La investigación penal por el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio entró en una fase decisiva con la realización de nuevas diligencias judiciales y la convocatoria a decenas de versiones dentro del proceso que busca establecer a los posibles autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023. A pocos días de que concluya la etapa de instrucción fiscal, el expediente incorpora nuevas comparecencias, peritajes y solicitudes de cooperación internacional que marcarán el cierre de esta fase procesal.

Según reportó El Universo, la Fiscalía ha dispuesto la convocatoria de varias personas para que rindan o amplíen sus versiones dentro del proceso penal, además de audiencias para la extracción de información de dispositivos electrónicos, peritajes económicos y psicológicos, así como pedidos de asistencia penal internacional dirigidos a Estados Unidos, España y Colombia. Estas diligencias forman parte del cierre de los cuatro meses de instrucción fiscal definidos para investigar la posible autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial.

La etapa de instrucción fiscal se cerrará el próximo 12 de marzo, cuando se cumplan los 120 días establecidos para esta fase del proceso judicial. En el expediente se investiga a siete personas señaladas como presuntos responsables intelectuales del asesinato de Villavicencio, quien murió en un atentado perpetrado el 9 de agosto de 2023, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador.

De acuerdo con El Universo, los primeros 90 días de instrucción fiscal comenzaron el 3 de septiembre de 2025 con la formulación de cargos contra varias figuras señaladas por la Fiscalía dentro del caso denominado “Magnicidio FV”. Entre los procesados figuran el exministro del correísmo José Serrano; Xavier Jordán, implicado también en el caso Metástasis; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, quien cumple una condena superior a 34 años de prisión por delitos relacionados con corrupción en el sistema de salud y justicia.

Posteriormente, la Fiscalía vinculó a tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias “Pipo”; su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”; y Luis Arboleda, conocido como “Gordo Luis”. Estas vinculaciones motivaron que la instrucción fiscal se extendiera por 30 días adicionales.

Según la teoría presentada por la Fiscalía, citada por El Universo, estos tres individuos habrían participado en la planificación del atentado contra el candidato presidencial. El organismo sostiene que los procesados habrían coordinado el ataque con apoyo de estructuras armadas irregulares de Colombia, supuestamente por encargo de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, a cambio de pagos económicos.

En cuanto a la situación judicial de los investigados, todos tienen orden de prisión preventiva vigente. Sin embargo, únicamente dos de ellos —Daniel Salcedo y Luis Arboleda— cumplen la medida porque ya se encontraban privados de libertad por otros procesos penales cuando se abrió esta causa. Otros procesados han impugnado las órdenes desde el exterior: Serrano y Jordán lo han hecho desde Estados Unidos, mientras que Aleaga se encuentra en Venezuela. Por su parte, alias “Pipo” permanece detenido en España y sobre alias “Lobo Menor” no se ha informado públicamente su ubicación.

Entre los testimonios solicitados figuran el del agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Andrew Scott Pickle, quien mantuvo conversaciones con varios de los ciudadanos colombianos detenidos como autores materiales del atentado contra Villavicencio. La comparecencia de este funcionario estadounidense fue solicitada por la defensa de alias “Pipo”.

Asimismo, dentro de los pedidos formulados por las defensas se ha convocado a rendir versiones a personas que ya fueron condenadas por la ejecución material del asesinato, como Edwin Angulo, alias “Invisible”, y Laura Castillo, alias “Flaca”. También fue convocada Verónica Sarauz, viuda del candidato asesinado, quien deberá comparecer de forma telemática.

Uno de los pedidos más recientes provino de Daniel Salcedo, quien solicitó que varias personas sean llamadas a declarar. Entre ellas se encuentran la actual asambleísta de la Revolución Ciudadana y exministra de Justicia Lady Zúñiga Rocha, así como Alexis Mera, quien se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Rafael Correa. Ambos deberán rendir su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía en las diligencias programadas para el 12 de marzo.

El campeón mundial de Gran Turismo en 2023 y 2025, José Serrano, subrayó durante un encuentro con la prensa la potencia y exigencia del Xiaomi SU7 Ultra en el entorno virtual, señalando la destacada velocidad del modelo y el nivel de habilidad necesario para gestionar su frenado. Serrano también resaltó que recomienda el vehículo a quienes cuenten con experiencia previa en el título de carreras. La noticia principal gira en torno a la experiencia inmersiva organizada por Xiaomi, permitiendo al público probar el coche eléctrico de altas prestaciones mediante simuladores avanzados en Madrid.

Según informó el medio, Xiaomi ha lanzado una actividad especial en el centro comercial Caleido de la capital española, enfocada en el Xiaomi SU7 Ultra, modelo eléctrico que alcanzó presencia en el videojuego Gran Turismo 7 desde el 29 de enero. Del 23 de febrero al 20 de marzo, los visitantes podrán conducir este automóvil virtualmente gracias a cuatro simuladores dispuestos en el espacio de la marca. El acceso al evento es gratuito y el objetivo consiste en proporcionar una vivencia realista de conducción y conocer de primera mano las prestaciones del vehículo chino.

El Xiaomi SU7 Ultra, según detalló la organización durante la presentación, puede alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Esta característica, junto con su motorización eléctrica, marcan diferencias en la experiencia de conducción frente a otros automóviles disponibles en Gran Turismo 7. En palabras de los responsables de PlayStation citados por el medio, conducir el SU7 Ultra representa un desafío adicional, ya que requiere aplicar frenadas más intensas que otros modelos del juego.

El evento cuenta con una dinámica de competición diaria: los mejores tiempos por vuelta de cada jornada quedan registrados y sirven para establecer clasificaciones entre los participantes. Según consignó el medio, la configuración contribuye a fomentar la participación continua y pone a prueba tanto la destreza como la capacidad de adaptación de los entusiastas del automovilismo virtual.

Uno de los aspectos remarcados durante la rueda de prensa fue la ausencia de ruido generado por el propulsor eléctrico del SU7 Ultra. Esta particularidad, según advirtieron tanto Serrano como los portavoces de la propia PlayStation, puede inducir a los jugadores a sobreestimar sus límites de velocidad, ya que la referencia auditiva habitual en motores de combustión desaparece en este modelo. De acuerdo con la información difundida, este factor añade un nivel adicional en la exigencia del simulador y contribuye a crear una experiencia más próxima a la realidad de los automóviles eléctricos.

El showroom de Xiaomi, que alberga la instalación, se encuentra en la planta baja del centro Caleido. El acceso a los simuladores no implica coste para los asistentes, de modo que tanto aficionados como curiosos tienen la oportunidad de comparar el rendimiento virtual del coche en un entorno altamente equipado. El medio señaló que, de esta forma, Xiaomi busca acercar las características de su vehículo de altas prestaciones al público general y a los seguidores de los videojuegos de motor.

La experiencia, además de permitir el contacto con la tecnología de Xiaomi, se inserta en una tendencia creciente en la industria del automovilismo digital: los fabricantes optan por colaboraciones con plataformas de simulación para promocionar sus modelos y familiarizar a una audiencia más amplia con los avances técnicos aplicados en sus productos. Según publicó el medio, la actividad de Xiaomi en Madrid se prolongará hasta el 20 de marzo, momento en que concluirá la serie de eventos, competencias y pruebas gratuitas del vehículo eléctrico SU7 Ultra a través del simulador de Gran Turismo 7.

El proceso judicial que enfrenta el exministro del Interior y exasambleísta ecuatoriano José Serrano en Estados Unidos entró esta semana en una fase decisiva, luego de que se instalara en Miami una audiencia de carácter migratorio que definirá si procede o no su deportación a Ecuador, donde es investigado como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La diligencia se desarrolla en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo la conducción de la jueza Romy Lerner, quien deberá resolver la situación migratoria del exfuncionario tras escuchar a las partes involucradas.

Serrano permanece detenido en territorio estadounidense desde el 7 de agosto de 2025, cuando fue arrestado en las inmediaciones de su domicilio en Miami. Desde entonces, ha permanecido bajo custodia migratoria por más de cinco meses, luego de que las autoridades estadounidenses determinaran que habría extendido de forma irregular su permanencia en el país. La audiencia, que había sido inicialmente prevista para noviembre de 2025, fue postergada sin explicación pública hasta enero de este año y no se prevé que concluya en una sola sesión, sino que se extienda por varios días no consecutivos.

