La presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta (IR), que comenzará el próximo 26 de marzo, es un proceso crucial para las empresas, ya que define su situación tributaria frente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Según detalló Sofía Chirinos, abogada y directora de contenidos de Editorial Economía y Finanzas (EEF), una adecuada planificación del cierre fiscal es esencial para evitar contingencias tributarias y garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en la Ley y el Reglamento del IR.

Chirinos destacó diez puntos fundamentales que las empresas deben considerar para llevar a cabo un cierre tributario exitoso y presentar su declaración sin contratiempos. Estos aspectos abarcan desde la correcta documentación hasta el cumplimiento de límites específicos en la deducción de gastos, pasando por la relación de los costos con la actividad del negocio y la consistencia en los registros contables.

La importancia de los comprobantes de pago

Uno de los pilares para una declaración correcta es contar con comprobantes de pago que respalden los costos y gastos deducibles. Según explicó Chirinos, estos documentos deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago y la normativa de emisión electrónica. Además, deben estar debidamente validados y registrados en los libros correspondientes.

Sin embargo, no basta con tener los comprobantes. Es necesario contar con documentación adicional que demuestre la legitimidad de las operaciones, como contratos, proformas, correos electrónicos, medios de pago y otros documentos que respalden la transacción. Esto es especialmente importante para evitar observaciones por parte de la Sunat.

Relación de los gastos con la actividad empresarial

Chirinos subrayó que los gastos deducibles deben estar vinculados al principio de causalidad, es decir, deben ser necesarios para el mantenimiento de la fuente productora de renta de la empresa. Aunque el artículo 37 de la Ley del IR establece una lista de gastos deducibles, esta no es exhaustiva.

Los gastos deben ser habituales dentro del rubro de la empresa, razonables en monto y, en algunos casos, aplicables a todos los trabajadores o áreas de la organización. Este criterio es clave para justificar la deducción de ciertos costos y evitar problemas durante una fiscalización.

Límites en la deducción de gastos

Algunos gastos tienen límites específicos que deben respetarse para ser aceptados como deducibles. Por ejemplo, los intereses solo pueden deducirse hasta un 30% del EBITDA del año anterior, salvo excepciones. En el caso de los gastos de representación y recreativos, estos no deben superar el 0,5% de los ingresos netos anuales, con un tope de 40 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 206.000 soles.

Otros gastos sujetos a limitaciones incluyen los relacionados con automóviles y donaciones. Asimismo, para justificar la deducción por mermas, es obligatorio contar con un informe técnico firmado por un profesional competente.

Devengo: imputación de ingresos y gastos

La Ley del IR establece que los ingresos y gastos deben ser imputados al ejercicio en el que se devengan. Esto significa que un ingreso se considera devengado cuando nace el derecho a cobrarlo, mientras que un gasto se devenga cuando surge la obligación de pagarlo, independientemente de si el pago ya se efectuó.

Chirinos advirtió que declarar ingresos o gastos en el período incorrecto puede generar observaciones de la Sunat y ajustes durante una fiscalización. Por ejemplo, un servicio prestado en noviembre de 2024 puede deducirse en la declaración del IR de ese año, aunque la factura se emita y pague en febrero de 2025.

Provisión por deudas incobrables

La deducción de provisiones y castigos por deudas incobrables es otro aspecto relevante. Para ello, es necesario revisar las cuentas por cobrar y respaldar adecuadamente aquellas que sean de difícil recuperación.

Chirinos explicó que es fundamental demostrar la existencia previa de la deuda, su relación con la actividad empresarial y la dificultad financiera del deudor. Esto puede acreditarse mediante gestiones de cobranza, como cartas notariales, protestos, demandas o el transcurso de 12 meses desde el vencimiento de la deuda.

Depreciación, amortización y beneficios tributarios especiales

La depreciación de activos debe respetar los porcentajes máximos establecidos por la normativa y aplicarse únicamente a bienes destinados a generar rentas gravadas. Además, su contabilización debe ser correcta. En cuanto a la amortización, esta solo está permitida para activos intangibles con una duración limitada.

Las empresas que apliquen beneficios tributarios especiales, como la reinversión en educación o la depreciación acelerada, deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa correspondiente. También es importante confirmar la vigencia de estos beneficios y si son aplicables tasas especiales del IR.

