El sistema público de pensiones español vuelve a situarse en el centro del debate económico y político. El envejecimiento acelerado de la población, la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’ y la menor entrada de jóvenes al mercado laboral están poniendo bajo presión un modelo basado en el reparto: las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones de quienes ya se han retirado.

España ha aprobado en la última década reformas para contener el gasto. La de 2013 introdujo el llamado factor de sostenibilidad —más tarde derogado— y fijó un calendario progresivo para retrasar la edad legal de jubilación. A partir de 2027, la edad ordinaria quedará establecida en 67 años para quienes no alcancen 38 años y medio cotizados, mientras que quienes superen ese periodo podrán seguir retirándose a los 65.

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Sin embargo, el creciente deterioro de las cuentas del sistema ha abierto un nuevo interrogante: ¿qué ocurriría si el Gobierno decidiera dar otro paso y elevar la jubilación hasta los 69 años para carreras laborales incompletas y hasta los 67 para quienes hayan cotizado más tiempo?

Un retiro más tardío y menos rentable al reducir el tiempo de cobro

Las simulaciones actuariales apuntan a que el impacto sería mucho más profundo de lo que parece. Aunque trabajar dos años más permitiría mejorar ligeramente la pensión mensual, el efecto global para muchos jubilados sería negativo debido a la reducción del tiempo total de cobro.

Los expertos en pensiones de BBVA ponen el supuesto de un trabajador que hoy se jubila a los 67 años y puede esperar cobrar la pensión durante cerca de 20 años, teniendo en cuenta la esperanza de vida actual. Si la edad legal se retrasase hasta los 69, ese periodo caería a unos 18 años.

El resultado es una pérdida importante en la llamada tasa de retorno, es decir, la relación entre lo aportado al sistema durante toda la vida laboral y lo recibido posteriormente como pensión.

Los cálculos de BBVA estiman que esa rentabilidad podría reducirse entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. Traducido al bolsillo, un pensionista medio pasaría de recibir entre 1,5 y 1,7 euros por cada euro cotizado a percibir entre 1,39 y 1,44 euros.

Más pensión al mes, pero menos dinero total

El retraso de la jubilación sí tendría un efecto positivo limitado: aumentar ligeramente la pensión mensual. Los trabajadores seguirían cotizando durante más tiempo y sustituirían años antiguos con bases bajas por salarios más recientes y elevados.

Desde BBVA calculan que, tomando como referencia la pensión media de jubilación en España, situada en 1.569 euros mensuales en abril de 2026, las simulaciones apuntan a que dos años adicionales de trabajo podrían elevar esa cuantía alrededor de un 4%, hasta unos 1.632 euros al mes.

Sin embargo, esa mejora no compensaría el recorte del periodo de percepción. Al cobrar la pensión durante menos años, el pensionista acabaría perdiendo más de 25.000 euros en ingresos acumulados a lo largo de toda la jubilación.

El problema afectaría especialmente a quienes comenzaron tarde su carrera laboral, tuvieron empleos precarios o atravesaron periodos de desempleo. Muchos apenas superarían los 35 años cotizados y serían los más perjudicados por el retraso.

El riesgo de una nueva fractura social

Los expertos de BBVA advierten además de otro efecto colateral: un aumento del riesgo de pobreza entre las personas mayores expulsadas prematuramente del mercado laboral.

En España, miles de trabajadores mayores de 55 años tienen enormes dificultades para volver a encontrar empleo tras un despido. Si la edad legal de jubilación se retrasa aún más, muchos quedarían atrapados durante años dependiendo de subsidios asistenciales, ayudas públicas o del Ingreso Mínimo Vital.

La situación sería especialmente delicada para quienes no pudieran acogerse a modalidades de jubilación anticipada involuntaria. El temor de muchos analistas es que se produzca un “efecto huida”: trabajadores intentando jubilarse antes para evitar futuras penalizaciones más severas.

Actualmente, la edad real de jubilación en España ronda los 65,3 años, todavía por debajo de la edad legal. Sin embargo, la distancia se ha ido reduciendo debido al aumento de las jubilaciones demoradas y al endurecimiento de las condiciones para retirarse anticipadamente. Las jubilaciones demoradas ya representan cerca del 11% del total, más del doble que hace apenas seis años. Al mismo tiempo, las anticipadas han caído significativamente tras las reformas introducidas en 2021.

El gran desafío: empleo sénior y productividad

El debate sobre retrasar la jubilación no es únicamente financiero. También plantea un enorme reto laboral y social. España sigue teniendo una tasa de empleo inferior a la media europea entre trabajadores de 55 a 64 años. Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, muchas empresas continúan expulsando talento sénior o dificultando su permanencia.

Los expertos alertan de que elevar la edad de jubilación sin transformar el mercado laboral podría generar un aumento del desempleo encubierto. Personas demasiado jóvenes para jubilarse, pero demasiado mayores para ser contratadas, quedarían atrapadas durante años en subsidios de larga duración.

A ello se suma el impacto físico en determinados sectores. Profesiones como la construcción, la hostelería, la industria o los cuidados presentan elevados niveles de desgaste físico y difícilmente podrían prolongarse hasta los 69 años sin consecuencias sobre la salud de los trabajadores.

El riesgo, según los analistas, es trasladar el coste del envejecimiento exclusivamente sobre los empleados, sin acometer reformas paralelas que impulsen la productividad, la formación continua y la adaptación de los puestos de trabajo a una población más envejecida.

Los hogares europeos deberán cambiar la forma en la que gestionan sus ahorros si quieren mantener un nivel de vida adecuado durante la jubilación. Ese es el mensaje que lanzó este jueves el Banco Central Europeo (BCE), que alertó de que una gran parte del dinero de las familias permanece inmovilizado en depósitos bancarios con escasa rentabilidad, en lugar de dirigirse hacia inversiones más productivas y rentables a largo plazo.

La advertencia llega en un momento especialmente delicado para Europa, marcada por el envejecimiento de la población, el aumento de la presión sobre los sistemas públicos de pensiones y la necesidad de impulsar la competitividad económica del continente frente a otras grandes potencias como Estados Unidos o China.

Según el Informe de Integración de 2026 presentado por el BCE, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero continúan alejando a muchos europeos de la inversión en acciones y fondos de inversión, pese a que históricamente ofrecen mayores retornos que los productos tradicionales de ahorro.

El miedo a invertir pesa en Europa

El organismo presidido por Christine Lagarde considera que el recuerdo de la crisis financiera global de hace casi dos décadas todavía influye de forma decisiva en el comportamiento de millones de ahorradores europeos. Muchas familias siguen priorizando la seguridad de los depósitos bancarios frente a otros activos financieros con mayor potencial de rentabilidad.

“El mercado financiero integrado es crucial para la prosperidad, estabilidad y competitividad de la Unión Económica y Monetaria”, afirmó el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, durante la conferencia de presentación del informe.

Para el BCE, esta situación no solo afecta a las economías domésticas, sino también al conjunto de la economía europea. La institución advierte de que una parte significativa del ahorro europeo termina invertido fuera de la Unión Europea, mientras las empresas del continente encuentran más dificultades para acceder al capital necesario para innovar y crecer.

La Comisión Europea comparte ese diagnóstico y trabaja desde hace meses en iniciativas destinadas a movilizar el enorme volumen de ahorro privado acumulado en Europa hacia inversiones consideradas productivas.

Pensiones públicas bajo presión

Uno de los puntos centrales del informe es la creciente preocupación por el futuro de las pensiones en Europa. El BCE insiste en que será fundamental desarrollar sistemas de ahorro complementario vinculados a los mercados de capitales para afrontar el impacto del envejecimiento demográfico.

Actualmente, la mayoría de los sistemas públicos europeos funcionan mediante un modelo de reparto: las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de quienes ya están jubilados.

A diferencia de otros sistemas basados en cuentas individuales de capitalización, las aportaciones no se invierten para generar rendimientos futuros, sino que se utilizan directamente para pagar prestaciones actuales.

Este modelo, sustentado históricamente sobre el denominado “contrato generacional”, comienza a mostrar signos de tensión en muchos países europeos debido al aumento de la esperanza de vida y a la reducción de la población activa.

La Comisión Europea ya propuso el pasado año impulsar las pensiones complementarias privadas para garantizar ingresos suficientes durante la jubilación. Bruselas insiste en que estas fórmulas no sustituirán a las pensiones públicas, pero sí podrían convertirse en un apoyo esencial para mantener el poder adquisitivo de millones de ciudadanos.

Mujeres y colectivos vulnerables, los más afectados

El BCE y la Comisión Europea subrayan además que el problema afectará especialmente a las personas más vulnerables y, en particular, a las mujeres. Las carreras laborales más intermitentes, los salarios más bajos y las mayores tasas de empleo parcial provocan que muchas mujeres acumulen menores derechos de pensión durante su vida laboral.

Por ello, las instituciones europeas consideran necesario fomentar una mayor cultura financiera y facilitar el acceso a productos de inversión a largo plazo que permitan complementar los ingresos públicos futuros.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema ya se ha instalado en varios gobiernos europeos. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, defendió recientemente la necesidad de reformar el sistema público de pensiones en Alemania y otorgar un mayor protagonismo a los instrumentos ligados a los mercados de capitales.

Europa ahorra mucho, pero invierte poco

Paradójicamente, Europa cuenta con uno de los mayores niveles de ahorro doméstico del mundo. Según los datos del BCE, la tasa de ahorro de los hogares de la eurozona alcanzó el 15% de los ingresos disponibles en el primer trimestre de 2025, claramente por encima de la tasa de inversión, situada en torno al 9%.

Sin embargo, gran parte de ese dinero permanece inmovilizado en productos de baja rentabilidad. En el segundo trimestre de 2025, el 32% de los ahorros de los hogares europeos seguía depositado en cuentas bancarias y efectivo, una cifra que triplica la registrada en Estados Unidos.

La participación directa en acciones también sigue siendo reducida. Apenas el 5% de la cartera financiera de los hogares de la eurozona está invertida en bolsa, frente al 31% de Estados Unidos.

El BCE recuerda que una inversión sostenida en fondos indexados de bajo coste habría generado una rentabilidad media anual cercana al 6% durante la última década, en línea con la evolución del índice bursátil europeo MSCI Europe.

Aun así, el organismo reconoce que muchos ciudadanos continúan percibiendo los mercados financieros como complejos, arriesgados o inaccesibles. Por ello, las instituciones europeas consideran clave reforzar la educación financiera y crear mecanismos que faciliten inversiones más sencillas, transparentes y diversificadas para los pequeños ahorradores.

El objetivo final de Bruselas y del BCE es doble: proteger el bienestar económico futuro de los ciudadanos europeos y, al mismo tiempo, movilizar miles de millones de euros hacia inversiones capaces de impulsar el crecimiento, la innovación y la competitividad de la economía europea en las próximas décadas.

-Pregunta: En la sociedad española se ha abierto un debate que compara las pensiones que cobran los jubilados con los salarios de los jóvenes, en muchos casos precarios. ¿Cómo valora esta polémica intergeneracional?

-Respuesta: Las finanzas públicas en España y el futuro del gasto público necesitan un análisis profundo, sobre todo en materia de pensiones, con el objetivo de conseguir un mayor equilibrio intergeneracional, porque en este momento hay una brecha entre la situación de los jubilados y la de los jóvenes menores de 30 años. Eso hay que corregirlo. Es necesario que se haga. Creo que el tema de la sostenibilidad de las pensiones se tiene que analizar. Es decir, cuando los salarios crecen de una manera y las pensiones crecen más, la situación empieza a no ser sostenible y los economistas lo llevamos diciendo durante mucho tiempo. No es que tengamos manía a las personas mayores, es que hay que redistribuir las cargas.

Los jubilados no han notado prácticamente ni la crisis financiera de 2008 ni ninguna otra. Desde los últimos 15 años no han tenido una corrección en sus rentas. Otros sí las han notado. No queremos que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, pero cada año están en una situación más favorable.

-P: ¿Qué se puede hacer para equilibrar esta situación y que los jóvenes mejoren sus ingresos?

-R: Hay que crear programas más efectivos de apoyo a los jóvenes, que les ayuden, que les faciliten la vida. Entre estas ayudas destacaría las dirigidas a la vivienda, que se está convirtiendo en un cuello de botella para todos, incluidos los inmigrantes. Eso es fundamental. También hay que potenciar determinados servicios sociales como guarderías. En general, las iniciativas y los programas dirigidos a los mayores tienen más recursos que los destinados a los jóvenes. Y son estos últimos los que van a seguir manteniendo la maquinaria productiva y los ingresos del Estado. Y para eso hace falta una política un poco más realista hacia las generaciones más jóvenes, sin menoscabar, necesariamente, a los mayores.

Los pensionistas deben recibir una parte de la carga que los jóvenes han soportado desde la crisis financiera, luego con el COVID, después con la guerra de Ucrania... Esas cargas se han notado mucho menos en los pensionistas. Esto no significa que las pensiones no contributivas tengan que bajarse, hay que seguir apoyándolas, pero las pensiones más altas pueden no crecer tanto cada año. No estoy diciendo que dejen de subir, pero a veces llaman la atención porque pesan mucho más que un salario medio. Lógicamente se lo han ganado y eso hay que respetarlo, pero es el crecimiento de las pensiones lo que más me preocupa.

-P: ¿Entonces cree que la decisión del Gobierno socialista de vincular la subida de las pensiones al incremento del índice de precios al consumo (IPC) ha sido una mala medida?

-R: En este momento, después de muchos años de dignificación de las pensiones, es hora de abrir el debate de hasta dónde pueden subir si no existen salarios dignos para una buena parte de la población. Esa es la clave. Es decir, no hay que ‘desdignificar’ las pensiones sino llevar a cabo un debate público para ver qué se hace con el resto de remuneraciones. Hay que acompasar las pensiones un poco más. No hay que destruir lo logrado, pero en este momento la percepción es que no están lo suficientemente acompasadas. La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los pensionistas tienen que pensar en sus nietos.

-P: Hablando de salarios, han experimentado subidas en los últimos años y una de las más elevadas ha sido la del salario mínimo interprofesional, un 60% desde 2018. Sin embargo, la percepción de los trabajadores es que han perdido poder adquisitivo. ¿A qué cree que se debe esta contradicción? ¿La vivienda tiene mucho que ver en ello?

-R: Sí. La vivienda tiene muchísimo que ver. Desde la pandemia hasta hoy hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo incrementada por la guerra de Ucrania, que generó una inflación muy importante. Es verdad que se han producido crecimientos salariales considerables, pero tenemos un problema de productividad, no crece lo suficiente para permitir un aumento salarial significativo. El gran problema es que una parte muy importante del salario se lo lleva el coste de la vivienda, que supera ampliamente ese sano porcentaje que se recomienda del 30% de los ingresos. En muchos casos alcanza el 40% o el 50% y esa es una cantidad muy elevada.

Otro punto a tener en cuenta es que no todos los salarios han subido al mismo ritmo que el salario mínimo. En determinadas ciudades, las rentas medias tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible que no suponga un gran problema en sus finanzas familiares. Comprar o alquilar una casa en algunas ciudades de España para una familia de cuatro o cinco miembros cuesta un potosí. Todo esto hace que acceder a una vivienda quite demasiados recursos a los ciudadanos para poder desarrollar su proyecto de vida.

-P: Uno de los avances más importantes que ha conseguido España en los últimos años ha sido el aumento de la creación de empleo, hasta bajar la tasa de paro al 9.93% al cierre de 2025. ¿El conflicto en Oriente Medio puede generar una crisis que frene el ritmo de creación de puestos de trabajo?

-R: La creación de empleo está muy vinculada a lo que pasa con el producto interior bruto (PIB). Es cierto que hemos alcanzado niveles de ocupación que prácticamente no recordábamos desde 2006 y 2007 e incluso un poco más altos que en aquel momento. El producto interior bruto va a marcar mucho la agenda del empleo. Si no se resiente nuestra economía, seguiremos creando puestos de trabajo, aunque cada vez cueste más. Si hay una corrección del PIB de sólo dos o tres décimas, probablemente el empleo tendría también una corrección, pero se podrían seguir generando puestos de trabajo. Sobre todo si somos capaces de atraer nuevas inversiones extranjeras. También estamos viendo los efectos que puedan tener los acuerdos con China y otros países, porque la guerra arancelaria de Donald Trump ha hecho que busquemos otros mercados y eso puede tener a medio y largo plazo un efecto favorable sobre la economía española.

-P: En relación con el empleo, ¿cómo valora la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno? ¿Cómo afectará a nuestra economía? Según Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, sin inmigración el crecimiento de España está en riesgo. ¿Comparte esta apreciación?

-R: Desde luego. El crecimiento español de los últimos cuatro o cinco años tiene un componente fundamental: el aumento de la población inmigrante, que ha ayudado a la producción. Además son consumidores, lo que también aporta crecimiento a España. Por eso entiendo las palabras de De Guindos. Hemos permitido la llegada de muchos inmigrantes, sobre todo de América Latina, que se han amoldado muy bien a nuestro país, que han ayudado a que el sistema funcione bien. Si tenemos aquí a estas personas, que ya se han establecido, que están trabajando, que están contribuyendo y que están ayudando, lo lógico es que la regularización no fuera un problema. Con ellos hemos ganado una cierta ventaja competitiva respecto a otros países. Lo que pasa es que este tema genera una gran polémica que capta o no capta votos. Un factor importante es que hay que aumentar los servicios públicos en aquellos lugares en que se ha incrementado la población inmigrante para evitar tensiones y determinados mensajes demagógicos y populistas. En definitiva, la inmigración ha sido muy favorable para España y las cifras económicas lo demuestran cada año.

-P: España ha arrastrado durante años dos asignaturas pendientes: el déficit y la deuda. 2025 cerró con un déficit del 2,4 %, el más bajo en dieciocho años, y la deuda fue del 100,7%, la menor en seis años. ¿Empezamos a acercarnos al aprobado en estos dos indicadores o todavía nos queda un largo camino por recorrer?

-R: Si nos comparamos con otros países, probablemente lleguemos al aprobado. Lo que pasa es que debemos pensar también en el futuro de las nuevas generaciones. En qué les estamos dejando: una situación de mercado de vivienda compleja, una cierta desigualdad... Hablando de las cifras en concreto, evidentemente son las mejores en mucho tiempo. En cuanto a la deuda, tiene un nivel que no preocupa tanto porque en este momento la economía crece. Una economía al alza puede pagar su deuda sin ningún problema. Esa es una ventaja importante y lo notamos en los mercados. Los mercados de bonos para la deuda española han sido bastante benignos. Hemos vivido una situación favorable en los últimos años, lo que demuestra una cierta credibilidad de nuestras finanzas públicas. No obstante, preferiría que estuviéramos más cerca del equilibrio presupuestario.

-P: En el nuevo contexto geopolítico, ¿cuáles son ahora los principales riesgos y vulnerabilidades de la economía española?

-R: Creo que la economía española puede resistir razonablemente bien un periodo de tensión como el actual provocado por la guerra en Oriente Medio. Incluso en el tema de la energía. En España somos dependientes de petróleo y de gas, pero tenemos una elevada capacidad de refino que permite transformar petróleo en combustible de aviación. También tenemos centrales para el gas líquido. Otros países europeos no lo tienen. Eso nos ha ayudado mucho en el actual escenario geopolítico. En el ámbito energético tenemos ciertas garantías comparados con países de nuestro entorno, pero debemos evitar morir de éxito. También estamos creciendo mucho en turismo, pero nuestro modelo se está haciendo poco sostenible. Tendríamos que tener un debate nacional para ver hasta dónde queremos llevarlo. Cien millones de turistas internacionales en 2025, ¿y después qué?

-P: Tras la subida arancelaria de Donald Trump, ¿cómo valora la decisión del Gobierno español de buscar nuevos mercados en China o apoyar el acuerdo comercial UE-Mercosur?

-R: Esto es importante. Deberíamos ir de la mano de la Unión Europea, que debe ser ahora un bloque mucho más unido que nunca ante un contexto global tan complicado. No solo en el ámbito militar, que lo va a ser, sino también como modelo de competitividad. No tenemos las grandes tecnológicas, pero tenemos un modelo productivo que resiste. Lo que pasa es que a veces la Unión Europea no tiene esa capacidad de hacerlo y entonces los países tienen que buscar por sí mismos nuevos mercados. Alemania y Francia tienen una larga tradición de buscarse la vida, Italia también, en menor medida. Y en este contexto es comprensible que España busque y refuerce nuevos mercados. En el caso de China, lo entiendo, y respecto a Mercosur somos uno de los países que lo hemos potenciado por nuestra vinculación con América Latina.

Respecto a Estados Unidos y la Unión Europea, se han roto muchas relaciones de confianza y, por tanto, hay que buscar otras relaciones porque esto va para largo. Hace un año fueron los aranceles, pero luego han ocurrido muchas cosas. La última, el conflicto en Oriente Medio con una tensión enorme entre los dos bloques. Ante ello, no había más remedio que reaccionar yendo hacia otras zonas que quieran invertir y comerciar con nosotros.

-P: ¿Los españoles tenemos que empezar a apretarnos el cinturón para estar preparados ante una próxima crisis económica si el conflicto en Oriente Medio se alarga?

-R: El escenario central no es de una crisis económica a día de hoy. Después de unas semanas de gran virulencia en las acciones militares, muertos, destrucción de infraestructuras, ataques a países vecinos, una tensión enorme en el estrecho de Ormuz… hemos pasado a los anuncios de tregua, inestable pero tregua. Parece que nos estamos acercando a un escenario en el que una guerra cruenta tiene una menor probabilidad. Esto generaría un menor impacto en la inflación.

Además, los combustibles parecen que están aguantando un poco y los mercados están resistiendo bien. Si no hay un impacto grande, el crecimiento económico de España puede notarlo pero no en gran medida. Se va a notar algo, por supuesto, porque ya lo hemos detectado en las gasolineras y en algunos productos de los supermercados. Pero nada que ver, por el momento, con las subidas producidas por la guerra de Ucrania. Por ahora, el escenario central no es de apretarnos el cinturón como ocurrió tras la invasión de Ucrania.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, lanzó este jueves una advertencia clara desde Bruselas: el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe hacerse a costa del sistema público. Su intervención tuvo lugar en el pleno del Comité Económico y Social Europeo, donde se debatía el nuevo paquete de reformas impulsado por la Comisión Europea.

Durante su intervención, la ministra subrayó que el desplazamiento hacia soluciones individuales entraña riesgos importantes para los ciudadanos. “Cuando los sistemas de pensiones se orientan en exceso hacia lo privado, los riesgos se trasladan directamente a las personas”, advirtió en unas declaraciones recogidas por Efe, marcando distancia con la estrategia que Bruselas quiere impulsar a medio plazo.

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El debate europeo gira en torno a una propuesta que pretende reforzar el papel del ahorro privado en la jubilación, en un contexto de envejecimiento poblacional y presión sobre las cuentas públicas. Sin embargo, España se sitúa entre los países que piden cautela ante un cambio que podría alterar el equilibrio del modelo social.

El pulso europeo por el futuro de las pensiones

Uno de los puntos clave del plan comunitario es permitir que los fondos de pensiones de empleo aumenten su exposición a los mercados bursátiles, hasta alcanzar el 70% de sus carteras. Además, Bruselas busca reactivar el producto paneuropeo de pensiones individuales, conocido como PEPP, que no ha logrado despegar desde su lanzamiento.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la iniciativa argumentando que los productos de ahorro deben garantizar el poder adquisitivo a largo plazo. Según explicó, si no se logra este objetivo, las pensiones perderán valor real con el tiempo.

Otro de los elementos que genera debate es la recomendación de inscribir automáticamente a los trabajadores en planes complementarios, una medida que ya funciona en algunos países del norte de Europa, pero que plantea dudas en economías con menor tradición en este tipo de instrumentos.

Un modelo desigual en Europa

El desarrollo de las pensiones complementarias no es homogéneo en la Unión Europea. En países como Países Bajos o Dinamarca, los fondos ocupacionales —financiados conjuntamente por empresas y trabajadores— tienen un peso significativo dentro del sistema de protección social.

Sin embargo, en el sur y el este del continente, estos mecanismos apenas están implantados. En España, por ejemplo, su desarrollo ronda el 2%, muy por debajo de los estándares de los países nórdicos, aunque el sistema público ofrece una tasa de sustitución relativamente elevada.

Este contraste alimenta el debate sobre si el modelo comunitario debe avanzar hacia una mayor homogeneización o respetar las particularidades de cada país. Para el Gobierno español, el equilibrio actual no debería romperse sin un análisis profundo de sus consecuencias.

El fracaso del modelo paneuropeo

Uno de los argumentos que refuerzan la posición crítica es el limitado éxito del producto paneuropeo de pensiones individuales. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, el PEPP no ha logrado consolidarse como una alternativa real de ahorro desde su creación en 2019.

El organismo atribuye este fracaso a varios factores, entre ellos la falta de incentivos fiscales, el límite de costes del 1% y la competencia de productos nacionales más atractivos. Estos elementos han reducido el interés tanto de las entidades financieras como de los potenciales usuarios.

Pese a ello, la Comisión Europea mantiene su apuesta por revitalizar este instrumento como parte de su estrategia para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas, como infraestructuras, transición energética o innovación.

Críticas al enfoque de Bruselas

Las reticencias no se limitan al Gobierno español. Desde el propio Comité Económico y Social Europeo han surgido voces críticas con el planteamiento de la Comisión. María del Carmen Barrera Chamorro, representante del grupo de los trabajadores, denunció que la propuesta carece de una evaluación social suficiente.

A su juicio, el enfoque comunitario es excesivamente económico y no tiene en cuenta el impacto real sobre los ciudadanos. “No se puede analizar el sistema de pensiones únicamente desde la rentabilidad financiera”, señaló Barrera en el debate.

El propio CESE aprobó un dictamen —aunque no vinculante— en el que advierte de que el desarrollo intensivo de sistemas complementarios ha ido acompañado, en muchos países, de un debilitamiento de las pensiones públicas.

Lecciones de la crisis y defensa del modelo español

Otro de los argumentos esgrimidos en el debate es la experiencia de la crisis financiera, cuando muchos planes privados registraron rentabilidades negativas durante años. En algunos casos, los ahorradores llegaron a perder gran parte de sus fondos, lo que ha dejado una huella de desconfianza.

Frente a este escenario, Elma Saiz defendió el modelo español como una referencia dentro de Europa. Según explicó, el desarrollo de los planes de empleo en España se ha basado en el diálogo social y la negociación colectiva, lo que ha permitido un crecimiento más equilibrado.

La ministra insistió en que proteger el sistema público no es solo una cuestión económica, sino también social. “Defender las pensiones públicas es defender el modelo social europeo”, concluyó, dejando claro que España seguirá oponiéndose a cualquier reforma que ponga en riesgo este pilar del Estado del bienestar.

La reforma a la ley de jubilación anticipada impulsada por Claudia Sheinbaum modifica las condiciones de retiro de miles de trabajadores del Estado: reduce la edad mínima para solicitar pensión y elimina el esquema anterior que exigía trabajar más años conforme pasaba el tiempo, de acuerdo con información publicada en el medio Zócalo. Esta medida, vigente desde junio de 2025, privilegia a quienes cotizan bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y marca el inicio de una reducción escalonada en los requisitos de edad, lo que permitirá que el retiro se adelante gradualmente hasta, por lo menos, 2034.

Para 2034, mujeres podrán jubilarse a los 53 años y hombres a los 55

La nueva ley obliga al ISSSTE a aplicar tablas que bajan la edad mínima de retiro cada dos años. Actualmente, para jubilarse anticipadamente, las mujeres deben tener 56 años y al menos 28 años de servicio, mientras que los hombres necesitan 58 años y 30 años trabajados, según Zócalo y Milenio.

Las tablas oficiales proyectan que para el año 2034, la edad mínima de jubilación anticipada descenderá hasta 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Este ajuste fue confirmado en el decreto publicado el 29 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, según datos recogidos por Milenio.

Este cambio representa un giro respecto al modelo anterior, que aumentaba la edad de retiro de manera progresiva. Ahora, tanto mujeres como hombres podrán acceder a este derecho antes de lo que permitían las normativas previas, siempre y cuando cumplan con los años de servicio establecidos.

El beneficio alcanza a todos los trabajadores del ISSSTE bajo el régimen transitorio

La reforma favorece principalmente a los trabajadores que cotizan bajo el régimen conocido como Décimo Transitorio. Para obtener la pensión anticipada, deben acreditar la edad mínima y los años obligatorios de servicio. Entre los requisitos, destaca que las mujeres necesitan 28 años y los hombres, 30 años de antigüedad en instituciones públicas federales.

El decreto especifica que la aplicación es nacional y está dirigida a empleados del sector público que formen parte del sistema de seguridad social gubernamental. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, el ISSSTE queda obligado a reconocer el derecho a jubilación anticipada conforme a las edades y requisitos actuales, sin posibilidad de elevar nuevamente el piso de edad.

Modalidades para quienes cotizan en el IMSS

Para trabajadores que cotizan bajo el IMSS en el Régimen de 1997, el retiro anticipado depende de que el trabajador reúna recursos suficientes en su Afore. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los asegurados bajo este régimen pueden pensionarse antes de la edad legal si el monto proyectado de su pensión mediante la modalidad de renta vitalicia supera en al menos 30 % la pensión mínima garantizada.

El IMSS reconoce diferentes esquemas: renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada. Para 2025, la ley exige 850 semanas cotizadas para recibir una pensión garantizada. Esta cifra aumentará progresivamente hasta llegar a 1.000 semanas en 2031, según información pública de la Consar.

Si un trabajador no reúne los requisitos para obtener la pensión, el IMSS otorga una negativa. En ese caso, la Afore entregará los ahorros acumulados directamente al beneficiario.

El decreto busca un retiro más digno y frenar el aumento en las edades de jubilación

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025, tiene como objetivo garantizar pensiones más justas, mejorar las condiciones laborales y evitar que siga aumentando la edad mínima para obtener el derecho a jubilación, informa Milenio. El nuevo esquema prioriza el equilibrio entre los años trabajados y la edad efectiva en la que puede solicitarse el retiro.

El cambio reconoce el derecho de quienes llevan décadas al servicio del Estado, con especial énfasis en trabajadoras mujeres, que verán el mayor beneficio con la reducción escalonada de la edad para pensionarse.

El ISSSTE ya aplica este esquema, por lo que quienes cumplen los requisitos actuales pueden iniciar el trámite, según lo publicado por Zócalo. La reducción de la edad de jubilación continuará cada dos años hasta alcanzar el piso marcado para 2034.

El rechazo al Proyecto de Ley 491, que propone la imposición de un cargo económico al movimiento de contenedores en los puertos panameños, sigue escalando entre los principales gremios empresariales del país, que advierten sobre sus posibles efectos negativos en la competitividad, la inversión y la estabilidad económica.

A la postura inicial de la Cámara Marítima de Panamá se han sumado ahora organizaciones como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consolidando un frente común en contra de la iniciativa.

El proyecto, que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional, busca crear un fondo para equiparar las pensiones de jubilados que reciben menos de $600 mensuales, financiado a través de un cargo fijo de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que ingrese al país.

Este cambio representa una modificación significativa respecto a su planteamiento original, trasladando el peso del financiamiento hacia el sector logístico, uno de los pilares de la economía nacional.

La Cámara Marítima de Panamá fue el primer gremio en alzar la voz, alertando que cualquier incremento en los costos operativos del sistema portuario podría provocar un desvío de carga hacia otros hubs regionales, afectando directamente el volumen de mercancías que transita por el país.

El gremio destacó que Panamá compite con otras plataformas logísticas en condiciones altamente sensibles al precio, por lo que cualquier alteración en su estructura de costos puede generar impactos inmediatos en su posición estratégica.

A esta preocupación se sumó APEDE, que expresó su rechazo al considerar que el proyecto introduce distorsiones en un sector altamente expuesto a la competencia internacional. El gremio recordó que el sector logístico representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo además un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.

En ese sentido, advirtió que encarecer la operación portuaria afecta no solo a grandes operadores, sino también a pequeñas y medianas empresas que dependen de la dinámica del comercio exterior. La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que en un entorno global competitivo, Panamá debe proteger cuidadosamente su propuesta de valor como hub logístico, basada en eficiencia, confiabilidad y costos competitivos.

Según el gremio, trasladar cargas económicas a sectores estratégicos puede resultar contraproducente, ya que reduce la capacidad del país para atraer inversión y mantener su posición en el comercio internacional.

Por su parte, la CCIAP adoptó un tono aún más crítico, calificando la iniciativa como una medida improvisada, peligrosa y sin sustento técnico, que pone en riesgo la seguridad jurídica del país.

Su presidente, Aurelio Barría Pino, advirtió que gravar el movimiento de contenedores equivale a impactar directamente el corazón de la plataforma logística panameña, lo que podría desencadenar efectos en cadena sobre toda la economía.

El gremio empresarial también alertó que este tipo de medidas no se limitan al sector afectado, sino que terminan trasladándose al resto de la cadena productiva, provocando un aumento en los costos de bienes y servicios, con impacto directo en el consumidor final.

En otras palabras, lo que se plantea como una solución social podría derivar en presiones inflacionarias y pérdida de competitividad en múltiples sectores.

Otro punto crítico señalado por la CCIAP es la falta de estudios actuariales y de sostenibilidad financiera que respalden el mecanismo propuesto. Según el gremio, el proyecto intenta resolver un problema estructural del sistema de pensiones mediante una fuente de financiamiento ajena a su naturaleza, lo que podría generar desequilibrios a mediano y largo plazo. “No es una solución, es trasladar el problema”, enfatizó Barría Pino.

Adicionalmente, los gremios han advertido sobre posibles implicaciones legales, particularmente en relación con los contratos de concesión portuaria.

La imposición de nuevos cargos podría interpretarse como una modificación indirecta de las condiciones contractuales vigentes, abriendo la puerta a litigios y afectando la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el país.

El sistema portuario panameño movilizó 2,353,235 TEU en el primer trimestre de 2026, una caída de 0.6% frente al mismo período de 2025.

En medio de este escenario, tanto APEDE como la CCIAP han coincidido en la necesidad de someter el proyecto a un análisis técnico integral, que evalúe sus impactos económicos, regulatorios y competitivos antes de su eventual aprobación.

Ambos gremios han reiterado que no se oponen al objetivo de mejorar las condiciones de los jubilados, pero insisten en que las soluciones deben ser sostenibles, bien estructuradas y alineadas con la estrategia país.

Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política pública panameña: cómo equilibrar la atención de necesidades sociales urgentes sin comprometer los sectores que sostienen el crecimiento económico.

En este caso, la advertencia de los gremios es clara: tocar la logística no es

un ajuste menor, es intervenir uno de los principales motores del país.

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán su pago mensual este viernes 1 de mayo. Esta jornada está dirigida especialmente a quienes forman parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y a jubilados que comenzaron a percibir estos beneficios antes de mayo de 1997.

El esquema de pagos escalonados implementado por la Administración del Seguro Social (la agencia federal de seguridad social) busca asegurar la transferencia ordenada de fondos a una población que, según cifras oficiales divulgadas en sus informes anuales, suma más de 75 millones de personas al contabilizar tanto a quienes perciben Seguro Social como a quienes acceden al SSI.

No obstante, la propia agencia federal aclara que algunos beneficiarios pueden recibir ambos pagos, por lo que los datos de 71 millones y 7,5 millones pueden incluir superposiciones y no son necesariamente excluyentes.

El pago previsto para el 1 de mayo de 2026 será depositado principalmente en cuentas de los titulares del SSI y jubilados con pensión previa a mayo de 1997. La Administración del Seguro Social distribuye los fondos durante el mes según la fecha de nacimiento de cada persona.

En 2026, un trabajador que retrasa su jubilación hasta los 70 años puede recibir hasta USD 5,181.00 mensuales, mientras que la mayoría de los jubilados percibe en promedio USD 2,071.30 al mes, según datos oficiales publicados por la agencia.

Para quienes acceden al SSI, el máximo individual es de USD 994 mensuales y el promedio real ronda los USD 735,91. El ajuste por costo de vida (COLA) para 2026 es del 2,8%, beneficiando tanto a jubilados como a quienes reciben SSI.

El calendario de pagos de mayo establece fechas diferenciadas: quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su depósito el 13 de mayo; quienes cumplen años del 11 al 20, el 20 de mayo, y los nacidos del 21 al 31, el 27 de mayo.

Esta estructura, detallada por la Administración del Seguro Social en su cronograma oficial, está diseñada para organizar los depósitos entre jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes, evitando demoras y buscando eficiencia administrativa.

El Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) es un programa federal que brinda asistencia a adultos mayores, personas con discapacidad y menores con ceguera o discapacidades graves, según requisitos estrictos de ingresos y patrimonio verificados por la agencia federal de seguridad social.

En 2026, el monto máximo individual del SSI es de USD 994 mensuales y para parejas asciende a USD 1,491. La mayoría de los beneficiarios percibe un promedio de USD 735,91. Se estima que cerca de 7,5 millones de personas reciben actualmente el SSI, mientras que aproximadamente 71 millones acceden a prestaciones del Seguro Social.

La superposición de beneficiarios hace que el total reportado en los sistemas no corresponda con la suma aritmética de los grupos, dado que algunas personas acceden simultáneamente a ambos pagos.

Quienes reciben tanto SSI como otros beneficios de jubilación verán reflejado su depósito el 1 de mayo. Si el dinero no se acredita en la fecha prevista, la Administración del Seguro Social recomienda aguardar hasta tres días hábiles antes de iniciar un reclamo.

También se aconseja mantener actualizada la información personal y financiera para evitar interrupciones en los pagos, conforme a las recomendaciones oficiales.

Cómo funciona el calendario escalonado y cuáles son los montos

• El sistema de pagos escalonados busca evitar saturaciones y asegurar la entrega puntual de fondos a los distintos grupos de beneficiarios.
• Quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago el 13 de mayo.
• Quienes nacieron entre el 11 y el 20 recibirán su pago el 20 de mayo.
• Quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán su pago el 27 de mayo.
• La Administración del Seguro Social administra este calendario y el flujo de recursos conforme a los lineamientos federales.

El pago promedio de jubilación es de USD 2,071.30 al mes, aunque existe una brecha respecto al máximo posible para quienes cotizan el límite imponible y posponen el retiro hasta los 70 años, quienes pueden alcanzar USD 5,181.00 mensuales en 2026.

Quienes acceden a la jubilación a la edad plena reciben aproximadamente USD 4,152, y quienes se jubilan a los 62 años, alrededor de USD 2,969.

Los datos provienen de informes y tablas oficiales de la Administración del Seguro Social, que ajusta los beneficios anualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor elaborado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Para el SSI, el límite máximo individual para 2026 es de USD 994 mensuales y para parejas puede llegar a USD 1,491. El promedio efectivo que perciben la mayoría de los beneficiarios es de USD 735,91, debido a deducciones y criterios de elegibilidad aplicados por la agencia federal de seguridad social.

Reclamos, desafíos y contexto institucional

En los últimos meses, legisladores demócratas han criticado la capacidad de atención al cliente de la Administración del Seguro Social, advirtiendo que los tiempos de espera telefónica serían hasta diez veces superiores a los registrados oficialmente.

Esta situación se atribuye al recorte de más de 7.000 puestos de trabajo en 2025, según el Congreso. La Administración del Seguro Social niega un deterioro en la atención y señala que los informes críticos buscan generar alarma entre adultos mayores y personas vulnerables.

La Administración del Seguro Social recuerda a los usuarios la importancia de consultar periódicamente la información oficial sobre fechas de pago, montos y requisitos. Además, reitera que los beneficios se ajustan anualmente a través del mecanismo de ajuste por costo de vida, determinado por el índice de precios al consumidor.

En 2026, este ajuste permitió un aumento promedio de USD 56 en el pago mensual de jubilación, según la cifra establecida por el COLA anunciado por la agencia.

Perspectivas para los beneficiarios

La agencia federal de seguridad social planea mantener el calendario escalonado para sus más de 75 millones de beneficiarios, adaptando los pagos a la inflación y a las condiciones económicas.

Se recomienda a quienes estén próximos a la jubilación, o deseen conocer el monto estimado de sus beneficios futuros, utilizar los simuladores disponibles en el portal digital de la Administración del Seguro Social. Estas herramientas permiten proyectar el impacto de la edad de retiro y el historial de aportes sobre la prestación final.

En 2026, un jubilado que haya cotizado el máximo imponible y posponga el retiro hasta los 70 años podrá alcanzar USD 5,181.00 mensuales.

El promedio general para quienes se jubilan se mantiene en USD 2,071.30, y para los beneficiarios del SSI, el monto real ronda los USD 735,91. Estas cifras auditadas por la Administración del Seguro Social están disponibles en sus informes anuales y reflejan la necesidad de una planificación informada sobre el retiro.

En cuanto a cobertura, la agencia federal de seguridad social reporta que más de 71 millones de personas reciben prestaciones de Seguro Social, y cerca de 7,5 millones reciben el SSI.

Dado que algunos beneficiarios acceden a ambos programas, estas cifras no son excluyentes y se presentan a efectos estadísticos y de gestión programática.

Los penalizaciones impuestas a quienes no realizan los retiros mínimos obligatorios (RMD, por sus siglas en inglés) de sus fondos de retiro en Estados Unidos se han consolidado como una de las grandes fuentes de ingresos para el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según un estudio de Vanguard citado por USA Today, solo en 2024, el 7% de los titulares de cuentas IRA en esta entidad falló en cumplir con la normativa, con consecuencias económicas que sumaron colectivamente USD 1.700 millones en sanciones. El promedio de la multa individual alcanzó los USD 1.100.

Error en los RMD que más caro pagan los jubilados estadounidenses

A diferencia de otros ingresos sujetos a gravámenes, los trabajadores estadounidenses pueden ahorrar de manera diferida en planes 401(k) y cuentas IRA tradicionales, deduciendo las contribuciones de su ingreso gravable durante la vida activa. Sin embargo, la legislación obliga a desembolsar esos fondos en etapas avanzadas para evitar que los impuestos se posterguen indefinidamente, introduciendo así los RMD.

Actualmente, quienes nacieron entre 1951 y 1959 deben comenzar a efectuar sus retiros obligatorios en el año de su 73 cumpleaños. Para las personas nacidas en 1960 o después, el inicio de este mandato fiscal se extiende hasta los 75 años, según las directrices actualizadas del IRS.

En el primer año que aplica la normativa (por ejemplo, quienes cumplen 73 años), el contribuyente dispone hasta el 1° de abril del siguiente año para realizar su primer retiro. A partir del segundo año, los RMD tienen como fecha límite el 31 de diciembre de cada año.

No cumplir con esta obligación conlleva penalizaciones sustanciales: la multa estándar asciende al 25% del monto no retirado. Si el error se corrige en un plazo de hasta dos años, la penalidad puede reducirse al 10%. Por ejemplo, si debía extraer USD 40.000 y solo retiró USD 10.000, el recargo por el faltante de USD 30.000 sería de USD 7.500 bajo la sanción principal, cifra que descendería a USD 3.000 si la omisión se regulariza en el periodo permitido, según The Motley Fool.

Los expertos subrayan que este marco sancionatorio se sostiene tanto por desconocimiento como por la complejidad operativa. Aunque muchas plataformas financieras ofrecen el cálculo automatizado del RMD, el retiro debe ejecutarse manualmente por el titular.

Además, la situación se complica en los casos de múltiples cuentas jubilatorias, situación común entre quienes han cambiado de empleo varias veces. De acuerdo con el IRS, las extracciones requeridas por cada cuenta 401(k) deben hacerse por separado: agruparlas y retirar el total de una sola cuenta no exime de la penalidad para las restantes.

En contraste, los poseedores de varias IRA tradicionales pueden calcular el monto total requerido y cumplir la obligación extrayendo la suma combinada de una sola cuenta, aclaró la normativa oficial.

Cómo calcular el retiro mínimo obligatorio

El cálculo del RMD parte del saldo de cada cuenta al 31 de diciembre del año anterior, que se divide por un “factor de expectativa de vida” publicado por el IRS—distinto según el estado civil y la edad del beneficiario, como señaló USA Today.

Existen tres tablas de referencia: la Uniform Lifetime Table, para solteros y cónyuges de edad similar (o que no sean beneficiarios únicos); la Joint Life and Last Survivor Expectancy Table, para cónyuges más jóvenes por más de 10 años; y la Single Life Expectancy Table, para beneficiarios de cuentas heredadas.

Por ejemplo, una persona con USD 1 millón en su plan de retiro a fines de 2025 deberá consultar la Uniform Lifetime Table para conocer la cantidad exacta que debe retirar cada año entre los 73 y los 80 años, adaptando el monto según la evolución anual de su saldo y los factores esperados de longevidad.

Los titulares tienen flexibilidad en la modalidad del retiro: pueden optar por realizar la extracción total al inicio del año o repartirla en pagos mensuales o trimestrales. Esta decisión no afecta la exigencia fiscal central y habitualmente responde a preferencias personales sobre el manejo e inversión de los fondos restantes.

Excepciones y particularidades en los RMD

Las reglas de RMD no se aplican uniformemente a todas las formas de ahorro jubilatorio. De acuerdo con el IRS, los fondos en Roth IRA y cuentas Roth designadas (incluyendo 401(k) o 403(b) Roth), quedan exentos de retiros obligatorios durante la vida del titular, pero los beneficiarios que heredan estas cuentas sí deben observar las reglas de RMD.

Para quienes participan en planes de empresa como el 401(k), es posible retrasar el inicio del RMD hasta el año en que se retire efectivamente, salvo que el propietario posea más del 5% de la empresa patrocinadora, en cuyo caso no hay deferencia posible.

En el caso de fallecimiento del propietario de una cuenta desde 2020, la ley conocida como SECURE Act obliga a que el saldo total se distribuya entre los beneficiarios en un plazo máximo de 10 años.

Existen excepciones a esta regla, permitiendo un plazo diferente si el destinatario es el cónyuge sobreviviente, un menor de edad, o una persona discapacitada o enferma crónica, o que tenga una diferencia de edad menor a 10 años con el titular. Esta excepción fue confirmada en los documentos oficiales del IRS.

En conclusión, la administración adecuada de los RMD no solo previene sanciones significativas, sino que garantiza la correcta tributación y utilización de los fondos de retiro según la legislación vigente en Estados Unidos.

El proceso gradual iniciado en 2013 para elevar la edad legal de jubilación en España terminará en 2027. Ese año la edad de retiro quedará fijada en los 67 años para quienes no alcancen un mínimo de cotización, cerrando así más de una década de cambios progresivos en el sistema de pensiones.

La reforma, recogida en la Ley 27/2011, ha ido aumentando la edad de retiro de forma escalonada, con un ritmo de un mes adicional por año entre 2013 y 2018, y de dos meses anuales desde entonces. El objetivo ha sido adaptar el sistema público de pensiones a la mayor esperanza de vida y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, según señalan expertos de BBVA.

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A partir de 2027, no todos los trabajadores tendrán la misma edad de jubilación. Quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses deberán esperar hasta los 67 años para retirarse. En cambio, quienes superen ese umbral podrán jubilarse a los 65 años.

Este criterio refuerza la relación entre vida laboral y acceso a la pensión, premiando las carreras de cotización más largas. En 2026, el sistema ya se encuentra en una fase intermedia, con una edad ordinaria de 66 años y 10 meses para quienes no alcanzaban los 38 años y 3 meses cotizados.

Cambios en la jubilación anticipada y en la parcial

El ajuste no solo afecta a la edad ordinaria, sino también a la jubilación anticipada. En 2027, la modalidad voluntaria permitirá retirarse a partir de los 63 años para quienes superen los 38 años y 6 meses cotizados, mientras que el resto deberá esperar hasta los 65.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, derivada de situaciones de despido o reestructuración, la edad mínima será de 63 años para quienes no alcancen ese nivel de cotización, y de 61 años para quienes sí lo superen. Estas condiciones refuerzan la diferenciación según la trayectoria laboral del trabajador.

La jubilación parcial con contrato de relevo también se verá afectada. A partir de 2027, podrá solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria. Esto supone poder acceder a ella desde los 64 años o incluso los 62 en el caso de carreras de cotización más largas. Este mecanismo, que permite reducir la jornada laboral antes del retiro total, se mantiene como una vía de transición hacia la jubilación completa, especialmente en sectores con relevo generacional.

Cobrar el 100% de la pensión será más difícil

El sistema también endurece los requisitos para cobrar el 100% de la pensión. A partir de 2027 será necesario haber cotizado 37 años, frente a los 36 años y 6 meses exigidos hasta 2026. Esta modificación afecta directamente al importe final que percibirán los futuros jubilados.

Con el mínimo de 15 años cotizados, el porcentaje sobre la base reguladora seguirá siendo del 50%, lo que refuerza la importancia de las carreras laborales largas para acceder a pensiones más elevadas.

En el siguiente cuadro se muestra, comparativamente para los periodos 2023-2026 y para los años a partir de 2027, el porcentaje adicional a aplicar sobre la base reguladora por cada mes a partir del mes 180 (a partir de los 15 primeros años):

Otro de los cambios relevantes afecta al método de cálculo de la base reguladora. En 2027 se ampliará el periodo de referencia, que pasará a incluir 304 bases de cotización de mayor importe dentro de los 308 meses anteriores a la jubilación, es decir, un periodo de 25,6 años.

Este ajuste sustituye al sistema anterior, que consideraba 302 bases sobre 25 años y 4 meses. El objetivo es refinar el cálculo para hacerlo más representativo de la trayectoria salarial del trabajador.

Un sistema en transformación permanente

La reforma de las pensiones culmina así una de las transformaciones más profundas del sistema de Seguridad Social en las últimas décadas. El objetivo declarado ha sido equilibrar la sostenibilidad financiera y la protección social en un contexto de envejecimiento poblacional.

A partir de 2027, el sistema quedará plenamente ajustado a estas nuevas reglas, en las que la edad de jubilación, los años cotizados y la forma de cálculo de la pensión estarán más estrechamente vinculados que nunca.

“¿Y vos, qué hacés?”. Es la pregunta fatal después de jubilarte. Como cuando éramos más jóvenes y no faltaba la que largaba el “¿estás con alguien?” delante de todo el mundo. Dos preguntas distintas, el mismo mecanismo: un formulario social que espera completarse con una categoría reconocible.

Odio llenar formularios. Estado civil. Ocupación. A quién llamar en caso de emergencia. Estoy sola, jubilada y no tengo idea de a quién llamar si me pasa algo. ¿Podemos seguir con la siguiente pregunta?

Y en algún punto, también es una historia nuestra. Somos la generación que luchó por salir a trabajar, por dejar de ser “mamá” o “ama de casa” —esa identidad pegajosa que te dura toda la vida aunque los hijos ya no estén. Fuimos construyendo quiénes éramos entre oficios y profesiones, entre títulos y trayectorias. Y funcionó. Durante décadas, funcionó perfectamente.

El problema es que nadie pensó en el otro lado. En qué pasa cuando te retirás, cuando pasás al ejército innombrable de la “clase pasiva”. Cuando la respuesta que venías dando ya no aplica y el formulario social te deja en blanco.

Lo primero que aprendés es que los hobbies no cuentan. No porque no sean importantes sino porque no son productivos. “Hago yoga” no es una identidad. “Jardinería”, tampoco. El sistema no tiene casillero para eso. Y lo que no tiene casillero, directamente no existe. Pero tampoco cuentan, curiosamente, los proyectos que estás emprendiendo, ni el trabajo comunitario, ni las cosas que construís sin sueldo ni título. “Cuido a mis nietos” podría funcionar —es cuidado, es rol, es algo reconocible—. Pero no nos está sucediendo todavía a muchas. Y no debería ser el único salvavidas disponible.

Entonces quedamos ahí, en la cena, con la pregunta flotando y sin respuesta que encaje.

Claudia tiene 63 años y una agenda que antes se llenaba sola. Treinta y dos años de docencia universitaria, dos maestrías, cuatro libros. El año pasado se jubiló. A los dos meses la invitaron a una cena. Llegó, miró alrededor buscando a quién conocía, se sentó, y alguien que no la conocía le preguntó lo de siempre: “¿Y vos, a qué te dedicás?”

Se quedó en blanco. Pensó decir “soy docente” pero ya no lo era. Pensó decir “estoy jubilada” pero eso sonaba a cierre. Terminó diciendo “leo mucho” y la conversación siguió como si nada. Nadie en la mesa notó nada. Nadie volvió sobre la respuesta. Pero ella sí. Durante el resto de la noche escuchó la conversación desde otro lugar, como si hubiera quedado apenas corrida de sí misma.

No es una historia de depresión ni de crisis. Es una historia de idioma. Del momento en que el vocabulario que usábamos para presentarnos al mundo ya no aplica. Y del problema más silencioso de la nueva longevidad: que vivimos treinta años más después de jubilarnos, pero llegamos a esa etapa sin lenguaje para nombrar quiénes somos en ella.

Durante años, además, esa respuesta no era solo una forma de presentarse. Era una forma de ordenar el mundo. De saber dónde estabas parada en cada conversación, en cada mesa, en cada lugar nuevo. Había una tranquilidad en eso. Una economía de sentido. No hacía falta explicar demasiado: bastaba con nombrarse.

Por eso, cuando esa respuesta se vuelve insuficiente, lo que se pierde no es solo una palabra. Es algo más incómodo: la sensación de desorientación. Como si de pronto te hubieran cambiado las reglas de un juego que venías jugando bien.

El pasaporte que vencía sin aviso

En toda la edad adulta, el trabajo funciona exactamente como eso: como pasaporte social. “Soy maestra”. “Soy médica”. “Soy periodista”. Esos sustantivos comprimen en dos palabras una forma entera de estar en el mundo: el círculo de pertenencia, el nivel de conversación esperado, el valor tácito asignado por el entorno.

Ese mecanismo funciona incluso en los encuentros más casuales. No importa si es una cena, un viaje, una reunión de padres o una conversación en un taxi. La pregunta aparece siempre y la respuesta resuelve, claro y sencillo. Hasta que te jubilás.

La psicología tiene nombre para lo que ocurre cuando eso se va. El Employee Benefit Research Institute de Estados Unidos encontró que mientras el 67% de los trabajadores confía en tener suficiente dinero al jubilarse, solo el 48% se siente emocionalmente preparado para ese cambio. Ahí está el problema: no es un dato menor. Es donde aparece todo. Pasamos décadas planificando el retiro financiero. El retiro de identidad lo improvisamos.

Un estudio longitudinal publicado en 2025 sobre los mayores arrepentimientos de la jubilación encontró que el 20,5% de los encuestados no estaba preparado para el golpe emocional. No el económico: el de quién era después. Uno de ellos lo dijo sin vueltas: “Si pudiera volver, buscaría mi sentido de propósito fuera de mi identidad laboral”. La frase supone que eso era posible. Que existía un idioma alternativo. Que alguien lo sabía y no se lo había enseñado.