Durante la diligencia, la defensa de Serrano expuso argumentos relacionados con el temor de su defendido de regresar a Ecuador y los riesgos que, según alegan, enfrentaría en caso de ser deportado. La jueza Lerner también escuchará a los representantes del Gobierno de Estados Unidos antes de adoptar una decisión sobre su permanencia o expulsión del país. En el desarrollo de la audiencia se conoció, además, que Serrano intentó nuevamente cambiar de abogado, solicitud que fue negada por la magistrada, pese a que días antes había incorporado a un nuevo defensor a su equipo legal.

El proceso migratorio en Estados Unidos se produce en paralelo a una causa penal de alto impacto político en Ecuador. Desde el 3 de septiembre de 2025, Serrano es procesado como uno de los cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, en un ataque perpetrado con modalidad de sicariato a la salida de un mitin político. El caso, conocido como Magnicidio FV, se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más sensibles del país por las implicaciones políticas y por la gravedad del crimen.

Junto a Serrano, también son investigados Xavier Jordán, Ronny Aleaga —exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana— y Daniel Salcedo, este último ya condenado en otros procesos por corrupción en los sectores de salud y justicia y actualmente recluido en la Cárcel 4 de Quito. En una primera etapa del proceso, Serrano y Jordán recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva, que incluían la presentación periódica en el consulado ecuatoriano en Miami. Sin embargo, tras una audiencia de apelación, un tribunal dispuso la prisión preventiva para ambos, equiparándolos a la situación de Aleaga y Salcedo.

Las defensas de Serrano, Jordán y Aleaga han apelado la orden de prisión preventiva, pero la audiencia para resolver ese recurso aún no se ha realizado debido a la falta de conformación completa del tribunal correspondiente. A la par, la Fiscalía ecuatoriana mantiene pendiente la vinculación de tres presuntos cabecillas del grupo criminal Los Lobos, señalados como posibles actores relevantes en la estructura del crimen. Esa diligencia fue convocada para finales de enero.

El desenlace del proceso migratorio en Estados Unidos resulta clave para el avance del caso penal en Ecuador. Una eventual deportación colocaría a Serrano a disposición de la justicia ecuatoriana, mientras que una decisión favorable a su permanencia en territorio estadounidense podría abrir un escenario de mayor complejidad jurídica y diplomática.

José Serrano Salgado, ex ministro del Interior del correísmo en Ecuador, permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención de Krome, en Miami, luego de que una jueza federal rechazara su pedido de habeas corpus. La decisión, adoptada el 29 de octubre por la magistrada Marty Fulgueira Elfenbein del Tribunal de Distrito Sur de Florida, mantiene en firme su arresto migratorio, al considerar que el tribunal “carece de jurisdicción” para pronunciarse sobre el caso en esta etapa del proceso.

Serrano, quien fue una de las figuras más influyentes del gobierno de Rafael Correa y presidió la Asamblea Nacional entre 2017 y 2018, lleva más de 80 días detenido en Estados Unidos. Su arresto se produjo el 7 de agosto de 2025 por presuntas irregularidades en su estatus migratorio. Desde entonces permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La defensa del ex ministro, liderada por el abogado Robert Sheldon, había solicitado al tribunal que ordene su liberación inmediata o, en su defecto, que se modifique su estatus para ser tratado como solicitante de asilo político y no como un detenido criminal. El pedido se sustentaba en la alegación de que su detención violaba garantías constitucionales y debía ser revisada por un juez federal. Sin embargo, la jueza Fulgueira desestimó el habeas corpus sin entrar al fondo del caso, aunque lo hizo “sin perjuicio”, lo que le permite volver a presentar la solicitud si logra subsanar los problemas de jurisdicción detectados.

El ex funcionario tiene hasta el 12 de noviembre de 2025 para presentar objeciones formales a su detención. Si lo hace, el juez K. Michael Moore deberá revisar el informe y las objeciones antes de emitir una decisión definitiva. Mientras tanto, Serrano seguirá recluido en Miami a la espera de la audiencia de deportación programada para el 19 de noviembre, en la que se definirá si regresa a Ecuador o si su defensa logra obtener algún tipo de protección migratoria.

La situación legal de Serrano en Estados Unidos ocurre en paralelo a un proceso penal en Ecuador, donde enfrenta una orden de prisión preventiva como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ex asambleísta y candidato presidencial, ocurrido en agosto de 2023. Según la Fiscalía ecuatoriana, Serrano habría tenido vínculos con una red de planificación que incluyó a otros prófugos como Xavier Jordán y Daniel Salcedo. En ese caso, la justicia ecuatoriana emitió una alerta roja de Interpol y solicitó su extradición.

Fuentes judiciales ecuatorianas sostienen que, de concretarse la deportación, Serrano sería trasladado directamente a una cárcel en Quito para cumplir con la medida cautelar dispuesta por el juez de la causa. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado que sigue el proceso a través de la Embajada del Ecuador en Washington y el consulado en Miami, aunque ha evitado pronunciarse públicamente sobre los detalles del caso, dado que involucra procesos judiciales en curso en dos países.

Durante su carrera política, Serrano fue uno de los hombres más cercanos a Rafael Correa. Fue ministro del Interior entre 2011 y 2016, período en el que dirigió la Policía Nacional y enfrentó múltiples denuncias por abusos policiales y persecución a opositores. Posteriormente presidió la Asamblea Nacional, pero fue destituido tras la filtración de un audio en el que se lo escuchaba coordinar con el entonces contralor Carlos Pólit —hoy también procesado en EEUU— la remoción del fiscal general de la época, Carlos Baca Mancheno.

En los últimos años, Serrano había mantenido un perfil público relativamente bajo aunque con apariciones importantes, hasta que su nombre reapareció vinculado a la investigación por el asesinato de Villavicencio. La Fiscalía lo acusó formalmente en septiembre de 2024, y desde entonces permanecía fuera del país. Según fuentes consultadas por medios ecuatorianos, ingresó a territorio estadounidense con visa válida, pero excedió su periodo de permanencia y fue detenido en un operativo migratorio rutinario en el aeropuerto de Miami.

Una jueza de Ecuador dictó este jueves prisión preventiva contra el empresario Xavier Jordán y el ex ministro correísta José Serrano, acusados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Ambos residen en Miami y hasta ahora estaban sujetos a la obligación de presentarse semanalmente en el Consulado de Ecuador en esa ciudad, como medida cautelar.

La resolución judicial se produjo durante una audiencia en la que la Fiscalía argumentó que mantener a Jordán y Serrano en libertad representa un “riesgo procesal” concreto.

En la diligencia, la representante del Ministerio Público presentó nuevos elementos al expediente y subrayó que los dos poseen “poder económico, conexiones políticas y antecedentes de elusión judicial”, lo que incrementa la posibilidad de fuga y de interferencia en el curso de la investigación penal. Convencida por estos argumentos, la jueza del caso dispuso la inmediata orden de encarcelamiento preventivo.

Tras la decisión, el Ministerio Público informó que tramitará ante Interpol una notificación roja internacional para localizar a Jordán y Serrano y solicitar a las autoridades de Estados Unidos su extradición. Edwin Romero, abogado de la familia Villavicencio, indicó que la orden de prisión preventiva y la notificación internacional son pasos cruciales para que los acusados respondan ante la justicia ecuatoriana.

La situación legal de Serrano es compleja, ya que permanece detenido por el servicio migratorio estadounidense desde el 7 de agosto. Su posible extradición estará sujeta al sistema judicial de ese país. Por su parte, Jordán se mantenía en libertad en Miami y cumplía regularmente con las presentaciones en el consulado ecuatoriano allí. No obstante, su residencia fue allanada a principios de octubre por agentes del FBI, en el marco de una investigación diferente.

Ambos sospechosos afrontan además procesos judiciales adicionales en Ecuador. Jordán está involucrado en el caso Metástasis, una investigación que expone una red de corrupción judicial, policial y penitenciaria con vínculos a actividades delictivas lideradas por el narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero.

El empresario también fue investigado durante la pandemia en tramas de corrupción en la adquisición de insumos hospitalarios.

