percibirán sus haberes el martes 27 de octubre.

El haber máximo vigente desde octubre se fijó en $ 2.932.174,85. El calendario agrupa a los documentos terminados en 4 y 5 en esa misma fecha de pago.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 4 cobran el jueves 15 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación Por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4 cobran el viernes 16 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acredita el 16 de octubre para los DNI finalizados en 4 y 5. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo.

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio, estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.

La asignación por nacimiento es de $ 91.273; por adopción, de $ 545.685; y por matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual alcanza $ 55.672 en el valor general y $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 4 cobran el martes 13 de octubre. Esa fecha también corresponde a los documentos finalizados en 5.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Desempleo 1

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 cobran el lunes 26 de octubre. Ese día también se acreditan los pagos para documentos finalizados en 5.

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

Tres hombres armados irrumpieron en la casa de una pareja de jubilados mayores de 80 años, en Gonnet, partido de La Plata, donde los mantuvieron amenazados durante cerca de una hora. Los delincuentes robaron efectivo, joyas, un celular y dinero de una cuenta bancaria, antes de escapar.

El asalto ocurrió durante las 4 de la madrugada de ayer, en una vivienda de la calle 508, entre 16 y 17 que se encuentra a pocas cuadras del Hospital San Roque. Las víctimas estaban durmiendo cuando fueron sorprendidas por los intrusos, quienes vestían ropa oscura y llevaban los rostros cubiertos.

Uno de los asaltantes despertó a la mujer y le exigió dinero. “Despertate y dame la plata y danos los dólares”, dijeron según el relato de la jubilada. La pareja aseguró que no tenía divisas, pero los ladrones continuaron con la búsqueda dentro de la casa.

Según informó el medio 0221, los atacantes habían ingresado tras violentar una ventana de la parte trasera del inmueble. La abertura tenía rejas y un cerramiento de aluminio, pero fueron forzados para permitir el acceso al domicilio.

Durante el robo, un delincuente permaneció en la cocina con un arma, vigilando a los jubilados. Mientras tanto, los otros dos recorrieron los ambientes en busca de dinero y objetos de valor. Las víctimas no sufrieron heridas físicas, aunque permanecieron bajo amenaza durante todo el episodio.

Los hombres se apoderaron de alrededor de $300.000 en efectivo, dos alianzas de oro, un par de aros, un teléfono celular y una caja de madera con herramientas. También lograron acceder a la cuenta bancaria de uno de los integrantes de la pareja.

Desde el celular sustraído, los delincuentes realizaron transferencias y retiraron otra suma de dinero que correspondía a los haberes jubilatorios de las víctimas.

El grupo permaneció cerca de una hora en el lugar. Antes de retirarse, utilizó las llaves de la vivienda para salir por la puerta trasera y dejó una advertencia para evitar que las víctimas pidieran ayuda de inmediato. “No llamen a la Policía” y “no griten” fueron las amenazas que escucharon los jubilados.

Después de que los delincuentes abandonaron la casa, la pareja pudo comunicarse con las autoridades y formalizar la denuncia en la Comisaría Decimotercera de La Plata. Allí quedaron asentadas las características del asalto, los faltantes y las maniobras realizadas desde el teléfono celular de una de las víctimas.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia y fue caratulada como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, una figura que contempla la participación de más de una persona en el hecho. La pesquisa busca identificar a los tres hombres que ingresaron a la propiedad.

Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados. Los investigadores también buscan establecer cómo se organizó el ingreso al domicilio y si los autores contaron con información previa sobre los movimientos de la pareja o sobre la existencia de dinero en el domicilio.

El caso volvió a poner el foco en los robos cometidos contra adultos mayores y en la modalidad de ingreso a viviendas durante la madrugada. En esta oportunidad, los delincuentes actuaron con los rostros cubiertos, permanecieron dentro de la propiedad durante un tiempo prolongado y se llevaron pertenencias de valor, dinero en efectivo y fondos que lograron obtener mediante el teléfono de una de las víctimas.

“El sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado”, ha asegurado el diputado de Vox José María Figaredo en una entrevista publicada en El Debate. Argumenta que en 1998, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años “no se ha aplicado ninguna medida correctora”.

Figaredo explica que la solución que plantea su partido es una reforma estructural hacia un modelo mixto “que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”.

Incide en la entrevista en que el nivel de deuda pública es “insostenible” y que, aunque el Gobierno “maquille” la cifra en relación con un Producto Interior Bruto (PIB) “inflado temporalmente” por el consumo, el gasto público y los fondos europeos, “en cuanto el modelo económico se agote y el PIB caiga, la deuda devorará las cuentas públicas en un contexto de tipos de interés al alza”.

El diputado de Vox subraya que el gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética “constituirán graves condicionantes en el futuro”.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, considera que las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez no solo “no resolverán el problema” de acceso a una casa, sino que terminarán agravándolo. El diputado sostiene que las medidas planteadas por el Ejecutivo combinan incentivos a la demanda con restricciones sobre la oferta, una fórmula que, a su juicio, acabará trasladándose a los precios.

El parlamentario cuestiona tanto las ayudas a la compra como los límites al alquiler y las restricciones a los desahucios, al considerar que pueden provocar que determinados propietarios retiren sus inmuebles del mercado.

Sitúa a Barcelona como el principal ejemplo de lo que, en su opinión, ocurre cuando se aplican políticas de control del mercado del alquiler. “Barcelona es probablemente la ciudad de España donde se han aplicado con mayor virulencia y exhaustividad las medidas defendidas por la izquierda, y el resultado ha sido que el mercado de la vivienda se ha roto”, afirma.

Sostiene que el problema no se limita al incremento de los precios, sino que también afecta a la disponibilidad de viviendas. Según su relato, “un piso en alquiler recibe 2.000 solicitudes de visita en tan solo una hora”, una situación que, asegura, ha provocado que el acceso a los inmuebles dependa cada vez más de contactos personales.

Frente a esta situación, Vox plantea actuar sobre la oferta y la demanda. Entre sus propuestas figuran simplificar la normativa urbanística para acelerar la construcción, aumentar la altura de los edificios existentes y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. También plantea una fiscalidad diferenciada para los compradores extranjeros y que la vivienda social financiada con fondos públicos tenga prioridad para los españoles.

La propuesta de Vox sitúa además el control de los flujos migratorios como una de las primeras medidas para afrontar el problema inmobiliario. “La primera medida para solucionar el problema de la vivienda es controlar la invasión migratoria”, sostiene Figaredo, que vincula el crecimiento de la población con una mayor presión sobre la demanda residencial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica desde octubre una suba de 1,66% en los haberes previsionales, según la actualización mensual vinculada a la inflación. El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos titulares recibirán el bono previsional extraordinario según el cronograma de pagos del organismo.

La actualización fue formalizada a través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de modificar las bases imponibles que se utilizan para los aportes al sistema de seguridad social.

De cuánto es la PUAM en octubre 2026

Los titulares de la PUAM de ANSES cobran un haber mensual de $348.598,81. Como la prestación se ubica por debajo de la jubilación mínima, reciben el bono extraordinario completo de $70.000, por lo que el ingreso total de octubre asciende a $418.598,81.

El Gobierno confirmó el pago del bono previsional extraordinario mediante el Decreto 1108/2026. El adicional alcanza a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM; tiene carácter no remunerativo, se acredita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos.

La prestación está prevista en la Ley 27.260 y se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. Equivale al 80% de la jubilación mínima y permite acceder a la cobertura de salud de PAMI y al cobro de asignaciones familiares, cuando correspondan.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

La actualización de octubre lleva la jubilación mínima a $435.748,51, mientras que el haber máximo es de $2.932.174,85. Los montos corresponden al aumento de 1,66% dispuesto para este mes.

Con el bono extraordinario de $70.000 ya oficializado, quienes perciben la mínima cobran un total de $505.748,51. Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el refuerzo es proporcional: se paga la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese tope.

La resolución 284/2026 también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. Desde octubre, su valor es de $199.335,05.

Por otra parte, se elevaron las remuneraciones mínima y máxima sujetas a aportes previsionales. Desde el período devengado de octubre, la base mínima es de $146.759,98, mientras que la máxima asciende a $4.769.631,49.

El aumento alcanza asimismo a las pensiones no contributivas y a las asignaciones familiares. En este último caso, se fijó que los grupos familiares con ingresos superiores a $3.209.863 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares.

La actualización de los haberes se vincula con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento previsional de octubre corresponde a la inflación tomada como referencia para la fórmula vigente.

Cuándo cobro la PUAM de ANSES en octubre 2026

Los pagos de la PUAM seguirán el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo. Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y se ordenarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto para octubre de 2026 es el siguiente:

• DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
• DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
• DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
• DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
• DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
• DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
• DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
• DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
• DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
• DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El esquema contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos que debían continuar luego del viernes 9 se trasladan al martes 13.

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social, o a través del calendario publicado por el organismo.

Los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 3 tendrán fechas de acreditación distintas durante octubre, de acuerdo con el beneficio que perciban. El calendario incorpora el aumento de 1,66% aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La actualización fue establecida mediante la resolución 284/2026. Además, el Gobierno oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para titulares que cumplan las condiciones previstas para octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobren jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 3 percibirán sus haberes el miércoles 14 de octubre.

El haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyo documento termina en 3 tendrán acreditados sus pagos el lunes 26 de octubre, ya que esa jornada corresponde a los DNI finalizados en 2 y 3.

El haber máximo vigente desde octubre es de $2.932.174,85. Los jubilados que superen el umbral previsto para recibir el refuerzo no percibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 cobrarán el 14 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 cobrarán el jueves 15 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el jueves 15 de octubre para los documentos terminados en 2 y 3. El valor depende del ingreso del grupo familiar.

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 3 cobrarán el viernes 9 de octubre, junto con quienes tienen documentos finalizados en 2.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Por lo tanto, las personas con DNI finalizado en 3 podrán cobrar dentro de ese período.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio estarán disponibles para todos los DNI, incluido el finalizado en 3, desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672 en el valor general y en $74.257 para la zona 1.

Desempleo 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 3 cobrarán el viernes 23 de octubre, junto con los titulares cuyo documento finaliza en 2.

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de octubre de 2026, con nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 2 cobrarán en distintas fechas, según la prestación correspondiente.

El aumento fue establecido mediante la resolución 284/2026, conforme al mecanismo de movilidad previsto en el Decreto 274/24. La fórmula toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago: para octubre se consideró la inflación de agosto, de 1,7 %, que determinó una actualización de 1,66 %.

Jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la mínima cobrarán el martes 13 de octubre si su documento termina en 2. El haber mínimo actualizado para octubre asciende a $ 435.748,51.

A ese importe se suma un bono extraordinario de $ 70.000 para quienes perciben la mínima, por lo que el total a cobrar llega a $ 505.748,51. El Gobierno dispone este refuerzo desde 2024 y lo confirma para cada período de pago. Quienes cobren por encima de la mínima, pero no alcancen ese total, recibirán un adicional proporcional.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima

Las personas con DNI terminado en 2 que cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo tendrán acreditado el pago el lunes 26 de octubre. El monto dependerá de los aportes, la trayectoria laboral y el beneficio individual de cada titular.

El haber máximo del sistema previsional quedó fijado en $ 2.932.174,85. Los jubilados que superen el umbral previsto para recibir el refuerzo no percibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 2 cobrarán el 13 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $ 156.588 por hijo y de $ 203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $ 78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $ 1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $ 16.487 en el último tramo.

Asignación por Embarazo

Quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el miércoles 14 de octubre.

La prestación tiene un valor general de $ 156.588, mientras que para residentes de la zona 1 asciende a $ 203.565. El pago está destinado a personas gestantes que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el jueves 15 de octubre para los documentos terminados en 2 y 3. El valor depende del ingreso del grupo familiar.

El monto más alto es de $ 78.304 para ingresos familiares de hasta $ 1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $ 52.821, $ 31.949 y $ 16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $ 78.304 y tienen un piso de $ 32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio estarán disponibles entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento, incluido el DNI finalizado en 2.

En octubre, la asignación por nacimiento es de $ 91.273, la correspondiente a matrimonio alcanza los $ 136.662 y la de adopción llega a $ 545.685. El cobro requiere que la persona haya presentado la documentación y reúna las condiciones exigidas por ANSES.

Pensiones no contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 cobrarán el viernes 9 de octubre.

La pensión por invalidez o por vejez equivale a $ 305.023 sin bono, mientras que la PNC para madres de siete hijos o más alcanza el haber mínimo de $ 435.748,51. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no acceden a una jubilación ordinaria, se ubica en $ 348.598,81.

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrarse entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI.

La asignación por hijo tiene un valor general de $ 156.588, que sube a $ 203.565 para la zona 1. En los casos de hijo con discapacidad, los importes son de $ 509.863 en el valor general y de $ 662.822 en la zona 1.

Desempleo Plan 1

Las personas con DNI terminado en 2 que cobran la Prestación por Desempleo tendrán depositado el pago el viernes 23 de octubre, junto con los documentos finalizados en 3.

Para octubre, la prestación tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $ 383.800. El importe final se calcula de forma individual según los salarios previos y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

El fuerte repunte de la inflación al 4,9% registrado en septiembre ha elevado hasta el entorno del 3,5% la estimación de subida de las pensiones contributivas para 2027. Un incremento que, de confirmarse, sería el mayor desde 2024. Para los más de 9,5 millones de pensionistas, el dato de septiembre supone un incremento relevante de sus prestaciones, aunque todavía no definitivo, ya que quedan por incorporar a la fórmula la inflación de octubre y noviembre.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) situó el indicador adelantado del IPC de septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas más que en agosto, cuando la inflación se encontraba en el 4,3%. La tasa subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también aumentó, aunque en menor medida, hasta el 3,1%. Según el INE, en la evolución de septiembre influyeron especialmente los precios de los combustibles y lubricantes y el comportamiento de los paquetes turísticos.

El salto de los precios tiene una consecuencia directa sobre la próxima actualización de las pensiones. Con los datos conocidos hasta septiembre, la media provisional de los diez meses que ya forman parte del periodo de referencia se sitúa en el 3,33%. Si la inflación mantiene niveles elevados durante los dos meses que faltan, la revalorización de las pensiones contributivas podría situarse alrededor del 3,5%., según fuentes del Instituto de Pensiones de BBVA.

La fórmula que decidirá cuánto subirán las pensiones

La subida de las pensiones no se fija mediante una decisión discrecional al final de cada año, sino que responde a la fórmula establecida en la normativa de pensiones. El mecanismo vincula la revalorización de las pensiones contributivas a la evolución media de la inflación durante el periodo de referencia. Por ello, el repunte del IPC registrado en los últimos meses tiene una incidencia directa en la cuantía que recibirán los pensionistas a partir de enero de 2027.

La evolución reciente permite entender por qué la previsión ha cambiado en pocas semanas. Con los datos disponibles hasta agosto, la estimación apuntaba a una subida próxima al 3,2%, con una media del 3,15% durante los ocho primeros meses computables. La incorporación del 4,9% de septiembre eleva ahora esa media hasta el 3,33% y acerca el resultado final al 3,5%, calculan los expertos de BBVA.

El mecanismo pretende preservar el poder adquisitivo de las pensiones frente a la evolución de los precios. En 2026, las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general un 2,7%, según la Seguridad Social. En los años anteriores, el incremento fue del 2,8% en 2025 y del 3,8% en 2024, mientras que en 2023 alcanzó el 8,5% en plena escalada inflacionista.

Dos meses decisivos para conocer la subida de 2027

La cifra del 3,5% es todavía una estimación. El resultado definitivo dependerá de lo que ocurra con los precios en octubre y noviembre. Son los dos últimos meses que deben incorporarse al cálculo y, por tanto, pueden mover unas décimas el porcentaje final de revalorización.

Las previsiones de Funcas apuntan a que la inflación seguirá siendo elevada durante el tramo final de 2026. En su panel de septiembre, la institución contemplaba tasas del 4% en octubre y del 3,9% en noviembre, antes de una moderación posterior. En una previsión anterior, Funcas ya advertía de que la inflación podía mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes debido, entre otros factores, a las tensiones energéticas.

Con un escenario de inflación elevada, la revalorización se movería alrededor del 3,5%. Si los precios permanecieran cerca del 4,9% o incluso lo superasen durante octubre y noviembre, el aumento podría acercarse al 3,6%. En cambio, una moderación más intensa de la inflación reduciría la subida final. Son escenarios orientativos, ya que el porcentaje oficial dependerá de los datos que entren finalmente en la fórmula.

La mayor escalada desde 2024

Si finalmente se confirma un incremento del 3,5%, 2027 supondría un cambio respecto a los dos últimos ejercicios. La revalorización general pasaría del 2,8% de 2025 y del 2,7% de 2026 a un porcentaje superior, aunque todavía por debajo del 3,8% aplicado en 2024.

La comparación con 2023 permite poner la cifra en contexto. Aquel año las pensiones contributivas aumentaron un 8,5%, en un escenario extraordinario marcado por una inflación mucho más elevada. La posible subida de 2027 quedaría muy lejos de aquel máximo, pero sería la mayor desde 2024 si se confirma en torno al 3,5%.

Para los pensionistas, el porcentaje de revalorización se traducirá en un aumento de la cuantía mensual de la pensión. Sin embargo, la cantidad concreta dependerá de la pensión que perciba cada persona y de si se trata de una prestación contributiva, mínima, máxima u otra modalidad sujeta a reglas específicas. Las pensiones mínimas y no contributivas cuentan, además, con incrementos adicionales previstos por la normativa.

La previsión tiene además una doble lectura. Por un lado, una inflación más alta eleva la revalorización de las pensiones y protege sus ingresos frente al aumento del coste de la vida. Por otro, el mismo repunte de los precios reduce el poder adquisitivo de los hogares en el corto plazo. El objetivo del mecanismo de actualización es que las pensiones mantengan su valor real ante esas variaciones de precios.

La canasta básica de los jubilados alcanzó los $2.090.646 en octubre, más de cuatro veces el haber mínimo de $505.748, monto que incluye el bono extraordinario. Esto marca una amplia brecha entre los ingresos previsionales y el costo estimado para cubrir las necesidades habituales de una persona mayor.

El valor registrado pasó de $1.514.074 en octubre de 2025 a $2.090.646 un año después, lo que indica una suba de 38% en 12 meses, por encima de la inflación. Respecto de marzo, el avance fue de 14,58%.

Uno de los componentes de mayor peso de la canasta corresponde a medicamentos y gastos de salud, que conllevan un gasto mensual de $518.708. El cálculo incluye distintos tipos de fármacos y tiene en cuenta los descuentos que reciben los jubilados en las farmacias de acuerdo con su obra social.

La medición, realizada por la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, contempla una estructura de gastos adaptada a la población mayor y se realiza en CABA, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza. Toma como referencia las pautas de la canasta familiar del Indec, con especial atención a las categorías de mayor incidencia entre los adultos mayores.

Los alimentos suman otros $457.742, mientras que el gasto en vivienda implica $364.969. Este último concepto considera el mantenimiento de un inmueble propio, el pago de alquiler y la situación de aquellos adultos mayores que viven en pensiones.

El resto de la canasta se distribuye de la siguiente manera:

• Limpieza: $130.509
• Higiene: $125.000
• Transporte: $129.589
• Vestimenta: $63.250
• Recreación: $124.800
• Servicios: $177.079

En conjunto, alimentos, medicamentos y salud y vivienda explican $1.341.419, cerca de dos tercios del costo total.

La brecha con los ingresos de los jubilados

El informe contrasta el valor de la canasta con los ingresos que reciben distintos grupos de adultos mayores. Los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán en octubre $505.748, incluido el bono. Frente a una canasta de $2.090.646, ese ingreso representa menos de una cuarta parte del costo mensual calculado.

También existe una diferencia importante en el caso de quienes perciben las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, que se ubican en $375.023. A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $418.598 con bono. Se trata de una prestación cada vez más extendida debido al fin de la moratoria para aquellos trabajadores que no lograron cumplir los 30 años de aportes. Un documento elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social estima que pasará de abarcar el 3% de los beneficios previsionales en 2025 al 38% en 2050 y al 48% en 2085.

La Defensoría de la Tercera Edad destacó que dichos montos se encuentran muy por debajo del umbral de indigencia establecido en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubica en $903.930.

“No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”, aseguró el informe y agregó que muchos se ven obligados a seguir trabajando, a veces en condiciones precarias, o a recurrir a subsidios para poder subsistir.

En esa línea, el último reporte del Indec arrojó que la pobreza entre las personas de 65 años y más alcanzó el 14,8% en el primer semestre del año, concentrando el mayor aumento relativo.

“La cantidad de personas pobres en este grupo creció 55% en un semestre y la de indigentes, 60%. Son variaciones elevadas sobre una base baja, ya que históricamente ha sido el segmento con menor incidencia de pobreza, dada la amplia cobertura previsional. El deterioro constituye una señal de alerta sobre la evolución de los ingresos previsionales frente a las canastas”, remarcó el IERAL.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de octubre de 2026 mediante un cronograma escalonado que organiza la acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El sistema permite ordenar el flujo de millones de cobros y garantiza que cada prestación siga su propia secuencia.

