Dinamarca se posicionó como el tercer mejor sistema de pensiones del mundo, según el Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025, con una calificación global de 82 puntos sobre 100, solo por detrás de Países Bajos y de Islandia. Veamos en este artículo qué es lo que sitúa a este país como uno de los que tienen la mejor previsión para pagar las jubilaciones, sin miedo a que no sean sostenibles. En primer lugar, cuenta con un sistema de pensiones que combina una prestación estatal, un fondo obligatorio de cobertura amplia y planes laborales financiados durante la vida activa. Es decir, combina los recursos públicos y privados.

La pensión pública, conocida como folkepension, funciona como la base del esquema. Se financia mediante impuestos y se cobra al alcanzar la edad legal de retiro, siempre que se cumplan los requisitos de residencia, según detalla State Pension. Su importe incluye una cuantía básica y complementos que dependen de los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del beneficiario. También existen ayudas para gastos de calefacción, medicamentos, atención dental u otras necesidades.

La diferencia central con sistemas centrados casi por completo en la jubilación pública es que la pensión estatal danesa no pretende reemplazar por sí sola el salario previo al retiro. Su función es asegurar un ingreso mínimo y reducir el riesgo de pobreza en la vejez, mientras que una parte importante de los recursos procede de las aportaciones acumuladas por los trabajadores y sus empleadores, tal como explica el fondo de pensiones ATP.

La edad de jubilación llega hasta los 70 años

La edad estatal de jubilación en Dinamarca depende de la fecha de nacimiento, según la tabla publicada en ATP Livslang Pension | Life in Denmark. Quienes nacieron entre el 1 de julio de 1955 y el 31 de diciembre de 1962 acceden a la pensión a los 67 años. La edad sube a 68 años para los nacidos entre 1963 y 1966, a 69 para los nacidos entre 1967 y 1970, y a 70 años para quienes nacieron a partir de 1971, de acuerdo con esa misma página oficial.

El modelo prevé que el Parlamento danés pueda modificar esa edad, aunque debe hacerlo con una antelación de 15 años. El diseño busca vincular el retiro con la evolución de la esperanza de vida y contener el impacto del envejecimiento demográfico sobre las cuentas públicas.

La Administración de Pensiones del Mercado Laboral, conocida como ATP, paga su prestación desde que la persona alcanza la edad estatal. El cobro puede aplazarse hasta cinco años.La pensión pública, en cambio, exige una solicitud: no se concede de manera automática.

El ATP cubre a empleados y a buena parte de quienes reciben prestaciones sociales

El segundo pilar del sistema es ATP Livslang Pension, un fondo colectivo creado para complementar la prestación estatal. Abarca a todos los trabajadores asalariados y a casi todas las personas que cobran transferencias sociales, como prestaciones por desempleo o enfermedad. Las contribuciones las realizan el empleador y el trabajador; en algunos casos, el Estado aporta las cuotas correspondientes.

ATP ofrece una renta mensual y vitalicia. La entidad explica que sus miembros reciben el pago desde la jubilación hasta su fallecimiento, con independencia de las variaciones de los mercados, según The ATP Group, Annual Report 2024. El esquema distribuye el riesgo de longevidad entre millones de afiliados y respalda las obligaciones mediante inversiones y coberturas financieras, de acuerdo con el mismo informe.

Según el reporte de resultados del primer semestre de 2026 difundido por ATP, la entidad tiene 5,8 millones de afiliados, de los cuales 1,1 millones ya cobran su pensión, y administra un patrimonio de 721.000 millones de coronas danesas destinado a esas obligaciones.

Las aportaciones se dividen entre garantía y rendimiento de mercado

La particularidad técnica de ATP está en la distribución de las contribuciones. Después de algunos descuentos para seguros y otros conceptos, el 80% se destina a una parte garantizada y el 20% a una reserva colectiva de bonificación.

La porción garantizada genera un derecho individual a pensión vitalicia. La reserva común busca sostener el valor de las prestaciones, compensar un aumento de la longevidad superior al previsto y permitir mejoras de las pensiones si los resultados financieros lo permiten. Para los afiliados a más de 15 años de la jubilación, una parte de la contribución garantizada queda expuesta a inversiones de mercado; el peso de esa exposición disminuye a medida que se acerca la edad de retiro, según el documento citado.

Este mecanismo combina previsibilidad para quienes están próximos a jubilarse y mayor posibilidad de rentabilidad para los trabajadores jóvenes, que cuentan con un horizonte de inversión más largo.

Los convenios laborales completan el ingreso durante la vejez

El tercer componente son las pensiones ocupacionales. Se negocian en convenios colectivos o contratos de empleo y reciben aportaciones periódicas de empleadores y trabajadores. No son una obligación legal universal, pero su alcance es amplio: los planes de este tipo cubrían alrededor del 90% de los empleados a tiempo completo, de acuerdo con el estudio OECD Economic Surveys: Denmark 2024, publicado por el Ministerio de Finanzas danés.

La combinación entre una garantía pública, un fondo colectivo obligatorio y ahorro vinculado al empleo reduce la dependencia de una única fuente de ingresos. Para quienes no lograron construir una pensión laboral suficiente, el sistema estatal conserva complementos sujetos a ingresos y patrimonio.

Las condiciones de los jubilados españoles han mejorado este año respecto al pasado, pero aún siguen lejos de las que disfrutan otros retirados europeos. Según recoge el Global Retirement Index (GRI) 2026 elaborado por Natixis Investment Managers, España ha subido seis posiciones en el ranking, pero continúa instalada en la parte baja de la clasificación internacional sobre las condiciones para la jubilación. Ocupa el puesto 33 de los 44 analizados, con una puntuación global del 56%, ocho puntos porcentuales más que un año antes.

Esta escalada permite a España abandonar el último puesto entre los países de la Unión Europea incluidos en el índice, una posición que pasa a ocupar Grecia, en el puesto 36. Finlandia aparece en el 35 y Letonia en el 34. Pese al avance al puesto 33, España todavía queda por detrás de otros países del sur de Europa: Italia ocupa el puesto 26 y Portugal, el 30.

El índice elaborado por Natixis evalúa 18 indicadores agrupados en cuatro grandes áreas: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. La mejora española se produce en la mayoría de estos subíndices, aunque el resultado global mantiene al país alejado de los primeros puestos de la clasificación.

La jubilación afronta una presión creciente

El informe sitúa el resultado español en un contexto internacional marcado por el aumento de las dificultades para garantizar la seguridad económica durante la jubilación. El envejecimiento acelerado de la población, los elevados niveles de deuda pública y la persistencia de la inflación están sometiendo a una presión creciente a los sistemas de pensiones.

En este escenario, el aumento de la esperanza de vida implica que las prestaciones deben mantenerse durante más años, mientras que la reducción relativa del número de trabajadores que realizan aportaciones incrementa la presión sobre los sistemas públicos. Al mismo tiempo, la inflación reduce la capacidad de ahorro de los particulares y puede deteriorar el poder adquisitivo de los ingresos destinados a la jubilación.

El 78% de los inversores particulares encuestados por Natixis en 21 países considera que cada vez recae más sobre ellos la responsabilidad de financiar su propia jubilación. Hace diez años, ese porcentaje era del 67%. La encuesta fue realizada entre 7.050 inversores durante febrero y marzo de 2025.

Las principales preocupaciones reflejan esa incertidumbre. El 40% teme no disponer de suficiente dinero para disfrutar de la jubilación, mientras que el 38% señala el impacto que puede tener la inflación sobre sus planes. Otro 33% teme posibles déficits en las prestaciones y un 25% reconoce que le preocupa no llegar nunca a ahorrar lo suficiente para retirarse.

El miedo a no llegar a un retiro seguro

La percepción de inseguridad llega hasta el punto de que el 43% de los inversores particulares a escala mundial considera que hará falta “un milagro” para alcanzar la seguridad durante la jubilación. Entre los inversores de alto patrimonio, esta opinión es compartida por aproximadamente un tercio de los encuestados.

Natixis plantea en su informe varias líneas de actuación para reforzar la preparación financiera de los ciudadanos. Entre ellas figura ampliar el acceso a planes de ahorro complementarios, impulsar sistemas de inscripción automática y favorecer la acumulación de activos destinados a proporcionar ingresos durante la jubilación.

Noruega repite el liderazgo mundial

En la parte alta de la clasificación, Noruega conserva por segundo año consecutivo el primer puesto del Global Retirement Index, con una puntuación del 83%. Irlanda ocupa la segunda posición, con un 81%, mientras que Países Bajos asciende del sexto al tercer puesto con un 79%, su mejor resultado histórico. Suiza y Dinamarca completan los cinco primeros puestos.

Islandia protagoniza uno de los descensos más destacados: cae cinco posiciones, hasta la novena, principalmente por el deterioro de su bienestar material tras el aumento del desempleo. Entre las grandes economías desarrolladas, Alemania obtiene el mejor resultado, con un 75%, y asciende un puesto hasta el séptimo de la clasificación mundial.

Reino Unido, con un 72%, ocupa el puesto 15 del ranking general, mientras que Estados Unidos baja tres posiciones hasta el puesto 24 y reduce su puntuación del 70% al 68%. Los movimientos muestran que incluso los sistemas situados en posiciones elevadas pueden experimentar retrocesos cuando empeoran las condiciones económicas y sociales que determinan la seguridad durante la jubilación.

Finlandia cae y Polonia remonta

Finlandia registra el mayor descenso de la clasificación: pierde 12 posiciones y cae hasta el puesto 35, después de reducir su puntuación del 66% al 54%. En el extremo contrario, Polonia protagoniza uno de los avances más significativos al subir nueve puestos, hasta el 19, y entrar por primera vez en el ‘top 25’.

Japón también mejora una posición y se sitúa en el puesto 25, mientras que Suecia pierde cuatro puestos y queda en el 22. Los cambios reflejan la evolución de los distintos componentes que analiza el índice y no únicamente la situación de los sistemas públicos de pensiones.

Las pensiones españolas afrontan un escenario marcado por el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del ‘baby-boom’, pero las últimas reformas habrían conseguido mejorar la sostenibilidad estructural del sistema español a largo plazo hasta convertir a España en el país europeo donde mejora más la viabilidad de las pensiones.

Esta es una de las principales conclusiones de un nuevo estudio publicado por Fedea, elaborado por investigadores de las Universidades de Valencia y Extremadura, que propone un nuevo indicador para medir la sostenibilidad económica, financiera y actuarial de los sistemas públicos de pensiones de la Unión Europea.

El estudio titulado Indicadores de equilibrio y sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones europeos a partir del Ageing Report, ha sido elaborado por José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, e introduce una metodología diferente al tradicional análisis del equilibrio financiero anual.

En lugar de limitarse a comparar los ingresos y gastos agregados del sistema, el nuevo indicador pone en relación el valor de las pensiones recibidas con el de las cotizaciones realizadas por una cohorte durante toda su vida laboral, descontando ambas magnitudes al mismo momento temporal.

El resultado cambia parcialmente el diagnóstico sobre España. Aunque el envejecimiento seguirá presionando las cuentas públicas, el indicador estructural apunta a que el sistema español sería el que más mejoraría entre los países comparados —Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia—. Los autores vinculan esta evolución a las reformas aprobadas en 2021 y 2023, orientadas a reforzar los ingresos y elevar la edad efectiva de jubilación.

El coste del envejecimiento seguirá pesando

El estudio no cuestiona, sin embargo, el impacto que tendrá el envejecimiento demográfico sobre las pensiones españolas. Las previsiones recogidas en el Ageing Report 2024 apuntan a un fuerte aumento del déficit del sistema como consecuencia de la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom. Entre 2022 y 2050, el déficit aumentaría en 2,5 puntos de PIB, lo que situaría a España como el sexto país de la Unión Europea con un mayor incremento en este indicador.

Este deterioro responde principalmente a la evolución demográfica. El aumento del número de pensionistas frente al de trabajadores en activo elevará la presión sobre un sistema cuya financiación depende en buena medida de las cotizaciones sociales. Por tanto, el diagnóstico financiero tradicional continúa apuntando a dificultades relevantes para las próximas décadas.

La aportación del nuevo indicador reside en que incorpora una perspectiva estructural y de largo plazo. Desde este enfoque, las reformas españolas modificarían la relación entre las cotizaciones realizadas durante la vida laboral y las pensiones que se reciben posteriormente, acercando el sistema a una situación de mayor sostenibilidad pese al incremento del gasto asociado al envejecimiento.

España lidera en sostenibilidad

Las reformas de 2021 y 2023 ocupan un papel central en las conclusiones del estudio. Los investigadores consideran que las medidas adoptadas para reforzar los ingresos del sistema y aumentar la edad efectiva de jubilación tendrán efectos sobre su diseño estructural. La consecuencia sería una relación más equilibrada entre las aportaciones de los trabajadores y las prestaciones futuras.

En la comparación internacional realizada por los autores, España presenta la evolución más favorable del nuevo indicador de sostenibilidad. El resultado contrasta con el diagnóstico que ofrece el indicador tradicional de equilibrio financiero, en el que el envejecimiento sitúa al sistema español entre los que afrontarán un mayor deterioro de sus cuentas durante las próximas décadas.

La diferencia entre ambos enfoques resulta clave para interpretar el estudio. España puede enfrentarse simultáneamente a un aumento significativo del gasto y del déficit vinculado al envejecimiento y, al mismo tiempo, experimentar una mejora de su sostenibilidad estructural. El primer indicador refleja la presión financiera inmediata del cambio demográfico; el segundo trata de medir cómo evoluciona el equilibrio entre cotizaciones y pensiones a lo largo del ciclo de vida.

Los autores alertan de supuestos “excesivamente optimistas”

Los investigadores introducen una advertencia sobre sus propias conclusiones. Señalan que estos resultados deben interpretarse con mucha cautela. La mejora proyectada para España depende de determinados supuestos utilizados en las previsiones del Ageing Report 2024 que los autores consideran “excesivamente optimistas”.

Uno de los elementos que cuestionan es el fuerte aumento previsto de la tasa de actividad entre los mayores de 55 años. Según el estudio, esta hipótesis tendría efectos tanto sobre la edad efectiva de jubilación como sobre la duración de las carreras laborales. Si la evolución real fuese menos favorable de lo previsto, el impacto positivo sobre la sostenibilidad del sistema podría ser también menor.

Los autores señalan además una reducción especialmente pronunciada de la tasa de reemplazo, es decir, de la relación entre la pensión inicial y los ingresos laborales previos. A su juicio, esta proyección podría estar sobrevalorando el efecto de que la base máxima de cotización crezca hasta 2050 por encima de la pensión máxima.

El estudio dibuja un escenario con dos caras. Las reformas recientes pueden haber mejorado el diseño estructural del sistema español y, según el nuevo indicador, España sería el país que más avanza en sostenibilidad entre los analizados. Pero esa mejora no está garantizada: su magnitud dependerá de que se cumplan unas previsiones demográficas, laborales y de prestaciones que los propios investigadores consideran especialmente favorables.

Dar sostenibilidad al sistema público de pensiones fue el objetivo que se marcó el Gobierno al impulsar su reforma. Optó por prolongar la vida laboral mediante incentivos a la jubilación demorada y endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. En este contexto, un informe de Fedea plantea dar un paso más y elevar las cotizaciones de las profesiones que mantienen mecanismos para adelantar el retiro.

La propuesta defendida por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, consiste en generalizar la “cotización recargada” allí donde todavía no se aplica y vincular todo coeficiente reductor a un proceso obligatorio de reciclaje profesional durante los diez últimos años de vida laboral, con medidas que permitan recolocar al trabajador en su propia empresa, en las administraciones públicas o mediante subvenciones.

El documento de Granado, que presentará el 25 de septiembre en la II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, organizada por Fedea, señala que el sistema de Seguridad Social ha evolucionado desde un entramado de estructuras mutualistas hacia un modelo de cobertura cada vez más universal, pero algunas reglas heredadas de aquella etapa continúan vigentes.

Así ocurre con determinados colectivos profesionales que mantienen condiciones especiales de jubilación por las características de sus trabajos, incluso cuando las condiciones laborales y tecnológicas han cambiado de forma sustancial. Entre estas profesiones se encuentran las de maquinistas de ferrocarril, estibadores portuarios o pilotos de aviación, todas ellas actividades que conservan mecanismos vinculados a riesgos y condiciones de trabajo de “otras épocas”.

El documento plantea que si la prevención de riesgos laborales, la adaptación de los puestos y la transformación tecnológica permiten reducir esos peligros, ¿tiene sentido mantener indefinidamente una jubilación anticipada asociada a determinadas ocupaciones?

Coeficientes reductores y cotización adicional

Los coeficientes reductores parten de una concepción del sistema que trata de compensar las dificultades específicas de determinados trabajos. Sin embargo, el informe cuestiona que estas ventajas no siempre vayan acompañadas de una cotización adicional que permita compensar el mayor coste que supone para el sistema adelantar la jubilación. El resultado, según el informe, es una diferencia entre trabajadores que permanecen en activo hasta edades cada vez más avanzadas y otros colectivos que pueden abandonar antes el mercado laboral.

“Estos coeficientes reductores no se financian aplicando medidas de cotización recargada que, al menos, palíen parcialmente el agravio de otros trabajadores, que van a trabajar a edades cada vez más avanzadas mientras las edades de jubilación de esta auténtica aristocracia obrera continúan inalterables, mientras cobran el resto de los trabajadores salarios muy inferiores”, recoge el documento.

El planteamiento para acabar con esta desigualdad no pasa necesariamente por eliminar de forma inmediata los coeficientes reductores, explica Granado. La alternativa, a su juicio, es introducir una “cotización recargada sin perder tiempo” para las ocupaciones que mantengan los coeficientes reductores, con un periodo transitorio que permita adaptar las reglas mediante el diálogo social. De esta manera, el coste de una jubilación anticipada quedaría parcialmente compensado por mayores aportaciones durante la vida laboral.

De un puesto de riesgo al cambio de profesión

El informe plantea que si una actividad requiere que sus trabajadores abandonen el puesto varios años antes de la edad ordinaria porque deteriora su salud o implica riesgos excesivos, la respuesta no debería limitarse a compensar ese riesgo con una prestación, sino que la prevención debería actuar antes.

La legislación de prevención de riesgos laborales, las políticas activas de empleo y las ayudas para adaptar los puestos de trabajo ya apuntan en esa dirección. El objetivo, indica Granado, sería conseguir que las personas con problemas de salud puedan permanecer dentro del mercado laboral siempre que sea posible, mediante modificaciones de sus condiciones de trabajo o mediante su traslado a otras funciones.

En ese escenario, la jubilación anticipada dejaría de ser la única salida para determinadas profesiones. El trabajador podría iniciar durante los últimos años de su vida laboral un proceso de transición hacia una ocupación diferente. El cambio permitiría sustituir progresivamente el trabajo de mayor exigencia física o riesgo por tareas compatibles con la edad y las capacidades del empleado.

Reciclaje profesional

La propuesta plantea que la existencia de un coeficiente reductor debería ir acompañada de un proceso de reciclaje profesional durante los últimos diez años de la vida laboral ordinaria previa a la jubilación anticipada. El trabajador podría formarse para desempeñar una nueva ocupación dentro de la misma empresa o acudir a un centro de formación para facilitar su recolocación.

La Administración tendría además un papel relevante. En el sector público, determinados puestos podrían reservarse para trabajadores procedentes de actividades con especial desgaste. En las empresas privadas, las subvenciones públicas podrían facilitar la adaptación y reducir las dificultades económicas y organizativas que implica recolocar a trabajadores con una trayectoria profesional muy especializada.

La idea supone cambiar el enfoque de la jubilación anticipada. En lugar de aceptar que determinadas profesiones deben mantenerse asociadas al deterioro físico hasta que llegue el momento de retirarse, se trataría de anticipar el cambio de actividad. El trabajador seguiría formando parte del mercado laboral, pero en un puesto diferente y menos exigente.

Una reforma pendiente en el diálogo social

El debate sobre los coeficientes reductores refleja, según el informe, una tensión entre dos modelos. El primero consiste en mantener mecanismos especiales para compensar a quienes desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos. El segundo apuesta por transformar esos puestos, reducir sus riesgos y facilitar la transición hacia otras ocupaciones antes de que el deterioro de la salud obligue a abandonar definitivamente la actividad.

La dificultad, según el documento, está en aplicar el cambio sin generar un perjuicio inmediato a los trabajadores que actualmente dependen de estos mecanismos. Por eso, cualquier modificación debería contar con periodos transitorios y formar parte de las negociaciones entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Vivir más es una de las grandes conquistas de nuestra época. Antes, llegar a los 60 o 70 años significaba, con frecuencia, acercarse al límite de la vida y enfrentar numerosas enfermedades. Hoy el panorama es distinto: somos una sociedad más longeva y, precisamente por ello, debemos plantearnos una pregunta que pocas veces aparece al planear nuestro patrimonio: ¿estamos acumulando dinero suficiente para una vida más larga o estamos construyendo una vida en la que podamos elegir durante más tiempo?

Hace algunos años, pensar en llegar a los 90 podía parecer excepcional. Hoy, la longevidad está cambiando esa perspectiva. Sin embargo, mientras celebramos la posibilidad de vivir más, hay una cuestión que rara vez forma parte de nuestras conversaciones financieras: ¿estamos preparando nuestro patrimonio para acompañarnos durante tantos años?

Porque vivir más cambia casi todo.

Cambia el tiempo durante el cual necesitaremos generar ingresos y el periodo que deberán durar nuestros recursos. También transforma la manera en que pensamos la salud, la vivienda, el trabajo y, por supuesto, el retiro.

El retiro ya no es el final

Durante mucho tiempo nos enseñaron a pensar en el retiro como una meta: llegar a cierta edad, dejar de trabajar y comenzar a disfrutar de lo que habíamos construido. Pero ¿qué sucede si, después de retirarnos, todavía tenemos por delante 20, 25 o incluso 30 años?

El retiro deja entonces de ser el final de una etapa y se convierte en el comienzo de otra. Eso modifica por completo la conversación patrimonial. Ya no basta con preguntarnos cuánto dinero necesitamos para retirarnos; debemos comenzar a cuestionarnos cómo queremos vivir los años posteriores y qué patrimonio necesitamos para sostener esa vida.

No es lo mismo llegar al retiro con recursos suficientes para cubrir lo básico que hacerlo con la posibilidad de elegir: continuar trabajando o no, emprender un proyecto, estudiar, viajar, cambiar de ciudad, apoyar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres o cuidarnos a nosotros mismos.

También puede significar tener la tranquilidad de que nuestras decisiones no estarán determinadas únicamente por la necesidad de obtener un ingreso.

Un patrimonio que sostenga decisiones

Es ahí donde el concepto de patrimonio adquiere otra dimensión. El patrimonio no debería existir únicamente para acumularse, sino para sostener decisiones a lo largo del tiempo.

Cuando la vida se prolonga, también se amplía el horizonte durante el cual necesitamos conservar esa capacidad de elegir. Por eso, pensar solamente en cuánto tenemos hoy puede resultar engañoso.

La pregunta verdaderamente importante es durante cuánto tiempo podrá acompañarnos lo que hemos construido. Un patrimonio puede ser grande y, aun así, no estar preparado para una vida larga: quizá está concentrado en un solo activo, no contempla determinados riesgos, depende de que sigamos trabajando o no considera las necesidades que surgirán en las distintas etapas de la vida.

También puede ocurrir lo contrario: una persona quizá todavía no posea un patrimonio enorme, pero puede estar construyendo algo mucho más valioso: la capacidad de elegir en el futuro.

Por eso creo que necesitamos cambiar la manera en que hablamos del retiro. Tal vez no se trate solamente de retirarnos del trabajo, sino de llegar a un momento en el que trabajar sea una elección y no una obligación.

Para lograrlo, debemos pensar en el patrimonio no como una cifra final, sino como una herramienta capaz de acompañarnos durante las distintas etapas de nuestra vida.

La riqueza también se mide en tiempo

La longevidad no solo está extendiendo nuestra existencia; también está ampliando el horizonte de nuestras decisiones financieras. Durante años hemos medido la riqueza por lo que tenemos: propiedades, inversiones, cuentas o negocios. Pero también deberíamos aprender a medirla mediante algo menos visible: los años de libertad que nuestro patrimonio puede ayudarnos a construir.

Al final, la verdadera riqueza no necesariamente consiste en dejar de trabajar, sino en poder decidir qué hacer con nuestro tiempo cuando trabajar ya no sea una obligación.

Y si vamos a vivir más, quizá la pregunta financiera más importante ya no sea cuánto dinero necesitamos para retirarnos, sino cuántos años de libertad queremos construir con el patrimonio que estamos formando hoy.

Los españoles tienen aversión al riesgo en materia de inversión, como lo demuestra que seis de cada diez mantienen su dinero fuera de los mercados financieros pese a que tres de cada cuatro hogares cuentan con ahorros. No obstante, cuatro de cada diez personas que hoy no invierten aseguran que podrían hacerlo en el futuro.

Estas son las principales conclusiones de una encuesta encargada por ING Research a Ipsos que muestra una brecha entre la capacidad de ahorro de las familias y su disposición a invertir. El estudio, realizado en once países europeos entre el 27 de julio y el 7 de agosto, refleja además que España mantiene una relación especialmente prudente con la inversión.

El miedo a perder dinero y la falta de conocimientos financieros aparecen entre los principales obstáculos para invertir. Un 56% de los españoles que no invierten señala la aversión al riesgo como motivo, mientras que un 43% considera que no tiene suficientes conocimientos para dar el paso.

La cautela también se refleja en la elección de productos. Dos de cada tres encuestados españoles prefieren activos más seguros, aunque implique obtener una rentabilidad menor. Los ahorradores muestran además una mayor confianza en los asesores profesionales que en las recomendaciones de inversión generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Los jóvenes: más inversores que ahorradores

Pese a esta prudencia, la encuesta detecta un creciente interés de las generaciones más jóvenes por construir patrimonio a largo plazo. Los ciudadanos españoles de entre 25 y 44 años son el grupo con mayor interés inversor de Europa, un dato que apunta a un cambio gradual en la relación con el ahorro y los mercados financieros.

Los encuestados consideran que mantener el nivel de vida en la jubilación es uno de los objetivos que se marcan al invertir. La mayoría considera necesario prepararse financieramente para esa etapa.

A pesar de que invierten poco, los españoles reconocen que mantener todo el ahorro inmovilizado puede entrañar riesgos, especialmente en periodos de inflación. La pérdida de poder adquisitivo del dinero se convierte así en uno de los argumentos para buscar alternativas que permitan preservar o aumentar el patrimonio.

Inversión en ladrillo, la preferida por los españoles

Sin embargo, cuando se pregunta por los activos con mayor potencial de rentabilidad durante los próximos diez años, los españoles no sitúan a los mercados financieros en primera posición. La vivienda destinada al alquiler continúa siendo la opción preferida: un 45% de los encuestados considera que es la inversión con mejores perspectivas a largo plazo.

La preferencia española por el ladrillo contrasta con la visión predominante en el conjunto de Europa. En el resto del continente, el oro aparece como el activo al que los encuestados atribuyen un mayor potencial de rentabilidad durante la próxima década. La diferencia refleja también distintas culturas de ahorro e inversión y la tradicional importancia que tiene la vivienda en el patrimonio de los hogares españoles.

El estudio señala que Europa está avanzando en la transición del ahorro hacia la inversión, aunque todavía existe un amplio margen de crecimiento frente a mercados más desarrollados, como Estados Unidos. Una parte significativa del patrimonio de los hogares continúa concentrada en depósitos y otros instrumentos líquidos, incluso cuando existen alternativas destinadas a generar rentabilidad a más largo plazo.

Las estimaciones de ING Research reflejan que no invertir sale caro. Si los europeos hubieran destinado únicamente una cuarta parte del dinero que canalizaron hacia depósitos desde 2002 a fondos de inversión, el patrimonio de los hogares habría sido 1,17 billones de euros en 2025. Esa cantidad equivale al 7,4% del PIB de la zona euro.

Las pensiones contributivas podrían subir alrededor de un 3,2% en 2027, según la evolución de la inflación conocida hasta agosto y las previsiones para los próximos meses. La cifra todavía no es definitiva, ya que el incremento final dependerá del comportamiento del IPC en septiembre, octubre y noviembre, los tres datos que terminarán de determinar cuánto cobrarán los pensionistas a partir de enero.

La subida que se aplicará desde enero de 2027 se calculará conforme al mecanismo de revalorización vigente desde 2022. La fórmula establece que las pensiones contributivas deben actualizarse cada año en función de la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre.

Esto significa que los tres próximos datos de inflación serán determinantes para conocer cuánto subirán finalmente las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Por ahora, las previsiones apuntan a un incremento próximo al 3,2%, ligeramente superior al 2,7% aplicado en 2026, señalan fuentes del Instituto de Pensiones de BBVA.

Inflación, al alza

Los datos publicados hasta agosto muestran una evolución desigual de los precios. El IPC pasó del 2,9% en diciembre de 2025 al 2,3% en enero y febrero de 2026, antes de repuntar hasta el 3,4% en marzo. En abril, mayo y junio se situó en el 3,2%, mientras que en julio escaló al 3,6%.

El mayor salto se produjo en agosto, cuando el indicador adelantado del IPC alcanzó el 4,3%, siete décimas más que el mes anterior. Este repunte ha elevado la media de inflación de 2026 hasta aproximadamente el 3,15% y ha añadido incertidumbre a la previsión de la revalorización de las pensiones.

La evolución de los precios energéticos será uno de los principales factores a vigilar durante el otoño. Las estimaciones de Funcas sitúan la inflación media de 2026 alrededor del 3,2%, aunque otros escenarios más recientes elevan la previsión hasta el 3,5%, lo que podría traducirse en una subida de las pensiones superior a la inicialmente calculada.

Cuándo se sabrá cuánto suben las pensiones

Los pensionistas tendrán que esperar hasta finales de noviembre para conocer una primera aproximación oficial. El 27 de noviembre de 2026 está prevista la publicación del dato provisional del IPC correspondiente a ese mes, que permitirá calcular la revalorización con una elevada precisión.

La cifra definitiva llegará unas semanas después. El 15 de diciembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística publicará los datos definitivos del IPC y del IPCA correspondientes a noviembre. A partir de entonces podrá determinarse oficialmente el porcentaje que se aplicará a las pensiones contributivas desde el 1 de enero de 2027.

Desde que entró en vigor el actual sistema de actualización, las pensiones han experimentado incrementos muy diferentes en función de la evolución de los precios: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026.

La pensión máxima subirá hasta rondar los 48.500 euros anuales

La pensión máxima sigue una fórmula específica desde 2025, que añade 0,115 puntos porcentuales al incremento vinculado a la inflación. Con las estimaciones actuales, el importe máximo anual podría situarse en torno a los 48.593 euros en 2027, frente a los 47.034,40 euros de 2026.

El comportamiento de las pensiones mínimas será diferente. Las de jubilación y viudedad mínimas, así como las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), continuarán con su proceso de incremento por encima de la inflación para avanzar hacia los objetivos fijados por la legislación.

El próximo año será clave para culminar la progresiva equiparación de determinadas prestaciones con los umbrales de pobreza. Por tanto, la subida final no será igual para todos los pensionistas y dependerá del tipo de prestación y de las decisiones que adopte el Gobierno.

Limitar la pensión de viudedad cuando el beneficiario tenga ingresos procedentes del trabajo, garantizar un incremento mínimo de renta cuando llegue la jubilación, reforzar las pensiones de orfandad y crear progresivamente un sistema de seguro para las parejas son las cuatro propuestas que Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, plantea para rediseñar la pensión de viudedad que, en su opinión, arrastra importantes distorsiones en su actual sistema de compatibilidades.

El informe elaborado por Granado, se presentará en la II Jornada sobre el Sistema Público de Pensiones y Seguridad Social, organizada por Fedea, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en las instalaciones de la Fundación Ramón Areces. La primera medida recogida en él pasa por establecer un régimen de incompatibilidades entre la pensión de viudedad y los ingresos procedentes del trabajo o de actividades económicas durante la vida activa. El objetivo sería ajustar la cuantía de la prestación en función de las rentas del beneficiario, siguiendo los ejemplos de otros sistemas de pensiones de la Unión Europea.

La segunda propuesta pretende evitar que los pensionistas con una jubilación o una incapacidad limitada por el tope máximo, o sostenida mediante complementos a mínimos, pierdan en la práctica el incremento de ingresos que debería suponer el reconocimiento de una pensión de viudedad. A ella se suman otras dos medidas: aumentar las prestaciones de orfandad a costa de un reequilibrio con las de viudedad y establecer progresivamente un régimen de seguro para las parejas que quieran mantener parte de las mejoras de renta del sistema actual.

Una reforma para adaptar la prestación a la sociedad

El planteamiento de Granado parte de la transformación del contexto en el que nació la pensión de viudedad. La prestación fue diseñada inicialmente para compensar las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral y generar derechos propios de jubilación. Hoy, sin embargo, las mujeres representan ya el 47% de la afiliación al sistema y tienen una participación mucho mayor en el empleo.

Al mismo tiempo, el peso del matrimonio y de las parejas convencionales se ha reducido, mientras que la esperanza de vida ha aumentado. Estos cambios ayudan a explicar que las pensiones de viudedad hayan pasado de representar el 20,3% del gasto total en pensiones hace veinte años al 15,4% en la actualidad.

Granado considera que estas transformaciones hacen necesario revisar unas reglas que proceden de una época en la que la situación laboral de las mujeres era muy distinta y reconoce que la pensión de viudedad mantiene hoy una elevada compatibilidad con los ingresos del trabajo y de actividades económicas, incluso cuando las rentas del beneficiario son elevadas.

Las contradicciones de la pensión de viudedad

La principal contradicción aparece cuando el beneficiario deja de trabajar y comienza a cobrar su propia pensión. La viudedad puede compatibilizarse prácticamente sin límites con un salario, pero cuando se suma a una jubilación o a una pensión de incapacidad entra en juego el tope máximo de las pensiones públicas.

El informe recuerda que esta cuestión ya estuvo sobre la mesa en la reforma de 2007. A propuesta de la CEOE, la Administración de la Seguridad Social estudió implantar un modelo similar al alemán, en el que la cuantía de la pensión de viudedad se redujera en función de los ingresos adicionales del beneficiario, pero la oposición de los sindicatos en el diálogo social frenó aquella reforma.

El resultado, a juicio de Granado, es un sistema que puede generar situaciones difíciles de justificar debido a que una persona puede recibir una pensión de viudedad durante su vida activa junto a otros ingresos y, años después, cuando accede a su propia jubilación, comprobar que parte de aquella prestación queda absorbida por el límite máximo de las pensiones públicas.

El problema no afecta únicamente a quienes perciben pensiones elevadas. El informe recoge el supuesto de un matrimonio dedicado a la agricultura en el que ambos perciben una pensión mínima de 12.441,80 euros anuales, tras aplicarse un complemento a mínimo de 3.341,80 euros sobre una base de 650 euros al mes. Al enviudar la persona y generar una pensión de viudedad de 4.732 euros al año, el solapamiento con el complemento a mínimo reduce la ganancia real neta a 99,35 euros al mes.

Más protección para los huérfanos

El informe también pone el foco en las pensiones de orfandad. Su autor considera que existe un desequilibrio entre las prestaciones de viudedad y orfandad y reclama una mayor atención a los huérfanos, especialmente durante las edades en las que todavía no pueden incorporarse al mercado laboral.

“Todos los grupos políticos han explicado a los electores en reiteradísimas ocasiones la necesidad de ir reforzando la pensión de orfandad, tan exigua comparativamente frente a la de viudedad, lo que establece una diferencia social indeseable entre los viudos y viudas sin descendencia frente a los que deben afrontar ser sostenedores de familias con hijos”, recoge el documento.

Así, en 2005, el gasto en pensiones de viudedad multiplicaba por 14 al destinado a las pensiones de orfandad. En 2025, la proporción seguía siendo muy elevada: el gasto en viudedad fue 13,17 veces superior al de orfandad. Aunque se han introducido mejoras en esta última prestación, Granado plantea un nuevo reequilibrio entre ambas.

Una prestación pendiente de reforma integral

Granado argumenta que si continúa aumentando la esperanza de vida y disminuyendo el peso de los matrimonios y las parejas de hecho, el gasto en pensiones de viudedad seguirá registrando previsiblemente un ligero descenso. Pero, pese a ello, los problemas de la prestación seguirán pendientes.

Recuerda que la Comisión del Pacto de Toledo ha reclamado en dos ocasiones una reforma integral de la pensión de viudedad. En su opinión, una de las cuestiones que debe abordarse es quién debe financiar estas prestaciones en una sociedad en la que el peso de la familia y del matrimonio ha cambiado. Entre las alternativas plantea que parte de las pensiones de viudedad pueda financiarse mediante impuestos y no exclusivamente a través de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Voluntariado. Hoy, las estadísticas muestran que la franja de 50 a 70 años, la denominada “generación plateada”, lidera las horas acumuladas de servicio voluntario formal.

Alguien escribió que cuando por un trauma o alguna circunstancia nuestra vida cambia abruptamente, el cerebro trabaja incansablemente para proponer rutas a seguir. Hay tantos caminos como personas, una solución para cada uno. Hablamos de viajes, de aprendizaje, de tareas intelectuales y físicas para mantener y generar nuevas habilidades a la edad del retiro.

Las preguntas siguen apareciendo.

Buena propuesta, ¿pero qué significa voluntariado?

Un propósito de vida

Una tarde, paseando por el Jardín Japonés con mi compañera de aventuras en Malta, Dora, le planteo el dilema.

Y ella, con la misma sonrisa de siempre, me cuenta sobre su voluntariado desde hace 18 años en Casa Ronald.

Nos quedamos en silencio unos minutos, yo no quería parecer indiscreto o puramente curioso, pero los porqués se acumulaban en el espacio entre la garganta y los dientes, al fin exploté y la pregunta salió ominosamente. “¿Por qué vas? Digo, yo hice cosas parecidas en mi vida, pero ¿por qué ahora?"

Seguimos disfrutando de los árboles y las flores. “Mira, yo estoy prácticamente sola, no elegí a nadie y nadie me elegió, no tengo marido, no tengo hijos. Esto me da un propósito para levantarme y salir a la vida —sencillo—. Me hace sentir útil, me da una mejor versión de lo que puedo ser”.

Tras el cese de la actividad laboral tradicional, las personas buscan nuevos espacios de socialización, pertenencia y validación que otorguen propósito a su tiempo libre.

A esto podemos llamarlo como quieran, pero en lo profundo es rediseñar nuestra nueva identidad, esa que carga con el peso de la memoria, con la sabiduría de la edad, con la inquietud de percibir la propia finitud, y con la maravillosa posibilidad de moldear, fraguar, o esculpir una nueva persona sobre la antigua, aquella que está consciente del tiempo que le queda y la necesidad de verse en plenitud y en su mejor versión.

Quizás no es para todos, tal vez es solo una parte del camino, el voluntariado, al parecer tiene varias caras.

Dora me mostró su vida sin la sensación de tragedia, con paz, con cierta felicidad y planeando nuevas aventuras juntas por el mundo. Otras caras de lo mismo.

Los rostros del voluntariado

Fui preguntando a quienes quisieran contestar, y me di cuenta de cuánta gente hoy lo practica.

Voluntariado con animales, en refugios, o en un santuario en el Delta, en Puerto Golondrina, que visité a fines del año pasado. Un lugar de libertad, los animales están sueltos y en armonía, son los rescatados de maltratos, caballos, burros, ovejas, perros, gatos... Llegan a la isla para vivir lo que les queda de vida en un lugar de paz, de cuidados.

¡Tuve la oportunidad de ver un juego de la escondida entre un perro y un caballo!

La gente que los cuida eligió esa vida sobre cualquier otra propuesta.

Quizás no solo con personas funciona.

¿Qué es lo que produce el voluntariado en sí mismo?

¿Cuál es la magia que actúa en esa sensación de bienestar que deja?

Te da sensación de pertenencia. Ver qué es lo que necesita el otro

En un paso siguiente, un hombre de la comunidad japonesa en Argentina me concedió una charla, sin conocerme, ni saber de qué quería hablar. Mi búsqueda había comenzado con las comunidades nativas de Canadá y su concepto de comunidad, el respeto a la sabiduría de sus mayores. En realidad, quería preguntarle sobre su ONG, la atención a la gente mayor, todos esos valores que parecen tan ajenos a nosotros, la cultura en la que el viejo es descartable.

Hitoshi Tamanaha, un encanto de persona, tuvo la amabilidad de conversar conmigo durante casi tres horas, sobre temas variados.

Pregunté, me contestó, repregunté, volvió a contestar. Su organización se ocupa de la gente muy mayor de la comunidad, internada en geriátricos o neuropsiquiátricos. Ellos van una vez por mes, los visitan, les llevan comida japonesa, les hablan en su lengua, les llevan música japonesa y cantan juntos. ¿Qué necesitan ellos? Identidad.

Les devuelven su identidad, su infancia, los aromas de su tierra, la lengua materna, la música de su juventud, el recuerdo de sus amores. Todo eso, les otorga pertenencia, mucho más que simples visitas.

Pertenencia en un medio que los despersonaliza.

Me conmovió, me impactó cuando quise escribir la conversación que habíamos tenido, cuando el papel me mostró la importancia de las palabras.

El voluntariado puede ser un camino hacia el sentido; no “la” respuesta al sentido. ¿Qué ocurre cuando dejamos de preguntarnos solamente qué necesito yo y empezamos a preguntarnos qué necesita el otro? Encontramos propósito, construimos comunidad y un conjunto de pertenencias ajenas que hacemos propias. Mirar qué hay del otro lado suele ubicarnos en dos planos que se alimentan mutuamente: dar y recibir.

Aprender a recibir

Reciprocidad, palabra incómoda. Si hablamos de dar, de mirar al otro y entender su necesidad todo está en calma. Es ahí donde nos sentimos en ese lugar mágico, dicho con humildad, pero con culpa, de ser más que el otro, yo soy el que puedo. Pero, ¿qué nos pasa cuando la necesidad es propia? ¿Cuando tenemos que asumir que el cuerpo no nos responde como antes, y debemos dejar que otros avancen?

He oído muchas veces… “si tengo que depender de alguien mejor me muero… antes de tener un cuidador me mato… ¿depender de mis hijos? ¡Ni hablar!”

Y tantas otras frases que una vez más, demuestran que no hemos aprendido todo aún. La lección más dura para los educados en la autonomía, la independencia de voluntades, los que hasta ahora han tenido la más mínima de las decisiones sobre su vida.

En una sociedad que premia el optimismo y la longevidad activa apenas se habla de esto. Sin embargo, existe esta penúltima lección que aprender. Recuerdo una tarde que acompañé a mi madre a un médico y ella me dijo: “Estoy mortificada por darte tanto trabajo”.

Y a mí me surgió una idea que me llenó de luz y de cariño al mismo tiempo, le dije este es nuestro tiempo de aprender a dar, y es el tuyo de aprender a recibir, es tan importante para mí como para vos.

El camino no fue fácil, fue lindo.

Llegar a ese punto de fragilidad después de una vida útil es difícil de aceptar.

¿Qué nos pasa por dentro?

¿Cuál es la última rebeldía del camino?

¿La ecuación sería no necesito nada ni a nadie? No quiero parecer débil, no quiero que me miren con compasión, no quiero que otro decida por mí. Nacemos necesitando cuidados, morimos probablemente necesitando cuidados.

El tema es ver qué es lo que implica. En algunas personas significa la pérdida de la autoridad, en otras la independencia, en algunas la pérdida de autonomía. Y lamentablemente en otras, la pérdida de la identidad y la dignidad.

¿Por qué… en qué espejo nos miramos ante nuestra propia y frustrante necesidad de cuidados?

¿En el del pasado remoto, el pasado inmediato?

¿O en todos los espejos que, como fragmentos, van integrando lo que somos?

¿Se pierde eso ante una necesidad tan clara como el envejecimiento?

No es un tema fácil de pensar, fácil de llevar o simple de implementar, porque de base desconocemos o negamos esa frase tan simple.

Qué le pasa a quien cuida

¿Y qué le pasa a quien cuida? El encargado de dar, de cubrir esa necesidad del otro. ¿Qué piensa? ¿Qué ve? ¿A quién ve cuando cuida, a una persona en pedazos, un resto de vida de lo que fue? Más duro todavía.

¿Cómo enseñamos a cuidadores y acompañantes a no restar autonomía, a no robar identidad y dignidad a los pacientes que están bajo su cuidado? Me acuerdo ahora de Hitoshi Tamanaha, sus visitas a los miembros de la comunidad nikkei, como devolvía la identidad y la sensación de pertenencia.

Pertenencia, identidad, dignidad, son esas características que no deberíamos perder, tanto unos como otros. Necesitar cuidados no debería implicar dejar de tomar decisiones o perder autonomía.

Desde la dignidad de ser humano, de ser integrante de una comunidad, de ser parte de una familia, desde ese punto podemos aceptar cuidados. Dar y recibir, dos caras de la misma lección.

Países Bajos ha conseguido durante tres años consecutivos convertirse en el país que encabeza la clasificación con las mejores pensiones del mundo. En 2025 obtuvo la primera posición en el Mercer CFA Institute Global Pension Index, con una puntuación de 85,4 sobre 100 y la calificación A, la máxima que otorga este índice internacional. Pronto conoceremos el puesto que obtiene en 2026. Este sistema lo que hace es comparar la jubilación en 52 economías en función de su adecuación, sostenibilidad e integridad. Detrás de los buenos resultados de este país se encuentra un modelo que combina una pensión pública universal con fondos privados de ahorro vinculados al empleo, un esquema que otros países europeos, entre ellos España, observan con atención ante el envejecimiento poblacional.

El primer pilar del sistema neerlandés es la prestación estatal AOW (Algemene Ouderdomswet), financiada mediante impuestos y concebida como una base económica mínima para todos los jubilados. Para una persona que vive sola, la cantidad bruta asciende a 1.662,16 euros mensuales desde julio de 2026, cifra que se traduce en 1.581,55 euros netos si se aplica el crédito fiscal correspondiente. Quienes conviven con otro adulto reciben una cuantía menor por persona, de 1.139,39 euros brutos mensuales.

La AOW no depende del salario percibido durante la vida laboral, sino de los años de residencia o trabajo en Países Bajos. Cada año asegurado entre los 15 años y la edad de jubilación suma un 2% de la pensión completa, de modo que se necesitan 50 años para acceder al 100% de la prestación. A esta base se añade una paga extra anual, la denominada asignación de vacaciones, que se abona en mayo.

La edad de jubilación se ajusta según la esperanza de vida

La edad oficial de retiro está fijada en 67 años tanto para 2026 como para 2027, y subirá a 67 años y tres meses a partir de 2028. A diferencia de un sistema con una edad fija e inamovible, el Gobierno neerlandés revisa este parámetro cada cinco años y lo vincula a la evolución de la esperanza de vida de la población. El objetivo de esta fórmula es adaptar progresivamente el sistema a los cambios demográficos y mantener el equilibrio entre generaciones, de manera que el costo del envejecimiento no recaiga únicamente sobre los trabajadores activos.

La particularidad más señalada del modelo neerlandés es su segundo pilar: los fondos de pensiones vinculados al empleo, de carácter cuasi obligatorio para la mayoría de los trabajadores asalariados a través de esquemas sectoriales. Estos fondos gestionan un patrimonio conjunto que supera 1,5 billones de euros y permiten a los empleados acumular ahorro durante toda su vida laboral, que luego complementa la prestación pública.

Países Bajos atraviesa actualmente una reforma profunda de este segundo pilar. La Ley del Futuro de las Pensiones (Wet toekomst pensioenen), en vigor desde julio de 2023, obliga a los esquemas de empleo a completar la transición hacia el nuevo sistema antes de enero de 2028. Con este cambio, el modelo tradicional de prestación definida da paso a otro basado en aportaciones definidas, en el que el monto acumulado y el rendimiento de las inversiones adquieren mayor peso sobre la pensión final que las promesas fijas de pago.

El riesgo de inversión varía según la edad del trabajador

Los fondos colocan el capital en distintos activos, entre ellos renta variable, deuda corporativa e inversiones inmobiliarias. La estrategia de inversión se adapta al ciclo de vida del afiliado: los trabajadores más jóvenes pueden asumir carteras con mayor exposición al riesgo en busca de rentabilidades superiores, mientras que quienes se acercan a la jubilación migran hacia posiciones más conservadoras para proteger el capital acumulado.

Esta arquitectura de tres pilares, que se completa con productos de ahorro voluntario e individual, busca que el futuro de las jubilaciones no dependa únicamente de las cotizaciones de los trabajadores activos en cada momento, como ocurre en los sistemas de reparto puro. Al distribuir el riesgo entre el Estado, los fondos sectoriales y el ahorro individual, el esquema neerlandés logra sostener simultáneamente una alta tasa de reemplazo de ingresos y una proyección de sostenibilidad financiera a largo plazo, dos de los criterios centrales que evalúa el Mercer CFA Institute Global Pension Index.

Una anualidad inmediata de USD 250.000 puede pagar en 2026 entre USD 1.250 y USD 2.875 por mes. La edad en la que comienzan los cobros explica gran parte de esa diferencia.

El rango surge de un análisis de cotizaciones de anualidades inmediatas de Annuity.org, citado por CBS News. A los 60 años, ese capital generaría aproximadamente entre USD 1.250 y USD 1.325 mensuales. A los 80 años, en cambio, podría producir entre USD 2.700 y USD 2.875.

La diferencia se vincula con la expectativa de vida. En una anualidad inmediata de vida única, la aseguradora se compromete a pagar durante el resto de la vida del titular.

Si los desembolsos empiezan a los 60 años, el período esperado es más largo que si comienzan a los 80, lo que reduce el monto mensual inicial.

CBS News también señaló que el cálculo puede variar por sexo, ya que las mujeres tienen una expectativa de vida promedio más extensa que los hombres.

Esa diferencia influye en la estimación del tiempo durante el cual la aseguradora deberá sostener los pagos.

La edad de inicio modifica el ingreso mensual que entrega la anualidad

No existe un pago mensual único para todos los compradores de una anualidad de USD 250.000. El monto final depende de la edad al iniciar los cobros, la aseguradora, las tasas vigentes, el lugar de residencia y las características incluidas en el contrato.

Dos jubilados que destinen la misma suma a una anualidad a la misma edad todavía podrían recibir montos distintos. CBS News aclaró que las cifras difundidas son estimaciones y no cotizaciones garantizadas.

El medio también indicó que cobrar antes no necesariamente es una decisión peor que esperar. Empezar a una edad más baja suele implicar pagos mensuales menores durante un plazo potencialmente más largo. Demorar el inicio puede elevar el ingreso mensual, aunque durante menos años.

La conveniencia de una fecha u otra depende de cuándo se necesita ese flujo de dinero y de cómo encaja la anualidad dentro del resto del ahorro para el retiro. Ese ingreso puede combinarse con Seguridad Social, una pensión, retiros de cuentas jubilatorias u otras fuentes.

Convertir ahorro en ingreso fijo también reduce liquidez

La otra cara de esta herramienta es la pérdida de acceso directo al capital. Una vez contratada una anualidad inmediata, el ahorrista suele entregar la suma global a cambio de la promesa de pagos regulares de la aseguradora.

Ese canje puede dar previsibilidad a los ingresos mensuales durante el retiro. Pero también puede limitar el acceso a dinero en efectivo ante una reparación importante en la vivienda, un gasto médico u otro gasto extraordinario.

Según explicó CBS News, el riesgo es mayor si esos USD 250.000 representan la mayor parte del patrimonio disponible para la jubilación. Colocar toda la suma en una anualidad podría dejar menos margen para afrontar imprevistos.

Cómo preservar liquidez y afrontar la inflación

Destinar esa suma a una anualidad resulta más manejable cuando forma parte de una cartera más amplia. Los pagos mensuales pueden cubrir gastos estables, mientras el resto del dinero permanece en cuentas de ahorro o inversiones para emergencias, consumos discrecionales y egresos variables.

La inflación agrega otra limitación. Un pago fijo que alcanza para cubrir ciertos gastos al inicio del retiro puede perder poder de compra 10 o 20 años después, a medida que suben los precios.

Algunas anualidades ofrecen ajustes por inflación o pagos crecientes, aunque esa protección suele reducir el beneficio inicial.

Antes de decidir cuánto patrimonio convertir en ingreso garantizado, conviene calcular cuánto dinero llegará desde otras fuentes, cuánto se espera gastar por mes y qué nivel de ahorro líquido se desea mantener fuera del contrato.

CBS News añadió que la comparación entre aseguradoras no debería centrarse solo en el pago mensual más alto. También deben considerarse los beneficios para sobrevivientes, las garantías, las restricciones de liquidez y las implicancias fiscales.

Hace poco, durante una conversación sobre retiro, alguien me dijo: “Creo que ya podría dejar de trabajar”. Lo expresó como si fuera una buena noticia. Sin embargo, unos segundos después agregó: “El problema es que no sé qué haría después”.

Nos cuesta trabajo definir qué vamos a hacer más allá de los 60 o 70 años. Incluso cuando contamos con los recursos necesarios, muchas veces preferimos no pensarlo.

Muchas personas pasan décadas preparándose financieramente para dejar de trabajar, pero muy pocas se preparan para la vida que comenzará después. Y es que, durante buena parte de nuestra vida adulta, el trabajo organiza nuestros días.

Muchas veces simplemente nos dejamos llevar. No tenemos que decidir demasiado porque el trabajo nos da una rutina, nos conecta con otras personas, nos plantea objetivos y, en muchos casos, también nos proporciona reconocimiento y una parte importante de nuestra identidad.

Cuando alguien nos pregunta quiénes somos, con frecuencia respondemos diciendo a qué nos dedicamos: soy médico, soy empresario, soy abogada, soy directora.

Nuestro trabajo termina convirtiéndose en una manera de explicarnos ante los demás y, muchas veces, ante nosotros mismos. Es una respuesta cómoda, conocida, que hemos construido durante años.

Por eso, la idea del retiro puede generar una sensación contradictoria.

Cuando el trabajo deja de definir quiénes somos

Por un lado, el retiro representa libertad: la posibilidad de recuperar nuestro tiempo y dejar atrás horarios, obligaciones y responsabilidades que durante años ocuparon una parte importante de nuestra vida.

Pero también puede abrir una pregunta incómoda: ¿quién soy cuando ya no tengo que hacer aquello que durante décadas definió quién era?

Creo que ésta es una de las conversaciones más importantes que debemos tener antes de retirarnos, porque el retiro no es solamente una decisión financiera; también es una decisión relacionada con el ego y la identidad.

Podemos tener un patrimonio suficiente, haber construido fuentes de ingresos y contar con una estrategia que nos permita vivir sin depender de un salario y, aun así, no sentirnos preparados para dejar de trabajar.

El problema no siempre es el dinero. A veces, es no saber qué hacer con la libertad que durante tanto tiempo nos dedicamos a construir.

Tal vez por eso necesitamos cambiar la manera en que pensamos sobre el retiro.

Durante años nos enseñaron a imaginarlo como un punto de llegada: trabajar durante décadas, ahorrar, invertir y, finalmente, dejar de trabajar. Pero ésa es una definición demasiado limitada.

Trabajar por elección y no por obligación

El verdadero objetivo de una buena planeación patrimonial no debería ser simplemente dejar de trabajar. Debería ser llegar a un punto en el que trabajar sea una elección y no una obligación.

Y esa diferencia puede cambiarlo todo.

El escenario del retiro también debería responder a preguntas como: ¿queremos seguir trabajando?, ¿en qué proyectos queremos participar?, ¿qué horarios deseamos tener?, ¿con quién queremos trabajar?, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicar?, ¿qué responsabilidades queremos conservar?

Y, sobre todo, ¿qué actividades queremos dejar atrás?

Ahí también existe un duelo para el cual debemos prepararnos.

El patrimonio, en ese sentido, no debería obligarnos a abandonar aquello que nos apasiona. Al contrario, debería darnos la libertad de elegir qué queremos seguir haciendo.

Hay personas que encuentran sentido en continuar con su profesión durante toda su vida. Otras descubren nuevos intereses. Algunas quieren emprender, enseñar, viajar, crear o dedicar más tiempo a su familia.

Muchas veces, el retiro termina llenándose precisamente de aquello que durante años dejamos pendiente, incluso cuando nos apasionaba.

¿Qué harás cuando tu tiempo vuelva a ser tuyo?

Lo importante no es retirarse a determinada edad. Lo importante es no llegar a esa etapa sin haber pensado cómo queremos vivirla.

Cuando hablamos de retiro solemos hacernos preguntas financieras: ¿cuánto dinero necesito?, ¿cuánto debo ahorrar?, ¿cuánto tiempo debe durar mi patrimonio?

Y sí, todas esas preguntas son importantes.

Pero quizá deberíamos empezar a responder otra: ¿cómo quiero vivir cuando mi tiempo vuelva a ser verdaderamente mío?

La respuesta puede cambiar por completo la manera en que planeamos nuestro patrimonio, porque una cosa es calcular cuánto necesitamos para dejar de trabajar y otra muy distinta es diseñar los recursos que necesitamos para vivir la vida que realmente queremos.

Quizá algunas personas descubran que no quieren retirarse por completo. Tal vez quieran trabajar menos, cambiar de profesión, emprender algo que antes no podían intentar o simplemente recuperar tiempo para aquellas actividades que siempre estuvieron al final de la lista.

Eso también es libertad financiera.

Porque el retiro no se trata de tener la libertad de no hacer nada, sino de tener la libertad de decidir.

Al final, una buena estrategia patrimonial no debería preparar únicamente nuestros recursos para el futuro; también debería prepararnos a nosotros para vivirlo.

Durante años podemos dedicar nuestro tiempo a construir patrimonio.

Pero llegará un momento en el que tendremos que preguntarnos qué queremos que ese patrimonio nos permita construir para nosotros mismos.

Y quizá la pregunta más importante sobre el retiro no sea cuándo podremos dejar de trabajar, sino: ¿quién queremos ser cuando ya no tengamos que hacerlo?

Una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos busca eliminar la prueba de ingresos que puede reducir temporalmente los pagos del Seguro Social a quienes solicitan la jubilación antes de alcanzar la edad plena y continúan trabajando.

La iniciativa tiene versiones en las dos cámaras. El senador Rick Scott presentó el 24 de marzo de 2026 el proyecto S. 4184, mientras que el representante Greg Murphy introdujo el 16 de abril la propuesta H.R. 8344.

Según los registros oficiales del Congreso, ambos proyectos se denominan Senior Citizens’ Freedom to Work Act of 2026 (Ley de Libertad para Trabajar de los Adultos Mayores de 2026) y proponen derogar la prueba de ingresos de jubilación.

De acuerdo con la información del Congreso, las dos iniciativas continúan en comisión. El proyecto de Scott fue remitido al Comité de Finanzas del Senado y el de Murphy, al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Ninguno había llegado a una votación del pleno hasta el 4 de septiembre de 2026.

La discusión se produce en medio de las presiones financieras sobre el fondo fiduciario de jubilación y sobrevivientes del Seguro Social. La Administración del Seguro Social informó que las reservas de ese fondo podrían agotarse en el cuarto trimestre de 2032 si no se aprueban cambios legislativos. En ese escenario, los ingresos alcanzarían para cubrir el 78 por ciento de los beneficios programados.

Cómo funciona la prueba de ingresos de jubilación

La regla afecta a quienes cobran beneficios de jubilación o supervivencia antes de alcanzar la edad plena de jubilación y superan ciertos ingresos laborales. No prohíbe que esas personas trabajen, pero permite que la Administración del Seguro Social retenga una parte de sus pagos.

En 2026, las personas que permanecerán por debajo de la edad plena de jubilación durante todo el año pueden obtener hasta USD 24.480 en ingresos laborales sin retenciones. Si superan ese límite, la Administración del Seguro Social retiene USD 1 por cada USD 2 adicionales que reciban por su trabajo.

La norma establece un límite diferente para quienes alcanzan la edad plena de jubilación durante 2026. En esos casos, el umbral asciende a USD 65.160 y la retención es de USD 1 por cada USD 3 que excedan esa cifra. Solo se consideran los ingresos obtenidos antes del mes en que la persona alcanza esa edad.

Desde el mes en que cumple la edad plena de jubilación, el beneficiario puede continuar trabajando sin que sus ingresos laborales reduzcan los pagos del Seguro Social por esta causa.

Qué modificarían los proyectos de ley

Las iniciativas de Rick Scott y Greg Murphy derogarían la prueba de ingresos de jubilación. Si fueran aprobadas, las personas que soliciten el Seguro Social antes de la edad plena podrían conservar sus pagos mensuales aunque mantuvieran un empleo, realizaran consultorías o trabajaran por cuenta propia.

El cambio no eliminaría la reducción permanente del beneficio mensual que implica solicitar la jubilación antes de la edad plena. La reforma solo alcanzaría las retenciones aplicadas por percibir ingresos laborales mientras el beneficiario aún no llegó a esa edad.

Los montos retenidos bajo la regla vigente no se pierden de forma definitiva. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, el beneficio se recalcula cuando la persona alcanza la edad plena de jubilación para reconocer los meses en los que hubo retenciones. Ese ajuste puede elevar el pago mensual posterior.

La discusión coincide con el crecimiento proyectado de los trabajadores de 55 años o más dentro de la fuerza laboral estadounidense.

