La relación inversora entre España y América Latina atraviesa un periodo de menor actividad. Los flujos de capital latinoamericano hacia España retrocedieron un 7,8% en 2025, hasta los 2.830 millones de euros, mientras que las inversiones de las empresas españolas en América Latina cayeron un 14,3%, hasta los 8.489 millones. El descenso se produce en ambas direcciones, aunque la retirada de capital español fue casi el doble que la registrada en sentido contrario.

Pese a esta evolución, el vínculo económico entre ambas regiones conserva una dimensión considerable. América Latina acumula 79.357 millones de euros de inversión extranjera directa en España, un 141% más que en 2010. Este capital representa el 11,5% del total de la inversión extranjera recibida por el país y sostiene alrededor de 72.000 empleos directos.

Las cifras forman parte del VIII Informe Global LATAM, elaborado por ICEX con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento analiza la evolución de las inversiones, los intercambios comerciales y las relaciones empresariales entre España y los países latinoamericanos.

México concentra la mayor inversión latinoamericana en España

Por países, México mantiene una posición dominante como principal inversor latinoamericano en España. Su inversión acumulada alcanza los 37.435 millones de euros, muy por delante de Argentina, con 12.321 millones; Colombia, con 9.227 millones, y Brasil, con 6.269 millones.

La presencia de capital latinoamericano también se extiende a sectores estratégicos de la economía española. La fabricación de productos minerales no metálicos concentra 20.690 millones de euros, seguida de la metalurgia, con 6.161 millones; las actividades inmobiliarias, con 6.055 millones, y los servicios financieros, con 5.637 millones. La industria alimentaria completa los principales destinos, con 5.461 millones.

Además de las inversiones acumuladas, las empresas latinoamericanas han impulsado nuevos proyectos empresariales en el mercado español. El informe contabiliza 335 iniciativas de inversión greenfield, que sitúan a España como el segundo destino no latinoamericano de estos proyectos, únicamente por detrás de Estados Unidos.

El comportamiento de los flujos durante el último ejercicio confirma el protagonismo mexicano. De los 2.830 millones de euros invertidos por América Latina en España, 1.242 millones procedieron de México, el 43,8% del total. Colombia ocupó la segunda posición, con 543 millones, mientras que Argentina aportó otros 419 millones.

Por actividades económicas, la industria de la alimentación recibió la mayor cantidad de capital latinoamericano, con 845 millones de euros. A continuación se situaron las operaciones inmobiliarias, con 392 millones; la extracción de crudo, con 345 millones; y la programación y consultoría informática, con 321 millones.

Aunque la caída del 7,8 % supone un retroceso respecto a 2024, el informe sitúa el volumen de inversión en línea con el promedio de los últimos cinco años. América Latina fue la tercera procedencia geográfica de la inversión extranjera recibida por España, por detrás de la Unión Europea y Norteamérica.

Las empresas españolas poseen 238.156 millones invertidos en América Latina

La otra cara de esta relación económica refleja una presencia todavía más elevada de las compañías españolas al otro lado del Atlántico. El stock de inversión española en América Latina alcanzó los 238.156 millones de euros en 2025, lo que equivale al 32,9% de toda la inversión española en el exterior.

La importancia de estos mercados también se mide en empleo y actividad empresarial. Las compañías españolas establecidas en América Latina generan más de un millón de puestos de trabajo y obtienen resultados empresariales superiores a los 44.000 millones de euros.

México y Brasil destacan como destinos fundamentales para el capital español, aunque el peso de la región no se limita a las grandes operaciones empresariales. Las exportaciones españolas de bienes a América Latina sumaron 19.092 millones de euros en 2025 y 25.514 empresas nacionales exportaron regularmente a estos mercados.

El intercambio comercial mantiene su fortaleza

Más allá de los movimientos de inversión, los intercambios comerciales siguen ofreciendo un saldo favorable para España. En los servicios no turísticos, el país registró un superávit comercial de 8.798 millones de euros con América Latina durante 2025.

Entre los sectores exportadores con mayor presencia figuran los productos farmacéuticos y químicos, los componentes de automoción, los equipos eléctricos y los productos agroalimentarios. Esta actividad demuestra que, pese al descenso de los flujos inversores, las relaciones empresariales y comerciales mantienen una importancia considerable.

El contexto internacional también puede abrir nuevas oportunidades para recuperar el dinamismo inversor. La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur plantea un nuevo escenario para impulsar los intercambios comerciales y facilitar las operaciones empresariales entre ambos mercados.

En paralelo, la inversión directa de América Latina en el exterior alcanzó los 62.267 millones de dólares en 2025, un 19,8 % más que el año anterior. Las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe también crecieron un 7,7 % durante ese ejercicio y mantuvieron su avance en el primer semestre de 2026, con un incremento interanual del 19,5%.

México buscará fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión, así como contribuir a disminuir las tensiones internacionales durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Para ello, el Gobierno mexicano presentará una agenda enfocada en ampliar la colaboración entre las 21 economías que integran este mecanismo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que estos serán los principales planteamientos del país durante el encuentro, programado para los próximos 18 y 19 de noviembre.

“Que fortalezcamos la cooperación en materia de comercio y materia de inversión y reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa”, señaló para el medio EFE durante su visita a Guadalajara, donde recibió un reconocimiento de la industria tequilera.

Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping durante la cumbre de APEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó su participación en la reunión internacional, que congregará a representantes de las 21 economías integrantes de APEC, entre ellas México, Estados Unidos y China.

Como parte de su visita, la mandataria mexicana tiene prevista una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y buscará concretar un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Este viaje representará su primera visita al país asiático desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024.

Ebrard destacó la importancia de esta edición del foro, pues México tendrá la responsabilidad de organizar la cumbre en 2028. Por ello, consideró que la participación nacional en el encuentro permitirá impulsar los temas de interés económico y fortalecer la cooperación con los países de la región.

Viaje de la presidenta de México a China

De acuerdo a la información brindada por la jefa de Estado, el domingo 15 de noviembre partirá hacía China, estimando su llegada para el lunes 16. Su estancia en la APEC será de 4 días, regresando a la Ciudad de México el viernes 20 por la madrugada para estar presente durante las celebraciones por la conmemoración del Día de la Revolución.

“Son dos días de vuelo y además con el cambio de horario estamos ahí lunes, martes, miércoles y el jueves regresamos para estar aquí en la madrugada del 20 de noviembre”, comentó acerca de su viaje.

SE reducirá arancel al tequila para ampliar sus exportaciones a India

Durante su estancia en Guadalajara, el titular de Economía también anunció que México firmará en 2027 un acuerdo comercial con India para disminuir los aranceles aplicados a las exportaciones de tequila. La medida busca facilitar la entrada de la bebida mexicana a uno de los mercados con mayor población del mundo y aumentar su volumen de ventas.

También informó que las negociaciones registraron avances durante los últimos meses y que ambas partes ya cuentan con los términos de referencia para concretar el compromiso.

“Ya tenemos los términos de referencia. Ya se comprometió el ministro de Comercio (de la India) y mi contraparte a reducir ese arancel a niveles inferiores al ‘border’ (límite máximo legal) que le compran a Estados Unidos”, explicó.

Marcelo Ebrard recibió el galardón Ensueño, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera durante la conmemoración del Día del Tequilero, en reconocimiento a su promoción del distintivo Hecho en México y al respaldo brindado a este sector dentro y fuera del país.

Según publicó el mandatario en sus redes sociales, el programa se ejecutará entre 2026 y 2030 e incluirá intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas de todo el país.

La iniciativa contempla la actualización de los centros de control y salas radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés.

De la misma manera, se prevé la renovación de 12 radares, la compra de 15 sistemas de vigilancia, mejoras en radioayudas, comunicaciones aeronáuticas y mantenimiento técnico.

Fallas como la del 4 de novimebre se debe a equipos tecnológicos obsoletos, según el Gobierno

En un video difundido junto a la jefa de Transporte, el mandatario indicó que la situación que se vivió en la terminal aérea capitalina se produjo por asuntos recnológicos, porque las pantallas perdieron imagen y que esa falla obligó a suspender las operaciones.

“79 vuelos cancelados y muchos otros retrasados”, atribuidos, según la ministra, a “la obsolescencia” de los equipos tecnológicos asociados a la seguridad aérea. También aseguró que el Gobierno ya tiene aprobado el crédito de la CAF y anticipó que en las próximas semanas comenzará un esquema de mantenimiento preventivo.

Mientras tanto, el presidente De la Espriella afirmó que la infraestructura aeronáutica recibió un rezago en materia de conservación y actualización, ya que “el anterior gobierno no le metió un peso a la seguridad aérea”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo señaló que el objetivo de las inversiones será reforzar la seguridad de los pasajeros y evitar nuevas interrupciones en las operaciones aeroportuarias.

“¡LO OCURRIDO AYER EN EL AEROPUERTO EL DORADO NO PUEDE REPETIRSE! La seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados.¡LA SEGURIDAD AÉREA NO SE IMPROVISA, SE GARANTIZA CON INVERSIÓN, TECNOLOGÍA Y DECISIONES! En la Patria Milagro estamos trabajando para recuperar la infraestructura aeronáutica y proteger la vida de los colombianos (sic)”, escribió en su publicación el presidente.

Un reporte técnico del estado de la infraestructura teconológica de la Aerocivil

El anuncio del Gobierno sobre la inversión ocurrió en medio de cuestionamientos por las condiciones técnicas y operativas de la torre de control del aeropuerto bogotano.

Una investigación publicada por La FM, basada en documentos técnicos y fuentes vinculadas a la Aeronáutica Civil de Colombia, sostuvo que la torre presenta problemas de visibilidad, filtraciones, fallas en equipos de vigilancia y deficiencias estructurales que afectan la operación aérea. Las afirmaciones no fueron respondidas en la información aportada por el Gobierno.

Según el medio, un informe de asistencia técnica de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), fechado el 20 de abril de 2016, advirtió que una viga horizontal y un parante central quedaron a la altura de la vista de los controladores. Esta condición, de acuerdo con las fuentes citadas, obliga al personal a cambiar de posición para observar aeronaves en aproximación.

La investigación también señaló que los vidrios exteriores de la cabina de control no habrían recibido limpieza desde la construcción de la estructura, debido a la ausencia de un sistema previsto para esa tarea.

El medio conoció que la torre, de 114 metros de altura, registraría un asentamiento de entre 14 y 16 centímetros. El medio atribuyó esa situación a diferencias entre los estudios de suelo iniciales, que contemplaban pilotes de 62 metros, y la profundidad que finalmente se habría ejecutado, de 22 metros.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la inclinación habría afectado los canales de evacuación de agua y provocado filtraciones hacia el sótano eléctrico. El artículo indicó que esos episodios pueden ocasionar apagones en las luces de pista.

La nota también sostuvo que el Radar de Vigilancia de Superficie presenta limitaciones. Citó un informe de inspección de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, identificado como DASNA 021, que habría detectado incumplimientos frente a estándares nacionales e internacionales.

La investigación citó un estudio de IATA Consulting de 2023, según el cual El Dorado puede sostener entre 68 y 70 operaciones por hora en condiciones ideales. Ese volumen se reduciría a 30 movimientos por hora en escenarios de baja visibilidad y a 20 si se suman vientos de cola.

El reporte también mencionó 65 avisos aeronáuticos activos, conocidos como NOTAM, para el aeropuerto al 3 de noviembre de 2026. Entre ellos, destacó la degradación temporal del sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III de la pista 14R a categoría I hasta el 14 de noviembre.

Más de 30.000 habitantes del Corredor Seco hondureño podrían mejorar sus condiciones de acceso al agua potable mediante un proyecto de infraestructura hídrica con una inversión de USD 45 millones, financiados por el Banco Mundial, institución multilateral de desarrollo, para atender problemas de abastecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta ante los períodos de escasez.

La iniciativa, denominada Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco, contempla intervenciones en los municipios de Nacaome, en Valle; Pespire y Choluteca, en el departamento de Choluteca; y Curarén, en Francisco Morazán.

El programa busca atender las dificultades que enfrentan estas localidades para disponer de agua, especialmente durante las temporadas de sequía, cuando disminuye la disponibilidad del recurso y se incrementa la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

La intervención responde a los efectos asociados al fenómeno de El Niño y a las variaciones climáticas que afectan a la región, donde la escasez hídrica repercute tanto en el consumo de los hogares como en las actividades agrícolas y productivas.

La inversión equivale a aproximadamente 1.186 millones de lempiras, el monto está destinado a componentes de infraestructura, gestión del agua y fortalecimiento institucional.

Variación climática en la región

Uno de los objetivos centrales es mejorar los sistemas de abastecimiento para consumo humano y desarrollar infraestructura que permita almacenar, tratar y distribuir el recurso de manera más eficiente.

El municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, concentra uno de los principales componentes del proyecto: USD 14 millones —aproximadamente 378,5 millones de lempiras— destinados a construir una planta de tratamiento de agua potable.

El proceso se encuentra en la etapa de recepción y evaluación de propuestas, en la que se analizarán las ofertas presentadas para seleccionar la más conveniente y avanzar hacia la contratación y ejecución de la obra.

La planta busca fortalecer la capacidad de tratamiento y suministro del recurso en una zona donde las condiciones climáticas y la disponibilidad del agua representan desafíos recurrentes para las comunidades.

Las intervenciones no se limitarán a Nacaome. En Pespire, departamento de Choluteca, se proyecta construir otra planta de tratamiento de agua potable para mejorar las condiciones de suministro a sus habitantes.

En Curarén, Francisco Morazán, se contempla la construcción de un reservorio y obras complementarias de tratamiento y abastecimiento.

Estas infraestructuras buscan fortalecer la disponibilidad del recurso durante los períodos de menor precipitación y ampliar la capacidad de las comunidades para enfrentar las temporadas de escasez.

El proyecto también contempla intervenciones en el municipio de Choluteca, aunque la información disponible no detalla las obras específicas ni los montos asignados a esa localidad.

Sequía y cambio climático

El Corredor Seco hondureño enfrenta desafíos persistentes de disponibilidad de agua por los períodos prolongados sin lluvias y las variaciones en los patrones climáticos.

La presencia de fenómenos como El Niño puede agravar estas condiciones, con consecuencias para el abastecimiento doméstico y el desarrollo de actividades agrícolas.

Cuando las fuentes de agua disminuyen, las familias tienen mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras que los productores deben lidiar con condiciones menos favorables para mantener cultivos y actividades económicas.

Frente a ese escenario, el proyecto incorpora infraestructura de almacenamiento, tratamiento y distribución con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las temporadas secas y fortalecer la capacidad institucional y de los gobiernos locales para administrar las fuentes disponibles.

La iniciativa incorpora un componente de equidad de género que busca ampliar la participación de las mujeres en las diferentes etapas de ejecución del proyecto, incluidos los procesos de gestión y toma de decisiones sobre el uso y la administración del agua.

El programa prevé que tengan espacios de intervención en las decisiones sobre infraestructura y administración de recursos hídricos, de modo que los beneficios del proyecto no se limiten a la construcción de obras sino que también fortalezcan la participación comunitaria en la gestión del agua.

Honduras asumió por primera vez en su historia la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, un mecanismo de coordinación política y diplomática que tendrá bajo su responsabilidad durante los próximos dos años y que incluye la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2028.

El traspaso se concretó durante la XXX edición de este encuentro internacional, celebrada en Madrid, España, bajo la presidencia del rey Felipe VI, con la participación de representantes de los países que integran la comunidad iberoamericana.

La nueva responsabilidad representa un cambio en el papel que Honduras desempeña dentro de este espacio multilateral. Además de participar en las reuniones y acuerdos regionales, el país deberá coordinar los trabajos preparatorios, promover los temas de interés común y organizar la próxima reunión de mandatarios.

La Secretaría Pro Témpore corresponde al país que recibe la sede de la siguiente cumbre y constituye el mecanismo encargado de dar continuidad a la agenda de cooperación entre una edición y otra.

Durante la sesión plenaria, el rey Felipe VI reconoció que Honduras ha mantenido su participación en el sistema de cumbres y destacó que esa trayectoria constituye un punto de partida para asumir la responsabilidad durante el bienio 2026-2028.

Asfura pide cooperación inversión y empleo

En su intervención ante los representantes iberoamericanos, el presidente Nasry Asfura sostuvo que los compromisos adoptados en las cumbres deben convertirse en acciones que generen beneficios concretos para los ciudadanos, especialmente en países que enfrentan dificultades económicas y necesidades sociales.

El mandatario insistió en que Honduras busca aprovechar los mecanismos de cooperación internacional para atraer inversiones, ampliar las oportunidades laborales y fortalecer las condiciones que permitan impulsar el crecimiento económico.

“No queremos que nuestros compromisos se queden únicamente en declaraciones. Queremos hechos, resultados y oportunidades reales”, expresó durante su participación.

Asfura señaló que Iberoamérica dispone de recursos naturales, talento humano y capacidad productiva para enfrentar los desafíos económicos y sociales, pero consideró necesario fortalecer la colaboración entre gobiernos, empresas y organismos internacionales.

En materia económica, defendió una mayor participación del sector privado como generador de empleo y crecimiento, y planteó que los gobiernos deben facilitar condiciones para atraer capital nacional y extranjero.

Entre los aspectos que mencionó figuran la seguridad jurídica y política, el acceso a energía a precios competitivos y la creación de condiciones que permitan desarrollar proyectos de inversión.

El planteamiento de Asfura apunta a que la cooperación regional no se limite a acuerdos diplomáticos, sino que pueda reflejarse en oportunidades para las empresas, los emprendedores y la población hondureña.

Oportunidades para los jóvenes

Otro de los asuntos abordados por el presidente hondureño fue la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y laborales para la juventud. Nasry Asfura destacó la importancia de fortalecer la formación técnica y facilitar que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades que respondan a las necesidades del mercado laboral.

También mencionó el aprovechamiento de la tecnología como herramienta para mejorar la productividad y ampliar las oportunidades de desarrollo, e hizo referencia a la necesidad de mejorar servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

Estos temas forman parte de los desafíos que Honduras pretende colocar dentro de la agenda de cooperación iberoamericana durante el período en que ejercerá la Secretaría Pro Témpore.

La formación de capital humano, el intercambio académico y la transferencia de conocimientos entre los países pueden convertirse en áreas de trabajo para impulsar nuevas iniciativas regionales.

Cambio climático y seguridad alimentaria

El mandatario puso atención en los efectos del cambio climático sobre Honduras y otros países de Centroamérica, particularmente por la exposición de sus comunidades a sequías e inundaciones. Advirtió que los fenómenos climáticos extremos representan riesgos tanto para la población como para las actividades productivas y la estabilidad económica.