El calendario oficial de octubre establece fechas diferentes de acuerdo con cada prestación y con el último número del DNI. Los titulares pueden consultar el recibo de haberes en mi ANSES a partir de la fecha de inicio del calendario correspondiente.

El detalle de fechas varía según la prestación, ya que cada beneficio sigue su propio esquema dentro del cronograma mensual. A continuación, se especifican los días de acreditación para cada tipo de pago correspondiente a los titulares con DNI terminado en 1.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciban el haber mínimo tendrán el pago acreditado el 9 de octubre. La transferencia se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por el titular.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los beneficiarios del SIPA con haberes por encima del mínimo vigente deberán aguardar hasta el 23 de octubre para ver el dinero disponible en su cuenta. Esa fecha es compartida también con los titulares de DNI terminado en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán el 9 de octubre.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) percibirán el pago el 13 de octubre.

Asignación Prenatal

Para la Asignación Prenatal, los titulares con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de octubre, fecha compartida con quienes tienen el dígito 0.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no sigue el esquema de terminación de DNI: se abona el 14 de octubre para la totalidad de las beneficiarias, sin distinción por dígito final del documento. Esa jornada coincide con el primer día del calendario de pago de la prestación.

Asignaciones de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción)

Las asignaciones de pago único —que comprenden los beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción— están disponibles para todos los titulares sin distinción de terminación de DNI en dos períodos. La primera quincena se extiende entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre, mientras que la segunda va del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 1 cobrarán el 8 de octubre, fecha que comparten con los documentos terminados en 0. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona bajo dos modalidades. El Plan 1 se acredita el 22 de octubre para los beneficiarios con DNI terminado en 0, junto con quienes tienen el dígito 1. El Plan 2, correspondiente a septiembre, no distingue por terminación de documento y está disponible entre el 2 de noviembre y el 10 de noviembre para todos los titulares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 0 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 0 cobrarán el 8 de octubre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

El haber mínimo actualizado para octubre asciende a $435.748,51. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $505.748,51. El Gobierno mantiene ese refuerzo desde 2024, aunque su continuidad se confirma mes a mes.

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI terminado en 0 o 1 cobrarán el 23 de octubre de 2026.

El haber de este grupo oscila entre el piso de $435.748,51 y el máximo fijado en $2.932.174,85, según los aportes acreditados por cada titular. Quienes perciben un ingreso previsional por encima de la mínima pero inferior a $505.748,51 cobran un bono proporcional compensatorio equivalente a la diferencia requerida para llegar a ese techo. Quedan excluidos del refuerzo extraordinario los beneficiarios cuyos haberes superan o igualan dicho tope.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 8 de octubre de 2026. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

El valor de la AUH para octubre es de $156.588 por hijo. Dado que ANSES abona mensualmente el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación, el cobro mensual efectivo asciende a $125.270,40. Para hijos con discapacidad, el monto total asciende a $509.863.

En el caso de la SUAF para trabajadores registrados, el importe es de $78.304 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0 recibirán el pago el 9 de octubre de 2026. La AUE se abona entre el 9 y el 23 de octubre para el conjunto de terminaciones de documento.

El monto vigente de la prestación es de $156.588. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida—, el valor diferencial asciende a $203.565.

Asignación Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación Prenatal, el pago será el 14 de octubre, fecha que comparten con quienes tienen documento terminado en 1. El cronograma agrupa dos terminaciones por jornada y se extiende hasta el 20 de octubre.

El monto de la prestación varía según el tramo de ingresos del grupo familiar: el rango va de $16.487 a $78.304. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —las provincias patagónicas y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires— el piso sube a $32.231, con el mismo techo de $78.304.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no se segmenta por terminación de DNI: puede cobrarse desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2026 para todas las beneficiarias. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único: matrimonio, nacimiento y adopción

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditan en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento. La primera quincena está disponible desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre; la segunda quincena, desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Los montos vigentes son $136.662 por matrimonio, $91.273 por nacimiento y $545.685 por adopción.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) comienzan a liquidarse de manera simultánea con las jubilaciones mínimas y la AUH. Los titulares con DNI terminado en 0 —junto con los de terminación 1— recibirán la acreditación el 8 de octubre de 2026. El cronograma agrupa dos terminaciones por jornada y se extiende hasta el 15 de octubre.

Los montos varían según el tipo de prestación. Las PNC por Invalidez y por Vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que arroja un básico de $305.023,96; con el bono extraordinario, el total asciende a $375.023,96. La PNC para Madres de 7 hijos o más equivale al 100% del mínimo: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con el bono.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 0 cobrarán el 22 de octubre de 2026, junto con los titulares de terminación 1. La Prestación por Desempleo Plan 2, en cambio, no se segmenta por terminación de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro, el monto a percibir y el banco asignado a través de Mi ANSES (mi.anses.gob.ar), con clave de seguridad social, o mediante la aplicación oficial del organismo disponible para dispositivos móviles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. Las fechas de acreditación varían de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Los montos correspondientes al décimo mes del año fueron actualizados mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece un incremento de 1,66 % para las prestaciones previsionales y las asignaciones.

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2026

Durante octubre, el organismo abonará jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, pagos únicos y prestaciones por desempleo. Las fechas contemplan los feriados del mes y comienzan el jueves 8 de octubre para varios grupos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

En octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51 y, con el bono extraordinario previsional de $70.000, el total a cobrar ascenderá a $505.748,51.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber base de $348.598,81. Con el bono completo de $70.000, el monto final de octubre será de $418.598,81.

• DNI terminados en 0: 8 de octubre.
• DNI terminados en 1: 9 de octubre.
• DNI terminados en 2: 13 de octubre.
• DNI terminados en 3: 14 de octubre.
• DNI terminados en 4: 15 de octubre.
• DNI terminados en 5: 16 de octubre.
• DNI terminados en 6: 19 de octubre.
• DNI terminados en 7: 20 de octubre.
• DNI terminados en 8: 21 de octubre.
• DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

El haber máximo, en tanto, alcanzará los $2.932.174,85 en octubre.

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo esquema de cobro que jubilados y pensionados con haberes mínimos.

El valor general de la AUH y de la asignación por embarazo será de $156.588, mientras que en la zona 1 ascenderá a $203.565. Para hijos con discapacidad, los importes serán de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.

Para los trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301.

• DNI terminados en 0: 8 de octubre.
• DNI terminados en 1: 9 de octubre.
• DNI terminados en 2: 13 de octubre.
• DNI terminados en 3: 14 de octubre.
• DNI terminados en 4: 15 de octubre.
• DNI terminados en 5: 16 de octubre.
• DNI terminados en 6: 19 de octubre.
• DNI terminados en 7: 20 de octubre.
• DNI terminados en 8: 21 de octubre.
• DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación por embarazo

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se pagará entre el viernes 9 y el viernes 23 de octubre, según el último número del DNI de cada titular. El monto general previsto para octubre es de $156.588 y llega a $203.565 para titulares alcanzadas por la zona 1.

• DNI terminados en 0: 9 de octubre.
• DNI terminados en 1: 13 de octubre.
• DNI terminados en 2: 14 de octubre.
• DNI terminados en 3: 15 de octubre.
• DNI terminados en 4: 16 de octubre.
• DNI terminados en 5: 19 de octubre.
• DNI terminados en 6: 20 de octubre.
• DNI terminados en 7: 21 de octubre.
• DNI terminados en 8: 22 de octubre.
• DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación Prenatal tiene fechas escalonadas por terminación de DNI. Sus montos van de $16.487 a $78.304, de acuerdo con el ingreso del grupo familiar; en la zona 1, el rango se ubica entre $32.231 y $78.304.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el período de pago será único para todas las beneficiarias y el importe depende de la remuneración de cada trabajadora.

Asignación Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de DNI: del 14 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditarán en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento.

• Primera quincena, todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
• Segunda quincena, todas las terminaciones de DNI: del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Estos pagos alcanzan a quienes hayan cumplido los requisitos y presentado la documentación correspondiente ante ANSES. Entre octubre, los valores actualizados ascienden a $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras en comenzar a cobrarse durante octubre. El calendario se iniciará el jueves 8 y finalizará el jueves 15. Los titulares alcanzados reciben el bono extraordinario de hasta $70.000, según las condiciones previstas en el Decreto 1108/2026.

Con el refuerzo incluido, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez alcanzarán $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos llegará a $505.748,51.

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares correspondientes a las Pensiones No Contributivas se pagarán durante un período que comprende más de un mes.

Como referencia, la asignación por hijo tendrá un valor general de $156.588 y la correspondiente a hijo con discapacidad será de $509.863; los montos pueden variar según la zona de residencia.

• Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

La Prestación por Desempleo Plan 1 se abonará entre el 22 y el 28 de octubre. Para octubre, el monto de la prestación tendrá un piso de $191.900 y un tope de $383.800, sujeto a la situación laboral y a los aportes registrados de cada beneficiario.

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre.
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar la prestación entre el 2 y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI. El valor se determina de forma individual, dentro de los límites de $191.900 y $383.800 previstos para la prestación por desempleo.

La prestación por desempleo se solicita dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o a la finalización de la relación laboral. Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de acreditación y la entidad de cobro mediante la consulta disponible en los canales oficiales de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en octubre una actualización de 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones. Con ese ajuste, la jubilación mínima pasará a $435.748,51 y la AUH tendrá un valor general de $156.588 por hijo.

La actualización fue formalizada mediante las resoluciones 283 y 284/2026 de ANSES, publicadas en el Boletín Oficial. La movilidad toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de agosto, de acuerdo con el mecanismo vigente.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

El haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85, según la Resolución 284/2026 de ANSES.

Además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo. Por lo tanto, quienes cobren la jubilación mínima recibirán $505.748,51 en octubre, sin considerar descuentos que pudieran corresponder.

Para los beneficiarios que superen el haber mínimo, el refuerzo será el necesario para alcanzar el tope de $505.748,51. El Decreto 1108/2026 establece que el bono no es remunerativo, no tiene descuentos y se liquida por titular.

La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $199.335,05. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y, para quienes cumplan las condiciones del bono, el total ascenderá a $418.598,81.

De cuánto será la AUH de ANSES en octubre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un monto general de $156.588 por cada hijo. ANSES paga mensualmente el 80% de esa suma, por lo que el depósito habitual será de $125.270,40. El 20% restante, equivalente a $31.317,60, queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor general que la AUH. En tanto, la AUH por hijo con discapacidad será de $509.863.

En la zona diferencial integrada por La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, la AUH será de $203.565. La actualización de los montos y de los rangos de ingresos fue establecida en la Resolución 283/2026.

De cuánto serán los planes sociales en octubre

Las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima. En octubre, el haber será de $305.023,96 y llegará a $375.023,96 con el bono extraordinario de $70.000, siempre que el titular reúna las condiciones previstas por el decreto.

La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más tendrá un haber de $435.748,51. Con el refuerzo completo, el monto alcanzará $505.748,51.

El bono también comprende a titulares de pensiones no contributivas y pensiones graciables a cargo de ANSES. El pago se realizará durante octubre y corresponde a beneficios vigentes en ese mensual, conforme al Decreto 1108/2026.

La Asamblea Nacional comenzó a discutir dos proyectos que buscan incentivar la salida voluntaria de servidores públicos jubilados o con derecho a pensión, mediante compensaciones económicas vinculadas con sus años de servicio. Las iniciativas también persiguen abrir espacios para el relevo generacional dentro de las instituciones del Estado.

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, presidida por la diputada Janine Prado, realizó la primera jornada de consultas de los proyectos de ley 718 y 711. En la discusión participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Aunque ambos proyectos persiguen incentivar el retiro, establecen fórmulas diferentes para calcular cuánto recibirían los funcionarios. El proyecto 718, impulsado originalmente por Javier Sucre, plantea un programa dirigido a pensionados y jubilados, mientras el 711 propone una política nacional de relevo generacional.

El proyecto 718 permitiría acogerse al programa a quienes tengan al menos cinco años continuos de servicio acreditable en la administración pública y sean pensionados o jubilados de la Caja de Seguro Social. Además, deberán presentar su renuncia voluntaria con un mínimo de 30 días de anticipación.

La compensación prevista en esta iniciativa sería de un mes de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 meses, tomando como referencia los diez mejores años de sueldo en el servicio público. En ningún caso, el incentivo podría superar los $100,000.

El pago tendría además una condición tributaria favorable: estaría exento del Impuesto sobre la Renta. Al momento de abandonar el cargo, el funcionario conservaría el derecho a recibir la prima de antigüedad, vacaciones y otras prestaciones correspondientes, independientemente del incentivo por acogerse al programa.

Quienes reciban esa compensación quedarían impedidos de volver a ser contratados por cualquier institución estatal, ya sea mediante una posición permanente, eventual o servicios profesionales. La propuesta también establece una lista de funcionarios y actividades que quedarían excluidos del programa.

Entre las excepciones figuran miembros de la Fuerza Pública, funcionarios del Órgano Judicial y Ministerio Público, cargos de elección popular, personal del Servicio Exterior y bomberos permanentes. También quedarían fuera puestos esenciales de salud y de la administración estatal, además de servidores municipales y temporales.

El proyecto 711 presenta un esquema distinto. Para participar, el funcionario deberá estar activo, haber adquirido el derecho a una pensión por vejez y acreditar al menos diez años de servicio público, continuos o discontinuos. El retiro tendría que producirse mediante una renuncia libre, expresa y voluntaria.

Su escala comienza con cuatro meses de salario para quienes acrediten diez años de servicio. La compensación aumenta a seis meses al llegar a 15 años, ocho meses con 20 años y diez meses de remuneración para quienes acumulen 25 años o más.

Para antigüedades ubicadas entre esos rangos, el proyecto propone agregar el equivalente al 40% de un salario mensual por cada año completo adicional. El beneficio nunca podría superar diez meses de remuneración y utilizaría como referencia el sueldo devengado 12 meses antes de solicitar el retiro.

La propuesta de Augusto Palacios va más allá de entregar una compensación y plantea convertir el relevo generacional en una política permanente del Estado. Cada institución tendría que elaborar anualmente un plan que identifique cargos, necesidades de personal, potenciales beneficiarios y los recursos presupuestarios necesarios para financiar las salidas.

Las vacantes tampoco tendrían que ser reemplazadas automáticamente. El proyecto establece que cada posición liberada deberá evaluarse antes de decidir si continúa siendo necesaria, puede eliminarse, fusionarse o transformarse. Cuando corresponda cubrirla nuevamente, la intención es incorporar capacidades ajustadas a las nuevas necesidades institucionales y tecnológicas.

En materia presupuestaria, cada entidad tendría que incluir los recursos destinados a las bonificaciones dentro de su anteproyecto anual, estimando previamente cuántos funcionarios podrían acogerse. El Estado garantizaría la disponibilidad mediante el Presupuesto General, mientras las partidas aprobadas tendrían un uso exclusivo para estos pagos.

Otra diferencia aparece en la posibilidad de regresar al sector público. El proyecto 711 establece que quien reciba el incentivo no podrá volver a vincularse como servidor público, aunque deja abierta la contratación posterior para consultorías estatales. El proyecto 718, en cambio, prohíbe también la contratación mediante servicios profesionales.

Las iniciativas entran ahora en una fase de consultas en la que la subcomisión recibirá observaciones de instituciones y organizaciones interesadas antes de avanzar en su discusión. Los diputados deberán definir si ambas propuestas se mantienen separadas o cómo se armonizan sus diferencias sobre requisitos, montos, financiamiento y futuras contrataciones.

Una pareja de jubilados de hasta 74 años que alquila en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir su canasta de consumo en agosto de 2026, según los informes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. El monto subió 2,2% frente a julio y acumuló un alza interanual de 35,3%.

El resultado expone el efecto de la vivienda sobre los gastos de las personas mayores. Para una pareja con casa propia, la canasta se ubicó en $1.714.568, con una variación mensual de 2,4% y un incremento de 38,3% respecto de agosto de 2025. La distancia entre ambos hogares llegó a $811.651 mensuales.

El alquiler explica la diferencia de más de $800.000 entre propietarios e inquilinos

La canasta para una pareja inquilina contempla $1.390.706 en bienes y servicios básicos del hogar. En el caso de quienes tienen vivienda propia, ese componente fue de $579.055.

Dentro de ese rubro, el alquiler estimado para el hogar inquilino alcanzó $811.651. También se incluyen expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte. Para ambos tipos de hogar, las expensas representaron $202.913 y el transporte, $ 202.741.

El presupuesto de la pareja propietaria se completó con $638.994 para alimentos, $187.337 para salud, $73.287 para mantenimiento del hogar y $235.895 para bienes y servicios personales. La medición considera estándares de alimentación, vivienda, atención sanitaria, cuidados, indumentaria y esparcimiento, entre otros consumos.

La Defensoría construye seis perfiles de hogares, diferenciados por composición familiar, edad, condición de propietario o inquilino y contratación de prepaga. En agosto, la canasta más alta correspondió a una pareja jubilada con vivienda propia y cobertura privada de salud, que requirió $3.020.695.

Las canastas para mujeres mayores también superaron $1,5 millones en alquiler

Para una mujer de 75 años o más con vivienda propia, la canasta totalizó $ 949.448 en agosto, con una suba mensual de 2,1 %. Si cuenta con prepaga, el cálculo asciende a $ 1.602.512.

En tanto, una mujer de ese grupo etario que alquila necesitó $ 1.547.027. El valor aumentó 1,8 % respecto de julio y 33,9 % en los últimos doce meses. En ese hogar, los bienes y servicios básicos del hogar sumaron $ 978.682, de los cuales $ 597.579 correspondieron al alquiler.

Desde enero, las canastas acumularon incrementos de entre 15,8 % y 18,4 %, según el perfil relevado. La mayor variación interanual se registró en el hogar de una mujer de 75 años o más con vivienda propia, cuya canasta avanzó 38,5 % frente a agosto de 2025.

Los medicamentos cardiovasculares encabezaron las subas de agosto

El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de la Defensoría registró un aumento promedio de 2 % entre agosto y septiembre, período que se utiliza para medir la evolución mensual de la canasta relevada. En comparación con septiembre de 2025, el índice acumuló una suba de 27,7 %.

Los medicamentos cardiovasculares y para la presión fueron los que más aumentaron en el mes, con un promedio de 3,3 %. Les siguieron los psicofármacos, con 2,8 %, y los antiinflamatorios, con 1,9 %.

En la comparación interanual, los psicofármacos mostraron la mayor variación entre los grupos de medicamentos, con 36,8 %, seguidos por los cardiovasculares y para la presión, con 32,8 %. El IPM releva 99 productos de 34 principios activos y 37 laboratorios. Entre ambos relevamientos mensuales, 25 productos no registraron aumentos.

Los informes de la Defensoría se elaboran con precios de la Ciudad y buscan seguir la evolución del costo de bienes y servicios esenciales para las personas mayores. La entidad publicó los resultados de agosto en su nota Agosto: Una pareja jubilada que alquila necesitó $2.526.219.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de este año por presuntos incumplimientos a las leyes que protegen a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

La mayoría de esos reclamos corresponde a la Ley 6 de 1987, la norma que fija beneficios para jubilados, pensionados y personas mayores de 55 años en el caso de las mujeres o 60 años en el de los hombres.

Esa ley obliga a otorgar descuentos del 50% en entretenimiento, 30% en transporte interurbano, 25% en restaurantes y 20% en medicamentos, entre otros rubros. La tasa de interés concentró la mayor cantidad de denuncias, con 88 casos, seguida del descuento del 25% en restaurantes, con 72 quejas.

La falta de otorgamiento del descuento sumó 49 reclamos y la ausencia de letreros informativos, 48. También aparecieron 18 casos vinculados al 25% de rebaja en transporte aéreo, 12 por préstamos personales y comerciales y 7 por el 15% en comidas rápidas de franquicias nacionales e internacionales.

A partir de esas denuncias, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia impuso 32 sanciones en primera instancia por un total de $27,330.00. Nueve de esas multas correspondieron específicamente a irregularidades con la tasa de interés y representaron por sí solas $16,800.00 del monto total.

La Ley 134 de 2013 establece beneficios similares para las personas con discapacidad en Panamá y generó 51 quejas en el mismo período. La falta de letreros informativos fue la causa principal, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y del incumplimiento del 25% en restaurantes, con 5.

También se registraron denuncias por comidas rápidas con franquicias, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, servicios de televisión por cable e internet, y transporte aéreo.

Con base en esos reclamos, la institución aplicó dos sanciones en primera instancia por $600.00. Una, de $350.00, correspondió a un servicio de televisión por cable e internet; la otra, de $250.00, se originó por la ausencia de letreros informativos.

Acodeco recordó a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben aplicarse e informarse de manera correcta y visible a los consumidores que tienen derecho a ellos.

Por otra parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia cerró de forma definitiva el expediente del Snowland Panamá, el evento de nieve artificial que generó cientos de reclamos en diciembre de 2025.