La Oficina de Estadísticas Laborales estima que ese grupo pasará de 39,2 millones de personas en 2025 a 41,2 millones en 2035. Sin embargo, la participación laboral total de ese segmento disminuiría durante el mismo período.

Las normas vigentes siguen activas. Quienes cobren beneficios del Seguro Social antes de la edad plena de jubilación deben considerar los límites de USD 24.480 y USD 65.160 al calcular el efecto de sus ingresos laborales durante 2026.

La NBA garantiza desde 1965 una pensión a sus jugadores retirados por los servicios prestados a la liga, un beneficio que actualmente puede oscilar entre los 60.000 y los 200.000 dólares anuales en función de la trayectoria de cada jugador. La protección va más allá de la pensión e incluye seguros médicos vitalicios y ayudas para estudios.

Entre los jugadores que podrá beneficiarse de esta pensión está el español Santi Aldama, que durante cinco temporadas jugó en los Memphis Grizzlies y que este año ha sido traspasado a los a los Dallas Mavericks. Un caso similar es el de Hugo González que desde 2025 pertenece a la plantilla de los Boston Celtics. Eso sí, en su caso, para recibir los beneficios que la NBA otorga a sus jugadores retirados debe jugar como mínimo tres temporadas en esa liga.

Esta red de seguridad financiera no siempre existió. Su origen se remonta a una medida de presión colectiva sin precedentes en el deporte profesional de Estados Unidos protagonizada por unos jugadores que reclamaron derechos. Durante décadas, las estrellas del baloncesto tuvieron que luchar para que los beneficios asociados a su profesión fueran algo más que el salario recibido por jugar, en una liga donde, en sus primeros años, priorizaba exclusivamente el control de los propietarios de las franquicias, señalan fuentes de BBVA.

La revista especializada Gigantes relata cómo el Sindicato de Jugadores logró este hito tras años de lucha por derechos básicos. En la década de los cincuenta, cuando la NBA apenas contaba con unos pocos años de existencia, el colectivo enfrentaba una resistencia férrea por parte de los dueños de los equipos, agravada por un clima de discriminación racial que dificultaba la unión de las estrellas de la liga. Oscar Robertson, una figura esencial junto a Jerry West, sentía que la falta de derechos para todos los deportistas y el poder absoluto de los propietarios resultaban inaceptables.

El motín del vestuario que forzó el cambio

En el verano de 1963, Robertson, West y un grupo de jugadores reivindicaron necesidades básicas como un seguro médico, una pensión para el momento de la jubilación y el pago de los partidos de pretemporada. Ante la negativa constante de los propietarios a atender estas demandas, el momento decisivo llegó en febrero de 1964.

Durante la celebración del primer All-Star televisado a escala nacional, Robertson, Tom Heinsohn, Elgin Baylor y West se encerraron en el vestuario poco antes del inicio del encuentro. Los jugadores comunicaron que no saltarían a la pista si sus exigencias no recibían respuesta, una táctica de presión que obligó a la dirección de la NBA a ceder finalmente y aprobar el sistema de pensiones en 1965.

Tres temporadas como mínimo para recibir la pensión

La normativa vigente exige un periodo mínimo de permanencia de tres temporadas en la liga para optar a la prestación. Para computar este tiempo, el contrato debe mantenerse vigente al menos durante un partido de la campaña oficial, independientemente de los minutos disputados.

Según datos recogidos por Gigantes, la edad de acceso varía entre los 45 años, como mínimo, y los 62 años, edad tope. Un exjugador que haya completado tres campañas en activo percibe unos 60.000 dólares anuales si comienza a cobrar a los 62 años.

La esperanza de vida del beneficiario influye en el cálculo de la pensión, de modo que el acceso tardío incrementa la cuantía mensual. Por el contrario, quienes superan la década de trayectoria pueden recibir sumas superiores a los 200.000 dólares.

Inicialmente, el requisito temporal era de cinco temporadas, cifra que se redujo a cuatro años a inicios del siglo XXI hasta llegar a los tres ejercicios actuales. En 1988, el Sindicato de Jugadores logró que aquellos que participaron en la liga entre 1946 y 1965 también tuvieran acceso a estos beneficios.

Asimismo, en julio de 2022, la NBA aprobó que 115 jugadores vivos que compitieron tres o más temporadas en la extinta ABA (American Basketball Association), entidad absorbida por la liga, también accedan a este derecho.

Un sistema en constante evolución

Las condiciones de acceso y las retribuciones han experimentado mejoras continuas desde aquel lejano 1965. Muchos jugadores buscan hoy un contrato en la NBA, tras largas carreras en las ligas europeas o en otros torneos internacionales, con el objetivo de asegurar el derecho a esta pensión, aunque sus oportunidades de juego sean limitadas.

Además de la pensión, la liga ofrece un seguro médico vitalicio para quienes cumplen el requisito de los tres años de servicio. La cobertura se incrementa con los años de participación y, para alguien con una década de carrera profesional, el seguro incluye también a su pareja e hijos.

Asimismo, el sistema contempla ayudas para programas educativos destinados a facilitar la transición tras la retirada deportiva, cubriendo una carencia formativa habitual en los jóvenes que saltan al baloncesto profesional.

Complementariamente, los jugadores pueden adherirse al plan NBA 401 (K), un sistema de ahorro privado con aportaciones definidas donde las franquicias suelen igualar las contribuciones personales del deportista, llegando incluso a elevar esa aportación hasta el 140% del capital invertido por el jugador. En 2016, el pago a 520 exjugadores alcanzó los 20 millones de dólares.

Más de 75 millones de estadounidenses cobran prestaciones del Seguro Social cada mes. Algunos reciben avisos de la Administración del Seguro Social que les reclaman la devolución de pagos en exceso por miles de dólares, incluso si el error fue de la agencia.

El caso de una beneficiaria de unos 70 años, a quien le exigen reintegrar USD 35.000, expone el impacto de un sistema que, según el medio estadounidense CBS News, envía cerca de 2 millones de notificaciones de sobrepago al año.

La mujer, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias mientras apela la decisión, sufrió en febrero una reducción repentina de USD 600 en su cheque. Tras los impuestos, las retenciones voluntarias y las deducciones de Medicare, quedó con alrededor de USD 2.700 mensuales.

En agosto, recibió una nueva carta en la que la agencia sostuvo que le había pagado de más durante los cuatro años anteriores, desde que empezó a cobrar sus propias prestaciones.

El aviso le dio 30 días para reintegrar el monto total y advirtió que, de no hacerlo, sus beneficios se reducirían un 50% durante dos años. Su ingreso mensual caería así a unos USD 1.350.

“Estoy alarmada”, dijo la beneficiaria a CBS News. “Estoy tratando de averiguar qué debo hacer a continuación, porque ya tenía un plan en marcha”.

La responsabilidad por los sobrepagos

El sitio web del Seguro Social explica que los pagos en exceso pueden originarse por información incompleta o incorrecta. Entre las situaciones que pueden alterar el cálculo figuran los cambios en los ingresos o en el estado civil que no fueron comunicados.

Sin embargo, Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, señaló al mismo medio que los errores no siempre parten de los beneficiarios.

“La SSA tiene tan poco personal que, incluso cuando la gente informa de los cambios a tiempo, no siempre se registran a tiempo para evitar un pago indebido. Eso significa que alguien podría recibir un pago excesivo durante varios meses sin saberlo”.

Martha Shedden, presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de la Seguridad Social, explicó a CBS News que los reclamos también son frecuentes entre quienes solicitan el beneficio antes de llegar a la edad plena de jubilación.

Para los nacidos desde 1960, esa edad es de 67 años. Si superan el límite de ingresos permitido, la prestación puede reducirse y derivar en un cobro excesivo.

“Eso puede pasar desapercibido debido a un retraso en la declaración de los ingresos a la SSA”, dijo Shedden. También indicó al mismo medio que algunos casos obedecen a errores de cálculo de la agencia o a fallas en los expedientes de personas que perciben más de un tipo de prestación.

Aunque la causa sea administrativa, el reintegro continúa bajo responsabilidad del beneficiario. Altman consideró ante CBS News que sería necesaria una modificación legal: “Cuando se produce un pago en exceso sin que el beneficiario tenga culpa alguna, el gobierno debería asumir el coste”.

Cómo impugnar una deuda reclamada por el Seguro Social

Una notificación de sobrepago no obliga al destinatario a aceptar el monto ni impide cuestionar la decisión.

Shedden explicó al mismo medio: “La gente debe entender que una notificación de pago en exceso es una decisión de la Administración del Seguro Social, no la última palabra. La SSA puede cometer errores, y los beneficiarios tienen derecho a impugnar tanto la existencia del pago en exceso como el monto”.

Para discutir la deuda, el beneficiario puede presentar una Solicitud de Reconsideración mediante el Formulario SSA-561-U2. El plazo es de 60 días, aunque debe realizarse dentro de los 30 días si se pretende frenar el cobro durante la revisión del caso.

También existe la Solicitud de Exención de Recuperación de Pago en Exceso, correspondiente al Formulario SSA-632-BK. Esta alternativa está destinada a quienes no pueden pagar, creen que no tuvieron responsabilidad o consideran injusto el reclamo. Puede presentarse en cualquier momento.

Según informó CBS News, si la persona no cuestiona el reclamo, la Administración del Seguro Social descuenta de forma automática el 50% del beneficio del Seguro Social o el 10% del Ingreso Suplementario de Seguridad hasta recuperar la deuda. La agencia puede reclamar sobrepagos correspondientes a varios años antes de enviar la notificación.

Diferencias entre estados y recomendaciones para los beneficiarios

La información reciente sobre la cantidad de exenciones aprobadas es limitada. Un informe de la Oficina del Inspector General de 2015 detectó amplias diferencias regionales: algunas oficinas aceptaban el 96% de las solicitudes, mientras que otras autorizaban el 30% o menos.

Frente a un trámite que los especialistas describen como engorroso, recomiendan recurrir a organizaciones de asistencia jurídica o asesores especializados en Seguro Social.

Shedden aconsejó al mismo medio conservar toda la documentación y actuar cuanto antes: “Lo más importante es no demorarse, y si ya ha pasado el plazo, la gente debe presentar los formularios correspondientes y asegurarse de que todo esté por escrito, incluyendo el registro de llamadas, el guardado de correos electrónicos y copias de los formularios de la SSA”.

La mujer consultada por CBS News trabaja con un asesor para presentar su apelación. Esa gestión mantiene suspendido el cobro por el momento, aunque modificó sus planes de retiro. Había comenzado a reducir su carga laboral unos seis meses antes, con la intención de cubrir sus gastos mediante sus ahorros y prestaciones.

“Ahora he perdido ingresos. Ahora quieren que les devuelva el dinero”, dijo la beneficiaria al mismo medio. “No sé cómo será mi jubilación, si decido seguir adelante con ella”.

Quienes tengan previsto jubilarse en 2027 se encontrarán con un escenario diferente al actual. El próximo año culmina el calendario de aumento progresivo de la edad ordinaria de retiro establecido por la reforma de las pensiones y entran en juego nuevos requisitos tanto para acceder a la jubilación como para determinar la cuantía de la prestación.

El cambio más visible afecta a la edad legal de jubilación. A partir de 2027, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y seis meses de cotización. Para quienes no lleguen a ese periodo, la edad ordinaria se situará en los 67 años. Es el último escalón de una subida gradual que comenzó años atrás y que en 2026 todavía fija la edad en 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y tres meses cotizados.

La modificación de la edad ordinaria arrastra también cambios en otras modalidades de retiro. La jubilación anticipada, tanto voluntaria como involuntaria, y la jubilación parcial tendrán nuevas edades mínimas a partir del próximo año. El sistema, además, exigirá más tiempo cotizado para acceder al porcentaje máximo de la base reguladora.

Más años para cobrar el 100% de la pensión

Uno de los cambios más importantes estará en el periodo de cotización necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora. Hasta 2026 se requieren 36 años y seis meses cotizados. Desde 2027 serán necesarios 37 años de cotización para obtener ese porcentaje.

El punto de partida seguirá siendo el mismo: con los 15 años mínimos exigidos para tener derecho a una pensión contributiva se mantiene el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, cada mes adicional de cotización irá elevando progresivamente el porcentaje aplicado hasta alcanzar el máximo.

Desde 2027, los meses cotizados entre los 15 años y un mes y los 35 años y ocho meses aportarán un 0,19% adicional por cada mes. Después, entre los 35 años y nueve meses y los 37 años, el incremento será del 0,18% mensual. De esta forma, será necesario llegar a los 37 años cotizados para alcanzar el 100%.

El importe final de la pensión, no obstante, dependerá también de otros factores. Si se opta por adelantar el retiro se aplicarán coeficientes reductores, mientras que retrasar la jubilación puede generar incentivos económicos. Además, la prestación estará limitada por la pensión máxima y, en determinados casos, podrá complementarse hasta alcanzar la mínima si se cumplen los requisitos establecidos.

Cambia también el cálculo de la pensión

Otra modificación relevante afecta a la forma de calcular la base reguladora. Entre 2026 y 2037 se está desplegando un sistema dual que amplía progresivamente el periodo de cotizaciones que puede utilizarse para determinar la pensión. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción que resulte más favorable para el futuro pensionista.

En 2026 se toman como referencia las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores al retiro. En 2027 el periodo vuelve a ampliarse: se tendrán en cuenta las 304 bases de mayor importe dentro de los 308 meses anteriores, equivalentes a 25 años y ocho meses.

El objetivo es que el nuevo sistema permita seleccionar las bases más favorables dentro de un periodo cada vez más amplio. A partir de 2037, y durante los años siguientes de transición, la alternativa llegará a considerar los 27 mejores años dentro de los 29 anteriores a la jubilación.

La jubilación anticipada se retrasa

El aumento de la edad ordinaria tendrá un efecto directo sobre quienes quieran retirarse antes. En la modalidad voluntaria, que permite adelantar hasta 24 meses la jubilación respecto a la edad ordinaria, desde 2027 podrán hacerlo a los 65 años quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. Quienes alcancen o superen ese periodo podrán hacerlo desde los 63 años.

En la jubilación anticipada involuntaria, el adelanto máximo es de cuatro años. Por ello, quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados podrán acceder desde los 63 años, mientras que quienes acrediten al menos ese periodo podrán hacerlo desde los 61 años.

También cambia la jubilación parcial con contrato de relevo. Desde 2027 podrá solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria: a los 64 años para quienes no alcancen los 38 años y seis meses cotizados y a los 62 años para quienes sí superen ese umbral. La modalidad de jubilación parcial sin contrato de relevo también queda vinculada a la nueva edad ordinaria.

Así, 2027 marca el final del calendario previsto de incremento de la edad legal de jubilación y consolida un sistema en el que la carrera de cotización adquiere todavía más peso. Para una parte de los trabajadores, la diferencia entre haber cotizado 38 años y seis meses o quedarse por debajo determinará no solo cuándo podrán retirarse, sino también las opciones de jubilación anticipada a las que podrán acceder.

La pensión media de jubilación en España, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se ha situado en agosto en 1.574,9 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año pasado. Pero esa cifra media esconde diferencias muy acusadas según el lugar de residencia de los jubilados. Entre la comunidad autónoma con las pensiones más elevadas y la que registra las más bajas hay una brecha de 563 euros al mes.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el País Vasco encabeza el ranking autonómico de pensiones de jubilación. Los retirados vascos son los que han recibido en agosto la pensión más alta, de media se ha situado en los 1.909 euros mensuales, mientras que Extremadura ocupa la última posición, con 1.346 euros. Así, la diferencia entre ambas comunidades alcanza los 563 euros mensuales.

Junto a los jubilados del País Vasco, otros de los privilegiados son los de Asturias, que ocupan el segundo lugar de la tabla al ganar en agosto 1.838 euros mensuales. Les siguen los de Madrid, con 1.797 euros; los de Navarra, con 1758; los de Ceuta, con 1.753; y los de Melilla, con 1.669.

También por encima de la media del ranking se colocan los jubilados cántabros que han cobrado de media en agosto una pensión de 1.661 euros; los aragoneses, con 1.646 euros, y los catalanes, con 1.609 euros.

La parte baja de la tabla

Ya por debajo de la media están los castellanoleoneses, con 1.570 euros; los riojanos, con 1.523 euros, y los castellanomanchegos, con 1.486 euros. Los retirados de Canarias han recibido una pensión media de 1.457 euros y los de las Islas Baleares, 1.453 euros.

Les siguen los jubilados de la Comunidad Valenciana que han cobrado de media 1.451 euros. Algo menos reciben los andaluces, 1.431 euros; los murcianos obtuvieron de media 1.428 euros en agosto; los gallegos, 1.357 euros, y como farolillo rojo se colocaron los extremeños con una pensión media en agosto de 1.346 euros mensuales.

14.470 millones de euros para más de 9 millones de pensionistas

En total, la Seguridad Social abonó en la nómina de agosto 10.535.869 pensiones a más de 9,5 millones de personas, por un importe total de 14.470,4 millones de euros. El mes pasado se registraron 6,74 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 1,06 millones de pensiones de incapacidad permanente, 336.336 de orfandad y 46.928 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social fue de 1.373,44 euros, un 4,6% más que en agosto del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social fue de 1.733,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1.062,1 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media fue de 3.004,9 euros, y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.707,2 euros de media, según los últimos datos disponibles, correspondientes a julio. En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 976 euros al mes.

Pensiones por clase

De la nómina mensual de agosto de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.470,4 millones de euros), casi tres cuartas partes correspondieron a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones supusieron el 73,4% de la nómina, 10.625,9 millones de euros.

A pensiones de viudedad se destinaron 2.288,6 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente ascendió a 1.331,4 millones; la de orfandad, a 185,7 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 38,7 millones.

A los 89 años, Morgan Freeman vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede a las celebridades: qué significa envejecer cuando el trabajo no se vive solo como obligación, sino también como identidad, rutina y propósito.

En una entrevista con The New York Times, el actor rechazó la idea de la jubilación y resumió su postura con una advertencia tajante: “Si dejas de sentirte válido, tu salud mental y física caerá en picada”.

La definición no solo explica su presente profesional. También ofrece una entrada concreta a un debate más amplio y vigente: el del envejecimiento activo, los sentidos del retiro y el lugar que ocupa el trabajo en la vida de quienes no están dispuestos a correrse solo por una cuestión de edad.

En el caso de Freeman, esa discusión adopta una forma personal y directa: seguirá adelante mientras pueda levantarse cada mañana y afrontar un nuevo día.

Lejos de presentar la continuidad laboral como una imposición, el actor la describe como una elección. En su mirada, mantenerse activo no equivale simplemente a seguir ocupado, sino a preservar una forma de estar en el mundo.

Ahí está el núcleo de su posición: no se trata solo de no jubilarse, sino de no aceptar que la vejez implique, de manera automática, retirada, pasividad o pérdida de sentido.

Una idea de vejez que discute con el retiro tradicional

La posición de Freeman dialoga con una sensibilidad cada vez más visible en figuras públicas de edad avanzada que rechazan la idea de que envejecer suponga desaparecer de la vida profesional.

En su caso, esa convicción aparece asociada menos a la necesidad económica que a una filosofía personal. Su continuidad no se presenta como resistencia ciega al paso del tiempo, sino como una forma de sostener disciplina y deseo de hacer.

Ese punto es el que vuelve relevante su testimonio: incluso con una carrera consagrada, prestigio y estabilidad económica, Freeman no organiza su vejez alrededor de la retirada. Organiza, en cambio, una defensa de la actividad como forma de autonomía.

La pregunta que sobrevuela sus declaraciones —qué harían otros en su lugar, aun teniendo éxito y dinero— ayuda a correr la conversación del caso individual y la conecta con una inquietud más amplia sobre cómo se piensa hoy el envejecimiento.

Inspiración y filosofía ante la vejez: el ejemplo de Clint Eastwood

Freeman reconoce la influencia de Clint Eastwood en su mirada sobre el trabajo y el envejecimiento. “Soy como Clint Eastwood: no dejes entrar al viejo”, asegura, y adopta esa máxima como una forma de encarar la vida. “Hay que seguir trabajando”, agrega.

La frase funciona en el texto no solo como guiño entre actores veteranos, sino como síntesis de una ética personal: aceptar el paso del tiempo sin convertirlo en una renuncia anticipada.

“Si puedes levantarte de la cama y no te te caes al hacerlo, das las gracias y sigues adelante”, plantea Freeman, y expone así una lógica concreta. No niega la edad ni fantasea con una juventud intacta; más bien fija un criterio práctico para seguir en actividad mientras se sienta en condiciones.

En esa línea, insiste: “Así que trabajaré todo el tiempo que pueda... mientras alguien me diga: ‘¿Quieres hacer este papel?’”. Más que una consigna motivacional, aparece una idea de trabajo como continuidad vital.

Seguir activo, pero con límites asumidos

Uno de los aspectos más atendibles de su planteo es que no elimina la noción de límite. Con humor y realismo, Freeman reconoce que la edad delimita los papeles a los que puede aspirar: “Estoy rozando los 90, así que los papeles que me gustaría interpretar los acabará haciendo Denzel Washington”, bromea.

Ese reconocimiento introduce un matiz importante: seguir trabajando no significa negar las restricciones del tiempo. Por un lado, Freeman rechaza la jubilación como retiro pasivo; por otro, acepta que el envejecimiento modifica las posibilidades concretas de su carrera.

Esa combinación vuelve más interesante su postura, porque evita tanto el discurso épico como la victimización. No se trata de desafiar a la edad como si no existiera, sino de seguir activo dentro de un marco de posibilidades distinto.

Wyoming lideró el ranking estatal de WalletHub sobre los mejores lugares para jubilarse en Estados Unidos en 2026. En la clasificación de ciudades, en cambio, Orlando, Miami y Tampa ocuparon los tres primeros puestos.

Florida mantuvo ventajas fiscales, actividades y opciones de atención médica que impulsaron a sus ciudades. Sin embargo, el aumento de los costos de vivienda, seguros y servicios redujo la ventaja del estado frente a Wyoming.

Casi tres cuartas partes de los estadounidenses prevén mantener alguna actividad laboral después de jubilarse, según una encuesta citada por el canal de televisión estadounidense FOX 9.

Aunque el 61% confía en que tendrá recursos suficientes para retirarse con comodidad, apenas el 21% se declaró muy seguro de esa posibilidad.

Orlando lideró la clasificación de ciudades

La ciudad de Orlando encabezó el ranking de WalletHub con 63,38 puntos sobre 100. El estudio analizó 182 ciudades mediante 45 indicadores agrupados en asequibilidad, actividades, calidad de vida y atención médica, informó el diario estadounidense Palm Beach Post.

La ciudad del centro de Florida alcanzó el segundo puesto en asequibilidad y el undécimo en atención médica. También quedó en el lugar 17 en actividades y en el 77 en calidad de vida.

Adam McCann, de WalletHub, explicó a Palm Beach Post que Orlando no sobresale por tener un costo de vida particularmente bajo, aunque ocupó el puesto 15 en costos de servicios domésticos y el 20 en atención diurna de salud para adultos.

El analista destacó que la ciudad ocupó el puesto 21 por disponibilidad de gerontólogos y el octavo por cantidad de centros de atención sanitaria domiciliaria por habitante. El reporte también la ubicó en el cuarto puesto por sus hospitales geriátricos.

La oferta recreativa sostuvo otra parte de su desempeño. La publicación señaló que Orlando quedó segunda en actividades para personas retiradas, con recintos musicales, lugares para pescar, galerías de arte y oportunidades de voluntariado.

Miami y Tampa completaron el podio de ciudades

Miami ocupó el segundo lugar nacional, con 59,40 puntos. Su mejor resultado fue el sexto puesto en actividades, mientras que quedó en la posición 29 en atención médica, 54 en asequibilidad y 91 en calidad de vida.

“Miami está en la cima del país en actividades de voluntariado para adultos, galerías de arte e instalaciones de pesca por habitante”, dijo McCann a Palm Beach Post.

El especialista añadió que la ciudad cuenta con la 17.ª mayor cantidad de museos y la undécima mayor cifra de centros recreativos y para mayores.

La nota del diario también indicó que Miami fue la sexta ciudad más transitable entre las evaluadas. Esa ubicación se vinculó con la presencia de transporte público de calidad a una distancia que gran parte de sus residentes puede recorrer a pie.

Tampa cerró el podio con 59,29 puntos. La ciudad fue décima en actividades, 34 en calidad de vida, 41 en asequibilidad y 89 en atención médica.

También ocupó el puesto 19 del país por una menor tasa de delitos contra la propiedad, fue quinta en recreación, novena en salas de bingo por habitante y undécima en actividades de voluntariado para adultos.

Según USA Today, las tres ciudades se benefician de que Florida no cobra impuesto estatal sobre la renta, ni impuesto a las herencias ni al patrimonio sucesorio.

Esas condiciones reducen la carga fiscal de las personas retiradas, aunque no eliminan las presiones asociadas al gasto cotidiano.

Wyoming superó a Florida en el ranking de estados

El predominio de Florida en la clasificación de ciudades no impidió que el estado quedara segundo en el ranking estatal de WalletHub.

Wyoming terminó primero por un costo de vida general más bajo, de acuerdo con la información difundida por el diario USA Today.

El retroceso de Florida no fue nuevo. El estado encabezó casi todos los rankings estatales de retiro de WalletHub desde 2016, pero en 2023 cayó al segundo lugar detrás de Virginia, en parte por los costos de atención médica.

El aumento de la población durante la pandemia de COVID elevó los precios de las viviendas. Los seguros también se encarecieron y la inflación mantuvo presión sobre los presupuestos de los jubilados, según Palm Beach Post.

La organización empresarial Cámara de Comercio de Florida sostuvo en 2024 que la expansión demográfica acelerada impulsó los precios.

La entidad afirmó que el bajo costo de vida que caracterizaba al estado se había debilitado y podía llevar a algunos recién llegados a considerar otros destinos.

“Las mejores ciudades para las personas jubiladas son aquellas que minimizan impuestos y gastos”, dijo el analista de WalletHub Chip Lupo a FOX 9.

El especialista añadió que también deben facilitar empleos remunerados para quienes busquen ingresos adicionales y ofrecer servicios sanitarios de calidad.

Los factores que también influyen en la decisión

La clasificación situó a Scottsdale en el cuarto puesto y a Casper en el quinto. La ciudad de Arizona fue primera en calidad de vida, aunque quedó rezagada en asequibilidad, mientras que la localidad de Wyoming se apoyó en su tercer lugar general en costos.

Más abajo aparecieron Atlanta y Minneapolis antes de Fort Lauderdale, que fue octava con 57,92 puntos. La ciudad registró un empate en el primer puesto nacional por instalaciones de pesca por habitante junto con St. Petersburg, Charleston, Corpus Christi y Juneau.

La profesora emérita Phyllis Moen, de la University of Minnesota y Cornell University, planteó a USA Today que la planificación del retiro debe incorporar el estilo de vida, además de las finanzas.

La mayor longevidad obliga a definir cómo se utilizarán esos años, incluso mediante trabajo de medio tiempo o voluntariado.

Joanna Lahey, profesora de la Bush School of Government and Public Service de Texas A&M University, advirtió a la publicación que las decisiones sobre Social Security, Medicare, Medicaid y los programas estatales o locales pueden modificar las condiciones de vida de los adultos mayores.

Florida conserva cuatro ciudades entre las 10 primeras y mantiene atributos que explican su tradición como destino de retiro.

Pero el resultado de 2026 mostró una diferencia clara entre ambos rankings: Florida dominó la clasificación de ciudades, mientras que Wyoming lideró la lista de estados por su menor costo de vida.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho sucedió a las 10:30 de la mañana, cuando las víctimas regresaban de cobrar la jubilación del hombre mayor y realizar algunas compras. Para llevar a cabo el traslado, pidieron un auto de una aplicación de viajes, que los llevó desde el centro de la ciudad hasta el barrio Villa Revol.

El video que encabeza esta nota permite ver que el delincuente disfrazado de chofer de aplicación aprovechó un descuido del jubilado, que al descender del vehículo de color gris, dejó la mochila con el dinero en el asiento trasero.

Al notar que los pasajeros habían cerrado las puertas del auto y ya estaban parados sobre la vereda, el conductor aceleró a fondo sin mediar palabras y huyó del lugar. Se llevó un bolso en cuyo interior había poco más de 1.600.000 pesos en efectivo, correspondientes a la jubilación de uno de los damnificados.

“Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Misael Barzola en diálogo con Cadena 3.

Luego, el joven explicó que él bajó primero del auto para asistir a su abuelo para que pudiera descender del vehículo sin inconvenientes. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

“¡Pará, pará, pará!“, se escucha gritar a Misael, desesperado, al notar que el chofer se marchaba con el dinero de su abuelo.

En cuanto a las cámaras de seguridad que registraron el hecho, Misael detalló que las imágenes muestran cómo el asaltante estaba al tanto de que el bolso contenía dinero en su interior. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

Consumado el robo, Misael y su abuelo radicaron la denuncia en una comisaría cercana y, luego, también acudieron a la Fiscalía n.º 1, turno 4, de Córdoba, a cargo de la investigación para encontrar y detener al sospechoso.

Según consigna el citado medio cordobés, de la investigación surgió que el automóvil utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y estaba denunciado como robado.

La actuación de la aplicación de viajes

Desde Uber reconocieron al chofer acusado como socio conductor de su aplicación y explicaron que cuando recibieron el reporte, el equipo de Soporte de Seguridad activó el protocolo de investigación interna, que incluye el contacto con las partes involucradas. “Asimismo, nos pusimos a disposición de las autoridades a cargo de la investigación para colaborar en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento del caso”, indicaron.

“Hasta el momento, del análisis realizado por nuestro equipo de soporte especializado sumado al análisis de los datos que brindan nuestras herramientas de tecnología, podemos informar lo siguiente: El usuario solicitó un viaje que fue aceptado por un socio conductor que cuenta con la documentación de identidad y del vehículo verificadas, además certificado de antecedentes penales sin anotaciones. El viaje concluye sin inconvenientes en el punto de destino”, señalaron en un comunicado.

Y concluyeron: “El proceso de investigación continúa abierto. Mientras tanto y como parte de las medidas de seguridad, hemos tomado acciones preventivas que incluyen, entre otras, inhabilitar preventivamente la cuenta del socio conductor mientras las autoridades públicas esclarecen la situación”.

Miles de salvadoreños que han dedicado décadas de trabajo en Estados Unidos, hoy viven con la amenaza de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ha sido su salvaguarda legal y su puente hacia la jubilación.

La incertidumbre golpea especialmente a quienes ya se encuentran retirados o a punto de lograrlo, enfrentando un escenario donde su seguridad social, su patrimonio y su vida en el país están en suspenso.

El TPS, creado para amparar a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos, ha permitido desde 2001 que más de 170,000 salvadoreños residan y trabajen legalmente en Estados Unidos.

El futuro del programa permanece incierto ante la falta de una renovación definitiva y la proximidad de fechas límite, lo que genera temor entre sus beneficiarios.

Teresa Tejada Galván, directora ejecutiva de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), advierte que la posible cancelación del TPS podría tener consecuencias devastadoras para quienes han construido una vida en este país.

Galván señala que en ASOSAL han recibido un flujo constante de consultas de salvadoreños preocupados, algunos de ellos personas mayores que ya cumplieron los requisitos para jubilarse y que ahora no saben si podrán acceder a los beneficios por los que cotizaron durante décadas.

“Hay mucha gente que ya está jubilada y hasta les han retenido sus cheques por no tener los permisos”, declaró en entrevista con Infobae.

La directora ejecutiva enfatiza que quienes pierdan el TPS podrían quedar en una situación de vulnerabilidad extrema, ya que, de ser deportados, también podrían perder el acceso a su jubilación y a los fondos acumulados en el Seguro Social.

La preocupación se extiende a quienes, tras años de trabajo, han adquirido propiedades, negocios y han formado familias con hijos nacidos en Estados Unidos. “Son comunidades prósperas, dueños de negocios, apartamentos, casas, incluso contratistas”, recuerda Galván, insistiendo en que los efectos de una deportación masiva no solo afectarían a los individuos, sino también a sus familias y a la economía local.

El temor de perderlo todo ha motivado a muchos salvadoreños a buscar asesoría legal y comunitaria, según relata la directora de ASOSAL. Advierte sobre los riesgos de acudir a abogados sin escrúpulos y recomienda informarse a través de organizaciones reconocidas para evitar fraudes.

Galván destaca que, aunque casos anteriores de suspensión del TPS para nicaragüenses y hondureños no resultaron en deportaciones inmediatas, los salvadoreños deben prepararse y revisar su historial migratorio para conocer sus opciones.

“Cada situación es diferente. Es importante que no cunda el pánico y que se informen bien antes de tomar decisiones drásticas, como vender su casa o regresar sin un plan claro”, apunta.

La organización prevé realizar reuniones informativas para orientar a los beneficiarios sobre los posibles escenarios y los pasos a seguir si el programa no se renueva.

La situación de los jubilados salvadoreños bajo el TPS evidencia una problemática poco visibilizada: el envejecimiento de una comunidad que, tras décadas de residencia y aportes, enfrenta la posibilidad de perder derechos adquiridos. Galván subraya que, en El Salvador, la reinserción laboral para personas mayores resulta difícil. “Cincuenta años ya es considerado anciano; muchos no encontrarían empleo y perderían su ingreso de jubilación si regresan deportados”, lamenta.

Según datos presentados por Alianza Nacional del TPS, los estados con mayor concentración de beneficiarios salvadoreños del TPS son California (36.000), Texas (28.000), Maryland (23.000), Nueva York (17.000) y Virginia (11.000).

La directora ejecutiva de ASOSAL concluye que el impacto social y emocional de una eventual cancelación del TPS será profundo, especialmente para quienes han alcanzado la tercera edad en Estados Unidos. La comunidad salvadoreña continúa exigiendo respuestas claras y permanentes, mientras organizaciones como ASOSAL buscan acompañar y asesorar a sus miembros en medio de la incertidumbre.

El Tribunal Supremo ha establecido nuevos límites para las entidades financieras que comercializan hipotecas inversas. Dos recientes sentencias de la Sala Primera consideran que las cláusulas que regulan los intereses remuneratorios pueden ser anuladas cuando el cliente no ha recibido una explicación suficientemente clara sobre cómo se calcula la deuda y, en particular, sobre el efecto de la capitalización de los intereses.

La hipoteca inversa es un producto financiero dirigido principalmente a personas mayores que permite obtener liquidez utilizando una vivienda en propiedad como garantía. La entidad adelanta al propietario determinadas cantidades y la deuda acumulada, junto con los intereses, queda vinculada al inmueble. Posteriormente, los herederos pueden asumir esa deuda para conservar la vivienda o proceder a su liquidación.

El problema con los intereses en los casos juzgados radica en que si una deuda de por ejemplo 100.000 euros genera 5.000 euros de intereses el primer año, con capitalización la deuda pasa a ser de 105.000 euros y el interés del segundo año se calcularía sobre esa nueva cantidad, que lleva incluida los intereses acumulados.

Dos sentencias en apenas una semana

La primera sentencia, 1.190/2026, de 17 de julio, analiza una hipoteca inversa comercializada por Kutxabank. El contrato establecía un interés fijo del 5% sobre el saldo deudor, compuesto tanto por las cantidades recibidas por el cliente como por los intereses que se iban acumulando. “Es decir, los intereses anteriores generaban nuevos intereses”, ha precisado Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho financiero, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El Supremo concluyó que el mecanismo de cálculo no había sido explicado de forma adecuada al consumidor y determinó que la cláusula “no superaba el control de transparencia”. El cliente había recibido 92.950 euros, mientras que los intereses acumulados alcanzaban 44.922 euros, una diferencia que refleja el impacto que puede tener la capitalización sobre la deuda final.

La Sala confirmó la resolución recurrida, que había declarado la nulidad del contrato. No obstante, el Supremo aclaró que en ese procedimiento no tuvo que pronunciarse sobre si la hipoteca podía mantenerse vigente después de eliminar la cláusula de intereses, ya que esa cuestión no había sido planteada en el recurso de casación.

El contrato puede sobrevivir sin los intereses

Una semana después, la sentencia 1.317/2026, de 24 de julio, volvió sobre la cuestión en una hipoteca inversa vinculada a Caja Vital Kutxa. En esta ocasión, el Supremo sí abordó expresamente qué ocurre con el contrato cuando se elimina la cláusula remuneratoria y concluyó que puede mantenerse vigente sin ella.

La Sala declaró abusiva la cláusula que establecía el interés retributivo y rechazó la solución aplicada previamente por la Audiencia Provincial de Valladolid. Este tribunal había eliminado la capitalización de intereses, pero había mantenido el contrato aplicando un sistema de interés simple.

El Supremo considera que esa solución tampoco es válida. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un juez no puede modificar una cláusula que ha sido declarada abusiva para conservar parte de sus efectos. Debe eliminarla del contrato. “Si existe abusividad hay nulidad y se tiene que dar por no puesta”, ha resaltado Navas.

El cliente seguiría debiendo el capital recibido

La consecuencia práctica de este criterio es relevante. Si una cláusula de intereses remuneratorios es declarada abusiva y se elimina del contrato, la hipoteca inversa puede continuar existiendo, pero la entidad no podrá cobrar los intereses previstos en esa cláusula.

El cliente, por tanto, mantiene la obligación de devolver el capital que haya recibido, pero queda liberado del pago de los intereses remuneratorios establecidos en la cláusula anulada. Además, cuando proceda, la entidad deberá devolver los intereses que el cliente ya hubiera abonado en aplicación de esa cláusula, junto con los intereses legales correspondientes.

El Supremo pone así el foco en la información que recibe el consumidor antes de contratar un producto financiero cuyo funcionamiento puede resultar especialmente complejo. La cuestión no se limita al porcentaje del interés, sino a explicar de manera comprensible cómo puede evolucionar la deuda con el paso de los años.

Un producto pensado para personas mayores

A juicio de Navas, las dos resoluciones tienen especial importancia porque las hipotecas inversas están dirigidas fundamentalmente a personas de edad avanzada, un colectivo que puede encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad frente a productos financieros complejos.

“La hipoteca inversa está dirigida a un público mayor, más vulnerable y no se ha explicado con detalle un producto complejo ni se han mostrado simulaciones”, incide Navas, que considera que las sentencias ponen el foco en las “asimetrías informativas”. A su juicio, las cláusulas remuneratorias anuladas “son muy interesantes para el banco y muy gravosas para el cliente”.

El abogado considera que la clave estará en determinar si la entidad explicó realmente las consecuencias económicas de la capitalización. “El Alto Tribunal ha dicho basta ya al abuso en las inversas. La clave es si se explicó de manera clara que los intereses generarían nuevos intereses y cuál podía ser el impacto real de la bola de nieve; si no hubo transparencia el resultado es nulidad e hipoteca sin intereses y con restitución de intereses ya satisfechos”, ha subrayado Juan Ignacio Navas.

Arthur C. Brooks sostiene que la segunda mitad de la vida no está definida solo por la pérdida de capacidades, sino por un cambio de inteligencia que obliga a reconstruir la identidad profesional y personal. El profesor de Harvard afirmó en el podcast de Retirement Wisdom, espacio sobre jubilación y envejecimiento, que el deterioro en la capacidad de análisis e innovación puede empezar antes de lo que muchos creen, pero que ese descenso convive con otra aptitud que permite encontrar más propósito y satisfacción con la edad.

Brooks vinculó esa idea a una investigación personal de ocho años que luego convirtió en su libro From Strength to Strength, publicado en 2022. Según explicó, el punto de partida fue una inquietud propia: advirtió en su etapa al frente del American Enterprise Institute, un centro de estudios, que tareas que antes le resultaban sencillas empezaban a exigirle más. Lo que reveló es que la segunda mitad de la vida no exige sostener el mismo tipo de rendimiento, sino cambiar de función para conservar sentido, utilidad y bienestar.

El académico relató que esa búsqueda se aceleró tras escuchar, durante un vuelo nocturno, a “uno de los hombres más famosos del mundo” decir que deseaba estar muerto. Para Brooks, esa escena desarmó la idea de que una gran carrera inmuniza contra la frustración en la vejez y lo llevó a preguntarse cómo reorganizar su vida para tener “una posibilidad real” de ser más feliz a los 75 años que a los 45, 55 o 65 años.

Brooks, profesor de práctica de liderazgo público en la Kennedy School y de práctica de gestión en la Business School de Harvard, dijo que el error más frecuente es interpretar el declive como un final. Su tesis es otra: si una persona entiende qué capacidad cae y cuál crece, puede pasar de una curva a otra y redefinir su lugar en el trabajo, en la familia y en la vida interior.

La caída empieza antes de lo que muchos profesionales admiten

Brooks explicó que la primera curva corresponde a la “inteligencia fluida”, la que permite resolver problemas con rapidez, responder preguntas ajenas y destacar en profesiones basadas en conocimiento. “Me di cuenta de que el análisis y la innovación se vuelven más difíciles a medida que envejecemos”, señaló.

Según dijo, la investigación muestra que esa capacidad mejora durante los 20 y los 30, pero “a finales de los 30” empieza a descender y en los 40 entra en caída acelerada. Por eso, añadió, abogados, cirujanos y otros profesionales sanos y experimentados sienten que su trabajo se vuelve más arduo, aunque no exista un deterioro cognitivo general.

La novedad, para Brooks, está en que esa no es la única curva. “Hay otra curva de inteligencia detrás, llamada inteligencia cristalizada, que hace mucho más fácil no responder las preguntas de otra persona, sino hacer las preguntas correctas”, afirmó.

Esa segunda capacidad, precisó, permite reunir información dispersa, organizarla en una narrativa coherente y resolver problemas de otro modo. En términos prácticos, definió el salto como un pasaje “de innovador a instructor” y “de inventor visionario a maestro”.

El paso de “as” a “maestro” exige rediseñar la carrera

Brooks sostuvo que la transición resulta difícil porque muchas personas ni siquiera saben que existe esa segunda curva. Otras, agregó, se resisten porque la primera estaba asociada a su ego, a su identidad o a una forma de éxito que no quieren abandonar.

“Hay que comprometerse a reequiparse”, planteó al describir el movimiento necesario para pasar de una etapa a otra. Esa adaptación puede tomar formas distintas: priorizar la docencia por encima de la investigación, cambiar el tipo de escritura, modificar funciones dentro del mismo empleo o incluso dejar una carrera para iniciar otra.

El propio Brooks usó su experiencia como ejemplo. Dijo que pasó de ser un economista cuantitativo que producía investigación original para un público reducido a escribir una columna en The Atlantic para 500.000 lectores por semana, una tarea que definió como propia de la inteligencia cristalizada porque consiste en tomar trabajos ajenos y explicarlos a una audiencia amplia.

La felicidad no es una sensación: combina disfrute, satisfacción y propósito

Frente a una noción extendida de la felicidad como estado emocional, Brooks propuso una definición más estructurada. Afirmó que no es un sentimiento aislado, sino “una combinación de disfrute, satisfacción y propósito”, tres componentes que comparó con macronutrientes.

Esa fórmula se conecta con otra distinción central de su discurso: los hábitos de las personas menos felices y los de las más felices. Brooks dijo que los más infelices tienden a maximizar cuatro objetivos: dinero, poder, placer y fama o prestigio.

En cambio, aseguró que la evidencia acumulada en “10.000 artículos de investigación” apunta a cuatro depósitos cotidianos distintos: fe, familia, amistad y trabajo entendido como creación de valor y servicio a otros, aunque no sea remunerado. En su descripción, la fe no requiere una religión institucional, sino alguna relación con lo trascendente.

Para el profesor, esa reorganización importa especialmente en la jubilación o en la segunda etapa adulta, cuando la carrera deja de ordenar la vida por sí sola. En ese punto, defendió la necesidad de reconstruir vínculos familiares, cultivar amistades auténticas y sostener una actividad que mantenga la sensación de ser útil.

La soledad golpea también a los exitosos

Brooks identificó a los “ambiciosos” y a los líderes como uno de los grupos más expuestos a la soledad. Contó que, al preguntarle al cirujano general de Estados Unidos Vivek Murthy cuál era la mayor crisis de salud pública durante la pandemia de coronavirus, la respuesta no fue el virus ni los opioides, sino la soledad.

Según reprodujo, Murthy le dijo que el aislamiento “está matando indirectamente a decenas de miles de personas cada año” y produce una miseria difícil de medir. Brooks añadió que el problema atraviesa edades y perfiles sociales distintos, desde mujeres jóvenes hasta hombres mayores.

Su énfasis, de todos modos, estuvo puesto en la soledad del éxito. Dijo que muchos ejecutivos y profesionales confunden contactos funcionales con amistades reales y descubren el vacío cuando dejan su posición. “Tenían un montón de amigos de negocios, no amigos de verdad”, resumió.

Para Brooks, la segunda curva requiere corregir precisamente esa falla. Sostuvo que nadie puede hacer la transición solo y que aprender o reaprender las habilidades de la amistad genuina es parte del trabajo que la madurez impone.

El malestar no siempre debe eliminarse

Otra de las definiciones más tajantes de Brooks apuntó contra la idea de que toda incomodidad debe suprimirse. Dijo que una de las equivocaciones más extendidas consiste en buscar buenas sensaciones de forma permanente y tratar cualquier malestar como un problema a corregir.

“Evitar la infelicidad hace que, paradójicamente, evites la felicidad”, afirmó. Su argumento es que el propósito, uno de los tres componentes de la felicidad, requiere desafío, trauma, dificultad, dolor e incluso momentos de infelicidad.

Esa mirada aparece ligada a la segunda mitad de la vida porque, según explicó, muchas personas aceptan desafíos duros en su carrera, pero no en su vida íntima o espiritual. Para él, el mismo principio debería aplicarse fuera del trabajo: no huir de lo difícil, porque allí también puede aparecer sentido.

La vida espiritual y el retiro como entrenamiento para otra etapa

Brooks también vinculó el envejecimiento con una mayor búsqueda de trascendencia. Dijo que, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la gente suele volverse menos supersticiosa con la edad, pero más religiosa o más abierta a preguntas espirituales.

En ese marco, recuperó una noción de la tradición hindú que divide la vida en cuatro etapas. La tercera, explicó, comienza “alrededor de los 50 años” y se llama vanaprastha, una expresión que tradujo literalmente como retirarse a un bosque, aunque aclaró que su sentido real es tomar distancia de las recompensas del mundo para pensar en asuntos mayores.

El objetivo de esa fase, señaló, es preparar la última etapa, asociada a la iluminación espiritual. Brooks relacionó ese esquema con su propia tesis sobre la inteligencia: dejar de ser el “as” para convertirse en maestro, alguien dedicado a transmitir verdad y sabiduría.

Su recorrido personal acompañó esa transformación. Contó que, tras dejar en junio de 2019 la presidencia del centro de estudios que había dirigido durante diez años, viajó a España y caminó durante una semana por el Camino de Santiago, una peregrinación de 1.100 años de antigüedad. Dijo que repitió luego otro tramo de 160 kilómetros y definió esa práctica como un remedio contra el estrés y una forma de estar vivo sin distracciones.

“La satisfacción no es conseguir lo que quieres, sino querer lo que tienes”

Entre las lecciones que atribuyó al Dalái Lama, a quien definió como mentor, maestro y amigo desde hace diez años, Brooks destacó una idea sobre la satisfacción. “El secreto de la satisfacción no es conseguir lo que quieres. El secreto de la satisfacción es querer lo que tienes”, dijo.

A partir de esa enseñanza, propuso una fórmula simple: la satisfacción depende de lo que una persona tiene dividido por lo que desea. Su conclusión es que el problema no se resuelve ampliando sin fin el numerador, porque nunca alcanza, sino reduciendo el denominador, es decir, administrando los deseos.

Brooks reconoció que se trata de una verdad fácil de olvidar, incluso para alguien que estudia felicidad y la enseña. Pero la colocó en el centro de su diagnóstico sobre la segunda mitad de la vida: el paso del rendimiento a la sabiduría no consiste solo en cambiar de tareas, sino en revisar qué cuenta como éxito y qué alcanza para vivir en paz.

La Generación X llega a la edad de retiro con ahorros insuficientes. Además, enfrenta la posibilidad de que el Seguro Social recorte prestaciones desde 2032, un escenario que empuja a muchos trabajadores de entre 46 y 61 años a prever que seguirán empleados incluso después de empezar a cobrar el beneficio federal.

Esa preocupación se reflejó en una encuesta de la firma de servicios financieros NFP: 41 % de los trabajadores de más de 55 años dijo que espera que el Seguro Social sea su principal fuente de ingresos en la jubilación, frente al 32 % en la medición anterior.

En comparación, 26 % del mismo grupo afirmó que su retiro se financiará sobre todo con planes 401(k), cuentas IRA y otros fondos previsionales.

Según CBS News, afecta especialmente a la cohorte más antigua de la Generación X. Sus primeros miembros cumplirán 62 el próximo año, la edad mínima para solicitar beneficios del programa.

Chris Branaman, un trabajador de tecnología de la información de 53 años de Bay City, Michigan, lo resumió así: “Mi broma es decir que probablemente voy a estar trabajando durante la jubilación”.

Dijo que tiene alrededor de USD 100.000 en su plan 401(k) y que no espera que esa suma alcance para financiar su retiro, incluso si logra ahorrar más en la próxima década.

Los nacidos entre 1964 y 1980 ingresaron al mercado laboral en los años 80 y 90, cuando los empleadores empezaron a abandonar las pensiones tradicionales y reemplazarlas por planes 401(k).

En la década de 1970, cerca de la mitad de los trabajadores del sector privado tenía pensiones pagadas por el empleador y con ingresos garantizados al jubilarse. Hoy, esa cobertura alcanza solo a 14 %.

Ese cambio trasladó a los trabajadores la responsabilidad de decidir cuánto ahorrar y cómo invertir. Varios integrantes de la generación consultados por CBS News dijeron que ese sistema no funcionó para ellos y que el Seguro Social puede terminar siendo su ingreso principal, o incluso el único, en la vejez.

Jessica Espinoza, directora ejecutiva y responsable nacional de prácticas de retiro en NFP, dijo al medio que estos datos son “una luz de advertencia”.

Añadió: “Los que están a punto de llegar a la jubilación son realmente el primer tramo de personas que tuvo que depender de sus propios ahorros”.

Del sistema de pensiones al 401(k): el cambio que marcó a la Generación X

Espinoza explicó que esta población no contó con planes de pensión y que su futuro depende del Seguro Social y de lo que haya podido acumular.

“Eso es lo que va a determinar si pueden jubilarse en sus propios términos o no, y eso es realmente desalentador para esa población”, agregó.

El diseño histórico del sistema previsional en Estados Unidos contempló tres fuentes: el Seguro Social, el ahorro personal y las pensiones.

De acuerdo con el National Council on Aging, organización estadounidense dedicada al envejecimiento, el programa federal debía reemplazar cerca de 40 % del ingreso de una persona durante la jubilación. Hoy, para la mayoría de la Generación X, ese esquema quedó reducido a dos apoyos.

Según el National Institute on Retirement Security, organización de investigación sobre seguridad previsional, solo alrededor de 14 % de ese grupo mantuvo una pensión, entre ellos docentes y empleados públicos.

Ahorros insuficientes y brecha con lo necesario

La distancia entre lo ahorrado y lo que se considera suficiente es amplia. Un informe de 2025 del Transamerica Center for Retirement Studies, centro de estudios sobre jubilación, citado por la publicación indicó que la mediana de ahorro para la Generación X es de USD 107.000, mientras que sus integrantes creen que necesitarán aproximadamente USD 700.000 para sostener su jubilación.

A esa brecha se sumaron dificultades estructurales y golpes económicos personales. Varios entrevistados dijeron que cuando comenzaron a trabajar no existía la inscripción automática a planes de retiro y que, en ciertos momentos de sus carreras, ni siquiera tuvieron acceso a ellos.

Otros relataron despidos y divorcios que los obligaron a retirar dinero de sus fondos previsionales para afrontar gastos corrientes.

Branaman sostuvo que al principio quizá su generación no pensó tanto en el retiro porque venía de ver a generaciones anteriores cubiertas por sus empleadores.

Sobre el 401(k), agregó con ironía: “Era perfecto para nuestra generación: arréglenselas”.

Una mujer de 61 años del área de Los Ángeles, que habló bajo condición de anonimato por la sensibilidad de la información financiera, contó que consumía su fondo de retiro de USD 100.000 después de perder su empleo en diciembre. Dijo que todavía no conseguía otro trabajo y que sospechaba que la edad podía estar jugando en su contra.

“Da miedo”, afirmó. “Sinceramente no sé cómo se atraviesan los años de la vejez”.

Su plan pasó a ser seguir trabajando después de empezar a cobrar el Seguro Social, un beneficio que recibirá sobre la base de los ingresos de su exmarido.

Calculó que percibirá unos USD 4.000 al mes, una cantidad que, según dijo, no alcanza para cubrir sus gastos cotidianos en el sur de California.

Costo de vida y ayuda a los hijos: por qué no pueden aportar más

Joshua, un trabajador de 54 años de Tennessee que pidió reserva de su apellido por motivos de privacidad, dijo que tiene menos de USD 100.000 en su 401(k).

Lo ejemplificó con una comparación: “Comprábamos comestibles por USD 120 a la semana. Ahora, si uno entra al supermercado, son USD 250”.

Añadió que todos los precios subieron, pero que los salarios no crecieron al mismo ritmo. A diferencia de otros integrantes de su generación, espera recibir una pensión por su trabajo como administrador de tecnología de la información en una universidad pública de Tennessee. Esto, según dijo, podría permitirle jubilarse si mantiene prudencia financiera.

J. Ashley Renfroe, de 51 años, contó que ayudar a su hija de 17 años con los estudios universitarios probablemente recortará su presupuesto en los próximos años, pero que considera esa decisión prioritaria.

“Prefiero que no empiece con la carga de préstamos estudiantiles, como me pasó a mí o a mi esposa”, dijo.

Renfroe trabaja como administrador de planes 401(k) y señaló que, aunque a los mayores de 50 años se les recomienda hacer aportes adicionales para reforzar el ahorro previsional, pocos pueden hacerlo en la práctica.

Bajo la legislación fiscal del IRS, el límite general de aporte para 2026 es de USD 24.500, y quienes superan los 50 años pueden sumar otros USD 8.000 anuales.

En su experiencia, quienes realizan esos aportes extra suelen ser propietarios, accionistas o personas con ingresos muy altos.

“Todo en mi industria está desconectado de la realidad. La gente no gana lo suficiente para cubrir su costo de vida o aprovechar plenamente el beneficio de ahorrar en un 401(k)”, sostuvo.

Renfroe, a diferencia de otros entrevistados, dijo que no cree que el Seguro Social exista cuando él se jubile. “Nos vienen diciendo que no dependamos del Seguro Social. Me lo tomé en serio”, afirmó, y agregó que espera trabajar hasta morir.

El riesgo de recorte desde 2032 y su impacto en la Generación X

Según el diario, el fondo fiduciario del programa está a seis años de caer en insolvencia. Si no hubiera una corrección, los 70 millones de beneficiarios que reciben pagos mensuales podrían enfrentar un recorte del 22 % en sus beneficios.

La mayoría de los expertos en retiro cree, de todos modos, que el Seguro Social seguirá existiendo y que, por el costo político de una reducción de pagos, el Congreso probablemente intervenga para reforzarlo.

Si eso no ocurre, millones de integrantes de la Generación X llegarán a la edad de jubilación justo cuando sus beneficios sufran un golpe fuerte.

Branaman resumió ese riesgo en términos concretos: “Entonces la pregunta pasa a ser si voy a vivir en una casa, en un departamento o en una camioneta al lado del río. De verdad hay que mantener todas las opciones sobre la mesa y estar abierto a adaptarse a ese momento”.

Entre tanto, varios de los entrevistados dijeron que hablan con sus hijos adolescentes o de poco más de 20 años sobre la importancia de empezar a ahorrar temprano para el retiro.

La mujer de Los Ángeles contó que nadie le habló de ahorro, presupuesto ni planificación a futuro cuando era joven, y que por eso intentó educar a su hija, a la que describió como muy adelantada en esa materia.

En los últimos años, normas como la ley SECURE 2.0 de 2022 añadieron mecanismos como la inscripción automática en planes 401(k) y el aumento automático de las contribuciones con el tiempo.

Para muchos integrantes de la Generación X consultados por CBS News, tratar de compensar en los 50 o principios de los 60 lo que no pudieron ahorrar antes sigue siendo una tarea difícil, y en algunos casos imposible.

Joshua lo expresó así: “Voy a tener que resolver esto por mi cuenta, que es algo muy propio de la Generación X. Cuando llegas a mi edad y no tienes un 401(k) de USD 1 millón, sientes que fracasaste. Hay más gente más cerca de mi situación que de la de quienes tienen un 401(k) de USD 1 millón”.

Las visitas domiciliarias a beneficiarios de programas sociales en México son reales, están respaldadas por un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación y llevan vigentes desde el 1 de enero de 2026. Lo que muchos titulares de medios distorsionan es el alcance de sus consecuencias.

La Secretaría de Bienestar las denomina “compulsa de datos en sitio” y las aplica principalmente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa que deposita $6,400 pesos cada dos meses a adultos de 65 años o más con residencia permanente en México.

El objetivo es confirmar que el titular sigue vivo, sigue viviendo en el país y sigue cumpliendo los requisitos de elegibilidad.

Qué revisa el personal durante la visita

El personal acreditado puede solicitar los siguientes documentos o datos para verificar que se mantienen los criterios de acceso al programa:

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses

Si el titular no puede atender, su persona adulta auxiliar —un familiar o conocido registrado previamente— está facultada para recibir al personal en su nombre.

Qué pasa si no te encuentran: el proceso real

Aquí está el punto que más genera confusión. Una sola visita fallida no cancela ningún apoyo. Las Reglas de Operación 2026 establecen una escalera de consecuencias con varias etapas:

Primera y segunda visita sin localizar al titular ni a su auxiliar (en días y horarios distintos): el expediente pasa al estatus “activo no emitible”.

El beneficiario sigue en el padrón, pero el depósito del bimestre queda retenido.

Dos bimestres consecutivos en ese estatus sin aclarar la situación: procede la suspensión del padrón.

Dos bimestres adicionales bajo suspensión sin resolución: puede dictarse la baja definitiva por no localización.

Si la situación se aclara en cualquier etapa: las propias reglas contemplan mecanismos de reexpedición de pagos y reactivación del expediente.

En resumen “las reglas no respaldan la idea de que la prestación se pierde inmediatamente después de una visita fallida”.

El caso distinto de la Ciudad de México

El 7 de julio de 2026, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) publicó en la Gaceta Oficial modificaciones a cuatro programas sociales locales.

Las visitas domiciliarias en este caso tienen un propósito diferente al federal: no son de verificación, sino de registro de nuevos solicitantes.

Los cuatro programas afectados son:

Desde la Cuna Mujeres Sanas e Infancias Protegidas

Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), cuyo titular es Tomás Pliego Calvo, es la dependencia encargada de ejecutar esas visitas, con prioridad en colonias con bajo y muy bajo índice de desarrollo social. Los montos y criterios de elegibilidad de los programas no cambian.

Hasta la fecha de publicación de los artículos consultados, la SEBIEN no había detallado las fechas exactas en que la SAPCI iniciaría las visitas en cada alcaldía.

La alerta real: fraudes que imitan las visitas oficiales

Este es el riesgo más concreto que enfrentan los beneficiarios hoy. La Delegación de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes alertó en agosto de 2026 sobre delincuentes que se presentan en domicilios haciéndose pasar por servidores de la nación.

El delegado Aldo Ruiz Sánchez fue directo: “Si ahorita aparece el gestor, está mintiendo; es un criminal y es un delincuente”.

La Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también documentaron el uso de inteligencia artificial para clonar voces de funcionarios y difundir mensajes fraudulentos por WhatsApp y Facebook.

El personal oficial nunca está autorizado para pedir:

El NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar

Contraseñas o códigos de verificación

Pagos en efectivo o depósitos de cualquier tipo

Documentos entregados en la puerta sin acreditación verificable

Cómo distinguir una visita legítima y qué hacer

El personal autorizado de la Secretaría de Bienestar siempre porta uniforme institucional y gafete oficial. Cualquier visita puede verificarse llamando a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Para no generar una incidencia por “no localización”, los beneficiarios deben mantener actualizados estos datos ante la dependencia:

Domicilio vigente (cualquier cambio debe notificarse de inmediato)

CURP sin inconsistencias

Número telefónico de contacto

Datos de la persona adulta auxiliar registrada

Para reportar intentos de fraude o extorsión, la Secretaría de Bienestar habilitó el correo organo.interno@bienestar.gob.mx y la línea de denuncias 800-714-8340, disponible las 24 horas.

Trabajar después de jubilarse ya no exige renunciar necesariamente a la pensión. La jubilación activa permite compatibilizar el cobro de la prestación con un empleo por cuenta ajena o con una actividad por cuenta propia, una fórmula pensada para prolongar la vida laboral de quienes quieren continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria de retiro. En 2025, cerca de 77.000 personas se encontraban en esta situación, un 9,4% más que un año antes.

La modalidad ha ganado peso tras la reforma aprobada en 2024, que modificó las condiciones de acceso, señalan expertos en pensiones de BBVA. Uno de los principales cambios afecta precisamente al periodo de cotización necesario. Hasta abril de 2025, para acceder a la jubilación activa era necesario haber generado el derecho al 100% de la base reguladora, lo que en la práctica exigía una carrera de cotización completa.