La vulnerabilidad climática tiene especial importancia para Honduras por las consecuencias que pueden generar los períodos prolongados de sequía y las lluvias intensas sobre la producción agrícola, el abastecimiento de alimentos y los medios de vida de las familias.

Asfura señaló la necesidad de garantizar asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables, especialmente durante las temporadas en las que la falta de lluvias afecta la producción y los ingresos de los hogares.

La asunción de la Secretaría Pro Témpore implica que Honduras deberá coordinar los trabajos que se desarrollarán entre 2026 y 2028, en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y los demás Estados miembros.

Durante ese período se organizarán reuniones ministeriales, encuentros sectoriales, foros y otras actividades que permitirán preparar los temas que posteriormente serán discutidos por los jefes de Estado y de Gobierno.

La responsabilidad también incluye dar seguimiento a los compromisos de cooperación adoptados en Madrid y facilitar la continuidad de las iniciativas impulsadas por la comunidad iberoamericana.

Líderes de marketing de Colombia enfrentan una brecha entre la adopción de inteligencia artificial y la posibilidad de demostrar su retorno: el 91% siente presión moderada o alta para justificar esas inversiones, mientras las tareas manuales persisten en los flujos de trabajo, según el estudio Fall Spotlight 2026 de HubSpot, empresa de software de marketing y ventas.

La investigación reunió respuestas de 2.518 líderes de marketing en diez países, entre ellos 200 participantes colombianos. El diagnóstico local muestra que todos los encuestados identificaron algún grado de dificultad o ineficiencia al trabajar con IA.

El principal síntoma es la elaboración de reportes: el 57% de los líderes consultados todavía consolida de forma manual los datos de desempeño. Ese tiempo, señaló el estudio, deja de destinarse al análisis de resultados y a la definición de los próximos pasos de los equipos.

La adopción tecnológica tampoco es marginal en el país. El estudio Pulso AI Colombia de Deloitte, consultora global de auditoría y servicios profesionales, indicó que el 55% de las empresas ya dispone de herramientas de IA, aunque la mayoría de las iniciativas continúa en fase piloto y no se ha extendido a toda la organización.

HubSpot atribuye la persistencia de tareas manuales a la falta de contexto compartido

Según HubSpot, el obstáculo no reside en sumar más herramientas, sino en la información con la que estas operan. La compañía denomina Contexto de Crecimiento a una infraestructura que reúne datos actualizados sobre el negocio, los clientes, los objetivos, los procesos y los equipos.

Andrés Aranda, director de Ventas de HubSpot para Latinoamérica, se refirió a los resultados del estudio y al uso de las herramientas dentro de las empresas: “El verdadero valor de la inteligencia artificial no está en la cantidad de herramientas que adopta una empresa, sino en qué tan eficazmente estas contribuyen a sus objetivos de negocio”.

Aranda vinculó la continuidad de los informes manuales con la información disponible para los sistemas de IA. “Cuando los equipos todavía elaboran informes manualmente a pesar de utilizar IA, es una señal de que estas herramientas carecen del contexto que necesitan: cómo funciona la empresa, qué necesitan sus clientes y cómo trabajan sus equipos”, afirmó.

Para el directivo, ese contexto permite trasladar parte de esas tareas a la tecnología. “Con ese contexto compartido, la IA puede asumir ese trabajo manual y permitir que los equipos se concentren en el análisis, la toma de decisiones y los resultados de negocio medibles”, dijo Aranda.

El Smart CRM y el Asistente de Breeze apuntan a unificar los flujos de trabajo

Hoy en día existe una plataforma para que sus herramientas incorporen ese contexto organizacional y mantengan en una única fuente la información de clientes y del negocio. Tanto los equipos humanos como los agentes de IA pueden acceder a esos datos cuando los necesitan.

Smart CRM se actualiza automáticamente, captura información y mantiene al día los registros de clientes sin supervisión manual. El Asistente de Breeze, por su parte, utiliza el contexto organizacional para coordinar tareas y dirigir agentes de IA. Ambos productos pueden ayudar a las organizaciones a superar automatizaciones desconectadas y avanzar hacia flujos de trabajo unificados.

España afronta un escenario de recursos públicos limitados para abordar nuevas inversiones en infraestructuras. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha advertido este miércoles de las dificultades para acometer grandes proyectos de inversión en un contexto marcado por el elevado endeudamiento y el aumento de las necesidades de gasto de las administraciones. “Mucho margen fiscal, a políticas constantes, no parece haber”, ha resumido durante la presentación de las nuevas proyecciones macroeconómicas y fiscales del organismo.

Las previsiones de la institución apuntan a que la deuda pública se mantendrá en niveles elevados durante los próximos años. Aunque su trayectoria será descendente, la AIReF calcula que todavía representará alrededor del 95% del producto interior bruto (PIB) en 2031, una situación que condiciona la capacidad del Estado para financiar nuevas iniciativas sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

A esta situación se suman las crecientes necesidades presupuestarias en ámbitos muy distintos. Infraestructuras, defensa, lucha contra el cambio climático y envejecimiento de la población son algunas de las áreas que exigirán mayores recursos en los próximos años. Ante este escenario, Olóndriz considera imprescindible que el Gobierno disponga de una hoja de ruta que permita decidir dónde concentrar el esfuerzo inversor.

La AIReF reclama una estrategia para ordenar el gasto público

La institución lleva tiempo defendiendo la elaboración de una estrategia fiscal a medio plazo que permita establecer prioridades y anticipar las necesidades financieras del país. Su presidenta ha recordado que la AIReF no determina qué partidas deben recibir más financiación, sino que analiza la sostenibilidad de las cuentas y recomienda herramientas para mejorar la planificación.

“AIReF nunca se pronuncia sobre qué partidas de gastos son las que se tienen que impulsar y por eso lo que nosotros siempre recomendamos es esa elaboración de esa estrategia fiscal para que el gobierno de turno pueda ordenar las prioridades”, ha explicado Olóndriz en declaraciones recogidas por Europa Press.

Cada euro de gasto, bajo la lupa de la eficiencia

La presidenta ha insistido en que la escasez de margen presupuestario hace necesario evaluar con mayor rigor el impacto de las inversiones y los programas públicos. “Es muy necesario que cada euro que se gaste, se gaste con mucho conocimiento de cuál es el impacto que tiene y si las políticas públicas son eficientes”, ha señalado.

En esa misma línea, ha defendido que la evaluación de las políticas públicas debe ocupar un lugar central en la planificación económica. “Por eso también insistimos cada vez más en la necesidad de evaluar las políticas públicas, precisamente porque los márgenes fiscales son muy limitados”, ha subrayado.

A las dificultades derivadas del endeudamiento se añade otro problema institucional: la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Olóndriz ha alertado de que la prolongación de las cuentas públicas no solo impide conocer con claridad las prioridades del Ejecutivo, sino que también complica el funcionamiento diario de la Administración General del Estado.

La prórroga presupuestaria, un problema para la Administración

La responsable de la AIReF ha recordado que la prórroga presupuestaria es un mecanismo legal diseñado para resolver retrasos temporales en la aprobación de las cuentas, no para mantenerse durante varios ejercicios consecutivos. A su juicio, prolongar esta situación durante años constituye una deficiencia que debe corregirse “lo antes posible”.

Además, la falta de nuevos presupuestos ha provocado un incremento significativo de las modificaciones presupuestarias, según ha apuntado Olóndriz. Estos cambios permiten adaptar las cuentas a las necesidades que surgen durante el ejercicio, pero evidencian también las dificultades de gestionar el gasto sin una planificación presupuestaria actualizada.

La AIReF ofrece actualizar su informe sobre infraestructuras

En cuanto a las inversiones en infraestructuras, Olóndriz ha recordado que la institución ya elaboró un informe específico en 2020, aunque ha reconocido que sus conclusiones han quedado desactualizadas por el paso del tiempo y los cambios económicos registrados desde entonces.

Pese a ello, la AIReF mantiene su disposición a volver a analizar este ámbito si el Ejecutivo solicita una nueva evaluación. La presidenta ha asegurado que el organismo está “abierto” a recibir ese encargo y actualizar el diagnóstico sobre las necesidades y prioridades de inversión.

“Si el Gobierno llama a que actualicemos el informe sobre las infraestructuras, pues estaremos encantados de realizarlo”, ha recalcado. La oferta llega en un momento en el que España debe afrontar importantes necesidades de inversión, pero con unas cuentas públicas que, según la autoridad fiscal, dejan poco espacio para aumentar el gasto sin una estrategia clara.

Las compras externas de bienes de capital, que son básicamente las máquinas y los equipos que las empresas incorporan para mejorar su producción, cayeron 13,9% en volumen entre enero y septiembre de 2026 respecto de igual período de 2025. El dato surge del informe de índices de precios y cantidades del comercio exterior que difundió el Indec.

La baja en cantidades fue mayor que la que se observó en términos de valor. En los primeros nueve meses de este año, la Argentina importó bienes de capital por USD 10.690 millones, 6,5% menos que en entre enero y septiembre del año pasado. La diferencia entre ambas variaciones se explica por los precios: según el Indec, los valores de los bienes de capital aumentaron 8,5% en el período. Es decir, ingresó menos mercadería y se pagó más por cada unidad.

Fue mayor aún la caída registrada en la importación de piezas y accesorios para bienes de capital. De acuerdo con los datos oficiales, las compras de los productos contemplados en esa categoría se contrajeron 25,9% interanual en volumen en el período enero-septiembre de 2026. De esa forma, los resultados de ambas categorías (bienes de capital y accesorios), demuestran una menor cantidad de inversiones centradas en la mejora o el aumento de la producción.

La caída del rubro no fue un caso aislado dentro del comercio exterior, pero sí estuvo entre las más marcadas. El informe del Indec señala que “se registraron descensos en los volúmenes importados de todos los usos, excepto vehículos automotores”. Dentro de ese esquema, los bienes de capital retrocedieron 13,9%, más que el promedio general de las importaciones, que bajó 9,7% en cantidades.

Qué proveedores explican las compras

Los datos publicados por el Indec permiten conocer de dónde llegaron los bienes de capital en estos nueve meses. En términos de valor, China fue el principal origen. Las empresas locales realizaron compras de bienes de capital por USD 3.965 millones a ese país, lo que marcó un aumento de 5,3% interanual entre enero y septiembre. Brasil figura en segundo lugar, con USD 1.979 millones y una caída de 27,3%. Les siguen Estados Unidos, con USD 1.085 millones y una suba de 4,1%, y Alemania, con USD 484 millones y una baja de 3,9 por ciento.

Los datos oficiales muestran así que la baja del rubro no fue pareja entre proveedores. Las compras a China y a Estados Unidos crecieron en valor, mientras que las de Brasil y las de Alemania retrocedieron, con una caída pronunciada en el caso del país vecino.

Una tendencia general

En el total de bienes, las importaciones sumaron USD 56.069 millones entre enero y septiembre, 2,5% menos que en el mismo período de 2025. El Indec señala que la baja se atribuye a una caída de 9,7% en las cantidades, parcialmente compensada por una suba de 8,0% en los precios”. Del otro lado, las exportaciones totalizaron USD 77.267 millones, con un aumento de 21,6%, y el saldo comercial fue superavitario en USD 21.198 millones.

Aunque el organismo de estadísticas no describe las causas que están detrás de los resultados, los datos permiten identificar algunos factores, como una base de comparación elevada, por el salto que habían tenido las compras externas en 2025, y un aumento de 8,0% en los precios de lo que se importa, que implica un mayor costo por cada unidad que ingresa al país.

A eso se suma el costo del transporte. En septiembre el valor unitario del flete internacional fue de USD 126,7 por tonelada, 2,9% más que un año antes. El mayor aumento se dio en los envíos desde China, donde el flete llegó a USD 458,7 por tonelada, 59,1% más que en septiembre de 2025, y ese origen concentró 40,2% del costo total de fletes de importación. En el promedio general, el flete representó USD 62,3 por cada USD 1.000 importados a valor FOB, contra USD 53,7 un año atrás. Desde China, esa relación pasó de USD 91,3 a USD 101,0.

El comportamiento no fue igual en todos los orígenes: el flete desde el Mercosur bajó 10,9%, hasta USD 62,9 por tonelada, mientras que el de la Unión Europea subió 19,3% y el de Estados Unidos, México y Canadá, 3,7%. Los datos de fletes no están desagregados por tipo de bien, por lo que el informe no permite medir cuánto incidieron en las compras de bienes de capital en particular.

Seis de cada diez empleos en las economías avanzadas sufrirán el impacto de la inteligencia artificial en un plazo de entre tres y cinco años. La transformación puede alterar las tareas, las competencias necesarias y las oportunidades laborales, además de provocar la desaparición de determinados puestos. La advertencia la ha lanzado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que compara el avance de esta tecnología con “un tsunami lento, pero un tsunami al fin y al cabo”.

La dimensión del cambio no se limitará a los países más desarrollados. Las previsiones del organismo apuntan a que el 40% de los empleos de todo el mundo se verán afectados en un periodo relativamente corto. El porcentaje se eleva hasta el 60% en las economías avanzadas, donde la implantación de herramientas de inteligencia artificial puede modificar de forma profunda el funcionamiento de empresas y sectores enteros.

Durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por Banco Santander, Georgieva ha defendido que la IA representa una oportunidad “enorme”, pero ha advertido de que sus riesgos podrían superar los beneficios si no se establecen mecanismos adecuados de supervisión. Entre las principales amenazas ha citado el empleo, la estabilidad financiera y el aumento del endeudamiento vinculado a las inversiones tecnológicas, según recoge Europa Press.

El empleo, ante una transformación que ya empieza a notarse

El cambio en el mercado laboral no supondrá únicamente la desaparición de puestos de trabajo. Algunos empleos mejorarán y estarán mejor remunerados, otros dejarán de existir y muchos tendrán que redefinirse para incorporar nuevas herramientas y tareas. La directora del FMI ha señalado que ya se observan señales de esta transformación en Estados Unidos, donde disminuyen los puestos rutinarios, especialmente los de entrada al mercado laboral que suelen ocupar los jóvenes.

Al mismo tiempo, crece la demanda de trabajadores para empleos de servicios poco cualificados. Esta evolución apunta a un desplazamiento de las oportunidades laborales y a una modificación de las habilidades que buscan las empresas. Aunque Georgieva ha destacado que “El impacto neto en el empleo es ligeramente positivo, hasta ahora, pero la estructura del empleo es muy diferente”.

La magnitud del reto obliga a preparar a los trabajadores para desempeñar funciones distintas. La formación y la adquisición de nuevas competencias serán fundamentales para evitar que una parte de la población quede rezagada a medida que las empresas incorporen sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, la adaptación no será inmediata y exigirá tiempo, recursos y cambios en la organización del trabajo.

El auge de la IA amenaza la estabilidad financiera

Más allá del mercado laboral, el FMI observa riesgos en el entusiasmo inversor que ha despertado esta tecnología. Las valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y el volumen de capital destinado a su desarrollo se han convertido en uno de los motores del crecimiento económico mundial. Sin embargo, Georgieva ha advertido de que una parte importante de los beneficios se concentra en un grupo reducido de países que dominan la cadena de valor, entre ellos Estados Unidos, China e India.

Europa, según la responsable del organismo, todavía no ocupa una posición equivalente, con la excepción de Países Bajos. Esta concentración de las ganancias plantea interrogantes sobre el reparto de los beneficios de la revolución tecnológica y la capacidad de otras economías para competir en un mercado cada vez más estratégico.

El segundo gran foco de preocupación está relacionado con la posibilidad de que las expectativas sobre la IA se desinflen. Georgieva ha recordado que las nuevas tecnologías suelen sobrestimarse en el corto plazo y subestimarse en el largo. Si las expectativas actuales no se corresponden con los resultados reales, una retirada masiva de inversiones podría provocar turbulencias en los mercados. “Si este nuevo pilar de la economía se tambalea, habrá graves problemas”, ha advertido.

La deuda y las inversiones cruzadas aumentan la preocupación

A ese riesgo se añade el creciente recurso a la financiación mediante deuda para desarrollar proyectos de inteligencia artificial. La directora del FMI ha alertado de que muchas inversiones se están financiando con préstamos a largo plazo y mediante operaciones circulares, en las que unas compañías invierten en otras que, a su vez, destinan recursos a sus socios.

“Yo invierto en ti, tú inviertes en mí, todos estamos muy contentos, excepto que si algo sale mal, eso sería un gran problema”, ha resumido Georgieva. La advertencia apunta a la vulnerabilidad que podría generar una cadena de inversiones muy interconectadas si las expectativas de negocio no se cumplen o se produce un deterioro de las condiciones financieras.

El organismo considera que el auge de la inteligencia artificial es una de las dos grandes fuerzas que están configurando el panorama económico mundial, aunque sus efectos pueden avanzar en direcciones opuestas. La tecnología impulsa las inversiones y las perspectivas de crecimiento, pero también puede generar desequilibrios si el endeudamiento, las valoraciones y las expectativas aumentan más deprisa que los resultados.

Botín pide reglas comunes para empresas y bancos

La presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, ha coincidido con Georgieva en que la inteligencia artificial abre una oportunidad de gran alcance. Durante el mismo coloquio, la ha definido como un acontecimiento “único en la historia de la humanidad” y ha defendido que su desarrollo puede permitir a las entidades financieras más avanzadas ganar terreno frente a aquellas que se queden rezagadas.

No obstante, Botín ha diferenciado entre adoptar herramientas de IA e integrarlas realmente en el funcionamiento de una compañía. A su juicio, la implementación a gran escala todavía está lejos de alcanzarse y requiere plataformas comunes y empresas con capacidad de operar internacionalmente. “Europa necesita bancos y empresas globales”, ha señalado.

La responsable del Santander también ha reclamado un marco regulatorio basado en el principio de “mismo riesgo, mismas reglas”. La cuestión resulta especialmente relevante cuando los sistemas automatizados acceden a servicios financieros o realizan operaciones en nombre de los clientes. “si un agente accede a tu cuenta, ¿sigue las mismas reglas? ¿Qué implicaciones tiene esto para la liquidez y la privacidad?”, ha planteado.

La transformación, ha concluido Botín, exigirá también nuevas capacidades dentro de las empresas y una mayor implicación de los equipos directivos, especialmente de los mandos intermedios.

Comprar una vivienda ocupada por debajo de su valor de mercado y tratar de recuperar después su posesión para venderla o rentabilizarla: esa es la lógica de un negocio inmobiliario en el que participan bancos, fondos de inversión, intermediarios especializados e inversores particulares. El descuento compensa, al menos en parte, la incertidumbre sobre cuándo y cómo podrá recuperarse el inmueble. Para quienes viven dentro, en cambio, el cambio de propietario puede suponer perder las negociaciones que mantenían con el anterior titular, enfrentarse a nuevas condiciones para permanecer en su hogar o directamente el desahucio.