En Language, Aging and Society, un libro publicado en 2024 por Palgrave Macmillan, se documenta algo que los geróntologos y lingüistas estudian hace décadas: los adultos mayores construyen y negocian su identidad en cada interacción verbal. No es que “tienen” una identidad y la expresan: la identidad se hace o se deshace en el intercambio. Cuando alguien te pregunta “¿qué hacés?” y tenés un sustantivo claro para responder, esa identidad se confirma. Cuando no tenés nada, cada vez que la pregunta aparece, algo se erosiona un poco más.

Por eso la incomodidad no es superficial. Es estructural. Y el problema no se resuelve solo “haciendo cosas”. Se resuelve pudiéndolas decir. Pudiéndose nombrar en ellas. Sin ese paso, todo lo demás queda en una especie de ensayo sin lenguaje.

La psicogerontóloga argentina Graciela Zarebski, de la Universidad Maimónides, tiene un nombre para la habilidad que permite atravesar ese tránsito sin derrumbarse: identidad flexible. Su teoría propone que quienes logran actualizar su sentido de sí mismos cuando la vida mueve las coordenadas —el trabajo, el rol, el cuerpo— envejecen mejor en todos los sentidos: emocional, cognitivo, vincular. La identidad flexible no es resignación. Es la capacidad de seguir nombrándose cuando el nombre anterior ya no alcanza. El problema es que nadie la enseña. No hay curso ni trámite en ANSES que incluya ese trabajo.

Un estudio de siete años publicado en The Gerontologist confirmó la misma lógica desde los datos: los jubilados que lograron construir nuevas identidades mostraron un ajuste psicológico significativamente mejor que quienes no lo hicieron. No dice “quienes encontraron nuevas actividades”. Dice “nuevas identidades”. La diferencia no es menor. Una actividad llena el tiempo. Una identidad da lenguaje.

El problema tiene género (y es más complicado de lo que parece)

En muchas reuniones eso se vuelve visible en pequeños detalles. Hombres que, frente a la pregunta, hacen silencio o responden con lo último que fueron. Mujeres que dudan, rodean la respuesta, la arman en tiempo real. Nadie lo dice en voz alta, pero la incomodidad circula.

Para los varones de la Generación X, la identidad laboral tendió a ser la única disponible. “Soy lo que hago” fue el único idioma que el sistema les enseñó. Cuando el trabajo termina, quedan en silencio total.

Para las mujeres, la historia tiene más capas. Durante siglos, el sistema les ofreció no uno sino dos idiomas de identidad: el trabajo y el vínculo. “¿A qué te dedicás?” y “¿Estás con alguien?” eran las dos preguntas que organizaban el mapa social de una mujer. La Generación X fue la primera que peleó activamente para que ninguna de las dos fuera obligatoria. La que salió a trabajar con convicción y rechazó el mandato de que su valor dependiera de tener pareja. Una conquista real, conseguida con enorme costo personal.

Pero la trampa tiene dos filos. Al jubilarse, ya no pueden responder “trabajo de tal cosa”. Y muchas, sin pareja, sin hijos o con hijos que viven sus propias vidas, tampoco tienen los viejos refugios relacionales para llenar ese vacío. A veces se podía decir “cuido a mis nietos”, pero esa opción también fue perdiendo peso —y muchas mujeres de esta generación ni siquiera la tienen disponible—. Sin trabajo, a veces sin pareja, a veces sin nietos, y con el mandato de no reducirse a ningún rol que no sea propio: la carga de definir quién sos se vuelve muy pesada exactamente cuando el sistema dejó de ayudarte a responder.

La paradoja tiene la forma de una trampa perfecta. La generación que se liberó de los únicos idiomas que le daban aprendió el siguiente idioma disponible —“soy lo que produzco”— pero no aprendió a inventar el propio. Cambió un corsé por otro.

Jubilada no es un nombre

Grace and Frankie, la serie de Netflix que protagonizaron Jane Fonda y Lily Tomlin durante siete temporadas, es una de las pocas ficciones que se animó a ponerle imagen a este problema. En uno de sus primeros capítulos, Grace va al supermercado y una empleada joven la ignora por completo. Grace golpea el mostrador y grita: “¿No me ves? ¿Acaso no existo?”; Frankie la arrastra afuera. La escena es cómica y dolorosa al mismo tiempo: el momento en que alguien deja de mirarte no porque seas antipática sino porque ya no sos legible para el sistema. Ya no producís. Ya no consumís del modo esperado. Ya no tenés un título que justifique tu lugar en la conversación.

En el español rioplatense cotidiano, el vocabulario disponible para esta etapa es pobre y a menudo hostil. “Jubilada” es una categoría burocrática. “Retirada” suena a derrota. “En mi casa” suena a invisibilidad. “Ama de casa” vuelve a poner a las mujeres en el lugar del que tardaron décadas en salir. No hay un sustantivo que nombre con dignidad a una mujer de 63 años que lee, camina, piensa, cuida vínculos, tiene proyectos incompletos, tiene conversaciones importantes, sigue teniendo algo para decir. Lo que no tiene nombre, en la lógica social, tampoco tiene presencia, queda fuera de escena.

Lo que aparece, entonces, no es un problema individual ni generacional. Es una falla de diseño. Una sociedad que organiza la identidad alrededor del trabajo pero no ofrece ninguna estructura cuando ese eje se corre.

Quizás por eso la nueva longevidad no es solo una revolución demográfica ni médica. Es también, inevitablemente, una nueva ola de derechos. El derecho a un lenguaje que te nombre cuando el trabajo se termina. El derecho a que “jubilada” no sea sinónimo de invisible. El derecho a que la pregunta “¿a qué te dedicás?” no te deje muda en la próxima cena sino que tenga respuesta —una respuesta real, construida, propia— que no dependa de un título laboral ni de un estado civil ni de cuántos nietos podés mostrar.

Eso no viene solo. Requiere política pública —programas de preparación para el retiro que vayan más allá de los trámites de ANSES, como los que ya existen en Suecia y Canadá—. Requiere cultura —ficciones, lenguaje, conversaciones públicas que le den nombre a esta etapa—. Y requiere trabajo personal: el trabajo de la identidad flexible que describió Zarebski, que no es resignarse sino reconfigurarse. Que no es perder quién eras sino descubrir quién sos ahora, con este tiempo, con este cuerpo, con esta historia.

La pregunta que viene después

Claudia terminó esa noche pronto. En el taxi de vuelta pensó que necesitaba encontrar una respuesta mejor. No para la próxima cena: para ella. Una respuesta que dijera algo verdadero sobre quién era ahora. Que usara verbos del presente, no títulos del pasado.

No es un problema de actitud ni de voluntad. Es un problema de diseño: construimos sociedades que enseñan a las personas a nombrarse a través del trabajo y no les enseñan nada después. El resultado es una generación entera —la más larga de la historia, la que va a vivir hasta los 85 y los 90— que llega a los 60 con el pasaporte vencido y sin saber que se puede renovar. Que existe otro idioma. Que se aprende, que se construye, que se puede inventar.

Tal vez la incomodidad de Claudia no sea un problema a resolver rápidamente. Tal vez sea una señal. El momento en que una respuesta automática deja de funcionar obliga a construir otra cosa.

Y eso —aunque incomode— también es una forma de libertad. El problema es que nadie nos enseñó a vivir en ese lugar.

Claudia todavía está buscando su respuesta. Como mucha gente que llegó a esta etapa sin que nadie le enseñara el idioma que se habla acá.

Gabriela Cerruti es escritora y periodista especializada en nueva longevidad. Autora de La Revolución de las Viejas.

Durante décadas, la prensa y la publicidad nos vendieron una imagen del “silver” (ese joven de más de 65 años) que es, básicamente, un híbrido entre un mueble de roble y un dispenser de sabiduría y galletitas. Un ser estático, siempre disponible, cuya máxima aspiración era que el domingo sus nietos no le mancharan demasiado el sofá. Pero algo cambió. Si usted intenta llamar a su padre un martes a las once de la mañana y salta el contestador, no se asuste: no le pasó nada. Simplemente, ha sido víctima del “ghosting senior”.

Estamos ante un fenómeno sociológico sin precedentes que los expertos —si es que alguno lograra localizar a un silver para entrevistarlo— empiezan a llamar la Rebelión de las Canas. Los mayores de hoy decidieron que ya han escuchado suficientes dramas sobre hipotecas, crisis existenciales de los treinta y métodos de crianza de Jean Piaget. Colgaron el delantal, apagaron el GPS de “abuelo disponible 24/7” y se lanzaron a una clandestinidad dorada que tiene a sus hijos de cuarenta años al borde de un ataque de nervios.

La desaparición del “abuelo-comodín”

Históricamente, el silver era el colchón de la sociedad. ¿Se cancela el colegio por mal tiempo? Al abuelo. ¿Tenés una cena y no hay niñera? A la abuela. Sin embargo, la nueva generación de veteranos ha descubierto un arma secreta: el modo avión.

“Llamé a mi vieja porque el nene tenía fiebre y yo tenía una reunión importante”, comenta Carlos (42), un ejecutivo que aún no asimila el cambio. “Me devolvió el mensaje tres horas después con una selfie desde un taller de ‘Mindfulness y cata de vinos orgánicos’ en Mendoza. Solo puso: ‘Qué pena lo del chiquito. Ponele paños fríos. Acá no hay cobertura. Besis’. ¡Besis! Mi vieja no decía ‘besis’ ni cuando conoció a mi viejo".

Este nuevo silver no es que no quiera a sus nietos, es que descubrió que el amor filial no es incompatible con un crucero a Brasil. La prensa suele hablar de la “soledad no deseada”, pero se olvida de la “soledad buscada desesperadamente” por aquellos que llevan cuidando a alguien desde que se inventó la televisión en color.

El “Código Enigma” del WhatsApp Senior

El humor de esta situación reside en el uso estratégico de la tecnología. Si bien hace una década los hijos teníamos que explicarles cómo encender el router, ahora los silvers dominan las artes oscuras de la evasión digital.

Desarrollaron un lenguaje propio para marcar distancias:

El ‘Ok’ cortante: Un mensaje de tres párrafos del hijo explicando un problema emocional es respondido con un “Ok.” (con punto final, que es el equivalente digital a un portazo).

El uso creativo del emoji: Nada desconcierta más a un hijo que recibir un emoji de una bailarina flamenca y una berenjena cuando le preguntás a tu padre si puede recoger un paquete de Mercado Pago. No es un error: es un sistema de encriptación para decir: “Estoy ocupado viviendo la vida, buscate la tuya”.

La excusa de la batería: “Ay, hijo, es que esta porquería se descarga sola”, dicen mientras publican un vídeo en Instagram con una nitidez de 4K desde un festival de jazz.

El “Gap Year” de los setenta

Lo que nadie nos dijo es que la jubilación se ha convertido en el año sabático que nunca tuvieron a los dieciocho. Pero con una diferencia fundamental: ahora tienen dinero y no tienen que pedir permiso. Estamos viendo a señoras de setenta y largos haciendo el Camino de Santiago, y no sólo por fervor religioso, sino porque descubrieron que en los albergues se conoce a gente muy interesante que no les pregunta qué hay de comer.

Es una suerte de adolescencia premium. Tienen la energía (gracias a los suplementos de colágeno y a las rodillas de titanio), tienen el tiempo y, sobre todo, tienen una absoluta falta de remordimiento. El silver actual pasó de ser el “Ángel de la Guarda” a ser el “Agente 007”. Desaparece en misiones secretas a balnearios de la costa y sólo dejan rastro a través de estados de WhatsApp que sus hijos analizan como si fueran fotos de satélite de la CIA.

“Mi viejo se compró un motorhome”, confiesa una fuente anónima que prefiere no revelar su nombre por pura vergüenza generacional. “Me dijo que se iba a ‘encontrar a sí mismo’. ¡Viejo, tenés 74 años! ¡Si ya no te encontraste, es que te perdiste muy bien!”.

Una nueva frontera de respeto

Más allá de la comedia de los teléfonos sin respuesta y las agendas llenas de clases de acuarela y pilates para la zona lumbar, este fenómeno es profundamente saludable. Los silvers están reclamando su derecho a la individualidad. Dejaron de ser “los padres de” o “los abuelos de” para volver a ser ellos mismos.

Así que, la próxima vez que llame a su progenitor y no obtenga respuesta, no piense que ha tenido un tropezón con la alfombra del pasillo. Lo más probable es que esté en un club de lectura de novela negra, planeando su próxima escapada a un spa o simplemente disfrutando de un glorioso silencio que usted, querido lector estresado, aún tardará décadas en alcanzar.

La dictadura del maleable ha caído. Larga vida al Silver Ghosting. Si los quiere ver, pida cita previa. Y traiga su propio vino, porque el suyo es el caro y no lo piensan compartir.

En México, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social suele asociarse con la edad mínima de 60 años; sin embargo, este requisito aplica únicamente para la modalidad de cesantía en edad avanzada.

Existen otros esquemas que permiten obtener una pensión sin haber alcanzado esa edad, siempre que se cumplan condiciones específicas establecidas en la Ley del Seguro Social.

Estas alternativas buscan proteger el ingreso de los trabajadores en situaciones extraordinarias, como accidentes, enfermedades o fallecimiento, así como ofrecer opciones de retiro anticipado para quienes cuentan con suficientes recursos.

Retiro anticipado: pensionarse antes de los 60

Una de las vías más directas para jubilarse antes de los 60 años es la pensión por retiro anticipado. Este esquema está disponible para quienes han acumulado suficiente ahorro en su cuenta individual de Afore.

Para acceder, el trabajador debe garantizar que el monto de su pensión sea al menos 30 por ciento superior a la pensión mínima garantizada. Además, debe cubrir el seguro de sobrevivencia, no estar laborando y cumplir con las semanas de cotización requeridas.

Este modelo depende completamente de la capacidad financiera del trabajador, por lo que suele ser más viable para quienes han tenido ingresos constantes y aportaciones elevadas a lo largo de su vida laboral.

Pensión por invalidez: cuando la salud impide trabajar

Otra opción es la pensión por invalidez, que se otorga cuando una persona pierde la capacidad de trabajar debido a una enfermedad o accidente no relacionado con su empleo.

En este caso, no existe una edad mínima, pero sí requisitos como contar con un dictamen médico oficial y haber cotizado al menos 150 semanas bajo la Ley de 1973 o 250 semanas bajo la Ley de 1997 (o 150 semanas si la invalidez es mayor al 75 por ciento).

Este tipo de pensión puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la evolución del estado de salud del asegurado.

Incapacidad permanente por riesgo de trabajo

Cuando la afectación deriva de un accidente o enfermedad laboral, el IMSS contempla la pensión por incapacidad permanente. Esta se concede tras una evaluación médica que determine el grado de afectación del trabajador.

Inicialmente se otorga de manera provisional, pero puede convertirse en definitiva si la condición persiste. El requisito principal es contar con un dictamen que acredite que el daño ocurrió en el ejercicio del trabajo.

Pensiones para familiares: viudez, orfandad y ascendientes

El sistema también protege a los familiares del trabajador en caso de fallecimiento. En estos escenarios, la edad no es un factor determinante.

La pensión por viudez se entrega a la pareja del asegurado, siempre que se acredite el vínculo legal o el concubinato. Por su parte, la pensión de orfandad beneficia a los hijos menores de edad o hasta los 25 años si continúan estudiando, e incluso sin límite en caso de incapacidad.

Asimismo, los padres del trabajador pueden acceder a una pensión si dependían económicamente de él y no existen otros beneficiarios con mayor prioridad.

Más allá de la edad: factores clave para pensionarse

El acceso a una pensión en el IMSS no depende únicamente de cumplir cierta edad. Elementos como las semanas cotizadas, el estado de salud, el ahorro acumulado y la situación familiar son determinantes para definir el tipo de apoyo al que se puede acceder.

En 2026, estas modalidades continúan vigentes como mecanismos de protección social que permiten garantizar ingresos en contextos adversos o facilitar el retiro anticipado bajo condiciones específicas.

Aunque la pensión tradicional sigue ligada a los 60 años, el sistema del IMSS ofrece alternativas reales para quienes necesitan o pueden retirarse antes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Al cierre de febrero de este año el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) ha captado desde el 2000 un monto total de $2,282.3 millones, de los cuales el 48.4% se ha pagado en prestaciones a los afiliados y beneficiarios.

Creado mediante la Ley 8 del 6 de febrero de 1997, el SIACAP tiene como objetivo otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

La entidad inició operaciones en julio del 2000, con un patrimonio de $435.1 millones, y actualmente cuenta con 609,408 cuentahabientes, de los cuales 169,297son cotizantes activos.

A febrero de este año el patrimonio neto de los afiliados correspondió a $1,043.9 millones, con un rendimiento en el mes de 8.5%, de los cuales el 40% correspondió a aportes y el restante 60% a rendimientos.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo del SIACAP, señaló que al cierre del 2025 el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos registró un monto un total de $1,024 millones, cifra que representa un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y confirma la confianza que los servidores públicos mantienen con la institución.

Con este rendimiento, el funcionario dijo que la institución ha demostrado una madurez financiera y un manejo responsable de los recursos de los servidores públicos, cuyo rendimiento alcanzó un 7.45% durante el periodo del 2025, reflejando la eficiencia de su estrategia en el manejo del portafolio de inversiones.

Explicó que este desempeño le permitió generar $71.0 millones, fortaleciendo la confianza de sus afiliados y consolidando un modelo sostenible para el futuro.

El sistema opera mediante cuentas individuales donde se registran las contribuciones obligatorias, voluntarias y especiales de cada afiliado, así como los bonos negociables y los réditos generados.

Los funcionarios aportan un porcentaje de su salario al SIACAP y el Estado contribuye adicionalmente con un 0.3% del salario devengado.

Los fondos depositados son administrados por entidades administradoras de inversión, encargadas de generar rentabilidad y hacer crecer los ahorros de los afiliados.

Esto permite que los funcionarios cuenten con un aporte complementario a su jubilación.

Las declaraciones de Mejía se dieron durante la sustentación ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de la memoria de gestión de esta entidad, correspondiente al 2024-2025.

En la jornada, la Superintendente del Mercado de Valores (SMV), Maruquel Murgas de González, hizo lo propio al sustenta que esta entidad financiera ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema financiero, fomentando la transparencia, confianza y preservación del mercado.

Durante el 2025 la entidad presentó su plan estratégico compuesto por una hoja de ruta que se estructura en cinco pilares fundamentales, que abarcan áreas esenciales para el desarrollo institucional y el adecuado cumplimiento de sus funciones, con el objetivo de posicionar a la Superintendencia como un referente regional en materia de regulación y supervisión del sector.

Los pilares, según Murgas de González, son: modernización del Mercado de Valores, sostenibilidad y responsabilidad, fortalecimiento institucional, protección al inversionista, posicionamiento y vínculos Internacionales.

Mientras, la hoja de ruta estratégica y operativa define las acciones, plazos y recursos necesarios para avanzar de manera ordenada y eficiente hacia el cumplimiento de las metas, y constituye la base de las iniciativas desarrolladas durante el período que comprende la memoria institucional.

“Hemos avanzado de forma sostenida en la ejecución de este plan orientado a la modernización del mercado de valores y al fortalecimiento de nuestros procesos internos”, manifestó Murgas de González en la memoria institucional noviembre 2024- octubre 2025.

La jubilación anticipada en el ISSSTE cambió en México tras un decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual establece una reducción gradual en la edad mínima de retiro, especialmente para mujeres trabajadoras del Estado.

Este nuevo esquema busca reconocer años de servicio y permitir que ciertos trabajadores puedan pensionarse antes de lo previsto en la legislación anterior.

¿Cuál es la edad de jubilación anticipada del ISSSTE en 2026?

De acuerdo con el decreto vigente, la edad mínima de jubilación anticipada en 2026 es:

• 56 años para mujeres
• 58 años para hombres

Este beneficio aplica principalmente para quienes están bajo el régimen del llamado Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que cotizaban antes de la reforma de 2007 y cumplen con los años de servicio requeridos.

Tabla de edades: así bajará la jubilación anticipada

El decreto no fija una sola edad, sino una reducción progresiva que irá disminuyendo en los próximos años hasta 2034:

• 2025 a 2027: 56 años (mujeres) y 58 (hombres)
• 2028 a 2030: 55 años (mujeres) y 57 (hombres)
• 2031 a 2033: 54 años (mujeres) y 56 (hombres)
• 2034 en adelante: 53 años (mujeres) y 55 (hombres)

Esto significa que, con el paso del tiempo, las trabajadoras del Estado podrán retirarse incluso antes de los 55 años, algo que no era posible antes del ajuste.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada?

El beneficio no es universal. Para acceder a la jubilación anticipada del ISSSTE se deben cumplir requisitos clave:

• Pertenecer al régimen Décimo Transitorio
• Tener al menos 28 años de servicio (mujeres) o 30 años (hombres)
• No haber optado por bonos de pensión o cuentas individuales

Quienes están en el esquema de cuentas individuales (AFORE) mantienen reglas distintas y, en general, deben esperar hasta los 60 años para pensionarse.

¿Qué cambia con este decreto?

El cambio principal es que se detuvo el aumento progresivo de la edad de retiro y, en su lugar, se implementó una disminución gradual.

Además, el decreto introduce un enfoque con perspectiva de género, ya que permite que las mujeres se jubilen antes que los hombres, reconociendo desigualdades laborales históricas.

Jubilación anticipada ISSSTE: clave para entender el beneficio

En resumen, la edad de jubilación anticipada del ISSSTE:

• En 2026 inicia en 56 años para mujeres
• Bajará progresivamente hasta 53 años en 2034
• Aplica solo para ciertos trabajadores con años de servicio suficientes

Este decreto marca uno de los cambios más relevantes en el sistema de pensiones del sector público en México, al flexibilizar el retiro para miles de trabajadores.

Transitar la jubilación con tranquilidad financiera es una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes dedicaron décadas a construir su patrimonio. Evitar que los ahorros se agoten demasiado pronto se convierte en prioridad cuando se pasa de la vida laboral activa a depender de recursos acumulados, como un plan IRA o 401(k).

De esta manera, la clave está en adoptar medidas concretas que permitan disfrutar el retiro sin sobresaltos, controlando el gasto y gestionando de manera inteligente las inversiones.

Importancia de vigilar gastos y elaborar un presupuesto

El paso a la jubilación no implica necesariamente una disminución de los gastos habituales. Muchas personas observan que, pese a dejar de trabajar, los costos se mantienen e incluso pueden aumentar en rubros como ocio y viajes, ahora que disponen de más tiempo libre. Por este motivo, contar con un presupuesto detallado que contemple tanto gastos fijos como variables resulta esencial.

Llevar un control riguroso permite identificar si las salidas de dinero superan lo previsto y dónde puede haber margen para ajustar. El presupuesto debe considerar pagos regulares, gastos discrecionales y desembolsos únicos, como puede ser una prima de seguro pagada anualmente. Mantener este nivel de organización financiera ayuda a prevenir excesos y a garantizar que los fondos duren el mayor tiempo posible.

Un manejo responsable de los gastos es fundamental para que los ahorros de la jubilación se mantengan a lo largo del tiempo.

Establecer límites claros en el presupuesto personal y revisarlo periódicamente puede reducir considerablemente el riesgo de agotar los recursos antes de lo deseado. La disciplina en el gasto permite disfrutar de la jubilación sin sobresaltos financieros.

Estrategias de inversión para proteger ahorros frente a la inflación

Mantener una parte significativa del patrimonio invertida en activos que puedan superar la inflación, como acciones y fondos cotizados (ETFs) de crecimiento. No desprenderse completamente de inversiones con potencial de incremento de valor pese al riesgo, ya que son clave para preservar el poder adquisitivo.

Considerar una distribución equilibrada entre bonos y acciones, por ejemplo, una proporción 40% en bonos y 60% en acciones. Dentro del segmento de acciones, asegurar que al menos un tercio se destine a vehículos de crecimiento que ofrezcan posibilidades de apreciación a largo plazo.

Favorecer la inversión en acciones o ETFs que generen dividendos elevados, lo que aporta ingresos adicionales y robustez a la cartera. Diversificar el portafolio para reducir riesgos y aprovechar diferentes oportunidades del mercado.

Reglas y consideraciones para el retiro de dinero de los fondos de jubilación

El éxito financiero en la jubilación no solo depende del monto acumulado, sino también de la forma en que se extraen los fondos. Es fundamental diseñar una estrategia de retiros que tenga en cuenta las necesidades de gasto, la existencia de ingresos externos y los objetivos de legado para los herederos.

Por ejemplo, si una persona calcula que requiere USD 120.000 al año para mantener su nivel de vida y percibe USD 50.000 anuales por concepto de Seguridad Social, el retiro de los fondos de jubilación puede ajustarse en consecuencia, aliviando la presión sobre los ahorros. En caso de querer dejar una herencia, conviene limitar los retiros anuales para preservar una parte del capital.

Definir la cantidad y frecuencia de los retiros es esencial para evitar quedarse sin recursos antes de tiempo. Ajustar el ritmo de extracción de acuerdo con los ingresos y prioridades personales brinda mayor control y seguridad sobre el patrimonio acumulado.

Cómo afrontar las caídas del mercado bursátil durante la jubilación

Las fluctuaciones bursátiles representan un desafío considerable para quienes dependen de sus inversiones en la jubilación. Cuando el mercado cae y el valor de los activos disminuye, existe el riesgo de incurrir en pérdidas permanentes que comprometan la estabilidad financiera.

Para minimizar este riesgo, es recomendable adoptar una actitud flexible: reducir el nivel de gasto cuando los mercados bajan o, si es posible, optar por trabajos temporales que permitan retirar menos dinero de los ahorros hasta que se recupere la situación. Esta capacidad de adaptación puede marcar la diferencia entre preservar el capital y agotarlo prematuramente.

Afrontar las caídas del mercado requiere de una mentalidad abierta y disposición a ajustar el presupuesto temporalmente. La clave está en evitar la venta de inversiones a pérdida y dar tiempo a la recuperación de los mercados antes de realizar extracciones significativas.

Utilidad de mantener una reserva de efectivo para afrontar imprevistos

Contar con una reserva de efectivo adecuada es una herramienta esencial en la gestión financiera durante la jubilación. Esta liquidez permite cubrir necesidades inmediatas sin tener que vender inversiones en momentos desfavorables del mercado, evitando así pérdidas innecesarias.

La cantidad ideal de efectivo depende tanto de los requerimientos personales como de la flexibilidad para reducir gastos o trabajar en caso de necesidad. Si no se prevé la posibilidad de trabajar y la capacidad de ajuste en el gasto es limitada, puede resultar prudente mantener entre dos y tres años de gastos de vida en efectivo.

Esta estrategia proporciona un margen de seguridad ante imprevistos económicos y protege los ahorros de la volatilidad de los mercados, asegurando mayor tranquilidad durante la jubilación.

La reforma constitucional al artículo 127, fue publicada este sábado 11 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual busca establecer límites claros a las jubilaciones y pensiones en el sector público, con el objetivo de evitar percepciones excesivas conocidas como “pensiones doradas”.

El decreto, aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, introduce cambios para garantizar que las remuneraciones de las personas servidoras públicas se mantengan dentro de parámetros definidos.

Con esta modificación, se refuerza el principio de austeridad en el ejercicio del gasto público y se establecen criterios más estrictos para la asignación de ingresos, tanto en funciones activas como en el retiro.

La medida impacta a diversas instituciones federales, estatales y municipales, así como a organismos descentralizados y empresas de participación estatal.

Cambios al artículo 127 constitucional

La norma 127 es la encargada de regular las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que con el cambio se precisan límites tanto para salarios como para el retiro, especialmente en el ámbito de las entidades públicas.

• Ninguna persona servidora pública podrá recibir una retribución mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
• Ningún trabajador podrá percibir un ingreso igual o superior al de su superior jerárquico, salvo en casos específicos como desempeño de múltiples empleos o especialización técnica.
• En estos casos excepcionales, la suma de percepciones no deberá exceder la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal.
• Las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y otras entidades no podrán superar la mitad de la remuneración presidencial.
• Las disposiciones laborales no podrán establecer condiciones que rebasen este límite.
• Quedan excluidas de este tope:
• • Las Fuerzas Armadas.
  • Pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales.
  • Sistemas complementarios financiados con aportaciones sindicales.
  • La pensión no contributiva prevista en la Constitución.

Disposiciones transitorias de la reforma

Los artículos transitorios establecen la forma en que se aplicarán los cambios y los plazos para su implementación, así como las obligaciones para las instituciones públicas.

• El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
• Las pensiones y jubilaciones vigentes deberán ajustarse al nuevo límite, salvo las excepciones previstas.
• Los entes públicos deberán revisar y modificar contratos, condiciones laborales y demás instrumentos para alinearse con la reforma.
• Los haberes de retiro otorgados antes de la entrada en vigor se mantendrán en los términos reconocidos.
• Las aportaciones del Estado a sistemas de retiro deberán sujetarse a los nuevos límites establecidos.
• El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán un plazo de 90 días para adecuar su marco jurídico.
• No se autorizarán ampliaciones presupuestales para cumplir con la reforma, ni incrementos en gasto operativo o servicios personales.

La cifra que los estadounidenses consideran necesaria para retirarse con comodidad ha alcanzado un nuevo récord en 2026. Según una encuesta reciente de Northwestern Mutual difundida por el medio estadounidense CBS News, el “número mágico” que la mayoría estima para el retiro es de USD 1,46 millones.

Este monto representa un salto de USD 200.000 respecto al año anterior y refleja el impacto de la inflación persistente, las presiones sobre los presupuestos familiares y el temor a un futuro económico incierto.

Aunque el objetivo de ahorro para el retiro crece año tras año, la realidad de los ahorros de la mayoría de los estadounidenses es muy diferente. Solo el 5% de quienes tienen cuentas de retiro logra reunir al menos un millón de USD.

Para el grupo de personas entre 55 y 64 años, que ya se acerca a la edad de jubilación, el saldo mediano apenas llega a USD 185.000, según datos de la consultora financiera NerdWallet. Esta brecha muestra que la mayoría se encuentra lejos de la cifra que considera necesaria para mantener su nivel de vida tras dejar de trabajar.

El 40 % de los encuestados señala que la pregunta sobre cuánto dinero necesitarán para el retiro es su mayor inquietud financiera. La inflación, que ha elevado el costo de productos y servicios básicos, y la incertidumbre sobre la continuidad y suficiencia de la Seguridad Social han puesto en primer plano el tema del ahorro para el retiro.

El impacto de la inflación y el mercado laboral en las expectativas de retiro

La inflación no solo ha elevado el costo de vida, sino que también ha hecho que los estadounidenses ajusten al alza sus expectativas de ahorro. El aumento de los precios golpea especialmente a quienes están próximos a retirarse y ven cómo la meta de ahorro se vuelve más lejana cada año.

El mercado laboral también genera incertidumbre. El 33% de los encuestados teme que la inteligencia artificial y la automatización puedan afectar sus empleos en el futuro cercano. Este temor impulsa a muchos a intentar ahorrar más, aunque la mayoría reconoce que no logra avanzar al ritmo que desearía.

Muchos trabajadores han reducido sus aportes anuales a los fondos de retiro. Por ejemplo, según la firma Dayforce, los aportes a cuentas 401(k) bajaron de 9,2% a 8,9% del salario anual.

Esta tendencia muestra que, aunque reconocen la importancia de ahorrar, las presiones financieras del presente dificultan el cumplimiento de los objetivos de largo plazo.

Brecha entre las expectativas y la realidad de los ahorros

La diferencia entre lo que los estadounidenses creen necesitar y lo que realmente ahorran se agranda con el paso de los años. Solo una minoría logra acercarse a la meta de USD 1,46 millones. Incluso entre quienes están cerca de la jubilación, la mayoría no ha acumulado montos que les aseguren un ingreso mensual estable durante el retiro.

A pesar de las recomendaciones de los expertos, muchos deben recurrir a sus ahorros antes de tiempo para cubrir gastos imprevistos. Según investigaciones de la gestora de inversiones Vanguard, un número récord de estadounidenses ha realizado retiros por emergencia, como gastos médicos u otras necesidades inmediatas.

Esta práctica reduce aún más el capital disponible para el retiro y obliga a ajustar las expectativas sobre el nivel de vida que podrán sostener en el futuro.

El directivo de Northwestern Mutual, John Roberts, afirma: “Están confiando en que el ‘yo del futuro va a vivir con menos’, pero eso rara vez se cumple”.

Estrategias y reglas de oro para un retiro más seguro

Las firmas financieras y los asesores especializados proponen algunas reglas para quienes buscan mejorar sus perspectivas de retiro.

Los expertos recomiendan:

• Ahorrar al menos el 15% del ingreso anual desde la juventud.
• Acumular un fondo que permita retirar el 70-80% del salario previo al retiro.
• Usar la “regla del 4%”: Retirar el 4% del capital total cada año para no agotar los fondos antes de tiempo.
• Diversificar las inversiones entre cuentas 401(k), IRA y otros instrumentos de ahorro.
• Aprovechar los “catch-up contributions” o aportes adicionales permitidos por ley a partir de los 50 años.
• Buscar asesoramiento profesional. Quienes lo hacen suelen jubilarse con mayor confianza y hasta dos años antes que quienes gestionan los ahorros por su cuenta.

Estas pautas buscan combatir la tendencia a postergar el ahorro y subestimar los gastos del futuro. Es clave empezar temprano y ajustar el plan de ahorro según la evolución de los ingresos y las necesidades familiares.

Diferencias generacionales y tendencias futuras

La encuesta de Northwestern Mutual muestra que la edad promedio para comenzar a ahorrar para el retiro es de 31 años. Sin embargo, existen diferencias notables entre generaciones.

La Generation Z comienza a ahorrar a los 22 años y planea retirarse antes de los 65. La Generación X, en cambio, suele iniciar más tarde y expresa menos confianza en su preparación financiera.

El informe revela que 4 de cada 10 estadounidenses ya planean trabajar durante la jubilación, ya sea por necesidad económica o para mantener su rutina y nivel de vida. La tendencia a combinar trabajo y retiro crece cada año, como respuesta a la insuficiencia de los fondos acumulados y la incertidumbre sobre el futuro de los programas sociales.

En 2026, la distancia entre la expectativa y la realidad sobre el retiro sigue ampliándose. La inflación, la inseguridad laboral y las dudas sobre la Seguridad Social se mantienen entre las principales preocupaciones. Las estrategias más citadas son ahorrar más, diversificar los fondos y buscar apoyo profesional.

En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.

Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.

“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.

Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.

Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.

Retiros por doquier

Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.

Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.

Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.

La geografía de la jubilación en Estados Unidos presenta, para el año 2026, una clara predilección por el estado de Florida, donde tres ciudades destacan entre las mejores opciones según las preferencias expresadas por residentes retirados.

De acuerdo con el informe 2026 Best Places to Retire elaborado por The Motley Fool, citado por USA Today, las ciudades de Fort Lauderdale, St. Augustine y Quincy encabezan la lista, reflejando una combinación de clima soleado, calidad de vida y características locales que atraen a quienes buscan un destino para vivir su retiro.

1. Fort Lauderdale: líder en valoración y atractivos fiscales

El listado, resultado de una encuesta realizada a 2.000 estadounidenses jubilados, revela una puntuación total de 64 sobre 100 para Fort Lauderdale, la localidad con mejor valoración.

Este destino, apodado “la Venecia de América” por sus numerosos canales, disfruta de un promedio de 246 días de sol cada año y una extensa franja costera sobre el Atlántico. La ausencia de impuesto estatal sobre la renta figura como uno de los principales atractivos fiscales detectados por USA Today.

No obstante, la publicación puntualiza que los precios de la vivienda y los tributos inmobiliarios superan la media del sur de Florida, mientras que la tasa de criminalidad y la congestión vehicular representan desafíos frecuentes para los residentes.

2. St. Augustine: historia, cultura y turismo todo el año

En segunda posición se ubica St. Augustine, también con una calificación destacada: 59 sobre 100. Esta ciudad, la más antigua de Estados Unidos, se distingue por su oferta histórica, climatología favorable y una vida cultural marcada por la variedad de locales musicales y restaurantes.

El informe de The Motley Fool, resalta que el atractivo turístico provoca una alta afluencia de visitantes durante todo el año, lo que repercute tanto en la movilidad como en las rutinas cotidianas de los residentes.

3. Quincy: ambiente rural y menor costo de vida

El tercer lugar pertenece a Quincy, en el condado de Gadsden, con la misma puntuación de 59 sobre 100. Esta localidad, con menos de 8.000 habitantes, es valorada por mantener el ambiente tradicional de la Florida rural y un costo de vida inferior al promedio nacional.

Sin embargo, los resultados de la encuesta anticipan limitaciones en la oferta de servicios básicos como restauración, comercios y atención sanitaria, obligando a los habitantes a desplazarse a ciudades cercanas, como Tallahassee, para satisfacer ciertas necesidades.

La preferencia sistemática por ciudades de Florida evidencia, según el análisis realizado recientemente, una inclinación de los jubilados por el clima cálido y la facilidad de disfrutar actividades al aire libre.

Las diversas playas, los espacios históricos y la vitalidad cultural configuran un mosaico atractivo, en el que cada ciudad sobresale por características particulares: desde la modernidad de Fort Lauderdale, pasando por la herencia colonial de St. Augustine, hasta la tranquilidad y el menor costo de vida en Quincy.

El informe ofrece una instantánea de las prioridades de quienes buscan destino para su retiro en 2026. La información recabada por The Motley Fool y difundida por el USA Today expuso tanto los beneficios climáticos, económicos y de estilo de vida que distinguen a Florida, como los desafíos vinculados a la infraestructura, el turismo y el acceso a servicios esenciales.

La publicación también señaló que otras ciudades del sur de Estados Unidos figuran en informes paralelos de la misma fuente, abriendo el abanico de alternativas para futuras generaciones de retirados.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), la agencia federal estadounidense responsable, comunicó el cronograma oficial de pagos para jubilados y beneficiarios del SSI correspondiente a abril de 2026, medida que afecta a más de 70 millones de personas en el país. El anuncio se realizó tras la publicación del calendario anual, que especifica fechas y montos conforme al ajuste por costo de vida determinado para el año fiscal vigente. La actualización responde al mandato legal de preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al crecimiento de la inflación en el entorno económico estadounidense.

La SSA determinó que la distribución de pagos para jubilados y perceptores del SSI se realizará en jornadas segmentadas según el tipo de prestación y la fecha de nacimiento del titular. La institución federal señaló que los pagos incluyen el incremento del 2,8% autorizado por el ajuste anual por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), conforme a la normativa que rige la seguridad social. El cronograma fue difundido en circulares oficiales y publicado en el portal institucional de la agencia.

El sistema de prestaciones sociales en Estados Unidos, gestionado por la Administración del Seguro Social, constituye una de las principales fuentes de ingreso para adultos mayores, personas con discapacidad y familias con ingresos limitados. La autoridad federal administra los fondos públicos destinados a jubilaciones, pensiones por invalidez y ayudas complementarias. El calendario de pagos y los montos actualizados reflejan las condiciones económicas del país y tienen como objetivo garantizar la continuidad de ingresos en los sectores más vulnerables.

Calendario de pagos del Seguro Social y SSI en abril de 2026

La SSA estableció que el pago del SSI se efectuará el 1 de abril de 2026. Este beneficio está dirigido a personas de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad. El pago para quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 será el 3 de abril. Para quienes solicitaron su jubilación después de esa fecha, la jornada de pago depende de la fecha de nacimiento: los nacidos entre el 1 y el 10 cobrarán el 8 de abril, los que cumplen entre el 11 y el 20 recibirán el pago el 15 de abril y quienes tienen fecha de nacimiento del 21 al 31 lo harán el 22 de abril.

La SSA explicó que la segmentación del calendario responde a la necesidad de optimizar el procesamiento de transferencias y evitar sobrecargas en el sistema bancario y de pagos electrónicos. Estas fechas se aplican en todo el territorio nacional sin distinción de estados y se mantienen sin cambios respecto a años previos.

Montos de los pagos según la SSA

El ajuste anual por costo de vida (COLA) para 2026 fue establecido en 2,8%, conforme a la fórmula legal basada en el Índice de Precios al Consumidor (CPI), el indicador oficial de inflación estadounidense. Este incremento se aplicó desde enero y se refleja en los depósitos mensuales de todos los beneficiarios. La SSA precisó que el monto del SSI para personas individuales es de USD 944 mensuales, mientras que para parejas elegibles asciende a USD 1.491 por mes.

En el caso de los jubilados, el monto promedio nacional del cheque mensual es de USD 2.071, aunque la cifra varía en función de la edad de retiro y el historial de aportes del beneficiario. Según las tablas oficiales de la SSA, quienes se jubilan a los 62 años pueden recibir hasta USD 2.000 mensuales, los que optan por el retiro a los 65 años pueden alcanzar USD 3.000 y quienes postergan su retiro hasta los 70 años tienen derecho a montos de hasta USD 5.000 por mes. La agencia señala que estas cifras corresponden a los máximos legales y que la mayoría de los titulares percibe montos intermedios, calculados según sus antecedentes laborales y aportes registrados.

Requisitos y elegibilidad para acceder al SSI y al Seguro Social

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) está disponible para ciudadanos estadounidenses mayores de 65 años, adultos con discapacidad y personas con ingresos o recursos limitados. La elegibilidad está sujeta al cumplimiento de requisitos federales definidos por ley y verificados por la SSA en cada caso. El programa también cubre a menores de 65 años que acreditan discapacidad o ingresos insuficientes, según la definición establecida por la agencia.

El Seguro Social tradicional abarca a trabajadores jubilados, personas con discapacidad grave, viudas, viudos y familiares directos bajo determinadas condiciones. Para acceder al beneficio, es imprescindible haber cumplido el periodo mínimo de aportes y alcanzar la edad mínima de retiro. La SSA determina el monto mensual en función del historial de ingresos y años de contribución. Todos los pagos se ajustan automáticamente conforme al COLA anual.

Cambios y ajustes aplicados en 2026

El principal cambio para 2026 es el ajuste del 2,8% por costo de vida. La SSA informó que este incremento se basa en el índice oficial de inflación y busca preservar el valor real de los cheques frente a la evolución de los precios del mercado interno. El organismo federal comunicó que la actualización se implementó de manera automática para todos los beneficiarios registrados.

No se introdujeron modificaciones en los criterios de segmentación por fecha de nacimiento ni en la estructura de jornadas de pago respecto a años anteriores. La SSA indicó que el esquema actual mantendrá su vigencia durante el próximo ejercicio fiscal, salvo que el Congreso de Estados Unidos apruebe reformas a la legislación sobre seguridad social.

Impacto de los pagos en la economía de los beneficiarios

La regularidad en la distribución de los pagos y la actualización anual de los montos resultan clave para la administración de los gastos de los beneficiarios, según datos de la SSA. Más de 70 millones de personas en Estados Unidos reciben mensualmente prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, cifra que incluye jubilados, personas con discapacidad y familias con bajos ingresos. La agencia federal subrayó que el cumplimiento en las fechas de pago permite a los titulares organizar sus finanzas domésticas y afrontar gastos esenciales sin contratiempos.

La SSA destacó que el sistema de transferencias electrónicas y cheques garantiza la acreditación de fondos en las cuentas designadas en cada jornada. Se recomienda a los beneficiarios verificar periódicamente el estado de sus pagos y mantener actualizada su información personal y bancaria para evitar demoras o interrupciones en la recepción de los fondos.

Qué deben hacer los beneficiarios ante dudas o cambios

La Administración del Seguro Social habilitó líneas telefónicas, oficinas locales y un portal digital para canalizar consultas sobre el calendario de pagos, los montos y las condiciones de acceso. Es recomendable notificar de inmediato cualquier cambio en los datos personales, bancarios o de residencia, para garantizar la continuidad en la recepción de los fondos. Ante la detección de irregularidades, la SSA insta a los beneficiarios a comunicarse directamente con sus oficinas locales o utilizar los canales digitales oficiales para recibir asistencia y resolver incidencias.

Toda la información relevante sobre pagos, montos y requisitos se publica exclusivamente en comunicados y plataformas institucionales. La SSA advierte a los beneficiarios sobre los riesgos de acceder a fuentes no oficiales y recomienda consultar únicamente los canales reconocidos para evitar fraudes y recibir asesoramiento preciso.

Próximos meses en el esquema de pagos del Seguro Social

La SSA no anticipa cambios sustanciales en la estructura del calendario de pagos ni en los criterios de elegibilidad durante el resto de 2026. La agencia federal monitorea periódicamente la evolución de la inflación y el impacto de los ajustes en la economía de los beneficiarios. Las próximas actualizaciones del COLA y posibles modificaciones en la estructura de pagos dependerán de la evolución del entorno económico y de las decisiones legislativas a nivel nacional. Todas las novedades se comunicarán mediante circulares y publicaciones oficiales de la Administración del Seguro Social.

Más de la mitad de los detectives de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) podrían jubilarse de inmediato al cumplir 20 años de servicio, lo que representa riesgos inmediatos para la capacidad de la ciudad en la lucha contra el terrorismo y el crimen, en medio de posibles recortes de horas extra impulsados por la administración de Zohran Mamdani.

De acuerdo con información recabada por New York Post, este escenario genera una profunda preocupación en sindicatos policiales y autoridades, que temen una salida masiva de veteranos si sus percepciones salariales futuras disminuyen.

Esto comprometería tanto la experiencia como la dirección en las filas del NYPD en un momento estratégico para la seguridad pública.

Al cierre de 2025, el NYPD contaba con un total de 34.769 oficiales, solo 250 menos que su plantilla autorizada, y logró incorporar más de 4.000 agentes durante ese año, marcando el mayor ingreso anual registrado. Según declaraciones de la comisionada de policía Jessica Tisch ante el Consejo Municipal y el diario estadounidense New York Post, “no estamos en una crisis de contratación”.

Además, destacó que el cuerpo policial cerró el año con cerca de 800 oficiales más que el promedio de los últimos tres ejercicios fiscales. Actualmente, 55 % de los detectives cumplen con los requisitos para una pensión completa tras dos décadas de servicio, según cifras sindicales citadas por New York Post.

Este umbral de elegibilidad se replica en otros mandos: 1.193 detectives activos representan el 23 % de los 5.121 efectivos totales en condiciones de retiro inmediato; para los tenientes, 698 de 1.669 —un 42 % pueden optar por la jubilación—, junto a 518 capitanes (66 % de los 780) y 954 sargentos (22 % de 4.300). Estas cifras elevan el riesgo de una pérdida de liderazgo y experiencia acumulada dentro de la estructura policial.

La preocupación central, según líderes sindicales como Scott Munro, presidente de la Detectives Endowment Association, es que una reducción de las horas extra afectaría directamente el cálculo de las pensiones. Munro explicó a New York Post que, bajo la normativa vigente, los oficiales contratados después del año 2000 reciben una pensión equivalente a la mitad del salario total de su último año, incluyendo pagos extraordinarios (USD).

Por ello, si anticipan una disminución de las horas extra bajo una administración considerada menos favorable para la policía, como la de Mamdani, optarían por jubilarse de forma inmediata y garantizar que su pensión se calcule sobre los ingresos de 2025, último año de la era Adams, cuando la política salarial era vista como más orientada hacia la policía, según explicaron líderes sindicales.

La inquietud creció cuando, a principios de año, la fuerza fue instruida a reducir las horas extraordinarias de febrero entre 9 y 11 horas, en el marco de una iniciativa de ajuste presupuestario, indicó una vocera del NYPD a New York Post.

Esta medida se aplicó durante el mes más corto y frío, periodo en el que la demanda de seguridad por eventos masivos es menor. La vocera del NYPD calificó la decisión como “gestión básica”, aunque entre los agentes surgió el temor de que fuera la antesala de un recorte presupuestario más profundo.

La pérdida de experiencia policial impacta la operatividad y la motivación interna

El temor por una fuga masiva de veteranos es compartido por diferentes sindicatos. Lou Turco, presidente de la Lieutenants Benevolent Association, afirmó a New York Post que al llegar al vigésimo año de servicio, “el departamento pierde el control”.

Turco advierte que si se recortan las horas extra tras un año especialmente productivo en ese rubro, los oficiales sénior se ven forzados a jubilarse para proteger sus beneficios.

El presidente de la Sergeants’ Benevolent Association, Vincent Vallelong, explicó que parte de la desmotivación reside en la falta de incentivos económicos: “Hay 220 sargentos en la unidad de detectives que no reciben el pago por asignación especial, equivalente a un salario de teniente. Si se les otorgara ese beneficio, no se retirarían”, prometió Vallelong en declaraciones a New York Post.

Desde otra perspectiva, el retirado detective Michael Alcazar, quien prestó servicio tres décadas en la fuerza y hoy es profesor adjunto en la reconocida escuela de criminalística John Jay College of Criminal Justice, detecta un cambio en el ambiente laboral interno: a diferencia de años anteriores, los veteranos deben volver a patrullar las calles en tareas de reemplazo, algo poco atractivo para quienes tienen más de 20 o 25 años de carrera.

Alcazar detalló a New York Post: “Cuando tienes 20 o 25 años no quieres regresar a la patrulla a pie, pero eso es lo que están haciendo ahora”.

Munro añadió que la desconfianza y el clima social adverso impulsan a los agentes a abandonar la profesión. Según sus palabras, “lo que sucede es que la gente enfrenta a nuestros policías, los acosa en la calle”.

El relevo generacional está en riesgo ante la ola de jubilaciones

La posible salida simultánea de miles de mandos y detectives amenaza con generar un vacío en la formación y el relevo dentro del NYPD, en parte porque los agentes experimentados desalientan a las nuevas generaciones para incorporarse.

Munro, que tiene dos hijos en la policía, confirmó a New York Post: “Tengo detectives veteranos diciéndole a sus hijos: ‘No entren a este trabajo’”. Y eso, según Scott, no era así antes.

La sostenibilidad operativa del NYPD depende de políticas salariales, condiciones laborales y percepción social, mientras la administración busca contener el gasto sin perder la experticia necesaria para enfrentar la criminalidad y el terrorismo en Nueva York.

Cuando los salarios suben un 30% pero los alquileres de vivienda un 82%, es lógico que a los españoles les cueste ahorrar. Dadas las circunstancias de la crisis de vivienda en España, ya no se puede decir eso de que quien no ahorra es porque no quiere. Y aunque habrá de todo, hay una amplia mayoría que no ahorra porque no puede. Un informe de Fedea que analiza cómo las diferentes generaciones en España producen, consumen y comparten recursos económicos menciona una cifra curiosa de su base de datos: el 20% de la población española presenta un ahorro negativo. Esto significa que uno de cada cinco españoles concluye el año con más gastos que ingresos, por lo que tiene que recurrir a apoyos familiares, préstamos o al consumo de ahorros previos.

La investigación pone el foco en el papel de la estructura familiar y la dinámica del ciclo vital como factores explicativos de este comportamiento. Los jóvenes destacan como el grupo más expuesto al desahorro, en parte debido a su menor nivel de ingresos y a la tardía emancipación en España, que se sitúa en los 30,5 años, según Eurostat. Pero el fenómeno no se limita solo a los jóvenes: existe variabilidad individual significativa, incluso entre adultos y mayores.

El estudio de Fedea señala que, aunque el perfil medio del ahorro por edades es positivo —es decir, en promedio la población ahorra—, dentro de esa media se esconde un 20% de personas que gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. En los jóvenes, esta situación suele estar asociada a la dependencia familiar y a la dificultad de obtener ingresos estables en las primeras etapas de la vida laboral. Permanecer en el hogar de los padres o compartir vivienda permite amortiguar el impacto de los bajos ingresos, pero no evita que muchos deban recurrir a ayudas o a endeudamiento para mantener su nivel de consumo.

Y en este sentido, la familia es un pilar fundamental. Tiene “un papel claro en la financiación del consumo privado de los jóvenes a través de transferencias que se llevan a cabo en el interior de los hogares”, explica el documento. “La interpretación de este resultado tiene un marcado carácter estructural: en el tramo previo a la plena inserción laboral, el equilibrio entre consumo y recursos no se resuelve mayoritariamente mediante endeudamiento individual o acumulación previa de activos (por definición, limitada o prácticamente nula), sino mediante redistribución dentro del hogar”, agrega.

Es decir, el hogar opera como una especie de lo que los autores llaman “institución aseguradora”, hasta que los jóvenes consiguen encontrar un trabajo con el que mantenerse. Así, la estructura familiar en España influye de forma determinante en la capacidad de ahorro. La solidaridad intrafamiliar, especialmente en hogares donde conviven varias generaciones, permite suavizar los déficits puntuales de algunos miembros.

A partir de los 70 años baja el ahorro

A partir de los 65 años, el perfil financiero de los españoles experimenta un cambio significativo. Según el análisis de Fedea, en esta etapa de la vida las pensiones pasan a ser la principal fuente de ingresos, mientras que las rentas del trabajo adquieren un papel secundario o accesorio. La aportación de los mayores al sistema fiscal disminuye, a la vez que aumentan las prestaciones recibidas, especialmente en forma de pensiones y asistencia sanitaria.

El estudio muestra que, aunque el ahorro medio sigue siendo positivo entre los mayores, se observa una reducción progresiva a partir de los 70 años. Esto se refleja en la tendencia de las personas de mayor edad a estabilizar su riqueza y a utilizar los activos acumulados durante la etapa laboral para financiar su consumo en la vejez. Así, el ciclo vital económico se completa: tras años de acumulación, en la última etapa la renta disponible procede fundamentalmente de las transferencias públicas y del patrimonio construido previamente.

Un número creciente de estadounidenses están recurriendo a sus ahorros para el retiro para financiar el pago inicial de una vivienda, impulsados por el encarecimiento de los inmuebles y el aumento sostenido de las tasas hipotecarias, una dinámica que exige un delicado equilibrio entre la adquisición de un hogar y la seguridad financiera futura, según detalló Los Angeles Times.

A pesar del robusto crecimiento de los fondos previsionales, todavía existe una brecha significativa entre lo acumulado y el monto necesario para comprar una casa. Al cierre de 2023, el saldo promedio de las cuentas 401(k) alcanzó los USD 146.400, lo que representa un aumento del 66% en 10 años, mientras que las cuentas IRA promediaron USD 137.095, un 51% más que en 2015, de acuerdo con datos de Fidelity Investments.

Sin embargo, la mediana de los saldos —considerada una métrica más relevante para la mayoría de los ahorradores— es considerablemente menor: USD 34.400 para las 401(k) y USD 10.476 para las IRA. Esta disparidad resulta especialmente destacable al compararse con la mediana de los pagos iniciales, que en diciembre de 2023 se ubicó en USD 64.000, según un análisis de Redfin.

Ahorro para la vivienda y más años de esfuerzo para los estadounidenses

El proceso de acumular el monto necesario para dar el salto a la vivienda propia se volvió más prolongado. De acuerdo con Realtor.com, en 2023 el hogar típico estadounidense requería siete años para reunir la suma requerida para el primer pago, una mejora frente al máximo de 12 años registrado en 2022, pero todavía el doble del tiempo habitual previo a la pandemia de COVID-19.

En este contexto, el 46% de los compradores de vivienda en Estados Unidos entre julio de 2024 y junio de 2025 recurrió a los ahorros personales para financiar la entrada, mientras que entre quienes compraron por primera vez, la proporción ascendió al 59%, informó la National Association of Realtors. El resto acudió a apoyos familiares, herencias, o liquidez proveniente de la venta de activos financieros, como acciones o bonos.