La nueva regulación elimina ese requisito y abre la puerta a trabajadores con carreras laborales más cortas. Ahora basta con cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación ordinaria que es de 15 años, siempre que al menos dos de ellos estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar la pensión.

Un año después de alcanzar la edad ordinaria

La reforma no significa, sin embargo, que cualquier persona con 15 años cotizados pueda pasar directamente a la jubilación activa. Existe una condición temporal relevante: el acceso a la pensión debe producirse al menos un año después de haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que corresponda en cada caso.

En 2026, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. Quienes hayan alcanzado o superado ese periodo de cotización pueden jubilarse a los 65 años. Las jubilaciones anticipadas o aquellas que incorporen determinadas bonificaciones de edad no sirven para cumplir este requisito.

La norma contempla una particularidad para quienes todavía no hayan alcanzado los 15 años mínimos de cotización cuando cumplen la edad ordinaria. En ese caso, el periodo de un año exigido para acceder a la jubilación activa empieza a computarse desde el momento en que reúnen la cotización mínima necesaria.

Se puede trabajar por cuenta ajena y como autónomo

Una de las ventajas de esta modalidad es su flexibilidad. La actividad compatible con la pensión puede desarrollarse por cuenta ajena, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, o por cuenta propia. De esta manera, la jubilación activa permite adaptar la intensidad del trabajo a las preferencias y circunstancias de cada persona.

El sistema busca así facilitar una transición gradual entre la vida laboral y la jubilación completa. El trabajador puede decidir cuánto tiempo quiere mantenerse en esta situación antes de abandonar definitivamente la actividad y pasar a cobrar la pensión en las condiciones que correspondan.

La reforma también ha modificado la relación entre la jubilación activa y el complemento por demora. Desde abril de 2025 ambas situaciones son compatibles, de modo que una persona que haya retrasado su jubilación puede acceder posteriormente a la jubilación activa incluso si ha elegido recibir el incentivo por demora en forma de porcentaje adicional, pago único o una fórmula mixta.

Qué ocurre con el complemento por retrasar la jubilación

Aunque el complemento por demora sea compatible con la jubilación activa, existe una limitación importante. Mientras el trabajador permanezca en situación de jubilación activa no se genera un incremento adicional del complemento por demora. Es decir, la compatibilidad permite mantener el incentivo ya reconocido, pero no seguir acumulándolo durante el periodo de jubilación activa.

La legislación mantiene también algunas incompatibilidades. Entre ellas está el desempeño de un puesto de trabajo o de un alto cargo en el sector público, que continúa siendo incompatible con el cobro de la pensión de jubilación y, por tanto, impide acceder a esta modalidad.

Durante la jubilación activa, además, la persona mantiene la consideración de pensionista a todos los efectos. Esto permite compatibilizar la percepción de la pensión con la continuidad en el mercado laboral, pero dentro de las condiciones establecidas por la Seguridad Social.

Una opción que gana peso entre los trabajadores

El aumento del número de jubilados activos refleja el creciente interés por fórmulas que permitan retrasar la salida definitiva del mercado laboral. Casi 77.000 personas utilizaron esta modalidad en 2025, con un crecimiento del 9,4% respecto al año anterior, aunque todavía representa una proporción reducida del conjunto de pensionistas.

La reforma pretende precisamente ampliar el margen para que más trabajadores puedan elegir cómo afrontar los últimos años de su trayectoria profesional. La eliminación de la exigencia de haber cotizado lo suficiente para obtener el 100% de la base reguladora supone un cambio relevante, especialmente para quienes cuentan con carreras laborales más discontinuas.

La jubilación dejó de ser un horizonte automático para buena parte de la clase media en muchos países. Veamos cuál es la situación en Estados Unidos y las enseñanzas que puede dejar para Argentina. El verdadero riesgo no siempre es ganar poco, sino sostener durante años decisiones financieras que reducen el ahorro para el retiro y empujan a trabajar más tiempo del previsto. En ese mapa, cinco errores frecuentes aparecen una y otra vez en informes, encuestas y guías de planificación previsional.

La presión se volvió más visible en un contexto de costos persistentes en vivienda, salud, educación y cuidado familiar. Esa combinación limita el margen para ahorrar incluso entre quienes tienen empleo formal y aportes regulares. A la vez, los datos más recientes muestran una confianza más frágil frente a la jubilación y una mayor preocupación por llegar a esa etapa con fondos insuficientes.

El foco, entonces, no pasa solo por enumerar fallas clásicas de planificación. También incluye entender por qué esos errores pesan más en 2026, con inflación acumulada en servicios básicos, mayor incertidumbre sobre ingresos futuros y un mercado laboral en el que extender la vida activa no siempre depende de una decisión personal. En esa línea, distintas fuentes conocidas de Estados Unidos coinciden en que demorar aportes, perder beneficios del empleador, pagar costos altos o retirar dinero antes de tiempo puede modificar de forma permanente la fecha de retiro.

Cinco decisiones que reducen el retiro y obligan a recalcular

El primer error es postergar el inicio del ahorro. La razón es matemática y no ideológica: cuanto antes entra el dinero al sistema previsional o de inversión, más tiempo tiene para crecer a través del interés compuesto. Ese mecanismo suma los rendimientos al capital y permite que también produzcan nuevos retornos con el paso de los años. Según publicó NewTraderU en la nota citada por El Diario New York, invertir 500 dólares por mes, equivalentes a unos 675.000 pesos argentinos, desde los 25 años con un rendimiento anual promedio del 8% permitiría llegar a cerca de 745.000 dólares, unos 1.005.750.000 pesos, a los 65 años.

El segundo error es no capturar el aporte completo del empleador en el 401(k). De acuerdo al mismo articulo,uno de los fallos más habituales consiste en no contribuir lo suficiente para recibir el match total ofrecido por la empresa. La firma indicó que ese beneficio debe considerarse parte de la compensación laboral, ya que representa dinero adicional destinado al retiro. La cuenta es concreta. Un trabajador con un salario anual de 80.000 dólares, unos 108.000.000 de pesos argentinos, y un match de 5% puede resignar 4.000 dólares por año, alrededor de 5.400.000 pesos, si no aporta el mínimo requerido.

El tercer error es subestimar el impacto de las comisiones. Una tasa de administración aparentemente baja puede erosionar una parte considerable del capital final. La nota principal señaló que un costo adicional de 1% puede implicar una pérdida cercana a 130.000 dólares, unos 175.500.000 pesos, en tres décadas.

El cuarto error es retirar dinero antes de tiempo. Según la misma guía de Fidelity, las extracciones anticipadas de planes laborales suelen tributar como ingreso ordinario y pueden incluir una penalización del 10% antes de los 59 años y medio, salvo excepciones previstas en la normativa.

El quinto error es confiar en que siempre habrá tiempo para compensar. El supuesto de trabajar unos años más funciona como una salida frecuente cuando el ahorro viene atrasado, pero la evidencia sugiere que ese margen puede desaparecer por factores ajenos al trabajador.

Qué lectura deja para Argentina el problema del retiro insuficiente

Aunque los instrumentos previsionales de Estados Unidos y Argentina son distintos, el punto de contacto está en la dificultad para sostener ingresos suficientes en la vejez y en la necesidad de mirar el retiro con anticipación. En el caso argentino, la discusión gira menos en torno al 401(k) y más en torno al peso de la jubilación pública, la capacidad de ahorro privado y la proporción del salario que logra reemplazar el haber previsional.

Según el informe del Banco Mundial, la tasa de reemplazo del sistema argentino alcanzó hacia mediados de 2020 un máximo histórico en torno al 46% del salario promedio formal. Ese indicador mide qué parte del ingreso laboral previo logra cubrir la jubilación. Cuando ese porcentaje resulta limitado, la distancia entre el salario activo y el ingreso pasivo obliga a ajustar consumo, prolongar actividad o complementar con ahorro propio.

Esa relación ayuda a leer el fenómeno desde una clave local. Si una persona pasa de un ingreso formal completo a una cobertura previsional que representa menos de la mitad de ese salario, la planificación previa gana valor aun cuando el sistema principal siga siendo estatal. El informe del Fondo Monetario Internacional también analiza la estructura previsional argentina y su nivel de reemplazo, dentro de una discusión más amplia sobre sostenibilidad fiscal y suficiencia de prestaciones.

Aumentar la edad de jubilación es uno de los objetivos que se ha propuesto el Gobierno para hacer sostenible el sistema público de pensiones. Cuanto más prolonguen los trabajadores su etapa laboral más tiempo cotizarán a la Seguridad Social y más tarde accederán a una pensión. En 2026, la edad ordinaria de jubilación depende de los años cotizados. Se puede acceder a los 65 años si se acreditan al menos 38 años y 3 meses cotizados o a los 66 años y 10 meses si se cuenta con un periodo inferior.

No obstante, existe la posibilidad de retirarse antes mediante la jubilación parcial, que permite reducir la jornada laboral y empezar a cobrar parte de la pensión mientras se continúa trabajando. El sistema, que fue modificado por el Real Decreto-ley 11/2024, contempla distintas posibilidades en función de la edad del trabajador, su carrera de cotización y la existencia o no de un contrato de relevo.

La jubilación parcial anticipada permite retirarse a partir de los 62 años. A ella se pueden acoger los trabajadores que acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización y accedan mediante un contrato de relevo. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 63 años y 10 meses.

La reforma del sistema amplió el margen para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo. Desde 2025, esta modalidad puede iniciarse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos por la Seguridad Social.

Dos vías para acceder a la jubilación parcial

El sistema distingue entre la jubilación parcial con contrato de relevo y la que se produce sin necesidad de contratar a otro trabajador. La primera permite adelantar el paso hacia la jubilación y exige que la empresa incorpore a un relevista que sustituya al trabajador que reduce su jornada.

El trabajador acuerda con su empresa una reducción de la jornada dentro de los límites legales, firma un contrato a tiempo parcial y comienza a percibir una parte de la pensión de jubilación. Al mismo tiempo, la empresa debe contratar a un trabajador, llamado relevista, mediante un contrato indefinido y a tiempo completo.

Ese contrato de relevo debe mantenerse, al menos, durante los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial. Esta fórmula pretende combinar la salida progresiva del trabajador de mayor edad con la incorporación de otra persona al mercado laboral.

Un mínimo de 33 años de cotización

Para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo “también es necesario acumular un periodo de cotización mínimo de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que pueda tenerse en cuenta en ese cómputo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Tampoco se tienen en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado”, señalan expertos en pensiones de BBVA.

Sin embargo, sí se contabilizan los períodos de servicio militar, prestación social sustitutoria y servicio social femenino, con el límite máximo de un año, únicamente a efectos de determinar si se alcanza el periodo de cotización necesario de 33 años.

Los trabajadores con discapacidad de más del 33% podrán acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo con 25 años de cotización.

Jubilación parcial sin contrato de relevo

En cuanto a la jubilación parcial sin contrato de relevo está pensada para quienes ya han alcanzado la edad ordinaria de retiro. En este caso, el trabajador puede acordar con su empresa una reducción de jornada y pasar a cobrar la parte correspondiente de la pensión sin que sea obligatorio contratar a un relevista.

En 2026, podrán acogerse a esta opción quienes tengan 66 años y 10 meses si han cotizado menos de 38 años y tres meses. Para quienes hayan alcanzado o superado ese periodo de cotización, la edad será de 65 años.

Los requisitos de cotización son distintos en este supuesto. Se exige haber cotizado como mínimo 15 años, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la pensión.

La diferencia entre ambas modalidades resulta especialmente relevante para los trabajadores que estén planificando su salida progresiva del mercado laboral. La jubilación parcial con relevo permite adelantar el acceso respecto a la edad ordinaria, mientras que la modalidad sin relevo comienza una vez alcanzada esa edad.

La cotización marca la edad de salida

La reforma ha convertido los años cotizados en uno de los elementos decisivos para determinar cuándo puede comenzar la jubilación parcial. La frontera de los 38 años y tres meses separa a quienes pueden acceder a los 62 años de quienes deben esperar hasta los 63 años y 10 meses cuando optan por la modalidad con contrato de relevo.

El objetivo de esta fórmula es facilitar una transición gradual desde el empleo hacia la jubilación. En lugar de abandonar completamente la actividad, el trabajador reduce su jornada y compensa parte de la pérdida salarial con la pensión.

Con 147 soles al mes —el equivalente a reservar apenas 5 soles por día— un comerciante puede acceder a una pensión de jubilación vitalicia a través del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Así lo informó Andina Noticias al dar a conocer la campaña que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) despliega actualmente en las galerías de Mesa Redonda, en Lima.

La iniciativa, denominada “Cada día suma: tu negocio es el presente. Tu pensión, tu futuro”, lleva a personal de la ONP a recorrer las 86 galerías del emporio comercial con el objetivo de sensibilizar a los comerciantes sobre la importancia de incorporarse al sistema previsional. Según Andina Noticias, el programa apunta a un sector que históricamente ha tenido baja cobertura pensionaria por su condición de trabajadores independientes.

¿Cuántos años hay que aportar?

Para obtener una pensión de jubilación de por vida, el afiliado debe acumular un mínimo de 10 años de aportes al SNP. No se exige que sean continuos: si en algún mes el afiliado no puede pagar, puede retomar sus contribuciones posteriormente sin perder lo acumulado. Además, la ONP precisó que los aportes pueden realizarse sin incurrir en mora hasta el último día del mes siguiente al que corresponden.

El sistema también contempla protección ante situaciones de emergencia. Ante una enfermedad o accidente que impida al afiliado continuar trabajando, este puede solicitar una pensión por invalidez y acceder a un seguro de salud, ambos vigentes hasta su recuperación o de forma permanente. Para ello, debe haber aportado al menos doce meses durante los tres años previos al siniestro, de acuerdo con la información difundida por Andina Noticias.

Protección para toda la familia

El SNP extiende su cobertura más allá del titular. Si el afiliado fallece, sus familiares directos pueden acceder a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, según el vínculo que acrediten. Esta red de protección convierte al aporte mensual en una herramienta que resguarda no solo al comerciante, sino también a su núcleo familiar.

La afiliación al sistema es accesible desde un teléfono celular. A través de la plataforma onpvirtual.pe, los interesados pueden ingresar a la opción “Mi primer aporte” y seleccionar “Quiero afiliarme voluntariamente”, sin necesidad de acudir a una oficina.

Canales digitales y presenciales para pagar

Para el pago de los aportes, la ONP habilitó múltiples vías. Entre los canales digitales figuran la billetera electrónica Interbank Negocios, los canales virtuales de Interbank y la plataforma de pago en línea de la Sunat, esta última sin requerir clave SOL.

Quienes prefieran opciones presenciales pueden acudir a los agentes Interbank —con el código de servicio 0600203 y su documento de identidad— o a las ventanillas del Banco de la Nación, donde basta con indicar el DNI, el mes y el monto a pagar. Para consultas adicionales, la ONP dispone de la línea ONP Te Escucha al (01) 634-2222, opción 1, disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

La muerte o la incapacidad permanente de uno de los principales sustentadores de una familia no solo supone un golpe emocional. También puede desencadenar un problema financiero que se prolongue durante años. Cuando desaparece uno de los salarios del hogar, las pensiones públicas de viudedad y orfandad pueden compensar parte de esa pérdida, pero no necesariamente permiten mantener el nivel de ingresos anterior.

Esa diferencia entre lo que una familia ingresaba antes y lo que recibe después de una contingencia es lo que se conoce como brecha de ingresos. Para calcularla hay que tener en cuenta las prestaciones públicas y privadas que podrían sustituir al salario perdido, pero también los gastos que seguirán existiendo. Hipoteca, educación, alimentación o suministros no desaparecen porque fallezca o quede incapacitado uno de los miembros de la pareja.

El problema puede ser especialmente delicado cuando la familia depende principalmente de un único sueldo. En esos casos, el patrimonio financiero acumulado puede consumirse en pocos años si no existe una fuente adicional de ingresos, señalan expertos de BBVA. De ahí que el seguro de vida pueda desempeñar un papel relevante: no elimina las consecuencias personales de una pérdida, pero sí puede proporcionar un colchón económico para afrontar la nueva situación con mayor estabilidad, inciden las mismas fuentes.

La pensión de viudedad no siempre sustituye la mitad del salario perdido

En España, la pensión de viudedad asciende, como regla general, al 52% de la base reguladora del fallecido. En determinados supuestos puede alcanzar el 60% o incluso el 70%, cuando se cumplen requisitos específicos relacionados con la edad, los ingresos o las cargas familiares.

Para un trabajador con una carrera de cotización estable, ese porcentaje puede traducirse aproximadamente en algo más de la mitad de sus ingresos de referencia. Sin embargo, la situación cambia para quienes tienen salarios elevados y cotizaciones próximas a la base máxima. En 2026, esta última se sitúa en 5.101,20 euros mensuales, mientras que la pensión máxima alcanza los 3.359,60 euros brutos al mes en 14 pagas.

Esto significa que la caída efectiva de ingresos puede ser superior a la que sugeriría un simple cálculo del 52%. Además, cuando existen hijos con derecho a pensión de orfandad, las prestaciones pueden repartirse dentro de los límites establecidos para las pensiones de muerte y supervivencia. En determinadas familias, por tanto, el dinero que entra en el hogar tras el fallecimiento puede quedar sensiblemente por debajo del salario que aportaba el trabajador.

La pensión de orfandad tiene límites

La pensión de orfandad equivale, con carácter general, al 20% de la base reguladora por cada hijo beneficiario, con determinados límites para el conjunto de las pensiones. Cuando no existe beneficiario de una pensión de viudedad, el porcentaje correspondiente puede aplicarse a favor de los huérfanos, incrementando su protección.

El derecho se reconoce, en términos generales, a los hijos menores de 21 años y, en determinados supuestos, puede mantenerse hasta los 25 años si no trabajan o sus ingresos no superan el límite establecido. También existen reglas específicas para quienes tienen una incapacidad para trabajar.

El resultado es que las prestaciones públicas pueden ofrecer una red de protección importante, pero no necesariamente garantizan que una familia pueda conservar durante años el mismo nivel de consumo. La diferencia adquiere todavía más importancia cuando hay una hipoteca, hijos pequeños o un solo trabajador como principal fuente de ingresos.

Menos prestaciones para los autónomos

El riesgo puede ser mayor entre los trabajadores por cuenta propia. Hasta 2022, los autónomos podían elegir su base de cotización entre determinados límites y una amplia mayoría optaba por bases reducidas. Desde 2023, el sistema vincula la cotización a los rendimientos netos, dentro de los tramos establecidos, con el objetivo de aproximar progresivamente las bases a los ingresos reales.

Aun así, muchos autónomos continúan eligiendo la base mínima de su tramo. La consecuencia es que, ante un fallecimiento o una incapacidad permanente, la prestación pública puede resultar inferior a la que recibiría un asalariado con ingresos similares. Las pensiones de los autónomos son entre un 36% y un 40% más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General.

Para una familia cuyo nivel de vida depende de los ingresos de un autónomo, esa diferencia puede convertir el seguro de vida en una pieza especialmente relevante dentro de la planificación financiera.

Cubrir cinco años de salario: la regla para calcular el seguro

Una de las fórmulas más sencillas para aproximar el capital que debería cubrir un seguro de vida consiste en multiplicar por cinco el salario neto anual del principal proveedor de ingresos. Si los dos miembros de la pareja tienen ingresos similares, la referencia podría situarse en torno a 2,5 veces el salario neto anual de cada uno.

La lógica es proporcionar un capital que permita transformar el dinero recibido en una fuente de ingresos durante un periodo prolongado. En una familia con dos hijos menores y un único gran generador de ingresos, por ejemplo, un seguro equivalente a cinco anualidades salariales podría contribuir, junto con las pensiones públicas, a mantener durante años un nivel de vida parecido al anterior.

Ese cálculo, sin embargo, no debería confundirse con una cifra universal. Una familia con una hipoteca elevada, varios hijos o gastos extraordinarios necesitará probablemente un capital mayor. El seguro destinado a cubrir la deuda hipotecaria debería calcularse, además, de forma separada.

Cuánto gasta la familia

Existe una segunda forma de determinar el capital necesario: calcular qué porcentaje de los ingresos familiares se destina realmente al consumo. Si una familia gasta, por ejemplo, el 80% de los ingresos de uno de sus miembros, el seguro debería permitir cubrir una parte equivalente de la brecha entre el salario perdido y las prestaciones públicas que recibiría la familia.

Para afinar todavía más la cifra, el método más sofisticado consiste en elaborar una radiografía completa de los ingresos y gastos que tendría el hogar después del fallecimiento o de una incapacidad permanente. La pregunta ya no es cuánto gana actualmente el trabajador, sino cuánto dinero necesitará realmente su familia cuando ese ingreso desaparezca.

La hipoteca merece, además, un capítulo propio. Si ambos miembros de la pareja trabajan y tienen ingresos similares, puede plantearse un capital adicional equivalente, al menos, al 50% de la deuda pendiente. Si el fallecido es el principal o único proveedor de ingresos, la cobertura podría llegar hasta el 100% del préstamo. El objetivo no es solo pagar una deuda, es evitar que la vivienda familiar se convierta en una carga imposible de asumir precisamente cuando los ingresos se han reducido.

A juicio de los expertos de BBVA, la protección financiera ante un fallecimiento no depende únicamente de cuánto paga la Seguridad Social de pensión. La clave está en conocer la diferencia entre los ingresos que desaparecerían y los recursos que seguirían entrando en el hogar. Esa brecha es la que debería determinar cuánto capital necesita una familia para afrontar el futuro sin que una tragedia personal termine convirtiéndose también en una crisis económica.

La imposibilidad de ahorrar para la jubilación es una preocupación para millones de trabajadores de Estados Unidos.

Según un informe del Instituto Nacional de Seguridad en el Retiro (NIRS), la mediana de ahorro entre las personas de 21 a 64 años es de apenas USD 955. Esa cifra refleja la capacidad limitada de muchos trabajadores para acumular suficiente patrimonio. Como consecuencia, podrían verse obligados a prolongar su vida laboral más allá de la edad de retiro.

Pero el riesgo no solo depende del salario. La encuesta Retirement Confidence Survey 2025 de EBRI indicó que el 46 % de los jubilados en 2025 dejó de trabajar antes de lo previsto por problemas de salud, despidos o por tener que cuidar a familiares, una señal de que la idea de postergar el retiro también puede frustrarse por causas ajenas al trabajador.

La advertencia alcanzó con más fuerza a los hogares de clase media. Dan Doonan, director ejecutivo del NIRS, afirmó que “demasiados hogares hoy se ven forzados a elegir entre pagar sus cuentas y ahorrar para el mañana”, y agregó que la vivienda, el cuidado infantil y la educación generaron “enormes desafíos para la clase media”.

En este escenario, algunas decisiones pueden reducir todavía más el dinero disponible para la jubilación. Según El Diario de Nueva York, entre los principales errores figuran comenzar a invertir demasiado tarde, no aprovechar los aportes del empleador, pagar comisiones elevadas y retirar dinero antes de tiempo de los fondos de jubilación, como el plan 401(k).

Empezar 10 años más tarde puede recortar más de USD 400.000 del fondo de retiro

Uno de los errores más costosos es retrasar el inicio de las inversiones. Según cálculos difundidos por la empresa financiera NewTraderU, aportar USD 500 al mes desde los 25 años, con un rendimiento anual promedio de 8 %, puede generar cerca de USD 745.000 a los 65 años.

Si esa misma estrategia comienza a los 35 años, el monto baja a alrededor de USD 340.000. La diferencia supera los USD 400.000 por la pérdida de 10 años de aportes y de crecimiento compuesto; es decir, del rendimiento que se acumuló sobre las ganancias anteriores.

El análisis lo resumió así: “El dinero que inviertes temprano hace el trabajo más pesado porque tiene la pista más larga para crecer”.

La intención de recuperar el tiempo más adelante, cuando los ingresos sean mayores, suele chocar con gastos que también crecen, como la vivienda, los hijos o las deudas.

No aprovechar el aporte del empleador ni controlar las comisiones erosiona el saldo

Uno de los errores que puede reducir de forma significativa los ahorros para la jubilación es no aprovechar el “match” del 401(k). Se trata del dinero adicional que aporta el empleador al plan de retiro cuando el empleado también destina parte de su salario.

Por ejemplo, un trabajador que gana USD 80.000 al año y tiene un match del 5% puede obtener hasta USD 4.000 adicionales al año si realiza el aporte necesario para recibir la contribución completa de la empresa.

El efecto puede crecer de forma considerable con el paso del tiempo. Con un rendimiento anual del 8%, esos USD 4.000 adicionales podrían representar cerca de USD 500.000 después de 30 años.

El análisis de NewTraderU, citado por la publicación, advirtió: “Es el equivalente financiero a rechazar un aumento de sueldo”.

Las comisiones también tienen un efecto acumulativo. Un 1 % adicional de costos pudo representar una pérdida cercana a USD 130.000 en 30 años: una inversión de USD 500 mensuales que habría alcanzado USD 745.000 con un retorno de 8 % se reduce a unos USD 611.000 si el rendimiento baja a 7 % por efecto de ese cargo.

Retiros anticipados y traslados: el impacto sobre el ahorro previsional

Sacar dinero del 401(k) antes de tiempo genera un daño doble que suele subestimarse. Una extracción de USD 50.000 a los 35 años puede dejar en manos del trabajador apenas entre USD 30.000 y USD 35.000 una vez descontados los impuestos y una penalización de 10% por retiro anticipado.

El golpe más silencioso, sin embargo, no es el que se paga de inmediato sino el que se acumula con los años. Ese mismo saldo, si permaneciera invertido hasta los 65 años, podría acercarse a USD 500.000, una diferencia que convierte cada retiro prematuro en una renuncia a décadas de crecimiento compuesto.

Por esa razón, durante un cambio de empleo o frente a una urgencia, trasladar el saldo a una Cuenta Individual de Retiro (IRA, por sus siglas en inglés) o al nuevo 401(k) puede ser más conveniente que cobrarlo.

Un fondo de emergencia separado también reduce la probabilidad de usar el ahorro previsional como salida inmediata.

Los trabajadores mayores y los hispanos figuran entre los más expuestos

El NIRS encontró que la mediana de ahorro para el retiro entre los trabajadores de 55 a 64 años es de apenas USD 30.000.

Esa cifra refleja que el problema no se corrige necesariamente con la cercanía de la jubilación y que el margen para recomponer el saldo se estrecha con el paso del tiempo.

El organismo indicó además que los trabajadores hispanos y los de bajos ingresos enfrentan una vulnerabilidad mayor porque tienen menos acceso a planes de jubilación patrocinados por empleadores. Esa menor participación puede ampliar la brecha de inseguridad económica en la vejez.

Para quienes todavía están en etapa de acumulación, la normativa de 2026 ofrece una herramienta adicional.

Los trabajadores de 50 años o más pueden aportar hasta USD 8.000 extra a su 401(k) mediante contribuciones de recuperación, mientras que para quienes tienen entre 60 y 63 años el límite especial sube a USD 11.250.

Hay varias decisiones que pueden ayudar a fortalecer el ahorro para la jubilación: aportar lo suficiente para obtener el match completo del empleador, revisar las comisiones de los fondos y elegir alternativas de menor costo. También puede ser útil programar aumentos automáticos de las contribuciones cada año y reservar los retiros anticipados del 401(k) para situaciones en las que no exista otra alternativa.

Quienes no cuentan con un plan de retiro a través de su empleo pueden evaluar una IRA tradicional o Roth. A partir de los 50 años, además, existen aportes adicionales de recuperación que permiten incrementar el dinero destinado a la jubilación.

El resultado final puede depender de una serie de decisiones que, tomadas por separado, parecen pequeñas, pero que adquieren mayor peso con el paso del tiempo.

El Gobierno francés se prepara para tomar decisiones impopulares para intentar contener el deterioro de las cuentas públicas. Entre las medidas que estudia figura una que afecta directamente a los jubilados con mayores ingresos: congelar sus pensiones en 2027 o, al menos, limitar su revalorización por debajo de la inflación. La propuesta todavía no está cerrada, pero el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, ha puesto públicamente la posibilidad sobre la mesa.

“La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse”, escribió este lunes Lescure en la red social Bluesky, según recoge Efe. El mensaje recupera una idea que el ministro ya había planteado el viernes en una entrevista con Libération, aunque entonces insistió en que no había ninguna decisión tomada.

El Gobierno quiere, en todo caso, evitar que un eventual ajuste recaiga sobre los pensionistas con menos recursos. Lescure no ha precisado dónde situaría el umbral a partir del cual se aplicaría una revalorización más moderada. Algunas estimaciones manejadas en Francia apuntan a que limitar a la mitad de la inflación el aumento de las pensiones de quienes cobran 3.000 euros brutos permitiría ahorrar unos 700 millones de euros. Si la medida se extendiera a quienes perciben más de 2.000 euros, el ahorro alcanzaría los 1.500 millones.

Una medida que reabre la batalla por las pensiones

La propuesta llega después de que el Gobierno francés suspendiera a comienzos de año la aplicación de la reforma de las pensiones que elevaba progresivamente la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Aquella decisión fue una de las condiciones planteadas por los socialistas para evitar que el Ejecutivo cayera en una moción de censura.

Uno de los antiguos responsables de Economía, Thierry Breton, ha criticado ahora aquella suspensión. En declaraciones a BFMTV, Breton acusó al Gobierno de haber ganado tiempo con la congelación de la reforma y de verse obligado ahora a buscar alternativas que pueden resultar más costosas políticamente, al afectar directamente a quienes ya están jubilados.

Lescure ha cuestionado las cifras utilizadas por su antecesor para calcular el impacto presupuestario de la suspensión de la reforma. Pero, más allá de esa discusión, el ministro ha defendido que el equilibrio financiero del sistema de pensiones sigue siendo una cuestión que Francia tendrá que abordar. El debate llega, además, en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas.

Francia afronta una presión creciente sobre sus cuentas

Francia cerró 2025 con un déficit público equivalente al 5,1% de su producto interior bruto (PIB), el segundo más elevado de la zona euro, solo por detrás de Bélgica. El Gobierno se había marcado como objetivo reducirlo ligeramente hasta el 5% en 2026 y avanzar posteriormente hacia el límite del 3% establecido por las reglas fiscales europeas.

Ese calendario se complica. Las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio han añadido presión a unas cuentas públicas ya tensionadas y dificultan que París alcance este año el objetivo que se había fijado. Según Le Monde, el Ejecutivo estaría manejando ahora para 2027 una meta de déficit del 4,9%, una reducción mucho más modesta de la prevista inicialmente.

Con ese escenario, la posibilidad de situar el déficit por debajo del 3% en 2029 queda cada vez más comprometida. El Gobierno necesita encontrar recursos y reducir gastos, pero cada decisión tiene un coste político. Las pensiones ocupan un lugar especialmente sensible porque afectan a un colectivo numeroso y con una elevada participación electoral.

El factor electoral condiciona la decisión

El momento en que aparece la propuesta tampoco es casual. El Gobierno tendrá que presentar en las próximas semanas sus cartas para el presupuesto de 2027, precisamente un ejercicio marcado por las elecciones presidenciales francesas, previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo.

Los pensionistas representan cerca de una cuarta parte de la población francesa y se encuentran entre los grupos con una mayor participación en las elecciones. Cualquier decisión que reduzca su poder adquisitivo puede tener, por tanto, consecuencias que vayan mucho más allá de las cuentas públicas.

El Ejecutivo se encuentra así ante un equilibrio complicado: necesita convencer a los mercados y a sus socios europeos de que Francia puede reconducir sus finanzas, pero al mismo tiempo debe evitar que el ajuste desencadene una nueva crisis política.

La posibilidad de moderar la subida de las pensiones más altas permite al Gobierno concentrar parte del esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad económica, pero también abre un nuevo frente en un país que lleva años dividido por la reforma de su sistema de jubilación.

Por ahora, Lescure mantiene la medida en el terreno de las posibilidades. La incógnita es cuánto tiempo podrá permanecer ahí. Con la presentación de los presupuestos de 2027 cada vez más cerca, Francia tendrá que decidir cómo reparte el coste de corregir unas cuentas públicas que siguen alejándose de los objetivos marcados. Y las pensiones, una vez más, vuelven a estar en el centro del debate.

La retirada de Rafa Nadal puso fin a una de las carreras más extraordinarias de la historia del tenis, pero abandonar la competición no significa que el vínculo económico con el circuito desaparezca. Para los jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) existe un mecanismo pensado para una etapa mucho más lejana: la jubilación.

El Plan de Jubilación de Jugadores de la ATP nació en 1990, coincidiendo con el comienzo del ATP Tour, aunque su origen se remonta a los primeros años de la organización. El jugador chileno Jaime Fillol desempeñó un papel relevante a finales de los años ochenta en la creación de este sistema, concebido para ofrecer respaldo económico a los tenistas una vez terminada su carrera deportiva.

El funcionamiento del plan tiene una particularidad: las prestaciones se plantean durante 20 años a partir de los 50 años. No se trata, por tanto, de una pensión inmediata tras colgar la raqueta, sino de un fondo diseñado para acompañar a los jugadores cuando llegan a una etapa posterior de su vida profesional y personal, señalan fuentes de BBVA.

Un fondo que crece con el negocio del tenis

El dinero que alimenta el plan procede de los ingresos generados por el propio circuito. Una parte está vinculada a los premios y a las actividades económicas de los jugadores, mientras que otra procede de los derechos de televisión y las licencias de los torneos. El crecimiento de la ATP y de su negocio ha permitido aumentar de forma considerable los recursos destinados a la jubilación.

Los requisitos para acceder al sistema no son los mismos para todos los profesionales. Tradicionalmente, los jugadores debían permanecer cinco años en la élite y situarse entre los 125 mejores del mundo en individuales o entre los 40 mejores en dobles. En 2018 se creó además una vía alternativa para quienes hubieran contribuido durante tres años.

El sistema también asigna créditos anuales a determinados jugadores en función de su participación en los torneos de la ATP. Cada tenista que reúne las condiciones dispone de una cuenta personal en la que puede consultar la información relativa a sus derechos dentro del plan.

Más de 400 millones de dólares para la jubilación

La dimensión económica del fondo ha cambiado notablemente en los últimos años. En 2023 se aportaron 18,7 millones de dólares al Plan de Jubilación de Jugadores de la ATP, según datos de BBVA. Aquel año, los 165 profesionales que cumplían los criterios recibieron una contribución de 113.600 dólares cada uno.

Los activos gestionados alcanzaron entonces los 270 millones de dólares, una cantidad siete veces superior a los 37 millones acumulados en el año 2000. La evolución refleja el crecimiento del circuito y de los ingresos asociados a sus torneos y derechos comerciales.

Pero el plan ha dado otro salto desde entonces. Con la estrategia OneVision, la ATP amplió el número de jugadores que pueden beneficiarse del sistema. Desde 2024, el programa pasó de 165 a 300 tenistas con derecho a participar, incorporando también a profesionales del circuito Challenger.

129.550 dólares para los jugadores del ‘top 200’

El modelo vigente en 2026 establece dos niveles de contribución. Los 200 primeros jugadores de la clasificación ATP pueden recibir una aportación anual de 129.550 dólares, mientras que otros 100 tenistas procedentes del Challenger Tour cuentan con una contribución de 20.000 dólares por jugador.

En conjunto, las aportaciones directas de la ATP al fondo han alcanzado los 28 millones de dólares anuales. El patrimonio acumulado del plan supera ya los 400 millones de dólares y está destinado a garantizar la jubilación de más de 1.000 deportistas a partir de los 50 años.

La ampliación también ha cambiado el acceso al programa. Entre los jugadores de individuales y dobles, 150 tenistas en individuales y 50 en dobles que cumplen los mínimos de participación establecidos tienen derecho a la contribución completa. Otros 100 jugadores procedentes del circuito Challenger reciben una aportación parcial.

Para los profesionales que pasan buena parte de su vida compitiendo por mantenerse dentro de los cuadros y las clasificaciones, el plan supone una red de seguridad que va más allá de los años de competición. El tenis profesional exige una carrera corta e intensa, sometida a lesiones, viajes y una enorme competencia. El sistema de jubilación busca que el final de esa etapa no implique también el final de la protección económica construida durante ella.

La Modalidad 40 del IMSS, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a trabajadores que dejaron de cotizar seguir acumulando semanas y elevar el salario promedio que determina el monto de su pensión.

En 2026, la cuota mensual equivale al 14.438% del salario base de cotización elegido, con un tope de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diarias.

El esquema está regulado por el artículo 218 de la Ley del Seguro Social y su trámite oficial lleva la clave IMSS-02-007. Cubre las ramas de Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, pero no incluye servicios médicos del Instituto.

Solo para trabajadores de la Ley 73

La Modalidad 40 aplica exclusivamente a quienes dieron de alta su Número de Seguridad Social (NSS) antes del 1 de julio de 1997, es decir, los afiliados bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Quienes comenzaron a cotizar a partir de esa fecha operan bajo la Ley de 1997 y no tienen acceso a este esquema. Para ellos, la única vía de mejorar su pensión es volver a un empleo formal con registro ante el IMSS.

Requisitos para inscribirse en 2026

Para acceder al esquema, el trabajador debe cumplir tres condiciones simultáneas: Haber cotizado al menos 52 semanas dentro de los últimos cinco años previos a la baja. Estar dado de baja del régimen obligatorio, es decir, sin relación laboral vigente registrada ante el IMSS.

Presentar la solicitud dentro de los cinco años siguientes a la fecha de baja, conforme al artículo 219 de la Ley del Seguro Social. Pasado ese plazo, el derecho se pierde de forma definitiva.

El Salario Base de Cotización (SBC) elegido no puede ser inferior al salario mínimo vigente —$315.04 por día en 2026— ni superior al tope de 25 UMAs diarias. Una vez fijado, puede incrementarse en cualquier momento, pero no reducirse.

Cuánto cuesta la Modalidad 40 en 2026

La tasa aplicable en 2026 es del 14.438% sobre el salario base elegido, un punto porcentual más que el 13.347% vigente en 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fijó la UMA diaria en $117.31 pesos a partir del 1 de febrero de 2026, lo que establece un tope de cotización de $2,932.75 pesos diarios.

Las cuotas mensuales aproximadas según el nivel de UMAs son:

5 UMAs: ~$2,541 pesos al mes 10 UMAs: ~$5,081 pesos al mes

15 UMAs: ~$7,622 pesos al mes 20 UMAs: ~$10,162 pesos al mes

25 UMAs (tope): ~$12,703 pesos al mes

El monto varía ligeramente según los días del mes. Quien cotice al tope desembolsa alrededor de $154,574 pesos al año.

El costo seguirá subiendo hasta 2030

La tasa del 14.438% no es permanente. La reforma de pensiones publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2020 establece un calendario de incrementos anuales:

2027: 15.528%

2028: 16.619%

2029: 17.709% 2030: 18.800% (tasa final)

Quien se inscriba hoy debe presupuestar cuotas crecientes cada año. Al tope de 25 UMAs, el pago mensual rondará los $16,760 pesos en 2030.

Cómo inscribirse paso a paso

El trámite es gratuito. Ningún intermediario puede cobrar por la inscripción. Hay dos vías:

En línea, a través del portal de Servicios Digitales del IMSS (serviciosdigitales.imss.gob.mx):

1. Buscar la opción “Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

2. Capturar CURP, NSS y correo electrónico válido. El sistema verifica la identidad y la elegibilidad de forma automática.

3. Seleccionar el Salario Base de Cotización deseado.

4. Enviar la solicitud. La resolución llega en un plazo máximo de cinco días hábiles. De forma presencial, en la subdelegación del IMSS correspondiente al domicilio, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:30 horas, con los siguientes documentos:

CURP y NSS Identificación oficial vigente (original y copia) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (original y copia) Escrito libre con la solicitud, firmado con rúbrica autógrafa o huella digital (original y copia) Correo electrónico válido

Cómo pagar cada mes

Una vez aprobada la inscripción, las cuotas se generan y liquidan a través del Sistema de Pago Referenciado del IMSS (SIPARE), disponible en sipare.imss.gob.mx.

El pago debe realizarse antes del día 17 del mes siguiente al que se cotiza: la cuota de enero, por ejemplo, vence el 17 de febrero.

El pago puede hacerse mediante banca en línea o en ventanilla bancaria. El retraso genera recargos del 2.07% mensual sobre la cuota actualizada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Riesgos de no pagar a tiempo

Si las omisiones se acumulan, el IMSS da de baja la cotización de forma automática. Recuperar el acceso al esquema tras una baja por mora exige esperar 12 meses, un período que puede resultar determinante para quienes tienen la jubilación próxima.

Existe la posibilidad de cubrir meses en retroactivo en una sola exhibición, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la última cotización y la solicitud se realice dentro de los 12 meses posteriores a la baja, con los recargos y actualizaciones correspondientes.

La Modalidad 40 no cubre servicios médicos

Desde la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio no genera derecho a atención médica en el IMSS.

Quien se inscriba en este esquema debe resolver su cobertura de salud por separado, ya sea a través del Seguro de Salud para la Familia del IMSS o mediante un seguro de gastos médicos mayores privado.

A lo largo de su trayectoria laboral, muchas personas pasan del sector privado al servicio público —o viceversa— y acumulan cotizaciones en dos instituciones de seguridad social distintas.

Para estos trabajadores existe la posibilidad de solicitar la Portabilidad de Derechos Pensionarios, un mecanismo mediante el cual pueden reconocerse los periodos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Este procedimiento permite integrar la trayectoria de cotización de una persona para que los periodos reconocidos por ambos institutos sean considerados al momento de solicitar una pensión. De esta manera, los años de servicio registrados en el ISSSTE y las cotizaciones acumuladas ante el IMSS no necesariamente quedan aislados cuando el trabajador cambia de sistema durante su vida laboral.

La portabilidad IMSS-ISSSTE puede ser especialmente relevante para quienes han desarrollado parte de su carrera en empresas privadas y posteriormente ingresaron a una dependencia pública, así como para aquellos que realizaron el recorrido laboral contrario.

Sin embargo, contar con registros en los dos institutos no significa que la pensión se otorgue automáticamente. La persona interesada debe cumplir los requisitos establecidos para el reconocimiento conjunto de sus periodos y efectuar el trámite correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la portabilidad IMSS-ISSSTE?

El primer requisito es haber cotizado tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Los registros generados durante la trayectoria laboral serán la base para determinar los periodos que pueden reconocerse mediante este mecanismo.

Además, la persona solicitante debe pertenecer a la Ley del Seguro Social de 1973 o de 1997 y encontrarse inscrita en el Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE. Este punto es importante, ya que el esquema pensionario al que pertenece cada trabajador influye directamente en la procedencia y las condiciones del trámite.

También se establece una edad mínima de 60 años. No obstante, la gestión puede iniciarse durante el año anterior a aquel en que la persona cumpla esa edad, lo que permite anticipar la revisión de documentos y periodos reconocidos.

En el caso de quienes busquen pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973, es indispensable encontrarse dentro del periodo de Conservación de Derechos del IMSS. Este concepto se refiere al lapso durante el cual una persona que dejó de cotizar conserva la posibilidad de acceder a determinadas prestaciones, siempre que reúna las condiciones aplicables.

Otro documento fundamental es la Constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS, mediante la cual se identifican y acreditan los periodos aceptados por ambas instituciones. Por ello, antes de comenzar el trámite de pensión resulta conveniente revisar que la información laboral y los registros de cotización sean correctos.

¿La portabilidad garantiza obtener una pensión?

La Portabilidad de Derechos Pensionarios permite reconocer conjuntamente los periodos cotizados, pero no garantiza por sí sola que cualquier solicitante obtenga una pensión. La procedencia dependerá del régimen aplicable, la edad, los periodos acumulados y el cumplimiento de las demás condiciones establecidas por los institutos.

Tampoco debe interpretarse este mecanismo como una suma automática de cualquier registro. Las autoridades correspondientes deben revisar el historial y determinar cuáles periodos pueden reconocerse para efectos pensionarios.

Por esa razón, quienes hayan cotizado en el IMSS y el ISSSTE deben consultar su situación particular y solicitar orientación directamente ante las instituciones de seguridad social. Una revisión previa puede ayudar a detectar inconsistencias en nombres, fechas o registros laborales que podrían retrasar el procedimiento.

¿Por qué es importante revisar las cotizaciones antes del retiro?

Conocer el historial de cotización permite planear con mayor claridad el retiro y saber qué requisitos siguen pendientes. Para los trabajadores cuya vida laboral estuvo dividida entre el sector público y el privado, la portabilidad puede convertirse en una herramienta importante para aprovechar los periodos reconocidos en ambos sistemas.

La información difundida por PENSIONISSSTE destaca que el trámite requiere cotizaciones en los dos institutos, pertenecer a los regímenes señalados, cumplir la edad mínima, conservar los derechos ante el IMSS cuando corresponda y obtener la constancia respectiva.

En conclusión, si una persona cotizó en el IMSS y también cuenta con años de servicio en el ISSSTE, puede explorar la Portabilidad de Derechos Pensionarios para integrar ambos periodos. El paso esencial es revisar su historial, confirmar el régimen al que pertenece y verificar directamente con las instituciones si cumple todas las condiciones antes de iniciar la solicitud de pensión.

Más de 712.000 estadounidenses cobran el Seguro Social fuera de Estados Unidos y Japón es el destino con más beneficiarios: unas 108.000 personas, según Investopedia, sitio especializado en finanzas personales, con datos de la Administración del Seguro Social. El menor costo de vida explica parte de esa elección durante la jubilación.

Esa cantidad equivale apenas al 1% de todos los beneficiarios del sistema, pero muestra una tendencia en crecimiento. Japón incluso supera por un margen mínimo a Canadá, que registra 107.000 beneficiarios, mientras Europa concentra el 38% de quienes cobran fuera del país sin que ninguno de sus destinos individuales alcance el volumen japonés.

El dato altera una idea extendida sobre el retiro de los estadounidenses en el exterior. El destino más elegido no está en Europa ni en América Latina, sino en Asia, donde el ahorro cotidiano pesa más que la cercanía cultural.

Aunque las cifras son pequeñas en relación con el universo total del sistema, el orden de los destinos funciona como señal: el retiro en el extranjero no se explica solo por afinidades lingüísticas o por la presencia histórica de comunidades de estadounidenses, sino por el cálculo práctico de cuánto rinde un cheque mensual en cada lugar. En ese razonamiento, el costo de la vida diaria se vuelve un factor decisivo.

Vivir en Japón puede costar hasta 30% menos que en Estados Unidos

El principal atractivo es económico. De acuerdo con un análisis de Western Union publicado en 2026, vivir en Japón puede resultar hasta 30% más barato que en Estados Unidos en gastos generales, y la renta puede costar hasta 63% menos.

Para un jubilado que depende de un cheque mensual, esa diferencia cambia el presupuesto disponible. En lugar de destinar casi todo el ingreso a cubrir lo esencial, una parte mayor puede quedar libre para otros gastos.

El contraste también impacta en decisiones concretas: elegir una ciudad regional en lugar de una gran capital, resignar metros cuadrados para reducir el alquiler o, al revés, sostener un estándar de consumo similar al que se tenía en Estados Unidos con una presión menor sobre el ingreso mensual.

Según cálculos de Bamboo Routes con datos actualizados de 2026, un jubilado soltero puede vivir en ciudades regionales de Japón con entre USD 1.900 y USD 2.400 al mes. En Tokio, un nivel de vida cómodo requiere entre USD 2.850 y USD 3.800 mensuales.

La diferencia entre regiones y la capital es central para entender por qué el ahorro aparece como motivación: aun dentro del mismo país, el costo mensual puede variar con fuerza según el tamaño de la ciudad y el tipo de vivienda.

El análisis comparativo de RetireHorizons añadió otra referencia: “Japón es notablemente más económico que Estados Unidos en general, con un nivel de precios cerca de 35% menor”.

Ese ahorro se concentra en tres rubros que suelen definir el presupuesto de retiro: vivienda, transporte y alimentación.

La mudanza exige revisar visado, impuestos y cobertura médica

Los ciudadanos estadounidenses pueden seguir recibiendo el Seguro Social sin límite de tiempo mientras viven en el extranjero. La situación cambia para los residentes permanentes con residencia permanente: si permanecen fuera de Estados Unidos más de seis meses consecutivos, sus pagos se suspenden.

En el caso de Japón, la Administración del Seguro Social incluye al país entre aquellos a los que envía pagos sin restricción. Ese punto es determinante al elegir un destino de retiro, porque no todas las naciones están habilitadas en las mismas condiciones.

Antes de mudarse, un jubilado debe verificar su situación migratoria. Japón no ofrece una visa específica de retiro, por lo que la residencia depende de vías alternativas como la residencia permanente, la visa de cónyuge o un estatus de residente de largo plazo.

También debe calcular cuánto tiempo pasará en el país. Si permanece más de 183 días al año, se convierte en residente fiscal y puede quedar sujeto a impuestos sobre sus ingresos globales, incluido el Seguro Social.

La revisión del sistema de salud es otro paso obligatorio. El seguro médico japonés es obligatorio para los residentes extranjeros, y la planificación financiera debe incluir un margen adicional del 20% sobre los gastos mensuales estimados para cubrir imprevistos médicos o fluctuaciones de moneda.

La cercanía geográfica no siempre implica mayor ahorro

No todos los destinos populares entre jubilados estadounidenses ofrecen el mismo beneficio económico. Según el Departamento de Estado citado por GetWhereNext, México concentra 1,6 millones de estadounidenses y Canadá 738.000, cifras superiores a las de Japón en población total de residentes, pero su atractivo está más asociado a la proximidad geográfica que al ahorro puro.

Esa comparación ayuda a separar dos lógicas distintas. Por un lado, están los países elegidos por facilidad de desplazamiento y cercanía con familiares o redes ya establecidas.

Por otro, aparecen los destinos en los que el eje es cuánto rinde el ingreso fijo, incluso si eso implica mayor distancia y una adaptación cultural más exigente.

Así, el hecho de que Japón encabece el listado de beneficiarios del Seguro Social en el exterior no significa que sea el país con más estadounidenses viviendo allí, sino que concentra la mayor cantidad de personas que cobran el beneficio desde fuera de Estados Unidos.

La diferencia entre “residentes” y “beneficiarios” es clave para interpretar el fenómeno sin confundir volumen total de población con estructura de ingresos y edad.

El medio remarcó que Japón combina menor costo de vida, alta expectativa de vida y un sistema sanitario reconocido. Un informe de U.S. News, medio estadounidense, describió el modelo japonés como un caso en el que el país “lidera al mundo en salud a mitad de precio”.

Al reflexionar sobre la jubilación y el retiro laboral, suele imaginarse una etapa dedicada al descanso, los viajes o el reencuentro con los seres queridos. Sin embargo, la realidad suele deparar retos inesperados, entre ellos el impacto emocional que surge al dejar de trabajar. El paso de una vida activa a una rutina sin obligaciones laborales puede generar un vacío que afecta la salud mental de quienes atraviesan este proceso.

El profesor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM, advierte que la transición hacia esta etapa implica transformaciones profundas, tanto en lo personal como en lo social. Las personas experimentan cambios en sus hábitos, ven modificada su identidad profesional y pueden enfrentar la pérdida de relaciones construidas en el entorno laboral. La alteración en la percepción de utilidad y el estatus social suelen ser factores determinantes en la aparición de sentimientos de incertidumbre y malestar.

Todos los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral deben prepararse no solo en materia económica, sino también en el plano psicológico. Elaborar un plan de vida flexible y realista es una recomendación fundamental para atravesar el cambio con mayor bienestar.

El desafío psicológico de la jubilación

Según el especialista, los jubilados experimentan un giro abrupto en sus actividades y en la percepción de uno mismo.

“Jubilarse nos afecta en primera instancia a nivel personal. Ya no somos el jefe o el encargado de cierta área, perdemos estatus económico, las relaciones de amistad se pierden porque los tiempos ya no coinciden, los hijos, si aún viven con uno, se ven muy poco; podemos ser una molestia para el otro cónyuge. Tenemos mucho tiempo disponible, pero ¿qué hacer con él?, ¿cómo lo vamos a distribuir? Todo se modifica de golpe. No hay certezas, pero sí muchas incertidumbres”, dijo.

En los primeros meses tras dejar el empleo, puede experimentarse alivio ante la ausencia de presiones y responsabilidades. A pesar de esto, mientras pasan los días, pueden surgir sentimientos de inutilidad o depresión si no se cuenta con metas claras y gratificantes. Es frecuente que las relaciones sociales se reduzcan y que surjan conflictos familiares, como la sensación de ser una carga para sus seres queridos.

Para responder a la inquietud sobre qué ocurre tras la jubilación, es clave reconocer que el proceso suele incluir un periodo de duelo, seguido por la necesidad de redefinir la propia identidad y construir nuevos objetivos.

Del empleo al retiro: estrategias para una transición saludable

Dentro de la recomendación principal se encuentra el diseño de un proyecto de vida desde la adultez media, estableciendo metas a corto plazo que puedan adaptarse a las circunstancias. Además de identificar intereses, aprender nuevas habilidades o iniciar actividades recreativas (como aprender un idioma, practicar deporte, escribir o cuidar una mascota) puede ayudar a encontrar sentido y placer en la nueva etapa.

Algunas empresas ofrecen programas de preparación para la jubilación, donde los futuros retirados comparten experiencias, reciben orientación y forman redes de apoyo. Estos espacios facilitan la adaptación y permiten que quienes ya han transitado el proceso acompañen a los que apenas comienzan. En caso de que este cambio resulte especialmente difícil, buscar empleo de medio tiempo o participar en actividades voluntarias puede ser una alternativa válida.

Mantenerse activo, tanto física como mentalmente, es crucial para conservar el bienestar y evitar el deterioro cognitivo. Dormir bien, llevar una dieta equilibrada y limitar el consumo de alcohol forman parte de los consejos fundamentales para quienes desean disfrutar plenamente esta etapa.

El desarrollo de la resiliencia también adquiere un papel central. El profesor Pérez Espinosa sugiere mirar el futuro con optimismo y valorar las experiencias laborales del pasado como fuente de gratitud, no de nostalgia o resentimiento.

“Además de los nuevos objetivos que vamos a tener en esta etapa, es necesario hacer una evaluación de lo que me dio mi trabajo y estar agradecido con él. Hay que ser positivos en esta nueva etapa, no estar enojados y evolucionar conforme la vida nos lo exige. Retirarse no debe significar que se acabó el mundo, sino que debe verse como una nueva oportunidad”, señaló el académico.

La proximidad de la jubilación lleva a muchos trabajadores a intentar mejorar la cuantía de su futura pensión. Una de las fórmulas más habituales consiste en negociar con la empresa un incremento salarial durante los últimos años de vida laboral con el objetivo de elevar la base reguladora sobre la que se calculará la prestación. Sin embargo, esta estrategia no siempre funciona.

La legislación española establece límites claros para impedir que las bases de cotización aumenten de forma artificial poco antes del retiro con el único propósito de incrementar la pensión. En determinadas circunstancias, la Seguridad Social puede ignorar esos incrementos salariales al calcular la prestación de jubilación.

La medida busca evitar situaciones consideradas de fraude de ley, especialmente cuando las subidas de sueldo no responden a la evolución normal de la carrera profesional o del convenio colectivo, sino a acuerdos alcanzados únicamente para mejorar la futura pensión.

El riesgo de negociar una subida salarial antes del retiro

Es relativamente frecuente que un trabajador, tras décadas en la misma empresa, reciba un incremento retributivo como reconocimiento a su trayectoria. En otros casos, es el propio empleado quien solicita una mejora salarial para compensar periodos de cotización menos favorables acumulados durante su vida laboral.

Estas situaciones suelen darse cuando existen lagunas de cotización derivadas de etapas de desempleo, contratos temporales, periodos sin alta en la Seguridad Social o jornadas a tiempo parcial. También cuando las bases de cotización han sido irregulares durante los últimos 25 años, lo que reduce la base reguladora de la pensión.

No obstante, elevar el salario poco antes de jubilarse no garantiza automáticamente una prestación más elevada. Si ese incremento supera el crecimiento medio anual previsto en el convenio colectivo o en el sector de actividad, la Seguridad Social puede dejar fuera esa mejora salarial a efectos del cálculo de la pensión.

Qué dice la Ley General de la Seguridad Social

La limitación está recogida en el artículo 209.2 de la Ley General de la Seguridad Social. La norma establece que, para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, no se tendrán en cuenta los incrementos de las bases de cotización producidos durante los dos últimos años de actividad cuando sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual fijado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector de actividad.

Con esta regulación, el legislador pretende impedir que empresas y trabajadores pacten aumentos salariales extraordinarios únicamente para elevar la futura prestación pública, ya que el sistema de pensiones se financia con criterios de contributividad y equilibrio financiero.

Las excepciones que sí permiten mejorar la pensión

La norma, sin embargo, contempla varias excepciones. Sí se computarán aquellos incrementos salariales que respondan a la aplicación estricta de disposiciones legales o de convenios colectivos, como ocurre con los complementos por antigüedad o los ascensos reglamentarios de categoría profesional.

También se tendrán en cuenta las mejoras retributivas derivadas de otros conceptos establecidos con carácter general en la legislación laboral o en los convenios colectivos. Es decir, cuando el incremento salarial forma parte de la evolución normal de las condiciones laborales y no responde a una decisión excepcional.

No obstante, la ley vuelve a introducir un límite importante. Si esas mejoras se producen exclusivamente por decisión unilateral de la empresa en ejercicio de sus facultades organizativas y superan el incremento medio previsto en el convenio, la Seguridad Social podrá igualmente excluirlas del cálculo de la base reguladora.

Los aumentos ligados a la edad quedan fuera

Existe además un supuesto especialmente vigilado por la Administración. La normativa establece que nunca se computarán los incrementos salariales que superen los límites fijados y que hayan sido pactados exclusiva o fundamentalmente por el hecho de que el trabajador se encuentra próximo a la edad de jubilación.

Se trata de una previsión destinada a evitar acuerdos entre empresa y empleado cuyo único objetivo sea incrementar artificialmente la pensión pública durante los últimos meses de vida laboral.

Por ello, los expertos en Seguridad Social recomiendan planificar la jubilación con suficiente antelación y no confiar en una subida salarial de última hora como mecanismo para mejorar la prestación.

La cuantía de la pensión depende de toda la trayectoria de cotización y no únicamente de los salarios percibidos en el tramo final de la carrera profesional. Conocer estas limitaciones permite evitar falsas expectativas y diseñar una estrategia de jubilación ajustada a la normativa vigente, señalan los expertos.

Hay trabajadores en España que pueden retirarse a los 50 años con la pensión íntegra. No es una excepción anecdótica: la normativa de la Seguridad Social (SS) reconoce un amplio listado de profesiones consideradas penosas, peligrosas o tóxicas cuyos titulares pueden acceder a la jubilación anticipada sin sufrir recorte alguno en su prestación. El resto de trabajadores que opten por adelantar su retiro verán reducida su pensión entre un 2,81% y un 21% en la modalidad voluntaria, o hasta un 30% en la involuntaria.

El punto de partida en 2026 es la edad ordinaria de jubilación, fijada en 66 años y 10 meses, salvo para quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización, que pueden retirarse a los 65. A partir de ahí, la ley permite adelantar el retiro hasta dos años en la modalidad voluntaria —con un mínimo de 35 años cotizados— o hasta cuatro años en la involuntaria, cuando el cese laboral se produce por causas ajenas al trabajador, como un despido colectivo. Pero existe un tercer camino: el de los colectivos con regímenes especiales, que pueden jubilarse bastante antes sin asumir ninguna penalización.

Las profesiones con jubilación más temprana

Los mineros encabezan la lista de trabajadores con acceso más temprano a la jubilación. Según el tipo de actividad dentro del sector y los años cotizados, pueden retirarse desde los 50 años, con un coeficiente reductor que oscila entre el 0,4 y el 0,5. Las condiciones extremas del trabajo bajo tierra —altas temperaturas, exposición al polvo, ruido constante y riesgo de accidentes— justifican históricamente esta excepción.

Los trabajadores del mar —pescadores, marineros y estibadores— pueden adelantar su jubilación a los 55 años, e incluso a los 52 en determinados supuestos, según los años cotizados y la exposición prolongada a condiciones meteorológicas adversas. Los bomberos, por su parte, pueden retirarse desde los 58 años, mientras que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra, y policías locales— acceden a la jubilación entre los 59 y los 60 años con la pensión completa, según datos publicados por Infobae.

El listado completo de profesiones beneficiadas por este régimen especial, recogido por 65ymas.com, incluye también a:

• Agentes forestales y de medio ambiente de las administraciones públicas
• Trabajadores del Estatuto Minero
• Trabajadores ferroviarios, como maquinistas o personal de circulación
• Personal de trabajos aéreos: pilotos y equipos de rescate, que pueden jubilarse desde los 55 años por la alta carga de estrés y las exigencias psicológicas de su actividad
• Artistas como bailarines, trapecistas o acróbatas, cuya carrera tiene un recorrido corto por el desgaste físico, con retiro posible desde los 55 años, siempre que acrediten el número de actuaciones exigido
• Profesionales del mundo de la tauromaquia: matadores, picadores, banderilleros y rejoneadores

Discapacidad y enfermedades: la otra vía sin penalización

Más allá de las profesiones de riesgo, la Seguridad Social amplió el acceso a la jubilación anticipada sin recortes a personas con discapacidad reconocida. Quienes acrediten un grado igual o superior al 45% pueden jubilarse desde los 56 años cuando la discapacidad esté incluida entre las patologías que reducen la esperanza de vida. Si el grado alcanza el 65%, la edad mínima baja hasta los 52 años. En ambos casos, la pensión no sufre recorte alguno.