Aunque no existen censos oficiales al respecto, los datos disponibles ofrecen algunas pistas sobre la dimensión del fenómeno. Idealista contabilizó 24.058 viviendas ocupadas anunciadas en venta en su plataforma durante el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra equivale aproximadamente el 3% del total de la oferta en la plataforma, pese a que ese mismo año el allanamiento o usurpación ilegal de inmuebles afectó solo al 0,06% de viviendas del parque residencial español. Según la misma fuente, alrededor del 40% de esos inmuebles ocupados en venta se concentran en Cataluña.

El principal atractivo de la inversión en este tipo de viviendas radica en los descuentos a los que permite acceder este nicho de mercado. Según un análisis de Pisos.com, las viviendas ocupadas se anuncian con descuentos de hasta el 74% respecto a su valor de mercado en algunas localidades. Idealista, por su parte, estima que los inmuebles sin posesión pueden ser hasta un 50% más baratos que las viviendas libres. No obstante, a los costes de adquisición pueden añadirse gastos jurídicos, meses sin ingresos, negociaciones para recuperar la posesión y reformas que no siempre pueden evaluarse antes de entrar en la vivienda.

Desde una perspectiva más social, Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuestiona la legitimidad de que el descuento se interprete exclusivamente como una compensación por el riesgo inmobiliario. “Lo describiríamos como una forma de convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio”, sostiene. Para la organización, el problema aparece cuando la rentabilidad de la inversión depende de conseguir que una familia abandone la vivienda por el medio que sea necesario.

De los bancos y fondos a los inversores particulares

Inmobiliarias, fondos de inversión y bancos llevan años incorporando este tipo de activos a su oferta, con Hipoges y Solvia entre las gestoras con mayor volumen, según un análisis publicado este mes de octubre por RadarPro, pero dentro de ese ecosistema comienzan a percibirse señales de una creciente especialización, con plataformas dedicadas exclusivamente a comercializar inmuebles ocupados. Es el caso de Pisokupado, que actúa como intermediaria entre propietarios que quieren vender y compradores dispuestos a asumir los riesgos de recuperar la posesión para poder utilizarlo, alquilarlo o revenderlo en mejores condiciones económicas. Su fundador y director ejecutivo, Samuel Romero, asegura que cuando comenzaron a operar había pocos inversores interesados, pero que con el tiempo se han incorporado más compradores.

La mayoría de los inmuebles ocupados que gestiona Pisokupado procede, según Romero, de bancos y fondos de inversión. Estas entidades deciden recurrir a intermediarios especializados para comercializar activos cuya situación posesoria puede dificultar una venta convencional. El perfil del comprador, explica Romero, sigue siendo fundamentalmente el del inversor particular, que busca una rentabilidad superior a la que podría obtener comprando una vivienda convencional para reformar, a cambio de aceptar riesgos adicionales.

Los importes de las operaciones varían considerablemente. Romero señala que su empresa ha intermediado en ventas de viviendas por 30.000 euros y de edificios por más de un millón, un volumen que da cuenta de un rango de inversores que va del comprador minorista a las operaciones de mayor escala.

Qué ocurre con quienes viven dentro

Desde Pisokupado.com aclaran que su función termina en la intermediación entre el propietario vendedor y el comprador. “No tenemos trato directo con los okupas, ya que es una gestión que hace el cliente”, explica Romero. Según el fundador, el inversor suele intentar llegar a un acuerdo con las personas que viven en el inmueble. El empresario estima que aproximadamente el 90% de los casos que conoce su empresa se resuelve mediante salidas pactadas en negociaciones con los ocupantes. Según explica, muchos compradores prefieren esta vía a un procedimiento judicial, que en primera instancia tarda en promedio 12 meses, de acuerdo con el CGPJ.

En la página web de la plataforma, una pestaña facilita información sobre cómo entrar en contacto con empresas externas especializadas en la mediación y la desokupación, explicando que el precio de estos servicios suele rondar entre los 3.000 euros y los 6.000 euros, “dependiendo de la complejidad del caso”.

La PAH, por su parte, ha denunciado presiones e intimidaciones contra personas que viven en inmuebles que sus propietarios pretenden recuperar, incluida la intervención de empresas de desokupación contratadas por inmobiliarias. Ramón advierte de que las denuncias deben examinarse caso por caso y distinguirse de las resoluciones judiciales. “Ninguna expectativa de beneficio justifica amenazas, coacciones o actuaciones destinadas a forzar una salida al margen de las garantías legales”, sostiene.

Incluso en los casos que se ajustan a la legalidad, la transmisión de la propiedad puede suponer para las familias un cambio de interlocutor y su disposición a negociar. “Mientras para el inversor empieza una operación, para quienes viven allí continúa una vida: la escuela, el trabajo, los cuidados y los vínculos con el barrio”, resume Ramón. La asociación también recuerda que el reconocimiento sobre el papel de la vulnerabilidad de una familia no garantiza que disponga de una alternativa residencial estable.

Desde familias vulnerables hasta okupas “profesionales” se agrupan en la misma categoría

Romero identifica perfiles diversos entre los residentes en las viviendas. Por un lado, personas que atravesaron una dificultad puntual en algún momento de su vida y “lo único que quieren es salir de esta situación”, buscando ayuda para liquidar deudas pendientes y empezar de nuevo. Por otro, ocupantes que, según la empresa, “saben lo que hacen y la okupación es su profesión”, exigen dinero a cambio de abandonar la vivienda y, muchas veces, repiten el mismo procedimiento en otro inmueble poco después.

La PAH suma un tercer tipo de casos: familias que pagan fianzas o mensualidades a falsos propietarios o intermediarios y descubren el engaño al recibir una demanda de desalojo. Ramón denuncia que esas situaciones pueden terminar tratándose públicamente como okupaciones deliberadas, pese a que las familias aseguran haber actuado creyendo que tenían un contrato válido.

Así, la PAH reitera que no existe un único perfil de persona que vive en una vivienda ocupada. Entre las familias que acompaña, explica Ramón, hay personas que han perdido su vivienda, hogares con menores a cargo, trabajadores con ingresos insuficientes y personas migrantes que encuentran dificultades para acceder al alquiler, cada una con sus particularidades jurídicas, que no autorizan automáticamente al comprador a expulsar a sus ocupantes por la fuerza.

Precisamente, UGT denunció recientemente que algunos portales agrupan bajo la etiqueta de ocupación ilegal situaciones distintas, incluidos alquileres vigentes o personas con derecho a permanecer en el inmueble. Esta generalización, advierte el sindicato, contribuye a estigmatizar a familias y alimentar un discurso que las presenta como delincuentes.

Un negocio entre la rentabilidad y el derecho a la vivienda

En un contexto en el que la crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos del debate político y social en España, conviven el temor social a la okupación ilegal, pese a los datos que lo relativizan. Al mismo tiempo, los problemas para conservar una vivienda siguen teniendo consecuencias para miles de hogares: los juzgados practicaron ese año 24.540 lanzamientos, unos 67 al día, de los que 18.317 estuvieron relacionados con procedimientos por impago del alquiler y 4.346 con ejecuciones hipotecarias.

Sobre el papel de su empresa en un mercado tensionado, Romero defiende que este tipo de operaciones permite adquirir inmuebles que, por las dificultades para recuperar su posesión, pueden permanecer fuera del mercado, y sostiene que los intermediarios especializados pueden facilitar acuerdos para resolver algunas de estas situaciones. Este aumento de inmuebles disponibles podría ayudar a aliviar el problema de la falta de oferta, que la mayoría de expertos señalan como una de las claves de la actual emergencia habitacional. A su juicio, una legislación más dura contra la ocupación ilegal también contribuiría a reducir la incertidumbre y contribuiría al dinamismo del mercado.

La PAH, por su parte, cuestiona que el beneficio del vendedor y del comprador sea suficiente para presentar una operación como socialmente positiva. “En ese relato falta precisamente la familia que puede perder su hogar y la Administración que tendrá que atender las consecuencias”, afirma Ramón. Según resume la organización, “la rentabilidad de una operación no puede ser la medida del derecho de una familia a tener un hogar”.

Honduras buscará posicionar sus prioridades económicas, educativas y migratorias durante la próxima Cumbre Iberoamericana, que reunirá en Madrid a representantes de los 22 países que integran este mecanismo de cooperación regional.

El presidente Nasry Asfura viajará acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, para participar en el encuentro previsto para el 4 y 5 de noviembre, donde se abordarán los desafíos compartidos por las naciones iberoamericanas.

Entre los temas que Honduras pretende llevar a la agenda figuran la prevención de sequías e inundaciones, el reconocimiento de títulos y estudios académicos entre países, el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los servicios públicos y la promoción de una migración segura, ordenada y regular.

La delegación también buscará impulsar iniciativas de comercio e inversión que puedan traducirse en oportunidades de empleo dentro del territorio hondureño.

Agüero adelantó que el Gobierno pretende aprovechar el espacio para plantear asuntos con consecuencias directas en la población, particularmente en las comunidades expuestas a fenómenos climáticos, los jóvenes que buscan continuar su formación académica en el extranjero y las personas que migran en busca de oportunidades.

Secretaría Pro Tempore hasta 2028

Uno de los asuntos centrales del viaje será el relevo de la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana, responsabilidad que actualmente ejerce España y que pasará a Honduras durante el período 2026-2028.

Esta función implica coordinar, junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y los demás países miembros, las reuniones ministeriales, los encuentros sectoriales y los trabajos diplomáticos que prepararán la siguiente cumbre.

Honduras fue elegida por unanimidad de los 22 países para organizar la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028. La decisión fue respaldada el 24 de septiembre de 2026 durante una reunión de cancilleres celebrada en Nueva York, en el marco de las actividades de Naciones Unidas.

La designación coloca al país centroamericano ante la responsabilidad de organizar uno de los principales encuentros diplomáticos de la región. Aunque todavía no se ha definido la ciudad hondureña que albergará la reunión de 2028, el Gobierno deberá comenzar los preparativos institucionales y logísticos durante los próximos dos años.

Agendal multilareal

En materia educativa, el Gobierno busca promover mecanismos que faciliten el reconocimiento de estudios y títulos académicos entre las naciones iberoamericanas. La intención es reducir los obstáculos que enfrentan los estudiantes cuando desean continuar su formación en otro país o validar sus credenciales profesionales.

En el ámbito tecnológico, la delegación hondureña planteará el aprovechamiento de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos, un tema vinculado a la modernización de las instituciones y la transformación digital de los gobiernos.

También se abordarán los efectos de las sequías y las inundaciones, fenómenos que representan riesgos para las comunidades, la infraestructura y las actividades productivas de Honduras y otros países de la región.

La migración será otro de los puntos de interés. Honduras buscará promover mecanismos que permitan una movilidad segura, ordenada y regular, además de fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos que implica el desplazamiento de personas.

La agenda de Asfura en España no se limitará a las sesiones de la Cumbre Iberoamericana. El mandatario también participará en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, considerado un espacio de diálogo entre representantes del sector privado, inversionistas y autoridades de los países miembros.

Cumbe y nuevas oportunidades

Este foro constituye una oportunidad para abordar las condiciones necesarias para impulsar el comercio, ampliar las relaciones económicas y promover inversiones entre las naciones participantes. La delegación hondureña buscará que estos contactos contribuyan a identificar oportunidades de negocios y proyectos que puedan generar empleo en el país.

Asfura tiene previstas, además, reuniones bilaterales con representantes de otros gobiernos y encuentros con integrantes de la comunidad hondureña residente en España, según la agenda adelantada por la Cancillería.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de 22 naciones: 19 de América Latina, además de España, Portugal y Andorra. El mecanismo surgió en 1991, durante la primera reunión celebrada en Guadalajara, México, con el propósito de establecer un espacio permanente de diálogo político y cooperación entre los países iberoamericanos.

Un fallo técnico de apenas ocho minutos bastó para desencadenar la peor tragedia ferroviaria en España del siglo XXI. El miércoles 28 de octubre, un tren AVE de Renfe colisionó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la línea Madrid-Sevilla, cerca de Urda (Toledo), tras la caída del sistema de seguridad LZB. El balance provisional supera las 69 víctimas mortales. Se trata del segundo accidente grave en el mismo corredor en menos de un año, después de que un siniestro similar dejara 46 muertos en enero en Adamuz (Córdoba). Ambos sucesos ocurren en uno de los momentos de mayor transformación del sistema ferroviario español en tres décadas, y reavivan la pregunta de si esa transformación avanzó más rápido que la capacidad de la red, y de sus trabajadores, para sostenerla.

El origen del proceso se remonta a 2005, cuando España separó la gestión de la infraestructura, a cargo de Adif, de la operación de los trenes, bajo Renfe, en cumplimiento de una directiva europea de 1991. Años después, un reglamento de 2007 y una directiva de 2012 obligaron a liberalizar por completo el transporte ferroviario de viajeros en toda la Unión Europea, con fecha límite fijada para el 14 de diciembre de 2020.

En España, el proceso se concretó con velocidad inusual, y los datos de tráfico y de inversión permiten seguir, año por año, cómo el crecimiento del sistema no vino acompañado de un refuerzo equivalente en el mantenimiento de la infraestructura. En 2019, último año de monopolio, la alta velocidad de larga distancia transportó 22,6 millones de viajeros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En 2020, con la red casi paralizada por la pandemia, el conjunto de la alta velocidad cayó a 11 millones de pasajeros, con un gasto en mantenimeinto por pasajero de 31,7 euros.

La evolución del gasto no acompaña el aumento de pasajeros

Ouigo, filial de bajo coste de la francesa SNCF, inició operaciones el 11 de mayo de 2021 en el corredor Madrid-Barcelona, el primer operador privado en circular por la red española. Ese mismo año nació Avlo, la marca económica de la propia Renfe, y Adif Alta Velocidad ejecutó su mayor inversión en infraestructura del período reciente, 2.543 millones de euros. Pese a ello, el gasto de mantenimiento por viajero ya había caído a 21,4 euros.

En noviembre de 2022 se sumó Iryo, participada mayoritariamente por la italiana Ferrovie dello Stato, al mismo corredor. Ese año, los pasajeros de larga distancia subieron a 23,7 millones, la inversión en infraestructura retrocedió a 1.935 millones y el gasto de conservación por viajero se hundió a 11,7 euros, un nivel ya similar al de 2019 pese a que el tráfico era sensiblemente mayor. La tendencia se acentuó tras marzo de 2023, cuando Iryo extendió su servicio a la línea Madrid-Sevilla: los pasajeros alcanzaron los 31 millones, la inversión en infraestructura quedó prácticamente congelada en 1.932 millones y el gasto de mantenimiento por viajero bajó a 9,2 euros, por debajo de los niveles de 2018.

En 2024, con los tres operadores ya consolidados en los principales corredores, los pasajeros de larga distancia llegaron a cerca de 40 millones, un 77% más que en 2019, mientras la inversión en infraestructura tocó su mínimo del período, 1.764 millones de euros, y el gasto de conservación por viajero cayó a 8,5 euros.

Ouigo completó su despliegue en enero de 2025 con la llegada a Andalucía. Desde entonces, tres empresas con cuatro marcas comerciales compiten en los tres grandes corredores de alta velocidad del país, un proceso que ya avanza hacia una segunda fase con nuevos trayectos hacia Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva, cuyos acuerdos marco deberían firmarse a finales de 2027.

El balance de la liberalización elaborado por la CNMC confirma el éxito comercial del modelo: la alta velocidad transportó 44,5 millones de viajeros en 2025, el doble que en 2019, con precios entre un 33% y un 44% más bajos en términos reales según el corredor. La inversión en infraestructura, por su parte, repuntó solo levemente a 2.154 millones ese año, un aumento de cerca del 70% respecto a 2020 frente a una demanda que se ha multiplicado por cuatro.

Seis empresas, normas distintas y menos personal propio

A esa presión financiera sobre el mantenimiento se suma una transformación igual de profunda en la estructura laboral del sector. La vieja Renfe pública, unificada hasta 2005, hoy se reparte en seis sociedades anónimas con normas laborales distintas, mientras Adif quedó dividido en dos entidades públicas empresariales, Adif y Adif Alta Velocidad.

Según Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Andalucía, esa fragmentación convive con un aumento sostenido de la subcontratación de tareas que antes realizaba personal propio. “Multitud de trabajo que es propio de los ferroviarios está puesto en manos de empresas privadas, y cada vez más”, señala el sindicalista, quien atribuye a ese esquema buena parte de los problemas de seguridad: “Las empresas privadas vienen a ganar dinero, vienen a lucrarse”.

El responsable sindical apunta además a una cadena de intermediación que, a su juicio, encarece el proceso sin mejorar su ejecución: “Las empresas adjudicatarias nunca son las que realmente hacen el trabajo. Hay un montón de empresas intermediarias que, sin hacer nada, se están llevando el dinero, y eso repercute en que se abaraten las condiciones laborales y no se garantice la formación mínima de los trabajadores”.

Ese déficit de formación, sostiene Montenegro, se agrava por el recambio generacional provocado por los sucesivos expedientes de regulación de empleo desde 2005. “Aquí ha habido 18 o 20 años que no ha entrado nadie y sí que han salido muchos profesionales”, afirma, y compara su propia experiencia con la de quienes ingresan ahora: él tardó tres años, entre formación teórica y práctica, antes de hacerse cargo de un servicio con responsabilidad, tras 42 años en la compañía. “Ahora los nuevos del tráfico, que están tan de moda por el tema del accidente, con seis meses de formación se ponen a hacerse cargo de un servicio ya complicado”, advierte, en una alusión que recuerda al puesto de control de tráfico implicado en la cadena de errores de Urda.

Un acuerdo cuestionado y una huelga en paralelo

El accidente de Adamuz había dejado, además de las víctimas, un acuerdo para reforzar una red que no ha podido seguir el ritmo al aumento de viajeros que ahora vuelve a estar en el centro de la disputa. El 9 de febrero de 2026, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pactó con los sindicatos, un paquete de medidas para desconvocar una huelga que incluía 1.800 millones de euros adicionales destinados al mantenimiento hasta 2030 y la incorporación de 3.650 puestos a Adif, Renfe y Seguridad Ferroviaria.

Montenegro cuestiona el valor real de ese pacto. “Hubo un conato de disimulo público que llevó a que el colectivo ferroviario y los ciudadanos fuésemos traicionados, firmando un acuerdo que era simplemente papel mojado”, sostiene, y añade que el nuevo accidente de Urda confirma esa valoración: “La seguridad no se ha garantizado; fue un intento de salvar la cabeza del ministro”.