La sanción final ascendió a $25,000 por publicidad engañosa, el monto máximo que permite aplicar la Ley 45 de 2007 para este tipo de infracciones.

El desenlace llega casi diez meses después de la polémica y confirma una cifra llamativa: solo 41 consumidores formalizaron sus quejas ante la autoridad, pese a los llamados públicos reiterados durante medio año. Entre todos ellos lograron recuperar $7,342.44.

El evento promocionado como una experiencia de nieve se realizó en diciembre de 2025 y provocó numerosas inconformidades entre quienes asistieron. Desde que se conocieron las irregularidades, la autoridad señaló que realizó gestiones y llamados públicos para que los afectados presentaran formalmente sus quejas, un requisito indispensable para tramitar cualquier devolución de dinero.

La institución mantuvo abierto el proceso durante aproximadamente seis meses con el objetivo de dar un plazo razonable a quienes consideraran vulnerados sus derechos. Pese a esa ventana extendida, la participación de los consumidores afectados terminó siendo limitada.

Con el cierre del expediente, la entidad reiteró que la publicidad debe corresponder con las características y condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos. La entidad adelantó que continuará aplicando las medidas que contempla la Ley 45 de 2007 ante prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $348.598,81 en octubre de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicara una actualización mensual del 1,66% sobre los haberes previsionales. Con la confirmación del bono extraordinario de $70.000 oficializado mediante el Decreto 1108/2026, el ingreso bruto total percibido por los titulares de esta prestación alcanzará los $418.598,81.

La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se calculó con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos quedaron formalizados a través de la Resolución 284/2026 y responden al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y fija las cifras que percibirán los beneficiarios durante octubre. El organismo previsional también actualizó las bases imponibles que se utilizan para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino.

De cuánto será la PUAM en octubre 2026

La PUAM de ANSES será de $348.598,81 desde octubre. La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

La cifra representa una suba de 1,66% frente al valor de septiembre, cuando el ingreso de esta prestación había sido de $342.872,98. El aumento se aplica de forma automática: quienes ya son titulares no deben hacer un trámite adicional para cobrar el monto actualizado.

El importe base de $348.598,81 corresponde al haber mensual puro de la prestación. Mediante la publicación del Decreto 1108/2026, el Gobierno nacional ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores recursos, motivo por el cual los beneficiarios de la PUAM percibirán un haber total consolidado de $418.598,81 durante el décimo mes del año.

La pensión tiene carácter no contributivo y vitalicio. Además del pago mensual, sus titulares acceden a la cobertura de PAMI y pueden solicitar asignaciones familiares si cumplen con las condiciones vigentes.

De cuánto serán las jubilaciones en octubre

La jubilación mínima será de $435.748,51 en octubre, mientras que el haber máximo llegará a $2.932.174,85. Ambos importes reflejan el incremento de 1,66% dispuesto para el décimo mes del año y no incluyen bonos extraordinarios que puedan establecerse por separado.

También cambiará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integra el cálculo de determinados beneficios del régimen general. Desde octubre, su importe será de $199.335,05. La resolución alcanza, a su vez, a las pensiones comprendidas en el sistema previsional nacional.

En materia de aportes, la base imponible mínima se fijó en $146.759,98 y la máxima en $4.769.631,49 para el período devengado de octubre. Estos topes determinan el rango de remuneraciones sobre el que se calculan aportes y contribuciones a la seguridad social.

La actualización de las prestaciones se vincula con el dato de inflación de agosto. El Decreto 274/2024 dispuso una movilidad mensual basada en el IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por lo que los haberes de cada mes toman como referencia el índice registrado dos meses antes.

En paralelo, las asignaciones familiares tendrán el mismo incremento porcentual del 1,66 % formalizado por la Resolución 283/2026. La normativa establece que quedarán excluidos del cobro aquellos grupos familiares cuyo ingreso total supere los $6.419.726, o bien aquellos hogares donde al menos uno de sus integrantes perciba una remuneración individual superior a $3.209.863. Los montos concretos varían según el ingreso del grupo familiar y la zona de residencia.

Quiénes pueden cobrar la PUAM de ANSES

Para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor, se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Tener 65 años o más.
• No cobrar ni tener derecho a una jubilación, retiro o pensión de organismos nacionales, provinciales o municipales.
• No percibir la prestación por desempleo al momento de iniciar el trámite.
• Ser argentino nativo o cumplir con la residencia exigida según la nacionalidad.
• Acreditar, en el caso de argentinos naturalizados, al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.
• Demostrar una residencia mínima de 20 años en la Argentina para las personas extranjeras.
• Mantener la residencia en el país una vez otorgada la prestación.

La ANSES realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial antes de otorgar el beneficio. Si una persona percibe una jubilación o pensión incompatible, debe renunciar a ella para poder iniciar el pedido de la PUAM.

El trámite puede iniciarse desde mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, tras verificar datos personales y familiares, o con turno en una oficina según la modalidad habilitada.

La Seguridad Social ha abonado en septiembre 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual que alcanza los 14.498,2 millones de euros. La mayor parte de estas prestaciones corresponde a las pensiones de jubilación, aunque también se incluyen las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y las destinadas a familiares.

Este número de pensiones se disparará en los próximos años, a juicio de Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Calcula que “en 2050 habrá seis millones más de pensiones y hay que ver cómo se mantiene eso; pasará del 13% del PIB al 16% o incluso más”. Por el momento, el importe de la pensión media del conjunto del sistema se situó en septiembre en 1.374,6 euros mensuales, un 4,6% más que el mismo mes del año pasado. En el caso de la pensión de jubilación, la cuantía media asciende a 1.576,1 euros al mes, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Estas prestaciones representan más de dos tercios del total de pensionistas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de septiembre incluye cerca de 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de viudedad. A ellas se suman 1,1 millones de prestaciones por incapacidad permanente, 335.900 de orfandad y 46.985 pensiones en favor de familiares.

Los autónomos cobran 672 euros menos de media que los jubilados del Régimen General

Las cuantías de las pensiones varían según el régimen de cotización. La pensión media de jubilación del Régimen General alcanza los 1.734,7 euros mensuales, mientras que entre los trabajadores autónomos se sitúa en 1.062,8 euros, lo que supone 672 euros menos. En la Minería del Carbón, la media llega a 3.005,7 euros, y en el Régimen del Mar alcanza los 1.741,2 euros.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la prestación media fue de 1.711,4 euros mensuales en agosto, último mes con datos disponibles. Estas nuevas prestaciones “tienen una cuantía superior a las que causan baja”, señala Inés Olóndriz. En cuanto a la pensión media de viudedad, se situó en 976,3 euros al mes, según las cifras facilitadas por la Seguridad Social.

El grueso de los 14.498,2 millones de euros de la nómina contributiva se destina a las jubilaciones. En concreto, absorben 10.654,6 millones, el 73,5% del total. Las pensiones de viudedad reciben 2.288,4 millones; las de incapacidad permanente, 1.330,9 millones; las de orfandad, 185,5 millones; y las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones.

Más trabajadores retrasan la jubilación

Uno de los cambios que reflejan las estadísticas es el aumento de las jubilaciones demoradas voluntariamente. Hasta agosto de 2026 se contabilizaron 247.161 nuevas altas de jubilación, de las que el 11,6% correspondieron a personas que decidieron retrasar voluntariamente su retiro.

Ese porcentaje es 6,8 puntos superior al registrado en 2019. En paralelo, la edad media de acceso a la jubilación ha aumentado: en 2026 se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de media registrados en 2019.

La Seguridad Social vincula esta evolución a los cambios introducidos en los últimos años para incentivar el retraso voluntario de la jubilación y a la modificación de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Además, el 68,9% de las nuevas jubilaciones registradas hasta agosto se produjo a la edad ordinaria, con 170.211 altas.

El complemento por hijos alcanza a 1,7 millones de pensiones

La estadística también recoge la evolución del complemento para la reducción de la brecha de género. En septiembre, un total de 1.693.659 pensiones incorporan esta ayuda, de las que el 69,8% tienen como titulares a mujeres, un total de 1.181.434 pensionistas.

El importe medio mensual del complemento asciende a 76,7 euros. La mayoría de las pensiones complementadas corresponden a beneficiarios con dos hijos: 862.404, el 50,9% del total. Otras 399.086 corresponden a pensionistas con un hijo, mientras que 296.416 tienen tres hijos y 135.732, cuatro o más.

El complemento está vigente desde febrero de 2021 y en 2026 su cuantía se ha situado en 36,9 euros mensuales por hijo. La prestación debe solicitarse en el mismo momento en que se tramita la pensión.

Clases Pasivas elevan su nómina un 5,9%

Por otra parte, la nómina mensual de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en agosto, último dato disponible. La cifra supone un incremento de 99,2 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a un crecimiento del 5,9%. El número de pensiones en vigor alcanzó las 740.431, unas 14.800 más que un año antes, lo que supone un aumento del 2%. Estas prestaciones corresponden a 720.276 pensionistas.

El régimen incluye fundamentalmente al personal militar y a determinados trabajadores civiles de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales y estatales, además de funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Jubilarse ya no significa necesariamente abandonar de forma inmediata el mercado laboral al alcanzar la edad ordinaria de retiro. En 2026, esta se sitúa en los 66 años y 10 meses para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, mientras que quienes hayan alcanzado ese periodo pueden retirarse a los 65 años. A partir de ahí, la Seguridad Social ofrece distintas fórmulas que permiten adelantar o retrasar el retiro, reducir progresivamente la jornada, compatibilizar el trabajo con el cobro de una parte de la pensión o incluso reincorporarse a un empleo a tiempo parcial después de haberse jubilado.

La elección del tipo de jubilación depende de factores como la edad, los años cotizados, la situación económica y familiar y, sobre todo, de las prioridades de cada trabajador. Los expertos en pensiones de BBVA aseguran que “no hay una modalidad mejor que las otras, la idoneidad depende de tu prioridad principal”.

El sistema contempla distintas modalidades de jubilación, y entre ellas destacan cuatro: anticipada, parcial, activa y flexible. Cada una ofrece una fórmula diferente para adelantar o prolongar el retiro y, en determinados casos, compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo. Todas están sujetas a requisitos específicos y pueden tener un impacto distinto sobre la cuantía final de la pensión.

Jubilación anticipada: retirarse antes, pero con menos pensión

La jubilación anticipada permite poner fin a la vida laboral antes de alcanzar la edad ordinaria de retiro. En su modalidad voluntaria, adelantar la jubilación tiene un coste permanente sobre la pensión: se aplican coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la prestación y que, por regla general, son mayores cuanto más se anticipa el retiro.

El impacto puede ser significativo. Los expertos en pensiones de BBVA plantean el supuesto de una persona con 38 años cotizados y una pensión inicial de 2.000 euros antes de aplicar los coeficientes reductores. Si adelanta la jubilación 24 meses, podría quedarse en unos 1.580 euros mensuales, mientras que con un adelanto de 20 meses la pensión sería de unos 1.780 euros. Cuatro meses de diferencia supondrían así 200 euros menos al mes de forma permanente.

Esta merma en la prestación hace que “la jubilación anticipada no sea una opción adecuada si únicamente te quedan unos meses para alcanzar la edad legal ordinaria de retiro y solicitas la jubilación anticipada voluntaria por el impulso de no querer ir más a trabajar tras tantos y agotadores años”, señalan los expertos de BBVA.

Inciden en que el perjuicio económico acompañará al pensionista “de por vida”. Por ello recomiendan “agotar primero la prestación por desempleo -en la que el Servicio Público de Empleo sigue cotizando por ti por bases iguales a las que tenías en los 180 días previos al acceso a la misma- y, en la medida de lo posible, situar la solicitud de jubilación a final de año, para beneficiarte de la subida de pensiones del año siguiente”.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria para trabajadores que han perdido su empleo en determinadas circunstancias es posible acceder hasta cuatro años antes de la edad legal ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, entre ellos haber permanecido al menos seis meses inscrito como demandante de empleo. Sus coeficientes reductores son menos penalizadores que los de la jubilación anticipada voluntaria.

Jubilación parcial: pensionista y trabajador a la vez

Para quienes no quieren abandonar de golpe la actividad laboral existe la jubilación parcial. Esta fórmula permite reducir la jornada, cobrar parte de la pensión y continuar trabajando, al tiempo que la empresa incorpora a un trabajador relevista en los supuestos en los que se exige contrato de relevo.

La reducción de jornada suele situarse entre el 25% y el 75%, aunque en determinados supuestos de acceso anticipado queda limitada, durante el primer año, a entre el 20% y el 33%. Además, para acceder a la jubilación parcial mediante un contrato de relevo, se exige una antigüedad mínima de seis años en la empresa y que esta formalice con el relevista un contrato indefinido y a tiempo completo.

La fórmula plantea una transición gradual entre la vida laboral y la jubilación completa. En lugar de abandonar inmediatamente el empleo, el trabajador reduce su carga de trabajo y comienza a percibir parte de la pensión. El objetivo es prolongar de forma progresiva la salida de la actividad y facilitar al mismo tiempo la renovación de la plantilla.

“No se trata de cobrar menos, sino de cambiar una parte de la pensión por un periodo de transición de activo a pasivo más largo y progresivo, con una menor carga de trabajo”, subrayan los expertos.

Jubilación activa: seguir trabajando después de la edad legal de retiro

La jubilación activa está dirigida a quienes ya han alcanzado la edad legal y optan por continuar trabajando mientras compatibilizan el empleo con un porcentaje de su pensión. Se puede acceder a ella a partir de un año después de que el causante de la pensión haya cumplido la edad legal de jubilación que en su caso resulte de aplicación. “Cuanto más tardes en acceder a la jubilación activa desde que cumplas la edad de jubilación ordinaria, mayor será el porcentaje de pensión compatible”, informan los expertos.

Con un año de retraso se puede cobrar el 45% de la pensión íntegra que correspondería; con dos años, el 55%; con tres, el 65%; con cuatro, el 80%; y con cinco años o más, el 100%. Durante la jubilación activa, la pensión continúa revalorizándose con la inflación y cuando termina el trabajo compatible se recupera automáticamente su importe íntegro.

Esta modalidad solo se aplica al trabajo en el sector privado, tanto para los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, y exige haberse jubilado previamente y estar cobrando la pensión.

Jubilación flexible: volver a trabajar después de retirarse

La cuarta alternativa es la jubilación flexible, destinada a quienes ya se han jubilado y cobran la pensión completa, pero posteriormente deciden reincorporarse a un trabajo a tiempo parcial. La diferencia fundamental respecto a la jubilación activa radica en el momento en el que se toma la decisión: la activa permite seguir trabajando al acceder a la jubilación, mientras que la flexible supone volver al empleo después de haberse retirado.

En este caso, la pensión se reduce en proporción inversa a la jornada realizada. El trabajo a tiempo parcial puede situarse entre el 33% y el 80% de la jornada completa. Por ejemplo, si se trabaja el 60% de la jornada, se percibe el 40% de la pensión.

La reforma de 2026 ha incorporado además nuevos incentivos. Si la reincorporación se produce al menos seis meses después de la jubilación y la jornada se sitúa entre el 55% y el 80%, puede obtenerse un complemento adicional del 25% sobre la pensión original. Para jornadas de entre el 33% y el 55%, el complemento es del 15%.

La importancia de hacer números

Los expertos recomiendan calcular, antes de decidir la modalidad de jubilación y la fecha de acceso, al menos la diferencia de pensión mensual que supondría retrasar unos meses la jubilación y el ingreso total que se obtendría al sumar salario y pensión en una situación de compatibilidad.

“Cuando falta menos de un año para la edad legal de retiro, normalmente el beneficio económico de esperar unos meses más supera ampliamente la satisfacción de dejar el trabajo unos meses antes”, indican los analistas de pensiones de BBVA.

Más de 30,000 jubilados del Magisterio Nacional de Costa Rica buscan poner fin al congelamiento de sus pensiones mediante una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, después de permanecer por más de cinco años sin ajustes en sus ingresos por costo de vida.

La gestión fue interpuesta por la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), que solicita a los magistrados ordenar al Ministerio de Hacienda la aplicación de incrementos automáticos y semestrales a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) amparadas en las leyes N.º 2248 y N.º 7268.

Según la organización, más del 65 % de las personas pensionadas de este régimen mantienen sus ingresos congelados desde enero de 2021, una situación que, a su criterio, ha deteriorado progresivamente su capacidad adquisitiva frente al aumento acumulado en el costo de vida.

La acción cuestiona específicamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.º 7531, denominada Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al considerar que el marco normativo genera un trato diferente entre personas jubiladas pertenecientes a un mismo sistema.

Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA, manifestó que la organización decidió acudir a la jurisdicción constitucional después de que una iniciativa legislativa dirigida a permitir ajustes en las pensiones de menores montos fuera vetada por el Poder Ejecutivo.

“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional, con el debido fundamento, para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación”, afirmó el representante de la asociación.

¿Por qué están congeladas las pensiones del Magisterio?

El reclamo se relaciona con la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.º 9635, que contempla restricciones sobre el crecimiento del gasto público cuando la deuda del Gobierno Central alcanza determinados niveles respecto al producto interno bruto (PIB).

La organización sostiene que las restricciones aplicadas cuando la deuda pública superó el 60 % del PIB contribuyeron al estancamiento de los ingresos de miles de pensionados.

Sin embargo, considera que la propia normativa fiscal contiene disposiciones que impiden congelar las revalorizaciones por costo de vida de las personas jubiladas.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) ha explicado que los ajustes correspondientes a las pensiones otorgadas bajo las leyes 2248 y 7268 están vinculados con los aumentos salariales decretados para los trabajadores activos del sector educativo.

Por esa razón, cuando no se autorizan incrementos salariales para esos funcionarios, tampoco se generan los decretos que permiten tramitar los ajustes correspondientes a las personas jubiladas bajo esas leyes.

JUPEMA también ha señalado que no dispone de autonomía legal para ordenar unilateralmente los aumentos del Régimen Transitorio de Reparto, debido a que estas pensiones son pagadas por el Estado mediante el presupuesto nacional.

Reclaman diferencias entre pensionados de un mismo régimen

Uno de los principales argumentos de AJA es que no todas las personas jubiladas del Régimen Transitorio de Reparto reciben el mismo tratamiento en materia de ajustes por costo de vida.

Mientras más de 30,000 pensionados amparados en las leyes 2248 y 7268 mantienen sus ingresos sin incrementos, la organización señala que aproximadamente 16,000 personas jubiladas bajo la Ley 7531 cuentan con un mecanismo de revalorización automática semestral, vinculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El artículo 79 de esa normativa establece que las prestaciones contempladas en el título correspondiente deben revalorizarse de acuerdo con el aumento del costo de vida, mediante un porcentaje equivalente al IPC y con periodicidad semestral.

La asociación aclaró que no pretende eliminar ese mecanismo para quienes actualmente lo tienen reconocido, sino extender una protección equivalente a las personas jubiladas que permanecen sin ajustes.

El reclamo plantea que la diferencia podría vulnerar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como las garantías relacionadas con los derechos adquiridos y la protección de las pensiones.

Estas alegaciones forman parte de la acción presentada y corresponderá a la Sala Constitucional determinar si existe una vulneración de los derechos invocados por la organización.

El costo de vida aumentó un 9.04 % entre 2021 y 2025

La pérdida de poder adquisitivo constituye otro de los argumentos centrales de la gestión judicial.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) citados por AJA, entre enero de 2021 y diciembre de 2025 el costo de vida acumuló un crecimiento del 9.04 %.

Durante ese período, Costa Rica también experimentó un episodio de inflación elevada en 2022, cuando la variación interanual de los precios alcanzó un máximo del 13.06 %.

Aunque posteriormente se registraron períodos de inflación más baja e incluso variaciones negativas, el reclamo se concentra en el efecto acumulado de los precios sobre las pensiones que permanecieron sin revalorizaciones.

De acuerdo con el INEC, Costa Rica cerró 2025 con una inflación interanual negativa del 1,23 %.

Para comprender el efecto del aumento acumulado de precios, una persona que recibía una pensión mensual de ¢500,000 (USD 1,091) en enero de 2021 habría necesitado aproximadamente ¢545,200 (USD 1,190) al finalizar 2025 para mantener una capacidad de compra equivalente, tomando como referencia el 9,04 % señalado por AJA.

La asociación sostiene que el congelamiento ha afectado especialmente la capacidad de las personas adultas mayores para cubrir alimentación, servicios, atención médica y otras necesidades básicas.

Rodrigo Chaves había vetado un proyecto para descongelar las pensiones

El reclamo judicial tiene como antecedente una iniciativa legislativa que buscaba permitir la revalorización de determinadas pensiones del Magisterio Nacional.

El expediente N.º 24.353 fue aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa el 14 de abril de 2026 y contemplaba ajustes automáticos cada seis meses, conforme a la variación del IPC, para pensiones iguales o inferiores a ¢2 millones (USD 4,366)

Sin embargo, el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles vetó totalmente la iniciativa el 28 de abril de 2026, antes de concluir su mandato presidencial.

El Ejecutivo argumentó que la propuesta crearía obligaciones permanentes de gasto para el Estado sin establecer una fuente específica de financiamiento, además de incrementar la rigidez del presupuesto nacional.

