El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, se ha negado a declarar este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga por la 'operación Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína, al entender que no se ha practicado toda la prueba propuesta antes del turno de los acusados.

"Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no acaben las pruebas periciales y todo lo demás", ha señalado cuando el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, le ha llamado para comenzar su interrogatorio.

Ante esto, el magistrado le ha preguntado si no contestaría ni a la Fiscalía ni a ninguna de las defensas, ante lo que ha repetido que no, "hasta que no acaben todas las pruebas periciales".

Previamente, su defensa, ejercida por el letrado Jacobo Teijelo, había indicado a la Sala que no era posible practicar la declaración de su defendido sin causarle indefensión, y se acogía al artículo 24 de la Constitución y al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ha recordado ante Guevara que se había acordado por la Sala un orden y que las declaraciones de la cincuentena de acusados se realizaría tras la práctica de la prueba propuesta.

Tras la negativa de Sito Miñanco, el magistrado le ha ordenado sentarse, y tras esto otra defensa ha explicado al tribunal que su defendido no había podido asistir a la sesión porque de camino desde Linares tuvo que parar y ser atendido médicamente en un hospital y que ahora se encontraba "en una camilla" en su localidad.

El magistrado, ostensiblemente contrariado, ha señalado que entonces suspendía el juicio "sine die" y que esto podría conllevar tener que repetir todo lo practicado en Sala de nuevo.

Cabe recordar que minutos antes de este episodio, Guevara había dejado para el miércoles una pericial relativa a sonorizaciones de escuchas para que los peritos policiales y los de parte pudieran confrontar; también postergó escuchas de grabaciones seleccionadas por las partes y que han de ser oídas en Sala. Esto ha provocado que el presidente diera paso a los interrogatorios de los acusados.

San Fernando de Henares (Madrid), 28 ene (EFE).- El histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, se ha negado este martes a declarar en el juicio de la operación Mito, cuyo tribunal lo ha suspendido "sine die" ante la imposibilidad de uno de los 45 acusados a comparecer por problemas de salud.

Tras la incomparecencia de diversos peritos cuya declaración ha sido aplazada el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, ha comunicado que procedía comenzar con las declaraciones de los acusados y ha llamado a Sito Miñanco para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica y blanqueo del dinero.

La fiscal le ha preguntado si iba a contestar a sus preguntas ante lo que Sito Miñanco ha respondido: "Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no se acabe la prueba pericial y todo lo demás".

Seguidamente la abogada defensora de uno de los acusados de blanqueo de capitales, Santiago O.M., ha señalado que dado que la Sala obliga a los acusados a estar presente comunicaba que su representado no está en condiciones de comparecer por motivos de salud tras ser atendido en un hospital y estar en su domicilio de Linares (Jaén) pendiente de informe médico.

Ante esta situación el presidente de la Sala ha comunicado: "Se suspende el juicio sine die, que puede ser empezar de nuevo". La jornada de este martes era la número 17 de la vista que celebra la Audiencia Nacional. EFE

San Fernando de Henares (Madrid), 16 ene (EFE).- Los acusados en el juicio de la operación Mito, entre ellos el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, han escuchado en la sesión de este jueves las conversaciones que la Policía les grabó en sus llamadas telefónicas y con dispositivos colocados en sus coches.

La Audiencia Nacional ha celebrado la jornada número 15 del juicio a 45 acusados en esta causa, en la que la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión para Sito Miñanco por el intento de introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

También es juzgado Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que se enfrenta a una petición del Ministerio Público de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

La renuncia por las defensas de múltiples testigos que habían propuesto y la incomparecencia de otros citados para este jueves ha llevado al tribunal a aprovechar la jornada para adelantar parte de la prueba documental propuesta por la Fiscalía.

En concreto ha procedido a la reproducción en la vista de las grabaciones de las intervenciones telefónicas de los acusados y las obtenidas con dispositivos colocados por la Policía en vehículos que los investigados utilizaban por toda España para preparar supuestamente las operaciones de tráfico de drogas y de blanqueo con transportes de importantes cantidades de dinero.

La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico.

Las grabaciones revelan conversaciones de los acusados en torno a varios episodios de los hechos investigados y en alguna de ellas hablan de que deben tener cuidado con lo que dicen por si tienen los teléfonos pinchados.

Uno de dichos episodios ocurrió el 6 de febrero de 2017 cuando les fueron confiscados en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas casi 900.000 euros a Manuel G.R. y otros cuatro acusados que trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas, según mantiene la Fiscalía.

Posteriormente fue abordado el 2 de octubre de 2017 en alta mar a la altura de Las Azores por las fuerzas de seguridad el buque Thoran en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización había comprado supuestamente a redes colombianas, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.

En la sesión de este jueves ha comparecido como testigo el entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, a donde fue llevado el buque tras su abordaje por las Fuerzas de Seguridad, que ha recordado que se trató de una operación conjunta con la Policía Nacional.

Dos testigos que estaban citados para este jueves no han comparecido, entre ellos un cliente del astillero de Cambados (Pontevedra) que según la Fiscalía la organización de Sito Miñanco utilizaba para fabricar embarcaciones destinadas al transporte de droga.

El presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, ha ordenado que vuelvan a ser citados con la advertencia de que si no comparecen deberán ser conducidos a la sede judicial por las Fuerzas de Seguridad.EFE

Madrid, 18 nov (EFE).- El jefe policial que coordinó la operación Mito entre 2016 y 2018 ha testificado en el juicio que el abogado Gonzalo Boye dirigió trámites para que la red del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, recuperara casi 900.000 euros que le fueron incautados en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio al cerca de medio de centenar de acusados en esta causa, entre ellos el histórico traficante gallego Sito Miñanco, para quien la Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión por el intento de introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, la ocultación de más de 11 millones de euros y el blanqueo del dinero.

Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.

En esta primera sesión del juicio ha testificado el inspector jefe de la Policía Nacional que dirigió la operación, que ha recordado que la investigación se inició en 2016 cuando observaron que Sito Miñanco aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) -donde cumplía una condena por otra causa de drogas- para retomar su actividad delictiva.

"Sito Miñanco es un empresario del tráfico de drogas y no ha habido en España nunca una organización tan potente como la suya, y tenía expertos en todo, hasta de telecomunicaciones, un astillero -en Cambados (Pontevedra)- donde fabricaban sus propias embarcaciones y abogados", ha destacado el inspector, que ha calificado a Prado Bugallo de "gran líder".

Ha recordado que el 5 de febrero de 2017 fueron confiscados en el aeropuerto de Madrid Barajas a cinco de los acusados casi 900.000 euros de la organización de Sito Miñanco cuando se disponían a viajar a Colombia para realizar pagos a los suministradores de droga colombianos.

Una de las personas que llevaba parte del dinero, el acusado Manuel G.R, manifestó en Aduanas del aeropuerto que era dinero de su empresa, pero el inspector ha asegurado que "es mentira".

"Al incautarse el dinero perdieron los nervios y comenzaron a decir que había que recuperarlo y contactaron para ello con abogados, que no les ayudaron desde el punto de vista legal sino que falsearon documentos para recuperar el dinero mediante el uso de unos pagarés que ya fuero usados para justificar otras cantidades ya incautadas en una operación de narcotráfico anterior", ha explicado.

Según el inspector de la Policía, Gonzalo Boye era el abogado que dirigía los trámites para justificar el dinero intervenido.

Por otra parte ha destacado que el 2 de octubre de 2017 fue abordado en Las Azores el buque Thoran, en el que se incautaron 3.305 kilos de cocaína procedente de Ecuador que la organización compró a suministradores colombianos. Y ha añadido que el 9 de noviembre siguiente le fueron intervenidos 615 kilos de la misma droga en un almacén en Países Bajos.

A su salida de la Audiencia Gonzalo Boye, que ha representado a Sito Miñanco como abogado en otros casos, ha declarado a los periodistas: "Estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado".

"El mismo fiscal que tiene paralizado la investigación del caso Koldo es el que pidió en su día que se interviniesen todas mis comunicaciones entre abogado y cliente sin discriminación alguna, desde un caso de divorcio hasta de derechos humanos, lo que ha vulnerado el secreto profesional y el derecho de defensa", ha añadido.

Ha recalcado que se trata de "una acusación totalmente especulativa" y que este lunes ha aportado "más pruebas que demuestran que los hechos no son como los plantea el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación solo en base a un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad".

El abogado de Boye Su ha presentado al tribunal nueva documentación para tratar de desmontar la teoría de la Fiscalía de que preparó en 2017 en su despacho el blanqueo para Sito Miñanco.

En concreto, unos registros migratorios emitidos por Colombia para demostrar que la reunión entre Gonzalo Boye, Sito Miñanco y Manuel G.R. en el despacho del primero, al que alude el escrito de acusación de la Fiscalía no pudo producirse.

Según los nuevos documentos aportados por la defensa de Boye Manuel G.R. estaba en Colombia y no en Madrid para arreglar el tema del blanqueo y Sito Miñanco en Algeciras y en Marbella (Málaga) en las fechas señaladas por el fiscal.

Gonzalo Boye ha llegado a la Audiencia Nacional arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".

La Audiencia Nacional ha ordenado búsqueda y captura de uno de los acusados, Robert M., que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión, al no haber comparecido a la vista. EFE

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Varios de los acusados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el narcotraficantes gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, han solicitado la suspensión del juicio que arranca este lunes 18 de noviembre debido a que otro procesado se encuentra en Senegal.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Pedro González Rubio, Adriana Moreno y Efrén Moreno señala que han tenido constancia de que otro de los investigados, José Manuel Costa, ha informado al tribunal de que se encuentra en Dakar (Senegal) cumpliendo pena de prisión.

La defensa de Costa, el pasado 11 de noviembre, explicaba al tribunal --en otro escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias-- que "el acusado se encuentra recluido en una prisión (...), no conociendo cuándo saldrá y podrá regresar a España" por lo que apuntaba que no era previsible que pudiera llegar a las sesiones "que se han señalado para la celebración del juicio".