Renfe compite con los operadores estatales de Francia e Italia

En paralelo, Puente ha reconocido que el modelo adoptado no tiene equivalente en el resto de la Unión Europea, al señalar que España cedió a sus competidores incluso el mantenimiento pesado de los talleres, algo que no ocurre en Francia, donde los trenes deben trasladarse de vuelta al país de origen para ese servicio. Así, mientras los operadores alternativos apenas lograron arrebatar un 1% de cuota a la estatal SNCF, en España los nuevos competidores ya controlan cerca del 28% del negocio de larga distancia en alta velocidad.

El propio ministro matizó, además, que la competencia real se produce entre tres empresas de capital mayoritariamente público: la española Renfe, la francesa SNCF a través de Ouigo y la italiana Ferrovie dello Stato a través de Iryo. “Entre las tres, pierden 230 millones”, señaló, para subrayar que son en la práctica tres Estados los que subvencionan el precio del billete y compiten en la alta velocidad española.

El Senado aprobó esta tarde la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que activa beneficios fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones y será girado en las próximas horas a Diputados, que definirá una eventual sanción. El proyecto, empujado desde el inicio de su trámite por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), recibió 60 adhesiones en la votación en general y sólo dos rechazos -que impidieron la unanimidad-, que fueron los santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.

Las áreas que alcanzaría el texto en cuestión apuntan a “la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras” en “actividades industriales”, o las “relacionadas con sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario”.

También se incorporan los “bienes semovientes incluyendo a las terneras retenidas para reposición y las vinculadas con buques, embarcaciones pesqueras nuevas y/o en equipos nuevos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y en bienes, maquinarias y equipos nuevos destinados directamente a la transformación e industrialización de la madera y al aprovechamiento productivo de residuos y subproductos forestales”. Quedan “expresamente excluidos del presente régimen” lo relacionado con “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”.

Para que avance el articulado fue necesaria la incorporación sugerida por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires); el líder del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones); y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), en referencia a un plan de desarrollo que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

“Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”, se enfatiza en el proyecto.

Vischi fue el miembro informante y direccionó la lupa hacia la “estabilidad fiscal y legal”, junto a la propuesta de “adhesión de las jurisdicciones locales” para que no tengan “la posibilidad de crear nuevos impuestos, como Sellos o regalías”. Y agregó. “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”. En la misma línea fue la mendocina Mariana Juri (Mendoza), otra de las que se colgó la ley al hombro.

“El gran debate que tenemos hoy en el país es cuál es la dimensión del Estado, para qué cumple funciones y qué financiamiento debe tener”, manifestó Vischi, y advirtió sobre épocas con “impuestos mayores” para fondear administraciones públicas que se convierten en “préstamos al fisco para sostener un Estado que, a veces, ha demostrado ser insuficiente”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) adelantó al apoyo en general, aunque realizó varias observaciones en lo particular. Habló de otros sistemas y una realidad “inconexa”, más “regímenes con asimetrías con impacto sin contemplar el cupo fiscal dentro de los presupuestos”. Criticó los saldos técnicos que empresas no cobran y ejecuciones tributarias en simultáneo.

El cierre quedó en manos de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Capital Federal). Primero, resaltó que “ordenar economía y generar estabilidad fue fundamental” y que, ahora, “tenemos que dar un paso: convertir ese orden en inversión, producción y salarios”.

Bullrich luego dijo que “el que arriesga su capital tiene que encontrar quién lo acompañe”, y que “cada nueva máquina o planta que se amplía abre oportunidades al trabajo argentino”. La porteña no olvidó mencionar la importancia de la competitividad en relación con los países vecinos y observó impuestos en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Tras la definición en general, el kirchnerismo se opuso -sin éxito- a varios artículos durante la votación en particular.

Invitación al Papa

El pleno votó un proyecto de resolución para encomendar “a la Presidencia de este Honorable Senado que, en caso de ser aceptada la invitación” al Papa León XIV, se “acuerde con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y con el Poder Ejecutivo nacional la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda”. Difícil por la voluminosa agenda ya fijada para el máximo responsable de la iglesia católica.

Por ese motivo, el texto también impone la solicitud hacia “el Poder Ejecutivo nacional” para “que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad”. Es decir, con Victoria Villarruel, quien lideró la sesión de hoy, en dicho evento.

Informe

El pleno también confirmó que para la última semana de noviembre -al filo de la finalización del período ordinario de sesiones- asistirá a dar cuenta del estado de la gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien era reclamado por la oposición. Se estima que lo haría el miércoles 25, para dejar el jueves 26 ante una potencial reunión para tratar proyectos de ley.

Jura y homenajes

Al comienzo de la sesión asumió Claudia López en reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió hace un mes y sobre el cual se realizó un homenaje desde varias bancadas. En tanto, el kirchnerismo hizo algo similar con el ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, cuyo deceso ocurrió días atrás. En tanto, el cristinismo sumó un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner.

Reed Jobs, hijo de Steve Jobs, decidió enfocar parte de su trabajo como inversor en compañías que buscan evitar muertes por cáncer después de vivir de cerca la enfermedad y el fallecimiento de su padre. Su experiencia familiar, iniciada cuando tenía 12 años, conecta una historia personal con el debate sobre nuevas herramientas de prevención, tratamientos y acceso a la innovación médica.

La reflexión adquiere relevancia porque el cáncer no solo transforma la vida de quienes reciben un diagnóstico. También modifica las decisiones de familiares, investigadores, médicos e inversores. Reed Jobs explicó a Fortune que muchas personas vinculadas a este campo encuentran una razón personal para participar en la búsqueda de soluciones.

Reed Jobs tenía 12 años cuando Steve Jobs enfermó

Steve Jobs, fundador de Apple, recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas en 2003. Su hijo Reed tenía 12 años entonces. El empresario murió ocho años después, en 2011, a los 56 años.

Esa experiencia llevó a Reed Jobs a interesarse por el cáncer y a financiar compañías dedicadas a combatir la enfermedad. “Empecé a trabajar en el cáncer cuando mi padre enfermó, y muchas personas se sienten motivadas por una razón familiar”, afirmó en declaraciones a la sección Term Sheet de Fortune.

La muerte de Steve Jobs convirtió una vivencia familiar en una motivación profesional para su hijo. El objetivo que plantea no se limita a acompañar la investigación, sino a contribuir a que el cáncer deje de ser mortal para más pacientes.

La trayectoria del fundador de Apple ya había quedado marcada por el diagnóstico. En 2005, durante su discurso de graduación en la Universidad de Stanford, relató que los médicos le comunicaron inicialmente que podía padecer un tipo de cáncer incurable y que su expectativa de vida podía ser de tres a seis meses.

El diagnóstico cambió la visión de Steve Jobs

Jobs explicó ante los estudiantes que recibió el consejo de volver a casa y poner en orden sus asuntos personales. Para él, aquello significaba intentar comunicar a sus hijos, en pocos meses, lo que esperaba decirles durante la siguiente década.

Más tarde, nuevos estudios determinaron que el tumor era de un tipo poco común que podía tratarse mediante cirugía. Jobs fue intervenido y superó ese episodio, aunque reconoció que fue la vez que estuvo más cerca de la muerte.

“Recordar que voy a morir es la herramienta más importante que encontré para ayudarme a tomar grandes decisiones en la vida”, dijo en Stanford. Esa idea se convirtió en una de las frases más conocidas de su visión sobre el tiempo, el miedo y las decisiones personales.

El fundador de Apple sostuvo que la conciencia de la mortalidad podía reducir el peso del orgullo, el temor al fracaso y la presión social. Esa experiencia no evitó que la enfermedad siguiera presente en su vida, pero redefinió la forma en que habló sobre sus prioridades.

Reed Jobs menciona vacunas y medicamentos GLP-1

Reed Jobs también se mostró interesado en las vacunas experimentales contra el cáncer. Sin embargo, en sus declaraciones destacó el posible impacto de los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.

El GLP-1 es una hormona que el intestino libera después de comer. Los agonistas de GLP-1 son medicamentos sintéticos que imitan esa hormona. Jobs los describió como algunos de los fármacos más impactantes creados hasta ahora.

Según explicó, estos tratamientos podrían ayudar en la prevención al reducir la obesidad, una condición asociada con un mayor riesgo de 13 tipos de cáncer, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Jobs planteó que los GLP-1 pueden tener efectos más amplios que el control del peso, con posibles beneficios para personas con cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras afecciones. Su afirmación se sitúa dentro de una discusión mayor sobre el alcance que estos medicamentos pueden tener en la salud pública.

La experiencia de Reed Jobs muestra cómo una pérdida familiar puede impulsar iniciativas vinculadas con la ciencia y la salud. Su caso también recuerda que la lucha contra el cáncer reúne distintas estrategias: prevención, tratamientos, investigación y financiamiento.

YPF informó un ganancias operativas antes de intereses, impuestos y depreciaciones -la métrica conocidad como EBITDA ajustado- de USD 2.503 millones en el tercer trimestre de 2026, una cifra que, según la compañía, fue la segunda más alta de su historia y quedó por detrás del resultado del período anterior. En un comunicado difundido este miércoles desde Buenos Aires, la empresa también indicó que obtuvo una utilidad neta cercana a USD 1.200 millones, elevó su producción de petróleo no convencional y redujo su relación de endeudamiento neto.

El balance trimestral reúne avances operativos y financieros en un contexto en el que la firma concentra una parte relevante de sus inversiones en Vaca Muerta. La compañía informó que el EBITDA —una medida de resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— creció 84% frente al mismo trimestre de 2025. Atribuyó esa variación al aumento de la extracción de shale, a menores costos de producción, a mayor procesamiento en las refinerías y a los precios.

Las inversiones entre julio y septiembre sumaron USD 1.287 millones, un alza interanual de 26%, de acuerdo con el comunicado. El 70% de ese monto fue dirigido a desarrollos no convencionales. La empresa sostuvo que su flujo de caja libre alcanzó USD 900 millones, el segundo registro más alto de su trayectoria, lo que le permitió llevar el ratio de deuda neta a 0,8 veces.

La producción de shale promedió 224.000 barriles diarios durante el trimestre

La actividad en Vaca Muerta fue uno de los ejes del informe. YPF señaló que la producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles por día durante el trimestre, con una suba de 32% respecto de igual lapso de 2025. El comunicado agregó que la producción actual se ubica en 245.000 barriles diarios y que el objetivo para el cierre del año es llegar a 250.000 barriles por día.

La compañía proyecta además presentar “en las próximas semanas” pedidos de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para cinco proyectos ubicados en el área norte de la formación: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. Los desarrollos son operados por YPF, que posee una participación cercana al 40%, según precisó la empresa.

De acuerdo con la información difundida, esos cinco proyectos contemplan una inversión estimada de USD 44.000 millones en 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una capacidad máxima proyectada de 270.000 barriles diarios de crudo shale. Esas cifras corresponden a las previsiones presentadas por la compañía y estarán sujetas a la evolución de cada iniciativa y a los procesos regulatorios que correspondan.

Las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios y crecieron las exportaciones de combustibles

En el segmento de refinación y comercialización, YPF reportó que sus plantas procesaron 344.000 barriles diarios, 5% más que en el tercer trimestre del año anterior. La compañía afirmó que volvió a cubrir la demanda interna sin importar combustibles y que incrementó los envíos al exterior, aunque el comunicado no detalló los volúmenes destinados a cada mercado.

La firma indicó también que alcanzó un máximo de producción de naftas premium. En ese marco, informó que la refinería de La Plata recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento “Refinería del Año”, uno de los premios de la industria regional, y que la herramienta Ekons Matrix AI fue distinguida como “Tecnología Digital del Año”. Según la empresa, ese sistema anticipa especificaciones para la mezcla de combustibles con el objetivo de ajustar la eficiencia operativa y las características del producto.

YPF completó la compra de YPF Luz y prevé consolidarla desde el cuarto trimestre

Tras el cierre del período analizado, YPF anunció la compra del 25% que todavía no controlaba de YPF Luz por USD 430 millones. Con esa operación, la petrolera pasó a tener el 100% del capital accionario de la empresa de generación eléctrica, cuyos resultados comenzarán a consolidarse de manera integral en los estados contables del cuarto trimestre.

El comunicado señaló que la adquisición permitirá incorporar el valor de una compañía con presencia en generación térmica y renovable. “Esta operación le permite a YPF capturar el valor de una empresa líder de generación eléctrica”, indicó la firma, que mencionó oportunidades de expansión de largo plazo en ambas fuentes de energía. La evolución de ese negocio quedará reflejada en los próximos balances consolidados.

Por otra parte, la empresa informó que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto previsto para ampliar la evacuación de petróleo desde la cuenca neuquina, superaba el 85% de ejecución al cierre de septiembre. La inauguración está prevista para fines de 2026 y el inicio de las exportaciones de crudo, para el primer trimestre de 2027, de acuerdo con el cronograma comunicado por la compañía.

Una emisión por USD 1.200 millones acompañó la baja del endeudamiento neto

En materia financiera, YPF recordó que en septiembre volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por USD 1.200 millones. La compañía la definió como “la mayor colocación de deuda de Argentina de los últimos años”. El bono tuvo un cupón de 7,55% y un rendimiento de 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

Según el comunicado, ese diferencial fue el menor registrado por la empresa. La próxima referencia para evaluar las proyecciones difundidas será el cierre del cuarto trimestre, cuando la compañía incorpore plenamente a YPF Luz en sus estados financieros y continúe con el cronograma anunciado para VMOS y los proyectos de shale en el norte de Vaca Muerta.

Un pastor de una iglesia cristiana en Kirkland, Washington, enfrenta 15 cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero tras una investigación del FBI y el IRS que desarticuló un esquema que despojó a más de 30 feligreses de unos USD 13 millones. Cristian Popescu, de 46 años y ciudadano rumano residente en Bothell, se declaró no culpable durante su comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle el 13 de octubre de 2026, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington.

El juicio quedó programado para el 21 de diciembre de este año. De acuerdo con la acusación formal, Popescu utilizó su posición como líder de la congregación Passion for Christ para convencer a sus fieles de invertir en una empresa ficticia llamada Followone, Inc., supuestamente radicada en Bellevue.

El pastor aseguró que la compañía operaba una plataforma de internet que combinaba un mercado global en línea con una red social, donde los usuarios podían comprar y vender bienes y servicios como automóviles, bienes raíces, atención médica, alimentos y viajes. En realidad, la plataforma era un entramado de pantallas no funcionales.

Cómo Popescu usó la fe para captar inversores en su esquema de fraude

Popescu apeló a la confianza espiritual de su congregación como herramienta de captación. Les dijo que “Dios los eligió para invertir” en la empresa y que hacerlo contribuiría a la misión de la iglesia. También les prometió que sus fondos permanecerían dentro de Followone y que podrían retirar su dinero en cualquier momento.

Para atraer mayores sumas, el pastor ofreció puestos en la junta directiva de Followone a quienes alcanzaran el millón de dólares invertido. Instó a sus víctimas a vaciar sus cuentas de jubilación, solicitar préstamos personales o hipotecarios e incluso echar mano de los ahorros universitarios de sus hijos.

Oficinas de lujo, empleados fantasma y comunicados falsos para aparentar éxito

El esquema se sostuvo sobre una fachada cuidadosamente construida. Popescu alquiló oficinas costosas en Bellevue y afirmó contar con 20 empleados, cuando en realidad solo tres personas trabajaban allí. Publicó sus propios comunicados de prensa con declaraciones falsas sobre el rendimiento de la empresa y aseguró haber contratado a ingenieros de software de las principales compañías tecnológicas.

Llegó a afirmar que Followone tenía un valor de USD 1.400 millones, a sabiendas de que la compañía no valía prácticamente nada. Además, creó un sitio web que mostraba a los inversores un crecimiento sustancial y ficticio de sus aportes, y difundió la falsa promesa de que la empresa estaba a punto de cotizar en la bolsa Nasdaq.

Empresas fantasma y lavado de dinero: cómo se desvió el dinero de los feligreses

Para dar apariencia de actividad comercial legítima, Popescu creó empresas fantasma que simulaban relaciones de negocios con Followone. En la práctica, el dinero de los inversores se destinó a pagar facturas falsas emitidas por esas mismas entidades ficticias, que él controlaba.

Según la acusación, Popescu transfirió más de USD 4,5 millones de los fondos de Followone a cuentas propias, de su esposa y de otros familiares. También se pagó a sí mismo más de USD 1 millón en salarios entre 2017 y 2024, y destinó unos USD 300.000 a su esposa, que ni siquiera era empleada de la compañía.

El dinero se utilizó para gastos personales y para operaciones bursátiles en su propia cuenta de inversión.

Encriptación, acuerdos de confidencialidad y acusaciones de posesión demoníaca

Popescu impuso un hermetismo extremo en sus comunicaciones con los inversores. Les exigió firmar acuerdos de confidencialidad y comunicarse exclusivamente a través de servicios de mensajería cifrada. En reuniones presenciales, les ordenó apagar sus teléfonos y desactivar dispositivos inteligentes como el asistente Alexa de Amazon.

Cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero, Popescu respondió con evasivas: alegó que los reembolsos interferirían con la futura salida a bolsa. A quienes expresaron dudas o pidieron más información, los acusó de estar “poseídos por demonios”, invocó su autoridad pastoral y se mostró iracundo, según consta en la acusación federal.

Cargos por fraude electrónico y lavado de dinero: las penas que enfrenta el pastor

La acusación incluye diez cargos de fraude electrónico y cinco de lavado de dinero. Entre las transferencias detalladas, una víctima invirtió cerca de USD 1 millón en un solo envío, mientras que otras realizaron aportes de aproximadamente USD 600.000 y USD 500.000. Los cargos de lavado detallan cómo Popescu trasladó los fondos desde la cuenta de Followone a sus cuentas personales.

“Popescu atrajo a inversores de su iglesia con materiales de marketing falsos, sitios web y oficinas costosas, y luego tomó su dinero para sus propios lujos y operaciones bursátiles, al traicionarlos financiera y espiritualmente”, declaró el fiscal federal interino Charles Neil Floyd.

“El crimen financiero no es un delito sin víctimas y con frecuencia destruye la vida de quienes lo padecen”, señaló la agente especial a cargo Carrie Nordyke, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Seattle.

A pesar de las objeciones de los fiscales, Popescu fue puesto en libertad bajo monitoreo electrónico mientras aguarda el juicio. El fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 250.000 por cargo; el lavado de dinero, hasta diez años de prisión y una multa equivalente.

Los cargos contenidos en la acusación son solo alegaciones; toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal. El caso es investigado por el FBI y la IRS-CI.

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica, integrado al desarrollo de Minera Alumbrera y conocido como MARA, de la empresa Glencore. La iniciativa, ubicada en la provincia de Catamarca, contempla una inversión total de USD 6.394 millones a lo largo de las distintas etapas de desarrollo y explotación del yacimiento.