Asimismo, el retiro anticipado de fondos de jubilación no es la primera alternativa para la mayoría, pero su uso está en ascenso: un 6% del total de compradores y un 11% de quienes adquirieron su primer inmueble financiaron el pago inicial utilizando un plan 401(k) o pensión, y otro 3% retiró fondos de una cuenta IRA.

Ante la decisión de aprovechar los fondos jubilatorios, los especialistas advirtieron sobre impactos que pueden extenderse hasta la vejez. Stephen Kates, analista financiero del sitio especializado Bankrate, explicó a Los Angeles Times que quienes extraen una suma relevante de su 401(k) probablemente deberán posponer la edad de retiro para compensar la merma en sus ahorros.

Regulaciones, impuestos y riesgos al utilizar fondos del retiro

Las cuentas 401(k), diseñadas como planes de ahorro para la jubilación, permiten a sus titulares solicitar un préstamo destinado a la compra de la residencia principal, aunque con límites estrictos impuestos por la IRS.

El monto máximo permitido corresponde al 50% del saldo consolidado del participante o USD 50.000, la cifra que resulte menor. Para los trabajadores con menos de USD 10.000 en sus cuentas, existe la opción de tomar prestado el saldo total, siempre que el patrocinador del plan lo autorice.

Uno de los principales riesgos asociados a los créditos 401(k) radica en la eventualidad de perder el empleo antes de saldar el préstamo: en ese caso, el saldo pendiente se considera un ingreso tributario, a lo que se suma una penalización adicional del 10% si el prestatario es menor de 59 años y 6 meses.

Otra alternativa es el retiro por causa justificada o “hardship withdrawal” (por dificultades económicas), que permite cubrir gastos específicos como la adquisición de una primera vivienda. Aunque este procedimiento no exige pagos de devolución, implica un castigo fiscal del 10% y la obligación de tributar el monto como ingreso, salvo que el titular se aproxime a los 60 años.

En el caso de las IRA, el esquema difiere: no admiten préstamos, pero es posible sacar hasta USD 10.000 sin penalización impositiva y antes de cumplir 59 años y medio, salvo que el retiro financie la compra de la vivienda y el beneficiario sea comprador primerizo. Pese a la excepción, los expertos subrayan que cualquier sustracción impacta en el saldo disponible para el retiro y, por tanto, en la calidad de vida futura.

Sumado a esto, en todos los casos de uso de ahorros previsionales, los especialistas sugieren consultar a un planificador financiero y a los administradores del plan antes de tomar decisiones que puedan comprometer tanto la capacidad de acceder a una vivienda como la estabilidad financiera tras el retiro.

Retiro de fondos previsionales para el pago inicial

Solo el 6% de los estadounidenses que adquirieron vivienda entre julio de 2024 y junio de 2025 utilizaron fondos de sus 401(k) o pensión, cifra que asciende al 11% entre los compradores primerizos. El retiro anticipado de fondos jubilatorios, pese a su atractivo inmediato, supone cargas tributarias, penalizaciones si se incumplen los plazos y una reducción potencial del patrimonio disponible en la vejez.

Las cifras expuestas por Los Angeles Times reflejaron que, a pesar del entusiasmo por la vivienda propia y el desempeño positivo de los mercados financieros, la mayoría de los aspirantes a propietarios aún depende de otras fuentes de ahorro o apoyo familiar frente a la adquisición de sus hogares.

El uso de fondos de retiro como los 401(k) y las cuentas IRA, que son planes de ahorro previsional, para cubrir el pago inicial de una vivienda se afianza entre quienes buscan alternativas ante el aumento sostenido de los precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Esta práctica facilita el acceso a la propiedad, aunque supone destinar recursos previstos para la jubilación y plantea riesgos para la estabilidad financiera futura de los hogares, según un informe reciente de The Associated Press.

El Instituto de Investigación sobre Beneficios para Empleados (Employee Benefit Research Institute, EBRI) señala que adelantar recursos de retiro para la compra de vivienda es una alternativa legal y regulada en el sistema estadounidense, pero acarrea consecuencias fiscales y patrimoniales que exigen un análisis detallado.

Esto incluye que el retiro anticipado de fondos no solo reduce el saldo disponible sino que, además, elimina la posibilidad de que ese capital se beneficie del interés compuesto a lo largo de los años.

La entidad enfatiza: “Cada dólar que se retira hoy es dinero que deja de crecer para el futuro”. Este efecto se vuelve más importante si los fondos no son restituidos, lo que puede derivar en menores ingresos al jubilarse, mayor dependencia de programas asistenciales y prolongación de la vida laboral, en particular para quienes tienen capacidades de ahorro más limitadas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, en las cuentas 401(k), los retiros realizados antes de los cincuenta y nueve años y medio están sujetos al pago de impuestos y a una penalización del 10%.

Para las IRA, es posible extraer hasta USD 10.000 sin penalización si el uso de los fondos está destinado a la compra de una primera vivienda. Algunos planes permiten solicitar préstamos sobre el saldo del 401(k), en tanto el monto se reembolse dentro de los plazos estipulados para evitar que el préstamo sea tratado como retiro y quede gravado.

Empresas del sector de análisis financiero como Fidelity Investments, citadas por The Associated Press, recomiendan que el uso de estos mecanismos sea parte de una estrategia financiera integral, que contemple riesgos y beneficios.

El retiro anticipado podría justificarse en casos sin alternativas de financiamiento, cuando el fondo acumulado es reducido y el impacto sobre la jubilación resulta limitado, o si el préstamo sobre el 401(k) permite recuperar el capital de forma rápida. Las consultoras subrayan, sin embargo, que se trata de una herramienta excepcional y no de uso habitual.

En la última década, el valor promedio de las viviendas en Estados Unidos ha ido en aumento, con un incremento notable en los precios según datos de The Associated Press.

El encarecimiento de las tasas hipotecarias también ha elevado el costo mensual de las hipotecas. Al mismo tiempo, la oferta limitada de propiedades disponibles genera mayor competencia y tensiona aún más los precios en el punto de entrada al mercado.

El impacto del retiro anticipado de fondos sobre la jubilación

Estos factores han motivado a un número creciente de familias, incluidas comunidades latinas para quienes el acceso al crédito es limitado, a considerar el retiro anticipado de fondos de ahorro como una vía para reducir la brecha entre sus ahorros y el costo de una vivienda.

Según el EBRI, esta decisión puede provocar una disminución de la seguridad económica en la jubilación, mayor riesgo de dependencia de apoyos estatales y la probabilidad de prolongar la vida laboral con el objetivo de compensar la falta de recursos.

En términos concretos, usar fondos de retiro para la compra de vivienda es una opción habilitada en Estados Unidos a través de cuentas 401(k) e IRA, pero la operación puede generar sanciones fiscales y pérdida de acumulación patrimonial a largo plazo, de acuerdo con el IRS y los informes de The Associated Press y el EBRI.

Si el retiro no es devuelto según los plazos —en el caso de préstamos— termina transformándose en una extracción definitiva que afecta la disponibilidad de recursos al momento de la jubilación.

Implicancias regulatorias y alternativas para los fondos de retiro

La normativa vigente permite que los titulares de cuentas 401(k) utilicen sus fondos para la compra de vivienda, aunque en la mayoría de los casos deben abonar impuestos y una penalización del 10% por retiros anticipados. La excepción es cuando el monto se utiliza como un préstamo reembolsable: la falta de restitución lo convierte en retiro sujeto a gravamen.

Para las IRA, el límite para el retiro exento de penalización con fines de vivienda es de USD 10.000, exclusivamente si se trata de la primera propiedad.

La decisión de adelantar fondos exige considerar el doble impacto: una reducción inmediata del ahorro disponible y la pérdida del crecimiento potencial que otorga el interés compuesto durante los años laborales.

Como advierte el EBRI, esta doble merma puede tener consecuencias a largo plazo, sobre todo para los hogares menos capaces de reponer capital.

Especialistas de firmas como Charles Schwab, consultados por The Associated Press, coinciden en que sacrificar parte del ahorro jubilatorio solo se justifica en casos excepcionales: cuando otras fuentes de financiamiento se han agotado, el ahorro es insuficiente y existe una necesidad real y urgente de vivienda.

En estos escenarios, la decisión debe ser informada, planificada y formar parte de una estrategia financiera de largo plazo.

El dilema de la vivienda frente al retiro: tendencias y advertencias

El uso de recursos previsionales para acceder a la vivienda refleja la tensión entre el aumento sostenido del mercado inmobiliario y la limitada capacidad de ahorro de la población estadounidense.

Esta tendencia, documentada por el EBRI y The Associated Press, posiciona al fondo de retiro como mecanismo de ajuste ante las restricciones del sistema y la insuficiencia de opciones asequibles.

Las organizaciones financieras y consultores del sector insisten en que adelantar fondos de retiro debe ser considerado solo en ausencia de alternativas viables y tras analizar detenidamente el efecto en la seguridad futura. Recomiendan consultar con asesores certificados y evaluar el impacto de la extracción sobre el horizonte jubilatorio.

El EBRI informa que quienes optan por esta opción enfrentan una reducción significativa en el saldo acumulado para la jubilación y un aumento en la probabilidad de requerir asistencia pública.

El riesgo es mayor entre trabajadores de ingresos bajos y medios, grupo para el que el retiro suele ser su única fuente de patrimonio.

El debate sobre la conveniencia de utilizar fondos de retiro para la compra de vivienda permanece mientras persistan los altos precios y la escasez de soluciones asequibles en Estados Unidos.

Para millones de colombianos, el sueño de jubilarse con una pensión de vejez justa y acorde a sus aportes implica cumplir con requisitos fijados por la ley, entender cómo se calcula el monto y conocer los canales para reclamar si hay errores. El sistema contempla procedimientos específicos tanto en el régimen público como en el privado, lo que permite revisar y ajustar la mesada cuando sea necesario.

Las personas que deseen acceder a la pensión de vejez en Colombia deben cumplir condiciones que varían según el régimen. En el sistema público, gestionado por Colpensiones, se exigen 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas para los hombres, y 57 años con 1.250 semanas para las mujeres.

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En el sistema privado, bajo la administración de un fondo privado de pensiones (AFP), es indispensable reunir un capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal vigente, o contar con al menos 1.150 semanas cotizadas para obtener la Garantía de Pensión Mínima. En ambos casos, la ley confiere a los beneficiarios el derecho de solicitar una revisión y posible ajuste de su pensión si se constatan errores u omisiones.

Se debe tener en cuenta que en Colombia existen dos esquemas principales: el Régimen de Prima Media, operado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) en los fondos privados.

En el primero, los trabajadores deben cumplir las semanas y edades mínimas ya mencionadas. La pensión nunca puede ser inferior al salario mínimo y el tope máximo es de 25 salarios mínimos mensuales. En el Rais, el requisito principal es acumular capital que cubra el 110% del salario mínimo y alcanzar un mínimo de 1.150 semanas cotizadas para solicitar la garantía de pensión mínima. Los fondos privados evalúan el capital y determinan si el afiliado cumple los requisitos para pensionarse.

Ambos mecanismos aplican descuentos sobre la mesada para la salud, entre el 4% y el 12%, y actualizan los valores conforme a la inflación o el salario mínimo. Ninguna pensión puede reducirse por debajo del salario mínimo garantizando así el ingreso básico del jubilado. Diversos errores, como semanas omitidas o bonificaciones no reconocidas, pueden dar lugar a la solicitud de revisión o a la denominada “reliquidación pensional”. Muchos pensionados detectan discrepancias meses o años después del retiro, debido a fallas administrativas o reportes incompletos.

La jurisprudencia colombiana, destacando la Sentencia T-043 de 2025, obliga a las administradoras a corregir la pensión cuando se demuestran errores, y prohíbe que el trabajador asuma consecuencias generadas por el incumplimiento del empleador. Según la normativa, la tasa de reemplazo aumenta un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas.

Cómo se calcula y se puede ajustar la pensión de vejez en Colombia

La fórmula para establecer la mesada en el régimen público (Colpensiones) se basa en el promedio salarial de los últimos diez años de trabajo o, si resulta más beneficioso, del total de la vida laboral. Sobre ese monto, se aplica una tasa que habitualmente oscila entre 65,5% y 80%.

Por su parte, en el régimen privado, la cuantía depende del capital ahorrado, junto con los rendimientos obtenidos durante la vida laboral. Las bonificaciones, recargos y primas deben incluirse en el cálculo base para reflejar de manera correcta la capacidad adquisitiva del pensionado. Si estos componentes fueron omitidos, el afiliado tiene derecho a solicitar una reliquidación para ajustar el monto de la mesada.

Si prospera la solicitud de reliquidación, el interesado recibe el reajuste correspondiente a futuro, así como el retroactivo pensional que cubre el periodo comprendido desde el inicio de la pensión hasta la fecha de la corrección. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia reiteraron que los pagos retroactivos deben efectuarse si hubo una omisión injustificada en el cálculo inicial.

Procedimiento y plazos para solicitar una reliquidación pensional

Aunque la Ley 100 define el método para calcular la pensión, en algunos casos los beneficiarios presentan inconformidad con el valor asignado. Un motivo recurrente es la omisión de semanas laboradas por errores administrativos o por mora en el pago de aportes por parte del empleador. Si el afiliado acredita haber trabajado en periodos no reflejados en su historial, la entidad debe sumar esas semanas y ajustar la tasa de reemplazo, que sube un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las requeridas como mínimo.

Así las cosas, cuando un pensionado considera que su mesada es inferior a la que le corresponde, debe presentar una reclamación formal, por escrito, ante la entidad administradora (Colpensiones o fondo privado). Es imprescindible respaldar la solicitud con documentos que certifiquen los periodos laborados o los ingresos no tenidos en cuenta.

Otra causa frecuente es que los fondos no incluyan en el cálculo bonificaciones habituales, horas extras, recargos nocturnos o primas técnicas que hicieron parte de la base de cotización. Si estos pagos no se promediaron de manera adecuada en los últimos diez años, o en toda la vida laboral si es más conveniente, el pensionado puede solicitar que se recalcule la pensión para que el monto refleje su ingreso real.

Para los que están en fondos privados, la reclamación debe efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Si la respuesta no es favorable, se puede interponer un recurso de apelación ante una instancia superior del fondo.

En el caso de Colpensiones, el jubilado debe presentar un recurso de reposición dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. También es posible recurrir a una apelación para que otro nivel analice el caso en detalle.

El pago del retroactivo se hace desde el momento de la pensión hasta el día en que se produce la reliquidación, siempre que la reclamación haya sido presentada en los plazos legales. Solo es posible exigir diferencias de los tres años anteriores a la solicitud, salvo que una acción legal suspenda temporalmente dicho límite.

Ray tiene una lista. La hace en un avión, en esos minutos muertos entre despegue y aterrizaje. Va a aprender italiano. Va a llorar más. Va a freír tomates con calma, a dominar el vino, a tener esa conversación incómoda que lleva años postergando. Va a hidratarse. Va a meditar. Todo eso cuando se jubile, cuando tenga tiempo, cuando la vida real empiece. Mientras tanto, trabaja.

Retirement Plan, el cortometraje animado irlandés dirigido por John Kelly que este domingo compite por el Oscar en Los Ángeles, dura siete minutos y ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en SXSW. Llegó al New Yorker con introducción de David Sedaris. Arrasó en el circuito de festivales. La voz es de Domhnall Gleeson, la animación es minimalista hasta rozar la austeridad, y la lista de Ray crece y se ramifica y cada ítem revela, sin decirlo, una vida que no se vivió. Es encantador. Es melancólico. Y tiene un problema.

El problema no es estético. Es filosófico. El corto construye su emoción sobre una premisa que acepta sin cuestionarla: que la jubilación es el desierto. Que después del trabajo viene el silencio, la soledad, el cuerpo que falla, el tiempo que sobra sin saber qué hacer con él. Ray hace su lista porque en el fondo sabe —o teme— que cuando llegue ese momento ya va a ser tarde. El mensaje implícito del corto —el que genera la ternura, la identificación, el Premio del Público— es este: mejor viví antes, porque después no hay nada. Y eso es exactamente lo que no creo.

El hombre que firmó el contrato

Ray es un hombre que hizo lo que se le pidió. Fue de casa al trabajo y del trabajo a casa. Cumplió. La vida organizada en etapas —educación, trabajo, retiro— fue el gran contrato social del siglo XX, y Ray lo firmó sin leer la letra chica. Lo que el corto muestra, con ternura genuina, es que ese contrato venció. Que la promesa de un después pleno, ganado con décadas de postergación, es una trampa hermosa. En eso el corto es lúcido y honesto.

Pero se detiene ahí. No da el paso siguiente. No pregunta por qué el retiro se convirtió en sinónimo de fin, de vaciamiento, de lugar al que nadie quiere llegar. No cuestiona el modelo que construyó esa imagen. La Academia de Hollywood, que lleva décadas premiando relatos sobre hombres de mediana edad que descubren algo sobre sí mismos en el último acto, lo nominó de inmediato. Ray les habla directo. Es uno de los suyos. Y los suyos, mayoritariamente, todavía no se dieron cuenta de que el mundo cambió.

Lo que nadie le dijo a Ray

Ese después que Ray imagina como un desierto puede durar treinta años. La expectativa de vida en Argentina ya supera los 76 años y sigue creciendo. Marc Freedman, uno de los referentes mundiales en longevidad, lo formuló sin vueltas: no se puede trabajar cuarenta años y vivir de eso otros cuarenta. No es viable ni económica ni psicológicamente. El modelo se rompió. La jubilación a los 65 hoy no es el final. Es la mitad de algo para lo que nadie preparó a nadie.

Lo escribí en esta columna hablando de los hobbies, del ocio, de las amistades. El placer no se improvisa. Los vínculos no aparecen solos el día que uno deja de trabajar. Hay que construirlos antes, en cada etapa, no como preparación para el retiro sino porque son la vida misma. La lista de Ray está llena de cosas solitarias: no hay nadie en esa vida futura que imagina, ningún vínculo, ninguna comunidad. El modelo productivista no solo enseña a postergar el placer. Enseña a imaginarlo solo, como una recompensa individual ganada a costa de años de esfuerzo. Y esa soledad imaginada es parte de por qué el retiro da tanto miedo.

La flecha que inventamos

La idea de que la vida tiene una forma fija —nacemos, crecemos, producimos, envejecemos, morimos— y que cada etapa vale lo que produce no es una ley natural. Es una construcción histórica, occidental, capitalista. El tiempo como flecha hacia adelante, donde lo nuevo siempre supera a lo viejo y el progreso no tiene reversa, fue la gran invención de la modernidad industrial. Y esa invención necesitaba descartar lo que ya no era útil al mercado. Los viejos no producen. Luego, los viejos no valen. El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a esto la lógica del descartable: el valor de las personas medido por su utilidad inmediata. No es inevitable. Es político.

En las culturas indígenas de América Latina, el tiempo no es una flecha sino un ciclo. Los mayores no son el residuo del sistema sino su biblioteca viva, los custodios del conocimiento que no se escribe, pero se transmite. En la cosmovisión aymara, el pasado está delante porque ya ocurrió y se puede ver; el futuro está detrás porque todavía no existe. Esa inversión no es una metáfora bonita. Es una forma radicalmente distinta de entender quién sabe más y quién merece respeto. El edadismo no existe donde el tiempo es circular. La vejez no es un desierto donde el tiempo sobra y el cuerpo falla. Es otra estación, con su propia densidad.

La realidad ya cambió, aunque ni Ray ni la Academia lo sepan todavía. Referentes del mundo del branding y el consumo latinoamericano hablan de “the new young” —la convicción de que se puede empezar algo nuevo a los 60, a los 70, a los 80. No porque la edad no exista sino porque dejó de ser el único parámetro que importa. El modelo lineal de educación, trabajo y retiro está siendo desmantelado en tiempo real, y las personas que están en esa bisagra —la generación que no supo ni pudo planificar esta etapa porque nadie la planificó antes— están inventando, a los tropiezos y con mucha más vitalidad de la que el modelo les asignó, cómo habitarla.

Curiosamente, algunas de las voces más lúcidas sobre ese cambio vienen del propio Hollywood. Jane Fonda habla desde hace años de la “tercera etapa” como el momento de mayor libertad de la vida. Actrices como Kate Winslet reivindican en entrevistas y discursos la posibilidad de envejecer sin pedir disculpas. George Clooney bromea con que su mejor etapa profesional empezó cuando dejó de intentar parecer joven. En otras palabras: mientras la industria sigue premiando historias donde el retiro es el final del camino, muchas de sus propias figuras más influyentes ya están contando una diferente.

La conclusión que el corto no se anima a dar

La conclusión de Retirement Plan no voy a revelarla. Pero sí puedo decir que termina donde empezó: con Ray, con su lista, con el tiempo que pasa. Y que la Academia premia esa imagen porque le resulta familiar y verdadera. Tiene razón en eso. Hay algo profundamente humano en la lista de Ray, en ese inventario de vida no vivida.

Lo que no comparto es la resignación implícita. La idea de que hay que hacer todo antes porque el después es el desierto. No hay que esperar a jubilarse para freír tomates con calma, para tener esa conversación incómoda, para aprender algo nuevo, para llamar a ese amigo al que hace meses no se llama. Eso es cierto. Pero no porque después de los 60 ya no se pueda. Sino porque se puede siempre, en todas las etapas, y porque la vida no empieza después ni termina cuando uno deja de ser útil al mercado.

Ray hace su lista en el avión, entre despegue y aterrizaje, en ese tiempo que no le pertenece a nadie. Es una imagen perfecta. Pero hay otra imagen posible: la de alguien que a los 70 empieza el italiano, no porque lo postergó sino porque ahora tiene con quién practicarlo. Que tiene la conversación incómoda. Que fríe los tomates con calma y los comparte. Esa imagen el corto no la muestra. Todavía no existe en el cine que Hollywood premia. Pero existe. Y, cada vez más, es la historia real.

Mucho más vinculada al teatro que al cine, esta artista nonagenaria es una de las más grandes actrices de habla hispana de la última mitad del siglo XX, y se ha convertido en una fuente de inspiración para la generación que peina canas.

En un mundo que a menudo intenta archivar a las personas en cuanto cruzan el umbral de la jubilación, Lola Herrera se planta con una lucidez aplastante para recordarnos que la curiosidad no es un privilegio de la juventud, sino una estrategia de supervivencia.

En una entrevista realizada por Olga Viza en Charlas Generación+, citada por la revista española Cuerpo y Mente, esta actriz reivindica el papel del arte en su larga y fructífera vida: “El arte sana, crear sana”. Y lamenta que este principio no tenga suficiente lugar en la educación formal. Es un “error grandísimo que en todos los colegios no haya una escuela de teatro en serio”. Y es que para Herrera el teatro es mucho más que una profesión; es una forma de habitar el mundo.

La pasión como motor de vida

Lola Herrera es el ejemplo viviente de que lo que mueve la existencia no es el trabajo, sino la pasión. Ella misma, rozando el siglo de vida, sigue negándose a jubilarse del todo. En este tiempo de “descuento” —que para ella es de regalo— ha comenzado a pintar, a estudiar historia del traje y a profundizar en todas aquellas inquietudes que el ritmo frenético de la profesión le obligó a postergar.

Su consejo es directo y carece de adornos innecesarios: “Hay que abrazar pasiones nuevas”. No es una sugerencia romántica, es una necesidad vital. Según la actriz, la curiosidad y la pasión son, sencillamente, una cuestión de supervivencia. Y es que, si dejamos de interesarnos por el mundo, el mundo empieza a desdibujarse para nosotros.

Esta filosofía tiene un respaldo que va más allá de lo espiritual. La psicología moderna coincide con la actriz: aprender nuevos hobbies a partir de los 60 es una de las mejores herramientas para prevenir el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y fortalecer la concentración. Además, tener algo que nos ilusione al despertar reduce drásticamente el sentimiento de soledad, la ansiedad y los episodios depresivos que a veces acechan tras el cese de la vida laboral.

El “entorno”: ¿aliado o freno?

Uno de los puntos más valientes y honestos de la reflexión de Herrera es el papel que juega nuestro círculo cercano. A menudo, el freno para empezar algo nuevo no está en nuestra falta de ganas, sino en las personas que nos rodean.

Lola es tajante al respecto: “Si tienes amigas, tres o cuatro, a las que no les interesa nada, tienes que buscar amigas nuevas. Es muy importante que la gente pueda compartir algo con sus semejantes”. Suena duro, pero es una defensa de la salud mental. Rodearse de personas que ya se han “rendido” puede ser contagioso. El entorno es crucial para dar pasos hacia adelante en esta etapa.

Incluso la familia, con la mejor de las intenciones, puede convertirse en un juez de nuestras capacidades. Herrera aconseja firmeza ante los hijos que cuestionan la idoneidad de empezar un proyecto a cierta edad: “Si los hijos te reclaman que cómo vas a hacer eso ahora, responde: ‘Sí, lo voy a hacer’. Porque los hijos a veces son jueces de lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, y eso no es así. Tú ya tienes una edad como para saber lo que quieres”.

Rescatar aquello que nos inspiró en la infancia

¿Cómo encontrar esa chispa si sentimos que se ha apagado? Lola Herrera no cree en la falta de intereses. Para ella, “todo el mundo tiene curiosidades, no puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años”. La clave, dice, está en la memoria. Si hoy no sientes ese impulso, búscalo en tu pasado.

“Que eche mano al recuerdo, pero es absolutamente primordial para la supervivencia. Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar”. Mirar atrás nos permite reconectar con lo que nos entusiasmaba de niños. ¿Esa caja de pinturas que abandonaste? ¿Esas ganas de bailar que el pudor frenó? ¿El teatro que nunca te atreviste a probar? A partir de los 60, el tiempo se convierte en el aliado perfecto para rescatar esos tesoros.

Consejos para una nueva etapa

Para aquellos que se sientan inspirados por las palabras de la actriz pero no sepan por dónde empezar, el camino se construye paso a paso, con los pies bien plantados en el suelo. No se trata de correr una maratón de inmediato, sino de encender la mecha.

• La lista de las deudas pendientes: No pienses en lo que “deberías” hacer por salud o compromiso social. Haz una lista de curiosidades que tiuviste antes: idiomas, música, escritura o historia.
• La regla de lo mínimo: No hace falta perfección ni cursos intensivos. Una clase a la semana o un taller corto bastan para activar la motivación.
• Buscar “gente inquieta”: La pasión es contagiosa. Busca espacios donde otras personas tengan tus mismas ganas de aprender.
• Armarse de tiempo: Reserva un espacio en tu agenda para tu nueva pasión. Trátalo como algo sagrado, con sus rutinas y horarios.
• Gestión de la energía: Es cierto que con los años uno se cansa antes; el tiempo es el único factor en contra. Pero la solución es simple: ajusta el ritmo, no el deseo. Descansar con más conciencia no significa dejar de explorar.

El mayor error, cuando uno se hace mayor, es pensar que ya es tarde, dice Lola Herrera. “Con 65 años eres jovencísimo, muy joven”. La edad no es una excusa para la inacción, sino el motivo más poderoso para lanzarse a lo nuevo. Porque, al final del día, lo que nos mantiene realmente con vida no es el pulso cardíaco, sino la llama de una curiosidad que se niega a apagarse.

Richard Pulley tiene 78 y camina despacio. El martes por la mañana subió con cuidado las escaleras de una casa en Manchester, Tennessee, agarrado a la barandilla, para dejar un pedido en la puerta. Se detuvo unos segundos antes de subir el último escalón y, con calma, se agachó a dejar el café. Lo que no sabía es que una cámara en el timbre lo estaba grabando. Ese vídeo de apenas 20 segundo terminaría por cambiar su vida.

Brittany Smith vio la grabación en la aplicación de su timbre Ring. En la pantalla aparecía un hombre mayor, con camisa roja y pantalones caqui, avanzando con dificultad por el camino de entrada hasta el porche. Reconoció enseguida la escena: un anciano esforzándose para entregar un café de Starbucks a su hija.

Se enfadó, pero no con Richard. “Este pobre hombre está teniendo dificultades para subir las escaleras y traerle su café”, recordó. Publicó el vídeo en TikTok para volver a reencontrarse con ese hombre y darle una propina. En pocas horas, las imágenes fueron vistas por miles de personas. Los usuarios identificaron al repartidor: Richard Pulley. Un jubilado de 78 años que trabaja para DoorDash junto a su esposa, Brenda.

La pareja lleva más de 56 años casada. Hace algo más de un año, Brenda perdió su empleo y el matrimonio tuvo que buscar otra forma para llegar a fin de mes. Desde entonces, reparten juntos. Ella conduce y él se encarga de entregar los pedidos.

Los gastos médicos son uno de sus principales problemas. Los medicamentos de Brenda cuestan miles de euros al año. “Cuando superas los 75 años, no es que haya una fila de gente esperando para contratarte, explico ella al medio inglés WSMV. “Con un solo ingreso en la familia tienes que seguir adelante... Al perder eso tuvimos que buscar otra forma de compensarlo”, dijo Richard. “A veces miras todas las cosas que tienes que pagar… porque si no lo haces, terminarás en el hospital… con algo incluso más caro que eso”, reflexionó ella.

“La oportunidad de descansar de nuevo”

Brittany Smith consiguió localizar a Richard poco después. Llamó a la puerta de su casa y le ofreció una propina de 200 dólares (185 euros). Antes de aceptarla, le quiso asegurarse de que ella estaba realmente cómoda con esa gesto. Pero la historia no terminó ahí.

De vuelta a casa, Smith decidió abrir una campaña en GoFundMe: “Denle a Richard la oportunidad de descansar de nuevo”. La respuesta fue inmediata. En poco más de 24 horas se habían reunido más de 280.000 euros. Hoy, ya superan los 500.000 euros.

El jueves por la mañana, Richard y Brenda se sentaron frente a Brittany y su hija . Allí vieron por primera vez todo lo recaudado. “Es realmente difícil creer que haya tanta gente tan generosa intentando ayudarnos... personas que ni siquiera nos conocen”, dijo la mujer. Richard confesó que llevaba dos noches sin dormir. No podía dejar de mirar la página de donaciones. “Nos quita mucha presión de encima”, explicó. “Y hace que la vida vuelva a ser llevadera”.

Tras conocerse el indicador oficial de precios del segundo mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el esquema de pagos que regirá para el cuarto mes de 2026. La aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que el Indec informó en un 2,9%, impactará directamente en los haberes de más de 7 millones de beneficiarios del sistema previsional (entre jubilados y pensionados).

Bajo la modalidad de actualización mensual vigente, los montos de las prestaciones de abril se ajustarán replicando la cifra de inflación reportada con dos meses de antelación. De esta manera, el organismo previsional oficializa los valores nominales que percibirán los jubilados y pensionados, centrando el interés en el nuevo piso de ingresos para los sectores de menores recursos.

El nuevo haber mínimo y el impacto del bono

A partir de la liquidación de abril, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $380.286,25. Este valor representa el ingreso básico legal sin computar adicionales extraordinarios. No obstante, al considerar la continuidad del bono de refuerzo que el Poder Ejecutivo viene otorgando para compensar la pérdida de poder adquisitivo, la cifra final de bolsillo presentará una variación mayor.

Si se mantiene el pago del bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $450.286,25. Este esquema busca garantizar que ningún beneficiario del régimen general perciba una cifra inferior a ese umbral durante el próximo mes. La diferencia entre el haber base y el total percibido radica en la suma fija adicional, que funciona como un complemento no remunerativo.

El incremento del 2,9% derivado del IPC de febrero se aplica sobre los haberes brutos, lo que modifica toda la escala de la pirámide previsional. Para los jubilados que perciben más de la mínima, el ajuste se realizará de forma proporcional sobre sus ingresos de marzo, manteniendo la progresión técnica que establece la normativa actual.

Montos para pensiones y otras prestaciones

La actualización de Anses no solo alcanza a las jubilaciones ordinarias, sino que también redefine los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Estos grupos reciben haberes que están atados por ley a un porcentaje de la jubilación mínima.

Para los beneficiarios de la PUAM, que equivale al 80% de un haber mínimo, el monto a cobrar en abril será de $304.243,19. En el caso de sumarse el bono adicional, la cifra final en el cronograma de pagos ascenderá a $378.314,27.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez quedarán establecidas en $266.170,81. Con el refuerzo económico incluido, los titulares de estas pensiones verán depositados en sus cuentas un total de $340.289,48. En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más, que es igual a una jubilación mínima, se fijará en $380.312,63 (o $454.359 si se integra el bono).

Asignaciones familiares y universales

El dato de inflación de febrero también determina los nuevos valores de las asignaciones sociales que administra la Anses. Estos montos son fundamentales para el cálculo de los ingresos de familias con hijos en edad escolar o en situación de vulnerabilidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se posicionará en abril en $136.653,44, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegará a los $444.946,22. Para los trabajadores registrados que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto para el primer rango de ingresos se establecerá en $68.327,03. Finalmente, la Asignación por Embarazo (AUE) pasará a ser de $129.974,24.

El mecanismo de actualización

El sistema de ajuste mensual, implementado mediante el Decreto 274/2024, tiene como objetivo reducir el rezago temporal entre la suba de precios y la actualización de los ingresos. Al utilizar el IPC de dos meses atrás, la Anses busca que los haberes mantengan una correlación directa con la evolución del costo de vida.

El índice de febrero del 2,9% coincidió con la variación registrada en enero, consolidando una tendencia en la dinámica de precios del primer trimestre del año. Según los datos del Indec, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, mientras que en el bimestre inicial de 2026 el incremento total fue del 5,9%.

En el análisis pormenorizado del costo de vida, el rubro de vivienda y servicios públicos fue el que mostró mayor presión alcista con un 6,8%, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,3%. Estos incrementos impactan de manera más aguda en los presupuestos de los adultos mayores, cuyo gasto suele concentrarse en productos de la canasta básica y servicios esenciales.

El cronograma de pagos para el mes de abril será confirmado por la Anses en los próximos días. Como es habitual, la distribución de los fondos se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Generalmente, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas comienzan a percibir sus haberes durante la segunda semana del mes, seguidos por quienes superan el monto básico y los beneficiarios de asignaciones sociales.

Con estas cifras confirmadas, el sistema previsional completa su cuadro de valores para el cuarto mes del año, a la espera de los datos de inflación de marzo que determinarán los montos correspondientes a mayo. La estabilidad de estos valores nominales dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la decisión administrativa de sostener los refuerzos económicos por fuera de la fórmula de movilidad.

El órgano de gobierno del Congreso recibió el 19 de febrero un escrito enviado por José Luis Ábalos en el que solicitaba reconsiderar la negativa a concederle la indemnización que corresponde a los exdiputados que dejan su escaño. En ese documento, Ábalos argumentó que se había producido “una flagrante vulneración” de sus derechos pasivos como diputado, afirmando que la decisión carecía de “justificación alguna y sin cobertura legal”. Tras revisar este requerimiento, la Mesa del Congreso confirmó nuevamente la decisión de no conceder el pago solicitado, según detalló Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la razón principal que argumentó la Cámara Baja es que, en el momento de presentar su renuncia, José Luis Ábalos se encontraba suspendido de todos sus derechos como diputado debido a una decisión judicial en el marco de la investigación del caso 'Koldo'. Esta suspensión le inhabilitó para recibir cualquier indemnización por cese, puesto que, según los servicios jurídicos del Congreso, la pérdida del escaño no implica la recuperación automática de los derechos suspendidos con anterioridad.

Europa Press reportó que la Mesa del Congreso añadió otro motivo para rechazar la solicitud de Ábalos: la indemnización por cese tiene como finalidad proteger a los exparlamentarios ante las dificultades económicas que puedan afrontar al reincorporarse a su actividad laboral anterior, especialmente porque no cuentan con cobertura por desempleo. Esta ayuda es incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como jubilaciones u otro tipo de prestaciones. En este sentido, los servicios jurídicos de la Cámara recordaron que Ábalos ya cumple los requisitos legales para acogerse a la jubilación y él mismo había comunicado públicamente su intención de acceder a dicha pensión.

La Cámara remarcó que, además, Ábalos no había acreditado que fuera a renunciar a cualquier otro ingreso durante el periodo en que podría recibir la indemnización de exdiputado. Según los letrados citados por Europa Press, la legislación establece que alcanzar la edad y los requisitos para la jubilación es motivo suficiente para evitar la doble percepción de ingresos por parte de exparlamentarios, reforzando así la incompatibilidad entre la indemnización y la pensión de retiro.

En el trasfondo del rechazo, pesa la circunstancia específica de que la suspensión de derechos de Ábalos derivó de una resolución judicial ligada al caso 'Koldo', por el cual había sido ingresado en prisión preventiva. La suspensión de derechos parlamentarios activa un mecanismo que bloquea la posibilidad de recibir cualquier prestación asociada a la condición de diputado, incluidos los pagos tras la renuncia.

Según indicó Europa Press, tras esta nueva negativa, la vía judicial permanece abierta para Ábalos, quien podría recurrir ante el Tribunal Constitucional si decide presentar un recurso de amparo en defensa de sus intereses. Por su parte, la decisión del Congreso queda respaldada por los argumentos jurídicos expuestos en el informe del secretario general de la Cámara, autoridad competente para reconocer o denegar indemnizaciones a exdiputados en situaciones de cese.

El medio Europa Press explicó que la función de las indemnizaciones por cese responde a la naturaleza particular de la dedicación política, que no contempla cobertura por desempleo tras el abandono del escaño. No obstante, la normativa que establece esta prestación impide la compatibilidad con otros ingresos derivados de cualquier otra fuente, como en el caso de las pensiones contributivas.

Finalmente, el Congreso reiteró que la suspensión previa de derechos impide reconocer la indemnización, una posición sustentada en la interpretación que hacen los letrados de la Cámara de la normativa vigente y en la competencia exclusiva del secretario general para estos procedimientos. Esta postura se sostiene como respuesta oficial a la petición presentada por Ábalos y a sus afirmaciones sobre la supuesta vulneración de sus derechos como exparlamentario, consignó Europa Press.

Recientes rumores en medios nacionales han difundido información sobre la probable jubilación de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, para 2027.

De acuerdo con las versiones, el legislador zacatecano habría comenzado a preparar su salida gradual de la vida pública, con la idea de concluir su ciclo político al finalizar la actual etapa legislativa y dejar paso a nuevas generaciones dentro de su partido, Morena.

Sin embargo, fuentes cercanas al diputado aseguraron a Infobae México que los rumores sobre el retiro son totalmente falsos.

Actualmente, Monreal se desempeña como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, posiciones desde las que ha tenido un papel clave en la agenda legislativa del gobierno federal.

Abrir paso a nuevas generaciones

Aunque por ahora Monreal no planea abandonar la función pública, el morenista ya ha dicho en distintas ocasiones que se debe “abrir paso” a nuevas generaciones.

En distintas declaraciones públicas, Monreal ha señalado que entiende que los ciclos en el servicio público tienen un final y que los liderazgos deben abrir espacio a nuevas figuras.

Incluso ha mencionado que mantiene “su renuncia firmada” para dejar el cargo cuando considere que su papel político ha terminado, reflejando su disposición a retirarse sin conflictos internos.

En su momento, la decisión respondería a una lógica de renovación generacional dentro del movimiento político que encabeza la llamada Cuarta Transformación.

Una larga trayectoria política

Ricardo Monreal Ávila nació el 19 de septiembre de 1960 en Fresnillo, Zacatecas, y es abogado y académico. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos relevantes en la política mexicana.

Entre los principales puestos que ha desempeñado destacan:

• Gobernador de Zacatecas (1998-2004).
• Senador de la República en distintos periodos.
• Jefe delegacional de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (2015-2017).
• Coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo.
• Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados en la actual legislatura.

A lo largo de su carrera también ha sido uno de los operadores políticos más influyentes dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Un tribunal federal condenó a John Diehl, ex presidente de la Cámara de Representantes de Missouri, a 21 meses de prisión tras admitir que desvió fondos federales otorgados para el alivio económico durante la pandemia de COVID-19 hacia gastos personales.

La sentencia, informada por el diario estadounidense USA Today, incluye además una multa de USD 50.000 y se suma a la restitución ya realizada por Diehl, quien devolvió el monto íntegro al Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Diehl admitió en septiembre de 2025 haber obtenido fraudulentamente USD 379.900 en préstamos federales dirigidos a su despacho de abogados entre 2020 y 2022, bajo el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastres. La condena se dictó en marzo de 2026, una vez concluido el proceso judicial iniciado tras la confesión.

El destino inmediato de esos fondos fue el pago de vehículos de alta gama como un Tesla, un Audi y un Jeep, tarjetas de crédito, hipoteca, cuotas universitarias, clubes privados y retiros en efectivo, en lugar del uso prometido para el alivio económico causado por la crisis sanitaria.

El fiscal adjunto Hal Goldsmith, según declaraciones recogidas por el Departamento de Justicia, enfatizó durante la audiencia que “la práctica de derecho del demandado no sufrió durante la pandemia de COVID-19” y que Diehl consideró los préstamos como “una forma fácil y barata de ganar dinero”. El FBI también participó en la investigación.

Chris Crocker, agente especial a cargo de la división de San Luis, afirmó: “Programas de ayuda como este fueron creados para que las pequeñas empresas sobrevivieran a la pandemia, no para engrosar el bolsillo de alguien”.

USA Today destaca que Diehl desvió los fondos recibidos del gobierno a cuentas personales, incluyendo en septiembre de 2020 un movimiento de USD 50.039 al fondo de jubilación de su firma, del que era el único beneficiario. En abril de 2022, logró una segunda modificación de préstamo por USD 285.000, que también destinó a gastos propios, el fondo de retiro y la resolución civil derivada de su periodo como legislador.

Sanciones éticas y antecedentes de conducta inapropiada

La conducta de Diehl no se limitó al uso irregular de préstamos federales vinculados a la pandemia. En 2023, la Comisión de ética de Missouri le impuso una multa de USD 47.392 por usar indebidamente USD 6.762,70 de fondos de campaña y omitir el reporte de gastos personales adicionales por USD 28.700.

Parte del dinero obtenido de forma ilegal del préstamo federal, según USA Today, se empleó para cubrir un acuerdo civil asociado a su tiempo como portavoz de la Cámara.

Antecedentes de escándalos previos en la carrera de Diehl

La vida pública de Diehl, de 60 años, se vio marcada en 2015, cuando renunció como presidente de la Cámara de Representantes tras la publicación en el periódico regional The Kansas City Star de mensajes de texto con contenido sexual intercambiados con una estudiante universitaria participante en un programa de pasantía en el Capitolio estatal.

El episodio derivó en la retirada anticipada de los pasantes de la Missouri Southern State University, según narró Richard Miller, entonces decano de la Facultad de Artes y Ciencias, al mismo medio.

En esa ocasión, USA Today destaca que John Diehl expresó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y lamento sinceramente haber fallado a quienes confiaron en mí. Pido perdón por el mal juicio demostrado que me puso a mí y a mi entorno cercano en esta situación”.

Los préstamos de COVID-19, bajo escrutinio federal

La investigación reveló que Diehl firmó certificados asegurando que emplearía el dinero recibido únicamente como capital de trabajo para subsanar el daño económico causado por la pandemia a partir de enero de 2020.

No obstante, la transferencia inicial de USD 94.900 en marzo de 2020 fue seguida por pagos personales, incluidos USD 1.320 en clubes y piscina, además de otras compras no vinculadas a la operación legal del despacho.

El expediente detalla que ningún recurso de los préstamos benefició a la firma de abogados. La sentencia y las sanciones impuestas a Diehl se suman a una serie de investigaciones y procesos relacionados con el uso ilícito de fondos reservados para la recuperación económica durante la emergencia sanitaria en Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó las medidas de jubilación y retiro anticipado implementadas en el estado de Chihuahua para personas juzgadoras, al determinar que estas disposiciones transitorias resultan constitucionales en el contexto de la reforma al Poder Judicial de 2024, con el objetivo de asegurar la protección laboral y de seguridad social ante la salida anticipada de sus cargos.

Según informó la SCJN en un comunicado de este 9 de marzo, la decisión busca evitar un estado de indefensión para los funcionarios afectados, garantizando la legalidad y la sostenibilidad financiera de los beneficios otorgados.

El fallo, dictado y resuelto en el Pleno este 9 de marzo, especifica que las fracciones II y III del artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua cumplen con los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez exigidos por el artículo 134 de la Constitución federal.

La reforma al poder judicial en Chihuahua implicó la terminación anticipada de ministros en el estado

Las indemnizaciones y pensiones involucradas se determinan por norma legislativa, se calculan en función de los años de servicio y se financian con recursos ya asignados en los presupuestos de egresos, conforme lo exigen los artículos transitorios de la reforma judicial federal y el artículo 127 relativo a remuneraciones y haberes de retiro.

Dicha reforma del Poder Judicial, aprobada en 2024, establece el respeto a los derechos laborales de los integrantes de los juzgados y obliga a prever pensiones complementarias y otras prestaciones para quienes deben dejar su cargo.

En el caso de Chihuahua, el rediseño institucional derivado de la reforma implicó la terminación anticipada de jueces y magistrados, lo que motivó la implantación de estas medidas específicas para proteger su seguridad social.

El texto del comunicado destaca que las disposiciones cuestionadas “responden a una situación extraordinaria: la salida anticipada de personas juzgadoras derivada de un rediseño institucional”. Por ello, la SCJN concluye que no se trata de la creación de un régimen privilegiado, ni de una violación al principio de igualdad frente al resto de los trabajadores de Chihuahua, sino de un mecanismo previsto para mitigar los efectos de un cambio estructural en el Poder Judicial.

Además, el esquema de compensaciones y pensiones, recalca el comunicado, está alineado con las normas de gasto público y no representa un impacto adicional sobre los presupuestos estatales, ya que “se financian con recursos ya previstos en los presupuestos de egresos”.

Críticas por la decisión de la SCJN

La ministra Lenia Batres Guadarrama manifestó su voto en contra de la validez de una de las fracciones de la reforma a la Ley del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, destacando que el beneficio de pensión parcial para jueces y magistrados con al menos diez años de servicio constituye un trato diferenciado injustificado en el ámbito público local.

En su intervención, Batres aclaró que apoya únicamente la validez de la fracción tercera del segundo transitorio del decreto, que regula la liquidación para jueces y magistrados que decidieron no participar en el proceso de elección y tengan menos de diez años de servicio.

La ministra Batres explicó su rechazo a la fracción segunda del transitorio, la cual otorga a jueces y magistrados con más de diez años de servicio pero que no cumplen con los requisitos para la pensión una compensación adicional, consistente en un finiquito y un porcentaje de la compensación mensual a modo de pensión complementaria.

El mercado laboral español está experimentando un cambio silencioso pero profundo: cada vez más personas mayores continúan trabajando. En 2025, el 53% de los españoles de entre 60 y 64 años trabajaban, la cifra más alta registrada desde 1970, cuando se alcanzó el 72%, según recoge un informe elaborado por Funcas, que analiza la evolución del empleo entre la población de mayor edad en España y en el conjunto de Europa.

La tendencia no es exclusiva de España. Según el estudio, el aumento de la ocupación entre los trabajadores senior es un fenómeno generalizado en la Unión Europea, impulsado por factores estructurales que están transformando la relación entre edad, trabajo y jubilación.

Entre ellos destacan el aumento de la esperanza de vida, la mejora de la salud a edades avanzadas, la menor exigencia física de muchos empleos actuales y, en muchos países, el retraso progresivo de la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

El empleo femenino impulsa el cambio

Uno de los factores clave detrás de esta evolución es la creciente presencia de las mujeres en el mercado laboral. En 2025, la tasa de ocupación femenina entre los 60 y 64 años alcanzó el 48%, el nivel más alto registrado hasta ahora. Aunque la tasa de empleo de los hombres sigue siendo mayor —con un 58%—, el crecimiento del empleo femenino ha sido mucho más intenso en las últimas décadas.

Según explica María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, este fenómeno es consecuencia directa de los cambios sociales y laborales que comenzaron hace décadas. “La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo explica buena parte de este aumento. A ello se suma una mayor esperanza de vida y mejores condiciones de salud, así como trabajos con menores exigencias físicas que permiten prolongar la vida laboral”, señala.

Además, en muchos países europeos el retraso de la edad de jubilación se ha convertido en una de las principales medidas para afrontar los desequilibrios financieros de los sistemas públicos de pensiones.

También crece el trabajo entre los mayores de 65 años

El incremento de trabajadores no se limita al tramo previo a la jubilación. Entre las personas de 65 a 69 años, la tasa de ocupación también ha alcanzado niveles que no se veían desde hace décadas. En 2025, el 14% de las personas de esta edad estaba trabajando, el nivel más alto desde 1981, aunque todavía por debajo del 18% registrado en 1970.

De nuevo, el crecimiento más llamativo se observa entre las mujeres, cuya tasa de ocupación alcanza el 11%, la cifra más elevada desde que existen registros comparables. Este aumento refleja un cambio progresivo en la transición entre vida laboral y jubilación, que cada vez se produce de forma más gradual.

A pesar del avance registrado en los últimos años, España continúa situándose en posiciones intermedias o bajas dentro de la Unión Europea en cuanto a empleo de trabajadores mayores. En el año 2000, la tasa de ocupación masculina entre los 60 y 64 años era del 39% en España, lo que situaba al país en el séptimo puesto entre los socios europeos. Sin embargo, aunque la tasa ha aumentado hasta el 58% en 2025, España ha descendido hasta la posición número 19, ya que el crecimiento ha sido aún mayor en otros países.

En algunos Estados europeos los niveles de empleo en estas edades son especialmente elevados. En Países Bajos, por ejemplo, el 77% de los hombres de entre 60 y 64 años sigue trabajando, una de las tasas más altas del continente.

En el caso de las mujeres, el avance también ha sido notable en España. En 2000, la tasa de ocupación femenina en ese tramo de edad era de apenas el 15%, situando al país en la posición 13 de la UE. En 2025 ha alcanzado el 48%, aunque España ocupa ahora el puesto 15 debido al fuerte crecimiento registrado en otros países. Las mayores tasas de empleo femenino en estas edades se registran en Estonia, Suecia y Letonia, donde superan el 70%.

Más empleo parcial tras los 65 años

Uno de los cambios más significativos cuando se superan los 65 años es la reducción de la jornada laboral. El informe de Funcas destaca que el trabajo a tiempo parcial gana protagonismo en esta etapa de la vida, actuando como una transición progresiva hacia la jubilación completa.

Este fenómeno comienza a observarse entre las mujeres desde los 55 años, aunque también aparece entre los hombres, aunque con menor intensidad. Sin embargo, a partir de los 65 años el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial es muy similar en ambos sexos. Este tipo de empleo permite prolongar la vida laboral reduciendo la carga de trabajo y facilitando un retiro gradual.

El auge de los autónomos

Otra característica destacada del empleo en edades avanzadas es el aumento del trabajo autónomo. Entre las mujeres, a medida que aumenta la edad disminuye el peso del empleo asalariado en el sector privado y crece la presencia en el sector público hasta los 60-64 años. También aumenta la proporción de trabajadoras por cuenta propia.

Entre los hombres el patrón es parecido, pero el crecimiento del trabajo autónomo es aún más acusado. En el grupo de 60 a 64 años, alrededor del 28% de los hombres ocupados trabaja por cuenta propia, pero en el tramo de 65 años o más esta proporción se dispara hasta el 60%. Este cambio refleja, en muchos casos, trayectorias profesionales largas que culminan en actividades independientes o consultoría.

Una tendencia con recorrido

Pese al aumento del empleo entre los trabajadores senior, las tasas españolas siguen situándose en niveles bajos o medio-bajos dentro de Europa. Para los analistas de Funcas, esto indica que existe margen para que el empleo entre las personas mayores siga creciendo en los próximos años.

El informe incide en que el envejecimiento de la población, la presión sobre los sistemas de pensiones y la transformación del mercado laboral apuntan hacia una prolongación progresiva de la vida laboral.

En este contexto, el papel de los trabajadores mayores podría convertirse en uno de los factores clave para sostener el crecimiento económico y el equilibrio del sistema de bienestar en las próximas décadas.

La reciente escalada en el precio del oro, que registró un aumento del 74% en el último año y del 201% en los últimos cinco años, desplazó a las acciones como opción preferida entre algunos inversores y abrió el debate sobre el rol que este metal debe ocupar en los portafolios de jubilación.

Este fenómeno se vincula con la función tradicional del oro como activo refugio y su destacado desempeño, que contrasta con la volatilidad presente en los mercados bursátiles. Diversos expertos en planificación financiera alertan sobre las limitaciones históricas del oro y señalaron que la decisión de elevar su peso en la cartera requiere una evaluación minuciosa, según informó USA Today.

En enero de 2026, el precio del oro alcanzó un máximo histórico cercano a USD 5.560 por onza, de acuerdo con el portal Gold Price. Posteriormente, su valor experimentó variaciones y el 6 de marzo descendió por debajo de los USD 5.200.

Un informe de J.P. Morgan atribuyó este repunte reciente a las tensiones comerciales globales, la menor demanda del dólar estadounidense y el sólido interés de bancos centrales e inversores en acumular oro. Sin embargo, el precio mostró inestabilidad durante los primeros meses de 2026.

Oro por encima de acciones y predicciones a largo plazo

Si bien el oro se utiliza como instrumento de cobertura frente a la inflación y la incertidumbre, su comportamiento histórico no siempre ha sido superior. Jeff Farrar, planificador financiero certificado en Shelton, Connecticut, expuso: “Históricamente, el S&P 500 ha superado al oro”. A la vez, indicó que “desde la crisis del COVID, esto ya no ha sido así, sobre todo en los últimos 12 a 18 meses”.

El valor del oro reside en su durabilidad, oferta limitada y el hecho de que no puede ser producido artificialmente, atributos que lo resguardan ante inflación, devaluaciones y turbulencia económica. Por estas razones, economistas citados por USA Today lo consideran un “resguardo de valor“.

Según Stephen Kates, analista financiero en Bankrate, “es un diversificador y tiende a una baja correlación con las acciones y bonos“. No obstante, Kates precisó que, ajustado por inflación, el oro tenía a fines de 2024 un valor casi idéntico al de comienzos de 1980.

Los especialistas subrayaron la sensibilidad del precio del oro ante la inquietud de los inversores, aunque episodios recientes —como la caída durante la guerra con Irán— reflejan que incluso en escenarios globales de tensión el oro puede perder valor.

Además, Investopedia señaló que la última baja en la cotización se relaciona con el fortalecimiento del dólar, así como con el hecho de que el oro ya se había encarecido de forma considerable en los meses previos.

Consejos para incorporar oro a un portafolios de jubilación

Los asesores financieros consultados por USA Today sugirieron actuar con moderación. Melissa Cox, planificadora financiera de Dallas, afirmó: “Hablo de un 2 a 5% de la cartera. No es una cantidad grande”. El especialista Farrar coincidió: “Debe considerarse una exposición de un solo dígito al oro dentro de una cartera diversificada”.