En la lista de procesados por el crimen de Villavicencio también figuran el empresario Daniel Salcedo y el ex asambleísta Ronny Aleaga. Salcedo está ya recluido y afronta condenas que superan los treinta años de prisión, mientras que Aleaga, señalado como operador del correísmo, continúa prófugo y con paradero desconocido.

Sobre ambos ya pesaba la prisión preventiva desde la primera audiencia del caso celebrada en septiembre.

Fernando Villavicencio fue asesinado a balazos a la salida de un mitin electoral en agosto de 2023, a solo once días de los comicios presidenciales.

El candidato, conocido por su rol de investigador y denunciante de tramas de corrupción, y por haber sido abierto opositor al ex presidente Rafael Correa, había recibido amenazas y mantenía disputas personales con varios de los hoy procesados.

El caso, que conmocionó a Ecuador y atrajo la atención internacional, sigue bajo instrucción fiscal y revela una red de relaciones entre el crimen organizado y distintos espacios del poder político y económico ecuatoriano. Las autoridades continúan avanzando en la investigación y la búsqueda de los inculpados fuera del país.

(Con información de EFE)

La Fiscalía de Ecuador divulgó este viernes el testimonio de un ex policía encarcelado, quien opera como testigo protegido en el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Según el relato, el ex policía fue reclutado por el ex ministro correísta José Serrano y, en coordinación con el empresario Daniel Salcedo, realizó tareas de vigilancia y seguimiento a Villavicencio poco antes de que fuera asesinado a la salida de un mitin, días previos a las elecciones extraordinarias de 2023.

El caso, identificado como ‘Magnicidio FV’, busca esclarecer la autoría intelectual detrás de uno de los crímenes más notorios en el marco de la actual crisis de seguridad en Ecuador.

De acuerdo al expediente expuesto por el Ministerio Público, Serrano habría encargado al ex policía, durante su periodo como ministro del Interior, “ejecutar misiones clandestinas de inteligencia” enfocadas en opositores políticos. El testigo relata que, en julio de 2016, compró armamento supuestamente de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) destinado a la banda Los Choneros, considerada entonces la estructura criminal más antigua y dominante en Ecuador.

El ex policía, posteriormente condenado a 34 años de prisión por robo con muerte, declaró que fue en la Cárcel 4 de Quito donde conoció a Daniel Salcedo. Salcedo, que enfrenta sentencias que en total superan los treinta años por varias causas de corrupción, fue señalado por la fiscalía como uno de los nexos entre el grupo criminal Los Lobos y la operación contra Villavicencio. Tanto Salcedo como Serrano figuran entre los cuatro principales implicados como presuntos autores intelectuales del crimen, junto al empresario Xavier Jordán y el ex asambleísta Ronny Aleaga. Jordán reside en Miami, mientras que Aleaga se halla prófugo y su paradero es desconocido.

El testimonio protegido narra que, en 2023, Serrano solicitó retomar los seguimientos a Villavicencio bajo la promesa de reincorporarlo a la policía al retorno de los correístas al poder. “Jonathan, si esto no fuese importante, créeme que no contáramos contigo, y es de carácter urgente”, habría transmitido Serrano, empleando el seudónimo laboral del ex agente en tareas de inteligencia. En la vigilancia también participaron otros agentes, entre ellos el policía José A., previamente vinculado a la vigilancia del periodista Andersson Boscán y asesinado en enero de 2024.

A inicios de agosto de 2023, el testigo afirma que se elaboró un informe de seis páginas con fotografías, descripciones de vehículos y el monitoreo de movimientos de Villavicencio. Además, se habría instalado un GPS en el automóvil del candidato para mantenerlo localizado. Por estas actividades, Salcedo supuestamente abonó USD 5.000 al ex agente.

El 9 de agosto de 2023, Villavicencio fue asesinado a tiros por un sicario colombiano al salir de un acto político. Siete compatriotas del atacante participaron en el hecho, y se hallaban presentes en la escena. Entre los detalles del caso, consta una reunión en diciembre de 2023 entre el ex policía y Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, en un hotel de Bogotá, donde se discutió la eventual concesión de asilo político a Salcedo por un pago de un millón de dólares, según documentación oficial.

La fiscalía sostiene que Jordán actuó como financiador, Aleaga supervisó la coordinación y Salcedo fungió de nexo con Los Lobos, responsables materiales del asesinato. Salcedo declaró ante una comisión legislativa que el crimen estaría vinculado a investigaciones de Villavicencio sobre contratos irregulares hospitalarios, investigaciones que “empezaron a tocarles el bolsillo”, y estimó el costo del ataque en aproximadamente USD 200.000.

Como consecuencia directa, cinco personas fueron condenadas como autores materiales, incluyendo a Carlos Angulo, alias El Invisible, cabecilla de Los Lobos y planificador logístico del atentado desde la cárcel de Latacunga. Ocho implicados murieron antes de llegar a juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos del ataque; el ejecutor del disparo fatal murió por fuego de los escoltas de Villavicencio y el resto fue hallado ahorcado en prisión en circunstancias sin esclarecer.

El miércoles, una jueza ecuatoriana dictó prisión preventiva para Salcedo y Aleaga, mientras que Serrano y Jordán deben presentarse periódicamente en el consulado ecuatoriano en Miami. La fiscalía apelará la negativa de detención para estos dos últimos y ha solicitado la activación de la alerta roja de Interpol para facilitar la captura de todos los prófugos, implicados también en el caso Metástasis, una investigación sobre redes de crimen organizado y narcotráfico vinculadas al sistema judicial.

Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo presentó un video del FBI en el que uno de los sicarios detenidos asegura que “el trabajo era para un señor de arriba (…) para el señor Correa”, en aparente referencia al ex presidente Rafael Correa.

Hasta la fecha, los autores intelectuales permanecen sin condena firme. “Creemos que esta es una primera victoria, ya se han formulado cargos por el asesinato de nuestro padre y eso lo aplaudimos”, expresó Amanda Villavicencio ante la prensa. No obstante, la familia rechaza la libertad bajo presentación periódica para dos de los procesados y reclama mayor celeridad y rigurosidad en la investigación judicial del magnicidio.

(Con información de EFE y Reuters)

El caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio dio un nuevo giro tras la audiencia de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre de 2025. Durante la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo presentó un elemento de convicción que encendió la controversia política y judicial en el país: la declaración de uno de los sicarios que participó en el asesinato y que, antes de ser asesinado en la Penitenciaría del Litoral en octubre de 2023, habló con un agente del FBI. Según la versión expuesta por la Fiscalía, este individuo habría afirmado que “el trabajo fue para el señor de arriba” y, al ser consultado por el oficial estadounidense, especificó que se refería al expresidente Rafael Correa.

Este testimonio no llegó a ser parte del juicio contra los autores materiales, pues el sicario fue uno de los seis ejecutados en prisión meses después del crimen. Sin embargo, ahora se incorpora como insumo en la investigación abierta para identificar a los presuntos autores intelectuales.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, cuando era candidato presidencial, sigue siendo un caso de enorme resonancia nacional e internacional. Hasta el momento, once personas han sido señaladas como participantes directos: cinco condenadas y seis que murieron en medio de las indagaciones. Ahora se busca procesar a cuatro sospechosos como los autores intelectuales del magnicidio.

La audiencia estuvo marcada por una tensa confrontación entre la Fiscalía, los abogados defensores y la jueza María Daniela Ayala. La fiscal Hidalgo no solo mencionó la declaración del sicario ante el FBI, sino que también recordó el testimonio de un testigo protegido que, en su momento, aseguró que el asesinato “valía 200.000 dólares y lo hizo el Gobierno de Correa”.

Además, se sumó la versión de Daniel Salcedo, uno de los investigados, quien en junio de 2025 declaró que el narcotraficante Leandro Norero le pidió rastrear los movimientos de Villavicencio. Según Salcedo, la información que recolectaba no era para Norero directamente, sino para Xavier Jordán, señalado como financista, y que José Serrano, ex ministro de Correa ahora detenido en Estados Unidos, y Ronny Aleaga, ex diputado del correísmo protegido por Venezuela, también estaban involucrados.

