La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la condena a John Alexander Pineda Mejía por violencia intrafamiliar agravada, al precisar que la violencia psicológica puede demostrarse a través de testimonios coherentes y persistentes, sin que sea imprescindible un dictamen pericial.

El caso, resuelto el 4 de marzo de 2026, subraya además el debate sobre la aplicación del agravante de género cuando la víctima es mujer.

La violencia psicológica en procesos penales de violencia intrafamiliar puede acreditarse sin dictamen técnico, siempre que los testimonios sean consistentes, persistentes y permitan establecer el daño emocional sufrido, según lo determinó la Corte.

De esta forma, la jurisprudencia reconoce el testimonio como medio probatorio suficiente al reconstruir el impacto real sobre la dignidad y estabilidad emocional de la víctima.

Entre abril de 2019 y junio de 2021, Pineda Mejía convivió con la víctima identificada como L.M.M.H. en Itagüí (Antioquia). El expediente recoge episodios de golpes, humillaciones, ofensas y manipulación, agravados por la dependencia económica y la presencia de una hija en común.

El 30 de abril de 2020, la mujer denunció un entorno de agresión constante, situación corroborada por testigos que describieron el deterioro emocional sufrido por la víctima.

En primera instancia, el proceso terminó en absolución el 27 de junio de 2024, debido a supuestas inconsistencias en los testimonios y la falta de respaldo probatorio sobre los hechos de esa fecha.

No obstante, el Tribunal Superior de Medellín revocó esta decisión el 28 de mayo de 2025, al considerar que la violencia fue una conducta constante durante la convivencia. En consecuencia, condenó a Pineda Mejía a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, sin derecho a prisión domiciliaria.

Fundamento jurisprudencial sobre violencia psicológica

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, estableció que la violencia psicológica constituye un delito autónomo en la violencia intrafamiliar y puede existir sin señales externas ni lesiones físicas.

El tribunal indicó que la conducta puede demostrarse sin dictamen técnico cuando los relatos de la víctima y otros testigos resultan coherentes y persistentes, mostrando cómo la dignidad y armonía familiar pueden verse afectadas solo con palabras o actos de menosprecio.

La sentencia subraya que el testimonio es suficiente como medio probatorio, incluso de manera exclusiva, siempre que mantenga congruencia y consistencia.

Así, adquieren valor penal las pruebas orales sobre hechos de maltrato emocional, permitiendo que la justicia sancione este tipo de violencia en ausencia de informes técnicos.

La abogada penalista Sharon Nicole Castillo consideró que este fallo consolida una regla clara: las pruebas testimoniales pueden ser decisivas en la acreditación de la violencia psicológica, siempre que superen el juicio racional y evidencien afectación emocional real. El criterio permitirá que casos sin experticias técnicas avancen judicialmente y reciban el castigo correspondiente.

Debate y posiciones sobre el agravante de género en violencia intrafamiliar

El pronunciamiento judicial también aborda el agravante de género en violencia intrafamiliar, previsto por el derecho penal colombiano para mayor protección de las mujeres sometidas a violencia familiar.

La sentencia identificó la existencia de prejuicios sociales y patrones de discriminación que justificaron el agravante en la condena.

Sin embargo, la magistrada Myriam Ávila Roldán aclaró el voto y cuestionó que la Corte exija, para aplicar el agravante de género cuando la víctima es mujer, la acreditación de un contexto de dominación o sistematicidad.

Para Ávila Roldán, dicho requisito no está expresado en la ley, y su aplicación impone cargas argumentativas y probatorias excesivas a la Fiscalía y a las víctimas, lo cual puede dificultar el acceso efectivo a la protección penal reforzada prevista para las mujeres.

La magistrada destacó que la causa de agravamiento de la pena por género también existe para otros grupos protegidos, como personas mayores de sesenta años o con discapacidad, sin que se exija el mismo estándar.

Según la aclaración de voto, exigir sistematicidad o dominación en los casos de mujeres puede contradecir la voluntad del legislador y limitar el alcance de la protección.

Consideraciones de la Corte sobre la valoración probatoria y las garantías procesales

La sentencia enfatiza la importancia del “principio de congruencia” y del respeto al derecho de defensa en el juicio penal. La Corte Suprema de Justicia advirtió que la acusación debe presentar los hechos relevantes con claridad y precisión, y que la sentencia no puede modificar el núcleo de la imputación, bajo pena de nulidad.

El análisis probatorio realizado por la Corte determinó que el testimonio de la víctima, apoyado por observaciones coincidentes de testigos directos, constituye un medio idóneo para fundamentar la condena, siempre que demuestre cohesión y verosimilitud.

La sentencia recuerda que la ausencia de dictamen pericial no le resta valor a la prueba oral, dado que el sistema penal colombiano acepta testimonios como principal soporte para hechos de carácter emocional o psicológico.

Según el tribunal, la condena se asienta sobre hechos adecuadamente comunicados y analizados, garantizando el acceso a la defensa y manteniendo la coherencia entre la acusación y el fallo.

El voto aclaratorio alerta sobre los obstáculos que puede implicar exigir prueba de sistematicidad o contexto de dominación para el agravante de género, pues esto podría restringir la eficacia del castigo en favor de las víctimas mujeres.

El hallazgo sin vida de Stephen Gottlieb Engels, ciudadano estadounidense de 50 años, en un apartamento de alquiler turístico en Itagüí, Antioquia, volvió a poner en el centro del debate la seguridad de los turistas extranjeros en Medellín.

La noticia generó una fuerte reacción en redes sociales y, más aún, después de la publicación de un video en Instagram por parte de Robert Eaton, compatriota de la víctima y residente en el país cafetero, que denunció la reiteración de este tipo de casos y llamó a boicotear el turismo en la ciudad.

En su mensaje, Eaton expresó su frustración y enojo ante lo sucedido.

“Otro turista muerto en Medellín. Otra vez la misma historia. Los locales, sí, lo drogan, lo roban y lo dejan morir boca abajo en la cama. Eso es lo que piensan de ustedes aquí. Las bandas de mujeres y hombres que trabajan juntos, locales matando turistas”.

Eaton responsabilizó de manera directa a las organizaciones criminales de la ciudad y mencionó que este tipo de hechos se repiten y que existe complicidad o indiferencia por parte de la comunidad y de las autoridades.

“En este punto, solo hay una solución, amigos. Hay que boicotear Medellín. Habrá algunos locales que se alegrarán por eso. A los criminales les molestará porque, bueno, ya no podrán robar ni matar a nadie. El gobierno quiere el dinero. Si les quitamos lo que quieren, que son los recursos, van a ver qué rápido dejan de ser apáticos. Van a ver qué rápido atrapan a los criminales y dicen: ‘Vuelvan, vuelvan’”.

El caso que generó estas declaraciones ocurrió el 18 de abril, cuando Engels fue encontrado sin vida en un apartamento de alquiler temporal en el barrio La Esmeralda.

El hombre había ingresado al inmueble ese mismo día en compañía de dos mujeres, que se retiraron tras pasar varias horas con él.

El cuerpo de Engels fue hallado boca abajo en la cama, sin camisa y sin signos visibles de violencia.

Las dos mujeres están siendo investigadas, aunque todavía no han sido plenamente identificadas ni se han presentado cargos en su contra. La causa de la muerte permanece pendiente del reporte de Medicina Legal.

Eaton advirtió a turistas extranjeros sobre los riesgos de visitar Medellín

“Dejen de venir. Lleven su dinero a donde los aprecien y los cuiden. Aquí en Medellín no es el caso. Lo pueden encontrar en otro lado. Dejen de venir y entonces veremos qué hacen al respecto, finalmente”, siguió en sus declaraciones en video Eaton.

El norteamericano que vive en Colombia también agradeció a organizaciones como Unseen Medellin por mantener informada a la comunidad extranjera y difundir advertencias de seguridad.

El caso de Engels no es aislado. En los últimos meses se han reportado otras muertes y robos que involucran a turistas extranjeros en la ciudad, lo que ha incrementado la preocupación entre residentes y visitantes.

Eaton insistió: “Mientras tanto, gracias a Unseen Medellin, que mantiene la información al frente de la gente para que puedan estar seguros”.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una respuesta oficial al llamado al boicot, aunque en ocasiones anteriores han reiterado su compromiso con la seguridad de los visitantes y el fortalecimiento de medidas contra el crimen en zonas turísticas.

La comunidad extranjera, por su parte, exige acciones concretas y resultados tangibles para frenar la ola de violencia y garantizar la integridad de quienes eligen Medellín como destino, luego del caso que se presentó pocos días atrás de Ivan Nyiiro, un oficial federal de Estados Unidos de 34 años, reportado como desaparecido.

“No estás seguro aquí en Medellín. Bien podríamos estar viviendo en los días de Escobar. Hay bandas organizadas de hombres y mujeres que trabajan juntos para drogar, robar y asesinar turistas. Las autoridades de la ciudad, la policía, no están haciendo absolutamente nada para mantener seguros a los turistas”, destaca el mensaje adjunto a la grabación por parte de Eaton.

Al final, el extranjero residente en Colombia afirmó, a modo de mensaje al Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro: “¿Sabes quién no lo hará? El Gobierno. El gobierno quiere el dinero que proviene del turismo, el gobierno quiere que la gente crea que esta es una ciudad acogedora, una ciudad para que los inversionistas vengan".

Para concluir, aseguró en su publicación: “Las personas que se benefician del turismo son algunas de las más ricas de la ciudad; ellos quieren el turismo. La única manera de que las cosas cambien en este momento es que la gente deje de venir.”

Precisamente, al respecto, en la tarde del 8 de abril, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla publicó fotografías y un video del ingreso y la presentación que realizó el cantante de vallenato Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí.

“¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país ya nada sorprende… pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?“, escribió la cabildante en la publicación.

En las fotografías publicadas por Carrasquilla se observa a Velásquez junto a un hombre y una mujer en la zona de entrada del centro carcelario en el que están recluidos la mayoría de los voceros del crimen organizado que están vinculados a la Paz Urbana.

Además, la cabildante añadió un video grabado fuera de la cárcel, en el que se escucha de fondo al artista interpretando una de sus canciones. Hasta el momento, desde la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), no se han pronunciado para explicar lo registrado.

En los comentarios de la publicación, los ciudadanos se han mostrado indignados por los “beneficios” que tendrían los recluidos en la cárcel de máxima seguridad, mientras que el crimen organizado sigue ganando terreno en el Valle de Aburrá.

Este tipo de hechos han sido denunciados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que han pedido públicamente que el Gobierno Petro deje de negociar con los cabecillas del crimen organizado de la región.

Tanto Rendón como Gutiérrez han afirmado que los beneficios que reciben los condenados son parte de una estrategia electoral, por lo que se han mostrado en contra de la decisión de la Fiscalía de suspender la orden de captura de siete personas vinculadas al crimen organizado en el Valle de Aburrá como parte de los acuerdos pactados en el proyecto de Paz Urbana.

“Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi un año o dos años de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, declaró durante una atención a los medios el alcalde de Medellín.

Velásquez expulsó a fan de un concierto por maltratar a su pareja

Durante Semana Santa, Velásquez fue noticia debido a que en un concierto en Norosí, Bolívar, el cantante de vallenato interrumpió su presentación al percatarse de una situación en el público. Velásquez detuvo la música y se dirigió directamente a un hombre que, según lo que observó el artista, estaba maltratando a su pareja.

El cantante solicitó la intervención de las autoridades presentes y pidió que el hombre fuera retirado del lugar. Velásquez expresó en varias ocasiones que no toleraría ningún tipo de agresión en su evento y reiteró su rechazo a la violencia.

Ante la presencia de la Policía, el hombre fue escoltado fuera del recinto bajo la supervisión de los organizadores y las autoridades locales. El incidente quedó registrado en videos grabados por los asistentes, los cuales circularon en redes sociales.

Tras la expulsión del hombre, el concierto continuó sin mayores contratiempos y el artista agradeció la comprensión del público. El hecho generó reacciones entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

La polémica por la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre los líderes de la paz urbana en Itagüí reavivó el debate nacional, aunque los cabecillas ya habían salido cuatro veces a eventos antes de la resolución.

De acuerdo con declaraciones de la senadora Isabel Zuleta, las resoluciones judiciales no impidieron ni impedirán la participación de estos representantes en actividades relacionadas con las negociaciones, bajo un protocolo que requiere autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Cuatro salidas previas antes de la resolución

El 28 de marzo, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 23 cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí. La medida generó un intenso debate, especialmente después de que la fiscal Luz Adriana Camargo dejara sin efecto el beneficio para 16 de ellos, limitándolo solo a siete que ya se encontraban en libertad.

La controversia creció tras la presentación de dos acciones de nulidad ante el Consejo de Estado y el anuncio del alcalde Federico Gutiérrez de promover un proyecto para derogar la ley de Paz Total.

No obstante, voceros del espacio sociojurídico aclararon que la participación en eventos de paz no depende de estas resoluciones.

“Las resoluciones no tienen nada que ver con salir. ¿Han podido salir? Claro que sí. Salir no es la libertad. Si va a haber salidas, sí, si en la ruta nos solicita la ciudadanía, que son los voceros los que deben asistir. Lo que debemos hacer como delegación es solicitar al Inpec y es el Inpec el que tomará las medidas para que participen de los eventos que vamos a programar con estos cinco temas”, explicó Zuleta en rueda de prensa.

En el historial reciente, los cabecillas de la paz urbana han salido en cuatro ocasiones, una de ellas durante el denominado “tarimazo”, evento que generó amplia repercusión mediática y política. Cada salida se gestionó mediante un protocolo formal con autorización expresa de las autoridades penitenciarias.

Debate político y cuestionamientos sobre incidencia electoral

La discusión sobre el alcance de la participación de los líderes encarcelados se intensificó con las observaciones de figuras políticas como Roy Barreras, que planteó dudas sobre la posible influencia de los cabecillas en procesos electorales. Frente a esto, Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre, calificó tales planteamientos como “anacrónicos”.

“Desde que estamos en el proceso han transcurrido tres procesos electorales: los municipales, el de consultas internas y las pasadas, y si analizamos en las elecciones municipales ganaron las personas que ganaron con amplio margen. O sea, ¿entonces, las estructuras tuvieron que ver? Lo que quiero decir es que la gente ya no se engaña con nuevos discursos anacrónicos, punitivos”, afirmó Ramírez, según Blu Radio.

Por su parte, la senadora Zuleta negó que las salidas de los cabecillas respondan a propósitos electorales o de hacer política a favor de figuras como Iván Cepeda, subrayando que la participación se limita a actividades propias del proceso de paz.

Nuevas órdenes, extradición y tensiones en el proceso

El alcalde Federico Gutiérrez solicitó que las autoridades de Estados Unidos requieran la extradición de algunos cabecillas vinculados a la mesa de paz urbana, señalando posibles investigaciones por narcotráfico. Frente a estas declaraciones, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, negó cualquier nexo con organizaciones ilícitas o procesos abiertos en ese país.

Muñoz, que cumple una condena de 32 años tras 17 años de reclusión, consideró que el ruido sobre el proceso de paz urbana proviene de sectores adversos al diálogo, recordando que durante las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2008 no se generaron controversias similares.

Sobre su situación, la Fiscalía expidió una nueva orden de captura, hecho que la senadora Zuleta atribuyó a la discrecionalidad de los jueces y a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para el proceso de paz.

Participación garantizada bajo protocolos

La participación de los cabecillas en eventos públicos seguirá sujeta a la solicitud formal de los delegados al Inpec, entidad que evalúa caso por caso y determina las condiciones de seguridad y traslado. La senadora Zuleta reiteró que, si la ciudadanía lo solicita y los temas lo requieren, podrán asistir a los eventos programados, siempre bajo estrictas medidas legales y administrativas.

En este contexto, los voceros del proceso de paz urbana enfatizaron que la interlocución no se suspende pese a las fluctuaciones en las decisiones judiciales. Destacaron que la permanencia de los cabecillas en la mesa de diálogo, incluso bajo custodia, resulta fundamental para avanzar en los cinco ejes temáticos acordados.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación mediante una resolución que, según la entidad, responde a los avances del proceso de diálogo sociojurídico que se adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí desde junio de 2023.

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A través de un video difundido en su cuenta de X, Valencia expresó su rechazo a la medida y aseguró que el Gobierno Nacional estaría favoreciendo a estructuras criminales en medio de un contexto de violencia en el país.

“El gobierno insiste en liberar criminales a pesar de que todos los colombianos hoy estamos sufriendo un aumento de la violencia, del terrorismo, del secuestro, de los asesinatos”, afirmó la senadora.

Cuestionamientos de Paloma Valencia

En su pronunciamiento, Valencia también relacionó la suspensión de las órdenes de captura con dinámicas electorales en distintas regiones del país. “El gobierno insiste en darle contentillo a toda la criminalidad, ahora en Antioquia, a la que odian, seguramente para poder tener una acción”, señaló.

La congresista agregó que, a su juicio, existen antecedentes sobre la incidencia de grupos armados en procesos electorales. “Porque aquí no podemos olvidar que el 54% de los votos que sacó el Pacto Histórico lo sacaron en 126 municipios donde están los grupos ilegales, municipios sobre los que la MOE había advertido que tenían un riesgo electoral por la presencia de los violentos”, indicó.

En esa línea, sostuvo que la medida podría tener implicaciones en futuros comicios en Antioquia. “Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones. Denunciaremos ante las instancias internacionales. El gobierno se está haciendo cómplice de la criminalidad en Colombia”, afirmó.

En el mensaje que acompañó el video, la candidata reiteró su posición y anunció: “Denunciaremos ante instancias internacionales: el gobierno se está haciendo cómplice de la criminalidad para buscar ganar las elecciones”.

Cabecillas beneficiados y alcance de la medida

La orden de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 jefes de bandas criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá beneficiaría a Albert Antonio Henao Acevedo, conocido como “Alber”; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como “Douglas”; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, entre otros.

En el caso de “Carlos Pesebre”, su inclusión en la lista se produce después de que el pasado 9 de febrero presentara su renuncia como vocero de las bandas criminales dentro del espacio de diálogo sociojurídico. En una misiva, el cabecilla reconoció algunos resultados del proceso, como la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá, pero también señaló dificultades en su desarrollo, relacionadas con la falta de claridad institucional y garantías para los participantes.

Otros de los beneficiarios de la medida son Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Juan Fernando Álvarez, conocido como Juan 23; Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.

La suspensión de las órdenes de captura tendrá una duración inicial de seis meses y podrá ser prorrogada a solicitud del Gobierno nacional. Al menos siete de los 23 cabecillas beneficiados ya se encuentran en libertad, y algunos estarían fuera del país; sin embargo, hasta el momento, no se han detallado los alcances específicos de su participación dentro del proceso de paz ni las condiciones bajo las cuales se desarrolla su vinculación a este espacio de diálogo.

Un hombre de 70 años, identificado como Héctor Montoya, lleva 45 días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia), sin acceso a la atención especializada que requiere tras haber sido diagnosticado con un aneurisma en su pierna derecha.

Pese a que un fallo judicial ordenó su remisión urgente a una clínica con especialista cardiovascular, la Nueva EPS no ha ejecutado el traslado, lo que ha extendido su permanencia en una camilla y agudizado la incertidumbre de su familia, según denunció Paula Andrea Rua, familiar del ciudadano, al medio local El Colombiano.

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El proceso judicial incluyó la intervención del Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí, que el 20 de febrero dictó una sentencia reconociendo el derecho fundamental a la salud de Montoya y ordenando a la gerencia regional noroccidental de la Nueva EPS autorizar, en un plazo máximo de 48 horas, su remisión a una clínica con cirugía vascular.

La orden indicó lo siguiente: “Exhortar a la Nueva EPS para que se abstengan de negar o dilatar injustificadamente la autorización de los servicios que requiera Héctor de Jesús Montoya y que hayan sido debidamente ordenados por el médico tratante, garantizando siempre la continuidad de su tratamiento”. Sin embargo, la decisión judicial no fue cumplida en el plazo señalado y, a corte del 18 de marzo de 2026, la remisión no se había llevado a cabo.

Alerta por la cantidad de tutelas y desacatos contra la Nueva EPS

Según la Personería de Medellín, entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026 se interpusieron 1.170 acciones de tutela por presunta vulneración del derecho a la salud, de ese total 390 se dirigieron específicamente contra la Nueva EPS. Además, este organismo identificó 133 incidentes por desacato relacionados con esta EPS en el mismo periodo.

“Preocupa que tantos casos se encuentren en fase de incidente de desacato, lo que indica dificultades en el cumplimiento oportuno de fallos judiciales y decisiones constitucionales previamente emitidas”, señalaron las autoridades, asegurando que el panorama se agrava por la cantidad de casos en los que, tras sentencias favorables, las órdenes no se ejecutan en los tiempos prescritos.

En el caso concreto de Montoya, la demora inició a finales de enero, cuando presentó debilidad en uno de sus pies. Su historial de cirugía aórtica alertó a la familia sobre el riesgo, por lo que ante las demoras del sistema, pagaron una consulta particular y exámenes que confirmaron la presencia de un aneurisma y bloqueos arteriales, que ponían en riesgo ambos miembros inferiores, de acuerdo con el informe médico del 29 de enero.

Pese a que el Hospital San Rafael de Itagüí aceptó recibirlo y le asignó atención básica, la falta de especialidad en cirugía cardiovascular hace indispensable su traslado. La familia acudió sin éxito a la Superintendencia de Salud y, posteriormente, lo intentaron por vías legales. Incluso, el 6 de marzo acudieron de nuevo a los juzgados solicitando la apertura de un incidente por desacato, pero ninguno de estos recursos ha acelerado la remisión a un centro médico especializado.

Según los testimonios recogidos por El Colombiano, la familia no ha recibido ni llamadas ni informes de la Nueva EPS sobre el estado de su solicitud. El hospital, por su parte, ha reiterado de forma oficial la petición de traslado, también sin obtener respuesta.

La negativa a ejecutar las órdenes médicas agrava situaciones clínicas como la de Montoya, cuyo pronóstico depende de atención quirúrgica especializada.

Entre las circunstancias que caracterizan su caso destaca el hecho de que ni siquiera una tutela fallada a su favor, ni una solicitud por desacato al juzgado han logrado acelerar el proceso.

Este caso se dio a conocer en un momento en el que no solo la remisión oportuna de pacientes con diagnósticos graves se ha convertido en un problema, sino que la entrega regular de medicamentos también enfrenta retrasos afectando a cientos de afiliados.

Las autoridades desmantelaron una fábrica ilegal de placas para vehículos en el municipio de Itagüí, Antioquia, donde encontraron más de 500 láminas falsas utilizadas para cometer delitos y evadir controles, según información publicada por Blu Radio. El operativo permitió capturar a diez personas señaladas de participar en esta actividad ilícita.

El hallazgo se produjo en una empresa que aparentemente operaba de manera legal, pero que también fabricaba placas falsas que eran vendidas en el mercado ilegal, de acuerdo con ese medio de comunicación. Estos elementos eran usados principalmente en vehículos robados o para evitar controles de tránsito.

Las autoridades investigan si la fabricación de estas placas tenía vínculos con estructuras criminales dedicadas al hurto de automotores en el Valle de Aburrá. Cada placa falsa era comercializada por aproximadamente $120.000.

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Más de 500 placas falsas fueron encontradas

El operativo se realizó tras varios meses de investigación adelantada por la Policía Metropolitana en el área metropolitana de Medellín.

Los investigadores llegaron hasta una empresa dedicada a la fabricación de placas para vehículos ubicada en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Durante la inspección, los expertos detectaron que junto a placas legales se encontraban 515 placas falsas.

Según las autoridades, estas láminas eran producidas y vendidas de manera clandestina.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, explicó que las placas ilegales tenían un precio fijo en el mercado ilegal.

“Esta empresa venía trabajando de manera legal algunos procesos, pero de manera ilegal otros. Es materia de investigación. Hoy, en el área metropolitana, se llevan cerca de 200 capturas por los delitos de falsedad marcaria”, afirmó el funcionario, citado por ese medio de comunicación.

Operativo contra el hurto de vehículos en Medellín

La investigación se enmarca en la ofensiva que adelantan las autoridades contra el hurto de vehículos y motocicletas en Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, en muchos casos los delincuentes cambian las placas de los automotores robados para evitar ser detectados por cámaras y controles policiales.

Este mecanismo les permite ocultar la identidad real del vehículo y continuar utilizándolo para cometer otros delitos.

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción cercana al 60 % en el hurto de motocicletas en Medellín, las autoridades reconocen que la percepción de inseguridad entre los ciudadanos sigue siendo alta.

Por esa razón, se intensificaron las investigaciones para identificar redes que facilitan la alteración de vehículos robados.

Equipos y materiales también fueron incautados

Durante el procedimiento también fueron decomisados varios equipos utilizados para fabricar las placas ilegales.

Entre los elementos incautados se encuentran 120 troqueles para grabar letras y números, herramientas utilizadas para elaborar las láminas.

También fueron encontrados dos rollos de lámina de aluminio, 72 rollos de cinta reflectiva amarilla y cuatro computadores utilizados en el proceso de fabricación.

Las autoridades indicaron que estas placas no solo eran usadas en vehículos robados.

También eran adquiridas por algunos ciudadanos para evadir medidas de movilidad como el pico y placa.

Mientras avanzan los procesos de judicialización contra los capturados y continúan las investigaciones, las autoridades ordenaron suspender temporalmente la actividad comercial de la empresa donde funcionaba la fábrica ilegal.

El clip recoge insultos y amenazas, esto es lo que se escucha: “No papi, la llevamos en vilo, hijueputa, dos en una hijueputa patineta. Va asustada la perra, vea como tiembla”. Los policías, además, gritaron: “Perra, hijueputa. Una perra, hijueputa. Esto es Colombia, papito. Ay, ay, ay”.

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El incidente provocó un intenso debate en las redes. Varias personas expresaron su indignación con frases como: “Será que estos dos no tienen Mamá, hermanas, o hijas!!!!!” y “Que es este tipo de violencia en contra de una madre y su hija, que está pasando??”.

Sin embargo, otros usuarios enfocaron la discusión en el uso de la vía: “La vieja malparida irresponsable está llevando a su hija por un carril exclusivo del transporte masivo... Nada la justifica, si le da miedo la vía, puede ir por el anden”. También se cuestionó la actuación policial: “Lo de intimidar está prohibido pero ellos se puede meter por donde sea mientras esté en ejercicio de su función”.

Por otra parte, según la normativa de tránsito las autoridades y organismos de socorro como la Policía, ambulancias y bomberos cuentan con la posibilidad de circular por carriles exclusivos o preferenciales, pero este permiso solo aplica en situaciones de emergencia.

La normativa establece que, para hacerlo, deben encender tanto las luces como las sirenas, garantizando la señalización óptica y sonora de su desplazamiento.

En cuanto al trato de los policías a la mujer y la niña, la conducta puede derivar en sanciones, conforme lo estipula la Ley 2196 de 2022, Estatuto Disciplinario Policial. El reglamento distingue entre varios tipos de faltas, que varían según la gravedad de la infracción.

El Estatuto Disciplinario Policial divide las faltas en tres categorías principales: gravísimas, graves y leves. Entre las faltas gravísimas se cuentan el uso excesivo e intencional de la fuerza, la manipulación negligente de armas, la privación ilegal de la libertad y el acoso sexual o laboral. La comisión de cualquiera de estas conductas puede implicar destitución y una inhabilidad general para ejercer funciones públicas.

Las faltas graves incluyen 25 tipos de infracciones, la mayoría relacionadas con la omisión de deberes, abuso de derechos, prohibiciones y conflictos de intereses. En estos casos, la sanción habitual es la suspensión y una inhabilidad especial para el cargo.

Por último, las faltas leves abarcan comportamientos como la incorrección hacia los ciudadanos o el uso indebido de materiales de trabajo. Estas faltas conllevan generalmente una amonestación escrita o la imposición de multas. En el caso de los auxiliares de policía, la comisión de faltas gravísimas dolosas puede dar lugar a destitución e inhabilidad por un periodo de 12 a 24 meses.