Hay distintas formas de invertir en este metal, tanto en modalidad directa como indirecta, pero para la mayoría de los ahorristas se aconseja enfocarse en alternativas diseñadas para cuentas de retiro.

Una de las opciones más accesibles consiste en adquirir ETF de oro (fondos cotizados), como SPDR Gold Shares (GLD), que, según Investopedia, permiten participar en oro físico almacenado bajo custodia en bóvedas de seguridad a través de brokers. Este método elimina obstáculos clásicos como el almacenamiento y la verificación de autenticidad, y ofrece costos de gestión reducidos.

Otra alternativa es invertir en fondos mutuos vinculados al oro, como Fidelity Select Gold Portfolio, que se concentran en empresas dedicadas a la exploración, minería y procesamiento del metal.

A pesar de esto, Fidelity aclaró que estos productos son “activos de papel ligados al comportamiento bursátil, no oro real”, de forma que pueden verse afectados por caídas en las acciones, algo que los inversores interesados en cobertura buscan evitar.

Quienes prefieren exposición directa pueden optar por una Cuenta IRA de Oro (Gold IRA), modalidad autodirigida que permite poseer oro físico. Pese a ello, Kates advirtió: “No es tan fácil de abrir, porque no es posible obtener una IRA de sólo oro en las grandes firmas de inversión”. Las tarifas anuales pueden variar entre 1 y 3%, alcanzando “10 veces más que un ETF, y de forma permanente”.

Implicancias fiscales y advertencia

El tratamiento impositivo es central. Jeff Farrar advirtió que la IRS (Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos) califica al oro como coleccionable. Así, la venta de inversiones en oro fuera de cuentas con ventajas fiscales puede implicar el pago de impuestos sobre ganancias de capital de hasta el 28%, cifra claramente superior a la que se aplica sobre las acciones.

En el vasto territorio de Estados Unidos, la decisión sobre dónde establecerse tras la jubilación se ha vuelto crucial para quienes dependen de ingresos fijos, especialmente en 2026, cuando el aumento en los costos de vida y atención sanitaria impone nuevos desafíos.

Un reciente informe de Seniorly, plataforma estadounidense especializada en asesoramiento para la tercera edad, subraya que factores económicos como la vivienda, la alimentación y la carga impositiva resultan determinantes al elegir el mejor destino para el retiro. Paralelamente, un análisis integral realizado por el portal financiero The Motley Fool revela cómo la diversidad regional genera profundas diferencias en la calidad y asequibilidad de la vida para los jubilados.

Ambos informes coinciden en que la planificación financiera previa a la jubilación requiere una evaluación exhaustiva de variables locales y estatales, que pueden implicar ahorros o gastos adicionales del orden de miles de dólares anuales, dependiendo de la ubicación seleccionada.

Entre los factores evaluados, el informe de Seniorly ponderó el costo de vida estatal, la estructura de impuestos sobre la renta y el tratamiento fiscal de los pagos de Seguro Social, estableciendo un ranking de los 50 estados y el Distrito de Columbia según su grado de asequibilidad para quienes abandonan el mercado laboral.

El estudio, realizado a comienzos de 2025, resalta diferencias que pueden modificar de manera sustancial la capacidad de los adultos mayores para preservar su poder adquisitivo.

Tennessee, Kansas y Dakota del Sur: líderes en asequibilidad para jubilados

De acuerdo con los indicadores recopilados por Seniorly, Tennessee, Kansas y Dakota del Sur sobresalen como las alternativas más favorables para quienes buscan optimizar recursos tras dejar de trabajar.

Estas jurisdicciones destacan por combinar un bajo costo de vida, sistemas tributarios poco gravosos para los ingresos de jubilados y un tratamiento fiscal ventajoso sobre los beneficios del Seguro Social.

La encuesta nacional realizada por The Motley Fool, que abarcó a 2.000 jubilados estadounidenses, confirmó la supremacía de estos estados mediante el cruce de datos del Consejo de Investigación Económica y Comunitaria (C2ER), el índice de Valor de Viviendas Zillow (ZHVI) y los indicadores de salud de la United Health Foundation.

Según el reporte, Tennessee lidera la escala de costos de vida, permitiendo que los jubilados cubran sus necesidades básicas sin comprometer su estabilidad económica.

El análisis pormenorizado revela que la variación en los gastos asociados a vivienda, servicios públicos, alimentos, transporte y atención médica es determinante. The Motley Fool advierte que una vivienda asequible puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los retirados, ya que en algunos estados los costos habitacionales pueden duplicar o triplicar el promedio nacional.

El top 10 de estados por costo de vivienda y gastos corrientes

Además de los tres líderes en asequibilidad, el informe identifica otros siete estados donde la vivienda resulta accesible para quienes perciben ingresos limitados. Missouri, Oklahoma, Mississippi, Arkansas, Iowa, Nebraska y Kentucky completan el top 10, según el índice C2ER y la valoración inmobiliaria de Zillow. En estas jurisdicciones, los precios de mercado son favorables y los gastos corrientes —servicios, alimentos y transporte— se mantienen por debajo de la media nacional, lo que amplía el margen de maniobra financiera.

Al diseccionar los gastos de vivienda respecto de otros costos esenciales, The Motley Fool detectó que en estos estados el desembolso mensual en residencias suele ubicarse por debajo de la media nacional. Así, Missouri y Oklahoma destacan no solo por alquileres bajos, sino también por tarifas accesibles en servicios públicos, lo que refuerza la capacidad de ahorro de la población jubilada.

El informe resalta también la importancia de examinar las condiciones locales de los mercados inmobiliarios, ya que la volatilidad de los precios puede afectar la previsibilidad del gasto a mediano plazo.

El impacto desigual de la atención médica según el estado

Uno de los aspectos más críticos para la población mayor es el acceso y costo de la atención sanitaria. De acuerdo con datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), citados en el informe de la plataforma de estadísticas alemana Statista, los niveles de gasto federal en salud por persona jubilada presentan diferencias notables entre estados.

Nueva York encabeza el ranking con un gasto promedio de más de USD 13.139 por afiliado, seguida por California (USD 12.586) y Nueva Jersey (USD 12.394) en el período más reciente.

Este gasto está impulsado principalmente por el envejecimiento demográfico y el aumento sostenido de los precios en la prestación de servicios médicos.

El reporte nacional de gastos en salud emitido por los CMS indica que, en 2024, Estados Unidos alcanzó un desembolso total de USD 4,9 billones, lo que equivale a USD 14.570 por persona y representa un 17,6% del producto interior bruto nacional. En este contexto, el gasto específico de Medicare superó el billón de dólares en 2023, constituyendo un 21% del total en salud y experimentando un crecimiento del 8,1% interanual.

Sin embargo, la magnitud del gasto no siempre se traduce en mejor acceso o calidad. Datos de la United Health Foundation, citados en el informe America’s Health Rankings Senior, evidencian que estados como Vermont, aunque figuran entre los diez mejores en calidad de servicios para jubilados, han registrado un fuerte encarecimiento de la atención sanitaria, con especial impacto entre los adultos mayores en situación de pobreza.

Calidad en salud y asequibilidad general: brechas persistentes

El informe America’s Health Rankings Senior de la United Health Foundation, publicado en 2024, ofrece una evaluación compuesta sobre calidad, disponibilidad, costo y resultados en salud para la población mayor. Se concluye que un estado puede exhibir hospitales de excelencia y altos niveles de inversión médica, pero presentar costos tan elevados que limiten el acceso efectivo para la mayoría de los jubilados.

Así, los estados más atractivos desde el punto de vista económico no coinciden necesariamente con aquellos que garantizan la mejor cobertura o calidad de atención médica.

El reporte advierte que la atención médica representa una carga significativa en el presupuesto de los retirados, y el impacto se amplifica en jurisdicciones donde la presión inmobiliaria y el costo de los servicios son elevados. “El costo y la calidad de la atención médica son factores importantes que los jubilados que consideran opciones de reubicación deben analizar cuidadosamente”, subraya el estudio de The Motley Fool.

Variables clave para planificar la jubilación en 2026

La evidencia reunida por Seniorly, The Motley Fool, la United Health Foundation y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid coincide en que el éxito financiero durante la jubilación depende de una evaluación rigurosa de variables como el costo de vida general, los impuestos estatales —sobre ingresos y propiedades—, el precio de la vivienda y la atención médica, así como el acceso a servicios de apoyo para adultos mayores.

Para maximizar la seguridad financiera, los jubilados deben priorizar aquellos estados donde la canasta básica, los servicios públicos y los gastos habitacionales permanezcan en rangos accesibles, sin descuidar la calidad y cobertura de la atención sanitaria.

Si bien ningún estado logra el equilibrio perfecto entre bajo costo y máxima calidad, la información consolidada muestra que existen al menos diez jurisdicciones donde la jubilación puede afrontarse sin riesgos financieros desproporcionados, siempre que se planifique con información precisa y actualizada.

La clave está en comparar las condiciones locales y anticipar los posibles aumentos en los costos esenciales, para garantizar una transición estable hacia el retiro y una calidad de vida digna para la población mayor en Estados Unidos.

A partir del 1 de enero de 2026, la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que está en estudio de la Corte Constitucional, permitirá reducir de manera progresiva las semanas mínimas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión de vejez, en un proceso escalonado que continuará hasta 2036.

La normativa también incorpora una bonificación adicional de semanas por hijos, con el fin de facilitar el acceso a la jubilación y compensar desigualdades históricas de género.

A partir de esa fecha, las mujeres podrán solicitar la pensión de vejez con 1.250 semanas de cotización, en vez de las 1.300 requeridas hasta ahora. El nuevo sistema contempla una reducción anual, que llevará el requisito a 1.000 semanas en 2036. Además, la ley reconoce 50 semanas adicionales por cada hijo, hasta un máximo de tres, si el registro civil está debidamente vinculado a la historia laboral.

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Dicho ajuste en las semanas de cotización responde a una petición de la Corte Constitucional. El cronograma establece 1.250 semanas en 2026, 1.225 en 2027, y bajará 25 semanas cada año hasta alcanzar 1.000 semanas en 2036.

La bonificación consiste en que por cada hijo, la madre puede acreditar 50 semanas adicionales, hasta un máximo de 150 semanas, siempre y cuando los registros estén validados en el historial laboral. El mecanismo no representa un beneficio económico directo, sino una reducción del tiempo requerido para obtener la pensión.

Para acceder al beneficio, es indispensable que el nacimiento de cada hijo esté registrado de forma debida y validado en la historia laboral de la solicitante. Las entidades administradoras verificarán la información antes de aprobar la pensión de vejez.

Requerimientos administrativos para acceder al beneficio

Así las cosas, tener la historia laboral unificada y actualizada es obligatorio para las mujeres que aspiren a pensionarse con la nueva normativa. Solo así podrán acreditar el total de semanas cotizadas, registrar la bonificación por hijos y definir si aplican al régimen de transición.

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) como Porvenir, Colfondos, Skandia y Protección sugieren revisar con frecuencia el reporte para clarificar semanas faltantes y mantener actualizados los datos personales. Sin la documentación correcta validada, el sistema no aplicará la reducción ni el reconocimiento de semanas adicionales por hijos.

El procedimiento administrativo requiere la revisión de todos los soportes que respalden los aportes y, en caso de la bonificación, la incorporación de los documentos de los hijos al expediente laboral.

Impacto económico y social de la reforma pensional

El recorte de requisitos fue valorado de forma positiva como un avance hacia un régimen más equitativo para las mujeres, que históricamente se enfrentaron a mayores obstáculos laborales y se jubilan antes que los hombres. Sin embargo, algunos especialistas advierten que la disminución de semanas puede resultar en una mesada pensional más baja, pues reduce el tiempo de ahorro.

Además, el desafío es aún mayor si se considera que más de diez millones de afiliados no cotizan en la actualidad, lo que exige estrategias para garantizar aportes sostenidos y el acceso a una pensión suficiente para las futuras beneficiarias.

La reducción de semanas busca revertir las dificultades generadas por interrupciones laborales asociadas a la maternidad y el cuidado familiar. No obstante, el seguimiento administrativo y la promoción de la cotización continua siguen siendo retos clave en el proceso.

Qué dice Colpensiones

La postura del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, es clave para la entrada en vigor de la reforma. “Colpensiones seguirá trabajando en favor de los derechos de la mujer, que ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país, por lo que merecen un sistema pensional más justo y equitativo”, afirmó.

Destacó el directivo que el nuevo esquema “es un reconocimiento a la ausencia de derechos que han padecido las mujeres en años anteriores”.

En cuanto al traslado de régimen, recomendó que “todos los afiliados que tengan derecho a la transición, de acuerdo con la Ley 2381, es mejor que aprovechen este beneficio porque tiene su historia laboral al día, va a saber cuánto tiene ahorrado, va a saber cuánto tiene que aportar para ponerse al día, y está seguro en una institución del Estado que le asegura el pago oportuno de su pensión”.

También mencionó los retos vinculados a la baja cotización. “La preocupación es que más de diez millones no cotizan, nuestra tarea posterior será actualizarles su historia laboral y decires cuánto han ahorrado, cuánto deben ahorrar y cuánto deben cotizar para que se pongan al día y puedan cumplir con todos los requisitos cuando cumplan la edad de jubilación”, apuntó.

El músico sostiene que su motivación no es solo artística. Si bien la pasión por la música y la composición sigue viva, reconoce que su entorno depende directamente de su trabajo. Su familia, los empleados de la finca y la comunidad que construyó alrededor suyo necesitan que él siga allí, produciendo y generando ingresos.

“Estoy orgulloso de ser un patriarca, de poder enviar a mis nietos a buenas escuelas gracias a las canciones que escribo y los conciertos que doy”, sostiene. Así, su permanencia sobre los escenarios responde tanto a convicción como a necesidad concreta.

La gestión de la finca, Tenuta Il Palagio, donde produce vino y aceite de oliva y abrió una taberna, implica gastos, impuestos y salarios. No puede permitirse detenerse. Este escenario refuerza la imagen de un patriarca moderno, activo y comprometido con quienes dependen de él, mucho más allá de las luces del espectáculo.

Familia, arte y complejidades personales

En el ámbito familiar, Sting enfrenta retos propios de una vida amplia y diversa. Padre de seis, dos con su primera esposa Frances Tomelty y cuatro con Styler, reconoce lo complejo que fue en ocasiones conciliar la convivencia y la educación de sus hijos.

A menudo repite a su descendencia la idea de que “ustedes me eligieron como padre”, una frase que resume su particular visión de la relación familiar. Para él, es fundamental animar a sus hijos a dedicarse a las artes, lejos de la obsesión por la fama o el éxito fugaz. “Lo importante es hacer, no el éxito”, afirma.

Sin embargo, admite que desde su posición resulta sencillo decirlo. Sus hijos le responden que para quienes nacen lejos de reflectores, el mensaje puede resultar idealista.

Su dinámica matrimonial también ofrece matices singulares. Con Trudie Styler, su compañera por más de tres décadas, construyó una relación marcada por la independencia profesional. Mientras él recorre el mundo en giras y proyectos musicales, Styler desarrolla su carrera en el cine.

Esta autonomía de agendas los obliga a estar separados durante largos periodos, pero ambos coinciden en que esa distancia mantiene viva la relación y hace los reencuentros aún más intensos.

En el plano profesional, Sting mantiene una agenda repleta de conciertos en Japón, Europa y Estados Unidos, y prepara nuevas presentaciones de su comedia musical “The Last Ship”.

Inspirada en la historia de los astilleros de Newcastle y en el recuerdo de sus padres, esta obra representa un tributo a su familia y a sus raíces.

El proyecto le permite saldar una deuda emocional y mantener vigente su vínculo identitario con su ciudad natal. Su compromiso con la creación artística es tan fuerte como su responsabilidad diaria.

Clase, política y convicción ética

A pesar de vivir rodeado de comodidades, Sting mantiene la conciencia de su origen obrero. Subraya con orgullo que todo lo que posee fue logrado a base de esfuerzo personal y no de herencias o fortunas familiares. “Nunca he olvidado que vengo de la clase trabajadora. Y sigo sintiéndome parte de ella”, sostiene. Esto influye en su perspectiva sobre el trabajo, el dinero y su papel en el mundo.

Para Sting, seguir generando y sosteniendo a quienes dependen de él es más que una obligación financiera: es un principio vital.

Sus convicciones lo llevan también a pronunciarse sobre la realidad social y política de Reino Unido y Estados Unidos. Se muestra crítico ante el aumento de la desigualdad, la precarización y la brecha entre ricos y pobres. Alude a su preocupación por la dirección política de ambos países y la necesidad de una distribución más equitativa de la riqueza. No pierde oportunidad de recordar que la situación en su tierra natal, marcada por el Brexit y las tensiones sociales, requiere reflexión y acción.

Sting combina la tenacidad propia de un artista con el realismo de un patriarca: no piensa retirarse, movido por convicciones, responsabilidades económicas y un legado que va más allá de la música. Como resume el propio músico, “no puedo permitirme tomarme la jubilación, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”. Este mensaje es su declaración de principios y una invitación a comprender el verdadero significado del trabajo y la familia.

El volumen de aportaciones adicionales por parte de los clientes de Mapfre ascendió a 4,5 millones de euros en el marco de la campaña de traspaso de planes de pensiones que llevó adelante la aseguradora. La empresa ha concluido esta iniciativa, dirigida a personas interesadas en rentas de jubilación, tras cerrar el periodo de recepción de fondos el 31 de enero pasado. Según informó Mapfre en un comunicado difundido el martes, la captación total durante la campaña llegó a cerca de 40 millones de euros en traspasos.

De acuerdo con la información proporcionada por Mapfre, alrededor de 1.200 clientes participaron en la campaña, lo que implicó el traslado de sus ahorros en productos de pensiones hacia opciones gestionadas por la compañía. Como explicó la aseguradora, estos clientes recibieron bonificaciones que, en conjunto, superan el millón de euros. El esquema de incentivos de la campaña contempló una bonificación del 3% para importes traspasados hasta 125.000 euros y del 1% para las cantidades adicionales. La bonificación otorgada a cada cliente se invierte en un fondo de inversión de perfil moderado, denominado FondMapfre Elección Moderada, cuyo titular debe coincidir con el del fondo de pensiones original. Además, Mapfre detalló que los titulares pueden sumar aportaciones suplementarias a este fondo.

El medio El País consignó que las aportaciones adicionales por parte de los clientes, es decir, esos fondos sumados a la inversión inicial incentivada por la campaña, llegaron a los 4,5 millones de euros en total. Esta cifra destaca la disposición de los partícipes a incrementar su inversión más allá del traspaso de fondos bonificados.

Por otro lado, Mapfre informó que durante 2025 destinó un total de 560 millones de euros al pago de rentas asociados a productos vinculados con la jubilación, con una cuantía media mensual de 810 euros por beneficiario. La compañía aclaró que estos desembolsos se corresponden a prestaciones originadas en distintos instrumentos de ahorro finalista diseñados para la etapa de retiro laboral.

Según publicó El País, la entidad gestiona actualmente más de 3.600 millones de euros en productos de ahorro específicos para la jubilación, entre los que se incluyen planes de pensiones, PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático), Sialp (Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo) y otros instrumentos enfocados en el ahorro a largo plazo. En total, aproximadamente 240.000 clientes mantienen contratadas alguna de estas soluciones ofrecidas por Mapfre.

La aseguradora explicó a través del comunicado citado por El País que la campaña de traspasos incluyó la posibilidad de canalizar tanto fondos procedentes de otras entidades como aportaciones individuales, lo que permitió una mayor diversificación y flexibilidad para los clientes a la hora de gestionar sus recursos de jubilación. El modelo de bonificación, ligado a la inversión en el fondo FondMapfre Elección Moderada, buscó incentivar la fidelización y el ahorro sistemático con un nivel de riesgo conservador.

Asimismo, Mapfre destacó que su cartera de clientes interesados en productos de ahorro finalista ha crecido de manera sostenida en los últimos años, reforzando la estrategia de la compañía como actor principal en el mercado de soluciones de ahorro a largo plazo para la jubilación. Según consignó El País, la entidad subrayó el interés de sus clientes en obtener rentas periódicas y planificación financiera de cara a la etapa final de su vida laboral, lo que ha motivado la ampliación y diversificación de su oferta de productos.

Con el cierre de la campaña y el volumen de fondos captados, Mapfre reafirma su posición en el segmento de previsión social complementaria, consolidando una oferta que responde a las necesidades de planificación de miles de ahorradores que buscan proteger su estabilidad económica una vez alcanzada la jubilación.

Todos los jueves, Hannelore Labitzke llega al centro comercial Alstertal de Hamburgo (Alemania) con un plátano en el bolso. En verano va en bicicleta; en invierno, en autobús. Se sienta en la misma caja del supermercado Budni, saluda a cada cliente con un “que tenga un buen día” porque un simple “hola” no le basta, y empieza su jornada. Tiene 90 años y lleva 45 haciendo exactamente haciendo eso. No habla de “trabajo”. Dice “mi tienda”. “Solo estoy aquí porque me divierte. No hay otras razones”, ha explicado al medio Focus Online. A su edad, es probablemente la cajera más longeva de Alemania.

Labitzke nació en Mecklemburgo. Antes de llegar a Budni, ella y su marido llevaron una gasolinera y una empresa de taxis. Cuando empezó en la farmacia del centro comercial Alstertal, hace ya 45 años, conocía de memoria los números cortos de todos los artículos. Desde entonces, la tienda se ha mudado dos veces, han cambiado los sistemas y las estanterías, han pasado generaciones de empleados. Pero ella sigue en la misma caja.

También han pasado generaciones de clientes. “A las niñas a los que antes les regalaba una piruleta ahora les vendo esmalte de uñas”, ha contado. Incluso, algunos compradores habituales organizan sus compras para coincidir con su turno de los jueves. No por eficiencia, sino por ella.

La única pausa

Durante décadas, Labitzke no faltó ni un solo día. La única excepción llegó el año pasado. “Hasta entonces, nunca estuve enferma. Me operaron de una válvula cardíaca. Desde entonces he sido un poco más precavida. Pero después de cuatro semanas, volví a la caja, con todo lo que eso conlleva”, ha relatado la anciana.

Podría jubilarse y tiene derecho a una pensión. Los miércoles, cuando los vecinos la ven en su huerto, a veces le dicen con compasión: “Pobrecita, mañana tienes que volver a trabajar”. No obstante, ella los corrige con educación. “Al menos un día a la semana. No puedo estar sentada frente al televisor todo el tiempo. Podré hacerlo cuando cumpla los 100 años”, ha sentenciado.

“Lala”, en la tercera caja

En la tienda la llaman “Lala”. El jefe de equipo, Lukas Cholewa, la define como “un verdadero activo para la sucursal” y como la “madre gallina” del establecimiento. “Siempre tiene una palabra amable y escucha atenta a clientes y compañeros”, resume. Ese trato cotidiano se ha convertido en una seña de identidad. “Mucha gente espera encontrarla”, dicen en la tienda. No hay campañas ni carteles. Basta con saber qué día es.

Cuando cumplió 45 años en la empresa, Budni lo celebró en la propia sucursal. Hubo un certificado, una placa conmemorativa y una caja registradora dorada. Para el director general, Christoph Wöhlke, el reconocimiento era evidente. “Hannelore Labitzke es mucho más que una empleada; es una pieza clave en la historia de Budni. Con su calidez, encarna la idea de buena vecindad cada jueves”, ha afirmado.

Wöhlke ha subrayado un elemento que va más allá de la anécdota: la continuidad. “Cuando los empleados permanecen durante décadas, se crea una familiaridad que muchos clientes valoran. Son palabras amables, gestos pequeños, pero constantes”, ha concluido.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo narró su trayectoria laboral, desde su juventud hasta que tomó posesión como titular del Poder Ejecutivo Federal, destacando que prevé obtener un pago por jubilación de aproximadamente 30 mil pesos mensuales.

Esto, en el contexto de la presentación de la reforma “Pensiones sin privilegios”, con la cual se buscará modificar el artículo 127 de la Constitución Política, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

En su conferencia de prensa, la mandataria señaló actualmente hay exfuncionarios que reciben “pensiones onerosas”, que superan montos de hasta 1 millón de pesos mensuales.

En este sentido, explicó que en su caso, cuando ella se jubile, su pensión será por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señalando a qué se ha dedicado desde que era joven.

¿A qué se dedicó Sheinbaum antes de ser presidenta?

Sheinbaum Pardo indicó que antes de ser presidenta realizó diversos trabajos, entre los cuales destacó que fue volantera durante su juventud. Narró que repartía folletos en un semáforo para promover un restaurante.

Mencionó que mientras estudiaba trabajó aproximadamente tres años como recepcionista en un consultorio médico y posteriormente, ingresó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para apoyar en la creación de contenidos sobre matemática educativa.

”Trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes, para anunciar al restaurante en un semáforo.

“Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos y después de recepcionista en un consultorio médico como por tres años, mientras estudiaba”, contó.

Entre 1984 y 1985 fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, lo que marcó el inicio de su trayectoria en la UNAM hasta que fue académica.

Sin embargo, antes de llegar al gobierno federal renunció a su plaza como académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cumplimiento a los estatutos de la institución, debido a que sumó seis años con licencia para dicho cargo.

Por ello, indicó que en caso de que al dejar la Presidencia, si vuelve a trabajar en el gobierno o a alguna institución que tenga ISSSTE, se jubilará con lo que sume de antigüedad, previendo que recibirá un pago mensual de aproximadamente 30 mil pesos.

“Para que todos sepan, cuando yo me jubile, cuando salga del Gobierno, al entrar al gobierno federal renuncié a mi plaza de la UNAM por que ya tenía seis años de licencia y el estatuto del personal académico establece que el máximo de licencia pueden ser 6 años, yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y ahora soy presidenta

“Si no regreso a trabajar al gobierno, a una identidad académica que tenga ISSSTE, me jubilaré con el monto de mi antigüedad, yo empecé a trabajar de ayudante de profesor ahí en la Facultad de Ciencias”, dijo en Palacio Nacional.

Este miércoles en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para eliminar los privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, particularmente para altos mandos, aunque aclaró que no incluiría al Poder Judicial.

La mandataria indicó que con esta modificación se ahorrarán 5 mil millones de pesos, los que se destinarán a programas del bienestar.

La propuesta busca que las pensiones de exservidores públicos de alto nivel no excedan el 50 % de la remuneración que recibe el titular del Ejecutivo federal y que queden alineadas a límites razonables, salvo aquellas que estén previstas en condiciones generales de trabajo.

Este planteamiento forma parte de una política más amplia contra los privilegios y para garantizar el uso responsable del gasto público, según explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa busca cerrar prácticas heredadas de administraciones pasadas en las que algunos exfuncionarios obtenían beneficios que superaban incluso los ingresos del presidente, y señaló que “este tipo de privilegios ofenden al pueblo” cuando millones de trabajadores reciben pensiones mucho menores.

Pensiones exorbitantes

En agosto de 2025, el Gobierno federal difundió un informe sobre pensiones exorbitantes otorgadas a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejemplos que han servido de referencia para impulsar la reforma.

De acuerdo con el análisis, alrededor de 14 073 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibian en conjunto pagos anuales superiores a 28 mil millones de pesos, y 9 457 de ellos tienen pensiones mensuales que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos, con algunos casos que incluso superan el salario neto de la presidenta.

En el caso de Pemex, hay más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza cuyo costo alcanza cerca de 24 844 millones de pesos al año, y al menos 544 personas perciben montos por encima de las percepciones presidenciales. Algunos de estos pagos llegan a ser hasta 39 veces mayores al promedio nacional de pensiones, según cifras oficiales.

Las cifras difundidas por el Gobierno han generado críticas y debates sobre la justicia y sostenibilidad de estos esquemas, y han sido parte del argumento central de la administración de Sheinbaum para promover la reforma que limite los privilegios en jubilaciones financiadas con recursos públicos.

El Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 de Dolores dictó recientemente una sentencia que rechaza una demanda por presunta negligencia profesional contra una abogada. El caso involucró a un hombre que había solicitado la jubilación ordinaria y que, tras el rechazo de su reclamo previsional, buscó una compensación económica por daños y perjuicios.

El expediente fue presentado en 2019. El demandante, acompañado por su letrado patrocinante, reclamó una suma superior a los 500.000 pesos, argumentando que la profesional que lo representó en el trámite previsional había actuado de manera incorrecta. Según la presentación, la abogada habría promovido el inicio de una acción judicial sin verificar que se cumplían los requisitos legales para acceder al beneficio previsional.

El conflicto tuvo origen en una gestión administrativa previa. El accionante recurrió a servicios legales en el año 2012 o 2013, tras haber gestionado reconocimientos de aportes tanto en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires como en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El reclamo por jubilación, iniciado en 2015, fue rechazado por el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, quien sostuvo que los requisitos para el beneficio no estaban satisfechos y que esa circunstancia era evidente desde la etapa administrativa.

El principal argumento del demandante consistió en que la abogada conocía, o debía conocer, que no existían los años de servicio suficientes para acceder al beneficio jubilatorio. Según su versión, el expediente administrativo demostraba un faltante de meses en los aportes necesarios. Para el demandante, esa supuesta omisión configuró una conducta negligente que derivó en un proceso judicial innecesario, con los gastos y frustraciones asociados.

En tanto, la abogada demandada se defendió argumentando que su actuación profesional se basó en resoluciones administrativas previas, que fueron aportadas por el propio cliente. En su presentación, la profesional explicó que el reclamante presentó documentación que reconocía más de 26 años de aportes, pero que la normativa exigía 35 años para acceder a la jubilación ordinaria. Frente a esa situación, le sugirió al cliente la compra de un periodo adicional de aportes, opción que el demandante aceptó.

La abogada sostuvo que nunca tuvo motivos para dudar de la información contenida en las resoluciones administrativas, ya que el reclamante nunca manifestó que existiera un error en los años reconocidos. Además, explicó que, de haber existido un aviso sobre una posible inconsistencia, se habrían abierto otras vías, como la impugnación de la resolución en ANSES o la adquisición de más años de servicio.

Durante el proceso, la profesional indicó que solo tomó conocimiento del error respecto a los años reconocidos tras la sentencia negativa en sede judicial. Según su relato, la diferencia entre los años efectivamente trabajados y los reconocidos oficialmente salió a la luz recién al final del proceso. Este argumento fue central para sostener la inexistencia de culpa profesional.

Definición

La sentencia analizó en profundidad los elementos probatorios y el marco legal aplicable a la responsabilidad de los abogados. El juez recordó que la relación entre abogado y cliente constituye un contrato en el que el profesional asume, en principio, una obligación de medios, no de resultados. Es decir, el abogado debe actuar con diligencia y pericia, pero no garantiza el éxito del reclamo judicial.

En este contexto, el fallo examinó si la abogada había desplegado la conducta que la ley y la buena práctica profesional exigen. Destacó que, para atribuirle responsabilidad, era necesario demostrar que su accionar fue negligente y que esa negligencia tuvo un vínculo causal directo con el daño alegado por el demandante.

El juez valoró la prueba acompañada y sostuvo que la abogada utilizó como base de su cálculo una resolución administrativa emitida por la ANSES en 2001, que reconocía al demandante casi tres años de aportes en una cooperativa. Esa resolución, suscrita por el gerente de la unidad de atención de la ANSES, tenía suficiente entidad para considerarse válida y no existían elementos que justificaran su revisión.

El fallo también remarcó que el propio accionante nunca cuestionó formalmente la resolución administrativa ni informó a la abogada sobre una posible diferencia en los años efectivamente trabajados. La contratación profesional, por otra parte, fue posterior a la emisión de la resolución discutida, lo que reforzó el argumento de la defensa.

El juez concluyó que la profesional se limitó a sumar los periodos reconocidos oficialmente y a sugerir alternativas dentro del marco legal. No surgía del expediente que su labor hubiera sido negligente o que hubiera omitido diligencias fundamentales. Por ese motivo, la demanda fue rechazada.

En la fundamentación, el juez citó doctrina y jurisprudencia que delimitan el alcance de la responsabilidad civil de los abogados. Se indicó que el incumplimiento de ciertos actos procesales, como no promover una demanda cuando corresponde o no apelar una sentencia adversa, puede configurar mala praxis, pero en este caso no se acreditó un accionar reñido con la buena práctica profesional.

El magistrado también puntualizó que el demandante debía probar que el resultado desfavorable obedeció a una falta de diligencia por parte de la abogada, y que ese nexo causal no quedó demostrado en el expediente.

La sentencia dispuso, además, que los gastos del proceso sean afrontados por el accionante y postergó la regulación de honorarios para una instancia posterior.

El fallo puso de relieve que el cliente tenía conocimiento de los periodos laborales reconocidos y que la abogada actuó en base a documentación oficial, sin que existiera información concreta que la llevara a dudar de esos datos.

El caso pone de manifiesto la importancia de la correcta gestión de documentación laboral y previsional, así como el alcance de la responsabilidad de los profesionales en trámites de jubilación.

La desigualdad económica entre hombres y mujeres no termina al final de la vida laboral. Al contrario, se consolida y, en muchos casos, se amplifica cuando llega la jubilación. Los hombres perciben en España una pensión media anual de 22.435 euros, mientras que las mujeres se quedan en 17.073 euros, una diferencia de casi el 24%, según el informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres elaborado por UGT Madrid.

Pero el problema no es solo cuánto cobran ellas frente a ellos. La desigualdad también se mide en proporción: a nivel nacional, los hombres reciben una pensión media equivalente al 81,8% de su salario medio anual. En el caso de las mujeres, ese porcentaje baja al 76,7%. Es decir, ellas no solo ganan menos durante su vida laboral, sino que además reciben una pensión proporcionalmente inferior.

La estadística estudia los datos fiscales de 2024 de las personas que reciben una pensión de jubilación de la Seguridad Social, de viudedad, orfandad o incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez), así como las pensiones del régimen de Clases Pasivas, destinadas a funcionarios.

La desigualdad sigue creciendo tras el retiro

En la determinación de la cuantía de las pensiones, las mujeres parten con la desventaja de haberse enfrentado durante toda su trayectoria laboral a una diferencia de ingresos del 18,8% de media. A escala nacional, el salario medio anual de los hombres es de 27.411 euros, frente a 22.255 euros en el caso de las mujeres. Además, las mujeres sufren con mayor frecuencia carreras laborales fragmentadas, con lagunas de cotización asociadas a los cuidados familiares, que se suman a mayores tasas de temporalidad y parcialidad.

El sistema contributivo se fundamenta tanto en años cotizados, premiando la continuidad y penalizando las interrupciones, como en bases de cotización, por lo que cuanto más alto es el salario medio anual, más alta es la pensión media anual. Así, la brecha se traslada de forma automática al sistema de pensiones: los hombres reciben de media 5.362 euros más al año que las mujeres en su etapa como pensionistas. Sin embargo, los cálculos de UGT apuntan a la existencia de una penalización adicional al llegar a la jubilación.

El informe señala una diferencia marcada también por la proporción del sueldo medio, que se traslada a la pensión, un hecho que no se explica directamente mirando los menores ingresos durante la vida laboral. Es posible que estos factores, sumados a problemas estructurales en la distribución de pensiones por tipo, sean los culpables de la menor proporcionalidad de las pensiones femeninas. Las mujeres dependen más frecuentemente de pensiones de viudedad, al no poder acceder a pensiones contributivas completas por las dificultades para mantener un empleo estable a lo largo de la trayectoria profesional.

La brecha se agranda en las comunidades más ricas

El mapa territorial confirma que la desigualdad se reproduce en todas las comunidades, aunque con intensidades distintas. En las regiones con salarios más altos y carreras laborales más estables, normalmente en sectores mayoritariamente ocupados por hombres, las pensiones suben, pero también lo hace la distancia entre géneros. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los hombres registran un salario medio anual de 35.873 euros y una pensión media de 27.027 euros. Las mujeres, en cambio, tienen un salario medio de 27.731 euros y una pensión media de 20.117 euros. La brecha madrileña llega al 25,57%, por encima del promedio nacional.

Asturias, por su parte, ofrece el ejemplo de cómo el pasado industrial sigue marcando la jubilación. Allí, los hombres perciben las pensiones más altas de España (27.277 euros), gracias a décadas de empleo estable y bien remunerado en sectores como la minería o la siderurgia, pero también a una alta proporción de pensiones por incapacidad permanente. Sin embargo, esa misma concentración histórica del empleo industrial, un tipo de actividad del que las mujeres están típicamente excluidas, dispara la diferencia: las mujeres se quedan en 18.417 euros y la desigualdad alcanza el 32,48%.

En el extremo opuesto, Canarias y Extremadura presentan las brechas más bajas (17,90% y 17,25%), pero no por mayor igualdad real, sino porque salarios y pensiones son reducidos para ambos géneros, lo que iguala las cifras a la baja.

El ahorro para la jubilación en Estados Unidos muestra cifras bajas entre la mayoría de los trabajadores, según el más reciente informe del National Institute on Retirement Security (NIRS) publicado en 2026. El análisis, que abarca a la población de 21 a 64 años, indica que la mediana de los fondos acumulados en planes de contribución definida como el 401(k) es de apenas 955 dólares, lo que representa una diferencia significativa frente a los objetivos recomendados por entidades especializadas. Esta situación afecta a millones de personas en todo el país y coloca en debate la suficiencia de las estrategias actuales para el retiro.

El estudio del NIRS se basa en datos oficiales y utiliza información de cuentas individuales de jubilación, incluyendo a quienes no han logrado ahorrar. De acuerdo con el informe, los ahorros actuales no solo resultan insuficientes respecto a las metas sugeridas por expertos, sino que también muestran una brecha transversal en variables como género, raza y nivel educativo, según los parámetros definidos por Fidelity Investments, organización que establece guías ampliamente consultadas en el sector.

El contexto de los sistemas de pensiones en Estados Unidos ha cambiado en las últimas décadas. La transición de planes de beneficio definido a esquemas de contribución definida ha transferido la responsabilidad de la planificación financiera hacia los trabajadores, lo que, sumado a la volatilidad del mercado laboral y a la falta de acceso universal a planes de ahorro, genera un escenario donde la mayoría no logra alcanzar los niveles sugeridos, según el NIRS.

¿Cuál es el nivel real de ahorro para el retiro en Estados Unidos?

La investigación del National Institute on Retirement Security revela que la mediana de los ahorros en planes de contribución definida, como el 401(k), es de 955 dólares para el universo total de trabajadores entre 21 y 64 años. Esta cifra incluye a quienes no poseen saldo alguno en estos instrumentos. Para quienes sí tienen algún monto ahorrado, la mediana asciende a 40.000 dólares.

El saldo promedio de cuentas individuales entre todos los trabajadores se ubica en 93.229 dólares, aunque este valor aumenta a 179.082 dólares cuando se considera solo a quienes han acumulado al menos un dólar en su cuenta, según el NIRS. El informe detalla que la mayoría de los estadounidenses está lejos de los niveles considerados adecuados para financiar la etapa de retiro.

¿Qué recomiendan las autoridades sobre el ahorro para el retiro?

Fidelity Investments sugiere que los trabajadores deberían contar con el equivalente a su salario anual ahorrado a los 30 años, tres veces el salario a los 40, seis veces a los 50, ocho veces a los 60 y diez veces a los 67. Estas recomendaciones sirven de referencia en la industria financiera y son citadas en el estudio del NIRS.

El informe señala que ningún grupo demográfico alcanza las metas propuestas por Fidelity. La brecha se extiende a todas las categorías analizadas, incluyendo edad, raza, educación y género, lo que refleja un fenómeno generalizado. El NIRS indica que “la mayoría de los trabajadores estadounidenses no cumple con los niveles de ahorro recomendados para su edad”, lo que pone en evidencia la magnitud del desafío.

¿Cuáles son las diferencias por género, raza y nivel educativo?

El análisis del NIRS identifica variaciones significativas en los niveles de ahorro según características demográficas. Los hombres alcanzan el 19% de la meta recomendada, mientras las mujeres llegan al 17%. Por grupos étnicos, los trabajadores asiáticos logran el 23% del objetivo, los blancos el 20% y tanto los afroamericanos como los hispanos apenas el 11%.

El nivel educativo también influye en la capacidad de ahorro. El estudio indica que quienes tienen secundaria completa logran un 10% de la meta, mientras que quienes poseen un título de asociado llegan al 15%. Los graduados universitarios alcanzan el 21% y los trabajadores con posgrado suman el 26%, según los datos oficiales citados por el NIRS.

¿Cuál es la brecha entre los ahorros reales y lo sugerido?

De acuerdo con el informe, el ahorro mediano en planes de contribución definida representa solo el 4% del objetivo recomendado por las autoridades financieras. Si se toma en cuenta el patrimonio neto, ese porcentaje aumenta al 41%.

Entre quienes poseen saldo positivo en cuentas de jubilación, el porcentaje del objetivo cumplido sube al 18%. El informe advierte que “las cifras actuales muestran que, incluso entre quienes tienen algún ahorro, los montos acumulados no alcanzan para cubrir el nivel de vida esperado tras la jubilación”, de acuerdo con el NIRS.

¿Cómo evolucionan los ahorros según la edad?

El estudio del NIRS destaca que los trabajadores más jóvenes, de 21 a 34 años, son quienes más cerca están de sus metas, al haber acumulado el 21% de lo recomendado. El grupo de 55 a 64 años alcanza el 19%. A pesar de estas diferencias, ningún segmento etario logra cubrir el monto aconsejado para garantizar un retiro sin sobresaltos económicos.

¿Qué factores explican el bajo nivel de ahorro?

La investigación señala que la falta de acceso universal a planes de jubilación en el trabajo, la presión sobre los salarios y los cambios en la estructura del empleo dificultan la acumulación de fondos suficientes. El informe indica que la transición hacia empleos temporales o independientes y la reducción de planes de pensiones tradicionales han incrementado la responsabilidad individual en la planificación del retiro.

El NIRS advierte que “la baja participación en planes de ahorro y la falta de incentivos adecuados agravan la situación”, lo que se traduce en una menor cobertura y en montos insuficientes para enfrentar la vida tras el retiro.

¿Cómo impacta esto en la seguridad económica futura?

El informe del National Institute on Retirement Security subraya que la insuficiencia de ahorros afecta a millones de trabajadores y que la brecha persistente podría derivar en una mayor dependencia de la Seguridad Social como principal fuente de ingresos durante la jubilación. El documento explica que “la situación actual implica riesgos para la estabilidad económica de los hogares y para la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

El NIRS recomienda ampliar el acceso a planes de ahorro, mejorar la educación financiera y fortalecer las políticas públicas que incentiven la participación en esquemas de contribución definida. El informe enfatiza que “la supervisión y el seguimiento de estos indicadores serán fundamentales para monitorear el impacto de las políticas implementadas en los próximos años”.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

La distancia entre los ahorros reales y las metas sugeridas podría incrementarse conforme la población envejece y la esperanza de vida aumenta, lo que plantea desafíos para el sistema de seguridad social y para la planificación individual. El NIRS indica que la revisión periódica de las políticas y la adaptación de los instrumentos de ahorro resultan esenciales para mejorar el escenario de cara al futuro.

La problemática del ahorro insuficiente para el retiro seguirá siendo un tema central en la agenda pública y en el debate sobre el bienestar financiero de la población trabajadora en Estados Unidos, según el National Institute on Retirement Security.

La vida de Neuro, ciudadano de origen venezolano y trabajador en España, es un reflejo de la lo difícil que puede llegar a ser la vida. La pensión que recibe no supera los siete euros y, para sobrevivir, debe seguir repartiendo comida. “Hasta que el médico me diga que no puedo más ”, ha confesado el septuagenario. Pero su caso no es una excepción y muestra como la jubilación migrante queda en el limbo una vez empiezan a tributar en nuestro país.

Neuro abandonó Venezuela en 2022. La pensión que percibe es insuficiente para cubrir los gastos más básicos. “No alcanza ni para un kilo de carne”, ha afirmado al medio Originem. A sus 76 años, el descanso no es una opción. Cada día recorre Roquetas de Mar (Almería) en su moto, repartiendo comida o cualquier ensere que se pida por la app de Glovo.

En su país natal, su vida fue intensa. Múltiples trabajos, periodos de prosperidad y también periodos que no fueron tan buenos. La precariedad llegó con las crisis económicas de Venezuela, el aumento de la delincuencia y un secuestro que lo empujó a emigrar, primero a Colombia y Panamá, hasta llegar finalmente a España.

Al llegar, sin acceso a una pensión suficiente y sin posibilidad inmediata de recibir ayudas estatales, lo único viable fue trabajar como repartidor. “Al principio lo hice de forma irregular, alquilando una cuenta y cediendo parte de mis ingresos”, ha contado Neuro. Durante esa etapa, llegó a trabajar hasta doce horas al día, sin contrato ni cobertura legal.

Contratos, flotas y el derrumbe de la estabilidad

Neuro encontró alivio cuando una flota intermediaria que proveía repartidores a Glovo lo contrató legalmente. Por primera vez desde su llegada, tuvo un contrato adaptado a su edad y un salario que le permitió cierta estabilidad: 30 horas semanales, descansos y un trato humano. La contratación requirió una autorización especial ante la Seguridad Social, dado que superaba la edad de jubilación legal.

“Volví a sentirme trabajador de verdad”, ha admitido Neuro. Pero el equilibrio duró poco. El Ministerio de Trabajo obligó a que las plataformas absorbieran a estos empleados, declarando ilegales las flotas. La transición prometía respetar los contratos existentes, pero en el caso de Neuro, la promesa no se cumplió. Siguió trabajando sin saber que su alta había sido anulada meses atrás.

La situación se complicó cuando solicitó una baja médica de siete días y la Seguridad Social le confirmó que no estaba dado de alta desde junio, pese a que en su nómina se le descontaban las cuotas. El desamparo se agravó con dos meses completos sin salario. “Pasé la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes sin cobrar, mientras seguía repartiendo comida”, ha relatado.

Además, un cruce de datos con su hijo, quien trabaja en la misma empresa y se llama igual, dejo claro los fallos del sistema de registros laborales. Solo la intervención sindical y la amenaza de denuncia permitieron que la empresa abonara los salarios atrasados y gestionara de nuevo su contratación legal. Sin embargo, la resolución administrativa todavía condiciona su destino laboral.

Sobrevivir trabajando con la dignidad en juego

A pesar de todo, Neuro no se reconoce a sí mismo como víctima. Dice que si deja de trabajar “se vuelve loco” y ha asegurado que seguirá haciendo hasta que el médico le diga basta. “Lo único que quiero es trabajar sin desaparecer de los papeles… ni pasar otra Navidad sin cobrar”.

Lograr el mayor beneficio posible de Seguridad Social en 2026 es el objetivo de millones de estadounidenses que planifican su retiro. Alcanzar el pago mensual máximo, que puede superar los USD 5.000, depende de una combinación de estrategias laborales y decisiones inteligentes respecto al momento de solicitar el beneficio.

Comprender los requisitos claves y las acciones adicionales a tomar puede marcar la diferencia en el ingreso durante la jubilación.

Requisitos para obtener el beneficio máximo mensual de Seguridad Social en 2026

Para acceder al pago más alto de Seguridad Social en 2026, es indispensable cumplir con condiciones específicas establecidas por la Administración del Seguro Social. El requisito fundamental es haber alcanzado el tope de ingresos sujetos a impuestos de Seguridad Social en cada uno de los 35 años de mayor salario, ajustados por inflación.

En 2026, ese límite anual será de USD 184.500. Alcanzar sistemáticamente ese monto a lo largo de 35 años es lo que permite aspirar al beneficio mensual máximo. Según la Administración del Seguro Social, quienes cumplen este criterio y solicitan el beneficio a los 70 años pueden recibir hasta USD 5.181 al mes.

Importancia de trabajar al menos 35 años y optimizar ingresos

El cálculo del monto mensual se basa en los 35 años de mayores ingresos. Si una persona trabaja menos de ese período, cada año faltante se considera como ingreso cero, lo que reduce significativamente el beneficio.

Trabajar más de 35 años puede resultar ventajoso si los años adicionales superan en ingresos a los años más bajos, ya que los reemplazan en el cálculo. Además, aumentar los salarios actuales, buscar ascensos o cambiar de empleo para obtener mejores remuneraciones puede incrementar el promedio salarial y, por tanto, el beneficio futuro.

Estrategias sobre la edad de solicitud e impacto

La edad en la que se solicita el beneficio de Seguridad Social determina el monto recibido. Es posible comenzar a solicitarlo a los 62 años; sin embargo, hacerlo a esa edad implica una reducción permanente en el pago mensual.

El beneficio completo se obtiene al alcanzar la “edad plena de jubilación”, que varía según el año de nacimiento. Por ejemplo, para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena es 67.

No obstante, quienes retrasan la solicitud hasta los 70 años logran el pago más alto, ya que por cada año de espera entre la edad plena y los 70, el monto aumenta aproximadamente un 8% anual. Después de los 70, no hay incrementos adicionales por esperar.

Acciones adicionales para incrementar los beneficios futuros

Una gestión activa de la carrera laboral y de los registros personales puede ser clave para maximizar los beneficios. Revisar periódicamente el historial de ingresos reportado a la Administración del Seguro Social permite detectar y corregir errores que podrían afectar el cálculo final.

Aumentar los ingresos durante los años laborales, negociar aumentos de sueldo o considerar empleos mejor remunerados son medidas que pueden impactar directamente el promedio de salarios. Además, aplazar el retiro y seguir contribuyendo al sistema ayuda a fortalecer el monto futuro.

Consecuencias de reclamar beneficios antes de la edad plena

Solicitar los beneficios antes de la edad plena, especialmente a los 62 años, implica una reducción sustancial y permanente en el pago mensual. Para quienes nacieron en 1960 o después, el recorte puede llegar al 30%.

Si la persona decide trabajar mientras recibe el beneficio anticipado, existe un límite de ingresos permitido. Superar este umbral (USD 24.480 en 2026) puede llevar a deducciones en el pago mensual: la Administración del Seguro Social retiene USD 1 por cada USD 2 ganados por encima del límite. Al alcanzar la edad plena de jubilación, los pagos retenidos se restituyen gradualmente.

Consideraciones fiscales sobre los beneficios disponibles

Los pagos de Seguridad Social pueden estar sujetos a impuestos, dependiendo del “ingreso combinado” del beneficiario. Este concepto incluye salarios, intereses, dividendos y la mitad de los ingresos por Seguridad Social.

Hasta el 85% del beneficio puede ser gravado si el ingreso total supera ciertos límites. Para reducir la carga fiscal, es posible administrar los retiros de cuentas como Roth IRA (cuenta individual de jubilación), que no se consideran en la fórmula del “ingreso combinado”.

Consultar con un profesional tributario puede ayudar a planificar la mejor estrategia para minimizar impuestos y optimizar el ingreso durante la jubilación.

La jubilación mínima tendrá un nuevo aumento en marzo como resultado del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que registró una suba del 2,9% mensual, los haberes previsionales y las pensiones se ajustarán en ese mismo porcentaje el próximo mes, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

Con esta actualización, el haber mínimo pasará a ubicarse en $369.560,34 a partir de marzo. Este monto surge de aplicar el incremento del 2,9% sobre los valores que se pagan en febrero y corresponde al ajuste automático que rige desde abril de 2024, cuando se estableció que las jubilaciones se actualicen todos los meses en función de la inflación.

Además del haber básico, el Gobierno viene otorgando un refuerzo adicional para los jubilados y pensionados de menores ingresos. En caso de que se mantenga en marzo el bono de hasta $70.000, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $441.572,40. Este refuerzo se paga de manera extraordinaria y no forma parte del haber previsional, por lo que no se incorpora al cálculo de futuros aumentos.

Cómo funciona el ajuste mensual

El mecanismo actual de actualización establece que los haberes se incrementan todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. En este caso, el IPC de enero es el que determina los montos que se cobrarán en marzo. El sistema reemplazó las fórmulas trimestrales anteriores y busca que los ingresos previsionales acompañen de forma más directa la evolución de los precios.

Bajo este esquema, cada nuevo dato de inflación impacta automáticamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ajuste se aplica sin necesidad de resoluciones adicionales, aunque los refuerzos extraordinarios, como el bono, se definen mes a mes.

A cuánto subirá el resto de las prestaciones

El aumento del 2,9% también alcanza al resto de las prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ser de $295.648,43, sin considerar el bono. En caso de aplicarse el refuerzo completo, el ingreso total podría ubicarse en torno a los $367.652,36.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se actualizarán hasta aproximadamente $258.677,18, mientras que con el bono el monto total rondaría los $330.705,03.

En tanto, la pensión para madres de siete hijos quedará equiparada a la jubilación mínima, con un haber de $369.560,34, y podría alcanzar los $441.572,40 si se suma el refuerzo extraordinario.

Asignaciones sociales también se actualizan

El mismo porcentaje de aumento se aplica a las asignaciones familiares y sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $132.796,38 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $432.415,18.

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) quedará en $125.336,48. En este caso, como ocurre habitualmente, el 80% del monto se cobra de manera mensual y el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación correspondiente.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $66.401,26 tras la actualización.

La evolución de los aumentos

El ajuste de marzo se suma a una serie de incrementos mensuales aplicados durante los últimos meses. En el tramo final de 2025 y el inicio de 2026, los haberes previsionales registraron subas que siguieron la evolución del IPC, con aumentos del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,4% en enero y 2,8% en febrero.

Este esquema se encuentra respaldado por el decreto que reformó la movilidad previsional y estableció la indexación mensual según la inflación oficial. La normativa fija que los haberes se ajustan de forma automática, sin topes ni escalonamientos, aunque los bonos continúan dependiendo de decisiones administrativas.

En el análisis realizado por los servicios jurídicos del Congreso, resulta que la indemnización por cese, pensada como una ayuda para quienes pierden su escaño, no puede acumularse con la percepción de una pensión de jubilación ya que ambas prestaciones son incompatibles. Esta consideración ha sido un elemento central en la decisión de desestimar la solicitud del exministro socialista José Luis Ábalos, quien reclamó dicha compensación tras dejar su escaño. Según informó Europa Press, fuentes parlamentarias han confirmado que el Congreso no abonará la indemnización a Ábalos porque además de que ya anunció su intención de optar a la jubilación, realizó la petición hallándose suspendido de sus derechos parlamentarios.

La imposibilidad de acceder a esta prestación económica se justifica doblemente, detalló el medio Europa Press. Por una parte, Ábalos estaba suspendido de todos sus derechos y prerrogativas parlamentarias desde noviembre del año anterior, cuando ingresó en prisión preventiva en el contexto del denominado "caso Koldo", una investigación judicial de supuesta corrupción ligada a adjudicaciones de obra pública. Ello comportó la suspensión de su sueldo y la imposibilidad de votar en la Cámara Baja, así como la privación de otros derechos vinculados al cargo. Por otro lado, la normativa regula que la indemnización por cese corresponde solo a quienes no disponen de otra fuente de ingresos públicos o privados, lo que imposibilita su acumulación con la pensión por jubilación que Ábalos ha solicitado.