El relato de Salcedo incluyó detalles sobre reuniones, videollamadas y pagos que, según la Fiscalía, muestran la existencia de una red política y criminal detrás del magnicidio. Aseguró que Aleaga funcionaba como enlace con el movimiento Revolución Ciudadana, que Jordán aportaba el financiamiento y que Serrano facilitaba nexos policiales. Incluso relató que, tras la muerte de Norero, recibió confirmación de que el plan seguía en pie y que “Pepe” Serrano continuaba colaborando. Según sus palabras, “Serrano es el brazo armado de Rafael Correa”.

La jueza Ayala, sin embargo, advirtió a la Fiscalía que debía evitar conjeturas y actuar con pruebas claras. Llamó la atención a la fiscal Hidalgo por referirse a los procesados como sentenciados cuando la instrucción apenas comenzaba. Enfatizó que la investigación no debía convertirse en un “show político” y recalcó que su deber era garantizar objetividad y verdad.

Finalmente, dictó prisión preventiva para Ronny Aleaga, quien salió de Ecuador por pasos irregulares tras iniciarse las indagaciones, y para Daniel Salcedo, que ya permanece recluido por otros procesos. En cambio, para Xavier Jordán y José Serrano se dispuso presentaciones periódicas en el Consulado de Miami.

La revelación del supuesto señalamiento directo contra Rafael Correa eleva la tensión en un proceso ya marcado por acusaciones cruzadas y lecturas políticas. Correa, que reside en Bélgica desde que dejó la presidencia en 2017, no ha sido formalmente vinculado en esta etapa del caso, pero su nombre ha aparecido reiteradamente en testimonios de testigos y colaboradores. El expresidente, en ocasiones anteriores, ha negado cualquier relación con el crimen y ha acusado a la justicia ecuatoriana de persecución política.

Mientras tanto, las hijas de Villavicencio, Amanda y Tamia, anunciaron antes de la audiencia que ingresaron al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. También presentaron una denuncia por intimidación contra Xavier Jordán, uno de los procesados. La familia mantiene que el asesinato fue un crimen político que buscaba silenciar la voz de su padre, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado.

"A costa de la defensa de Ronny A., Jueza declara fallida la audiencia de formulación de cargos y multa a su abogado con 2 salarios básicos unificados (940 dólares) por haber dilatado la diligencia", señaló la Fiscalía en sus redes sociales.

Apuntó que se convocó a las partes para el 3 de septiembre a las 08:40 hora local (13:40 GMT).

La defensa de Ronny Aleaga no se presentó a la audiencia porque ingresó un certificado médico de una intervención dental, una acción cuestionada por la jueza Daniela Ayala, quien señaló que esto tiene un costo para el Estado y los ciudadanos, citó la prensa local.

Tamia Villavicencio, hija del candidato asesinado, comentó en redes sociales que "una 'visita al dentista' para dilatar el proceso es una burla al dolor de las víctimas y a la sociedad que exige verdad. ¿Cuántas audiencias más se van a suspender por "enfermedades" oportunas? La justicia de Dios es inevitable, pero la justicia terrenal también debe cumplirse", subrayó en redes sociales.

La Fiscalía pretendía formular cargos este martes como presuntos autores intelectuales contra varias personas, entre ellas el exministro correísta José Serrano, detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Además de Serrano, el Ministerio Público formularía cargos contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Daniel Salcedo y Xavier Jordán, investigados por casos de corrupción.

Carlos Manosalvas, abogado de Serrano, consideró "procedente a nivel procesal" haber declarado fallida la instalación de la audiencia porque "son cuestiones de fuerza mayor que llegan a suceder, eso le puede pasar a cualquier abogado", en referencia a lo ocurrido con la defensa de Aleaga.

El letrado aseveró que "no existe absolutamente nada en contra" de Serrano contra quien hay "meras especulaciones, y eso se verá en el transcurso del proceso".

De su lado, Renato Montero, abogado de Salcedo, dijo que la información que ha entregado su defendido en el proceso de cooperación eficaz "está respaldada".

Consideró que los actos dilatorios -como los tildó la juez- "lo que generan, más bien, es un perjuicio para las personas que están esperando esa formulación de cargos, porque el tiempo que va a generar es el incremento de elementos investigativos que van a servir de sustento para la formulación e imputación fiscal".

Juan Carlos Salazar, defensa de Jordán -quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de una cita para avanzar en su solicitud de asilo-, aseguró que "no existe responsabilidad alguna" de su cliente en el proceso.

Villavicencio fue uno de los mayores opositores al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán. El periodista y político fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin a once días de las elecciones extraordinarias de 2023.

Por el momento, cinco personas vinculadas al crimen organizado fueron condenadas como autores materiales del atentado, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), un cabecilla de la banda criminal Los Lobos que se encargó de planificar el ataque y preparar la logística.

Otros ocho procesados en el crimen murieron antes de ser interrogados, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el asesinato. Uno fue herido de muerte en la escena del crimen y los otros seis ahorcados en prisión junto a otro implicado más en el caso.

El exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, permanecerá detenido en Estados Unidos mientras espera una nueva audiencia de inmigración que definirá si es deportado o no a Ecuador. Su situación migratoria se analizó el lunes 25 de agosto en el Centro de Detención de Krome, en Florida, pero la diligencia no concluyó con un pronunciamiento. La jueza Romy Lerner decidió suspender la sesión a la espera de más información sobre los procesos que Serrano enfrenta en Ecuador, en particular su vinculación como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En Miami, la abogada de Serrano acudió al centro migratorio junto a una amiga cercana. Los medios permanecieron en los exteriores sin acceso a la sala. El exministro, que ingresó a Estados Unidos en mayo de 2021 con una visa de turismo, solicitó asilo meses después. Sin embargo, según su hija, fue detenido en agosto de este año por haber extendido su estadía legal. La familia sostiene que la vida del exfuncionario corre peligro en caso de ser deportado a Ecuador y que su proceso de asilo fue tramitado correctamente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deberá resolver si Serrano continúa detenido, es liberado bajo fianza o es expulsado a su país.

Casi en paralelo, este martes 26 de agosto, Quito debía ser escenario de la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía General del Estado tenía previsto acusar formalmente a Serrano, al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, al empresario Xavier Jordán y al sentenciado por corrupción y crimen organizado, Daniel Salcedo. Todos son señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023. No obstante, la diligencia fue suspendida debido a la ausencia del abogado de Aleaga, Jonathan Ayala, quien presentó un justificativo médico. La jueza Daniela Ayala calificó la inasistencia como una “clara práctica dilatoria” y pospuso la audiencia para el 3 de septiembre.

La fiscal del caso, Ana Hidalgo, debía sustentar la acusación contra los investigados, quienes habrían planificado, ordenado o financiado el ataque contra Villavicencio. La teoría de la Fiscalía se basa en dos años de investigación que ya derivaron en condenas contra los autores materiales, sicarios de la banda Los Lobos. En 2024 fueron sentenciados varios de los responsables directos y Carlos Angulo, alias “Invisible”, considerado autor mediato del crimen. Ahora la atención se centra en la presunta responsabilidad de quienes, desde la política y los negocios, habrían facilitado la ejecución.

En Ecuador, el delito que se les atribuye es asesinato con fines de conmoción social, tipificado con una pena de hasta 26 años de prisión. La acusación, además de Serrano, recae sobre personajes que ya han sido cuestionados en otros casos judiciales: Aleaga, señalado por sus vínculos con grupos criminales; Jordán, prófugo del caso Metástasis; y Salcedo, condenado por tramas de corrupción hospitalaria y delincuencia organizada. La Fiscalía asegura contar con elementos que los relacionan con la planificación del magnicidio, aunque todos los implicados niegan su participación y denuncian persecución política.

La defensa de Serrano insiste en que su detención en Miami responde a una irregularidad migratoria y no a las investigaciones judiciales en curso. Sin embargo, la Fiscalía ecuatoriana ya comunicó formalmente a las autoridades de Estados Unidos que el exministro será procesado por su presunta participación en el magnicidio. Este cruce de procesos ha colocado a Serrano en una encrucijada jurídica: mientras un tribunal estadounidense estudia si debe ser deportado, un tribunal ecuatoriano espera su comparecencia para iniciar el juicio.