El proyecto prevé la extracción a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno, con una vida útil estimada de 23 años. Durante las etapas de construcción y operación, se estima que generará 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

Según el plan de inversión presentado por la compañía, la producción comenzaría en octubre de 2031, mientras que el inicio de la construcción está previsto para el 1° de noviembre de 2027.

De acuerdo con la documentación presentada, el desarrollo contempla el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción promedio anual de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre, con oro, plata y molibdeno asociados.

En cuanto al volumen acumulado previsto durante la vida útil de la mina, la empresa proyecta producir 3,45 millones de toneladas de cobre, 2,33 millones de onzas de oro, 41,16 millones de onzas de plata y cerca de 100.000 toneladas de molibdeno. Las estimaciones también contemplan exportaciones de 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, además de 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.

Entre las condiciones evaluadas, la compañía declaró una inversión de USD 3.310 millones en activos computables, dentro de un desembolso total proyectado de USD 6.393,6 millones. Además, comprometió inversiones en activos computables por USD 771,5 millones durante los dos primeros años, en cumplimiento del requisito que establece alcanzar al menos el 40% del monto mínimo de inversión exigido para ese período.

Según el plan presentado, el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las distintas etapas del proyecto corresponderá a empresas locales, por encima del mínimo del 20% establecido por el régimen.

La firma tendrá plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables comprometido.

Otro de los proyectos presentados por Glencore es El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, que contempla una inversión de USD 9.500 millones para su primera fase durante la próxima década. El yacimiento cuenta con recursos minerales estimados en aproximadamente 6.000 millones de toneladas.

“Confío en que el sector minero puede ser un importante contribuyente a la economía argentina, y que los proyectos de El Pachón y Agua Rica respaldan la ambición del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”, había dicho Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

En tanto, durante la Argentina Week en París, el CEO de Glencore, Gary Nagle, aseguró que “cuando comparás la Argentina post RIGI con sus competidores más cercanos, en particular Chile y Perú, Argentina se vuelve más competitiva. El capital no conoce fronteras”.

También se refirió a los costos y a la importancia de la estabilidad económica para las inversiones: “Nos lleva cuatro, cinco, seis años hacer un agujero de USD 4.000 millones en el suelo. Si el país cambia las reglas del juego después de eso, no podés levantar tu agujero y mudarlo a otro país”.

En ese sentido, sostuvo que ambos factores son “el facilitador clave para que Glencore pueda invertir entre USD 14.000 y USD 20.000 millones en la Argentina en los próximos diez años”.

Por último, Nagle destacó la necesidad de ampliar la infraestructura energética para abastecer al sector minero. “Eso es absolutamente crítico, poder tener energía, acceso a la energía. El sector privado puede construir, pero las condiciones tienen que estar, la estabilidad, la confianza, los retornos de capital tienen que estar también para permitir que se construya esta infraestructura”, expresó.

La incertidumbre política ante las elecciones de 2027 se convirtió en el principal condicionante de las inversiones agropecuarias, incluso en un escenario de elevada confianza y expectativas favorables para el negocio. Así lo revela el Ag Barometer Austral de septiembre-octubre de 2026, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, que registró una suba del 2% en el índice general, hasta los 150 puntos, frente a los 147 de la medición anterior. Aunque el indicador permanece en niveles históricamente elevados, los resultados muestran una brecha entre las oportunidades que identifican los productores y su disposición a comprometer capital en el corto plazo, en un contexto atravesado por la incertidumbre política, climática y financiera.

El relevamiento señala que el 49% de los productores menciona el escenario electoral de 2027 como un factor que lo lleva a actuar con cautela o postergar inversiones. En segundo lugar aparece la incertidumbre climática, con el 38%, seguida por las tasas de interés y las condiciones de financiamiento, con el 24%. Además, el 68% afirma que el panorama electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión. “Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. Hay oportunidades que se evalúan favorablemente, aunque la incertidumbre política, climática y financiera lleva a analizar con cuidado cuándo comprometer capital y cómo preservar capacidad de maniobra”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral.

La cautela, sin embargo, no implica una visión negativa sobre las posibilidades de crecimiento del sector. Por el contrario, el Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y llegó a los 133 puntos, su máximo histórico, mientras que el 66% de los encuestados considera que es un buen momento para invertir. La aparente contradicción se explica por la diferencia entre reconocer una oportunidad y decidir cuándo concretarla: frente a un escenario todavía incierto, los empresarios buscan preservar liquidez, limitar compromisos financieros y mantener margen para ajustar sus estrategias. En esa línea, Steiger sostuvo: “Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos. La liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres”.

A las variables políticas y financieras se suma el riesgo climático, ante la posibilidad de un evento El Niño durante la campaña agrícola 2026/27. Según el informe, el 31% de los productores prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas; el 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, y el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en las inversiones. En contraste, el 27% afirma que no modificaría sus decisiones ante ese escenario. “El riesgo climático obliga a pensar las decisiones productivas de manera integral. La elección de cultivos, las fechas de las labores, la tecnología y las herramientas de cobertura forman parte de una misma estrategia de adaptación. Frente a un escenario de posible Niño, la planificación y la capacidad de ajustar las decisiones adquieren especial importancia”, señaló Steiger.

En cuanto al destino de los recursos, el 32% prioriza mejorar la producción durante la próxima campaña y el 25% apunta a adquirir activos estratégicos, como tierra o hacienda. Al mismo tiempo, otro 25% busca preservar liquidez y capacidad de maniobra, mientras que el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros. La presión de los costos también pesa sobre las decisiones: el 55% de los productores afirma que sus costos en dólares son superiores a los de la campaña anterior. Pese a estas restricciones, la incorporación de nuevas tecnologías aparece como una oportunidad para mejorar la eficiencia: el 32% identifica a la producción como el área con mayor potencial para aprovechar la inteligencia artificial, seguida por el planeamiento estratégico, con el 28%, y la gestión financiera, con el 23%.

La evolución del índice general confirma que la confianza se mantiene estable en niveles elevados: después de alcanzar los 151 puntos en mayo y retroceder a 147 en julio, el indicador se recuperó hasta los 150 puntos en septiembre-octubre, con una mejora interanual del 20%. En la última medición, el Índice de Condiciones Presentes avanzó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el de Expectativas Futuras subió un 1,2%, hasta los 167. Los datos reflejan un sector que mantiene perspectivas favorables, pero selecciona cuidadosamente sus inversiones y procura conservar flexibilidad ante posibles cambios. “El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión. En un escenario atravesado por la incertidumbre política y climática, preservar la liquidez y la capacidad de adaptación es tan importante como identificar oportunidades de crecimiento”, concluyó Steiger.

Es un buen momento para invertir en minería. Perú tiene una enorme riqueza minera en un momento donde la transición energética, la electrificación del transporte y la aparición de nuevas tecnologías impulsan la demanda de metales en el mercado.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y agosto de 2026 la inversión minera en el Perú alcanzó los US$4.813 millones, un crecimiento de 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Cifras muy saludables pese a los desafíos que dejó la incertidumbre política en los primeros meses del año.

Además, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los envíos mineros al exterior alcanzaron los US$57.492 millones entre enero y agosto de este año, un crecimiento de 55% frente al mismo periodo de 2025. El cobre representó el 46,1% de ese valor, mientras que el oro concentró el 37,6%.

Esto son buenas noticias para quienes invierten en la Bolsa de Valores de Lima. Entre enero y septiembre de 2026 las acciones de Nexa Resources Perú acumularon una rentabilidad de 108,83%, mientras que Atacocha avanzó 82,86%, Minsur 50,04%, Southern Copper 48,81% y Cerro Verde 48,71%. Adicionalmente, las utilidades mineras de las empresas bajo su cobertura podrían alcanzar los US$9.000 millones este año, una cifra récord.

¿Cómo podemos aprovechar este escenario como inversionistas? Si uno busca invertir en la bolsa es un buen momento para apostar por el crecimiento de empresas vinculadas a la producción de cobre, oro y otros metales. Algunas compañías distribuyen dividendos, lo que permite complementar una estrategia de valorización y diversificación de capital con ingresos periódicos.

Considero que uno de los principales atractivos de la minería es su perspectiva de largo plazo para los inversionistas aunque también implica riesgos. Los precios internacionales de los metales pueden fluctuar, los costos de producción pueden aumentar y los conflictos sociales pueden retrasar proyectos. Además, una empresa puede tener buenas perspectivas y, aun así, cotizar a un precio demasiado elevado.

También debemos entender que el crecimiento de la minería no beneficia únicamente a las grandes empresas. Una mayor inversión puede generar oportunidades para proveedores, infraestructura, transporte y servicios especializados. De hecho, según el Minem, la inversión en infraestructura minera alcanzó los US$1.308 millones entre enero y agosto, un crecimiento de 65,7% interanual. Es una muestra de cómo el desarrollo del sector puede dinamizar otras actividades económicas.

Soy optimista sobre el futuro de la minería peruana porque tenemos recursos, experiencia y una demanda internacional que abre oportunidades. Desde la perspectiva del inversionista, creo que vale la pena prestar especial atención a este sector.

Panamá certificó 268 operaciones de residencia por inversión entre julio de 2025 y junio de 2026, frente a las 193 registradas en el período anterior.

El monto total pasó de $90,1 millones a 268 certificados por $113,6 millones, según datos del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), entidad que certifica estas inversiones.

El 87,3 % de esos certificados correspondió a compras de inmuebles.

La residencia por inversión en Panamá es una de las opciones más atractivas para que los inversores internacionales obtengan residencia legal en una jurisdicción estable y favorable para los negocios.

Colombia figura entre los países de origen de esos inversionistas, y ya en 2024 el MICI señalaba a Colombia y Estados Unidos como líderes de las inversiones calificadas del programa.

Valor Development, desarrolladora de origen colombiano que construye en Ciudad de Panamá desde 2012, presentó hace poco su portafolio a inversionistas, señalando que el reto del comprador ya no es solo elegir dónde invertir, sino entender las reglas vigentes a ambos lados de la frontera.

“Acompañamos a inversionistas colombianos que compran en Panamá y vemos que las mejores decisiones no parten del precio, sino de preguntas como quién respalda el proyecto, cómo se protegen los pagos y qué obligaciones se adquieren en ambos países”, afirmó la directora comercial para Colombia de Valor Development, Adelaida Restrepo.

El cambio normativo llegó en septiembre, justo cuando el programa mostraba este crecimiento. Desde entonces, la inversión mínima exigida es de $300.000 para vivienda nueva de primera venta y de $500.000 para propiedades de reventa, de acuerdo con el MICI.

El decreto también habilitó un depósito a plazo fijo de $500.000 en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, las dos entidades bancarias estatales del país, según otra comunicación del MICI.

El solicitante debe demostrar, en cualquiera de las dos vías, que el dinero proviene del exterior. Las cifras oficiales se publican en balboas, la moneda panameña que mantiene paridad con el dólar, según confirma la Superintendencia de Bancos de Panamá, el regulador bancario del país.

Valor Development recomienda que un abogado revise el texto vigente del decreto antes de comprometer recursos, dado que la normativa cambió hace poco.

Se indica que en una preventa, es decir, la compra sobre planos antes o durante la construcción, el comprador depende de la solvencia del promotor y de cómo se resguardan sus pagos. La compañía sugiere pedir la trayectoria de la empresa, revisar los proyectos ya entregados y verificar los permisos de la obra.

También recomienda preguntar quién administra el dinero del proyecto, por ejemplo, un fideicomiso a cargo de una fiduciaria. La promesa de compraventa, el contrato en el que comprador y vendedor se comprometen a firmar la venta definitiva, debe leerse con atención en sus plazos, condiciones de entrega y financiación.

“Un comprador informado exige estas respuestas, y un desarrollador serio debe poder darlas por escrito”, añadió Restrepo.

La valorización de un inmueble en construcción es una expectativa, no una garantía, porque depende del mercado y de cada proyecto en particular.

Del lado panameño, la Dirección General de Ingresos (DGI), autoridad tributaria del país, incluye el arrendamiento de inmuebles entre los ingresos que pagan impuesto sobre la renta. Quien compra pensando en alquilar asume esa obligación fiscal desde el primer contrato.

“Por eso insistimos en que el inversionista hable con un asesor tributario antes de comprar, sobre todo si piensa alquilar”, dijo Restrepo.

La recomendación aplica tanto para quien busca la residencia por inversión como para quien solo busca renta inmobiliaria. Valor Development mantiene un portafolio de proyectos residenciales en Santa María, Costa del Este, Casco Antiguo y Costa Verde, además de desarrollos frente al mar en la zona de Playas.

La empresa insiste en que, con las reglas actuales tanto en Panamá como en Colombia, la decisión de compra exige revisar primero quién respalda el proyecto y qué obligaciones tributarias se adquieren a uno y otro lado de la frontera.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) forma parte de su Programa de Fortalecimiento 2026, contempla la entrega de insumos agrícolas y mejoras en las instalaciones de almacenamiento de semillas. La meta es producir alrededor de 9.000 quintales de semilla certificada para utilizarlos en la siembra de primera de 2027.

El programa abarcará productores de Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, donde se destinarán 314 hectáreas, equivalentes a unas 450 manzanas, a la multiplicación de semilla de frijol.

La inversión busca atender una de las etapas centrales de la producción agrícola: contar con semillas de calidad y en cantidades suficientes para establecer nuevos cultivos. Sin embargo, el cumplimiento de las metas dependerá también de las condiciones climáticas, el manejo de las parcelas y el rendimiento que alcancen los productores.

De acuerdo con las proyecciones del programa, las 450 manzanas destinadas a la multiplicación permitirían obtener unos 9.000 quintales de semilla certificada de frijol, que se distribuirían entre productores durante el ciclo de siembra de primera de 2027.

Semilla certificada

Con esa disponibilidad, la expectativa es establecer alrededor de 15.000 manzanas de frijol con semilla certificada y alcanzar una producción estimada de 225.000 quintales de grano.

Estas cifras representan las metas previstas por la iniciativa y no resultados ya alcanzados. Su cumplimiento dependerá de que se concrete la multiplicación de semillas, la distribución a tiempo para la siembra y las condiciones en que se desarrollen los cultivos.

La ampliación del uso de semilla certificada busca fortalecer la producción nacional y mejorar el acceso de los agricultores a material de siembra de calidad. Para los pequeños productores, disponer de semillas adecuadas puede ser un factor importante al momento de establecer sus parcelas, aunque los resultados también dependen de otros insumos y de las condiciones de cada temporada agrícola.

Los fondos de la SAG se destinarán a la compra de insumos agrícolas y al acondicionamiento de cámaras de almacenamiento de semilla de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

Cada beneficiario recibirá un kit con fertilizantes potásicos, productos con nitrógeno y azufre, insecticidas, fungicidas, bioestimulantes foliares y reguladores de crecimiento, destinados a respaldar el manejo de los cultivos utilizados para multiplicar semilla certificada.

La intervención también incluye mejoras en las instalaciones de almacenamiento, componente necesario para conservar la semilla y facilitar su manejo antes de la distribución a los agricultores.

Según la información proporcionada por la institución, los insumos ya están preparados para su entrega. Los productores beneficiarios, por su parte, aportarán la semilla base como contrapartida para desarrollar el proceso de multiplicación.

Para acceder al apoyo, los participantes deben estar registrados como comercializadores de semilla certificada dentro de las organizaciones correspondientes.

Cinco departamentos en el programa

La iniciativa llegará a Olancho, Santa Bárbara, Comayagua, El Paraíso y Lempira, incluidos en la estrategia para fortalecer la producción de semilla de frijol.

El trabajo se realizará mediante organizaciones de productores que participan en la multiplicación y comercialización de semillas certificadas, esquema que busca vincular a los agricultores con el proceso de producción y distribución del material que posteriormente se utilizará en nuevas siembras.

El viceministro de Agricultura, Ricardo Peña, destacó la importancia de esta etapa para la actividad agrícola nacional al señalar que la semilla constituye el punto de partida de la producción.

El objetivo es que el respaldo no se limite a la entrega de insumos, sino que contribuya a mantener la capacidad de los productores que se dedican a multiplicar semilla y abastecer a otros agricultores.

Las dificultades asociadas al clima forman parte de las razones por las que los productores valoran este apoyo. Yadira Lobo, integrante de la Asociación de Productores de San Pedro Zacapa, en Santa Bárbara (ASOPAZ), manifestó que las condiciones de sequía han afectado la capacidad productiva y que el programa representa una oportunidad para recuperarse.

Lobo señaló que el respaldo será útil para quienes se dedican a multiplicar semilla de frijol, actividad que requiere condiciones adecuadas para mantener los rendimientos y disponer de material para futuras siembras.

Cristian Reyes, también multiplicador de semilla, expresó que los cambios en las condiciones climáticas y las pérdidas de cultivos han complicado el trabajo agrícola. Por ello, valoró la entrega de insumos destinada a fortalecer a los productores que abastecen de semilla a sus comunidades.

La disponibilidad de semilla certificada es un elemento importante para el abastecimiento agrícola, pero la inversión deberá traducirse en resultados concretos para cumplir con las metas anunciadas.

Los 9.000 quintales de semilla proyectados deberán pasar por las etapas de cultivo, cosecha, acondicionamiento y distribución antes de llegar a los agricultores que los utilizarán en la siembra de primera de 2027.

La apertura de mercados suele asociarse con más comercio, inversión y crecimiento, pero Joseph Stiglitz cuestionó que la globalización reparta sus beneficios de forma automática entre toda la población. El economista estadounidense sostuvo que el proceso puede ampliar la desigualdad dentro de los países y entre economías con distinto nivel de desarrollo si no existen reglas e instituciones que compensen a quienes quedan en peor posición.

Stiglitz, galardonado en 2001 con el Nobel de Economía por sus estudios sobre cómo la información desigual afecta al funcionamiento de los mercados, expuso esta idea durante la presentación de su libro Making Globalization Work, publicado en 2006. En aquel acto, recogido por el blog del Banco Mundial, afirmó que “la globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”.

El planteamiento parte de una distinción entre el crecimiento de la economía en su conjunto y el reparto de sus resultados. La reducción de barreras comerciales o la llegada de capital extranjero pueden generar riqueza, pero eso no determina por sí mismo qué grupos sociales, empresas o territorios reciben las ganancias. Tampoco garantiza que los sectores perjudicados cuenten con recursos suficientes para afrontar la pérdida de empleos, ingresos o actividad económica.

Los ganadores pueden obtener más ingresos sin que los perdedores sean compensados

El experto no rechazaba que la integración económica internacional produjera ganancias. Su crítica se centraba en que los beneficios que reciben algunos grupos no se trasladan necesariamente a quienes soportan los costes.