Por su parte, la restricción de acceso al carril exclusivo del MIO establece que cualquier conductor que lo invada de manera repetida enfrenta la inmovilización de su vehículo y deberá asumir los costos derivados por servicios de grúa y permanencia en patios, los cuales aumentan según la duración de la retención.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Cali el 80% de quienes invaden este espacio son motociclistas, mientras que el 20% corresponde a automóviles, por lo que se resalta la urgencia de crear conciencia especialmente en los conductores de moto. La infracción implica una multa de 15 SMDLV. Según la normativa, el carril exclusivo debe permanecer libre, aun cuando no haya operación del MIO.

Por ahora no hay pronunciamiento de la policía del Valle de Aburrá y se desconoce la identidad de los patrulleros así como el de la mujer agredida.

La asfixia provocada por un incendio doméstico dentro de un apartaestudio en el municipio de Itagüí (Antioquia) dejó sin vida a una joven pareja.

El fuego, originado en la cocina tras dejar un fogón encendido, cobró la vida de Jeimar Mateo López Serna, de 24 años, y María José González González, de 22.

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La emergencia ocurrió el domingo 8 de febrero se desató en el barrio Santa María La Nueva, cuando vecinos se percataron de que humo denso salía por debajo de la puerta de una vivienda. Alarmados, irrumpieron en el lugar tras forzar la cerradura, con la esperanza de auxiliar a quienes se encontraban adentro.

Al ingresar, hallaron a la pareja inconsciente y actuaron rápidamente para sacarlos de la vivienda. Mientras algunos intentaban apagar el fuego en la cocina, otros trasladaban a los afectados en un vehículo particular hasta el Hospital San Rafael 1.

Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos: ambos jóvenes llegaron sin signos vitales, según informaron las autoridades.

Un vecino del sector explicó al medio regional El Colombiano que la ventana de la cocina estaba tapada, lo que impidió la salida del humo y agravó la tragedia. “Ellos como que se pusieron a cocinar y tenían la ventana tapada, por lo que el humo salía por debajo de la puerta. Fue entonces cuando tuvieron que dañar las cerraduras para poder entrar”, relató.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí acudió al lugar tras la alerta recibida en la línea 123 y, luego de controlar las llamas, verificó que ya no existían riesgos de que el fuego se reavivara.

Las autoridades confirmaron que la hija menor de la pareja no se encontraba en la vivienda al momento del accidente.

Este suceso reactivó el llamado de los organismos de socorro a no abandonar fogones encendidos y a garantizar la ventilación durante la preparación de alimentos. La tragedia destaca la importancia de mantener medidas de prevención para evitar emergencias similares que pueden tener consecuencias fatales.

Voraz incendio obligó a evacuar planta de producción de gaseosas

Un incendio de gran magnitud en la planta de Postobón en Malambo obligó a que todos los trabajadores abandonaran las instalaciones durante la tarde del 5 de febrero de 2026.

La emergencia generó alarma tanto entre los empleados como en la comunidad circundante, desencadenando una respuesta coordinada de diferentes organismos de socorro.

La rápida propagación del fuego se atribuyó a la presencia de materiales inflamables en la bodega industrial, según informaron las autoridades locales. El personal de vigilancia fue quien detectó inicialmente el foco del incendio y, tras lanzar la alerta, facilitó la intervención temprana de los cuerpos de bomberos. De este modo, se buscó evitar que la situación derivara en una tragedia de mayor escala.

Las brigadas de Bomberos de Malambo, Barranquilla y Galapa respondieron de inmediato al llamado, enfrentando el desafío de controlar las llamas que consumieron parte importante de la infraestructura de la fábrica. Desde el primer momento, la prioridad fue salvaguardar la integridad física de los empleados y coordinar una evacuación total, siguiendo los protocolos de emergencia sin reportar personas heridas.

El alcance del incendio fue tal que, según confirmaron medios locales, se solicitó apoyo adicional a los organismos de socorro de Sabanagrande y Barranquilla. Estos refuerzos resultaron claves para evitar que el fuego se expandiera hacia otras empresas cercanas, mientras la población local seguía con preocupación el desarrollo de los hechos.

La magnitud del suceso provocó que algunos testigos grabaran videos con sus teléfonos móviles, los cuales circularon rápidamente en plataformas digitales. En estas imágenes se observa cómo las llamas consumieron una parte considerable de la planta, mientras los equipos de socorro trabajaban en la contención del fuego.

A pesar de la gravedad del incidente, los reportes oficiales destacaron que no hubo lesionados ni intoxicados por el humo. El origen exacto del incendio aún permanece bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a los materiales almacenados como principal factor en la propagación.

A partir del lunes 2 de febrero de 2026, Medellín y todo el área metropolitana implementan una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, medida que regirá durante el primer semestre del año y se extenderá hasta el 31 de julio.

El calendario, anunciado por el alcalde Federico Gutiérrez y detallado por el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión en los principales corredores viales de la ciudad.

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El esquema para el primer semestre de 2026 establece la siguiente rotación según el último dígito de la placa para carros y el primer dígito para motos de dos y cuatro tiempos:

• Lunes: 1 y 7
• Martes: 0 y 3
• Miércoles: 4 y 6
• Jueves: 5 y 9
• Viernes: 2 y 8

La restricción estará vigente de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y aplica para vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, así como para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores. El objetivo principal es organizar el flujo vehicular, disminuir los tiempos de desplazamiento y contribuir a la calidad del aire.

El incumplimiento de la norma, entre el 2 y el 6 de febrero, tendrá únicamente sanción pedagógica para vehículos particulares y motocicletas, ofreciendo un periodo de adaptación. A partir del 9 de febrero, que infrinjan la restricción serán sancionados con un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (aproximadamente $999.990 en 2026), e incluso podrían enfrentar la inmovilización del vehículo.

Algunas vías estratégicas están exentas de la restricción, entre ellas:

• La avenida Regional y la autopista Sur (en jurisdicción de Medellín)
• La avenida Las Palmas
• La avenida 33 entre la autopista Sur
• La avenida Las Palmas
• La calle 10 entre el eje del río y la Terminal del Sur
• Los laterales de la quebrada La Iguaná entre carreras 63 y 80.
• También se exceptúan la calzada norte del puente Horacio Toro y los corregimientos urbanos de Medellín.
• No obstante, la avenida Regional y la autopista Sur en Itagüí y Bello no están exentas, ya que dichas administraciones municipales han tomado decisiones autónomas al respecto.

Para garantizar la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen rutas exentas específicas, como la carrera 64A y diversas conexiones viales entre la autopista Sur, la avenida Regional y la calle 78. Estas disposiciones buscan facilitar la movilidad de los usuarios del transporte intermunicipal y el acceso a puntos clave de la ciudad.

En cuanto a excepciones, quedan fuera de la restricción los vehículos eléctricos de cero emisiones, los impulsados a gas y los híbridos registrados en el Runt. Para la alcaldía, la medida fomenta el uso de tecnologías limpias y alternativas, en línea con las políticas de movilidad sostenible de Medellín.

El Pico y placa para taxis mantiene la metodología de rotación quincenal, variando el día de la semana cada mes y considerando solo días hábiles. Para el primer semestre de 2026, el horario de restricción para taxis será de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., aplicando al último número de la placa. El cronograma mensual de días restringidos puede consultarse en la página oficial del municipio.

La Secretaría de Movilidad recordó que el objetivo de estas restricciones es mejorar los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida en la ciudad, además de contribuir a la gestión ambiental y la reducción de emisiones.

Finalmente, la administración invita a los ciudadanos a consultar el calendario completo, las vías exentas y las excepciones específicas a través del portal www.medellin.gov.co, donde también podrán resolver dudas sobre la vigencia y aplicación de la medida.

La reciente detención de dos presuntos líderes criminales conocidos como “El Grillo” y “Tik Toker” en el municipio de Itagüí expuso una trama de instrumentalización de menores que involucra a sus propios hijos en actividades ilícitas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación señalaron que ambos formaban parte del Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gdco) Calatrava, con operaciones en la comuna 4 y zonas rurales del municipio.

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La acción policial, realizada en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Alcaldía de Itagüí, culminó en la captura de ambos individuos bajo cargos de tráfico agravado de estupefacientes y utilización de menores en la comisión de delitos.

Voceros oficiales indicaron que los capturados coordinaban la distribución de drogas y que sus propios hijos fueron incorporados a la estructura criminal. La hija de “El Grillo”, menor de edad, habría sido víctima directa, mientras que el hijo de “Tik Toker” ya había sido capturado meses atrás con grandes cantidades de sustancias ilícitas durante un allanamiento.

Las investigaciones permitieron establecer que los líderes del grupo utilizaban a menores para transportar cocaína, engañándolos sobre la naturaleza de la carga y exponiéndolos a entornos delictivos. Esta práctica, según las autoridades, constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de niños y adolescentes.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, destacó que la denuncia de un familiar de la menor impulsó el operativo. “Uno de los familiares de la menor instrumentalizada por su padre, alias ‘el grillo’, pone en conocimiento de la Secretaría de Seguridad esta situación y de ahí iniciamos toda la labor investigativa con la Policía para judicializar a estos delincuentes (sic)”, señaló el funcionario.

Además, el secretario aseguró que este tipo de operativos conjuntos han permitido que el municipio se mantenga con los índices de delincuencia bajos, pese a la insistencia de los grupos por reorganizarse.

“Hoy todas las bandas delincuenciales están en su mínima expresión gracias a un trabajo articulado entre Alcaldía, comunidad, fuerza pública y las autoridades de justicia. Somos una ciudad segura y no dejaremos que vuelvan los bandidos”, señaló Otálvaro.

Según los registros judiciales, los dos capturados presentan antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y constreñimiento ilegal, entre otros.

La Alcaldía de Itagüí recordó que mantiene una recompensa de hasta 13 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Juanca, que tras la muerte de alias Piña, asumió el liderazgo de la banda con presencia en sectores como El Guayabo, El Ajizal, El Porvenir, San Pablo y La Hortencia.

Destruyen más de 10.000 armas en Itagüí

La destrucción de más de 10.000 armas en el municipio de Itagüí se convirtió en un hito en la lucha por la convivencia y la seguridad. La jornada, realizada en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (Cami), no solo eliminó armas cortopunzantes, de fogueo y traumáticas, sino que sentó las bases para un mensaje de transformación: los restos de estas armas serán convertidos por un artista local en una escultura, símbolo de paz y respeto por la vida.

Durante 2025, Itagüí registró la cifra más baja de homicidios en su historia reciente, con solo 11 casos. Esta reducción del 27% frente al año anterior se reflejó en una tasa de 3,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que se encuentra muy por debajo del promedio nacional, situado en 25,5.

Sin embargo, detrás de esta mejora estadística emergió una preocupación: el 64% de las muertes violentas en 2025 estuvieron relacionadas con hechos de intolerancia, según datos de la Policía Nacional. Siete de las 11 víctimas perdieron la vida en conflictos que pudieron haberse evitado.

Frente a este desafío, la Secretaría de Seguridad lanzó la campaña “No hace parte de tu pinta”. Esta iniciativa recorrió colegios, parques y comercios, y buscó concienciar sobre la importancia de evitar la tenencia de armas cortopunzantes, así como promover la resolución pacífica de conflictos y la sana convivencia.

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, reconoció la gravedad de la crisis de movilidad que afecta a San Antonio de Prado e Itagüí tras el cierre total del puente La Limona, como consecuencia de una falla estructural originada durante una jornada de intensas lluvias que azotó la región la tarde del jueves 15 de enero.

El mandatario, en un mensaje emitido desde su cuenta de X, aseguró: “Sé que es una situación crítica y molesta para nuestra gente. Lo entiendo y comprendo las molestias que esto genera.”

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El colapso de este puente, uno de los dos accesos principales al corregimiento de San Antonio de Prado, se produjo cuando las precipitaciones de los últimos días provocaron una socavación en las fundaciones del lado de Itagüí.

Según explicó Gutiérrez, “se presentan una difícil situación de movilidad para nuestra comunidad de San Antonio de Prado y la comunidad de Itagüí, debido a una socavación que se presentó en las fundaciones del puente La Limona, del lado de Itagüí”.

El incidente obligó a las autoridades locales a cerrar completamente el paso, con el objetivo de proteger la integridad de los habitantes.

Emergencia tras las lluvias y cierre total del puente en Itagüí

El caos en la movilidad se desató la tarde del jueves, cuando uno de los tubos que soportan la estructura colapsó y se llevó consigo parte de la loza del puente.

Equipos de los principales organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y coordinar las acciones necesarias.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín y de Itagüí se adoptó la decisión de cerrar el acceso como medida preventiva.

A raíz de esta contingencia, “hoy la única opción de entrada y salida a San Antonio de Prado es la vía nueva por Ditaires”, informó el alcalde en su publicación.

La afectación se sintió de inmediato entre los residentes de ambas comunidades, quienes dependen de este puente para sus desplazamientos cotidianos.

El tránsito vehicular y peatonal quedó restringido, generando largas filas y demoras en los accesos alternativos, mientras las autoridades pedían paciencia y comprensión a la ciudadanía.

Obras previas y contexto del proyecto vial: qué más señaló “Fico” Gutiérrez

En su mensaje, Federico Gutiérrez aclaró que la emergencia es independiente del proyecto vial anunciado meses atrás para mejorar la conectividad en la zona.

“Justo para ese punto crítico de movilidad fue que hace unos meses anunciamos una obra vial por valor de 12,5 millones de dólares (48 mil millones de pesos colombianos). Hay que aclarar que no existía la contingencia que hoy se presenta por falla estructural del puente. Son dos temas aislados”, explicó el mandatario local.

De acuerdo con el alcalde, las obras diseñadas que incluyen la construcción de un viaducto sobre la quebrada La Limona y la ampliación vial, buscan aumentar la capacidad vehicular, pero no estaban pensadas para responder a un colapso estructural como el que se presentó.

El proyecto, financiado conjuntamente por Medellín, Itagüí y el Área Metropolitana, ya fue adjudicado y cuenta con acta de inicio desde el 30 de diciembre de 2025.

“Están en actividades preliminares y ya se comenzará con las obras. La obra debe tener una duración de 20 meses”, precisó el alcalde.

Gutiérrez recalcó que el plan original preveía la ejecución de los trabajos sin la necesidad de cerrar totalmente la vía, pero la contingencia obligó a modificar este esquema: “La obra se iba a realizar sin necesidad del cierre total de la vía. Ya estamos trabajando en una solución que nos permita un paso provisional”.

Acciones y coordinación ante la emergencia en el puente de La Limona, en Itagüí

El alcalde de Medellín añadió en su mensaje que, ante la magnitud del problema, las autoridades municipales y metropolitanas han movilizado todos sus recursos para atender la crisis.

“En este momento estamos reunidos en PMU con los equipos buscando soluciones. Informaremos decisiones durante el día. Estoy al frente de la situación”, agregó Gutiérrez.

Mientras tanto, la única vía habilitada para el ingreso y salida de San Antonio de Prado sigue siendo la alternativa por Ditaires.

El caso se registró en una vivienda del barrio El Porvenir, donde el animal permanecía amarrado en un balcón sin resguardo, expuesto tanto a las inclemencias del clima como a reiterados episodios de maltrato, incluso por parte de niños, según se observa en videos que circularon en redes sociales.

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La situación fue alertada por vecinos que intentaron intervenir en repetidas ocasiones. Los residentes reportaron que, pese a los llamados a la Policía Nacional, la atención inicial fue remitida a la Secretaría de Medio Ambiente local.

La presión aumentó cuando la denuncia se viralizó y se difundió material audiovisual que evidenciaba los golpes propinados al animal mientras permanecía inmovilizado, lo que provocó una ola de indignación en la comunidad.

El rescate y la atención de la perrita

La intervención de la Policía y la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí permitió extraer a la canina, llamada Princesa, de la vivienda donde sufría los maltratos. Andrés Mauricio Bedoya Montoya, secretario de Medio Ambiente del municipio, explicó que el animal fue trasladado de inmediato para recibir valoración de expertos.

De acuerdo con el funcionario, “hoy se le están brindando todos los cuidados médico-veterinarios y albergue para garantizar su vida e integridad”.

El examen veterinario determinó que la perrita no presentaba lesiones graves que comprometieran su estado físico general, aunque sí manifestaba signos de nerviosismo y estrés, consecuencia de la violencia sufrida.

Bedoya subrayó que el caso constituye un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de conductas y proteger a los animales como seres sintientes, pues el maltrato puede implicar tanto sanciones económicas como penas de prisión.

El papel de la comunidad y las redes sociales

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran cómo, pese a los intentos de algunos vecinos por detener las agresiones, los habitantes de la vivienda, incluidos menores de edad, continuaban golpeando a la cachorra.

La presión social y la masificación de las pruebas gráficas obligaron a una intervención inmediata de las autoridades competentes. El caso fue ampliamente comentado en la región y provocó cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante denuncias de maltrato animal.

Vecinos del sector aseguraron que la perrita permanecía atada día y noche, expuesta al sol y a la lluvia, lo que constituye una forma de negligencia. Testigos relataron que, en varias oportunidades, la comunidad solicitó la presencia de la Policía para atender el caso, pero la respuesta inicial fue que la situación debía ser asumida por la dependencia de Bienestar Animal.

Este hecho generó molestia entre los denunciantes y resaltó la importancia de la participación ciudadana en la defensa de los animales.

Consecuencias legales y procesos en curso

El secretario de Medio Ambiente de Itagüí recordó que el maltrato animal en Colombia está tipificado como delito y puede derivar en sanciones tanto administrativas como penales.

Actualmente, la perrita se encuentra recuperándose de las lesiones físicas y del trauma psicológico ocasionados por las agresiones. Las autoridades iniciaron un proceso sancionatorio contra la familia involucrada, con el objetivo de determinar las responsabilidades y aplicar la legislación vigente.

Este caso ocurre en un contexto regional donde se han reportado otros hechos de violencia contra animales. En el municipio de Amagá, por ejemplo, un hombre fue capturado tras asesinar a un perro bajo argumentos supersticiosos, mientras avanza su proceso de judicialización.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia oportuna y en el cumplimiento de la normativa vigente para proteger la vida y la integridad de los animales en Antioquia y en todo el país.

En el momento de la tragedia, la comunidad reaccionó de inmediato, debido a que varios jóvenes se aproximaron hacia el lugar de la tragedia con extintores y lograron evitar que las personas que se encontraban allí resultaran lesionadas.

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El incendio fue controlado finalmente con la intervención de los bomberos, que aseguraron la zona y extinguieron por completo las llamas mientras aseguraron que la comunidad estuviera aislada de la tragedia.

Pese al balance positivo con la ciudadanía, los reportes de los organismos de socorro indican que se registraron daños materiales leves en el edificio, especialmente en la infraestructura del salón social por lo que sufrió afectaciones menores, sin víctimas entre los vecinos.

Según las primeras informaciones, el globo habría sido lanzado desde el sector de Guayabal y, tras recorrer una distancia no determinada, cayó sobre la unidad residencial. El contacto del material inflamable del globo con la superficie del techo inició el fuego, desatando el pánico entre la comunidad.

Cabe mencionar que elevar globos con pólvora es una tradición presente desde hace años en celebraciones populares de Antioquia. Sin embargo, estos artefactos se han convertido en un peligro tanto en zonas urbanas como rurales. Y es que su recorrido impredecible puede derivar en incendios al aterrizar sobre viviendas, áreas verdes o infraestructuras comunitarias.

Frente a estos riesgos, existen alternativas como los globos solares, que se elevan usando aire caliente y energía solar, sin necesidad de combustión. Al no utilizar pólvora y materiales inflamables, disminuyen el peligro de incendios, aunque expertos advierten que su uso debe ser moderado para evitar posibles impactos ambientales.

Las autoridades municipales insisten en que la fabricación y el lanzamiento de globos con pólvora representa una amenaza para la seguridad de las personas, los hogares y el entorno, reiterando el llamado a adoptar prácticas festivas más responsables y seguras.

Otro caso similar en la celebración de Año Nuevo

Al menos 45 unidades de bomberos tuvieron que combatir desde el 31 de diciembre de 2025 un incendio forestal en el cerro Quitasol, en Bello, que superó las 24 horas activo y se habría originado por un globo de mecha lanzado durante celebraciones navideñas.

En el operativo se contó con la presencia de soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, equipos de rescate de Ponalsar y la Defensa Civil Bellanita, que trabajaron por evitar que el fuego alcanzara áreas urbanas tras la reactivación de puntos calientes en la madrugada del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con Jhon Alexander Osorio, secretario de Gestión de Bello, citado por Noticias Caracol, se realizaron 40 descargas de bambi bucket, pero las condiciones climáticas causaron dificultades en las labores y el incendio se extendió por más tiempo del previsto por los uniformados.

Cabe mencionar que otras dos emergencias se registraron en Copacabana y en San Sebastián de Palmitas. En la urbanización Luna Lunera, bomberos trabajaron durante toda la noche del cierre de año después de que vecinos alertaran sobre un incendio que amenazaba varias viviendas, aunque no se reportaron personas lesionadas.

La última conflagración fue controlada rápidamente en zona boscosa cercana al corregimiento de San Sebastián de Palmitas, aunque está bajo investigación para determinar si fue causada por pólvora como en los casos mencionados.

El Juzgado 16 Administrativo Oral de Medellín admitió una demanda colectiva promovida por conductores y propietarios de taxis matriculados en Medellín, quienes señalan a la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, la Nación-Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte de incurrir en inoperancia, omisión y negligencia en el cumplimiento de normas de control y sanción frente al transporte informal.

El auto delimita el grupo demandante a quienes consideren que las entidades les han causado perjuicios por no aplicar las normas de control y sanción sobre vehículos particulares (carros y motos) no homologados que prestan servicios de transporte individual a través de plataformas.

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En el texto oficial, conocido por Infobae Colombia, se consigna que estos transportadores se consideran afectados por la falta de cancelación de matrículas a vehículos particulares no autorizados, la ausencia de imposición de multas y la falta de inmovilización de autos que ofrecen servicios de pasajeros por plataformas tecnológicas.

El documento describe que “se tendrá a los conductores o propietarios de vehículos tipo taxi matriculados en el Distrito Especial de Medellín, que estimen que las entidades accionadas les han causado perjuicios por inoperancia, omisión o negligencia en el cumplimiento y aplicación de las normas de transporte en materia de control y sancionatorias, respecto a los vehículos particulares no homologados para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, a través de plataformas y aplicaciones foráneas”.

El abogado Patricio Gaviria, vocero del movimiento judicial a nivel nacional, precisó que “a nivel nacional, hemos venido recorriendo todo el país, organizando el gremio del taxi para adelantar las demandas contra el Estado, al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, a las alcaldías, a los municipios y su Secretaría de Movilidad por no aplicar las normas sancionatorias del transporte, específicamente la ley ciento cinco de 1993 y la ley tres treinta y seis de 1996”.

El jurista destacó que el artículo 9 de la Ley 105 de 1993 establece sanciones que van desde la cancelación de matrículas hasta la imposición de multas para quienes prestan servicios sin habilitación.

También añadió a su intervención que la Ley 336 de 1996 enfatiza que sus artículos 46 y 49 permiten sanciones de hasta setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la cancelación definitiva de matrículas a los vehículos no homologados para servicio de pasajeros.

“Estamos demandando porque las autoridades no aplican esa multa, ni cancelan las matrículas y tampoco inmovilizan los vehículos hasta por noventa días”.

El vocero explicó que la demanda involucra indemnizaciones para los afectados en su patrimonio, inversión y empleo, una cuenta que se hizo por persona y en grupo para entender la afectación, que no es actual sino que lleva ya varios años con la llegada de Uber, Didi, Indriver y otras plataformas extranjeras que cobran tarifas inferiores que no se pueden igualar por los taxistas que trabajan con precios acordados desde las instituciones públicas.

“Estamos solicitando que a los conductores y a los propietarios de los vehículos que han venido perdiendo su patrimonio, su inversión y su trabajo, se les indemnice por parte del Ministerio de Transporte, por parte de la Superintendencia de Transporte y por cada uno de los municipios, una suma considerable, que en estos momentos está al orden de unos cincuenta, sesenta millones de pesos aproximadamente. Pero que cada día que pasa o cada mes o año que pasa, se va incrementando el monto de la indemnización para cada uno de los conductores y propietarios”.

Según Gaviria, este proceso se suma a otras acciones legales en ciudades como Bogotá, Ibagué, Florencia, Montería, Bello, Itagüí y Envigado, y se prepara la radicación de demandas en nuevas jurisdicciones del país.

El abogado atribuye la crisis del sector a la falta de aplicación de los controles por parte de las autoridades, afirmando: “Los alcaldes, los ministros, las autoridades de transportes, secretarios de movilidad, han sido ciegos, sordos, mudos con el gremio del taxi”.

Sostiene que el servicio legal de taxis enfrenta una reducción drástica de usuarios frente al crecimiento del transporte alternativo: “Hoy en día, de un cien por ciento, el noventa y dos punto cinco está usando el transporte particular de pasajeros en motos y carros intermediados por plataformas, y el taxi solamente el siete por ciento”.

El abogado señaló la ausencia de pólizas de seguro y coberturas en el transporte informal: “El transporte particular, motocicletas y carros, no tienen amparos para prestar ese servicio con pólizas de seguridad en las vías”.

Según Gaviria, “la plata se la están llevando las plataformas transnacionales para el exterior y nos están dejando la huerta de los heridos”. El apoderado de los taxistas relacionó esta afirmación con el aumento anual de fallecidos y lesionados en las vías del país, en muchos casos vinculados a vehículos que no cuentan con pólizas de seguridad, a diferencia del transporte individual de pasajeros.

Desde el gremio indicaron que han recurrido a protestas y acciones administrativas antes de llegar a la vía judicial. “Hemos hecho movilizaciones, paros, protestas, derechos de petición, pliego de peticiones y las autoridades se hacen las desentendidas sobre la materia, y por eso lo estamos denunciando disciplinaria, penalmente, y estamos demandándolos ante los jueces contenciosos para que reparen los daños y perjuicios que le han causado al gremio del taxi, porque están perdiendo la inversión en el empleo de los taxistas, los conductores y los propietarios y las empresas están desapareciendo”.

La demanda en Medellín será tramitada por la vía de reparación de grupo, con el objeto de determinar la responsabilidad de las autoridades y el Ministerio de Transporte en los presuntos daños causados al gremio de taxistas afectados por la falta de control frente al transporte de pasajeros en vehículos no homologados que operan por plataformas digitales.

El sistema carcelario es objeto de polémica tras la fuga de dos peligrosos delincuentes privados de la libertad en menos de 24 horas en distintas zonas del país: Bogotá, Itagüí.

Al respecto, el ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga, entregó detalles de las circunstancias que rodearon estas fugas y las acciones al respecto para evitar futuros casos.

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Durante la entrevista, Andrés Idárraga señaló: “Efectivamente, el Ministerio de Justicia está muy preocupado por esta situación que no se puede seguir normalizando. En lo corrido de estos últimos cuatro años, llevamos en total cuarenta y cuatro personas que han salido de las cárceles de manera irregular, fugadas a través de distintas modalidades. Las más recientes, como ya comentaron, el cambiazo que sucedió en La Picota y una persona que se fue por una cuerda en la cárcel de Itagüí”.

El ministro atribuyó parte de la problemática a “situaciones rudimentarias” en materia de verificación de identidad y controles de acceso, que, según sus palabras, “son bastante rudimentarias, arcaicas para poder controlar, hacer la seguridad de las personas privadas de la libertad”.

Específicamente, reportó 10 hechos en cuatro años donde se han roto barrotes, cinco más implicando escalada de muros y antecedentes del “cambiazo” registrados en el pasado.

Para responder a los hechos recientes, Idárraga anunció tres medidas prioritarias. En primer lugar, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera iniciar una investigación para determinar si existieron transacciones sospechosas entre los fugados, sus familiares y funcionarios encargados de la seguridad penitenciaria, con el fin de descartar sobornos.