El asesinato de Villavicencio marcó de forma decisiva la campaña electoral de 2023 y reveló la magnitud del poder del crimen organizado en la política. El periodista y candidato presidencial había denunciado amenazas y nexos entre mafias y dirigentes antes de ser asesinado a la salida de un mitin en Quito. La fotografía de Aleaga y Jordán en una piscina en Miami, publicada meses antes por el propio Villavicencio, ya había expuesto vínculos que ahora la Fiscalía intenta probar en sede judicial.

La audiencia de formulación de cargos en Ecuador se reanudará el 3 de septiembre, y la corte migratoria en Miami deberá programar una nueva fecha para decidir si el exministro será deportado o si continúa detenido mientras se tramita su pedido de asilo.

La Fiscalía General del Estado avanza en la etapa final de la instrucción fiscal para imputar cargos por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. En el centro de esta fase se encuentran dos testimonios clave de Daniel Salcedo Bonilla y Lenín Vimos que condujeron a la identificación de los presuntos autores intelectuales del magnicidio.

Las revelaciones de ambos fueron determinantes para que el Ministerio Público convocara a una audiencia de formulación de cargos contra el exministro del Interior José Serrano, el empresario e investigado Xavier Jordán, el exasambleísta y prófugo Ronny Aleaga y el propio Salcedo.

Según informó Primicias, la Fiscalía decidió judicializar el caso luego de recibir el testimonio anticipado de Vimos. En su testimonio detalló que “Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronny Aleaga, financiado por José Serrano Salgado. Jorge Chonillo presta las armas a través de Colon Pico y este último tenía varias visitas de las chicas Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato”, de acuerdo a la publicación del medio ecuatoriano.

Por su parte, Daniel Salcedo —quien cumple varias condenas por corrupción y delincuencia organizada en Ecuador— compareció el 18 de julio de 2024. Durante más de tres horas, ofreció su testimonio anticipado en el cual señaló “un financista y supuestas conversaciones sobre tres pagos, cuyos montos oscilarían entre USD 20.000 y USD 200.000 para el crimen”, según Primicias. Aunque no se ha hecho público el contenido íntegro de su declaración, este testimonio corroboró parte de lo dicho por Vimos.

Uno de los elementos más controversiales en la construcción de esta acusación es el testimonio de Daniel Salcedo, quien afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba enjunio. Salcedo declaró que sus atacantes le mencionaron que “Pepe les manda saludos”, en aparente alusión a José Serrano. Tras el ataque, Salcedo anunció que revelaría todo lo que sabe, lo cual habría motivado su traslado y el de su hermano Noé a una cárcel de máxima seguridad en Quito.

Serrano ha calificado las acusaciones en su contra como un “burdo montaje”. En un comunicado publicado el 25 de junio en su cuenta de X, el exministro negó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y denunció que detrás de las imputaciones existiría un intento por encubrir a los verdaderos responsables. Afirmó además que sectores del Estado supuestamente infiltrados por el crimen organizado —entre ellos, un grupo financiero y un socio de Salcedo— estarían interesados en involucrarlo.

La audiencia de formulación de cargos fue fijada para el 25 de agosto de 2025, y será presidida por el juez nacional Luis Rivera.

El caso ha captado atención internacional, no solo por el impacto del asesinato —ocurrido a plena luz del día en medio de un operativo de seguridad del Estado— sino también por los presuntos vínculos entre figuras políticas y estructuras criminales.

La Fiscalía ha sido cautelosa en revelar detalles debido a la sensibilidad del caso y a la cooperación que mantiene con autoridades de otros países. La familia de Fernando Villavicencio, por su parte, ha respaldado las nuevas diligencias.

Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó que este llamado a audiencia de formulación de cargos “responde a las investigaciones que hemos realizado” y que se alinea con las conversaciones de los grupos criminales con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en prisión y considerado pieza clave en las redes de poder implicadas en el caso.

La investigación sobre quién dio la orden del magnicidio ha sido un pedido recurrente de la familia de Villavicencio. “Para mí es más que claro que es un crimen político y que los autores intelectuales están en esa esfera política”, dijo Tamia Villavicencio, una de las hijas del político, en una entrevista con Infobae en 2024.

Cuando Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció ante la Fiscalía que Aleaga, Pablo Muentes (sentenciado y preso por el caso Purga) y otros tres legisladores planeaban matarlo.

El exministro del Interior de Ecuador durante el correísmo, José Serrano, fue oficialmente señalado por la Fiscalía General del Estado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La imputación marca un giro dramático en el proceso judicial sobre el magnicidio que conmocionó al país en agosto de 2023, y ha situado nuevamente al correísmo en el centro del debate público y judicial nacional e internacional.

La Fiscalía ecuatoriana solicitó al juez de la causa que convoque a Serrano a una audiencia de formulación de cargos, junto a otros tres implicados: Xavier Jordán, empresario radicado en Estados Unidos; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta prófugo y refugiado en Venezuela; y Daniel Salcedo, condenado por corrupción y delincuencia organizada. De acuerdo con el Ministerio Público, esta solicitud se sustenta en una investigación “minuciosa” y respaldada por “sólidos elementos” que apuntan a la presunta responsabilidad de los cuatro en la planificación del crimen.

Serrano fue arrestado el 7 de agosto pasado en Miami por autoridades migratorias estadounidenses. Desde entonces, permanece en el Centro de Procesamiento Krome, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a la espera de una audiencia migratoria que ha sido diferida hasta el 25 de agosto. Aunque se desconocen las causas exactas de su detención, versiones no oficiales han vinculado el hecho a una infracción de tránsito o a su estatus migratorio irregular, ya que habría solicitado asilo político en Estados Unidos.

En Ecuador, Serrano no enfrenta actualmente procesos penales activos ni mantiene medidas cautelares en su contra. Sin embargo, su nombre apareció en una notificación de la Fiscalía enviada a mediados de 2025, en la que también se incluyó a Jorge Glas, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La notificación indicaba que todos ellos serían parte de una investigación previa sobre la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio.

Uno de los elementos más controversiales en la construcción de esta acusación es el testimonio de Daniel Salcedo, quien afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato en la cárcel de Riobamba en junio. Salcedo declaró que sus atacantes le mencionaron que “Pepe les manda saludos”, en aparente alusión a José Serrano. Tras el ataque, Salcedo anunció que revelaría todo lo que sabe, lo cual habría motivado su traslado y el de su hermano Noé a una cárcel de máxima seguridad en Quito.

Serrano ha calificado las acusaciones en su contra como un “burdo montaje”. En un comunicado publicado el 25 de junio en su cuenta de X, el exministro negó cualquier vínculo con el asesinato de Villavicencio y denunció que detrás de las imputaciones existiría un intento por encubrir a los verdaderos responsables. Afirmó además que sectores del Estado supuestamente infiltrados por el crimen organizado —entre ellos, un grupo financiero y un socio de Salcedo— estarían interesados en involucrarlo.

La acusación contra Serrano se produce en un contexto en que la Fiscalía ecuatoriana ha buscado avanzar en las responsabilidades de alto nivel en torno al crimen de Villavicencio. Aunque varios de los autores materiales ya fueron condenados, la etapa actual del proceso busca identificar a quienes habrían ordenado el ataque.

La familia de Fernando Villavicencio, por su parte, ha respaldado las nuevas diligencias. Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó que este llamado a audiencia de formulación de cargos “responde a las investigaciones que hemos realizado” y que se alinea con las conversaciones de los grupos criminales con Leandro Norero, el narcotraficante asesinado en prisión y considerado pieza clave en las redes de poder implicadas en el caso.

Si se confirma la participación de José Serrano y los demás imputados en la autoría intelectual del asesinato, el proceso judicial podría convertirse en un hito para la justicia ecuatoriana. La audiencia del próximo lunes en Estados Unidos será determinante para conocer si, además de la imputación en Ecuador, se avanzará en procesos paralelos en la jurisdicción norteamericana.

El nombre de José Serrano, ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea Nacional, vuelve a estar en el centro del huracán político en Ecuador. La Fiscalía General lo ha identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito. El Ministerio Público informó el lunes que solicitó al juez de la causa convocar al correísta a una audiencia de formulación de cargos.

Radicado en Estados Unidos, Serrano permanece detenido desde hace un par de semanas en ese país tras un incidente de tránsito, aunque su situación jurídica aún no está del todo clara. La vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, confirmó que “sigue detenido a la espera de una audiencia de migración”. Desde su arresto, el ex ministro no ha interactuado en sus redes sociales y tampoco se conoce algún pronunciamiento oficial de sus abogados.