A este grupo se suman 11 patologías reconocidas oficialmente por la Seguridad Social que abren la misma puerta, según 65ymas.com:

• Párkinson
• Enfermedad de Huntington
• Degeneración corticobasal
• Atrofia multisistémica
• Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)
• Esclerosis sistémica
• Espina bífida
• Lesión medular
• Enfermedad renal crónica en estadio 5
• Amiloidosis por transtiretina variante
• Parálisis supranuclear progresiva

Tres requisitos para acceder sin recortes por patología

Para beneficiarse de la jubilación anticipada por enfermedad sin ver reducida la pensión, el trabajador debe reunir tres condiciones. Primera: estar dado de alta en la Seguridad Social —o en situación asimilada— en la fecha de la solicitud. Segunda: acreditar un mínimo de 15 años cotizados, de los cuales al menos cinco deben corresponder a periodos en que el trabajador ya estuviera afectado por la patología. Tercera: demostrar que la enfermedad se ha padecido durante un mínimo de 15 años.

La solicitud de jubilación anticipada, sea cual sea la modalidad, puede tramitarse por internet a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o de forma presencial en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, y puede presentarse hasta tres meses antes de la fecha prevista de retiro, con efectos económicos retroactivos de hasta tres meses si se tramita después del cese.

¿Qué nos preguntamos cuando llega el momento en que la actividad de siempre cesa?

Ese instante que imaginamos tantas veces y parecía esquivarnos. Mientras estamos dentro de una rutina, una estructura, es muy fácil planificar a futuro. Cuando te catapultan a una cantidad de horas vacías, se agotan los planes.

Despertarme tarde, no madrugar, desayunar en la cama, ¿leer todo el día? ¿Quizás cerámica? No, zumba. Eso sí. Y entramos en una sucesión de quizás y puede ser, probando todo lo que antes deseábamos. Al principio funciona, hay más tiempo libre.

Pero un día, una tarde, en medio del silencio entre una actividad y otra, una mínima vocecita pregunta: «¿Y qué más?». Entonces es viajar y nos largamos al mundo según nuestras posibilidades, con gente que está en la misma y disfruta del mismo remolino. Y después ya no queremos viajar por viajar, necesitamos contenido, experiencias y aprendizaje. Construcción de comunidades y puentes emocionales.

A todo esto, mis preguntas crecen y se transforman, porque la realidad es que nada tiene que ver con la acción en sí misma, sino con una evolución privada, individual, que va mucho más allá del qué quiero hacer. Se posa como un leve pájaro en quién soy y quién me gustaría ser al final del camino.

Mis preguntas me llevan a buscar respuestas en niveles psicológicos, sociales, estadísticos y narrativos. Así que le pido a una licenciada en Psicología, máster en Salud Pública, que me ayude a entender un poco cómo estamos los de esta generación, que a la edad de estar calmados tenemos muchas más inquietudes que cuando estábamos ocupados. María del Carmen Cadile (MN 14490) me dice que sí y nos citamos en un café. Una frente a la otra.

La búsqueda de sentido después del retiro

—¿Sentido o propósito? —¿Qué entendés por una vida con propósito? —me pregunta.

—¿Cuál es la diferencia entre sentido y propósito? — repregunto.

—Creo que el propósito puede ser algo más ligado al superyó, algo más kantiano, algo más del deber ser, lo podés ver más en los integrantes de algunas comunidades religiosas o culturales donde su accionar está orientado al propósito de la institución.

El sentido es otra cuestión, está ligada a la singularidad del sujeto. Cada uno tiene o puede construir un sentido que es propio. El propósito es más comunitario, pero en general, está más ligado al deber ser. Por ejemplo, dedicar tiempo a labores de voluntariado en comedores comunitarios, siguiendo el mandamiento de Amar al prójimo, eso es un propósito.

—¿La búsqueda de sentido aparece con más frecuencia en tu consulta?

—No, no siempre.

—¿Te referís a gente post jubilación?

—Sí, o a partir de esa franja etaria después de la jubilación.

—A ver, hay dos cosas: primero, una fuerte presión de marketing sobre el hacer. Usted tiene que hacer cosas que lo diviertan, tiene que hacer algún deporte, tiene que viajar.

—Ponerse a pensar… a veces angustia mucho y entonces compran estas recetas de vida ligadas al hacer, a ocupar el tiempo libre que están íntimamente relacionadas con la cultura de la ultra productividad en la que vivimos.

—Pero la pregunta sobre el sentido no aparece mucho.

—Aparece disfrazada de decisiones como ahora tengo que hacer lo que dejé pendiente, viajar, estudiar, hacer cerámica, comprar, de la misma forma que los mandatos de la etapa anterior nos dictaban: ahora tengo que estudiar una carrera, trabajar y ser independiente, criar los hijos, etcétera.

—Entonces, ¿cuál es el objetivo? —pregunto. Porque no está claro. O sea, de alguna manera es como la continuación de una tarea impuesta, pero no es una reflexión propia, no es una búsqueda propia todavía.

—No, no le damos tiempo a las preguntas sobre el sentido propio de esta etapa y entonces las respuestas que escucho se obturan cuando se compran estas recetas.

Comunidad, aprendizaje y voluntariado

—¿Qué papel juega el aprendizaje, la comunidad y el voluntariado en el bienestar psicológico?

—«El formarse, el ayudar a otro y ver otras realidades nos permite salir de la burbuja en la que habitamos. Es una de las cosas que más valor tienen porque empuja a seguir desarrollando formas distintas de estar vivos, a mirar afuera de mi metro cuadrado».

—¿Qué hay más allá del mundo de cada uno? —reflexiona.

—¿Y qué crees que no estamos viendo o entendiendo de la longevidad en sí?

—Bueno, nos costó bastante pensar cómo queríamos vivir esos años extra porque gracias a la prevención lo miramos desde la medicina, estiramos la esperanza de vida muchos años pero las condiciones sociales para esos años ganados no fueron tan de la mano.

Estiramos la esperanza de vida, pero a veces el físico no acompaña y las primeras respuestas fueron medicalizarlo. Creo que en esta última década las políticas de salud se orientaron a una cultura de lo saludable, es decir, crear hábitos saludables desde la alimentación, desde la actividad física. Empiezan a preparar a ese sujeto que va a vivir veinte o treinta años más, buscan que se tome conciencia antes de que suceda.

Me parece que va por ahí, que va por tratar de pensar que vamos a necesitar una vivienda distinta, un acompañamiento distinto, un ser en el mundo distinto. En otros lugares ya se ha instalado hace tiempo los lugares para vivir el retiro, pero acá hace poco que empieza a aparecer el cohousing.

Si lo pensamos desde la Salud Pública, la formación de cuidadores es escasa, en muchos casos no tiene reconocimiento oficial y la informalidad deriva en atención de baja calidad. En muchos casos, el trato con los pacientes se reduce a convertirlo en objeto, en lugar de contribuir y estimular la autonomía para conservar las funciones básicas, lo más que se pueda.

Esa atención es escasa y de baja calidad: en vez de contribuir a que la persona siga valiéndose por sí misma, la convierte en objeto y le hace las cosas, en lugar de ayudarla a conservar, hasta donde se pueda, las funciones básicas.

Cómo pensar la jubilación antes de que llegue

—Si pudieras dejar una reflexión para quienes hoy están entrando en la segunda mitad de la vida, ¿cuál sería?

—Sería que piensen en esta etapa, y la despeguen de las etiquetas actuales, retiro, pasivo, volviendo al sentido del jubileo, como un grito de alegría y un reinicio, y que empiecen a construir un proyecto antes.

Que no dejen, por falta de tiempo, para cuando se jubilen todos los proyectos que más desean, esa es una postergación neurótica, no un proyecto para reiniciar otra etapa.

—Claro, lo que pasa es que a veces hay proyectos que tienen más cuerpo que otros, y hay otras veces que hay gente que no sabe qué hacer.

—Es la mayoría. Por eso digo, si me gusta viajar, no dejar que todos los viajes sean cuando pueda y tenga tiempo. Pensarlo como la etapa en donde voy a poder hacer lo que no pude hacer antes, no creo que sea un buen punto de partida.

—No, porque es por la negativa.

—Ir construyendo de a poco un proyecto en el sentido de decir: bueno, ¿cómo me voy a sentir querido, útil, activo en otro momento de mi vida?

—Claro, y visible. Yo creo que es un camino individual, pero aparte es un camino para no desaparecer. El tema es seguir haciendo huella.

Qué cambia en la antesala de la jubilación

—¿Qué cambios observás en las personas que atraviesan la jubilación?

—Creo que el mayor cambio es que recién ahora aparecen personas que empiezan a pensar en qué van a hacer después de jubiladas tres o cuatro años antes de jubilarse. Antes escuchaba en mis pacientes que la jubilación era como el cierre de una etapa y no había reflexión sobre lo que querían hacer después. Ahora es algo que empezó a aparecer, una pregunta de una generación que ha tenido en su mayoría un trabajo estable y ha estado institucionalizada muchos años, ahí la posible falta de una rutina lleva a pensar en un proyecto antes de jubilarse. Tal vez en nuestro caso está más ligada a la posibilidad de sostenerse económicamente que al tema de una satisfacción personal.

Nos quedamos en silencio, las dos terminamos de tomar el café y quedamos perdidas en nuestros pensamientos. Cuando dejamos de grabar me dijo: «No trates de encontrar todas las respuestas; mejor dejá abiertas las preguntas porque el camino a recorrer se nutre más de preguntas que de respuestas».

Juan Ignacio Ponelli sostuvo que la mayor longevidad obliga a planificar las finanzas personales con un horizonte de hasta 30 años después de los 60 años, porque ya no alcanza con ahorrar para una jubilación breve: el desafío, planteó, es construir patrimonio capaz de generar ingresos durante varias décadas.

En una entrevista, el ceo y fundador de AgroFides, una firma de inversiones en activos productivos, explicó que una persona que hoy tiene 60 años probablemente tenga por delante otros 30 años de vida. Administrar el dinero con lógica mensual resulta insuficiente para una etapa que puede extenderse por dos o tres décadas.

Ponelli, licenciado en Comercio Internacional y abogado, con un posgrado en Oil & Gas y una maestría en Derecho orientada a Finanzas y Negocios realizada en Chicago, Estados Unidos, vinculó ese cambio demográfico con una modificación de fondo en la idea misma de retiro. Según afirmó, durante muchos años la lógica fue trabajar, ahorrar y luego consumir ese capital en un período relativamente corto, pero ese esquema perdió vigencia.

Cómo cambia la planificación financiera

—Durante décadas, la planificación financiera estuvo pensada para una jubilación relativamente corta. Hoy muchas personas pueden vivir hasta los 90 años o más. ¿Qué cambia cuando hay que proyectar la economía personal para tres décadas de vida después de los 60?

—Cambia prácticamente todo. Durante muchos años la lógica era trabajar, ahorrar y luego consumir ese ahorro durante una etapa relativamente breve. Hoy la expectativa de vida es mucho mayor y eso obliga a pensar las finanzas desde otra perspectiva.

Ya no alcanza con acumular capital; es necesario construir patrimonio capaz de generar ingresos durante muchos años. el objetivo ya no es ahorrar para dejar de trabajar; es construir activos que trabajen para uno durante toda la vida.

La planificación deja de enfocarse únicamente en la jubilación para pasar a centrarse en la sostenibilidad financiera de largo plazo. Eso implica incorporar inversiones vinculadas a la economía real, diversificar riesgos y privilegiar activos que puedan conservar y genera valor a lo largo del tiempo.

Desde mi experiencia en proyectos de inversión en activos productivos, cada vez más personas buscan justamente eso: inversiones con una mirada de largo plazo, donde el valor se construya a partir del trabajo, la gestión y la producción. el desafío ya no es solamente llegar al retiro, sino sostener una buena calidad de vida durante varias décadas.

—Cada vez más personas de 50, 60 y 70 años continúan trabajando, emprenden o buscan nuevas fuentes de ingresos. ¿Cómo crees que este fenómeno modifica la forma de pensar el ahorro y las inversiones?

—Creo que estamos asistiendo a un cambio cultural profundo. La jubilación dejó de representar el final de la vida productiva para convertirse en una nueva etapa, muchas veces igual o más activa que las anteriores.

Eso modifica la forma de invertir porque las personas ya no buscan únicamente preservar su capital. También buscan que ese patrimonio siga produciendo ingresos, acompañe nuevos proyectos y les permita mantener independencia económica.

En ese contexto cobran mayor relevancia las inversiones de largo plazo, respaldadas por activos reales y capaces de generar valor más allá de las fluctuaciones coyunturales de los mercados financieros.

—¿Qué ventajas puede ofrecer este tipo de inversiones para quienes buscan preservar y hacer crecer su patrimonio en una etapa de mayor longevidad?

—Las inversiones asociadas a activos productivos tienen una característica: detrás de la inversión existe una actividad económica concreta que genera valor.

Cuando un proyecto está bien estructurado, con gestión profesional y una visión de largo plazo, el inversor no solo participa de un potencial crecimiento del capital, sino también de la generación de riqueza proveniente de la producción.

Además, muchos de estos activos presentan una baja correlación con los ciclos financieros tradicionales, lo que contribuye a diversificar el patrimonio. En un contexto de mayor longevidad, esa combinación entre estabilidad, horizonte de largo plazo y generación de valor resulta especialmente atractiva.

Los errores más frecuentes al planificar el retiro

—¿Qué errores observas con más frecuencia en la planificación financiera de las personas que se acercan al retiro o que ya están jubiladas?

—El primero es comenzar demasiado tarde. La planificación financiera necesita tiempo para que las decisiones generen resultados.

El segundo es concentrar todo el patrimonio en un único tipo de activo o mantenerlo completamente inmovilizado por miedo al riesgo. Paradójicamente, no asumir ningún riesgo también puede convertirse en un riesgo cuando hablamos de horizontes de veinte o treinta años.

Y el tercero es pensar exclusivamente en el corto plazo. Muchas personas administran su patrimonio con una lógica mensual cuando en realidad deberían estar proyectando las próximas dos o tres décadas.

Todavía le queda un tercio de su vida por vivir. Planificar financieramente ese período ya no es una opción; es una necesidad.

El retiro como una etapa activa

—¿Consideras que estamos dejando atrás la idea de jubilarse para pasar a una etapa en la que las personas siguen generando proyectos, ingresos y patrimonio? ¿Cómo impacta eso en las decisiones financieras?

—Sin dudas. Hoy vemos profesionales, empresarios y emprendedores que, incluso después de jubilarse, continúan desarrollando proyectos porque encuentran en ello propósito, motivación y crecimiento personal.

Eso también transforma las decisiones financieras. El patrimonio deja de ser únicamente un respaldo para convertirse en una herramienta que permita financiar nuevas iniciativas, generar ingresos complementarios y sostener un estilo de vida activo.

Creo que la palabra clave es libertad. Una buena planificación financiera busca justamente ampliar las posibilidades de elección durante esa etapa de la vida.

Cómo equilibrar legado y disfrute del presente

—Muchas personas mayores priorizan dejar un legado para sus hijos o nietos, pero también buscan disfrutar del presente. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre ambos objetivos?

—Creo que no son objetivos contrapuestos. Dejar un legado no significa privarse del presente.

El verdadero legado muchas veces consiste en haber construido un patrimonio sólido, haber tomado decisiones responsables y transmitir una cultura de planificación e inversión a las nuevas generaciones.

Disfrutar hoy y pensar en el mañana son dos partes de una misma estrategia. El equilibrio aparece cuando el patrimonio está organizado de manera que permita vivir con tranquilidad, generar ingresos y, al mismo tiempo, preservar valor para quienes vienen después. Esa es precisamente la lógica detrás de las inversiones productivas de largo plazo: construir valor que sirva tanto para el presente como para las próximas generaciones.

Tres recomendaciones para una vida financiera más larga

—Si tuvieras que darle tres recomendaciones a una persona de más de 50 años que quiere prepararse para vivir una vida más larga, activa y financieramente sustentable, ¿cuáles serían?

—La primera sería comenzar a planificar cuanto antes. Nunca es demasiado tarde para ordenar las finanzas y definir objetivos de largo plazo.

La segunda, diversificar. No concentrar todo el patrimonio en un solo activo, sino construir una cartera equilibrada que combine liquidez, estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Y la tercera, invertir en aquello que uno entiende, que no necesariamente es aquello que uno sabe hacer. Las mejores decisiones suelen ser aquellas en las que el inversor comprende cómo se genera el valor, cuáles son los riesgos y cuál es el horizonte esperado.

Vivir cien años puede ser un deseo, un aburrimiento o una ilusión, según quien lo cuente. Pero lo cierto es que va a ser carísimo. ¿Quién va a costear la salud, los cuidados y los placeres de una vida así de larga? Treinta o cuarenta años después de la jubilación, para los privilegiados que accedan a ella, pero todos sabiendo que con eso no alcanza. Y tampoco los ahorros: planificamos la economía familiar, en el mejor de los casos, para darnos “algunos gustos” después de dejar de trabajar pero nadie nos avisó que ese después va a ser, en muchos casos, sorprendentemente largo.

Los sistemas previsionales, los seguros de retiro y también los ahorros o las proyecciones familiares sobre las herencias no están pensados para el cambio demográfico que llegó antes de que rediseñáramos el relato económico del tiempo vital. Porque la etapa que llega después del retiro no solo es probablemente muy larga sino que también necesita muchos recursos para vivirla con dignidad, salud y bienestar.

Una jubilación mínima en la Argentina de hoy no cubre las necesidades básicas, pero tampoco la jubilación máxima alcanza si hay que sostener cuidadores, salud y vivienda. Y ni una ni otra resuelven la pregunta que atraviesa todo: ¿qué voy a hacer con mi día a día los próximos cuarenta años?

La economía fue diseñada para vidas de 75 años

Andrew Scott, economista de la London Business School y uno de los investigadores que más trabajó sobre economía de la longevidad, tiene una frase que debería estar en el centro de cualquier debate previsional: el problema no es que vivamos demasiado. El problema es que la educación, el trabajo, el ahorro, las jubilaciones y las empresas continúan respondiendo a una expectativa de vida que dejó de existir.

Seguimos estudiando como si una carrera tuviera que alcanzarnos para toda la vida laboral. Seguimos imaginando empleos lineales cuando la tecnología obliga a reinventarse varias veces. Seguimos ahorrando para una jubilación de quince años cuando quizás debamos financiar treinta o cuarenta. Seguimos heredando según un calendario pensado para padres que morían mucho antes. Seguimos considerando que cumplir determinada edad marca el final de una carrera profesional aunque el cuerpo, la cabeza y la experiencia digan otra cosa.

Hay un concepto en finanzas que todavía no entró al debate cotidiano y que merece hacerlo: riesgo de longevidad. No significa que vivir más sea un problema. Significa que los instrumentos económicos fueron diseñados suponiendo que la etapa posterior al trabajo sería mucho más corta. Un ahorro capaz de sostener quince años no necesariamente puede sostener cuarenta. En el Reino Unido, la Comisión de Pensiones estimó en 2026 que el 43 por ciento de la población en edad de trabajar no está ahorrando lo necesario para sostener una vejez razonable, con mayor riesgo entre mujeres, trabajadores independientes y la Generación X. Presentar el ahorro privado como la solución individual a este problema sería repetir otra promesa vacía del siglo XX.

Esa transformación empieza a reflejarse en organismos que hasta hace pocos años hablaban del envejecimiento casi exclusivamente como un problema fiscal. El Fondo Monetario Internacional ya utiliza otra expresión: el dividendo de la longevidad. La OCDE dejó de concentrarse únicamente en la sostenibilidad de las pensiones y comenzó a investigar carreras laborales más largas y más flexibles, jubilaciones parciales, aprendizaje permanente y compatibilidad entre salario y jubilación. En Europa, el 90 por ciento del crecimiento del empleo de la última década vino de trabajadores mayores de 50. El cambio de lenguaje no es menor: durante décadas hablamos del costo de vivir más. Ahora se empieza a preguntar cómo aprovechar ese tiempo.

Un derecho que se convirtió en obligación

Aquí aparece la distinción más importante de toda esta discusión, y la que menos suele hacerse.

La jubilación fue uno de los grandes derechos sociales del siglo XX. Y debería seguir siéndolo. Lo que tal vez haya dejado de tener sentido es que ese derecho funcione también como una obligación. Porque derecho y obligación no son la misma cosa. Un derecho amplía la libertad. Una obligación la reduce.

Durante mucho tiempo confundimos ambas. Naturalizamos que el día en que alguien alcanzaba la edad jubilatoria también comenzaba su retirada del trabajo. Esa asociación podía resultar lógica cuando el retiro duraba diez años. Empieza a dejar de serlo cuando puede extenderse durante tres o cuatro décadas.

La jubilación debería garantizar que cualquiera pueda dejar de trabajar cuando el cuerpo, la salud, las condiciones laborales o simplemente el deseo así lo indiquen. Pero eso no significa que deba impedir que otra persona siga trabajando si encuentra allí ingresos, vínculos, curiosidad, reconocimiento o propósito. Hay una diferencia enorme entre proteger a alguien del trabajo y expulsarlo del trabajo. Y muchas veces usamos la misma palabra para las dos cosas.

La herencia que llega cuando ya no cambia nada

Hay otra institución que la longevidad está desacomodando y que casi nadie discute: la herencia. Hace apenas dos generaciones, recibirla alrededor de los cuarenta podía cambiar una vida: comprarse una casa, terminar de criar hijos, abrir un negocio. Hoy muchas personas heredan cuando ya están cerca de jubilarse o incluso después. Una investigación europea de 2026 encontró que la edad promedio de la primera herencia pasó de 37,4 a 44,7 años entre 2002 y 2022.

La riqueza cambia de manos más tarde. Y eso modifica también su función económica: ya no financia la construcción de una vida, sino muchas veces la propia vejez. Hay una capa más: buena parte de esa riqueza puede consumirse antes en los cuidados de larga duración que los propios padres van a necesitar. La riqueza inmobiliaria de los padres puede terminar financiando sus propios últimos veinte años, en lugar de pasar intacta a la generación siguiente.

La Argentina en el medio

Lo más curioso es que la Argentina ya convive con parte de esa realidad, aunque casi nadie lo piense como una política. Miles de jubilados continúan trabajando porque necesitan complementar ingresos. Otros lo hacen porque disfrutan de su profesión. Docentes, médicos, abogados, periodistas, comerciantes, profesionales independientes. La imagen del jubilado que deja definitivamente el trabajo hace tiempo dejó de describir lo que ocurre en la práctica.

Pero esa continuidad casi nunca es el resultado de una política inteligente. Es, muchas veces, el resultado de la necesidad. Y ahí aparece una diferencia decisiva: no es lo mismo seguir trabajando porque uno quiere que porque no tiene otra alternativa.

La Argentina tiene además una paradoja poco advertida. Quien accedió a la jubilación contributiva puede seguir trabajando y cobrar su haber al mismo tiempo. Pero quien llega con trayectoria incompleta y accede a la Pensión Universal para el Adulto Mayor —el 80 por ciento de una jubilación mínima— solo puede trabajar como autónoma bajo monotributo, no en relación de dependencia. El sistema da más libertad a quienes tuvieron carreras formales y completas. Restringe a quienes llegaron con historias más frágiles. En su mayoría, mujeres.

Muchas vejeces

Una vida de cien años ya no admite una única carrera, una única identidad laboral ni una única transición entre actividad y retiro. Admite muchas.

Habrá quienes necesiten dejar de trabajar apenas puedan porque su cuerpo ya pagó un precio demasiado alto. Habrá quienes quieran reducir la jornada para cuidar a un padre o a un nieto. Habrá quienes descubran una segunda profesión, quienes emprendan por primera vez a los sesenta y cinco, quienes enseñen, asesoren o trabajen tres días por semana. Y habrá quienes no quieran volver a trabajar nunca más.

La nueva longevidad no produce una única vejez. Produce muchas. Y quiás por eso resulte tan extraño seguir ofreciendo una única salida. Una sociedad longeva debería garantizar dos libertades: la de retirarse con un ingreso suficiente cuando el trabajo deja de ser posible, y la de seguir participando cuando todavía existe el deseo y la capacidad. Durante demasiado tiempo discutimos esas dos libertades como si fueran incompatibles. No lo son.

La jubilación no debería perder un solo gramo de su condición de derecho. Lo que necesita cambiar es el significado que le damos: dejar de pensarla como el momento en que alguien deja de ser trabajador y empezar a verla como el momento en que adquiere un nuevo derecho. El derecho a elegir.

Por eso la discusión sobre la longevidad no debería empezar preguntando cuánto cuesta una jubilación. Debería empezar preguntando qué hacemos con treinta o cuarenta años nuevos de vida. Porque no alcanzará con pagar esos años. Habrá que llenarlos de ingresos, de aprendizaje, de vínculos, de proyectos, de comunidad y de sentido.

En el fondo, esa es la verdadera revolución silenciosa de nuestro tiempo. No estamos viviendo una vejez más larga. Estamos viviendo una vida completamente distinta. Y probablemente el mayor desafío del siglo XXI no sea aprender a financiarla. Sea aprender a imaginarla.

Gabriela Cerruti es escritora y periodista especializada en nueva longevidad. Autora de La Revolución de las Viejas.

El Poder Ejecutivo actualizó el reglamento de la Carrera Administrativa y abrió la posibilidad de que los servidores públicos continúen en funciones más allá de los 70 años, siempre que cumplan con un requisito puntual: presentar una declaración jurada que acredite su aptitud para seguir laborando. La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo Nº 112-2026-PCM, que modifica el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y busca dotar de mayor coherencia y seguridad jurídica al marco normativo que rige el empleo en el sector público, según informó Andina Noticias.

El cambio responde a las modificaciones que las Leyes Nº 32199 y Nº 32223 introdujeron al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Con la actualización, el reglamento queda alineado con esas disposiciones legales vigentes.

Requisito para seguir tras los 70 años

La norma establece que el cese definitivo por límite de edad opera al cumplir los 70 años. No obstante, quien se encuentre en condición de apto podrá extender su permanencia hasta el 31 de diciembre del año en que alcance esa edad. La condición de aptitud no requiere examen médico obligatorio en esta etapa: se acredita mediante una declaración jurada presentada por el propio servidor.

El procedimiento es directo. El interesado debe elevar su solicitud ante la Oficina de Recursos Humanos —o la instancia equivalente— antes de cumplir los 70 años. En ese documento debe indicar de forma expresa la fecha en que concluirá su continuidad laboral, la cual no puede exceder el 31 de diciembre del año en que alcanza la edad límite. La solicitud se considera aprobada desde el momento de su presentación, sin necesidad de resolución adicional, de acuerdo con información difundida por el citado medio.

Fiscalización y cargos directivos

La aprobación automática no implica ausencia de control. La condición de apto queda sujeta a fiscalización posterior a cargo de la entidad, en el marco de la vigilancia de la salud que ejerce el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto significa que la institución puede revisar la declaración jurada presentada y verificar que el servidor efectivamente reúne las condiciones para continuar en el puesto.

El decreto también aclara un punto que generaba ambigüedad en la gestión del personal directivo: los cargos de responsabilidad directiva son compatibles con los niveles superiores de carrera de cada grupo ocupacional. Tanto los servidores de carrera como los que se encuentran en condición de contrato permanente que desempeñen esas funciones conservan los derechos reconocidos en el literal o) del artículo 24 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Nuevas reglas de licencias

El Decreto Supremo Nº 112-2026-PCM también precisa los alcances de la licencia sin goce de remuneraciones, prevista en el literal e) del artículo 24 de la misma ley. Según detalló Andina Noticias, esta licencia podrá otorgarse hasta por tres años, continuos o discontinuos, dentro de un período de cinco años, previa evaluación de la entidad.

La norma añade una restricción para quienes agoten ese plazo de forma consecutiva: el servidor que haya gozado de tres años continuos de licencia solo podrá solicitar una nueva después de haber prestado servicios de manera ininterrumpida durante al menos dos años. La medida apunta a evitar ausencias prolongadas que afecten la continuidad operativa de las instituciones públicas.

Una persona de 65 años que se jubile en 2026 en Estados Unidos necesitará en promedio unos USD 185.500 para cubrir gastos médicos durante su retiro, incluso con la cobertura estándar de Medicare, según informó Fox Business.

La cifra subió 7,5% frente al año anterior por el aumento de los precios médicos, el mayor uso de servicios y el encarecimiento asociado a enfermedades crónicas.

La proyección fue difundida por Fidelity Investments en la edición número 25 de su cálculo anual sobre costos sanitarios para jubilados.

El cálculo se presenta como un promedio orientativo: no pretende anticipar el gasto exacto de cada persona, sino aproximar cuánto puede costar el componente sanitario de la jubilación bajo supuestos definidos.

Cómo se distribuye el gasto estimado

Del total estimado, el 45% se destina a primas mensuales de Medicare Parte B y Parte D, mientras que el 48% corresponde a otros gastos médicos bajo los mecanismos de costo compartido del programa, como copagos, coseguros y deducibles por internaciones y atención ambulatoria.

El 7% restante surge de desembolsos directos, incluidos pagos que no cubre la Parte D para medicamentos genéricos, de marca o especializados.

Qué incluye el cálculo y cuáles son sus límites

La estimación parte del supuesto de que la persona está inscrita en Medicare original, es decir, las Partes A y B, además de la Parte D para medicamentos.

La cifra incluye primas, copagos y gastos de bolsillo vinculados con atención médica y recetas a lo largo de la jubilación, pero no incorpora posibles costos de cuidados de largo plazo.

Esa exclusión delimita el alcance del dato: los USD 185.500 no representan el total de todos los gastos sanitarios posibles en la vejez, sino el promedio proyectado bajo una cobertura determinada y sin contemplar asistencia prolongada.

Shams Talib, responsable de consultoría laboral de Fidelity, dijo a la publicación que la planificación para la jubilación “implica más que alcanzar un objetivo de ahorro, especialmente cuando la jubilación en sí sigue evolucionando”.

Añadió que, ya sea que los estadounidenses dejen de trabajar por completo, transiten gradualmente hacia el retiro o busquen nuevas formas de mantenerse activos, la atención médica “sigue siendo de manera constante uno de los mayores gastos que enfrentarán”.

Por qué hay gastos de bolsillo incluso con Medicare

El informe detalla que dentro del bloque asignado al costo compartido también se incluyen servicios que Medicare no cubre, como exámenes de visión y audición.

De acuerdo con la distribución informada, el costo no se concentra solo en primas: una porción amplia del cálculo se asocia a los mecanismos de costo compartido del programa, como copagos, coseguros y deducibles.

Steve Betts, responsable de salud de Fidelity, señaló, citado por Fox Business, que Medicare “es una parte crítica de la cobertura médica en la jubilación, pero no elimina todos los gastos de atención sanitaria”.

En paralelo, Betts sostuvo que la estimación muestra por qué tanto quienes están por retirarse como quienes ya se jubilaron se benefician de evaluar con cuidado los desembolsos directos y la forma en que los financiarán dentro de su estrategia de ingresos para la jubilación.

Una referencia anual para planificar el retiro

La serie que elabora la firma se publica cada año desde 2002 y busca ofrecer un parámetro estable para estimar cuánto puede costar la atención médica en el retiro bajo condiciones comparables.

Para 2026, el cálculo marcó un salto frente al registro previo, que el informe vinculó con un contexto de atención sanitaria más cara y con mayor presión de tratamientos asociados a enfermedades crónicas.

Los pensionados del ISSSTE que viven fuera de México tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para tramitar el Certificado de Supervivencia o arriesgan la suspensión inmediata de su depósito mensual.

El trámite, obligatorio dos veces al año, se realiza en embajadas y consulados mexicanos en el extranjero.

De no presentar el trámite, los pagos podrían ser supendidos a quienes no acrediten su fe de vida dentro del plazo julio y agosto de 2026. La medida no es nueva, pero el incumplimiento sigue siendo una de las principales causas de retención de pensiones entre mexicanos radicados en el exterior.

Quiénes deben tramitarlo y quiénes están exentos

El Certificado de Supervivencia —también conocido como fe de vida— aplica únicamente a jubilados y pensionados del ISSSTE, y otras instituciones, que residen fuera de México y reciben sus pagos desde el extranjero.

Los pensionados que habitan en territorio nacional no están obligados a obtenerlo. El instituto cruza sus datos de forma automatizada con registros locales, según precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El plazo y la vigencia del documento

El ISSSTE fija dos ventanas anuales para este trámite: enero-febrero para el primer semestre, y julio-agosto para el segundo. El documento emitido tiene una vigencia de seis meses, por lo que la renovación es semestral y obligatoria.

No presentarlo dentro de los periodos establecidos deriva en la retención inmediata del depósito. La suspensión se mantiene mientras el pensionado no regularice su situación ante el instituto.

Dónde se tramita y qué documentos se necesitan

El trámite se realiza exclusivamente en las embajadas y consulados mexicanos coordinados por la SRE. Los empleados consulares registran firmas y huellas dactilares para remitir los padrones validados a las oficinas centrales en México.

Para adultos mayores con enfermedades crónicas o problemas graves de movilidad, las representaciones diplomáticas pueden autorizar esquemas excepcionales: videollamadas o visitas domiciliarias.

Los documentos requeridos para completar el trámite son:

Credencial de pensionista del ISSSTE en original con fotocopia legible.

Identificación oficial vigente con fotografía —como pasaporte— si no se cuenta con la credencial institucional.

Último recibo de pago o talón de depósito del periodo inmediato anterior.

Fotografía reciente a color, tamaño credencial, con el rostro descubierto de frente.

El IMSS: obligación semestral sin calendario fijo

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que viven fuera de México también deben acreditar su supervivencia ante el consulado más cercano cada seis meses, aunque el instituto no establece ventanas de tiempo tan definidas como el ISSSTE.

La obligación semestral permanece vigente de forma continua. Las autoridades recomiendan no esperar al último momento y consultar los calendarios de cada sede consular para evitar cortes en el depósito.

Los documentos requeridos para pensionados del IMSS difieren en un detalle respecto al ISSSTE: la fotografía. Solo quienes están sujetos a la Ley IMSS de 1997 deben presentar una foto a color con fondo blanco, de frente y con medidas de 4.5 x 3.5 centímetros. Para los demás regímenes, basta una imagen reciente que permita identificar al titular, según lo establece la Embajada de México en España en su portal de servicios consulares.

El IMSS también recomienda a sus pensionados completar el registro biométrico en la aplicación IMSS Digital —disponible de forma gratuita para Android e iOS— antes de que el sistema procese el pago de agosto de 2026.

El procedimiento vincula la identidad del titular con su expediente electrónico mediante reconocimiento facial y huella dactilar. No es un requisito legal, pero su ausencia puede generar retrasos en la validación de identidad al momento de procesar los depósitos.

Cómo agendar la cita consular

El trámite del Certificado de Supervivencia es presencial y gratuito para beneficiarios tanto del ISSSTE como del IMSS. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilita tres canales para agendar la cita:

El portal oficial de servicios consulares de la SRE.

Líneas telefónicas de atención de cada representación diplomática.

Canales de WhatsApp habilitados por cada sede consular.

Las autoridades advierten que cada cita es individual e intransferible: no puede cederse a terceros ni utilizarse por otra persona.

Pensión del Bienestar: vivir en el extranjero cancela el derecho

La situación es radicalmente distinta para quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. A diferencia del IMSS y el ISSSTE, este programa no contempla ningún mecanismo de certificación desde el exterior.

Las Reglas de Operación 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de 2026 por la Secretaría de Bienestar, son explícitas: “El Programa tendrá cobertura en el territorio nacional, por lo cual no se registrará a personas que residan en el extranjero”. La baja por cambio de domicilio al exterior está tipificada como causal específica en el inciso l) de dichas reglas y es automática.

El programa deposita 6,400 pesos bimestrales —38,400 pesos al año— en la tarjeta del Banco del Bienestar. Está dirigido a personas de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización, con domicilio vigente en México. Quienes fueron dados de baja por causas subsanables pueden solicitar la reactivación en el módulo de atención más cercano, con documentación en regla.

Para dudas sobre la Pensión del Bienestar, la Secretaría opera la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Las comisiones de los planes 401(k) pueden restar miles de dólares al ahorro para la jubilación en Estados Unidos, un impacto que se agrava con los años y que, según un ejemplo del Departamento de Trabajo citado por CBS News, puede reducir de forma drástica el saldo final incluso cuando la diferencia entre cargos parece mínima.

El caso que usa el organismo para ilustrarlo es concreto: una persona con USD 25.000 en su cuenta, a 35 años del retiro y con comisiones de 1,5%, terminaría con USD 163.000. Si en cambio pagara 0,5%, llegaría a USD 227.000, una brecha del 28%.

Ese efecto acumulativo ocurre en un sistema del que dependen más de la mitad de los trabajadores estadounidenses para financiar su retiro. Aun así, cerca de 4 de cada 10 empleados ni siquiera saben que pagan comisiones en sus 401(k), de acuerdo con un estudio de 2021 de la Government Accountability Office.

Las comisiones en estos planes suelen dividirse en dos grandes categorías: administrativas y vinculadas a las inversiones. El informe de la GAO señaló que esos costos pueden ser asumidos por los trabajadores, por la empresa o repartidos entre ambos.

Los planes más pequeños suelen tener cargos más altos

No existe una tarifa estándar para todos los 401(k). Teresa Hassara, vicepresidenta senior de ahorro laboral y soluciones de retiro de Principal Financial Group, explicó en CBS que el costo depende de factores como las inversiones elegidas, el diseño del plan que ofrece el empleador y otras variables.

Hassara sostuvo que, en general, los planes más pequeños tienden a cobrar más. La razón, dijo, es que en la administración de un plan existen costos fijos y variables, y cuando hay menos empleados, los costos fijos se distribuyen entre menos participantes.

Según detalló, las comisiones habituales se ubican entre 0,3% y 0,5% en los planes grandes, entre 0,5% y 1% en los medianos, y en 1% o más en los pequeños. Los trabajadores no fijan esas comisiones, pero sí pueden influir en el costo final de acuerdo con los fondos en los que inviertan.

“Algunas opciones de inversión tienen gastos subyacentes más altos que otras”, señaló Hassara. Esa diferencia ayuda a explicar por qué dos empleados dentro de un mismo esquema pueden terminar pagando montos distintos.

La ejecutiva también advirtió que una comisión más alta no siempre implica una peor opción. En algunos casos, explicó, los proveedores cobran más por tareas administrativas porque incluyen campañas de educación financiera orientadas a mejorar las decisiones de inversión de los empleados.

Las empresas deben informar cambios en un plazo de 30 a 90 días

Las comisiones de un 401(k) no son fijas y pueden cambiar con el tiempo. Hassara aseguró en el informe de CBS News que eso ocurre porque el patrocinador del plan suele renegociarlas y revisarlas con frecuencia para comprobar que sigan siendo competitivas frente al mercado.

Si esos cargos cambian por cualquier motivo, los empleadores por lo general deben avisar al trabajador en una ventana de 30 a 90 días. Esa obligación de notificación es una de las pocas instancias en las que el titular de la cuenta recibe una alerta específica sobre el costo del plan.

Fuera de esos cambios, los trabajadores pueden revisar cuánto pagan a través de una notificación anual de divulgación conocida como 404(a)(5). También pueden consultar los estados de cuenta trimestrales, donde se desglosan las comisiones aplicadas.

“Eso detallará todas las comisiones para los empleados”, planteó Hassara. Si persisten las dudas, los empleados pueden comunicarse con el área de recursos humanos de su empresa o con la firma encargada de registrar las contribuciones y las elecciones de inversión.

Trabajadores mexicanos acumulan recursos dispersos en más de una Afore sin saberlo, una situación que puede comprometer el cálculo de su pensión y complicar trámites de retiro, según advirtieron la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y Pensionissste.

La normativa del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) establece que cada trabajador debe concentrar su ahorro en una sola cuenta individual. Pese a ello, en 2024 se registraron 10,697 unificaciones de cuentas, y hasta junio de 2025 ya sumaban 5,391 procesos concluidos, de acuerdo con cifras de la Consar.

Tener dos cuentas Afore no implica haber perdido el dinero, pero sí genera problemas al momento de solicitar una pensión, realizar retiros o consultar el monto real del ahorro acumulado.

Por qué un trabajador puede tener más de una cuenta

César Islas, coordinador general de estudios económicos y proyectos especiales de la Consar, identificó las causas más frecuentes de la duplicidad:

Contar con más de un Número de Seguridad Social (NSS).

Haber cotizado en el IMSS y el ISSSTE en distintos momentos de la vida laboral.

Tener aportaciones del esquema conocido como SAR 92.

Errores o diferencias en el registro de la CURP.

Cambios de empleador que generaron registros separados.

“Tener más de dos cuentas puede ser producto de un error operativo. Si un cambio de patrón deriva en el registro de dos NSS, se requiere una unificación IMSS; en cambio, si cotizaste en IMSS e ISSSTE y se generaron dos cuentas, procede la unificación mixta", precisó Islas.

Señales de alerta que indican duplicidad

Un trabajador puede sospechar que tiene más de una cuenta si detecta alguna de estas situaciones:

Recibe estados de cuenta de diferentes Afore con distinto NSS.

Los periodos cotizados no coinciden con su trayectoria laboral.

Faltan aportaciones realizadas por algún patrón.

Aparecen mensajes de CURP o NSS duplicados al ingresar a AforeMóvil o AforeWeb.

Cotizó al IMSS entre mayo de 1992 y junio de 1997, o al ISSSTE entre mayo de 1992 y diciembre de 2007.

Cómo localizar la cuenta Afore

Para saber en qué administradora están los recursos, la Consar habilitó tres canales de consulta. El primero es el portal AforeWeb (aforeweb.com.mx), donde se ingresa el NSS o la CURP y un correo electrónico; el sistema envía el nombre de la Afore que administra la cuenta.

El segundo canal es la aplicación AforeMóvil, disponible para Android, iOS y HarmonyOS, que también permite localizar la cuenta con CURP, correo y número celular.

La tercera opción es llamar sin costo al SARTEL, al 55 1328-5000. En todos los casos, el sistema solo permite una consulta por día.

Qué pasa si no se unifican las cuentas

Pensionissste advirtió que mantener recursos dispersos puede derivar en consecuencias concretas al momento del retiro:

Retrasos en el trámite de pensión por dificultades para integrar la información.

Rendimientos divididos que impiden conocer el monto real acumulado.

Complicaciones para acceder a retiros parciales o ahorro voluntario.

Posibles afectaciones en el reconocimiento de aportaciones ante Infonavit o Fovissste.

Dificultades para que los beneficiarios localicen los fondos en caso de fallecimiento del titular.

Esperar hasta el momento de pensionarse puede agravar el problema y generar retrasos adicionales en el trámite.

Cómo hacer el trámite de unificación

El SAR contempla cuatro mecanismos según la situación del trabajador: unificación SAR 92 IMSS, unificación SAR 92 ISSSTE, unificación mixta IMSS-ISSSTE, y unificación de cuentas ISSSTE.

El proceso se inicia en una sucursal de la Afore. Los documentos base son identificación oficial vigente y CURP. A partir de ahí, los requisitos varían:

Afiliados al IMSS: formato de certificación de regularización de datos personales del asegurado, emitido por el instituto.

Afiliados al ISSSTE: CURP y comprobante de pago de la dependencia o de la institución financiera que administró los recursos.

Cuentas SAR IMSS 92 e Infonavit 92: copias de al menos dos documentos como formularios SAR, estados de cuenta, RFC, acta de nacimiento o documentos del IMSS con NSS.

Cuentas SAR ISSSTE 92 y Fovissste 92: documentos emitidos por el banco que administró recursos, talones de pago u hoja única de servicios de la dependencia.

La Afore tiene 30 días hábiles para concluir el proceso y debe notificar al trabajador, por correo electrónico o en su domicilio, la conclusión del trámite o los motivos por los que no fue procedente.

“Unificar las cuentas individuales Afore facilita los trámites administrativos y brinda mayor control al trabajador sobre sus recursos para el retiro", afirmó Islas. No hacerlo puede reducir los rendimientos o el monto total ahorrado.

Los trabajadores del Estado inscritos en el régimen de Cuentas Individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen acceso a un mecanismo de ahorro que multiplica hasta por 3.25 cada peso que aportan voluntariamente a su cuenta de retiro: el Ahorro Solidario, establecido en el artículo 100 de la Ley del ISSSTE.

El beneficio funciona mediante un descuento en nómina que el propio trabajador activa: puede elegir que se le retenga el 1% o el 2% de su sueldo básico cada quincena. Por cada peso descontado, la dependencia gubernamental donde labora deposita $3.25 adicionales en la subcuenta de Ahorro Solidario, con un tope máximo de aportación patronal del 6.5% del sueldo básico.

Así, quien elige el 2% de descuento recibe el acompañamiento máximo del gobierno: su ahorro combinado puede representar hasta el 8.5% de su sueldo básico por quincena, sin que el trabajador haya puesto más que su 2%.

Quién puede acceder al Ahorro Solidario

El beneficio es exclusivo para quienes cotizan bajo el régimen de Cuentas Individuales, es decir, quienes ingresaron al servicio público a partir del 1 de abril de 2007 o quienes, estando en activo antes de esa fecha, optaron por migrar al nuevo sistema al momento de la reforma.

Los trabajadores que permanecieron en el esquema del Artículo Décimo Transitorio —el régimen anterior de beneficio definido— no tienen acceso a este mecanismo. Su pensión se calcula con base en el sueldo básico y los años de servicio, sin subcuenta individual.

Cómo inscribirse: dos vías disponibles

El trámite de inscripción puede realizarse por dos canales. El primero es digital: el trabajador ingresa al portal e-SAR (e-sar.com.mx), selecciona la opción de Ahorro Solidario y completa los pasos del formulario con su nombre completo, CURP y correo electrónico.

El segundo es presencial: el trabajador acude al área de Recursos Humanos de su dependencia, solicita el Documento de Elección de Ahorro Solidario, marca el porcentaje deseado —1% o 2%— y lo entrega firmado.

En ambos casos, el porcentaje elegido puede modificarse en cualquier momento: aumentarlo del 1% al 2%, reducirlo, o cancelarlo. Si se cancela, el trabajador deberá esperar 12 meses antes de poder reactivarlo.

Cuándo se puede retirar el dinero acumulado

Los recursos de la subcuenta de Ahorro Solidario son propiedad del trabajador y no se pierden si deja de laborar en el gobierno o deja de cotizar al ISSSTE. No obstante, solo pueden retirarse en tres supuestos: al concederse una pensión, al emitirse una negativa de pensión, o por fallecimiento del titular —en cuyo caso se entregan a los beneficiarios legales o sustitutos designados.

Al momento del retiro, los recursos se destinan a contratar una renta vitalicia o un retiro programado, o bien se retiran como parte del excedente de la cuenta individual.

Para iniciar el trámite de retiro, el trabajador debe presentar ante el ISSSTE identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP, RFC con homoclave, hoja única de servicios, estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria, estado de cuenta de su Afore y acta de nacimiento.

El Ahorro Solidario dentro del sistema de pensiones de 2026

El mecanismo opera en un entorno de cambios al sistema de retiro. En 2026, el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa las pensiones de trabajadores bajo cuentas individuales —tanto del ISSSTE como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— hasta un tope de $17,885.85 mensuales, con ajuste anual por inflación.

En ese contexto, el Ahorro Solidario se posiciona como el primer paso a evaluar para los trabajadores del Estado que buscan elevar su tasa de reemplazo, antes que otras formas de ahorro voluntario.

BBVA Research señaló que “las aportaciones obligatorias resultan insuficientes para mantener el nivel de vida tras el retiro” y recomendó complementar con ahorro voluntario de entre el 10% y el 20% del ingreso mensual desde el inicio de la vida laboral.

La realidad económica en la República Dominicana expone un fenómeno creciente: cada vez más personas mayores de 64 años siguen cotizando al sistema de seguridad social y postergan su jubilación.

Esta tendencia, reflejada en los registros oficiales, responde a la necesidad de sostener el ingreso familiar ante las condiciones actuales del mercado laboral y el poder adquisitivo.

Más de 117 mil dominicanos superan los 64 años y permanecen activos en el sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). El crecimiento de este grupo ha sido marcado, con un aumento del 33.9 % en seis años.

En 2020, el número de trabajadores en esa franja etaria ascendía a 87,907; en 2026, la cifra llegó a 117,719. El incremento no solo revela una mayor longevidad laboral, sino también las dificultades de la población para cubrir sus necesidades con los ingresos de la jubilación, según una reciente publicación de Diario Libre.

En este contexto, el impacto de la inflación y la insuficiencia de las pensiones se manifiestan como factores determinantes.

Muchos trabajadores, incluso tras completar los años reglamentarios de servicio y acceder a algún tipo de pensión o renta vitalicia, no logran cubrir los gastos básicos del hogar.

La experiencia de quienes superan la edad legal de retiro no se limita a la prolongación de la vida laboral por vocación, sino que responde a la urgencia por mantener la estabilidad económica del núcleo familiar.

La composición de este segmento de cotizantes muestra que la mayoría corresponde al sexo masculino. El Distrito Nacional concentra la mayor cantidad de estos trabajadores y registra los salarios promedio más altos.

En contraste, Elías Piña cuenta con apenas 26 personas mayores de 64 años activas en la TSS, mientras que Bahoruco presenta el ingreso salarial más bajo para este grupo etario. Esta distribución evidencia una marcada desigualdad entre regiones, tanto en el acceso al empleo como en la calidad de los ingresos recibidos.

El sector privado absorbe el 69.6 % de los trabajadores mayores de 64 años, mientras que el sector público representa solo el 3.02 %.

Dentro del sector privado, los servicios lideran la lista de áreas económicas con mayor presencia de adultos mayores, seguidos por la industria y la agropecuaria. En seis años, los cotizantes en el sector servicios pasaron de 31,331 en 2020 a 54,697 en 2026, un incremento del 74.5 %.

El sector público, en cambio, experimentó un aumento más moderado, con 3.8 % de crecimiento en el mismo periodo.

A pesar de que la experiencia y la antigüedad representan un valor añadido para los empleadores, buena parte de estos trabajadores continúan en actividad debido a la insuficiencia de las prestaciones recibidas tras la jubilación.

Muchos, como en el caso de quienes han trabajado más de cuatro décadas, se ven obligados a seguir en sus puestos para sostener los gastos del hogar, pagar servicios y apoyar a familiares dependientes.

La brecha entre lo que ofrecen las pensiones y el costo real de la vida se ha ampliado en los últimos años. El aumento de precios en bienes y servicios básicos, junto con un mercado laboral que privilegia la juventud pero mantiene la demanda de experiencia, ha motivado que miles de dominicanos decidan retrasar su retiro.

Algunos optan por mantener su empleo a tiempo completo, mientras que otros buscan reducir su carga laboral sin abandonar completamente la actividad económica.

El análisis de los datos de la TSS revela que la industria paga los salarios más altos a los trabajadores mayores de 64 años, mientras que las actividades económicas no identificadas presentan los ingresos más bajos. Esta diferencia salarial añade un componente adicional de desigualdad a la decisión de postergar la jubilación, ya que no todos los adultos mayores cuentan con la posibilidad de acceder a sueldos que permitan una vida digna tras el retiro.

Cambiar de Afore y hacer aportaciones voluntarias es gratis y más sencillo de lo que la mayoría de los trabajadores mexicanos supone, aunque pocos conocen los pasos concretos para hacerlo.

La Afore —Administradora de Fondos para el Retiro— es la entidad financiera que gestiona el ahorro individual de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En esa cuenta se acumulan las aportaciones del empleador, del Gobierno y las que el propio trabajador realice de forma voluntaria.

Si el trabajador no elige una administradora, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) le asigna una automáticamente.

Cómo saber en qué Afore está registrado un trabajador

Antes de iniciar cualquier trámite, el primer paso es localizar la administradora actual. Consar pone a disposición tres canales para ello:

El portal AforeWeb, con el apartado “Localiza tu Afore”. La app AforeMóvil, que requiere CURP, número de celular y correo electrónico. Y la línea telefónica gratuita SARTEL, al 55 1328 5000.

Cómo cambiar de administradora en 2026

El traspaso entre Afores es gratuito y puede realizarse una vez cada 12 meses, contados desde el último cambio o desde el registro inicial en el sistema. Según Consar, existen dos vías para hacerlo.

La primera es directamente con la Afore de destino. Cada institución define si el trámite es digital o presencial. En cualquier caso, se deben tener a la mano tres documentos: identificación oficial con fotografía vigente, CURP y Número de Seguro Social (NSS).

La segunda vía es a través de la app AforeMóvil. El proceso inicia en el menú principal, en el apartado “Servicios”, opción “Cambio de Afore”. La app despliega dos modalidades: digital y presencial.

En ambas modalidades de AforeMóvil se requiere crear un expediente de forma presencial en una sucursal. Una vez completado ese paso, el resto del trámite puede concluirse desde la aplicación.

Qué considerar antes de cambiarse

El indicador que Consar recomienda revisar antes de elegir una nueva administradora es el Índice de Rendimiento Neto (IRN), que refleja el rendimiento real descontadas las comisiones, y que varía según el grupo generacional del trabajador.

En 2026, nueve de las 10 Afores cobran una comisión de 0.54% anual sobre el saldo administrado. Solo PENSIONISSSTE cobra 0.52%, la más baja del sistema, de acuerdo con la junta de gobierno de Consar, que aprobó ese esquema el 21 de noviembre de 2025.

Aportaciones voluntarias: cómo funcionan y qué beneficios ofrecen

Cualquier trabajador puede depositar recursos adicionales a su cuenta Afore en el momento que decida, sin un monto mínimo obligatorio establecido por ley. Los depósitos pueden realizarse en línea con tarjeta bancaria o a través de sitios autorizados.

Estas aportaciones se invierten en las llamadas Siefore Adicionales, fondos de inversión exclusivos para el ahorro voluntario que operan con comisiones distintas —y generalmente mayores— a las Siefore Básicas donde se deposita el ahorro obligatorio.

Una ventaja fiscal que pasa desapercibida: las aportaciones voluntarias pueden ser deducibles de impuestos hasta por 10% de los ingresos anuales del trabajador, dependiendo del tipo de aportación elegida.

Rendimientos de las Siefore Adicionales al cierre de mayo de 2026

Los datos publicados por Consar muestran diferencias considerables entre administradoras. A un año, Profuturo (SAC) encabeza la tabla con 17.70%, seguida de XXI-Banorte (SPS2) con 15.83% y Banamex (SIAV2) con 14.94%.

A tres años, Profuturo (SAC) mantiene el liderato con 14.80%, seguida de XXI-Banorte (SPS2) con 13.37% y SURA (SIAV2) con 10.08%.

A cinco años, XXI-Banorte (SPS2) ofrece el mayor rendimiento con 9.34%, por delante de Profuturo (SAC) con 8.55% y XXI-Banorte (SIAV) con 8.32%. La información completa y actualizada está disponible en el portal de rendimientos de Consar.

La jubilación suele percibirse como un horizonte lejano, especialmente durante los primeros años de la vida laboral. Sin embargo, los expertos coinciden en que esperar demasiado para planificar el retiro puede traducirse en una pérdida de bienestar difícil de corregir cuando se acerca el final de la carrera profesional. Si la treintena es el momento idóneo para empezar a ahorrar, la década de los cuarenta representa el verdadero punto de inflexión para construir una jubilación con garantías.

La explicación es sencilla. A esa edad, muchas personas ya han consolidado su trayectoria profesional, disfrutan de una mayor estabilidad económica y disponen, al menos sobre el papel, de una mayor capacidad de ahorro. También cuentan todavía con un horizonte de entre dos y tres décadas antes de abandonar el mercado laboral, un periodo suficiente para aprovechar el efecto de la inversión y del interés compuesto, señalan expertos del Instituto BBVA de pensiones.

La planificación financiera deja así de ser un ejercicio teórico para convertirse en una necesidad práctica. El principal activo de quien comienza a organizar su jubilación a los 40 sigue siendo el tiempo. Cada año que se retrasa esa decisión reduce el margen para acumular patrimonio y obliga a realizar un esfuerzo económico mucho mayor en el futuro.

El primer paso es calcular cuánto dinero hará falta

El error más frecuente, a juicio de los expertos, consiste en ahorrar sin un objetivo definido. Los especialistas recomiendan empezar por elaborar un presupuesto realista de la futura jubilación. La primera pregunta no es cuánto dinero se puede ahorrar cada mes, sino cuánto será necesario para mantener el nivel de vida deseado cuando desaparezca el salario.

Ese cálculo exige imaginar cómo será esa nueva etapa. No tendrá el mismo coste una jubilación centrada en los viajes o en actividades de ocio que otra orientada a una vida más tranquila. También habrá gastos que desaparecerán, como una hipoteca ya amortizada o los costes asociados a hijos dependientes, mientras que otros, como la asistencia sanitaria o determinados cuidados, podrían aumentar con el paso del tiempo.

Otro elemento imprescindible es la inflación. El poder adquisitivo disminuye con los años y cualquier planificación que ignore ese factor corre el riesgo de quedarse corta. Un presupuesto elaborado con valores actuales puede resultar insuficiente dentro de dos décadas si no incorpora esa pérdida progresiva del valor del dinero.

La pensión pública no siempre bastará

El segundo paso consiste en conocer cuál será previsiblemente la pensión pública. En España, continúa siendo la principal fuente de ingresos durante la jubilación y representa, de media, más del 80% del salario previo al retiro para un trabajador con ingresos medios. Sin embargo, los expertos recuerdan que esa cobertura no garantiza mantener el mismo nivel de vida en todos los casos.

La situación resulta especialmente delicada para quienes perciben salarios elevados, han desarrollado carreras laborales irregulares o acumulan periodos sin cotización. También para muchos trabajadores autónomos que durante años eligieron cotizar por bases mínimas muy alejadas de sus ingresos reales.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan realizar simulaciones periódicas mediante las herramientas disponibles para estimar la futura pensión y conocer con antelación cuál será la diferencia entre los ingresos públicos previstos y las necesidades económicas reales durante el retiro.

El ahorro periódico sigue siendo la estrategia más eficaz

Una vez identificada esa diferencia, el siguiente objetivo consiste en cubrirla mediante ahorro privado. La recomendación más repetida por los expertos pasa por automatizar aportaciones periódicas en lugar de esperar a disponer de grandes cantidades de dinero.

La constancia suele resultar más efectiva que las aportaciones puntuales. Destinar todos los meses una cantidad fija a productos de ahorro e inversión permite construir patrimonio de forma progresiva y reduce el impacto de las oscilaciones de los mercados financieros. Además, esa disciplina facilita incrementar el esfuerzo conforme aumentan los ingresos a lo largo de la vida laboral.

Los planes de pensiones siguen siendo uno de los instrumentos más conocidos, aunque no el único. Fondos de inversión, planes individuales de ahorro sistemático o seguros de ahorro aparecen también entre las alternativas recomendadas para diversificar el patrimonio destinado a la jubilación.

Invertir con equilibrio y reducir el riesgo con el tiempo

La estrategia de inversión también debe evolucionar con la edad. A los 40 todavía queda un largo recorrido por delante, lo que permite mantener una exposición significativa a activos con mayor potencial de rentabilidad, como la renta variable. Sin embargo, los expertos consideran que es el momento adecuado para comenzar una transición gradual hacia carteras más equilibradas.

La recomendación habitual sitúa entre el 60% y el 70% de la inversión en activos de crecimiento, complementados con productos más conservadores que reduzcan la volatilidad. Ese equilibrio deberá modificarse progresivamente conforme se acerque la denominada “ventana de jubilación”, comprendida aproximadamente entre los 55 y los 67 años.

Aun así, abandonar completamente la inversión en bolsa tampoco suele considerarse aconsejable. La esperanza de vida continúa aumentando y muchas personas pasarán dos o tres décadas jubiladas. Mantener una parte del patrimonio invertida en activos capaces de superar la inflación puede resultar determinante para conservar el poder adquisitivo durante todo ese periodo.

Un cambio de mentalidad antes de que sea tarde

La principal conclusión de los expertos de BBVA es que la planificación financiera no debe comenzar cuando la jubilación está próxima, sino cuando todavía existe margen para tomar decisiones. Retrasar el ahorro unos pocos años obliga después a realizar aportaciones mucho mayores para alcanzar el mismo objetivo.

Los 40 años representan, por tanto, una frontera simbólica entre la preocupación y la acción. Elaborar un plan financiero, calcular la futura pensión pública, establecer un sistema de ahorro constante y revisar periódicamente la estrategia de inversión son los cuatro pilares sobre los que construir una jubilación más tranquila a juicio de los expertos.

Luis Zahera es el nombre artístico de José Luis Castro Zaera, actor gallego de 60 años, ganador de dos premios Goya, por sus roles de reparto en El reino (2018) y As bestas (2022).

Aunque en Galicia saltó a la fama por su participación en la serie de la televisión regional Mareas Vivas (1998), entre nosotros se volvió popular gracias a producciones como Vivir sin permiso y Entrevías, ambas en dupla con José Coronado; también por Sky rojo.

Zahera conquistó las audiencias con su imagen de villano bueno, de perfecto atorrante. A lo largo de toda su carrera, casi siempre ha encarnado personajes secundarios que poco a poco, gracias a su talento interpretativo, se vuelven imprescindibles.