También cuestionó el impacto que tendría sobre las finanzas públicas y la regla fiscal.

Por su parte, la asociación de jubilados considera que el veto impidió avanzar por la vía legislativa hacia una solución para las personas afectadas, motivo por el cual decidió presentar el reclamo constitucional.

¿Qué pasará ahora con las pensiones?

La acción presentada por AJA busca que los magistrados ordenen al Ministerio de Hacienda aplicar automáticamente los ajustes semestrales por IPC a las pensiones de las leyes 2248 y 7268.

La organización fundamenta su solicitud en los principios de igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos, además de la protección del derecho a la pensión.

Según sus argumentos, la falta de ajustes ha reducido el valor real de los ingresos reconocidos a las personas jubiladas, sin que exista una justificación suficiente para mantener diferencias dentro del mismo régimen.

La presentación de la acción, sin embargo, no implica que las pensiones vayan a aumentar de inmediato ni que exista todavía una orden judicial para descongelarlas.

Corresponderá a la Sala Constitucional determinar el trámite del expediente y resolver los cuestionamientos formulados contra las disposiciones legales señaladas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes previsionales para octubre mediante la publicación de la resolución 284/2026 en el Boletín Oficial. El incremento es del 1,66%, en línea con el último dato de inflación disponible, y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El organismo previsional argentino administra las prestaciones de millones de beneficiarios en todo el país, desde jubilados y pensionados hasta titulares de programas de asistencia social. La periodicidad de los ajustes responde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que indexa los haberes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato que rige para octubre corresponde a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del período anterior.

Este esquema de actualización mensual busca preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la variación de precios. La resolución publicada también extiende el ajuste a los montos de las asignaciones familiares y modifica los rangos de remuneraciones imponibles que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Paralelamente, resta que el Gobierno oficialice el bono previsional extraordinario de $70.000 que abona desde 2024.

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

Con el aumento del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51 en octubre de 2026. De mantenerse el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno abona desde 2024, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional ascendería a $505.748,51. El haber máximo, por su parte, quedó fijado en $2.932.174,85; ese grupo no accede al refuerzo extraordinario. Ambos montos surgen de la resolución 284/2026 y rigen para el régimen general de jubilaciones.

La medida también actualiza el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que integrará el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. A partir de octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05. Su actualización forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES por la normativa vigente.

Asimismo, la resolución modifica las remuneraciones imponibles sobre las que se calculan los aportes al sistema. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la base máxima ascenderá a $4.769.631,49.

De cuánto serán las pensiones de ANSES en octubre 2026

El incremento del 1,66% también alcanza a las pensiones incluidas en el esquema previsional. En ese marco, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.598,81 en octubre de 2026.

La PUAM, prevista en la Ley Nº 27.260, se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Al igual que el resto de las prestaciones comprendidas en la resolución 284/2026, su actualización responde al índice de inflación del período anterior, correspondiente a agosto.

De cuánto serán los planes sociales de ANSES en octubre 2026

Todos los planes sociales que administra ANSES recibirán en octubre un incremento del 1,66%, el mismo porcentaje que rige para jubilaciones y pensiones.

El ajuste surge de forma automática a partir del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes —es decir, la de agosto—, sin necesidad de una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

El aumento alcanza a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, las Pensiones No Contributivas y otros programas bajo la órbita del organismo. En cada caso, el nuevo monto resulta de aplicar el 1,66% sobre el valor que cada prestación tenía en septiembre de 2026.

Dinamarca se posicionó como el tercer mejor sistema de pensiones del mundo, según el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, con una calificación global de 82 puntos sobre 100, solo por detrás de Países Bajos y de Islandia. Veamos en este artículo qué es lo que sitúa a este país como uno de los que tienen la mejor previsión para pagar las jubilaciones, sin miedo a que no sean sostenibles. En primer lugar, cuenta con un sistema de pensiones que combina una prestación estatal, un fondo obligatorio de cobertura amplia y planes laborales financiados durante la vida activa. Es decir, combina los recursos públicos y privados.

La pensión pública, conocida como folkepension, funciona como la base del esquema. Se financia mediante impuestos y se cobra al alcanzar la edad legal de retiro, siempre que se cumplan los requisitos de residencia, según detalla State Pension. Su importe incluye una cuantía básica y complementos que dependen de los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del beneficiario. También existen ayudas para gastos de calefacción, medicamentos, atención dental u otras necesidades.

La diferencia central con sistemas centrados casi por completo en la jubilación pública es que la pensión estatal danesa no pretende reemplazar por sí sola el salario previo al retiro. Su función es asegurar un ingreso mínimo y reducir el riesgo de pobreza en la vejez, mientras que una parte importante de los recursos procede de las aportaciones acumuladas por los trabajadores y sus empleadores, tal como explica el fondo de pensiones ATP.

La edad de jubilación llega hasta los 70 años

La edad estatal de jubilación en Dinamarca depende de la fecha de nacimiento, según la tabla publicada en ATP Livslang Pension | Life in Denmark. Quienes nacieron entre el 1 de julio de 1955 y el 31 de diciembre de 1962 acceden a la pensión a los 67 años. La edad sube a 68 años para los nacidos entre 1963 y 1966, a 69 para los nacidos entre 1967 y 1970, y a 70 años para quienes nacieron a partir de 1971, de acuerdo con esa misma página oficial.

El modelo prevé que el Parlamento danés pueda modificar esa edad, aunque debe hacerlo con una antelación de 15 años. El diseño busca vincular el retiro con la evolución de la esperanza de vida y contener el impacto del envejecimiento demográfico sobre las cuentas públicas.

La Administración de Pensiones del Mercado Laboral, conocida como ATP, paga su prestación desde que la persona alcanza la edad estatal. El cobro puede aplazarse hasta cinco años.La pensión pública, en cambio, exige una solicitud: no se concede de manera automática.

El ATP cubre a empleados y a buena parte de quienes reciben prestaciones sociales

El segundo pilar del sistema es ATP Livslang Pension, un fondo colectivo creado para complementar la prestación estatal. Abarca a todos los trabajadores asalariados y a casi todas las personas que cobran transferencias sociales, como prestaciones por desempleo o enfermedad. Las contribuciones las realizan el empleador y el trabajador; en algunos casos, el Estado aporta las cuotas correspondientes.

ATP ofrece una renta mensual y vitalicia. La entidad explica que sus miembros reciben el pago desde la jubilación hasta su fallecimiento, con independencia de las variaciones de los mercados, según The ATP Group, Annual Report 2024. El esquema distribuye el riesgo de longevidad entre millones de afiliados y respalda las obligaciones mediante inversiones y coberturas financieras, de acuerdo con el mismo informe.

Según el reporte de resultados del primer semestre de 2026 difundido por ATP, la entidad tiene 5,8 millones de afiliados, de los cuales 1,1 millones ya cobran su pensión, y administra un patrimonio de 721.000 millones de coronas danesas destinado a esas obligaciones.

Las aportaciones se dividen entre garantía y rendimiento de mercado

La particularidad técnica de ATP está en la distribución de las contribuciones. Después de algunos descuentos para seguros y otros conceptos, el 80% se destina a una parte garantizada y el 20% a una reserva colectiva de bonificación.

La porción garantizada genera un derecho individual a pensión vitalicia. La reserva común busca sostener el valor de las prestaciones, compensar un aumento de la longevidad superior al previsto y permitir mejoras de las pensiones si los resultados financieros lo permiten. Para los afiliados a más de 15 años de la jubilación, una parte de la contribución garantizada queda expuesta a inversiones de mercado; el peso de esa exposición disminuye a medida que se acerca la edad de retiro, según el documento citado.

Este mecanismo combina previsibilidad para quienes están próximos a jubilarse y mayor posibilidad de rentabilidad para los trabajadores jóvenes, que cuentan con un horizonte de inversión más largo.

Los convenios laborales completan el ingreso durante la vejez

El tercer componente son las pensiones ocupacionales. Se negocian en convenios colectivos o contratos de empleo y reciben aportaciones periódicas de empleadores y trabajadores. No son una obligación legal universal, pero su alcance es amplio: los planes de este tipo cubrían alrededor del 90% de los empleados a tiempo completo, de acuerdo con el estudio OECD Economic Surveys: Denmark 2024, publicado por el Ministerio de Finanzas danés.

La combinación entre una garantía pública, un fondo colectivo obligatorio y ahorro vinculado al empleo reduce la dependencia de una única fuente de ingresos. Para quienes no lograron construir una pensión laboral suficiente, el sistema estatal conserva complementos sujetos a ingresos y patrimonio.

Las condiciones de los jubilados españoles han mejorado este año respecto al pasado, pero aún siguen lejos de las que disfrutan otros retirados europeos. Según recoge el Global Retirement Index (GRI) 2026 elaborado por Natixis Investment Managers, España ha subido seis posiciones en el ranking, pero continúa instalada en la parte baja de la clasificación internacional sobre las condiciones para la jubilación. Ocupa el puesto 33 de los 44 analizados, con una puntuación global del 56%, ocho puntos porcentuales más que un año antes.

Esta escalada permite a España abandonar el último puesto entre los países de la Unión Europea incluidos en el índice, una posición que pasa a ocupar Grecia, en el puesto 36. Finlandia aparece en el 35 y Letonia en el 34. Pese al avance al puesto 33, España todavía queda por detrás de otros países del sur de Europa: Italia ocupa el puesto 26 y Portugal, el 30.

El índice elaborado por Natixis evalúa 18 indicadores agrupados en cuatro grandes áreas: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. La mejora española se produce en la mayoría de estos subíndices, aunque el resultado global mantiene al país alejado de los primeros puestos de la clasificación.

La jubilación afronta una presión creciente

El informe sitúa el resultado español en un contexto internacional marcado por el aumento de las dificultades para garantizar la seguridad económica durante la jubilación. El envejecimiento acelerado de la población, los elevados niveles de deuda pública y la persistencia de la inflación están sometiendo a una presión creciente a los sistemas de pensiones.

En este escenario, el aumento de la esperanza de vida implica que las prestaciones deben mantenerse durante más años, mientras que la reducción relativa del número de trabajadores que realizan aportaciones incrementa la presión sobre los sistemas públicos. Al mismo tiempo, la inflación reduce la capacidad de ahorro de los particulares y puede deteriorar el poder adquisitivo de los ingresos destinados a la jubilación.

El 78% de los inversores particulares encuestados por Natixis en 21 países considera que cada vez recae más sobre ellos la responsabilidad de financiar su propia jubilación. Hace diez años, ese porcentaje era del 67%. La encuesta fue realizada entre 7.050 inversores durante febrero y marzo de 2025.

Las principales preocupaciones reflejan esa incertidumbre. El 40% teme no disponer de suficiente dinero para disfrutar de la jubilación, mientras que el 38% señala el impacto que puede tener la inflación sobre sus planes. Otro 33% teme posibles déficits en las prestaciones y un 25% reconoce que le preocupa no llegar nunca a ahorrar lo suficiente para retirarse.

El miedo a no llegar a un retiro seguro

La percepción de inseguridad llega hasta el punto de que el 43% de los inversores particulares a escala mundial considera que hará falta “un milagro” para alcanzar la seguridad durante la jubilación. Entre los inversores de alto patrimonio, esta opinión es compartida por aproximadamente un tercio de los encuestados.

Natixis plantea en su informe varias líneas de actuación para reforzar la preparación financiera de los ciudadanos. Entre ellas figura ampliar el acceso a planes de ahorro complementarios, impulsar sistemas de inscripción automática y favorecer la acumulación de activos destinados a proporcionar ingresos durante la jubilación.

Noruega repite el liderazgo mundial

En la parte alta de la clasificación, Noruega conserva por segundo año consecutivo el primer puesto del Global Retirement Index, con una puntuación del 83%. Irlanda ocupa la segunda posición, con un 81%, mientras que Países Bajos asciende del sexto al tercer puesto con un 79%, su mejor resultado histórico. Suiza y Dinamarca completan los cinco primeros puestos.

Islandia protagoniza uno de los descensos más destacados: cae cinco posiciones, hasta la novena, principalmente por el deterioro de su bienestar material tras el aumento del desempleo. Entre las grandes economías desarrolladas, Alemania obtiene el mejor resultado, con un 75%, y asciende un puesto hasta el séptimo de la clasificación mundial.

Reino Unido, con un 72%, ocupa el puesto 15 del ranking general, mientras que Estados Unidos baja tres posiciones hasta el puesto 24 y reduce su puntuación del 70% al 68%. Los movimientos muestran que incluso los sistemas situados en posiciones elevadas pueden experimentar retrocesos cuando empeoran las condiciones económicas y sociales que determinan la seguridad durante la jubilación.

Finlandia cae y Polonia remonta

Finlandia registra el mayor descenso de la clasificación: pierde 12 posiciones y cae hasta el puesto 35, después de reducir su puntuación del 66% al 54%. En el extremo contrario, Polonia protagoniza uno de los avances más significativos al subir nueve puestos, hasta el 19, y entrar por primera vez en el ‘top 25’.

Japón también mejora una posición y se sitúa en el puesto 25, mientras que Suecia pierde cuatro puestos y queda en el 22. Los cambios reflejan la evolución de los distintos componentes que analiza el índice y no únicamente la situación de los sistemas públicos de pensiones.

Costa Rica volvió a figurar en una clasificación internacional que analiza las condiciones de vida y las oportunidades que ofrecen distintos países para quienes consideran establecer su residencia fuera de su lugar de origen.

El país alcanzó la posición 20 mundial en el Índice Global de Reubicación 2026 (Rumavi Global Relocation Index), una evaluación que contempla 192 países y territorios mediante indicadores relacionados con la calidad de vida, la salud, la seguridad, las condiciones económicas y las posibilidades de adaptación de los residentes extranjeros.

Con una calificación de 68.7 puntos sobre 100, Costa Rica apareció por encima de destinos como España, Panamá, Suiza, Uruguay, Canadá y México en la clasificación general.

El informe fue elaborado por Rumavi, una firma especializada en asesoría internacional sobre reubicación, residencia e inversión.

La investigación utiliza 24 indicadores distribuidos en cuatro grandes componentes: finanzas e impuestos; habitabilidad y salud; seguridad y estabilidad; y establecimiento y oportunidades.

A diferencia de otros estudios que evalúan exclusivamente el bienestar de la población residente, este índice busca identificar las condiciones que puede encontrar una persona al trasladarse a vivir a otro país.

Para ello, incorpora factores como el costo de vida, los sistemas sanitarios, la calidad del aire, el acceso a visas, las oportunidades empresariales, la tributación de ingresos provenientes del extranjero y las condiciones de seguridad.

Según los resultados publicados por Rumavi, Costa Rica obtuvo 72.5 puntos en finanzas e impuestos; 74.5 en habitabilidad y salud; 6.,4 en seguridad y estabilidad; y 60 puntos en establecimiento y oportunidades.

Costa Rica supera a Panamá, Uruguay y Canadá

Uno de los aspectos que destaca en el estudio es la ubicación de Costa Rica frente a otros países de América.

Mientras el territorio costarricense alcanzó la posición 20 con 68.7 puntos, Panamá apareció en el lugar 23, con 68.3 puntos, y Uruguay en el puesto 35, con 67.4 puntos.

Canadá, por su parte, se ubicó en la posición 41, con una puntuación de 66.8.

La diferencia entre Costa Rica y Canadá responde al conjunto de variables utilizadas por el estudio, que contempla aspectos fiscales, climáticos y económicos, además de los indicadores tradicionales de bienestar.

Por ejemplo, el territorio canadiense obtuvo calificaciones elevadas en infraestructura bancaria y acceso al idioma inglés, pero registró menores puntuaciones en determinados indicadores relacionados con impuestos y condiciones climáticas.

En el caso costarricense, el estudio identificó puntuaciones elevadas en el tratamiento fiscal de los ingresos procedentes del extranjero, las facilidades para obtener visas y los derechos de propiedad para personas no ciudadanas.

Salud, clima y condiciones para jubilados destacan en la evaluación

El componente de habitabilidad y salud fue el que registró la puntuación más elevada de Costa Rica, con 74.5 puntos sobre 100.

Dentro de esta categoría, la investigación asignó al país 70 puntos en calidad de los servicios sanitarios y 75 en accesibilidad económica de la atención médica.

La calidad del aire obtuvo 78 puntos, mientras que las condiciones climáticas alcanzaron 76 y la infraestructura digital registró 80.

Estos indicadores forman parte de la evaluación que realiza Rumavi sobre las posibilidades de desarrollar una vida cotidiana en el país y acceder a servicios considerados relevantes para una residencia prolongada.

Otro de los resultados corresponde a la clasificación específica para personas jubiladas.

Costa Rica alcanzó el quinto lugar mundial entre los destinos para jubilados, con 73.5 puntos sobre 100, una categoría que asigna especial importancia a los servicios médicos, el costo de vida, la seguridad y las condiciones tributarias.

El estudio también destacó que el país permite acceder a una categoría migratoria específica para pensionados, una característica que se incorpora a la evaluación de las facilidades para establecerse en territorio costarricense.

La seguridad y las oportunidades empresariales representan desafíos

A pesar de la ubicación alcanzada en el ranking, el informe también identifica aspectos en los que Costa Rica presenta puntuaciones considerablemente menores.

Uno de ellos corresponde a la seguridad de las calles, indicador que recibió 46.1 puntos sobre 100, mientras que el componente general de seguridad y estabilidad alcanzó 62.4.

Este último considera otras variables, entre ellas el Estado de derecho, la estabilidad política, el riesgo de conflictos y los derechos de propiedad para personas extranjeras.

En el apartado económico, la investigación también señala limitaciones relacionadas con el desarrollo empresarial.

El ecosistema de emprendimientos obtuvo 37 puntos, mientras que las oportunidades de negocio registraron una puntuación de 51.

¿Cuáles son los países que encabezan el ranking mundial?

En la clasificación general de 2026, Estonia ocupó la primera posición mundial con 72.8 puntos sobre 100, seguida de Singapur, con 72.6, y Malasia, con 72.

Portugal apareció en el cuarto puesto, con 71.6 puntos, mientras que Taiwán completó los primeros cinco lugares, con 71.4.

También figuraron entre los diez primeros destinos Lituania, Hong Kong, San Cristóbal y Nieves, República Checa y Malta.

De acuerdo con la metodología publicada por Rumavi, las puntuaciones se construyen mediante información procedente de organismos y estudios internacionales, complementada con estimaciones y evaluaciones propias de la firma en determinadas variables.

En el caso de Costa Rica, 14 de los 24 indicadores cuentan con datos identificados por Rumavi como procedentes de fuentes institucionales, mientras que el resto incorpora otros tipos de estimación o valoración.

Las pensiones españolas afrontan un escenario marcado por el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del ‘baby-boom’, pero las últimas reformas habrían conseguido mejorar la sostenibilidad estructural del sistema español a largo plazo hasta convertir a España en el país europeo donde mejora más la viabilidad de las pensiones.

Esta es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio publicado por Fedea, elaborado por investigadores de las Universidades de Valencia y Extremadura, que propone un nuevo indicador para medir la sostenibilidad económica, financiera y actuarial de los sistemas públicos de pensiones de la Unión Europea.

El estudio titulado Indicadores de equilibrio y sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones europeos a partir del Ageing Report, ha sido elaborado por José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, e introduce una metodología diferente al tradicional análisis del equilibrio financiero anual.

En lugar de limitarse a comparar los ingresos y gastos agregados del sistema, el nuevo indicador pone en relación el valor de las pensiones recibidas con el de las cotizaciones realizadas por una cohorte durante toda su vida laboral, descontando ambas magnitudes al mismo momento temporal.

El resultado cambia parcialmente el diagnóstico sobre España. Aunque el envejecimiento seguirá presionando las cuentas públicas, el indicador estructural apunta a que el sistema español sería el que más mejoraría entre los países comparados —Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia—. Los autores vinculan esta evolución a las reformas aprobadas en 2021 y 2023, orientadas a reforzar los ingresos y elevar la edad efectiva de jubilación.

El coste del envejecimiento seguirá pesando

El estudio no cuestiona, sin embargo, el impacto que tendrá el envejecimiento demográfico sobre las pensiones españolas. Las previsiones recogidas en el Ageing Report 2024 apuntan a un fuerte aumento del déficit del sistema como consecuencia de la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom. Entre 2022 y 2050, el déficit aumentaría en 2,5 puntos de PIB, lo que situaría a España como el sexto país de la Unión Europea con un mayor incremento en este indicador.

Este deterioro responde principalmente a la evolución demográfica. El aumento del número de pensionistas frente al de trabajadores en activo elevará la presión sobre un sistema cuya financiación depende en buena medida de las cotizaciones sociales. Por tanto, el diagnóstico financiero tradicional continúa apuntando a dificultades relevantes para las próximas décadas.

La aportación del nuevo indicador reside en que incorpora una perspectiva estructural y de largo plazo. Desde este enfoque, las reformas españolas modificarían la relación entre las cotizaciones realizadas durante la vida laboral y las pensiones que se reciben posteriormente, acercando el sistema a una situación de mayor sostenibilidad pese al incremento del gasto asociado al envejecimiento.