La Fiscalía asegura que su solicitud se apoya en una “minuciosa investigación respaldada en sólidos elementos” que permiten presumir la participación de Serrano y otros tres implicados como autores intelectuales. Junto al ex ministro, también fueron señalados el empresario ecuatoriano Xavier Jordán —residente en Estados Unidos—, Ronny Aleaga, ex asambleísta correísta que estaría prófugo en Venezuela, y Daniel Salcedo, un empresario ya condenado en Ecuador por corrupción.

El magnicidio se produjo en un ambiente en el que Villavicencio había denunciado reiteradamente vínculos entre el poder político y el crimen organizado, lo que conllevó a la prisión de ex ministros y altos funcionarios del gobierno de Correa; incluso, Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un caso de corrupción.

Muchos de los procesados por el magnicidio de Villavicencio han sido ya sentenciados. En julio de 2024, cinco autores materiales fueron condenados—siete de ellos colombianos—y posteriormente asesinados en cárceles de Ecuador. De este modo, la Fiscalía ahora apunta a quienes podrían haber ordenado el crimen.

Cabe agregar que el caso se vincula con otras tramas complejas de corrupción: Daniel Salcedo ya ha sido parte del caso “Metástasis”, donde ofreció sobornos a jueces, y también involucrado en el episodio del video que atribuía responsabilidad a la banda criminal “Los Lobos”, intento de manipular la percepción pública, según acusación fiscal.

En mayo de 2025, ya se había conocido un requerimiento fiscal que mencionaba a Serrano, Aleaga, Jordán y otros como posibles autores intelectuales del crimen, en una investigación abierta desde octubre de 2023 por la Fiscalía. Inclusive, el ex presidente Jorge Glas también fue señalado en ese momento, aunque luego quedó fuera de esta nueva ronda de imputaciones.

Serrano ha rechazado las acusaciones y las calificó como un “burdo montaje”. En un comunicado en su cuenta de X, insinuó que están tras él “sectores del Estado infiltrados por el crimen organizado, entre los cuales se encuentra un grupo financiero y un socio comercial de Salcedo”.

La acusación del Ministerio Público marca un punto de inflexión: si la justicia ecuatoriana logra probar estos cargos en los acusados intelectuales, podría significar una revancha contra impunidades de alta envergadura, un avance dramático en la búsqueda de verdad y justicia.

De confirmarse, estos procesos podrían modificar el corso político en Ecuador y enviar un mensaje claro: ni poder, ni influencia, ni gobiernos pasados pueden quedar por encima del principio de rendición de cuentas.

Además de Serrano, el Ministerio Público señaló en un comunicado que busca formular cargos contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Daniel Salcedo y Xavier Jordán, investigados por diversos casos de corrupción.

Según la Fiscalía, la solicitud se sustenta "en una minuciosa investigación" llevada a cabo por la institución, "respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas, en calidad de autores intelectuales, en el delito de asesinato en el caso denominado como 'Magnicidio F.V.'".

El Ministerio Público indicó que "la delincuencia no tiene lugar en un Estado democrático ni podrá evadir la acción de la justicia", por lo que aseguró que "continuará actuando con contundencia en este caso y en todos los procesos que deriven de él".

En mayo pasado, la Fiscalía incluyó en la investigación previa de este caso a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán, además de al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad del país por sentencias de corrupción, y quien no fue nombrado por el Ministerio Público en esta ocasión.

Un mes después, y tras sufrir un intento de asesinato en la cárcel, Salcedo dijo al Ministerio Público en el marco de esta indagación que el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, aparentemente abonados en dos pagos, y señaló a Jordán, a "un exministro y a otras personas" entre los supuestos financistas, según reveló a medios locales Damaris Cáceres, una de las abogadas de Glas.

Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos delitos como corrupción, lavado de activos y fraude procesal, y una de las caras visibles de los casos de corrupción hospitalaria que salieron a la luz durante la pandemia de la covid-19, compareció en julio ante una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) en la que vinculó a la red con la que gestionaba contratos con centros de salud públicos con el asesinato de Villavicencio.

Explicó que el excandidato y periodista empezó a "tocarles el bolsillo", lo que supuestamente los llevó a que quisieran deshacerse de él.

Salcedo está detenido en una prisión del país, Jordán vive en Miami y el paradero de Aleaga es desconocido.

Serrano fue una de las personas clave del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y ocupó varios cargos durante su administración. Fue ministro de Justicia y del Interior, puesto en el que duró cinco años.

Desde el pasado 7 de agosto se encuentra "bajo custodia del ICE" en el centro de detención Krome, ubicado en Miami, donde reside desde hace algunos años, pero desde el Gobierno ecuatoriano han señalado que no tienen detalles de su situación.

"Conozco que sigue detenido, a la espera de la audiencia de migración", dijo este lunes la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal.

Cuando se hizo pública su vinculación a la investigación en el caso de Villavicencio, Serrano aseguró que se trataba de un "burdo montaje" y que se estaba usando su nombre para "encubrir a los verdaderos responsables" del crimen.

Villavicencio, que como político fue uno de los mayores opositores a Correa y que por sus denuncias como asambleísta mantenía enemistad manifiesta con personas como Aleaga y Jordán, fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin a once días de las elecciones extraordinarias de 2023.

Hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo ('El Invisible'), un cabecilla de la banda criminal 'Los Lobos' que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del atentado desde la cárcel de la ciudad andina de Latacunga (centro).

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió durante el atentado y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta la fecha. EFE

José Serrano Salgado, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador afín al correísmo, fue detenido en Estados Unidos y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención Krome North SPC, ubicado en Miami, Florida, según consta en los registros oficiales de la agencia migratoria estadounidense.

El ICE confirmó que Serrano fue ingresado a esta instalación, que funciona como centro de procesamiento temporal para personas extranjeras sujetas a procesos migratorios, aunque no se han revelado oficialmente las razones de su retención. Versiones no oficiales citadas por medios ecuatorianos apuntan a una posible infracción administrativa relacionada con su estatus migratorio.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló a WeNews que la información que maneja el Gobierno ecuatoriano proviene únicamente de la prensa y redes sociales, y que no existe comunicación oficial de las autoridades estadounidenses sobre este caso. “Unos dicen que fue por infracción de tránsito, otros dicen que se mantiene detenido todavía en un centro penitenciario”, indicó, descartando que haya una orden de expulsión conocida.

Serrano reside en Estados Unidos desde que dejó su curul legislativa en mayo de 2021. Registros judiciales federales consultados en el sistema Pacer no muestran procesos criminales en su contra en ese país, y se conoció que mantiene una solicitud de asilo en trámite .

La Policía Nacional confirmó al medio ecuatoriano Primicias que el exministro no tiene órdenes de detención vigentes, por lo que, de regresar, no sería arrestado inmediatamente. Sin embargo, figura en varias investigaciones previas y reservadas abiertas por la Fiscalía General del Estado en los últimos años, relacionadas con presuntos delitos como secuestro, tentativa de asesinato, tráfico de influencias, cohecho, y su supuesta vinculación con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Entre los casos más relevantes figura una denuncia de 2019 por el cobro de supuestos “diezmos” a funcionarios del Ministerio del Interior durante su gestión, presentada por un exasesor; una acusación en 2023 del activista Fernando Balda, quien lo señaló por su presunta participación en el secuestro que sufrió en 2012 en Colombia; y una denuncia por tentativa de asesinato en 2023, interpuesta por el abogado Luigi García, defensor de Washington Prado, alias ‘Gerald’. En 2024 fue investigado por difundir información reservada sobre la esposa de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y en mayo de ese mismo año fue denunciado por tráfico de influencias y cohecho en el marco del juicio en Estados Unidos contra el excontralor Carlos Pólit.

En mayo de 2025, un testigo protegido lo mencionó como presunto financiador de Jorge Glas y Ronnie Aleaga en la planificación del asesinato de Villavicencio, aunque Serrano ha negado rotundamente cualquier participación. Su defensa ha afirmado que los señalamientos en su contra, incluidos los hechos relatados por Daniel Salcedo, carecen de pruebas concretas.

