La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.

En un mundo cada vez más globalizado, las culturas encuentran maneras sorprendentes de entrelazarse, y la comida es uno de los lazos más poderosos. Un ejemplo reciente ha capturado la atención en redes sociales: el “Zorat Mexiki”, una popular comida callejera iraní que guarda una innegable similitud con los tradicionales esquites mexicanos.

La tiktoker iraní Sogalicious fue quien desató el debate cultural con un video que ya acumula casi medio millón de reproducciones. “Estoy a punto de mostrarles una de las comidas callejeras más populares de Irán. Se llama Zorat Mexiki, que literalmente significa maíz mexicano”, comenzó explicando la creadora en su publicación.

Sogalicious también detalló las diferencias clave entre ambos platillos. “Estoy bastante segura de que está inspirada en los esquites. Pero es muy muy diferente. Se sirve caliente con abundante queso mozzarella, mayonesa, champiñones y diferentes especias a las de los esquites”, relató, destacando cómo el “Zorat Mexiki” se adapta a los gustos locales iraníes, mientras mantiene un guiño a sus posibles raíces mexicanas.

El video no tardó en generar una oleada de reacciones en TikTok, muchas de ellas de mexicanos fascinados por la adaptación de su comida callejera. “Si en México le ponemos queso crema al sushi, ¿por qué no le pueden poner champiñones a los esquites?”, escribió un usuario, celebrando la diversidad culinaria.

Otros comentarios destacaron el intercambio cultural que representa esta fusión gastronómica. “Ustedes nos dieron el döner kebab y lo convertimos en un estilo de tacos; nosotros les dimos el esquite y también le dieron su toque. Hermoso ver el intercambio de dos pueblos con una larga historia”, expresó otro internauta, subrayando cómo la comida trasciende fronteras y crea conexiones.

La diversión culinaria también fue tema de discusión. “Como mexicana puedo decir que eso son esquites... En el mismo México hay un montón de variantes de esquites: fritos, hervidos, secos, caldosos, con queso panela, queso Oaxaca, con chetos, patas de pollo. ¡Se ve de lujo, saludos a nuestros hermanos iraníes!”, comentó una usuaria, destacando la amplitud de interpretaciones que ya existen en el país de origen.

La historia del “Zorat Mexiki” y su aparición en las calles iraníes plantea preguntas interesantes sobre cómo los platillos viajan y evolucionan según las regiones donde se adoptan. Además, es un recordatorio de que las tradiciones culinarias son fluidas y se enriquecen con los aportes de diferentes culturas.

Más allá de las diferencias en ingredientes o preparación, este intercambio demuestra que el maíz, un alimento ancestralmente arraigado en la cultura mexicana, también encuentra su lugar en otras latitudes, mostrando que las similitudes unen más de lo que dividen.

Por ahora, el “Zorat Mexiki” se ha convertido en otro ejemplo de cómo la comida puede tender puentes, inspirar conversaciones y generar admiración mutua entre culturas tan ricas y diversas como la mexicana e iraní. “Se ven deliciosos los esquites persas”, concluyó un usuario, resumiento el sentir de muchos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión de Samiei Sajjad Naserani, un iraní que ingresó al país con un pasaporte israelí en 2019. La sentencia alude a los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público y uso de documento público falso, agravado por estar destinado a acreditar la identidad de las personas.

La decisión fue tomada por los jueces Ángela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, al rechazar el recurso interpuesto por la defensa del condenado contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la cual se impuso la condena.

Inicialmente, el tribunal oral había impuesto la pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento dejó en suspenso, pero la Sala IV de Casación anuló por arbitraria tal decisión e incluyó la asociación ilícita a la calificación legal de los hechos imputados, haciendo que debiera readecuarse el tiempo de prisión a imponer. Fue por eso que se dictó una nueva condena y el caso pasó a ser revisado por la Sala II del máximo tribunal federal en lo penal. En esta oportunidad, el juez Slokar, quien lideró el acuerdo y al que adhirieron sus colegas, sostuvo que, a pesar de las quejas de la defensa, el nuevo monto de pena impuesto “no surge irrazonable ni desproporcionado en orden a los hechos imputados y su escala penal, su intervención y sus particulares circunstancias personales”.

El expediente analizó los hechos ocurridos en marzo de 2019, cuando Mansoreh Sabzali y Samiei Sajjad Naserani, ambos de nacionalidad iraní, llegaron a Argentina a través de un vuelo de la empresa Air Europa -UX041- desde Madrid, España, entre las 10 y las 13 horas, tras lo cual se identificaron en la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con pasaportes israelíes -apócrifos- con el fin de poder ingresar al país.

Según consta en la causa, los recién llegados Sabzali y Naserani pasaron por el puesto de control de ingreso de la DNA y exhibieron pasaportes israelíes a nombre de Rivka Toledano y Netanel Toledano, respectivamente. En ese contexto, el funcionario que cargó los datos al sistema informático recibió una alerta ‘naranja’ correspondiente a la base de datos I-24/7 de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-INTERPOL), que anunciaba que los documentos con la numeración detallada habían sido denunciados como robados el 7 de enero de 2019 en el Estado de Israel, según señala la resolución.