Al hilo, sostenía que la presencia de Costa era "necesaria para su defensa" máxime cuando la Fiscalía interesa para él una pena de 11 años y 6 meses de prisión.

Y por ello pedía a la Audiencia Nacional que "active los mecanismos de cooperación jurídica internacional al objeto de que se facilite la asistencia del acusado a las sesiones del juicio oral, bien personalmente (procediendo a la extradición del acusado), bien por medios telemáticos (videoconferencia)".

Hasta entonces, la defensa de Costa pedía suspender el juicio o por lo menos que de urgencia se emitiera una comisión rogatoria "para que se dispongan los medios técnicos necesarios" para que asista al juicio mediante videoconferencia desde la prisión.

Pero la defensa de los otros tres encausados apunta que en este caso específico es necesaria "su comparecencia por medio del procedimiento de extradición correspondiente" y que su presencia es "esencial" por lo que "cualquier otra medida que se tome perjudica gravemente el derecho de defensa" de los procesados.

Según el escrito de acusación del fiscal, Costa trabajaba en una empresa familiar de reparación de embarcaciones y estaba a disposición de Sito Miñanco para participar en medidas de contra vigilancia en las reuniones que éste mantenía o para desplazarse siguiendo sus indicaciones para preparar las operaciones de tráfico de drogas.

Fuentes jurídicas consultadas explican que ante estos dos escritos, el tribunal ha acordado decidir sobre esa posible suspensión el propio día de arranque del juicio oral, el lunes 18 de noviembre.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional (AN) ha señalado para el 18 de noviembre el arranque del juicio, y que en el mismo se sientan en el banquillo tanto el abogado Gonzalo Boye como Sito Miñanco y otras 46 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta implicación en la 'operación Mito'. La Fiscalía Antidroga pide 31 años y 6 meses de prisión para el marcotraficante gallego y 9 años y 9 meses de cárcel para el abogado.

Boye, en concreto, fue procesado por la instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017.

UN ENCAUSADO FALLECIDO

Precisamente, Boye solicitará al tribunal que tenga en cuenta la declaración en instrucción de otro de los acusados --Rafael Valverde-- después de conocer que ha fallecido, y dado que en la misma le exculparía de participar en los hechos.

En una providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que se ha tenido constancia de su fallecimiento tras haber intentado localizarle para citarle para la vista oral.

Valverde estaba encausado por haber participado en las operaciones llevadas a cabo por la organización dirigida por el narcotraficante gallego para presuntamente blanquear lo obtenido del tráfico de drogas.

En su declaración en instrucción, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, explicó que no conocía al abogado Gonzalo Boye, y sólo indicó tener relación con otros dos encausados: Juan José Barroso y Pedro González Rubio.

Por eso, según fuentes jurídicas consultadas, Boye --también abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont-- pedirá la adveración de esa declaración de Rafael Valverde para que sea tenida en cuenta como prueba durante el juicio.

El grupo parlamentario de Junts ha propuesto el nombre de Gonzalo Boye, abogado de expresidente catalán Carles Puigdemont, para que comparezca en la subcomisión relativa a la lucha contra delitos de odio que se ha creado en el Congreso.

Así consta en los escritos registrados por los distintos grupos parlamentarios, a los que ha tenido acceso Europa Press. No es la primera vez que la formación catalana plantea citar a Boye en la Cámara Baja, pues también tienen solicitada su comparecencia en el marco de la investigación relativa al espionaje a independentistas con el programa israelí 'Pegasus', habida cuenta de que fue uno de los afectados.

Boye, una de las personas que escoltó a Puigdemont en su visita a Barcelona el pasado mes de agosto, cuando protagonizó su segunda fuga, va a ser juzgado el próximo mes de noviembre por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto al al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 46 personas físicas por su presunta implicación en la 'operación Mito'.

La Fiscalía Antidroga pide para el abogado cerca de diez años de cárcel por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas. Según la instrucción, Boye y otro abogado redactaron documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para hacer pasar por legal ese dinero.

OTRAS PROPUESTAS

De su lado, el PSOE ha incluido entre sus propuestas de comparecientes al presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, y también quiere escuchar a deportistas de élite, así como ha representantes de distintas entidades del colectivo LGTBI, enfermos de sida, de ayuda al refugiado, y a un representante de la red social X, entre otros expertos, como el fiscal contra Delitos de Odio y Discriminación Miguel Ángel Aguilar García.

El PP aboga por llamar a comparecer a Ángel Altuna del Colectivo Víctimas del Terrorismo, y a representantes del CERMI, Oxfam Intermón y la asociación de ayuda a víctimas de trata APRAMP. También ha metido en su lista a un miembro de la entidad catalana Impulso Ciudadano, a un representante de la comunidad judía en España, y al comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid, Javier Susin.

El abogado penalista Alejandro Hernández Royo, es el nombre que propone Vox, mientras que Podemos apuesta por su secretario de Antirracismo, Serigne Mbaye, procedente de Senegal y que formó parte del sindicato de manteros.

Por su parte, ERC quiere que acuda al Congreso la politóloga Helena Castellà y Bildu pide que comparezca la penalista feminista Laia Serra Perelló.