Serrano, abogado cuencano, ocupó varios cargos en el gobierno de Rafael Correa, incluyendo los ministerios de Justicia y del Interior, donde lideró procesos de depuración policial, pacificación de pandillas y operaciones contra el narcotráfico, incluso fue condecorado por la DEA. En 2017 fue el asambleísta más votado y presidió la Asamblea Nacional hasta 2018, cuando fue destituido tras la filtración de un audio con el excontralor Carlos Pólit en el que discutían apartar de su cargo al entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno.

Tras su salida de la función pública, se trasladó a Estados Unidos, desde donde ha sido crítico de los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa en temas de seguridad. Hasta la publicación de este artículo, no existe pronunciamiento oficial del ICE sobre su eventual liberación, continuidad de la detención o posible inicio de un proceso de deportación.

Un nuevo documento de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha sido filtrado, intensificando la presión política y judicial en torno a uno de los crímenes más graves de la historia reciente del Ecuador. La información corresponde a una versión libre rendida ante la Fiscalía por un testigo protegido, quien relató supuestos detalles sobre la planificación del magnicidio y vinculó a figuras del correísmo, operadores del crimen organizado y estructuras logísticas desplegadas en varias ciudades del país.

La filtración se produjo dos días después de la circulación de otro documento fiscal que ordenaba notificar a cinco personas por su presunta vinculación con el asesinato de Villavicencio. La más reciente revelación fue difundida por la abogada del exvicepresidente Jorge Glas, Sonia Vera, quien publicó en la red social X el contenido completo del testimonio. En su publicación, Vera acusó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de construir un “nuevo falso positivo” y afirmó que la declaración carece de pruebas, calificándola como parte de una supuesta persecución política.

En el testimonio, el testigo protegido asegura haber recibido información directa de uno de los presuntos facilitadores logísticos del crimen, quien le habría detallado que alias “General” planificó el asesinato y que el objetivo era impedir que Villavicencio llegara a la Presidencia. Mencionó que el armamento utilizado salió de Santo Domingo y fue gestionado por personas cercanas a estructuras criminales con presuntos vínculos con el empresario Xavier Jordán, actualmente procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, quien reside en los Estados Unidos y que, según una serie de chats publicados por la Fiscalía, pidió al narco Leandro Norero que silenciara a Villavicencio.

El testigo también señala que el asesinato fue discutido en reuniones privadas en el hotel Zeus de Riobamba, donde supuestamente se consolidaron los detalles de la operación. Añade que alias “Invenger” habría tenido la tarea de seguir y grabar a Villavicencio y a su equipo para facilitar el ataque. Según su relato, las armas fueron proporcionadas por bandas aliadas que operaban en la frontera norte del país.

Uno de los elementos más sensibles de su declaración es la mención a Norero, narcotraficante asesinado en octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga. El testigo no lo identifica como alias “General”, pero afirma que Norero, como líder financiero de estructuras criminales, habría entregado dinero para la operación. Esto sugiere que el asesinato pudo haberse empezado a planificar incluso antes de su muerte, aunque no se detallan fechas ni pruebas documentales sobre ese aporte. La afirmación no está acompañada de elementos corroborativos, como transferencias, comunicaciones o testigos adicionales.

En el testimonio también se nombra a varios actores políticos y judiciales como supuestos participantes o conocedores del plan: Jorge Glas, José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. Todos ellos habían sido mencionados días antes en el documento filtrado que revelaba la existencia de una indagación fiscal previa abierta el 19 de octubre de 2023 para investigar la autoría intelectual del magnicidio. Según el testigo, los involucrados formaban parte de una red con capacidad de proveer recursos, protección judicial y cobertura política.

Tras la filtración, Serrano publicó un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que rechazó de forma categórica cualquier vínculo con los hechos descritos por el testigo. Afirmó que no ha tenido contacto con el exvicepresidente Jorge Glas desde 2017 y calificó las acusaciones en su contra como “grotescas” e “inverosímiles”.

La Fiscalía General del Estado, al conocerse esta nueva filtración, emitió un comunicado advirtiendo que la divulgación de información reservada es un delito tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. En su pronunciamiento, la institución denunció que la exposición del contenido pone en riesgo la seguridad del testigo y anunció que se tomarán acciones legales contra la persona que difundió el documento. Aunque no la nombró expresamente, se entiende que se refiere a la abogada Sonia Vera, quien ya ha sido convocada a rendir su versión.

Desde el entorno de Fernando Villavicencio, la filtración fue recibida con cautela. Tras la primera divulgación de documentos reservados, Amanda Villavicencio, una de las hijas del exlegislador, expresó su preocupación por el posible impacto en el proceso judicial y por los riesgos que esto representa para las partes involucradas. No obstante, reconoció que la investigación sobre la autoría intelectual ha avanzado y pidió que se actúe con rigor y valentía para llegar a los responsables.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, aún no ha sido resuelto en su dimensión más sensible: quiénes dieron la orden. Aunque varios de los autores materiales fueron asesinados en prisión, la Fiscalía continúa con una investigación bajo reserva para determinar responsabilidades más allá de los ejecutores. Las filtraciones recientes han evidenciado que existen líneas activas en torno a actores políticos de alto perfil y que el caso podría entrar en una nueva fase en las próximas semanas.

Mientras los familiares de Villavicencio exigen justicia, y sectores políticos denuncian una presunta manipulación judicial, la investigación avanza entre acusaciones cruzadas, filtraciones estratégicas y una creciente presión social. A casi diez meses del crimen, el país aún espera respuestas claras sobre quién ordenó el asesinato del periodista y por qué.

Amanda Villavicencio, hija del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, levantó la voz tras la filtración de un documento reservado de la Fiscalía que menciona a cinco figuras vinculadas al correísmo en la investigación por el magnicidio de su padre.

En un video difundido a través de su cuenta en la red social X, la hija de Villavicencio expresó su preocupación por la divulgación de esta información, que forma parte de una indagación que, según dijo, busca no solo identificar a los autores intelectuales del crimen, sino también a quienes financiaron y sostuvieron la estructura criminal detrás del atentado.

“La investigación es totalmente reservada y no podemos referirnos a profundidad al tema”, dijo al inicio de su declaración, “pero nos resulta inaceptable la reciente filtración de información”. Amanda recordó que tanto ella como su hermana Tamia, también parte procesal en el caso, han cumplido con el deber legal de guardar silencio sobre el contenido del expediente, precisamente para no entorpecer el proceso judicial. Por eso, cuestionó duramente que se haya divulgado un documento interno de la Fiscalía, cuyo contenido, además, implica a personajes que se encuentran siendo investigados.

El documento, que comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, es un requerimiento que ordena notificar a cinco personas: Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción; José Serrano, ex ministro correísta residente en Estados Unidos; Ronny Aleaga, ex asambleísta correísta, refugiado en Venezuela y prófugo de Ecuador; Xavier Jordán, empresario prófugo en Estados Unidos; y Daniel Salcedo, condenado por delincuencia organizada y corrupción.

La Fiscalía General del Estado, al ser consultada por periodistas, no confirmó ni negó su autenticidad y se limitó a señalar que “dentro de la investigación previa (que tiene reserva), se siguen practicando las diligencias que requiere el expediente”.

Amanda confirmó que el documento corresponde a una investigación abierta el 19 de octubre de 2023, poco después de que los sicarios que participaron en el asesinato de su padre fueran asesinados en cárceles del país. Recalcó que esta indagación busca no solo identificar a quienes dieron la orden de ejecutar a Villavicencio, sino también a los responsables de sostener la red que hizo posible el crimen.

“Nos preocupa profundamente que este hecho pueda entorpecer las investigaciones y también nos deje en un estado de indefensión”, dijo. En ese sentido, pidió que la Fiscalía actúe con rigor para identificar a quienes filtraron la información, un acto que, recordó, está penalizado por la ley con hasta tres años de prisión.

En su pronunciamiento público, Amanda subrayó que tres de los mencionados en el documento se encuentran fuera del país —Aleaga, Serrano y Jordán— y que dos ya están presos —Jorge Glas y Daniel Salcedo. “Todos fueron investigados por Fernando Villavicencio y están vinculados al correísmo”, dijo, y enfatizó que la filtración no detendrá la búsqueda de justicia. “Este es solo el comienzo, pero ya no hay vuelta atrás”, aseveró.