Recientemente, confió que hay un rincón de su Galicia natal en el que se quiere jubilar: “Es mi refugio, un lugar paradisíaco”. Se trata de Arousa, una isla rodeada de playas de arena blanca y bosques naturales.

Cada vez que puede habla de esta región a la que sigue atado y a la que desea volver y no sin razón alude a sus muchas bellezas naturales.

Entrevistado por La Voz de Galicia, dijo que su sitio preferido es la Illa de Arousa, en las Rías Baixas, provincia de Pontevedra. De Finisterre a Vigo, la costa gallega ofrece paisajes hermosos, con cinco grandes entradas del mar en la tierra. En una de ellas, está Arousa, el lugar en el mundo de Luis Zahera.

El actor nació en uno de los sitios más emblemáticos de Galicia: Santiago de Compostela, ciudad célebre en el mundo por ser uno de los sitios de peregrinaje religioso más concurridos. Sin embargo, en razón del clima —Compostela es extremadamente lluvioso—, prefiere Illa de Arousa para el descanso.

“Soy fanático de la isla, es mi lugar de relax”.dijo Zahera. Aunque pasa más tiempo en Madrid, dice “yo vivo aquí”, en referencia a su rincón gallego, donde tiene una casa. “Soy compostelano, pero si comparamos el clima…”

De niño vivió en otra playa gallega, muy pequeña: “Crecí en la de Milhomes, una calita minúscula. ¿Quizá con la marea alta, qué tendrá, quince metros? Iba allí porque era para nosotros, para los siete de nuestra familia. En el año 1979 no bajaba ni el santo a esa playa, pero ahora ya hay más accesibilidad y no voy. Como mucho bajo a darme un chapuzón cuando no hay nadie, porque cuando hay gente me da una especie de esquizofrenia terrorífica que tengo”.

Es habitual que se llame a estas playas el Caribe español por la blancura de su arena y la transparencia del agua: “Para mí esto es paradisíaco, un sitio maravilloso. El agua está más caliente en el Caribe, claro, pero si no fuera por la temperatura…”. De todos modos, asegura que se le anima al frío: “Ahora ya me meto de golpe”, dice.

La isla fue también su refugio durante la pandemia: “El confinamiento lo viví entre Ourense y A Illa, porque tenía el salvoconducto que me daba esa ventaja de poder moverme”.

Una cosa le inquieta, así como a los demás lugareños de Arousa y es el crecimiento del turismo. “La gente de aquí está muy preocupada por la transición turística, que tendrá que ser ecológica. Muchas veces echan de menos cuando no había puente [N. de la E: se inauguró en 1985] ni tanta gente, y temen la masificación turística”.

Zahera es un gran promotor de Arousa, por otra parte, y promociona sus ventajas que son las que cualquiera puede apreciar pero especialmente los adultos mayores porque el sitio combina belleza con tranquilidad, lo que explica las razones de su eleción: “Para mí, todo aquí son ventajas. No fue colonizado por los de fuera. Además, siempre se miró por el mar y no por el ladrillo. Luego, tiene muy buen clima. Ochenta playas. Y la relación calidad-precio es incuestionable. Si hay que buscarle algún pero, quizás es que no hay cine ni grandes discotecas. Pero es que para mí esas son también ventajas, porque es un sitio de absoluto relax. Y después, tenemos a la gente. Aquí hay una gente muy unida y maravillosa. Yo soy fanático de A Illa".

La otra ventaja, para él, es el trato familiar que le dan en Galicia: “Me tratan con absoluta normalidad. Aquí soy Luis, sin más”.

La conexión con la naturaleza es el otro motivo potente por el que ha elegido este destino como el lugar perfecto para disfrutar de su jubilación. La isla de Arousa es el sitio donde veraneaba desde su infancia, y es sabido lo poderosos que suelen ser esos recuerdos iniciales. Actualmente es el refugio donde puede aislarse del ajetreo de la fama.

La isla está unida al continente por un puente de casi dos kilómetros. Illa de Arousa es el único municipio insular de la provincia de Pontevedra y está rodeada por las aguas de la ría de Arousa.

A pesar de sus atractivos turísticos, por los que recibe muchos visitantes en verano, el lugar conserva el ambiente de un pueblo pesquero y marinero.

La isla tiene un Parque Natural, el Carreirón, un área protegida de 1,3 kilómetros cuadrados de bosques, dunas, marismas y pequeñas bahías.

También hay hermosas playas de arena blanca y aguas tranquilas, rodeadas de vegetación local y bosques de pinos.

La pesca y el marisqueo son dos de las principales actividades económicas del lugar, además del cultivo del mejillón. Mejillones, almejas, vieiras, pulpo, rodaballo, lubina y rape son los productos estrella de la gastronomía del lugar.

El actor optó por el apellido materno para su carrera artística, pero con el agregado de una zeta. En una entrevista con Risto Mejide en el programa ‘Viajando con Chester’, dejó en claro el motivo al describir la personalidad de su padre. Éste, al enterarse de la vocación de su hijo por la actuación, contó, “decía aquellas frases de ‘Ahí solo hay putas y maricones’”. “Mi padre te veía leyendo un guión o ensayando y te decía: ‘Mucho tienes que trabajar para no trabajar’. Ese era su análisis de mi trabajo”, contó.

Su padre era un hombre de difícil comunicación. “Era de aquellos padres que no te daban un beso, no te daban un abrazo. Cuando tuvo nietos decía: ‘quitad a estos niños de aquí’”.

Pero también admitió sentir que tenía algo de su padre: “Era muy amigo de la soledad y yo a veces pienso que voy a acabar como él. Yo tengo miedo a acabar como él, en esa especie de soledad. Yo creo que a mi padre le gustaba estar solo”.

Por el contrario, elogió a su madre: “Ella era todo lo contrario a mi padre, de esa gente de antes. Nos planchaba, nos cocinaba, nos vestía, nos ayudaba a hacer los deberes, además, trabajaba fuera de casa”.

Construir un capital de 500.000 dólares para la jubilación es un objetivo que requiere planificación y disciplina. Dos propuestas ampliamente difundidas en redes sociales y plataformas financieras presentan distintos escenarios sobre cuánto habría que invertir cada mes para llegar a ese monto a los 65 años, partiendo de diferentes tasas de rendimiento anual en dólares.

Todos los cálculos incluidos en esta nota son simulaciones, no constituyen una recomendación de inversión y no garantizan resultados, ya que invertir en activos financieros siempre implica riesgos.

Simulación con una tasa mayor

IOL Inversiones publicó un gráfico en el que plantea una simulación similar, aunque con una tasa de rendimiento anual superior: 9% en dólares, basada en el desempeño histórico del índice S&P 500. Se trata de un índice bursátil que mide el desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos.

Su nombre proviene de Standard & Poor’s, la empresa que lo creó. Es considerado uno de los indicadores más importantes de la salud económica y financiera estadounidenses y uno de los principales referentes para los mercados internacionales. El índice incluye empresas de diferentes sectores, como tecnología, salud, energía y consumo, entre otros, y su valor varía constantemente según el precio de las acciones de las compañías que lo componen.

El gráfico de IOL, difundido en redes sociales, muestra cuánto habría que invertir cada mes a distintas edades para alcanzar el mismo objetivo de 500.000 dólares a los 65 años.

El detalle según la edad de inicio, de acuerdo con la ALyC, es el siguiente:

• 20 años: USD 79 mensuales
• 25 años: USD 123 mensuales
• 30 años: USD 191 mensuales
• 35 años: USD 301 mensuales
• 40 años: USD 482 mensuales
• 45 años: USD 794 mensuales
• 50 años: USD 1.378 mensuales
• 55 años: USD 2.653 mensuales

El gráfico pone en evidencia cómo la cantidad necesaria sube de manera acelerada cuanto más se retrasa el inicio del plan de inversión. Desde IOL Inversiones destacan el poder de la constancia, el interés compuesto y la anticipación.

Impacto del tiempo y el interés compuesto

En un video que superó las 40.000 visualizaciones en Instagram, un especialista de Intrade Capital explicó cuánto se debe invertir cada mes para acumular 500.000 dólares a los 65 años, asumiendo un rendimiento anual del 7% en dólares.

La tabla es clara: mientras más tarde se comienza, más alta es la exigencia mensual. Así lo resumieron desde la empresa: “El tiempo es todo. Podés tenerlo a tu favor o en contra”. A continuación, el detalle según la edad de inicio:

• 60 años: USD 7.360 mensuales
• 50 años: USD 1.565 mensuales
• 40 años: USD 655 mensuales
• 30 años: USD 315 mensuales
• 20 años: USD 150 mensuales
• 10 años: USD 70 mensuales
• Desde el nacimiento: USD 35 mensuales

La diferencia es notable. Según estos datos, iniciar un plan de inversión para los hijos desde el nacimiento demanda apenas 35 dólares mensuales para que lleguen a los 65 años con medio millón de dólares. “Si arrancás desde que nacen, solo 35 dólares por mes para que tu hijo se retire con medio millón de dólares”, afirma el video difundido por Intrade Capital.

Quienes empiezan más tarde ven cómo el aporte requerido aumenta de manera significativa. “Si estás empezando tarde, los números te van a incomodar un poco”, reconocieron desde la firma, aunque resaltaron que la anticipación juega un papel central en las finanzas a largo plazo.

Comparación y advertencias

Ambos enfoques llegan a la misma conclusión central: el tiempo es el principal aliado de quien invierte a largo plazo. La diferencia entre ambos cálculos proviene de la tasa de rendimiento anual utilizada, que en el caso de IOL Inversiones es mayor y, por ende, reduce la necesidad de aporte mensual.

Ambas firmas recalcaron que estos cálculos son aproximaciones educativas. Invertir en instrumentos financieros, incluidos aquellos vinculados al S&P 500, implica riesgos de mercado, volatilidad y no ofrece garantías de rentabilidad. Los resultados históricos no aseguran rendimientos futuros.

Queda claro que, para quienes buscan planificar su retiro con 500.000 dólares, la anticipación y la disciplina en el ahorro pueden marcar la diferencia en la exigencia mensual. Ninguna de las simulaciones reemplaza el asesoramiento personalizado ni elimina el riesgo inherente a toda inversión.

Este incremento paulatino pero certero del patrimonio se logra gracias al interés compuesto, una forma de calcular los intereses sobre una cantidad de dinero invertida o prestada, en la que los intereses que se generan se suman al capital inicial.

A partir de ese momento, los intereses futuros se calculan sobre ese nuevo monto, que incluye tanto el capital original como los intereses acumulados previamente. Esto produce un efecto de “interés sobre interés” que acelera el crecimiento del dinero a lo largo del tiempo.

Los planes de pensiones superan a los fondos de inversión en rentabilidad en todos los plazos y, a un año, la brecha se agranda con una revalorización media del 12,2% frente al 7,87%. Sin embargo, esa mejor evolución no se ha traducido en una mayor captación de ahorro. Mientras el patrimonio de los planes se sitúa por debajo de los niveles del año pasado y sus partícipes retiran de ellos más dinero del que aportan, los fondos de inversión encadenan nuevas alzas tanto en volumen de activos, con 479.342 millones de euros, como en número de cuentas, que ya superan los 19 millones, consolidándose como el principal destino del ahorro financiero de las familias españolas detrás de los depósitos.

Según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), los planes de pensiones aventajan en rentabilidad a los fondos de inversión en todos los horizontes temporales. A un año ofrecen una rentabilidad media del 12,2%, frente al 7,87% de los fondos. La diferencia también se mantiene a más largo plazo: a tres años, los planes generan un rendimiento medio del 8,8%, frente al 6,58%; a cinco años, del 4,8%, frente al 3,21%; y a diez años, del 4,8%, frente al 2,85%. La brecha persiste incluso en los plazos más largos: a 15 años, los planes obtienen un 4,7%, frente al 2,79% de los fondos; a 20 años, un 3,4%, frente al 2,43%; y a 25 años, un 2,9%, frente al 2,21%.

Los retornos medios del 12,2% de los planes a un año se quedan cortos si se comparan con el 26,1% que da la categoría de planes de renta variable. Mientras que la de renta variable mixta alcanza un 12,7%, y la de renta fija mixta escala un 5,4%. Ninguna de las categorías a un año está en negativo y los retornos más bajos lo da la renta fija a corto plazo, con un 1,2%. Ligeramente por delante se coloca la renta fija a largo plazo, que ofrece un 1,3% y la de garantizados, con un 1,9%.

El dinero huye de los planes: 36 millones menos que en 2025

La mejora de la rentabilidad no se ha traducido en un mayor volumen de ahorro en los planes de pensiones. Al cierre de junio, estos vehículos gestionaban un patrimonio de 101.849 millones de euros, 931 millones más que en mayo, un aumento que se explica principalmente por la revalorización de las carteras. Pese a esa recuperación mensual, el patrimonio sigue muy por debajo del registrado a cierre de diciembre de 2025 que alcanzó los 138.000 millones de euros, lo que supone 36.151 millones menos. En cuanto al número de partícipes, sobrepasaron los 10 millones.

El mes pasado, las aportaciones a planes de pensiones fueron de 112 millones de euros mientras las prestaciones -lo que sacaron los ahorradores de ellos- se situaron en 235 millones de euros, lo que da como resultado un saldo negativo de 123 millones. Esta evolución confirma una tendencia que viene produciéndose desde hace meses: los partícipes siguen retirando dinero de los planes a pesar de la subida de su rentabilidad.

Desde Inverco atribuyen la huida de capital a la decisión del Gobierno de reducir en 2021 y 2022 las aportaciones a los planes, según señaló el presidente de la asociación, Ángel Martínez-Aldama, en la asamblea general celebrada en junio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió primero reducir de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a los planes de pensiones individuales con derecho a desgravación en el IRPF y más tarde rebajó esos límites hasta los 1.500 euros, lo que supuso una bajada de 6.500 euros en dos años.

En este escenario, Martínez-Aldama pide que se nivelen los sistemas de los límites de aportación tras reducirse “drásticamente” y aboga por llevar a cabo “una verdadera reforma fiscal” similar a la del País Vasco, tanto en las mayores aportaciones como en nuevas deducciones para las empresas.

Fondos, cuatro millones más de patrimonio en junio

La menor inversión en planes de pensiones contrasta con la evolución al alza de los fondos de inversión. Cerraron el mes de junio con un patrimonio total de 479.342 millones de euros, tras aumentar ese mes en 4.138 millones, lo que supuso un crecimiento del 0,9%. En lo que va de año, el volumen de activos gestionado por los fondos acumula un incremento de 28.454 millones de euros, un 6,3% más.

Gran parte del crecimiento durante el mes pasado fue consecuencia del buen comportamiento de los mercados financieros, que revalorizaron las carteras. A lo que se sumaron los nuevos flujos de entrada de capital llevados a cabo por los partícipes. Así, las rentabilidades positivas aportadas por los mercados financieros explicaron el 54% del aumento del volumen de activos, mientras que el 46% restante se debió a las aportaciones de capital de los inversores.

La categoría de fondos que más incrementó su patrimonio en junio, tanto por rentabilidad como por entrada de capital, fue la de renta fija, con 2.747 millones de euros, un 1,5% más. Los fondos de renta variable internacional y globales sumaron 2.167 millones de manera agregada; mientras que el patrimonio de los fondos mixtos creció en 628 millones de euros.

Unos retornos discretos

En cuanto a la rentabilidad de los fondos, registró en junio una subida media del 0,5%. La práctica totalidad de las vocaciones experimentaron retornos positivos y las que mejor comportamiento tuvieron fueron las de mayor exposición a mercados bursátiles japoneses, españoles y europeos, con una subida del 4,4%, 3,3% y 2,5%, respectivamente.

Por lo que respecta a su comportamiento interanual, los fondos de inversión acumulan una rentabilidad media del 7,87%. Un porcentaje muy inferior al 51% logrado por los fondos de la categoría de renta variable internacional emergentes. A los que siguen los de renta variable internacional Japón, con un 50%, y los de renta variable nacional, que acumulan rentabilidades que superan el 33%. A un año ninguna categoría registra pérdidas. La menos rentable es la garantizados de rendimiento fijo, con un 1,05%.

La menor rentabilidad de los fondos respecto a los planes no disuade a los inversores de invertir en ellos. Las cuentas de partícipes de fondos de inversión a cierre de junio sumaron 19.041.915, un 6,8% más que las alcanzadas en diciembre de 2025, que sumaron 17.829.657.

La posibilidad de sostener el nivel de vida después de dejar de trabajar dejó de ser una preocupación exclusiva de quienes están cerca de la edad de retiro. Cada vez más trabajadores empiezan a preguntarse, desde etapas tempranas de su vida laboral, qué herramientas existen para construir un ingreso adicional al que otorga el sistema previsional.

La combinación de una expectativa de vida más extensa y un esquema jubilatorio que no garantiza un monto similar al ingreso de bolsillo actual lleva a repensar la manera en que se planifica el futuro económico.

La palabra que empieza a repetirse entre quienes se dedican al asesoramiento financiero es “anticipación”. No se trata únicamente de ahorrar, sino de entender que el momento en el que se empieza a hacerlo condiciona de manera directa el resultado final. Especialistas consultadas por Infobae coinciden en que la falta de planificación temprana es, hoy, uno de los principales obstáculos para llegar a la etapa de retiro con tranquilidad económica.

No se trata únicamente de ahorrar, sino de entender que el momento en el que se empieza a hacerlo condiciona de manera directa el resultado final

Mientras algunas voces ponen el foco en el hábito del ahorro como punto de partida, otras remarcan la necesidad de diseñar estrategias personalizadas y de revisar periódicamente el rumbo elegido. Lo que queda claro es que la construcción de un capital adicional para complementar la jubilación no depende de un único producto financiero, sino de un proceso que combina tiempo, constancia y asesoramiento.

El tiempo como el activo más valioso

María Laura Acosta, asesora especialista en finanzas, ahorro e inversiones, dijo a Infobae que buena parte de las personas actúa como si el retiro fuera un problema ajeno al presente.

“El mayor error es creer que la jubilación es un problema del ‘yo del futuro’. La mayoría empieza a preocuparse cuando faltan pocos años para retirarse, cuando en realidad el tiempo es el principal aliado cuando hablamos de construir un ahorro para el futuro”, destacó Acosta.

Noelia van Haaster, contadora pública, lo planteó en términos similares al resaltar que el activo más importante en materia financiera es justamente el que se pierde cuando se posterga la decisión de ahorrar. “El interés compuesto necesita años para trabajar a tu favor”, afirmó.

“Otro error muy frecuente es pensar que la jubilación del Estado va a alcanzar para mantener el nivel de vida actual. En Argentina eso hoy es una excepción, no la regla”, sostuvo Van Haaster.

Si el haber jubilatorio no alcanza para sostener el nivel de vida previo, la construcción de un ingreso complementario deja de ser una opción y pasa a ser, en los hechos, una necesidad.

Un error muy frecuente es pensar que la jubilación del Estado va a alcanzar para mantener el nivel de vida actual. En Argentina eso hoy es una excepción, no la regla (Van Haaster)

Andrea Brizuela, dijo a este medio: “El error más frecuente que cometen las personas cuando piensan en su jubilación desde el punto de vista financiero es no consultar con una persona idónea para determinar cuáles son las herramientas financieras más adecuadas para construir ese futuro, que inevitablemente va a llegar”.

Para Brizuela: “Armar un diseño financiero a largo plazo requiere una estrategia personalizada, en la que se deben tener en cuenta factores como la edad, la composición familiar, las metas y el dinero necesario para mantener el nivel de vida, entre otros”.

Acosta lo resumió de manera directa: “La respuesta es simple: cuanto antes, mejor. Idealmente, desde que una persona comienza a generar ingresos”.

Van Haaster utilizó una fórmula similar: “La mejor edad es cuando cobrás tu primer sueldo. Y la segunda mejor edad es hoy”.

Brizuela remarcó: “Las personas que ya no son tan jóvenes también deberían analizar su futura situación previsional. Existen muy buenas propuestas financieras para personas mayores de 50 años”.

Ahorrar sin necesidad de grandes sumas

“Existe una falsa creencia de que primero hay que tener altos ingresos para pensar en el retiro. En realidad, es exactamente lo contrario: las personas que logran construir patrimonio son las que desarrollan el hábito del ahorro, independientemente de cuánto ganan”, dijo María Laura Acosta.

Existe una falsa creencia de que primero hay que tener altos ingresos para pensar en el retiro. En realidad es exactamente lo contrario (Acosta)

Esa lógica se traduce en una recomendación práctica que se repite entre las tres consultadas: empezar con montos pequeños y sostenerlos en el tiempo, antes que esperar a contar con mayores ingresos para iniciar el proceso.

Noelia van Haaster fue clara: “No creo en esperar ‘a ganar más’ para empezar a ahorrar. Porque ese momento muchas veces nunca llega. Lo importante es construir el hábito”. Según ese planteo, no existe un piso obligatorio para arrancar, aunque sí una referencia orientativa: destinar entre un 5% y un 10% del ingreso mensual desde el inicio, para después ir ajustando ese porcentaje a medida que mejoran los ingresos.

Andrea Brizuela resaltó: “Tener poco margen de ahorro no es un impedimento para prever la economía de la adultez mayor. Incluso un ahorro pequeño puede gestionarse”.

La especialista puso el acento en un aspecto técnico que explica por qué los aportes modestos pueden derivar en un capital relevante con el paso de los años: el efecto del interés compuesto sobre aportes sostenidos en el tiempo, incluso cuando son de bajo monto.

En lugar de esperar a alcanzar determinado nivel de ingresos para recién entonces empezar a ahorrar, las especialistas plantean que es el propio hábito del ahorro sistemático el que, sostenido en el tiempo, termina generando la diferencia. La constancia aparece, en los tres testimonios, como una variable más determinante que el monto inicial destinado al ahorro.

Instrumentos disponibles para construir el capital

A la hora de definir qué herramientas utilizar, las especialistas coinciden en que no existe un producto único que funcione para todos los perfiles. La estrategia depende de la edad, la tolerancia al riesgo y los objetivos de cada ahorrista, y por eso el abanico de opciones suele combinar distintos instrumentos según la etapa de la vida en la que se encuentre cada persona.

Tener poco margen de ahorro no es un impedimento para prever la economía de la adultez mayor (Brizuela)

“Los seguros de retiro son una excelente opción para quienes quieren ahorrar de forma ordenada y constante pensando en el largo plazo. Obligan, de alguna manera, a generar el hábito del ahorro y ayudan a construir un capital que complemente la jubilación”, afirmó Acosta. Este tipo de productos suele ofrecer ventajas adicionales, como beneficios impositivos en determinados casos y la posibilidad de designar beneficiarios.

Van Haaster planteó: “Para horizontes largos, me gustan las carteras diversificadas que combinan renta fija y renta variable global, utilizando instrumentos como obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, bonos y activos vinculados a mercados internacionales según el perfil de riesgo”. La especialista también se refirió a los seguros de retiro: “Cumplen un rol muy importante para quienes buscan disciplina de ahorro, planificación sucesoria y beneficios impositivos”.

“La clave no es elegir ‘el producto de moda’, sino construir una cartera coherente con la edad, el horizonte de inversión, la tolerancia al riesgo y los objetivos personales”, sostuvo Van Haaster.

“Existe una gran diversidad de herramientas financieras para construir un complemento para la jubilación: en pesos, en dólares y con aportes mensuales, lo que hace que el proceso sea más llevadero y permita incorporar el verdadero concepto del ahorro sistemático”, contó Brizuela.

Cuánto ahorrar y cómo ajustar la estrategia

María Laura Acosta recomendó ahorrar entre 10% y 15% de los ingresos: “Si hoy ese porcentaje no es posible, eso no debería ser un motivo para no empezar. Es preferible ahorrar un monto menor de forma constante que esperar el momento perfecto, porque ese momento casi nunca llega”.

Noelia Van Haaster agregó: “Si la persona empieza más tarde, probablemente necesite ahorrar un porcentaje mayor para compensar el tiempo perdido”.

Andrea Brizuela destacó: “Las estrategias de largo plazo siempre deben revisarse anualmente para evaluar si es necesario realizar ajustes en el aporte”.

Acosta destacó: “Ya no se trata tanto de hacer crecer el capital, sino de cuidar todo el esfuerzo de tantos años y pensar cómo ese ahorro va a convertirse en un ingreso que ayude a mantener la calidad de vida”.

Van Haaster planteó una idea complementaria: “La planificación del retiro no consiste solamente en acumular dinero. Consiste en construir ingresos para el futuro que permitan mantener la mayor independencia financiera posible cuando deje de ingresar un sueldo”.

Brizuela aportó un dato adicional: “Cinco años antes de la fecha estimada de jubilación es recomendable evaluar si hace falta complementar el ahorro acumulado con otro tipo de inversiones vinculadas al mercado de capitales, como parte de un ajuste final antes de ingresar en la etapa de retiro efectivo”.

El progresivo envejecimiento de la población española y el aumento de la esperanza de vida obligan, según los expertos de Fedea, a replantear el modelo sobre el que se sustenta el Estado del bienestar y el sistema público de pensiones. La fundación considera que el debate ya no debe centrarse únicamente en cómo financiar las pensiones, sino en adaptar las instituciones a una realidad demográfica muy distinta a la que existía cuando se diseñó el sistema actual.

Así lo sostiene el estudio Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz, que advierte de que el principal desafío para preservar la sostenibilidad del modelo “no es económico, sino institucional”. El informe incide en que el envejecimiento está alterando el equilibrio entre generaciones y exige reformas que permitan distribuir de forma más equitativa los recursos públicos y las cargas del sistema.

Entre las principales propuestas destaca la implantación de una jubilación gradual que permita compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial. El objetivo es facilitar una transición progresiva entre la vida laboral y la jubilación definitiva, adaptando el sistema a carreras profesionales cada vez más largas y a una población con mayor esperanza de vida.

Adaptar las pensiones a una sociedad más longeva

El estudio argumenta que el incremento del número de personas mayores tiene un impacto directo sobre el gasto público. El aumento del desembolso en pensiones, sanidad y dependencia coincide con una reducción del peso de la población en edad de trabajar, lo que limita el crecimiento económico y dificulta la financiación futura del Estado del bienestar.

Para responder a este escenario, Fedea propone un conjunto de reformas que van más allá de las pensiones. Además de impulsar la jubilación gradual, plantea desarrollar plenamente la cobertura de la dependencia como un seguro colectivo y extender los planes de pensiones de empleo mediante sistemas de adhesión automática (auto-enrolment), una fórmula ya utilizada en otros países para fomentar el ahorro complementario.

La fundación también considera necesario reorientar parte del gasto público hacia políticas con mayor capacidad para impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Entre ellas cita la inversión en educación, investigación, innovación, infraestructuras estratégicas y programas dirigidos a combatir la pobreza infantil, ámbitos que, a su juicio, generan mayores retornos para las futuras generaciones.

El envejecimiento cambia el equilibrio económico

El informe ilustra el cambio demográfico con varios indicadores. Entre 1995 y 2024, el gasto vinculado al envejecimiento aumentó en 5,3 puntos del producto interior bruto (PIB), mientras que la inversión pública cayó del 4,4% al 2,7% del PIB. Para los autores, esta evolución refleja un desplazamiento progresivo de recursos hacia el gasto corriente en detrimento de inversiones con efectos sobre el crecimiento futuro.

A ello se suma el deterioro del llamado dividendo demográfico. Mientras entre 1980 y 1999 la estructura de la población aportó, de media, 0,44 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB per cápita, entre 2000 y 2019 pasó a restar 0,19 puntos. Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan, además, a que esta contribución seguirá siendo negativa durante las próximas décadas.

Según Fedea, esta realidad obliga a introducir una perspectiva intergeneracional en el diseño de las políticas públicas para evitar que el creciente peso del envejecimiento limite las oportunidades económicas de los jóvenes y comprometa la sostenibilidad financiera del sistema.

Reformas más allá de las pensiones

El documento incorpora también propuestas de carácter institucional. Entre ellas figura rebajar la edad de voto hasta los 16 años con el objetivo de aumentar el peso político de las generaciones más jóvenes, crear organismos encargados de velar por los intereses del largo plazo y exigir que las nuevas normas incluyan memorias de impacto intergeneracional que evalúen sus efectos futuros.

En el ámbito fiscal, Fedea plantea reforzar la disciplina presupuestaria mediante la aplicación efectiva de la prohibición del déficit estructural prevista en el artículo 135 de la Constitución. Además, propone una regla de equilibrio según la cual cada euro adicional destinado a políticas orientadas a las personas mayores vaya acompañado de otro euro de inversión en actuaciones dirigidas a las generaciones futuras, sin recurrir a un mayor endeudamiento.

Con estas medidas, la fundación defiende un cambio de enfoque que sitúe la demografía en el centro de las decisiones económicas. El informe concluye que el envejecimiento no constituye únicamente un desafío financiero, sino una transformación estructural que exige adaptar las instituciones para preservar la sostenibilidad del Estado del bienestar y mantener el equilibrio entre generaciones.

Cada vez más personas buscan alcanzar la independencia financiera antes de los 60 o 65 años, edad en la que normalmente se accede a una pensión por jubilación en México.

Bajo esa idea nació el movimiento FIRE, siglas de Financial Independence, Retire Early (Independencia Financiera, Retiro Temprano), una estrategia que plantea ahorrar e invertir una parte muy importante de los ingresos durante los años de mayor productividad para vivir posteriormente de los rendimientos del patrimonio acumulado.

A diferencia de lo que muchas personas creen, jubilarse a los 40 años mediante el método FIRE no significa acceder de forma anticipada a una pensión del IMSS o del ISSSTE. Se trata de un esquema completamente privado, financiado con recursos propios y basado en la disciplina financiera.

El objetivo consiste en reunir un capital suficiente para que las inversiones generen ingresos capaces de cubrir todos los gastos personales sin depender de un salario.

¿Cómo se calcula cuánto dinero necesitas?

El método FIRE se basa en dos reglas matemáticas ampliamente utilizadas por quienes siguen esta filosofía.

La primera es la Regla del 25, que consiste en multiplicar los gastos anuales estimados por 25 para conocer el patrimonio que se necesita acumular.

Por ejemplo, si una persona calcula que requiere 30 mil pesos mensuales para mantener su estilo de vida, necesitaría aproximadamente 360 mil pesos al año. Bajo esta fórmula, su objetivo sería reunir alrededor de 9 millones de pesos invertidos.

La segunda es la conocida Regla del 4%, que establece que, una vez alcanzado ese patrimonio, es posible retirar cada año alrededor del 4% del portafolio para cubrir los gastos, mientras el resto continúa invertido y genera rendimientos que compensen la inflación y permitan conservar el capital en el largo plazo.

La clave está en ahorrar entre el 50% y el 70% de los ingresos

Para alcanzar esa meta antes de los 40 años, los seguidores del movimiento FIRE suelen mantener una tasa de ahorro muy superior a la del promedio.

La estrategia consiste en destinar entre 50% y 70% de los ingresos netos al ahorro y la inversión, lo que obliga a reducir significativamente los gastos cotidianos.

Entre las medidas más comunes se encuentran preparar los alimentos en casa, limitar gastos de entretenimiento, disminuir el uso del automóvil, compartir vivienda para reducir el costo de la renta y evitar compras innecesarias.

El propósito es incrementar al máximo la capacidad de inversión durante los años laborales para acelerar la acumulación de patrimonio.

¿Dónde invierten quienes siguen el método FIRE en México?

En el contexto mexicano, el patrimonio suele distribuirse entre distintos instrumentos con el objetivo de obtener crecimiento y reducir riesgos.

Una parte suele destinarse a instrumentos de renta fija como Cetes o productos ofrecidos por SOFIPOS, que permiten mantener liquidez y proteger parte del capital cuando las tasas de interés son atractivas.

Para el crecimiento de largo plazo, muchos inversionistas recurren a acciones y fondos cotizados (ETF) que replican índices bursátiles internacionales, como el S&P 500, a través de casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Asimismo, los bienes raíces continúan siendo una alternativa frecuente para generar ingresos mediante rentas o plataformas de inversión inmobiliaria colectiva.

La combinación de estos activos busca construir un portafolio diversificado que permita enfrentar distintos escenarios económicos.

Los principales retos para aplicar FIRE en México

Aunque la filosofía FIRE ha ganado popularidad en diversos países, llevarla a la práctica en México implica enfrentar desafíos importantes.

Uno de los principales es la atención médica. Al dejar un empleo formal también se pierde el acceso al IMSS como trabajador activo, por lo que resulta indispensable contemplar el costo de un Seguro de Gastos Médicos Mayores, cuyo precio suele incrementarse conforme avanza la edad.

Otro desafío es la inflación, que en México puede presentar periodos de mayor volatilidad. Por ello, especialistas consideran recomendable contar con un portafolio diversificado, incluso con inversiones denominadas en dólares o instrumentos indexados a la inflación, para proteger el poder adquisitivo.

También debe considerarse el aspecto fiscal. A diferencia de un Plan Personal de Retiro (PPR), que ofrece beneficios fiscales y está diseñado para el retiro tradicional, quienes viven de sus inversiones antes de los 65 años deberán pagar los impuestos correspondientes sobre intereses o ganancias de capital conforme a la legislación vigente.

¿Se puede jubilar a los 40 años en México?

Desde el punto de vista legal, la respuesta es no si se habla de una pensión pública. En México, la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada del IMSS puede solicitarse a partir de los 60 años, mientras que la Pensión por Vejez se obtiene, en términos generales, a los 65 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. En el caso del ISSSTE, la edad de retiro depende del régimen de cotización correspondiente.

Sin embargo, el método FIRE plantea una alternativa distinta: dejar de trabajar gracias a un patrimonio construido mediante ahorro e inversión, sin depender de los sistemas públicos de pensiones.

Millones de personas en Estados Unidos dependen mes a mes de los pagos que otorga la Administración del Seguro Social (SSA), ya sea por jubilación, discapacidad o ingresos suplementarios. El acceso continuo a estos beneficios es un asunto que afecta de manera directa la economía familiar de quienes han dedicado años de trabajo o requieren apoyo por condiciones particulares. Sin embargo, la permanencia de estos pagos no está garantizada de manera automática, sino que está sujeta al cumplimiento de ciertos procedimientos fijados por la propia SSA.

El organismo federal exige a los beneficiarios que atiendan de forma puntual las notificaciones y cumplan con una serie de revisiones periódicas. El propósito de estas revisiones es confirmar que la persona sigue cumpliendo con los requisitos legales para la recepción de prestaciones. La falta de respuesta o la omisión en la entrega de documentación solicitada puede derivar en consecuencias severas para el titular de la prestación: la suspensión de los pagos y, en última instancia, la pérdida definitiva de los beneficios.

La SSA realiza controles regulares para asegurar que los recursos públicos destinados a estos programas lleguen solamente a quienes reúnen las condiciones establecidas por la ley. Por ello, responder a tiempo cada requerimiento y presentar la información necesaria se vuelve indispensable para quienes dependen de estos ingresos. La omisión de este paso puede traducirse en la interrupción de la ayuda económica fundamental para millones de hogares en el país.

La continuidad de los pagos y beneficios de la SSA está condicionada a que el beneficiario cumpla con las revisiones y notificaciones oficiales. Si el titular ignora o posterga este trámite, corre el riesgo de que su caso sea cerrado y suspendido el acceso a los fondos.

Tipos de revisiones obligatorias realizadas por la SSA

El funcionamiento habitual de la Administración del Seguro Social contempla la realización de diferentes tipos de revisiones para verificar que los beneficiarios de sus programas siguen siendo elegibles. Entre las principales revisiones obligatorias figuran las administrativas de expedientes, que consisten en la actualización y verificación de los datos personales y laborales aportados por el titular.

Otra revisión fundamental es la denominada Continuing Disability Review (CDR), dirigida a quienes perciben beneficios por discapacidad. En este caso, la SSA comprueba periódicamente que la condición médica que dio origen al beneficio subsiste y, por tanto, que el beneficiario sigue cumpliendo con los criterios para recibir la prestación.

Para quienes se encuentran en el programa de Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI), la revisión se centra en la verificación de ingresos y recursos. La SSA revisa que los niveles de ingresos y patrimonio del beneficiario no superen los límites establecidos por la normativa, ya que esto podría modificar su derecho a percibir el beneficio.

Además, la SSA puede exigir la actualización de información personal o laboral en cualquier momento. Esto incluye, por ejemplo, cambios de domicilio, estado civil, situación laboral o cualquier dato relevante que pueda afectar la elegibilidad del beneficiario.

Todas estas revisiones forman parte del mecanismo de control del organismo y buscan asegurar que los fondos públicos sean asignados correctamente. El cumplimiento de estos procedimientos es obligatorio para todos los titulares, sin excepción.

Un punto crítico es que el tipo de revisión depende del programa en el que se encuentre inscripto el beneficiario, así como de su situación personal y familiar. Cada caso es evaluado de manera individual, y la periodicidad de los controles puede variar según el tipo de prestación y la información disponible en el expediente.

Proceso de suspensión temporal de pagos por incumplimiento

Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo fijado en la notificación oficial. Si la persona no atiende este requerimiento, el organismo puede proceder a la suspensión temporal de los pagos. Esta decisión tiene como objetivo incentivar al titular a regularizar su situación y cumplir con las obligaciones administrativas.

Durante este periodo, la SSA mantiene abierto el expediente y continúa enviando comunicaciones al beneficiario. En estas notificaciones, la entidad detalla los pasos que deben seguirse para resolver el incumplimiento y restablecer el acceso a los pagos. La suspensión temporal no implica la pérdida definitiva del derecho a la prestación, pero sí constituye una advertencia seria sobre la importancia de cumplir con los procedimientos exigidos.

La aplicación de la suspensión es una medida preventiva que busca evitar la erogación indebida de fondos públicos en casos donde no se ha confirmado la elegibilidad del beneficiario. Solo aquellas personas que regularizan su situación en el tiempo estipulado pueden recuperar el acceso a los pagos y mantener la prestación activa.

Plazo y procedimiento para regularizar la situación antes de la suspensión definitiva

Tras la suspensión de los pagos, la SSA otorga un plazo máximo de 12 meses para que el beneficiario regularice su situación. Durante este periodo, la persona puede comunicarse con su oficina local, presentar la documentación pendiente, completar la revisión solicitada o justificar el motivo por el cual no respondió oportunamente. Es fundamental actuar dentro de este margen temporal para evitar el cierre definitivo del expediente.

Si el beneficiario no realiza ningún contacto ni aporta la información requerida en ese lapso, la SSA procederá a cerrar el caso de acuerdo con sus procedimientos administrativos. El cierre implica la pérdida permanente de los pagos y beneficios que la persona recibía hasta ese momento.

Este mecanismo busca dar una última oportunidad a quienes, por diversos motivos, no respondieron a tiempo. La SSA ofrece canales de contacto y asistencia para facilitar el cumplimiento de los requisitos, pero la responsabilidad de regularizar la situación recae exclusivamente en el beneficiario.

La única manera de evitar la suspensión definitiva es cumplir con las obligaciones dentro del plazo ofrecido. Una vez cerrado el caso, el acceso a los fondos se pierde de manera irreversible, lo que subraya la importancia de atender todas las notificaciones y revisiones del organismo.

A partir del 1 de enero de 2027, jubilarse será un poco más difícil para miles de trabajadores. El próximo año culminará el calendario de la reforma de las pensiones iniciado hace más de una década con un nuevo endurecimiento de las condiciones de acceso al retiro: aumentará la edad legal de jubilación, se exigirán más años de cotización para cobrar el 100% de la pensión y continuará cambiando la fórmula con la que la Seguridad Social calcula la prestación.

El año que viene se subirá el último escalón del calendario fijado hace más de una década por la reforma de las pensiones de 2011, señalas desde BBVA. Tras años de incrementos progresivos, 2027 marcará el punto de llegada del proceso: la edad ordinaria de jubilación quedará definitivamente fijada en los 67 años para quienes no hayan cotizado lo suficiente y en 65 años para quienes acrediten una larga carrera laboral.

Los cambios afectarán a miles de trabajadores que están ultimando sus planes de retiro y obligarán a revisar con detalle cuándo conviene jubilarse y cuál será finalmente la pensión que percibirán. Porque no solo cambia la edad de acceso: también se endurecen las condiciones para alcanzar el 100% de la base reguladora y continúa modificándose la fórmula con la que se calcula la prestación.

Una nueva edad para jubilarse

El cambio más visible será el retraso definitivo de la edad legal de jubilación. Desde enero de 2027, quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses deberán esperar hasta cumplir los 67 años para retirarse. Solo podrán seguir jubilándose a los 65 años quienes acrediten al menos esos 38 años y medio de cotización.

En la práctica supone un nuevo incremento respecto a 2026, cuando la edad ordinaria es de 66 años y diez meses para quienes no alcanzan los 38 años y tres meses cotizados.

Este cambio también arrastra al resto de modalidades de jubilación. Las edades mínimas para acceder a la jubilación anticipada o a la jubilación parcial también aumentan automáticamente al depender de la edad ordinaria.

Más años cotizados para cobrar toda la pensión

La segunda gran modificación afecta al porcentaje de pensión que corresponde a cada trabajador en función de su carrera laboral. Hasta finales de 2026 bastará con acreditar 36 años y seis meses de cotización para cobrar el 100% de la base reguladora. A partir de enero de 2027 ese umbral aumentará hasta los 37 años completos.

Quienes no alcancen esa cifra seguirán teniendo derecho a una pensión, pero el porcentaje aplicado será inferior. Con el mínimo de 15 años cotizados continuará correspondiendo el 50% de la base reguladora y, a partir de ahí, el porcentaje irá aumentando de forma gradual conforme se acumulen más años de cotización.

Así, por ejemplo, un trabajador con 30 años cotizados tendrá derecho al 84,2% de la base reguladora; con 35 años alcanzará el 95,6%, mientras que únicamente quienes lleguen a los 37 años cobrarán el 100%.

Cambia el cálculo de la pensión

La cuantía final de la pensión tampoco dependerá únicamente de los años trabajados. Desde 2026 está en marcha un sistema transitorio que modifica progresivamente el período de cotización utilizado para calcular la base reguladora.

En 2027 continuará ampliándose esa ventana de cálculo. La Seguridad Social comparará dos fórmulas distintas y aplicará automáticamente la más favorable para cada nuevo pensionista.

Por un lado, seguirá existiendo el sistema tradicional, basado en las cotizaciones de los últimos 25 años. Por otro, se utilizará una fórmula alternativa que, para quienes se jubilen en 2027, tendrá en cuenta las 304 mejores bases de cotización dentro de los 308 meses inmediatamente anteriores al retiro.

El objetivo de este modelo es evitar que una pérdida de ingresos al final de la vida laboral penalice de forma excesiva la pensión, especialmente en carreras profesionales con etapas de desempleo o salarios más bajos en los últimos años.

La reforma seguirá desarrollándose de forma gradual hasta 2044, cuando el cálculo se realizará únicamente con los 27 mejores años cotizados dentro de los últimos 29 años de vida laboral.

La jubilación anticipada también se retrasa

Las nuevas edades afectan igualmente a quienes quieran abandonar el mercado laboral antes de tiempo. En la jubilación anticipada voluntaria, la edad mínima será de 65 años para quienes no alcancen los 38 años y medio cotizados y de 63 años para quienes sí superen ese período.

En el caso de la jubilación anticipada por causas involuntarias, como un despido, podrá accederse desde los 63 años si no se alcanza el período de cotización exigido o desde los 61 años cuando sí se acrediten al menos 38 años y seis meses de cotización.

También se retrasará la edad mínima para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo, que quedará fijada en 64 o 62 años, según la carrera de cotización del trabajador.

Una decisión que exigirá hacer números

Aunque los cambios ya estaban previstos desde hace años, su entrada en vigor puede alterar la planificación de quienes tenían previsto jubilarse en 2027.

La cuantía definitiva de la pensión seguirá dependiendo de numerosos factores: los años cotizados, las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral, la posible jubilación anticipada o demorada y la aplicación de los coeficientes reductores o incentivos previstos por la Seguridad Social.

Además, el importe final seguirá sujeto a los límites de pensión máxima y, en determinados casos, podrá complementarse hasta alcanzar la pensión mínima si se cumplen los requisitos establecidos.

Con el calendario de la reforma ya prácticamente completado, 2027 marcará un antes y un después para quienes entren en el sistema de pensiones. La jubilación llegará más tarde para una parte de los trabajadores y exigirá carreras laborales más largas para acceder a la prestación íntegra, consolidando un modelo que busca adaptar el sistema al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida.

El saldo promedio de un trabajador mexicano de entre 60 y 64 años en su cuenta de Afore es de $530,000 pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) al cierre de 2025. Aplicando la regla internacional del 4% de retiro sostenible, esa cantidad alcanza para vivir con $1,767 mensuales durante 25 años, una cifra que contrasta con el costo real de vida en el país.

Cumplir 60 años no es suficiente, por sí solo, para acceder a los recursos acumulados. La disponibilidad del ahorro depende del motivo del trámite, del instituto de seguridad social en que se cotizó y del número de semanas registradas.

Edad y semanas: las dos llaves del retiro

Para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97), existen dos edades mínimas de retiro. La cesantía en edad avanzada aplica desde los 60 años, siempre que el trabajador no tenga empleo remunerado. La pensión por vejez requiere haber cumplido 65.

En ambos casos, la edad debe ir acompañada del mínimo de semanas cotizadas, que en 2026 es de 875 semanas y sube 25 cada año hasta llegar a 1,000 en 2031. Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 —bajo la Ley 73— mantienen el requisito fijo de 500 semanas.

Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) operan bajo reglas distintas según el régimen que eligieron en 2007.

Quienes permanecieron en el esquema del Artículo Décimo Transitorio pueden jubilarse con el 100% de su último sueldo si tienen al menos 58 años y 30 años de servicio (hombres) o 56 años y 28 de servicio (mujeres), con la salvedad de que esa edad mínima sube un año cada dos años. Quienes migraron al régimen de Cuentas Individuales administradas por PENSIONISSSTE necesitan 25 años cotizados y tener entre 60 y 65 años.

Qué ocurre si no se alcanzan las semanas mínimas

Cuando un trabajador no acumula las 875 semanas exigidas en 2026, el sistema puede emitir una negativa de pensión. En ese caso, el saldo completo de la cuenta individual se entrega en una sola exhibición, sin que el trabajador reciba una pensión mensual.

Antes de llegar a ese punto, la normativa ofrece alternativas. Una es continuar cotizando ante un patrón para completar las semanas faltantes. Otra es inscribirse en la Modalidad 40, que permite hacerlo de forma voluntaria sobre hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y puede multiplicar el monto final de la pensión entre tres y cinco veces, según análisis financieros del sector. Esta opción aplica exclusivamente para trabajadores bajo la Ley 73.

Renta vitalicia o retiro programado: la decisión más importante al jubilarse

Los trabajadores bajo la Ley 97 que sí cumplen los requisitos deben elegir entre dos modalidades para cobrar su pensión. Es la decisión financiera más determinante de la etapa de retiro y no tiene vuelta atrás en el caso de la primera opción.

La renta vitalicia es un contrato con una aseguradora autorizada por el IMSS. El trabajador transfiere la totalidad de su saldo y recibe a cambio un pago mensual fijo de por vida, actualizado cada febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La principal desventaja: si el pensionado fallece sin beneficiarios con derecho a pensión por viudez u orfandad, el remanente queda en poder de la aseguradora y no es heredable.

El retiro programado mantiene el saldo dentro de la Afore, que lo administra y calcula un pago mensual revisable cada año según los rendimientos del mercado y la esperanza de vida actuarial.

El monto inicial suele ser mayor que en la renta vitalicia, y el saldo no utilizado puede heredarse. El riesgo central es el agotamiento: si el pensionado supera la esperanza de vida proyectada y el saldo se acaba, pasa a cobrar la Pensión Mínima Garantizada, que en 2026 equivale a $9,451.20 mensuales para trabajadores del ISSSTE en Cuentas Individuales, y varía entre $3,540.56 y $11,128.01 para afiliados al IMSS según edad, semanas y salario promedio.

Los asesores financieros recomiendan la renta vitalicia para quienes priorizan la certeza de un ingreso estable, y el retiro programado para quienes valoran la liquidez, la herencia del remanente y están dispuestos a asumir la variabilidad del mercado.

La SIEFORE Básica de Pensiones: el fondo donde está el dinero cerca del retiro

Los trabajadores mayores de 60 años próximos a realizar un retiro total por pensión o negativa de pensión quedan asignados a la SIEFORE Básica de Pensiones (SB0), un fondo con criterios de inversión conservadores diseñado para proteger el ahorro de la volatilidad de los mercados financieros.

Al cierre de diciembre de 2025, los rendimientos netos de la SB0 por administradora fueron los siguientes, según la Consar: Azteca, 7.37%; Coppel, 7.31%; PensionISSSTE, 7.21%; Inbursa, 7.18%; Invercap, 7.07%; Sura, 6.87%; XXI-Banorte, 6.82%; Principal, 6.65%; Profuturo, 6.56%; Banamex, 6.15%.

La tasa real esperada de la SB0 ronda el 6.3% nominal, equivalente a 2.3% real después de inflación, de acuerdo con análisis del sector.

La brecha entre lo ahorrado y lo que se necesita

Para vivir con un gasto mensual de $20,000 pesos —considerado el umbral de retiro digno mínimo con vivienda propia— se requiere un capital acumulado de al menos $6 millones de pesos, según proyecciones financieras con tasa real del 4% y un horizonte de 20 años. Para un nivel cómodo de $30,000 mensuales, la cifra sube a $9 millones; para $50,000 mensuales, a $15 millones.

Frente a ese panorama, la Consar y analistas del sector identifican tres mecanismos concretos para elevar el monto final de la pensión. El primero son las aportaciones voluntarias a la Afore, deducibles de ISR conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), lo que eleva el rendimiento real entre 1.7 y 3.5 puntos porcentuales según la tasa marginal del contribuyente. El segundo, exclusivo del ISSSTE en Cuentas Individuales, es el Ahorro Solidario: por cada peso que el trabajador aporta (1% o 2% de su sueldo), la dependencia gubernamental deposita $3.25, hasta el 6.5% del sueldo. El tercero aplica a ambos regímenes: retrasar el retiro de los 60 a los 65 años, lo que amplía el periodo de acumulación y eleva el porcentaje aplicable sobre la base de cálculo de la pensión.

El BBVA Research señala que “las aportaciones obligatorias resultan insuficientes para mantener el nivel de vida tras el retiro” y recomienda complementar con ahorro voluntario de entre 10% y 20% del ingreso mensual desde el inicio de la vida laboral.

El Gobierno ha decidido reforzar uno de los programas más demandados por las personas mayores. El Consejo de Ministros autorizó este martes la contratación de los servicios de reserva y gestión de plazas del Programa de Termalismo del Imserso para las temporadas de 2027 y 2028, con la posibilidad de prorrogar el contrato un año más, hasta 2029.

La decisión supone una ampliación significativa de la oferta. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pondrá a disposición de los pensionistas 399.584 plazas durante los dos próximos ejercicios, lo que equivale a 199.792 plazas por temporada.

El incremento responde a la creciente demanda registrada en los últimos años y permitirá ofertar 9.000 plazas más cada año respecto a las campañas anteriores, consolidando un programa que se ha convertido en uno de los pilares del envejecimiento activo en España.

Una demanda que no deja de crecer

La ampliación llega después de que el Programa de Termalismo registrara cifras históricas de participación. Durante la última campaña completa, correspondiente a 2025, la ocupación alcanzó el 93,55%, un porcentaje que refleja el elevado interés de los pensionistas por acceder a estos tratamientos.

En total, el Imserso recibió más de 250.000 solicitudes, muy por encima de las plazas disponibles, mientras que las estancias generaron 1.635.318 pernoctaciones en los distintos balnearios adheridos al programa. Estos datos han llevado al Ejecutivo a reforzar la oferta con el objetivo de reducir las listas de espera y facilitar el acceso a un mayor número de beneficiarios.

El Programa de Termalismo permite a los pensionistas disfrutar de tratamientos terapéuticos con aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública a precios subvencionados, combinando atención sanitaria, descanso y actividades de ocio.

Más de 72 millones de inversión pública

El aumento de plazas irá acompañado de un importante esfuerzo económico por parte de la Administración. El Ministerio de Derechos Sociales prevé destinar 72,3 millones de euros para financiar las campañas de 2027 y 2028, una inversión que se complementará con la aportación económica realizada por los propios usuarios.

La financiación pública cubre buena parte del coste de los tratamientos y de la estancia, permitiendo que miles de personas mayores puedan acceder a servicios que, fuera del programa, resultarían mucho más costosos.

Un impulso económico para el medio rural

Desde el departamento que dirige el programa destacan que esta inversión no solo persigue mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores, sino también dinamizar la economía de numerosos municipios donde se ubican los establecimientos termales.

Muchos de los balnearios participantes están situados en pequeñas localidades o zonas rurales donde el turismo termal representa una actividad económica fundamental. Según las estimaciones del Imserso, la nueva programación para 2027 y 2028, junto con la posible prórroga para 2029, podría generar un impacto económico superior a 433 millones de euros.

Ese volumen de actividad beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y servicios locales, además de contribuir al mantenimiento de miles de puestos de trabajo en territorios especialmente afectados por la despoblación.

Para facilitar la adaptación del programa a la demanda, el Gobierno también permitirá que durante su ejecución puedan incorporarse nuevos establecimientos termales o redistribuirse las plazas disponibles entre los distintos balnearios.

Más de tres décadas promoviendo el envejecimiento activo

El Programa de Termalismo nació en 1989 con una finalidad que va mucho más allá del ocio. Su objetivo principal consiste en favorecer el envejecimiento activo mediante tratamientos orientados a prevenir o aliviar distintas dolencias, mejorar la movilidad y fomentar hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

Con el paso de los años, el programa ha evolucionado hasta convertirse en una de las iniciativas sociales con mayor aceptación entre los pensionistas españoles. El acceso a tratamientos termales con aguas mineromedicinales permite mejorar patologías relacionadas con el aparato locomotor, enfermedades reumáticas o problemas respiratorios, siempre bajo supervisión médica.

Un programa que también combate la soledad

Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan que el Programa de Termalismo desempeña también una importante función social. Las estancias en los balnearios favorecen la convivencia entre personas mayores procedentes de distintos puntos del país y ayudan a combatir uno de los problemas que más preocupa a las administraciones: la soledad no deseada.

Durante varias semanas, los participantes comparten actividades, excursiones y espacios comunes, creando vínculos personales que en muchos casos perduran una vez finalizada la estancia.

El programa también fomenta la movilidad entre comunidades autónomas y fortalece la cohesión territorial, al facilitar que miles de pensionistas viajen a destinos diferentes de su lugar de residencia.

Las cotizaciones a la Seguridad Social constituyen el principal pilar de financiación del sistema público de pensiones en España. Sin embargo, desde hace años esos ingresos no bastan para cubrir el conjunto del gasto y el Estado complementa las cuentas de la Seguridad Social mediante transferencias presupuestarias que permiten sostener tanto las prestaciones contributivas como otros gastos asociados al sistema.

¿Qué ocurriría si esas aportaciones desaparecieran y las pensiones tuvieran que financiarse exclusivamente con las cotizaciones de trabajadores y empresas? Un ejercicio teórico realizado por el Instituto BBVA de Pensiones permite aproximar la magnitud del esfuerzo que sería necesario para alcanzar ese objetivo: el tipo de cotización por contingencias comunes debería elevarse desde el 28,3% actual hasta situarse en torno al 42%, sin contar otras cotizaciones adicionales.

Este porcentaje muestra el desequilibrio existente entre los ingresos que genera el sistema y el gasto que afronta. Las cifras muestran hasta qué punto la financiación de las pensiones depende actualmente de recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

Según un documento publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en enero de 2026, elaborado con datos de 2024 y 2025, el sistema presenta un déficit contributivo estructural equivalente al 1,91% del PIB. Es decir, las cotizaciones sociales no alcanzan para financiar las pensiones contributivas y existe una diferencia cercana a dos puntos del producto interior bruto entre ingresos y gastos.

Un déficit que va más allá de las pensiones contributivas

Ese desfase no representa el conjunto de las necesidades financieras de la Seguridad Social. A él deben añadirse otros gastos que actualmente financia el Estado, como las pensiones no contributivas, los complementos para garantizar las pensiones mínimas o el régimen de clases pasivas.

Si se incorpora ese conjunto de partidas, las necesidades de financiación del sistema se aproximan al 4% del PIB, según las estimaciones utilizadas en el ejercicio. Esa diferencia explica el creciente recurso a las transferencias estatales durante los últimos años.

Las cuentas de 2025 reflejan esa situación. Los ingresos por cotizaciones alcanzaron un máximo histórico de 176.918 millones de euros, un 6,9% más que el año anterior. Sin embargo, el gasto en pensiones contributivas ascendió hasta los 182.526 millones, un incremento del 5,7%, obligando a reforzar la financiación mediante transferencias públicas.

Estas aportaciones del Estado alcanzaron los 52.990 millones de euros en 2025, un 10,1% más que un año antes, consolidándose como una pieza estructural del modelo de financiación del sistema.

El envejecimiento aumenta la presión sobre las cuentas

Detrás de ese desequilibrio confluyen varios factores demográficos y económicos. El principal es el envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida y la llegada progresiva a la jubilación de la generación del ‘baby boom’ incrementan el número de pensionistas mientras disminuye la proporción de trabajadores en activo que sostienen el sistema mediante sus cotizaciones.

A ello se suma la persistente baja natalidad registrada durante las últimas décadas, que reducirá el número de cotizantes en el futuro y estrechará aún más la relación entre afiliados y pensionistas.

El informe también pone el foco sobre el denominado Factor de Equidad Actuarial, un indicador que compara las cotizaciones realizadas durante la vida laboral con las prestaciones que posteriormente se reciben.

Según el Instituto de Actuarios Españoles, ese factor se sitúa actualmente en 1,62, lo que significa que, en promedio, los pensionistas perciben un 62% más de lo que aportaron mediante cotizaciones a lo largo de su carrera profesional. Para que existiera un equilibrio actuarial perfecto sería necesario que la economía española creciera de forma sostenida un 3,2% anual, un escenario muy alejado de las previsiones actuales.

Las reformas aumentan los ingresos, pero no eliminan el desequilibrio

Las reformas aprobadas en 2021 y 2023 introdujeron el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social con el objetivo de afrontar el incremento del gasto derivado de las jubilaciones del ‘baby boom’. Este recargo alcanzará el 1,2% en 2029 y no genera derechos adicionales para quienes lo pagan. Su finalidad consiste exclusivamente en aportar recursos extraordinarios al sistema.

La legislación incorpora además una cláusula de revisión que obligará a adoptar nuevas medidas si las previsiones de gasto en pensiones para 2050 superan los niveles estimados por la Comisión Europea. En ese supuesto podrían aprobarse nuevas subidas de cotizaciones, buscarse otras fuentes de ingresos o adoptarse medidas para contener el gasto.

Pese a ello, distintos organismos consideran que el incremento de ingresos derivado del MEI resulta insuficiente para cerrar la brecha financiera existente.

Cotizaciones por encima del 42% en un escenario de autofinanciación

El ejercicio teórico plantea cuál sería el incremento necesario para que las pensiones se financiaran exclusivamente mediante cotizaciones sociales.

Tomando como referencia el déficit contributivo, el tipo por contingencias comunes debería elevarse hasta situarse por encima del 40%. En la práctica, ello supondría incrementar aproximadamente un 14% el tipo actual de cotización, aunque la cifra final dependería de la evolución de la masa salarial, del empleo y de las decisiones sobre el reparto del esfuerzo entre empresas y trabajadores.

Un aumento de esta magnitud tendría consecuencias relevantes sobre el mercado laboral. Una parte del incremento recaería sobre las empresas, elevando los costes laborales y reduciendo la competitividad. Otra parte correspondería a los trabajadores, que verían disminuir su salario disponible como consecuencia del aumento de las cotizaciones.

Los autónomos soportarían el mayor esfuerzo

El impacto sería aún más significativo para los trabajadores autónomos. Además de afrontar una eventual subida de los tipos de cotización, deberían continuar adaptándose al nuevo sistema basado en ingresos reales, que prevé un incremento progresivo de las bases mínimas hasta aproximarlas a los rendimientos netos efectivos.

Para muchos profesionales por cuenta propia, especialmente aquellos que todavía cotizan por bases reducidas dentro de los periodos transitorios previstos hasta 2032, el esfuerzo sería doble: mayores porcentajes de cotización y bases de cálculo más elevadas.

Según este ejercicio, esa combinación provocaría que el incremento de la carga contributiva fuera proporcionalmente superior al soportado por los trabajadores asalariados.

Las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que las necesidades de financiación volverán a aumentar a partir de la próxima década como consecuencia del envejecimiento de la población y del crecimiento del gasto en pensiones, que podría alcanzar el 16,4% del PIB en 2050. En ese escenario, el papel de las transferencias del Estado seguirá siendo determinante salvo que se adopten nuevas medidas para aumentar los ingresos, contener el gasto o combinar ambas estrategias.

El IMSS y el ISSSTE ofrecen, de forma gratuita o a precios muy bajos, una cartera de actividades culturales, deportivas y recreativas que la mayoría de los pensionados abandona al momento del retiro sin saber que el derecho sigue vigente.

Jubilados y personas con discapacidad afiliadas al IMSS tienen descuento del 50% en las inscripciones a estas actividades. Quienes ya reciben pensión quedan exentos de pago en varios de los programas.