A raíz de ello, según se relatan los hechos en la sentencia, el funcionario acompañó a los involucrados hasta una oficina y “le entregó los pasaportes a su supervisora para que se encargara del caso”. Seguidamente, la nombrada le requirió a otro de los supervisores que efectuara la consulta con Interpol por las alertas surgidas y transcurrido un tiempo en el que se habría verificado que no persistían impedimentos para su entrada, se les hizo firmar un formulario preimpreso que daba cuenta de que la mencionada advertencia se debía a una pérdida de los documentos y, en consecuencia, fueron sellados y se les devolvieron los pasaportes, admitiéndose de tal forma sus ingresos al territorio nacional.

El 14 de marzo el Departamento INTERPOL de la Policía Federal efectuó la denuncia judicial y luego de una serie de “inmediatas, urgentes e intensas tareas investigativas de campo y de las intervenciones telefónicas efectuadas” se pudo encontrar -en menos de 48 horas- a los dos iraníes, “quienes se encontraban registrados en el Hotel ‘Arc Abasto’, de la calle Lavalle 3086″ de la Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual se procedió al secuestro de los pasaportes y la incautación de “diversa documentación, aparatos de telefonía celular y elementos electrónicos”, según dice el fallo.

“Sobre la base de la información hallada en el teléfono del sindicado Naserani -relató el fallo-, la fiscalía construyó junto con la atribución del delito de uso de documento público falso destinado a acreditar la identidad de las personas, (...) la imputación en orden al delito de asociación ilícita (...), dedicada a la adulteración de documentos públicos acreditativos de la identidad, entre otras actividades criminosas”.

En ese orden, se tuvo por acreditado -mediante el análisis de lo incautado- que la organización criminal extendió sus actividades tanto en la Argentina como en España, Grecia, Portugal, Reino Unido, Irán y Turquía. Todo ello con la participación de los acusados, en conjunto con integrantes que no lograron ser identificados. Al respecto, la resolución afirmó que “aunque la identidad de los diversos miembros del grupo no haya sido obtenida, ello no se presenta como obstáculo a la hora de tener por probado el delito imputado, puesto que la asociación ilícita sólo exige la comprobación de la intervención de tres o más personas vinculadas por el previo acuerdo de llevar a cabo delitos de manera indeterminada”.

“En el caso -continuó la resolución- es claro que tras los abonados constatados se encontraban personas reales y la confirmación del acuerdo previo se verificó por las actividades de intercambio de archivos, programas y conversaciones, entre los diferentes miembros, para la creación de documentos públicos apócrifos, su utilización para acreditar falsamente la identidad de personas y la emisión de pasajes mediante esos documentos adulterados”.

De tal modo, Casación tuvo por probado que tanto Sabzali Mansoreh como Samiei Naserani Sajjad, utilizaron el 12 de marzo de 2019 documentación israelí falsa al momento de identificarse en la DNA del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Asimismo, el fallo hizo mención de la actividad de Naserani respecto de “los más de 10.000 mensajes en los cinco días originales que permaneció en territorio argentino, previos a su arresto y al secuestro de los dispositivos con los que contaba. Esas comunicaciones se desarrollaban con los contactos sindicados como miembros de la asociación ilícita”.

A su vez, se comprobó que el condenado solicitaba “la emisión de pasajes enviando imágenes de pasaportes con indicación de nombre, pero sin fotografía, de cuanto resulta que ese intercambio no puede sino interpretarse como una operación irregular, sobre la cual tienen conocimiento ambas partes de la conversación”.

Washington, 27 sep (EFE).- Tres miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron imputados este viernes ante un tribunal federal de Estados Unidos por piratear y robar correos electrónicos de la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, el exmandatario Donald Trump.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Galrand, detalló en una comparecencia ante la prensa que los supuestos 'hackers' vinculados al Gobierno iraní robaron información del equipo de Trump y luego la enviaron a la campaña demócrata y a varios medios de comunicación, algo que Teherán niega.

Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri y Yaser Balaghi, que residen en Irán y forman parte de la Guardia Revolucionaria, fueron imputados por los delitos de apoyo al terrorismo, fraude informático, fraude electrónico y robo de identidad.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de estas personas.

"Los acusados dejaron en claro en sus propias palabras que estaban intentando socavar la campaña del expresidente Trump para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024", afirmó Garland.

El fiscal general advirtió de que Irán "sigue con sus descarados esfuerzos para erosionar" los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre y aseguró que el Departamento de Justicia "está comprometido a contrarrestar esta amenaza".

"El mensaje es claro: el pueblo estadounidense es quien decidirá el resultado de las elecciones en nuestro país, no una potencia extranjera", dijo Garland.

La imputación del Departamento de Justicia llega después de que la semana pasada el FBI informara que hackers iraníes enviaron en julio a la campaña demócrata, entonces liderada por Joe Biden y hoy por Kamala Harris, material robado de su rival republicano.

En su comunicado, el FBI apuntó que los correos electrónicos no fueron solicitados y que no hay información que indique que la campaña demócrata respondiera al recibir ese material.

El Departamento del Tesoro anunció este mismo viernes una batería de sanciones financieras contra siete personas a las que acusa de participar en operaciones iraníes para influir en las elecciones de noviembre. EFE