España lidera en sostenibilidad

Las reformas de 2021 y 2023 ocupan un papel central en las conclusiones del estudio. Los investigadores consideran que las medidas adoptadas para reforzar los ingresos del sistema y aumentar la edad efectiva de jubilación tendrán efectos sobre su diseño estructural. La consecuencia sería una relación más equilibrada entre las aportaciones de los trabajadores y las prestaciones futuras.

En la comparación internacional realizada por los autores, España presenta la evolución más favorable del nuevo indicador de sostenibilidad. El resultado contrasta con el diagnóstico que ofrece el indicador tradicional de equilibrio financiero, en el que el envejecimiento sitúa al sistema español entre los que afrontarán un mayor deterioro de sus cuentas durante las próximas décadas.

La diferencia entre ambos enfoques resulta clave para interpretar el estudio. España puede enfrentarse simultáneamente a un aumento significativo del gasto y del déficit vinculado al envejecimiento y, al mismo tiempo, experimentar una mejora de su sostenibilidad estructural. El primer indicador refleja la presión financiera inmediata del cambio demográfico; el segundo trata de medir cómo evoluciona el equilibrio entre cotizaciones y pensiones a lo largo del ciclo de vida.

Los autores alertan de supuestos “excesivamente optimistas”

Los investigadores introducen una advertencia sobre sus propias conclusiones. Señalan que estos resultados deben interpretarse con mucha cautela. La mejora proyectada para España depende de determinados supuestos utilizados en las previsiones del Ageing Report 2024 que los autores consideran “excesivamente optimistas”.

Uno de los elementos que cuestionan es el fuerte aumento previsto de la tasa de actividad entre los mayores de 55 años. Según el estudio, esta hipótesis tendría efectos tanto sobre la edad efectiva de jubilación como sobre la duración de las carreras laborales. Si la evolución real fuese menos favorable de lo previsto, el impacto positivo sobre la sostenibilidad del sistema podría ser también menor.

Los autores señalan además una reducción especialmente pronunciada de la tasa de reemplazo, es decir, de la relación entre la pensión inicial y los ingresos laborales previos. A su juicio, esta proyección podría estar sobrevalorando el efecto de que la base máxima de cotización crezca hasta 2050 por encima de la pensión máxima.

El estudio dibuja un escenario con dos caras. Las reformas recientes pueden haber mejorado el diseño estructural del sistema español y, según el nuevo indicador, España sería el país que más avanza en sostenibilidad entre los analizados. Pero esa mejora no está garantizada: su magnitud dependerá de que se cumplan unas previsiones demográficas, laborales y de prestaciones que los propios investigadores consideran especialmente favorables.

La Seguridad Social aplica un tratamiento diferenciado a un grupo específico de trabajadores que adelantan su retiro: quienes tienen derecho a la pensión máxima del sistema afrontan recortes muy inferiores a los del resto de jubilados anticipados. Mientras la tabla general castiga hasta con un 21% de reducción, este colectivo soporta como máximo un 9,1% en 2026, gracias a un régimen transitorio que se extiende hasta 2033.

La reforma de la jubilación anticipada aprobada en 2021 cambió el modo de calcular los coeficientes reductores: en lugar de aplicarlos sobre la base reguladora, pasaron a aplicarse directamente sobre el importe final de la pensión. El cambio resultó especialmente costoso para quienes habían generado derecho a la pensión máxima, fijada en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales) en 2026. Antes de la reforma, este grupo asumía recortes simbólicos, porque su pensión teórica quedaba en muchos casos por encima del tope máximo incluso después de aplicar las reducciones por adelanto.

Para suavizar el impacto sobre este colectivo, la ley previó un periodo transitorio hasta 2033, durante el cual los coeficientes se incrementan de forma progresiva hasta equipararse a los de la tabla general. La norma que regula este esquema es la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social, según consta en la web oficial de la Seguridad Social.

Cómo funciona la excepción en la práctica

Para 2026, quienes acceden a la jubilación anticipada voluntaria con derecho a pensión máxima afrontan penalizaciones que van del 1,33% al 9,1% si acreditan menos de 38 años y 6 meses cotizados. Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses cotizados, el recorte se sitúa entre el 1,28% y el 8,5%. Con una carrera de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, la penalización oscila entre el 1,24% y el 7,9%. Para quienes superan los 44 años y 6 meses cotizados, la reducción va del 1,19% al 6,7%.

Estas cifras contrastan de forma notable con la tabla general, donde el recorte máximo alcanza el 21% para las carreras de cotización más cortas. La diferencia se explica porque, en el caso de la pensión máxima, los coeficientes no se aplican sobre la base reguladora completa, sino sobre el propio tope máximo del sistema, lo que amortigua el efecto de la reducción durante la etapa transitoria. Así lo establece la Seguridad Social en su apartado sobre límites de cuantía para la jubilación anticipada por voluntad del trabajador.

De cara a 2027, aunque todavía no se conoce el importe exacto de la pensión máxima para ese año, los coeficientes previstos para este colectivo aumentarán ligeramente: entre el 1,6% y el 10,8% para quienes tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados, entre el 1,54% y el 10% para el siguiente tramo, entre el 1,48% y el 9,2% para el tercero, y entre el 1,42% y el 7,6% para las carreras más largas.

Un caso que generó confusión administrativa

El tratamiento excepcional de este colectivo no estuvo libre de sobresaltos. A comienzos de 2026, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dio por amortizado el régimen transitorio y comenzó a aplicar directamente los coeficientes reductores definitivos, previstos para 2033, a los nuevos jubilados con pensión superior a la máxima. Esa decisión implicó recortes de hasta el 21% en los casos de adelanto máximo de 24 meses, muy por encima del 9,1% que correspondía según la tabla transitoria vigente para 2026, de acuerdo con un análisis publicado por el portal especializado Aserem.

Ante las quejas del sector, la Seguridad Social reconoció el error y restableció la vigencia de la disposición transitoria 34, que escalona los coeficientes año a año hasta 2033. El organismo articuló la corrección mediante una instrucción interna, con efectos sobre quienes se jubilaron de forma anticipada y voluntaria desde el 1 de enero de 2026 con una pensión teórica superior al tope máximo. La medida afectó tanto al apartado 1 como al apartado 2 de esa disposición transitoria, que habían dejado de aplicarse por decisión del INSS antes de la rectificación.

Requisitos que no cambian para este colectivo

La pertenencia a este grupo no exime del cumplimiento de los requisitos generales de la jubilación anticipada voluntaria: acreditar entre 35 y 38 años y 6 meses de cotización según el caso, con al menos dos de esos años comprendidos en los últimos 15, y no adelantar el retiro más de dos años respecto de la edad legal ordinaria. La diferencia se limita exclusivamente al cálculo del coeficiente reductor aplicable sobre el importe final de la pensión, según establece la normativa vigente de la Seguridad Social.

El presidente, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el proyecto 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.

En una carta dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, diputada Shirley Castañedas, el mandatario plantea que, aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional.

Por lo anterior, una nota de prensa de la Presidencia señala que “el mandatario ha encontrado razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar el proyecto en su conjunto”.

Entre los beneficios contemplados en la ley objetada se encuentran descuentos en medicamentos, consultas médicas, cirugías, tratamientos, hospitales, clínicas, laboratorios privados y centros de imagenología. La propuesta también incluye productos y servicios relacionados con la movilidad y asistencia de los adultos mayores, como aparatos de ortopedia, bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras.

El proyecto amplía además los beneficios a restaurantes, actividades recreativas, transporte, servicios de cable e internet, tarjetas de crédito y débito, pólizas de seguro, consumo de agua, servicios de aseo, préstamos hipotecarios y pasajes aéreos, entre otros.

Los impulsores de la propuesta sostienen que la ampliación de los descuentos constituye una medida de carácter social destinada a brindar un alivio económico a los adultos mayores, tanto panameños como extranjeros residentes en el país.

Durante la discusión, los diputados señalaron que la iniciativa no responde a una política de aumento de beneficios por sí misma, sino a una política social y reivindicativa orientada a mejorar las condiciones económicas de las personas mayores.

El proyecto establece que los beneficios otorgados mediante estos descuentos serán reconocidos como deducciones del Impuesto sobre la Renta para los establecimientos y entidades que los apliquen.

La iniciativa también se fundamenta en compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de envejecimiento. Entre sus antecedentes se menciona el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, que promovió la adopción de políticas públicas destinadas a fortalecer la seguridad económica y social de las personas mayores.

Las alternativas para ajustar o reemplazar el proyecto de ley 226, sobre descuentos a jubilados y pensionados en Panamá, fueron analizadas en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, durante reuniones de coordinación entre el Gobierno, la Asamblea Nacional, dirigentes de gremios de jubilados y representantes del sector privado.

El 9 de septiembre Mulino acordó con los líderes de gremios de jubilados y del sector privado iniciar un mecanismo de diálogo formal para buscar alternativas viables al proyecto de ley 226, sobre descuentos a los jubilados y pensionados en Panamá, que fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

Esta decisión consensuada, según la información oficial, se logró luego de que el mandatario invitara a su despacho a representantes de las partes sobre las cuales rige la Ley 6 de 1987 relativa a los derechos y rebajas para la tercera edad, jubilados y pensionados.

Durante los encuentros, los participantes intercambiaron opiniones sobre ajustes al esquema de descuentos para jubilados, tomando en cuenta que existen productos y servicios vinculados al turismo y a hotelería, que no benefician directamente a los adultos mayores más necesitados del país.

El presidente José Raúl Mulino también vetó el proyecto 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

En carta dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, diputada Shirley Castañedas, sobre el proyecto de ley 594, planteó que fue objetado parcialmente por razones de inexequibilidad e inconveniencia. En total, nueve artículos del texto fueron objetados.

Las personas jubiladas y pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con una identificación que popularmente es conocida como “credencial blanca”.

Este documento tiene como finalidad acreditar ante el Instituto que una persona tiene la condición de pensionada o jubilada y puede ser solicitado para realizar determinadas gestiones o acceder a algunos beneficios.

Aunque se trata de un documento relacionado con las prestaciones para pensionados, es importante diferenciar su función de la del pago de la pensión. La credencial blanca no es un requisito indispensable para recibir mensualmente una pensión del IMSS, por lo que no tenerla no significa perder el derecho al cobro de este ingreso.

¿Para qué sirve la credencial blanca del IMSS?

La credencial para pensionados funciona principalmente como un medio de acreditación de la condición de pensionado o jubilado ante el IMSS.

De acuerdo con la información proporcionada, el documento puede ser utilizado para acceder a determinadas prestaciones y beneficios. Entre ellos se encuentran descuentos y créditos en las Tiendas IMSS, además de algunos vales y otras prestaciones contempladas por el Instituto.

Por ello, contar con esta identificación puede facilitar determinadas gestiones en las que sea necesario demostrar que la persona es pensionada o jubilada.

Sin embargo, la credencial blanca no reemplaza una identificación oficial. Para realizar ciertos trámites, el pensionado puede necesitar presentar documentos como la credencial para votar, el pasaporte u otra identificación vigente.

¿Quién puede tramitar la credencial blanca?

El documento está dirigido a personas pensionadas o jubiladas del IMSS que necesiten acreditar esta condición para efectuar gestiones o acceder a determinadas prestaciones y servicios.

El trámite se realiza de manera presencial ante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones o la Subcomisión Mixta correspondiente, conforme al procedimiento establecido por el Instituto.

La expedición está sujeta a la revisión de los documentos solicitados por el IMSS. Una vez que el personal responsable verifica que la documentación está completa y que se cumplen las condiciones establecidas, se procede con la expedición de la credencial.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial blanca?

Para solicitar la credencial por primera vez, las personas pensionadas deben presentar una serie de documentos. De acuerdo con el procedimiento señalado en la información proporcionada, los requisitos son:

• Solicitud elaborada.
• Último recibo de pago de nómina, en original y dos copias.
• Identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, en original y dos copias.
• Dos fotografías tamaño infantil.

Las fotografías también deben cumplir con características específicas establecidas en el procedimiento. Pueden ser a color o en blanco y negro, deben estar impresas en papel mate, tener fondo blanco y mostrar el rostro despejado.

Además, las imágenes no deben incluir a la persona utilizando anteojos, gorras o sombreros y deben tener una antigüedad máxima de 30 días.

Es importante considerar estos detalles antes de acudir a realizar el trámite, ya que forman parte de los requisitos establecidos para la expedición del documento.

¿La credencial blanca es obligatoria para cobrar la pensión del IMSS?

Una de las principales dudas relacionadas con esta identificación es si su presentación es necesaria para recibir el pago mensual de una pensión.

La respuesta es no. La credencial blanca no es indispensable para cobrar la pensión del IMSS. Su función está vinculada principalmente con la acreditación de la condición de pensionado y con el acceso a determinadas prestaciones, servicios y beneficios.

El IMSS cuenta con procedimientos específicos para la solicitud y el pago de las pensiones, los cuales son independientes del trámite de expedición de esta credencial.

Por esta razón, es necesario distinguir entre ambos procesos: tener la credencial blanca no determina el derecho de una persona a recibir su pensión, mientras que el documento puede ser útil para acreditar su condición de pensionada o jubilada en determinadas gestiones.

¿Qué deben tomar en cuenta los pensionados?

Antes de solicitar la credencial blanca, las personas interesadas deben reunir la documentación requerida y verificar que las fotografías cumplan con las características establecidas.

También es importante recordar que la credencial para pensionados no funciona como una identificación oficial general, por lo que no necesariamente sustituirá a la INE, el pasaporte u otro documento vigente cuando estos sean solicitados para determinados trámites.

En resumen, la llamada credencial blanca del IMSS está destinada a pensionados y jubilados que necesitan acreditar esta condición ante el Instituto. Puede utilizarse para acceder a determinadas prestaciones, descuentos, créditos y servicios, pero no constituye un requisito para recibir mensualmente el pago de la pensión.

El trámite es presencial y requiere presentar la solicitud, el último recibo de pago de nómina, una identificación oficial con fotografía y dos fotografías tamaño infantil que cumplan con las especificaciones señaladas por el IMSS.

Dar sostenibilidad al sistema público de pensiones fue el objetivo que se marcó el Gobierno al impulsar su reforma. Optó por prolongar la vida laboral mediante incentivos a la jubilación demorada y endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. En este contexto, un informe de Fedea plantea dar un paso más y elevar las cotizaciones de las profesiones que mantienen mecanismos para adelantar el retiro.

La propuesta defendida por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, consiste en generalizar la “cotización recargada” allí donde todavía no se aplica y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional durante los diez últimos años de vida laboral, con medidas que permitan recolocar al trabajador en su propia empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones.

El documento de Granado, que presentará el 25 de septiembre en la II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, organizada por Fedea, señala que el sistema de Seguridad Social ha evolucionado desde un entramado de estructuras mutualistas hacia un modelo de cobertura cada vez más universal, pero algunas reglas heredadas de aquella etapa continúan vigentes.

Así ocurre con determinados colectivos profesionales que mantienen condiciones especiales de jubilación por las características de sus trabajos, incluso cuando las condiciones laborales y tecnológicas han cambiado de forma sustancial. Entre estas profesiones se encuentran las de maquinistas de ferrocarril, estibadores portuarios o pilotos de aviación, todas ellas actividades que conservan mecanismos vinculados a riesgos y condiciones de trabajo de “otras épocas”.

El documento plantea que si la prevención de riesgos laborales, la adaptación de los puestos y la transformación tecnológica permiten reducir esos peligros, ¿tiene sentido mantener indefinidamente una jubilación anticipada asociada a determinadas ocupaciones?

Coeficientes reductores y cotización adicional

Los coeficientes reductores parten de una concepción del sistema que trata de compensar las dificultades específicas de determinados trabajos. Sin embargo, el informe cuestiona que estas ventajas no siempre vayan acompañadas de una cotización adicional que permita compensar el mayor coste que supone para el sistema adelantar la jubilación. El resultado, según el informe, es una diferencia entre trabajadores que permanecen en activo hasta edades cada vez más avanzadas y otros colectivos que pueden abandonar antes el mercado laboral.

“Estos coeficientes reductores no se financian aplicando medidas de cotización recargada que, al menos, palíen parcialmente el agravio de otros trabajadores, que van a trabajar a edades cada vez más avanzadas mientras las edades de jubilación de esta auténtica aristocracia obrera continúan inalterables, mientras cobran el resto de los trabajadores salarios muy inferiores”, recoge el documento.

El planteamiento para acabar con esta desigualdad no pasa necesariamente por eliminar de forma inmediata los coeficientes reductores, explica Granado. La alternativa, a su juicio, es introducir una “cotización recargada sin perder tiempo” para las ocupaciones que mantengan los coeficientes reductores, con un periodo transitorio que permita adaptar las reglas mediante el diálogo social. De esta manera, el coste de una jubilación anticipada quedaría parcialmente compensado por mayores aportaciones durante la vida laboral.

De un puesto de riesgo al cambio de profesión

El informe plantea que si una actividad requiere que sus trabajadores abandonen el puesto varios años antes de la edad ordinaria porque deteriora su salud o implica riesgos excesivos, la respuesta no debería limitarse a compensar ese riesgo con una prestación, sino que la prevención debería actuar antes.

La legislación de prevención de riesgos laborales, las políticas activas de empleo y las ayudas para adaptar los puestos de trabajo ya apuntan en esa dirección. El objetivo, indica Granado, sería conseguir que las personas con problemas de salud puedan permanecer dentro del mercado laboral siempre que sea posible, mediante modificaciones de sus condiciones de trabajo o mediante su traslado a otras funciones.

En ese escenario, la jubilación anticipada dejaría de ser la única salida para determinadas profesiones. El trabajador podría iniciar durante los últimos años de su vida laboral un proceso de transición hacia una ocupación diferente. El cambio permitiría sustituir progresivamente el trabajo de mayor exigencia física o riesgo por tareas compatibles con la edad y las capacidades del empleado.

Reciclaje profesional

La propuesta plantea que la existencia de un coeficiente reductor debería ir acompañada de un proceso de reciclaje profesional durante los últimos diez años de la vida laboral ordinaria previa a la jubilación anticipada. El trabajador podría formarse para desempeñar una nueva ocupación dentro de la misma empresa o acudir a un centro de formación para facilitar su recolocación.

La Administración tendría además un papel relevante. En el sector público, determinados puestos podrían reservarse para trabajadores procedentes de actividades con especial desgaste. En las empresas privadas, las subvenciones públicas podrían facilitar la adaptación y reducir las dificultades económicas y organizativas que implica recolocar a trabajadores con una trayectoria profesional muy especializada.

La idea supone cambiar el enfoque de la jubilación anticipada. En lugar de aceptar que determinadas profesiones deben mantenerse asociadas al deterioro físico hasta que llegue el momento de retirarse, se trataría de anticipar el cambio de actividad. El trabajador seguiría formando parte del mercado laboral, pero en un puesto diferente y menos exigente.

Una reforma pendiente en el diálogo social

El debate sobre los coeficientes reductores refleja, según el informe, una tensión entre dos modelos. El primero consiste en mantener mecanismos especiales para compensar a quienes desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El segundo apuesta por transformar esos puestos, reducir sus riesgos y facilitar la transición hacia otras ocupaciones antes de que el deterioro de la salud obligue a abandonar definitivamente la actividad.

La dificultad, según el documento, está en aplicar el cambio sin generar un perjuicio inmediato a los trabajadores que actualmente dependen de estos mecanismos. Por eso, cualquier modificación debería contar con periodos transitorios y formar parte de las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Islandia se posicionó como el segundo mejor sistema de pensiones del mundo, según el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, con una calificación global de 84 puntos sobre 100, solo por detrás de Países Bajos. El país nórdico, de apenas 380.000 habitantes, obtuvo la nota más alta del ranking en sostenibilidad financiera, con 85,7 puntos, un resultado que contrasta con la fragilidad que muestran otros sistemas europeos, incluido el español.

El modelo de Islandia combina una pensión pública básica financiada con impuestos, fondos de pensiones ocupacionales obligatorios y plenamente capitalizados, y un tercer nivel de ahorro individual voluntario con incentivos fiscales, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe sobre mercado de trabajo y negociación colectiva en Islandia. Esta estructura, negociada históricamente entre sindicatos y patronal desde 1969, según describe la OCDE, combina el reparto con la capitalización, lo que en la práctica reduce la dependencia exclusiva de la recaudación anual.

El primer pilar opera como una red de seguridad. Se financia con impuestos generales y su acceso depende de la residencia, no de las cotizaciones: se necesitan 40 años de residencia entre los 16 y los 67 para cobrar la pensión básica completa, aunque basta con tres años para recibir una prestación proporcional, según datos de la Comisión Europea. Esta prestación está sometida a estrictas pruebas de ingresos: se reduce en un 45% sobre los ingresos laborales o de capital que superen ciertos umbrales exentos, lo que concentra el gasto público en quienes menos recursos acumularon en los otros pilares.