Qué actividades ofrece el IMSS

A través de sus Centros de Seguridad Social (CSS) y Unidades Deportivas distribuidas en todo el país, el IMSS imparte disciplinas como natación, fútbol, básquetbol y danza folclórica, además de talleres de música, cocina, panadería, corte y confección, y estilismo.

Para adultos mayores de 50 años existe, entre las novedades de 2026, el programa Fútbol Sin Correr, una modalidad adaptada que se incorporó en el marco de la Semana Nacional de Prestaciones Sociales. También opera el Fútbol T21, dirigido a personas con trisomía 21.

El Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM) y el Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) son dos espacios especializados del IMSS que pocas personas conocen. El primero ofrece atención integral al envejecimiento activo; el segundo, capacitación técnica para quienes buscan mantenerse activos o generar ingresos tras el retiro.

Actualmente, más de 58 mil personas participan en las actividades de las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales del IMSS solo en la Ciudad de México Norte, según informó José Antonio González Lozada, encargado del Departamento de Prestaciones Sociales de esa representación.

Cursos en línea y presenciales para capacitación

El IMSS también ofrece cursos de capacitación para el trabajo, tanto presenciales como en línea, a través de las plataformas CLIMSS y EDUTK. Las opciones incluyen panadería, repostería, carpintería, telemarketing, estilismo y corte y confección, entre otras disciplinas.

El doctor Luis Miguel Hernández Flores, titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, indicó que estos programas buscan “promover hábitos saludables, el desarrollo de habilidades y la integración comunitaria a través de espacios accesibles en el territorio nacional”.

Lo que ofrece el ISSSTE: desde Tai Chi hasta viajes

El Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del ISSSTE opera en todas las delegaciones del país con una oferta que incluye talleres de manualidades, coro, danza folclórica, Tai Chi, bordado, pintura, dibujo, huertos urbanos y cine club. También organiza pláticas de prevención y viajes de convivencia conocidos como “Viajes Convive”.

En cada delegación estatal funciona un Centro Cultural y Biblioteca ISSSTE con instalaciones y personal capacitado para el desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas. Estos espacios están abiertos a jubilados, pensionados, trabajadores activos y sus familias.

Para el descanso y el turismo, el ISSSTE cuenta con TURISSSTE, su programa de viajes a precios subsidiados. Los paquetes incluyen recorridos a Ciudades Patrimonio como Guanajuato, Querétaro y Zacatecas; Pueblos Mágicos como Tlalpujahua y Valle de Bravo; rutas de playa, y balnearios en Morelos e Hidalgo con enfoque en salud y relajación.

Las excursiones de un día arrancan desde aproximadamente $500 pesos mexicanos, mientras que los paquetes con pernocta de tres a siete días oscilan entre $14,760 y más de $28,000 pesos por persona, según la categoría y el destino. Los pensionados pueden pagar sus viajes a crédito vía nómina. Para cotizar y reservar, el trámite se realiza en la Oficina de Representación Estatal del ISSSTE más cercana, de lunes a viernes, o a través del portal gob.mx/turissste.

Casas de Día y centros de convivencia

El ISSSTE opera Casas de Día y centros de convivencia diseñados específicamente para adultos mayores, con atención especializada, recreación social y actividades de estimulación. Estos espacios buscan prevenir el aislamiento, fortalecer la autoestima y mantener hábitos saludables entre la población jubilada.

Tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con apoyo psicológico gratuito para derechohabientes. El programa de atención emocional está disponible durante todo el año y no requiere derivación médica previa para acceder a una primera consulta.

El video fue compartido por el usuario @gasty.ok, quien grabó la secuencia desde el balcón de su departamento. En las imágenes puede verse cómo el vehículo avanza por la calle mientras familiares y amigos acompañan el recorrido, en una celebración similar a las tradicionales caravanas de egresados universitarios.

La protagonista del video es Lili, quien decidió celebrar el cierre de su vida laboral de una manera poco habitual. Sentada en el baúl del auto, lucía unos llamativos anteojos de sol con una inscripción en los lentes, mientras sostenía un cartel enmarcado.

El vehículo también estaba preparado para la ocasión: llevaba globos rosas y cintas blancas que acompañaban el recorrido, convirtiendo la caravana en una escena que llamó la atención de quienes transitaban por la zona.

La publicación tuvo una enorme repercusión en TikTok. Hasta el momento, el clip acumula más de 35 millones de reproducciones y alrededor de siete millones de “me gusta”, cifras que lo posicionaron entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Miles de usuarios reaccionaron con mensajes de felicitación y destacaron la alegría con la que Lili vivió ese momento tan especial. “Ya quiero tener 60, estar jubilada, ser coqueta y próspera”, “No sé si Lili está feliz o triste”, “Mi meta, solo faltan hoy y 40 años más de chamba”, “Hoy conocí la envidia” y “Felicidades señora, le ganó al sistema”, son algunos de los comentarios en la publicación.

La llamada “Regression Trap”, o trampa de la regresión, describe el deterioro mental y anímico que puede aparecer tras la jubilación cuando el descanso se convierte en inactividad prolongada. Psicólogos advierten que, lejos de restaurar, “no hacer nada” durante meses puede reducir la energía, nublar la mente y vaciar de propósito una etapa que suele empezar entre los seis meses y el primer año después de dejar de trabajar, según una investigación integral de la revista estadounidense Parade.

Ese período coincide con lo que la gestora de inversiones Hartford Funds definió como la fase de luna de miel del retiro, cuando muchas personas imaginan una vacación permanente y descubren que no les resulta satisfactoria. El problema, según la revista, no es descansar ni cuidarse, sino caer en una pasividad sin objetivo que termina afectando la cognición y el estado de ánimo.

Sal Raichbach, director clínico jefe de la clínica de rehabilitación The Haven Detox, explicó que la trampa aparece cuando la jubilación “ya no ofrece una experiencia de restauración, sino una experiencia de retirada”. En su descripción, demasiados años de trabajo seguidos por demasiado reposo y desconexión “encogerán tu mundo” y alimentarán un circuito de bajo estado de ánimo, mal sueño y aislamiento.

La pérdida de estructura en la jubilación puede afectar el cerebro y el ánimo

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el cerebro funciona bajo una lógica de “úsalo o piérdelo”. Cuando una persona reduce su actividad durante períodos largos, puede empezar a perder funciones cognitivas que antes estaban sostenidas por las rutinas, los plazos y las exigencias del trabajo.

Drew Maygren, psiquiatra geriátrico de la red de atención médica integrada Kaiser Permanente en el norte de California, sostuvo que la jubilación no puede tratarse como unas vacaciones permanentes. “Debe abordarse con intención, reemplazando el horario laboral por un horario de vida”, dijo, y recomendó construir de manera constante una combinación de actividad física, estímulo creativo, vínculos sociales y tareas que hagan sentir a la persona útil o valorada.

El NIA también señaló que el trabajo aporta pequeñas recompensas neurológicas cada vez que se completa una tarea, se cumple una fecha límite o se alcanza una meta. Al desaparecer esa estructura, la persona jubilada necesita recrear un sistema propio de objetivos y recompensas.

La Mayo Clinic advirtió que el final de una carrera también puede traer depresión y pérdida de identidad. Para muchas personas, la idea de quiénes son estuvo ligada durante años a lo que hacían, y ese vacío puede emerger cuando termina la etapa laboral.

Los signos de alerta incluyen niebla mental, aislamiento y pérdida de interés

La guía de la plataforma digital de salud mental Help Guide enumeró varias señales que conviene vigilar: dormir bastante más y aun así sentirse menos descansado; perder interés en pasatiempos antes placenteros; irritabilidad o tristeza persistente sin causa clara; niebla mental o dificultad para concentrarse en tareas simples; retraimiento social; y una sensación creciente de falta de propósito. Si aparecen incluso dos o tres de estos síntomas, recomienda hablar con un médico.

Raichbach pidió observar si los días “empiezan a perder su forma”: levantarse cada vez más tarde, saltearse comidas, descuidar la higiene personal, evitar planes, moverse menos o pasar la mayor parte del tiempo despierto frente al televisor, mirando pantallas o durmiendo siestas. También remarcó la importancia de atender a la cantidad de interacción social.

Jon Siegel, presidente y fundador de The Perfect Companion (organización de acompañamiento para adultos mayores) y ex psicoterapeuta geriátrico, añadió que algunas personas se vuelven más retraídas en el plano emocional. “Dudan a la hora de iniciar nuevas interacciones sociales, pueden resistirse a intentos de involucrarlas en intereses nuevos y pueden irritarse si se las alienta a asumir más responsabilidad en su autocuidado, lo que evidentemente puede derivar en una forma de depresión”, afirmó.

Los expertos proponen metas pequeñas, rutina y roles con sentido

La salida, según los especialistas consultados, no pasa por llenar todos los días de actividades, sino por recuperar estructura. Raichbach recomendó empezar con pasos más pequeños de lo que la persona cree necesario: una caminata de 10 minutos, una llamada telefónica, una sola clase o una sesión de terapia.

El especialista recordó además que el panel científico internacional Lancet Commission identificó la inactividad física, la depresión y el aislamiento social como tres factores de riesgo modificables para el desarrollo de demencia. Por eso, retomar movimiento, contacto humano y objetivos concretos tiene un valor preventivo además de anímico.

Entre las opciones que recogió la revista aparecen el voluntariado, las clases de idioma o música, un empleo parcial o metas personales como cultivar alimentos en una huerta doméstica. La clave es que la actividad no sea mero entretenimiento, sino una fuente de compromiso, continuidad y sentido.

Jennifer Breheny Wallace, autora del libro MATTERING: The Secret to a Life of Deep Connection and Purpose, sostuvo que una carrera da más que un salario: también ofrece “pruebas diarias de que importamos”. Cuando desaparece esa estructura, dijo, muchos jubilados atraviesan una “crisis de importancia”, una erosión del sentido de identidad y propósito.

Por eso propuso que la planificación de la jubilación incluya no solo un plan financiero y de salud, sino también un “plan de importancia”: una estrategia deliberada para construir relaciones, roles y contribuciones que permitan a la persona sentirse valorada, útil y necesaria durante las décadas siguientes. En la práctica, eso puede traducirse en orientar a colegas más jóvenes o asumir una responsabilidad regular en la familia o la comunidad.

Los ciudadanos españoles consideran necesaria una reforma del sistema público de pensiones. El 85% cree importante adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del modelo, una cifra que sitúa a España a la cabeza de Europa en el apoyo de estos cambios, según la Encuesta Internacional de Pensiones 2026 elaborada por Allianz Research.

El estudio, realizado entre cerca de 8.000 ciudadanos de Europa y Estados Unidos, refleja además que el 58% de los españoles confía en que los gobiernos sean capaces de sacar adelante las reformas necesarias. Se trata de un nivel de confianza superior al registrado en economías como Alemania (42%) o Italia (36%), aunque todavía por debajo del observado en Estados Unidos (66%) y Polonia (63%).

Los resultados dibujan un escenario en el que la población parece asumir que el envejecimiento demográfico y la creciente presión sobre las cuentas públicas obligarán a modificar el sistema. Al mismo tiempo, reflejan una percepción relativamente optimista sobre la capacidad de las instituciones para gestionar esa transición, una combinación poco frecuente en otros países europeos.

Una confianza que disminuye con la edad

La encuesta también revela diferencias generacionales. Los jóvenes son quienes muestran una mayor confianza en que las reformas lleguen a materializarse. El 61% de las personas de entre 18 y 34 años considera que los gobiernos serán capaces de implementar los cambios necesarios, frente al 53% de los ciudadanos de entre 50 y 64 años.

Pese a esa diferencia, el respaldo a la necesidad de reformar el sistema es amplio entre todos los grupos de edad. Para Allianz Research, España representa un caso singular dentro del panorama europeo, ya que combina una elevada conciencia sobre los desafíos que afronta el sistema de pensiones con un grado de confianza institucional superior al de la mayoría de sus vecinos.

El estudio apunta a que la presión demográfica, el aumento de la esperanza de vida y la reducción del número de trabajadores por pensionista han consolidado la percepción de que mantener el modelo actual exigirá introducir ajustes en los próximos años.

El ahorro privado gana protagonismo

Cuando se pregunta por las posibles soluciones, el ahorro privado aparece como la opción preferida por los ciudadanos. Un 30% de los encuestados considera que fomentar la previsión individual constituye la principal medida para reforzar la sostenibilidad futura del sistema, muy por encima del incremento de impuestos o de las cotizaciones sociales, alternativas respaldadas únicamente por el 15%.

Sin embargo, esa mayor predisposición hacia el ahorro privado no implica una pérdida de confianza en el papel de las pensiones públicas. Dos de cada tres españoles, el 66%, esperan que la prestación pública continúe siendo su principal fuente de ingresos durante la jubilación.

El informe también pone de manifiesto que existe un importante grado de incertidumbre sobre el futuro económico de la población. Un 26% de los encuestados reconoce no tener una idea clara de cuál será su situación financiera cuando se retire, mientras que solo una minoría es capaz de calcular de forma aproximada cuántos años permanecerá jubilada, un dato esencial para planificar el ahorro a largo plazo.

Un desafío compartido en Europa

La percepción detectada en España forma parte de una tendencia que se extiende a nivel internacional. Más del 80% de los ciudadanos consultados en Europa y Estados Unidos considera necesarias reformas para garantizar la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones ante el envejecimiento de la población.

No obstante, el consenso sobre la necesidad de actuar contrasta con un menor grado de confianza en la capacidad política para ejecutar esos cambios. Las diferencias entre países son notables y reflejan distintos niveles de credibilidad institucional, así como diferentes modelos de protección social.

En paralelo, el estudio observa una creciente aceptación del ahorro privado como complemento de las pensiones públicas. A escala internacional, el 29% de los participantes identifica esta fórmula como la principal respuesta al reto demográfico, mientras que únicamente un 22% rechaza todas las alternativas planteadas.

La educación financiera, una asignatura que sigue pendiente

Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es el reducido nivel de conocimientos financieros entre la población. Solo el 18% de los participantes presenta un nivel elevado de educación financiera, mientras que el 26% muestra importantes carencias para comprender conceptos básicos relacionados con el ahorro, la inversión o la planificación de la jubilación.

Para Allianz Research, mejorar la cultura financiera será determinante para que los ciudadanos puedan preparar con mayor antelación su retiro y combinar de forma adecuada los ingresos procedentes del sistema público con mecanismos complementarios de ahorro.

El economista jefe y director de inversiones de Allianz SE, Ludovic Subran, considera que los resultados evidencian que la ciudadanía es plenamente consciente de los retos que afrontan los sistemas de pensiones. Sin embargo, advierte de que persiste un “notable escepticismo” sobre la capacidad política para ejecutar las reformas necesarias.

A su juicio, reforzar los mecanismos de previsión privada y empresarial será una de las claves para afrontar con mayores garantías el impacto del envejecimiento de la población y asegurar la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas.

La dificultad de garantizar pensiones suficientes en una sociedad cada vez más envejecida ha reabierto el debate sobre el papel que debe desempeñar el ahorro complementario en España. Mientras el sistema público de pensiones continúa siendo el eje de la protección social, distintos expertos vienen defendiendo desde hace años la necesidad de reforzar los mecanismos de previsión privada vinculados al empleo. En ese contexto, el llamado autoenrolment —la afiliación automática de los trabajadores a planes de pensiones de empresa— vuelve a situarse en el centro de la discusión.

El foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones y Longevidad sostiene que este mecanismo, implantado ya en varios países europeos y anglosajones, podría convertirse en una de las herramientas más eficaces para ampliar el ahorro destinado a la jubilación. Así lo recoge en su informe Pensiones basadas en el ‘autoenrolment’. Principios y mejores prácticas internacionales que España podría seguir, en el que se analizan los resultados obtenidos en otros países y se plantean las bases para una eventual adaptación al sistema español.

El informe, elaborado por José A. Herce, Mercedes Ayuso y Jorge Bravo, con la colaboración de Edward Palmer, Rafael Doménech, Luis Vadillo y Juan Manuel Mier, parte de un diagnóstico conocido: España continúa mostrando un desarrollo muy limitado de las pensiones complementarias en comparación con otras economías europeas, pese a los sucesivos intentos por incentivar este tipo de ahorro.

Del “apuntarse” al “salirse”

La principal diferencia del sistema de afiliación automática respecto al modelo tradicional radica en el punto de partida. En lugar de que sea el trabajador quien solicite incorporarse a un plan de pensiones de empleo, la empresa lo inscribe automáticamente cuando comienza la relación laboral. Quien no quiera participar puede abandonar el sistema de forma voluntaria dentro del plazo previsto.

Aunque el cambio pueda parecer menor desde un punto de vista jurídico, los expertos sostienen que modifica profundamente el comportamiento de los trabajadores. El modelo se apoya en los principios de la economía del comportamiento, disciplina que ha demostrado cómo las decisiones individuales están condicionadas por factores como la inercia o la tendencia a mantener la opción establecida por defecto.

En la práctica, la afiliación automática convierte el ahorro para la jubilación en la decisión inicial, sin eliminar la libertad de elección. La experiencia internacional muestra que la mayoría de los trabajadores mantiene su participación una vez ha sido inscrita, lo que incrementa significativamente la cobertura de los sistemas de pensiones de empleo.

La experiencia internacional

El caso más citado es el de Reino Unido, donde el sistema comenzó a aplicarse en 2012. Desde entonces, la cobertura de los planes de pensiones de empleo ha pasado de aproximadamente el 47% de los trabajadores a situarse en torno al 90%, según recoge el informe. Los fondos acumulados superan ya los 115.000 millones de libras esterlinas.

Otros países, como Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Polonia, Turquía o Lituania, también han desarrollado fórmulas de afiliación automática adaptadas a sus respectivos mercados laborales. Aunque existen diferencias en los niveles de aportación, los incentivos fiscales o la gestión de los fondos, todos comparten una misma lógica: facilitar que el ahorro se produzca sin exigir una decisión activa por parte del trabajador.

Para los autores del informe, estos precedentes demuestran que el diseño institucional puede resultar tan determinante como los incentivos económicos a la hora de fomentar el ahorro finalista a largo plazo.

El retraso español

El documento considera que el sistema español de previsión complementaria continúa mostrando una dimensión reducida. El patrimonio acumulado en planes de empleo y planes individuales apenas representa el 23,5% del producto interior bruto, una cifra muy alejada de la registrada en otros países europeos donde estos instrumentos llevan décadas desarrollándose.

Los expertos también advierten de que las aportaciones netas siguen siendo negativas y que el capital medio acumulado por los trabajadores resulta insuficiente para generar un complemento significativo de la pensión pública. En muchos casos, señalan, las rentas adicionales apenas alcanzarían unas pocas decenas de euros mensuales.

A su juicio, las campañas de educación financiera impulsadas durante los últimos años no han logrado modificar de manera sustancial los hábitos de ahorro de la población, lo que obliga a explorar mecanismos distintos.

Un debate también jurídico

La posible implantación del ‘autoenrolment’ ha generado igualmente un debate sobre su encaje constitucional. Algunas interpretaciones consideran que la obligación de inscribir automáticamente a los trabajadores podría entrar en conflicto con el artículo 41 de la Constitución, que establece que las prestaciones complementarias serán libres.

El informe discrepa de esa interpretación. Sus autores sostienen que la libertad individual permanece intacta porque cualquier trabajador puede abandonar voluntariamente el plan tras su inscripción.

Además, recuerdan que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos de protección social complementaria acordados mediante negociación colectiva y consideran que una interpretación amplia del texto constitucional permitiría incorporar este instrumento. En esa línea, concluyen que la afiliación automática sería compatible tanto con la Constitución española como con el marco normativo de la Unión Europea.

La hoja de ruta

Más allá del análisis comparado, el documento plantea varias recomendaciones para facilitar una eventual implantación del sistema en España. Entre ellas figura el diseño de un calendario de aplicación gradual, la definición de una contribución mínima compartida entre trabajadores y empresas, reforzada mediante incentivos públicos, y la creación de fondos de inversión predeterminados con estrategias adaptadas al ciclo vital de los partícipes.

Los expertos también consideran prioritario garantizar la portabilidad de los derechos cuando el trabajador cambie de empresa, mejorar la transparencia informativa, reforzar la educación financiera y diseñar mecanismos que permitan reducir la brecha de género en las pensiones, evitando que determinados colectivos queden excluidos del sistema.

Asimismo, plantean revisar las modalidades de cobro de las prestaciones para ofrecer soluciones que combinen liquidez y protección frente a riesgos como la longevidad o la dependencia.

El informe concluye que el desarrollo de un sistema de afiliación automática no pretende sustituir al sistema público de pensiones, sino complementar sus prestaciones mediante un mayor ahorro privado vinculado al empleo.

En un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y el aumento del gasto en pensiones, los autores consideran que la experiencia de otros países ofrece una referencia que España debería estudiar con mayor profundidad antes de abordar las próximas reformas del sistema.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden retener o suspender el pago mensual de una pensión por razones que van desde inconsistencias administrativas hasta decisiones judiciales.

Millones de jubilados en México dependen de ese depósito como único ingreso, y no siempre saben qué puede interrumpirlo.

La Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE establecen causales específicas de suspensión.

No se trata de decisiones arbitrarias: cada retención tiene un fundamento jurídico y, en la mayoría de los casos, puede revertirse una vez que el pensionado regulariza su situación.

No existe un trámite digital que cancele la pensión, pero sí hay retrasos por verificación de identidad

El IMSS fue categórico al responder a rumores que circularon en redes sociales: “Es falsa la información que refiere que el pago de pensiones está sujeto a la realización de un trámite digital”, según el comunicado de prensa No. 625/2025.

El derecho al cobro está garantizado por la Ley del Seguro Social y no puede condicionarse a herramientas tecnológicas.

El registro biométrico en la aplicación IMSS Digital tampoco es obligatorio por ley, según confirmó el Consejo Técnico del IMSS en un acuerdo emitido en octubre de 2025.

No completarlo no cancela el depósito, pero puede generar un retraso mientras el sistema verifica la identidad del titular.

No presentar el certificado de supervivencia suspende el pago

El certificado de supervivencia —también llamado fe de vida— aplica a los pensionados del IMSS y del ISSSTE que reciben sus pagos desde el extranjero por residir fuera de México.

Los que viven en territorio nacional no están obligados a obtenerlo.

Para ese caso, ambas instituciones cuentan con mecanismos propios para verificar la supervivencia de sus beneficiarios dentro del país, según precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Quienes sí deben presentarlo tienen plazos distintos según su institución.

Los pensionados del ISSSTE deben acreditarlo dos veces al año: entre enero y febrero, y entre julio y agosto.

Los beneficiarios del IMSS no tienen calendario fijo, pero la obligación semestral permanece vigente.

No presentarlo dentro de los periodos establecidos puede derivar en la suspensión temporal del depósito.

Datos bancarios desactualizados retienen el depósito hasta que se corrijan

Si el banco rechaza el depósito por discrepancias en el nombre, la CLABE o la CURP, el pago queda retenido hasta que el pensionado corrija la información ante la institución correspondiente.

Una vez resuelto el problema, la pensión puede sumarse al siguiente periodo o entregarse por separado, según las reglas de operación de cada instituto.

Negarse a revisiones médicas es causa de suspensión

Esta medida de suspensión por negarse a revisiones médicas aplica exclusivamente para las pensiones derivadas de una condición de salud.

Esta causa aplica exclusivamente a quienes reciben una pensión por invalidez o incapacidad permanente.

Tanto la Ley del Seguro Social como la Ley del ISSSTE establecen que el pago se suspende si el pensionado se niega injustificadamente a someterse a reconocimientos médicos.

La medida aplica también si abandona los tratamientos prescritos o se resiste a las evaluaciones periódicas que el instituto indique.

La suspensión se mantiene mientras persista el incumplimiento, y no hay pago retroactivo por el tiempo suspendido.

La Suprema Corte prohíbe cobrar dos pensiones del IMSS a la vez

Los trabajadores del IMSS sujetos al Régimen de Jubilaciones y Pensiones no pueden cobrar simultáneamente la jubilación contractual y la pensión de vejez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo resolvió por unanimidad, en el Amparo Directo en Revisión 5192/2024 bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

El fallo aplica exclusivamente a exempleados del propio instituto y no afecta a quienes cotizaron en empresas privadas u otras dependencias.

Miles de funcionarios españoles siguen disfrutando de un sistema de jubilación diferente al del resto de trabajadores. Aunque desde 2011 los nuevos empleados públicos se incorporan al Régimen General de la Seguridad Social, quienes ingresaron en la Administración antes del 1 de enero de ese año continúan protegidos por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, un modelo que conserva importantes diferencias en la edad de retiro, los requisitos de acceso y la forma de calcular la pensión.

Este régimen especial afecta a funcionarios civiles del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, personal de la Administración de Justicia y otros colectivos específicos. Aunque desde 2020 la gestión corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las normas que regulan estas pensiones siguen siendo distintas de las aplicables al resto de trabajadores.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Una de las principales ventajas es que permite, en determinados supuestos, acceder a la jubilación voluntaria desde los 60 años, siete años antes de la edad ordinaria prevista para la mayoría de los trabajadores incluidos en el Régimen General.

Jubilarse a los 60 años es posible

Los funcionarios adscritos al Régimen de Clases Pasivas pueden solicitar la jubilación voluntaria cuando cumplen 60 años, siempre que acrediten al menos 30 años de servicios efectivos al Estado.

No obstante, cuando para alcanzar esos 30 años sea necesario computar cotizaciones realizadas en otros regímenes de la Seguridad Social, se exige que los cinco últimos años computables se hayan prestado dentro del propio Régimen de Clases Pasivas, salvo determinadas excepciones previstas para procesos de promoción o movilidad administrativa, señalan expertos del BBVA.

La jubilación forzosa, por su parte, se produce con carácter general al cumplir los 65 años en el caso de funcionarios incluidos en el régimen de clases pasivas. Sin embargo, determinados colectivos mantienen edades superiores. Es el caso de los docentes universitarios, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y algunos registradores, cuya edad obligatoria de retiro se sitúa en los 70 años.

También pueden prolongar su carrera profesional

Los funcionarios de la Administración General del Estado pueden solicitar continuar en activo hasta los 70 años. La Administración únicamente puede denegar esa petición cuando no se cumplan los requisitos legales o la solicitud se presente fuera de plazo.

Además de la jubilación por edad, el régimen contempla la jubilación por incapacidad permanente cuando una enfermedad o lesión imposibilita de forma definitiva el desempeño de las funciones propias del puesto.

En estos casos existe una importante protección. Si la incapacidad se produce mientras el funcionario permanece en activo, para calcular la pensión se consideran cotizados los años que faltan hasta alcanzar la edad de jubilación forzosa. Solo cuando el funcionario acredita menos de 20 años de servicio y la incapacidad no le impide desarrollar otra profesión puede aplicarse una reducción de la cuantía.

Así se calcula la pensión de Clases Pasivas

A diferencia del Régimen General, donde la pensión depende de las bases de cotización de los últimos años, en Clases Pasivas la cuantía se obtiene aplicando un porcentaje sobre el denominado haber regulador correspondiente al grupo funcionarial al que pertenece el empleado público.

Los haberes reguladores se actualizan cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Para 2026, el correspondiente al subgrupo A1 supera los 51.300 euros anuales, mientras que el del grupo C2 ronda los 24.500 euros.

Sobre esa cantidad se aplica un porcentaje que aumenta en función de los años de servicios efectivos prestados al Estado. Con 15 años de servicio se genera el derecho al 26,92% del haber regulador, mientras que con 35 años o más se alcanza el 100% de la pensión correspondiente.

Cuando un funcionario ha desarrollado su carrera en distintos cuerpos o escalas con diferentes haberes reguladores, el cálculo tiene en cuenta todo su historial profesional mediante una fórmula específica que pondera los años trabajados en cada categoría.

Premios por retrasar la jubilación y posibilidad de sumar cotizaciones

Al igual que ocurre en el Régimen General, los funcionarios de Clases Pasivas pueden obtener incentivos económicos si deciden prolongar voluntariamente su vida laboral más allá de la edad de jubilación forzosa.

Por cada año completo trabajado después de reunir los requisitos para jubilarse pueden elegir entre incrementar su pensión un 4% anual, recibir una cantidad a tanto alzado o combinar ambas fórmulas. Además, desde abril de 2025 este complemento resulta compatible con la jubilación activa, aunque durante ese periodo deja de seguir incrementándose.

Otra de las particularidades del sistema es el denominado cómputo recíproco de cotizaciones. Los funcionarios que también hayan trabajado en el Régimen General o como autónomos pueden sumar los periodos cotizados en los distintos regímenes para cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión.

En estos casos, la pensión será reconocida, con carácter general, por el régimen en el que el trabajador hubiera realizado sus últimas cotizaciones, aunque teniendo en cuenta la totalidad de los años acreditados.

Un régimen cerrado para los nuevos funcionarios

Desde el 1 de enero de 2011 ningún nuevo funcionario puede incorporarse al Régimen de Clases Pasivas. Todos los empleados públicos que ingresan desde esa fecha cotizan directamente al Régimen General de la Seguridad Social y se jubilan conforme a las mismas reglas que el resto de trabajadores por cuenta ajena.

Sin embargo, cientos de miles de funcionarios que comenzaron su carrera profesional antes de esa fecha seguirán jubilándose durante los próximos años bajo este sistema especial, que continúa ofreciendo condiciones más favorables en aspectos como la jubilación anticipada, el cálculo de la pensión o los incentivos para prolongar la vida laboral.

Por ello, conocer qué régimen resulta aplicable y cuáles son los requisitos específicos de cada modalidad de jubilación es fundamental para planificar correctamente el retiro y evitar errores que puedan afectar al importe final de la pensión.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que puede tener importantes consecuencias económicas para miles de pensionistas que compatibilizaron el cobro de su pensión con una actividad laboral. El Alto Tribunal ha determinado que el antiguo complemento por maternidad debe calcularse sobre el importe íntegro de la pensión reconocida inicialmente y no sobre el 50% que perciben quienes se encuentran en situación de jubilación activa.

La resolución, recogida por Europa Press, supone un cambio de criterio respecto a la práctica que venía aplicando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que reducía proporcionalmente el importe del complemento al considerar que debía calcularse sobre la cuantía efectivamente abonada durante la jubilación activa.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Con esta decisión, el Supremo no solo corrige la interpretación mantenida por la Seguridad Social, sino que además unifica la doctrina existente entre los distintos tribunales superiores de justicia, que hasta ahora mantenían criterios contradictorios sobre esta cuestión.

El origen del conflicto

La sentencia declara firme la resolución previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ya había reconocido el derecho de un pensionista a percibir el complemento calculado sobre el 100% de su pensión durante todo el periodo de jubilación activa.

El caso tiene su origen en un trabajador autónomo al que en marzo de 2018 se le concedió la jubilación activa, una modalidad que permite compatibilizar el cobro de la pensión con el mantenimiento de una actividad profesional.

Durante ese tiempo, el pensionista percibió únicamente el 50% de la cuantía de su prestación, tal y como establece la legislación para quienes continúan trabajando tras acceder a la jubilación. Sin embargo, cuando solicitó el complemento por maternidad —al que tenía derecho por el nacimiento de dos hijos—, la Seguridad Social aplicó también esa reducción.

El INSS había reconocido el derecho al complemento, aunque únicamente calculándolo sobre la mitad de la pensión que percibía mientras permanecía en jubilación activa, lo que reducía notablemente la cuantía que debía abonarse.

Tras sucesivos pronunciamientos favorables en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Seguridad Social recurrió ante el Tribunal Supremo con el objetivo de unificar doctrina, apoyándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que respaldaba su interpretación.

La clave está en la expresión “cuantía inicial”

El Supremo, sin embargo, rechaza los argumentos del INSS y centra su razonamiento en la interpretación literal de la Ley General de la Seguridad Social. Los magistrados recuerdan que el artículo 60.1 establece expresamente que el complemento debe calcularse aplicando un porcentaje sobre la “cuantía inicial” de la pensión.

Para el Alto Tribunal, esa expresión no deja margen a la duda: la base de cálculo debe ser el importe reconocido cuando se concede la pensión y no la cantidad que finalmente percibe el beneficiario si posteriormente se produce alguna circunstancia que reduzca temporalmente su cobro.

La sentencia también analiza el artículo 60.6 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el régimen jurídico del complemento. Según el Supremo, esta disposición vincula el complemento al nacimiento, duración, suspensión, extinción o actualización de la pensión, pero no contempla que deba modificarse cuando la prestación se reduce por circunstancias como la jubilación activa.

Además, los magistrados destacan que el propio artículo 214.2, que regula la compatibilidad entre pensión y trabajo, señala que el pensionista percibe el 50% del “importe resultante en el reconocimiento inicial”, una expresión que refuerza la interpretación de que la pensión original continúa existiendo íntegramente aunque durante un tiempo solo se cobre la mitad.

La resolución también pone fin a la inseguridad jurídica que existía hasta ahora. Durante los últimos años, distintos tribunales superiores de justicia habían dictado resoluciones contradictorias. Mientras algunos entendían que el complemento debía calcularse sobre el 100% de la pensión inicialmente reconocida, otros avalaban la práctica seguida por la Seguridad Social. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo fija doctrina y establece un criterio único que deberá aplicarse en casos similares.

Quiénes pueden beneficiarse

Según explican desde Unive Abogados, el alcance de esta resolución puede ser considerable. El fallo afecta a quienes tengan reconocido el antiguo complemento por maternidad regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social y hayan pasado por una situación de jubilación activa, es decir, hayan compatibilizado el cobro de la pensión con una actividad laboral.

Asimismo, recuerdan que este complemento ya no beneficia exclusivamente a mujeres. Tras la evolución jurisprudencial de los últimos años, también numerosos hombres han conseguido su reconocimiento, por lo que ambos colectivos podrían verse favorecidos por esta nueva doctrina.

Los expertos consideran que la sentencia abre la puerta a revisar miles de expedientes. Si el complemento fue calculado sobre el 50% de la pensión durante el periodo de jubilación activa, los afectados podrían tener derecho a percibir las diferencias económicas que dejaron de abonarse. No obstante, cada caso deberá analizarse de manera individual para comprobar cómo realizó el INSS el cálculo del complemento y determinar si procede una reclamación.

Muchos estadounidenses llegan a la jubilación con ahorros para el retiro en sus cuentas 401(k), pero aun así dudan a la hora de usar ese dinero.

El temor a quedarse sin fondos, por vivir más de lo previsto o tomar una mala decisión financiera, persiste incluso después de décadas de aportes.

La inquietud convive con una ansiedad extendida sobre el futuro: el 60% de los ahorradores teme no estar destinando lo suficiente a su retiro, y una de cada cuatro personas mayores de 50 años duda de que pueda dejar de trabajar algún día.

El 401(k) es un plan de ahorro patrocinado por el empleador. Sus aportes suelen hacerse antes de impuestos y, en muchos casos, la empresa suma una contribución propia, lo que aumenta el ahorro acumulado. Para muchos trabajadores, ese aporte patronal representa una parte central del crecimiento de su saldo.

Otro de sus atractivos es que el dinero crece sin pagar impuestos hasta el retiro. Ese beneficio, combinado con la rentabilidad compuesta, puede multiplicar los fondos con el paso de los años.

El plan también permite invertir en fondos índice, fondos mutuos y opciones más estables a medida que se acerca la jubilación.

Cómo puede crecer el ahorro en un 401(k)

El potencial del sistema se aprecia en un ejemplo concreto: con un salario de USD 100.000, un aporte anual del 10%, una contribución patronal del 5% y un rendimiento del 5% durante 40 años, el saldo puede llegar a USD 1,5 millones.

Ese esquema, de todos modos, exige planificación y paciencia. La fuente indicó que existe una penalización si el dinero se retira antes de los 65 años.

Errores que recortan el ahorro

Entre los errores más comunes figura no inscribirse a tiempo y dejar pasar el aporte del empleador. También influye reducir o suspender las contribuciones cuando suben los precios, surgen gastos imprevistos o aparece temor frente al futuro.

Esa decisión puede tener un efecto acumulativo: menos aportes hoy implican menos capital mañana y, además, menor crecimiento compuesto.

Otro fallo frecuente es aumentar el consumo cuando mejora el salario, en lugar de elevar el ahorro. La misma lógica afecta a quienes no registran los pequeños gastos cotidianos, como entregas de comida, cafetería o suscripciones, y terminan desviando dinero que podría ir al retiro.

Las deudas también recortan margen. Mantener saldos en tarjetas de crédito con intereses de 21% a 23% limita la capacidad de ahorro y resta crecimiento al fondo acumulado.

A esa presión se suma la falta de un fondo de emergencia: cuando surge un imprevisto, retirar dinero del 401(k) no solo interrumpe el crecimiento compuesto, sino que además puede encarecer mucho la decisión.

Un retiro anticipado de USD 5.000 puede generar hasta USD 1.600 entre sanciones e impuestos. A eso se suma otro error habitual: gastar de forma impulsiva ingresos extra en vez de dirigirlos al ahorro o a la reducción de deudas.

Cómo ordenar los retiros

Para administrar mejor ese capital, la recomendación central es trazar un plan de retiros progresivos. Ese cálculo debe contemplar la longevidad, las necesidades reales de gasto y la conveniencia de no depender únicamente del 401(k).

También se aconseja usar las calculadoras de retiro de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Otra referencia habitual es la regla del 4%, que funciona como guía para estimar retiros anuales. La planificación puede fortalecerse si el jubilado diversifica sus ingresos con Seguro Social, pensiones y ahorros personales.

La revisión anual del plan y la consulta con asesores financieros certificados ayudan a ajustar decisiones ante cambios personales o económicos.

Llevar un registro de gastos y dejar por escrito qué hacer con ingresos inesperados también puede ordenar las finanzas: distribuir esos montos entre deudas, fondo de emergencia y ahorro permite usar con más criterio el dinero reunido durante toda una vida laboral.

Los trabajadores mexicanos que cotizan toda su vida al IMSS pero nunca podrán jubilarse enfrentan una realidad que el sistema de pensiones no comunica con claridad: cumplir con los años de trabajo no garantiza el derecho a una renta mensual vitalicia. Seis de cada 10 trabajadores activos de la generación Afore no alcanzarán una pensión laboral digna, según especialistas consultados por Buzos.

El problema no es nuevo, pero se agudiza en 2026. La combinación de requisitos de semanas en aumento, una densidad de cotización históricamente baja y un mercado laboral donde más de la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad cierra la puerta del retiro contributivo a millones de mexicanos que sí tienen una cuenta individual.

Qué significa cotizar sin llegar a jubilarse

Bajo la Ley del Seguro Social de 1997 —el régimen que rige a todos los trabajadores que se inscribieron al IMSS a partir del 1 de julio de ese año—, la pensión mensual vitalicia no depende solo de la edad ni del saldo acumulado en la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Depende, ante todo, de un número mínimo de semanas cotizadas que la ley incrementa cada año.

En 2026, ese requisito es de 875 semanas. En 2027 subirá a 900, y así de forma escalonada hasta fijar en 1,000 semanas el piso definitivo en 2031. Un trabajador que llega a los 60 o 65 años sin ese historial recibe del IMSS un documento conocido como “negativa de pensión”: la certificación oficial de que no cumple los requisitos para acceder a pagos mensuales de por vida.

La negativa no significa que el dinero se pierda. Significa algo distinto y, para muchos, más grave: el trabajador puede retirar el 100% de su saldo en una sola exhibición, pero pierde el derecho a la renta mensual y a la atención médica del instituto de por vida. Los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además, no se liberan hasta los 65 años.

El cálculo que las Afore no publican

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) reportó para el tercer trimestre de 2025 una densidad de cotización promedio de 67.7% entre los afiliados al IMSS. El dato, que rara vez aparece en los estados de cuenta individuales, revela que el trabajador típico aporta a su cuenta solo durante dos de cada tres momentos posibles de su trayectoria laboral.

Ese tercio perdido —por desempleo, autoempleo, informalidad o salidas del mercado formal— no es recuperable de forma automática. Cada semana no cotizada reduce el saldo acumulado, aleja al trabajador del mínimo requerido y comprime la tasa de reemplazo: el porcentaje del último salario que efectivamente recibirá al retirarse. Con una densidad de 67.7%, la pensión teórica que proyectan las Afore en sus simuladores —calculada sobre una carrera laboral completa y continua— no corresponde a la pensión real que recibirá la mayoría.

Solo 4 de cada 10 trabajadores de la generación Afore logran acumular un fondo suficiente para una pensión mensual, según datos citados por especialistas en el análisis publicado por Buzos en junio de 2026. Entre las mujeres, la proporción es aún menor: apenas el 25.4% de las adultas mayores de esa generación accede a una jubilación contributiva.

La informalidad como causa estructural

Santiago Levy, exdirector del IMSS, fue categórico: ningún sistema de pensiones —ni de reparto ni de cuentas individuales— funcionará mientras los trabajadores pasen la mitad de su vida laboral en la informalidad. La advertencia resume el núcleo del problema.

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la Tasa de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se situó en 55%, con cerca de 33 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social. En febrero de 2026, esa cifra apenas bajó a 54.8%. Para esos trabajadores, el sistema de cuentas individuales no existe en la práctica: no acumulan semanas, no reciben aportaciones patronales ni estatales, y su única red de protección en la vejez es la Pensión para el Bienestar, que en 2026 entrega un pago bimestral de $6,400 pesos —equivalentes a $3,200 mensuales, menos de la tercera parte del salario mínimo vigente de $9,500 pesos.

De los 29 millones de trabajadores con empleo formal, la situación tampoco es homogénea. La entrada y salida frecuente del sector formal a lo largo de la vida laboral —un patrón estructural en el mercado mexicano— produce trayectorias fragmentadas que reducen la densidad de cotización por debajo del umbral necesario para financiar una pensión suficiente.

La negativa de pensión y sus consecuencias

Cuando un trabajador cumple la edad de retiro —60 años para cesantía en edad avanzada, 65 para vejez— sin alcanzar las semanas requeridas, el IMSS emite el dictamen negativo. A partir de ese momento se abren tres caminos: solicitar una aclaración del historial ante el instituto para verificar si hay semanas no registradas por errores patronales; reincorporarse al mercado formal para completar las semanas faltantes, incluso mediante la Modalidad 40 o continuación voluntaria; o retirar el saldo total acumulado en la Afore y renunciar a la pensión vitalicia.

La asesora en seguridad social Ana Morales advirtió que los recursos de la subcuenta de vivienda del Infonavit están sujetos a una restricción adicional: por ley, se entregan al cumplir los 65 años para garantizar la solvencia del trabajador “en la vejez profunda”, independientemente de cuándo se tramite la negativa.

Mecanismos de rescate: alcance y límites

Para quienes sí acumulan las semanas mínimas pero con un saldo insuficiente en su Afore, la ley contempla la Pensión Garantizada: un piso de ingresos financiado por el gobierno federal que puede ir desde poco más de $3,000 hasta superar los $8,000 pesos mensuales, según las semanas cotizadas, la edad de retiro y el promedio salarial de la vida laboral.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por la reforma de mayo de 2024 y ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2026, opera como un complemento adicional: cubre la diferencia entre la pensión calculada por la Afore y el salario promedio del último año cotizado, con un tope de $17,885.85 pesos mensuales para 2026. Entre julio de 2024 y mayo de 2026, el mecanismo benefició a más de 7,000 personas. Sin el fondo, esos trabajadores habrían recibido en promedio el 52.5% de su último salario; con el complemento, la proporción ascendió al 96.1%.

El límite de ambos mecanismos es el mismo: solo aplican a quienes ya cumplieron el requisito de semanas cotizadas. Para los millones que no lleguen a ese umbral, no hay complemento ni garantía mensual.

La jubilación constituye uno de los principales mecanismos de protección económica para los trabajadores al finalizar su vida laboral. En el Perú, aunque la edad general para acceder a una pensión se fija en los 65 años dentro del (SNP), la legislación contempla excepciones para determinadas actividades que implican condiciones de trabajo más exigentes o riesgos superiores para la salud y la seguridad.

En ese contexto, diversas ocupaciones cuentan con regímenes especiales que permiten adelantar la edad de retiro siempre que los trabajadores cumplan requisitos específicos relacionados con años de aportes, tiempo de servicio y tipo de labores desempeñadas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recordó recientemente las condiciones establecidas para estos casos, mientras que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) destacó los derechos laborales de quienes pertenecen al sector pesquero formal.

Pescadores formales pueden acceder a la jubilación desde los 55 años

Con motivo del Día del Pescador Peruano, que se conmemora cada 29 de junio, la Sunafil informó que los trabajadores del sector pesquero inscritos en el Régimen Especial Pesquero tienen la posibilidad de obtener una pensión de jubilación desde los 55 años de edad.

Este beneficio comprende a pescadores artesanales, armadores y procesadores artesanales, tripulantes de embarcaciones pesqueras y personal de plantas de procesamiento pesquero que mantengan una relación laboral formal.

Para acceder a este régimen, los trabajadores deben acreditar al menos 25 años de actividad pesquera, reunir 375 semanas de aportes y figurar registrados como trabajadores pesqueros ante el Ministerio de la Producción.

La entidad precisó que la medida alcanza únicamente a quienes laboran formalmente para una empresa y aparecen registrados en planilla. Además de la jubilación, estos trabajadores cuentan con cobertura de EsSalud y acceso al sistema previsional correspondiente, ya sea mediante la ONP o una AFP.

Beneficios laborales vinculados con la formalización

La Sunafil señaló que la formalización laboral permite el acceso a diversos derechos reconocidos por la legislación peruana.

Entre ellos figuran las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones remuneradas, asignación familiar cuando corresponda, participación en las utilidades de la empresa, Seguro Vida Ley, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y atención médica mediante EsSalud.

Asimismo, los trabajadores tienen derecho al pago oportuno de sus remuneraciones, a recibir boletas de pago, efectuar aportes previsionales para su futura pensión y desarrollar sus funciones bajo condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.

La Sunafil también recordó que los empleadores y armadores pesqueros deben registrar a su personal en planilla, realizar los aportes establecidos por la normativa, entregar boletas de pago y cumplir con todos los beneficios laborales. La entidad advirtió que la falta de afiliación al Régimen Especial Pesquero constituye una infracción susceptible de fiscalización y sanción.

Fiscalización en el sector pesquero

Según cifras difundidas por la Sunafil, entre 2024 y 2026 la institución cerró 440 órdenes de inspección vinculadas con el sector pesquero.

Del total, 399 procedimientos respondieron a denuncias laborales presentadas por canales virtuales y presenciales, mientras que 41 correspondieron a operativos programados por la autoridad inspectiva.

Las regiones con mayor actividad inspectiva fueron Áncash, Piura y Tumbes. Como resultado de estas acciones, la Sunafil emitió 100 resoluciones de multa en primera instancia por un monto de S/ 2,644,786 y otras 52 resoluciones en segunda instancia por S/ 2,293,162.

Regímenes especiales para trabajadores de minería, metalurgia y siderurgia

La ONP recordó que el Sistema Nacional de Pensiones contempla esquemas especiales para actividades que se desarrollan en condiciones especialmente riesgosas.

Durante el programa ONP en Línea, el vocero de la entidad, Jhon Castillo, explicó los requisitos para acceder a la jubilación anticipada sin penalidad en determinados sectores laborales.

En minería subterránea, los trabajadores permanentes en socavón pueden jubilarse desde los 45 años si acreditan 20 años de aportes, con al menos 10 años de trabajo en minas subterráneas.

Quienes realizan labores extractivas en minas a tajo abierto pueden acceder a la pensión desde los 50 años con 25 años de aportes y un mínimo de 10 años en esa actividad.

El mismo límite de edad rige para quienes desempeñan funciones en centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos expuestos a condiciones de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, siempre que acrediten 30 años de aportes, incluidos 15 años en dichas labores.

La ONP también contempla modalidades de pensión proporcional para algunos trabajadores de minería a tajo abierto y centros de producción, siempre que cumplan los requisitos específicos establecidos para cada caso.

Otras actividades con acceso a jubilación desde los 55 años

La construcción civil también integra los regímenes especiales del Sistema Nacional de Pensiones. En este caso, los trabajadores pueden acceder a la jubilación desde los 55 años si reúnen al menos 16 años de aportes, incluidos seis años de actividad en construcción civil.

Los periodistas profesionales también disponen de condiciones diferenciadas. Los hombres pueden jubilarse desde los 55 años y las mujeres desde los 50 años. Para ello, deben acreditar 20 años de aportes. Además, los hombres necesitan 15 años de ejercicio profesional y las mujeres 13 años, o cinco años de trabajo como periodistas durante los diez años anteriores al momento de la contingencia.

En la industria del cuero, los trabajadores del primer grupo ocupacional de curtidores y pellejeros pueden acceder al retiro desde los 55 años en el caso de los hombres y desde los 50 años en el caso de las mujeres, siempre que cumplan los años de aportes y experiencia exigidos por la normativa.

Los pilotos y copilotos de la aviación comercial también pueden jubilarse desde los 55 años con un mínimo de 20 años de aportes. La ONP establece una escala que relaciona la edad de retiro con el tiempo de servicio desempeñado como piloto o copiloto.

Régimen aplicable para trabajadores portuarios

Otro grupo comprendido dentro de los regímenes especiales corresponde a los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres que realizan labores de carga y descarga en los puertos del país.

Según la ONP, estos trabajadores pueden acceder a la jubilación desde los 55 años si acreditan 20 años de aportes, incluidos cinco años de actividad en labores marítimas, fluviales o lacustres.

A diferencia de otros regímenes especiales, este tipo de jubilación contempla una penalidad mediante el descuento de la pensión por adelanto de la edad de retiro, de acuerdo con las disposiciones vigentes del Sistema Nacional de Pensiones.

Desde hace meses, la prensa estadounidense ha difundido especulaciones sobre la posible jubilación de Clint Eastwood a sus 96 años de edad, poniendo en duda su continuidad en el cine. Según declaraciones recogidas por la revista Men’s Health, la falta de apariciones públicas del actor y director ha intensificado el interés mediático sobre su figura y ha hecho crecer las dudas entre sus seguidores.

El estreno de su última película, Jurado Nº 2, coincidió con un perfil cada vez más discreto, lo que alimentó aún más los rumores sobre un posible retiro definitivo y sumó incertidumbre sobre el futuro del cineasta.

La combinación de su edad y su bajo perfil reciente ha generado incertidumbre sobre el futuro de Clint Eastwood en la industria cinematográfica. Esta situación ha provocado que tanto la prensa como sus seguidores se pregunten si realmente ha decidido poner fin a su carrera.

Qué dijo Kyle Eastwood sobre el retiro

El bajista y compositor Kyle Eastwood, tercero de los ocho hijos de Clint, contribuyó a avivar las especulaciones sobre la jubilación del director con sus declaraciones públicas.

En noviembre, Kyle compartió con un medio francés sus recuerdos profesionales junto a su padre, señalando que “ahora está jubilado”, y recordando con gratitud la experiencia de haber trabajado con él en varias películas a lo largo de los años.

Sus palabras se difundieron rápidamente en medios internacionales y redes sociales y fueron interpretadas por muchos seguidores y medios como una confirmación de que el retiro de Clint Eastwood era un hecho.

Esta interpretación aceleró la propagación de los rumores en el entorno mediático internacional y elevó la preocupación por el futuro del director. El testimonio de Kyle, sumado al silencio reciente de Clint, instaló la duda en la opinión pública.

Scott Eastwood negó la jubilación

A pesar de las afirmaciones de su hermano, el actor Scott Eastwood, quinto hijo de Clint, intervino para desmentir la supuesta jubilación y aseguró no haber recibido ninguna confirmación directa de su padre ni ver señales de un retiro definitivo.

También destacó la admiración y respeto que siente por la trayectoria profesional de Clint Eastwood. Sostuvo que la carrera de su padre ha sido una fuente de inspiración, subrayando su vigencia en el mundo del cine.

El propio Scott remarcó que su padre sigue activo, ya sea produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo o actuando. De esta manera, intentó frenar la expansión de los rumores y aportar tranquilidad a los seguidores del cineasta.

Los antecedentes de Eastwood sobre su salud

Aunque Clint Eastwood no ha confirmado oficialmente su retiro, hace dos años se mostró confiado respecto a su estado de salud, asegurando que nadie debía preocuparse “durante mucho tiempo”.

Sostuvo que no hay motivos de preocupación y que espera seguir activo durante más años, desmintiendo las voces que anticipan su declive profesional. Estas declaraciones muestran que Eastwood quiere seguir activo.

El propio Eastwood defendió la idea de que un hombre puede mejorar con la edad y rechazó el prejuicio de que los directores pierdan su toque con los años. Afirmó que no se considera uno de esos casos y mostró determinación para continuar en el ámbito profesional mientras su salud se lo permita. Estas palabras, pronunciadas en una entrevista anterior, han servido para tranquilizar a quienes temen el final de su carrera.

Para superar el salario mínimo con una pensión del IMSS en 2026, un trabajador bajo la Ley 97 necesita acumular en su Afore entre $1 millón y $4.8 millones de pesos, dependiendo de su edad de retiro, semanas cotizadas y salario promedio. El ahorro obligatorio, por sí solo, rara vez alcanza esa meta.

El salario mínimo diario vigente desde el 1 de enero de 2026 es de $315.04 (Diario Oficial de la Federación), lo que equivale a aproximadamente $9,582 mensuales. Ese número es el punto de partida para entender qué tan lejos —o cerca— puede quedar tu pensión.

Dos regímenes, dos pisos distintos

El sistema pensionario mexicano opera bajo dos marcos legales según la fecha de primera cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la Ley 73. Para ellos, la Pensión Mínima Garantizada en 2026 es de $10,636.53 mensuales: equivale al salario mínimo mensual más un incremento del 11% establecido por decreto desde 2001, y se actualiza cada año junto con el salario mínimo.

Quienes se incorporaron al IMSS a partir de esa fecha quedan bajo la Ley 97. En este régimen no existe un monto único garantizado: la llamada Pensión Garantizada varía entre $3,540.56 y $11,128.01 mensuales en 2026, según tres factores combinados: edad al retiro, semanas cotizadas y salario promedio expresado en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esa tabla se actualiza cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); para 2026 el ajuste fue de 3.69%.

Qué saldo en la Afore produce qué pensión

En la Ley 97, la pensión depende directamente del dinero acumulado en la cuenta individual. Si ese saldo no genera una renta superior al piso garantizado, el Estado cubre la diferencia, pero solo si el trabajador cumple con la edad mínima —60 años para Cesantía en Edad Avanzada, 65 para Vejez— y con 875 semanas cotizadas, el mínimo exigido en 2026.

Simulaciones financieras con datos a abril de 2026 ilustran la brecha con precisión: con $2 millones de pesos acumulados al momento del retiro, la pensión mensual estimada ronda los $12,500, dependiendo de la edad, el rendimiento y la modalidad elegida. Para aspirar a $30,000 mensuales se requieren cerca de $4.8 millones de pesos en la cuenta.

Un ejemplo concreto: un trabajador de 39 años con salario de $15,000 mensuales y $200,000 ya acumulados en su Afore —con una densidad de cotización del 80% y un rendimiento real promedio del 4% anual antes de comisiones— podría llegar al retiro a los 60 años con $1,020,421 pesos. La pensión mensual resultante sería de $9,129.53, todavía por debajo del salario mínimo mensual.

Por qué el ahorro obligatorio no suele ser suficiente

Gerardo Chavarría, Gerente de Iniciativas de Negocio en Afore SURA, explicó a El Economista que los tres factores —semanas, edad y salario— generan 330 combinaciones posibles de Pensión Garantizada, lo que hace que dos personas de la misma edad puedan recibir montos muy distintos.

El problema estructural es que las aportaciones automáticas del patrón y del gobierno representan un porcentaje del salario que los especialistas consideran insuficiente para sostener el nivel de vida previo al retiro. Los análisis financieros recomiendan destinar entre 10% y 20% del ingreso anual al ahorro para el retiro. Una jubilación estable, según esos mismos análisis, requiere reemplazar entre 70% y 80% del último salario.

La cuota patronal en 2026 varía entre 3.150% y 9.623% del Salario Base de Cotización (SBC), según el rango salarial, mientras que la aportación del trabajador se mantiene en 1.125%.

Tres rutas para aumentar la pensión antes de jubilarse

Las fuentes consultadas documentan tres mecanismos concretos para elevar el monto final.

La primera aplica a trabajadores de Ley 73: la Modalidad 40, que permite cotizar voluntariamente sobre hasta 25 UMA en los años previos al retiro y puede multiplicar la pensión entre tres y cinco veces.

La segunda es exclusiva de Ley 97: las aportaciones voluntarias a la Afore, deducibles de ISR conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Cada peso adicional depositado incrementa el saldo disponible para contratar una renta vitalicia o un retiro programado.

La tercera opción aplica a ambos regímenes: retrasar el retiro de los 60 a los 65 años. Esa diferencia amplía el periodo de acumulación y eleva el porcentaje aplicable sobre la base de cálculo de la pensión por Cesantía.

Qué pasa con los trabajadores del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) opera bajo dos regímenes con reglas distintas, según una decisión que cada servidor público tomó en 2007.

Quienes no migraron al sistema de cuentas individuales permanecen en el Artículo Décimo Transitorio. Para jubilarse en 2026 con el 100% de su último sueldo, los hombres necesitan al menos 58 años de edad y 30 de servicio; las mujeres, 56 años y 28 de servicio. La edad mínima sube un año cada dos años, por lo que quienes no consulten la tabla oficial a tiempo pueden ver retrasados sus planes.

Quienes sí migraron al régimen de Cuentas Individuales —administradas por PENSIONISSSTE— dependen del saldo acumulado, con un requisito de 25 años cotizados y 60 o 65 años de edad. Si ese saldo no genera una pensión superior al piso garantizado, el Estado cubre la diferencia: en 2026 ese monto es de $9,451.20 mensuales, tras el aumento del 13% al salario mínimo.

Para quienes no alcanzan los años completos de servicio, el ISSSTE ofrece la modalidad de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios: con 15 años cotizados se recibe el 50% del último sueldo; con 20 años, el 62.5%; con 25 años, el 75%. El requisito es tener al menos 60 años de edad.

El mecanismo diferenciador del régimen de Cuentas Individuales es el Ahorro Solidario: el trabajador puede aportar 1% o 2% de su sueldo básico de forma voluntaria, y la dependencia gubernamental deposita $3.25 por cada peso aportado, hasta el 6.5% del sueldo. Un apalancamiento que no existe en el sistema del IMSS.

Quienes acumulen saldo suficiente en Cuentas Individuales para contratar una renta vitalicia al menos 30% superior a la Pensión Mínima Garantizada pueden solicitar retiro anticipado, incluso desde los 53 años. Para los trabajadores del Décimo Transitorio esa opción no existe: están sujetos estrictamente a la tabla de edad y servicio.

La ley mexicana permite retirar dinero de la Afore antes de jubilarse en al menos cuatro supuestos: desempleo, matrimonio, ahorro voluntario y fallecimiento del titular. Cada caso tiene condiciones, montos y consecuencias distintas para la pensión futura.

El dinero acumulado en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) le pertenece al trabajador, pero no puede retirarse libremente antes de la jubilación. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) regula con precisión en qué circunstancias es posible acceder a esos recursos de forma anticipada.

Retiro por desempleo: el más solicitado en 2026

Cualquier trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que pierda su empleo puede solicitar un retiro parcial una vez cada cinco años, siempre que acredite al menos 46 días naturales sin trabajo.

Existen dos modalidades según la antigüedad de la cuenta. La Modalidad A aplica a cuentas con al menos tres años de apertura y dos de cotización: el trabajador recibe 30 días de su último salario base de cotización, con un tope de 10 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $1,173.10 pesos con la UMA vigente desde febrero de 2026.

La Modalidad B corresponde a cuentas con cinco años o más de antigüedad. El monto es el menor resultado entre 90 días del salario base promedio de las últimas 250 semanas cotizadas o el 11.5% del saldo acumulado en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también acceden a este beneficio tras 46 días sin empleo, pero el cálculo difiere: reciben lo que resulte menor entre 75 días de sueldo básico de los últimos cinco años o el 10% del saldo de la subcuenta RCV. El trámite se realiza en la delegación estatal o regional del ISSSTE correspondiente.

Este retiro tiene una consecuencia directa: el IMSS descuenta semanas cotizadas en proporción al monto retirado, lo que puede alejar al trabajador de los requisitos mínimos para acceder a una pensión. La CONSAR señala que esas semanas pueden recuperarse mediante aportaciones voluntarias posteriores.

Cómo tramitar el retiro por desempleo paso a paso

Vía digital (AforeMóvil o AforeWeb):

Ingresa a la app AforeMóvil o al portal aforeweb.com.mx con tu usuario y contraseña

Selecciona la pestaña “Servicios” y elige “Retiro por desempleo IMSS”

El sistema solicitará una fotografía del rostro (selfie) para verificar identidad

Selecciona la modalidad que corresponda según tu tiempo de cotización (A o B)

Ingresa tu Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), que debe estar a tu nombre

Firma la solicitud digitalmente

Una vez aprobada, el depósito se acredita en un máximo de cinco días hábiles

Vía presencial:

Ingresa a aforeweb.com.mx y genera una cita en el apartado “Mis Trámites”

Selecciona “Retiro por desempleo IMSS”, elige sucursal, fecha y horario

Acude con: identificación oficial vigente, estado de cuenta bancario con CLABE y tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

La Afore tramita la autorización ante el IMSS en un plazo máximo de 10 días hábiles

Recibirás un formato informativo sobre las consecuencias del retiro antes de firmar

Documentos indispensables para cualquier modalidad:

Expediente de Identificación de Trabajador (se obtiene en la Afore; incluye datos biométricos)

Identificación oficial vigente

Estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE

Clave Única de Servicios (CUS), generada en aforeweb.com.mx

La escala del fenómeno en el primer trimestre de 2026

En los primeros tres meses de 2026, los cuentahabientes retiraron 10 mil 488 millones de pesos por concepto de desempleo, un 26% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de la CONSAR.