La renuncia de Ábalos al acta de diputado, formalizada tras conocerse que el Tribunal Supremo ratificó su ingreso en prisión provisional, no posibilitó la recuperación de los derechos que le había retirado la Mesa del Congreso. Un informe de los letrados de la Cámara baja consultado por Europa Press subraya que la suspensión acordada en noviembre implicaba la supresión de la totalidad de privilegios y beneficios inherentes a la condición de diputado, y no contempla que la renuncia al acta conlleve la restauración de ninguno de esos derechos previamente extinguidos.

El Congreso reconoce esta indemnización por cese a los diputados que, al perder el escaño, no disponen de ingresos alternativos. Equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, en el caso de Ábalos, cuya presencia continuada en el Congreso se prolongó desde abril de 2009, la suma podía superar los 57.200 euros, según Europa Press. Pero tanto el informe jurídico como el reglamento parlamentario establecen que ese beneficio se suspende o interrumpe de inmediato si el beneficiario recibe algún otro ingreso, incluidas pensiones públicas o privadas, y que no se ha admitido este pago a otros parlamentarios en situaciones previas de suspensión.

José Luis Ábalos manifestó públicamente su malestar tras verse apartado de la vida política, afirmando haber quedado “desprovisto de todos sus derechos y deberes y privado de todo ingreso y protección social”, reportó Europa Press. Sin embargo, la posición de la institución ha sido reforzada con el análisis legal y la práctica histórica, que confirma que la indemnización nunca se ha otorgado a diputados suspendidos. Los servicios jurídicos insisten en que el objetivo de la ayuda es amortiguar el tránsito del legislador a la vida profesional privada, y que esa finalidad desaparece si se cuentan con otras rentas o se entra en una situación de jubilación.

La decisión formal de no conceder la indemnización a Ábalos será adoptada por la Mesa del Congreso tras la incorporación de la nueva diputada que le sustituirá, correspondiente a la lista del PSOE por Valencia de las elecciones de 2023, tal como consignó Europa Press.

La última ocasión en que se reconoció el derecho a esta prestación corresponde al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según reportó Europa Press, Cerdán abandonó el Congreso en junio del año pasado, previo a su ingreso en prisión provisional por presunta implicación en una trama de comisiones ilícitas vinculado también al caso investigado a Ábalos. El Partido Popular había planteado objeciones, señalando que Cerdán era propietario del 45% de la empresa Servinabar desde 2016 y argumentando que ello podía suponer incompatibilidad para cobrar la indemnización. Sin embargo, los letrados dictaminaron que tenía derecho a casi 19.000 euros por los seis meses en que mantuvo la condición de diputado, periodo en que cobró la prestación hasta diciembre.

La diferencia esencial entre ambos casos, señala el análisis de Europa Press, radica en que Santos Cerdán entregó su acta antes de la detención y mantuvo intactos sus derechos como diputado en el momento de cesar. Ábalos, por el contrario, solicitó la indemnización cuando ya se hallaba suspendido, lo que excluye expresamente la posibilidad de recibir cualquier prestación asociada al cargo, según el informe de los letrados y la condición reglamentaria de las ayudas a exparlamentarios.

La posible salida de Tim Cook como líder de Apple ha sido uno de los temas más comentados en la industria tecnológica durante los últimos meses. El propio Cook abordó el asunto en una reciente reunión con empleados, donde ofreció algunas pistas sobre su visión del futuro para la dirección de la compañía que ha estado bajo su mando desde 2011.

Qué dijo Tim Cook sobre su salida de Apple

Durante un encuentro con la plantilla, Tim Cook fue consultado de forma directa sobre el tema de la jubilación y la eventual sucesión en la dirección ejecutiva de Apple. El CEO no ofreció una confirmación sobre cuándo se producirá el relevo, pero sí dejó en claro que se trata de una cuestión que ocupa buena parte de sus pensamientos.

“He pasado mucho tiempo pensando en quiénes estarán en la sala dentro de cinco años, diez años. Estoy obsesionado con esto: quiénes estarán en la sala dentro de quince años”, expresó en la reunión.

Cook, que cumplió 65 años el año pasado, reconoció que la jubilación es “algo natural” para cualquier persona que llega a cierta edad. Sin embargo, subrayó que un líder debe anticipar ese momento y asegurarse de que existen planes sólidos para la transición. “Esto es una parte importante del liderazgo: pensar en estas cosas y tener planes preparados”, afirmó el CEO ante los empleados.

En los últimos tiempos, los rumores sobre el retiro de Cook se han intensificado. Informes de medios internacionales sugieren que Apple ya prepara su salida, aunque las fechas concretas siguen en el terreno de la especulación.

Algunos reportes mencionan que el cambio podría darse tan pronto como a comienzos de 2026, aunque otras fuentes consideran improbable que el relevo llegue antes de la mitad de ese año. En cualquier caso, la sucesión es vista como una realidad inminente, aunque Cook no ha confirmado plazos ni ha manifestado una decisión definitiva sobre cuándo dejará el cargo.

Quién sería el remplazo de Tim Cook en Apple

En este contexto de transición, el nombre de John Ternus, vicepresidente senior de ingeniería de hardware, ha emergido como el principal candidato para suceder a Cook en la conducción de Apple.

Ya en los últimos meses, Cook le ha confiado a Ternus responsabilidades clave, como la supervisión de los equipos de diseño de la empresa, un movimiento que muchos analistas interpretan como una señal clara de confianza y una antesala a su posible nombramiento como próximo CEO.

Ternus dirige actualmente todos los esfuerzos de ingeniería de hardware y, según informes recientes, también se ha convertido en el “patrocinador ejecutivo” de todo el trabajo de diseño dentro de Apple. Esta expansión de su ámbito de acción refuerza su posición como el sucesor natural de Cook, aunque la compañía no ha hecho anuncios oficiales al respecto.

La comunidad tecnológica observa estos movimientos como indicios inequívocos de que la sucesión está planificada y en marcha, aunque todavía no se haya concretado públicamente.

Cambios recientes en el equipo ejecutivo de Apple

La salida de varios ejecutivos de alto perfil en Apple también ha sido interpretada como parte del proceso de renovación generacional. Entre las figuras que abandonaron la compañía recientemente se encuentran Jeff Williams, director de operaciones, Lisa Jackson, vicepresidenta de medio ambiente, y Katherine Adams, consejera general. Según Cook, estas salidas estaban previstas y no han supuesto ninguna sorpresa para la dirección.

El directivo, no obstante, evitó referirse a los casos de otros ejecutivos que han dejado la empresa, como John Giannandrea y Alan Dye, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre la gestión interna y los planes de sucesión a diferentes niveles de la estructura corporativa.

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social, entre ellas las de jubilación, incapacidad permanente y viudedad, se han revalorizado este año un 2,7% en función de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Por su parte, las pensiones mínimas y las no contributivas han subido este año más que el IPC, con el objetivo de equiparlas progresivamente hasta 2027 con el 100% del umbral de pobreza en el primer caso y con el 75%, en el segundo.

Las pensiones mínimas han subido un 7,07% a los jubilados con hogares unipersonales y un 11,4% en el caso de las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. También un 11,4% se han incrementado las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Más bruto y menos neto

A pesar de la subida de las pensiones contributivas del 2,7% establecida para este año, algunos jubilados no verán reflejado este incremento en sus nóminas. Todo lo contrario verán cómo el neto que reciben es menor que el que cobraban en diciembre del año pasado.

Esto se explica porque el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es progresivo, con mayor carga fiscal y tipo impositivo cuanto más se gana. Además, “en algunos casos, la subida de la pensión puede haber supuesto que se salte de tramo impositivo de la escala de gravamen y se aplique un tipo marginal mayor”, señalan expertos de BBVA Mi Jubilación.

Además, si aplicando la subida de la pensión de enero, el pensionista supera el importe exento de retención en IRPF, deberá aplicársele la retención a cuenta. Una retención de la que están exentos hasta 17.094 euros brutos anuales, que será el importe del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 si finalmente se aprueba en el Congreso su subida y se publica en el BOE. A toda renta que sobrepase esa cantidad se le aplicará la retención a cuenta.

¿Quiénes cobrarán menos pensión en 2026?

Entre los casos que cobrarán en 2026 una pensión inferior a la que recibían un año antes se encuentran los jubilados que empezaron a recibir la pensión en octubre, noviembre y diciembre de 2025. También recibirán un neto inferior los que “por ser su pensión baja y no tener otros ingresos durante el año o por ser bajos esos ingresos adicionales y ser la suma de todos ellos inferiores al umbral mínimo para aplicar retención a cuenta, no se aplicase esa retención el año anterior. En cambio, en el siguiente ejercicio fiscal ya completo, sí podría estar obligado a soportar la retención, aunque sea en un bajo porcentaje”, indican los expertos de BBVA.

En este supuesto, según apunta la Seguridad Social, la persona percibirá menos dinero líquido al mes durante ese año, pero su pensión bruta aumenta, y eso le beneficia para las sucesivas revalorizaciones anuales, que se irán aplicando sobre la última pensión revalorizada.

Los porcentajes de retención por IRPF que se aplican a las pensiones dependen del su importe, de la edad del pensionistas, ya que los mayores de 65 años tienen una exención hasta los primeros 8.000 euros anuales de rendimientos de trabajo y los mayores de 75 años tienen exentos hasta los primeros 12.000 euros anuales; y del estado civil del pensionista, con deducciones específicas para las personas viudas y si se tienen o no hijos o cónyuge a cargo.

Las retenciones en el IRPF también dependen de la comunidad autónoma en la que resida el pensionista y si este tiene o no un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Según los expertos de BBVA, “percibir una pensión neta menor tras cada revalorización de la pensión es una situación excepcional que casi nunca se produce, sobre todo en el caso de aquellos que son pensionistas desde hace tiempo, salvo que hubiese un cambio en sus circunstancias patrimoniales o familiares”.

Aunque el sistema de pensiones español destaca por su generosidad entre los países del entorno, las dudas sobre su sostenibilidad frente al envejecimeinto poblacional y la pérdida de poder adquisitivo por el encarecimiento del coste de vida despiertan preocupaciones entre aquellos que se encuentran cerca de la edad de retiro. A reveses políticos como la no convalidación este martes de la revalorización del 2,7% de las prestaciones para 2026 se suman desconfianzas en cuanto a la suficiencia de las cuantías. De hecho, una reciente encuesta de Unespa revelaba que solo un 13% de la población confía en que la pensión pública bastará para mantener su nivel de vida tras la jubilación. Sin embargo, la pensión pública media española supera en un 3% el gasto anual estimado para los mayores de 65 años, un dato que sitúa al país en una posición excepcional en el panorama europeo, donde solo otras tres naciones logran este equilibrio entre ingresos por pensión y coste de vida, según DataPulse Research.

De acuerdo con este análisis, la pensión media antes de impuestos en España alcanza los 19.844 euros anuales, mientras que el gasto medio de una persona jubilada se sitúa en 19.349 euros. Esta diferencia a favor del pensionista contrasta con la realidad de la mayor parte de Europa, donde la prestación estatal no cubre completamente los desembolsos necesarios para vivir tras el retiro. Solo Polonia (4%), República Checa (18%) y Rumanía (21%) comparten con España el estatus de “superavitarios”, en un contexto europeo donde el promedio de la pensión pública se reduce a 17.321 euros y buena parte de los países muestra un déficit significativo en la cobertura de gastos.

Este margen positivo adquiere relevancia en un continente donde el envejecimiento es una tendencia marcada: alrededor del 20% de la población europea supera los 65 años, de acuerdo con datos de Eurostat recogidos en el estudio de DataPulse Research. La cuestión de la suficiencia de la pensión cobra así importancia en el debate público, especialmente ante el aumento de la esperanza de vida y la presión sobre los sistemas de bienestar.

La vivienda, el gran condicionante

La distribución del presupuesto de los pensionistas españoles muestra que la mayor parte del gasto se concentra en vivienda, agua, electricidad y gas, que absorben el 38% del total anual. Los alimentos, segunda categoría con más peso, representan el 18%, el transporte el 8% y el ocio el 5%. El peso de la vivienda sobre el gasto de los mayores tiene un matiz particular en España, donde el 80% de los jubilados son propietarios, frente a solo un 20% que reside en alquiler. Esta elevada tasa de propiedad mitiga el impacto de posibles subidas en los precios de las rentas para gran parte del colectivo, pero de estos datos también se desprende que dos de cada diez jubilados están particularme expuestos al fuerte encarecimeinto del mercado del alquiler.

A pesar de la aparente suficiencia de la pensión pública, el riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años supera ligeramente la media europea en España. El informe de DataPulse Research señala que la vulnerabilidad se concentra, sobre todo, en quienes no disponen de vivienda en propiedad, las mujeres jubiladas y los hogares con ingresos más bajos. La exposición al riesgo de pobreza revela que la cobertura de la pensión estatal, aunque suficiente en términos agregados, no garantiza la ausencia de dificultades económicas para todos los perfiles.

Croacia y Eslovenia registran déficits de hasta el 40%

La comparación europea muestra diferencias sustanciales entre países en cuanto a la relación entre pensión pública y coste de vida en la jubilación. En Alemania y Francia, la pensión pública media ronda los 19.000 euros anuales, pero el gasto medio de los mayores supera los 24.000 y 26.000 euros respectivamente.

El estudio de DataPulse Research identifica además un grupo intermedio, donde la pensión pública casi cubre el gasto, como ocurre en Bulgaria y Dinamarca, donde la diferencia negativa entre pensión y gasto es inferior al 10%. Sin embargo, en 24 de los 30 países europeos analizados, los ingresos por pensión pública no alcanzan para cubrir el coste medio de la jubilación. El déficit es especialmente acusado en países como Croacia, donde la pensión pública cubre solo el 60% del gasto estimado para un jubilado, o en Eslovenia y Hungría, donde el desfase ronda el 38-39%.

La revalorización de las pensiones para el año 2026 ya se reflejó en la nómina de enero para cerca de 13 millones de beneficiarios y continuará aplicándose en febrero, ya que la publicación reciente del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) garantiza su vigencia mientras se espera la convalidación parlamentaria en los próximos días. Según informó el medio, las pensiones contributivas y de clases pasivas experimentarán un aumento del 2,7% en 2026, mientras que las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) registrarán subidas superiores, llegando hasta un 11,4% en los casos de mayor vulnerabilidad.

Tal como publicó la fuente, la decisión del Gobierno de separar la revalorización de las pensiones del denominado “escudo social” —incluyendo las medidas sociales en un decreto independiente— contribuyó a asegurar la convalidación parlamentaria de los incrementos. El Consejo de Ministros aprobó el nuevo Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones y su entrada en vigor se produjo con efectos retroactivos desde el 1 de enero, de acuerdo con la publicación del BOE. Tras la reciente caída del anterior decreto ómnibus en el Congreso, apoyada por PP, Junts, Vox y UPN, esta nueva estrategia del Ejecutivo logró el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, incluidos los principales de la Cámara Baja.

El nuevo decreto implica que, a pesar de no haberse convalidado aún formalmente en el Congreso, los pensionistas recibirán el incremento sin interrupciones en sus nóminas de febrero, igual que lo hicieron en enero. La votación final sobre la convalidación, tanto de la subida de pensiones como del escudo social —separados ahora en dos normativas distintas—, se llevará a cabo en la Cámara Alta en los próximos días, según consignó la fuente.

En lo que concierne a la cuantía de los incrementos, el medio detalló que las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026. Ese mismo porcentaje de incremento se aplica al complemento para la reducción de la brecha de género y beneficia a 9,4 millones de personas receptoras de más de 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a los más de 734.000 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, este aumento supone aproximadamente 570 euros más al año para una pensión media de jubilación y cerca de 500 euros adicionales en las pensiones medias del sistema público.

Respecto a las pensiones mínimas, la subida para 2026 es superior al 7%, situándose en un alza del 7,07%. No obstante, este porcentaje asciende al 11,4% en el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, las pensiones de viudedad con cargas familiares, así como para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Las pensiones pertenecientes al Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también se incrementan un 7,07% este año, llegando los importes mensuales para las no concurrentes a 599,60 euros y 582,10 euros para las concurrentes.

La pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años en hogares unipersonales se eleva en 2026 a 13.106,80 euros anuales, frente a los 12.241,60 euros anteriores. En situaciones donde el beneficiario cuenta con cónyuge a cargo, la cantidad anual asciende a 17.592,40 euros frente a los 15.786,40 euros del año anterior. Asimismo, la asignación anual por hijo a cargo —o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65%— alcanza los 5.962,80 euros, y en los casos de discapacidad igual o superior al 75%, sube a 8.942,40 euros, lo que representa un incremento del 2,7%.

El medio puntualizó también que la pensión máxima para 2026 quedó establecida en 3.359,60 euros mensuales, lo que suma 47.034,40 euros anuales. La base máxima de cotización también experimenta una subida hasta los 5.101,20 euros mensuales, un 3,9% más que en el año anterior.

Entre las medidas recogidas en el decreto, se establece la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos para el año 2026. El texto normativo, según reportó la fuente, incluye además la exención para las personas desempleadas de la obligación de presentar la declaración del IRPF, prorroga por 10 años los plazos de devolución de préstamos concedidos a la Seguridad Social y define las tarifas vigentes para la cotización por contingencias profesionales. Se amplía por otro año el permiso para que médicos de familia, pediatras y facultativos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, bajo designación estatutaria o de funcionario, puedan compatibilizar el cobro de la pensión contributiva de jubilación con la actividad profesional.

El decreto incluye la introducción de una cotización adicional para los bomberos y agentes forestales, destinada a avanzar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores específicos. Esto responde a reivindicaciones laborales de estos colectivos, que desempeñan funciones de especial riesgo, según detalló el medio.

En cuanto al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el documento oficial eleva la sobrecotización hasta el 0,9% en 2026 respecto al 0,8% aplicado en 2025, tanto para los trabajadores autónomos como asalariados, sin distinción por nivel salarial. Esta tasa adicional tiene como fin nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones y reforzar la sostenibilidad del sistema, informó el medio.

También se actualizan los tramos de la denominada cuota de solidaridad, una aportación extra para la franja salarial que excede la base máxima de cotización. Mientras en 2025 se aplicaban tasas del 0,92%, 1% y 1,17% según los tramos, para 2026 estos porcentajes progresan a 1,15% para los salarios hasta un 10% sobre la base máxima, 1,25% para el rango entre un 10% y 50% por encima de dicha base y 1,46% para quienes superan este umbral en más de un 50%, según publicó la fuente.

La estructura establecida por el Gobierno para tramitar la subida de las pensiones en un decreto independiente responde a la necesidad de garantizar el cobro continuado de las subidas a millones de pensionistas y perceptores de prestaciones públicas, tras el rechazo previo al decreto que vinculaba la revalorización con otras medidas sociales. Según detalló el medio, la publicación en el BOE y la inminente aprobación parlamentaria aseguran la aplicación retroactiva de los incrementos y la estabilidad de las nóminas mensuales hasta el final del ejercicio 2026.

El Gobierno ha optado por separar la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado escudo social, a diferencia de lo que ocurrió en enero, cuando el Congreso rechazó el decreto ómnibus que las agrupaba. Esta decisión estratégica pretende asegurar los apoyos necesarios para que la medida salga adelante sin dificultades. Las formaciones de derechas han reiterado en varias ocasiones su negativa a apoyar un decreto que incluya también la moratoria de la suspensión de desahucios a familias vulnerables, pero tanto PP como Junts han adelantado que sí votarían a favor de una norma específica para la subida de pensiones en la Cámara Baja.

La convalidación del aumento se votará en los próximos días en el Congreso, pero la previsión es que supere el trámite sin obstáculos. Mientras tanto, la subida ya está vigente por ley, con efecto inmediato sobre los pagos mensuales a los pensionistas. El resto de medidas sociales seguirá un trámite legislativo independiente, evitando interferir con la revalorización.

Cómo quedan las pensiones de febrero

La actualización de cuantías marcada por este decreto es la misma que la planteada en la norma aprobada en diciembre, que pese a no haber sido convalidada en el Congreso ya se aplicó en las nóminas de enero. Por lo tanto, los pensionistas pueden esperar en febrero un ingreso similar al del mes anterior. Además, la norma se aplica de forma retroactiva desde el 1 de enero, por lo que los jubilados no deberán devolver el importe adicional recibido ese mes.

En cocnreto, las pensiones públicas contributivas y de clases pasivas subirán un 2,7%, suponiendo un aumento de unos 570 euros al año para la pensión media del sistema. La pensión máxima se situará en 3.359,6 euros mensuales (47.034,4 euros anuales en 14 pagas), mientras que la pensión media de jubilación alcanzará 1.317,7 euros mensuales, 498 euros más al año. La base máxima de cotización se eleva a 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.

Por su parte, las pensiones mínimas aumentarán un 7,07%, aunque para las que incluyen cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares la subida será del 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En 2026, la pensión mínima de jubilación para titulares de 65 años o más será de 13.106,8 euros anuales en hogares unipersonales y de 17.592,4 euros cuando haya cónyuge a cargo. Los límites de ingresos para acceder a estas pensiones mínimas serán de 9.442 euros al año (sin cónyuge) y 11.013 euros (con cónyuge).

Asimismo, las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizan un 7,07%, alcanzando 599,6 euros mensuales en el caso de las no concurrentes y 582,1 euros en las concurrentes. Las asignaciones por hijo a cargo o menor con discapacidad también aumentan, llegando a 5.962,8 euros al año para discapacidades de más del65% y 8.942,4 euros para discapacidades superiores al 75%, un 2,7% más que en 2025.

La moratoria antidesahucios entra en vigor mañana

El Gobierno también ha publicado hoy en el BOE el Real Decreto-ley del escudo social, que entra en vigor mañana y recoge medidas de vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. Entre las principales disposiciones se incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un ‘fondo buitre’. Además, se mantienen los bonos sociales de agua y energía y se refuerzan las ayudas directas a comunidades afectadas por la DANA.

Aunque la subida de pensiones también requiere convalidación en el Congreso, se espera que obtenga respaldo, a diferencia del escudo social, cuyo futuro parlamentario es más incierto. Junts ya ha anunciado que votará en contra, al considerar insuficiente la protección a los pequeños propietarios, lo que obligará al Ejecutivo a buscar pactos para garantizar su aprobación.

Un giro reciente en la jurisprudencia colombiana ha fortalecido la protección laboral de los trabajadores prepensionados, consolidando su derecho a la estabilidad en el empleo en la recta final hacia la jubilación.

Esta decisión, tomada por la Corte Suprema de Justicia, obliga a las empresas a extremar la precaución antes de considerar cualquier despido para quienes se encuentran próximos a pensionarse.

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La estabilidad laboral reforzada es un mecanismo que protege a ciertos trabajadores frente a despidos sin causa justificada. Este amparo cobra especial relevancia en el caso de los prepensionados, grupo que históricamente ha enfrentado riesgos de desvinculación justo cuando más vulnerables se encuentran para reincorporarse al mercado laboral.

El reciente pronunciamiento del Alto Tribunal, plasmado en la Sentencia SL-2600 de 2025, marca un cambio relevante: los empleados que ya han cumplido con las semanas mínimas de cotización, pero aún les falta alcanzar la edad requerida para pensionarse, también quedan protegidos por el fuero de prepensión.

Hasta ahora, la interpretación dominante solo extendía este blindaje a quienes debían completar ambos requisitos dentro de los tres años previos a la pensión.

Este nuevo enfoque implica que todos los trabajadores que estén a menos de tres años de cumplir la edad de retiro legal, sin importar si ya tienen las semanas cotizadas o el capital necesario, podrán exigir estabilidad en su empleo.

En la práctica, esto incluye a mujeres que hayan cumplido 54 años y a hombres desde los 59, siempre que se encuentren a menos de tres años de la edad pensional.

La Corte Suprema sostiene que estos trabajadores enfrentan obstáculos significativos para conseguir un nuevo empleo, debido a su cercanía con la jubilación.

Además, corren el riesgo de perder acceso a servicios fundamentales como la seguridad social, la salud y la protección de sus familias. El fallo subraya que el periodo previo a la pensión es clave para garantizar una transición armoniosa y sin sobresaltos hacia el retiro.

La nueva doctrina judicial, además de ampliar el alcance del fuero, refuerza la obligación de los empleadores de solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo antes de desvincular a cualquier prepensionado.

El despido sin este trámite puede ser declarado ineficaz, y la compañía estaría obligada a reintegrar al trabajador y pagar todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como posibles indemnizaciones adicionales.

Cabe destacar que la figura del fuero de prepensión tiene raíces en el principio de igualdad y en el derecho a la seguridad social. Además de los prepensionados, la legislación laboral colombiana reconoce varios grupos de trabajadores que cuentan con un blindaje especial frente al despido.

Las mujeres embarazadas encabezan la lista de empleados protegidos. Ningún empleador puede terminar el contrato de una trabajadora por motivo de gestación, ni de forma directa ni indirecta. Solo una causa objetiva comprobada, sumada a la aprobación previa del Ministerio del Trabajo, puede justificar la desvinculación en este caso.

La protección se extiende también a las madres en periodo de lactancia o posparto. La normativa actual ha ampliado este fuero, cubriendo a las trabajadoras hasta que el hijo cumpla dos años, siempre que la madre continúe en etapa de lactancia.

Otro grupo relevante son las personas con discapacidad o con enfermedades graves. Los empleados que presentan limitaciones físicas, mentales, sensoriales, o padecen afectaciones de salud severas, reciben una protección reforzada.

Los trabajadores con fuero sindical cuentan con una estabilidad especial derivada de su rol como representantes de los empleados o miembros activos de sindicatos. El objetivo es evitar represalias y proteger la libertad de asociación. Despedir a un sindicalista sin el aval judicial correspondiente constituye una infracción grave a la normatividad.

La legislación también acoge a madres o padres cabeza de familia. Este fuero busca evitar que el despido del único sostén económico de un hogar afecte directamente a hijos menores o familiares dependientes. El análisis para autorizar la desvinculación debe ser riguroso y considerar el impacto social del acto.

Finalmente, la protección se aplica a trabajadores diagnosticados con ansiedad, depresión u otras condiciones de salud mental. Cualquier despido por estas causas, o por las consecuencias derivadas (como incapacidades frecuentes), debe contar con el permiso expreso del Ministerio del Trabajo.

El Gobierno volverá a llevar al Congreso de los Diputados la revalorización del 2,7% prevista para las pensiones en 2026, esta vez a través de un decreto en solitario que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. Tras el rechazo en el pleno de la pasado martes del decreto ‘ómnibus’ que agrupaba la subida de prestaciones de los jubilados con otras iniciativas del denominado escudo social, el Ejecutivo ha optado por separar las pensiones de la medidas más polémicas, según adelantan fuentes oficiales a Europa Press.

El Congreso tumbó el pasado martes 27 de enero el paquete de medidas con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que citaron la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional como el motivo detrás de su negativa. Sin embargo, PP y Junts ya habían adelantado su disposición a apoyar el incremento de pensiones en caso de presentarse como una norma específica sin depender de la moratoria.

Esta vez, el Consejo de Ministros dividirá en dos el decreto, aprobando una primera norma que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones, otras prestaciones y la congelación de cuotas para autónomos, y una segunda con el resto de medidas del escudo social. Ambas leyes provisionales deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia.

Medidas contra desahucios de fondos buitre

Sumar ha lamentado la decisión, argumentando que separar los dos decretos facilita el voto en contra de la derecha a la moratoria de desahucios, aunque reconocen que el PP “ya no tiene excusas” para rechazar la subida de pensiones. Sobre el escudo social, que se llevará en bloque a la Cámara Alta, el partido liderado por Yolanda Díaz ha recalcado que el Congreso deberá decidir “si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia" y que “no hay que elegir entre vivienda o pensiones”.

El PNV ha anunciado este martes su intención de respaldar la moratoria antidesahucios tras pactar con el Gobierno que los propietarios con una sola vivienda en alquiler no estén obligados a ofrecer alternativas habitacionales a inquilinos vulnerables y que esa obligación recaiga en los servicios sociales competentes. Además de extender la protección a pequeños tenedores y propietarios en situación de vulnerabilidad, el decreto del escudo social incluye salvaguardas para los hogares vulnerables que se enfrenten a desahucios en viviendas propiedad de fondos buitre o grandes tenedores.

Ahora, la convalidación la suspensión de lanzamientos y el resto de medidas de protecciones a familias vulnerables dependen de Junts, cuyo voto en contra impediría al Gobierno lograr la mayoría parlamentaria necesaria. El grupo catalán había impuesto como condición para su ‘sí’ que el escudo social contemplase la situación de los pequeños propietarios, en línea con el acuerdo alcanzado entre PNV y Moncloa.

Vox no garantiza su apoyo a las pensiones

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, advierte de que su partido no dará apoyo automático al nuevo decreto sobre pensiones. La representante de Vox asegura que la formación de derechas esperará a conocer el contenido exacto de la norma antes de decidir el voto. “No nos fiamos nada en absoluto del Gobierno“, ha explicado Millán. Desde Vox acusan al Gobierno de manipular el debate para presentar a la derecha como contraria a los intereses de los pensionistas y de utilizar a los pensionistas “a su antojo”. “Eso es reírse de los pensionistas”, concluye la portavoz.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que la maniobra política supone “una confesión de culpabilidad” por parte del Gobierno. Según expresó en un mensaje en la red social X (antes Twitter), este cambio de estrategia demuestra que “fueron ellos, y no otros, quienes pusieron en peligro la revalorización de las pensiones” y “usaron a los pensionistas como rehenes”.

El desacuerdo político deja sin efecto la subida de las pensiones

La decisión inicial de no aprobar la subida recuerda al rechazo parlamentario al incremento de pensiones de 2025 por haberse llevado ante el Congreso en otro decreto ‘ómnibus’. La caída de la norma pone en riesgo de desgaste político a los partidos de la oposición, que se niegan a convalidar la subida que blinda el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación, pero también para el Gobierno, que condiciona este incremento a medidas con menor consenso social. Las formaciones que votaron en contra caracterizan la suspensión de lanzamientos como una protección adicional a los ‘okupas’, mientras desde el PSOE les acusan de no defender los intereses de los pensionistas.

Ahora, el Ejecutivo busca acuerdos con los grupos parlamentarios que permita llegar al día 10 de febrero, fecha límite para que la subida de pensiones se vea reflejada en la nómina de este mes, con el decreto que contempla la subida en vigor. Los pensionistas ya se beneficiaron de este incremento en enero, pero la derogación de la norma pone en peligro el ingreso de febrero.

Más allá de la suspensión de desahucios y el incremento de pensiones, el rechazo del real decreto ley en el Congreso dejó sin efecto medidas sociales y económicas como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la aprobación de un nuevo incremento para 2026 y la congelación de cotizaciones para autónomos. Además, se incluían la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables, descuentos en el bono social eléctrico, ayudas a afectados por la DANA e incendios y ventajas fiscales para eficiencia energética y vehículos eléctricos.

El plan del Gobierno colombiano para repatriar cerca de $177 billones en ahorros pensionales en los próximos cinco años podría comprometer la sostenibilidad fiscal y recortar significativamente el valor de las pensiones futuras, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, citado por El Tiempo. Esta medida, que busca reducir progresivamente la inversión de los fondos de pensiones en el exterior desde el 49% actual al 30% en 2030, se presenta en un contexto de crecientes desafíos para el equilibrio financiero del sistema pensional.

El documento advierte que esta estrategia forzaría la destinación de hasta el 69% de los ahorros previsionales colombianos al mercado local a partir de 2028, en comparación con el 51% vigente. Al mismo tiempo, el órgano de control destaca la incertidumbre sobre la capacidad del país para generar proyectos nacionales que absorban estos recursos, lo que podría incrementar la vulnerabilidad del ahorro de los trabajadores.

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El borrador de decreto propone una transición: el límite para inversiones en el exterior se situaría en 35% durante los primeros tres años, cayendo al 30% en 2030. En la práctica, esto implica repatriar $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones en 2030.

A su vez expresa la preocupación de la entidad sobre el peso adicional que esta reforma impondría a las finanzas públicas. La Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, podría provocar un descenso en el número de afiliados activos a partir de 2037 en paralelo con un aumento de pensionados. Esto incrementaría el déficit actuarial, especialmente porque Colpensiones se financia bajo un modelo de reparto, lo que exigiría mayores transferencias estatales para cubrir obligaciones entre 2037 y 2052.

La respuesta de Petro al informe de la Contraloría

En reacción a la alerta de la Contraloría General de la Nación, el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó, en sus redes sociales, varios puntos del informe, señalando que el máximo órgano de control fiscal del Estado hizo un análisis erróneo de la situación.

“Está equivocada la Contraloría. Primero porque los fondos de ahorro pensional jamás debieron salir del país sin el consentimiento, en inversiones que la Contraloría debería ayudar a Investigar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En su análisis, Petro expuso que sumado a las malas decisiones sobre los fondos de ahorro pensional, las trabas a sus reformas en el Congreso y la no aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) causaron las crisis económica a la que se enfrenta el país.

“Segundo, porque dada la actitud del banco de la república, las comisiones económicas del Congreso y el magistrado ponente de la Corte constitucional, al impedir nuevos ingresos al presupuesto originados en los megarricos, nos lleva a una crisis de deuda que puede, de manera inminente, convertirse en crisis financiera que es la antesala de la crisis real de la economía (sic)”, sentenció el mandatario.

En consecuencia, señaló que el Gobierno nacional utilizará los fondos de ahorros pensionales con el fin de atraer inversión y mejorar la productividad del país.

“Para afrontarla hay que estimular la inversión productiva, y traer la financiación de la inversión productiva al país es fundamental. No traerla se llama suicidio en las actuales circunstancias Que ¿en qué se va a invertir, dice la Contraloría, el ahorro de los trabajadores? Pues siendo ahorro de largo plazo, la inversión debe ser de largo plazo y sustentar el incremento permanente de la productividad real del trabajo. Solo el incremento permanente de la productividad sustenta el pago de la deuda y el pago de las pensiones (sic)”, explicó el presidente Petro.

Y agregó: “En este caso el pago de la deuda no se debe sustentar con el ahorro de los trabajadores ni de funda, maldito el que lo haga, sino que al reducir los pagos del gobierno a Colpensiones, disminuye sustancialmente el déficit primario, y ese es el gran daño que ha hecho el magistrado Ibáñez reteniendo en sus manos la ejecución de una ley dos veces aprobada”.

Con respecto a la financiación de la deuda del país sostuvo que inyectarán recursos en varios sectores productivos, citando fibra optica; ferrocarriles electricos, café, entre otros.

“Es inversión de largo plazo no pago de deuda, lo que se debe hacer ¿Qué inversiones de largo plazo?: fibra óptica e infraestructura de alta capacidad de computación, ferrocarriles eléctricos modernos aaque ya están en factibilidad, hay que abrirlos a inversiones privadas en asociación con el estado, pero bajo control estatal, y agua potable y sostenibilidad del agua. Inversiones en industrialización del café y vehículos eléctricos. Inversiones en oro que desde el principio debieron hacer los fondos privados en oro nacional y oro del mundo”, concluyó el gobernante de los colombianos.

"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano", expresó José Luis Ábalos en una publicación en la red social X, gestionada por su entorno, señalando que ha sido privado de todo ingreso y protección social. El exministro socialista, actualmente en prisión provisional por el denominado 'caso Koldo', comunicó que optará por la jubilación luego de perder sus derechos como diputado y ante la incertidumbre sobre la recepción de la indemnización que le habría correspondido tras abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados, tal como reportó Europa Press.

Ábalos, quien cumplirá 67 años este año, fundamentó su decisión en las dificultades para acceder a la prestación parlamentaria tras haber sido suspendido de sus derechos como diputado tras la decisión de la Mesa del Congreso en noviembre pasado. Esta suspensión, motivada por su ingreso en prisión preventiva, le dejó sin recibir salario y sin la capacidad de votar, según señalaron fuentes parlamentarias a Europa Press. El propio exdiputado explicó públicamente que, al verse desprovisto de ingresos, se ha visto forzado a recurrir al retiro para cubrir las necesidades de su familia y afrontar los gastos judiciales de su defensa.

La indemnización por cese, equivalente en la práctica a una prestación por desempleo para diputados, está regulada para quienes han permanecido al menos dos años en el Congreso y renuncian a su acta, siempre y cuando no cuenten con otros ingresos públicos o privados. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, esta compensación equivale a una mensualidad de la asignación constitucional de los diputados por cada año de servicio en el Parlamento o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. En el caso de Ábalos, quien ostentó el escaño de manera ininterrumpida desde abril de 2009, la suma a la que podría haber accedido superaba los 57.000 euros, según la última actualización de asignaciones.

Sin embargo, la concesión de dicha prestación depende de la Mesa del Congreso y, en el caso de Ábalos, existían dudas sobre si seguía conservando el derecho a solicitarla, dada la suspensión de sus derechos como diputado. La institución ya había determinado el cese de su salario y la imposibilidad de ejercer voto cuando se encontraba en prisión preventiva, lo que ponía en entredicho su acceso a la indemnización, según detalló Europa Press. Al acogerse a la jubilación, Ábalos confirma de hecho que no solicitará esta indemnización parlamentaria, la cual resulta incompatible con la condición de pensionista.

El medio Europa Press destacó el precedente de Santos Cerdán, también ex secretario de Organización del PSOE, quien fue el último diputado en acceder a la indemnización por cese tras dejar su escaño antes de ingresar en prisión provisional, investigado en la misma trama de cobro de comisiones por la concesión de obra pública en la que figura Ábalos. En esa ocasión, la percepción del 'finiquito' por parte de Cerdán fue objeto de controversia después de que el Partido Popular solicitara que la Mesa del Congreso bloquease su acceso al pago alegando que el exdiputado había ocultado la propiedad de parte de una empresa. Sin embargo, tanto el PSOE como Sumar respaldaron el desembolso amparados en un informe de los servicios jurídicos del Congreso, que confirmó su derecho a percibir casi 19.000 euros en concepto de indemnización, cantidad que Cerdán cobró durante seis meses.

La base de esta diferencia entre ambos casos radica en que, mientras Cerdán abandonó voluntariamente el escaño antes de su ingreso en el centro penitenciario de Soto del Real y conservó sus derechos parlamentarios hasta ese momento, Ábalos enfrentó la suspensión de todos sus derechos al encontrarse ya en situación de prisión preventiva al momento de la decisión de la Mesa del Congreso, según detalló Europa Press.

La renuncia de Ábalos a solicitar la prestación parlamentaria y su paso a la jubilación reflejan un escenario particular en el que la suspensión de derechos y deberes parlamentarios condiciona el acceso a mecanismos de protección social previstos para los representantes públicos al final de su mandato. Europa Press consignó que el exministro, ante la ausencia de ingresos y protección social, comunicó en redes sociales la imposibilidad de atender compromisos familiares y financieros sin acogerse a la pensión.

En su mensaje difundido a través de X, Ábalos expresó que la situación supone el cumplimiento de los objetivos de sus adversarios políticos, manifestando: "¡Objetivo conseguido!". La secuencia de acontecimientos destaca el impacto de los procedimientos internos del Congreso sobre las condiciones económicas de los parlamentarios en situaciones de crisis y cese involuntario, según la reconstrucción informativa de Europa Press.

Aunque la mayoría de pensionistas ya han percibido la actualización correspondiente a enero, la votación del Congreso ha hecho que la medida pierda validez legal, lo que podría revertir los aumentos en pagos futuros si no se aprueba una nueva norma. En la sesión de este martes, la votación parlamentaria ha concluido con los 173 votos a favor del Gobierno y sus socios en minoría frente a los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts.

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Los argumentos de los partidos de la oposición para negarse a aprobar la subida giran en torno al resto de medidas del paquete, que incluyen el bono social eléctrico, la prohibición al corte de suministros y la prórroga de la moratoria de desahucios a familias en situación de vulnerabilidad. Este último punto ha sido el más polémico para los PP y Junts, que instan al Gobierno a proponer al Congreso la revalorización de pensiones en solitario y no aprovechar para introducir otras iniciativas que no se aprobarían de otra forma. Mientras, el Ejecutivo reclama al resto de formación que priorice mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a sus intereses partidarios.

Los pensionistas esperan un acuerdo para febrero

La negativa de la oposición a ligar el aumento de las pensiones a otras medidas sociales no es nueva y recuerda a la situación que se dio en enero de 2025, cuando PP, Junts y Vox rechazaron el decreto que incluía la revalorización de las prestaciones por su desacuerdo con el resto de iniciativas del paquete. Entonces, la reacción negativa en la opinión pública forzó a Alberto Nuñez Feijóo a rectificar y los populares terminaron por dar su ‘sí’ a otro decreto omníbus presentado por el Gobierno en semanas posteriores. En este se volvía a plantear el incremento de las pensiones eliminando algunas de las otras propuestas, aunque se mantenían varias de las iniciativas que más tensión política habían generado.

Así, el enfrentamiento entre los dos partidos no tuvo efecto en el bolsillo de los pensionistas, que llegarón a la fecha de pago de febrero con el decreto convalidado. El Gobierno podría repetir estrategia en 2026 y confiar en que el PP acabe cambiando de posición en votaciones posteriores del mismo decreto o de una versión troceada del paquete en el que se agrupe con medidas más asequibles para la oposición. La decisión de no llevar la subida de pensiones en solitario al Congreso pese a contar con apoyos para convalidarla por esa vía también puede pasar factura al Ejecutivo, que podría decantarse por presentar la medida separada del escudo social.

La falta de consenso puede revertir la subida

El Gobierno tiene la potestad de volver a aprobar un nuevo decreto-ley con la revalorización de pensiones en solitario o con otras medidas en el Consejo de Ministros, pero la norma debe ser convalidada después por el Congreso para no perder su validez legal. Por eso, se presenta un escenario en el que la negociación política será clave y el Ejecutivo socialista puede hacer efectivo de nuevo el aumento en las nóminas hasta que se tumbe de nuevo en su paso por el hemiciclo a menos que se llegue a un acuerdo con el resto de formaciones.

Aunque cualquiera de estos casos supone incertidumbre e inquietud para los pensionistas, la posibilidad que más preocupa al colectivo es llegar a la fecha del próximo pago, normalmente en los útlimos diez días del mes de febrero, sin una subida vigente por decreto ni un acuerdo definitivo por el ‘sí’ en el Congreso. Si el Gobierno no encuentra una solución en las semanas siguientes, los beneficiarios de pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social cobrarán el importe correspondiente a 2025, que no contempla la pérdida de poder adquisitivo por la evolución de la inflación en los últimos doce meses. Esta realidad se mantendría hasta que el Ejecutivo logre el consenso parlamentario. Sin emabrgo, la actualización retroactiva de las cuantías a partir de enero debería compensarse después.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en 1.363,4 euros mensuales en enero, lo que supone un incremento interanual del 4,5%, tras la aplicación de la revalorización aprobada por el Gobierno. La actualización de las cuantías ha sido incorporada ya en la nómina de este mes y beneficiará a más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a 736.000 pensiones de clases pasivas.

La revalorización general aplicada es del 2,7%, conforme al mecanismo de actualización vinculado al IPC medio previsto en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021. En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, el incremento es superior y oscila entre el 7% y el 11,4%, según los supuestos, incluyendo las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares.

Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la subida supone un aumento aproximado de 500 euros anuales en la pensión media del sistema, mientras que en el caso de la pensión media de jubilación el incremento se sitúa en torno a 570 euros al año.

Evolución de las pensiones y cuantías medias

La pensión media de jubilación alcanza en enero los 1.563,6 euros mensuales, una cifra que perciben más de 6,6 millones de personas, lo que representa a más de dos tercios del total de pensionistas. Por regímenes, la cuantía media en el Régimen General se sitúa en 1.724,1 euros al mes, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos asciende a 1.054,4 euros. En el caso de la Minería del Carbón, la pensión media es de 2.993,2 euros, y en el Régimen del Mar, de 1.728,1 euros.

La pensión media de viudedad se situó en 971,9 euros mensuales, mientras que la cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema alcanzó los 1.678,6 euros al mes, según los últimos datos disponibles correspondientes a noviembre.

La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 14.250,7 millones de euros, de los cuales el 73,1% corresponde a pensiones de jubilación, con un importe de 10.424 millones de euros. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.282,6 millones, mientras que la nómina de incapacidad permanente ascendió a 1.320,6 millones, la de orfandad a 185,1 millones y la de prestaciones en favor de familiares a 38,3 millones.

Cambios en el patrón de jubilación

Los datos del Ministerio reflejan una transformación progresiva en el acceso a la jubilación tras las reformas introducidas en los últimos años. Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 375.324 nuevas altas de pensiones de jubilación, con un descenso significativo de las jubilaciones anticipadas.

Las jubilaciones anticipadas representaron el 27,9% del total de nuevas altas, frente al 40% que suponían antes de la reforma de 2021. En paralelo, las jubilaciones demoradas alcanzaron el 10,9%, más del doble del 4,8% registrado en 2019. Como resultado de este cambio de comportamiento, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa actualmente en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Complemento de brecha de género y Clases Pasivas

En enero, 1.324.934 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las cuales el 78,9% corresponde a mujeres. El importe medio mensual de este complemento es de 77,04 euros, con una cuantía fija por hijo de 33,20 euros mensuales.

En el ámbito de clases pasivas, la nómina mensual asciende a 3.378,24 millones de euros, con un crecimiento interanual del 5,4%. El número de pensiones en vigor se situó en 736.075, lo que supone un aumento del 2% respecto al año anterior.

Junts registró una proposición de ley que contempla exclusivamente la revalorización de las pensiones para 2026, con el argumento de que la protección a los pensionistas debe debatirse de forma aislada y transparente. Según informó Europa Press, la formación independentista catalana criticó al Gobierno central por incluir la subida de las jubilaciones dentro de un decreto ómnibus que también reúne otras disposiciones sociales. Este paquete legislativo, que será sometido a votación en el Pleno del Congreso, carece por el momento de los apoyos suficientes para su convalidación.

El decreto, conocido como prórroga del escudo social, integra la actualización de las pensiones en un 2,7% de manera general para el próximo año, así como diversas medidas de protección para colectivos vulnerables. Entre estas, figura la extensión de la prohibición de desahucios y la interrupción del suministro de agua, luz y gas para aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, Junts expresó su desacuerdo con este método de tramitación, al considerar que se fuerza la aprobación conjunta de iniciativas que responden a intereses y problemáticas distintas.

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, condenó lo que describió como una utilización de los pensionistas como “chantaje político” por parte del PSOE. Nogueras afirmó, citada por Europa Press, que “el PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable”. En la visión de Junts, la práctica de agrupar disposiciones dispares en un solo decreto representa una táctica reiterada del partido gobernante para condicionar el voto sobre temas sensibles.

Europa Press señaló que este contexto no es nuevo en el Congreso. Hace un año, la formación independentista, sumando sus votos a los del Partido Popular y Vox, contribuyó a la derogación de otro decreto ley ómnibus. En esa ocasión, distintas fuerzas políticas consiguieron frenar la aprobación de un paquete normativo que agrupaba materias consideradas inconexas.

Respecto a las restricciones al desahucio incluidas en el decreto, Junts manifestó una preocupación adicional. Según recogió Europa Press, la formación sostiene que las limitaciones para desalojar a personas por ocupación o impago de alquiler “castigan a pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente”. Este planteo introduce el debate sobre el impacto de las políticas sociales en diversos perfiles de la población, como los jubilados que dependen de ingresos adicionales.

La proposición de ley registrada por Junts propone asegurar una actualización del 2,7% para todas las pensiones con carácter general, aplicándose retroactivamente a partir del 1 de enero de 2026. El texto presentado por el grupo incluye tanto las pensiones contributivas como las no contributivas y, además, contempla la mejora de las principales prestaciones sociales. Según defendió Miriam Nogueras, “la revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver”, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La discusión de este decreto en el Pleno del Congreso ha sido marcada por la incertidumbre parlamentaria, ya que el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría necesaria para su convalidación. Europa Press detalló que la existencia de tensiones previas entre el Gobierno y diversos grupos, incluyendo Junts, ha configurado un escenario de negociación complejo, en el que el respaldo a las medidas sociales puede depender de la formulación y contenido específicos de los textos legales sometidos a votación.

La estrategia seguida por Junts busca que el incremento de las prestaciones para jubilados y pensionistas quede exento de otras medidas que afectan a diferentes sectores sociales, argumentando que este enfoque facilita la transparencia y el control parlamentario sobre asuntos que impactan de manera directa en cientos de miles de personas. La formación ha insistido, según reportó Europa Press, en que iniciativas tan relevantes como la mejora de las pensiones no pueden quedar vinculadas a cuestiones ajenas por razones de conveniencia política.

La primera vez que oí hablar sobre planificar la vejez tenía seis años. Mi abuela nos daba a cada una, como regalo de inicio de clases, la Libreta de Ahorro Postal que decía en su primera página: “Infancia previsora, vejez tranquila”. En cada cumpleaños sumaríamos una estampilla y así, nos decía, tendríamos la vida asegurada. Era una pedagogía simple de la anticipación: pensar el futuro cuando todavía parecía lejano.

La libreta se perdió en algún recodo de las mudanzas y de la vida. El segundo recuerdo que tengo asociado a la palabra jubilación es de los años noventa, cuando se privatizó el sistema. Yo tenía veintipico, trabajaba en la redacción de Página/12 y alguien pasó preguntando si elegíamos ir al sistema privado o quedarnos en el de reparto. No solo no tenía la menor idea de qué era lo mejor: no me importaba. La jubilación era algo que les pasaba a los viejos y para eso faltaba una vida. Reparto, dije, y me saqué el tema de encima. No había urgencia, ni cálculo, ni conciencia de largo plazo.

Hace unos días cumplí sesenta y festejé. Mucho. Festejé de verdad: con amigas, familia, risas, baile y esa sensación extraña de estar entrando en una etapa que durante años imaginé como un borde y hoy se parece más a una meseta larga, abierta, todavía llena de proyectos. Días después presenté los papeles de la jubilación. Treinta y dos años de aportes, un lujo en este país. El primer aporte lo hizo la Universidad de La Plata cuando yo tenía 24 años y era docente auxiliar. Docente, periodista, funcionaria: un largo camino. Todo en regla. Un trámite administrativo, pensé. Algo que se hace mientras se sigue trabajando, escribiendo, armando lo que viene. Como si el futuro pudiera seguir improvisándose.

Pero casi al mismo tiempo llegaron dos mails. El primero, de la prepaga: aumento cercano al cincuenta por ciento. No por una internación, no por un cambio de plan, no por una prestación nueva. Por edad. O, dicho sin eufemismos, por riesgo. El segundo, del seguro de vida: la cuota también subía y la cobertura se cortaba a los 75. Después de eso, nada. Como si a partir de ahí la vida quedara fuera de contrato. No era una advertencia dramática, era algo más inquietante: una señal de que el tiempo de no planificar se había terminado.

Sigo trabajando. Sigo generando ingresos. Sigo imaginando proyectos que no entran en la lógica del “retiro”. Pero algo se ordenó. No por miedo ni por angustia, sino por claridad. El sistema —ese entramado de jubilación, salud y seguros— empezó a mirarme distinto. No como alguien que produce, sino como alguien que puede costar. Y cuando eso ocurre, anticiparse deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad.

Lo que me pasó no es una anécdota privada. Es demografía, y también es política pública.

En Argentina, según datos del INDEC, más del 12% de la población ya tiene 65 años o más, y las proyecciones oficiales indican que esa proporción crecerá con rapidez hasta ubicarse entre el 16 y el 17% hacia 2040. América Latina, advierte la CEPAL, está cerrando el bono demográfico: habrá cada vez menos personas activas sosteniendo a más personas mayores. La región envejece más rápido que Europa, pero con menos ingresos, mayor informalidad laboral y sistemas previsionales frágiles. En ese contexto, no anticipar es una forma de negar la realidad.

Durante décadas, la jubilación fue pensada como el final de la cuenta: un ingreso modesto pero estable para un tramo relativamente corto de la vida. Ese supuesto ya no existe. Para millones de personas, jubilarse abre veinte, veinticinco o treinta años más de vida, un tiempo demasiado largo como para atravesarlo sin planificación económica, sanitaria y social.

Lo que en mi mail aparece como “aumento”, en la macro aparece como problema económico global. En los últimos años, el Financial Times viene señalando que el principal impacto económico de vivir más años ya no está en el sistema previsional sino en el costo creciente del cuidado y de la salud prolongada. En su cobertura sobre envejecimiento y finanzas públicas, advierte que las economías están relativamente mejor preparadas para pagar jubilaciones que para sostener décadas de dependencia funcional. Es decir: el problema no es llegar, sino cómo se llega.

El verdadero costo de envejecer no está en el ocio ni en los viajes que alimentan la fantasía publicitaria de la “edad dorada”. Está en la salud sostenida y, sobre todo, en los cuidados. La diferencia entre una vejez autónoma y una vejez dependiente no es solo física: es económica. Y esa diferencia, cuando no se anticipa, se paga caro.

Los datos lo confirman. La Organización Panamericana de la Salud señala que en América Latina el gasto de bolsillo en salud sigue siendo elevado —en torno al 20 o al 30% del gasto total en salud, según el país— y tiene un impacto regresivo: pesa más en los hogares con personas mayores. Al mismo tiempo, la OCDE advierte en su informe Health at a Glance que el cuidado de largo plazo ya representa entre el 1,7 y el 2% del PBI en los países envejecidos y que ese gasto se duplicará o más hacia 2050. La anticipación, en este escenario, no es solo individual: es un desafío de planificación estatal.

La vejez no quiebra por la jubilación. Quiebra por los cuidados.

Esa misma idea aparece desarrollada en un dossier de The Economist sobre sociedades envejecidas, donde define a la brecha de cuidados como uno de los grandes desafíos económicos del siglo XXI: un problema que combina presión fiscal, desigualdad social y agotamiento de las familias, y que sigue siendo tratado como un asunto privado más que como infraestructura básica. Postergar esa discusión es, también, una forma de no planificar.

En los países que envejecieron antes, el cuidado es una política pública. En América Latina, en cambio, casi no existe como sistema. El Banco Interamericano de Desarrollo muestra que la dependencia funcional se dispara a partir de los 80 años y que, ante la ausencia de cobertura pública, el costo se privatiza en los hogares. Allí donde no hubo anticipación estatal, aparece la urgencia doméstica.

Cuando no hay política pública, hay reparto desigual. ¿Qué pasa entonces cuando aparece la dependencia? Pasa lo que vemos todos los días: el cuidado recae en las familias y, dentro de ellas, casi siempre en las mujeres. Hijas que reducen horas de trabajo, parejas que reorganizan su vida, ahorros que se evaporan pagando cuidadoras, enfermeras, medicamentos. Es una transferencia silenciosa de tiempo, dinero y salud emocional que podría haberse atenuado con planificación colectiva. El cuidado es la crisis invisible de la mediana edad y la vejez: trabajo esencial, no remunerado y poco reconocido, que define trayectorias de vida enteras, pero rara vez entra en las cuentas económicas tradicionales.