Los fondos ocupacionales concentran el grueso del ahorro previsional

El segundo pilar constituye el corazón financiero del sistema. Desde 1980, la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores islandeses de entre 16 y 70 años, incluidos los autónomos. La contribución mínima, que en 2023 subió del 12% al 15,5% del salario —11,5 puntos a cargo del empleador y 4 del trabajador—, alimenta fondos gestionados por entidades vinculadas a sindicatos y patronal, bajo supervisión de la autoridad financiera, según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sistema previsional islandés.

El resultado de décadas de acumulación es notable: los activos de estos fondos alcanzaron en 2025 cerca de 8,2 billones de coronas islandesas, unos 58.000 millones de euros, equivalentes a 179% del producto interno bruto (PIB) del país, según cifras difundidas por la asociación islandesa de fondos de pensiones (Lífeyrismál). Solo Dinamarca supera esa proporción entre las economías desarrolladas, según datos de la OCDE. Alrededor del 41,5% de esos activos está invertido en el extranjero, una diversificación que reduce la exposición a shocks domésticos, de acuerdo con el análisis del banco islandés Íslandsbanki sobre el desempeño de los fondos en 2025.

Estos fondos funcionan bajo un esquema de “ambición definida”: fijan un objetivo de tasa de sustitución del 72% del salario medio de carrera para quienes cotizan 40 años, pero sin garantizarlo de forma rígida. Si la rentabilidad real de las inversiones —cuya referencia actuarial se sitúa en 3,5% anual— se desvía de lo previsto, los fondos pueden ajustar las prestaciones futuras o la indexación de las pensiones ya en pago, un mecanismo que, según el FMI, reparte los riesgos entre todos los afiliados en lugar de trasladarlos al Estado.

El tercer pilar atrae a seis de cada diez islandeses

El ahorro voluntario, vigente desde 1997, permite aportar hasta un 4% del salario con exención fiscal, más un 2% adicional que iguala el empleador. Cerca del 60% de la población islandesa participa en estos productos, gestionados por los mismos fondos ocupacionales, bancos o aseguradoras, según los datos recogidos por Lífeyrismál. Las prestaciones tributan como renta al momento del cobro, lo que mantiene la coherencia del incentivo: la ventaja fiscal se aplica al aportar, no al retirar.

La combinación de los tres niveles produce tasas de sustitución netas —el porcentaje del salario previo que se mantiene tras la jubilación— cercanas al 70%, según cálculos de la OCDE, muy por encima del promedio de 59% que registra el organismo entre sus países miembros.

La edad de jubilación converge en los 67 años, pero con reglas distintas

La edad ordinaria de jubilación en Islandia es de 67 años, tanto para la pensión pública como para la mayoría de los fondos ocupacionales del segundo pilar, según la normativa recogida por el portal oficial island.is, gestionado por la Administración de Seguros Sociales islandesa. Existen excepciones para colectivos específicos, como ciertos grupos de marinos, que pueden retirarse a los 60 años.

El sistema permite adelantar el cobro a los 65 años, aunque con una penalización permanente de aproximadamente 12,24% sobre la cuantía de la pensión pública, equivalente a una reducción del 0,5% por cada mes de anticipo. En sentido inverso, quienes postergan el inicio del cobro más allá de los 67 años reciben un incremento del 0,5% por cada mes de retraso, con límites que, según la fecha de nacimiento del cotizante, pueden extenderse hasta los 72 u 80 años.

España converge hacia el mismo umbral, aunque de forma gradual: la edad legal ordinaria se sitúa en 2026 en torno a los 66 años y 10 meses, con la llegada definitiva a los 67 prevista para 2027, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el sistema de pensiones español. A diferencia de Islandia, esa edad se aplica dentro de un esquema de reparto que depende casi por completo de las cotizaciones corrientes, sin el respaldo de un segundo pilar capitalizado de peso equivalente.

España iguala a Islandia en adecuación, pero se hunde en sostenibilidad

El contraste con España resulta revelador. El mismo informe de Mercer y el CFA Institute otorga al sistema español una calificación de 63,8 puntos, con una nota de adecuación de 83. La diferencia decisiva aparece en sostenibilidad, donde España obtiene apenas 34,2 puntos, menos de la mitad que Islandia.

La explicación está en la lógica financiera de cada sistema. España sostiene su modelo casi por completo en el reparto: las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales, sin acumulación significativa de activos capitalizados a nombre de los trabajadores. Los planes privados y de empleo apenas representan el 5,3% del total de pensiones de jubilación pagadas en el país, según un informe del Banco de España. Islandia, en cambio, canaliza el ahorro obligatorio hacia fondos que invierten y generan patrimonio real, lo que explica que sus activos previsionales equivalgan a varias veces el peso relativo que tienen en España.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 18 de septiembre con el calendario de pagos de jubilaciones, asignaciones y prestaciones. Las acreditaciones se definen, en la mayoría de los casos, por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

Quiénes cobran hoy, 18 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este viernes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cuyos documentos terminan en 8. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 reciben sus pagos este 18 de septiembre.

Ambas prestaciones siguen el mismo esquema de fechas que las jubilaciones mínimas. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

Asignación por Embarazo

También cobran hoy las personas titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 6. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Becas Progresar

No hay pagos de las becas Progresar este viernes 18 de septiembre, ya que el calendario correspondiente a agosto finalizó el jueves 17.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $188.300 y el máximo en $376.600, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Miles de jubilados y pensionados de todo el país cuentan con un programa que les permite estirar un poco más el dinero de sus haberes a la hora de hacer las compras del mes. Se trata de una serie de descuentos y reintegros pensados especialmente para este sector, que se aplican tanto en supermercados como en farmacias, ópticas y otros comercios, y que funcionan de manera muy sencilla, sin trámites adicionales ni papeles que presentar.

El programa se llama Beneficios Capital Humano - ANSES y está disponible en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, lo que suma en total más de 12.000 puntos de venta adheridos. A través de este esquema, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos que arrancan en el 10% en supermercados, en muchos casos sin ningún tope de gasto, y que llegan al 20% en productos de perfumería y limpieza.

Lo más importante es que para acceder a estos beneficios no hace falta anotarse en ningún lado ni inscribirse en un programa especial. Alcanza con pagar con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o la pensión en los comercios que están adheridos. El descuento se aplica de manera automática en el momento del pago, sin necesidad de presentar ningún código ni hacer gestiones previas.

Descuentos directos en los comercios

Además del beneficio general, cada cadena de supermercados tiene condiciones propias en cuanto al porcentaje de descuento, los días en que se puede usar y los topes de gasto. En Disco, Jumbo y Vea el descuento es del 10% en todos los rubros, con excepción de electrodomésticos, y se suma un 20% adicional en perfumería y limpieza. Este beneficio rige de lunes a jueves y no tiene tope de gasto.

En Coto y en La Anónima el descuento también es del 10% en todos los rubros, disponible de lunes a jueves y sin tope, aunque en ambos casos no es acumulable con otras promociones y quedan afuera carnes, electrodomésticos, telefonía, bazar, textil y algunas marcas seleccionadas. En los Super CAS y FASA rige el mismo 10%, pero solamente los días lunes y martes, también sin tope.

Josimar, por su parte, ofrece un 15% de descuento en todos los rubros, disponible los días martes y sin límite de gasto. En Toledo el descuento es también del 15%, pero se aplica únicamente los jueves, sin tope, aunque con las mismas exclusiones de rubros mencionadas anteriormente.

En Carrefour el descuento es del 10% en todos los rubros, de lunes a miércoles, con un tope mensual de 35.000 pesos. En Día el beneficio es del 10%, disponible los lunes, con un tope de 2.000 pesos por transacción, aunque en este caso el descuento incluye a todos los productos y sí puede acumularse con otras promociones. En ChangoMás el 10% rige todos los días de la semana, con un tope de 12.000 pesos por transacción y de 50.000 pesos por mes.

Por último, en el resto de los más de 7.000 comercios adheridos al programa, el descuento es del 10% en todos los rubros, disponible los lunes, con un tope de 1.000 pesos por transacción en concepto de reintegro. Este beneficio también acumula con otras promociones.

Descuentos adicionales según el banco

A los beneficios que se consiguen directamente en los comercios se les suman otros descuentos y reintegros que dependen del banco en el que cada jubilado o pensionado cobra sus haberes. Quienes cobran a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5% en compras con tarjeta de débito o crédito, usando la aplicación BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Este beneficio tiene un tope semanal de 5.000 pesos y un tope mensual de 20.000 pesos.

En el caso del Banco Galicia, quienes cobran su jubilación o pensión en esa entidad tienen hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito. El tope en este caso es de 20.000 pesos mensuales para compras en supermercados y de 12.000 pesos mensuales para farmacias y ópticas.

Quienes cobran por el Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los días martes en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, pagando con tarjeta de débito, con un tope de 25.000 pesos, o mediante QR, con un tope de 15.000 pesos. A este beneficio se le suma un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

El Banco Patagonia ofrece a sus jubilados y pensionados hasta un 35% de descuento en los supermercados Carrefour, Coto Digital, Jumbo y ChangoMás, además de La Anónima en el caso exclusivo de la provincia de Río Negro, con un tope mensual de 40.000 pesos. También brinda hasta un 25% de ahorro en la carga de combustible, con un tope mensual de 30.000 pesos, y hasta un 20% de descuento en farmacias de todo el país, con un tope mensual de 20.000 pesos.

Finalmente, quienes cobran sus haberes a través del Banco Provincia de Buenos Aires acceden a un descuento del 5% en las compras realizadas con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI, en los supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini. El tope es de 5.000 pesos por semana y por persona, y este beneficio se suma a las demás promociones vigentes.

Un beneficio extra en la cuenta bancaria

Además de los descuentos en las compras, los jubilados y pensionados también pueden acceder a una cuenta remunerada, que permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero que tienen depositado en la cuenta donde cobran su jubilación o pensión. Las condiciones y las tasas vigentes (TNA) de este beneficio pueden variar según la entidad bancaria, por lo que se recomienda consultarlas directamente en los canales oficiales de cada banco.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado partidario de mantener las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para los agricultores “ocasionales”, entre ellos los jubilados, al considerar que su actividad contribuye a mantener las tierras agrícolas en uso y evitar su abandono.

La cuestión formará parte del debate sobre el diseño de la futura PAC para el periodo 2028-2034, una negociación que ya ha comenzado a nivel europeo y que enfrenta posiciones diferentes entre las comunidades autónomas. Según ha avanzado Planas, en declaraciones recogidas por Efe, aproximadamente la mitad de los territorios defienden que los agricultores jubilados puedan seguir siendo perceptores de estas ayudas, mientras que la otra mitad se opone.

Para el ministro, las ayudas no deben limitarse exclusivamente al agricultor profesional, aunque este siga siendo el “beneficiario original y primario”. A su juicio, también “tiene razón de ser” que lleguen a “pequeños agricultores de carácter ocasional o a tiempo parcial”, como los jubilados que continúan cuidando sus terrenos.

El temor al abandono de las tierras

Planas ha defendido esta posición con un argumento relacionado con el futuro del territorio rural. “Si dejamos de dar estas ayudas, (...) el resultado puede ser la desertificación por abandono y es lo peor que nos puede pasar”, ha incidido durante su comparecencia antes de reunirse con los consejeros autonómicos de Agricultura y Pesca.

La discusión sobre quién debe recibir las ayudas será uno de los asuntos que estarán sobre la mesa durante la negociación de la nueva programación de la PAC. El objetivo de las instituciones europeas es que el nuevo periodo entre en vigor el 1 de enero de 2028, aunque Planas ha advertido de que, si no se llega a tiempo, será necesario establecer un periodo transitorio, algo que “siempre ha ocurrido en el pasado”.

La futura política agrícola incluirá además una obligación para disponer de un sistema de gestión de riesgos que permita hacer frente a fenómenos adversos, como las sequías cada vez más frecuentes. El modelo planteado tomaría como referencia los seguros agrarios combinados existentes en España.

Planas pide mantener el presupuesto de la PAC

En paralelo, el ministro ha defendido que la próxima programación mantenga al menos el nivel presupuestario actual. Su objetivo es “conseguir un equilibrio” entre el “carácter europeo” de la política agrícola y la flexibilidad de los Estados miembros para aplicarla en función de sus circunstancias.

Planas también ha rechazado que aumente la participación financiera de los Estados. Considera necesario “no ir más allá de la actual cofinanciación” porque “podría llevar a una renacionalización de la PAC”. El ministro trasladará a los consejeros autonómicos que la negociación se encuentra en “plena discusión” y reclamará una posición común española para defender los intereses del sector.

Revisión de la Política Pesquera Común

La política pesquera será el otro gran asunto de la jornada. En este ámbito, Planas ha destacado que la financiación prevista para el sector dentro del marco financiero plurianual 2028-2034 ha pasado de 2.000 a 4.000 millones de euros.

Además, la Unión Europea trabaja en la reforma del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), mientras continúa el debate sobre el “impedimento legal” que actualmente afecta a la financiación de nuevos buques pesqueros.

El ministro considera que la Política Pesquera Común (PPC) ha cosechado “muchos éxitos”, aunque también existen aspectos que deberían revisarse. Entre ellos ha situado la política de descartes, que “está muy bien conceptualmente”, pero cuya aplicación resulta complicada porque los barcos actuales “no tienen dimensión ni capacidad para aplicarla”.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles con las acreditaciones de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario establece las fechas de cobro de cada prestación a partir de la terminación del DNI.

Los montos vigentes incorporan un aumento del 2,11%, calculado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al esquema de movilidad dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

Quiénes cobran hoy, 16 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos no superan el haber mínimo cobran este miércoles si su DNI termina en 6. El pago corresponde al haber mensual de septiembre, junto con el refuerzo previsto para quienes se encuentran dentro de este grupo.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Hoy cobran también los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 6.

Las acreditaciones de ambas prestaciones siguen el mismo esquema que las jubilaciones mínimas: comenzaron el 8 de septiembre y finalizan el 21. La AUH se abona a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que cumplan los requisitos establecidos por el sistema de seguridad social.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 tienen acreditado su pago este miércoles. Este beneficio está destinado a personas embarazadas sin cobertura de obra social y requiere cumplir las condiciones fijadas por la ANSES.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy las titulares de la Asignación Prenatal con DNI finalizados en 8 y 9. El calendario para esta prestación se distribuye por pares de terminación de documento.

En el caso de la Asignación por Maternidad, la ANSES establece que el pago se realiza el primer día del cronograma para todas las terminaciones de DNI. Por lo tanto, ese beneficio tuvo su fecha de acreditación el 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobraron el lunes si sus documentos finalizan en 8 y 9. Con esta fecha concluyó el calendario de septiembre para las PNC, que comenzó el 8 de septiembre.

Dentro de este grupo se encuentran las pensiones por invalidez o vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más, cuyos importes se actualizan de acuerdo con el esquema vigente.

Becas Progresar

También cobran los beneficiarios de las becas Progresar con documentos terminados en 6 y 7, según el calendario correspondiente a agosto.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. La ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo se mantiene en $191.900 y el máximo a $383.800, a la espera de una actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) concentra a millones de trabajadores independientes en la Argentina -cada vez más- y combina en una única cuota mensual las obligaciones impositivas, previsionales y de salud. Sin embargo, el nivel de los pagos destinados al sistema previsional resulta considerablemente inferior al que corresponde a un trabajador asalariado formal y abre una fuerte brecha entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y los haberes que esos fondos permitirían sostener durante el retiro.

Un informe del IERAL, de Fundación Mediterránea, analizó esa diferencia y estimó qué ocurriría si los aportes previsionales de los monotributistas se acumularan a lo largo de su vida laboral en un esquema similar al de capitalización individual. El resultado mostró que, si esos fondos sólo conservaran su valor frente a la inflación, ni siquiera 40 años de actividad formal permitirían alcanzar los recursos necesarios para sostener el actual haber mínimo.

Actualmente existen 4,8 millones de monotributistas, aunque 2,8 millones resultan activos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya que el resto no está obligado a aportar o corresponde a jubilados. Dentro de ese universo, 2,2 millones registran aportes previsionales.

La distribución también muestra una fuerte concentración en los niveles inferiores del régimen. El 55% de los monotributistas activos se ubica en la categoría A, mientras que las categorías A, B y C en conjunto concentran el 78% del total.

La cuota mensual del monotributo se compone de tres partes: el componente impositivo, que sustituye las obligaciones correspondientes al IVA y al impuesto a las Ganancias; el previsional, que permite computar años de servicio para acceder a los beneficios del SIPA; y el destinado a financiar la cobertura médico-asistencial a través de una obra social.

A diferencia de otros esquemas tributarios, el monto mensual no se determina mediante una alícuota aplicada directamente sobre la facturación corriente. El régimen utiliza categorías que van de la A a la K y que dependen de distintos parámetros, entre ellos los ingresos brutos, la superficie destinada a la actividad, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados.

La brecha entre monotributistas y asalariados

El informe puso el foco particularmente en el componente previsional del monotributo. En las categorías A a G, ese pago representa entre el 3,6% y el 1% de los ingresos, mientras que el aporte personal de un trabajador asalariado formal alcanza el 11%.

En las categorías superiores la diferencia se reduce debido al tope que opera sobre los aportes de los trabajadores en relación de dependencia. En la categoría K, por ejemplo, el pago previsional representa el 1,6% de los ingresos del monotributista, frente al 6% para un asalariado con un nivel de ingresos similar, precisó el informe.

Si se toma el aporte personal promedio, la diferencia resulta todavía más clara: equivale al 11% de los ingresos para un asalariado formal promedio, al 5% para los autónomos y al 1,1% para los monotributistas.

Los pagos reducidos también tienen impacto sobre la recaudación. El aporte total del régimen representó el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026. El máximo llegó al 0,22% en 2012 y el mínimo se ubicó en 0,07% en 2023.

El informe atribuyó esa situación a dos factores. Por un lado, señaló los montos relativamente bajos que se pagan en cada categoría por aportes previsionales, obra social e impuestos en comparación con los correspondientes a trabajadores asalariados o autónomos con niveles similares de ingresos. Por otro, marcó la concentración de contribuyentes en los escalones inferiores del régimen y planteó que, en muchos casos, esa ubicación podría resultar de la omisión de facturar una parte de los ingresos.

Qué jubilación permitirían financiar los aportes actuales

Para medir el alcance de las contribuciones actuales, el estudio simuló cuánto dinero acumularía un monotributista durante su vida laboral si sus aportes integraran un fondo individual y qué renta vitalicia mensual permitiría obtener ese capital una vez alcanzada la edad jubilatoria.

El ejercicio consideró diferentes categorías y períodos de aportes de 10, 20, 30 y 40 años. También contempló diferencias en la esperanza de vida: para los hombres tomó una sobrevida de 15,9 años luego de jubilarse a los 65 años, mientras que para las mujeres utilizó una sobrevida de 23,8 años después de acceder al retiro a los 60 años.

Además, incorporó el caso de los hombres que dejan un cónyuge supérstite que cobra una pensión durante 12,3 años.

El cálculo contempló dos escenarios de rendimiento. En el primero, los fondos obtienen un rendimiento igual a la inflación, por lo que mantienen constante su valor real. En el segundo, alcanzan un rendimiento anual de dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

Con el primer supuesto, el resultado mostró que el dinero acumulado no alcanzaría para pagar una jubilación mínima ni siquiera después de 40 años de aportes. El estudio tomó como referencia un haber mínimo de $489.776 en agosto, incluido el bono de $70.000.

Las diferencias resultan especialmente importantes en las categorías inferiores. Un hombre inscripto en la categoría A, después de 30 años de contribuciones, acumularía fondos suficientes para justificar una renta vitalicia equivalente a apenas al 7% de una jubilación mínima. Con 40 años, llegaría al 9%. Si ese hombre falleciera y su cónyuge cobrara posteriormente una pensión, el ahorro acumulado durante 30 años permitiría cubrir sólo el 5% de un haber mínimo.

En el caso de las mujeres de la misma categoría, la combinación entre una edad de retiro menor y una mayor esperanza de vida reduce todavía más el monto mensual que podrían financiar los fondos acumulados. Con 30 años de aportes, justificarían un haber equivalente al 4% de la mínima, mientras que con 40 años llegarían al 6%.

Qué ocurre con las categorías más altas

La situación mejora a medida que aumenta la categoría, aunque tampoco permite alcanzar el haber mínimo bajo el escenario en el que los fondos sólo mantienen su valor frente a la inflación.

En la categoría K, la más alta del monotributo, un hombre con 30 años de aportes acumularía fondos suficientes para financiar una renta vitalicia equivalente al 56% de una jubilación mínima. Si extendiera su período de actividad formal hasta los 40 años, ese porcentaje subiría al 75%.

Para un hombre que dejara una pensión a su cónyuge, los fondos reunidos durante 30 años alcanzarían para cubrir el equivalente al 41% del haber mínimo. Las mujeres de la categoría K podrían financiar el 38% de una mínima con 30 años de aportes y el 50% después de 40 años.

El informe también comparó los resultados con la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto utilizado en el ejercicio ascendió a $405.821 en agosto, incluido el bono de $70.000. En ese caso, el ahorro tampoco alcanzaría para financiar una PUAM completa con 40 años de actividad formal en ninguna categoría, tanto para hombres como para mujeres y con o sin pensión.