Solo en marzo, la cifra ascendió a 4 mil 014 millones, con un alza del 37% frente a marzo del año anterior. Ese mes, 183 mil 957 personas gestionaron retiros por desempleo, la cifra más alta registrada para un solo mes.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) vincula este aumento con la menor generación de empleo formal: el IMSS reportó la creación de solo 32 mil 930 plazas en marzo de 2026, el nivel más bajo desde la pandemia de 2020 y una caída anual del 3.6%.

Afore Coppel encabeza el monto retirado en el trimestre con 2 mil 284 millones de pesos y 53 mil 192 casos; Afore Azteca la sigue con mil 711 millones y 43 mil 918 retiros. Ambas concentran a afiliados con los ingresos más bajos del sistema, según la CONSAR.

Retiro por matrimonio: sin descuento de semanas

El retiro por matrimonio es el único mecanismo parcial que no resta semanas cotizadas ni afecta el monto de la pensión futura, de acuerdo con la CONSAR.

Este beneficio está disponible exclusivamente para trabajadores afiliados al IMSS, se ejerce una sola vez en la vida y equivale a 30 veces el valor diario de la UMA. Con la actualización vigente desde febrero de 2026 —$117.31 por día—, el monto asciende a $3,519.30 pesos.

Para solicitarlo, el trabajador debe contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997, y el matrimonio civil debe haberse celebrado después de esa misma fecha. El trámite debe realizarse mientras el trabajador esté activo o dentro de los 90 días hábiles posteriores a su baja laboral.

Cómo tramitar el retiro por matrimonio

Acude a la Afore con tu acta de matrimonio civil original y copia

Presenta identificación oficial vigente y tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

Verifica que ninguno de los cónyuges haya ejercido este derecho con anterioridad ni haya sido registrado previamente para este trámite ante el IMSS

La Afore gestiona la solicitud ante el IMSS; el depósito se acredita en la cuenta bancaria registrada

Ahorro voluntario: el retiro más libre

Las aportaciones que el trabajador deposita de forma voluntaria en su Afore pueden retirarse en cualquier momento, sin restricciones de semanas cotizadas y sin impacto en la pensión.

El monto disponible depende exclusivamente del saldo acumulado en esa subcuenta. La CONSAR precisa que estas aportaciones también son deducibles de impuestos en la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cómo retirar el ahorro voluntario

Ingresa a AforeMóvil con tu usuario y contraseña

Selecciona “Servicios” y elige “Retiro de aportaciones voluntarias”

Indica el monto a retirar e ingresa tu CLABE bancaria

Valida tu identidad mediante el sistema biométrico de la aplicación

El depósito se refleja en aproximadamente cinco días hábiles, según la Afore

Fallecimiento del titular: los beneficiarios tienen derecho al saldo completo

Cuando el titular de una Afore fallece, los recursos acumulados no se pierden. Los beneficiarios legales o designados pueden reclamar el saldo completo de la cuenta individual, incluidas las aportaciones voluntarias, los recursos de vivienda no utilizados y los fondos del SAR 92, si los hubiera.

Los beneficiarios legales son el cónyuge o concubino, los hijos menores de edad o mayores que dependían económicamente del titular, y los padres que vivían en su hogar. El titular también puede designar a otras personas sin necesidad de parentesco.

La Afore debe resolver el trámite en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la presentación de la documentación completa. Si no existen beneficiarios legales ni designados, los recursos pueden reclamarse mediante resolución judicial.

Cómo tramitar la recuperación de Afore por fallecimiento

Identifica en qué Afore estaba registrado el titular: llama sin costo al 55 1328 5000 (SARTEL) con el CURP o Número de Seguridad Social del fallecido

Reúne el acta de defunción original, documento que acredite el parentesco o la designación como beneficiario, e identificación oficial vigente

Acude a la Afore correspondiente para iniciar el trámite de disposición de recursos

La institución tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para resolver

Implicaciones fiscales de los retiros anticipados

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) precisó que los retiros parciales de la Afore —por desempleo, matrimonio o como beneficiario tras un fallecimiento— están exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La exención aplica siempre que el monto retirado no se sume a otros ingresos gravables que, en conjunto, superen los 500 mil pesos anuales. Si ese umbral se supera, el contribuyente debe presentar su declaración anual ante el SAT.

La CONSAR advierte adicionalmente que no conviene cambiar de Afore durante periodos de minusvalía, ya que ese movimiento puede convertir en definitiva una pérdida que de otro modo sería temporal. Desde abril de 2026, el sistema registra plusvalías por más de 377 mil millones de pesos, una recuperación parcial frente a las minusvalías récord de 417 mil millones registradas en el primer trimestre.

Al iniciar la vida laboral en Perú, una de las primeras decisiones con impacto a largo plazo es escoger entre el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o el Sistema Privado de Pensiones (AFP). Ambos modelos gestionan los fondos de jubilación de manera diferente y determinan el acceso, monto y características de la pensión.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cada sistema tiene reglas, beneficios y restricciones que todo afiliado debe conocer para tomar una decisión informada. A continuación, se explican las diferencias clave.

Sistema Privado de Pensiones (AFP)

El Sistema Privado de Pensiones, gestionado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) opera bajo un esquema de cuentas individuales. Cuando un trabajador se afilia a una AFP, sus aportes mensuales —el 10% de la remuneración asegurable, más comisiones y seguros— ingresan directamente a una Cuenta Individual de Capitalización (CIC). “Cada sol que aportas mensualmente ingresa directamente a tu cuenta personal. Este dinero es de tu propiedad exclusiva”, indica la SBS.

El fondo acumulado no se mantiene estático. Las AFP invierten ese dinero en mercados nacionales e internacionales, y la rentabilidad de esas inversiones define el monto final de la pensión.

Si el afiliado fallece y no tiene beneficiarios directos, el saldo íntegro pasa a ser herencia y se entrega a los herederos legales. Esta característica marca una diferencia relevante frente a la ONP.

Requisitos de jubilación: 20 años de aportes obligatorios exigidos en la ONP

El Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sigue el principio de reparto solidario. Los aportes de los trabajadores activos se destinan a un fondo común para financiar las pensiones actuales.

Para acceder a una pensión bajo el Decreto Ley N° 19990, es indispensable cumplir dos requisitos: haber alcanzado los 65 años y registrar al menos 20 años de aportes obligatorios.

“Si un trabajador no alcanza el umbral mínimo exigido de aportes, corre el riesgo de no recibir una pensión vitalicia”, señala la ONP. Además, el sistema público establece topes fijos: la pensión mínima es de S/ 600 y la máxima de S/ 1.000, sin importar si los aportes superan esos límites. Existen esquemas proporcionales especiales para quienes aportan entre 10 y menos de 20 años.

Rentabilidad, comisiones y la opción de retiros extraordinarios de fondos en las AFP

El sistema privado ofrece flexibilidad financiera. Las AFP administran cuatro tipos de fondos con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad. El resultado final depende del comportamiento de los mercados financieros. Las comisiones de las AFP pueden ser por flujo (porcentaje del sueldo) o mixtas/sobre el saldo (porcentaje anual sobre el fondo acumulado).

En situaciones excepcionales, el Congreso de la República ha aprobado leyes de retiros extraordinarios para los afiliados de AFP, como el retiro de hasta 4 UIT. Además, al momento de la jubilación, se puede optar por retirar hasta el 95.5% del fondo acumulado, o usar hasta el 25% para la cuota inicial de una vivienda. Estas condiciones no existen en la ONP, donde el acceso a los recursos está sujeto a los requisitos de edad y años de aporte.

¿Cómo cambiar de sistema previsional mediante el trámite del Bono de Reconocimiento?

Quienes deciden migrar de la ONP al sistema privado pueden trasladar sus aportes futuros a una AFP. Para no perder los aportes realizados en la ONP, existe el Bono de Reconocimiento. “Es un documento oficial emitido por la ONP que certifica y reconoce el valor nominal de los aportes realizados en el sistema público”, informa la SBS.

El trámite inicia en la AFP de destino. El afiliado presenta una solicitud y documentos que prueben los aportes previos (boletas de pago, certificados de trabajo, constancias de remuneraciones).

La AFP verifica los requisitos y deriva el expediente a la ONP para su evaluación. Una vez aprobado, el bono se deposita de manera nominal y se redime en la cuenta individual de la AFP al momento de la jubilación legal.

La asesora financiera Suze Orman advirtió que cobrar el Seguro Social a los 62 años en Estados Unidos por miedo a un futuro recorte puede dejar a los jubilados con una penalización permanente.

Según planteó, esa decisión fija una merma mensual irreversible, incluso si el escenario más adverso se concreta y las prestaciones bajan 20% cuando se agoten las reservas previstas para 2032.

Según Fox Business, el informe de fideicomisarios de 2026 de la Administración del Seguro Social confirmó que el fondo Old-Age and Survivors Insurance agotaría sus reservas acumuladas en el cuarto trimestre de 2032, a menos de siete años.

Una vez consumidas, los ingresos tributarios corrientes alcanzarían para cubrir solo el 78% de las prestaciones de jubilación programadas, de acuerdo con ese reporte.

La preocupación por la solvencia de largo plazo del sistema empujó a más estadounidenses a solicitar el beneficio antes de tiempo.

Orman sostuvo que ese consejo, difundido en redes sociales, es erróneo porque convierte una decisión temporal en una merma mensual irreversible.

“Ha habido cierta conversación en redes sociales últimamente sobre el Seguro Social que creo que es un mal consejo”, escribió la especialista a comienzos de este mes en su sitio web, citado por Fox Business.

“El mensaje es que te conviene reclamar lo antes posible, a los 62 años, en lugar de esperar para cobrar una prestación mayor más adelante. Eso simplemente no es un buen consejo”.

Cobrar a los 62 años reduce el beneficio al 70% de la prestación completa

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es 67 años.

En ese punto se accede al 100% del beneficio ganado.

Si la persona empieza a cobrar a los 62, recibe solo el 70% de esa suma: una reducción del 30% que queda fijada de forma permanente.

Orman lo resumió así: “Reclamar anticipadamente equivale básicamente a aceptar una penalización del 30%”. El dato importa porque, según cifras de la Administración del Seguro Social, iniciar el cobro a los 62 años sigue siendo una opción frecuente entre los jubilados.

La experta también vinculó esa decisión con la expectativa de vida. Señaló que una mujer con salud promedio que alcanza los 65 años tiene una expectativa de vida de 88, lo que implica una probabilidad del 50% de seguir viva a esa edad, todavía con gastos e ingresos por cubrir.

“Si alcanza su edad de equilibrio de 79 años, existe una posibilidad muy real de que tenga al menos otra década o más por delante”, dijo Orman. “Cada mes después de ese punto de equilibrio, la persona que esperó está cobrando bastante más”.

Incluso con un recorte del 20%, esperar hasta los 67 años deja un pago mayor

Adelantar el cobro no protege mejor frente a un eventual deterioro financiero del programa. Orman sostuvo que, aun si el Congreso no actuara y se aplicara una reducción general de 20%, quien esperó hasta la edad plena seguiría cobrando más que quien reclamó a los 62.

La especialista expuso un ejemplo concreto. Si una persona tuviera derecho a USD 2.000 mensuales a los 67 años, reclamar a los 62 fijaría su cheque en USD 1.400.

Si luego llegara el peor escenario y ambos beneficios se redujeran 20%, quien esperó pasaría a cobrar USD 1.600, mientras que quien se adelantó recibiría alrededor de USD 1.260.

“Las proyecciones actuales sugieren que, si el Congreso no hace nada, el Seguro Social pagaría aproximadamente el 80% de las prestaciones programadas: una reducción del 20%. Ese es el peor escenario”, afirmó.

También recordó que el sistema ya atravesó tensiones de financiamiento antes y que, a comienzos de la década de 1980, Washington encontró soluciones sin trasladar a los beneficiarios todo el costo del ajuste.

Orman marcó dos excepciones para pedir el beneficio antes de tiempo: problemas de salud y la imposibilidad de seguir trabajando o de usar ahorros para la jubilación.

Fuera de esos casos, planteó que la decisión más favorable es esperar todavía más. La recomendación más fuerte, según explicó la publicación, es postergar el cobro hasta los 70 años.

En el caso de los matrimonios, Orman pidió que el integrante con mayores ingresos espere “el mayor tiempo posible”, idealmente hasta esa edad, porque el cónyuge sobreviviente recibe la mayor de las dos prestaciones.

“Hacer que ese número sea lo más alto posible es uno de los regalos financieros más importantes que puedes dejarle a tu pareja”, dijo Orman.

España se enfrenta a una de las mayores transformaciones de su sistema de protección social en décadas. El rápido envejecimiento de la población, la caída prevista del número de trabajadores por pensionista y el aumento constante del gasto público en pensiones han situado el debate sobre la jubilación en el centro de la agenda económica.

Ante este escenario, gana fuerza una propuesta de los analistas de Bolsas y Mercados Españoles (BME) que ya ha demostrado su eficacia en otros países europeos: la inscripción automática de los trabajadores en planes de pensiones de empleo.

El objetivo es crear una segunda fuente de ingresos para la jubilación que complemente la pensión pública y permita afrontar con mayores garantías los retos demográficos que se avecinan.

Las cifras explican la magnitud del desafío. Actualmente, España cuenta con alrededor de 2,1 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, las previsiones apuntan a que esa ratio caerá hasta apenas 1,3 ocupados por jubilado en 2050. Paralelamente, el gasto en pensiones, que representó el 13,1% del PIB en 2024, podría alcanzar el 17,3% en las próximas décadas, según las proyecciones europeas.

Un sistema bajo presión

El modelo español se apoya principalmente en el denominado Pilar I, es decir, la pensión pública financiada mediante las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo. Este sistema ha permitido durante décadas garantizar una elevada cobertura social, pero la evolución demográfica está poniendo a prueba su sostenibilidad financiera.

Los expertos de BME consideran que el reto no pasa por sustituir el sistema público, sino por complementarlo. En este contexto aparece el denominado Pilar II, basado en los planes de pensiones de empleo promovidos por empresas, sectores o convenios colectivos.

La idea es sencilla: mientras el Estado continúa garantizando una pensión básica, los trabajadores acumulan un ahorro adicional durante su vida laboral que les permita mantener mejor su nivel de ingresos cuando se jubilen.

El esquema se completa con un tercer nivel, conocido como Pilar III, que engloba el ahorro privado voluntario que cada ciudadano puede realizar mediante productos financieros destinados a la jubilación.

El ahorro automático gana terreno

La principal novedad que plantea el informe es la implantación progresiva de un sistema de inscripción automática o 'autoenrolment’. Bajo este modelo, los trabajadores serían incorporados por defecto a un plan de pensiones de empleo desde el momento de su contratación.

No obstante, la adhesión no sería obligatoria. Los empleados conservarían en todo momento el derecho a abandonar el sistema si así lo desean mediante un mecanismo de salida voluntaria.

La clave de esta fórmula radica en un fenómeno ampliamente estudiado por la economía del comportamiento: muchas personas retrasan decisiones financieras importantes aunque les resulten beneficiosas a largo plazo. Al convertir el ahorro en la opción predeterminada, la participación aumenta de forma significativa.

Los expertos de BME destacan que beneficia especialmente a colectivos que tradicionalmente presentan menores tasas de ahorro previsional, como los jóvenes, los trabajadores con salarios medios y bajos o los empleados de pequeñas empresas.

España, muy lejos de otros países

La situación actual de España muestra un amplio margen de mejora. En 2025 apenas 3,13 millones de trabajadores participaban en planes de pensiones de empleo, lo que representa únicamente el 14,4% de los afiliados a la Seguridad Social.

La distancia con otras economías desarrolladas es notable. Los activos gestionados por los sistemas de pensiones complementarios en España equivalen al 10,8% del PIB, frente al 32% de media de la Unión Europea.

La diferencia es aún mayor si se compara con países que han desarrollado sistemas multipilar durante décadas. En Dinamarca, los activos de pensiones representan más del 206% del PIB. En Islandia alcanzan el 191%, mientras que en Canadá superan el 157%. También destacan Estados Unidos, Países Bajos o Australia, donde el ahorro acumulado para la jubilación supera ampliamente el tamaño anual de sus respectivas economías.

El ejemplo británico que mira España

Uno de los casos más citados por los expertos es el de Reino Unido. En 2012, el Gobierno británico puso en marcha un sistema de inscripción automática para impulsar los planes de pensiones de empresa.

Los resultados fueron contundentes. La participación de los trabajadores pasó del 47% al 82% en apenas doce años. Además, el número de empleados incluidos en planes de contribución definida se duplicó, superando los 23 millones de personas.

El modelo británico combina varios elementos considerados clave para su éxito: inscripción automática, posibilidad de renuncia voluntaria, aportaciones compartidas entre trabajadores y empresas, incremento gradual de las contribuciones y vehículos de inversión de bajo coste.

Los analistas consideran que España podría adaptar muchos de estos mecanismos a su realidad económica y laboral sin necesidad de realizar cambios radicales en el sistema actual.

Más allá de las pensiones

El fortalecimiento de los planes de empleo tendría efectos que van mucho más allá de la jubilación de los trabajadores. Desde el punto de vista social, permitiría mejorar la denominada tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario previo que una persona mantiene una vez deja de trabajar. También contribuiría a reducir la dependencia exclusiva de la pensión pública.

Pero las implicaciones económicas son igualmente relevantes. Los fondos acumulados en estos planes suelen invertirse a largo plazo en empresas, infraestructuras, innovación tecnológica o proyectos vinculados a la transición energética.

Este flujo de capital proporciona financiación estable a la economía y favorece el crecimiento empresarial, la creación de empleo y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

El papel de la Bolsa y los mercados financieros

Para que este sistema funcione correctamente, resulta imprescindible contar con mercados financieros sólidos, transparentes y eficientes capaces de canalizar el ahorro hacia inversiones productivas. Los mercados de capitales actúan como puente entre los recursos acumulados por los trabajadores y las necesidades de financiación de empresas e instituciones.

Por ello, los expertos de BMEconsideran que el desarrollo de los planes de pensiones de empleo y la profundización de los mercados financieros son procesos estrechamente vinculados. Además, la rentabilidad desempeña un papel decisivo. Según los datos históricos analizados, la Bolsa española ha ofrecido una rentabilidad media nominal anual cercana al 8,3% durante los últimos 120 años, incluyendo dividendos.

Una vez descontada la inflación, la rentabilidad real se sitúa en torno al 3% anual. Aunque pueda parecer una cifra modesta, el efecto del interés compuesto durante varias décadas puede multiplicar significativamente el ahorro acumulado por un trabajador.

Miles de trabajadores mexicanos pierden cada año una semana de cotización ante el IMSS sin saberlo, por una regla establecida en la ley que el propio Instituto no está obligado a corregir de oficio.

El mecanismo opera de forma silenciosa: el artículo 20 de la Ley del Seguro Social establece que las semanas reconocidas para el otorgamiento de prestaciones se obtienen dividiendo entre siete los días de cotización acumulados. Si el sobrante es de tres días o menos, ese remanente no cuenta. La regla está publicada en el portal oficial del IMSS y en el texto de la ley disponible en imss.gob.mx.

En la práctica, esto significa que un trabajador que cotizó durante un mes de 28 días —como febrero— acumula cuatro semanas exactas. Pero quien cotizó en un mes de 31 días acumula cuatro semanas y tres días sobrantes: esos tres días desaparecen del historial sin compensación.

Por qué ocurre y cuándo afecta más

El efecto se repite en cada cambio de empleo, en periodos de incapacidad y en cualquier ciclo de cotización que no sea múltiplo exacto de siete días. No se trata de un error administrativo: es la aplicación directa de la norma vigente.

Al cierre de marzo de 2026, el IMSS registró 22,724,680 puestos de trabajo afiliados, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro, según datos oficiales del Instituto. Todos esos trabajadores quedan sujetos al mismo criterio de redondeo del artículo 20.

La brecha con la pensión

La pérdida de días no es trivial en un sistema donde cada semana cuenta. Bajo la Ley 97, el requisito mínimo para pensionarse en 2026 es de 875 semanas cotizadas, cifra que aumentará 25 semanas por año hasta alcanzar las 1,000 en 2031. Bajo la Ley 73, el umbral es de 500 semanas.

El monto mensual que un trabajador puede recibir al retirarse oscila entre $3,540 y $11,128 pesos, según las semanas acumuladas y el salario promedio de cotización, de acuerdo con las estimaciones oficiales para 2026.

Quien no alcance el mínimo de semanas tampoco puede acceder a la pensión por cesantía en edad avanzada ni a la de vejez. En ese escenario, la única salida es la negativa de pensión: un documento que certifica el incumplimiento del requisito y que permite al trabajador retirar en una sola exhibición el ahorro acumulado en su Afore.

Qué no hace el IMSS y qué sí puede hacer el trabajador

La obligación de registrar y pagar cuotas recae en el patrón. Si éste no cumple, el IMSS puede iniciar una investigación, pero únicamente si el trabajador lo solicita y aporta pruebas: recibos de nómina, contratos, estados de cuenta bancarios o credenciales laborales.

Los días sobrantes que no completan semana bajo el artículo 20 no son un error corregible mediante aclaración. El Instituto no inicia ese proceso de oficio y la norma no contempla mecanismo de recuperación automática.

Cómo revisar el historial y qué opciones existen

El IMSS ofrece la Constancia de Semanas Cotizadas —trámite con homoclave IMSS-02-025 A— de forma gratuita y disponible las 24 horas en serviciosdigitales.imss.gob.mx o mediante la aplicación IMSS Digital. Para obtenerla se requiere CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

Si al revisar el historial el trabajador detecta periodos faltantes por incumplimiento patronal, puede presentar una aclaración formal en la Subdelegación del IMSS que le corresponda, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Para quienes necesitan sumar semanas sin depender de un empleador, el Instituto habilita dos esquemas de cotización voluntaria: la Modalidad 10, dirigida a trabajadores independientes y personas entre empleos, y la Modalidad 40, que permite además cotizar con un salario superior al último registrado, con efecto directo sobre el monto de la futura pensión.

Si el trabajador dejó de cotizar hace más de seis años, deberá acumular al menos 52 semanas consecutivas antes de poder reactivar sus derechos y solicitar el trámite de retiro.

Los sistemas de pensiones de España y Francia afrontan en la actualidad desafíos muy similares. El envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y la presión sobre las cuentas públicas obligan a ambos modelos a adaptarse, aunque lo hacen desde filosofías distintas.

Mientras España mantiene un sistema de pensiones de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas, Francia combina un esquema básico de reparto con un sistema complementario de puntos que introduce mayor flexibilidad. Las diferencias son relevantes, pero también tienen factores en común: ambos países han tenido que elevar la edad de jubilación, ajustar las carreras de cotización y revisar el cálculo de las pensiones, señalan expertos de BBVA.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

La edad de jubilación

Uno de los elementos más visibles de la comparación entre los sistemas de pensiones de ambos países es la edad de acceso a la jubilación. En España, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses este año, aunque quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse a los 65. El calendario ya está fijado: en 2027 la edad ordinaria alcanzará los 67 años para quienes no lleguen a 38 años y 6 meses de cotización.

Francia, en cambio, parte de una edad legal más baja, aunque en proceso de aumento. Actualmente se sitúa entre los 62 y 64 años en función del año de nacimiento, tras la reforma de 2023, que eleva progresivamente el umbral hasta 2030. Sin embargo, la edad de referencia para una pensión completa sin penalización se sitúa en los 67 años.

Cotización mínima y años necesarios para cobrar el 100%

Las condiciones de acceso también muestran diferencias relevantes. En España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

Francia presenta un sistema más flexible en el acceso inicial: basta con un trimestre cotizado para generar derechos en el régimen básico. Sin embargo, para obtener la pensión completa se requieren 43 años de cotización (172 trimestres) a partir de 2027 para las generaciones más jóvenes.

Cómo se calcula la pensión en cada país

El método de cálculo también difiere. En España, la base reguladora se obtiene a partir de la media de las bases de cotización de los últimos 25 años, dividida entre 350. La reforma reciente permite optar progresivamente por los 29 mejores años, descartando los dos peores, aunque su implantación será gradual hasta 2040.

En Francia, el sistema se basa en la media de los 25 mejores años de salario, ajustados por inflación, y se complementa con un sistema de puntos (AGIRC-ARRCO), en el que los trabajadores acumulan puntos cada año según cotizaciones; al jubilarse se multiplican por un valor del punto fijado anualmente.

Bases máximas y cotización: sistemas con techos distintos

En materia de cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En cuanto a los tipos de cotización, alcanzan el 28,3% del salario bruto. La empresa cotiza un 23,6% del total y el trabajador el 4,7%. Incluye jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Adicionalmente existe el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año es del 0,9 % y sube gradualmente hasta alcanzar el 1,2% a partir de 2029.

En cuanto a Francia, establece un techo más bajo en el régimen básico de 4.005 euros mensuales -plafond Mensuel de la Sécurité Sociale-PMSS 2026-. Lo que supone 48.060 euros anuales. Por encima de ese umbral no se cotiza al régimen básico, pero sí al régimen complementario de puntos hasta un techo más alto (un 8-9 veces el plafond, 32.040 euros al mes).

Respecto a tipos de cotización, en Francia el Régimen básico es del 17,75% del salario bruto, del que el empleador paga el 8,55% y el trabajador, el 6,90%. A lo que se suman contribuciones complementarias AGIRC-ARRCO (por puntos) del 7,87% -empleador 4,72% y trabajador 3,15%-; para Tramo 1, hasta 4.005 euros, y 21,59% (12,95% empresa y 8,64% trabajador) para Tramo 2 (entre 4.005 y 32.040 euros). Total aproximado: 25-28% (varía según tramos de salario).

Lagunas de cotización: España protege más los periodos sin empleo

Un elemento diferencial importante es el tratamiento de los periodos sin cotización. España integra las lagunas con la base mínima vigente en ese momento, lo que suaviza el impacto de los periodos de desempleo en la pensión final.

Los primeros cuatro años, 48 mensualidades, se integran al 100% de la base mínima. A partir del quinto año, se integran al 50% de la base mínima. En el caso de mujeres trabajadoras por cuenta ajena, las lagunas a partir del quinto año también se integran al 100% de la base mínima, el sexto y el séptimo año al 80% de base mínima.

Francia, por su parte, reconoce algunos periodos sin actividad como “trimestres asimilados” (desempleo, maternidad o enfermedad), pero no tiene un mecanismo automático de relleno con base mínima como el sistema español.

Autónomos: dos modelos muy diferentes

Las diferencias entre sistemas se amplía en el caso de los trabajadores autónomos. En España, el sistema de cotización para trabajadores autónomos establece 15 tramos de rendimientos netos sobre los cuales se elige una base de cotización. El tipo total es del 31,5% (incluyendo el 0,9 % del MEI). Para 2026, la base mínima es de 653,59 euros y la máxima de 5.101,20 euros.

En Francia, los autónomos cotizan en función de sus beneficios netos, en general. En el Tipo global -vejez básica + complementaria + otras- cotiza en torno al 45% de los rendimientos netos. Además de jubilación incluye asistencia sanitaria, prestaciones familiares, maternidad, formación profesional. La parte de jubilación ronda el 17-18%.

El Régimen Micro-Empresario y Auto-emprendedor cotiza como un porcentaje de facturación bruta, entre el 12% y 24% según tipo de actividad. En tanto que el Régimen trabajador no asalariado (TNS): entre 35% y 45% sobre el beneficio neto. Los tramos bajos de beneficios tienen cotizaciones mínimas y exenciones parciales, con posibilidad de cotizaciones complementarias para mejorar la jubilación.

Jubilación anticipada y demorada: más flexibilidad en Francia

España permite la jubilación anticipada hasta dos años antes de la edad ordinaria de forma voluntaria, o hasta cuatro en casos involuntarios, siempre con penalizaciones. Se requiere un mínimo de 35 años cotizados. También existen modalidades por discapacidad o actividades penosas, tóxicas o peligrosas.

Francia, en cambio, ofrece mayor flexibilidad para carreras largas: quienes empezaron a trabajar muy jóvenes pueden jubilarse desde los 58 o 60 años, y existen mecanismos de reducción o bonificación según los años cotizados y la edad de inicio laboral.

Ambos países premian prolongar la vida laboral. España lo hace mediante incentivos económicos progresivos, mientras que Francia aplica una “surcote” del 1,25% por trimestre adicional trabajado.

Pensiones mínimas y máximas: España protege más el suelo

En términos de protección social, España ofrece pensiones mínimas más elevadas, que en 2026 alcanzan 1.256 euros mensuales con cónyuge a cargo. Francia complementa con ayudas como la ASPA, que garantiza alrededor de 1.000 euros mensuales para personas sin recursos.

En el extremo superior, España establece un límite máximo de 3.359 euros mensuales, mientras que Francia no tiene un tope global equivalente, lo que permite pensiones más altas en determinados casos gracias al sistema complementario.

Tasa de sustitución: España lidera en Europa

En materia de suficiencia, España ofrece una mayor tasa de reemplazo que Francia y pensiones mínimas más generosas, lo que se traduce en mejor protección del nivel de vida al jubilarse, especialmente para rentas medias y bajas. Francia, al tener un sistema mixto con un pilar complementario de puntos, depende más de la evolución del valor del punto y de la carrera individual.

Así, en tasa de sustitución, que mide la relación entre la primera pensión y el último salario, España se sitúa entre el 80% y el 85% para carreras completas, una de las más altas de la OCDE.

Francia presenta una tasa de sustitución inferior, entre el 60% y el 74%, debido a su mayor dependencia del sistema complementario y a la estructura de cálculo basada en puntos.

Sostenibilidad de los modelos

En cuanto a sostenibilidad -la suficiencia o no de las cotizaciones sociales para afrontar el pago de las pensiones, y el déficit acumulado por esa razón-, Francia dispone de un sistema más diversificado con tres pilares que le otorga mayor margen de maniobra ante tensiones demográficas.

España, con un sistema de reparto puro más generoso, enfrenta, según los expertos de BBVA, “mayores riesgos de sostenibilidad a medio-largo plazo” si no se incrementan las cotizaciones, se ajustan las pensiones, se retrasa la edad efectiva de jubilación o se desarrollan pilares de previsión social complementarias como planes de pensiones de empleo o ahorro voluntario individual para complementar la pensión pública de jubilación.

Los conductores y auxiliares del transporte público de pasajeros, conocidos popularmente en Panamá como “pavos”, deberán incorporarse al sistema de seguridad social tras la entrada en vigencia del nuevo reglamento aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), que establece un régimen especial de afiliación obligatoria para este grupo de trabajadores independientes.

La normativa, publicada este 19 de junio en la Gaceta Oficial, forma parte del proceso de implementación de las reformas a la Ley Orgánica de la CSS aprobadas el año pasado, cuyo objetivo es ampliar la base de cotizantes ante el envejecimiento de la población, el aumento del número de jubilados y pensionados, y la necesidad de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

La resolución entró a regir desde su promulgación y no establece un período de transición o gracia para su aplicación.

La CSS justifica la medida señalando que existe un grupo importante de conductores y auxiliares que desarrolla actividades económicas de manera independiente y que históricamente ha permanecido fuera del sistema formal de seguridad social, situación que limita su acceso a una futura pensión y a otros beneficios contemplados por la institución.

El reglamento crea un régimen especial para quienes operan vehículos del transporte público de pasajeros o colaboran directamente en la prestación del servicio. En la práctica, abarca tanto a conductores como a auxiliares de buses, busitos y otras modalidades de transporte colectivo de pasajeros que trabajan por cuenta propia.

Sin embargo, la implementación plantea desafíos importantes para un sector caracterizado por la informalidad laboral. En muchos casos, los ingresos de conductores y auxiliares dependen directamente del resultado diario de las operaciones.

Si un vehículo no genera suficientes pasajeros en una jornada, los ingresos disminuyen. A esto se suma que numerosos conductores y auxiliares trabajan mediante acuerdos verbales y no mantienen contratos formales con los propietarios de los certificados de operación o concesionarios de las rutas.

Precisamente por esa realidad, algunos representantes del sector han advertido en distintas ocasiones que el cumplimiento de las nuevas obligaciones dependerá de la capacidad económica de trabajadores cuyos ingresos suelen ser variables y están sujetos al comportamiento diario del servicio.

¿Qué cobertura contempla la afiliación?

La afiliación obligatoria cubre únicamente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), es decir, el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.

Esto permitirá a los afiliados acumular cuotas para optar en el futuro a una pensión por vejez, una pensión por invalidez derivada de enfermedad no profesional o prestaciones para sus beneficiarios en caso de fallecimiento.

En otras palabras, la afiliación obligatoria garantiza protección para la jubilación, pero no incluye automáticamente servicios médicos ni atención de salud. La resolución establece que conductores y auxiliares deberán aportar el 9.36% sobre la remuneración que declaren ante la CSS.

La norma fija además una base mínima de cotización de $500 mensuales. Esto significa que, aunque una persona reporte ingresos inferiores, la cuota no podrá calcularse sobre una suma menor.

Tomando como referencia esa base mínima, el aporte mensual obligatorio será de: $500 x 9.36% = $46.80 Ese sería el pago mínimo exigido para mantenerse afiliado al programa de pensiones.

Los montos aumentan conforme crecen los ingresos declarados:

Si declara $600 mensuales: pagará $56.16. Si declara $800 mensuales: pagará $74.88. Si declara $1,000 mensuales: pagará $93.60.

La CSS también podrá actualizar periódicamente la base mínima de cotización mediante resolución administrativa sustentada en criterios técnicos, actuariales y financieros.

La cobertura médica será opcional

Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es que permite a conductores y auxiliares afiliarse voluntariamente al programa de Enfermedad y Maternidad.

Quienes decidan acogerse a esta modalidad tendrán acceso a prestaciones de salud, subsidios por enfermedad no profesional y subsidios por maternidad.

Para obtener esa cobertura deberán realizar un aporte adicional equivalente al 8.5% de los ingresos declarados, también tomando como referencia una base mínima de $500 mensuales.

Eso significa que un trabajador que desee contar tanto con protección para la jubilación como con servicios médicos deberá aportar un total de 17.86% de su ingreso declarado.

Bajo la base mínima de $500 establecida en el reglamento, un conductor o auxiliar que opte por ambas coberturas pagaría $46.80 mensuales por el programa de Invalidez, Vejez y Muerte y $42.50 adicionales por Enfermedad y Maternidad, para un total de $89.30 al mes.

Si declara ingresos de $800, el aporte total subiría a $142.88, mientras que con ingresos declarados de $1,000 el pago mensual alcanzaría $178.60.

La reglamentación no solo crea responsabilidades para conductores y auxiliares.

Los propietarios de certificados de operación deberán suministrar periódicamente a la CSS información relacionada con los trabajadores que operan bajo sus permisos y verificar que estos se encuentren debidamente afiliados como trabajadores independientes.

Además, deberán realizar gestiones de seguimiento para promover el pago oportuno de las cuotas y evitar la acumulación de morosidad.

La medida representa uno de los primeros desarrollos reglamentarios dirigidos específicamente a un sector identificado dentro de las reformas de la CSS de 2025.

El objetivo es incorporar a trabajadores que tradicionalmente han permanecido fuera de los sistemas contributivos y ampliar la cantidad de personas que aportan recursos para financiar las futuras pensiones.

Para miles de conductores y auxiliares del transporte público, el cambio implica una nueva obligación mensual. Para la CSS, en cambio, representa un paso adicional en la búsqueda de más cotizantes para sostener un sistema que enfrenta crecientes presiones demográficas y financieras en las próximas décadas.

El envejecimiento de la población, el creciente déficit del sistema público de pensiones y la ausencia de reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad apuntan a que los jóvenes de hoy tendrán que retrasar en el futuro su edad de jubilación si quieren percibir pensiones similares a las que cobran actualmente sus abuelos.

Esta es una de las conclusiones de Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor de Economía Financiera y Actuarial en la Universitat de València, que analiza en esta entrevista los desafíos del sistema público de pensiones, desmonta algunos mitos sobre su sostenibilidad y asegura que la solución para garantizar las pensiones a largo plazo sería llevar a cabo una reforma que implantara el sistema de cuentas nocionales en España.

-Pregunta: El Gobierno español aprobó en 2021 la reforma de las pensiones con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Cómo valora esta reforma y cuáles son sus luces y sus sombras?

-Respuesta: La medida más relevante fue la revalorización de las pensiones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Es positiva para los pensionistas porque asegura que sus ingresos se mantengan actualizados, pero genera tensiones en el sistema público debido a que, aunque haya menos ingresos, habrá que seguir pagando y revalorizando las pensiones cada año. Esto añade más presión a un sistema que ya tiene problemas.

-P: ¿Esta revalorización en función del IPC puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España?

-R: Crea más tensión. El sistema afronta un déficit alto y ajustar las pensiones al IPC incrementa el gasto, y más con la llegada a la jubilación de la generación del baby boom. Todo ello generará una tensión añadida al sistema. ¿Hasta cuándo puede responder? No se sabe. Estamos en déficit desde hace mucho tiempo y parece que asumimos que no es demasiado importante mientras se puedan pagar las pensiones, pero esto es un error.

-P: La hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) cerró marzo con más de 15.000 millones de euros, su máximo desde hace diez años. ¿Cómo valora este dato? ¿Es suficiente para garantizar la viabilidad del sistema?

-R: Es una añagaza. Lo que se ha hecho es aumentar las cotizaciones a través del mecanismo de equidad intergeneracional, lo que supone mayor coste para las empresas y menor salario neto para los trabajadores. Pero ese dinero no retribuye al futuro jubilado: va a la hucha para usarla en años de déficit, aunque ya estamos en déficit. Es un invento que aparentemente puede parecer que está muy bien, pero para mí es un engaño.

-P: Organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE consideran que las pensiones españolas están entre las más generosas de Europa y que dan a los jubilados mucho más de lo que han cotizado a la Seguridad Social en su vida laboral. ¿Nuestro sistema público de pensiones puede permitirse ser tan dadivoso?

-R: De momento se están pagando las pensiones, pero con un déficit que ya es muy importante. La tasa de reemplazo, que es la relación entre la pensión y el último salario, está en España alrededor de un 80%. Es decir, la pensión cubre un 80% de lo que esa persona recibía cuando trabajaba, mientras que en países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, el porcentaje es de entre el 40% y 50%. Nuestro sistema está pagando más en pensiones de lo que recibe. En concreto, los pensionistas reciben un 60% más de lo que han cotizado y esa generosidad por algún sitio tiene que explotar. Si hay muchos afiliados y pocos pensionistas no pasa nada, pero si empieza a reajustarse esa relación, que es lo que ha pasado en los últimos años en España, aparece un déficit en el sistema que nos indica que no hay un equilibrio de caja.

-P: ¿Para conseguir ese equilibrio deberían bajarse las pensiones, sobre todo las más altas? ¿Se podría hacer?

-R: No tendría sentido tocar las ya concedidas, porque los jubilados han planificado su vida en torno a ellas. Lo que habrá que hacer es una nueva reforma que limite el crecimiento del gasto: recorte de pensiones, retraso de la edad de jubilación, revalorizaciones menores al IPC o cuantías iniciales más bajas. Ninguna fórmula es popular, pero si no se hace, el sistema puede estallar. Cuando un país dedica mucho a pensiones, recorta en sanidad o educación. Habrá que tomar medidas y estoy convencido de que se hará.

-P: ¿Cree que los políticos españoles tienen la suficiente capacidad y determinación para impulsar una reforma que podría resultar impopular entre los futuros jubilados y tener un coste electoral en las siguientes elecciones?

-R: Solo será posible con un pacto amplio. En 2011 se hizo una reforma dura, con retraso de la edad de jubilación y pensiones iniciales más bajas. Fue impopular, pero se mantuvo porque era necesaria. Ahora conocemos bien el gasto futuro, pero los ingresos son una incógnita. Se han recortado pensiones antes y se mantuvieron. Confío en que pueda repetirse.

-P: El buen comportamiento del empleo en España ha elevado los ingresos por cotizaciones. ¿Esta situación es sostenible?

-R: Puede ser un espejismo. Si llega una crisis económica, caerán los afiliados y las cotizaciones, y el déficit, que ya es de 30.000 millones, aumentará. El sistema es demasiado generoso y habría que cambiarlo de alguna manera, habría que revertirlo.

-P: Los analistas dicen que entre los grandes perdedores de la reforma de las pensiones se encuentran los más jóvenes, que tendrán que cotizar más para recibir pensiones menos generosas. ¿Esto es así? ¿Los jóvenes cuando se jubilen cobrarán menos pensión que la que reciben ahora sus abuelos o recibirán sus padres? ¿Existe alguna fórmula para evitarlo?

-R: Es difícil preverlo. Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: los pertenecientes a la generación del baby boom se están jubilando y los que han nacido después son muchos menos. Solo una fuerte entrada de inmigrantes podría aliviarlo, pero no sabemos cuántos llegarán ni cuánto tiempo se quedarán. Hay mucha incertidumbre sobre los ingresos.

-P: ¿Cuántos cotizantes necesita ahora el sistema por cada pensionista?

-R: Ahora estamos en 2,2 cotizantes por pensionista, que es casi el límite de sostenibilidad. Deberíamos estar siempre por encima de dos.

-P: ¿Hasta cuándo se tendría que aumentar la edad de jubilación en España para hacer sostenible el sistema público de pensiones?

-R: Aumentar la edad de jubilación es una medida que habría que tomar. Los jóvenes van a cobrar una pensión más alta que la que se recibe ahora en términos reales, no en términos nominales, pero van a tener una esperanza de vida mayor, con lo cual, si no se ajusta la pensión o hay algún otro mecanismo que ajuste por ese incremento de la esperanza de vida, el sistema va a tener más problemas. Eso no se está haciendo y hay que tenerlo en cuenta, porque no se puede mantener la misma fórmula sabiendo que la esperanza de vida va a aumentar. Si no recalculamos esa pensión, el sistema se va a encontrar con problemas. Por ello, si queremos mantener las pensiones altas en el futuro, lo normal es que se retrase la edad de jubilación para compensar la mayor esperanza de vida.

-P: ¿La población inmigrante se convertirá en la garante de las pensiones de los españoles?

-R: Va a ayudar porque son nuevos cotizantes, nuevas cotizaciones que van a poder permitir pagar un mayor porcentaje de las pensiones. Pero tendrían que entrar el doble de los que están entrando. Un informe de la AIReF señala que muchos de los inmigrantes que vienen, no se quedan muchos años porque se encuentran con problemas de acceso a la vivienda. Hay mucha rotación, lo que es negativo. Por un lado, la llegada de inmigrantes es positiva porque aumentan las cotizaciones, pero a su vez están generando pensiones que en el futuro habrá que pagarles. Con ello lo que se está haciendo es diferir el problema unos años. Como nuestro sistema de pensiones es tan generoso y entrega un 60% más de las cotizaciones que recibe, cada vez que entra un nuevo afiliado, sea inmigrante o no, lo que hace es que aumenta la deuda implícita del sistema.

-P: Para recapitular, ¿Cuáles son los principales problemas del sistema público de pensiones español y cuál es la solución?

-R: El primer problema y fundamental es la generosidad de las pensiones. Le siguen el déficit estructural, la falta de reformas de calado y un sistema poco equitativo. Como hay un problema estructural de las pensiones habría que hacer una reforma estructural de amplio calado como implantar un sistema de cuentas nocionales, que es de reparto, como el que tenemos en España, pero mucho más transparente, más eficiente y más sostenible. Para que se lleve a cabo esta reforma tendrían que ponerse de acuerdo los partidos políticos.

-P: ¿En qué consiste el sistema de cuentas nocionales?

-R: Es un sistema de reparto, como el nuestro, pero de aportación definida. Cada trabajador tiene una cuenta virtual donde se anotan sus aportaciones y unos intereses ficticios. Al jubilarse, la pensión se calcula dividiendo ese fondo entre la esperanza de vida. Es más transparente, incentiva a seguir cotizando y se ajusta automáticamente. Para mí es el modelo ideal.

-P: Todo hace pensar que a medio plazo las pensiones en España no serán tan generosas como hasta ahora. ¿Esto ‘obliga’ a los futuros jubilados que no quieran perder poder adquisitivo cuando se retiren a contratar productos de ahorro que les ayuden a mantener su nivel de vida?

-R: Yo siempre recomiendo a los trabajadores que no confíen solo en una fuente de ingresos, sea pensión pública o cualquier otra cosa. Me da lo mismo que el producto sea un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito, letras del Tesoro o bonos del Estado... Pero hay que ahorrar, porque eso significa que vas a tener un colchón en el momento de que te jubiles. Además, cuanto antes empieces a ahorrar, mejor.

-P: ¿El futuro de las pensiones públicas está asegurado en España?

-R: Sí está asegurado, pero no en qué cuantía. O se hace una reforma, o los jóvenes, además de tener una pensión, tendrán que pagar la deuda generada por la actual generosidad del sistema.

-P: ¿Las pensiones de los que ahora son jóvenes serán más bajas de las que cobran ahora sus abuelos?

-R: Las pensiones que cobren los jóvenes de ahora no serán inferiores a las que cobran en este momento a sus abuelos, pero tendrán que retrasar la jubilación, lo que supone cobrar la pensión durante menos años.

En medio de una economía desafiante, el 71% de los docentes de escuelas públicas en Estados Unidos reconoce que debe recurrir a al menos un segundo empleo para cubrir sus necesidades básicas, según el reporte anual Teaching for Tomorrow, elaborado por la Walton Family Foundation y Gallup y difundido en marzo.

El informe, citado por CBS News, refleja el impacto persistente de la inflación y los salarios estancados en la vida cotidiana de los maestros.

Una vocación que exige múltiples trabajos

En Plainfield, Nueva Jersey, el caso de Christine Regal ilustra la realidad de muchos docentes estadounidenses. Con 26 años de experiencia enseñando segundo grado en la Barlow Elementary School, Regal combina su jornada escolar con tareas adicionales de desayuno y almuerzo, tutorías después de clases y un empleo de medio tiempo en Cheesecake Factory.

“Me encanta trabajar con niños. Sigo en contacto con muchos de mis exalumnos”, expresó la docente en declaraciones recogidas por CBS News. Sin embargo, ese compromiso requiere múltiples fuentes de ingreso para hacer frente a los gastos diarios.

La presión económica se refleja en testimonios como el de Regal, quien detalló: “Estoy recibiendo golpes por todos lados. Este fin de semana pasado me costó USD 70 cargar nafta en el auto. Anoche fui al supermercado, dos bolsas de compras, USD 160. Ahí es donde me están golpeando”, según relató a CBS News.

Para el próximo receso de verano, la maestra planea continuar trabajando como camarera para reunir ingresos adicionales y cubrir, entre otros gastos, los insumos escolares que debe costear de su propio bolsillo. La inversión personal anual en útiles puede alcanzar hasta USD 1.500, una cifra muy superior al promedio nacional, según el mismo reporte.

Más estrés, menos salario

El informe Teaching for Tomorrow también revela que el 21% de los maestros de jardín de infantes a 12.º grado afirma atravesar dificultades económicas.

La situación se agrava ante el aumento del costo de vida: el Departamento de Trabajo comunicó que el Índice de Precios al Consumidor subió en mayo a una tasa anual de 4,2%, el registro más alto desde abril de 2023, tal como informó CBS News.

Más allá de la necesidad de buscar segundos empleos, los docentes estadounidenses enfrentan altos niveles de estrés y agotamiento.

Una encuesta reciente de la RAND Corporation, citada por la National Education Association (NEA), indica que el 55% de los maestros reportó sufrir estrés laboral frecuente en 2026, frente al 34% observado en otros sectores laborales. El fenómeno del burnout afecta al 57% de los educadores, mientras que en el resto de los trabajadores la cifra es del 36%.

El salario base promedio para los docentes alcanzó los USD 75.599 en 2026, notablemente por debajo de los más de USD 105.000 que perciben profesionales de rubros comparables.

Según el estudio de RAND, el maestro promedio dedica 54 horas semanales a actividades escolares y otras ocupaciones, incluyendo 13 horas en empleos fuera del sistema educativo para casi un tercio de los encuestados. Además, el 94% de los docentes utiliza recursos propios para solventar la falta de insumos en las aulas, con un gasto promedio de USD 665 en el ciclo 2024-2025, aunque algunos, como Regal, duplican o triplican esa cifra.

Factores que impulsan el desgaste y la salida de la profesión

Entre los principales factores que alimentan el estrés docente se encuentran la gestión del comportamiento estudiantil, el bajo salario, las horas extra fuera del horario contractual y la sobrecarga de tareas administrativas, de acuerdo con la RAND Corporation.

El impacto emocional y financiero lleva a que el 18% de los maestros considere abandonar la profesión, mientras que solo uno de cada cuatro planea continuar en la docencia “mientras le sea posible”.

La historia de Regal, quien planea “probablemente” jubilarse a los 60 años, representa la de miles de docentes que, a pesar de la vocación y el compromiso con sus alumnos, deben sumar empleos y ajustar su presupuesto para sostenerse en la profesión. “Voy a seguir trabajando y ahorrando, y rezar para que, cuando llegue a los 60, las cosas sean diferentes”, concluyó la maestra en diálogo con CBS News.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció una modificación en la gestión de los turnos presenciales para trámites. Desde ahora, cada ciudadano puede elegir la oficina donde realizar sus trámites, sin estar atado a la cercanía de su domicilio declarado. Según el comunicado oficial, “al momento de solicitar un turno los ciudadanos pueden elegir la oficina en la que deseen realizar su trámite, sin restricciones”.

Esta actualización en el sistema de turnos impacta directamente en la experiencia de los usuarios. Hasta este cambio, el esquema sugería de manera automática la oficina más próxima al domicilio registrado en la base de datos de Anses. Ahora, esa sugerencia se mantiene como opción principal, pero los solicitantes cuentan con la alternativa de seleccionar cualquier delegación del país.

El organismo explicó que “esta opción está disponible a través de la web, permitiendo que, al momento de gestionar un turno, puedan optar por una oficina distinta a la sugerida por el sistema en función de la cercanía, como ocurría hasta ahora”.

La nueva modalidad busca responder a situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión presencial en la delegación correspondiente al domicilio. Al respecto, Anses subrayó: “La posibilidad de iniciar trámites en cualquier delegación del país constituye una mejora significativa en términos de accesibilidad y calidad de atención”.

La entidad remarca que el cambio también tiene impacto en la eficiencia operativa. Según el comunicado, la medida “favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios, tiempos de espera y barreras geográficas”. Esta descentralización pretende distribuir la demanda de manera más equilibrada y evitar la saturación de algunas delegaciones.

El sistema de turnos continúa funcionando a través de la plataforma digital. Los usuarios pueden realizar todo el proceso en el portal oficial de Anses, donde además tienen la posibilidad de consultar y cancelar turnos ya asignados mediante la sección “mi ANSES”. El organismo recuerda que el acceso digital se mantiene como canal prioritario para gestionar los trámites y para efectuar modificaciones o consultas sobre los turnos otorgados.

Paso a paso, cómo sacar turno

Desde la entidad pública detallaron el procedimiento para solicitar un turno en línea. El paso a paso, según el comunicado, es el siguiente:

1. Ingresar a anses.gob.ar e ir a la sección Trámites y servicios / Turnos.
2. Elegir la opción Solicitar un turno.
3. Seleccionar el trámite deseado.
4. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.
5. Verificar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) sean correctos y optar por Buscar por provincia.
6. Seguir los pasos que indica el sistema.

El organismo apuntó que la posibilidad de elegir la delegación permite contemplar las necesidades de quienes se encuentran en tránsito, trabajan lejos de su domicilio o atraviesan situaciones familiares que dificultan la gestión en la oficina asignada por cercanía. “Permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria”, remarca el comunicado de Anses.

“Los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi ANSES”, recordó la agencia estatal.

Cuánto aumentan las jubilaciones en julio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, que registró una suba del 2,1 por ciento. Este indicador determina el porcentaje de incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en julio de 2026.

La actualización de estos haberes se rige por el Decreto 274/2024, que dispone una movilidad mensual basada en la inflación de dos meses previos. De esta manera, la variación del IPC de mayo establece el piso para los aumentos que recibirán en julio jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas.

Con el nuevo ajuste, el haber mínimo pasará a ser de $411.989,32 a partir de julio. Quienes cobren el bono de $70.000, si se confirma su continuidad, percibirán 481.989,32 pesos. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se actualizará a $329.591,45, y con bono llegará a 399.591,45 pesos. Las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos también tendrán una suba equivalente.

Nuevos valores para julio de 2026

• Jubilación mínima: $411.989,32
• Jubilación mínima con bono: $481.989,32
• PUAM: $329.591,45
• PUAM con bono: $399.591,45
• Pensiones no contributivas: $288.394,05
• Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05
• Pensión Madre de 7 Hijos: $411.989,32
• Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $481.990,89
• AUH: $148.045,38
• AUH con Discapacidad: $482.048,99

Un adulto mayor que pasa horas mirando la tele no suele hacer sonar ninguna alarma. Hasta se lo ve como parte de la normalidad a esa edad. Pero detrás de esa escena, detrás de quietud puede esconderse un problema social poco nombrado: el aburrimiento en la vejez.

Esta experiencia, sin embargo, no ha sido suficientemente explorada como un fenómeno psicológico, social y sanitario.

La soledad no deseada ya ha sido reconocida como un problema para la salud pública. Particularmente en personas mayores, ya que una proporción significativa se siente aislada o carece de compañía, con los gravísimos riesgos psicofísicos que conlleva. Pero el aburrimiento suele quedar debajo del radar, parece menos grave o menos urgente. Sin embargo, puede ser una vía silenciosa hacia el retraimiento, la tristeza, la irritabilidad, la apatía y la pérdida de proyectos.

El aburrimiento ha sido más estudiado en adolescentes, estudiantes o trabajadores que en personas mayores. Aunque puede funcionar como una señal temprana de pérdida importante en el bienestar personal.

Un estudio cualitativo de Jaesung An y otros (2026) exploró el aburrimiento en adultos mayores que viven en la comunidad. Los participantes no lo describieron únicamente como ausencia de ocupación, sino como una mezcla de baja energía, desmotivación, autopercepción negativa, falta de interés y participación insatisfactoria en actividades de ocio. También señalaron que ciertos acontecimientos vitales, como la viudez, la jubilación, las enfermedades, o las limitaciones físicas podían modificar la vida cotidiana y favorecer estados persistentes de aburrimiento.

Esta perspectiva obliga a revisar una respuesta social muy frecuente: “hay que darles actividades” o “tenés que hacer algo”. La actividad, por sí sola, no siempre resuelve el problema. Una agenda llena de cuidados de nietos, propuestas impersonales, televisión permanente o actividades diseñadas “para que se entretengan” pueden fracasar si no incluyen elección, deseo, continuidad y reconocimiento. La diferencia no está solamente entre hacer o no hacer, sino entre participar de algo significativo.

Megan Janke y otros (2022), aportan un dato clave: la frecuencia y la calidad en la participación en actividades parecen tener más peso para el bienestar emocional que la cantidad de las mismas. En su investigación el aburrimiento y la soledad predijeron pocos sentimientos positivos y muchos negativos. En cambio, los pasatiempos, el voluntariado y la participación en organizaciones comunitarias se asociaron con sentimientos más positivos. La conclusión es importante: no alcanza con ampliar el repertorio de actividades; lo que importa es que esas actividades resulten apropiables, placenteras y sostenidas.

Es importante distinguir aburrimiento de soledad, aunque muchas veces se potencien. Una persona puede estar sola y no aburrirse, si conserva intereses, proyectos, rutinas significativas o una vida interior activa. Sin dejar de considerar que los largos períodos de aislamiento pueden resultar riesgosos.

También hay personas mayores para quienes la vida social se vuelve difícil no por falta de oportunidades, sino porque el encuentro con otros exige flexibilidad, tolerancia a la diferencia y disponibilidad para escuchar. Cuando predomina la sensación de no ser suficientemente reconocido, la irritabilidad frente al desacuerdo o la dificultad para interesarse por la vida ajena, los vínculos pueden volverse más frustrantes que reparadores.

Muchas políticas públicas y recomendaciones de organismos suponen que más vínculos equivalen automáticamente a más bienestar. Pero la evidencia sugiere que no siempre es así. Para algunas personas, el desafío no es solo “salir más” o “ver gente”, sino reconstruir modos de relación menos defensivos, más curiosos y más recíprocos. El aburrimiento puede aparecer cuando el mundo deja de ser vivido como interesante, pero también cuando el sujeto ya no logra interesarse por el mundo de los otros.

El desafío, entonces, no es fabricar entretenimiento para mayores, sino abrir condiciones para una participación significativa. Esto implica transporte accesible, espacios no infantilizantes, educación permanente, redes barriales, voluntariado, actividades culturales, tecnologías acompañadas y propuestas que no los reduzcan a usuarios pasivos.

Por eso, el aburrimiento en la vejez no debería ser tratado como una trivialidad. No es solo un problema individual ni siempre un problema de personalidad. Expresa cómo organiza —o desorganiza— una sociedad la participación de quienes envejecen y también cómo cada persona logra —o no— reconstruir metas capaces de despertar interés y entusiasmo. En una etapa donde ciertas obligaciones que ordenaron la vida, como el trabajo o el cuidado de la familia, pueden no estar, habrá más tiempo libre y resulta necesario decidir cómo vivir ese día a día. Entendiendo los riesgos de no saber manejarlo y no pedir ayuda.

Una sociedad que celebra la longevidad, pero no piensa el aburrimiento, deja sin respuesta una pregunta central de las vidas largas: no solo cómo vivir más, sino cómo seguir encontrando motivos para desear, participar y estar en el mundo.

La mejora en la atención del Seguro Social de Estados Unidos fue defendida por Frank Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), quien declaró ante el Congreso que los tiempos de espera bajaron y que los trámites digitales y los pagos electrónicos ya están ampliamente disponibles.

Según la SSA, el promedio de espera telefónica pasó de 42 minutos en 2024 a menos de siete minutos en 2026, y la atención presencial también se aceleró, con impacto directo en millones de usuarios.

Los beneficiarios latinos del Seguro Social cuentan con opciones más ágiles para gestionar servicios, incluidas gestiones electrónicas en español y pagos de forma rápida.

Las nuevas modalidades incluyen depósitos bancarios directos y la tarjeta de débito directa del gobierno, una alternativa para quienes no tienen cuenta bancaria. La SSA también contempla mecanismos para solicitar una exención cuando existan barreras personales o geográficas.

Desde 2024, la SSA ejecutó una modernización de sus sistemas para ampliar el acceso, incluidos los usuarios hispanohablantes.

En su comunicado oficial del 27 de mayo de 2026, la agencia informó que el tiempo de espera en la línea nacional disminuyó 84%.

En oficinas físicas, el tiempo promedio de atención se redujo de 30 a poco más de 20 minutos, lo que la SSA describió como una mejora aproximada del 30%.

La plataforma mySocialSecurity ya suma más de 100 millones de usuarios y, en 2026, se efectuaron 287 millones de trámites digitales, con un crecimiento anual de 47%, según la SSA.

La agencia añadió que la transición a pagos electrónicos está casi completada y que solo se permiten excepciones justificadas. Bisignano sostuvo que el objetivo es atender a los beneficiarios “donde quieran ser atendidos”, con la meta de ampliar servicios presenciales y en línea en español.

Persisten críticas por falta de personal en oficinas

Aunque la SSA reportó avances, Associated Press (AP News) recopiló denuncias del sindicato de empleados sobre la persistente “dotación insuficiente” en varias oficinas, en especial en áreas rurales como Ironwood, Decorah y Big Spring.

Según el medio, los recortes de 7.000 puestos durante la administración Trump continúan afectando la calidad del servicio presencial.

De acuerdo con AP News, el sindicato advirtió que las soluciones recientes de la SSA —reasignaciones temporales y mayor impulso a los trámites digitales— no resolvieron de fondo la falta de personal.

El inspector general, citado por el medio, reconoció avances en la atención remota, pero también señaló errores frecuentes en trámites y pagos presenciales, con impacto mayor en comunidades vulnerables.

Tanto el sindicato como organismos de control mantienen la vigilancia sobre la operación de la SSA y reclaman reformas estructurales para mejorar la atención y las condiciones laborales dentro de la agencia.

Guía práctica para aprovechar las mejoras y evitar demoras

La SSA recomienda a los usuarios hispanohablantes gestionar trámites de forma electrónica a través de mySocialSecurity o la versión en español del sitio oficial. Allí pueden solicitar, consultar o modificar beneficios, lo que acelera el proceso y reduce tiempos de espera.

Quienes aún no usan pagos electrónicos pueden cambiar de modalidad desde la web oficial y elegir entre depósito bancario directo o la tarjeta de débito directa del gobierno.

Si una persona enfrenta barreras personales o de ubicación, la SSA permite solicitar una exención y continuar con cheques físicos, aunque esos casos ya son excepcionales.