Además, mencionó que se busca actualizar los recursos tecnológicos a través de la Uspec para reemplazar los actuales sistemas de verificación mediante tinta, considerados desactualizados frente a la disponibilidad de equipos biométricos.

Finalmente, anunció que “una tercera fase que vamos a hacer a partir de la próxima semana, en coordinación con Ejército, con Policía, que tiene que ver con dos anillos de seguridad perimetral de las cárceles que más nos preocupan para poder contener no solamente ese tipo de situaciones que terminaron en fuga, también la entrada de celulares a las cárceles, que sigue siendo nuestra preocupación y que conlleva buena parte de las extorsiones del país”.

La cárceles con mayor riesgo de fugas, según ministro de Justicia (e)

El ministro enumeró los penales con mayores riesgos, entre ellos los de Valledupar, Caldas, Ibagué, Cómbita, y la Modelo en Bogotá, lugares que serán priorizados para la implementación de los nuevos controles y la rotación del personal de custodia.

Sobre el funcionamiento interno, Idárraga reconoció deudas históricas en materia de infraestructura y tecnología, enfatizando que “no es de ahora, hace quince días. Es que esto lleva en una crisis todo el tiempo”, y citó la falta de recursos debido a la caída de proyectos de ley de financiamiento en el Congreso.

En cuanto a la recaptura de los fugados, informó que “la Policía Nacional y todas sus agencias de investigación están muy concentradas en dar con el paradero para la recaptura de estas personas. No podemos descartar absolutamente nada. Confiamos en la presunción de inocencia y la buena fe de las personas que están cuidando a las personas privadas de la libertad, pero desafortunadamente no podemos descartar ningún tipo de situación que pueda conllevar la fuga de presos, entre otras cosas por un caso de corrupción”.

Sobre la persona que facilitó el “cambiazo” en La Picota, identificada como Alexander Marulanda Ríos, el ministro explicó que corresponderá a la Fiscalía determinar su grado de responsabilidad, indicando que “la fiscalía es la que tiene que establecer su responsabilidad, porque no puede ser un inocente que dijo: ‘No, yo no sabía que me cambiaron e iba para la celda, pero yo en realidad estaba de visita’. Eso lo tiene que determinar la fiscalía pronto”.

Al cierre de la conversación, Idárraga transmitió un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que la situación está siendo abordada con la mayor urgencia y que se desplegarán operativos para demostrar ante la opinión pública la eficacia de los nuevos esquemas de seguridad penitenciaria en los próximos días.

Los casos

En Itagüí, Dairo Arcadio Zapata Mazo, condenado a 35 años por delitos como extorsión y secuestro, escapó el 8 de diciembre de la Cárcel y Penitenciaría La Paz, un centro considerado de máxima seguridad.

Según el Inpec, utilizó sábanas para descender desde el pabellón dos, lo que ha generado sospechas sobre posible colaboración interna y fallas en los protocolos de seguridad. Las autoridades activaron los operativos de búsqueda y una investigación por presunta complicidad de funcionarios.

De otro lado, en Bogotá, Pedro David Nieves Mosquera, sentenciado a 28 años por secuestro extorsivo y hurto, escapó de la cárcel La Picota mediante la modalidad de “cambiazo”. El recluso intercambió su lugar con un visitante, Alexander Marulanda Ríos, que fue retenido y enfrenta cargos por suplantación y favorecimiento de fuga.

La rápida reacción de las autoridades, apoyada en el sistema de cámaras de seguridad y la coordinación entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Seguridad de Medellín y los operadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123, permitió recuperar el instrumento y devolverlo a la comunidad religiosa.

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El incidente comenzó cuando los visualizadores del sistema 123 detectaron a un individuo saliendo del templo con la organeta al hombro, según reportaron varios medios regionales.

Las cámaras de seguridad de Itagüí y Medellín captaron al sospechoso mientras recorría varias calles a pie antes de abordar un taxi estacionado cerca de un semáforo.

El trayecto del hombre fue monitoreado en tiempo real, lo que permitió a los operadores mantener su ubicación.

El general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó a Telemedellín que “desde la sala de monitoreo, los operadores detectaron el ingreso de un individuo al templo y observaron cómo retiró el instrumento musical para luego salir del lugar sin generar alarma. A partir de este primer registro, se inició un seguimiento continuo que permitió establecer la ruta del sujeto”.

El seguimiento detallado reveló que el sospechoso se dirigió en taxi hacia el centro de Medellín. Al descender, intentó vender la organeta en un reconocido centro comercial de tecnología, pero no logró concretar la transacción.

Posteriormente, se trasladó a un inquilinato en el sector de la plazuela Rojas Pinilla, donde guardó el instrumento en la habitación que había alquilado, según información de medios regionales como El Colombiano y Teleantioquia.

La articulación entre los operadores del 123, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín resultó clave para la recuperación del instrumento.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, destacó en Teleantioquia: “Cada uno de estos movimientos quedó registrado y permitió orientar a las patrullas con absoluta precisión, gracias a la coordinación permanente del sistema de cámaras del 123 y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá”.

Los uniformados llegaron al inquilinato, proporcionaron las características del individuo a los administradores y, entrada la noche, lograron capturarlo y recuperar la organeta. El sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde enfrentará cargos por hurto.

La organeta fue devuelta a la parroquia Nuestra Señora del Rosario por los mismos policías que participaron en el operativo. El instrumento fue recibido con alegría por la comunidad religiosa, que valoró la pronta respuesta de las autoridades. Villa subrayó en Teleantioquia que el éxito del operativo se debió a la coordinación de los sistemas de tecnología implementados en la ciudad y la labor de la Policía.

Envían a prisión a hombre por abuso sexual y robo a turista en Medellín

Un habitante de calle identificado como William Hurtado Palacios fue enviado a prisión tras aceptar los cargos de abuso sexual y hurto contra una turista canadiense de 24 años en el cerro El Volador de Medellín.

El ataque ocurrió el 16 de noviembre, cuando la víctima fue amenazada con un cuchillo, agredida sexualmente y despojada de su maletín con una suma significativa de dinero en pesos colombianos y dólares estadounidenses.

La medida de aseguramiento carcelaria fue impuesta luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que señalaban a Hurtado Palacios como un peligro para la sociedad.

El juez de control de garantías ordenó su reclusión mientras avanza el proceso judicial. La captura del agresor se realizó el 18 de noviembre en Itagüí, tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la declaración de la víctima. Hurtado Palacios fue reconocido como responsable tanto del delito sexual como del robo del bolso de la turista.

El uso desmedido de pólvora en el departamento de Antioquia continúa representando un reto para las autoridades, pues los habitantes de esta región siguen usando este tipo de artefactos sin precaución alguna.

Una de las zonas en la que más casos de quemados se han presentado es el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, lo que provocó una grave lesión a una ciudadana. Se trata de una veedora de derechos humanos, que sufrió quemaduras en un brazo cuando un volador ingresó a su vivienda.

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De acuerdo con los reportes de los medios locales como Hora 13 Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde del martes 2 de diciembre de 2025 entre los sectores Los Velásquez y Villa Ventura, lo que desató una fuerte reacción de la comunidad ante la falta de respuesta de las autoridades ante el primer llamado que realizó la afectada.

La víctima relató al medio local que, minutos antes del accidente, intentó comunicarse con la línea de monitoreo de la Policía Nacional para denunciar el uso excesivo e irresponsable de pólvora en el sector. Su llamado, según su denuncia, no fue atendido.

La situación que buscaba prevenir terminó en tragedia poco después, debido a que un artefacto pirotécnico que fue lanzado desde la calle atravesó el balcón de su apartamento y la alcanzó, causándole lesiones de consideración.

El reporte indica que la mujer, que ahora requiere atención médica especializada por las quemaduras sufridas, se ha convertido en portavoz de la indignación de los habitantes de Itagüí.

Y es que tanto ella como la comunidad hicieron un llamado para que las autoridades tengan un control más estricto y urgente, así como mayores sanciones por parte de la Policía, la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, con el fin de evitar que episodios similares o que terminen en fatalidad se repitan durante las celebraciones de fin de año.

El caso se convirtió en ejemplo de la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al uso irresponsable de la pólvora y la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.

Quemados en Antioquia

El inicio de diciembre en Antioquia estuvo marcado por un preocupante incremento en los casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, especialmente en el área metropolitana de Medellín. Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud Departamental, en los primeros 3 días del mes se registraron 5 nuevos casos de quemaduras en el Valle de Aburrá, lo que eleva la cifra total a 29 personas afectadas en todo el departamento.

El informe detalla que entre los lesionados se encuentran 3 hombres, de 26, 23 y 35 años, que sufrieron quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo como mano, tronco y miembro superior, tras exponerse a luces de bengala y voladores, como observadores.

Además, se reportó un adulto de 24 años con quemaduras de segundo grado en el miembro inferior por manipulación directa de pólvora, y un adolescente de 14 años que sufrió la amputación de varios dedos de la mano por la misma causa.

La Gobernación de Antioquia confirmó que la cifra de lesionados por pólvora en lo que va de diciembre coincide exactamente con la registrada en el mismo periodo de 2024, sin que se observe variación alguna. El boletín número cinco reiteró la ubicación de los casos:

• 20 personas quemadas en Medellín.
• 2 en Nechí.
• 2 en Bello.
• Mientras que en Envigado, Itagüí, Caucasia, El Bagre y Cáceres se reporta un caso en cada municipio.
• Además, se indicó que de los 29 afectados, 4 son menores de edad y 2 han sufrido amputaciones de miembro superior.

El asesinato de Jean Claude Bossard durante un intento de hurto ocurrido la tarde del 2 de diciembre de 2025 en el norte de Bogotá conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a la reincidencia delincuencial en la capital.

El ataque se registró hacia la 1:30 p. m. en la avenida 19 con calle 108, cuando la víctima, un joven de 29 años y estudiante de noveno semestre, fue abordado por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Según informó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los responsables interceptaron a Bossard mientras caminaba portando su teléfono móvil y lo intimidaron exigiendo sus pertenencias.

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La situación escaló cuando la víctima se resistió al asalto. Los delincuentes reaccionaron disparándole en dos oportunidades y lo dejaron tendido sobre la vía. Alertada por el suceso, una patrulla de la Policía que se encontraba en la zona enfrentó a los agresores en un intercambio de disparos. En ese operativo, uno de los atacantes resultó abatido y el otro, un adolescente de 16 años con una herida en el brazo, fue aprehendido. El arma de fuego empleada en el crimen y la motocicleta utilizada en el acto fueron incautadas por las autoridades.

El vehículo involucrado en el homicidio, de placa ZSO96E, se halla en el foco de las investigaciones no solo por su posible vinculación con otros delitos, también por el voluminoso historial de infracciones que arrastra según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

De acuerdo con datos suministrados por la plataforma, consultados por Infobae Colombia, la motocicleta suma $5.047.096 en multas acumuladas entre 2023 y 2025, principalmente impuestas en el municipio de Itagüí y en Medellín. Aunque existe la hipótesis de que el vehículo esté matriculado en Antioquia, los registros exactos de propiedad exigen el cruce de la información con el número de cédula del titular en el Runt.

El análisis del historial evidencia que las infracciones fueron asignadas a dos personas distintas en el periodo reseñado. El listado revela:

• El 8 de agosto de 2023, en Itagüí, una multa D02 por “conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ordenado por la Ley”, con un valor de $1.275.543.
• En esa misma fecha, también en Itagüí, fue impuesta una infracción C35 de $637.772 por no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal, o tener el vehículo en condiciones deficientes.
• El 23 de agosto de 2023, se repitieron ambas infracciones (D02 y C35), nuevamente en Itagüí, por valores individuales de $1.275.543 y $637.772.
• Una quinta multa, fechada el 5 de octubre de 2023 en Medellín, corresponde a la infracción C14, por transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos, y conlleva la inmovilización, por $616.412.
• Finalmente, el 1 de septiembre de 2025, la autoridad de tránsito de Medellín sancionó al mismo vehículo con otra multa C14 de $604.054.

Estos historiales confirman que la motocicleta estuvo sistemáticamente involucrada en infracciones graves y recurrentes, incluyendo la circulación sin Soat vigente y la omisión de revisión técnico-mecánica, lo que implica riesgos severos para la seguridad vial y la prevención del delito.

El caso provocó reacciones de líderes locales, entre ellos Carlos Fernando Galán, que lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard y subrayó la necesidad de endurecer las estrategias de prevención del crimen. Galán señaló que, semanas atrás, por denuncias ciudadanas, se alertó a la Policía sobre la presencia de una motocicleta naranja sospechosa en esta zona.

Esa misma motocicleta estuvo implicada en un enfrentamiento con las autoridades el 10 de noviembre, motivando operaciones especiales y refuerzo de la vigilancia. Pese a las acciones adelantadas, no fue posible evitar el crimen, lo que llevó a reforzar el llamado a priorizar la captura de responsables en hechos de homicidios relacionados con hurtos.

La Policía Metropolitana aseguró que el sector había sido priorizado para evitar delitos similares y que los autores del ataque ya estaban en el radar de la institución, tras incidentes previos que incluyeron también el uso de la motocicleta involucrada. La rápida reacción permitió la captura de los responsables del asesinato, pero el hecho evidencia las dificultades para controlar la reincidencia delincuencial y el uso de vehículos con historial de multas como instrumentos para cometer delitos en la ciudad.

Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar reforzando los operativos de vigilancia y exhortaron a los ciudadanos a reportar cualquier sospecha, con el objetivo de evitar que hechos como el asesinato de Jean Claude Bossard continúen ocurriendo en Bogotá.

El Ministerio del Interior de Colombia solicitó sanciones ejemplares por las agresiones cometidas por hinchas de Atlético Nacional contra presuntos simpatizantes de Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano de Itagüí, Antioquia.

Varios videos que circularon en redes sociales mostraron la brutalidad con la que los seguidores del equipo antioqueño golpearon a personas señaladas de pertenecer a la hinchada rival, un episodio que derivó en alarma tanto en el entorno del fútbol colombiano como en el Gobierno nacional.

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Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, expresó a través de su cuenta oficial de X la preocupación de la cartera: “Vemos con profunda preocupación la forma en que reiterativamente se acude a la violencia en los momentos previos a los partidos del club @nacionaloficial por parte de sus hinchas”, expuso el funcionario.

Los hechos en el estadio de Itagüí y la respuesta gubernamental

El incidente ocurrió durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, cuando supuestos hinchas visitantes fueron identificados y golpeados por aficionados locales.

Al menos dos personas fueron alcanzadas y arrojadas desde la tribuna, tras la revisión de su identidad y la comprobación de su procedencia ajena a Antioquia o ausencia de elementos alusivos a Nacional. Este episodio se produjo a pesar de que las autoridades no habían autorizado el ingreso de barras ni de públicos visitantes para ese partido.

El Ministerio del Interior enfatizó la necesidad de establecer rutas de diálogo y prevención entre las autoridades locales y las directivas de Atlético Nacional. “Desde el Ministerio se pidió emitir sanciones ejemplares para quienes aparecen en los videos golpeando de manera brutal a varias personas, presuntamente hinchas del Junior de Barranquilla”, precisó Rondón.

Es de mencionar que, incluso antes del partido, ya se había registrado una agresión al autobús del equipo visitante,que evidencia una escalada de violencia preocupante.

Acciones y medidas adoptadas tras los hechos de violencia

En respuesta a estos sucesos, el viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos solicitó a la Alcaldía de Medellín la realización con carácter urgente de la sesión semanal de la Comisión Local de Fútbol, instancia en la que se abordará el tema a pesar de que los hechos ocurrieron en Itagüí.

“La gravedad de lo sucedido amerita un análisis conjunto de las autoridades municipales y deportivas”, puntualizó el viceministerio. Las autoridades buscan reforzar los controles en los estadios, mediante la restricción de ingreso a barras visitantes y el fortalecimiento de la logística y seguridad, coincidiendo con lo dispuesto para el próximo encuentro entre Junior y Atlético Nacional en Barranquilla.

Preparativos y medidas de seguridad para el partido en Barranquilla

De cara al partido de vuelta entre Junior y Atlético Nacional, agendado para el domingo 30 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, las autoridades locales y distritales han tomado una serie de precauciones extraordinarias.

No se permitirá el ingreso de barras visitantes ni de hinchas visitantes, en línea con lo establecido en los recientes compromisos del equipo tiburón en su estadio.

El dispositivo de seguridad incluirá la presencia de 950 policías y 140 cámaras de vigilancia en el escenario y sus inmediaciones. Adicionalmente, la venta y consumo de bebidas estará restringida a puntos autorizados, y quedará prohibido el acceso al estadio con botellas de vidrio, armas de fuego, objetos contundentes, correas con hebillas, alimentos, bebidas o bolsos de gran tamaño. Tampoco ingresarán personas bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

El secretario de Gobierno de Barranquilla, Ángelo Cianci, reiteró la importancia de llegar temprano y acatar las directrices de organización: “Todos los asistentes deben mantener una actitud de respeto y buen comportamiento, siguiendo las indicaciones de la logística y garantizando que las salidas de emergencia estén siempre libres”, citó Blu Radio.

El contexto deportivo y logístico

Fuera del plano de seguridad, Atlético Nacional debió ajustar su logística de viaje a Barranquilla debido a inconvenientes con las aeronaves Airbus A320 reportados por la aerolínea. El club antioqueño logró completar su desplazamiento sin mayores contratiempos y estará listo para afrontar el compromiso con Junior.

En términos deportivos, Junior llega como líder del Grupo A en la Liga BetPlay 2025-2, después de una seguidilla de 10 partidos invicto ante el equipo paisa, acumulando seis victorias y cuatro empates.

El compromiso en Barranquilla, previsto para las 06:30 p. m. del domingo, cuenta con una logística reforzada para evitar nuevos episodios de violencia y propiciar un ambiente seguro para los aficionados.

El bus que transportaba al Junior de Barranquilla fue atacado con piedras a su llegada al estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, antes del partido clave ante Atlético Nacional por los cuadrangulares semifinales de la Liga-II.

El incidente provocó heridas leves en el asistente técnico Juan Manuel López, que sufrió ardor ocular debido a fragmentos de vidrio en los ojos.

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El hombre de confianza del director técnico, Alfredo Arias, fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del club, que logró curarlo en el lugar. El asistente se recuperó rápidamente y se encuentra en buenas condiciones tras el ataque.

Los agresores, identificados como vándalos que vestían camisetas de Atlético Nacional, lanzaron piedras contra el vehículo del Junior en el momento de su arribo al escenario deportivo antioqueño.

Este episodio se suma a otros hechos violentos que han afectado la seguridad de los equipos en el fútbol colombiano, especialmente en instancias decisivas del torneo.

A pesar del ataque, la delegación del Junior ingresó al estadio y mantuvo su enfoque en la preparación para el compromiso ante Nacional. El equipo barranquillero no modificó su itinerario y continuó con sus planes para disputar el partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales.

El encuentro frente a Atlético Nacional representa un desafío crucial para Junior, que busca mantenerse en la cima del Grupo A y avanzar hacia la final de la Liga-II. La importancia del partido y el contexto de los cuadrangulares generan presión y expectativa tanto para el plantel como para la afición.

La pronta recuperación de Juan Manuel López permitió que el cuerpo técnico del Junior estuviera completo y listo para afrontar este compromiso determinante en la fase semifinal del campeonato.

Casos de este tipo son comunes en Colombia

Frente a ello, es importante mencionar que en enero de 2025, cuando Millonarios se dirigía a un partido contra Unión Magdalena en Santa Marta, su bus fue atacado con piedras y bloques.

El arquero suplente Iván Arboleda resultó herido — sufrió golpes que demandaron atención médica — y otro miembro del club también resultó lesionado. La agresión motivó la suspensión del partido, y generó conmoción en el fútbol colombiano por el nivel de violencia.

Pocos meses después — en marzo de 2025 — otra agresión al bus de Millonarios tuvo lugar en Bogotá, esta vez camino al clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. Piedras impactaron los vidrios del vehículo y causaron daños visibles.

A pesar del ataque, el partido se terminó jugando. Jugadores del club denunciaron públicamente el hecho, mostrando fotos del bus con cristales rotos y cuestionando la seguridad en estos eventos.

En junio de 2025 se reportó otro ataque grave: el bus de Millonarios fue apedreado cuando llegaba al estadio estadio Atanasio Girardot en Medellín, de cara a un partido contra Atlético Nacional.

Para facilitar el ataque, los agresores utilizaron extintores para reducir la visibilidad del conductor, lo que obligó al bus a detenerse, y en ese momento lanzaron piedras. Por fortuna, en este caso no hubo heridos graves. Las autoridades identificaron al agresor y anunciaron que sería judicializado.

Pero no solo Millonarios ha sido víctima. En agosto de 2025, el bus del Atlético Nacional fue atacado con piedras y ladrillos cuando se dirigía al estadio del Cúcuta Deportivo en Cúcuta por un partido de la Copa BetPlay.

En este incidente, el delantero Alfredo Morelos resultó herido por esquirlas de vidrio, lo que generó protestas del club y una condena pública de la violencia en el fútbol.

Estos ataques constituyen una tendencia preocupante en el fútbol colombiano. Más allá del daño material, ponen en riesgo la integridad física de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, y afectan la normal realización de los partidos.

Atlético Nacional comenzó con el pie derecho su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, el 20 de noviembre de 2025, tras derrotar al América de Cali con gol de Matheus Uribe.

Justamente, después del triunfo en el “Coliseo de la 70″, el club confirmó a través de las redes sociales la sede en la que jugará el encuentro por la fecha 3 ante Junior de Barranquilla.

El cambio de estadio se debe a que el estadio Atanasio Girardot se usará para el concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre de 2025, lo que impide la disponibilidad del escenario deportivo en las fechas cercanas al evento.

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Ante este panorama, el “Rey de Copas” informó que el escenario en el que jugará es el estadio de Ditaires, situado en Itagüí.

El conjunto verdolaga ya utilizó Ditaires como local en los cuadrangulares de la Liga 2024-II, en un encuentro frente a Pasto que resultó determinante para su posterior clasificación a la final.

Por su lado, la postura de Junior, por las declaraciones del uruguayo Alfredo Arias, también influyó en la decisión, ya que el club barranquillero expresó su desacuerdo con la opción de Manizales o Bogotá.

Según el análisis de la dirigencia de Junior, Nacional obtendría una ventaja significativa al jugar en ciudades de altura, dado que el equipo antioqueño realiza sus entrenamientos en Guarne, ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Las reacciones tras el triunfo de Atlético Nacional

Después del triunfo de Atlético Nacional, el entrenador Diego Arias habló sobre la dificultad que representó jugar el partido ante la “Mechita” en el estadio Atanasio Girardot, ya que explicó que se vieron sorprendidos por su postura a nivel defensivo:

“Creo que el partido que se jugó hoy es totalmente diferente al que enfrentamos hace tres días en Cali contra el América. Cambiaron la estructura, algunos jugadores. Pensábamos que el partido se podía jugar de la forma como se dio en la mayor parte del juego, ellos defendiendo más bajos. No sabíamos la estructura con la que jugarían, nos dimos cuenta cuando confirmaron la nómina, pero fue el tipo de partido que nos imaginamos que se podía dar”

“En el primer tiempo creo que hicimos un muy buen juego, generamos situaciones claras para, para abrir el marcador. No alcanzamos a finalizarlas bien, pero fueron situaciones muy bien generadas. Incluso Titi tuvo un remate, Alfredo tuvo una situación, una o dos situaciones claras, acercamientos o aproximaciones con Marino, eh, y no logramos abrir el marcador en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo seguimos trabajando, el equipo sin desesperarse. Logramos el primer gol, que estamos en unas instancias donde es muy importante el primer partido para comenzar ganando, pero creo que el equipo hizo muchas cosas buenas y nos vamos muy contentos con el rendimiento", dijo.

Atlético Nacional gana y se consolida como el líder del cuadrangular A

El dominio de Atlético Nacional sobre el América de Cali se consolidó en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, donde el equipo verde se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Matheus Uribe. Este resultado, que se suma a la reciente eliminación del América en la Copa Colombia a manos del mismo rival, refuerza la superioridad de Nacional en los duelos directos más recientes entre ambos clubes.

El encuentro, disputado en el estadio Atanasio Girardot, se caracterizó por el control ejercido por Nacional desde el inicio hasta el final. El equipo local mantuvo la posesión del balón y administró el marcador con solvencia, sin permitir que el América encontrara espacios para igualar el resultado.

A medida que avanzaban los minutos, la presión de Nacional se tradujo en oportunidades, hasta que Matheus Uribe logró romper la paridad con un certero cabezazo en el área, tras recibir un centro preciso. Este tanto resultó decisivo y llegó en un momento clave del partido, inclinando la balanza a favor del conjunto verde.

A pesar de estos cambios, el América no logró generar una reacción efectiva ni encontrar soluciones en el campo para empatar el marcador. El partido perdió intensidad en los minutos finales, con un Nacional que optó por manejar el ritmo y esperar en su propio terreno, mientras el América no conseguía inquietar la portería rival. La administración del resultado por parte de Nacional fue evidente, manteniendo la posesión y controlando el desarrollo del juego.

En los últimos minutos del partido, el árbitro añadió cinco minutos de tiempo adicional, mientras que Jorge Soto fue amonestado por demorar un saque, reflejando la tensión y la estrategia de Nacional para asegurar la victoria. Con este triunfo, Atlético Nacional reafirma su condición de favorito en el cuadrangular A y deja al América de Cali en la obligación de buscar una pronta recuperación en la siguiente jornada.

Ahora América tendrá que recibir a Junior en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que Nacional jugará el clásico ante Independiente Medellín.

El detenido intentó evadir a la Policía al hacerse pasar por su hermano, pero la intervención tecnológica y la rápida reacción de los uniformados permitieron su identificación y arresto.

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La operación, que incluyó el uso de cámaras LPR para rastrear la moto sustraída, representa un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.

La captura se produjo tras una denuncia al 123 que alertó sobre el hurto de una motocicleta bajo la modalidad de halado.

A partir de esa llamada, la unidad de monitoreo del municipio activó el sistema de cámaras LPR, el cual permitió rastrear en tiempo real la placa del vehículo robado.

El seguimiento tecnológico facilitó que los patrulleros ubicaran el recorrido de la moto y organizaran un operativo de intercepción en el sector.

El operativo culminó en el punto conocido como La Curva de la Guitarra, donde los agentes interceptaron al sospechoso.

En el momento de la verificación, el hombre intentó engañar a los policías presentando el documento de identidad de su hermano. Sin embargo, la revisión de antecedentes y la confirmación biométrica permitieron establecer que se trataba de alias Chuki, que era buscado por las autoridades.

Alias Chuki tenía un requerimiento judicial vigente por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, hurto calificado, extorsión y constreñimiento para delinquir.

Además, las autoridades señalaron que el detenido había logrado escapar de un operativo realizado en agosto por el Gaula, en el que fueron capturados otros cuatro miembros del grupo el Ajizal: Giovani, Guache, Chandi y Verruga.

Tras la detención, alias Chuki fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez determinó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La motocicleta recuperada será devuelta a su propietario en las próximas horas.

La integración de tecnología, monitoreo y patrullaje fue determinante para este resultado, y las autoridades anunciaron que los operativos continuarán para debilitar las estructuras criminales en el Valle de Aburrá.

Grupo delincuencial el Ajizal ha sembrado el terror en Itagui desde hace meses

El Ajizal es una estructura delincuencial que tiene como uno de sus focos la vereda El Ajizal en Itagüí, aunque también extiende su presencia a otros barrios como San Pablo, La Hortensia, El Porvenir y Viviendas del Sur.

Se le atribuyen actividades criminales como extorsión, microtráfico de estupefacientes, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y amenazas a la comunidad.

A lo largo de los años, las autoridades han propinado varios golpes a la organización. Por ejemplo, en 2016 se arrestaron 31 personas pertenecientes al Ajizal durante una operación en su zona de influencia, con cargos que incluían concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de drogas.