Según explicó, los sectores favorecidos por la apertura comercial pueden obtener ingresos suficientes para compensar a quienes pierden empleo, capacidad de negociación o acceso a determinados mercados. Sin embargo, esa transferencia no suele producirse. En lugar de reforzar las políticas de protección, alertó, la globalización puede convertirse en un argumento para reducir garantías sociales de colectivos que ya se encuentran en una situación más vulnerable.

La cuestión afecta, por ejemplo, a trabajadores de industrias expuestas a la competencia exterior, pequeñas empresas que no disponen de recursos para adaptarse o economías que dependen de pocos productos. Si la transición se produce sin formación, empleo alternativo, prestaciones o inversión pública, una parte de la población puede quedar al margen de las ganancias que generan los intercambios internacionales.

La globalización como una corriente que puede arrastrar a los más débiles

Frente a la metáfora habitual de la marea que eleva todos los barcos, Joseph Stiglitz describió la globalización como una corriente capaz de destruir embarcaciones pequeñas que no están preparadas para resistirla.

Con esa imagen, el economista plantea que la globalización no ofrece las mismas oportunidades a todos: los países con infraestructuras, acceso al crédito, instituciones sólidas y capacidad tecnológica tienen más herramientas para aprovechar la apertura comercial. En cambio, las economías con mayor deuda, menor margen presupuestario o dependencia de materias primas pueden afrontar riesgos que no compensan con facilidad.

Stiglitz también cuestionó la idea de que el dinero fluye de forma natural desde los países ricos hacia los más pobres. Durante su intervención, señaló que parte de los recursos se mueve en sentido contrario y que muchos países en desarrollo soportan problemas de deuda y una exposición mayor a los riesgos financieros internacionales.

Las reglas del comercio no benefician por igual a todos los países

Stiglitz también cuestionó cómo se elaboran las normas del comercio internacional. Consideraba que las negociaciones reflejan la posición de fuerza de los países que participan en ellas y no solo criterios de eficiencia económica.

El economista criticó los resultados de la Ronda Uruguay, concluida en 1994, por considerar que sus asimetrías, sobre todo en materia agrícola, perjudicaron a los países más pobres. Según su planteamiento, abrir mercados puede crear oportunidades para exportar, pero estas son limitadas si los productores compiten con economías que mantienen ayudas públicas o cuentan con mayor poder de negociación.

Stiglitz no proponía frenar la globalización, sino cambiar sus reglas

El autor de Making Globalization Work no planteaba que la globalización fuera necesariamente perjudicial. Defendía que puede beneficiar a países desarrollados y en desarrollo si existen reglas comerciales y financieras más equilibradas, instituciones transparentes y sistemas de protección para quienes asumen sus costes.

También sostuvo que las políticas internacionales han facilitado más el traslado de dinero e inversiones entre países que el desplazamiento de trabajadores que buscan empleo. A su juicio, permitir una mayor movilidad laboral podría mejorar la asignación de empleo y reducir desigualdades entre economías.

Para el año próximo, la industria fintech argentina proyecta expandir inversiones y facturación, incrementar su personal a más de 50.000 trabajadores y acentuar su internacionalización desembarcando en otros mercados de la región, según un informe presentado por la Cámara Argentina Fintech. Las perspectivas del sector apuntan a crecer a partir de los distintos segmentos del negocio y a consolidar sus finanzas: el 71% de las compañías relevadas alcanzó su punto de equilibrio.

El relevamiento Industria Fintech Argentina 2026 estima que el conjunto de las compañías del sector prevé fuertes inversiones que en el 90% de las firmas ya definió. El documento señala que “de cara a 2027, las empresas proyectan inversiones por USD 2.200 millones, con la tecnología como principal área de inversión prevista, y esperan aumentar su facturación un 28% en términos reales, en promedio”. La tecnología concentra los planes de inversión de un 68% de las consultadas; le siguen marketing y adquisición de clientes, con 51%, y la expansión geográfica y el talento, ambas con 38%. El informe calcula un rango de inversión de entre USD 1.800 millones y USD 2.650 millones y señala que el 80,4% de las compañías se financia con capital propio.

La salida al exterior aparece como otra de las variables del crecimiento previsto. El 49% de las fintech ya tiene operaciones en otros países y la proporción sube al 68% si se incluyen las que prevén desembarcar en mercados externos en el corto plazo. Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú concentran la presencia actual, mientras que Paraguay, México y Uruguay son los destinos que generan mayor interés para nuevas operaciones. El informe sostiene que “la presencia internacional refleja la capacidad de las fintech argentinas para desarrollar modelos de negocio y soluciones tecnológicas aplicables a distintos mercados”.

Diez verticales, con Medios de pago a la cabeza

La Cámara Argentina Fintech identificó 1.108 empresas que utilizan tecnología para crear o distribuir servicios financieros, distribuidas en diez verticales y 26 subverticales. Medios de pago es el principal segmento, con 438 empresas en emisión y procesamiento y otras 307 en aceptación y redes. También se destacan activos financieros y mercados de capitales, con 293 compañías; crédito y financiamiento, con 285; infraestructura y tecnología, con 235; y cripto y blockchain, con 140. La Cámara señala que “la diversificación también forma parte de la evolución de la industria: en promedio, cada compañía opera en dos verticales, combinando diferentes soluciones financieras dentro de una misma propuesta”.

El informe también refleja la diversidad de escala dentro del sector. Tres de cada cuatro empresas tienen menos de 100 empleados y la Cámara estima que la industria reúne cerca de 50.000 trabajadores sobre un total de 140.000 personas empleadas para todo el sector financiero. Durante el último año, el 52,4% de las compañías aumentó su nómina, aunque ese indicador se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del dato de 2025. La facturación mediana anual fue de USD 1,7 millones, frente a un promedio de USD 7,3 millones, influido por las firmas de mayor tamaño.

La madurez de los modelos de negocio es otro de los ejes del estudio. El 71% de las empresas alcanzó el punto de equilibrio y, entre las que aún no lo lograron, el 47% espera hacerlo en 2027. La composición del ecosistema incluye 22% de startups, 33% de scaleups, 43% de compañías consolidadas y 1% de unicornios. A la vez, las firmas que actúan en tres o más verticales muestran mejores indicadores: el 81% llegó al equilibrio, frente al 65% de las monoverticales.

Presión tributaria y marco regulatorio

Pese a esas expectativas, las compañías identifican obstáculos fiscales y regulatorios. El documento afirma que “la presión tributaria es el desafío más mencionado por las empresas de la industria (59%), seguida por la necesidad de modernizar el marco regulatorio (52%)”. La carga impositiva también encabeza las barreras para desarrollar productos y servicios, con 41%, y el 40% de las firmas reclama una reforma fiscal. Aun así, el 61% considera adecuado el marco normativo vigente para su actividad.

María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que “los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente. Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión” y afirmó que “la Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía”.

El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá reportó que las exportaciones de servicios del país sumaron $11,130.4 millones durante el primer semestre de 2026, un alza de 12.7% frente al mismo período del año anterior.

El dato se presentó durante el Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de Panamá.

El encuentro reunió a delegaciones de 22 países de América Latina y el Caribe, con la participación de ministros, viceministros y autoridades de comercio, inversión y turismo, junto a representantes del sector privado, organismos internacionales y expertos en la materia.

“Panamá llega a este diálogo con resultados concretos en comercio e innovación. Estamos exportando más servicios, registrando nuevas inversiones y ampliando nuestra participación en actividades que fortalecen nuestra presencia en los mercados internacionales”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Durante 2025, el país cerró con $20,194 millones en exportaciones de servicios. Dentro de esa oferta también se identifica actividad en servicios modernos, segmento que alcanzó $717.6 millones en exportaciones durante el primer trimestre de 2026.

En materia de inversión extranjera directa neta, la cifra llegó a $792.4 millones en el primer semestre de 2026.

Panamá registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 12.7% en exportación de servicios y una inversión extranjera directa neta de $792.4 millones, cifras presentadas por el Ministerio de Comercio e Industrias durante el Diálogo Regional.

Este año, el ministerio informó que puso en marcha la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, iniciativa que apunta a ampliar la oferta exportable del país en actividades basadas en conocimiento, servicios profesionales y soluciones especializadas.

“Panamá ha construido durante años una plataforma de comercio y servicios. Lo que estamos haciendo es ampliar esa plataforma con innovación, nuevas capacidades y una oferta más diversificada hacia los mercados internacionales”, señaló el ministro.

Planteó que comercio e innovación operan ya bajo una misma agenda de trabajo. Según indicó, el objetivo es que el país desarrolle nuevas capacidades mientras muestra avances verificables en los mercados donde participa.

Los regímenes especiales vinculados a la entidad gubernamental también aportaron cifras a la discusión. Durante 2025, las zonas francas captaron $203.2 millones en inversión, mientras que el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró $28 millones.

El primer cuatrimestre de 2026 sumó actividad adicional en ese frente. Fueron aprobadas 24 empresas en zonas francas, con una inversión acumulada superior a $58.5 millones.

Moltó indicó que estos resultados forman parte del trabajo que desarrolla la entidad para fortalecer la posición de Panamá como plataforma regional de comercio, inversión, servicios e innovación. El funcionario vinculó estas cifras con la infraestructura comercial que el país mantiene desde hace años.

Panamá cuenta actualmente con una red de 23 acuerdos comerciales. Esa red otorga acceso preferencial a 60 países para productos que cumplen las respectivas reglas de origen, a lo que se suma la conectividad marítima, aérea, financiera y digital del país.

“Tenemos conectividad, regímenes especiales, acuerdos comerciales y una posición regional reconocida. A eso estamos sumando innovación y nuevas capacidades para ampliar la participación de Panamá en los mercados internacionales”, sostuvo Moltó.

El Gobierno mantiene en ejecución iniciativas adicionales vinculadas con innovación y formación especializada. Entre ellas figuran la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.

A esas iniciativas se suma Talent Up Panamá, programa que contempla 10 mil oportunidades de formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. El esquema busca preparar capital humano para las actividades que el país pretende atraer.

El diálogo organizado por el BID abordó durante la jornada temas como inversión extranjera directa, cadenas de valor, facilitación del comercio, servicios globales, innovación y competitividad. El debate se produjo en un momento en que los países de la región revisan cómo ampliar su participación en los mercados internacionales frente a los cambios de la economía global.

Meta Platforms reportó resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street gracias al crecimiento sostenido de la publicidad digital, pese a absorber un cargo legal de 9.890 millones de dólares vinculado a litigios sobre salud mental adolescente. La empresa matriz de Facebook e Instagram alcanzó ingresos de 64.600 millones de dólares, un 26% más que el año anterior.

Entre tanto, sus acciones subieron un 4% tras la publicación del informe. Además, el directorio aprobó una nueva clase de acciones sin derecho a voto que comenzará a cotizar en 2027.

Resultados financieros de Meta en el tercer trimestre superan pronósticos de Wall Street

La compañía reportó ganancias por acción de 3,83 dólares, por encima de la estimación de consenso de 3,57 dólares. Los ingresos trimestrales de 64.600 millones de dólares también superaron el pronóstico de los analistas, que esperaban 63.330 millones.

El negocio publicitario continuó siendo el motor principal de esos resultados. Generó 63.060 millones de dólares, una cifra 26% superior a la del año anterior y por encima de las proyecciones de 61.850 millones de dólares.

Sin embargo, la rentabilidad operativa se vio golpeada por el cargo legal de 9.890 millones de dólares, derivado de un acuerdo alcanzado en agosto con los fiscales generales de 52 estados. Como consecuencia, los ingresos operativos se ubicaron en 12.990 millones de dólares, muy por debajo de los 20.850 millones que esperaba el mercado.

El costo legal resultó decisivo para explicar la brecha entre el desempeño operativo real y las expectativas de los analistas. Sin ese cargo extraordinario, los ingresos operativos habrían rondado los 22.880 millones de dólares, una cifra que sí habría superado el consenso de Wall Street, lo que confirma que el negocio principal de Meta mantuvo un ritmo sólido pese al golpe contable.

El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, destacó el desempeño general de la compañía. “Nuestras inversiones están dando sus frutos, el negocio principal es sólido y estamos viendo un buen ritmo en todos los ámbitos”, afirmó.

Meta lanza acciones Clase C sin derecho a voto para financiar inversión en IA

El consejo de administración de Meta aprobó la creación de una nueva clase de acciones ordinarias Clase C, sin derecho a voto, que cotizarán en bolsa a partir del 19 de enero de 2027.

La medida busca dotar a la compañía de una herramienta adicional para financiar su crecimiento, remunerar a empleados y realizar adquisiciones mientras incrementa su inversión en inteligencia artificial.

El mecanismo contempla la distribución de una acción Clase C por cada acción Clase A y Clase B en circulación, mediante un dividendo único en acciones. Esa distribución quedará supeditada a la entrada en vigor de la nueva clase accionaria.

Meta anticipó que este dividendo tendrá un efecto equivalente al de una división de acciones de dos por una sobre el precio de mercado de los títulos Clase A. La compañía aclaró que esta operación no modificará el poder de voto de los accionistas actuales. Las fechas de registro y pago del dividendo todavía no fueron determinadas.

Por otro lado, Zuckerberg señaló que la compañía alcanzó hitos relevantes en su estrategia hacia la superinteligencia personal. Entre ellos mencionó el lanzamiento de Muse y Muse Wonder, a los que describió como los primeros modelos de vanguardia desarrollados por la empresa.

Este anuncio se enmarca en la estrategia de inversión en inteligencia artificial que la compañía viene profundizando, y que impacta directamente en sus proyecciones de gasto para lo que resta del año.

Meta eleva previsión de ingresos y gastos para el cuarto trimestre de 2026

La compañía proyectó ingresos de entre 73.000 y 76.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, con un punto medio de 74.500 millones de dólares. Esa cifra supera la expectativa de los analistas, que se ubicaba en 73.570 millones de dólares, y anticipa que el impulso publicitario continuará durante la temporada navideña.

En paralelo, Meta elevó su previsión de gastos para todo el ejercicio 2026 a un rango de entre 175.000 y 179.000 millones de dólares. El monto anterior oscilaba entre 165.000 y 169.000 millones de dólares, y el ajuste incorpora el impacto del cargo legal del tercer trimestre.

La empresa, en cambio, redujo levemente su previsión de gastos de capital, que ahora se ubica entre 135.000 y 145.000 millones de dólares, frente al rango anterior de 130.000 a 145.000 millones.

Pese al incremento en los costos totales, Meta prevé que los ingresos operativos del ejercicio completo superen los niveles registrados en 2025, si se excluye el gasto legal extraordinario del tercer trimestre.

Desempeño por segmentos: aplicaciones familiares y Reality Labs

El segmento de aplicaciones, que agrupa a Facebook e Instagram, generó ingresos por 64.160 millones de dólares, por encima de las estimaciones de 62.750 millones de dólares. Su beneficio operativo fue de 17.120 millones de dólares, una cifra inferior al consenso de 23.300 millones de dólares, afectada también por el cargo legal reconocido en el trimestre.

Reality Labs, la división de realidad virtual y aumentada de Meta, reportó ingresos de 443 millones de dólares, por debajo de la proyección de 517,7 millones de dólares. No obstante, su pérdida operativa de 4.130 millones de dólares resultó menor a la esperada, que se ubicaba en 5.130 millones de dólares.

Erik von Detten dio voz a Sid en Toy Story, protagonizó Brink! y apareció en The Princess Diaries. Era un rostro familiar de Disney para toda una generación.

Hoy, a los 44 años, enfrenta una demanda por abuso financiero de ancianos, fraude, incumplimiento del deber fiduciario, fraude constructivo y apropiación indebida tras su paso como representante de ventas en Rosland Capital, una firma de metales preciosos con sede en Los Ángeles.

La acción legal fue presentada el 11 de mayo ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles por Sheila Greenberg, de 85 años, y su esposo Norman Greenberg, de 97, un matrimonio residente en La Jolla, California.

El caso permanece pendiente ante el juez Bradley S. Phillips, con una conferencia de gestión programada para el 9 de noviembre, según precisó USA Today.

Cómo la pareja llegó a Rosland Capital y a Von Detten

Todo comenzó con un anuncio en televisión. Los Greenberg contactaron a Rosland Capital alrededor del verano de 2020 después de ver varios comerciales que, tal como consta en la denuncia, estaban “diseñados en gran parte para atraer a personas mayores”.

La publicidad advertía sobre “consecuencias terribles para los jubilados en Estados Unidos” y combinaba preocupaciones como la deuda descontrolada, la inflación, la agitación política y la constante devaluación del dólar, de acuerdo con los documentos judiciales.

Cuando la pareja llamó a la firma, solicitó hablar con el asesor de mayor rango. Fueron conectados con Von Detten.

El matrimonio le explicó al antiguo intérprete que jamás había invertido en oro ni en ningún otro metal precioso, y le comunicó su edad avanzada, un dato que consideraba relevante para quien fuera a asesorarlos.

Tras esa conversación inicial, los Greenberg quedaron lo suficientemente impresionados como para revelarle que los saldos combinados de sus cuentas IRA superaban los USD 2.000.000.

El escrito judicial asegura que Von Detten les pidió que “dejaran las decisiones en sus manos” y les garantizó que era “muy conocedor en metales preciosos y en cuentas IRA de metales preciosos”. Les prometió “recomendaciones muy específicas que se ajustaran a sus necesidades”.

Las tres compras que vaciaron sus cuentas de jubilación

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, los Greenberg realizaron tres compras de monedas de oro por un total de USD 2.146.958, según el expediente obtenido por el Los Angeles Times. El valor real de esas piezas era de aproximadamente USD 1.360.925.

La denuncia sostiene que los demandantes abonaron el equivalente a USD 3.009 por onza, cuando la cotización del oro rondaba los USD 1.903 por onza, un recargo cercano al 60 %, de acuerdo con documentos revisados por Fox News Digital.

La primera operación se concretó el 19 de octubre de 2020 y superó los USD 999.000 en monedas Lady Liberty. Sheila adquirió 797 piezas por USD 599.654 y Norman compró 531 por USD 399.519, detalla el expediente citado por el medio. La pérdida inmediata de esa transacción habría superado los USD 367.000.

El 5 de noviembre de ese mismo año, ambos realizaron una segunda compra por más de USD 1,14 millones: Sheila desembolsó USD 677.644 por 885 monedas adicionales y Norman pagó USD 470.139 por otras 614. Esa operación les habría representado más de USD 418.000 en detrimento patrimonial instantáneo, afirma el reclamo.

Lo que pasó con las monedas después de cada transacción

Las monedas de oro no llegaron a manos de la pareja. Todo el material fue enviado a Delaware Depository, una instalación de almacenamiento de terceros, mientras los Greenberg continuaron con el pago de tarifas recurrentes por custodia y mantenimiento de sus cuentas respaldadas en oro, tal como consignó People.

Una vez vaciadas las cuentas de jubilación, Von Detten convenció al matrimonio de invertir fondos adicionales a través de un fideicomiso familiar.