El panorama cambia parcialmente cuando se incorpora un rendimiento real de los fondos. Si el ahorro generado por los aportes rindiera anualmente dos puntos porcentuales por encima de la inflación, sólo algunos casos de la categoría K alcanzarían niveles cercanos o superiores al haber mínimo.

Los hombres de esa categoría con 40 años de contribuciones podrían justificar una jubilación equivalente al 138% de la mínima. En el caso de aquellos que dejaran una pensión al cónyuge supérstite, el porcentaje sería del 105%. Para las mujeres de categoría K con cuatro décadas de aportes, el resultado llegaría al 99% del haber mínimo.

Cuánto deberían subir los aportes

El ejercicio también calculó cuánto deberían aportar los monotributistas para financiar una jubilación mínima bajo un escenario en el cual los fondos obtuvieran un rendimiento anual real del 2%.

El caso de la categoría A muestra la magnitud de la diferencia. Para una persona que permaneciera durante 40 años en ese nivel, el aporte previsional mensual debería registrar un fuerte incremento.

En el caso de una mujer, tendría que subir 778%, desde los actuales $18.247 hasta $160.298 mensuales, para acumular los recursos suficientes para obtener una renta vitalicia similar al haber mínimo.

Para un hombre que, después de su fallecimiento, dejara una pensión a su cónyuge, el aumento necesario sería del 725%: el aporte mensual pasaría de $18.247 a $150.600.

Actualmente, los monotributistas que realizan contribuciones al SIPA generan una recaudación anual equivalente al 0,04% del PIB. Si el aporte aumentara en cada categoría hasta un nivel que permitiera que cualquier contribuyente con 40 años de actividad reuniera un fondo —con rendimiento anual real del 2%— suficiente para financiar una jubilación mínima, la recaudación ascendería al 0,27% del PIB, según precisó el documento.

Una propuesta de reforma

El informe señaló que una alternativa para una futura reforma sería un sistema “nocional”, en el cual el Estado llevaría una contabilidad de los aportes realizados por cada trabajador durante toda su vida activa y reconocería un rendimiento sobre ese fondo, como mínimo equivalente a la inflación.

Al alcanzar la edad jubilatoria, el haber se calcularía a partir del fondo nocional acumulado por cada persona y de los rendimientos reconocidos por el Estado, en lugar de determinarse en función de los salarios o ingresos obtenidos durante el último tramo de la vida laboral. La administración del esquema continuaría en manos del sector público y cambiaría el mecanismo utilizado para determinar los beneficios al momento del retiro.

Ayer, Infobae reveló el inquietante caso de Iris Alba Bianchi, apodada “Mimi”, una jubilada de Caballito, que se quitó la vida el 1° de octubre de 2021, tras la muerte de su hermana. Divorciada, sin hijos, había firmado un testamento en 2020. Los beneficiarios, aquella vez, fueron su portero en el edificio donde vivía sobre la avenida Díaz Vélez, así como la esposa del encargado. En 2021, ese testamento fue revocado. Los nuevos beneficiarios fueron su reciente psiquiatra, y su paseador de perros.

Entonces, tras el suicidio de Iris Alba, ambos bandos se enfrentaron en Tribunales. El expediente por la sucesión, iniciado por el abogado del portero en el Juzgado Civil N°67, quedó frenado; los abogados del portero denunciaron penalmente al psiquiatra y al paseador, junto a los testigos del testamento, por aprovecharse del supuesto frágil estado mental de Iris para quedarse con su herencia, que incluía el departamento en la calle Díaz Vélez, otro en la calle Honorio Pueyrredón, así como los contenidos de una caja de seguridad en el Banco Ciudad.

Sin embargo, una junta de expertos convocada por la jueza Paula Petazzi, que incluyó al Cuerpo Médico Forense, descartó que no estuviera en sus cabales al momento de firmar ambos testamentos. Todos los acusados fueron sobreseídos en primera instancia por la jueza en noviembre de 2025, a pedido de la fiscal. El miércoles 2 de este mes, la sala en turno de la Cámara Nacional de Casación confirmó la decisión.

Así, el caso terminó sin acusados ni culpables. El abogado del psiquiatra pidió la semana pasada que se reanude la sucesión. Una prueba clave en la causa fue la nota del suicidio de Iris Alba, donde el portero era explícitamente mencionado.

La carta final

“Para la policía. Hola soy Iris Bianchi. Quiero quitar toda responsabilidad del Dr., es porque él me quiso internar y yo no quise. Quiso llamar a otro médico psiquiatra de urgencia para que me evalúe y no quise. Me dio un tratamiento domiciliario y que esté siempre acompañada, le dije que sí pero no lo hice”.

“El que me hizo mucho daño con su actitud fue el encargado con su aptitud y su deseo de quedarse con lo mío, cuando a los dos días de morir mi hermana me llevó a firmar un testamento a favor de él y yo ni siquiera pude poner testigos”, continuó.

“En el día de la fecha me devuelve las llaves de mi casa y me dijo que me bloqueaba el teléfono, para que no le pida más ayuda. Esto último me hizo tomar esta decisión. Yo no culpo a nadie, soy yo que está mal y muy sola”.

Luego, Iris firmó su carta. Horas más tarde, sería hallada sin vida por una de sus cuidadoras. En el expediente por la supuesta manipulación, el portero se presentó como querellante. El delito en la carátula fue el de defraudación a un incapaz.

La paradoja y el problema

Allí, el portero dijo que “comenzó una relación de amistad” con “Mimí”, “a quien frecuentaba casi todos los días para charlar y ayudarla en lo que necesitara”. En un mensaje de WhatsApp, aseguro el portero, Iris le había expresado su decisión de convertirlo en su heredero.

“Desde el momento en que falleció su hermana Lidia, Iris entró en una debacle de depresión y angustia, hasta el punto que llamé a OSDE para solicitar un médico para que la revisara, pero cuando ella se enteró de ese pedido, llamó a OSDE y anuló el pedido de médico, porque se negaba a reconocer su depresión y que alguien la ayudara médicamente”, siguió.

El psiquiatra, según el portero, ya había tratado a la hermana fallecida. Incluso, el encargado de la calle Díaz Vélez afirmó poseer un audio del psiquiatra, donde afirmaba que Iris tiene problemas mentales, que le está agregando una medicación nueva, y que hay que buscar un abogado que la asista legalmente porque tiene propiedades a su nombre, y que habría que hacer una tutela".

Iris dijo en su última carta: “Soy yo que está mal y muy sola”. La palabra “sola” es clave. ¿Cuántas Iris Alba Bianchi hay allá afuera, personas jubiladas, sin hijos ni herederos, con propiedades a su nombre, a simple vista vulnerables? La maniobra clásica en un barrio es usurpar la casa del jubilado tras la muerte, un delito. Pero, con papeles, con un escribano, con un testamento, no es delito.

Una testigo que declaró en la causa afirmó que “la jubilada le comentó que quería ceder sus bienes porque era una mujer que vivía sola, sin familia”. Este relato se choca de frente con el relato de una de las cuidadoras de la jubilada.

Esta testigo declaró bajo juramento que “la propia Bianchi le comentó que se encontraba acongojada porque el querellante (nota: el portero) y su esposa la llevaron a que firmara un testamento, de cuyo acto se arrepentía. Que, por lo tanto, la tranquilizó con que el acto se podía revertir y que, pasados unos días, Bianchi efectivamente revocó el testamento instituido en favor del encargado del edificio y su esposa”.

Las pensiones contributivas podrían subir alrededor de un 3,2% en 2027, según la evolución de la inflación conocida hasta agosto y las previsiones para los próximos meses. La cifra todavía no es definitiva, ya que el incremento final dependerá del comportamiento del IPC en septiembre, octubre y noviembre, los tres datos que terminarán de determinar cuánto cobrarán los pensionistas a partir de enero.

La subida que se aplicará desde enero de 2027 se calculará conforme al mecanismo de revalorización vigente desde 2022. La fórmula establece que las pensiones contributivas deben actualizarse cada año en función de la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre.

Esto significa que los tres próximos datos de inflación serán determinantes para conocer cuánto subirán finalmente las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Por ahora, las previsiones apuntan a un incremento próximo al 3,2%, ligeramente superior al 2,7% aplicado en 2026, señalan fuentes del Instituto de Pensiones de BBVA.

Inflación, al alza

Los datos publicados hasta agosto muestran una evolución desigual de los precios. El IPC pasó del 2,9% en diciembre de 2025 al 2,3% en enero y febrero de 2026, antes de repuntar hasta el 3,4% en marzo. En abril, mayo y junio se situó en el 3,2%, mientras que en julio escaló al 3,6%.

El mayor salto se produjo en agosto, cuando el indicador adelantado del IPC alcanzó el 4,3%, siete décimas más que el mes anterior. Este repunte ha elevado la media de inflación de 2026 hasta aproximadamente el 3,15% y ha añadido incertidumbre a la previsión de la revalorización de las pensiones.

La evolución de los precios energéticos será uno de los principales factores a vigilar durante el otoño. Las estimaciones de Funcas sitúan la inflación media de 2026 alrededor del 3,2%, aunque otros escenarios más recientes elevan la previsión hasta el 3,5%, lo que podría traducirse en una subida de las pensiones superior a la inicialmente calculada.

Cuándo se sabrá cuánto suben las pensiones

Los pensionistas tendrán que esperar hasta finales de noviembre para conocer una primera aproximación oficial. El 27 de noviembre de 2026 está prevista la publicación del dato provisional del IPC correspondiente a ese mes, que permitirá calcular la revalorización con una elevada precisión.

La cifra definitiva llegará unas semanas después. El 15 de diciembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos del IPC y del IPCA correspondientes a noviembre. A partir de entonces podrá determinarse oficialmente el porcentaje que se aplicará a las pensiones contributivas desde el 1 de enero de 2027.

Desde que entró en vigor el actual sistema de actualización, las pensiones han experimentado incrementos muy diferentes en función de la evolución de los precios: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026.

La pensión máxima subirá hasta rondar los 48.500 euros anuales

La pensión máxima sigue una fórmula específica desde 2025, que añade 0,115 puntos porcentuales al incremento vinculado a la inflación. Con las estimaciones actuales, el importe máximo anual podría situarse en torno a los 48.593 euros en 2027, frente a los 47.034,40 euros de 2026.

El comportamiento de las pensiones mínimas será diferente. Las de jubilación y viudedad mínimas, así como las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), continuarán con su proceso de incremento por encima de la inflación para avanzar hacia los objetivos fijados por la legislación.

El próximo año será clave para culminar la progresiva equiparación de determinadas prestaciones con los umbrales de pobreza. Por tanto, la subida final no será igual para todos los pensionistas y dependerá del tipo de prestación y de las decisiones que adopte el Gobierno.

El asfalto frío de la acera de Santiago de Cuba no distingue edades ni achaques. A la una de la madrugada, cuando el silencio de la ciudad solo es interrumpido por el zumbido distante de algún generador improvisado o el suspiro de la noche, las puertas de la sucursal bancaria permanecen cerradas.

No hay luces encendidas en el interior, no hay empleados al otro lado del cristal ni dinero circulando por las rendijas de los cajeros automáticos. Solo hay una puerta de metal y, sobre la acera, tres o cuatro cuerpos acurrucados intentando acomodarse en la postura menos dolorosa para pasar las horas que faltan hasta el amanecer.

Una fotografía en blanco y negro, tomada y difundida en redes sociales por Yasser Sosa Tamayo, capturó esta escena con la crudeza desgarradora del contraste. En la imagen no hay artificios: solo ancianos envueltos en mantas raídas, recostados sobre cartones o directamente en el piso, acompañados por pequeñas bolsas de tela y botellas de agua que constituyen todo su equipaje para la jornada.

No están allí por elección ni por un trámite extraordinario; están allí para cobrar la pensión del mes, el haber de toda una vida de trabajo. Lo que en cualquier otro lugar del mundo sería una postal de emergencia social o una anomalía trágica, en la Cuba actual se ha transformado en una estrategia de supervivencia cotidiana. La escena documentada a la una de la mañana es apenas el punto medio de una vigilia que comienza mucho antes. En Santiago de Cuba se ha vuelto habitual que las personas de la tercera edad comiencen a congregarse desde las seis de la tarde del día anterior. Ocho, diez o doce horas a la intemperie para marcar un turno en una cola que formalmente ni siquiera ha empezado.

El motivo de esta desesperada madrugada es puramente matemático. Muchas sucursales bancarias, golpeadas por la falta de personal, la escasez de efectivo circulante y las fallas logísticas, operan con capacidad reducida, llegando a atender únicamente a unos 50 jubilados por día.

Quedarse fuera de ese cupo inicial significa perder la jornada entera, regresar a casa con las manos vacías y tener que repetir el calvario la noche siguiente. Para personas de 70 u 80 años, con problemas de articulaciones, hipertensión y la fragilidad natural de la edad, la decisión es cruenta: arriesgar la salud durmiendo en la calle o arriesgar el sustento del mes.

Apagones, cajeros vacíos y la moneda de la espera

La crisis energética que atraviesa la isla proyecta una sombra aún más densa sobre este panorama. Los apagones prolongados no solo dificultan el descanso y la vida diaria en los hogares, sino que paralizan la infraestructura financiera.

Más de la mitad de los cajeros automáticos del país se reportan inoperativos o desprovistos de billetes en distintos momentos. Sin electricidad, los sistemas informáticos de los bancos se caen, las sucursales retrasan su apertura y las filas, ya de por sí lentas, se congelan durante horas bajo el sol caribeño que sucede a la helada madrugada.

Cuando finalmente la persiana metálica se levanta y la fila comienza a moverse a cuentagotas, la recompensa al sacrificio expone otra cara de la precariedad. La pensión mínima en Cuba se ubica en los 4,000 pesos cubanos mensuales, es decir un estimado de $7.00 a $10.00.

En una economía donde los precios de los alimentos básicos y los medicamentos se han disparado, esos miles de pesos se esfuman en cuestión de días, a veces en una sola compra elemental.

Quizás la advertencia más amarga de Tamayo no sea la falta de dinero o el mal funcionamiento de los servicios públicos, sino la paulatina pérdida de la capacidad de asombro. La fotografía en blanco y negro tomada en Santiago de Cuba queda como un testimonio mudo de una generación que, tras haber entregado sus años de juventud y esfuerzo, se ve obligada a disputarle a la madrugada y al olvido el derecho a recibir lo mínimo para subsistir.

Durante septiembre de 2026, los préstamos personales para jubilados y pensionados incluyen alternativas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA. Las entidades ofrecen créditos para gastos personales, compras y proyectos, con diferencias en los montos disponibles, los plazos, las tasas y los requisitos de acceso. Dos de las propuestas contemplan un límite de $50.000.000, mientras que BBVA informa un máximo de $60.000.000.

El acceso a cada opción depende, entre otros factores, de que la persona cobre sus haberes previsionales en el banco que otorga el financiamiento. También existen límites sobre la relación entre la cuota mensual y el ingreso neto, además de condiciones específicas vinculadas con la edad, el nivel de ingresos o la modalidad de cobro.

Banco Nación presta hasta $50.000.000 a quienes cobran sus haberes en la entidad

El Banco Nación dispone de una línea de crédito personal dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes previsionales a través de esa entidad. El préstamo tiene destino libre, por lo que el dinero puede utilizarse para diferentes necesidades personales, sin un destino determinado dentro de las condiciones informadas.

La línea fija un monto mínimo de $10.000 y un límite máximo de $50.000.000. Para acceder, la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto de la persona solicitante. Esa relación entre cuota e ingresos funciona como una de las condiciones centrales para determinar el monto que cada jubilado o pensionado puede solicitar.

La propuesta del banco contempla dos alternativas de devolución. Por un lado, ofrece un plazo de hasta 36 meses mediante e@descuento. Por otro, permite extender el pago hasta 72 meses cuando las cuotas se debitan de forma automática de una cuenta. La duración elegida modifica la cantidad de cuotas y la organización del pago mensual.

Las tasas vigentes para esta línea incluyen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 61,70%. El Costo Financiero Total (CFT) expresado como TNA alcanza el 59,29%, mientras que el CFT en términos de TEA llega al 78,38%.

La gestión se realiza de manera digital desde BNA+ o a través del home banking. El procedimiento requiere ingresar al apartado “Tu Banco”, elegir la sección “Préstamos”, definir el monto y el destino del crédito, revisar los datos de la operación y confirmar la solicitud. Las personas que reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas no pueden acceder a esta línea.

Banco Provincia ofrece hasta 60 cuotas y acredita tras la aprobación

El Banco Provincia cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. La línea también está disponible para trabajadores del sector público y del sector privado, de acuerdo con las condiciones previstas por el banco para esos grupos.

El monto máximo informado es de $50.000.000, con una devolución posible en hasta 60 meses. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del pedido. De ese modo, el banco vincula el depósito del dinero con la instancia de autorización de la solicitud.

La TNA de esta propuesta se ubica entre 97,40% y 99,10%. La variación responde a las condiciones de la línea ofrecida por la entidad. El plazo de hasta cinco años permite distribuir el pago del crédito en un período de 60 cuotas como máximo.

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben ingresar al home banking o a BIP Móvil. El acceso requiere usuario, clave y Token activo. Luego, deben seleccionar la sección “Préstamos”, indicar el importe que desean solicitar y elegir el plazo de devolución antes de confirmar la operación.

La disponibilidad de esta opción para personas jubiladas está vinculada al cobro de los haberes dentro del banco. La información de la línea también precisa que el proceso digital incluye la selección del monto y de la cantidad de cuotas, dos datos que forman parte de la solicitud enviada por el usuario.

BBVA fija un máximo de $60.000.000 y una edad límite de 74 años

La propuesta de BBVA está destinada a jubilados y pensionados de hasta 74 años. El banco establece que quienes soliciten el crédito deben cobrar sus haberes en una cuenta de la entidad y cumplir las condiciones fijadas para este tipo de financiamiento.

Los préstamos personales de BBVA parten de $10.000 y llegan a $60.000.000. El plazo de devolución se ubica entre seis y 60 meses. La línea utiliza una tasa fija y el sistema de amortización francés, una modalidad en la que las cuotas se organizan según ese esquema de pago.

La cuota mensual no puede exceder el 30% de los ingresos de la persona solicitante. Además, la entidad pide que el cliente tenga entre 18 y 74 años, cuente con un ingreso mínimo de $308.200 y reúna la antigüedad laboral correspondiente a su actividad. El crédito no tiene gastos de otorgamiento.

Las tasas informadas por BBVA son una TNA de 99% y una TEA de 158,9%. Estos valores forman parte de las condiciones de una línea que contempla un monto máximo superior al de Banco Nación y Banco Provincia, aunque con un límite de edad específico para jubilados y pensionados.

La cancelación anticipada no tiene costo cuando la persona abonó al menos el 25% del préstamo o cuando transcurrieron 180 días desde el otorgamiento. Si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, BBVA aplica un cargo de 4% más IVA por la cancelación antes del vencimiento previsto.

El trámite puede realizarse mediante el simulador en línea o desde la aplicación de la entidad. La persona debe seleccionar el monto, calcular las cuotas, completar la información personal requerida y enviar la solicitud para que el banco la evalúe.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concreta hoy el pago de haberes y asignaciones para varios grupos de beneficiarios, de acuerdo con el cronograma oficial vigente para septiembre.

El organismo mantiene su esquema escalonado de acreditaciones, que distribuye el acceso a jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación asignada. La información responde al calendario publicado por ANSES y a los datos difundidos en sus canales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 11 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas titulares de jubilaciones y pensiones cuyo monto mensual no supera el haber mínimo y tienen su DNI finalizado en 3 acceden hoy al cobro. El esquema de pagos para este segmento se extiende durante la primera quincena de septiembre, con una terminación de documento por jornada operativa.

ANSES otorga el bono extraordinario de hasta $70.000 a quienes perciben haberes mínimos, mientras que quienes superan ese monto cobran un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope establecido. El incremento aplicado este mes es del 2,11%, según la actualización por movilidad.

Prestación por Desempleo

El Plan Desempleo no efectúa acreditaciones este viernes. Esta ayuda está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa justa o por finalización de contrato. El circuito de pagos agrupa dos terminaciones de documento por día y, en septiembre de 2026, se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre.

Otras prestaciones

Otras asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, se acreditan hoy para quienes tienen DNI terminados en 3. La Asignación Universal por Embarazo (AUE) corresponde hoy a titulares con DNI terminados en 1, mientras que las Pensiones No Contributivas (por invalidez o vejez) se pagan hoy a documentos terminados en 6 y 7. Las Asignaciones de Pago Único (por matrimonio, nacimiento o adopción) también se encuentran dentro de su período de pago vigente.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizaron en septiembre mediante la aplicación de un incremento del 2,11%, de acuerdo con la movilidad vigente. El haber mínimo mensual asciende a $498.633,20, compuesto por $428.633,20 de haber actualizado más un bono extraordinario de $70.000 otorgado por ANSES. Este bono corresponde a quienes perciben haberes mínimos, y es proporcional para quienes superan ese monto hasta alcanzar el tope establecido.