En otro operativo de 2020, 16 presuntos miembros fueron capturados, entre ellos coordinadores con alias como “Jeremías”, “Pana” y “Mortis”.

Uno de los casos más resonantes recientes es la captura de alias Bigotes en julio de 2025, señalado como coordinador de zona. Las autoridades lo acusan de delitos severos: concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tortura y de usar menores de edad para cometer delitos.

También se han identificado nexos con otra estructura criminal llamada La Unión, lo que amplía el alcance del Ajizal.

Además, otro líder clave es Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, capturado por orden de extorsión. Se le imputa haber ordenado el incendio de una persona que se negó a pagar “vacunas” (extorsiones), así como otros cargos como intento de homicidio.

La Dimayor hace lo posible para que los cuadrangulares de la Liga BetPlay no tengan mucho traumatismo, empezando con el calendario porque las semifinales ahora terminarían entre el 6 y 7 de diciembre, una semana más tarde de lo planeado en el calendario de la temporada 2025.

Se le presentó un nuevo problema con la sede para el partido de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, debido a que no pueden usar el estadio Atanasio Girardot en los próximos días y el equipo verde contempla varias opciones, entre las que elegiría una que sorprendería a los aficionados del club.

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De otro lado, el técnico Alfredo Arias abrió polémica por ese cambio de escenario para el compromiso de los cuadrangulares, al hablar sobre supuestas ventajas deportivas por las condiciones climáticas en contra de los Tiburones, que vienen de superar al Medellín por 1-0 en la capital del Atlántico.

Posible sede para Nacional vs. Junior

El concierto de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot ya le pasó factura al fútbol colombiano, pues provocó que se trasladara uno de los compromisos más importantes de los cuadrangulares, con los verdes midiéndose ante los tiburones en la tercera jornada del grupo A.

Previamente, se rumoró que el partido Nacional vs. Junior se jugaría en Bogotá o Manizales, dos ciudades con una buena cantidad de público para los verdolagas y aprovechando la altura, que es una de las debilidades de los barranquilleros por jugar a nivel del mar.

Sin embargo, el periodista Juan David Londoño, del portal 365Score, mencionó que el cuadro del técnico Diego Arias no se trasladaría de Antioquia, eligiendo un escenario que normalmente es usado en la segunda división, que los verdes conocen bien y el único problema es la poca cantidad de espectadores que asistirían.

“En este momento el estadio de Ditaires en Itagüí, al sur occidente de Medellín, es el más probable para disputar el compromiso ante los rojiblancos. Atlético Nacional confía en cerrar las gestiones hoy para hacer el anuncio oficial desde la División Mayor del fútbol colombiano“, afirmó el comunicador en dicho medio.

Dicho escenario tiene una capacidad para más de 12.000 espectadores, solo cuenta con las tribunas occidental y norte, es la casa de Leones de Itagüí y en 2024 se usó para el duelo de Nacional vs. Pasto, en la fecha 5 de los cuadrangulares y acabó con triunfo de los verdolagas por 2-1.

“No tener ventajas extradeportivas”

El técnico Alfredo Arias, del Junior de Barranquilla, se refirió a la posibilidad de que Nacional juegue ante Junior en el estadio Palogrande de Manizales, donde este año ganó en dos ocasiones a Once Caldas, pero que no caería bien en los rojiblancos por el tema de la altura.

En rueda de prensa, el timonel uruguayo afirmó que sería una desventaja para el Tiburón por dicha cuestión climática y que el verde entrena en condiciones similares a las de la capital de Manizales: “Hay un principio en las definiciones de partidos que es el de no tener ventajas extradeportivas. Atlético Nacional tiene su sede en Medellín, nosotros queremos jugar el partido en su sede”.

“¿No se puede hacer? Lo entendemos, pero Nacional entrena a 2.000 metros, entrena en Guarne, entonces no le voy a dar ventaja, pretendo que no se la dé nadie, pero yo menos. Vamos donde tengamos que ir, pero que sea sin ventajas extradeportivas”, finalizó Arias, que quiere defender el liderato del grupo A y llegar a su segunda final en el fútbol colombiano, en el llamado “grupo de la muerte” de la Liga BetPlay.

El asesinato de Jhon Anderson Peláez Muñoz, conocido como alias Piña, conmocionó al municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 16 de noviembre, cuando fue atacado a balazos en un local de comidas rápidas del barrio La Esmeralda, mientras compartía con su pareja sentimental, una mujer bogotana de 32 años.

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La agresión se presentó cuando dos sujetos en una motocicleta de alto cilindraje se aproximaron al establecimiento. El parrillero bajó del vehículo, entró al restaurante y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre de 40 años, quien recibió once impactos de bala en el abdomen y el pecho.

La gravedad de las heridas provocó que, pese al traslado urgente a la Clínica Antioquia de Itagüí, el comerciante falleciera poco después. Los agresores abandonaron rápidamente el lugar del ataque y lograron escapar inicialmente.

El ataque se produjo cuando Peláez Muñoz ya había pagado la cuenta y solo esperaba que su pareja terminara de comer. Tras el atentado, los responsables huyeron por las calles del barrio, limítrofe con Envigado, y abandonaron la motocicleta en el sector de Yarumito, donde otros vehículos los recogieron para facilitar su escape. Las autoridades incautaron el vehículo para verificar, entre otros aspectos, si la placa había sido alterada.

La investigación, apoyada en las grabaciones de las cámaras de seguridad del municipio, busca identificar a los autores materiales del crimen.

Peláez Muñoz se encontraba en libertad a pesar de que el 19 de junio de 2014 había sido condenado a 35 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas. Según información de las autoridades, su liberación se produjo por vencimiento de términos en la rama judicial, tras haber sido recapturado en 2021.

La mujer que lo acompañaba resultó ilesa, aunque requirió acompañamiento psicológico por el impacto emocional de presenciar el asesinato de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía algún tiempo.

Las primeras hipótesis apuntan a que alias Piña había sido sentenciado por otras estructuras criminales desde comienzos de este año, presuntamente debido a la pérdida de una suma de dinero en negocios ilícitos entre bandas de Itagüí.

El 12 de enero de 2025, ya había sido víctima de un atentado en una sala de velación del barrio Santa María n °1, donde sufrió lesiones en una mano. De acuerdo con los reportes oficiales, Peláez Muñoz no habría entregado un dinero a uno de los cabecillas de la banda El Ajizal, lo que habría originado la disputa desde finales de 2024. Las autoridades investigan si este conflicto está directamente relacionado con su asesinato.

¿Quién era Jhon Anderson Peláez Muñoz?

Alias Piña era reconocida como uno de los fundadores de la banda El Guayabo, una de las organizaciones criminales de mayor influencia en Itagüí, y había alcanzado notoriedad como cabecilla de La Oficina.

Además, lideró en su momento la estructura de Calatrava y, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias El Cebollero, quien encabezó las extorsiones en la Central Mayorista.

El historial judicial de Peláez Muñoz es extenso: figura un antecedente por falsedad en documento público (14 de mayo de 2021), cuatro por homicidio (22 de septiembre de 2000, 13 de mayo de 2006, 22 de mayo de 2012 y 4 de octubre de 2020), tres por lesiones personales (5 de mayo de 2015, 22 de marzo de 2016 y 23 de marzo de 2016), uno por constreñimiento ilegal (19 de noviembre de 2011), uno por porte ilegal de armas de fuego (29 de junio de 2016) y otro por amenazas (9 de julio de 2016).

La condena vigente correspondía al asesinato de Albert Yulerman González Estrada, de veinte años, ocurrido el 22 de mayo de 2012, en un hecho donde también resultó herida otra persona y fueron capturados en flagrancia los dos sicarios implicados, mientras Peláez Muñoz coordinaba las acciones del grupo Calatrava.

El paso de una novia vestida de blanco por las calles de Itagüí a bordo de una tractomula captó la atención de vecinos y transeúntes, quienes presenciaron una escena poco habitual en el municipio antioqueño.

La protagonista, sonriente y serena, eligió como transporte nupcial el mismo tipo de camión que su pareja conduce diariamente como parte de su trabajo en el sector de carga, y así recorrió el trayecto hasta la Parroquia María Madre de la Iglesia de El Guayabo.

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El gesto, que fue recibido con aplausos y muestras de admiración por parte de quienes se encontraban en el lugar, se convirtió en un símbolo de sencillez y autenticidad.

La elección de la tractomula, lejos de los vehículos lujosos tradicionalmente asociados a las bodas, fue interpretada como una declaración de amor genuino y una celebración de la vida cotidiana de la pareja.

La llegada de la novia en el camión generó comentarios positivos entre quienes observaron la escena, ya que valoraron la naturalidad y el significado personal del acto.

En redes sociales, la historia se viralizó rápidamente y los usuarios no tardaron en expresar su opinión sobre la singularidad del evento.

Algunos destacaron el contraste entre la humildad del gesto y el valor del vehículo, como lo reflejó un comentario: “No hacen falta lujos, pero llega en un carro de mil millones jajajajaja”. Otros mensajes se centraron en la belleza de la escena y en los buenos deseos para la pareja: “Yo me encontré con esa mula ese día y quedé enamorada de lo hermosa y bellísima que es. Dios los bendiga”, escribió una usuaria.

La presencia de la tractomula fue motivo de elogio no solo por su valor económico, sino también por el simbolismo que encierra para quienes viven de la carretera. Un internauta lo resumió así: “Esa tractomula es un verdadero lujo, no solo por su millonario costo, también se le suman los lugares que se pueden conocer en esa belleza, además rompen las tradiciones de siempre alquilar un vehículo viejo”.

De este modo, la pareja desafió las convenciones y convirtió su boda en un homenaje a su propia historia y a la cotidianidad compartida.

Tras el video viral, varias personas reconocieron el vehículo en el que se transportaron como “la mística”, una tractomula que cuenta con una comunidad de seguidores en redes gracias a que su dueño muestra de cerca sus recorridos y aventuras en la cuenta @salantoniocarmona.

Allí ofrece a sus seguidores un vistazo a los trayectos que realiza por el país, las dificultades que enfrenta en las rutas y las rutinas diarias asociadas al transporte de carga.

La identidad de los protagonistas de este singular evento también ha sido motivo de conversación en la red social. Diversos usuarios identificaron al novio como @beto21guzman98, un camionero con una presencia digital consolidada, quien, según sus propias publicaciones, se comprometió en julio de este año.

La novia, por su parte, es @sararestrepo487. Tras la boda, la pareja aún no ha compartido más imágenes del evento en sus redes sociales, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.

Este episodio ha traído a la memoria otros casos en los que novias han optado por medios de transporte poco convencionales para llegar a su boda.

Hace dos años, en el departamento del Huila, una mujer eligió un bus de transporte público para arribar a la iglesia, como muestra de admiración por la labor de su esposo. Más recientemente, en México, una novia también eligió una tractomula para su llegada al altar.

Estos acontecimientos ponen de manifiesto que, en ocasiones, las costumbres tradicionales asociadas a los matrimonios pierden relevancia frente a gestos que reflejan el afecto y la admiración entre las parejas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el presunto responsable es un hombre de 23 años, que fue capturado en flagrancia cuando recibía $400.000, la suma que le exigió a la víctima a cambio de no difundir el material privado y devolverle el dispositivo robado.

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El caso se desencadenó luego de que la joven denunciara el hurto de su teléfono días antes y reportara que el agresor la contactó para exigirle el pago de $400.000, bajo la amenaza de divulgar contenido personal en redes sociales si no accedía a sus demandas.

Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad activó de inmediato los protocolos de respuesta y coordinó acciones con la Central de Monitoreo del municipio.

La información difundida por medios locales como Alerta Paisa indica que el seguimiento se llevó a cabo a través de las 715 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, lo que permitió a la Policía Nacional y al Ejército ubicar y sorprender al sospechoso en el momento exacto en que recibía el dinero.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, explicó que la intervención evitó que la joven fuera nuevamente víctima de un delito y destacó la importancia de la reacción inmediata de los uniformados.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán utilizados como elementos materiales probatorios, así como una motocicleta de alto cilindraje que, según las investigaciones preliminares, habría sido empleada para facilitar estos delitos. Se estima que la joven no sería la única víctima; sin embargo, esta información no ha sido confirmada o descartada por las autoridades.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó a un juez la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a que el señalado responsable es considerado como un peligro para la sociedad.

“Este individuo fue sorprendido en el momento que realizaba exigencias económicas a una joven de 21 años, solicitándole la suma de $400.000 para devolverle un teléfono celular que había sido hurtado días anteriores. Además, amenazaba con publicar en redes sociales contenido privado del dispositivo si no accedía a la exigencia económica“, explicó el uniformado.

Del mismo modo, agregó que la reacción oportuna de los uniformados evitó que el dinero de la mujer fuera robado, producto de la extorsión a la que fue sometida: “El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las audiencias preliminares y un juez de control de garantías definirá su situación judicial”.

Así, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y solicitó la medida de aseguramiento, mientras se adelantan las audiencias para determinar la situación judicial del detenido.

Cayó red que estafaba abuelas por WhatsApp

Cuatro criminales quedaron en manos de las autoridades tras ser señalados responsables de la comisión del delito en contra de dos adultas mayores que fueron cuidadosamente perfiladas para después ser víctimas de este delito.

De acuerdo con la información recolectada por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los miembros de la organización delincuencial analizaban previamente a las mujeres y luego las contactaban, haciéndose pasar por familiares o amigos en situación de necesidad. Bajo este esquema delictivo, la red criminal habría obtenido más de $160 millones que son producto de la extorsión.

Lo que en años anteriores fue una tradición fragmentada por decisiones administrativas, este 2025 retoma su carácter metropolitano, con cada localidad apostando por propuestas únicas y cronogramas diferenciados para el encendido de luces navideñas.

La agenda festiva iniciará en Envigado, que repetirá su rol de pionero en el calendario regional. El alumbrado se inaugurará el viernes 21 de noviembre en el parque principal, según datos recogidos por El Colombiano.

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El evento, del que aún quedan detalles por revelarse, tendrá como marco el discurso del alcalde Raúl Cardona, quien expresó: “Este año, la Navidad llega diferente: con nuevos colores, nuevas historias que aguardan ser contadas... pero con la misma promesa de siempre: iluminar el corazón de nuestra gente”. A la infraestructura tradicional se sumarán instalaciones en la avenida El Poblado y parques de distintos barrios, ampliando el alcance de la celebración.

En Itagüí, la infraestructura de luces experimentará una renovación técnica y administrativa: la Empresa de Servicios Públicos de Itagüí, constituida recientemente, supervisará por primera vez la fabricación de las figuras, dejando atrás la modalidad de alquiler previa.

Hernán Sánchez, gerente de la entidad, anunció que el encendido oficial será el sábado 29 de noviembre a las 7:00 p.m. La temática “Una carta a Santa” se desplegará en cerca de tres mil figuras, tras una inversión de $6.664 millones, y tendrá presencia en escenarios emblemáticos como el CAMI, el Teatro Caribe, los parques Obrero y Brasil, quebrada Doña María y el corredor peatonal de metroplús.

Bello planea renovar su vínculo con la Navidad bajo el lema “Bello Renace”, alternando proyecciones de mapping desde el parque principal con el uso de luces, y rinde homenaje a las veintisiete víctimas de la emergencia en la vereda Granizal el pasado veinticuatro de junio. La fecha tentativa para el encendido oscila entre el 28 y el 30 de noviembre.

En el sur, Caldas contará con apoyo del programa de EPM “Encendamos La Navidad”, facilitando la instalación de luminarias. La inauguración, prevista para el miércoles 3 de diciembre a las 6:00 p. m. en el parque principal, incluirá un pesebre animado en el Parque de la Locería. Además, la carrera 49 y la Ruta de la Cerámica se sumarán como puntos de interés.

La Estrella tiene avanzados los preparativos para su propia edición, bajo el nombre “Navidad Orgullosamente Siderense”. Este festejo resaltará la herencia culinaria y decorativa del municipio. Se espera que el acto central se realice el sábado 29 de noviembre a las 6:00 p.m. en el parque principal.

Sabaneta apostará por su evento “Guardianes de la Tradición”. La instalación de luces abarcará el Centro Administrativo Municipal, la carrera 45, las calles 71 sur y 72 sur, la avenida El Poblado y el parque principal. Aún sin fecha definitiva, la administración municipal estima que la inauguración podría darse entre el 28 y el 30 de noviembre.

En Copacabana, la celebración girará en torno a la paz y la solidaridad a través del lema “Corazón en Paz”. Las figuras iluminarán tanto el parque principal como los sectores de Villanueva, Asunción, La Pedrera, Machado y la quebrada de Piedras Blancas. El encendido está programado para el domingo 30 de noviembre.

El municipio de Girardota continuará por segundo año consecutivo con una propuesta autónoma, resaltando manifestaciones como la música tradicional, las parrandas y la labor de los compositores locales. El alumbrado tendrá lugar en el parque principal y las principales vías de acceso desde el viernes 28 de noviembre.

Por su parte, Barbosa celebrará el inicio de la temporada el primero de diciembre a las 6:00 p. m. La iluminación cubrirá espacios emblemáticos como la Valvanera, barrios Pepe Sierra, la entrada a Barbosa, avenida Luis Tejada Cano, parque Diego Echavarría Misas, pasaje peatonal de la Alcaldía, calle del comercio, el Hatillo y las cinco parroquias.

Las riñas callejeras continúan representando un problema para las autoridades en el territorio nacional, puesto que los ciudadanos arreglan sus problemas en plena vía pública, propinándose fuertes golpizas o, en el peor de los casos, utilizan armas cortopunzantes o de fuego para herir a sus contrincantes.

Precisamente, un caso de este tipo se presentó en Antioquia y tiene en alerta a la comunidad por la violencia con la que fue cometido. La protagonista es una joven de 23 años que fue detenida en el barrio Santa María 3 de Itagüí tras un violento altercado que dejó a un hombre de 22 años con graves lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

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Versiones preliminares de los habitantes del sector indican que la intervención de la Policía se llevó a cabo en la Calle 85 con Carrera 50A, donde una patrulla de vigilancia respondió rápidamente al llamado de preocupación de los vecinos en el que denunciaron una riña en la vía pública.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron un registro a la sospechosa y hallaron en su poder un arma cortopunzante tipo navaja. Según el informe policial, este objeto habría sido utilizado para atacar a la víctima, que resultó lesionado en el enfrentamiento.

La gravedad de las heridas puso en riesgo la vida del joven, lo que llevó a las autoridades a considerar el caso bajo los cargos de lesiones personales e intento de homicidio, por lo que la señalada quedó en manos de los agentes de la Policía mientras se define su futuro judicial.

De acuerdo con el reporte oficial del caso que fue difundido por los medios locales como Alerta Paisa, tanto la mujer capturada como el arma incautada fueron entregadas de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación y el proceso de judicialización de la señalada responsable.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los detalles del incidente y determinar las responsabilidades penales correspondientes, por lo que la comunidad está a la espera de nuevos anuncios relacionados con la judicialización de la mujer.

Otro caso de violencia en la región

El pánico se apoderó de los habitantes del barrio Carpinelo, que se encuentra ubicado en la zona nororiental de Medellín, cuando una disputa entre residentes terminó en una violenta pelea que dejó a una mujer de 48 años gravemente herida. El suceso involucró el uso de palos, piedras y otros objetos contundentes y, de acuerdo con los testigos, se desató tras una discusión entre dos vecinas que habrían estado bajo los efectos del alcohol.

La situación sumó a varios habitantes del sector que se enfrentaron en plena vía pública, por lo que la situación se tornó preocupante para los demás habitantes del sector. El momento más grave ocurrió cuando la víctima recibió el impacto de una piedra en uno de sus ojos, lo que la dejó desorientada y tendida en el suelo. La confrontación se extendió por varias cuadras, lo que obligó a la rápida intervención de la Policía Metropolitana, que logró controlar el altercado.

La mujer herida fue trasladada de urgencia por una patrulla policial a un centro asistencial, donde recibió atención médica, puesto que resultó bastante afectada en medio del altercado.

Ante la gravedad de la situación y tras el restablecimiento del orden, las autoridades hicieron un llamado a la prudencia y la tolerancia durante el consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de evitar que episodios similares continúen afectando la tranquilidad de la comunidad, pues consideran este como uno de los principales factores que desencadenan este tipo de encuentros entre la ciudadanía.

Una audiencia clave sobre el caso de presuntas irregularidades en seis contratos millonarios firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí concluyó el miércoles 15 de octubre con la decisión de la juez 07 Penal Municipal de Control de Garantías de dictar medida de aseguramiento carcelario para dos de los tres imputados.

La reanudación de la audiencia ocurrió después de que la juez accediera el día anterior a la solicitud de Emmanuel Goldstein, abogado defensor de María Yaneth Rúa García, que pidió suspender la diligencia mientras recibía información solicitada a distintas entidades mediante tutela.

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Una vez retomado el proceso, Goldstein argumentó ante la juez que no existe suficiencia argumentativa para imponer una medida de aseguramiento intramural, señalando que su defendida, en calidad de supervisora de contratos del Amva, no tenía la capacidad de ordenar gastos y desempeñó funciones meramente técnicas.

Además, el litigante aseguró que no existen pruebas de que Rúa haya recibido dinero de los terceros supuestamente beneficiados y resaltó la presentación de 25 evidencias que sustentarían la solicitud de libertad inmediata o, en su defecto, la aplicación de medidas no privativas o domiciliarias.

Tras escuchar los argumentos de la defensa y la postura de la Fiscalía, la juez decidió, según el material probatorio aportado por la Fiscalía, que Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, habría apropiado de forma indebida $2.480 millones, motivo por el cual se ordenó la medida de aseguramiento intramural en su contra por los delitos de celebración indebida de contratos y seis peculados por apropiación.

Respecto a Rúa García, la juez determinó que deberá enfrentar el proceso en centro de reclusión, imputada por interés indebido en la celebración de contratos y seis peculados por apropiación.

Por su parte, Elkin de Jesús Gonzáles Correa, que estuvo a cargo de uno de los seis contratos investigados y enfrenta señalamientos por presuntos sobrecostos superiores a $178 millones, fue imputado por peculado por apropiación. No obstante, la juez consideró que González Correa no representa un riesgo de obstrucción a la justicia, permitiéndole defenderse en libertad durante el curso del proceso judicial.

De acuerdo con lo expresado públicamente por los abogados de Cadavid y Rúa, se interpondrán recursos de apelación contra la decisión de la juez, lo que representa un nuevo avance en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la contratación pública en el Valle de Aburrá.

Al respecto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó a través de su cuenta personal de X que las recientes decisiones judiciales hace parte de la cuota de justicia en el caso de “saqueo por parte de la anterior administración”.

“Empieza a hacerse justicia por el saqueo que sufrió nuestra ciudad durante la anterior administración. Esto es el resultado de las investigaciones que impulsamos, de los hallazgos que pusimos en evidencia y que hoy la Justicia confirma. También, por supuesto, del trabajo juicioso de ciudadanos, servidores públicos y periodistas que pusieron en evidencia el entramado de corrupción del que fue víctima nuestra ciudad”, señaló puntualmente.

Y agregó que otras entidades estarían salpicadas de “corrupción”, con el robo de billones de pesos: “Confío plenamente en la Fiscalía, en los jueces y en todas las autoridades que están actuando con rigor y valentía. La plata de la gente es sagrada. No se roba. Esto apenas comienza. Vendrán más. No se salvó ninguna entidad, el robo es de billones, los hermanitos y sus aliados le hicieron mucho daño a Medellín“.

Detalles de la investigación

La detención de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exjefe de los bomberos voluntarios de Itagüí, reveló una presunta red de irregularidades en contratos públicos y adquisición de bienes raíces en Antioquia por más de $17.000 millones.

La Fiscalía lo acusa de peculado por apropiación y de tener intereses indebidos en acuerdos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y lo vincula a una investigación por la supuesta venta irregular de la filial Afinia de EPM, donde se habría manejado una cifra de USD8 millones.

En la audiencia, el fiscal presentó pruebas de presuntos sobreprecios en insumos y capacitaciones para bomberos, con testimonios e interceptaciones telefónicas que indicarían el uso de fondos públicos en la compra de propiedades. Cadavid figura como propietario de 18 inmuebles en varios municipios, entre ellos lotes y apartamentos en Medellín, Marinilla, Rionegro, Itagüí, Sabaneta y Santa Fe de Antioquia.

Las compras de estos bienes coinciden con contratos de capacitaciones y kits para los bomberos, observados por irregularidades como diferencias de precios y falta de documentación. Se cita un ejemplo en el que un servicio similar fue contratado por casi 14 millones y en otra ocasión por poco más de seis millones, sin justificación técnica. Asimismo, se señala que los contratos bajo investigación suman 18.000 millones, de los cuales 2.480 millones corresponderían a apropiación mediante sobrecostos y servicios no entregados.

El hecho, que habría ocurrido el 5 de octubre de 2025, se produjo en la calle 75 Sur con la carrera 52G, a la altura del conjunto residencial Entrehojas. Allí, según el video, los animales caminaron en medio de la vía junto al automotor que se movilizaba a baja velocidad.

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Al difundirse, las imágenes fueron también usadas para denunciar el posible caso de maltrato animal, ya que la forma en la que eran transportados los perros era riesgosa y ponía en juego no solo su vida, sino la de los ocupantes del vehículo, esto al tratarse de una vía principal que es ampliamente transitada.

El video fue realizado por un ciudadano que, conmocionado por la escena, decidió tomar registro audiovisual para alertar a las autoridades competentes y, asimismo, lograr que los cuidadores de los animales asumieran las consecuencias del indignante hecho que habían cometido.

Frente a la difusión de la grabación, la Alcaldía de Itagüi se pronunció asegurando que tan pronto conocieron el caso ubicaron a los perros para verificar su estado y las condiciones en las que sus cuidadores los mantienen en su vivienda. El protocolo seguido por la Administración municipal consistió en la identificación de la cuidadora de los animales y la visita en la vivienda en la que son albergadas.

De acuerdo con David Taborda, subsecretario de Bienestar Animal, las mascotas no presentaban lesiones ni se encontraban condiciones que señalaran maltrato animal.

No obstante, el funcionario sentenció que, pese a que los resultados de la visita fueron satisfactorios, los perros fueron trasladados a las instalaciones de la autoridad encargada de la protección animal del municipio.

“Decidimos indagar en la zona y logramos identificar a la propietaria de las caninas. De esta manera, con nuestro equipo médico veterinario, le realizamos la revisión de estos dos animales y logramos constatar que los animales no se encontraban con lesiones aparentes ni condiciones de maltrato animal. Si bien es cierto, los hechos ocurridos son materia de reproche, decidimos trasladar el caso a la inspección de policía para que esta realizara las respectivas sanciones que le diera lugar", indicó Taborda.

Qué hacer si es testigo de un caso de maltrato animal

La normativa colombiana establece un protocolo para procesar denuncias por maltrato animal, el cual se debe ejecutar inmediatamente se conozcan los hechos que vulneran la vida y la integridad de animales de compañía o cualquier especie animal en el país. A través de los canales oficiales los ciudadanos se pueden poner en contacto con las autoridades:

• Comunicarse con la Línea Nacional contra el Maltrato Animal: 01 8000 115 161 o la línea distrital en Bogotá (601) 4399801, donde se recibe la información y se clasifica según la gravedad del caso.​
• Si el maltrato ocurre en flagrancia o el animal está en una situación urgente o en peligro vital, se debe llamar inmediatamente a la Línea Única de Emergencias 123 para activar una respuesta policial o del Escuadrón Anticrueldad.​

• En Bogotá, también es posible realizar la denuncia vía correo electrónico enviando información y evidencias (fotos, videos) al correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co.​
• Se recomienda proporcionar detalles precisos sobre la ubicación, el tipo de maltrato y anexar la mayor evidencia posible para facilitar la respuesta eficaz de las autoridades.​
• En casos graves, como actos de crueldad, abandono o atropello intencional, se pueden interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación o ante inspectores de policía.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, la acción de los agentes se desencadenó en el momento en el que dos hombres, que se desplazaban en una motocicleta con la placa alterada, intentaron asaltar a los ocupantes de una camioneta que acababan de retirar la millonaria suma de una sucursal bancaria en inmediaciones de la reconocida plaza.