En agosto de 2021, compraron 109 monedas PAMP British Museum Lewis Chessmen por USD 135.487 —valuadas en aproximadamente USD 48.832— y 50 monedas PAMP F1 Abu Dhabi por USD 64.300, cuyo valor real rondaba los USD 22.420, según detalló Fox News Digital.

El momento en que los Greenberg se dieron cuenta

Los demandantes aseguran que no advirtieron la diferencia entre lo pagado y el valor real de sus activos hasta 2025, cuando comenzaron a revisar sus tenencias, informó Fox News Digital.

Sheila recurrió a una herramienta de inteligencia artificial para investigar las prácticas comerciales de la firma, una búsqueda que la llevó a descubrir lo que describió como una conducta contraria a la ética.

“En lugar de ayudarlos a proteger su patrimonio ganado con esfuerzo, los demandados se quedaron con él”, señala el documento legal citado por People.

El silencio del acusado y el futuro del caso

Von Detten fue una figura reconocida del entretenimiento juvenil durante los años 90 y principios de los 2000.

Además de sus papeles en Brink! y The Princess Diaries, participó en la serie So Weird y en la adaptación cinematográfica de Leave It to Beaver de 1997. Su carrera en Hollywood se fue diluyendo durante las últimas dos décadas.

Su trabajo más reciente en la industria, según IMDb, fue el thriller de 2024 My Acting Coach Nightmare. Se incorporó a Rosland Capital en 2018.

El actor no se pronunció públicamente sobre la denuncia, consignan los medios que cubrieron el caso. La firma se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras el 2 de julio de 2026.

Los abogados de la compañía declararon a E! News que no pueden comentar directamente sobre el litigio, pero que trabajan con un comité de acreedores para crear un fideicomiso de liquidación que investigue la historia financiera de la empresa y atienda los reclamos de los Greenberg y otros inversores.

El matrimonio solicitó un juicio por jurados y reclama al menos USD 900.000 en daños compensatorios, el doble en daños adicionales, indemnización punitiva, intereses previos al fallo y costas legales.

Durante una entrevista en el programa televisivo Diálogo 21, el presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez, detalló los alcances del plan de modernización eléctrica y la llegada de un capital de 2,900 millones de dólares al sector energético nacional.

Este monto, representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país e incluye proyectos de:

• Generación con gas natural
• Plantas solares
• Sistemas de almacenamiento de electricidad
• Obras de agua potable en El Salvador.

El representante gubernamental explicó que los recursos privados se distribuirán en diversas áreas estratégicas para responder a las necesidades productivas de la nación. Un bloque de 1,800 millones de dólares se canalizará hacia la instalación de plantas de generación a partir de gas natural, mientras que 300 millones de dólares se destinarán a parques fotovoltaicos y tecnología de almacenamiento con baterías.

Según Núñez, esta inyección económica supera las inversiones energéticas y portuarias registradas previamente en el territorio salvadoreño, lo cual consolida la disponibilidad de electricidad de cara al aumento en la actividad económica.

La expansión de la oferta de energía tiene un impacto directo en el funcionamiento cotidiano de los hogares y en la operatividad de las empresas. El Salvador cuenta actualmente con más de 700 megavatios de capacidad instalada en energía solar, además de parques eólicos y centrales geotérmicas e hidroeléctricas.

Esta combinación de fuentes limpias y convencionales evita el riesgo de racionamientos o cortes masivos de electricidad durante períodos de sequía derivados del fenómeno meteorológico de El Niño, que suele afectar el caudal de los ríos utilizados para la generación hídrica en América Central.

La infraestructura de transmisión conectará proyectos industriales y desarrollos turísticos

Para que la electricidad generada en las plantas llegue hasta los hogares, comercios e industrias, el país requiere de una red de transporte confiable. En la transmisión eléctrica, las líneas de alta tensión y las subestaciones funcionan como las avenidas por donde viaja la energía.

ETESAL ejecuta un plan de obras en distintas zonas del territorio para asegurar que la corriente fluya sin interrupciones y con el voltaje adecuado, un factor que influye en el costo del servicio y en la durabilidad de los electrodomésticos.

Entre las obras concluidas y en ejecución figuran la subestación El Volcán, que abastece la demanda residencial y comercial en el área de Apopa, y la subestación Surf City, diseñada para atender complejos turísticos e inmobiliarios en la costa de La Libertad.

Asimismo, la institución prevé la construcción de una línea de 230 mil voltios a lo largo del litoral pacífico para unir los circuitos del sistema nacional, junto con un nuevo trazado que interconectará los departamentos de San Miguel y Morazán, áreas que buscan atraer proyectos industriales y comerciales.

La integración de fuentes renovables, como los paneles solares, presenta el desafío de la variabilidad, debido a que la producción disminuye ante la presencia de nubes o durante la noche.

Asimismo, el país proyecta iniciar en noviembre la operación de la tecnología conocida como Smart Valves. Este equipamiento de electrónica de potencia permite controlar y redirigir el flujo de energía a través de las líneas de alta tensión para optimizar el uso de la red existente sin necesidad de construir torres adicionales en forma inmediata. Con la implementación de este mecanismo, la infraestructura nacional busca posicionarse a la vanguardia técnica en la región centroamericana.

Arabia Saudita aplazó a 2027 la décima edición del Future Investment Initiative (FII), el foro de inversión conocido como el “Davos del Desierto”, que debía celebrarse en Riad entre el 26 y el 29 de octubre. Los organizadores comunicaron la decisión este lunes 19, a siete días de la inauguración, y anunciaron que la nueva fecha se dará a conocer en breve.

El comunicado del FII Institute, la fundación que organiza el evento, presenta el aplazamiento como una respuesta al “firme compromiso” con socios, ponentes y delegados. Sostiene que una edición tan simbólica debe ofrecer la magnitud y la calidad que su comunidad espera. No menciona la seguridad ni ofrece otra explicación.

Reuters adelantó ese mismo lunes que la cita presencial estaba descartada y que los organizadores sopesaban posponerla. Una semana antes, la agencia había informado de que se estudiaba un formato híbrido para que los ejecutivos siguieran las sesiones a distancia.

El telón de fondo es una escalada militar sin precedentes en años recientes en el reino. El sábado 10 de octubre, un ataque de los hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Jalid, en Riad, dejó entre 12 y 13 muertos, según las cifras divulgadas, y más de 300 heridos. Es el peor golpe en territorio saudita desde 2015. La terminal suspendió operaciones y permaneció cerrada al menos hasta el 17 de octubre.

El 14 de octubre, los rebeldes reivindicaron nuevos ataques contra la sede de Aramco, la petrolera estatal, en Dhahran, contra su refinería de Riad y contra el aeropuerto de la capital. La coalición militar que lidera Riad informó de que interceptó siete misiles y tres drones, sin víctimas. Yahya Sarea, portavoz militar hutí, advirtió de que las operaciones continuarán en los próximos días.

Los aplazamientos se encadenan. El torneo de tenis Six Kings Slam, previsto del 21 al 24 de octubre, pasó al 27 al 30 de diciembre, según anunció Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, que habló de razones logísticas. Las finales de FIFAe de deportes electrónicos, en Yeda, se pospusieron tras la retirada de Brasil y Japón por motivos de seguridad, y la Semana de la Moda de Riad también quedó en suspenso.

Las WTA Finals, previstas en Riad en noviembre, se disputarán en Indian Wells, en Estados Unidos. En diciembre, el festival electrónico MDLBEAST Soundstorm y el Festival de Cine del Mar Rojo, en Yeda, tampoco se celebrarán en las fechas previstas.

La Copa Asiática de fútbol sigue en pie por ahora. Las autoridades saudíes confirmaron el viernes 16 que mantienen los preparativos para el torneo, del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, con 24 selecciones y sedes en Riad, Yeda y Al Khobar. Circula la opción de trasladarlo a 2028, aunque la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) sostiene que no necesita decidirlo todavía.

Los hutíes, movimiento armado yemení alineado con Irán, controlan Saná y buena parte del norte de Yemen desde que tomaron la capital en 2014. Arabia Saudita lidera desde marzo de 2015 una coalición que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y bombardea territorio hutí. Tras la tregua de 2022, las hostilidades directas con el reino habían quedado en suspenso. Los rebeldes presentan ahora sus ataques como represalia por esos bombardeos.

La ofensiva se superpone a la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a fines de febrero, que ya había afectado a la agenda de eventos con la que Riad busca proyectarse en Medio Oriente y en el mundo.

El FII nació en 2017, impulsado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudita. Ese año, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán presentó en el foro el megaproyecto NEOM. Desde entonces es el escaparate de Visión 2030, el plan para reducir la dependencia del petróleo, que fija como meta atraer USD 100.000 millones anuales de inversión extranjera directa hacia 2030.

El aplazamiento no cancela el foro, pero traslada a 2027 una prueba de confianza para los inversores. La Copa Asiática de enero será el primer examen de si el reino puede garantizar la seguridad que exige su estrategia de apertura.

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de tres proyectos vinculados a Vaca Muerta: el desarrollo Bajo del Choique–La Invernada, de Pluspetrol, y dos iniciativas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) para el tratamiento y transporte de líquidos del gas natural. En conjunto, las inversiones superan los USD 15.400 millones.

El proyecto de Pluspetrol abarca las etapas de exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos. Según las proyecciones, permitirá generar exportaciones por aproximadamente USD 2.300 millones anuales y crear más de 2.300 puestos de trabajo directos y alrededor de 4.640 indirectos.

Por su parte, el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos proyectos de TGS, que prevén una inversión conjunta superior a USD 3.200 millones. Las iniciativas apuntan al tratamiento de los líquidos del gas natural, conocidos como NGLs, y a ampliar la capacidad de evacuación de la Cuenca Neuquina.

El primero estará ubicado en Tratayén, Neuquén, e incluirá infraestructura para separar los NGLs del gas natural. El segundo contempla la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar esos líquidos y de una planta en Bahía Blanca, donde serán fraccionados para su exportación.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, las obras de TGS generarán 19.000 empleos durante la construcción y, una vez que entren en operación en 2030, aportarían USD 1.100 millones anuales en exportaciones.

El desarrollo se llevará adelante en la zona centro-norte de Neuquén, a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces, en el área de concesión Bajo del Choique-La Invernada, ubicada en el denominado Hub Norte de la Cuenca Neuquina. El proyecto abarca una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados.

El plan contempla la perforación, terminación y puesta en producción de 620 pozos horizontales, además de la construcción de cuatro instalaciones de tratamiento de producción temprana, un oleoducto de 45 kilómetros y un gasoducto de 20 kilómetros.

También incluye infraestructura para el manejo y la reinyección del agua de producción, instalaciones eléctricas, caminos internos y otras obras necesarias para la operación.

Según el plan aprobado, el proyecto se ejecutará en dos etapas, cada una con inversiones superiores a USD 1.000 millones.

La primera fase prevé desembolsos por USD 4.175 millones hasta el 31 de diciembre de 2037. Los trabajos estarán concentrados en la zona sur del área e incluirán la perforación de 206 pozos horizontales, la construcción de las dos primeras plantas de tratamiento y las instalaciones necesarias para evacuar la producción.

Una vez completada esa etapa, la capacidad instalada prevista será de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El proyecto prevé incrementar un 34% la producción respecto del volumen estimado para el mismo período sin las inversiones previstas.

La segunda fase contempla una inversión de USD 8.065 millones hasta el 31 de diciembre de 2041, destinada al desarrollo de la zona norte, conocida como La Invernada. En ese período se construirán las otras dos plantas de tratamiento y se perforarán 414 pozos adicionales.

Con la finalización de ambas etapas, el proyecto alcanzará una capacidad instalada de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su orientación exportadora. De acuerdo con la documentación presentada por la empresa, el 92% de la producción total se destinará a los mercados externos.

A su vez, la ejecución requeriría un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. A partir de 2028, ese volumen podría aumentar 10% con la incorporación de más equipos de perforación.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, había dicho en el marco de la Argentina Week en París: “El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en yacimientos no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”.

“El régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional”, añadió Escuder.

También dijo que es positivo que Argentina haya avanzado “en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”.

Escuder resaltó el papel de la provincia en la operación y señaló que su intervención permite coordinar el desarrollo y la actividad en el territorio, facilitar inversiones y acompañar la expansión de los activos. Según el ejecutivo, esa articulación busca que el crecimiento de Vaca Muerta genere valor tanto para Neuquén como para el país.

La inversión en máquinas, equipos y construcción retrocedió desde febrero de 2025, pero las empresas argentinas elevaron con fuerza sus pagos al exterior por informática, propiedad intelectual y otros servicios profesionales. Las importaciones de servicios tecnológicos ya representan una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) similar a la de los bienes de capital.

Un informe del Estudio Ferreres, basado en la evolución del Índice de Inversión Bruta Fija del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registró una caída desestacionalizada de 15,7% en máquinas y equipos entre febrero de 2025 y agosto de 2026. La inversión en construcción, a su vez, bajó 12% en ese período.

La comparación también muestra que el retroceso de la inversión comenzó antes de que cobraran fuerza las advertencias sobre el riesgo político. Frente a febrero de 2025, el PIB acumuló una caída de 2,5%, según los datos disponibles hasta julio del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

De las máquinas a los servicios tecnológicos

El economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, sostuvo que, pese a la baja de la inversión física, la economía atraviesa una reconversión productiva que favorece actividades vinculadas con recursos naturales y cadenas de valor asociadas.

En ese marco, las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían responder a una recomendación del economista e historiador Albert Hirschman para América Latina: combinar capacidad exportadora con encadenamientos locales.

La apuesta se diferencia de la estrategia de sustitución de importaciones y también de la idea de una economía limitada a la producción primaria. Vasconcelos plantea que la industrialización no depende solamente de fabricar bienes terminados. En sectores como los hidrocarburos no convencionales, la minería y la agroindustria, buena parte del valor se genera en etapas intermedias de la cadena productiva.

Ese cambio aparece en algunos indicadores. La productividad laboral, medida como la relación entre el PIB y el empleo total, había caído 18,2% entre 2011 y 2024. Entre los segundos trimestres de 2024 y 2026, en cambio, rebotó 7,8%, de acuerdo con el informe.

El economista vincula parte de esa recuperación con una transformación en la composición de las inversiones. Aunque la compra de maquinaria y equipos perdió dinamismo, las firmas instaladas en el país incrementaron la contratación de servicios de cómputo, almacenamiento, manejo de datos e inteligencia artificial.

USD 2.500 millones en pagos por informática y propiedad intelectual

La comparación entre las importaciones de bienes de capital del Indec y los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre servicios tecnológicos muestra la magnitud de ese desplazamiento. Entre junio y agosto de 2023, las compras externas de informática, propiedad intelectual y otros servicios profesionales sumaron USD 700 millones. En el mismo trimestre de 2026, esa cifra alcanzó USD 2.500 millones, un aumento de 258,5% en tres años. Las importaciones de máquinas y equipos, en cambio, crecieron 4,7% en dólares corrientes entre los mismos períodos. Llegaron a USD 2.600 millones en el trimestre más reciente con información disponible.

Medidas en relación con el PIB, las diferencias se redujeron todavía más. En 2023, las importaciones anualizadas de bienes de capital equivalían al 1,5% del producto, mientras que los servicios informáticos y tecnológicos representaban 0,4 por ciento, casi cuatro veces menos. Para 2026, las compras externas de maquinaria y equipos apuntan a explicar el 1,3% del PIB. Los servicios tecnológicos alcanzaron esa misma proporción, según las estimaciones citadas por Vasconcelos.

El cambio plantea un interrogante sobre la medición de la inversión total. Las empresas destinan una parte creciente de sus recursos a proveedores externos de tecnología, datos y procesamiento, rubros que no siempre quedan reflejados con la misma claridad que la compra de una máquina o la construcción de una planta. El impacto de esa tendencia sobre la productividad de las compañías y de la economía argentina todavía requiere una medición más precisa.

En España se ha producido un cambio en la forma en que las compañías gestionan sus finanzas. La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años. Ese ajuste coincidió con una caída de la inversión, la devolución de préstamos y deudas, y un aumento de la liquidez, según un estudio del Banco de España que analiza la evolución de las sociedades no financieras entre 2007 y 2024.

El informe estudia casi un millón de empresas con al menos un año de información posterior a su máximo nivel de endeudamiento. Describe un patrón extendido: durante el período de reducción de deuda, las compañías disminuyeron sus pasivos y elevaron su liquidez, mientras la inversión perdió peso. “Estos resultados muestran que, durante el proceso de desapalancamiento, las empresas priorizan la reducción de los pasivos y el refuerzo de la liquidez, en detrimento de la inversión productiva”, explica el texto. No obstante, el propio informe advierte que su análisis es descriptivo y no permite determinar hasta qué punto el ajuste respondió a restricciones de crédito o a decisiones propias de las empresas.

La evolución quedó reflejada en los indicadores de inversión. La proporción de empresas con inversión positiva bajó del 62% cuando tenían su mayor nivel de deuda al 46% después de reducirla. La formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en maquinaria, instalaciones y otros activos duraderos, descendió del 0,8% de los activos a valores nulos.

Menos préstamos pendientes y más dinero disponible

El ajuste no solo redujo el peso de la deuda. El 31% de las empresas analizadas terminó sin ninguna deuda pendiente. Y el 54% llegó a tener más dinero disponible, en caja o en el banco, del que debía a sus acreedores. El informe llama a esa situación “deuda neta negativa”.

El dinero disponible de la empresa mediana pasó de representar el 5% al 8% de sus activos. Para el Banco de España, esto demuestra que las empresas no solo pagaron deudas: también guardaron más efectivo para estar mejor preparadas ante imprevistos y acceder con más facilidad a financiación en el futuro. Entre las grandes empresas, el aumento fue menor, del 1,6% al 2,4%, y esa diferencia también se nota en las decisiones de inversión.

Las pymes redujeron más deuda y reforzaron su liquidez

En las pymes, el porcentaje de compañías que invirtieron cayó del 61% al 46%, mientras que entre las grandes empresas descendió del 86% al 82%. La diferencia muestra que las pymes priorizaron con más fuerza guardar dinero en vez de invertir, mientras reducían su deuda.

La explicación tiene que ver con cómo se financia cada tipo de empresa. Las pymes dependen casi por completo de los bancos: en su momento de mayor deuda, los préstamos bancarios representaban el 26% de sus activos, y la deuda con otros acreedores era prácticamente inexistente. Las grandes empresas, en cambio, reparten más su financiación: la deuda bancaria representaba el 16% de sus activos, y la deuda con otras fuentes, el 13%.