La evidencia académica va en la misma dirección. Un trabajo publicado en el Journal of Health and Social Behavior y citado por organismos internacionales muestra que el mayor impacto económico del envejecimiento no está asociado a la edad cronológica, sino a la pérdida de autonomía y a la necesidad de cuidados prolongados. Cuando esos cuidados no están cubiertos por sistemas públicos o seguros específicos, el costo se traslada a las familias, profundizando desigualdades y acelerando procesos de empobrecimiento. La anticipación es, aquí, una herramienta de justicia social.

Los hogares que no son pobres pero tampoco ricos quedan especialmente expuestos cuando aparece la dependencia: seguros que no cubren cuidados prolongados, ahorros que se consumen rápido y decisiones que llegan tarde. El cuidado de largo plazo aparece allí como el gasto menos planificado y el más devastador para la estabilidad económica del hogar.

En Argentina, estas preguntas aparecen con fuerza a partir de los 60. La prepaga se encarece, la antigüedad se vuelve clave, la posibilidad de cambiar de plan se reduce. El paso a una obra social o a PAMI puede ser una decisión elegida o una imposición económica. En cualquiera de los casos, marca trayectorias muy distintas de envejecimiento. Bancos, aseguradoras y prepagas siguen diseñando productos para una vejez corta, cuando el tramo más caro de la vida empieza después de los 80. La OCDE habla de riesgo de longevidad subasegurado: las personas viven más tiempo del que sus recursos y coberturas pueden sostener. Anticipar ese riesgo no es filantropía: es diseño económico en serio.

Pero hay una trampa en pensar la vejez solo como un problema individual. Porque aunque cada persona haga todo “bien”, el resultado depende de sistemas más amplios: sistemas previsionales hoy tensionados, sistemas de salud fragmentados y una ausencia casi total de políticas de cuidado. La CEPAL lo plantea con claridad: el envejecimiento en América Latina ocurre en contextos de alta desigualdad y sin sistemas de cuidado consolidados. Sin planificación pública, la planificación individual no alcanza. Sin una red pública de cuidados robusta, la longevidad tiende a ampliar la desigualdad y a sobrecargar a las familias, un escenario que en América Latina apenas empieza a discutirse, muchas veces demasiado tarde.

Jubilación, salud y cuidados forman un triángulo inseparable. Discutir solo uno de esos lados es discutir a medias. Empiezan a aparecer respuestas parciales: sistemas públicos de cuidado, experiencias comunitarias, viviendas pensadas para envejecer, articulaciones público-privadas. Ninguna es mágica. Todas requieren inversión, planificación y tiempo. Pero señalan un camino posible para una sociedad que sabe que va vivir más. Y quiere hacerlo con placer y dignidad.

En estos días volví a pensar en la libretita de la Caja Nacional de Ahorro. En esa frase de la primera página que prometía una vejez tranquila a fuerza de previsión y estampillas. No sé dónde estará ni para qué serviría hoy, en un mundo de inflación, digitalización y vidas largas. Pero la idea que la sostenía sigue siendo válida: anticipar para no llegar a la intemperie. Lo que quedó viejo es el mundo que la rodea.

La nueva longevidad debe diseñarse y planificarse, si no queremos que pase a ser un nuevo privilegio.

El impacto de cumplir 60 años se percibe con fuerza y se impone como una bisagra en la vida adulta ya que muchas personas empiezan a notar señales emocionales que pueden conducir a una crisis de identidad.

Luego del retiro laboral y con el “nido vacío”, porque los hijos se independizaron, muchas personas sienten que deben replantear su vida y preguntarse: ¿Quién soy? y ¿cómo seguir los próximos años?

La toma de conciencia sobre el paso del tiempo se vuelve más evidente, y la juventud empieza a verse como una etapa que parece haber quedado atrás, aunque la persona se muestre con total vitalidad y actitud positiva. La aparición de dolores o limitaciones físicas que antes no existían lleva a reflexionar sobre los cambios que trae consigo el paso de los años.

La doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra (MN 41018), explicó a Infobae que la década de los 60 años representa un momento clave en la vida de las personas. “Se produce un cambio laboral importante con la jubilación y, en nuestra sociedad, la identidad está muy ligada a la actividad profesional".

La especialista agregó: “Al dejar de ejercer esa actividad, surgen también transformaciones en el ámbito familiar, como el nido vacío y la pérdida de funciones parentales de cuidado, protección, demanda o control. Este conjunto de cambios afecta la identidad personal, se suman transformaciones físicas y la perspectiva del futuro suele estar influida por creencias de decadencia asociadas al envejecimiento y considerar a este como una etapa de imposibilidades“.

Además, la prolongación de la vida ha modificado el significado de esta etapa, afirmó Moreschi. “Antes, los 60 se consideraban la última fase de la existencia, pero ahora puede ser una etapa intermedia con veinte o treinta años de vida por delante. Las condiciones en las que se vive a esta edad son muy diferentes a las de generaciones anteriores. Sin embargo, la crisis económica puede afectar la calidad de vida, ya que no siempre se cuenta con los recursos necesarios para estar bien. La etapa está atravesada por una mezcla de oportunidades y desafíos, donde el trabajo sobre las creencias resulta fundamental".

Por su parte, la doctora Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que a diferencia de la crisis en la adolescencia, en la adultez las motivaciones son diferentes: “Por ejemplo, es muy raro que un adolescente se preocupe por la finitud pero un adulto sesentón se empieza a preguntar por su vida, sus deseos incumplidos y sus expectativas. No todos entran en crisis porque depende de la elaboración de cada uno de los duelos y de cómo cada quien aborda lo pasado, lo presente y lo futuro".

Finalmente, completó: “La vida se puede replantear en cualquier momento y si se sufre es mejor hacerlo con ayuda terapéutica. A toda edad es bueno hacer un punto de inflexión o un cambio benéfico".

El doctor Alejandro Begue, médico especialista en Psiquiatría, Psicogeriatría y en Psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) (MN 90.044) indicó que antiguamente conocida como la generación de los “pasivos”, “hace mucho que los mayores de 60, 70, 80, 90 y centenarios, se han convertido socialmente en generaciones activas y participantes de la vida social, familiar, educativa, incluso económica y laboral de la actualidad".

Y comentó que hace poco un grupo de Instagram (Noventa y contando), fundado por el doctor Alberto Chab, asistido por su nieta, abrió la invitación a formar parte, con la única condición de ser mayor de 90, actualmente tiene 1948 miembros y 362.000 seguidores”.

Sin embargo, existen muchos hombres y mujeres que continúan identificados con funcionamientos familiares de sus ancestros, afirmó Begue, “de cuando a los 60, se ingresaba a la tristemente famosa ‘clase pasiva’, el fin de los tiempos de la productividad, la creatividad y el trabajo, pérdida de sentido y antesala del inevitable final”, destacó el experto.

Cómo cambiaron los tiempos

Fernando Díez Ruiz, profesor asociado de la Universidad de Deusto, Bilbao, España y Elene Igoa Iraola, profesora e investigadora universitaria de la misma universidad, explicaron en un artículo en The Conversation, los cambios de la vida actual: “La vida, entendida como reparto de tiempos, decisiones y expectativas, ya no se parece a lo que fue. Durante décadas dimos por sentado que la vida avanzaba siguiendo un mapa fijo: estudiar, formarse, trabajar, formar una familia, jubilarse. Una secuencia lineal, ordenada y relativamente predecible. Sin embargo, en los últimos años ese mapa ha empezado a desdibujarse. La longevidad crece, la natalidad cae, el trabajo se transforma, las familias se retrasan y la neurociencia revela que maduramos más tarde de lo que creíamos. Con ello, las etapas de la vida ya no duran lo mismo ni significan lo mismo".

Además, detallaron que, gracias a los avances médicos, nutricionales y tecnológicos, las personas no solo viven más, sino mejor. “La esperanza de vida supera en muchos países los 85 años y la llamada “vida útil” se estira: seguimos física y cognitivamente activos mucho más tiempo que generaciones anteriores. Este fenómeno, que algunos expertos denominan paso de una sociedad envejecida a una sociedad de longevidad, implica que las fronteras entre juventud, madurez y vejez se vuelven más difusas".

Toda esta transformación redibujó el mercado laboral. “La fórmula clásica (estudiar 20 años, trabajar 40 y jubilarse a los 65) se ha roto”, señalaron los investigadores. “Cada vez más personas cambian de ocupación a los 40 o 50 años, continúan formándose, emprenden, se reinventan. Para muchos, la llamada ‘segunda juventud profesional’ es una realidad: un tramo vital de descubrimiento y oportunidad que antes no existía", aseguraron.

Y añadieron que, en paralelo, la jubilación dejó de ser un punto final. “Se convierte en una transición flexible: algunas personas trabajan más allá de los 67, otras emprenden proyectos, otras alternan descanso y actividad. Donde antes había un cierre definitivo, hoy hay múltiples caminos".

Finalmente, completaron: “Las decisiones vitales ya no están ordenadas cronológicamente. Algunas personas estudian con 50, otras emprenden con 60, otras se reinventan con 35 y otras deciden no seguir un camino convencional. La flexibilidad amplía las oportunidades, pero también multiplica las dudas".

Los profesores de la Universidad de Deuto resumieron: “El futuro no será de quien viva más, sino de quienes sepan rediseñar la vida en función de estos cambios”.

Creencias a revisar

La doctora Moreschi afirmó que hay dos creencias principales a trabajar en esta etapa: “La idea de una decadencia inevitable y la sensación de exclusión del sistema laboral".

Y completó: “Hasta hace poco, era difícil encontrar empleo a partir de los sesenta, pero hoy, en muchos ámbitos, se valora la experiencia. Persisten fantasías como ‘a esta edad no puedo conseguir trabajo’, lo que desalienta la búsqueda. Aunque existe una declinación física, quienes entrenan su cuerpo pueden mejorar su estado respecto a años anteriores. El entrenamiento físico produce efectos positivos en el organismo y permite recuperar y mejorar funciones", señaló la psiquiatra.

Además, señaló que es momento de aceptación y redefinición de prioridades: “Es fundamental preguntarse cómo se desea transitar esta etapa y distinguir qué aspectos dependen de uno mismo y cuáles no".

En cuanto a la aceptación, dijo que cumple un papel central, especialmente en relación con los cambios físicos como las arrugas o la pérdida de lozanía. “Es importante cambiar el foco de atención: si antes la vida giraba en torno al aspecto estético, ahora conviene apoyarse en otros valores, aceptando los cambios y adaptárse a nuevas prioridades", destacó.

Por su parte, el doctor Begue afirmó que la crisis de los 60 se presenta bien distinta entre hombres y mujeres. “En los primeros, se hace mucho más evidente, ruidosa y sintomática. El pasaje de estar todo el día fuera de casa, a estar todo el día en un sillón y no saber qué hacer, qué leer, qué ver en la tele, los hace quedar cada vez más profundos en su sillón, deteriorándose física y mentalmente. En ellas, en cambio, la mayoría de las veces continúan con las tareas domésticas independientemente del cambio de década”, señaló.

“Queda en evidencia, que la crisis de los 60, corresponde a un modelo verdaderamente antiguo y cada vez más escaso que, aunque todavía ocurre, coincide con el estereotipo del hombre proveedor y el ama de casa. La vida de él cambia por completo el día de la jubilación, pero la de ella, solo gradualmente y con el tiempo", detalló.

Y destacó que, si bien es habitual que las personas que hoy tienen entre 40 y 60, ya planifiquen su retiro, “hay quienes son sorprendidos por el retiro, a veces prematuro, y en algunos casos, es en el consultorio donde se trabaja con las construcciones de nuevas versiones de uno mismo, no pensadas previamente por tradición, o a veces, no pensadas por bloqueos afectivos, como por ejemplo: ‘Mi papá vivió hasta los 65, yo no sé si voy a llegar’. Fantasmas, mandatos, culpas, duelos, designios no hablados, son parte de esos efectos de bloqueo a la hora de pensar/planear el futuro”.

Recomendaciones para el bienestar

La doctora Goldstein indicó que la mejor recomendación es seguir activo física y afectivamente. “La sociabilidad es fundamental y los vínculos amorosos son lo más importante, sobre todo ante un posible retiro laboral”, resaltó.

Por su parte, el doctor Begue recomendó trabajar esta crisis en el consultorio: “La creatividad de cada quién y los deseos y curiosidades develados pueden expresarse y abrirse camino a través de nuevos planes y proyectos. Claro que estos proyectos no son como los de los más jóvenes, por ejemplo, a 10 o 20 años: es necesario tener los pies sobre la tierra y apuntar primero a planes de corto y mediano plazo", recalcó.

Y completó: “A veces se trata de recuperar espacios de actividades recreativas, otras de espacios sociales y vinculares, o familiares y otras también, de retornos a la vida laboral dentro de nuevos cánones". A veces, si la crisis avanza en el tiempo, se pueden ver trastornos depresivos que precisan un tratamiento adecuado, advirtió el experto.

Por su parte, la doctora Moreschi recomendó realizar ejercicio físico diario. “Se sugiere caminar a paso rápido, mantener contacto con la naturaleza y practicar ejercicios de fuerza, incluso en casa. Las redes sociales ofrecen múltiples opciones y rutinas adaptadas, como ejercicios en silla que activan la musculatura. Los principales indicadores de salud en esta etapa son la fuerza en piernas y brazos, capacidad aeróbica y circulación".

Además, destacó la importancia de la socialización y el contacto presencial con otras personas. “Cumplir con estos tres aspectos genera una diferencia significativa en la calidad de vida en esa etapa", concluyó la doctora Moreschi.

“Porque vivir más años no es el reto. El reto es reimaginar la vida que queremos vivir dentro de esos años”, concluyeron los profesores de la Universidad de Deusto.

La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada en 2021, establece un incremento de cuantías equivalente al avance de la inflación en los últimos doce meses, calculada en función de la variación interanual media del Índice de Precios al Consumo (IPC). Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaron una subida general del 2,7% para este año, tras un 2025 que cerró marcando un nuevo máximo en el gasto en pensiones.

Este incremento, que supone 570 euros más al año de media para los perceptores de la pensión de jubilación y un aumento de 500 euros para aquellos que reciben la pensión media total del sistema, no se aplica en el mismo porcentaje para todas las prestaciones. Las pensiones mínimas registrarán un aumento del 7%, mientras que el alza en las mínimas con cargas familiares, las de viudedad con cargas y las no contributivas será del 11,4%. Además, el complemento para la reducción de la brecha de género también se actualiza en un 2,7%.

Qué fecha establecen los principales bancos

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que la normativa obliga a que la pensión esté disponible en la cuenta bancaria o en la entidad colaboradora del beneficiario a partir del primer día hábil del mes vencido, que en este caso es el lunes 2 de febrero, y en todo caso, nunca después del cuarto día natural. Así, para enero de 2026, el plazo máximo para el abono será el 4 de febrero.

Sin embargo, la fecha concreta en la que cada jubilado recibe el ingreso depende en gran medida de la política interna de su banco. La mayoría de las entidades financieras en España optan por adelantar el pago, lo que genera diferencias de hasta varios días y obliga a los pensionistas a estar atentos al calendario propio de su banco.

Bankinter y Caja de Ingenieros son las primeras entidades en dar la orden de abono de las pensiones: lo harán el jueves 22 de enero. CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Sabadell, Santander y Unicaja Banco han programado el ingreso para el viernes 23 de enero. ING realizará la transferencia el sábado 24 de enero. Finalmente, Abanca, BBVA y Kutxabank pagarán el lunes 26 de enero.

No todas las entidades adelantan el pago

El adelanto de hasta una semana beneficia a quienes necesitan organizar pagos domiciliados o afrontar gastos con mayor previsión. Sin embargo, no todas las entidades ofrecen esta ventaja: algunas mantienen el calendario oficial y solo ingresan la pensión entre el 1 y el 4 del mes siguiente. Por eso, la mayoría de expetos recomiendan a los pensionistas consultar regularmente la información que facilita su banco a través de avisos o comunicaciones digitales

La Seguridad Social recalca que todas las pensiones contributivas se abonan a través de cuenta corriente al beneficiario, a excepción de los beneficiarios menores de 18 años o incapacitados judicialmente, cuyas prestaciones son gestionadas por sus tutores legales. El sistema de pensiones español contempla 14 pagas anuales: una mensual y dos extras, que se perciben en junio y noviembre junto a la nómina habitual. Esto implica que la paga de enero es la primera mensualidad ordinaria del año, tras la última extraordinaria abonada en Navidad.

El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que expuso los riesgos y efectos negativos que podría conllevar la repatriación de los ahorros de los afiliados a los fondos de pensiones en el país, que planea implementar el Gobierno de Gustavo Petro,

En ese sentido, la agremiación hizo un llamado al Ejecutivo para que priorice la protección del ahorro de los trabajadores y “garantice la mayor pensión posible”.

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Según la organización, la repatriación de los recursos de inversión de los fondos de ahorro pensional podría tener consecuencias perjudiciales tanto para los afiliados como para la estabilidad financiera del sistema.

Asimismo, destacó la importancia de que el régimen de inversiones esté diseñado para salvaguardar y multiplicar el ahorro, evitando que estos recursos sean empleados como instrumentos de política económica de corto plazo.

El Consejo explicó que la maximización del ahorro pensional no solo incrementa los niveles de pensionados, también amplía la cobertura y fortalece la sostenibilidad del sistema.

Repatriar los fondos afectaría, según el Consejo Gremial, a los ahorradores a través de tres canales principales: la liquidación de activos externos por debajo de su valor real, la conversión de divisas a una tasa de cambio apreciada —lo que reduce el valor de los portafolios— y la compra obligatoria de activos locales en un mercado sobrevalorado, deteriorando así las perspectivas de rentabilidad futura.

Además, advirtió sobre el potencial impacto negativo para la economía, como una apreciación del peso colombiano y la posibilidad de demandas futuras por la afectación de los portafolios de los afiliados. Por ello, la organización instó al Ejecutivo a reconsiderar la expedición de cualquier medida en este sentido y aseguró que cualquier ajuste en los regímenes de inversión debe basarse en análisis técnicos y reglas claras.

El decreto que propone limitar la inversión de fondos de pensiones en el extranjero y busca repatriar $125 billones

El Gobierno nacional publicó el borrador de un decreto que establece un límite del 30% a la inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones obligatorias, lo que implica que el 70% de los recursos de los afiliados deberá destinarse a proyectos en Colombia. El texto, disponible en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá recibir comentarios hasta el 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con el documento, el objetivo es que los fondos privados de pensiones inviertan principalmente en sectores estratégicos de la producción nacional.

El borrador indica que el Ministerio podrá crear un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, orientado a financiar actividades económicas con alto impacto, como infraestructura y construcción. La propuesta sostiene que estos sectores generan un efecto multiplicador sobre el producto interno bruto superior al promedio de la economía.

El artículo primero del borrador fija que el límite global de inversión en el exterior aplicará a los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado. Para cumplir esta meta, el decreto prevé un régimen de transición de cinco años, con un umbral intermedio del 35% al tercer año y del 30% al quinto año.

Según cifras presentadas en el documento, en el tercer trimestre de 2025 la inversión representó el 19,7% del PIB y el ahorro el 8% del PIB, lo que, según el Ministerio, evidencia la necesidad de incrementar el ahorro nacional y canalizarlo hacia la financiación de inversiones dentro del país.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que, en ese período de transición, se repatriarán aproximadamente $125 billones de los recursos hoy invertidos en el extranjero por los fondos privados.

El borrador de decreto resalta: “La propuesta regulatoria responde a una visión integral: proteger los intereses de los afiliados, garantizar la sostenibilidad del sistema pensional y promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano”.

La idea de repatriar estos recursos fue planteada por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, que argumentó que permitiría financiar una parte importante de los proyectos estratégicos de infraestructura nacional.

Las autoridades aseguran que la implementación de la medida será gradual y se realizará bajo criterios técnicos, con análisis de riesgo y estudios de mercado. El proceso buscará combinar seguridad, rentabilidad y responsabilidad social en beneficio tanto de los afiliados como de la economía colombiana.

Al principio, lo vivió como un pasatiempo y una manera de entretenerse en casa. “No sabía nada de las redes. Decía ‘Instagran’, con ‘n’. Ni siquiera ubicaba dónde estaban los mensajes. En ese entonces mi hija me ayudaba: me armó la cuenta, sacaba fotos, grababa videos y se ocupaba de todo”, relató Zuckerberg. Pero la curiosidad y determinación la alentaron a avanzar. “Hasta que un día decidí aprender. Empecé a mirar tutoriales, tomé cursos y, poco a poco, logré hacer todo por mi cuenta. Así nació ‘Abuela Canchera’”, explicó.

Su pasión por la moda y la creatividad definió la orientación de su contenido. “Siempre me gustó la ropa. En el colegio, al recibir a los chicos y a los padres en la puerta, siempre me halagaban el look”, admitió.

El respaldo de su entorno también resultó fundamental. Hoy su cuenta en Instagram supera los 160 mil seguidores. “Me siguen alumnos y compañeras, todos”, afirmó Silvina, orgullosa por la aceptación de quienes la conocen desde su rol docente. Sin embargo, su éxito no se limita a los likes o comentarios, sino que se refleja en la pasión y el esfuerzo que dedica a cada publicación. “Todo implica creatividad, entusiasmo y trabajo constante”, señaló.

Es que ser influencer exige equilibrio con la vida familiar, un aspecto que gestiona con claridad. “Soy una mamá presente y una abuela presente. Pero cuando hay un evento o debo ocuparme de algo relacionado con Instagram, ese día me enfoco nada más que en el evento. Es decir, no hay nietos ni hijas. Es un trabajo que me apasiona, me encanta”, reconoció.

El recorrido de Zuckerberg también representó un proceso de autoafirmación. “La única que me dijo que iba a llegar lejos fue una hermana mía que ya no está. Hoy estaría orgullosa de mí. Mi mamá, también”, recordó emocionada.

Su experiencia motiva a muchas mujeres a comprender que la edad no representa un límite, sino una oportunidad para reinventarse. “Este proyecto impulsa a mujeres mayores a continuar, porque después de la jubilación se puede seguir. La actitud es fundamental en la vida y en todo. Y creo que eso fue lo que me permitió avanzar”, señaló. “Observo lo que hago, veo mi feed y me enorgullece. Poder ayudar a otras mujeres a brillar, ya es meta cumplida”, agregó.

Silvina reconoce que no todos los comentarios son positivos, aunque su actitud permanece firme. “La mayoría de los comentarios que recibo son hermosos. Un uno por ciento puede incluir frases como: ‘¡Wow! Sos una vieja o ¿para qué te dedicás a esto?’ Eso, por supuesto, no me afecta. Al contrario, me ayuda porque otro responde por mí y eso aumenta la visualización”, explicó con naturalidad.

A diferencia de otros creadores de contenido, Zuckerberg encuentra la verdadera satisfacción no en la cantidad de seguidores, sino en la tranquilidad y plenitud personal. “Creo que a esta altura de mi vida es lo que busqué. Siento que ese es mi éxito: tener la mente en paz, el corazón alegre y la familia, por supuesto”, concluyó.

Conocida como la “Abuela Canchera”, demuestra que la creatividad, la pasión y la actitud pueden abrir nuevos caminos después de la jubilación. Su historia constituye un ejemplo de reinvención y muestra cómo la tecnología puede ser una aliada para aprender, expresarse y crear comunidad.

A partir de febrero de 2026, la jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42. Este valor refleja el aumento del 2,84% correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025.

En caso de que se confirme el bono extraordinario de $70.000, el monto del haber mínimo de Anses alcanzará los $429.219,42 en el segundo mes del año. Este ajuste impacta de forma directa en miles de jubilados y pensionados de todo el país.

Durante los meses anteriores, los incrementos acumulados en las prestaciones fueron los siguientes: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Estas subas buscan acompañar la evolución de los precios y prevenir el deterioro del poder adquisitivo de los beneficiarios del organismo previsional.

Cuánto subirán las jubilaciones y asignaciones en febrero 2026

El ajuste del 2,84% no solo se aplica al haber mínimo de las jubilaciones, sino que alcanza a todas las prestaciones administradas por la agencia de seguridad social. Entre ellas figuran las pensiones, las asignaciones sociales y, en particular, la jubilación máxima, que pasará a $2.358.940,75 a partir de febrero de 2026.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto mensual será de $287.375,54. Si se aprueba el pago adicional, este importe se incrementará a $357.375,54. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $251.453,59, mientras que, con el eventual bono extraordinario, la suma se elevaría a $321.453,59. La pensión para madres de siete hijos se iguala al haber mínimo: $359.219,42 sin bono y $429.219,42 con el adicional.

También resultan actualizadas las prestaciones sociales vinculadas a la infancia y la familia. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082,71 por menor alcanzado por el beneficio. Si se trata de un hijo con discapacidad, el valor mensual llegará a $420.312,22. Para el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer rango salarial percibirá $64.547,52 por cada niño. La asignación por embarazo alcanzará los $121.818,42. De este monto, el 80% se abona mensualmente y el 20% restante corresponde a un pago anual, condicionado a la presentación de las libretas de seguimiento.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero 2026

• Jubilación mínima: $359.219,42
• Jubilación mínima con bono extraordinario: $429.219,42
• Jubilación máxima: $2.358.940,75
• Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54
• PUAM con bono extraordinario: $357.375,54
• Pensiones no contributivas: $251.453,59
• Pensiones no contributivas con bono extraordinario: $321.453,59
• Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42
• Pensión para madres de siete hijos con bono extraordinario: $429.219,42
• Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
• AUH por discapacidad: $420.312,22
• Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
• Asignación por embarazo: $121.818,42 (80% mensual, 20% anual mediante presentación de libretas)

El calendario de pagos definitivo de Anses para febrero se informará próximamente. No obstante, se anticipa que conservará la estructura habitual. Por regla general, las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas empiezan a acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores suelen pagarse a partir de la tercera semana. El cronograma se organiza conforme a la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El esquema de movilidad mensual que rige estas actualizaciones fue establecido por el Decreto 274/2024 emitido por el Poder Ejecutivo. Esta normativa sustituyó el sistema anterior de ajustes trimestrales, estableciendo ahora actualizaciones automáticas cada mes, según la inflación de dos meses previos.

El mecanismo de actualización mensual, en vigencia desde abril de 2024, pretende mantener una relación más directa entre los ingresos y la inflación. Así, el sistema busca reducir el desfase que existía con la fórmula anterior, permitiendo que los haberes acompañen la variación de los precios con menor demora.

Las propuestas para que se reconozca el peligro inherente del trabajo policial han ganado impulso tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, durante una operación contra el narcotráfico en febrero de 2024, lo que llevó a eurodiputados a desplazarse a la zona para estudiar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Este evento desencadenó nuevas acciones en el Parlamento Europeo y centró la atención sobre las demandas de los sindicatos de cuerpos de seguridad españoles, quienes buscan un tratamiento legal uniforme en toda la Unión Europea para cuestiones como jubilación, derechos laborales y protección ante agresiones. Según destacó la agencia Europa Press, una docena de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles manifestaron este miércoles en Bruselas su apoyo a la directiva europea impulsada por el Partido Popular, cuyo objetivo apunta a "armonizar" la edad de jubilación y los derechos laborales de estos colectivos, además de valorar la declaración de la función policial como profesión de riesgo.

La Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, integrada por organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión de Oficiales, entre otras, ha abogado por la inclusión de policías, militares, funcionarios de instituciones penitenciarias, agentes de aduanas y de fronteras entre las profesiones consideradas de riesgo en la legislación europea. Europa Press reportó que la plataforma argumenta que las profesiones vinculadas a la seguridad deben figurar en esta categoría debido al aumento de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y nuevas formas de amenazas híbridas.

Estas organizaciones insisten en que la calificación de profesión de riesgo debe traer consigo la armonización de la edad de jubilación y de otros derechos laborales a nivel comunitario. Entre sus reclamaciones figura también que las agresiones contra agentes de la autoridad tengan la consideración de "eurodelito", figura jurídica reservada a crímenes de especial gravedad y alcance transfronterizo dentro de la Unión Europea. Según recoge Europa Press, los sindicatos denuncian persistentes desigualdades entre los Estados miembros, lo que se refleja en diferencias de edad de jubilación, condiciones laborales, asistencia médica y acceso a servicios psicológicos para los distintos cuerpos policiales. Asimismo, exponen que en España persiste una brecha entre las condiciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a las policías autonómicas y locales.

En paralelo a la actuación de la plataforma sindical, los colectivos Jupol y Jucil también participaron en Bruselas para respaldar la iniciativa del Partido Popular, poniendo el foco en la necesidad de que el riesgo de estas profesiones sea debidamente reconocido de forma uniforme en los países de la Unión Europea. Según informaciones difundidas por Europa Press, desde Jupol se ha presentado un paquete de once enmiendas técnicas a la directiva europea. Entre ellas, se plantea que el reconocimiento del riesgo profesional implique una compensación económica, sugiriendo la creación de un "Complemento Europeo Mínimo por Riesgo", cuya cuantía oscilaría entre el 15% y el 25% de las retribuciones básicas, y que favorecería a todos los agentes sin distinción.

El debate sobre este asunto ha trascendido el ámbito sindical y ha llegado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual, tras la visita a Barbate, emitió en noviembre un informe que recomendaba avanzar en el reconocimiento de las fuerzas de seguridad como profesiones de riesgo y proponía analizar la viabilidad de incluir las agresiones a los agentes como "eurodelitos". Europa Press reseñó que este informe representa un paso hacia la consideración comunitaria del trabajo policial como una actividad sometida a altos niveles de amenaza.

Durante un debate celebrado ante la Comisión Europea en septiembre, los representantes del Ejecutivo comunitario expresaron reservas sobre la reforma solicitada, al señalar que el actual marco legal de la UE limita la calificación de eurodelito a delitos especialmente graves y de carácter transfronterizo, como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. Estas autoridades consideraron que las agresiones a los cuerpos policiales, según precisó Europa Press, no alcanzan esa cualidad transfronteriza, lo que constituye un obstáculo jurídico relevante para la propuesta sindical.

En el contexto español, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció en el Congreso donde manifestó, tal como recogió Europa Press, que el Gobierno está evaluando la aplicación de factores de corrección para facilitar el adelanto en la edad de jubilación a policías nacionales y guardias civiles. No obstante, el titular de Interior precisó que en la legislación española no existe la figura de "profesión de riesgo" de manera formal. A pesar de ello, asociaciones y sindicatos continúan impulsando sus demandas tanto a nivel nacional como europeo, incidiendo en la necesidad de formalizar este reconocimiento legal y endurecer las penas frente a las agresiones contra agentes.

Las reivindicaciones expuestas en Bruselas por los representantes de los cuerpos de seguridad se articulan en torno a la equiparación salarial y el establecimiento de condiciones laborales homogéneas para todos los profesionales de la seguridad pública de la Unión Europea. Las organizaciones sindicales alegan que la falta de reconocimiento del riesgo asociado a la labor policial obstaculiza el acceso a mejores condiciones económicas y de protección a lo largo de la carrera profesional, así como en el momento de la jubilación.

La inclusión de este colectivo en las listas de profesiones de riesgo pondría a estas profesiones al mismo nivel que otras actividades ya reconocidas como peligrosas, permitiendo a sus trabajadores beneficiarse de condiciones laborales y de jubilación ventajosas, además de proporcionar medidas de asistencia médica y psicológica adecuadas al tipo de amenazas y exigencias que enfrentan a diario. Europa Press especificó que las asociaciones persiguen que sean establecidas garantías institucionales similares para todos los cuerpos, suprimiendo así las disparidades tanto en el plano nacional como comunitario.

Entre las acciones inmediatas, las organizaciones sindicales han adelantado que continuarán presionando en instancias europeas y españolas para que sus demandas sean incluidas en los procesos legislativos en curso. El objetivo principal consiste en lograr cambios sustanciales en la normativa que repercutan directamente en el bienestar y en la seguridad jurídica de los agentes, así como en una protección legal más efectiva de los que desempeñan funciones en contextos de máximo riesgo.

La Caja del Seguro Social (CSS), la entidad estatal panameña que administra pensiones, jubilaciones y una parte clave del sistema público de salud, presentó una denuncia penal por un presunto esquema irregular en el otorgamiento y pago de pensiones que, según cálculos preliminares de la institución, habría generado una afectación potencial de aproximadamente $10 millones.

La acción fue formalizada ante el Ministerio Público, la institución responsable de dirigir investigaciones penales en el país, tras una revisión interna que incluyó auditorías administrativas, verificaciones documentales y cruces de información en los sistemas de prestaciones económicas.

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que los hallazgos no corresponden a fallas aisladas, sino a irregularidades repetidas que apuntan a un patrón. De acuerdo con su explicación, la institución identificó hasta ahora 52 casos documentados vinculados a pensiones que se habrían concedido o pagado de manera irregular. Esos expedientes, indicó, representan una “expectativa de lesión” cercana a $10 millones si los pagos hubiesen continuado, mientras que entre $3 millones y $4 millones ya se habrían devengado en desembolsos asociados a los casos detectados.

Qué se denunció: alteración de registros y manipulación de cuotas

Según la versión ofrecida por la CSS, el elemento central del presunto fraude está relacionado con la integridad de los registros que sustentan el derecho a una pensión y el cálculo del monto a pagar.

La institución afirmó haber encontrado evidencia consistente de un proceso “no regular” en el que se observaron alteraciones de registros vinculados a cuotas y aportes que forman parte del sistema de pensiones.

En términos operativos, lo denunciado apunta a que los datos de cuotas (aportaciones obrero-patronales) habrían sido manipulados para completar requisitos que no existían o para modificar variables usadas en el cálculo, permitiendo que algunas personas accedieran a pensiones sin cumplir las condiciones o que recibieran montos superiores a los que les habrían correspondido con información real.

Mon indicó que, tras meses de trabajo, concluyeron que no se trataba de un error administrativo, sino de alteraciones que evidencian un patrón y un comportamiento de fraude dentro de la propia institución.

El director describió distintos tipos de casos incluidos en los 52 expedientes: utilización de cuotas vinculadas a personas fallecidas; registros de personas pensionadas que aparecen trabajando y cotizando, con movimientos que alteran historiales; y expedientes donde se habrían incorporado cuotas inexistentes o ajenas para alcanzar el mínimo requerido o elevar el monto de la pensión.

También afirmó que la investigación se apoyó en auditorías internas y en revisiones de la Contraloría General de la República, entidad estatal encargada de fiscalizar y auditar el uso de fondos públicos.

Denuncia penal y medidas preventivas

La CSS informó que acudió a la Fiscalía con los escritos y la documentación de soporte para que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes, incluyendo peritajes y análisis forenses, y determine eventuales responsabilidades internas y externas.

Mon sostuvo que la institución brindará toda la asistencia técnica y documental que sea requerida durante la investigación.

Como medida preventiva, la CSS anunció la suspensión del pago de las pensiones sobre las que afirma tener certeza de irregularidad, con el objetivo de detener nuevos desembolsos mientras avanza el proceso.

La institución planteó que la continuidad o permanencia de esa suspensión quedará condicionada al desarrollo de las investigaciones y a las decisiones que se adopten dentro del marco legal.

El director añadió que los 52 casos “son solo el inicio”, y que el universo podría ampliarse conforme se profundicen los cruces de información y se refuercen los controles, en un trabajo que describió como técnico, de auditoría y de revisión de trazas internas en los sistemas.

Otros episodios recientes bajo investigación en la CSS

El caso de pensiones se suma a otros episodios de presuntas irregularidades denunciadas o investigadas recientemente en el entorno de la CSS. En meses anteriores, la institución y sus autoridades reportaron acciones vinculadas a supuestas redes que cobraban dinero por gestionar o acelerar trámites de atención, incluyendo la obtención de citas médicas.

También se han reportado incidentes relacionados con el manejo de agendas y cupos de atención en instalaciones de alta demanda, un punto sensible en el país por las listas de espera y la presión sostenida sobre los servicios.

Si bien estos casos tienen naturalezas distintas —salud versus pensiones—, todos apuntan a un mismo problema institucional: la vulnerabilidad de procesos críticos cuando existen brechas de control interno, accesos indebidos o manipulación de registros, ya sea para beneficios económicos directos o para alterar el orden de atención.

Una reforma discutida en 2024 y sancionada en 2025

La denuncia ocurre en un contexto en el que la CSS ha estado bajo presión por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

En ese marco, Panamá aprobó una reforma a la Ley de Seguro Social tras un debate que se intensificó durante 2024 y que concluyó con la sanción de la Ley 462 en 2025.

Para una audiencia internacional, el dato clave es que esa reforma no aumentó la edad de jubilación: se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

La Ley 462 establece que la edad de jubilación será objeto de revisión cada seis años como referencia técnica, sin que ello implique una modificación automática.

La norma también dispuso un ajuste escalonado de las cuotas patronales hasta 2029 y prevé revisiones actuariales anuales para determinar el aporte estatal necesario para cubrir el déficit del sistema.

Estos mecanismos están orientados a ajustes técnicos y financieros específicos, no a una revisión periódica integral de toda la ley.

Entre los cambios principales, se incluyó un incremento gradual del aporte patronal, es decir, de la contribución que realizan las empresas por cada trabajador asegurado, con el objetivo de reforzar el financiamiento del sistema a mediano plazo.

Además, se introdujeron ajustes al esquema de pensiones y disposiciones específicas para la afiliación y cotización de trabajadores independientes, un segmento que históricamente ha presentado desafíos de formalización y continuidad de aportes.

Qué dijeron analistas y calificadoras

El debate sobre la reforma previsional en Panamá ha sido seguido por analistas y agencias calificadoras, dado el impacto que los déficits del sistema pueden tener en las finanzas públicas y en la estabilidad social.

En términos generales, el enfoque de la reforma —mayor contribución patronal y cambios de diseño sin elevar la edad de jubilación— fue evaluado como un paso que puede aliviar presiones inmediatas de liquidez y mejorar la recaudación del sistema, aunque sin resolver por completo las tensiones estructurales.

En ese análisis suele señalarse que, al no modificarse la edad de jubilación, el sistema mantiene un componente de presión demográfica y actuarial que podría requerir medidas adicionales en el futuro si la relación entre cotizantes y jubilados se deteriora o si el gasto crece por encima de los ingresos.

Por ello, distintos análisis técnicos han insistido en la necesidad de fortalecer la gobernanza, la fiscalización, el control de evasión y la transparencia, especialmente en áreas sensibles como la administración de registros y la trazabilidad de cambios.

Por qué este caso importa para el sistema de pensiones

El impacto del presunto fraude denunciado por Dino Mon no se limita al monto estimado. En un sistema basado en registros de cuotas, historiales laborales y cálculos automatizados, la confiabilidad de la base de datos es una condición esencial para que el derecho a la pensión se otorgue conforme a la normativa y para que el sistema sea financieramente sostenible.

Si la Fiscalía confirma que hubo alteración de registros para generar pensiones que no correspondían o para elevar montos, el caso pondría en evidencia fallas de control y supervisión en procesos críticos.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público deberá determinar si existió efectivamente manipulación de datos, quiénes tuvieron acceso para ejecutar cambios, qué acciones se realizaron dentro de los sistemas y si hubo beneficiarios o facilitadores, internos o externos, vinculados a los expedientes señalados.

En el corto plazo, la institución sostiene que ya detuvo pagos en los casos que considera irregulares.

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las personas pensionadas en Zacatecas marca un precedente en la protección de derechos y la sostenibilidad del sistema público.

El máximo tribunal validó la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo para quienes se pensionen en adelante.

“La reducción no viola el derecho humano a la seguridad social, pues es una medida razonable y orientada a garantizar la suficiencia presupuestaria”, afirmó la SCJN en su comunicado del 12 de enero.

Sin embargo, el Alto Tribunal estableció un límite clave: la reducción solo puede aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma. Los pensionados que ya contaban con este derecho antes del cambio legal no verán afectado el monto de su aguinaldo.

En contraste, el tribunal invalidó los artículos 128 y 128 bis de la misma ley. Estas disposiciones sujetaban el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones exclusivamente a la capacidad financiera y la reserva técnica del Instituto.

Para la SCJN, esto generaba un riesgo de afectación desproporcional al derecho a la seguridad social. “No es constitucional hacer depender el acceso o cumplimiento de prestaciones a factores financieros indeterminados”, sentenció el tribunal.

SCJN y la desaparición de fideicomisos federales

En otro tema de gran impacto, este 12 de enero la SCJN validó la legalidad del decreto que ordenó la extinción de fideicomisos federales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El tribunal dejó en claro que la modificación no vulnera el federalismo ni la división de poderes. Las competencias estatales en áreas como protección civil, medio ambiente, ciencia y atención a víctimas permanecen intactas.

Así, la SCJN respalda la política de “Economía para el bienestar” y la disciplina fiscal impulsadas en años recientes, pero sin debilitar la autonomía local.

El decreto excluyó de la extinción a los fideicomisos:

• Relacionados con deuda pública y obligaciones laborales o de pensiones.
• Aquellos establecidos por mandato legislativo que requieran reformas legales para su eliminación.

Sanciones penales por pensiones alimenticias incompletas

La Corte también se pronunció sobre el pago de pensiones alimenticias a niñas, niños y adolescentes. El Alto Tribunal estableció que entregar solo una parte del monto fijado judicialmente, sin justificación ni autorización, puede constituir un delito penal.

Según la SCJN, las obligaciones alimentarias deben cumplirse de forma “íntegra, oportuna y continua”. El tribunal aclaró que cualquier modificación del monto debe solicitarse ante la autoridad, con pruebas contundentes y razones válidas. La vía penal se activa cuando los mecanismos civiles no son suficientes para garantizar el pago.

La Corte también reforzó el derecho de los menores a reclamar pensiones retroactivas, aun si algún familiar cubrió sus gastos durante un periodo. La decisión subraya que la responsabilidad es irrenunciable para los padres y que el reconocimiento de paternidad por parte de otro miembro de la familia no exime al progenitor de cumplir.

La decisión representa un giro frente a la jurisprudencia tradicional aplicada por la Corte Constitucional, que restringía este fuero únicamente a quienes aún no habían completado el número mínimo de semanas de cotización, excluyendo a a los que solo les faltaba cumplir la edad para acceder a la pensión.

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Hasta la reciente sentencia, el criterio dominante sostenía que la protección se limitaba a trabajadores dentro de los tres años previos a la pensión, siempre y cuando aún debieran cotizar semanas. El argumento principal era que la edad podía alcanzarse fuera de la relación laboral, por lo que no se consideraba frustrado el acceso a la pensión si el despido ocurría tras completarse las semanas exigidas.

La nueva postura de la Corte Suprema de Justicia establece que la estabilidad laboral reforzada también ampara a quienes ya cumplieron con el requisito de semanas, pero se encuentran a menos de tres años de cumplir la edad pensional.

Según el fallo, la terminación del contrato en esta etapa coloca al trabajador en un estado de vulnerabilidad, afectando su mínimo vital y la continuidad en el sistema de seguridad social.

La Corte destacó que la protección no se limita a evitar la frustración del derecho pensional, sino que busca asegurar la dignidad y la subsistencia del trabajador en el tramo final de su vida laboral, periodo en el que las posibilidades de reinserción laboral se reducen drásticamente.

Este cambio amplía el alcance del fuero de prepensionado y relativiza la facultad del empleador de finalizar unilateralmente el contrato con la simple indemnización. La Sala precisó que la protección debe cobijar tanto a trabajadores del sector público como del privado, activando el principio de igualdad y ajustando la interpretación a los estándares internacionales de derechos laborales.

El fallo también señaló que el empleador tiene un deber intensificado de preservar el vínculo laboral cuando al trabajador le faltan tres años o menos para cumplir la edad requerida para la pensión, debido a la especial vulnerabilidad que implica la cercanía a la jubilación.

Además, la Corte advierte que el tránsito hacia la pensión constituye un derecho humano protegido, tanto en su dimensión jurídica como económica, para evitar períodos de marginación previa a la inclusión en la nómina de pensionados.

El caso que motivó la decisión involucró a un trabajador despedido sin justa causa a los 59 años y medio, que ya había cotizado las semanas requeridas para la pensión pero aún no alcanzaba la edad mínima.

El Tribunal a cargo del caso había negado la protección del fuero de prepensionado argumentando que el requisito de edad podía cumplirse con o sin relación laboral, pero la Corte Suprema consideró que esta visión desconocía la finalidad del fuero, que es evitar la desprotección económica y social en el periodo inmediatamente anterior a la jubilación.

“La prioridad tuitiva se enfoca en la continuidad monetaria previa a la obtención de la prestación pensional, la cual se vería menoscabada por el acto de despido”, resaltó la sentencia.

No obstante, la Sala consideró que este razonamiento omite la realidad social del trabajador adulto mayor, que enfrenta dificultades casi insalvables para reinsertarse en el mercado laboral y garantizar su sustento y el de su familia en la etapa previa a la jubilación. “El trabajador adulto mayor y su familia tienen que seguir viviendo y atendiendo a sus necesidades básicas durante el tiempo que le falte para cumplir la edad que le dará acceso a la pensión de vejez y (...) la casi insalvable dificultad a la que se enfrenta un trabajador después de los 59 años de edad para conseguir un empleo remunerado”.

Finalmente, la empresa quedó obligada a reintegrar al trabajador despedido a su cargo, así como a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se hiciera efectivo el reintegro, además de asumir los gastos del proceso legal.

Aún hay tiempo de modificar su régimen pensional en Colombia, por lo que es necesario conocer una serie recomendaciones para realizar con éxito este trámite.

La fecha límite fue fijada para el 16 de julio de 2026, según informó Colpensiones, en el contexto de la reforma aprobada por el Congreso de la República, que se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional decide cuál será su destino tras recibir 91 demandas de inconstitucionalidad.

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Esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que introdujo cambios en el sistema de pensiones del país y cuya vigencia se mantiene mientras la Corte Constitucional revisa algunos de sus apartados.

La ventana de oportunidad para cambiarse de fondo aplica únicamente a los que hayan cumplido ciertos requisitos antes del 30 de junio de 2025.

El principal filtro corresponde a las semanas cotizadas: se exige que las mujeres acrediten al menos 750 semanas y los hombres 900 semanas registradas en el sistema, independientemente de si actualmente se encuentran afiliados a un fondo privado o a Colpensiones.

Además, existe la posibilidad de acceder a un traslado especial para los que ya alcanzaron la edad de pensión —57 años en el caso de las mujeres y 62 para los hombres— o están dentro de los diez años previos a cumplirla, siempre que también reúnan el mínimo de semanas requerido.

Antes de formalizar el cambio de régimen, la normativa establece la obligatoriedad de cumplir con la llamada “doble asesoría”. Este procedimiento implica recibir información y orientación tanto de Colpensiones como del fondo privado donde cotiza el trabajador.

El propósito es que la decisión se tome con base en una comparación detallada de beneficios, tiempos de cotización y proyecciones de la pensión. Entre los aspectos que abarca esta asesoría gratuita figuran la explicación de las condiciones de cada régimen, la estimación de la pensión bajo ambos esquemas y la comparación de requisitos para acceder a la jubilación.

El plazo definido en la ley representa un punto de inflexión para los que cumplen las condiciones y aún no han iniciado el trámite, ya que, una vez vencido el 16 de julio de 2026, perderán la opción de trasladarse bajo las reglas actuales. Dejar pasar la fecha implicará que los afiliados ya no podrán elegir entre el régimen público y los fondos privados para la gestión de sus aportes y el cálculo de su jubilación. .

En paralelo, Colpensiones anunció que desde el 1 de enero de 2026 el requisito de semanas cotizadas para que las mujeres accedan a la pensión de vejez será de 1.250 semanas, con una reducción gradual hasta alcanzar 1.000 semanas para 2036.

La entidad también recordó que, para los que deseen trasladarse de régimen pensional, las mujeres deben tener al menos 47 años y 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres requieren 52 años y 900 semanas.

Corte Suprema permite aplicar norma favorable para otorgar pensión de sobrevivientes

La Corte Suprema de Justicia ordenó el 7 de enero de 2026 a Colpensiones reconocer la pensión de sobrevivientes a una mujer cuyo esposo falleció en 2002, marcando un precedente sobre la aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia pensional.

El tribunal determinó que puede aplicarse la normativa anterior, como el Acuerdo 049 de 1990, si resulta más favorable para el solicitante. Esta decisión permitió validar la contabilización de semanas cotizadas bajo reglas previas, considerando que eran menos estrictas que las requeridas por la Ley 100 de 1993, vigente al momento de la muerte.

El fallo surgió tras la negativa de Colpensiones a reconocer el derecho en 2019, argumentando que el fallecido no había cotizado las semanas exigidas por la ley posterior. Según la sentencia, este principio protege a los que enfrentan transiciones legales, evitando situaciones injustas derivadas de cambios normativos.

A medida que los trabajadores se aproximan a la edad de jubilación, la verificación oportuna de la historia laboral se convierte en un paso determinante dentro del sistema pensional colombiano.

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reiteró que las personas con edades entre 55 y 60 años deben revisar con antelación sus registros de cotización para evitar inconvenientes cuando soliciten el reconocimiento de la pensión de vejez.

La advertencia está dirigida, principalmente, a quienes se encuentran a dos años o menos de cumplir la edad mínima exigida por la ley para pensionarse, establecida en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

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Según explicó la entidad, este proceso no es opcional ni accesorio, sino una etapa necesaria para garantizar que el trámite avance sin obstáculos administrativos.

De acuerdo con información divulgada por Semana, una parte significativa de las demoras en el reconocimiento de pensiones se origina en inconsistencias dentro de la historia laboral. Este documento consolida el número de semanas cotizadas, los empleadores reportados y otros datos que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando existen errores o información incompleta, Colpensiones no puede continuar con el proceso hasta que se realicen las correcciones correspondientes.

Especialistas en seguridad social señalan que estas irregularidades suelen evidenciarse cuando el afiliado ya inició el trámite pensional. En ese punto, la corrección de datos puede tardar meses o incluso años, periodo durante el cual la persona no recibe la mesada, pese a haber alcanzado la edad requerida. Por esta razón, la revisión anticipada busca reducir tiempos y prevenir trámites prolongados.

Entre los aspectos que requieren mayor atención, Colpensiones identificó varios factores recurrentes que generan inconsistencias en los registros. Uno de los más frecuentes es el reporte incompleto o incorrecto de aportes por parte de los empleadores, especialmente en casos de empresas que ya no existen o que no informaron adecuadamente los periodos laborados.

También se presentan situaciones en las que aparecen lapsos sin cotización, aunque el trabajador sí prestó sus servicios durante esos periodos. A esto se suman errores en las fechas de ingreso o retiro, así como fallas en los datos personales del afiliado, como nombres, números de identificación o fechas de nacimiento, información esencial para validar el expediente.

Colpensiones recordó que la historia laboral es la base para el cálculo y reconocimiento de la pensión, por lo que cualquier inconsistencia debe ser subsanada antes de iniciar la solicitud formal. La entidad indicó que el proceso de consulta y corrección es gratuito y puede realizarse sin intermediarios.

El primer paso consiste en ingresar a la Zona Transaccional de la Sede Electrónica de Colpensiones, donde el afiliado puede consultar y descargar su historial laboral utilizando usuario y contraseña. Esta revisión permite identificar con claridad las semanas registradas y los posibles vacíos que requieran soporte documental.

En caso de detectar errores, el afiliado debe acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con documentos que respalden la información correcta. Entre los soportes más utilizados se encuentran contratos de trabajo, certificaciones laborales, desprendibles de pago o comprobantes de cotización, que permiten verificar los periodos efectivamente laborados.

La administradora insistió en que los trámites pensionales no se realizan de manera automática y que la responsabilidad de verificar la información recae directamente sobre el afiliado. Si los datos no están actualizados al momento de presentar la solicitud, el proceso puede suspenderse hasta que se complete la validación, lo que impacta directamente los tiempos de respuesta.

Según Colpensiones, la pérdida o el no reconocimiento de semanas cotizadas es uno de los principales riesgos cuando no se realiza esta revisión previa. Dichas semanas son determinantes para cumplir el requisito mínimo exigido por la normativa vigente y para definir el monto de la mesada pensional.

La entidad reiteró que adelantar este trámite con anticipación permite reducir riesgos administrativos y facilita que, una vez alcanzada la edad de jubilación, el proceso se adelante conforme a los plazos establecidos. La recomendación aplica tanto para trabajadores activos como para quienes ya no se encuentran vinculados laboralmente, pero continúan próximos a cumplir la edad legal de pensión.

En el año cero de la era cristiana, la población mundial se estimaba en alrededor de 300 millones de personas. Durante los primeros siglos, la mayoría de la población estaba compuesta por personas jóvenes, ya que las tasas de mortalidad eran elevadas y la expectativa de vida rondaba los 30 años. La estructura etaria de esta época reflejaba una pirámide de población muy amplia en la base, con un número significativo de jóvenes y una proporción reducida de ancianos, debido a las limitadas condiciones de salud y los constantes conflictos bélicos.

A partir del siglo VI, durante la Edad Media, la población global comenzó a experimentar cambios más drásticos. Pero plagas, guerras y hambrunas la mantuvieron más bien constante. Con el Renacimiento, una serie de avances en medicina y agricultura empezaron a favorecer un crecimiento demográfico moderado.

Era Moderna y Revolución Industrial

En la era moderna, concretamente a finales del siglo XVIII, la población mundial alcanzó los 1.000 millones. La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo XVIII, contribuyó enormemente a un aumento en la esperanza de vida. Para 1900, la población mundial alcanzó aproximadamente los 1.650 millones de personas. Durante este tiempo, se observaron cambios significativos en la proporción de personas mayores. La industrialización y el urbanismo propiciaron un cambio en la orientación hacia el bienestar social y la salud pública.

En efecto, al quedar los trabajadores mayores fuera del sistema productivo, se dio origen a un concepto moderno: la jubilación. Por primera vez, el Estado (comenzando por la Alemania de Otto von Bismarck en 1889) empezó a institucionalizar el apoyo económico a los mayores, reconociéndolos como sujetos de derecho, pero también, de alguna manera, “apartándolos” del dinamismo social.

Siglos XX y XXI

El siglo XX marcó el comienzo de un fuerte incremento de la población. Gracias a los avances en salud, la expectativa de vida comenzó a aumentar de manera significativa, impulsada por los descubrimientos médicos durante la Segunda Guerra Mundial y la revolución médica posterior. En 1950, la población mundial era de aproximadamente 2.500 millones, y para el año 2000, esta cifra se había más que duplicado, superando los 6.000 millones.

Este crecimiento explosivo fue inicialmente joven. Pero a medida que la fecundidad comenzó a caer (las familias pasaron de tener 6 hijos a tener menos de 2 en muchas regiones), la base de la pirámide se estrechó, mientras que la cima comenzó a ensancharse gracias al aumento de la longevidad.

En 2023, la población mundial se estimó en alrededor de 8.000 millones, con una creciente proporción de personas mayores. En este contexto, se ha observado que la pirámide poblacional de muchos países, especialmente en Occidente, ha ido transformándose en una pirámide más rectangular, lo que indica un mayor porcentaje de personas mayores en relación a las más jóvenes.

Hoy vivimos un momento único: 2019 fue el primer año en la historia de la humanidad en el que hubo más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años.