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De acuerdo con la información revelada por el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, la patrulla policial fue alertada sobre la situación alrededor de las 4:00 p. m., momento en el que los presuntos asaltantes se aproximaron al vehículo con la intención de apoderarse del dinero.

La reacción de los uniformados fue inmediata, por lo que uno de los sospechosos falleció en el lugar y el otro resultó herido de gravedad: “Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, trataron de hurtar $200 millones; al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautándole un revólver”, explicó el funcionario.

La intervención policial obligó al cierre de la vía principal del parque para permitir los procedimientos judiciales y la inspección del cuerpo del hombre fallecido, cuya identidad aún no ha sido revelada.

En cuanto al otro implicado, se confirmó que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial del municipio, donde se encuentra recibiendo atención médica mientras se estabiliza. Además, se informó que está bajo custodia para que apenas se recupere, sea llevado a una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación en la que se le dictarán cargos por su responsabilidad en este nuevo caso de fleteo que alertó a los habitantes del Valle de Aburrá.

En el lugar de los hechos, la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para esclarecer la identidad de los involucrados y determinar si actuaban de manera independiente o formaban parte de una organización criminal, debido a que no es la primera vez que un caso como estos se presenta en la región.

“Tenemos la capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestra ciudad que intervenga la vida, los bienes o la honra de nuestros itagüiseños. Al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos y lesiona gravemente a otro de los delincuentes”, afirmó el secretario de Seguridad.

El revólver incautado al hombre fallecido y la motocicleta con la placa alterada constituyen elementos clave en la investigación en curso. Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer todos los detalles del frustrado asalto.

Otro caso similar en Antioquia

Una situación similar se presentó en julio en el barrio Obrero de Bello, cuando un intento de robo terminó con la muerte de un presunto asaltante, que fue abatido por un policía que estaba vestido de civil dentro de un concesionario de motos.

El hecho se registró sobre la Autopista Norte, en la carrera 50 con calle 33, cuando el uniformado, con más de 22 años de servicio y actualmente supervisor de vigilancia, se encontraba realizando una transacción para la compra de un vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el agente fue abordado por un hombre que llegó en motocicleta y lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole una cadena de oro y un teléfono celular. En ese momento, el policía reaccionó utilizando su arma personal y disparó contra el presunto delincuente, que falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas.

El presunto fletero portaba un arma de fuego, mientras que la persona que acompañaba al asaltante logró escapar en la motocicleta en la que lo esperaba. Tras el suceso, el policía entregó su arma a los patrulleros que acudieron al sitio.

La reciente captura de Juan Camilo Jaramillo, conocido como alias Bola, fue una noticia importante para la comunidad de Itagüí, Antioquia.

Considerado uno de los delincuentes más buscados del municipio, fue detenido el jueves 28 de agosto de 2025 en el sector de Ditaires, tras un operativo coordinado por la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad local.

Sobre él pesaban cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia intrafamiliar, lo que lo había convertido en un objetivo prioritario para las autoridades, que ofrecían una recompensa de hasta trece millones de pesos por información que permitiera su captura.

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El operativo que permitió la detención de alias Bola se desarrolló en el barrio Ditaires, específicamente en el sector Las Margaritas. Uniformados de la Policía Nacional, durante patrullajes de control y prevención, identificaron al sospechoso, quien intentó evadir el cerco policial.

Fue interceptado y, tras verificar sus antecedentes, se confirmó que tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Medellín. La acción policial contó con el apoyo de información ciudadana, un factor que resultó determinante para ubicar al presunto cabecilla.

La trayectoria criminal de alias Bola no se limita a los delitos por los que fue capturado en esta ocasión. De acuerdo con la Policía Nacional, su nombre ya figuraba en investigaciones previas relacionadas con el microtráfico en la región.

En marzo de 2025, habría logrado escapar de un operativo en el que fueron detenidos nueve integrantes de la misma estructura criminal. Además de las sentencias condenatorias por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, sobre él pesaba una orden de captura por violencia intrafamiliar, tras denuncias de maltrato físico a su compañera sentimental.

Dentro de la estructura criminal, alias Bola desempeñaba un papel central. Las autoridades lo señalan como el coordinador de la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia.

Su función incluía la recaudación de las rentas ilícitas generadas por estas actividades, que superaban los seis millones de pesos diarios, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Itagüí y la Alcaldía municipal. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que la captura de Bola representa un avance en la desarticulación de las estructuras criminales que operan en el sur del Valle de Aburrá.

El caso de alias Bola cobró especial notoriedad por el trasfondo familiar que lo rodea. En 2024, durante un allanamiento en una vivienda del barrio La Finquita, las autoridades capturaron a su madre, identificada como Sandra, y a su hermano Johann.

En esa operación, la Policía incautó 600 dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego y máquinas de armado artesanal de cigarrillos. Tanto la madre como el hermano de Bola recibieron medida de aseguramiento intramural por parte de un juez.

Poco después del operativo en La Finquita, alias Bola publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparecían su madre y su hermano, acompañada del mensaje: “Mi vieja, mi vieja, perdón”. Este gesto, divulgado por la alcaldía, generó un intenso debate en la comunidad, al evidenciar el impacto humano y familiar de las actividades delictivas.

Las autoridades de Itagüí han destacado la importancia de la colaboración ciudadana en la captura de alias Bola. Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad del municipio, afirmó que el ahora detenido era el responsable de coordinar la venta de drogas en varias zonas y de recaudar las ganancias de estas actividades ilícitas.

“Este delincuente, alias Bola, es el responsable de coordinar la distribución de sustancias alucinógenas en las denominadas plazas de vicio de los barrios Yarumito, San Pío, Guamalito y La Independencia, así como de recaudar el dinero producto de estas actividades ilícitas, con rentas criminales de más de $6.000.000 diarios. No damos tregua a la delincuencia y este también cayó: madre e hijos judicializados por el mismo delito”, declaró Otálvaro.

La comunidad de Itagüí (Antioquia) se encuentra de luto tras conocer detalles de la muerte de Ana María Acevedo Sánchez, una joven de 24 años que falleció el martes 26 de agosto de 2024 en la playa de Lires, ubicada en el sector de Cee, en Galicia (España). La joven residía en Madrid y estaba de vacaciones con su familia, pero fue arrastrada por una corriente marina mientras se bañaba junto a su pareja y su sobrino de seis años, en medio de una alerta meteorológica por fuerte oleaje.

El accidente ocurrió en una zona rocosa del arenal, donde los tres familiares fueron sorprendidos por el intenso oleaje. Tanto la pareja de la joven como el menor lograron ser rescatados con vida por bañistas y equipos de emergencia, aunque sufrieron varias contusiones, por lo que fueron trasladados en ambulancia al hospital de Cee.

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Lamentablemente, Ana María no corrió con la misma suerte y fue hallada inconsciente. Pese a los esfuerzos de reanimación realizados por bañistas, miembros de Protección Civil y personal sanitario que acudió al lugar, falleció en el lugar, donde también se encontraban otros familiares, que presenciaron la escena del intento de rescate.

Las autoridades lanzaron alerta por las condiciones en la playa

De acuerdo con el reporte oficial, la playa de Lires estaba bajo una alerta amarilla emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advertía sobre un mar combinado del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros, vigente desde la madrugada del martes 26 hasta la mañana del miércoles 27 de agosto.

Las autoridades españolas señalaron que el suceso podría estar relacionado con este fenómeno meteorológico adverso que afectó la costa gallega y reiteraron la importancia de atender las advertencias oficiales en situaciones de riesgo.

En cuanto a los acompañantes de Acevedo Sánchez, ambos recibieron atención médica tras el rescate. El hombre y el niño presentaron diversas lesiones, pero su estado permitió su traslado inmediato al centro hospitalario local. Los intentos de reanimación sobre la joven, realizados en la misma playa, no lograron revertir el desenlace fatal.

Cabe mencionar que la playa de Lires no cuenta con servicio de socorristas, según medios locales, que reportaron que en los últimos años se han presentado otros casos de ahogamiento en la zona. Por causa de las peligrosas corrientes y la contaminación del agua, las autoridades han lanzado diversas alertas aunque este sector sigue siendo frecuentado tanto por locales como por turistas.

El nuevo caso sorprendió a los habitantes de Galicia y también causó preocupación en Itagüí, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor por la pérdida de Ana María. En medio del dolor y con el fin de rendirle homenaje, se programó una misa en su memoria el miércoles 27 de agosto a las 4:00 p. m. en la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio El Rosario, según lo reportado por le medio local Alerta Paisa.

Frente a este nuevo fallecimiento por ahogamiento, las autoridades locales insistieron en la necesidad de extremar precauciones en las zonas costeras, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

Del mismo modo, recordaron la importancia de seguir las alertas y recomendaciones emitidas por organismos oficiales para evitar nuevas situaciones como la ocurrida en la playa de Lires, donde los ciudadanos que presenciaron el hecho evidenciaron el peligro, así que se está a la espera de que este hecho no ocurriera un vano y sea un ejemplo de la importancia de extremar precauciones en esta y otras playas, aún más en cuanto se tengan alertas por oleaje o por condiciones climáticas que pueden afectar la zona.

Pese a la contundente evidencia en su contra —entre ellas, un video de una cámara de seguridad que registró el brutal ataque—, Cadavid respondió de forma clara y reiterativa: “Inocente, inocente”, cuando el juez le preguntó cómo se declaraba frente a la imputación del delito de homicidio agravado.

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La audiencia inició a las 2:30 p. m. y fue notoria la confusión de Cadavid durante todo el procedimiento. El fiscal del caso, con paciencia, le explicó repetidamente los detalles de la conducta punible por la cual estaba siendo procesado y le informó que, de aceptar cargos, podría acceder a una reducción de hasta el 50% de la pena, la cual, según el marco legal citado, podría alcanzar entre 33 y 50 años de prisión.

Sin embargo, el imputado, que lucía desorientado y hablaba en voz baja, rechazó cualquier responsabilidad. Ante la insistencia del juez sobre si entendía la gravedad del delito y las consecuencias legales, Cadavid respondió de forma escueta, con frases repetidas como: “Voluntaria, voluntaria”, en referencia a su declaración.

Finalmente, ante la pregunta clave del juez sobre su culpabilidad, insistió: “Inocente”, renunciando así a cualquier beneficio de rebaja de pena inmediata. No obstante, el abogado defensor aún podría explorar un preacuerdo con la Fiscalía en las próximas etapas del proceso.

El crimen que estremeció a Itagüí

El homicidio de Esteban Yepes ocurrió en plena vía pública, en la carrera 51 con calle 53, a escasos metros del parque principal de Itagüí. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa al joven caminando en compañía de su perro cuando se cruza con Cadavid, y ambos siguen caminando en sentidos opuestos.

Sin embargo, a tan solo unos metros, el indigente sacó un arma blanca de su bolsillo y apuñaló por la espalda al joven en el cuello, causándole una herida fatal que comprometió su vena carótida. Esteban cayó herido y se ve en el video su desesperación antes de desplomarse. Minutos después falleció, a pesar del esfuerzo de los bomberos y personal médico y transeúntes.

Captura y antecedentes del presunto homicida

Tras el ataque, el habitante de calle huyó del lugar, pero fue localizado y capturado en Envigado, gracias a un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército Nacional. La detención fue posible gracias a la rápida identificación mediante cámaras de seguridad y los testigos.

Durante la audiencia también se conoció un antecedente violento reciente del acusado: días antes del asesinato de Yepes, había agredido a una niña de 9 años en las afueras del centro comercial Viva Envigado, tras tropezarse con ella.

El hombre, al caer al suelo, se levantó y le propinó una cachetada en el rostro, hecho que fue presenciado por varios ciudadanos que lo rodearon para evitar que escapara. Este episodio refuerza los señalamientos de que Cadavid mostraba comportamientos agresivos recurrentes.

Sin casa por cárcel y con detención en centro penitenciario

Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó que el señalado indigente no fuera beneficiado con detención domiciliaria, argumentando que, al no tener domicilio fijo ni ingresos, podría volver a delinquir. Además, fue calificado como un peligro para la sociedad, dadas sus conductas previas.

El Ministerio Público respaldó la solicitud del ente acusador, y el juez determinó que Cadavid deberá ser recluido en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El cruel homicidio del joven Esteban Yepes Palacio, de 19 años, ha generado conmoción en el país y, en especial, en los habitantes del municipio de Itagüí, en Antioquia.

El joven, que fue acuchillado sin justificación alguna en su cuello por un habitante de calle, unió a la comunidad para exigir un llamado de justicia que hará eco en la noche del miércoles 13 de agosto en una velatón programada en memoria del joven, que se hará en el parque principal del municipio del Valle de Aburrá.

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El hecho ocurrió la mañana del 11 de agosto de 2025, cuando Yepes Palacios salió de su casa tras finalizar una clase de inglés para pasear a su perro: un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la víctima pasa junto a William de Jesús Cadavid, como fue identificado el asesino, y en ese momento lo ataca con un arma blanca en el cuello.

Según las versiones preliminares recogidas por los vecinos, el ataque se habría desencadenado porque, al parecer, el joven se había negado a entregarle una moneda al agresor.

La reacción de la comunidad no tardó en llegar. En las horas posteriores al crimen, se conocieron un par de chats en los que se mencionaron a Cadavid: en uno de ellos, una persona solicitaba la presencia policial en la zona de Doménico, advirtiendo sobre el comportamiento violento del mismo individuo.

“Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera”, se lee en el mensaje que recogió el medio local El Itagüiseño.

La conversación, acompañada de imágenes del habitante de calle a las afueras de un establecimiento comercial, evidencia que la preocupación por su conducta no era nueva.

Los mensajes compartidos por los vecinos describen una conducta reiterada de violencia, especialmente hacia mujeres que se negaban a darle dinero.

Esta información hace parte de la hipótesis que estudian las autoridades de que el asesinato de Esteban Yepes Palacios podría estar vinculado a la negativa del joven a acceder a la exigencia del agresor.

“Buenos días. Este señor pide plata y les ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”, se lee en otro de los mensajes de WhatsApp publicados por el citado medio entre vecinos del barrio Villa Paula, donde ocurrió el violento asesinato, y los cuales acompañaron con fotografías del asesino.

Padre del joven asesinado habló sobre el homicidio

Sergio Yepes, padre de Esteban, relató en diálogo con El Colombiano que, aunque nunca había visto al habitante de calle en el sector donde ocurrió el crimen, sí lo había encontrado en otras ocasiones en el Parque de Envigado.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado, y que era una persona muy agresiva“, afirmó el padre en la entrevista con el medio.

El padre del joven describió a esta persona como de actitud agresiva, percepción que se vio reforzada por los mensajes de otros ciudadanos en redes sociales.

“Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, relató Sergio Yepes al diario El Colombiano, al reconstruir el momento en que su hijo fue agredido.

La captura de William de Jesús Cadavid se produjo poco después del asesinato, según confirmaron las autoridades. La familia de Esteban Yepes Palacios reclama que el responsable reciba una condena ejemplar por el crimen cometido.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que Esteban Yepes paseaba a su perro por el centro de Itagüí cuando el agresor, un habitante de calle, lo abordó de manera repentina y lo atacó con un arma blanca. La versión inicial indicaba que el ataque se habría producido porque el joven no entregó monedas al agresor. Aunque la declaración de Viviana Yepes en el medio Mi Oriente contradijo esa hipótesis, pues la joven habló de un antecedente en el que el criminal habría atacado primero a la mascota de Esteban.

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Según el relato de la hermana del joven asesinado, su mamá le pidió que fuera con su mascota a la veterinaria, pero en el trayecto se encontró con el habitante de calle que le propinó una patada al perro: “Le puso una patada al perrito y mi hermano, pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió. Y el indigente esperó como que mi hermano avanzara unos pasos y lo atacó por detrás con el arma”, explicó Viviana Yepes, demostrando que la reacción de Esteban en defensa de su mascota habría desencadenado la agresión mortal.

Del mismo modo, la joven aprovechó su diálogo con el medio local para exigir justicia en medio de su dolor: “Tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte, sea de la edad que sea, pero sí tiene que haber una muerte para que puedan reaccionar. Eso no nos los va a devolver, lo que hagan no nos lo va a devolver”, lamentó Viviana.

Cabe mencionar que el agresor ya se encuentra bajo custodia de las autoridades y la familia de la víctima recibió la visita del alcalde de Itagüí, Diego León Torres, que les ofreció apoyo institucional en medio del duelo. No obstante, la hermana de Esteban demostró su frustración por la reacción tardía de las autoridades ante el control con los habitantes de calle en el municipio.

Padre del joven lamentó el brutal ataque al que fue sometido

El papá de la víctima, identificado como Sergio Yepes, compartió con el medio regional El Colombiano que su hijo Esteban había finalizado sus estudios de secundaria en 2024 en una institución educativa de Itagüí y, antes de su muerte, asistía a clases de inglés para continuar su formación académica.

Lamentablemente, una puñalada en el cuello resultó fatal para el joven tras una leve discusión con su agresor. Esta nueva versión aportada por la familia señala que el golpe que el criminal le propinó a la mascota sería el detonante del acto violento que le arrebató la vida al joven, lo que cambió la interpretación del caso, pues hasta ahora la comunidad creía que el motivo sería la negativa del joven a entregar limosna.

El caso de Esteban Yepes Palacio reavivó el debate sobre la seguridad ciudadana y la atención a la población en situación de calle en Itagüí y otras zonas del territorio nacional. Por ahora, la familia exige respuestas y acciones concretas para evitar que tragedias de este tipo vuelvan a repetirse.

El homicidio de Esteban Yepes Palacios, un joven de 19 años que residía en el municipio de Itagüí, Antioquia, ha causado profundo dolor tanto en su familia como en su comunidad de origen, Concordia, en el Suroeste antioqueño.

Según informó El Colombiano, la víctima recibió una herida mortal en el cuello tras un ataque con arma blanca perpetrado por un habitante de calle, presuntamente después de negarse a entregarle dinero.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y el video se ha difundido ampliamente en las redes sociales.

Yepes Palacios vivía desde hace varios años en el barrio Villa Paula, de Itagüí, junto a sus padres y su hermana, luego de que la familia se trasladara desde el municipio de Concordia en busca de mejores oportunidades.

De acuerdo con la información divulgada por el diario, el joven había salido la tarde del lunes a pasear a su perro, luego de asistir a una clase de inglés, cuando ocurrió el ataque en la carrera 51 con calle 53, a escasos metros de su vivienda.

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El agresor, identificado por las autoridades como William de Jesús Cadavid, de 77 años, habría interceptado al joven para pedirle una moneda.

Tras la negativa, lo atacó con un cuchillo y huyó del lugar. La versión recogida por El Colombiano señala que la familia no había visto antes al presunto homicida en la zona.

El exalcalde de ese municipio, Diego Restrepo, recordó al joven como una persona tranquila, disciplinada y sin antecedentes de comportamientos problemáticos, mientras destacó el carácter trabajador y campesino de sus parientes.

Lo que dijo el padre del joven

Sergio Yepes describió a su hijo como un joven ajeno a problemas y conflictos. Recordó que no conocían al agresor, ni lo habían visto antes en la zona. Posteriormente, al recibir una imagen del presunto responsable, lo identificó como una persona que le parecía haber visto en el parque principal de Envigado, a la que percibió como agresiva. Este reconocimiento coincidió con mensajes de ciudadanos que, a través de redes sociales, afirmaron haber sido víctimas de comportamientos violentos del mismo individuo cuando le negaban dinero.

“Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, le dijo a El Colombiano el padre del joven.

En sus declaraciones, el padre también se refirió a las aspiraciones académicas y laborales de Esteban. Señaló que el joven se había graduado el año anterior del Colegio El Rosario de Itagüí, promoción 70, y cursaba estudios de inglés con el objetivo de conseguir empleo en el corto plazo. Su plan era utilizar esos ingresos para costear una carrera universitaria en administración de empresas. Según explicó, ya había comenzado a enviar hojas de vida para trabajos que valoraran sus conocimientos en el idioma.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con sus estudios”, añadió.

Captura del agresor

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, informó que, tras el ataque, el sospechoso —identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años— huyó hasta el barrio Simón Bolívar y continuó hacia la estación del metro de Envigado. Un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana, el Ejército y el sistema de cámaras de Itagüí y Envigado permitió su captura, en cuyo momento se le incautó el arma blanca presuntamente utilizada en el crimen.

Según explicó el penalista Iván Durango a El Colombiano, la avanzada edad del procesado podría llevar a su defensa a solicitar arresto domiciliario en lugar de detención preventiva. Sin embargo, la gravedad de la acusación y la naturaleza violenta del hecho podrían impedir que un juez conceda esa sustitución. De ser hallado culpable de homicidio agravado, Cadavid enfrentaría una pena de entre 33 y 50 años de prisión. Si se comprobara inimputabilidad por razones psiquiátricas, la ley contempla su internación en un centro especializado por hasta 20 años.

Cientos de personas encendieron velas en el parque principal de Itagüí para exigir justicia por la muerte de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años que murió tras ser atacado con arma blanca en el cuello por un habitante de calle en el sector de Villa Paula, del municipio antioqueño.

La velatón, convocada para las 7 de la noche del martes 13 de junio de 2025, reunió a familiares, amigos, vecinos y ciudadanos que expresaron su apoyo a la familia de la víctima y solicitaron que el crimen no quede impune.

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Los asistentes reclamaron que William de Jesús Cadavid, de 77 años, capturado tras intentar huir del lugar del hecho, sea procesado judicialmente y que no recupere la libertad, señalando que habría protagonizado otros episodios de agresividad.

El asesinato de Esteban Yepes Palacio conmocionó tanto a Itagüí como a Concordia, municipio antioqueño de origen del joven, donde amigos y allegados demandaron acciones firmes de las autoridades.

En el acto, la comunidad insistió en la necesidad de adoptar medidas para mejorar la seguridad y ejercer mayor control sobre personas que representen un riesgo para la integridad de los habitantes.

A su vez, el 11 de agosto de 2025, la Alcaldía de Itagüí comunicó que el responsable del homicidio había sido capturado, “gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad”. La detención se dio en el municipio de Envigado.

El joven se habría negado a darle la moneda al señalado, habitante de calle:

Esteban Yepes Palacio, de 19 años y originario de Concordia, recibió la herida mortal en el cuello por William de Jesús Cadavid, cuando se negó a darle una moneda durante la tarde del lunes 11 de agosto.

El crimen ocurrió afuera de un almacén veterinario, mientras Esteban paseaba a su perro en la zona céntrica del municipio.

La víctima, egresada en la promoción 70 del colegio El Rosario de Itagüí, se había radicado en este municipio junto a sus padres y hermana hace algunos años, de acuerdo con los detalles que compartió el medio antioqueño El Colombiano.

Su muerte generó profundo pesar en Itagüí y Concordia, donde aún mantenía vínculos con familiares y allegados, que lo describieron como un joven respetuoso y amable.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades y testigos, el atacante abordó a Esteban, le solicitó una moneda, y al recibir una negativa, lo hirió con arma blanca en el cuello. El joven cayó al suelo y falleció en el sitio.

El agresor de cerca de 70 años, fue capturado minutos después bajo el Puente Fundadores de Envigado, tras una persecución apoyada por cámaras de seguridad. Según registros policiales, este se convirtió en el octavo homicidio reportado en Itagüí durante el año.

Más de 100 personas fueron capturadas en Antioquia por homicidio durante el primer semestre de 2025

Las autoridades de Antioquia realizaron más de 100 capturas por homicidio entre enero y junio de 2025, enfocando sus operativos en municipios golpeados por la violencia y el accionar de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones se orientaron hacia hechos violentos en zonas urbanas y rurales, así como en algunos territorios de reincorporación.

Estas detenciones formaron parte de un esfuerzo articulado entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército para enfrentar fenómenos como retaliaciones entre bandas criminales, disputas por control de actividades ilícitas y conflictos entre estructuras presentes en el departamento. Los operativos permitieron capturar tanto a autores materiales como a presuntos determinadores de los homicidios reportados.

Varias de las capturas ocurrieron en contextos donde las víctimas estaban vinculadas a procesos de reincorporación, así como en áreas donde se recrudeció la disputa entre actores armados. Según fuentes policiales, este tipo de hechos incrementó el riesgo para líderes sociales y excombatientes en proceso de reintegración.

La extorsión sigue desbordada en el Área Metropolitana de Medellín, a pesar de las actuaciones de las autoridades que dieron con la captura de Juan Camilo García Saldarriaga, conocido con el alias de ‘Chadu’, un peligroso delincuente que tenía azotado el municipio de Itagüí.

Según informó la Fiscalía General de la Nación en la mañana del domingo 10 de agosto, a este individuo se le atribuye ser el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo, así como el responsable de imponer cuotas financieras a comerciantes, ganaderos y empresarios de la región.

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La noticia principal surge luego de que un juez de control de garantías decidió enviarlo a prisión preventiva por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto en el departamento de Antioquia.

El proceso judicial contra este cabecilla de la red delincuencial El Ajizal cobró notoriedad luego de que la Fiscalía lo señalara como el posible autor intelectual de un acto de extrema violencia ocurrido en Itagüí.

Según las investigaciones, el 14 de marzo de 2019, dos personas a su servicio habrían interceptado a una víctima que se movilizaba en su vehículo, le rociaron gasolina y le encendieron fuego tras negarse a pagar una extorsión. García Saldarriaga enfrenta imputaciones formales por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

Durante la audiencia, el líder criminal no aceptó los cargos propuestos por la Fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, decisión que lo llevó a iniciar el proceso judicial en condición de reclusión.

La vinculación de alias Chadu con actividades delictivas no se limita al intento de homicidio en Itagüí. Las autoridades sostienen que él participa activamente en la estructura que domina el tráfico de drogas y la extorsión en diversas zonas del área metropolitana, afectando no solo la seguridad de los habitantes sino también la economía de comerciantes y empresarios, quienes se ven obligados a entregar dinero bajo amenazas.

Cae la banda de Los Mondongueros en Medellín: capturan a su cabecilla y 12 integrantes por extorsión

La captura del presunto cabecilla conocido como “Micki”, un hombre de 36 años señalado de articular las actividades ilícitas del grupo, marcó uno de los momentos claves de la operación Ares de la Policía Nacional, que desarticuló una organización delictiva vinculada a la extorsión en el noroccidente de Medellín.

El operativo, realizado en el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la alcaldía de Medellín.

Según comunicaron las autoridades, hombres y mujeres del Gaula Metropolitano desarrollaron durante seis meses una labor investigativa tras recibir 48 denuncias de la comunidad respecto a actividades de extorsión, desplazamiento forzado y otros delitos conexos en las comunas de Castilla, Robledo y Doce de Octubre.

Como resultado de las evidencias recolectadas, la Fiscalía solicitó a un juez órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado. El operativo incluyó 12 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y en el municipio de Itagüí.

Durante esta intervención, fueron capturadas 13 personas —once hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años— y se incautó un arma de fuego junto a nueve celulares que pasarán a formar parte del material probatorio.

Entre los detenidos, además de “Micki”, figuran tres supuestos coordinadores conocidos como “Nilton”, “Gordo” y “Julian”, a quienes se les atribuyen tareas como ejecución de cobros extorsivos a comerciantes, intimidaciones a rutas de transporte, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Los otros nueve implicados habrían actuado como ejecutores directos de estas órdenes.

Según lo informado, los detenidos y los elementos decomisados quedaron a disposición de la justicia y, tras las correspondientes audiencias, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Un altercado familiar terminó en un homicidio que tiene en alerta a la población del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, y dejó a toda una familia de luto, pues uno de sus seres queridos falleció, mientras que el otro se encuentra tras las rejas por el brutal ataque, mientras que sus allegados están intentando procesar la situación.