Consistencia en los registros y la declaración

Chirinos enfatizó la necesidad de garantizar la correlación entre los comprobantes de pago, los libros o registros electrónicos y lo declarado en la DJ anual. Cualquier discrepancia puede generar observaciones por parte de la Sunat, por lo que es crucial verificar que todos los documentos reflejen de manera precisa los ingresos, costos y gastos declarados.

Finalmente, los pagos por operaciones iguales o mayores a 2.000 soles o 500 dólares estadounidenses deben estar respaldados por medios de pago. Si el pago se realiza a un tercero designado por el proveedor, este requisito se considera cumplido solo si la designación fue informada previamente a la Sunat.

Un cierre tributario bien gestionado

De acuerdo con Sofía Chirinos, un cierre tributario correctamente planificado no solo evita riesgos, sino que también facilita el cumplimiento fiscal. La revisión exhaustiva de la documentación, el cumplimiento de las normativas y el asesoramiento especializado son elementos clave para garantizar una declaración sin contratiempos.

La presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta no solo es un requisito legal, sino también una oportunidad para que las empresas demuestren su compromiso con la transparencia y la responsabilidad tributaria.

La Comisión Agraria del Congreso de la República debatirá este miércoles 20 de noviembre el predictamen conjunto de los proyectos de ley 2421/2021-CR, 3785/2022-CR, 3954/2022-CR, 5500/2022-CR, 7149/2023-CR y 8924/2024-CR, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna, a efectos de reducir al 15% el Impuesto a la renta (IR) que pagan las empresas agrarias hasta el año 2035, entre otras medidas de promoción del agro.

El dispositivo legal distingue a las empresas agrarias como “aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollen principalmente actividades de cultivos o crianzas”, y que no son pequeños productores agrarios. Las disposiciones tributarias relacionadas con el IR entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

La Ley Chlimper fue promulgada en el año 2000 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, y beneficiaba a las agroexportadoras con un pago del 15% de IR, cuando el sector privado, en general, pagaba el 29,5%, además de exigir un aporte menor a la seguridad social de los empleados.

Vale precisar que, en diciembre del 2023, el Poder Ejecutivo ya había promulgado la Ley N° 31969, coordinada con el Congreso -según reconoció la propia exministra de Midagri, Jennifer Contreras-, con el objetivo de fijar en 6% el aporte a EsSalud que pagan las empresas agroexportadoras para sus trabajadores. Este beneficio figuraba también en la Ley Chlimper.

¿Una nueva Ley de Promoción del Sector Agrario?

El dictamen conjunto también propone que las empresas agrarias que durante los ejercicios del 2025 al 2035 reinviertan sus utilidades tienen derecho a un crédito tributario determinado en el 20% de la reinversión ejecutada en el ejercicio hasta por el monto de las utilidades netas del IR que correspondan al ejercicio.

Las reinversiones pueden tener por objeto la adquisición de bienes, contratos de construcción o servicios, siempre que estos se apliquen al desarrollo de las actividades comprendidas en la presente ley, incluyendo la capacitación de personal para el desarrollo de tales actividades y la ejecución de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.

No solo eso, pues las empresas que, durante los ejercicios del 2025 al 2035, realicen aportes no reembolsables a favor de los pequeños productores, a efectos de “darles las capacidades que necesitan para organizarse y producir los productos que dichas empresas agrarias demandan”, y compren sus productos, obtienen una reducción en su tasa anual del IR de entre el 3% y 5%.

Finalmente, los beneficiarios de la propuesta de ley pueden aplicar como crédito fiscal el IGV correspondiente a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción e importaciones que destinen a la realización de operaciones exoneradas de comercialización de ciertos alimentos.

Vuelve la Ley Chlimper: la nueva protección social en el campo

De otro lado, la nueva ley dispone que la remuneración básica mensual del trabajador agrario (RB) no puede ser menor a la remuneración mínima vital (RMV); las gratificaciones legales, equivalentes a 16,66%; de la RB; la compensación por tiempo de servicios, equivalente a 9,72% de la RB y la remuneración vacacional, equivalente al 8,33% de la RB.