La importancia de la población mayor

A lo largo de la historia, la población anciana ha jugado un papel crucial en la cohesión social y la transmisión cultural. En sociedades agrícolas tradicionales, los ancianos eran considerados portadores de sabiduría y conocimientos, desempeñando un papel fundamental en la educación de las generaciones más jóvenes.

Durante el siglo XX, las políticas de bienestar social comenzaron a cambiar para abordar las necesidades de los ancianos, destacando la importancia de su inclusión en la vida social y económica.

Actualmente, la población mayor de 65 años representa alrededor del 9% de la población mundial, y se proyecta que esta cifra alcanzará el 16% para 2050, lo que significa que aproximadamente uno de cada seis habitantes del planeta será mayor. Este crecimiento es particularmente notable en países como Japón, donde cerca del 28% de la población es mayor de 65 años.

La población de personas seniors en Europa, por ejemplo, es una de las más altas del mundo, con una proyección de que el 25% de la población será de 65 años o más en 2030. Este fenómeno está relacionado con políticas de bienestar social sólidas y un sistema de salud accesible. Sin embargo, esto también plantea desafíos en términos de sostenibilidad económica, ya que una mayor proporción de personas mayores supone una carga en los sistemas de pensiones y atención sanitaria.

Asia presenta una diversidad en la distribución etaria. En Japón, la población mayor de 65 años supera el 28%, destacándose como uno de los países con mayor envejecimiento. En contraste, naciones como India aún poseen una mayor proporción de jóvenes. Sin embargo, el continente asiático enfrentará un rápido envejecimiento en las próximas décadas, lo que plantea la necesidad de políticas efectivas para abordar la atención de la salud y la integración social de los mayores.

En América del Norte, Estados Unidos y Canadá están viendo un aumento en la población mayor, donde el 16% de la población tiene 65 años o más. En América Latina, la población mayor está creciendo, aunque a un ritmo más lento que en los países desarrollados. La clave estará en cómo las políticas públicas puedan adaptarse para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional mientras se fomenta la inclusión.

En muchas naciones, como Argentina y Brasil, esta cohorte representa alrededor del 8% al 10% de la población total. En Argentina, por ejemplo, la población de 65 años o más alcanzaba 6.8 millones de personas según el censo de 2022, y se espera que este número continúe creciendo. Se trata en este caso de una etapa avanzada de transición demográfica. Según proyecciones del INDEC para 2025 y 2026, el país se encamina hacia una estructura poblacional donde habrá más ancianos que niños.

La relevancia de la silver economy

La creciente participación de las personas mayores de 65 años en la economía tiene implicaciones significativas. Esto se debe a que, con un aumento en la expectativa de vida, muchas personas mayores están activas en el mercado laboral, contribuyendo a la economía y desafiando las percepciones sobre la jubilación. Los “silver” representan un recurso valioso en sectores como el turismo, la atención médica, productos de consumo y tecnología.

La importancia de la población mayor no solo radica en su número, sino en su potencial para contribuir a la sociedad. Con un enfoque adecuado en la salud, la educación y la inclusión, los mayores pueden seguir siendo parte activa del tejido social y económico. Las proyecciones indican que para el 2050, el número de personas mayores a nivel global superará los 1,5 mil millones, lo que exigirá adaptaciones en los modelos de atención, empleo y vivienda.

La “silver economy” continuará expandiéndose, creando oportunidades en sectores innovadores que despierten el interés de esta nueva generación de ancianos activos. Los avances tecnológicos también facilitarán soluciones a desafíos como el cuidado a domicilio, la telemedicina y el acceso a servicios.

Un mundo más longevo

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado cambios demográficos que han alterado no solo el número de habitantes sobre el planeta, sino la estructura interna de las sociedades. De un mundo dominado por la juventud y la brevedad de la vida, estamos transitando hacia una era de longevidad sin precedentes. Este fenómeno, conocido como la “revolución de la longevidad”, está redibujando el mapa económico, social y político del siglo XXI.

Las proyecciones de las Naciones Unidas indican que la población mundial seguirá creciendo hasta alcanzar un pico de unos 10.300 millones en 2080. Pero lo más impactante no es el total, sino la distribución.

Para el año 2050, se estima que:

Uno de cada seis habitantes del mundo tendrá más de 65 años (el 16%).

El número de personas de 80 años o más se triplicará, pasando de 143 millones en 2019 a 426 millones.

La pirámide poblacional dejará de ser una pirámide para convertirse en un rectángulo o pilar, donde las cohortes de edad son casi iguales hasta edades avanzadas.

A medida que caminamos hacia un futuro en el que la población mayor representará una proporción considerable de la humanidad, se torna esencial entonces adoptar enfoques inclusivos que reconozcan la experiencia y el valor de los mayores. La forma en que las sociedades respondan a estos desafíos determinará en gran medida la calidad de vida de las generaciones venideras y el desarrollo socioeconómico global.

Las personas que se jubilen en España podrán elegir desde el 1 de enero entre dos fórmulas para calcular la cuantía de sus pensiones contributivas, según recoge la reforma de las pensiones aprobada en marzo de 2023. Estas medidas tienen como objetivo adaptar el sistema público de pensiones a las trayectorias laborales cambiantes y mejorar la cobertura de las carreras más irregulares.

El nuevo esquema permite a los nuevos jubilados optar por el cálculo tradicional basado en los últimos 25 años cotizados o por un método alternativo que considera 29 años de cotización, descartando los dos peores años. La aplicación de esta segunda fórmula será progresiva hasta 2037.

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Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social aplicará de oficio la opción que resulte más favorable para cada trabajador mientras ambas alternativas coexistan. Esto será así hasta 2040, cuando los nuevos jubilados seguirán pudiendo elegir entre el método tradicional y el progresivo.

Entre 2041 y 2043, el periodo de referencia del sistema actual aumentará gradualmente de 25 a 26,5 años, antes de que el método de 29 años menos los dos peores meses se convierta en el estándar único a partir de 2044.

Durante esta transición, la reforma establece que en 2026 los trabajadores podrán excluir del cálculo los dos meses con menor cotización dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores a la jubilación. A partir de 2044, la pensión se calculará sobre 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores).

Requisitos para jubilarse con el 100% de la pensión

Otra de las principales novedades implica la edad para acceder al 100% de la pensión contributiva. Desde este año, la edad legal se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses cotizados. Aquellos que superen ese umbral de cotización podrán jubilarse con el 100% a los 65 años. Este umbral se ha incrementado respecto a 2025, cuando la edad exigida era de 66 años y 8 meses para quienes no alcanzaban los 38 años y 3 meses de cotización.

El requisito de cotización mínima para acceder a la pensión contributiva se mantiene en 15 años, de los que al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años previos a la jubilación. Esta condición no ha experimentado cambios con la reforma.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Inclusión, el objetivo de esta reforma es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y adaptar el cálculo a las nuevas realidades laborales. “La posibilidad de elegir la fórmula más ventajosa y descartar los peores periodos mejora la equidad y protege a quienes han tenido carreras de cotización más inestables”, explicaron desde el departamento dirigido por Elma Saiz.

Durante el periodo transitorio, la coexistencia de ambos sistemas pretende facilitar una adaptación gradual tanto para los futuros pensionistas como para la Seguridad Social.

Jubilación anticipada

La reforma de las pensiones también afecta a quienes desean jubilarse anticipadamente. La edad mínima varía en función de los años cotizados y el tipo de jubilación anticipada solicitada.

Con estos cambios, el sistema español de pensiones introduce uno de los periodos de referencia más largos de Europa para el cálculo de la prestación. El ministerio defiende que esta extensión permite un cálculo más representativo de la carrera laboral, al tiempo que reduce el impacto negativo de periodos de desempleo prolongado o cotizaciones más bajas en los últimos años de vida laboral.

Las modificaciones aprobadas en 2023 forman parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para adaptar el sistema a las previsiones demográficas y económicas de las próximas décadas. La reforma establece un calendario claro y progresivo, con el objetivo de aportar certidumbre a quienes planean su retiro en los próximos años.

Desde el 1 de enero se ha implementado un proceso en el que la Seguridad Social aplicará automáticamente la fórmula que resulte más beneficiosa para cada trabajador en el cálculo de su pensión, siempre que existan opciones simultáneas. Según publicó el medio de comunicación, una de las novedades más relevantes para las personas que se jubilen a partir de 2026 será la posibilidad de excluir los dos meses de cotización más bajos al momento de determinar el importe final de su pensión, en el marco de la reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023.

De acuerdo con la información difundida, a partir del 1 de enero de 2026, los empleados que se retiren tendrán dos alternativas para calcular su pensión: la actual, basada en los últimos 25 años cotizados, o una nueva opción, en la que el cálculo se realiza sobre 29 años de cotización, con la posibilidad de descartar los dos meses de ingresos más bajos. Este nuevo sistema se introducirá gradualmente, cubriendo diferentes fases hasta alcanzar su plena aplicación en el año 2037.

El medio detalló que la implementación será progresiva: durante el primer año de vigencia solo se podrán descartar los dos peores meses dentro de los 304 meses previos al mes anterior al hecho causante de la pensión. De este modo, los trabajadores podrán optar por excluir dos meses desfavorables y mejorar así el cálculo de su pensión contributiva.

Las dos fórmulas de cálculo convivirán hasta el año 2040. Hasta esa fecha, las personas podrán elegir entre calcular la prestación según los últimos 25 años cotizados o aplicar la regla de los 29 años menos los dos meses más bajos (27 años efectivos). Entre los años 2041 y 2043, la opción de los 25 años incrementará gradualmente seis meses por año, pasando a 25,5 años en 2041, luego a 26 años en 2042 y a 26,5 años en 2043. Durante estos años, la alternativa será escoger entre este nuevo periodo aumentado o el cálculo de 29 años excluyendo los dos peores meses. Desde el año 2044, desaparecerá definitivamente el cálculo por 25 años, quedando ya únicamente la fórmula de 27 años efectivos de cotización como referencia obligatoria.

Según indicó el medio de comunicación, la reforma recoge que, mientras existan ambas posibilidades de cálculo, la Seguridad Social determinará automáticamente cuál es la más ventajosa para el interesado sin que este deba solicitarlo, lo que supone un cambio en el procedimiento administrativo para los próximos años.

Junto a estas modificaciones, también se han introducido ajustes en la edad de acceso a la jubilación total. Los trabajadores que quieran retirarse con el importe íntegro (el 100%) de la pensión en 2024 deberán tener cumplidos 66 años y 10 meses si acreditan menos de 38 años y tres meses cotizados. El medio explicó que este requisito se elevó respecto a 2023 y, en 2025, la exigencia será de 66 años y 8 meses para quienes no alcancen el mínimo de 38 años y tres meses de cotización. En caso de superar ese umbral, la jubilación con la pensión completa puede obtenerse con 65 años cumplidos.

La condición mínima para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación no experimenta cambios: se conservará la obligación de acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos en el intervalo de los 15 años inmediatamente previos a la solicitud de la jubilación, según detalló la fuente.

Este paquete de medidas promulgado en marzo de 2023 busca adaptar el sistema de pensiones español a las nuevas realidades y trayectorias laborales, ofreciendo alternativas que suavizan el impacto de periodos de cotización bajos o discontinuos. El propósito, consignó el medio, es asegurar pensiones más ajustadas a las circunstancias reales de los trabajadores, especialmente aquellos que hayan atravesado episodios puntuales de desempleo o cotizaciones bajas durante su carrera.

El cambio normativo contempla una implantación progresiva, con mecanismos automáticos y sin requerimientos adicionales por parte de los futuros jubilados, hasta consolidar un nuevo sistema de cálculo único a partir de 2044. La coexistencia temporal de dos métodos responde a la intención de facilitar la transición y de evitar perjuicios para quienes se retiren en los primeros años de la reforma.

En resumen, las nuevas disposiciones establecen un marco de flexibilidad y gradualidad en el cálculo de las pensiones contributivas, introduciendo la exclusión de los dos meses más bajos de cotización y elevando la edad de jubilación plena en función del historial contributivo, según el esquema regulatorio detallado por el medio informativo.

De acuerdo con lo publicado por EFE, Buffett aclaró en su última carta a los inversores de Berkshire que su salud muestra signos de declive, aunque continúa asistiendo a la oficina diariamente durante toda la semana, impulsado por una motivación hacia el trabajo que promueve entre las nuevas generaciones y que comparten otros referentes de edad avanzada en el mundo empresarial. “No me voy a ir a casa a ver telenovelas. Mis intereses aún son los mismos”, expresó el llamado ‘Oráculo de Omaha’ en relación a su retiro, sobre el cual había numerosas especulaciones desde que en 2021 se anunció a Abel como su reemplazo.

Greg Abel, quien ahora toma las riendas de Berkshire Hathaway a sus 63 años, es miembro de la junta directiva desde 2018 y es considerado uno de los principales colaboradores de Buffett. Su recorrido en la firma comenzó en 2000, año en que Berkshire adquirió una participación mayoritaria en MidAmerican Energy, empresa liderada entonces por Abel. Desde 2011, Abel ocupa el cargo de presidente y director ejecutivo de la subsidiaria energética Berkshire Hathaway Energy y ha tenido a su cargo la supervisión de los negocios no relacionados con el sector seguros. El medio EFE detalló que entre los desafíos de Abel se encuentra la tarea de consolidar la confianza de los inversores mientras gestiona una corporación con presencia en múltiples sectores y que actualmente ostenta niveles históricos de liquidez.

Wall Street observa con atención la transición, y según EFE, diversos analistas consideran que Abel cuenta con la experiencia para liderar el conglomerado, recordando especialmente su gestión al frente de la filial energética, caracterizada por una política sólida de adquisiciones y fusiones. Estos expertos advierten, sin embargo, que el nuevo CEO no debe buscar emular a Buffett, sino construir su propia trayectoria.

En su etapa final al frente de Berkshire, Buffett realizó movimientos notables como el primer desembarco de la empresa en acciones de Alphabet, invirtiendo 4.300 millones de dólares, a pesar de haber manifestado reservas respecto al sector tecnológico en el pasado. Según detalló EFE, este paso representó una autocrítica por parte de Buffett sobre las oportunidades perdidas previamente.

La filantropía permanece como uno de los pilares del legado de Buffett, quien se comprometió a donar el 99 % de su fortuna. Recientemente, transfirió una parte relevante de sus acciones en Berkshire Hathaway a fundaciones familiares y anunció que acelerará el traspaso del resto para que sus tres hijos puedan gestionar el patrimonio en vida y con buena salud. EFE señaló que el empresario fundó la iniciativa Giving Pledge junto a Bill Gates, declarando su contrariedad respecto a la riqueza dinástica y la ostentación. Buffett expresó en una oportunidad: “Unos padres increíblemente ricos deberían dejar a sus hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que se permitan no hacer nada”.

La comunicación de Buffett con los accionistas a través de cartas anuales ha adquirido un tono personal y accesible, algo poco frecuente en el entorno bursátil, subrayó EFE. En su mensaje más reciente, relató aspectos de su nacimiento en 1930 y agradeció al azar por las circunstancias que le beneficiaron en la vida, mientras confesó que su ritmo disminuye y que la lectura se torna más difícil. Buffett anticipó además que limitará sus envíos a uno por año, el Día de Acción de Gracias, y advirtió de un perfil público progresivamente más reservado: “Voy a volverme más silencioso”.

El medio EFE reportó que la jubilación de Buffett a los 95 años supera ampliamente la media en Estados Unidos; sin embargo, no resulta extraño encontrar trabajadores que mantienen actividad después de los 65 años. Datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) citados por EFE muestran que un 27 % de los estadounidenses de entre 65 y 74 años forman parte de la fuerza de trabajo, al igual que casi un 9 % de los mayores de 75 años. Estas cifras, según las proyecciones oficiales, aumentarán en los próximos diez años.

Durante su extensa carrera, Buffett impulsó, junto a Munger, un modelo de inversión basado en el sentido común, la paciencia y una aproximación distante de modas especulativas. De acuerdo a EFE, a través de ferias de inversores y sesiones públicas de preguntas y respuestas, ambos transmitieron estos principios, consolidando el conglomerado como una de las mayores empresas cotizadas del mundo, con un valor que supera el billón de dólares.

El traspaso a Greg Abel marca el inicio de una nueva etapa para Berkshire Hathaway, caracterizada por altas expectativas y por la referencia constante a la herencia que dejan las seis décadas de liderazgo de Buffett y Munger al frente de la empresa. Según detalló EFE, este cambio de ciclo se produce en un contexto de abundante liquidez y mientras persisten debates acerca de la viabilidad de extender el éxito del conglomerado bajo una nueva administración.

Las pensiones volverán a subir en 2026 conforme a la evolución de los precios, garantizando un año más el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones contributivas. Además, la revalorización aprobada a finales de 2025 refuerza las pensiones mínimas y las no contributivas, que registrarán incrementos superiores a la media. Estas subidas se enmarcan en las prórrogas del denominado escudo social, aprobadas en el último Consejo de Ministros del año, con las que el Gobierno ha optado por dar continuidad a las medidas ya vigentes.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha activado nuevas vías de financiación que entran en vigor en 2026, con el objetivo de sostener estas revalorizaciones en un contexto de envejecimiento de la población y creciente presión sobre el sistema público de pensiones.

Subida de las pensiones conforme al IPC en 2026

Las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7% en 2026, en línea con la inflación media del año anterior. Esta actualización automática responde al compromiso asumido tras la última reforma del sistema, que vincula la evolución de las pensiones al coste de la vida. La subida se aplicará sobre la pensión mensual y quedará incorporada a la nómina, por lo que se mantendrá en los años siguientes.

Asimismo, la pensión máxima del sistema también se incrementará en 2026, con una subida ligeramente superior al IPC, conforme a lo previsto en la normativa vigente. Este ajuste afecta a un número reducido de beneficiarios y responde al aumento progresivo de las bases máximas de cotización.

Las pensiones mínimas y las no contributivas, las más beneficiadas

El mayor impulso se concentra, un año más, en las pensiones más bajas. Las pensiones mínimas registrarán en 2026 una subida superior al 7%, muy por encima de la inflación, con el objetivo de reducir la brecha entre estas prestaciones y el umbral de pobreza.

En el caso de las pensiones con cónyuge a cargo y de las pensiones de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanzará el 11,4%, una de las mayores subidas aplicadas en los últimos años. Este aumento busca reforzar la protección de los hogares más vulnerables dentro del colectivo de pensionistas.

Por otra parte, las pensiones no contributivas, dirigidas a personas sin recursos suficientes o con cotizaciones insuficientes, también se revalorizarán un 11,4% en 2026, consolidando la tendencia de incrementos superiores al IPC iniciada tras la pandemia.

El Ingreso Mínimo Vital también se revaloriza

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque no es una pensión en sentido estricto, forma parte del mismo bloque de protección social y se revalorizará en 2026 en la misma proporción que las pensiones no contributivas, con un aumento del 11,4%. Esta medida beneficia directamente a hogares con ingresos muy reducidos, incluidos pensionistas que no alcanzan una cuantía mínima suficiente y que complementan sus ingresos a través de esta prestación.

Nuevas vías de financiación para sostener el sistema

Las subidas de las pensiones vienen acompañadas de nuevas fuentes de financiación que entran en vigor o se refuerzan en 2026. Entre ellas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que pagan trabajadores y empresas y que se destina a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

A esta herramienta se suma la cuota de solidaridad, que comenzará a aplicarse en 2026 a los salarios que superan la base máxima de cotización. Se trata de una aportación adicional que no genera derechos futuros, pero que incrementa los ingresos del sistema de pensiones y contribuye a financiar las prestaciones actuales.

En el ámbito de la jubilación parcial, la modalidad que permite combinar el retiro laboral con un contrato a tiempo parcial se mantiene disponible, aunque su acceso depende del tipo de contrato de relevo que realice la empresa. Según informó el medio, desde este jueves la edad mínima para optar a la jubilación parcial sin relevo empresarial coincide con la edad ordinaria de jubilación vigente en cada caso. Si la empresa formaliza un contrato de relevo para cubrir el puesto del trabajador que se jubila parcialmente, la edad mínima será de 63 años y 10 meses para quienes cuenten con menos de 38 años y 3 meses cotizados, o de 62 años si se acreditan al menos 33 años de cotización. Esta disposición se integra dentro de la reforma de pensiones de 2013 y afecta de manera directa a las personas que planean acceder a esta modalidad durante el nuevo año.

El medio detalló que, a partir de este jueves, primero de enero, los españoles que deseen jubilarse percibiendo el 100% de la pensión deberán contar con al menos 66 años y 10 meses cumplidos, de acuerdo a la mencionada legislación. La normativa, que eleva gradualmente la edad de retiro de los 65 a los 67 años en un periodo de 15 años, establece también que aquellos que acrediten más de 38 años y 3 meses de cotización podrán retirarse a los 65 años con la totalidad de la prestación. En este sentido, reportó el medio, la diferencia principal radica en el historial de cotización, lo que introduce requisitos diferenciados para los trabajadores según el tiempo aportado a la Seguridad Social.

El requisito de cotización mínima para tener acceso a la pensión contributiva de jubilación continúa inalterado desde la reforma: al menos 15 años cotizados, de los cuales dos deben encontrarse dentro de los últimos 15 años precedentes al retiro. De acuerdo con la información publicada, este parámetro sigue vigente y no ha sufrido modificaciones en las sucesivas reformas.

En relación con el retiro anticipado, la Seguridad Social permite adelantar la jubilación un máximo de 24 meses respecto a la edad legal, siempre que se cuenten con al menos 35 años de cotización, de los cuales dos deben situarse entre los 15 años previos a solicitar el retiro. A partir de 2026, especifica el medio, la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se situará en 64 años y 10 meses en casos donde la carrera de cotización sea inferior a 38 años y 3 meses. En carreras laborales más extensas, la edad se adelanta a 63 años. Además, se requiere que la pensión calculada supere el importe mínimo que correspondería por situación familiar al cumplir 65 años; si esto no ocurre, el anticipo de la jubilación queda descartado.

Para quienes se ven obligados a un retiro anticipado de carácter involuntario, el adelanto puede extenderse hasta 48 meses antes de la edad ordinaria de jubilación. Tal como consignó el medio, para este año se exige haber cumplido 62 años y 10 meses si el periodo cotizado es menor a 38 años y tres meses, contando con al menos 33 años cotizados. Los trabajadores con carreras más largas, que superen el umbral de 38 años y 3 meses de aportes, pueden retirarse a los 61 años bajo este supuesto. El cálculo de la pensión para jubilaciones anticipadas contempla la aplicación de coeficientes reductores; estos varían en función de los meses de anticipo y los años cotizados, abarcando una oscilación general de entre el 21% y el 2,81% si el adelanto es voluntario. Si la jubilación anticipada resulta forzosa, los coeficientes aplicados pueden oscilar del 30% con cuatro años de anticipo, hasta el 0,50% por un solo mes, reduciéndose a medida que aumenta el historial de cotización.

En cuanto a la jubilación demorada, la Seguridad Social mantiene un sistema de bonificaciones para quienes deciden posponer su retiro más allá de la edad ordinaria. El medio explicó que los pensionistas pueden elegir entre un incremento porcentual de su pensión, un pago único o una combinación de ambos incentivos, sujetos a que la demora sea igual o mayor a dos años. Además, la última reforma —que entró en vigor en abril de 2025— introdujo la posibilidad de recibir una bonificación adicional del 2% por cada periodo superior a seis meses e inferior a un año de retraso, sin necesidad de completar un año adicional para obtener un nuevo incentivo. Así, quien posponga el retiro obtiene un beneficio económico progresivo en función del tiempo aplazado.

El sistema reconoce, además, la compatibilidad entre la jubilación activa y la percepción de los incentivos de demora, lo que implica que los beneficiarios pueden cobrar un complemento por retrasar el retiro junto con su salario, independientemente de la modalidad elegida (porcentaje adicional, pago único o mixta). Mientras la persona se mantenga en situación de jubilación activa, no se generan nuevos aumentos del complemento por demora, según detalló la fuente.

Todas estas normativas buscan adecuarse a la evolución demográfica y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según reportó el medio, las modificaciones afectan tanto a los trabajadores próximos a la jubilación como a aquellos que están planificando su futuro laboral a mediano y largo plazo, al ofrecer diferentes escenarios y requisitos según la modalidad de retiro elegida. La evolución mensual y anual de la edad de jubilación, junto con los coeficientes y bonificaciones, se ha ido adaptando desde la reforma de 2013 hasta las medidas de ampliación y flexibilidad más recientes.

Con estos cambios, el acceso y cálculo de la pensión contributiva, así como las posibilidades de retiro anticipado, parcial o demorado, quedan condicionados no solo por la edad y los años cotizados, sino también por otras variables como la modalidad contractual aplicada o la cuantía mínima de la prestación garantizada por la Seguridad Social.

El complemento destinado a reducir la brecha de género dentro del sistema de pensiones también experimentará un aumento desde este jueves, equivalente al aplicado a las pensiones contributivas y de clases pasivas. Según informó el medio, este incremento se suma a una serie de subidas automáticas que modificarán el monto mensual recibido por casi 13 millones de beneficiarios en España, a partir del 1 de enero. Las pensiones contributivas y las de clases pasivas aumentarán un 2,7%, mientras que las mínimas superarán el 7% de incremento, y las no contributivas, junto con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), crecerán un 11,4%. Esta revalorización obedece a la normativa vigente que vincula estos incrementos a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), buscando proteger el poder de compra de los perceptores frente a la inflación.

De acuerdo con el medio, la revalorización de un 2,7% aplicada a las pensiones contributivas y a las de clases pasivas sigue la fórmula establecida en las reformas recientes de la ley, que establecen que el ajuste anual se basa en la inflación media de los últimos doce meses completos (de diciembre de 2024 a noviembre de 2025). Este mecanismo evita que los ingresos de jubilados y otros colectivos pierdan valor real frente al aumento del coste de vida. La medida beneficia a 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a unos 734.000 perceptores del régimen de clases pasivas del Estado.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización del 2,7% para este año supondrá aproximadamente 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación. De esa forma, una pensión de jubilación media, que era de 1.511,51 euros mensuales en noviembre de 2025, pasa a situarse en 1.552,32 euros mensuales durante este nuevo año, lo que representa un incremento anual de 571,35 euros. En el conjunto del sistema, el aumento medio será de unos 500 euros al año por pensión.

El medio también detalló que las pensiones mínimas recibirán un aumento del 7,07%, aunque hay excepciones en las que el incremento resulta más elevado. Las pensiones mínimas para quienes tienen cónyuge a cargo, así como las de viudedad con cargas familiares, aumentan un 11,4%, en línea con las pensiones no contributivas y el IMV. Así, las pensiones de vejez e invalidez del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizan un 7,07%. Con estos cambios, la pensión SOVI no concurrente alcanza 599,60 euros mensuales, mientras que la concurrente se sitúa en 582,10 euros mensuales.

Las pensiones mínimas de jubilación para titulares con 65 años o más que viven solos ascenderán a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros vigentes en 2025. Si el jubilado cuenta con cónyuge a cargo, la pensión mínima alcanza los 17.592,40 euros anuales, superando los 15.786,4 euros del año anterior. Asimismo, el importe de la asignación por hijo a cargo o por menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% se situará en 5.962,80 euros al año. Cuando la discapacidad reconocida es igual o superior al 75%, la asignación anual se ubicará en 8.942,40 euros, un 2,7% más elevada respecto al año precedente.

Según publicó el medio, la reforma de pensiones estableció en 2024 el ajuste anual de las bases máximas de cotización conforme al IPC, sumando una cuantía fija de 1,2 puntos adicionales cada año hasta 2050. Para este año, la base máxima de cotización crecerá un 3,9%, resultado de sumar el 2,7% del IPC promedio de los doce meses completos y el 1,2% adicional, y quedará situada en 5.101,2 euros mensuales.

El incremento de la base máxima de cotización viene acompañado por una subida en la pensión máxima, que se fijará este año en 3.359,6 euros mensuales en catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros del año anterior. Esta subida integra un ajuste con el IPC más un 0,115% adicional, en concordancia con los parámetros marcados por la reforma de pensiones. Según consignó el medio, el destope progresivo de la pensión máxima arrancó en 2025 y, tal como estipula la ley, se implementará hasta 2050 con incrementos anuales del IPC más 0,115 puntos adicionales, lo que dará lugar a un crecimiento acumulado cercano al 3% en el periodo contemplado.

El número total de prestaciones que experimentarán alguna de estas subidas supera los 13 millones, dado que se incluyen tanto las pensiones contributivas como las no contributivas, las asignaciones vinculadas al IMV, y quienes perciben la ayuda por hijo a cargo con discapacidad exigiendo al menos un 65% de reconocimiento. Todas estas medidas buscan mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios y asegurar que los ajustes sean automáticos ante la variación de los precios, en sintonía con los objetivos marcados por los últimos cambios legales en materia de jubilación y protección social en España.

La reforma de las pensiones responde a la necesidad de adaptar el sistema de prestaciones a las fluctuaciones de la inflación, después de que en años anteriores se hayan registrado subidas mayores o menores atendiendo al comportamiento de los precios. Así, el incremento del 2,7% para 2025 es inferior al 3,8% de 2024 y sensiblemente más bajo que el 8,5% observado en 2023, lo que refleja una menor presión inflacionaria durante el último año analizado, según la fuente. Este enfoque automático busca proteger a los perceptores de la depreciación de sus ingresos, independientemente del contexto económico.

El medio subraya que estas modificaciones derivan del marco normativo vigente y se aplicarán en todos los conceptos detallados de acuerdo con los porcentajes indicados, asegurando la capacidad adquisitiva de pensionistas y beneficiarios de ayudas sociales en toda España.

Los españoles que quieran jubilarse a partir del próximo 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión deberán haber cumplido al menos 66 años y 10 meses. Este aumento responde a la reforma de pensiones de 2013, que establece una subida progresiva de la edad legal de jubilación (de 65 a 67 años) en un plazo de 15 años.

Estos 66 años y 10 meses será la edad exigida para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses de cotización. En 2025, el requisito es de 66 años y 8 meses para quienes no alcancen ese periodo cotizado.

En cambio, los trabajadores que superen los 38 años y 3 meses de cotización podrán jubilarse desde el 1 de enero de 2026. Toda esta situación se daría con el 100% de pensión al cumplir los 65 años.

Además, aquello que no se ha modificado con la reforma de 2013 es el requisito mínimo de cotización para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantiene en 15 años. De ellos, al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la jubilación.

Jubilación parcial

En cuanto a la jubilación parcial, esta combina jubilación con un contrato de trabajo a tiempo parcial. Si los trabajadores optan por esta modalidad sin que la empresa formalice un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que corresponda en cada caso.

Si la empresa realiza un contrato de relevo para cubrir la jornada que deja vacante la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso a esta modalidad será, desde el 1 de enero de 2026, de 63 años y 10 meses si se tienen cotizados menos de 38 años y 3 meses, o de 62 años si se acreditan 33 años cotizados.

Jubilación anticipada

La Seguridad Social permite la jubilación anticipada voluntaria hasta un máximo de 24 meses antes de la edad legal. Para acceder a esta modalidad es necesario haber cotizado un mínimo de 35 años, de los cuales dos deben estar comprendidos en los últimos 15 años.

En 2026, la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 64 años y 10 meses si se tienen menos de 38 años y 3 meses de cotización. En el caso de carreras laborales más largas, se permitirá adelantar el retiro a los 63 años cumplidos.

Además, para poder acogerse a esta modalidad de jubilación, la pensión a percibir tiene que ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería por la situación familiar del trabajador al cumplir los 65 años. De lo contrario, no puede anticipar su retiro.

Si la jubilación anticipada es involuntaria, es decir, forzosa, el adelanto puede alcanzar hasta 48 meses antes de la edad ordinaria de jubilación. En 2026, será necesario haber cumplido 62 años y 10 meses si se ha cotizado menos de 38 años y tres meses, con un mínimo de 33 años cotizados. En el supuesto de carreras laborales superiores a ese periodo, la edad mínima se sitúa en los 61 años.

Cuando un trabajador se jubila de manera anticipada, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión. Estos dependen del número de meses de adelanto respecto a la edad legal de retiro y del total de años acumulados. Por lo general, esos coeficientes reductores oscilan entre el 21% y el 2,81%, según si el retiro se adelanta 24 meses (el máximo posible) o solo un mes, más los años que se han cotizado.

En el caso de jubilación anticipada forzosa, también se aplican coeficientes reductores en función del tiempo de anticipo y de los años cotizados. Estos descuentos puede ir desde el 30% con cuatro años de anticipo hasta el 0,50% con un mes de anticipo. Varían en función de la carrera laboral: a más años cotizados, menor es el recorte aplicado.

Jubilación demorada

Por contra, si se retrasa voluntariamente el acceso a la jubilación más allá de la edad ordinaria (lo que se denomina jubilación demorada), el pensionista recibe una bonificación. Esta puede consistir en un porcentaje adicional sobre la pensión, un pago único o una combinación de ambas opciones si la demora es de dos años o más.

La reforma de la jubilación demorada, que entró en vigor en abril de este año, introdujo algunos cambios en el sistema de incentivos. A partir del segundo año de demora el incentivo aumenta un 2% (o su equivalente en caso de pago único o modalidad mixta) por cada periodo de retraso superior a seis meses e inferior a un año.

De este modo, ya no es necesario esperar a completar un año completo adicional para generar un nuevo porcentaje de incentivo. Además, esta reforma hizo compatible la jubilación activa con el cobro del complemento por demora en cualquiera de sus modalidades (porcentaje adicional, pago único o la opción mixta). No obstante, mientras la persona permanezca en situación de jubilación activa no se generarán nuevos aumentos del complemento por demora.

Carmine Iampietro, un jubilado italiano de 75 años originario de la región de Apulia, vive desde hace una década en la ciudad costera de Durres, en Albania, junto a su esposa. Tras casi medio siglo trabajando como mecánico de motos en la ciudad de Novara, decidió cruzar el Adriático para iniciar una nueva etapa de su vida fuera de Italia. Hoy es presidente de la Asociación de Pensionistas Italianos en Albania (Apia) y todo un referente para quienes se plantean trasladar allí su residencia fiscal.

Según ha informado Corriere della Sera, Iampietro fue uno de los primeros jubilados italianos en instalarse en el país balcánico, al que llegó en 2015 a bordo de su caravana, tras hacer “las maletas para un viaje solo de ida”. Desde entonces, se ha convertido en un ejemplo para la creciente comunidad de pensionistas que han seguido el mismo camino.

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Aunque el factor económico ha sido determinante, Iampietro subraya que no es la única razón: “El motivo no es solo económico, aunque la pensión que envía el INPS (la Seguridad Social italiana) aquí sigue siendo bruta y no se pagan impuestos”, explica. A ello se suma, asegura, una mayor sensación de seguridad: “Aquí te sientes seguro, no hay ‘microcriminalidad’ y por la noche puedes pasear tranquilamente sin miedo a que te roben”.

Les atrae la seguridad y el moderado coste de vida

En sus declaraciones al diario italiano, el jubilado destaca también la estabilidad social del país. “En Albania hay certeza de que quien comete un delito es castigado y no existen rebajas de pena. Para una persona mayor, eso es una garantía de tranquilidad”, afirma. A estos factores se añaden “playas preciosas, un pueblo acogedor y un coste de la vida claramente más bajo”.

Como ejemplo, relata una experiencia cotidiana: “Anoche fuimos con amigos a comer cabrito y gastamos apenas 15 euros por persona por una cena completa. ¡Una cosa impensable en nuestro país!“.

El número de pensionistas italianos en Albania ha crecido con fuerza en los últimos años. “Antes de 2021 éramos unos 300; hoy, según los últimos datos oficiales y con la aprobación de la ley que permite a los ciudadanos europeos que se trasladan a Albania la exención total de impuestos sobre la pensión, hemos llegado a casi 3.000″, señala Iampietro. Proceden de todas las regiones de Italia y mantienen una red activa de apoyo mutuo.

Ventajas fiscales, vivienda más barata y sanidad privada sin esperas

Para el presidente de Apia, la clave de este movimiento migratorio es clara: “En la práctica, si en Italia 1.500 euros brutos se convierten en 1.150 netos, aquí siguen siendo 1.500 euros limpios”, explica al medio italiano. Y aclara que no se trata solo de jubilados con pensiones bajas: “Hay muchos pensionistas acomodados con más de 50.000 euros al año”.

El coste de la vivienda sigue siendo inferior al italiano, pese al impacto de la inflación: “Hoy los precios están entre 1.100 y 1.300 euros por metro cuadrado; cuando compré yo eran la mitad”, indica. Los alquileres rondan los 300 euros mensuales y los gastos de suministros se sitúan en torno a 100 euros al mes.

En cuanto a la atención médica, reconoce que la sanidad pública está por debajo de los estándares europeos, por lo que recomienda recurrir a la privada: “Ofrece un servicio excelente”, asegura. Gracias a un convenio con una clínica de Tirana, muchos jubilados acceden a médicos italianos. “Una visita especializada que en Italia cuesta de media 150 euros aquí cuesta entre 30 y 40 euros, y ni siquiera existen listas de espera”, concluye el jubilado.

Los trabajadores por cuenta ajena con salarios más altos verán incrementadas sus cotizaciones a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2026. En concreto, quienes cobren más de 5.101 euros brutos al mes deberán abonar una cotización adicional conocida como cuota de solidaridad, un recargo que se aplica a la parte del salario que supera la base máxima de cotización.

La medida se enmarca en la reforma del sistema de pensiones aprobada en los últimos años y tiene como objetivo reforzar los ingresos de la Seguridad Social ante el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. La base máxima de cotización se situará en 2026 en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), tras revalorizarse un 3,9%, de acuerdo con la normativa vigente.

Esta subida de la base máxima implica que una mayor parte del salario de los trabajadores con rentas elevadas quedará sujeta a cotización, a lo que se suma la aplicación progresiva de la cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y se desplegará por completo en 2045.

Qué es la cuota de solidaridad y a quién afecta

La cuota de solidaridad es una cotización adicional que se aplica exclusivamente a los trabajadores por cuenta ajena cuyos salarios superan la base máxima de cotización. A diferencia de otras cotizaciones sociales, este recargo no genera derecho a una pensión más alta, sino que tiene un carácter puramente redistributivo.

El sistema es progresivo y funciona por tramos: cuanto mayor es el salario que excede la base máxima, mayor es el tipo de cotización aplicado a ese exceso. La distribución del pago entre empresa y trabajador mantiene la misma proporción que la cotización por contingencias comunes, según establece la Seguridad Social.

En 2026, el primer tramo afectará a los salarios comprendidos entre 5.101,2 y 5.611,32 euros mensuales, es decir, hasta un 10% por encima de la base máxima. En este caso, se aplicará un tipo del 1,15% sobre la parte del salario que exceda la base, del que el 0,96% correrá a cargo de la empresa y el 0,19% del trabajador.

Cómo sube la cotización según el salario

Para los salarios que se sitúen entre 5.611,33 y 7.651,8 euros mensuales (hasta un 50% por encima de la base máxima), el tipo de la cuota de solidaridad será del 1,25%, repartido entre empresa (1,04%) y trabajador (0,21%).

A partir de ese nivel, es decir, para quienes cobren más de 7.651,8 euros al mes, se aplicará un tercer tramo con un tipo del 1,46%, del que el 1,22% corresponderá a la empresa y el 0,24% al trabajador.

Subida del MEI y refuerzo de la “hucha” de las pensiones

La cuota de solidaridad no será el único recargo adicional en 2026. Ese año también volverá a incrementarse el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’.

Desde el 1 de enero de 2026, el MEI será del 0,9%, frente al 0,8% vigente en 2025. De ese porcentaje, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% el trabajador. El MEI seguirá aumentando de forma gradual hasta 2029, cuando alcanzará el 1,2%, nivel que se mantendrá al menos hasta 2050.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Fondo de Reserva cerró 2025 por encima de los 14.000 millones de euros, su mayor nivel desde 2017, tras recibir aportaciones de más de 4.000 millones procedentes del MEI. El objetivo de estas medidas es reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de cara a la próxima década, cuando aumentará de forma significativa el número de jubilaciones.

En el cálculo realizado por el Ministerio de Inclusión, aplicar la subida del 2,7% a las pensiones contributivas el próximo año supondrá para los beneficiarios un ingreso anual adicional que, en el caso de la pensión media de jubilación, alcanzará los 571,35 euros, mientras que la pensión media del sistema se incrementará en cerca de 500 euros al año. Esta medida forma parte de las revalorizaciones anunciadas para 2026, que afectarán a aproximadamente 13 millones de personas. Según informó el medio original, las pensiones contributivas y de clases pasivas experimentarán una subida del 2,7% a partir del 1 de enero de 2026, mientras que las pensiones mínimas crecerán en más de un 7%. Las no contributivas, junto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), incrementarán sus cuantías en un 11,4%.

De acuerdo con la cobertura publicada, la actualización de las pensiones, derivada de la última reforma, vincula los incrementos a la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula se aplica para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, evitando que sus ingresos pierdan valor frente a los precios. En el grupo de las pensiones contributivas, se estima que la medida beneficiará a 9,4 millones de beneficiarios que perciben más de 10,4 millones de pensiones, además de más de 734.000 perceptores adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

El medio detalló que el complemento para la reducción de la brecha de género también recibirá un aumento del 2,7% en 2026. Esta actualización afectará tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, a las prestaciones del Régimen de Clases Pasivas y a los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital. Entre los destinatarios también se encuentran quienes tienen a cargo menores o hijos con discapacidad igual o superior al 65%, con la asignación reconocida acorde a este baremo.

En el caso de los incrementos para las pensiones mínimas, la subida será del 7,07%. El porcentaje asciende al 11,4% en las pensiones mínimas para titulares con cónyuge a cargo y en las prestaciones de viudedad cuando existen cargas familiares. Igualmente, las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4%. El medio explicó que el aumento también se aplicará sobre las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que alcanzarán en 2026 los 599,60 euros mensuales para las no concurrentes, y 582,10 euros en el caso de las concurrentes.

Según publicó la fuente, la pensión mínima de jubilación para una persona de 65 años o más en un hogar unipersonal se elevará en 2026 a 13.106,80 euros anuales, desde los 12.241,6 euros del año anterior. En viviendas donde el titular tiene cónyuge a cargo, la pensión mínima ascenderá a 17.592,40 euros anuales, superando los 15.786,4 euros de 2025. Las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad reconocida igual o superior al 65% llegarán a los 5.962,80 euros anuales, mientras que para discapacidades iguales o superiores al 75%, la suma será de 8.942,40 euros anuales. Estas últimas asignaciones verán un crecimiento del 2,7%.

El informe difundido por el medio señala que, a raíz de la reforma del sistema, desde 2024 se revalorizan anualmente las bases máximas de cotización en función del Índice de Precios de Consumo (IPC), agregando un punto fijo de 1,2 puntos porcentuales para cada año hasta 2050. Esto sitúa la base máxima de cotización para 2026 en 5.101,2 euros mensuales tras aumentar un 3,9% (2,7% de la media del IPC más 1,2%).

La pensión máxima, por su parte, aumentará en 2026 conforme al IPC, sumando un 0,115% extra anual según lo establecido por la reforma de pensiones. La cuantía mensual de la pensión máxima con catorce pagas alcanzará los 3.359,6 euros, frente a los 3.267,6 euros de 2025. El ajuste de la pensión máxima inicial continúa en aplicación hasta 2050, lo que implica agregar cada año al incremento del IPC ese 0,115%, permitiendo un aumento progresivo de aproximadamente el 3% en el periodo.

Tal como informó el medio, en años anteriores, las pensiones contributivas subieron un 2,8% en 2008, un 8,5% en 2023 y un 3,8% en 2024, en línea con la variación de los precios de consumo de cada ejercicio. Estos datos históricos señalan que la nueva fórmula busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

El total de beneficiarios incluye no solo pensionistas contributivos, sino también quienes acceden a pensiones no contributivas y a prestaciones vinculadas a la discapacidad infantil o de menores a cargo, así como a perceptores del IMV y de la asignación por hijo con discapacidad reconocida igual o superior al 65%. Según reportó el medio original, la medida impacta sobre diferentes tipos de hogares, dependiendo de la prestación reconocida y la modalidad o composición del hogar.

El análisis realizado concluye que el efecto de las revalorizaciones previstas mejorará los ingresos de cerca de 13 millones de beneficiarios en 2026, sumando a las diferentes modalidades de subsidios estatales tanto contributivos como no contributivos, enmarcando así el resultado de las medidas de protección social derivadas de la reforma de pensiones.

La decisión de mudarse al extranjero para disfrutar la jubilación atrae cada vez a más personas que buscan calidad de vida, nuevas experiencias y una comunidad acogedora. Elementos como el entorno, la facilidad para integrarse y el acceso a servicios de salud de calidad influyen en la elección del destino ideal para esta etapa.

La selección anual del sitio web International Living identificó los mejores países para jubilarse en 2026 según la experiencia de residentes extranjeros y el análisis de factores como la infraestructura, la cultura local y los beneficios para quienes desean establecerse a largo plazo.

Cada país del ranking suma beneficios concretos para quienes buscan una vida activa, una red de apoyos y la posibilidad de construir nuevas tradiciones, ya sea en la costa, en una ciudad histórica o en un entorno rural.

1. Grecia

Grecia lidera el listado con su combinación de clima mediterráneo, ritmo pausado y fuerte sentido de comunidad. En lugares como Corfú, se encuentran más de 300 días de sol, paisajes con olivares y mar, y una vida social marcada por festividades tradicionales. El sistema sanitario privado ofrece atención de calidad a precios accesibles y las opciones de residencia resultan variadas, desde permisos para personas económicamente independientes hasta la Golden Visa para compradores de propiedades.

La oferta inmobiliaria incluye casas frente al mar y viviendas rurales, mientras que los gastos diarios y la alimentación local permiten mantener un buen nivel de vida. La participación en actividades culturales y la hospitalidad de los locales favorecen la integración.

2. Panamá

El atractivo principal de Panamá reside en su Pensionado Program, que otorga descuentos en servicios y bienes esenciales para jubilados. El país ofrece estabilidad, clima cálido y uso del dólar estadounidense, lo que facilita las transacciones para extranjeros.

Ciudades como Coronado y la capital permiten elegir entre vida urbana o costera, mientras que la diversidad geográfica abarca desde playas hasta montañas.

Los impuestos bajos y la posibilidad de adquirir propiedades con derechos similares a los de un ciudadano local son ventajas destacadas. El acceso a la salud se garantiza tanto en el sector público como en el privado, y la presencia de comunidades internacionales contribuye a una incorporación rápida.

3. Costa Rica

Costa Rica se ubica entre los favoritos gracias a su entorno natural y la filosofía “pura vida” que define el ritmo cotidiano. Playas, selvas y montañas ofrecen escenarios disímiles para quienes buscan contacto con la naturaleza. El sistema de salud pública ofrece cobertura amplia y existen alternativas privadas a costos razonables.

Los costos diarios fluctúan según la localidad, con opciones para estilos de vida sencillos o más sofisticados. Existen vías de residencia para jubilados, rentistas e inversionistas inmobiliarios. La seguridad y la facilidad para establecerse se suman a las razones para elegir este destino.

4. Portugal

En Portugal, la conjunción de tradición y modernidad genera una experiencia de vida equilibrada. Las ciudades de Lisboa y Oporto ofrecen vida urbana dinámica, mientras que el Algarve despliega paisajes costeros y clima templado. El país destaca por su diversidad geográfica, que incluye islas como Madeira y zonas montañosas en el norte. Los precios de vivienda y el costo diario de vida continúan siendo competitivos.

El sistema de salud público garantiza cobertura universal y existen seguros privados para quienes buscan atención adicional. La vida social se enriquece con actividades culturales y deportivas, y se valora la seguridad.

5. México

México ofrece una propuesta variada, con grandes comunidades de extranjeros y diversidad de climas y paisajes. Lugares como la Riviera Maya y ciudades coloniales del interior atraen por su infraestructura, oferta cultural y servicios de salud accesibles.

El sistema de salud privado presenta precios razonables y los trámites de residencia permiten acceder a descuentos en servicios y actividades mediante la tarjeta INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores). La gastronomía, la vida al aire libre y la presencia de redes de apoyo para extranjeros completan el panorama destacado por International Living.

6. Italia

Italia combina riqueza cultural, paisajes diversos y una cultura culinaria reconocida. Desde las costas de Sicilia hasta los Alpes, el país ofrece viviendas asequibles en pueblos pequeños y alternativas urbanas en ciudades patrimoniales.

Las actividades sociales, los festivales y la integración con la comunidad local enriquecen la experiencia cotidiana. La vida sin automóvil es posible en muchas ciudades, donde la proximidad a mercados, cafés y servicios permite desplazamientos a pie. El contacto con productos frescos y la participación en eventos culturales son parte fundamental del atractivo italiano.

7. Francia

Francia se distingue por su estilo de vida relajado, mercados de productos frescos y acceso a un sistema de salud universal eficiente. Las regiones rurales, como la Dordoña o el sur del país, ofrecen viviendas a precios más bajos que las grandes ciudades, y la vida se estructura en torno a festividades y actividades comunitarias.

Los extranjeros pueden acceder al sistema sanitario tras cumplir con ciertos requisitos y existen opciones tanto públicas como privadas. El visado de larga estancia facilita la residencia a quienes no planean trabajar en el país. La seguridad y la hospitalidad local favorecen la adaptación, mientras que las comunidades organizan celebraciones y actividades.

8. España

España une ciudades costeras con clima templado, sistema de salud público valorado y calidad de vida. Los extranjeros pueden comprar propiedades sin restricciones y existen visados como la no lucrativa (que requiere seguro médico privado) o la de nómada digital.

El sistema de salud público es uno de los más valorados del mundo, accesible una vez se obtiene la residencia permanente o se cotiza en el sistema. El costo de vida varía entre grandes urbes y poblaciones pequeñas, pero se encuentran alternativas para diferentes presupuestos. La vida comunitaria incluye clubes y eventos culturales.

9. Tailandia

Tailandia se destaca por su alto poder adquisitivo y servicios modernos bajo un clima tropical, aunque en zonas del norte como Chiang Mai debe tenerse en cuenta la calidad del aire durante la temporada agrícola (febrero-abril). Las ciudades ofrecen desde rascacielos en Bangkok hasta playas en Pattaya, con un costo de vida que permite lujos difícilmente accesibles en Occidente.

En cuanto a vivienda, los extranjeros pueden comprar condominios (apartamentos) en plena propiedad con facilidad, pero la adquisición de villas o tierras suele requerir esquemas de arrendamiento a largo plazo, ya que la ley restringe la venta de suelo a no ciudadanos. El sistema de salud privado es de excelencia mundial (es esencial contar con seguro médico) y el país facilitó enormemente la residencia con la nueva visa “Destination Thailand” (DTV) para nómadas digitales y opciones accesibles para jubilados.

10. Malasia

Malasia completa el ranking con su entorno multicultural y el uso generalizado del inglés, lo que facilita enormemente la adaptación. Penang sobresale por su patrimonio y gastronomía. A diferencia de sus vecinos, es el único país de la región donde los extranjeros pueden poseer tierras y casas a su nombre, siempre que la propiedad supere un precio mínimo establecido por el gobierno.

El sistema de salud privado es excelente y asequible. Para residir, el pase DE Rantau es ideal para nómadas digitales, mientras que el famoso programa Malaysia My Second Home (MM2H) sigue vigente para jubilados e inversores, aunque ahora funciona mediante un sistema de niveles que requiere realizar un depósito bancario.

Volver a estudiar a partir de loa 65 años puede ser un choque para muchos adultos que han perdido los hábitos de estudio después de varias décadas. Aun así, esta tendencia está en crecimiento entre los jubilados de Suecia, quienes parece que están apostando por el reforzamiento de sus conocimientos. Así lo ha anunciado Senioruniversitet, una universidad dirigida por y para jubilados, que ha detectado su mayor registro de matrículas este año.

La institución trabaja en conjunto con Folkuniversitetet —la principal institución sueca de educación para adultos— y suma más de 30 sucursales independientes repartidas en distintas ciudades. Entre ellas, la sede de Estocolmo es la que concentra la mayor parte de la actividad. Desde su fundación en 1991, la demanda ha crecido tanto que la organización emplea a un centenar de voluntarios para gestionar sus programas y eventos en varias sedes de la capital sueca.

Dentro de estas conferencias, las más concurridas son las de los martes, donde se pueden reunir hasta 1.000 participantes. En ellas se exponen un espectro amplio de temas, como ‘El arte de otorgar premios Nobel’, ‘Desinformación e IA: la amenaza que nosotros mismos inventamos’ o ‘Del jabón al patrimonio/canon cultural y viceversa’, que han sido las últimas celebradas. Por otro lado, los cursos universitarios y círculos de estudio cubren materias que van desde idiomas hasta política, medicina y arquitectura.

“El deseo de aprender por placer”

La presidenta de Senioruniversitetet de Estocolmo, Inga Sanner, ha confirmado para The Guardian, que a pesar de haber sufrido “una bajada durante la pandemia”, los números se han restablecido “e incluso hemos aumentado”. Con ello, “nuestra membresía es la más alta de la historia”.

De hecho, en 2023, se celebraron 2.099 eventos en todo el país, con 161.932 participantes, según cifras de Folkuniversitetet. Mientras que para este año, la previsión ha ascendido a 177.024 personas en 2.391 actividades. Ante este fenómeno, el secretario general de la institución, Gunnar Danielsson, ha identificado varias causas detrás de este auge. “El deseo de aprender por placer, o por el simple hecho de aprender, es una alegría en una sociedad cada vez más obsesionada con el aprendizaje y la educación como preparación para el trabajo”, afirmaba.

No obstante, también ha advertido que “la financiación gubernamental ha disminuido significativamente en los últimos años”, lo que representa un desafío para la continuidad y expansión del proyecto. Según Danielsson, el éxito de Senioruniversitetet “es más probable que refleje el deseo de conocer a otras personas en persona, en lugar de hacerlo a través de internet”, añade.

Aunque, ahora el atractivo de Senioruniversitetet va más allá del aprendizaje académico. Sanner, profesora de historia jubilada, ha explicado que las personas mayores muestran inquietudes renovadas y buscan mantenerse activas. “Es fascinante que haya tanta gente que quiera aprender más y conocer más sobre el mundo. Es muy necesario en nuestros tiempos”, señaló. Además, ha asegurado que con este proyecto “las personas mayores no viven aisladas”. Los alumnos “no solo se mecen en una mecedora, sino que salen y quieren aprender más. Luego pueden compartir eso con sus nietos e hijos”, agrega.

Las conferencias y actividades no solo enriquecen a los participantes, sino que también promueven el bienestar y la integración. “Las conferencias son fantásticas. Te sientes plenamente realizado cuando asistes a un evento y luego se desborda al conocer a otras personas”, afirmó Sanner.

Para muchos voluntarios, la oficina de la organización en el centro de Estocolmo funciona casi como un espacio laboral: “Es un trabajo muy valioso, pero también lo pasas genial y conoces a otras personas”, apuntó. No obstante, la presidenta ha reconocido que la demografía de los participantes sigue siendo “demasiado homogénea”, lo que lleva a la organización a plantearse estrategias para llegar a un público más diverso.