El agresor fue identificado como Héctor Jaime López, que se entregó a las autoridades tras el ataque mortal contra su hermana, María Elena López Abonce, ocurrido en la madrugada del domingo 3 de agosto de 2025 en la vereda Los Olivares.

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La secuencia de los hechos fue reconstruida a partir de los reportes iniciales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la información difundida por la prensa de la zona, que reveló que la disputa se originó durante una fiesta familiar en la vivienda de los López. El detonante fue una discusión por el volumen de la música.

Testigos relataron que el atacante, de 65 años, le pidió a su familiar, de 56 años, que le bajara a la música, pero ella se negó, por lo que él no dudó en dirigirse a la cocina para tomar un cuchillo con el que atacó a su hermana, propinándole varias heridas ante la mirada de impacto de los presentes.

El hijo de la víctima, identificado como Jhon Anderson Muñoz López, explicó que el sujeto buscó el arma cortopunzante: “Se arrimó donde ella, le dijo ‘feliz cumpleaños, hermanita’ y ahí fue donde le dio la puñalada”. Asimismo, confirmó que la mujer murió al instante, sin que los intentos de trasladarla a un centro asistencial dieran fruto.

La reacción de Héctor Jaime López tras el crimen fue entregarse voluntariamente a la Policía. Minutos después del ataque se presentó ante las autoridades y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de la investigación en su contra por el delito de homicidio agravado.

Según informaron los medios de comunicación locales como Teleantioquia, el detenido cuenta con antecedentes judiciales y un historial de consumo de sustancias psicoactivas, además de conflictos familiares frecuentes, lo que habría afectado su salud mental, aunque esta hipótesis será confirmada o descartada por el ente judicial conforme avance la investigación.

Los testimonios de los vecinos y allegados a María Elena López Abonce indican que ella fue una mujer bastante querida en la comunidad. Además, aseguraron que era reconocida por sus esfuerzos para ayudar a su hermano a superar la adicción, puesto que en repetidas ocasiones intentó alejarlo del consumo de drogas, aunque nunca logró ese objetivo y terminó muriendo en manos de su ser querido por un reclamo simple.

Ante este panorama, la comunidad expresó su sorpresa ante lo ocurrido, tanto por la pérdida de una vecina querida como por la violencia en la que terminó una fiesta de una familia conocida en la zona. Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando para esclarecer los detalles del caso y la Fiscalía mantiene bajo custodia a Héctor Jaime López, que debe enfrentarse a audiencias para conocer su condena.

Mujer fue baleada en Antioquia por hombres que ingresaron a su vivienda a la fuerza

Durante el 17 de julio fue asesinada Estefany De Los Santos, una joven que trabajaba en un establecimiento comercial. La víctima fue atacada a tiros al interior de su vivienda, que se encuentra ubicada en el corregimiento San Miguel del Tigre, en inmediaciones del cementerio del municipio de Yondó.

La joven trabajaba en un local situado en el sector de Puerto Argentina. Sin embargo, en el momento en el que ocurrieron los hechos se encontraba en su vivienda cuando fue sorprendida por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

En un solo punto de la Autopista Sur, justo a la altura del antiguo centro de experiencia de Corona, ahora Ideo Hik, una cámara de fotodetección impuso más de 453.000 comparendos en cuatro años y medio. Esa cifra equivale, por sí sola, a la mitad del total de infracciones registradas por sistemas automáticos en todo el municipio de Itagüí desde 2020 hasta mediados de 2024. Una cámara. Un solo ojo electrónico que terminó por convertirse en el centro de la discusión sobre el uso del pico y placa en esta transitada vía nacional.

Según datos entregados por la Secretaría de Movilidad de Itagüí, el conteo general alcanza los 912.407 comparendos en ese lapso. Le siguen en volumen de sanciones otras cámaras ubicadas en puntos neurálgicos del municipio, Ditaires (122.801), Montesacro (98.614), Santamaría (70.591) y Simón Bolívar (66.493). Tres de estas están ubicadas en los accesos o salidas del municipio, lo cual no parece una casualidad, sino una estrategia claramente enfocada en controlar —y multar— a quienes transitan por la autopista desde o hacia Medellín.

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Buena parte de esas infracciones tiene nombre propio, pico y placa. La Secretaría reveló que esta norma representa el 33,3% de los casos detectados por cámara (304.088 en total). Le siguen faltas más directamente asociadas a la seguridad vial, como la ausencia del Soat (250.346) y la falta de revisión técnico-mecánica (237.265). Estas últimas son, en general, menos controversiales, porque afectan de forma directa la seguridad de conductores, pasajeros y peatones. Pero el pico y placa, sobre todo en la autopista, sigue siendo una piedra en el zapato.

El argumento principal de la Alcaldía para mantener esta medida es que reduce la congestión y mejora la seguridad. “Permite que diariamente sean 200.000 vehículos menos circulando”, dijo Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad. Asegura, además, que en el primer semestre de 2024, cuando la restricción estuvo suspendida en la autopista, se registraron siete muertes en accidentes, mientras que en el segundo semestre, ya con la medida de nuevo vigente, solo hubo una.

Sin embargo, hay voces que cuestionan esa visión. Mauricio Flórez, presidente de la Veeduría Nacional de Movilidad, considera que aplicar pico y placa sobre una vía nacional como la Autopista Sur, cuando Medellín y otros municipios del área metropolitana no lo hacen, carece de fundamento técnico. “La Alcaldía tiene la potestad de decidir dónde se aplica la excepción, y no hay una norma que los obligue a dejar exenta la autopista”, explica.

La molestia ciudadana no se limita al número de comparendos. También hay reclamos por la falta de señalización clara en los límites entre Medellín e Itagüí, lo que dificulta saber con certeza cuándo cambian las reglas. En mayo, la Veeduría radicó un derecho de petición luego de que un conductor fuera multado por circular a 38 km/h, cuando el Código de Tránsito establece que en zonas urbanas el límite es de 50 km/h. Días después, el alcalde Diego Torres anunció la derogación de esa restricción y prometió devolver el dinero de las sanciones.

El concejal Camilo Betancur, que lidera varios debates sobre el tema, señaló que la medida afecta la competitividad económica. “En la Mayorista tenemos muchas empresas y un trabajador no puede llevar su vehículo el día que le toca pico y placa”, dijo. Además, insiste en que la autopista Sur no solo sirve a Itagüí, también a los municipios del sur del Valle de Aburrá y del Suroeste antioqueño, para quienes esta ruta es la principal conexión con Medellín.

La justificación más repetida por la administración local para mantener la restricción es la necesidad de aliviar la movilidad mientras se construye un puente en el sector de Fábricas Unidas, en el cruce con la avenida Pilsen. Pero esa obra lleva un año de retraso y el propio alcalde admitió que solo comenzará en septiembre. Por eso, Flórez y Betancur piden que, al menos mientras tanto, se suspenda el pico y placa sobre la autopista.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Henry León Sánchez Sánchez, un veterinario que habría causado la muerte de una canina, en una vivienda del municipio de Itagüí, Antioquia.

Uniformados de Policía de Vigilancia sorprendieron a Sánchez Sánchez en el momento en que intentaba retirar el cuerpo del animal de una vivienda en el municipio ubicado en el Valle de Aburrá. Durante su detención, los policías hallaron varios frascos de químicos junto al cuerpo de la canina Alma, el cual transportaba dentro de una bolsa negra.

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El caso ocurrido el 2 de noviembre de 2024 se convirtió en la pieza central de la investigación que llevó a la Fiscalía General de la Nación a judicializar al veterinario por la presunta comisión de maltrato animal.

El ente acusador, a través de una fiscal adscrita al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a Sánchez ante un juez de control de garantías, donde le imputó el delito de maltrato animal, cuyo cargo no fue aceptado por el veterinario. Según la investigación, la canina, llamada Alma, se encontraba en estado de gestación y había sido confiada a Sánchez para su cuidado, con el objetivo de encontrarle un hogar de paso o una adopción definitiva.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía sostiene que Sánchez habría aplicado la eutanasia a Alma sin justificación médica, ya que no existía evidencia de que el animal estuviera en mal estado de salud. El procedimiento se realizó sin razón aparente, lo que motivó la intervención de las autoridades y la posterior judicialización del veterinario.

La Fiscalía General de la Nación fundamentó la imputación en los hechos observados el día en que Sánchez fue sorprendido transportando el cuerpo de Alma y los insumos químicos utilizados para la eutanasia. El cargo de maltrato animal fue sustentado en la ausencia de motivos válidos para la aplicación del procedimiento, así como en la condición de gestación de la canina al momento de su muerte.

“Al ser un ser sintiente e indefenso, con buenas condiciones generales de salud, sin la práctica de exámenes clínicos y o médicos previos, usted le causó injustificadamente su muerte valiéndose de sus conocimientos en medicina veterinaria y utilizando varios medicamentos para la consecución de su punible fin“, mencionó la fiscal del caso durante la audiencia de imputación contra el veterinario.

¿Dónde puedo denunciar el maltrato animal en Colombia y Medellín?

En Colombia y Medellín existen múltiples canales virtuales y líneas telefónicas en la que los usuarios pueden denunciar casos de maltrato contra animales, según su gravedad.

• Policía Nacional – Protección Ambiental: Línea única de emergencias 123 (para casos en flagrancia o urgencia vital).

En Medellín

• Fiscalía General de la Nación/Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA): Línea 122 (Aplica para casos graves como muerte intencional, lesiones severas, crueldad o tráfico ilegal de fauna).
• Línea única de emergencias 123 (Ambiental): para situaciones urgentes con animales sin cuidador o en riesgo inmediato: heridos, atropellados, enfermos, gestantes, cachorros, gatos callejeros, equinos, entre otros. La atención es las 24 h y se activa la Unidad de Protección y Bienestar Animal.
• Inspección de Policía de Protección Animal: teléfono: 385 5555 ext. 9773 o marca 0.
• Presencial: Casa de Justicia El Bosque, Carrera 52 # 71‑84, oficina 211.

Recomendaciones al denunciar casos de maltrato animal

1. Proporcione detalles claros: ubicación precisa, hora, descripción del maltrato y evidencias (fotos/videos).
2. Si usa canales no urgentes, prioriza el maltrato habitual o sospechoso. Para emergencias, se recomiendan utilizar la línea 123.
3. Puede ser anónimo; su información se mantiene confidencial.
4. Guarde el número de radicado o acta de denuncia para seguimiento.

El operativo fue realizado por el batallón de Policía Militar N°4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional.

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La detención se produjo mediante orden judicial por delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tortura y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Según las investigaciones, el grupo criminal Ajizal trabajaría con la estructura criminal La Unión. Además, alias Bigotes sería uno de los responsables de acciones como la utilización de niños, niñas y adolescentes para la venta de drogas, desplazamientos forzados, tortura y control de sectores en la vereda El Ajizal.

“El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para el respectivo proceso legal”, señalaron fuentes oficiales. Desde la Cuarta Brigada se reiteró que “el Ejército continuará desarrollando operaciones coordinadas con el firme propósito de combatir las estructuras criminales y proteger a los antioqueños”.

Capturas contundentes contra integrantes de Ajizal

En abril de 2025, las fuerzas militares y la Policía Nacional realizaron varias operaciones contra esta estructura. En una de ellas, capturaron a tres presuntos integrantes en Itagüí, señalados de coordinar el tráfico de estupefacientes y delitos de secuestro y extorsión, así como de amenazar a una familia para exigir dinero a cambio de permitirles permanecer en su vivienda.

Las autoridades expresaron que la captura fue posible gracias a la colaboración de la ciudadanía y a las denuncias interpuestas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

“Gracias a la denuncia ciudadana y al trabajo articulado de inteligencia, se logró evitar que una familia fuera víctima de extorsión. Seguimos trabajando por la seguridad y tranquilidad de los antioqueños”, detalló puntualmente el Ejército Nacional.

De otro lado, en enero de 2022, tras ocho meses de seguimiento, la Policía capturó en el barrio Estadio de Medellín a alias El costeño, otro presunto integrante de Ajizal.

Según las autoridades, el hombre, de 23 años, coordinaba plazas de venta de estupefacientes en Itagüí y usaba a cerca de 20 menores de edad para la comisión de delitos. “El costeño” era requerido por concierto para delinquir agravado y también investigado por tráfico de estupefacientes y extorsión.

Origen criminal y golpes históricos al Ajizal

El grupo delictivo Ajizal ha operado como organización de delincuencia común dedicada a la extorsión, tráfico de droga e instrumentalización de menores.

En 2019, después de seis meses de inteligencia a cargo del Gaula de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí, se capturó a 16 de sus presuntos integrantes, incluyendo a su entonces cabecilla, alias Cobra.

El operativo permitió la incautación de marihuana, cocaína, armas y elementos relacionados con la distribución de estupefacientes. Según datos oficiales, el grupo recaudaba entre $120 y $150 millones cada mes por sus actividades.

Al momento de ese operativo, el entonces secretario de Gobierno de Itagüí, Eduardo Ariza Triviño, afirmó que resultaba fundamental continuar con las acciones operativas para acabar con estos grupos criminales.

“Continuaremos dando fuertes golpes a las organizaciones delincuenciales integradas a la extorsión, el secuestro y el narcotráfico que alteran la tranquilidad de nuestros ciudadanos, amedrentándolos y generando zozobra. Con apoyo de la fuerza pública le daremos captura a todo aquel delincuente que quiera sembrar terror en nuestro municipio”, comentó el exfuncionario.

Las autoridades mantienen los esfuerzos para desarticular el grupo Ajizal y otras estructuras criminales que persisten en el Valle de Aburrá y sus regiones aledañas.

De acuerdo con las versiones preliminares que entregaron las autoridades, un enfrentamiento entre conductores en la vía de la Moda, entre el barrio Santa María y la zona centro de Itagüí, terminó con varios vehículos y motocicletas afectados, así como la captura de dos personas.

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El hecho se produjo cuando dos conductores de vehículos iniciaron una violenta persecución que puso en peligro a quienes transitaban por el sector.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los implicados bajó de un carro y, con apoyo de un motociclista, agredió al otro conductor.

Asimismo, se observa cómo el agresor se sube al parabrisas del otro vehículo involucrado e intenta romperlo, mientras el conductor, al tratar de escapar, arrolla a quien lo atacaba, provocándole una fuerte caída que no impidió que continuara con su persecución.

Luego, gracias a la reacción de la Central de Monitoreo y de la Policía, se permitió la captura de los dos involucrados, que están siendo procesados por el delito de daño en bien ajeno.

Al respecto, Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de la Alcaldía de Itagüí, reiteró el llamado a la tolerancia y el respeto entre conductores.

“Rechazamos rotundamente cualquier hecho de violencia que ponga en peligro o la integridad de las personas. En la comuna uno se presentó un hecho donde fueron agredidas varias personas, daños de vehículos y de motocicletas por una actividad de movilidad de unos vehículos. De esta manera, llega la Policía Nacional, apoyado por las cámaras de seguridad, y evitamos que estos hechos trasciendan a lesiones personale so a un homicidio (...)”, detalló el funcionario.

Otálvaro agregó que, en lo que va de 2025, el municipio ha reportado una disminución del 43 % en homicidios y del 6 % en lesiones personales.

“Agradecemos a la comunidad la información, a la institucionalidad, a la Policía Nacional, por llegar a tiempo y evitar una tragedia en nuestra ciudad. Hoy tenemos menos hechos de violencia que han hecho que la vida se siga consagrando en nuestro territorio”, complementó el secretario de Seguridad de Itagüí.

En efecto, esta situación altero la tranquilidad de los habitantes y transeúntes del sector, mientras que en redes sociales hubo comentarios en los que cuestionan este tipo de actitudes en presuntos hechos de intolerancia.

“Hay que judicializar a estos tipos. Todo el peso de la ley”; “Tanta violencia Dios”; “Sin programas de educación, ambiente hostil y de inseguridad, así como mal ejemplo de altos niveles gubernamentales (todos contra todos) autoridades sin empoderamiento y abandono a los actores viales. Un gran caldo de cultivo”; “A la gente ya le vale verga la vida, las leyes, hacen lo que quieran (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Inseguridad en Itagüí: delincuente no pudo robar la moto completa, pero llevó un rin

Una cámara de seguridad registró el intento de robo de una motocicleta en el barrio Samaria, la madrugada del jueves 19 de junio de 2025.

El video muestra cómo un hombre, al notar que la moto estaba asegurada con candados, decide desmontar y llevarse el rin con la llanta, evitando así el sistema de protección sin que nadie advirtiera la situación.

Las imágenes muestran que el sujeto se tomó varios minutos en los que, incluso, tuvo tiempo para recostarse en el piso mientras realizaba las maniobras para finalmente cumplir su objetivo criminal; esto, ante el paso de varios conductores.

El robo quedó documentado como prueba de la facilidad con la que operan los delincuentes a pesar de los dispositivos de protección. Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de los hechos.

Las intensas lluvias en el país continúan generando emergencias. Esta vez ocurrió en el municipio de Itagüí (Antioquia), donde se declaró calamidad pública tras las precipitaciones registradas durante la noche del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 de mayo.

Según informó la Alcaldía de Itagüí, una persona perdió la vida y otra resultó herida debido a una avenida torrencial en la quebrada Olivares, que también dejó a decenas de familias afectadas y daños significativos en varias zonas del municipio.

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Imágenes compartidas por la Alcaldía muestran las condiciones críticas en el sector de Olivares, donde el lodo y los escombros han bloqueado calles, dificultando el tránsito. Equipos de los Bomberos trabajan en la zona para despejar las vías y restablecer el acceso.

En este sector se registró el hecho más trágico de la emergencia: un hombre fue arrastrado por el deslizamiento y perdió la vida, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia a un centro médico tras sufrir lesiones causadas por la tierra.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, describió la situación como extremadamente difícil y enfatizó que la prioridad en este momento es proteger la vida de los habitantes.

“El día de hoy 5 de mayo, las fuertes lluvias que azotan el Valle de Aburrá causaron una emergencia en nuestro municipio. En el sector Olivares, con profundo pesar debo manifestar que las fuertes lluvias, una avenida torrencial causaron la muerte de un ciudadano de este sector y heridas a otra persona que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde recibe atención oportuna”, indicó el mandatario local.

En un llamado a la comunidad, Torres advirtió sobre los riesgos que persisten debido a las lluvias continuas, como movimientos en masa y crecientes súbitas en las quebradas.

Un balance preliminar de las autoridades indica que al menos 35 familias han resultado afectadas por la emergencia. Los organismos de socorro, junto con la Alcaldía, se encuentran en el terreno llevando a cabo labores de rescate y asistencia para mitigar los daños y apoyar a los damnificados.

“Hemos decretado la calamidad pública para avanzar en la atención del desastre”, detalló Diego Torres. Además, el alcalde de Itagüí pidió a la ciudadanía mantener la calma y colaborar con las labores de recuperación.

Además de Olivares, los barrios Villa Lía y El Carmelo también sufrieron graves afectaciones debido a las lluvias. En estas zonas, las inundaciones provocaron daños en varios vehículos, algunos de los cuales fueron arrastrados por la fuerza del agua. Las imágenes de los estragos reflejan la magnitud del impacto que las lluvias han tenido en el municipio.

Otra emergencia en Antioquia

Un cuerpo fue encontrado en el embalse Porce I, al norte del Valle de Aburrá, y las autoridades confirmaron que pertenece a José Miguel, un niño de 13 años que había desaparecido tras una avenida torrencial en el corregimiento Altavista, en Medellín.

Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, el hallazgo se realizó la mañana del miércoles 30 de abril, como parte de un operativo de búsqueda iniciado luego de que la vivienda del menor colapsara debido al represamiento de la quebrada La Guayabala.

La tragedia ocurrida el lunes 28 de abril, dejó como saldo la muerte de Julieth Arboleda López, madre de José Miguel, además de afectar a decenas de familias que resultaron damnificadas por el evento.

Este incidente se suma a las consecuencias devastadoras de la actual temporada de lluvias en el Valle de Aburrá, que ya ha cobrado la vida de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentra un habitante de calle que fue arrastrado por las fuertes precipitaciones en Medellín.

El sector de Altavista, donde ocurrió el desastre, ha sido uno de los más afectados por las lluvias recientes. La creciente súbita que arrasó con la vivienda de José Miguel y su madre no solo dejó víctimas mortales, también generó una emergencia humanitaria para las familias que perdieron sus hogares. Las autoridades locales han desplegado esfuerzos para atender a los damnificados y mitigar los daños ocasionados por las lluvias.

Un lamentable suceso desató preocupación en el barrio Porvenir de Itagüí, Antioquia, pues una mujer entre los 20 y 25 años, falleció en la jornada del domingo 13 de abril de 2025 tras caer desde un apartamento ubicado en el conjunto residencial Villa Sol, en la Calle 84 Nro. 58-50. Según informaron las autoridades, el hecho tuvo lugar alrededor de la 1:40 p. m. y está siendo investigado para esclarecer las circunstancias que llevaron a este desenlace.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la joven había llegado al apartamento en horas de la mañana. En el lugar se encontraba el propietario del inmueble, con quien habría compartido durante varias horas. Según las primeras indagaciones, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas antes de que el hombre abandonara la vivienda, dejando a la mujer sola en el lugar.

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Las primeras hipótesis de las autoridades indican que la mujer habría tomado la decisión de lanzarse al vacío desde el apartamento, lo que le causó la muerte de manera inmediata. Aunque esta es solo una de las hipótesis y no se descarta que se pueda tratar de un accidente. Cabe mencionar que un video de seguridad captó el momento exacto del hecho, confirmando que la joven estaba sola en el apartamento al momento de la caída. Este material audiovisual se encuentra bajo análisis como parte de las investigaciones.

Aunque no se han encontrado indicios previos de autolesión o intentos de suicidio por parte de la víctima, las autoridades trabajan para determinar las razones detrás de este caso, pues los reportes iniciales, indican que la joven habría salido de su casa tras una discusión con el presunto padre de su hija, motivada por el incumplimiento de sus responsabilidades económicas hacia la menor.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido plenamente establecida, y tampoco se cuenta con información detallada sobre su entorno familiar. Según consignaron los medios locales como Antioquia crítica, la joven habría denunciado previamente situaciones de abuso por parte de su familia.

El caso generó múltiples interrogantes, ya que no se han reportado capturas ni se ha señalado a terceros como responsables directos del hecho, por lo que las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los motivos que llevaron a la mujer a permanecer en el apartamento y, posteriormente, a tomar la drástica decisión de lanzarse.

El suceso impactó en gran medida a los residentes del barrio Porvenir, que reportaron haber escuchado un fuerte estruendo al momento de la caída. Según detallaron los vecinos, la mujer habría llegado al conjunto residencial en la mañana del domingo y estuvo allí durante varias horas antes del incidente.

Las labores judiciales realizadas en el lugar confirmaron que la causa de la muerte fue el impacto tras la caída. Sin embargo, las autoridades aún trabajan para esclarecer si existieron factores externos que están relacionados con la presunta la decisión de la joven.

Esta situación volvió a abrir el debate sobre la importancia de abordar temas como la salud mental, así que los ciudadanos exigen medidas concretas y avances en las investigaciones para ofrecer claridad sobre lo ocurrido en Itagüí para brindar respuestas tanto a la comunidad como a los allegados de la víctima.

El lamentable fallecimiento de esta joven en Itagüí deja múltiples preguntas abiertas y se convierte en un llamado de atención para prestar atención a las señales de alerta en el entorno social y familiar. Mientras las investigaciones avanzan, este caso se suma a la lista de tragedias que invitan a reflexionar sobre los mecanismos de apoyo emocional y social.

Hay consternación en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia, después de que se conociera sobre el brutal asesinato de Magnolia de Jesús Rivera Londoño, de 53 años, que fue atacada dentro de su vivienda en el barrio San Isidro.

Según informaron las autoridades, el presunto responsable del crimen sería su pareja sentimental, Héctor León Cañas Atehortúa, de 58 años, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

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De acuerdo con información conocida hasta el momento, el ataque ocurrió durante la madrugada del 2 de febrero, en el interior de la residencia familiar de la mujer.

Según las primeras hipótesis, el hombre habría actuado motivado por un ataque de celos que desató una discusión entre la pareja. La situación escaló rápidamente, pasando de los gritos a la violencia física, hasta que el agresor utilizó un arma blanca para acabar con la vida de Magnolia.

El llamado de los vecinos, alarmados por los gritos provenientes de la vivienda, permitió que las autoridades llegaran al lugar. Al ingresar, encontraron a Magnolia sin vida, con múltiples heridas de arma blanca. Héctor León, por su parte, fue hallado tendido en el suelo con lesiones autoinfligidas en el abdomen y las muñecas.

El hombre fue trasladado de inmediato a la Clínica Antioquia, donde permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica. Aunque su estado de salud es crítico, las autoridades han confirmado que enfrentará un proceso judicial por el delito de feminicidio agravado una vez se recupere.

Jorge Gómez, yerno de la víctima, describió al presunto agresor como una persona posesiva y celosa, aunque aseguró que no había antecedentes de agresiones físicas en la relación.

“El hombre era muy posesivo, muy celoso; la perseguía, la buscaba, pero no había habido agresión. Pedimos que se haga justicia, porque el hombre también se lesionó, pero está vivo en este momento”, expresó Gómez en declaraciones recopiladas por El Colombiano.

Asimismo, la víctima había subido en sus redes sociales en la mañana del domingo una publicación en sus redes sociales en las que posó junto al presunto feminicida.

En la imagen, se pudo observar a la pareja luciendo un ramo de flores que le había regalado Cañas Atehortúa horas antes de que se presentara el altercado en la vivienda de la mujer.

Familiares de Magnolia Rivera señalaron que ella mantenía una relación estable con el presunto homicida desde hace varios años. Sin embargo, confirmaron que la pareja nunca se estableció, por lo que Cañas estaba de paso en la vivienda de la víctima, en medio de una reunión privada.

Tras el feminicidio, la Alcaldía de Itagüí emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el hecho y reiteró la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia en el hogar.

“La intervención temprana es clave para evitar tragedias como la ocurrida hoy. Invitamos a los ciudadanos a acudir a las autoridades competentes y a los canales de atención dispuestos por la oferta institucional para prevenir estos hechos”, señaló la administración municipal.

Según datos oficiales, este es el décimo asesinato de una mujer registrado en Antioquia en lo que va del año 2025, una cifra que representa una leve disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, el crimen marca el fin de una racha de 125 días sin homicidios en este municipio del sur del Valle de Aburrá

La Línea 123 Mujer: una herramienta para combatir la violencia de género

En medio de las acciones para reducir los casos de violencia contra las mujeres, la Gobernación de Antioquia ha fortalecido la Línea 123 Mujer, un servicio que forma parte del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad a nivel departamental.

Este mecanismo cuenta con nodos en las nueve subregiones del departamento, lo que permite una mayor cobertura y conectividad con los municipios.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera, explicó que esta línea está diseñada para atender casos críticos y brindar acompañamiento a las mujeres que lo necesiten.

“El fortalecimiento del Nodo Departamental como un sistema integrado de emergencias va a permitir que uno de nuestros mecanismos, la Línea 123 Mujer Antioquia, tenga mayor cobertura y conectividad con los municipios. Allí las profesionales especializadas, tanto abogadas como psicólogas, podrán recibir aquellos casos críticos y acompañar a las mujeres que requieran de nuestra atención y acompañamiento para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres”, detalló Lopera.

Un incendio de gran magnitud se registró en la tarde del domingo 12 de enero en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, dejando a tres personas gravemente heridas.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:45 p. m. en el segundo piso de una vivienda de tres niveles, ubicada en la vereda El Progreso. Según informó Henry Muñoz, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, la emergencia consumió gran parte de los enseres del inmueble.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo haberse originado por una posible fuga de gas de una pipeta. Para atender la emergencia, fue necesario desplegar una ambulancia, un vehículo de reacción rápida y una máquina extintora.