El derecho a la RD se genera siempre y cuando se labore más de cuatro horas diarias o en promedio semanal; si se labora una menor cantidad de horas, corresponde el pago proporcional de la RD.

De forma facultativa, el trabajador agrario puede elegir recibir los conceptos de CTS, vacaciones y gratificaciones bajo las condiciones, plazos y forma que las normas del régimen laboral de la actividad privada establecen, sin que entren a ser prorrateados en el pago diario.

De igual forma, el trabajador agrario percibe una bonificación especial por trabajo agrario (BETA) que asciende a S/307,50 mensuales con carácter no remunerativo, no constituyendo remuneración para efecto legal. El BETA puede pagarse mensualmente o en proporciones diarias en función al número de días laborados.

La mayoría fujimorista aprobó el proyecto de ley 6331/2023-C en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, proponiendo modificar el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta para ampliar los gastos deducibles de las rentas de cuarta y quinta categoría.

La iniciativa, promovida por la congresista Rosangella Barbarán, propone cambiar el artículo 46° del Texto Único Ordenado (TUO) de la ley, aprobado mediante el decreto supremo 179-2004-EF. Las modificaciones incluyen la deducción de gastos en educación y salud de los hijos, así como intereses de créditos hipotecarios y gastos de primera vivienda, entre otros.

El proyecto de ley, que obtuvo 12 votos a favor, siete en contra y una abstención, también busca beneficiar especialmente a la “clase media del país”, según Barbarán. Los autores de la iniciativa señalan que este grupo representa la gran mayoría de la población peruana.

Entre las deducciones propuestas, se contempla un 50 % de deducción en gastos educativos propios y de hijos menores de 22 años, y el 40 % en gastos médicos y quirúrgicos propios y del cónyuge, así como de hijos hasta los 18 años y mayores con discapacidad certificada por CONADIS. También se deducirá el 70 % de los gastos en intereses de créditos hipotecarios y el 30 % en la adquisición de alimentos.

Además, la propuesta incluye la deducción del 70 % en gastos por alimentos de hijos alimentistas, según resolución judicial firme, 50 % en compra de pasajes aéreos o terrestres dentro del país, y 40 % en servicios veterinarios y operaciones quirúrgicas a animales domésticos debidamente registrados.

Rechazaron opinión técnica del MEF

La propuesta aprobada por la Comisión presidida por el congresista César Revilla Villanueva de Fuerza Popular (FP), permite a los contribuyentes deducir como gasto los pagos realizados en educación, salud, intereses de créditos hipotecarios, adquisición de alimentos y compra de pasajes aéreos o terrestres dentro del país, entre otros.

Esta decisión se tomó tras rechazar una solicitud de cuestión previa para un mayor estudio presentada por el congresista Elías Varas Meléndez de Perú Bicentenario (PB) con 10 votos en contra, siete a favor y una abstención.

La medida fue adoptada sin un análisis del impacto económico, y sin considerar la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El tributarista Miguel Carrillo, en diálogo con La República indicó que resulta negativo que se consideren gastos personales, como alimentación, viajes y gastos veterinarios, como vinculados a la actividad económica. “Dar un escudo fiscal para hacer pasar los alimentos forzados como gasto no es un mensaje idóneo”, señaló Carrillo.

Asimismo, Luis Alberto Durán, profesor de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), descartó que el proyecto de ley pueda reducir la informalidad o reactivar la economía en momentos en que se requieren recursos.

El especialista mencionó que las modificaciones se aplicarían recién para el ejercicio 2025 y serían efectivas en 2026, manteniendo además el límite de deducción de hasta 3 UIT por este tipo de gastos. Durán concluyó que “esto muestra el poco rigor técnico con que se ha manejado”.

¿Reducción de impuestos para congresistas?

La congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, autora del proyecto, afirmó que los parlamentarios cursando estudios de maestría o diplomado deberían pagar menos impuestos, argumentando que su inversión educativa beneficia al país. Barbarán hizo estas declaraciones durante el debate en la Comisión de Economía para sustentar reducir el impuesto a la renta para trabajadores de cuarta y quinta categoría.

El proyecto de ley es parte de una serie de iniciativas que la congresista ha promovido para, según ella, apoyar a los profesionales en su desarrollo académico y, por ende, beneficiar al país en términos de capacidad laboral y competitividad.