Para quienes superan el haber mínimo, el pago incluye únicamente la actualización por movilidad. El monto de la jubilación máxima se ubica en $2.884.295,54. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzan $370.043,24, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) suma $412.906,56. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo, situándose en $498.633,20.

La revisión de estos valores se realiza mensualmente. El próximo ajuste está previsto para octubre, en función de la inflación tomada por el mecanismo de movilidad vigente, de acuerdo con el Decreto 274/2024.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un ajuste en septiembre, siguiendo el mecanismo de movilidad que rige para el sistema previsional. Los valores vigentes son los siguientes:

• Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031 por cada menor a cargo.
• AUH por Hijo con Discapacidad: $500.706.
• Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $77.025.
• Asignación Universal por Embarazo (AUE): $154.031.
• Asignaciones de Pago Único: primera quincena, del 9 de septiembre al 9 de octubre; segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones de documento.

Las Asignaciones Familiares de PNC también pueden ser cobradas en este período, sin distinción por terminación de DNI, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre. Los pagos se efectúan de manera automática en la cuenta bancaria o entidad habitual de cada titular, sin necesidad de trámites adicionales.

Las personas beneficiarias pueden consultar la fecha y lugar de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde se detalla el calendario personalizado y los datos bancarios registrados.

El Gobierno convocó a una segunda reunión para analizar alternativas al proyecto de ley 226, aprobado por la Asamblea Nacional para ampliar los descuentos de jubilados, pensionados y adultos mayores. El encuentro fue programado tentativamente para el 15 de septiembre en el Palacio de las Garzas, con participación de los sectores enfrentados por la propuesta.

La convocatoria surgió después de que el presidente José Raúl Mulino recibiera a representantes de los jubilados, gremios empresariales y propietarios de farmacias.

Las partes acordaron establecer un mecanismo formal de diálogo antes de la decisión presidencial, debido a que la iniciativa todavía puede ser sancionada o vetada total o parcialmente por el Ejecutivo.

El análisis será realizado por delegados de los jubilados y del sector privado, junto con el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. El ministro Juan Carlos Orillac aseguró que existen coincidencias en algunos artículos, aunque no detalló cuáles disposiciones alcanzaron consenso ni qué modificaciones podrían incorporarse al texto aprobado.

El proyecto recibió 47 votos favorables y uno en contra durante el tercer debate legislativo. La propuesta modifica la Ley 6 de 1987 y mantiene como beneficiarias a las mujeres desde los 55 años y los hombres desde los 60, además de los jubilados y pensionados, independientemente de la edad que tengan al solicitar los descuentos.

Uno de los cambios más discutidos eleva del 20% al 30% la rebaja obligatoria en medicamentos. También incorpora un 15% para insumos de salud e higiene, 20% en pañales desechables para adultos y 25% en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, camas hospitalarias y otros equipos destinados a personas con movilidad reducida.

La iniciativa añade una reducción del 30% en internet y televisión por cable para contratos residenciales de hasta $50 mensuales. En el servicio de agua, el beneficio aumentaría del 25% al 30%, siempre que el consumo no supere $30 y la cuenta corresponda a la vivienda principal del beneficiario.

En el sector financiero, la reducción sobre la tasa de los préstamos hipotecarios para vivienda propia pasaría del 1% al 2%. Además, se aplicaría un descuento del 15% en anualidades de tarjetas de crédito y débito, así como en pólizas contratadas para asegurar determinados productos bancarios o financieros.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá había solicitado al presidente vetar completamente el proyecto de ley 226. El gremio advirtió que ampliar los beneficios sin evaluar su impacto podría elevar los costos operativos, distorsionar los precios y trasladar a las empresas obligaciones correspondientes a una política social del Estado.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa también expresó su rechazo y alertó que los descuentos obligatorios podrían generar mayores costos para los negocios, especialmente para pequeñas y medianas empresas con márgenes limitados. APEDE cuestionó que la ampliación fuera aprobada sin suficientes estudios técnicos sobre sus consecuencias económicas, tributarias y fiscales.

Una de las disposiciones más sensibles permite que todos los beneficios concedidos sean reconocidos como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. Actualmente, ese tratamiento está limitado principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida. El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que extenderlo podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal.

El sector empresarial también ha señalado que la propuesta podría generar aumentos en los precios regulares para compensar los descuentos. Los efectos serían especialmente relevantes en farmacias, hoteles, restaurantes, bancos, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones, cuyos servicios quedarían sometidos a beneficios ampliados o incorporados por primera vez dentro de la legislación panameña.

Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, moderó su posición después del encuentro con Mulino y consideró positiva la apertura del diálogo. Explicó que los consensos alcanzados servirán de orientación para la decisión presidencial, pero insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los jubilados y la realidad financiera de los establecimientos obligados.

Los gremios de jubilados defienden la reforma como una actualización necesaria de una ley aprobada hace casi cuatro décadas. Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, había solicitado la sanción presidencial del proyecto, argumentando que los beneficios aliviarían el costo de medicamentos, servicios básicos y productos indispensables para personas con pensiones reducidas.

Tras la primera reunión, Cortés afirmó que el diálogo fue fructífero y que la propuesta continuaba bajo análisis. El dirigente manifestó que esperan obtener resultados favorables para jubilados y pensionados, con el objetivo de conseguir el mejor texto posible para los adultos mayores, en lugar de cerrar la discusión entre una aprobación sin cambios y un veto completo de la iniciativa.

Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, sostuvo que los beneficios deben quedar correctamente calibrados con las condiciones de propietarios de negocios y farmacias. La discusión se concentra ahora en determinar quién asumirá realmente el costo de los nuevos descuentos y cómo evitar que las rebajas terminen reflejándose en mayores precios, menor oferta o presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

Mientras el Ejecutivo adopta una decisión, los porcentajes propuestos todavía no pueden ser exigidos. La Ley 6 de 1987 conserva plena vigencia y los comercios deben aplicar únicamente los beneficios actuales. La reunión del 15 de septiembre buscará acercar posiciones antes de que Mulino decida si sanciona, modifica mediante veto parcial o devuelve completamente el proyecto a la Asamblea.

Países Bajos ha conseguido durante tres años consecutivos convertirse en el país que encabeza la clasificación con las mejores pensiones del mundo. En 2025 obtuvo la primera posición en el Mercer CFA Institute Global Pension Index, con una puntuación de 85,4 sobre 100 y la calificación A, la máxima que otorga este índice internacional. Pronto conoceremos el puesto que obtiene en 2026. Este sistema lo que hace es comparar la jubilación en 52 economías en función de su adecuación, sostenibilidad e integridad. Detrás de los buenos resultados de este país se encuentra un modelo que combina una pensión pública universal con fondos privados de ahorro vinculados al empleo, un esquema que otros países europeos, entre ellos España, observan con atención ante el envejecimiento poblacional.

El primer pilar del sistema neerlandés es la prestación estatal AOW (Algemene Ouderdomswet), financiada mediante impuestos y concebida como una base económica mínima para todos los jubilados. Para una persona que vive sola, la cantidad bruta asciende a 1.662,16 euros mensuales desde julio de 2026, cifra que se traduce en 1.581,55 euros netos si se aplica el crédito fiscal correspondiente. Quienes conviven con otro adulto reciben una cuantía menor por persona, de 1.139,39 euros brutos mensuales.

La AOW no depende del salario percibido durante la vida laboral, sino de los años de residencia o trabajo en Países Bajos. Cada año asegurado entre los 15 años y la edad de jubilación suma un 2% de la pensión completa, de modo que se necesitan 50 años para acceder al 100% de la prestación. A esta base se añade una paga extra anual, la denominada asignación de vacaciones, que se abona en mayo.

La edad de jubilación se ajusta según la esperanza de vida

La edad oficial de retiro está fijada en 67 años tanto para 2026 como para 2027, y subirá a 67 años y tres meses a partir de 2028. A diferencia de un sistema con una edad fija e inamovible, el Gobierno neerlandés revisa este parámetro cada cinco años y lo vincula a la evolución de la esperanza de vida de la población. El objetivo de esta fórmula es adaptar progresivamente el sistema a los cambios demográficos y mantener el equilibrio entre generaciones, de manera que el costo del envejecimiento no recaiga únicamente sobre los trabajadores activos.

La particularidad más señalada del modelo neerlandés es su segundo pilar: los fondos de pensiones vinculados al empleo, de carácter cuasi obligatorio para la mayoría de los trabajadores asalariados a través de esquemas sectoriales. Estos fondos gestionan un patrimonio conjunto que supera 1,5 billones de euros y permiten a los empleados acumular ahorro durante toda su vida laboral, que luego complementa la prestación pública.

Países Bajos atraviesa actualmente una reforma profunda de este segundo pilar. La Ley del Futuro de las Pensiones (Wet toekomst pensioenen), en vigor desde julio de 2023, obliga a los esquemas de empleo a completar la transición hacia el nuevo sistema antes de enero de 2028. Con este cambio, el modelo tradicional de prestación definida da paso a otro basado en aportaciones definidas, en el que el monto acumulado y el rendimiento de las inversiones adquieren mayor peso sobre la pensión final que las promesas fijas de pago.

El riesgo de inversión varía según la edad del trabajador

Los fondos colocan el capital en distintos activos, entre ellos renta variable, deuda corporativa e inversiones inmobiliarias. La estrategia de inversión se adapta al ciclo de vida del afiliado: los trabajadores más jóvenes pueden asumir carteras con mayor exposición al riesgo en busca de rentabilidades superiores, mientras que quienes se acercan a la jubilación migran hacia posiciones más conservadoras para proteger el capital acumulado.

Esta arquitectura de tres pilares, que se completa con productos de ahorro voluntario e individual, busca que el futuro de las jubilaciones no dependa únicamente de las cotizaciones de los trabajadores activos en cada momento, como ocurre en los sistemas de reparto puro. Al distribuir el riesgo entre el Estado, los fondos sectoriales y el ahorro individual, el esquema neerlandés logra sostener simultáneamente una alta tasa de reemplazo de ingresos y una proyección de sostenibilidad financiera a largo plazo, dos de los criterios centrales que evalúa el Mercer CFA Institute Global Pension Index.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma escalonado de pagos para el mes de septiembre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 9 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 2,11%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

El calendario de septiembre abarca un abanico amplio de prestaciones de distinta naturaleza: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y por situaciones específicas, además de prestaciones por desempleo. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y está disponible durante una ventana de tiempo extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 9 cobrarán el 21 de septiembre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

El haber mensual actualizado asciende a $428.633,20. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $498.633,20.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el 28 de septiembre de 2026, fecha que comparten con los titulares de documentos terminados en 8.

La jubilación máxima establecida para este período asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores fijados por la normativa vigente. Este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 21 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

El valor de la AUH para septiembre es de $154.031 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537. Para la SUAF, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos es de $77.025.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán acreditado el pago el 23 de septiembre de 2026. El monto vigente de esta prestación durante el mes es de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida— el valor diferencial asciende a $200.241.

Asignación Prenatal

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 o 9 recibirán el pago el 16 de septiembre; el cronograma agrupa a ambas terminaciones en una misma fecha.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye progresivamente.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI, sin distinción por el último número del documento. El cobro está disponible desde el 10 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre de 2026. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se dividen según la terminación del DNI. El período de cobro para la primera quincena va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Los montos fijados para estas prestaciones son: $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 14 de septiembre. El cronograma comprende las pensiones por invalidez y vejez.

El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado más un bono extraordinario de $70.000.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación familiar de que se trate —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y según la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de septiembre. Por su parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026, independientemente del último número de su documento.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 8 cobrarán el 18 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 8 cobrarán el 28 de septiembre de 2026.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobrarán el 18 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 tendrán acreditado el pago el 22 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 recibirán el pago el 16 de septiembre.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 cobrarán el 14 de septiembre. El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 cobrarán el 28 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Decreto 274/2024, que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El aumento de septiembre se calculó a partir del índice de julio.

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 7 cobrarán el 17 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 7 cobrarán el 25 de septiembre de 2026.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobrarán el 17 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 7 tendrán acreditado el pago el 21 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 7 recibirán el pago el 15 de septiembre.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 7 cobrarán el 11 de septiembre. El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 7 cobrarán el 25 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.

Un total de 1,693 denuncias recibió la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y agosto de este año.

Los reclamos están concentrados en descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, precios distintos a los anunciados y falta de comprobantes de pago.

Cerca del 25% de las denuncias se vinculó con el beneficio destinado a personas mayores en restaurantes, mientras que las franquicias de comida rápida reunieron otro 15% por asuntos relacionados con ese mismo descuento.

Los reclamos por beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad ocuparon el principal lugar entre las denuncias recibidas durante los primeros ocho meses del año.

La lista de motivos incluyó además el cobro de un monto diferente al informado previamente por el establecimiento y también aparecieron señalamientos por publicidad que podría ser no veraz o engañosa.

De igual manera, la falta de entrega de una constancia de pago fue otro de los incumplimientos denunciados ante la institución.

Ese documento, anota la entidad, puede resultar relevante para que el consumidor respalde posteriormente un reclamo.

Como orientación a los consumidores, indicó que las denuncias pueden presentarse de manera anónima.

No obstante, pidió que estas deben contener información suficiente para orientar las verificaciones y las investigaciones.

Entre los elementos recomendados figura el nombre del comercio, la dirección o ubicación, una descripción clara de lo sucedido y la fecha y hora aproximadas del hecho.

También sugirió adjuntar fotografías, videos, facturas, recibos u otros elementos disponibles, toda vez que esa documentación puede aportar detalles sobre la situación denunciada.

La conexión de tanques de gas de 25 libras, equivalente a unos 11,3 kilogramos, fue otra área con un número elevado de faltas, según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia que agregó que las inspecciones asociadas con la Ley 71 detectaron 380 incumplimientos.

Dijo que la revisión del contenido neto alcanzó 576 verificaciones. Esa categoría también comprende artículos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas.

En ese segmento, 285 casos presentaron irregularidades, una cifra cercana a la mitad de los controles efectuados, evaluación que apunta a constatar que la cantidad declarada en el producto sea la que recibe el cliente.

Las inspecciones sobre tara y rotulado de tanques de gas de 25 libras, vinculadas con la Ley 72, sumaron 377 verificaciones, y de ellas 141 no se ajustaron a las condiciones evaluadas.

El control de pesas y balanzas dejó 31 incumplimientos entre 198 actuaciones. Esa actividad se centra en los equipos que determinan el peso de productos comercializados.

Por su parte, los controles de combustibles mostraron un cumplimiento de 97,8%

La verificación de combustibles fue una de las áreas con mejores resultados en lo que va del año, sostuvo la entidad, que indica que revisó estaciones de servicio, surtidores y tanques, con 947 actuaciones en total.

De ese conjunto, 926 verificaciones cumplieron con los criterios establecidos y solo 21 presentaron faltas. El nivel de cumplimiento se ubicó en torno al 97,8%.

Las inspecciones de grasas, que incluyen pailas y freidoras, también exhibieron una proporción alta de resultados favorables. Hubo 23 casos que cumplieron y uno que no alcanzó los parámetros correspondientes

El Departamento de Metrología efectuó 4,848 verificaciones entre enero y julio de 2026 para comprobar que los consumidores reciban las cantidades, los pesos y las medidas por los que pagan.

De ese total, 2,100 actuaciones registraron incumplimientos, mientras que 2.748 se ajustaron a las disposiciones examinadas.

La proporción de resultados con faltas alcanzó el 43,3%, frente a un 56,7% de cumplimiento, según las estadísticas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre de 2026 mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, conforme al mecanismo previsto en el Decreto 274/2024, que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. El incremento aplicado en septiembre surge del índice de julio. Además, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo reciben un refuerzo extraordinario de $70.000 junto con el monto mensual actualizado.

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 16 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 6 cobrarán el 25 de septiembre de 2026. La fecha también corresponde a quienes poseen documentos finalizados en 7.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 cobrarán el 16 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 6 tendrán acreditado el pago el 18 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 6 recibirán el pago el 15 de septiembre. Esa fecha también corresponde a los titulares con documentos finalizados en 7.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 6 cobrarán el 11 de septiembre . Esa fecha también corresponde a los documentos finalizados en 5.

El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 6 cobrarán el 25 de septiembre. La fecha también alcanza a los titulares con documentos finalizados en 7.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.

Mathew Davis, de 49 años, vive en un refugio para personas sin hogar en Austin, Texas. Sobrevive con unos pocos cientos de dólares al mes gracias a la donación de plasma y, aun así, una tiny home de USD 450 mensuales, sin agua corriente y con baño compartido, le resulta inalcanzable. “No gano lo suficiente como para pagar realmente nada”, dijo en declaraciones recogidas por AP News.

Mientras tanto, más de 4.500 unidades catalogadas como asequibles permanecen vacías solo en su ciudad.

La mayor parte de la vivienda subsidiada construida en los últimos años quedó dirigida a personas con ingresos moderados dentro del universo de bajos recursos, no al segmento con mayor necesidad.

Para ese grupo, los precios, los requisitos administrativos y la escasez de subsidios directos hacen que incluso la oferta formal esté fuera de alcance.

El déficit habitacional golpea con más fuerza al segmento más vulnerable

En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de hogares inquilinos de ingresos extremadamente bajos y apenas 4 millones de unidades de alquiler asequibles para ese grupo, afirmó la National Low Income Housing Coalition en su informe anual más reciente.

Ese universo incluye a trabajadores con salarios bajos, jubilados y personas con discapacidad que dependen de ingresos fijos, con ingresos por debajo de la línea federal de pobreza o equivalentes al 30% de la renta mediana de su zona.

Cerca de tres de cada cuatro de esos hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler y a los servicios básicos, aseguró la entidad. Esa carga deja escaso margen para cubrir comida, salud y transporte.

El programa federal prioriza a quienes están lejos de la pobreza extrema

El programa federal Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) otorga créditos fiscales a desarrolladores que construyen vivienda asequible, a cambio de reservar unidades para personas con ingresos por debajo de un porcentaje del ingreso medio de su zona, conocido como Area Median Income (AMI).

Sin embargo, apenas el 12% de las viviendas financiadas en 2024 bajo ese esquema quedó reservado para el segmento más pobre, indicó el National Council of State Housing Agencies.

En Austin, eso equivale a personas con ingresos por debajo de USD 28.000 anuales, frente a los USD 47.000 que corresponden al 50% del AMI local, el umbral más usado por el programa.

Chris Edwards, economista del Cato Institute, sostuvo ante el Congreso que el sistema es “enormemente complejo y burocrático” y que eleva los costos de construcción. A su juicio, el dinero debería llegar de forma directa a los inquilinos a través de vales de vivienda.

Otros especialistas defendieron la combinación entre créditos fiscales y subsidios personales, con el argumento de que los complejos construidos con esos beneficios están obligados a aceptar vouchers, mientras muchos propietarios privados no tienen esa exigencia.

Las vacantes se acumulan en ciudades donde lo “asequible” dejó de serlo

En Austin, la tasa de vacancia de unidades asequibles rozó el 16%, de acuerdo con datos de CoStar. El nivel saludable para ese indicador ronda el 5%.

En Denver, la vacancia entre las unidades para hogares con ingresos equivalentes al 60% del área llegó a 13% y trepó a 21% en las destinadas al 80%, de acuerdo con la Colorado Housing and Finance Authority.

En Portland, el total de viviendas asequibles vacías superó las 1.700, con una tasa general de 7,5%.

En esa última ciudad, el alquiler máximo para una unidad asequible del segmento 60% del área alcanza USD 1.444 al mes, frente al promedio de USD 1.581 de un departamento de un dormitorio en el mercado privado. Esa diferencia empuja a muchos inquilinos hacia la oferta convencional.

Jaiden Barbee, residente de Portland, afirmó que preferiría pagar un poco más antes que atravesar un proceso largo de verificación. “Preferiría gastar esos USD 200 extra para entrar a un lugar con más facilidad”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia estadounidense.

Los requisitos y la falta de subsidios dejan afuera a quienes tienen menos ingresos

Carmen Romero, directora ejecutiva de True Ground Housing Partners, señaló a AP News que una unidad para hogares con ingresos del 60% de la mediana en el área de Washington genera USD 1.715 mensuales, pero deja apenas USD 140 después de cubrir hipoteca y costos operativos. “Las cuentas no mienten”, aseguró.

A su vez, remarcó que una persona con ingresos extremadamente bajos solo podría pagar cerca de la mitad de ese valor.

“Nuestros gastos no hacen posible crear una unidad para el 30% del ingreso medio, salvo que exista un subsidio extraordinario que hoy no está disponible”, afirmó.

En Austin, las autoridades locales se habían propuesto crear 20.000 viviendas para personas de ingresos extremadamente bajos entre 2018 y 2027. Hasta 2024, solo se habían construido 543.

Davis, que vivió un año en su auto antes de conseguir una cama en el refugio, resumió su situación en declaraciones a AP News: “Quiero poder cerrar la puerta por la noche y dormir. Solo quiero encontrar el lugar indicado”.