Los bomberos lograron evacuar y trasladar a los tres residentes del hogar, quienes sufrieron quemaduras de consideración. Todos fueron remitidos a centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

Entre las víctimas se encontraron: un hombre de 27 años, una mujer de 26 años y una niña de 9 años, quienes sufrieron heridas tras la fuga de gas propano en la cocina lo que provocó la rápida propagación del fuego.

De esta manera, el socorrista explicó sobre el estado de los lesionados: “La menor de 9 años de edad, con el 80% de la superficie corporal. Una femenina, la madre de la menor, con quemaduras del 84% de la superficie corporal. Y el padre de la menor, con 40% de la superficie corporal”.

Además, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí agregó que “todas estas personas se derivaron a centros asistenciales de la ciudad de Itagüí. El Sistema de Emergencias Médicas, en coordinación con la Clínica Antioquia, realiza traslado primario de la menor de 9 años y de la femenina de 26 años, las cuales fueron derivadas a los hospitales San Vicente Fundación, para un mayor nivel de complejidad”.

Por su parte, desde la Alcaldía de Itagüí a través de un comunicado lamentaron los hechos ocurridos en el barrio El Progreso: “Lamenta profundamente los hechos ocurridos a las 3:45 p. m. en el barrio El Progreso, donde un incendio estructural afectó el segundo piso de una vivienda de tres niveles, dejando a tres personas gravemente, entre ellas una niña de 9 años”.

Entre líneas seguidas, la Alcaldía expresó que “gracias a la intervención de los organismos de socorro y la comunidad, las víctimas fueron trasladas a centros asistenciales. Las dos pacientes femeninas fueron remitidas inicialmente a loa Clínica Antioquia y luego al Hospital San Vicente Fundación, donde permanecen con pronóstico reservado”.

Además, expresaron solidaridad con las familias afectadas y “reiteramos nuestro compromiso de brindarles todo el apoyo necesario en este difícil momento”. Fue así como solicitaron a la comunidad extremar las medidas de seguridad en el manejo de elementos inflamables y sistemas de gas en sus hogares.

“Seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todos los itagüiseños”, concluyó el alcalde de Itagüí, Diego Torres.

Un muerto por la explosión de una pipeta de gas en Medellín

Una acumulación de gases en una vivienda que también funcionaba como taller de pintura de vehículos podría haber sido el detonante de una explosión que cobró la vida de un joven de 20 años en Medellín.

Según reportó el lunes 28 de octubre el Cuerpo de Bomberos de Medellín, el incidente ocurrió en el barrio Metropolitano, ubicado en la comuna 13, y generó un incendio de gran magnitud que alarmó a los vecinos y movilizó a las autoridades locales.

De acuerdo con información oficial, el estallido tuvo lugar en el tercer piso de una vivienda, donde se presume que la acumulación de gases inflamables alcanzó un punto crítico. La explosión no solo provocó la muerte del joven, sino que también desató un incendio que se extendió rápidamente por el inmueble.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades, lo que permitió la llegada inmediata de los equipos de emergencia al lugar de los hechos.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín, junto con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, desplegó un operativo para controlar el incendio y garantizar la seguridad en la zona. Las llamas, que representaban un riesgo significativo para las viviendas aledañas, fueron extinguidas tras una ardua labor de los equipos de rescate.

Una vez sofocado el fuego, las autoridades realizaron una inspección exhaustiva en el interior de la vivienda afectada. Fue durante esta búsqueda que se confirmó el fallecimiento del joven de 20 años, cuya identidad no fue revelada en los reportes iniciales.

Un intendente de la Policía Nacional, de 46 años, fue sentenciado a 18 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de 13 años.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2018 en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

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Sin embargo, tras años de investigación, el ente acusador logró confirmar y revelar que el uniformado abordó a la víctima mientras esta transitaba cerca de una subestación policial y utilizó su vehículo particular para cometer el delito.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese año, el hombre ofreció llevar a la menor al lugar al que se dirigía. Sin embargo, una vez dentro del automóvil, la joven fue agredida sexualmente.

Además, se comprobó que el agresor intentó silenciar a la víctima ofreciéndole una suma de dinero para que no denunciara lo sucedido. Este intento de soborno fue uno de los elementos que reforzó la acusación en su contra.

El ente acusador logró demostrar la responsabilidad del condenado en varios delitos graves.

Los cargos que le imputaron

De acuerdo con el reporte oficial, al uniformado se le imputaron los cargos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años.

La sentencia de 18 años de prisión refleja la gravedad de los crímenes cometidos y la contundencia de las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

La Fiscalía destacó que este caso subraya la importancia de proteger a los menores de edad frente a cualquier forma de abuso, especialmente cuando los responsables son figuras de autoridad como miembros de la fuerza pública.

Según consignó el organismo, el trabajo investigativo permitió esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima, que tenía apenas 13 años al momento del ataque.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso de perseguir y sancionar con rigor los delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad y que involucran a miembros de las fuerzas del orden.

Capturan responsable del homicidio de un niño de 9 años en Pereira

El cuerpo sin vida de un niño de 9 años, reportado como desaparecido en el corregimiento de Caimalito, en Pereira, fue hallado tres días después de su desaparición en una zona boscosa.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el menor habría sido atacado por un hombre que intentó robarle su teléfono celular.

De acuerdo con la institución, el menor salió de su casa con la intención de preguntar por el inicio de las novenas navideñas. Durante su recorrido, se habría encontrado con Julián Alexis Giraldo Bedoya, que, según las investigaciones, lo atacó con el propósito de sustraerle el celular.

La desaparición del niño fue reportada de inmediato por su familia, lo que activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), un protocolo diseñado para localizar a personas desaparecidas en el menor tiempo posible.

Tras tres días de búsqueda, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron el cuerpo del menor en una zona boscosa cercana al lugar donde fue visto por última vez.

Este hallazgo marcó el inicio de una investigación exhaustiva liderada por un fiscal de la Seccional Risaralda, con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía informó que, en coordinación con la Policía Nacional, se logró la captura de Giraldo Bedoya en la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío.

El hombre fue señalado como el presunto responsable del homicidio del menor. Según detalló la entidad, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía, Giraldo Bedoya no aceptó los cargos imputados. No obstante, el juez determinó que el procesado debía cumplir una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

A las 2:00 a. m., las cámaras de seguridad en el barrio Santa María La Nueva del municipio de Itagüí lograron captar a una niña de cuatro años deambulando sola, sin la supervisión de ningún adulto. Una patrulla fue enviada por la central de monitoreo para atender el caso, y al comprobar que la menor estaba sin compañía, se contactó a la Policía de Infancia y Adolescencia para proceder con el restablecimiento de sus derechos. Tras la intervención, la niña fue trasladada a la Comisaría de Familia Permanente de Itagüí.

La administración local informó que, luego de varias horas, unas personas llegaron al lugar en aparente estado de embriaguez y afirmaron ser familiares de la menor; sin embargo, al no presentar documentos que respaldaran esta relación, la autoridad administrativa tomó la decisión de otorgar una medida de protección provisional y retener a la pequeña para evaluar su estado de salud antes de cualquier entrega.

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De acuerdo con Noticias Caracol, el alcalde del municipio, Diego Torres, calificó la situación como “indignante” y confirmó que ya se están realizando investigaciones para esclarecer los detalles de lo ocurrido. “Estuvimos atentos desde la Alcaldía para que esa niña tuviera su protección, pero son cosas que no pueden ocurrir en la ciudad de Itagüí. No se pueden seguir aprovechando el sistema de seguridad para que los padres de familia de manera irresponsable no tengan el cuidado de sus hijos”, aseguró el mandatario local.

La menor quedó bajo la custodia de la Comisaría de Familia de Itagüí, que, tras confirmar el grado de consanguinidad, determinó entregarla nuevamente a sus progenitores. Sin embargo, ambos padres deberán asistir a un curso obligatorio sobre los derechos de la niña, como parte de una amonestación previa.

Aumentan recompensa por paradero de niña desaparecida en San Rafael

Desde el pasado 11 de julio de 2024, la menor Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, de apenas 10 años, permanece desaparecida en el municipio de San Rafael, ubicado en el oriente antioqueño. En un esfuerzo por obtener pistas sobre su paradero, la Gobernación de Antioquia junto a la Alcaldía de San Rafael han incrementado la recompensa ofrecida, alcanzando un total de aproximadamente $70 millones para quienes proporcionen información que permita dar con la niña.

El alcalde de San Rafael, Edwin Giraldo, informó a través de redes sociales que su despacho había solicitado a la Gobernación el incremento de la recompensa por información que ayude a localizar a la pequeña. Según el mensaje de Giraldo, dicha solicitud fue aprobada recientemente.

La niña fue vista por última vez el día en que se halló el cuerpo sin vida de su abuelo en la vereda Brasil de San Rafael, donde ambos se encontraban. La desaparición de la menor fue reportada tras este trágico suceso, y desde entonces las autoridades han intensificado sus esfuerzos de búsqueda.

“La Sijín ha realizado el levantamiento y las investigaciones pertinentes están en curso. Asimismo, queremos informar que la búsqueda de la pequeña Kendall Stefany continúa con todos los esfuerzos posibles”, informaron desde la alcaldía. “La Gobernación de Antioquia ha decidido aumentar el monto de la recompensa hasta 70 millones de pesos por información que nos conduzca al paradero de la menor”, confirmó el secretario de Seguridad, el general en uso del buen retiro, Luis Eduardo Martínez.

A pesar de que ya existía una recompensa inicial de $50 millones para obtener información sobre Kendall, hasta el momento no se ha logrado ningún avance en este caso que generó consternación en la comunidad. Las autoridades continúan con los operativos, mientras que en San Rafael los vecinos han realizado plantones para exigir su regreso en condiciones seguras.

Itagüí (Colombia), 22 oct (EFE).- La Fundación Real Madrid, en colaboración con el grupo industrial español Gonvarri, inauguró este martes en el municipio colombiano de Itagüí una nueva escuela sociodeportiva para implementar por primera vez fuera de España un programa que integra al deporte con la educación vial.

Ante una treintena de niños que lucieron las camisetas blancas de la naciente escuela, el evento empezó salpicado de júbilo por la remontada 5-2 del Real Madrid al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu y la celebración del décimo aniversario de Gonvarri en Colombia.

El responsable para América de la Fundación Real Madrid, Mateo Figueroa, dijo a EFE que esta inauguración representa un "nuevo paso en nuestras actividades en Colombia, dando un salto y llegando a Itagüí con las escuelas sociodeportivas".

Contó que el pasado viernes llegó a Itagüí, municipio vecino de Medellín, un equipo de especialistas de la Fundación para empezar la formación de profesionales locales y transferencia de conocimiento para que puedan implementar la metodología que han desarrollado.

"Real Madrid y Gonvarri tienen una relación de muchos años y desde 2018 implementamos un modelo de educación vial a través del deporte para que niños y niñas aprendan de cultura vial, algo que tiene impacto en su vida", agregó Figueroa sobre este proyecto que en Colombia tendrá el apoyo de la Fundación Concivica.

La escuela empezará con 35 niños y niñas que ya entre las dos organizaciones seleccionaron para formar parte de esta primera etapa, pero el propósito es elevar en 2025 la cifra de menores beneficiados con un programa que les permite formarse como seres humanos "integrales" y a través de la práctica del deporte recibir herramientas para que sean mejores estudiantes y personas.

"Este es un proyecto que ha tenido un gran impacto en España durante varios años y que por primera vez se expande más allá de sus fronteras para llegar a Colombia. Nos sentimos honrados de haber sido elegidos para desarrollar esta iniciativa en nuestro país", declaró el gerente general de Gonvarri Colombia, David Orozco.

Por su parte, el director general de Gonvarri Metal Structures (GMS), René Porrúa, indicó que este proyecto de educación les permite ir "un paso más allá" porque no solo se trata de enseñar a las niñas y los niños a jugar fútbol, sino de "un compromiso con la comunidad y de respeto por los valores".

Esta sede en Itagüí se suma a las más de 300 escuelas sociodeportivas que la Fundación Real Madrid ha abierto en más 70 países para impactar a más de 50.000 niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. EFE

(foto)

El viernes 11 de octubre de 2024, a las 5:30 p. m., un grave accidente tuvo lugar en Itagüí, Antioquia, donde cuatro obreros cayeron desde una altura de aproximadamente diez metros mientras trabajaban en una obra de construcción.

Este suceso activó de inmediato los protocolos de atención de emergencias en la región, así como una rápida respuesta de los servicios de rescate y las autoridades.

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Los hechos ocurrieron en la carrera 54# 76, en el sector de Santa María, donde los trabajadores se encontraban realizando labores en el montaje de una formaleta, un objeto comúnmente utilizado en la construcción para moldear el concreto.

Según el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Henry Muñoz Duque, el accidente se produjo cuando una de estas formaletas se desprendió, lo que provocó la caída de los obreros. “Las vigas que estaban vaciando ceden”, explicó Muñoz a El Colombiano, asurando que, afortunadamente, no hubo un colapso del resto de la edificación y que las columnas “se mantienen erguidas”.

A raíz de la caída, los compañeros de trabajo de los obreros rápidamente intervinieron, llamando a las autoridades para que los heridos recibieran atención médica. En este sentido, los equipos de emergencia llegaron al lugar y encontraron a los cuatro trabajadores lesionados. De acuerdo con el medio local H13N, el primer paciente, un hombre de entre 20 y 30 años, fue hallado en posición sentada, consciente y orientado, pero presentaba una deformidad en la parrilla costal izquierda y dificultad para respirar.

El segundo lesionado, un hombre de 36 años, tenía una herida lacerante en el mentón, con un sangrado leve y contusiones en el antebrazo derecho, además de reportar un dolor intenso. Por su parte, la tercera víctima, un joven de 22 años, mostraba raspones en la región dorsal y dolor en la zona lumbar, aunque sin indicios de fractura. Finalmente, el cuarto hombre, también de 22 años, estaba consciente y orientado, pero experimentaba un dolor severo en el abdomen y múltiples laceraciones en su cuerpo.

Todos los lesionados estaban asegurados con una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y fueron trasladados a la Clínica de Antioquia para recibir atención médica adicional y evaluación de sus lesiones. Según las autoridades, “no hubo lesionados de gravedad, fallecidos, ni personas atrapadas”, lo que generó un alivio en medio de la angustiante situación.

Las autoridades locales, incluidas la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, han subrayado la importancia de la seguridad en las obras de construcción y han iniciado una investigación para determinar las causas del colapso de la formaleta. Además, el medio citado conoció que ingenieros de Gestión de Riesgo fueron enviados al lugar del accidente para evaluar la integridad de la infraestructura y garantizar la seguridad de los trabajadores en el futuro.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia más estricta sobre los protocolos de seguridad en la construcción, un sector que ha visto un aumento en los accidentes laborales en Colombia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reportado que las caídas son una de las principales causas de lesiones y muertes en el trabajo, especialmente en la construcción, donde los trabajadores están expuestos a múltiples riesgos. Es crucial que las empresas implementen medidas efectivas para prevenir estos accidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro.

La construcción en Colombia, especialmente en áreas urbanas como Itagüí, ha experimentado un auge significativo en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de mano de obra. Sin embargo, este crecimiento debe ir acompañado de un compromiso sólido con la seguridad laboral, que no solo protege a los trabajadores, sino que también mejora la productividad y la moral en el lugar de trabajo.

En la grabación en cuestión se evidencia cómo el ciudadano, que es hermano de la propietaria de la unidad residencial, ingresa a un ascensor de un conjunto y, cuando se cierran las puertas, empieza a patear a uno de los perros. El animal fue agredido en múltiples ocasiones hasta que el sujeto salió del ascensor.

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“Gracias a la rápida acción de las autoridades, se logró la recuperación inmediata de los dos animales, que fueron trasladados a un centro especializado donde recibieron una evaluación veterinaria para determinar su estado de salud física y emocional”, informó la alcaldía en un comunicado.

De acuerdo con el video divulgado en las redes sociales, los profesionales de la salud que lo atendieron identificaron que en ciertos lugares de su cuerpo presentaba mucho dolor, sobre todo, en la zona del bazo. Se evidenció, además, que el animal tenía hematomas y algunas abrasiones en el costado derecho del tórax. “Manifiesta mucho dolor”, señaló el funcionario.

En consecuencia, las autoridades locales no solo recuperaron a los animales, sino que interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. El Código Penal Colombiano establece penas en prisión de entre 12 y 36 meses para aquellas personas que cometan delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Añade la inhabilidad especial de entre uno y tres meses para el ejercicio de la profesión si esta está relacionada con animales.

Millonaria multa por maltratar a Docky

Mientras avanza el proceso penal en contra del hombre en cuestión, las sanciones de carácter administrativo ya fueron impuestas y el sujeto deberá pagar una millonaria multa por haber golpeado a Docky. “El proceso administrativo avanzó con celeridad en la Corregiduría El Manzanillo, y en las últimas horas se emitió la resolución correspondiente que impone una sanción económica ejemplar para el infractor”, detalló la entidad en el comunicado.

El ciudadano deberá pagar el equivalente a ocho salarios mínimos legales vigentes, que corresponden a más de $10 millones, según lo dictaminado en la Ley 1774 de 2016, normativa que da a los animales el estatus de seres sintientes.

Los perros quedaron en manos del padre, que vive en otra propiedad distinta a la que fue objeto del incidente. El ciudadano firmó un acta en la que adquirió el compromiso con la Secretaría de Medio Ambiente de proteger a las mascotas y resguardarlas en un lugar seguro. Por su parte, la Inspección de Policía ordenó el alejamiento del agresor, para que no pueda tener ningún acercamiento con los animales que estuvieron bajo su cuidado.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, se pronunció sobre los hechos, asegurando que en su administración hay un objetivo de protección y asistencia a animales. Asimismo, resaltó la importancia de informar y concientizar a la población sobre el trato que se le debe dar a las mascotas y otros animales.

“Itagüí es la ciudad de todos, y la protección de los animales es una prioridad en nuestra ciudad. Nos hemos puesto la meta, no solo de atender integralmente a más de 15.000 animales entre domésticos y silvestres, sino de concientizar sobre tenencia responsable de mascotas y castigar ejemplarmente el maltrato animal”, declaró el funcionario, citado en la comunicación.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó sobre cortes de agua programados para esta semana en zonas del centro-oriente y suroccidente de Medellín, además de sectores del municipio de Itagüí.

Estas interrupciones del servicio del agua, que se realizarán entre el miércoles 18 y el viernes 20 de septiembre, tienen como fin llevar a cabo el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable pertenecientes a los circuitos de Miraflores y El Rodeo.

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En Medellín, los cortes afectarán barrios como Miraflores, La Milagrosa, Bombona No. 2, Loreto, entre otros. Se estima que alrededor de 12.294 usuarios experimentarán la suspensión del servicio desde las 8:00 p.m. del miércoles 18 hasta las 4:00 a.m. del jueves 19 de septiembre.

En Itagüí, los cortes están programados para el jueves 19 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del viernes 20 de septiembre. Los barrios que sufrirán interrupciones incluyen El Rodeo, Colinas del Sur, La Loma de Los Bernal, entre otros, afectando a unos 22.813 usuarios.

EPM explicó que estas interrupciones son necesarias para garantizar la calidad del agua y la correcta operación del sistema de acueducto. Los trabajos permitirán mantener la eficiencia y seguridad del servicio en las áreas afectadas.

Este tipo de trabajos programados son parte del mantenimiento continuo que busca preservar la calidad del agua que consumen los habitantes de Medellín e Itagüí, según el comunicado de EPM.

Daño en tubería de acueducto en Medellín afectó a más de 20.000 personas

Recientemente, Empresas Públicas de Medellín (EPM) informaron sobre una avería en el sistema de acueducto que afectó a más de 22.000 personas en varios barrios de Medellín.

La interrupción del servicio ocurrió debido a un daño en las tuberías, lo que obligó a EPM a suspender el suministro en zonas como Robledo, Calasanz, Blanquizal y otras. Para mitigar los efectos de la falta de agua, EPM dispuso de cuatro carrotanques que suministraron agua potable a los residentes afectados mientras se realizaban las reparaciones necesarias.

La compañía detalló en su cuenta de X (anteriormente Twitter) las áreas exactas afectadas por la falta de agua. Entre las direcciones impactadas se encontraban las ubicadas desde la calle 50 hasta la calle 85, abarcando varias carreras en diferentes sectores.

Entre los barrios mencionados que sufrieron la suspensión del servicio se encontraban Alfonso López, Córdoba, López de Mesa, El Pesebre, y otros más en la zona centro-occidental de la ciudad. La interrupción fue significativa, pero EPM actuó rápidamente, ofreciendo alternativas mientras trabajaba en la reparación de las tuberías dañadas. A través de su Línea de Atención al Cliente (604) 4444115, EPM ofreció información detallada a los afectados y estuvo disponible para responder a cualquier inquietud o consulta de los usuarios.

Este incidente reflejó la importancia del mantenimiento y la rápida respuesta ante fallos en el suministro de servicios básicos como el agua, siendo EPM una entidad reconocida por su gestión y eficiencia en estos casos. La empresa también resaltó que estos daños, aunque imprevistos, son atendidos con prontitud para restablecer el servicio lo antes posible, con el fin de minimizar las molestias a los usuarios.

Por su parte, las autoridades locales y los ciudadanos afectados agradecieron el despliegue de carrotanques, pues permitió abastecerse de agua potable mientras se solucionaba el problema. Aunque la situación generó algunas incomodidades, los habitantes de Medellín valoraron los esfuerzos por parte de EPM para ofrecer soluciones temporales durante la reparación.

Finalmente, EPM recalcó que seguirá monitoreando el sistema de acueducto para evitar futuros incidentes y mejorar la infraestructura de distribución de agua en Medellín. La empresa también pidió comprensión a los ciudadanos mientras realizaban las labores de reparación y mantenimiento necesarias para garantizar un servicio eficiente y continuo.

En Itagüí, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reveló que en las últimas horas se produjo la captura de un sujeto que se hizo pasar por funcionario de la entidad durante un evento en dicho municipio. Seguridad Ciudadana se ve comprometida por personas que utilizan símbolos oficiales con fines engañosos, y este caso no fue la excepción.

El individuo, cuya identidad fue expuesta en una denuncia en redes sociales presentada por la UNP, se presentó en el evento portando símbolos que lo vinculaban falsamente con la entidad de protección gubernamental.

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“Un sujeto que se hizo presente en un evento de la municipalidad utilizando símbolos de la UNP fue capturado y puesto a disposición de la justicia. El intruso indagó por personas que hacían parte de la reunión. La Secretaría de Seguridad de Itagüí le hace seguimiento a este caso”, señaló la entidad en su cuenta oficial de X.

La denuncia, acompañada de fotografías que muestran una placa con el nombre Carlos Osorio, así como un número de identidad y grupo sanguíneo, fue determinante para la identificación del impostor.

La acción de captura fue el resultado de una rápida intervención de las autoridades locales en respuesta a las denuncias públicas. Los símbolos y la placa falsa indicaban claramente que el individuo pretendía aprovecharse del evento usando la imagen y la credibilidad de la UNP.

La placa falsificada, junto con otros elementos probatorios, ahora forman parte de las investigaciones en curso para establecer si hubo cómplices y qué otros planes podrían tener el detenido que se hizo pasar por funcionario de la Unidad Nacional de Protección.

La intervención de la policía local y la colaboración con la UNP permitió neutralizar la actividad delictiva, evitando posibles consecuencias más graves. La entidad ha asegurado que continuará trabajando en conjunto con otras agencias para prevenir y enfrentar situaciones similares en el futuro.

Este incidente pone de relieve la importancia de verificar la autenticidad de los funcionarios presentes en eventos oficiales y fomenta la alerta en la población para identificar y denunciar posibles fraudes. La UNP ha reiterado su compromiso de mantener la seguridad de los ciudadanos y de sus propios funcionarios, subrayando la grave naturaleza de usurpar funciones públicas.

Ministro del Interior pidió a la Fiscalía investigar presunta corrupción en UNP

El ministro Juan Fernando Cristo habló sobre los recientes escándalos por irregularidades en la utilización de recursos públicos dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El alto funcionario señaló que el Gobierno ya está tomando medidas para abordar lo que podría ser un entramado de corrupción.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Cristo aseguró: “Este se suma a muchos episodios de todos los días de estar sucediendo los temas de la Unidad, el transporte de armamento, transporte de dinero en efectivo. Yo creo que la situación es preocupante, sin lugar a dudas”, y subrayó que la situación requiere una respuesta inmediata, dado que estos actos comprometen la integridad de la UNP, cuyo propósito fundamental es la protección y seguridad de ciudadanos en riesgo.

Cristo también anunció que las autoridades tienen la intención de coordinar con la Fiscalía General de la Nación para iniciar un proceso de investigación profundo. “Tenemos con el director de la Unidad Nacional de Protección la intención de hacer una reunión con la Fiscalía General de la Nación para empezar una tarea de investigación y de inteligencia para develar toda esta trama de corrupción que hay al interior de la UNP”.

Asimismo, Cristo destacó la necesidad de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los esquemas de protección actuales. “Muchos de esos esquemas de protección son tercerizados, muchos han hecho parte de la subdirección especializada que surgió del acuerdo de paz y hay que hacer una evaluación a fondo”, mencionó en su declaración. Esta evaluación permitiría identificar debilidades y plantear mejoras sustanciales que aseguren la transparencia y eficacia de la UNP.

Un desafortunado hecho se registró en las horas de la tarde del viernes 2 de agosto en la avenida Guayabal con la calle 14 sur, en los límites de la ciudad de Medellín y el municipio de Itagüí, allí fallecieron dos personas y varias resultaron heridas luego de que una tractomula chocará contra la pareja de motociclistas y colisionar con 14 vehículos más.

Horas más tarde de las labores realizadas por las autoridades en el lugar del siniestro, se conocieron las identidades de las dos personas fallecidas debido al impacto. Se trata de Santiago Herrera Restrepo, de 31 años, y Daniela Suárez Sánchez, de 28, fueron identificadas las dos personas que se movilizaban en una motocicleta Yamaha NMax por este corredor vial en el momento en que fueron impactados a gran velocidad por el cabezote del vehículo de carga, que había sido robado a las afueras de una empresa de venta y mantenimiento de tractocamiones y maquinaria amarilla, momentos antes de los hechos. Al parecer la pareja sostenía una relación sentimental.

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El responsable de esta fatalidad que causó el colapso en la movilidad en esta zona de la capital del departamento de Antioquia fue capturado en el lugar por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El hombre de 23 años fue identificado como Jefferson Torres Moreno, quien al parecer iba al mando del camión hurtado.

El sindicado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, en el barrio Caribe, de Medellín, para iniciar con los procesos judiciales por los delitos de hurto y homicidio. Además, se conoció a través del reporte judicial del caso que esta persona se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades han decidido profundizar en la investigación con un examen toxicológico más detallado para determinar si el conductor involucrado en el accidente se encontraba bajo los efectos de narcóticos y, en su caso, establecer cuál es la sustancia que habría afectado su capacidad de conducción.

En caso de que se confirme el consumo de narcóticos del conductor implicado, no solo enfrentará un juicio penal, sino también una sanción administrativa significativa. De acuerdo con las leyes vigentes, la multa podría ascender a 15.600.000 pesos y la suspensión de la licencia de conducción por cinco años, una penalización similar a la de manejar en estado de embriaguez en grado dos.

El secretario de Movilidad indicó que las personas que hurtaron el automotor intentaron huir a gran velocidad, lo que ocasionó que embistiera a 14 vehículos llegando a los límites con el municipio de Itagüí.

“Se presentó un fuerte siniestro vial donde un tractocamión que presuntamente fue hurtado, cuando entraba a un mantenimiento preventivo, coge por toda la avenida Guayabal y llegando al límite con Itagüí embiste a catorce vehículos”, explicó Mateo González.

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha registrado que con estas dos muertes ascienden a 167 las personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del año. Esta cifra es alarmante y suscita preguntas sobre la efectividad de las medidas de seguridad vial en la ciudad.