“Te ven más o menos como un idiota”

Susanne Abelin, de 66 años, ex periodista de Norrtälje, participa como voluntaria en el boletín y estudia italiano. Según relataba para The Guardian, “el edadismo está muy extendido en Suecia” y esa percepción se nota en la vida diaria. “Te ven más o menos como un idiota. Quizás sea porque hemos vivido tan bien económicamente durante generaciones que no nos necesitamos tanto, para bien o para mal”, expresa.

De esta forma, Abelin ve en Senioruniversitetet “un trozo del sistema de bienestar sueco que aún queda”. Su grupo de italiano utiliza WhatsApp para mantenerse en contacto fuera del aula y organizar actividades. El año pasado, viajó a Italia junto a una compañera. “No domino el italiano en absoluto y nunca lo haré, pero es inspirador y te mantiene alerta", señalaba. Y es que, “en lugar de hacer crucigramas y sudokus, puedes estudiar algunos verbos”, relató Abelin.

Por su parte, Joachim Forsgren, ex médico de 71 años y voluntario en la sucursal de Estocolmo, ha impartido conferencias sobre medicina y drogas. Forsgren considera que el voluntariado aporta sentido y utilidad a quienes ya no ejercen sus profesiones: “La gente puede tener la sensación de que no está contribuyendo al dejar su trabajo. Detesto la palabra ‘jubilados’”, afirmó.

Por eso, “contribuimos a un proyecto democrático. Esto es realmente un esfuerzo, especialmente en estos tiempos, para que la gente se interese por lo que está sucediendo”, agregaba en relación al contexto de desinformación y populismo digital. Estas universidades ayudan, según Forsgren, a los mayores a “analizarse críticamente con la cantidad de información que casi nos ahoga a diario”.

Las advertencias sobre el envejecimiento de la sociedad suelen centrarse en los riesgos: presión sobre los sistemas sanitarios, sostenibilidad de las pensiones y temor a una economía estancada. Sin embargo, voces especializadas como la de la profesora Sarah Harper, directora del Instituto Oxford sobre el Envejecimiento de la Población, invitan a mirar el fenómeno desde una óptica diferente, resaltando tanto los desafíos como las inmensas oportunidades que surgen de una población cada vez más longeva.

Harper sostiene que “las preocupaciones por el envejecimiento de la población son exageradas y la sociedad debería aprender a celebrar y aprovechar su enorme cohorte de adultos mayores, saludables, activos y creativos”.

Oportunidades y desafíos del envejecimiento poblacional, según Sarah Harper

Frente a la preocupación extendida por el aumento de la edad media de la población, Harper afirma que “esto es un éxito, ya que cada bebé que nazca tendrá la oportunidad, o debería tenerla, de tener una educación superior, estar sano y vivir una vida larga y saludable”.

Reconoce que habrá personas que, al alcanzar edades avanzadas, se volverán frágiles y requerirán cuidados, pero subraya que “hay algunos desafíos [para una población que envejece], pero también hay enormes oportunidades y en lugar de tratar de resistirlos, detenerlos o desviarlos, deberíamos buscar esas oportunidades, porque tenemos esta cohorte masiva de adultos mayores, saludables, activos y creativos”.

La experta insiste en que la clave está en dejar de ver el envejecimiento como una amenaza y empezar a aprovechar el potencial de una generación con experiencia y capacidades valiosas. “Y como todavía estamos atrapados en instituciones del siglo XX que no los aprecian ni se benefician de ellos, necesitamos crear nuevas formas de vivir y trabajar que nos permitan aprovechar ese enorme grupo de adultos”, señala Harper.

Cambios demográficos globales y estructura de la población

La tendencia al envejecimiento no es exclusiva de unos pocos países. De acuerdo con Harper, “dos tercios de los países del mundo ya tenían tasas de fertilidad por debajo del nivel de reemplazo necesario para mantener el mismo tamaño de población en la próxima generación, y el envejecimiento de la mayoría de las poblaciones era inevitable”.

Este fenómeno se traduce en modificaciones sustanciales en la estructura demográfica: en lugar de la tradicional pirámide poblacional, con una base amplia de jóvenes, el futuro se asemejará más a un rascacielos, con generaciones jóvenes más pequeñas y una proporción considerable de adultos mayores.

En el caso del Reino Unido, las cifras oficiales estiman que para 2072 el 27% de la población tendrá 65 años o más. Este crecimiento demográfico en los segmentos de mayor edad se debe tanto al aumento de la longevidad como a la entrada de la generación del baby boom en la vejez.

Harper advierte que “las generaciones más jóvenes eran más pequeñas y similares en tamaño. Esto significa que, en el futuro, la estructura por edad de la población se asemejará a un rascacielos en lugar de a la pirámide tradicional”.

Propuestas para adaptar la sociedad al envejecimiento: reconversión profesional y nuevas formas de trabajar

Ante este escenario, Harper y otros expertos abogan por transformar el modo en que la sociedad concibe la vida laboral y la participación de los mayores. Destacan la importancia de la reconversión profesional y la formación continua para permitir que los adultos mayores se adapten a las demandas cambiantes del mercado de trabajo.

El trabajo flexible, la posibilidad de combinar empleo y tiempo libre, y el reconocimiento de las competencias acumuladas a lo largo de una carrera se presentan como elementos esenciales para integrar plenamente a este sector de la población.

Harper señala que “la principal oportunidad era aprovechar la mejora en la salud y la educación de los adultos mayores, especialmente aquellos entre 50 y 70 años”.

Además, subraya la necesidad de reducir las desigualdades en salud y educación para que todos los adultos mayores tengan la posibilidad de realizar contribuciones significativas a la sociedad. “Es importante abordar las desigualdades en materia de salud y educación para que todos los adultos mayores puedan realizar una valiosa contribución”, indica.

Fertilidad, igualdad de género y razones detrás de la disminución de nacimientos

La caída de las tasas de fertilidad es otro de los grandes temas del debate demográfico. Incluso en países con políticas avanzadas de igualdad de género y apoyo a la crianza, como los escandinavos, no se ha logrado aumentar la fertilidad por encima del nivel de reemplazo. Harper subraya que “ofrecer servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad es la clave para liberar el potencial tanto de los adultos jóvenes como de los mayores”.

La experta advierte que existe un grupo creciente, especialmente de mujeres, que opta por no tener hijos por motivos diversos. Entre las razones figuran preocupaciones relacionadas con el Covid, la crisis climática, la superpoblación y, también, un cambio profundo en la percepción sobre la maternidad como elemento central de la vida adulta femenina.

“Siempre habrá un grupo, probablemente creciente, de mujeres que han decidido que, por diversas razones, no van a tener hijos. Y, en cierto modo, tenemos que aceptarlo y trabajar con ello”, afirma Harper, quien añade: “Creo que es un cambio psicológico realmente grande”.

Reformas económicas y del sistema de pensiones ante el aumento de adultos mayores

La prolongación de la vida activa y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones constituyen un reto esencial en las sociedades envejecidas. Harper advierte que los actuales esquemas, basados en una jubilación temprana y una larga expectativa de vida, resultan insostenibles bajo las condiciones demográficas actuales. “La gente también sabe, financieramente, que si se jubilan a los 60 y viven otros 40 años… Es simplemente insostenible con el sistema de pensiones que tenemos”, señala. Como estrategia, propone “vincular la pensión estatal a las cotizaciones a la seguridad social, en lugar de a la edad”.

La profesora compara la actual transformación con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo en el siglo pasado. “En los años 50 y principios de los 60, la gente decía: ‘¿Qué vamos a hacer si todas estas mujeres entran al mercado laboral? ¿Qué vamos a hacer? Lo trastocaría todo por completo’. Pero, por supuesto, ocurrió, y ahora en muchos países se da por sentado que las mujeres trabajan en igualdad de condiciones que los hombres. Bueno, lo mismo ocurre con los adultos mayores”, concluye Harper.

De las 10,4 millones de pensiones repartidas a 9,4 millones de pensionistas, la principal prestación corresponde a la pensión de jubilación, que perciben 6,6 millones de personas. En diciembre, la pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, mientras que la de jubilación alcanza los 1.512,7 euros, según la estadística oficial. También destacan las diferencias por género: los hombres reciben una media de 1.728 euros y las mujeres, de 1.209 euros, una brecha que el propio Ministerio asocia a trayectorias laborales más intermitentes y precarias para ellas.

La pensión media de viudedad, otra de las grandes modalidades, asciende a 937,6 euros al mes. Por incapacidad permanente, la cifra se sitúa en 1.211 euros. Además, 1,28 millones de pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, con un 80% de titulares mujeres y un importe medio de 75 euros mensuales.

El gasto se dispara un 6,2% en un año

Durante 2025, el sistema público ha gestionado cifras récord, tras experimentar un crecimiento del 6,2% en el gasto respecto al año anterior. Si se suman las prestaciones de clases pasivas, el gasto total supera los 200.000 millones. La distribución, detallada por el Ministerio, muestra que tres de cada cuatro euros se destinan a pensiones de jubilación, con una nómina mensual de 10.054 millones, seguida de las de viudedad (2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones), orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,7 millones).

La nómina mensual del sistema ha alcanzado los 162.985 millones de euros, a los que se añaden 26.413 millones de las dos pagas extraordinarias anuales. Este volumen financiero de provisión para la jubilación sostiene a más de 9 millones de personas, en su mayoría hombres (4,8 millones) frente a los 4,7 millones de mujeres.

Las pensiones siguen al alza en 2026

En pleno debate por el aumento del gasto en pensiones y el déficit del sistema, el Gobierno ha aprobado una revalorización de todas las pensiones para 2026. A partir del 1 de enero, la subida general será del 2,7%, en línea con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones mínimas subirán un 7%, mientras que las mínimas con cargas familiares, las de viudedad con cargas y las no contributivas experimentarán un incremento del 11,4%.

La subida supondrá un aumento de 570 euros anuales para quienes perciben la pensión media de jubilación y de 500 euros para la pensión media total del sistema. El complemento para la reducción de la brecha de género también se actualizará en un 2,7%. Tras este incremento, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) proyecta que el gasto en pensiones públicas podría acercarse a los 229.491 millones de euros en 2026, con un incremento del 5,81% respecto a 2025.

El Gobierno ha encuadrado estas medidas en el denominado “escudo social”, paquete que incluye la prórroga del salario mínimo interprofesional en 1.184 euros brutos al mes, deducciones fiscales para la movilidad eléctrica y la extensión de ayudas sociales a colectivos vulnerables. El trámite parlamentario de la revalorización de las pensiones se integra en una propuesta más amplia de medidas sociales, por lo que su aprobación definitiva dependerá del respaldo que reciba en las Cortes Generales.

*Con información de agencias

El Consejo de Ministros aprobó recientemente el incremento de las pensiones, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero y que asegura un aumento general del 2,7% para 2026 siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Este ajuste responde al mandato de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, vigente desde 2021, que tiene como objetivo mantener el valor real de las prestaciones frente a la inflación. Según consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida afecta a todas las modalidades de pensión, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por medios como El País, la Seguridad Social destinó en diciembre una suma récord de 13.750,1 millones de euros para abonar las pensiones contributivas. Esta cifra representa un 5,98% más que la registrada en el mismo mes del año anterior. El desembolso cubrió un total de 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de beneficiarios, consolidando así un nuevo máximo histórico en la partida mensual destinada a estas prestaciones.

El desglose de la revalorización aprobada establece que las pensiones mínimas verán un aumento del 7% en el ejercicio de 2026. Las prestaciones de mayor vulnerabilidad, como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, experimentarán un incremento superior, establecido en el 11,4%. Este mismo porcentaje se aplicará a las pensiones no contributivas, lo que busca reducir la brecha con relación a las prestaciones contributivas y fortalecer la protección social para los colectivos con menos recursos.

La nómina de diciembre refleja la magnitud del sistema, que en ese periodo atendió más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones correspondientes a viudedad, según detalló el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A estas se suman otras categorías como las prestaciones por incapacidad permanente (1.054.935 personas), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

El aumento sostenido en el gasto responde en gran medida al crecimiento del número de beneficiarios y al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, factores que inciden directamente en el presupuesto social del Estado. Según lo publicado por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la política actual sigue la orientación establecida por la reforma de 2021, cuyo propósito es vincular las revalorizaciones al IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, para asegurar así el ajuste real anual de las cuantías.

Este incremento generalizado de las prestaciones corresponde a una serie de ajustes automáticos que buscan evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de inflación variable. El Ministerio precisó que el esfuerzo presupuestario realizado en diciembre pone de relieve el compromiso con la sostenibilidad del sistema y la necesidad de proteger a uno de los colectivos más numerosos y sensibles del país.

Tal como reportó el Ministerio y recogió el medio El País, la próxima entrada en vigor de las nuevas cuantías marca un hito dentro de la evolución de la política de pensiones, que se enfrenta a retos demográficos y económicos complejos. El elevado número de beneficiarios refleja el peso que tienen las pensiones dentro del gasto público y la importancia de garantizar su suficiencia y sostenibilidad.

La partida destinada a las pensiones representa así un componente fundamental del presupuesto social, que tiende al alza según las últimas cifras difundidas por el Ministerio. El aumento de las partidas para los casos de mayor vulnerabilidad, como viudas y pensionistas con cargas familiares, se enmarca en el refuerzo de la protección a los sectores considerados prioritarios dentro de la política social española.

El Real Decreto-ley aprobado este martes estipula una revalorización general de las pensiones para 2026 del 2,7%, con aumentos de entre el 7% y el 11,4% para las pensiones mínimas y una subida del 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Esta normativa, que prorroga diversas medidas ante situaciones de vulnerabilidad social y también introduce disposiciones urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, amplía durante un año la opción para que los médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar su trabajo con la pensión de jubilación, medida que había generado un notable interés entre los profesionales de la salud.

Según detalló el medio El País, la ampliación de esta compatibilidad fue anunciada por Elma Saiz Delgado, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz explicó que la decisión responde a los buenos resultados registrados desde la implementación de la medida, pues más de 1.200 médicos y especialistas se han acogido a ella entre 2023 y 2025. La ministra señaló: “Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables”. De acuerdo con el reporte de El País, el Ejecutivo ve en esta prórroga una vía eficaz para retener la experiencia de profesionales sanitarios en el sistema público.

La medida de compatibilidad, que permite que médicos de Atención Primaria y pediatras continúen en activo pese a haber alcanzado la edad de jubilación y, simultáneamente, cobren la pensión correspondiente, se encuadra dentro de un paquete más amplio de ajustes sociales impulsados por el Consejo de Ministros este martes. El país detalla que el objetivo principal es atender tanto a las necesidades de la sanidad pública, afectada por la falta de personal en determinados niveles asistenciales, como a la protección de colectivos vulnerables mediante la actualización de pensiones y otros beneficios.

El Consejo de Ministros, según publicó El País, también aprobó medidas que afectan a la Seguridad Social, como la actualización de las bases de cotización para trabajadores y la ratificación de la actual tabla de cotización para trabajadores autónomos, que no experimenta modificaciones. Además, el citado decreto introduce una cotización adicional para agentes medioambientales y bomberos forestales. Gracias a ese ajuste, estos colectivos pueden anticipar su jubilación, un reconocimiento a la naturaleza demandante y de riesgo de sus funciones, detalla El País.

La revalorización general de las pensiones del 2,7% prevista para el año 2026 busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados, una de las prioridades expresadas por el Ejecutivo y recogida en la normativa. Las pensiones mínimas experimentarán incrementos diferenciados entre el 7% y el 11,4%, mientras que aquellas no contributivas, junto con el ingreso mínimo vital, subirán un 11,4%. Este conjunto de incrementos afecta a cientos de miles de beneficiarios en el país, según el análisis de El País y las cifras manejadas por la cartera de Seguridad Social.

En relación con las medidas referidas a la cotización, el medio El País indica que la normativa actualiza las bases utilizadas para calcular las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Pese a los cambios en este subapartado, la tabla de cotización para autónomos permanece sin alteraciones. Por su parte, la introducción de una cotización adicional para los agentes medioambientales y los bomberos forestales permite que puedan acceder a la jubilación de manera anticipada, una demanda histórica de estos profesionales teniendo en cuenta la exposición a situaciones de riesgo extraordinario.

Elma Saiz Delgado, durante la presentación del paquete de medidas, subrayó que la extensión del periodo de compatibilidad entre trabajo y pensión en el caso de médicos de familia y pediatras resulta una herramienta eficaz para mantener personal experimentado en los centros de salud y hospitales, en un contexto de déficit de especialistas en atención primaria. Este ajuste, según comentó la ministra y recogió El País, forma parte de una respuesta más amplia a retos estructurales dentro del sistema de salud y la protección social.

Además de las mejoras en materia de pensiones y la prórroga para los médicos y pediatras jubilados que deseen continuar en activo, las medidas incluyen otras disposiciones urgentes tributarias y relativas a la Seguridad Social. El Real Decreto-ley, en su conjunto, responde a situaciones de vulnerabilidad social, que han motivado al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias para garantizar la protección de distintos colectivos, como precisó El País. La actualización de bases de cotización y la adaptación de los cauces legales para la jubilación anticipada de determinados profesionales suponen, en conjunto, una adecuación del marco normativo a las realidades y demandas del mercado laboral y la sociedad actual.

Las cifras presentadas por la ministra en relación a la prórroga para médicos y pediatras, que han superado los 1.200 profesionales entre 2023 y 2025, reflejan el interés y la acogida de la iniciativa en el sector sanitario. El Gobierno, siguiendo lo detallado por El País, evalúa muy positivamente los efectos de la misma en la estabilización y mejora del servicio público de salud, especialmente en las áreas más tensionadas por la escasez de personal cualificado.

La política de revalorización de pensiones y de protección del poder adquisitivo, ajustada ahora a una subida del 2,7% para 2026, se suma a los incrementos especiales dirigidos a pensiones mínimas y no contributivas. Esta estrategia busca reforzar el sistema de bienestar y situar la cobertura social como eje central de las políticas públicas según lo reflejado por El País. Titulares de pensiones mínimas, no contributivas y perceptores del ingreso mínimo vital forman parte del grupo prioritario beneficiado por los aumentos recogidos en el texto normativo sancionado este martes.

Finalmente, los apartados relativos a la cotización de trabajadores, autónomos y colectivos especiales, así como la opción de jubilación anticipada para agentes medioambientales y bomberos forestales, han quedado claros en el Real Decreto-ley. El gobierno planea mantener la tabla de cotizaciones de autónomos inalterada, mientras eleva las bases para otros empleados, en un contexto de revisión constante de los parámetros de la Seguridad Social para adecuarse a las necesidades sociales, según informó El País.

Las organizaciones sindicales médicas han destacado que la jubilación parcial figura como el único avance mínimo en el último borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, pero agregan que el texto omite sus peticiones relativas a la jubilación anticipada y no reconoce la Medicina como profesión de riesgo. Según detalló el medio, tanto la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) como el Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que sus principales demandas no se han tenido en cuenta, lo que ha derivado en un rechazo frontal al borrador y el mantenimiento de la convocatoria de una huelga nacional indefinida.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, ambas organizaciones consideran que la propuesta del Ministerio representa un retroceso al deteriorar derechos laborales y consideran que el enfoque adoptado supone un “desprecio completo” hacia el colectivo médico. CESM y SMA denuncian que el Ministerio de Sanidad busca favorecer a los sindicatos alineados con su perfil ideológico y argumentan que la norma presentada no atiende asuntos fundamentales para mejorar las condiciones del sector sanitario.

Los sindicatos han indicado, según consignó el medio, que el borrador agrava las condiciones existentes al mantener aspectos que consideran lesivos. Entre ellos, la clasificación profesional establecida por el Ministerio no reconoce las reivindicaciones del colectivo médico y supone, a su juicio, una regresión respecto al borrador presentado en enero de 2025. Además, la inclusión de los técnicos de Formación Profesional (FP) superiores como “profesión sanitaria titulada” vía disposición adicional tampoco incorpora mejoras en otras profesiones sanitarias, mientras que la propuesta de incremento salarial se limita a técnicos, sin concretar ajustes para otros grupos ni abordar el complemento de destino solicitado por CESM.

En el ámbito de la jornada laboral, CESM y SMA han denunciado que la norma mantiene los tres tipos vigentes: ordinaria, de guardia y especial. Según indica el comunicado citado por el medio, esta división perpetúa la sobrecarga y la obligatoriedad existentes, ya que la jornada ordinaria podría prolongarse hasta 24 horas y las guardias, que seguirán siendo obligatorias, no se computan como horas extraordinarias, reciben una remuneración inferior a la hora ordinaria y no se consideran en el cálculo de la jubilación. Asimismo, los sindicatos denuncian que el texto no contempla ninguna de las propuestas recogidas en su borrador para regular las guardias localizadas ni limitar la duración de la jornada ordinaria.

En cuanto al régimen de incompatibilidades, las organizaciones sindicales han manifestado al medio que el sistema persiste como “discriminatorio”, al aplicarse principalmente a médicos y cargos intermedios, e introduce una regulación de descansos que es “más rígida” en comparación con otros empleados públicos. También subrayan el mantenimiento de la figura de movilidad forzosa o por razón de servicio, un mecanismo que, a juicio de los sindicatos, afecta casi en exclusiva a los médicos. CESM y SMA lamentan que, pese a avances alcanzados en borradores anteriores, estos han sido eliminados, lo que interpretan como una sanción dirigida al colectivo, y advierten de la falta de respaldo del resto de sindicatos a estas propuestas.

Otra preocupación para los sindicatos, según reportó el medio, es la supresión del grado 5 de carrera profesional que había estado contemplado en la primera versión del texto. Esta eliminación contribuye, en opinión de CESM y SMA, a la sensación de retroceso en el reconocimiento y progresión profesional dentro del sector sanitario.

Con relación a la negociación del Estatuto Marco, CESM y SMA sostienen que el borrador actual refuerza la necesidad de contar con una mesa de negociación exclusiva para médicos, dirigida a establecer normas específicas para la profesión. Los sindicatos rechazan que el Ministerio opte por una norma “penalizadora”, porque, según su valoración, este enfoque perpetúa y agrava los problemas ya presentes, con implicaciones negativas para los derechos laborales actuales y a futuro.

Según publicó el medio, las organizaciones sindicales han reiterado su determinación de defender los intereses de los médicos y confirman que, de no alcanzar un acuerdo satisfactorio, informarán en los próximos días de las nuevas fechas de la huelga nacional indefinida ya convocada.

La jubilación y la soledad pueden convertirse en cargas muy difíciles de sobrellevar, sobre todo cuando nos pasamos la vida trabajando, en compañía y sin parar. Además, si pierdes a tu pareja esta sensación se multiplica.

Después de vivir con sus padres durante un año, a consecuencia del largo COVID, una chica decidió mudarse a una autocaravana en el jardín de su abuelo. Él hacía poco tiempo que había perdido a su mujer y estaba atravesando una época complicada.

Para muchas familias, acompañar a los abuelos en sus últimos años de vida, es una tarea, desgraciadamente, bastante difícil. Muchas veces nos vemos envueltos en nuestras rutinas, en el trabajo o en nuestros propios problemas, y se hace muy complicado conciliar. La atención y el acompañamiento a nuestros mayores puede macar una gran diferencia en su bienestar.

La decisión de mudarse

Fue pensando en esto, cuando la nieta decidió mudarse. No solo para hacerle compañía, sino también para volver a recuperar su independencia tras unos años personalmente complicados.

Según Business Insider, después de un año viviendo con sus padres debido a los largos efectos de la pandemia, la joven sintió que necesitaba dar un paso hacia adelante y recuperar su propia vida. Al mismo tiempo, su abuelo, que había perdido a su esposa y a su perro, se encontraba cada vez más solo y vulnerable, especialmente al vivir en una zona rural.

La idea de la nieta fue bastante sencilla. Se instaló en una autocaravana en el jardín de su abuelo, así se hacían compañía pero contando con su propio espacio. Esta decisión sorprendió a amigos y familiares , aún así, respetaron su parecer. A principios de este otoño, la joven hizo su maleta y arregló la caravana para que estuviera lo más habitable posible.

El vínculo que se fortalece

La convivencia y la cercanía les ha dado a ambos un nuevo propósito y rutina. Cada mañana, el abuelo se despierta, se asea y sale al jardín para saludar a su nieta y comprobar que esté bien, tocando la puerta para asegurarse.

“Le dijo a mi padre que sentía que nos estábamos haciendo muy amigos”, contó ella, ilusionada por la relación que habían recuperado. Ademas, esta experiencia está ayudando mucho a la joven. Después de casi dos años luchando con ansiedad social, está recuperando la confianza en sí misma y hasta a vuelto a usar apps para ligar. Gracias a su renovada seguridad ha empezado a tener intereses románticos y a relacionarse mejor.

Abuelo y nieta saben que no es una práctica usual pero sí transformadora. Ha marcado un punto de inflexión en toda la familia, reforzando a los dos eslabones de esta: a la más pequeña y al más mayor.

Y aunque sabe que convivir con su abuelo desde tan cerca es una solución poco convencional, le ha permitido sentir, según explica, que su vida tiene ritmo propio. Le ha permitido confirmar su valía, su independencia, superar nuevos retos y reencontrase con su equilibrio personal y emocional.

Europa envejece. Las bajas tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la baja mortalidad hace que los gobiernos se tengan que replantear nuevas estrategias para los sistemas públicos de pensiones. En este sentido, Alemania ha tomado la iniciativa y a partir de 2026, todos los niños en edad escolar recibirán diez euros mensuales en una cuenta individual destinada exclusivamente a su jubilación.

Esta iniciativa, conocida como Kinderstartgeld, busca transformar la cultura del ahorro y la previsión desde la infancia, en un contexto donde “en menos de quince años, el número de jubilados superará los veinte millones, mientras la población en edad laboral no crece”, según subrayan los datos oficiales del país europeo.

El programa establece que cada menor de entre seis y dieciocho años recibirá una transferencia mensual del Estado, que solo podrá utilizarse al alcanzar la edad de retiro. El objetivo es doble: “Introducir a los jóvenes en los planes de pensiones privados” y “fomentar la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión”, explicó el Gobierno alemán.

“Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación”, subrayó el canciller Friedrich Merz. Las cajas de ahorro alemanas estiman que: “Si estos diez euros mensuales se invirtieran durante cincuenta años con un rendimiento del 5%, se obtendrían unos 50.000 euros”.

Además, si el beneficiario continúa aportando la misma cantidad desde los 18 años hasta la jubilación, el capital acumulado podría alcanzar los 175.000 euros. La cantidad ahorrada estará exenta de impuestos hasta la jubilación, aunque deberá tributar durante la misma, y se recomienda comparar las ofertas que los distintos proveedores para evitar que los gastos de inversión reduzcan la rentabilidad.

Despliegue gradual e incentivos familiares

El Kinderstartgeld será implementado de forma progresiva. En la primera fase, la inversión estatal rondará los 91 millones de euros, suficientes para cubrir a aproximadamente 400.000 niños. A largo plazo, el coste anual ascenderá a los 1.500 millones de euros, beneficiando a unos 8,3 millones de menores.

Además, el programa incluye incentivos adicionales. Por cada euro que los padres aporten, recibirán 25 céntimos de subvención por hijo, hasta un máximo de 300 euros. Quienes suscriban un contrato de previsión antes de los 25 años recibirán un bono único de 200 euros. Para quienes buscan la seguridad, existirán productos con capital garantizado del 80% o del 100% de las aportaciones realizadas.

España, ¿a seguir los pasos de Alemania?

La medida alemana refleja una realidad que también afecta a España. Según el Global Pension Index 2025, aunque el sistema público español ha mejorado su calificación internacional, enfrenta “el gran reto de ser sostenible a largo plazo”, con limitaciones en la cobertura de planes de pensiones de empleo.

“Persiste el desafío estructural, especialmente en materia de sostenibilidad y cobertura. Es fundamental impulsar medidas que refuercen el sistema y aporten mayor seguridad de cara al futuro”, resaltó Miguel Ángel Menéndez, director del área de previsión social de Mercer España.

El envejecimiento poblacional no es exclusivo de España y Alemania. Según el Panorama de las Pensiones 2025 de la OCDE, la población de 65 años o más pasará de 33 personas por cada 100 trabajadores en 2025 a 52 en 2050. En España, la población en edad de trabajar se reducirá un 30% durante los próximos 40 años, lo que aumentará la presión sobre las pensiones públicas.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone un modelo alternativo: el sistema de cuentas nocionales, que vincula directamente las cotizaciones con las prestaciones y podría reducir el gasto hasta un 40%, garantizando proporcionalidad y sostenibilidad a largo plazo.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, advirtió que el nuevo decreto pensional que prepara el Gobierno de Gustavo Petro podría dificultar el acceso a la jubilación para millones de trabajadores en Colombia, especialmente para quienes aspiran a una pensión equivalente al salario mínimo.

Según Velasco, la medida responde a motivos fiscales, pero su impacto podría extenderse durante una década o más, comprometiendo la posibilidad de pensionarse bajo reglas claras y estables.

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Velasco subrayó que el borrador del decreto, revelado el 11 de noviembre, busca reducir el giro estatal que actualmente compensa a las aseguradoras por los incrementos discrecionales del salario mínimo.

De acuerdo con datos de Asofondos, esta reducción obligaría a los trabajadores a ahorrar sumas mucho mayores para acceder a una jubilación.

El dirigente gremial precisó en declaraciones a La W: “Si una persona antes podía pensionarse con un salario mínimo, habiendo acumulado $350 millones en su cuenta de ahorro individual, ahora va a tener que acumular $100 millones más y eso le va a tomar diez años más de cotizaciones”.

El presidente de Asofondos explicó que la mayoría de las pensiones en Colombia —alrededor del 85%— corresponden a un salario mínimo.

En el régimen de ahorro individual, los trabajadores acumulan un fondo durante su vida laboral y, al llegar a la edad de retiro, contratan una pensión con una aseguradora.

Hasta ahora, el sistema garantiza que el crecimiento de las pensiones iguale el del salario mínimo, cubriendo inflación, productividad y cualquier incremento adicional decidido políticamente.

Velasco detalló: “Las aseguradoras garantizan el componente inflacionario y de productividad, pero todo lo demás que se incluye de forma discrecional, el Gobierno nacional lo compensa mediante un giro a las aseguradoras”.

El impacto del decreto, según la perspectiva de Asofondos, no solo recaería en quienes buscan una pensión mínima. Aquellos que cotizan por encima de ese umbral también verían reducidas sus prestaciones.

Andrés Velasco afirmó: “El efecto sobre ellos no va a ser que va a haber menos de esos pensionados, sino que sus pensiones van a ser más bajas. Van a ser, en nuestros cálculos, un 20% más bajas”.

El presidente de Asofondos atribuyó la decisión del Gobierno a la presión fiscal generada por el aumento del salario mínimo, que ha superado la inflación y la productividad.

El dirigente expuso: “En 2025, la transferencia fue cercana a los $900 mil millones, casi un billón de pesos”.

Advirtió que, al dejar de girar estos recursos, podrían surgir nuevos problemas fiscales, como el desfinanciamiento del seguro previsional, que cubre los riesgos de incapacidad o fallecimiento de los afiliados y se financia con primas anuales. Según Velasco, con la nueva medida, estas primas podrían volverse “impagables por el sistema pensional”.

Sobre las motivaciones del Ejecutivo, Velasco manifestó: “No entendemos cuál sería otra motivación distinta a la fiscal”. Invitó a las autoridades a realizar análisis técnicos conjuntos para medir el impacto real de la medida y alertó: “Por solucionar un problema de corto plazo fiscal, podemos echar por la borda una década o más de posibilidad de los colombianos de pensionarse con reglas de juego claras”.

El presidente de Asofondos dejó abierta la opción de acudir a instancias judiciales. Sostuvo que los derechos de la seguridad social no deben retrotraerse y que, bajo ese argumento, se evalúan alternativas legales.

Velasco concluyó que los colombianos actualmente pueden pensionarse bajo ciertas condiciones, pero con el proyecto de decreto, esas condiciones serían menos favorables para todos, especialmente para la Nación.

Estas declaraciones se producen mientras se espera el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. El sector privado ha instado al Gobierno a mantener el diálogo técnico antes de expedir medidas que, en sus palabras, “pueden desfinanciar el sistema y afectar a millones de trabajadores”.

La edad mínima de pensión en Colombia es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres, de acuerdo con lo establecido por la Ley 100 de 1993 y el régimen vigente.

En la reciente reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, estos límites de edad no sufrieron modificaciones.

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En cuanto a los requisitos adicionales, para acceder a la pensión de vejez en el sistema público administrado por Colpensiones, es necesario haber acumulado 1.300 semanas de cotización —lo que equivale a aproximadamente 26 años de aportes—.

En el caso de los fondos privados, se exige al menos 1.150 semanas o, alternativamente, que el capital acumulado sea suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo mensual vigente.

Las personas que alcanzan la edad de jubilación pero no cumplen con la totalidad de semanas exigidas en su régimen, ya sea por períodos de desempleo, interrupciones laborales o informalidad, no pueden acceder a la pensión por vejez.

Estas personas tienen la posibilidad de continuar realizando aportes de manera independiente para completar las semanas requeridas. Además, el seguimiento de las cotizaciones garantiza también la cobertura frente a riesgos de invalidez y fallecimiento.

Si un afiliado declara que no puede seguir cotizando por falta de capacidad económica, existen alternativas como la indemnización sustitutiva en el régimen público o la devolución de saldos en los fondos privados.

Según Colpensiones, la indemnización sustitutiva corresponde a la devolución de los aportes realizados a pensiones, opción dirigida a los que no alcanzaron el mínimo de semanas y no puedan continuar cotizando.

El proceso implica asistir a un punto de atención de la entidad, solicitar los formatos requeridos, presentar la declaración de imposibilidad de aportar y entregar la documentación correspondiente, entre ellos la fotocopia del documento de identidad y, si corresponde, documentos adicionales como certificados de defunción o declaración de no pensión.

En los fondos privados, la devolución de saldos se entrega como un pago único a aquellas personas que, al llegar a la edad pensionable, no completaron los requisitos de semanas o capital.

Este monto incluye los aportes obligatorios, los voluntarios y el bono pensional cuando aplica, junto con sus respectivos rendimientos. Para solicitar la devolución en 2025, los afiliados deben validar el cumplimiento de requisitos, llenar el formulario correspondiente en línea o de forma presencial, y adjuntar documentos como la cédula de ciudadanía, certificación bancaria y, en algunos casos, certificación de saldo o historial laboral del fondo.

Colpensiones también contempla opciones adicionales, como la pensión familiar, en la que los cónyuges o compañeros pueden sumar semanas para reunir el derecho al beneficio, y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), un esquema de ahorro voluntario que permite recibir un ingreso bimensual vitalicio.

Además, los aportes acumulados para pensión que no sean suficientes pueden transferirse a Beps y recibir un subsidio del Gobierno colombiano sobre el monto trasladado, según explicó la entidad oficial.

Las alternativas y procedimientos están diseñados para proteger a quienes, por distintas circunstancias, no logran alcanzar los requisitos completos para acceder a una pensión ordinaria en Colombia.

Pago extraordinario para miles de pensionados: Colpensiones girará la mesada 13 en diciembre de 2025

Colpensiones anunció un pago extraordinario dirigido a miles de pensionados en el país, el cual se realizará durante la primera quincena de diciembre de 2025.

Según la entidad estatal, este beneficio corresponde a la mesada 13, un giro adicional anual previsto en la Ley 100 de 1993, que busca reforzar el ingreso de fin de año para los adultos mayores en el régimen público de pensiones.

El valor de la mesada 13 es igual al 100% de la pensión mensual de cada beneficiario. Por ejemplo, quienes reciben una pensión equivalente al salario mínimo de 2025, es decir, $1.423.500, tendrán un pago adicional por el mismo monto. Los pensionados con mesadas superiores, como $2.500.000 o más, recibirán esa suma como giro extra, de acuerdo con lo informado por Colpensiones.

El abono se hará de manera automática junto con la mesada habitual y no requiere inscripción previa. Además, el extra no está sujeto a descuentos y llegará directamente a la cuenta bancaria registrada del beneficiario. La entidad aclaró que este beneficio aplica únicamente para pensionados del régimen público, mientras que en los fondos privados la mesada 13 solo se reconoce en casos específicos.

Para acceder al pago, Colpensiones explicó que se deben cumplir tres requisitos fundamentales: ser pensionado reconocido por vejez, invalidez o sustitución/sobrevivencia con mesada vigente, no haber recibido devolución de saldos ni indemnización sustitutiva, y mantener actualizados los datos bancarios y personales. La consignación podría retrasarse si la información registrada no está al día.

Aunque el trámite es automático, la entidad recomendó a los beneficiarios verificar la cuenta bancaria, actualizar datos personales y consultar la plataforma oficial para detectar posibles inconsistencias. En caso de inconvenientes con el pago, los reclamantes cuentan con el respaldo de la Superintendencia Financiera para presentar quejas sin costo.

Un trabajador de un supermercado de Brighton, Michigan, Ed Bambas, ha podido jubilarse con 88 años, gracias al donativo de una comunidad digital. El acto benéfico, movido por Samuel Weidenhofer, un influencer australiano, logró recaudar 1,5 millones de dólares para que el hombre pudiera dejar de trabajar, después de que se quedase sin pensión por jubilación en 2012.

Según le relató Bambas, consiguió jubilarse en 1999 y pensaba que viviría feliz y cómodo con su mujer, Joan, con la pensión que había acumulado por sus décadas de trabajo en General Motors. “Me sentí cómodo. Sentía que tenía una situación financiera estable. Era dueño de mi casa. No teníamos grandes preocupaciones”, explicaba el hombre de 88 años. No obstante, el grupo de motores se declaró en quiebra en 2009 y tras reestructurar sus compromisos en 2012, Bambas perdió la pensión que se suponía que debía ser su sustento principal de por vida.

El impacto de ello fue un golpe muy bajo, sobre todo, porque coincidió con una enfermedad grave que padecía su mujer. “Lo que más me dolió fue que cuando mi esposa estuvo muy enferma le quitaron la pensión y también le quitaron la cobertura médica”, confesaba para WXYZ. Desde su fallecimiento, siete años después de la retirada de su pensión, Bambas ha estado “tratando de restablecerme”. Su historia se viralizó rápidamente gracias a la difusión de Weidenhofer, lo que hizo que la campaña de recaudación terminase siendo un éxito.

El hombre tuvo que vender su casa por las facturas pendientes por la enfermedad de su esposa

“Una vez que murió mi esposa, no tuve suficientes ingresos para pagar este lugar ni todas las otras facturas que había acumulado debido a la enfermedad de mi esposa”, expresaba. El único medio que encontró para restablecerse y conseguir ingresos fue vender su casa y buscar un nuevo empleo. Desde entonces ha trabajado en una ferretería y, más tarde, empezó en la cadena de supermercados Meijer, donde atendía las cajas de autoservicio cinco días a la semana.

Al un comentario en uno de sus videos, Weidenhofer, quien suele crear contenido en sus redes sociales haciendo acciones solidarias, se enteró del caso de Bambas y motivado por su historia decidió viajar hasta Brighton junto a su amigo e influencer, Mike McKinstry. “Caminamos por Meijer durante aproximadamente dos horas y estábamos buscando a este hombre mayor, amigable y alegre, y nos encontramos con Ed en la caja y supimos que era él de inmediato”, relató McKinstry en declaraciones recogidas por WXYZ Detroit.

Pero lo que dio un vuelco a su historia fue la viralidad de la publicación que compartieron sendos influencers. En ellas se patrocinaba una campaña en GoFundMe, en la que se consiguió recaudar un millón de dólares (aproximadamente 925.000 euros) en menos de 48 horas. La suma ha ascendido hasta los 1,5 millones de dólares, superando el millón de euros con 53.393 donativos. “Fue algo inesperado, lo digo en serio”, afirmaba el hombre ante la sorpresa de los creadores de contenido.

Además, comentó que nunca dejó de trabajar pese a las circunstancias. “No me costó nada hacerlo porque sabía que tenía que hacerlo. Tengo la suerte de que Dios me dio un cuerpo lo suficientemente fuerte como para estar de pie ocho u ocho horas y media al día”, sostenía. Por el momento la campaña sigue abierta; además, Bambas sigue sin conocer el monto total del beneficio que la gente le ha destinado, ya que Weidenhofer esperará dos o tres días más, según explicaba en el anuncio de GoFundMe. Una justicia que ha llegado con más de diez años desde que se quedó sin pensión y desde que General Motors, recuperaba su lugar como el mayor fabricante de automóviles del mundo en ventas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha la maquinaria para definir cómo se cotizará en 2026. Lo ha hecho sacando a consulta pública la orden de bases de cotización para el próximo año, un documento clave pero todavía provisional, pues varios de sus elementos están pendientes de confirmación. Entre ellos, dos que condicionan todo el esquema: el salario mínimo interprofesional (SMI), aún sin actualizar para 2026, y el dato definitivo del IPC de noviembre, que determinará la subida de la base máxima.

Pese a estas incógnitas, la orden avanza ya cambios relevantes que impactarán tanto en las empresas como en los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Y marca una tendencia clara: las cotizaciones seguirán subiendo para reforzar la financiación del sistema de pensiones en los años de mayor presión demográfica, especialmente a partir de la jubilación del ‘baby boom’.

Uno de los elementos más esperados ya está prácticamente definido. La orden incluye una subida del 3,9% de la base máxima, hasta 5.101,2 euros al mes, cifra que podría variar ligeramente cuando se conozca el IPC definitivo, pero que no se espera que cambie de forma significativa.

Esta remontada se explica por la reforma del sistema de pensiones impulsada por José Luis Escrivá. Desde 2024, las bases máximas se revalorizan cada año según el promedio del IPC de los 12 meses anteriores, al que se añade 1,2 puntos adicionales. Para 2026, el INE ha avanzado un IPC promedio del 2,7%, lo que sumado a ese 1,2% fija el incremento en torno al mencionado 3,9%. Esta fórmula se aplicará hasta 2050, lo que implica que las bases máximas seguirán subiendo sistemáticamente por encima de la inflación.

Base mínima: pendiente del SMI, pero no bajará de 1.381,2 euros

La otra cara de la moneda, la base mínima, depende de la actualización del SMI para 2026. Por ley, esta base se calcula sumando un sexto al salario mínimo. Sin embargo, mientras el Gobierno negocia el nuevo SMI, la orden mantiene la base mínima actual: 1.381,2 euros mensuales, la misma cifra en vigor en 2025, hasta que se confirme la subida del salario mínimo.

Este dato es clave no solo para trabajadores y empresas, sino también para otros mecanismos introducidos en las últimas reformas laborales, como la penalización por contratos temporales de corta duración.

La orden también recoge que, de forma provisional, se mantiene en 32,6 euros la cotización adicional que deben abonar las empresas cuando finalizan contratos temporales inferiores a 30 días. Este sobrecoste, creado en la reforma laboral de 2021 para combatir la temporalidad, está ligado a la base mínima de cotización del grupo 8 y se actualizará cuando se conozca el nuevo SMI.

Cuotas de autónomos: incertidumbre total

Una de las mayores incógnitas sigue siendo la cuota de los autónomos para 2026. La orden deja en blanco estas cifras, a la espera de que el Ministerio confirme si aplicará la última propuesta que puso sobre la mesa: congelar las cuotas para los tramos de menores ingresos y subir entre un 1% y un 2,5% el resto, lo que supondría entre 2,9 y 14,75 euros más al mes.

De momento, el documento no concreta nada. Y la decisión final dependerá tanto de la negociación con las asociaciones del sector como de los ingresos esperados del sistema.

Si hay un capítulo que sí está cerrado es el del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la sobrecotización que comenzó a aplicarse en 2023 para fortalecer la “hucha de las pensiones”. A partir del 1 de enero de 2026, el MEI pasará del 0,80% actual al 0,90%, de los cuales 0,75% lo pagará la empresa y 0,15% el trabajador. Este incremento forma parte del calendario fijado hasta 2029, cuando alcanzará su máximo del 1,2%. Los ingresos recaudados se destinan exclusivamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, clave para financiar la jubilación del ‘baby boom’.

Cuota de solidaridad: más presión para los salarios altos

La llamada cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2024, afectará cada vez más a los salarios elevados. Es un recargo aplicado sobre la parte del sueldo que supera la base máxima de cotización, y que crece de manera progresiva por tramos.

Con la base máxima situada en 5.101,2 euros, así quedarán los tipos para 2026: 1,15% para salarios entre 5.101,2 y 5.611,32 euros (0,96% empresa y 0,19% trabajador); 1,25% para salarios entre 5.611,33 y 7.651,8 euros (1,04% empresa y 0,21% trabajador) y 1,46% para salarios por encima de 7.651,8 euros (1,22% empresa y 0,24% trabajador).

Un trabajador que gane un 10% más que la base máxima —es decir, 5.611,32 euros al mes— pagará unos 5,86 euros más al mes por esta cuota, unos 70 euros al año. Mientras que para un salario un 50% superior a la base máxima —7.651,8 euros mensuales—, la cuota de solidaridad será de 31,36 euros mensuales, es decir, 376 euros anuales.

Este recargo no genera una pensión mayor y afecta únicamente a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos. Para 2045, cuando la cuota esté desplegada al 100%, los tipos serán mucho más elevados: 5,5%, 6% y 7% según tramo.

Un objetivo común: reforzar el sistema para sostener las pensiones

La suma de estos mecanismos —subidas de bases máximas por encima del IPC, incremento anual del MEI y despliegue progresivo de la cuota de solidaridad— responde a una misma lógica: incrementar los ingresos del sistema de Seguridad Social para anticiparse a los años de mayor tensión financiera.

La década de 2040, cuando se jubile la generación más numerosa de la historia de España, será el punto crítico. El Gobierno defiende que este refuerzo progresivo permitirá sostener el gasto en pensiones sin desbordar el déficit público.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que los depósitos de los ahorristas en la seguridad social de largo plazo no están en los fondos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que administra esos recursos.

“Si hay compañeros en esta sala que son aportantes, no hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa este lunes sin brindar más detalles sobre la presunta desaparición de los fondos que sostienen las jubilaciones de los trabajadores.

La revelación del presidente causó preocupación y pedidos de explicaciones sobre el manejo del dinero de los ahorristas. El economista Jaime Dunn señaló que “es importante tener mayor precisión en los comentarios” y explicó que el dinero tendría que estar invertido y no en liquidez en efectivo.

“La gestora tiene un mandato y es que tiene que invertir esos recursos, no debe tener esos recursos en efectivo”, explicó el economista en una entrevista con el canal RTP y señaló que “más de la mitad de los fondos están invertido en la banca, un 30% está invertido en bonos del Estado y otra parte importante está invertida en instrumentos de renta en el mercado de valores”.

“Es importante que este tipo de aclaraciones se hagan para no generar incertidumbre”, finalizó Dunn.

En tanto, el economista y ex candidato a vicepresidente Antonio Saravia advirtió en una publicación: “Con cuidado Sr. Presidente. No tire estas cosas así nomás. Una declaración así necesita mucha precisión. ¿En serio no hay aportes? Es decir, ¿la Gestora se quedó con $0? ¿O quiere decir que se robaron una parte? ¿O se refiere a la parte comprometida en bonos del TGN?”.

En esa misma línea, el periódico boliviano El País señala en su editorial que “el dinero de la Gestora no se esfuma y no conviene alimentar esos fantasmas, en general se invierte o se gasta y hay responsables identificados de todo ello que tendrán que dar cuenta de sus decisiones y fechorías”.

Para el medio local, la revelación de Paz es parte de una estrategia que apunta a justificar las próximas reformas económicas con la existencia de un “robo masivo” por parte de los gobiernos anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS) “cuya existencia no se duda, pero que requiere de elementos tangibles y detenidos concretos para sostenerla”.

La Gestora Pública de Seguridad Social administra los fondos de pensiones en Bolivia desde el año 2023 en reemplazo de las AFP privadas.

La entidad ha sido centro de controversias por el destino de sus inversiones. Reportes de prensa locales señalan que una parte significativa del ahorro de los trabajadores fue colocada en el sistema financiero y en bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central, lo que en la práctica implica financiar al propio Estado en un momento de recesión y crisis económica.

También muestran inversiones en empresas como frigoríficos, productoras de granos, telecomunicaciones y otras, una de las cuales había sido sancionada por falsificación de certificados.

En ese sentido, el manejo de la Gestora ha generado críticas por el riesgo fiscal que suponen sus inversiones mientras la entidad defiende sus operaciones como seguras, rentables y en cumplimiento de la normativa. Pese a ello, la controversia persiste y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y el nivel de protección de los recursos de los futuros jubilados.

Tras su declaración sobre los aportes, el presidente Paz indicó que se va a reestructurar la entidad para garantizar el pago a los ahorristas. “Tenemos que empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido”, señaló.

Desde el departamento dirigido por Elma Saiz señalan que este aumento implicará un incremento medio de 572 euros anuales en la pensión de jubilación, mientras que la subida será de casi 500 euros para la pensión media del sistema (que incluye todas las pensiones que paga la Seguridad Social, como las de viudedas o orfandad, además de la jubilación). La ministra ha afirmado que para los pensionistas esta revalorización indexada al IPC supone asegurar “el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo” y que se trata de “una medida fundamental para las personas que han trabajado toda su vida”

En total, unos 9,4 millones de personas que cobran un total de 10,4 millones de pensiones contributivas y los 715.000 receptores de 734.000 pensiones de clases pasivas (las correpsondientes a antiguos funcionarios del Estado) se beneficiaran este 2026 del incremento del 2,7%, calculado según el IPC medio anual estimado con los datos desde diciembre del año anterior hasta noviembre del actual, de acuerdo con la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

La pensión de jubilación crece un 4,3% en noviembre

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que engloba todas las categorías de pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) alcanzó los 1.316,7 euros mensuales en noviembre, un 4,4% más que el mismo mes del año anterior.

Dentro de este conjunto, la pensión media de jubilación destaca al situarse en 1.511,5 euros mensuales, lo que representa un avance del 4,3% frente a 2024. Más de 6,5 millones de personas, es decir, más de dos tercios de quienes perciben prestaciones del sistema, reciben este tipo de pensión. El mes de noviembre, además, incluye el abono de la paga extraordinaria, cuyo importe medio para la jubilación ha sido de 1.492 euros.

El gasto en pensiones pone en duda la sostenibilidad del sistema

Esta misma semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado en su informe ‘Panorama de las Pensiones 2025′ que España destina actualmente el 13,7% de su PIB a financiar el sistema público de pensiones, el tercer porcentaje más elevado entre los 32 Estados contemplados en el estudio.

Además, el análisis advierte de un aumento paulatino de esa proporción: para el año 2045, se prevé que el gasto en pensiones equivaldrá al 16,9% del PIB, posicionando a España como líder en la clasificación. Esta tendencia continuará hasta alcanzar su punto máximo en 2050 con el 17,3% del PIB, aunque luego disminuirá gradualmente hasta situarse en el 16,9% para 2060.

En otro informe reciente, el organismo advierte sobre el efecto del crecimiento sostenido del gasto en pensiones en la economía y el empleo, subrayando la urgencia de reformas adicionales para asegurar la sostenibilidad del sistema. Entre las recomendaciones se encuentran ampliar el periodo de cómputo para calcular las pensiones y vincular las prestaciones o la edad de jubilación a la esperanza de vida, con el fin de reflejar mejor las contribuciones reales y ajustar el sistema al aumento de la longevidad.

España se convertirá en menos de dos décadas en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mayor proporción de su Producto Interior Bruto (PIB) dedicará a pagar las pensiones, según recoge el informe Panorama de las Pensiones 2025, publicado por el organismo.

España destina ahora el 13,7% de su PIB a sufragar la nómina del sistema público de pensiones, el tercer porcentaje más alto de los 32 países analizados en el informe. Este porcentaje subirá hasta 16,9% en 2045, lo que situará a España en el primer puesto del ranking.

El gasto seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo del 17,3% en 2050, para luego moderarse ligeramente en 2055, hasta el 17,2%, y volver al 16,9% en 2060. En todo el periodo analizado, España se mantendría como el país con mayor esfuerzo económico relativo para sostener las pensiones públicas.

Por lo que se refiere al conjunto de los 32 países pertenecientes a la OCDE recogidos en el informe, el porcentaje del PIB destinado a las pensiones pasará del 9% en 2025 al 9,9% en 2045. En 2050 será del 10% y el 10,3% en 2060. En cuanto al ranking por países, para el final del horizonte de proyecciones en 2060, por detrás del 16,9% del PIB estimado para España se situarán Bélgica, con un 15,4%; Austria, con un 14%; e Italia, con un 13,7%.

La OCDE advierte que en España la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social se ampliará en las próximas décadas si no se llevan a cabo nuevas reformas, y ello, a pesar de las elevadas cotizaciones. El organismo recoge las proyecciones de la AIReF que apuntan a que, con la normativa actual, el gasto en pensiones aumentará 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, lo que generará un déficit de financiación persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos que no están provisionados actualmente.

Una población envejecida disparará el gasto en pensiones

A nivel global, la OCDE incide en que el envejecimiento demográfico, provocado por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, seguirá incrementando la presión fiscal sobre los sistemas de pensiones, en un momento de alta deuda pública y de demandas de gasto contrapuestas.

La población del conjunto de la OCDE envejecerá rápidamente en los próximos 25 años, recoge el informe, y en 2050 habrá 52 personas de 65 años o más por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, frente a las 33 en 2025 y solo 22 en 2000. Advierte que este aumento para 2050 “es especialmente acusado en Corea, de casi 50 puntos, así como en España, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, donde supera los 25 puntos”.

Estima que la población en edad de trabajar de entre 20 y 64 años se reduzca un 30% durante los próximos 40 años en España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y República Eslovaca. En tanto que Colombia, Costa Rica, Francia y España son actualmente los únicos países de la OCDE que utilizan menos de 35 años para calcular el salario de referencia de sus pensiones de beneficios definidos.

“El envejecimiento de la población es un desafío estructural clave para los países de la OCDE, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales”, ha subrayado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, ya que se estima que la población en edad de trabajar disminuirá un 13% en los próximos 40 años y, como consecuencia, el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060, “lo que ejercerá una presión a la baja sobre los ingresos públicos, mientras que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento”.

“Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral”, ha señalado Cormann, que recomienda a los países aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la seguridad económica en la vejez y un crecimiento económico sólido.

España mejora en conciliación

La OCDE reconoce que en 2025, España ha flexibilizado las normas para la conciliación de la vida laboral y la pensión, ya que previamente la conciliación solo era posible para personas con una trayectoria laboral completa (36,5 años en 2024) que aplazaran su cobro al menos un año más allá de la edad legal de jubilación.

Incide en que tras la reforma implementada, la conciliación está abierta a cualquier persona con derecho a pensión, independientemente de su trayectoria laboral completa, aunque señala que sigue siendo necesario aplazar previamente la percepción de la pensión durante al menos un año, aunque ahora se abona una bonificación por aplazamiento.