La agencia aconsejó verificar los tiempos de atención en oficinas locales antes de acudir en persona y utilizar los canales digitales y telefónicos en español para reducir contratiempos y mejorar la experiencia de atención.

El compromiso declarado de la SSA es transformar la interacción con sus beneficiarios mediante accesibilidad e innovación en cada canal de servicio.

Los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España tienen derecho a una pensión pública de jubilación porque cotizan como el resto de trabajadores. Su inclusión en el sistema de la Seguridad Social se articula a través de distintos regímenes, principalmente el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, en algunos casos, el Régimen General, dependiendo de la naturaleza de su actividad laboral dentro o fuera de sus órdenes religiosas.

En la mayoría de los casos, las personas dedicadas a la vida religiosa cotizan dentro del RETA como autónomos, especialmente cuando forman parte de órdenes, congregaciones, monasterios o institutos religiosos inscritos oficialmente.

Sin embargo, cuando su actividad se desarrolla fuera de estas estructuras —por ejemplo, como docentes en centros educativos no vinculados a su congregación—, pasan a cotizar como trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

Registro de entidades religiosas

El sistema distingue claramente dos situaciones. Por un lado, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) agrupa a la mayoría de religiosos en España bajo el llamado registro de entidades religiosas. Este modelo se aplica a miembros de órdenes, congregaciones y comunidades de vida religiosa que desarrollan su labor dentro de sus propias instituciones.

Por otro lado, el Régimen General se aplica a clérigos de la Iglesia Católica debidamente inscritos cuando trabajan para entidades externas. Un ejemplo habitual es el de un sacerdote que ejerce como profesor en un centro educativo sin convenio con su orden religiosa, lo que implica su consideración como trabajador por cuenta ajena.

En el caso del RETA, los religiosos tienen la posibilidad de elegir su base de cotización entre un mínimo y un máximo. En 2025, la base mínima se situó en 849,67 euros mensuales, mientras que la máxima asciende a 4.906,5 euros, según fuentes de BBVA. Sin embargo, la mayoría opta por la base mínima debido a la ausencia o escasez de ingresos en muchas actividades religiosas.

Además, este colectivo no está sujeto al nuevo sistema de cotización por ingresos reales introducido en 2023, ni puede acogerse a la tarifa reducida durante el primer año de actividad ni a la prestación por cese de actividad, lo que los diferencia de otros autónomos en España.

Trámites y gestión de las cotizaciones

Aunque las obligaciones de alta en la Seguridad Social recaen de forma individual sobre cada religioso, en la práctica son las congregaciones y órdenes religiosas las que gestionan los trámites administrativos y la relación con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este modelo organizativo permite centralizar la gestión de cotizaciones y simplificar los procedimientos, especialmente en comunidades religiosas con numerosos miembros. Aun así, cada caso se ajusta a la situación particular del religioso dentro de la estructura eclesiástica o educativa en la que desempeña su actividad.

En lo relativo al acceso a la pensión de jubilación, los religiosos están sujetos a los mismos requisitos generales que el resto de trabajadores en España, aunque con matices en el cómputo de periodos de cotización.

Estos aspectos pueden influir en el cálculo final de la prestación, especialmente en casos de trayectorias laborales vinculadas exclusivamente a la vida religiosa.

El sistema también contempla situaciones específicas para quienes cesan en la profesión religiosa y se incorporan a otros ámbitos laborales o administrativos, lo que permite la totalización de periodos cotizados bajo determinadas condiciones.

Cómputo de años y clases pasivas

Uno de los elementos más singulares del sistema es el reconocimiento de periodos asimilados a cotizados para sacerdotes y religiosos que cesaron en su actividad antes de 1997. El Real Decreto 432/2000 permite que estos periodos se integren en el cómputo de pensión dentro del Régimen de Clases Pasivas del Estado, siempre que no se superpongan con otros servicios ya reconocidos.

Este mecanismo permite mejorar o completar el derecho a pensión, con un límite máximo de 35 años computables. Para ello, los interesados deben solicitarlo y aportar certificaciones emitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social que acrediten los periodos reconocidos.

El sistema establece que estos años se considerarán equivalentes a servicios prestados al Estado en el subgrupo C1, lo que influye directamente en el cálculo de la pensión. Además, el beneficiario debe asumir una parte del coste de esos años computados, que se descuenta de forma progresiva de la pensión mensual.

Este mecanismo garantiza que la cuantía descontada nunca supere el incremento generado por el reconocimiento de dichos años, evitando así perjuicios económicos para el pensionista.

Una regulación aplicable a las iglesias evangélicas

El sistema de protección social no se limita a la Iglesia Católica. Desde 2015, los ministros de culto de las iglesias evangélicas en España cuentan con un régimen equiparado en materia de Seguridad Social, lo que garantiza un tratamiento similar en el acceso a prestaciones, incluidas las pensiones de jubilación.

De esta forma, el sistema español reconoce la diversidad de confesiones religiosas presentes en el país dentro del marco de protección social pública, adaptando las condiciones de cotización y acceso a prestaciones a las particularidades de cada colectivo.

Un modelo con particularidades dentro del sistema público

En conjunto, el sistema de cotización y pensiones de los religiosos en España combina elementos del régimen general de la Seguridad Social con normas específicas adaptadas a la estructura de la vida religiosa.

Esto permite que sacerdotes, monjas y otros miembros de órdenes puedan acceder a una pensión contributiva, aunque con particularidades en bases de cotización, gestión administrativa y cómputo de periodos.

El resultado es un modelo híbrido que integra la actividad religiosa dentro del sistema público de protección social, garantizando derechos de jubilación, pero con reglas adaptadas a la singularidad de estas profesiones.

Cuando llega el momento del retiro o la jubilación, para las personas en ese proceso cambian muchas rutinas y deben reconfigurar su organización diaria. Una de las costumbres que más se puede alterar es el horario y la calidad del sueño.

Según la Fundación del Sueño de Estados Unidos, con el paso de los años, se vuelve más liviano, se fragmenta, se adelanta el horario de descanso y favorece despertares más tempranos, un proceso que puede afectar el bienestar físico y mental.

Muchos estudios han demostrado que la falta de sueño frecuente se vincula con hipertensión, enfermedades cardíacas, aumento de peso, obesidad, diabetes y depresión, según la misma institución.

Teniendo en cuenta estos cambios y cómo incide el sueño en la salud, la pregunta es cuál debería ser el horario ideal para levantarse, en las personas que han dejado de trabajar, logrando un sueño reparador.

Los expertos en sueño destacan la importancia de mantener un horario de sueño regular para la salud general. “Intento animar a las personas mayores jubiladas a que establezcan una hora fija para despertarse”, afirmó el doctor Christopher Winter, neurólogo y autor de "La solución para dormir: por qué duermes mal y cómo arreglarlo".

Por su parte, la doctora Stella Maris Valiensi, neuróloga a cargo de la sección Medicina del Sueño del Hospital Italiano de Buenos Aires explicó en una nota en Infobae: “La cantidad de horas de sueño se modifica con la edad. El recién nacido requiere muchas horas y a medida que envejecemos necesitamos menos horas. Lo que no se modifica es la necesidad. Cambia la calidad y la estructura del sueño”, afirmó la autora del libro La ruta del sueño, de Delhospital Ediciones.

La médica sostuvo que los adultos deben dormir aproximadamente de 7 a 8 horas en promedio, aunque esa necesidad varía entre personas. Algunas requieren seis horas y otras, ocho, indicó.

El reloj biológico, responsable de coordinar los procesos internos del organismo, sigue el ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas influido principalmente por la luz ambiental. Este sistema regula funciones como el sueño, la vigilia y la liberación de hormonas.

Despertar en horarios que coinciden con la salida del sol, entre las 6.00 y las 7.30, puede contribuir a mantener la sincronización del ritmo circadiano, permitiendo un equilibrio adecuado entre el descanso y la actividad diaria. Pero no existe una respuesta exacta a qué horario es el mejor, depende de múltiples factoes.

“Lo ideal es no esforzarse ni obligarse a levantarse a las 5 AM, lo importante es priorizar calidad sobre cantidad”, recomendó la especialista.

Esa es la respuesta directa para quienes se preguntan si al envejecer hay que madrugar más: no se trata de imponerse horarios extremos, sino de preservar un descanso reparador.

Valiensi advirtió además que, si un adulto mayor duerme de 9 a 10 horas, ese patrón puede asociarse con problemas de salud como depresión, enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, alguna fase de parkinsonismo o mala calidad del sueño nocturno, por lo cual será importante hacer la consulta médica.

Qué es el presbisueño

La especialista explicó que los adultos mayores duermen más liviano, suelen despertarse ante ruidos, se acuestan y levantan más temprano y pueden necesitar siestas cortas.

“Nosotros llamamos a esto ‘presbisueño’, es el envejecimiento del sueño con los años. Así como existe la presbicia, en la que a medida que envejecemos necesitamos anteojos, también en el sueño surgen cambios con el transcurso de los años”, dijo Valiensi, quien realizó el estudio Presbisueño: análisis de algunos parámetros del sueño en pacientes longevos.

La médica señaló que una de las causas principales es el adelantamiento del reloj biológico. “Nuestro reloj biológico, que marca cuándo tenemos que acostarnos, se adelanta, tenemos sueño antes a medida que envejecemos. Esto se debe a que el núcleo supraquiasmático se vuelve menos sensible a las señales como la luz y produce que la melatonina se secrete antes en las personas mayores. Así, al tener sueño y dormir antes, se despiertan antes”, explicó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el núcleo supraquiasmático es una pequeña región del cerebro que actúa como el marcapasos principal del reloj biológico central en mamíferos.

Valiensi también mencionó una mayor sensibilidad a la luz matutina. “Un poco de claridad puede ser suficiente para activar el sueño de vigilia”, señaló la experta.

A esos cambios se suman otros factores que deterioran el descanso. “Nunca debemos olvidarnos, que la necesidad de ir al baño, el dolor crónico, la necesidad de tomar medicamentos de noche, ansiedad, preocupaciones, etc. son causas que también provocan un sueño no reparador”, advirtió Valiensi.

Cómo saber cuánto sueño necesitamos

Para determinar si es mejor despertarse más temprano o más tarde, la doctora Jade Wu, experta en medicina conductual del sueño recomendó en Prevention considerar estos elementos:

• Asegurarse de reservar suficiente tiempo para dormir. Lo recomendado son siete horas o más.
• Mantener un horario de despertar constante. “Es mejor despertarse a la misma hora todos los días que a veces temprano y otras veces tarde”, afirmó. Según la experta, despertar a un horario regular ayuda a estabilizar el ritmo circadiano, que regula muchos procesos del organismo.
• Adaptar la hora al cronotipo, que es la preferencia natural del cuerpo por los horarios de sueño y vigilia. “Si eres una persona madrugadora por naturaleza, levántate temprano”, señaló Wu. “Si eres más bien nocturno, déjate dormir”, concluyó.

La próxima visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, ha vuelto a poner el foco sobre el Vaticano. Más allá de su papel religioso y diplomático, la Santa Sede cuenta con un sistema propio de protección social y pensiones que, pese a haber sido considerado durante décadas como uno de los más sólidos y estables, atraviesa actualmente importantes dificultades financieras.

El Estado de la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del planeta con apenas 0,44 kilómetros cuadrados y menos de 900 habitantes censados, gestiona un sistema previsional que da cobertura a cerca de 5.000 trabajadores, entre religiosos, miembros del clero y empleados laicos que desarrollan su actividad en distintas instituciones vaticanas.

Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconde un desafío cada vez mayor: garantizar el pago de las futuras pensiones en un contexto de envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida y limitadas fuentes de ingresos.

Una de las edades de jubilación más altas del mundo

Uno de los aspectos más llamativos del sistema de pensiones vaticano es la edad exigida para acceder a la jubilación. Mientras que los trabajadores laicos pueden retirarse a los 67 años, los religiosos y miembros del clero deben esperar hasta los 72 años para acceder a la pensión ordinaria. Se trata de una de las edades de jubilación más elevadas del mundo.

Además, para tener derecho a una prestación es necesario acreditar al menos 20 años de servicio efectivo. En el caso de quienes desean acogerse a una jubilación anticipada voluntaria, la exigencia es aún mayor: haber completado 38 años de trabajo.

El sistema establece un máximo de 40 años cotizados para calcular la prestación, independientemente de que el trabajador haya permanecido más tiempo en activo.

Cómo se calcula la pensión

A diferencia de otros países que han evolucionado hacia modelos mixtos o de contribución definida, el Vaticano mantiene un sistema de prestación definida. Esto significa que el importe de la pensión está garantizado y depende fundamentalmente de los años trabajados y del salario percibido al final de la carrera profesional, señalan fuentes de BBVA.

La fórmula combina dos componentes. Por un lado, una parte vinculada al salario base y, por otro, un mecanismo corrector destinado a preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. En términos prácticos, un trabajador que haya acumulado 40 años de servicio puede llegar a percibir una pensión equivalente al 80% de su último sueldo regulador.

Además, el sistema contempla una pensión mínima garantizada gracias a un convenio bilateral con Italia. Si la prestación vaticana no alcanza el umbral considerado suficiente, el sistema italiano complementa la cuantía hasta llegar al mínimo establecido.

Sanidad, farmacia y cobertura familiar

Las ventajas para los jubilados del Vaticano van mucho más allá de la pensión mensual. Los pensionistas mantienen el acceso al Fondo de Asistencia Sanitaria, que cubre consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y medicamentos. En muchos casos, los tratamientos farmacéuticos pueden obtenerse gratuitamente a través de la farmacia vaticana.

Además, la cobertura puede extenderse a cónyuges e hijos, incluso hasta los 26 años cuando continúan estudiando. A ello se suma la posibilidad de que viudas, viudos y huérfanos mantengan derechos económicos mediante las pensiones de reversibilidad.

El gran problema: un déficit millonario

Pese a sus ventajas, el sistema se enfrenta a una realidad cada vez más complicada. Diversas estimaciones sitúan el déficit acumulado del fondo de pensiones vaticano en torno a los 2.000 millones de euros, una cifra especialmente elevada si se compara con el presupuesto anual de la Santa Sede, que ronda los 1.200 millones.

Los expertos de BBVA señalan varios factores detrás de este desequilibrio. Por un lado, el número de pensionistas aumenta más rápido que el de trabajadores en activo, una situación similar a la que viven muchos países occidentales, aunque agravada por las particulares características demográficas de la Curia.

Por otro, el Vaticano carece de herramientas habituales de financiación que sí poseen otros Estados. No puede recaudar impuestos de sus ciudadanos ni emitir deuda pública para financiar sus compromisos futuros.

Sus ingresos dependen principalmente de las donaciones internacionales, los rendimientos de su patrimonio inmobiliario y financiero y la actividad turística vinculada a los Museos Vaticanos.

Bajada de sueldo a los cardenales, más cotizaciones y reformas

Ante esta situación, la Santa Sede ha puesto en marcha un amplio plan de ajuste para intentar garantizar la viabilidad del sistema. Entre las medidas adoptadas figura la reducción salarial del 10% aplicada a los cardenales, la eliminación de determinados beneficios históricos relacionados con viviendas subsidiadas y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación. También se han incrementado progresivamente las cotizaciones hasta alcanzar el 26% de la retribución imponible total en 2026.

Paralelamente, el Vaticano ha reforzado la gestión profesional de sus inversiones a través del Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los activos destinados a financiar las futuras prestaciones.

Sin embargo, las reformas podrían no haber terminado. Entre las medidas que estudia actualmente la Santa Sede figuran nuevas limitaciones en la revalorización de las pensiones y la posible revisión de algunos beneficios históricos.

Todo ello refleja un reto que trasciende las fronteras del pequeño Estado pontificio: cómo sostener los sistemas de pensiones en una sociedad cada vez más envejecida. Un desafío que afecta tanto al Vaticano como a buena parte de Europa.

Sentir que importamos a los demás es una necesidad psicológica fundamental que influye en nuestra salud mental y bienestar. Este concepto, que lleva el nombre de “mattering”, señala que ser valorados y tener la oportunidad de aportar valor son claves para una vida plena y conectada.

El profesor de Sociología de la Universidad de Maryland, Morris Rosenberg, abordó el concepto de “mattering” en la década de 1980 y planteó que, tras la satisfacción de necesidades básicas como la comida y el refugio, la búsqueda de importarles a quienes nos rodean actúa como un motor del comportamiento humano.

La estadounidense Jennifer Breheny Wallace, autora de "Mattering: El secreto para una vida de profunda conexión y propósito", explicó a The Harvard Gazette que existen ingredientes centrales en esa experiencia: sentirse significativo, apreciado y valorado.

La doctora María Teresa Calabrese, endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista especializada en enfermedades psicosomáticas, explicó a Infobae dónde nace esa necesidad tan potente y vital.

“Cuando sentimos que no importamos para el otro, se reaviva en nosotros esos instantes primitivos en los cuales si no éramos valiosos para nuestro cuidador, se ponía en juego nuestra existencia. Hay cosas de las que no somos conscientes, pero que están impregnadas en nuestra parte no consciente", detalló la docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

La experta destacó que los seres humanos somos sociales, que necesitamos de los otros para sobrevivir. “Nacemos muy inmaduros. Se necesitan por lo menos dos años, si no más, de la asistencia de un cuidador para sobrevivir. A los dos años el humano puede deambular, empezar a hablar, comunicarse. Esto nos deja muy dependientes de la figura del cuidador. Por eso los bebés tienen todos esos encantos que atraen mucho al cuidador. Todas las cositas que hace son para atraer al cuidador. Y hablo de cuidador, no de mamá y papá, porque puede ser mamá, papá, tío o alguien…”.

Calabrese explicó que si el cuidador ha sentido que el bebé es importante para él y le ha dedicado tiempo, constituye un apego seguro para esa persona. “En cambio, si ha sido una carga o una molestia para los padres, genera un apego inseguro. Y son esas personas que necesitan que el otro constantemente les esté refrendando que le interesa, que es importante", describió.

En ese sentido, relacionó esta vivencia con la adicción a la tecnología, a las redes sociales y a los ‘me gusta’. “Cada like activa el circuito de la recompensa, que es como decir: ‘Ah, le importo al otro, a alguien le importo’“.

Isaac Prilleltensky, psicólogo de la Universidad de Miami, afirmó en un estudio que sentirse importante (“mattering”) es un estado ideal que consta de dos experiencias psicológicas complementarias: “Sentirse valorado y aportar valor. Los seres humanos pueden sentirse valorados por sí mismos, por los demás, por su trabajo y por su comunidad, y a su vez, aportar valor a ellos. Para asegurar que se satisfaga la necesidad de sentirse importante, debemos equilibrar el sentirse valorado con la aportación de valor".

Por el contrario, la falta de importancia (“antimattering”) afecta el bienestar y está correlacionada con la ansiedad y la depresión, según un estudio publicado en el Journal of Prevention and Intervention in the Community.

Sentirse irrelevante puede profundizar la soledad

Sentirse relevante dentro de la familia y la comunidad ejerce un efecto directo sobre la calidad de vida. La carencia de ese sentimiento puede profundizar la soledad, una condición que afecta a millones de personas en el mundo, de acuerdo a los expertos.

Según afirmó al medio AARP el psicólogo Gordon L. Flett, de la Universidad de York en Toronto, “gran parte de la epidemia de soledad es una epidemia de ‘no importar’”.

Por el contrario, cuando una persona siente que importa, tiende a participar, contribuir y conectar con otros, afirmó Wallace. Cuando siente que no importa a nadie, puede aislarse, recurrir a sustancias o adormecer sus emociones con las pantallas.

La autora fue más allá al describir la dimensión social del problema. “La ira al volante, los extremismos políticos, los tiroteos masivos y el terrorismo son intentos desesperados de decir: ‘¿Que no importo? Pues les demostraré que sí importo’”, advirtió Wallace en The Harvard Gazette.

Un estudio citado por Wallace mostró que, entre hombres con tendencias suicidas, las dos palabras más comunes para describir su sufrimiento eran “inútil” y “sin valor”. “Esas son las palabras que expresan la sensación de no importar”, indicó la autora.

La doctora Calabrese, por su parte, explicó que el nido vacío tiene mucho que ver también con la reactivación de ser abandonados. “No pasa sólo en los niños, sino que nos acompaña toda la vida, porque no somos conscientes de esta necesidad de apego que hemos tenido. En esas personas con apegos inseguros, ‘mattering’ inseguros, el nido vacío reaviva las situaciones de abandono", señaló.

Y agregó: “Uno no tiene muy claro qué es lo que está pasando. Los hijos se van, pero uno se siente abandonado, como a lo mejor sintió cuando los padres se iban a trabajar, cuando uno era muy pequeño y sentía esa sensación de abandono".

El retiro laboral elimina una fuente habitual de validación

El impacto emocional de no reconocerse como necesario se vuelve más agudo, según Wallace, entre quienes abandonan la vida laboral. La autora explicó que muchas personas obtienen “pruebas sociales” de que importan a través de sus trabajos, y que esa validación desaparece cuando se jubilan o pierden el empleo.

Para Wallace, la respuesta a la pregunta de cómo recuperar esa percepción de valor es concreta: “para sentirnos importantes, debemos sentirnos valorados y, además, tener la oportunidad de aportar valor al mundo que nos rodea”.

Añadió que una de las mayores fuentes de autoestima es sentirse útil y que, cuando una persona reconoce su propio valor, se siente apreciada y sabe que hay otros que dependen de ella, percibe que ha marcado una diferencia.

Cómo cultivar el mattering

De acuerdo a la doctora Calabrese, cuando estos sentimientos de mattering son muy fuertes, hay que hacer análisis o una psicoterapia.“Primero tomar conciencia de dónde vienen estas cuestiones para después sí poder modificarlas. Hay personas que sufren mucho, que se sienten muy disminuidos, por más que el entorno les vea muchos valores. Se ven desvalorizados y muy insignificantes. En esos casos hay que realizar la consulta profesional. Cuando esto es algo superficial, pasajero, podrá ser más llevadero. Pero si no, puede terminar llevando a depresiones o a otras situaciones”, describió.

Según escribieron James Pawelski, doctor en filosofía y Suzie Pileggi Pawelski, en un artículo en Psychology Today las relaciones no se mantienen fuertes por sí solas. “Al igual que el ejercicio físico, el bienestar relacional requiere intención, práctica y cuidado. Por eso acuñamos el término Gimnasio de Relaciones, donde invitamos a las personas a practicar las cualidades y habilidades que ayudan a construir vínculos más fuertes".

Los expertos, recomendaron tomarse un tiempo para preguntarse: ¿Quién en tu vida te ha ayudado a sentir que importas? ¿Y quién podría necesitar que le recuerdes que también importa?

También, aconsejaron un pequeño ejercicio del “Gimnasio de Relaciones”: “Reúnete con un amigo —idealmente en persona— para demostrarle tu cariño. Si no es posible, llámalo, escríbele un breve mensaje expresando tu agradecimiento. Se sentirá mejor, y tú también".

“Las relaciones no deberían ser algo secundario en nuestras vidas, a lo que solo prestamos atención cuando tenemos tiempo. Al contrario, deberían ser fundamentales. Recordemos cultivarlas y ser buenos ejemplos para nuestros hijos y las nuevas generaciones, enseñándoles la importancia de invertir en las relaciones: en el deporte, en la escuela, en casa y a lo largo de toda la vida", concluyeron.

Ahorrar para la vejez sigue siendo un desafío para los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, sobre todo para quienes no tienen número de Seguro Social.

Entre las alternativas más sencillas para comenzar, la “regla del 1%” se consolidó como un método práctico: reservar cada mes una porción mínima del ingreso para construir, con constancia, un fondo de jubilación.

La “regla del 1%” propone que cualquier persona, con o sin Seguro Social, destine el 1% de sus ingresos mensuales al ahorro para el retiro.

Especialistas como el divulgador financiero Clark Howard recomendaron esta estrategia como punto de partida para crear un hábito sostenido, y la propuesta es coherente con las sugerencias de planificación gradual que difunden organismos federales como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que promueve el ahorro sistemático y automatizado.

El objetivo no es que el 1% resuelva por sí solo la jubilación, sino que funcione como una puerta de entrada: una cifra pequeña reduce la barrera psicológica de “no me alcanza” y facilita la continuidad mes a mes.

Con el tiempo, muchas familias aumentan el porcentaje cuando mejoran sus ingresos o reducen deudas.

Cómo funciona la “regla del 1%” y cuánto representa

Aplicar la regla implica separar mensualmente ese porcentaje del salario y dirigirlo a una cuenta destinada al retiro o al ahorro de largo plazo. En términos anuales, el cálculo es directo: 1% del ingreso total del año.

Un ingreso de $30.000 anuales equivale a $300 al año, es decir $25 al mes. Para $40.000 anuales, el 1% representa $400 al año, con un aporte mensual de $33,3. En el caso de $60.000 anuales, el ahorro asciende a $600 al año, o $50 mensuales.

Para proyectar escenarios y estimar cómo puede crecer ese fondo con aportes constantes, existen herramientas oficiales como la calculadora del Tesoro de Estados Unidos y las calculadoras de la Administración del Seguro Social, útiles para ordenar expectativas y comparar distintos ritmos de ahorro.

Cómo ahorrar si no tienes número de Seguro Social

No contar con número de Seguro Social no impide empezar. En muchos casos, bancos y cooperativas de crédito aceptan el número de identificación individual del contribuyente (ITIN) para abrir cuentas de ahorro y, según la institución, acceder a productos financieros.

En estados como Illinois, organizaciones como Illinois Legal Aid informaron que es posible contratar servicios financieros utilizando ese documento, lo que amplía las alternativas para quienes necesitan opciones fuera de los circuitos tradicionales.

Además, varias instituciones permiten realizar inversiones o abrir cuentas vinculadas al ahorro de largo plazo con ITIN, lo que ofrece una vía para construir estabilidad financiera sin que el estatus migratorio sea un obstáculo automático.

La recomendación es consultar de manera explícita qué productos aceptan ITIN, cuáles son sus requisitos y qué comisiones aplican.

Dónde y cómo empezar a ahorrar para el retiro

Entre las opciones más utilizadas figura el plan 401(k) patrocinado por empleadores, además de las cuentas IRA y las cuentas de ahorro tradicionales.

Para entender condiciones, límites y pasos de administración, organismos como el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicaron guías para iniciar y gestionar estos instrumentos.

Una recomendación repetida por la CFPB es automatizar las transferencias mensuales al fondo de retiro. La automatización reduce el riesgo de “olvidarse” y convierte el ahorro en un comportamiento estable, incluso cuando el monto inicial es pequeño.

También ayuda a sostener el plan en meses de gastos altos, porque el dinero se separa al inicio y no al final.

Claves para inmigrantes hispanos que buscan ahorrar para la jubilación

Para construir un fondo de retiro, la constancia pesa más que el monto del primer depósito. Conviene hablar con instituciones financieras sobre opciones para inmigrantes, preguntar por productos que acepten ITIN y buscar asesoría gratuita si aparecen dudas sobre apertura de cuentas, comisiones o condiciones.

Organismos gubernamentales y fundaciones también pueden orientar en trámites y planificación. El punto de partida es concreto: empezar, aunque sea con el 1%.

Mantener esa disciplina mes a mes puede abrir el camino para subir el porcentaje cuando la economía familiar lo permita, sin perder el hábito que sostiene el ahorro de largo plazo.

Miles de jubilados han iniciado una movilización para reclamar un cambio en el sistema de pensiones que ponga fin a las penalizaciones que sufren quienes, pese a haber cotizado más de 40 años, decidieron o se vieron obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria.

La reivindicación ha cobrado fuerza en las últimas semanas a través de varias campañas impulsadas en la plataforma Change.org, donde dos peticiones ya han superado las 30.000 firmas. Los afectados denuncian que el actual sistema les aplica recortes permanentes en sus prestaciones mediante los llamados coeficientes reductores, una medida que consideran injusta después de décadas de contribución al sistema.

“Hemos trabajado más de 40 años y el sistema nos castiga”, resume el sentir de muchos de los pensionistas que respaldan estas iniciativas.

Manuel Guarino: “El sistema me castiga”

Uno de los casos que más repercusión está teniendo es el de Manuel Guarino, un enfermero de 71 años que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional al ámbito sanitario. En su petición, denuncia que su pensión se ha visto reducida de forma permanente pese a haber acumulado una extensa carrera laboral.

“He trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada. Me jubilé solo seis meses antes de la edad ordinaria. Solo seis meses. Y aun así se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión”, explica.

Para Guarino, la situación resulta difícil de entender. “Después de trabajar más de 40 años, después de cotizar durante décadas y de haber servido a la sanidad y a la sociedad, el sistema me castiga para siempre por haberme jubilado unos meses antes”, lamenta.

Antonio Matinero: “Penalizado de por vida en mi pensión”

Una situación similar vive Antonio Matinero, presidente de la asociación Asjubi40, una organización que agrupa a jubilados con largas carreras de cotización y que lleva años reclamando una reforma legal.

Matinero trabajó como delineante proyectista hasta que la crisis económica provocó el cierre del estudio de arquitectura en el que desarrollaba su actividad profesional. A partir de entonces encadenó distintos empleos temporales como peón forestal, pintor o albañil antes de verse obligado a adelantar su jubilación.

“Había cotizado 45 años cuando me jubilé anticipadamente a los 62 años y medio. Desde entonces sufro una penalización de por vida en mi pensión”, denuncia.

Su caso refleja una realidad que afecta a miles de trabajadores que, por circunstancias ajenas a su voluntad, abandonaron el mercado laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación y que hoy ven reducidos sus ingresos de manera permanente.

Las campañas han despertado un importante respaldo social. Decenas de pensionistas han compartido sus experiencias en los comentarios de las peticiones.

“48 años cotizados. Mis rodillas no podían más y me reducen un 11%”, escribe Manuel. Maite explica que trabajó durante 50 años antes de prejubilarse a los 63 años y que su pensión fue recortada un 12%. Eduardo, por su parte, asegura que adelantó su jubilación apenas nueve meses para poder atender un problema de salud de su esposa y que también fue penalizado pese a haber cotizado durante 48 años.

Coeficientes reductores

En España, las jubilaciones anticipadas están sujetas a coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión. Estas reducciones dependen del tiempo de adelanto respecto a la edad ordinaria de jubilación y de los años acumulados de cotización.

El problema, según denuncian los afectados, es que dichos recortes se aplican de manera permanente, incluso en casos en los que los trabajadores han contribuido al sistema durante más de cuatro décadas.

La reclamación no es nueva. En noviembre de 2025, el Congreso de los Diputados aprobó una moción que instaba al Gobierno a estudiar cambios para evitar que las personas con más de 40 años cotizados siguieran sufriendo estas penalizaciones cuando accedieran a la jubilación anticipada.

Sin embargo, los jubilados denuncian que, meses después, aquella iniciativa parlamentaria no se ha traducido en modificaciones concretas de la normativa. Como consecuencia, miles de pensionistas continúan soportando reducciones permanentes en sus prestaciones.

Los promotores de las campañas insisten en que no buscan privilegios, sino un reconocimiento a quienes han sostenido el sistema durante gran parte de su vida laboral. “Pedimos que se reconozcan las largas carreras de cotización. No estamos reclamando ventajas especiales, sino justicia para quienes hemos trabajado durante más de 40 años”, sostiene Antonio Matinero.

Mientras las firmas siguen creciendo y la presión aumenta, los afectados esperan que el debate vuelva a abrirse en las instituciones y que el Gobierno impulse una reforma que permita corregir una situación que consideran profundamente injusta.

La situación de Rodolfo, pensionista y padre de dos hijos, ejemplifica el recorrido de numerosos hombres en España que han debido acudir a la vía judicial para reclamar el complemento de maternidad en su pensión de jubilación. Aunque la legislación y la jurisprudencia europeas ya habían reconocido desde 2019 el derecho de los varones a percibir este complemento, la administración española mantuvo durante años una práctica que obligó a los solicitantes a iniciar procedimientos judiciales para ver reconocido su derecho. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lejos de resolver las solicitudes de los hombres conforme a la doctrina europea, persistió en denegar o ignorar estas reclamaciones, generando así una discriminación autónoma.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia que marca un precedente claro: fija en 1.800 euros la indemnización que corresponde a los hombres a quienes se les haya denegado el complemento de maternidad y hayan debido demandar para obtenerlo. Esta resolución no solo reconoce la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, sino que establece un criterio indemnizatorio homogéneo para todos los afectados, con el objetivo de reparar de manera integral el perjuicio sufrido. El fallo, que estima el recurso de Rodolfo, anula la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ordena al INSS el pago de la cantidad fijada.

La trayectoria de este caso recoge una sucesión de hechos que comenzó en abril de 2019, cuando Rodolfo obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En abril de 2022, solicitó formalmente el complemento de maternidad por aportación demográfica, amparado en la Ley General de la Seguridad Social. Ante la falta de respuesta administrativa, el pensionista presentó reclamación previa en agosto de ese año y, pocos meses después, en noviembre, interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid.

La Justicia de Madrid estimó el recurso del pensionista

Durante el proceso judicial, el INSS acabó reconociendo el complemento y procedió a su abono en septiembre de 2023, por lo que el demandante desistió de reclamarlo en el juicio, manteniendo únicamente la petición de indemnización por la discriminación sufrida. El juzgado, en diciembre de 2023, desestimó la demanda al considerar que no existía perjuicio reparable, dado que el complemento se había reconocido con efectos retroactivos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrigió en parte ese criterio en julio de 2024, al estimar el recurso del pensionista y fijar una indemnización de 600 euros, aunque inferior a la cuantía solicitada.

El recorrido judicial alcanzó su última fase con la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Tras analizar el caso y las sentencias contradictorias de otros tribunales, el Supremo resolvió en enero de 2026 que la indemnización adecuada asciende a 1.800 euros, en línea con lo ya resuelto en otros pronunciamientos recientes y conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia, que unifica el criterio aplicable a nivel nacional, revoca expresamente las resoluciones anteriores y establece que el INSS deberá abonar esa cantidad a Rodolfo como reparación íntegra del perjuicio causado por la discriminación.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

El homenajeado fue David Koster, quien tras décadas de servicio en el cuerpo de bomberos de esa pequeña ciudad cordobesa puso fin a su etapa activa. La institución no dejó pasar la ocasión sin marcarla a su manera. Antes de la despedida formal, sus compañeros montaron un simulacro de emergencia que Koster no esperaba, y todo quedó registrado en video.

Junto a las imágenes, los Bomberos de Coronel Moldes publicaron en su cuenta oficial de Instagram un comunicado redactado con el lenguaje propio de las comunicaciones operativas del cuerpo. “Se informa que la emergencia ha sido controlada por el tiempo y la dedicación. Hoy finaliza el servicio operativo del bombero David Koster”, se escucha en los primeros segundos de video. Continuó: “Después de décadas de abnegación y sacrificio, se le ordena disfrutar el descanso tras el deber cumplido”.

El comunicado, hecho por la Jefatura y el Cuerpo Activo, subrayó que el nombre de Koster “queda grabado en la historia de este cuartel como ejemplo de disciplina, vocación y compañerismo”. El mensaje también recordó las dificultades propias de la profesión: “Ser bombero nunca fue un camino fácil. Estuvo lleno de desafíos, noches de incertidumbre, sacrificio y también enormes alegrías compartidas”.

En uno de los pasajes más personales, la institución destacó el rol que Koster ocupó dentro del grupo: “Vos fuiste un pilar en cada salida, en cada viaje, con tus palabras de aliento, con tu mirada atenta y ese compromiso silencioso de siempre cuidar a los demás”. El texto también aludió a colegas fallecidos: “A lo largo de este camino, algunos compañeros quedaron en el viento, pero sabemos que llevás cada pedacito de ellos en tu corazón”.

El cierre del comunicado mantuvo el tono de operativo hasta el final: “Unidad 21, proceda a retornar al cuartel bajo una lluvia de honores. Gracias por tu servicio, David. La familia bomberil te espera”.

En la misma publicación, los Bomberos de Coronel Moldes también dejaron un mensaje escrito: “Después de tantos años de servicio, compromiso y entrega, el bombero David Koster comienza una nueva etapa: su merecida jubilación”.

El cuartel le expresó su gratitud “por cada guardia, cada enseñanza, cada palabra de aliento” y cerró con una frase que resume el vínculo construido a lo largo de los años de servicio: “Este cuartel siempre será tu casa”.

Cómo afecta la jubilación a las personas

La jubilación es una de las diez transiciones vitales más estresantes, según la American Psychological Association (APA), al nivel de un divorcio o una mudanza radical. No se trata únicamente de abandonar el empleo, sino de perder un eje de identidad, una rutina que ordena los días y otorga sentido a las horas.

Cuando el trabajo desaparece, ese “por qué” se vuelve difuso. La pregunta sobre quién se es suele responderse con lo que se hace: ¿qué queda cuando ya no se es el maestro, el jefe, la periodista, el empleado? Todo lo conocido se transforma. Dejar de trabajar no es solo un cambio de agenda: es una ruptura con la persona que el trabajo ayudó a construir.

Un informe de Harvard Business Review señala que la salud mental de los nuevos jubilados puede descender entre un 6 y un 9 % a lo largo de los primeros seis años tras el retiro. Un estudio de Newsweek agrega que el 63 % de los estadounidenses teme tener que volver al mercado laboral tras jubilarse, y que la mayoría llega a ese momento con angustia, no con expectativa.

En Argentina, el retiro llega con frecuencia cargado de vulnerabilidad económica. Las jubilaciones mínimas quedan muy por debajo del costo de vida real, los créditos accesibles para esa etapa de transición prácticamente no existen y los programas de contención y acompañamiento son escasos.

Los documentos que necesitas para jubilarte anticipadamente en México en 2026, según el IMSS y el ISSSTE, varían según la institución a la que cotizas. Reunirlos con anticipación reduce el riesgo de retrasos o rechazos en la solicitud.

Para quienes cotizan al IMSS bajo la Ley del Seguro Social de 1997, el artículo 158 de esa ley regula el retiro anticipado. El trámite se inicia en las ventanillas de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente al domicilio del solicitante.

Mientras que en el ISSSTE es en el área de Recursos Humanos de tu dependencia, donde debes obtener la Hoja única de servicios, el Aviso oficial de baja afiliatoria y el CFDI de la última quincena de nómina.

Dónde y cómo iniciar el trámite ante el IMSS

Antes de acudir a ventanilla, el IMSS recomienda realizar una presolicitud en línea en imss.gob.mx/pensiones. En ese portal puedes consultar el simulador de pensiones, comparar tus datos con los de tu AFORE y verificar tus semanas cotizadas antes de iniciar el proceso formal.

Una vez completada la presolicitud, acude a la ventanilla de Control de Prestaciones de tu Unidad de Medicina Familiar con el expediente completo. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. El personal de Servicios de Prestaciones Económicas registra tu solicitud, valida tu información y te comunica el estimado de tu pensión.

Dónde y cómo iniciar el trámite ante el ISSSTE

El trámite del ISSSTE se desarrolla en dos etapas. Como se mencionó anteriormente la primera es en el área de Recursos Humanos de tu dependencia, donde debes obtener la Hoja única de servicios, el Aviso oficial de baja afiliatoria y el CFDI de la última quincena de nómina, documentos que solo esa área puede expedir.

La segunda etapa es en el Departamento de Pensiones de la Delegación del ISSSTE que corresponda a los dos primeros dígitos del código postal de tu domicilio. Ahí se presenta el expediente completo y se resuelve la pensión. Para dudas o aclaraciones puedes llamar al 55 4000 1000 o escribir a atencionciudadana@issste.gob.mx.

Documentos para el trámite ante el IMSS

Según la información publicada por el IMSS, estos son los documentos que debes llevar:

Identificación oficial con fotografía vigente (credencial del INE, pasaporte o cédula profesional)

Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por el Registro Civil, o el acta en línea impresa desde el portal oficial

Estado de cuenta de tu AFORE con una antigüedad no mayor a seis meses, obtenido desde la página de internet de la administradora

Documento de institución bancaria que incluya el número de cuenta y la CLABE interbancaria a nombre del solicitante

Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS, tramitable con la homoclave IMSS-02-025 Modalidad A, disponible en línea o de forma presencial

El solicitante debe haber causado baja en el Régimen Obligatorio del IMSS antes de iniciar el proceso. Si el sistema detecta que sigues activo con un patrón, rechaza la solicitud de forma automática.

Documentos para el trámite ante el ISSSTE

Para trabajadores del Estado bajo el régimen Décimo Transitorio, el proceso inicia en el área de Recursos Humanos de la dependencia donde laboras, y puede comenzarse tres meses antes de cumplir la edad mínima requerida.

Los documentos que debes presentar ante el Departamento de Pensiones de la delegación del ISSSTE que te corresponda son:

• Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
• CURP
• Acta de nacimiento
• RFC con homoclave
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses
• Hoja única de servicios
• Aviso oficial de baja afiliatoria del ISSSTE, proporcionado por el área de Recursos Humanos de tu dependencia aproximadamente 30 días después de tu fecha de baja
• CFDI de la última quincena de nómina
• Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria de 18 dígitos

Estos datos deacuerdo con guías publicadas por la UAM y otras fuentes el procedimiento puede variar de acuerdo a las disposiciones oficiales y del Instituto.

Para trámites específicos ante PensionISSSTE (retiro de cuenta individual y AFORE):

• CDMX: 55 5062 0555
• Interior de la República (sin costo): 800 400 1000 y 800 400 2000
• Correo: atencion@pensionissste.gob.mx
• Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h / sábados de 8:00 a 16:00 h (hora del centro)

Paso a paso: cómo avanzar en cada institución

Si cotizas al IMSS:

1. Verifica tu número de semanas cotizadas mediante la constancia con homoclave IMSS-02-025 Modalidad A

2. Solicita tu estado de cuenta actualizado directamente en el portal de tu AFORE

3. Obtén el documento bancario con tu CLABE interbancaria

4. Reúne tu acta de nacimiento certificada y tu identificación oficial vigente

5. Acude a la ventanilla de Control de Prestaciones de tu Unidad de Medicina Familiar con el expediente completo

6. El IMSS calcula el monto y, una vez autorizado, eliges la aseguradora privada para tu renta vitalicia

Si cotizas al ISSSTE:

1. Confirma que perteneces al régimen Décimo Transitorio y que no migraste al sistema de cuentas individuales tras la reforma de 2007

2. Solicita tu Constancia de Años de Servicio en el área de Recursos Humanos de tu dependencia

3. Obtén tu certificado médico en una unidad del ISSSTE

4. Reúne INE, CURP, RFC, acta de nacimiento, estado de cuenta y constancia de baja

5. Presenta el expediente completo en la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE que te corresponda

6. Espera el dictamen; una vez autorizado, la pensión se activa de forma retroactiva al cierre de tu último mes de trabajo

La condición financiera que puede frenar tu solicitud

Para quienes tramitan ante el IMSS, cumplir con los documentos no es suficiente. El artículo 158 de la Ley del Seguro Social establece que la pensión calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias debe ser superior en más del 30% a la Pensión Mínima Garantizada del Gobierno de México.

Además, el saldo de la cuenta individual debe cubrir la prima del Seguro de Sobrevivencia para los beneficiarios. Sin este componente, el IMSS no autoriza el retiro aunque el solicitante cumpla todos los demás requisitos.

Quién puede solicitarla y bajo qué condiciones

El IMSS permite el retiro anticipado a trabajadores menores de 60 años que cotizaron a partir del 1 de julio de 1997. En 2026 se requieren 875 semanas cotizadas para solicitar el retiro anticipado. Esta cifra aumenta en bloques de 25 semanas cada año —conforme al Artículo Cuarto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020— hasta llegar a 1,000 semanas en 2031, que es el mínimo definitivo establecido en la Ley del Seguro Social para este tipo de pensión.

El ISSSTE restringe la jubilación anticipada a quienes permanecen en el régimen Décimo Transitorio: trabajadoras con al menos 28 años de servicio y trabajadores con al menos 30 años. Quienes migraron al sistema de cuentas individuales tras la reforma de 2007 no tienen acceso a este beneficio.

El decreto que cambió las reglas en 2026

El 24 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que detuvo el aumento progresivo de la edad mínima de jubilación en el ISSSTE e inició una reducción escalonada.

En 2026, las mujeres pueden jubilarse desde los 56 años y los hombres desde los 58 años. El calendario desciende cada tres años hasta alcanzar, en 2034, los 53 años para mujeres y 55 para hombres. La reforma no modifica los años de cotización requeridos: solo ajusta la edad mínima de retiro.

Al jubilarse de forma anticipada en México, los trabajadores del IMSS e ISSSTE no pierden su acceso a servicios médicos, siempre que cumplan con los requisitos de cotización que establece la ley vigente para cada instituto.

La cobertura continúa, aunque su alcance y condiciones dependen del régimen bajo el cual se haya cotizado y de la institución que resuelva la pensión.

Obtener una pensión anticipada no equivale a quedarse sin atención médica. Según la página oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todo pensionado al amparo de la Ley del Seguro Social conserva el derecho al servicio médico desde el momento en que se le otorga la resolución de pensión, sin importar la edad a la que se retire.

Qué pasa con el servicio médico del IMSS al jubilarse antes de los 60 años

El retiro anticipado en el IMSS aplica para asegurados con cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997 que aún no han cumplido 60 años. Para tramitarlo, la Ley del Seguro Social exige acreditar el mínimo de semanas cotizadas vigente: 875 semanas en 2026, con incrementos anuales de 25 semanas hasta llegar a 1,000 en 2031.

Además, la pensión calculada en el sistema de rentas vitalicias debe superar en más del 30% la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para los beneficiarios. El asegurado también debe haber causado baja del Régimen Obligatorio y estar privado de trabajo remunerado.

Una vez otorgada la pensión, el Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS establece que el instituto proporciona servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a sus pensionados a través de tres niveles de atención: medicina familiar, especialidades con hospitalización y alta complejidad.

El caso de quienes reciben negativa de pensión pero tienen semanas cotizadas

Existe una protección específica para quienes no alcanzan el mínimo de semanas requerido. Según el portal oficial del IMSS, los derechohabientes que solicitan pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez y reciben una negativa por insuficiencia de semanas, pero acreditan al menos 750 semanas cotizadas, conservan el derecho a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

Esto significa que, aun sin pensión económica, esa persona puede seguir atendida en las clínicas del IMSS. La Ley del Seguro Social, en su Artículo 162, respalda este supuesto.

Jubilación anticipada en el ISSSTE: edades y cobertura en 2026

Para los trabajadores del Estado, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025 redujo las edades mínimas de jubilación para quienes cotizan bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.

En 2026, las trabajadoras pueden jubilarse a los 56 años y los trabajadores a los 58, siempre que acrediten 28 y 30 años de cotización, respectivamente, y no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE. Sin el decreto, las edades habrían sido 57 y 59 años.

La reducción continuará de forma gradual hasta 2034, cuando las edades mínimas serán 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Qué servicios de salud cubre el ISSSTE a sus pensionados

El Artículo 3 de la Ley del ISSSTE establece con carácter obligatorio el seguro de salud para todos sus derechohabientes, que incluye a los pensionistas. Ese seguro comprende atención médica preventiva, atención curativa y de maternidad, y rehabilitación física y mental.

El Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE precisa que los pensionistas tienen derecho a atención en los tres niveles del sistema institucional. En caso de enfermedad, el tratamiento para un mismo padecimiento se cubre hasta la curación cuando se trata de pensionistas, a diferencia de los trabajadores activos, cuya cobertura tiene un plazo máximo de 52 semanas por padecimiento.

Además de la cobertura médica, el instituto mantiene activas alrededor de 22 prestaciones para jubilados y pensionados, que incluyen préstamos personales, acceso a tiendas SUPERISSSTE, servicios funerarios, Casas de Día para adultos mayores y programas culturales y deportivos, según confirmó el instituto en enero de 2026.

Portabilidad IMSS-ISSSTE: quién otorga la cobertura médica

Los trabajadores que cotizaron en ambos institutos pueden sumar sus periodos mediante el mecanismo de transferencia de derechos, conocido como portabilidad. En ese escenario, la institución que resuelve la pensión —determinada por cuál recibió la última cotización— es la que asume la cobertura médica.

Así lo establece la ficha de trámite IMSS-01022 del portal oficial del IMSS: los pensionados de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que se acogieron al Convenio de Portabilidad IMSS-ISSSTE recibirán el servicio médico a través de la institución indicada en su resolución de pensión.

El Boletín Oficial de la República Argentina publicó este miércoles tres disposiciones clave de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Poder Ejecutivo. Las medidas impactan en el esquema de asignaciones familiares, los haberes jubilatorios y pensiones, y establecen un bono extraordinario para quienes perciben ingresos previsionales mínimos.

Este jueves, ANSES oficializa un incremento del 2,58% en los límites de ingresos y en los montos de las asignaciones familiares a partir de junio de 2026. La Resolución 146/2026 dispone que el ajuste alcanza a trabajadores en relación de dependencia de los sectores público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La actualización se basa en la movilidad establecida por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC), garantizando que las prestaciones mantengan su valor real frente a la inflación. El incremento se aplicará sobre los valores vigentes y afecta tanto a los límites de ingresos familiares como a los montos de las asignaciones. Los cuadros con los nuevos rangos y montos estarán disponibles en los anexos oficiales publicados por ANSES.

La resolución establece que cuando un integrante del grupo familiar perciba ingresos superiores a $2.970.968, todo el grupo quedará excluido del cobro de asignaciones, aunque la suma total no supere el tope general. Además, se indica que la Asignación por Ayuda Escolar Anual solo se actualizará por movilidad una vez al año y que, en caso de decimales, los montos serán redondeados al número entero siguiente.

Nuevos valores mínimos y máximos en jubilaciones y pensiones

La Resolución 139/2026 de ANSES actualiza los valores de las prestaciones previsionales a partir de junio. El haber mínimo garantizado se fija en $403.317,99 para los jubilados y pensionados, mientras que el haber máximo asciende a $2.713.948,17. La base imponible mínima para aportes queda en $135.837,40 y la máxima en $4.414.652,38.

La normativa también establece los nuevos montos para la Prestación Básica Universal (PBU), que será de $184.499,57, y para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que asciende a $322.654,39. Estas cifras surgen de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual basada en el INDEC. Además, se actualizan los índices para calcular las remuneraciones de quienes soliciten su prestación después del 1° de junio de 2026.

La resolución faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES para dictar las normas necesarias para su implementación. Los detalles y cuadros completos pueden consultarse en los anexos oficiales publicados junto con la disposición en el Boletín Oficial.

Bono extraordinario previsional para haberes mínimos

El Decreto 399/2026 del Poder Ejecutivo establece un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse durante junio de 2026. El beneficio alcanza a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas a cargo de ANSES, incluidas jubilaciones, pensiones, la PUAM y pensiones graciables.

El bono será de $70.000 para quienes perciban el haber mínimo. Para quienes cobren un monto superior, el adicional será el necesario para alcanzar el total del haber mínimo más el bono. El pago se realizará a cada titular, sin importar la cantidad de copartícipes en el caso de pensiones, y no estará sujeto a descuentos ni computable para otros conceptos, según lo establece el decreto.

El decreto establece que el bono extraordinario previsional será abonado exclusivamente durante el mes de junio de 2026 a los titulares de las prestaciones detalladas, siempre que el beneficio se encuentre vigente al momento de la liquidación. La ANSES queda facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias para implementar el bono.

]]>https://www.infobae.com/espana/2026/05/27/trabajar-hasta-los-73-anos-la-dura-alternativa-que-plantean-los-expertos-para-salvar-las-pensiones/https://www.infobae.com/espana/2026/05/27/trabajar-hasta-los-73-anos-la-dura-alternativa-que-plantean-los-expertos-para-salvar-las-pensiones/Wed, 27 May 2026 14:19:44 +0000

España tendrá que enfrentarse tarde o temprano a una reforma profunda del sistema público de pensiones. Esa es la principal conclusión del informe Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora, elaborado por CEU Cefas, que plantea elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 73 años para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El estudio sostiene que el sistema público de reparto fue diseñado para una realidad demográfica completamente distinta a la actual y advierte de que el envejecimiento acelerado de la población, la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida amenazan el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

Los expertos alertan además de que las soluciones tradicionales ya no bastan por sí solas. Ni retrasar la jubilación, ni aumentar la inmigración, ni potenciar el ahorro privado serían suficientes sin una transformación estructural del sistema y un cambio demográfico de fondo.

Un problema “aritmético” y no ideológico

El responsable de Estudios y Análisis Social de CEU Cefas, Alejandro Macarrón, resume la situación con una frase contundente: “El problema de las pensiones no es ideológico, sino aritmético”.

Según explica el informe, cada vez hay menos trabajadores por pensionista, lo que reduce la capacidad del sistema para sostener el creciente gasto en jubilaciones. A ello se suma que los salarios crecen a un ritmo mucho menor que las pensiones, lo que agrava todavía más el desequilibrio.

Entre 2010 y 2025, el salario medio en España aumentó alrededor de un 22% o un 25%, mientras que la pensión media se disparó entre un 65% y un 70%. Además, España mantiene una de las tasas de sustitución más altas de Europa, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países europeos.

Déficit estructural desde hace más de una década

El informe también pone el foco sobre el déficit permanente de la Seguridad Social. Desde 2011, el sistema arrastra números rojos estructurales y cada año necesita mayores transferencias del Estado para sostener el pago de las prestaciones.

Solo en 2024, el déficit operativo directo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social alcanzó los 33.868 millones de euros. Además, España dedicó en 2023 un 11,2% de su PIB al pago de jubilaciones, según datos de Eurostat.

Para los autores del estudio, estas cifras reflejan que el modelo actual afronta un problema de fondo que irá agravándose a medida que la generación del ‘baby boom’ continúe accediendo a la jubilación. En este contexto, el documento considera inevitable retrasar la edad efectiva de retiro y alinearla progresivamente con el aumento de la esperanza de vida.

Ni inmigración ni ahorro privado bastan

El informe también cuestiona la idea de que la inmigración pueda resolver por sí sola el desafío demográfico español. Aunque reconoce que puede aliviar parcialmente la presión sobre el sistema, considera que no garantiza la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.

Entre los motivos, señala factores como las menores bases de cotización, el elevado desempleo o la baja cualificación media de parte de la población inmigrante. Además, advierte del impacto añadido sobre servicios públicos, vivienda y mercado laboral.

Los expertos defienden igualmente la necesidad de reforzar el ahorro privado y potenciar los planes de pensiones de empresa, aunque subrayan que tampoco son una solución completa.

“Ni siquiera un sistema basado en ahorro privado queda blindado frente al desplome de la natalidad”, sostiene el estudio. El motivo, explican, es que el bienestar de los jubilados no depende únicamente del dinero acumulado, sino también de que exista una masa suficiente de trabajadores activos que produzcan bienes, sostengan servicios y financien los cuidados de una población cada vez más envejecida.

Más natalidad y jubilaciones más flexibles

Ante este escenario, el informe apuesta por una estrategia múltiple que combine varias reformas de manera simultánea. Entre ellas, propone avanzar hacia un sistema mixto de pensiones en el que la prestación pública garantice unos mínimos, mientras gana peso el ahorro individual y los planes promovidos por empresas.

También plantea incentivar a quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral y facilitar que los pensionistas puedan seguir trabajando de forma compatible con el cobro parcial de la pensión.

Pero una de las claves del documento está en el factor demográfico. Los expertos consideran imprescindible aumentar la natalidad para evitar el colapso futuro del sistema. Como medida concreta, proponen que las pensiones puedan incrementarse en función del número de hijos, tanto para hombres como para mujeres, como reconocimiento a la contribución de las familias al sostenimiento futuro del sistema.

El debate sobre la viudedad

El informe también abre la puerta a revisar algunas prestaciones actuales, especialmente las pensiones de viudedad. Los autores consideran que deberían concentrarse en los casos de mayor necesidad y plantean incluso su supresión cuando el cónyuge superviviente disponga de ingresos propios suficientes.

Además, sugieren que estas prestaciones puedan ser crecientes en función del número de hijos, recordando que históricamente surgieron para proteger económicamente a mujeres que habían dedicado su vida al cuidado familiar y no habían generado ingresos propios.

Las propuestas llegan en un momento especialmente delicado para el debate sobre las pensiones en España. Mientras el Gobierno insiste en la sostenibilidad del sistema tras las últimas reformas, distintos organismos y expertos advierten de que el envejecimiento poblacional seguirá presionando las cuentas públicas durante las próximas décadas.

]]>https://www.infobae.com/espana/2026/05/26/jarro-de-agua-fria-para-los-mutualistas-el-gobierno-veta-el-acceso-al-reta-de-47000-profesionales-que-cumplen-requisitos-para-jubilarse/https://www.infobae.com/espana/2026/05/26/jarro-de-agua-fria-para-los-mutualistas-el-gobierno-veta-el-acceso-al-reta-de-47000-profesionales-que-cumplen-requisitos-para-jubilarse/Tue, 26 May 2026 14:02:33 +0000

El Gobierno ha frenado en el Congreso una de las reformas más esperadas por miles de mutualistas españoles. El Ejecutivo ha vetado la tramitación de varias enmiendas impulsadas por PP y Junts que buscaban ampliar las posibilidades de transferencia de derechos económicos desde las mutualidades profesionales al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una medida que habría beneficiado directamente a unas 47.000 personas.

La decisión supone un duro revés para numerosos profesionales colegiados que esperaban mejorar sus condiciones de jubilación y corregir los perjuicios derivados de haber cotizado durante años en sistemas alternativos a la Seguridad Social.

El veto se produce en el marco de la proposición de ley que pretende desarrollar una “pasarela” para que los mutualistas puedan trasladar sus derechos económicos acumulados al RETA antes de 2028, fecha fijada para poner fin al actual modelo de alternatividad entre mutualidades y sistema público de autónomos.

Un coste de más de 5.200 millones

La principal enmienda vetada había sido pactada entre PP y Junts y planteaba eliminar uno de los requisitos más restrictivos de la futura pasarela: la obligación de no tener reconocido el periodo mínimo necesario para acceder a una pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.

Con ese cambio, miles de mutualistas que ya cumplen las condiciones mínimas para jubilarse habrían podido igualmente transferir sus derechos al RETA y mejorar así su futura prestación.

Sin embargo, el Gobierno ha utilizado la potestad recogida en el artículo 134.6 de la Constitución, que permite al Ejecutivo bloquear iniciativas parlamentarias con impacto presupuestario. Según el escrito de disconformidad recogido por Europa Press, la medida supondría un coste estimado de 5.204 millones de euros.

El Ejecutivo considera que asumir ese gasto tendría un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y comprometería la sostenibilidad financiera del sistema.

El fin de las mutualidades alternativas

La reforma en discusión busca poner fin a un modelo que durante décadas permitió a determinados profesionales colegiados —como abogados, arquitectos o ingenieros— cotizar en mutualidades privadas alternativas en lugar de hacerlo en el RETA.

Muchos mutualistas llevan años denunciando que este sistema les ha generado importantes perjuicios económicos y pensiones muy inferiores a las del régimen público de autónomos.

Por ello, el proyecto legislativo pretende facilitar una transición progresiva al RETA antes de 2028. Sin embargo, las enmiendas vetadas por el Gobierno buscaban ampliar aún más esa integración y flexibilizar las condiciones de acceso.

También se rechazan las propuestas de Vox

El veto del Ejecutivo no afecta únicamente a las iniciativas de PP y Junts. El Gobierno también ha bloqueado una propuesta presentada por Vox para extender la pasarela al RETA a cualquier persona que hubiera sido mutualista en algún momento de su vida laboral, incluidos jubilados, pasivos o beneficiarios. Según el Ejecutivo, esta medida incrementaría aún más el impacto económico de la reforma y desbordaría el objetivo inicial de la ley.

Además, el Gobierno ha rechazado otras modificaciones pactadas entre populares y Junts, como la obligación de desarrollar reglamentariamente la transferencia de derechos en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la ley.

El argumento del Ejecutivo es que fijar ese límite temporal supondría una restricción “significativa” debido a la complejidad técnica de la materia y a los recursos humanos disponibles para desarrollar el proceso.

El choque sobre el futuro del sistema

Otra de las cuestiones que ha generado mayor enfrentamiento político es el intento de PP y Junts de extender el régimen de mutualidades más allá de 2028 y equipararlo al RETA.

El Gobierno considera que esa propuesta contradice directamente uno de los objetivos fundamentales de la reforma: acabar con la coexistencia entre mutualidades alternativas y sistema público de autónomos.

El Ejecutivo sostiene que el actual modelo ha generado “disfunciones” durante años y que mantenerlo supondría perpetuar desigualdades entre profesionales.

Además, el Gobierno alerta del impacto económico que tendría para la Seguridad Social permitir que determinados colegiados siguieran fuera del RETA. Según sus cálculos, por cada profesional que no se afiliara al régimen público de autónomos se dejarían de ingresar unos 105.000 euros a lo largo de una carrera media de cotización de treinta años.

Malestar entre los mutualistas

El veto ha generado preocupación entre colectivos de mutualistas y asociaciones profesionales que llevan tiempo reclamando soluciones para quienes consideran que han quedado atrapados en un sistema menos favorable que el público.

Muchos profesionales denuncian que las mutualidades no han garantizado prestaciones equivalentes a las del RETA y que miles de personas afrontan jubilaciones con ingresos muy reducidos tras décadas de cotización.

La decisión del Gobierno añade ahora incertidumbre sobre el alcance definitivo de la futura pasarela y sobre las condiciones en las que podrán integrarse los mutualistas en el sistema público.

]]>