En su último informe la Agencia Nacional de Servició Vial informó que por primera vez en cinco años el fenómeno de siniestralidad en las calles de todo el país disminuyó gracias al trabajo que realizado de la entidad en pro de reducir los deseos en toda Colombia.

Entre los meses de enero y junio de 2024 se registró una disminución del se ha registrado una disminución del 2% en el número de fallecidos por siniestros viales en Colombia con un total de 3.943 víctimas, en comparación con el mismo período del año 2023 donde se presentaron 4.029 fallecidos.

El empresario caleño Luis Fernando Lían fue capturado en un operativo en el que también fueron detenidas varias personas, incluyendo al presunto narcotraficante Javier García Rojas, conocido como alias Maracuyá, y a su hermana Ana Ruth García.

Según pudo confirmar Cambio, el procedimiento fue llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación el viernes 26 de julio en las ciudades de Cali e Itagüí.

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Luis Fernando Lían fungió como director de Metrocali en el 2007, la entidad que opera y controla el sistema de transporte público masivo en la capital del Valle del Cauca.

Lían comenzó a trabajar con Javier García Rojas en el 2009 lavando dinero desde su empresa SCP Ingeniería S.A.S. para las organizaciones criminales que manejaba alias Maracuyá.

La Fiscalía informó que el grupo capturado podría estar implicado en un entramado criminal dedicado al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Además de alias Maracuyá y su hermana, los detenidos incluyen a personas que presuntamente actuaban como testaferros en la operación.

El operativo también permitió la identificación de siete empresas que formaban parte del entramado utilizado para legalizar estos fondos ilícitos en el país. Entre los capturados se encuentran:

• Javier García Rojas (alias Maracuyá), señalado como un narco invisible que blanqueaba dinero de otros delincuentes mientras aparentaba ser un empresario legal.
• Ana Ruth García, hermana del principal acusado.
• Luis Fernando Lían, exgerente de Metrocali y un empresario altamente conocido en Cali.
• Humberto Vidal.
• Melquisedec Arroyo.
• Fernando Campo.

El País destacó que la Fiscalía detectó que esta organización criminal usaba fiducias como uno de sus principales métodos para lavar activos derivados del narcotráfico. Los cargos imputados a los capturados incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

El medio también informó sobre la presión que la Fiscalía ha ejercido sobre las propiedades de alias Maracuyá. Meses antes de su captura, se habían iniciado procesos de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades situadas en el Valle del Cauca, las cuales estaban avaluadas en unos 28.000 millones de pesos.

Este operativo se desplegó en diversos departamentos, incluyendo Valle del Cauca, Quindío, Huila, Meta, Antioquia y Bogotá, abarcando un total de 71 propiedades que juntas tienen un valor estimado de más de 60.000 millones de pesos.

Martha Mancera, Fiscal General encargada, confirmó la noticia en un video donde explicó las investigaciones realizadas para identificar a los testaferros de Maracuyá. “Le ocupamos los bienes a Javier García Rojas, alias Maracuyá, gracias al trabajo de los fiscales de la dirección de extinción del derecho de dominio y a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, se logró identificar los testaferros y a estos testaferros la ubicación de 71 bienes avaluados en más de 60.000 millones de pesos.”

Quién es alias Maracuyá

Javier García Rojas, más conocido como alias Maracuyá, fue capturado el 25 de julio después de 18 años operando como un “narcotraficante invisible”. Alias Maracuyá se hacía pasar como empresario, logrando evadir múltiples investigaciones mediante la corrupción de funcionarios judiciales y policiales.

Según Cambio, sus vínculos en el mundo delictivo empezaron con el narcotraficante José Bayron Piedrahíta, conocido como alias el Árabe. Piedrahíta fue capturado en 2017 con fines de extradición, en un caso que ayudó a desvelar la amplia red de narcotráfico en la que también participaba García Rojas.

En 2018, Javier y Ana Ruth García fueron incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de exportar 9 toneladas de cocaína entre 1999 y 2003 en colaboración con Piedrahíta.

Alias Maracuyá se dedicó al lavado de dinero proveniente del narcotráfico desde al menos 2006, generando enormes sumas de dinero. Según la Fiscalía General de la Nación, el monto blanqueado por esta red supera los 50.000 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de sus operaciones financieras ilícitas.

Las investigaciones a Luis Fernando Lían

Esta no es la primera vez que Luis Fernando Lían es protagonista de investigaciones. En el 2021, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de celebración indebida de contratos. En este caso también se procesó a Rodrigo Salazar Sarmiento, exjefe jurídico de Metrocali, por el delito de prevaricato por acción.

La Fiscalía afirmó que los denunciados participaron en la adjudicación de un contrato para la construcción de una terminal en Calima, un barrio en Cali, a la empresa israelí Hafira Ve Hatziva en octubre de 2007, por un valor de 22.750 millones de pesos.

El ente investigador determinó que la adjudicación del contrato se realizó de forma irregular, ya que Hafira Ve Hatziva no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto de construcción. La empresa estaba especializada en demoliciones e instalación de redes hídricas, lo que evidenció la carencia de conocimientos en construcción de terminales de transporte masivo.

La muerte de Fabián Orlando Barreto Ballestas, un camionero de 42 años, está siendo investigada por las autoridades, luego de ser encontrado sin vida en un hotel de Itagüí en circunstancias aún no del todo esclarecidas. El suceso ocurrió el martes 9 de julio, según indicaron las autoridades.

Todo comenzó cerca de las 4:50 de la madrugada, cuando Barreto Ballestas y su amigo, junto con dos mujeres, llegaron a un hotel después de haber estado en un bar en la zona de tolerancia del barrio Santa María. El amigo de Barreto permitió que las mujeres abandonaran el hotel alrededor de las 6:00 de la mañana, ya que Barreto se encontraba durmiendo profundamente.

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Sin embargo, luego de tres horas, el amigo notó que Barreto había dejado de roncar y, al no poder despertarlo, alertó al personal del hotel, según informaron medios locales sobre el testimonio del hombre, que no ha sido identificado.

Entonces las autoridades fueron notificadas de inmediato y confirmaron que Barreto Ballestas no presentaba signos vitales. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron una inspección en el lugar para intentar determinar las causas de la muerte, aunque no pudieron establecerlas en ese momento.

Ahora, la responsabilidad de esclarecer las causas del fallecimiento está en los hombros de Medicina Legal. Además, el papel del amigo de Barreto Ballestas, quien autorizó la salida de las mujeres, también está bajo escrutinio por parte de las autoridades para descartar cualquier implicación.

Entre tanto, la comunidad de Itagüí se encuentra consternada por el incidente. Las investigaciones continúan con el fin de arrojar luz sobre los hechos y brindar respuestas a la familia del fallecido.

Fabián Orlando Barreto Ballestas era un camionero que, según conocidos, era una persona trabajadora y comprometida con su oficio. Una allegada a Ballestas escribió en su perfil de Facebook: “Hoy tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero tu amor y tus recuerdos continuarán viviendo en mi corazón para siempre, aunque ya no estés físicamente a mi lado, tu presencia se hace sentir en cada momento, en cada recuerdo, en cada lágrima, en mi casa se siente tu ausencia y duele profundamente. La vida sin ti no será la misma pero el amor que me regalaste seguirá iluminando mi camino, siempre te llevaré conmigo en mi corazón y pensamientos. Gracias por todo fuiste más que un hermano, amigo y cómplice descansa en paz del señor (sic)”.

Cárcel para dos hombres que habrían desaparecido a Kelly Johana, empresaria de Ibagué

Kelly Plazas había sostenido una relación sentimental con uno de los investigados, Fidel Borrero, lo cual agrega una dimensión adicional al caso. La Fiscalía argumentó que esta relación previa fue un factor importante en la planificación de la desaparición. “El vínculo sentimental previo entre Borrero y la víctima fue determinante en la forma en que se llevó a cabo la retención,” señaló un oficial del Gaula. Los dos hombres no aceptaron los cargos.

La víctima había llegado al sector La Cabañita, en la vereda Río Frío de Rivera, con la intención de vender una finca. Sin embargo, fue forzada a subir a un vehículo por un hombre que también estaba en el lugar. Desde ese día, el paradero de Kelly Plazas sigue siendo desconocido. La Fiscalía, en coordinación con el Gaula del Ejército Nacional, capturó a los dos hombres el 13 de junio de 2024 en Neiva.

Las pruebas que llevaron a la detención de Borrero Solano y Puentes Ortega incluyen interceptaciones telefónicas, videos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos. “Fue crucial la llamada que Borrero Solano, la expareja sentimental de la víctima, realizó poco antes del hecho para definir cómo se daría la retención,” dijo la Fiscalía.

Además de las llamadas, también se estableció que los procesados estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Las actividades de policía judicial confirmaron, además, que la retención de Kelly Plazas fue planeada con anterioridad y ejecutada meticulosamente.

Kelly Plazas había sostenido una relación sentimental con uno de los investigados, Fidel Borrero, lo cual agrega una dimensión adicional al caso. La Fiscalía argumentó que esta relación previa fue un factor importante en la planificación de la desaparición. “El vínculo sentimental previo entre Borrero y la víctima fue determinante en la forma en que se llevó a cabo la retención,” señaló un oficial del Gaula. Los dos hombres no aceptaron los cargos.

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del martes 9 de julio de 2024 en la vereda La María de Itagüí, en el momento en el que una motocicleta con dos ocupantes perdió el control y cayó desde una altura de aproximadamente 12 metros.

El caso generó alerta en la población y tuvo que ser atendido de inmediato por las autoridades de tránsito, que acudieron hasta el lugar donde se presentó el accidente, en compañía de organismos de socorro y ambulancias, que determinaron que uno de los ocupantes de la moto no contaba con signos vitales.

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De acuerdo con información revelada por las autoridades de tránsito, la víctima mortal es una mujer de 32 años, mientras que el conductor es un hombre de 57 años que resultó con lesiones graves y tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Según las versiones entregadas por los testigos del accidente, el siniestro tuvo lugar mientras la motocicleta descendía por una pendiente y el conductor habría perdido el control, por lo que terminó cayendo por un precipicio de más de 12 metros.

Entre tanto, se informó que las circunstancias específicas del accidente se encuentran bajo investigación, pues las autoridades locales aún desconocen la causa exacta que llevó a la motocicleta a caer al vacío. Aunque se maneja la hipótesis de un posible fallo de frenos, lo que se comprobará o descartará conforme avancen las averiguaciones.

Del mismo modo, se dio a conocer que el hombre que conducía la motocicleta sufrió una fractura en su extremidad superior derecha y un trauma en el rostro, por lo que tuvo que ser atendido en el sitio por servicios de emergencia.

Después de una primera revisión, el lesionado fue trasladado de urgencia a la Clínica Las Vegas en Medellín, donde recibe atención médica especializada, pues los expertos están intentando salvarle la vida.

“El conductor de la moto se encuentra en el hospital. Es un hecho lamentable, llevábamos un mes sin muertes en nuestras vías en accidentes de tránsito y esto pone en luto a la ciudad”, explicó el alcalde de Itagüí, Diego Torres.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades municipales fueron enfáticas en hacer un llamado a todos los conductores con el fin de que incrementen las precauciones, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas, además de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito establecidas para evitar este tipo de accidentes.

Más accidentes en Antioquia

Cabe mencionar que, este no fue el único incidente que se presentó por las vías de Antioquia en las últimas horas, pues en la jornada del 10 de julio se reportó un grave accidente de tránsito tuvo lugar la mañana del miércoles en la autopista Medellín – Bogotá, en el ingreso a Marinilla, específicamente en el sector El Cordobés. Según informaron ciudadanos presentes en el lugar, el hecho terminó con la muerte de una mujer que viajaba en una motocicleta.

El reporte ciudadano señala que la motocicleta de la víctima fue impactada por un tractocamión, lo que provocó el trágico desenlace. Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades mientras continúa la investigación del accidente.

Del mismo modo, se conoció que equipos de emergencia acudieron rápidamente al sitio del suceso para atender la situación y realizar las pesquisas correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

Entre tanto, se conoció que el accidente causó una notable congestión vehicular en el sector, afectando a los conductores que transitan por esta importante vía. Las autoridades de tránsito están gestionando desvíos para mitigar el impacto en el flujo de vehículos y recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras se normaliza la situación en la autopista Medellín – Bogotá.

Durante el fin de semana en el municipio de Itagüí se adelantó un operativo en el que cayeron una madre y su hijo, después de que encontraran todo un cargamento de drogas dentro ade una vivienda, en la que presuntamente residía alias Bola, uno de los cabecillas de la banda delincuencial La Unión.

La captura de Sandra y Johan se dio luego de que la policía observara comportamientos inusuales en la propiedad y decidiera verificar la situación.

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Rafael Andrés Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, explicó que “alias Bola, presuntamente, coordinaba la dosificación y venta de estupefacientes” en varios sectores de la ciudad, específicamente en Guamalito, San Pío, La Independencia y La Finquita.

Sin embargo, en los operativos no fue posible dar con el paradero del líder de la banda, pero el material incautado fue suficiente para que se procediera con la captura de la madre y el hermano del cabecilla.

Una vez conoció de la situación, alias Bola publicó en sus redes sociales un mensaje de disculpa a sus familiares tras su captura en el operativo. “Mi vieja, mi vieja. Perdón”, escribió Bola, acompañado de una fotografía de la mujer y que fue revelada por El Colombiano.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, señaló la gravedad del caso, resaltando cómo “es una historia llamativa, en el que un hijo involucra a su madre en el delito de tráfico de estupefacientes y esta persona es capturada, mientras que su hijo se encuentra prófugo”. Según las autoridades, en la vivienda se encontraron seiscientas dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego, máquinas de armado artesanal de cigarrillos y dinero en efectivo.

Alias Bola, cuyo nombre real no fue revelado, está en la lista de los más buscados de Itagüí. Según las autoridades, tiene sentencias condenatorias por concierto para delinquir agravado, y se ofrece una recompensa de hasta 13 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Mientras el cabecilla de la banda se mantiene prófugo, su madre y hermano enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego y porte y tráfico de estupefacientes, delitos por los cuales deberán responder ante la justicia. La operación policial en La Finquita es parte de una ofensiva mayor que en Itagüí ha llevado a la detención de 65 personas por diversos delitos bajo órdenes judiciales.

Alias Bola, desde su escondite, busca formas de liberar a sus familiares del apuro legal en que se encuentran. Sin embargo, las autoridades han fortalecido la vigilancia y las operaciones para desmantelar la red delictiva de La Unión.

El hallazgo en la vivienda, que incluía dinero en efectivo presuntamente producto de actividades ilícitas, dejó al descubierto la magnitud de las operaciones de tráfico de estupefacientes y la implicación de alias Bola en las mismas. “Nosotros continuaremos con la ofensiva en contra de esas organizaciones”, enfatizó Otálvaro, reforzando el compromiso del municipio en combatir estas actividades delictivas.

Entretanto, las autoridades trabajan para obtener más información que los acerque al paradero de Bola, conocido ampliamente en Itagüí. El esfuerzo de las fuerzas de seguridad se centra en esclarecer los crímenes y reducir la actividad delictiva en el área.

Hombre incendió una fila de carros para evitar le inmovilizaran su moto

Un hombre incendió su motocicleta durante un procedimiento de tránsito en Itagüí la tarde del lunes 8 de julio de 2024, ocasionando un incendio que afectó otros tres vehículos y una grúa de movilidad. El hecho ocurrió en el barrio San Gabriel, al sur del Valle de Aburrá.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, informó que el incidente se desató tras informarle al ciudadano que su motocicleta sería inmovilizada por no contar con los documentos necesarios para circular. El sujeto, aparentemente empleado de un taller de motocicletas de la zona, intentó evitar la inmovilización y, al no conseguirlo, prendió fuego a su vehículo.

Las autoridades señalaron que el fuego se propagó rápidamente, afectando otros tres vehículos y la grúa de movilidad. “Su vehículo no contaba con ningún documento, moto inmovilizada, y este bandido, este delincuente le prende candela no solo a su moto, sino a tres vehículos, y a la grúa de movilidad. Con contundencia fue capturado y será puesto tras las rejas”, expresó el alcalde Diego Torres.

La reacción de la comunidad y el rápido accionar de los agentes de tránsito permitieron la captura del individuo en flagrancia. Según el reporte oficial, el hombre será procesado por el delito de incendio, contemplado en el artículo 350 del Código Penal, así como por daño a bien ajeno, tipificado en el artículo 265.

De acuerdo con información entregada por el alcalde de Itagüí, Diego Torres, el incidente se desató después de que se le comunicara al hombre que su vehículo sería inmovilizado, teniendo en cuenta que no contaba con los documentos necesarios para circular.

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Los hechos ocurrieron en el barrio San Gabriel, donde agentes de tránsito hicieron presencia como respuesta a una solicitud de la comunidad y realizaron la inmovilización de varios vehículos en un taller de motocicletas que había ocupado el espacio público.

“Su vehículo no contaba con ningún documento, moto inmovilizada, y este bandido, este delincuente le prende candela no solo a su moto, sino a tres vehículos, y a la grúa de movilidad. Con contundencia fue capturado y será puesto tras las rejas”, expresó el alcalde.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el sujeto, que sería empleado del taller, discutió con los funcionarios con el fin de que no se llevaran su vehículo y al ver que no lograría evitarlo procedió a prender fuego a su moto, lo que desató un incendio que terminó afectando hasta la grúa en la que se iban a llevar la moto.

Entre tanto, se conoció que otros vehículos que se encontraban en la zona también se quemaron por el violento actuar de este criminal que fue capturado por las autoridades y será judicializado por generar un incendio en vía pública y también será juzgado por el delito de daño a bien ajeno.

“Ante la articulación institucional, la Policía Nacional logra la captura en flagrancia de esta persona, por el delito de incendio contemplado en el Código Penal en su Art. 350, con una pena de prisión de 16 a 144 meses, en concurso del delito de daño a bien ajeno (Art. 265), que tiene una pena de 16 a 36 meses”, agregó el mandatario local Diego Torres.

Del mismo modo, se confirmó que el detenido fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de adelantar los procedimientos legales correspondientes para encargarse de que el ciudadano pague por estos delitos.

“Esta persona fue capturada en tiempo récord y enfrentará todo el peso de la ley, no solo por poner en riesgo la integridad de los funcionarios, sino también por dañar propiedad ajena y bienes del Estado”, explicó la administración municipal.

Finalmente, el funcionario instó a la comunidad local y los visitantes del municipio a cumplir las normas y obedecer a las autoridades de tránsito y la Policía si es que les llegan a hacer un requerimiento: “Hago un llamado a los ciudadanos a respetar la institucionalidad”.

Las autoridades se encuentran apoyándose en las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en vía pública por la administración local, en las que quedó registrado este hecho que generó preocupación entre los habitantes del sector, transeúntes y demás conductores que pasaban por la zona.

Sin embargo, reiteraron que el sujeto está tras las rejas gracias a la primera denuncia realizada por las autoridades, en la que se advirtió del incumplimiento a las normas de tránsito. Por esta razón, es necesario que los ciudadanos continúen denunciando este tipo de casos para que se haga cumplir la ley en todo el territorio.

Con base en los informes preliminares de las autoridades, la riña ocurrió en la intersección de la carrera 40 con calle 54, cercano a una estación del metro; los involucrados en la pelea utilizaron machetes y cuchillos. Una cámara de seguridad ubicada en el sector captó el momento, ahora el video llama la atención de los internautas por la magnitud de los hechos.

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Inmediatamente, la Policía llegó al lugar después de ser alertada por la ciudadanía y encontró a cuatro personas con heridas de gravedad, quienes fueron trasladadas con prontitud a centros asistenciales. Uno de los agresores, identificado como alias La Chinga, fue capturado en el sitio. “Al verificar la información de la ciudadanía, esta manifiesta que el agresor es un sujeto con el alias de La Chinga, por lo que se da la captura del agresor que momentos atrás le había ocasionado las lesiones a las víctimas con un machete y un cuchillo”, detalla textualmente el informe policial.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, informó que el conflicto estaría presuntamente vinculado a una disputa entre dos familias del barrio, ligadas a actividades delictivas. Previamente, otro enfrentamiento había ocurrido entre allegados de La Chinga y alias Ñoño. A pesar de estar detenido, Ñoño sigue generando confrontaciones relacionadas con microtráfico.

La Alcaldía de Itagüí señaló que, pese a que el el incidente tuvo lugar alrededor de las 8:30 p. m. en el mencionado barrio. Se detalló que uno de los heridos presenta una herida abierta en la mano izquierda, otro en la espalda y el codo, una tercera persona fue lesionada en un brazo, y la cuarta víctima sufrió una herida punzante que le provocó una fractura abierta y desplazada en el brazo izquierdo, es decir, casi sufre la amputación de la extremidad. La Chinga fue puesto bajo prisión domiciliaria mientras se lleva a cabo su proceso judicial. Además, se identificaron a otros hombres involucrados en la pelea con los alias de Babero y Toto.

Una fiesta en Itagüí, en el barrio El Palmar, terminó en una batalla campal

Según informes, más de 20 personas se involucraron en una pelea callejera durante una parranda vallenata. La situación, registrada en videos por los residentes y difundida en redes sociales, provocó fuertes críticas sobre la tardía presencia de las autoridades. No obstante, varios minutos después la Policía intervino para dispersar a los implicados en el conflicto, que comenzó como una discusión y escaló a agresión física.

A pesar de ello, no se reportaron personas lesionadas ni arrestadas en el incidente. Las autoridades separaron a los contendientes y evacuaron a los curiosos. La comunidad denunció que la pelea ocurrió en medio de una reunión con consumo de bebidas alcohólicas, un factor señalado como posible desencadenante de la violencia. El evento no contaba con los permisos necesarios, según informó la Alcaldía de Itagüí, que evalúa sanciones para los organizadores.

Este evento no fue aislado durante el puente festivo en Antioquia. En el barrio Aranjuez de Medellín, la música a alto volumen provocó otra riña. Policías que acudieron al llamado de quejas se vieron involucrados en la pelea, que fue registrada en videos. En la grabación, un agente utilizó un arma de electrochoque para evitar que una mujer usara una botella rota como arma. Usuarios de redes sociales expresaron su descontento ante el aumento de hechos violentos, señalando la falta de controles por parte de las autoridades durante celebraciones públicas.

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en medio de una parranda vallenata que se adelantaba en una calle del barrio El Palmar de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, donde varias personas se reunieron para departir, pero todo terminó en un problema.

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De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el caso terminó en una alteración del orden público, debido a que más de 20 personas se vieron envueltas en una riña callejera, que fue grabada por los habitantes del sector y difundida en redes sociales, donde los internautas criticaron lo sucedido.

La Policía tuvo que intervenir para dispersar a los implicados en este acto de intolerancia, pues se desató en medio de una discusión que escaló hasta la agresión física entre varias de las personas que se encontraban en el lugar.

El video se difundió ampliamente a través de las redes sociales, en las cuales los ciudadanos reprocharon la falta de presencia policial, teniendo en cuenta que estas reuniones pueden llegar a terminar en fatalidad, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Las personas que denunciaron lo sucedido indicaron que el conflicto ocurrió en medio de la reunión en la que se consumieron bebidas alcohólicas, por lo que se destaca que este pudo ser uno de los detonantes para la violenta batalla campal.

Por esta razón, la situación pasó rápidamente de una discusión a una agresión física entre los vecinos asistentes. En las imágenes que fueron captadas en videos aficionados se puede evidenciar el momento en el que los ciudadanos perdieron la calma y se fueron a los golpes.

Tras la intervención policial, no se reportaron personas lesionadas ni arrestadas, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Sin embargo, se confirmó que los uniformados tuvieron que separar a algunos ciudadanos y disipar a los curiosos y los artífices de la pelea.

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Itagüí, la fiesta que terminó en pelea en la vía pública no contaba con los permisos necesarios, por lo cual podrían aplicarse sanciones a los organizadores del evento. Aunque se están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Entre tanto, este no fue el único problema que se presentó en las calles de Antioquia durante el puente festivo, debido a que las autoridades atendieron una riña en el barrio Aranjuez, que se encuentra ubicado en la comuna 4 de Medellín.

En este punto, las autoridades atendieron un llamado por el alto volumen de la música en medio de una celebración que se adelantaba en una casa. Al llegar, los uniformados le pidieron a los ciudadanos bajar el volumen y de un momento a otro se desató la pelea.

Incluso, en las imágenes grabadas por los ciudadanos se puede apreciar que los policías y ciudadanos se fueron a los golpes, además el momento en el que uno de los uniformados toma un taser o arma de electrochoque para evitar que una mujer utilizara una botella rota que tenía en la mano.

Los comentarios de los internautas ante la cantidad de hechos violentos no se hicieron esperar: “La mayoría de los videos de riñas este fin de semana se dan por la poca autoridad para controlar esas fiestas sin ley que duran todo un puente donde uno ya no se alegra por el festivo, sino que dice que pereza el puente de los gamines”, dijo un usuario de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

Pese a que el creador de contenido ha afirmado que quiere incursionar como empresario y dejar en un segundo plano su trabajo como creador de contenido, tal parece que su enfoque también está en crecer en las plataformas de streaming.

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En ese sentido, el quindiano no iría detrás de Twitch, plataforma que se consolidó en Colombia con una amplia comunidad y de la que Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, se ha consagrado como uno de los influencers con mayor número de seguidores; sino que su objetivo sería conquistar Kick, una plataforma con un formato parecido al de Twitch y YouTube Live que está tomando popularidad en el país.

Por ello, su torneo Fútbol Stars se transmite por dicha plataforma en la que ha alcanzado un número de visualizaciones que para el creador de contenido antioqueño no es normal. Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, en las que afirmó que La Liendra habría recurrido a prácticas ‘sucias’ para lograr visualizaciones en la transmisión del torneo de fútbol; para ello, Villa presentó las pruebas que sustentarían su teoría.

Westcol comenzó diciendo que él ha sido considerado como el streamer con mayor número de seguidores, “es algo muy normal en mí”, dijo. Sin embargo, resulta ser irregular que La Liendra haya alcanzado masivas visualizaciones de manera sorpresiva, lo que le ha permitido intuir que utiliza bots para lograrlo.

El joven no quedó asombrado por la cantidad de personas conectadas al canal de su rival, sino por la manera inusual en que cerca de 40.000 usuarios se anexaron a la transmisión de una sola vez, lo cual considera imposible. Para el paisa, esto resulta de mal gusto ya que puede afectarlo a él y a otros usuarios de Kick, pues, según él, las personas creerán que todos los streamers tienen las mismas prácticas.

“La gente dice que yo estoy asustado, que estoy cerrando puertas. No, estoy defendiendo mi trabajo porque realmente si me asocian a mí con eso, yo voy a quedar como que uso bots”, afirmó Villa a través de sus historias.

La Liendra respondió a las acusaciones de Westcol

Ante los señalamientos de su colega, La Liendra no dudó en salir a responder por los comentarios y pruebas presentadas por el paisa. En efecto, negó enfáticamente que haya recurrido a este tipo de mañas para incrementar espectadores en su canal y, contrario a ello, aseguró que le parece un número significativamente inferior al que esperaba.

“Tanto drama por 100.000 espectadores. Yo esperaba más. O sea, yo con esa tanda de artistas y todo, yo esperaba más. Aunque estoy superfeliz y superagradecido con las 100.000 personas, porque para ser el primer evento en Kick fue súper”, aseveró el quindiano.

El novio de Dani Duke agregó que la buena acogida al evento también es el resultado de su trabajo con la realización de varios eventos en los que también ha alcanzado excelentes cifras.

“‘La Orejona’ el año pasado: 50.000 de media; la pelea de boxeo: 200.000, rompimos el récord; ‘Fútbol Star’ en la primera edición: 70.000. Entonces, ¿por qué se les hace raro?”, dijo en el clip, y agregó que él no sabe con exactitud cómo se manejan las cifras y el alcance de las transmisiones. No obstante, dejó abierta la invitación al paisa para acudir con los representantes de dicha plataforma para conocer la realidad de su transmisión.