La hija del político asesinado reafirmó el compromiso que mantiene junto a su hermana y su familia para que el caso no quede en la impunidad: “Exigimos verdad y responsabilidad en un caso que exhibe con claridad cómo un valiente periodista se enfrentó a las mafias con investigaciones potentes”, señaló.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en Quito, a solo once días de las elecciones presidenciales extraordinarias. Su muerte provocó conmoción nacional e internacional. Desde entonces, su entorno más cercano ha insistido en que se trató de un crimen político, ejecutado por una estructura criminal con nexos en la política, la justicia y el narcotráfico.

“El correísmo no era un proyecto político, sino uno delincuencial”, aseguró Amanda. Recordó que su padre ya había identificado a muchos de los nombres que ahora aparecen en procesos como Metástasis, Purga o Plaga. “La violencia que se desprendió a partir de ese atentado ha sido incontrolable y, aunque Fernando ya no está con nosotros, hemos visto cómo cada día se confirman los casos que él ya investigó. Mi padre ya venció y los sigue derrotando”, dijo.

También reconoció que, a pesar de las constantes muestras de impunidad en el país, hay una señal de esperanza al ver que la investigación de la autoría intelectual ha sido formalmente encaminada.

Amanda concluyó su mensaje reafirmando su voluntad de seguir luchando hasta que se haga justicia. “Nosotras mantenemos un compromiso inquebrantable de que el magnicidio de Fernando Villavicencio no quede impune y que las investigaciones continúen hasta que todos los criminales respondan ante la justicia. Por Fernando, nadie se cansa”, sentenció.

Un documento que ha empezado a circular desde la tarde del 13 de mayo de 2025 ha encendido nuevamente las alarmas sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. Se trata de un requerimiento de la Fiscalía General del Estado que ordena notificar a cinco personas sobre una investigación previa relacionada con el asesinato del ex candidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

En la lista constan nombres de figuras relevantes vinculadas al correísmo y a casos de crimen organizado: Jorge Glas, ex vicepresidente, José Serrano, ex ministro del correísmo, Ronny Aleaga, ex legislador correísta, Latin King que junto a Daniel Salcedo y Xavier Jordán fueron procesados por delincuencia organizada en el mega caso de corrupción Metástasis.

El documento, cuyo encabezado señala “Delegación al agente investigador”, menciona que la investigación tiene como propósito identificar a los autores intelectuales y demás actores responsables del atentado. Según se detalla, la investigación fue aperturada el 19 de octubre de 2023 por disposición de la fiscal general del Estado. El texto ordena al jefe de la Unidad Nacional de Investigación en Apoyo a la Fiscalía General que, a través de un agente designado, localice y notifique personalmente a las personas mencionadas, utilizando todos los medios disponibles.

La noticia sobre el requerimiento circuló en medios ecuatorianos como Radio Centro, TC Televisión y diario Extra. También el documento fue publicado por el expresidente Rafael Correa, la abogada de Jorge Glas, Sonia Vera y la hermana de Villavicencio, Alecza Villavicencio. Pese al interés mediático, la Fiscalía no ha confirmado ni desmentido su autenticidad. Ante consultas de la prensa, la entidad respondió: “Señores y señoras periodistas: dentro de la investigación previa (que tiene reserva), se siguen practicando las diligencias que requiere el expediente”.

Glas, uno de los señalados, fue exvicepresidente de la República durante los gobiernos de Rafael Correa y el primer año de Lenín Moreno. Glas fue condenado por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos 2012–2016. Aunque fue excarcelado temporalmente en diciembre de 2022, volvió a prisión en abril de 2024 tras el operativo de captura que se realizó dentro de los predios de la Embajada de México en Quito y que costó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Actualmente, Glas está preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca y es investigado por malversación de fondos e intimidación-

También figura José Serrano Salgado, ex ministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional durante el correísmo. Su imagen se asoció a una política de “mano dura” contra el crimen, pero su carrera se vio empañada por la filtración de un audio en 2018 en el que dialogaba con el excontralor Carlos Pólit -sentenciado por lavado de activos en Estados Unidos– sobre cómo apartar al entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Aunque Serrano no fue condenado, su influencia política disminuyó desde entonces. Pese a ello, aún aparece en la opinión pública ecuatoriana con filtraciones sobre temas de seguridad. Incluso intentó ser candidato presidencial pero dijo que no lo haría por las amenazas contra su vida.

Otro de los mencionados es Ronny Aleaga Santos, exasambleísta de la bancada correísta de la Asamblea cesada. Aleaga fue uno de los procesados en el caso Metástasis, por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Según la Fiscalía, Aleaga se benefició de reuniones privadas con Norero y habría gestionado favores judiciales. Fue acusado por Villavicencio de formar parte de un plan para atentar contra su vida cuando este presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ahora está refugiado en Venezuela con el beneplácito del dictador Nicolás Maduro. Su ex esposa denunció que Aleaga retiene en ese país a su hijo menor de edad.

En la lista también está Xavier Jordán Mendoza, ecuatoriano que fue incluido en la lista roja de Interpol y que también es procesado en el caso Metástasis. Jordán habría actuado como intermediario entre narcotraficantes y operadores judiciales para garantizar sentencias favorables, según la Fiscalía. Jordán se encuentra en los Estados Unidos y ha denunciado –sin éxito– ante la justicia estadounidense a la fiscal general Diana Salazar, a periodistas y a las hijas de Villavicencio: Amanda y Tamia.

Finalmente, el documento incluye a Daniel Salcedo Bonilla, un personaje implicado en múltiples escándalos de corrupción, entre ellos el sobreprecio de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Salcedo también fue vinculado a una red de lavado de activos y fraude hospitalario. Actualmente cumple una sentencia por peculado y otros delitos. Salcedo Bonilla fue sentenciado en el caso Metástasis, en el que se acogió a la cooperación eficaz. Ahora está preso en la cárcel La Roca y recientemente se le encontraron objetos prohibidos en el reclusorio de máxima seguridad.

El requerimiento especifica que los investigados deben ser notificados de su obligación de designar un defensor técnico y señalar un domicilio judicial para futuras comunicaciones. Además, recuerda que la información de la investigación previa es de carácter reservado, conforme al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal.

La reaparición de estos nombres en el contexto del asesinato de Villavicencio ha generado conmoción pública. Desde su muerte, su familia ha insistido en que se trata de un crimen político y que los autores intelectuales siguen libres. Aunque un grupo de sicarios que participaron en el atentado fueron asesinados en prisión y otros fueron sentenciados como autores materiales, no se ha esclarecido quiénes planificaron el crimen ni por qué.

Ante la difusión del documento atribuido a la Fiscalía, el expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción y asilado en Bélgica, escribió en X: “¡Demencial!Ahora se quiere culpar del asesinato de Villavicencio a Jorge Glas. Fiscalía se ha vuelto un patio de comedias". La abogada de Glas, Sonia Vera también publicó en la misma red: “Otra infamia contra Jorge Glas. La Fiscalía de Ecuador lo incluye en el caso Villavicencio sin una sola prueba, violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política.No hay hechos, no hay motivación, no hay legalidad”.

Por su parte, la hermana del ex presidenciable, Alecza Villavicencio, compartió varias publicaciones sobre el pedido de la Fiscalía e indicó: “Aquí están los de la piscina de Miami, cartel de Sinaloa, la Roca. Toda la podredumbre de una sociedad. Y saber que ellos nos gobernaban... Para que nunca más se repita esta historia en ninguna familia del país, la investigación debe llegar a los autores intelectuales. Deben pagar por lo que hicieron, solo así marcaremos un precedente en el país. ¡Ya es tiempo! Ya lo sabíamos (sobre miembros del correísmo supuestamente involucrados con el magnicidio); por eso querían tomarse todos los poderes del Estado y en especial la justicia“.⁦

Villavicencio, activista, sindicalista, periodista y exlegislador, denunció por más de una década los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Sus revelaciones alcanzaron a expresidentes, ministros, jueces y asambleístas, y lo convirtieron en uno de los políticos más amenazados del país. El 9 de agosto de 2023, fue asesinado a la salida de un mitin en Quito, a solo once días de las elecciones presidenciales. Su muerte provocó una ola de indignación y marcó un punto de quiebre en la historia política reciente de Ecuador.