Pagar los préstamos fue, de hecho, la forma más común de reducir la deuda. Las pymes bajaron su deuda total en un 73% durante el proceso analizado, frente al 60% de las grandes empresas.En las grandes empresas, además de pagar deuda, otra vía importante fue usar sus propios recursos, como ganancias acumuladas o aportaciones de los accionistas.

Ganar más al pagar menos intereses

El ajuste financiero tuvo otra consecuencia: las empresas ganaron más dinero en relación con lo que tenían. El retorno sobre activos, un indicador que compara los beneficios con el total de recursos de una empresa, pasó del 0,2% al 2% en la empresa mediana.

La mejora se debió a dos factores: las empresas vendieron más o gastaron menos en su actividad principal, y pagaron menos intereses por sus deudas. Los gastos en intereses y otros costos financieros bajaron del 0,8% al 0,3% de los activos. Al deber menos dinero, las empresas destinaron menos ingresos a pagar intereses, lo que dejó más margen para mejorar sus ganancias.

Las empresas con más riesgo de no poder pagar sus deudas fueron las que más redujeron su endeudamiento. Aquellas con una probabilidad de impago superior al 3% bajaron su nivel de deuda 34 puntos porcentuales más que las empresas con menos riesgo.

El estudio también encontró diferencias según el tipo de empresa. Las compañías jóvenes y las de sectores como energía, comunicaciones, comercio y hostelería redujeron su deuda con más rapidez. En cambio, cuando el dinero prestado se había usado para comprar maquinaria o inmuebles, el proceso de pago de esa deuda fue más lento.

El acceso al crédito no explica todo el cambio

Una parte del ajuste coincidió con momentos difíciles para conseguir financiación. Las empresas llegaron a su nivel más alto de deuda, sobre todo, en dos momentos: en 2008, al inicio de la crisis financiera global, y en 2020, durante la pandemia. En ambos casos, muchas recurrieron a préstamos y otras fuentes de dinero, aunque por razones distintas.

Aun así, el Banco de España señala algo llamativo: incluso las empresas que podían seguir pidiendo créditos a los bancos optaron por reducir su deuda. El estudio no puede determinar con precisión cuánto de ese comportamiento se debió a que los bancos prestaban menos dinero, y cuánto fue una decisión propia de las empresas.

Todo apunta a que, además de las posibles dificultades para conseguir crédito, las empresas también decidieron por su cuenta pagar deudas y guardar más dinero disponible para reducir riesgos futuros. Lo que el informe no puede confirmar es si ese cambio permitirá, más adelante, que las empresas vuelvan a invertir con la misma fuerza que antes.

En el primer semestre de 2026, la economía creció 2,3% a precios básicos del productor, con 4 sectores liderando la expansión en términos porcentuales: la minería 14,4%, el agro 10,9%, los servicios financieros (6%) y un sector pequeño en términos del producto —la pesca— que creció casi 35 por ciento.

Vale la pena notar que el crecimiento se concentró en los bienes (4,5% promedio anual del semestre), mientras que la expansión de los servicios fue modesta (0,9%), a pesar de incluir al sector de finanzas. Y además se observó una clara desaceleración en el segundo trimestre, ya que, ajustando por estacionalidad, el PBI cayó 0,6% respecto del primero.

La explicación es una combinación de menor crecimiento de algunos de los sectores líderes (finanzas, en particular), junto con un frenazo brusco en otros sectores (industria, comercio, construcción, administración pública, servicios sociales y personales). Ello era un indicio, particularmente en la industria manufacturera, el comercio y los servicios, de que la debilidad podría extenderse varios meses más.

En un escenario de frenazo financiero, fuerte caída de la inversión bruta (algo más del 11% en el primer semestre), contracción del empleo formal y de los ingresos reales, e incertidumbre sobre el escenario político, el impacto sobre la economía era de esperar.

La prima de riesgo subía por factores externos, pero también internos

La prima de riesgo subía por factores externos, pero también internos: el diferencial del riesgo argentino con el riesgo latino que se movía entre 150 y 240 puntos básicos en los primeros ocho meses del año saltó a más de 320 puntos desde inicios de septiembre, para superar los 420 puntos desde fines de ese mes.

Los datos para el tercer trimestre confirmarían que la economía transitó ese período con números muy débiles y con una alta probabilidad de haber repetido una variación desestacionalizada del PBI negativa (lo que, por convención, implicaría haber ingresado a una recesión).

Las estimaciones de FIEL sugieren que el crecimiento interanual de todo el segundo semestre no superaría el 0,6% (frente al 2,3% del primer semestre), por lo que el crecimiento de 2026 completo se ubicaría por debajo del 1,5% -lejos del 3 al 5% que se estimaba en la primera parte del año-.

El segundo semestre

La explicación de la debilidad del segundo semestre proviene de una nueva desaceleración en el crecimiento de los sectores de bienes, pero el factor que determina el freno económico está en los sectores productores de servicios, que en este segundo semestre registran un crecimiento nulo.

Para muchos, una perspectiva decepcionante, ya que el corto plazo se proyecta como el escenario que prevalecerá. Esta dinámica, sin embargo, no parece implicar el comienzo de una recesión prolongada, asumiendo que se mantienen condiciones favorables para los sectores que hoy impulsan el crecimiento (minería, agro), se detiene la contracción real de depósitos y préstamos en pesos, y gradualmente comienzan a rebotar desde el piso la industria (con buen desempeño exportador) y la construcción (con algún aumento de la obra pública).

Se descarta una corrida sobre los depósitos del sistema financiero como en episodios del pasado

Nuestras estimaciones sugieren una recuperación del crecimiento para 2027 en el entorno del 2%. No es mucho, y aun así el escenario base para ello es demandante en términos de hipótesis: el clima puede generar algún recorte de las cosechas, los precios internacionales dependen de un escenario muy volátil y asumen que se mantiene el crecimiento mundial, se descarta una corrida sobre los depósitos del sistema financiero como en episodios del pasado, y las expectativas políticas convergen en que la nueva administración que asuma a fines de 2027 mantendrá el equilibrio fiscal y la apertura económica. Desvíos de estas hipótesis pueden generar resultados bien diferentes, que no pueden descartarse.

En cualquier caso, es poco probable que la economía pueda mostrar en este 2026 una tasa de expansión mayor al 1,5%, puesto que el objetivo de estabilización que domina en la agenda del Gobierno no permite desvíos para expandir el gasto fiscal, ni un aumento de la emisión por la compra de reservas, y contempla como un elemento central el ancla cambiaria para, precisamente, “anclar” las expectativas de inflación.

En el plano financiero, y en particular para esperar un rebote vigoroso del crédito y los depósitos que permitan movilizar la construcción y otras actividades, se requiere generar la confianza de que los riesgos de corrida o de default son bajos o despreciables. Si la oposición tiene chances de llegar al poder y mantiene un discurso incendiario, la solución pasa por mostrar solidez más allá del discurso propio. La “bazooka” de dólares es de relativo valor cuando se trata de un arma prestada.

El objetivo de estabilización que domina en la agenda del Gobierno no permite desvíos para expandir el gasto fiscal, ni un aumento de la emisión por la compra de reserva

Más allá de que pueda disparar en el momento indicado, todos estarán computando no solo cuánta munición queda después de la primera andanada, sino cuál es el daño que causa esa andanada. Una corrida contra el peso puede enfrentarse vendiendo dólares, pero seguramente la caída de depósitos en pesos conlleva -como ocurrió tantas veces en el pasado, en particular durante el Tequila- una corrida de los bancos contra las empresas más solventes para que “devuelvan” inmediatamente sus préstamos.

Se puede resolver la corrida contra los depósitos si se devuelven los préstamos, lo que conlleva una contracción proporcional de la actividad económica. En realidad, una corrida se puede enfrentar con reputación, justamente lo que el Banco Central está en proceso de construir en estos años. Y seguramente también requiere contar con reservas propias, ya que las prestadas por gobiernos (China, Estados Unidos), por organismos (FMI, otros multilaterales), o por bancos internacionales, difícilmente permiten colocar deuda voluntaria sin colateral en los mercados.

Todos saben que ante la duda (es decir, cuando las reservas no alcanzan) siempre se honrará primero la deuda de países y organismos y en último lugar el resto de la deuda privada. En ese contexto, es dudoso que el mercado se abra rápidamente. ¿Cómo construir reputación de aquí a las elecciones?

Probablemente, tal como ha insistido en destacar Alberto Ades en distintas presentaciones, reflejando una recomendación destacada largamente por FIEL, se requiere pensar en el largo plazo. Es decir, avanzar al menos en el análisis de las alternativas y, en lo posible, en la implementación de los temas estructurales de reforma que la Argentina tiene pendientes.

Quizás sea el momento de mirar no solamente las políticas de corto plazo que “salven” el año, sino de proponer a toda la sociedad los problemas que deberán ser resueltos por esta y por las próximas administraciones. En otros términos, se trata de proponer como temas centrales de la discusión pública las cuestiones que deberán ser encaradas más allá de la estabilización. Como siempre, levantar un poco la mira.

El autor es director y economista jefe de FIEL. Esta nota se publicó en *Indicadores de Coyuntura* 690 de FIEL

Según los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por centros de estudios como Fundar y el CEPA, desde la asunción de Javier Milei en noviembre de 2023 hasta julio de 2026, dejaron de operar o de registrar trabajadores formalmente 32.290 empresas en la Argentina (lo que representa una baja del 6,3% del entramado productivo). Sin embargo, hubo otras compañías que buscaron adaptarse al nuevo modelo macroeconómico y la presión de las importaciones.

De acuerdo con un relevamiento privado que se realizó sobre 314 movimientos empresariales en sectores expuestos a la competencia externa, el cierre no es la respuesta dominante de la industria argentina frente a la apertura comercial. El informe de Midas Consulting identificó 276 determinaciones en actividades directamente afectadas por las importaciones. De ese total, el 59,1% corresponde a adaptación, defensa o reconfiguración, mientras que un 35,5% se vincula con reducción o salida. El 5,4% restante agrupa casos de entrada o ampliación de oferta en el mercado local.

Detrás de esas decisiones aparece una cifra concreta. De las 276 registradas, 84 implican inversión o despliegue de capital identificable. En 48 de ellas el monto fue divulgado públicamente y, en conjunto, suman al menos USD 9.298 millones equivalentes. La mayor concentración se encuentra en la categoría defender/invertir, con USD 5.258 millones, seguida por transformar dónde compite con USD 2.785 millones y transformar cómo compite con USD 1.242 millones.

El informe distingue seis respuestas estratégicas entre las empresas relevadas, lejos de la dicotomía entre quedarse o irse. La más frecuente es “transformar cómo compite”, que abarca 78 decisiones (28,3%) e incluye cambios en sourcing, portfolio, tecnología, servicio o canal. Le sigue “reducir exposición”, con 68 casos (24,6%), donde las firmas achican capacidad o sustituyen líneas sin abandonar toda la actividad. En tercer lugar aparece “defender/invertir”, con 53 movimientos (19,2%), orientados a aumentar escala, productividad o diferenciación. Salir completamente de una actividad representa el 10,9% del total, con 30 decisiones registradas.

El sector que expone el contraste más claro entre estrategias opuestas

El caso de los electrodomésticos funciona, según el estudio, como laboratorio de la divergencia. Electrolux terminó cerrando su planta de Rosario y migró hacia un modelo de abastecimiento global, aunque mantuvo marcas, ventas, garantía, servicio y repuestos en el país. Su secuencia fue escalonada según el relevamiento: primero invirtió en eficiencia, luego redujo actividad, sustituyó categorías con provisión desde otras fábricas y finalmente abandonó la producción local.

Longvie recorrió un camino diferente. Combinó inversión, especialización de plantas y complementó su portfolio con productos importados. Mabe/Drean, por su parte, sostuvo la fabricación doméstica, destinó capital a mejoras operativas y sumó importaciones por producto, en lo que el informe describe como un modelo híbrido. Fuera del rubro, Mirgor invirtió USD 120 millones en su planta de Zárate para producir llantas y exportarlas a Brasil.

La consultora propone tres hipótesis para entender qué separa un camino de otro. La primera es costo y escala: productividad, volumen, utilización de planta, logística, financiamiento e impuestos determinan cuánto cuesta sostener una actividad local. Cuando baja la utilización, la pérdida de volumen puede amplificar la brecha frente al producto importado; cuando una inversión modifica esa ecuación, modernizar resulta más viable que abandonar.

La segunda hipótesis apunta a la existencia de una alternativa externa real. Una multinacional con varias plantas puede reasignar producción sin retirarse del mercado argentino. Una empresa local puede desarrollar proveedores en el exterior. Cuanto más sustituible es una capacidad, más factible resulta regionalizarla; cuanto más específica, mayor es el costo de reemplazarla.

El tercer factor involucra capacidades que todavía generan valor. Servicio, ingeniería, velocidad, personalización, marca, conocimiento del cliente o una plataforma exportadora pueden justificar conservar e incluso profundizar la producción local. La hipótesis central del informe es que las empresas no están decidiendo “Argentina sí o no”, sino que evalúan capacidad por capacidad qué conservar, qué transformar y qué abastecer globalmente.

Para reducir el riesgo de que los resultados dependan de casos solo contextualmente vinculados a la apertura, Midas repitió el análisis sobre los 184 movimientos donde la fuente conecta explícitamente la decisión con importaciones, sourcing internacional o capacidad transfronteriza. Allí, 102 decisiones (55,4%) son de adaptación, defensa o reconfiguración, 69 (37,5%) de reducción o salida y 13 (7,1%) de entrada o ampliación. El propio informe reconoce la multicausalidad detrás de cada movimiento: demanda, utilización de capacidad, costos, tecnología, situación financiera y decisiones globales pueden actuar de manera simultánea.

La reconversión no es opción para todos los sectores

El patrón de adaptación que describe Midas Consulting, sin embargo, no se replica en toda la industria. El informe releva decisiones de empresas que, en muchos casos, cuentan con escala, capacidad exportadora, diferenciación de marca o acceso a abastecimiento global. Esas condiciones no están disponibles para todos los sectores.

El calzado y los textiles son dos ejemplos donde la reconversión encuentra límites concretos. Según datos del Centro de Estudios Económicos Bonaerense (CEEB) de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la producción de calzado acumula una caída de 38,8% entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2023, la peor de toda la industria. Los textiles retrocedieron 34% en el mismo lapso. Ambos rubros comparten un perfil similar, con entramados predominantemente pyme, baja capacidad de exportación y competencia directa de producto importado a menor costo.

En la provincia de Buenos Aires, que concentra más de la mitad de la producción nacional de calzado, el sector perdió 4.188 puestos de trabajo y cerró 147 fábricas entre mayo de 2023 y mayo de 2026, según el mismo relevamiento. El calzado deportivo perdió el 76,1% de sus empleos bonaerenses en ese período, mientras que el segmento textil y de indumentaria acumuló más de 13.000 puestos menos en la provincia.

Un dato del informe de la UIPBA aporta un matiz adicional. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras la importación de calzado cayó 31,3%, el rubro perdió 3.273 empleos y cerraron 146 plantas. El retroceso del producto extranjero no se tradujo en más actividad local; lo que cayó, según el relevamiento, fue el consumo. El fenómeno sugiere que en estos sectores la amenaza no proviene solo de las importaciones, sino de una contracción de la demanda interna que limita las estrategias de reconversión.

Honduras y Panamá buscan ampliar sus vínculos económicos y de cooperación mediante una agenda que incluye comercio, inversión, turismo, educación y proyectos de salud. La canciller hondureña, Mireya Agüero, informó sobre los avances de una jornada de trabajo en territorio panameño, donde sostuvo encuentros con su homólogo para revisar iniciativas de interés común.

A través de un video, la funcionaria explicó que las reuniones permitieron intercambiar propuestas para fortalecer la relación bilateral y dar seguimiento a proyectos que ambos países mantienen en desarrollo.

Agüero calificó los encuentros como productivos y destacó la importancia de identificar áreas en las que las dos naciones puedan complementar sus capacidades para impulsar nuevas oportunidades económicas y sociales.

“Acabamos de terminar una jornada de trabajo que ha sido sumamente fructífera, interesantes intercambios que tienen que ver con esa complementariedad de acciones entre Panamá y Honduras en áreas de comercio, de inversión, de turismo, de colaboración académica y becas”, declaró la canciller.

La agenda busca fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos países y abrir espacios para facilitar el intercambio comercial, promover inversiones y desarrollar iniciativas que beneficien a sus respectivas poblaciones.

Entre los asuntos abordados durante las reuniones, Agüero mencionó dos proyectos específicos que Honduras y Panamá mantienen en seguimiento: uno relacionado con la administración tributaria y otro vinculado con la cooperación en materia de salud.

Sobre el primer tema, la canciller indicó que ambos países revisaron iniciativas orientadas a fortalecer la colaboración institucional en el ámbito tributario, aunque no detalló las medidas concretas que podrían implementarse ni los plazos previstos para su ejecución.

El segundo proyecto está relacionado con un memorándum de entendimiento en materia de salud, firmado previamente por el viceministro de Salud de Honduras y el ministro de Salud de Panamá.

Según explicó la funcionaria, el acuerdo contempla acciones vinculadas con la telemedicina, con el objetivo de explorar la implementación de experiencias desarrolladas en el país centroamericano.

Agüero destacó el proyecto conocido como Ciudad de la Salud, en Panamá, como una referencia para analizar posibles iniciativas de cooperación e identificar acciones que puedan adaptarse a las necesidades hondureñas.

La telemedicina permite brindar consultas y otros servicios médicos mediante herramientas tecnológicas, por lo que su implementación puede facilitar el acceso a especialistas y ampliar las alternativas de atención para pacientes que enfrentan dificultades para trasladarse a determinados centros sanitarios.

No obstante, la canciller no precisó cuáles de los componentes del proyecto panameño podrían incorporarse en Honduras ni cuándo comenzarían las acciones contempladas en el memorándum.

Durante los encuentros, la delegación hondureña también transmitió un mensaje de solidaridad del presidente Nasry Asfura a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, tras el reciente sismo registrado en Panamá.

Agüero explicó que tuvo la oportunidad de comunicar directamente el mensaje enviado por el mandatario hondureño, como parte de los acercamientos diplomáticos entre ambos gobiernos.

Entre ellas mencionó la seguridad, los controles fronterizos y el mejoramiento de las aduanas, aspectos que inciden en la movilidad de mercancías y en el funcionamiento de las cadenas comerciales de la región.

Como parte de los próximos pasos de la agenda económica, Agüero anunció que la siguiente semana está prevista una reunión entre el ministro de Inversiones de Honduras y representantes de ProPanamá, institución vinculada con la promoción de inversiones y oportunidades comerciales en el país canalero.

La funcionaria señaló que el encuentro permitirá continuar las conversaciones sobre la atracción de capitales y la ampliación de los canales comerciales entre ambas naciones.

“Tenemos al ministro de Inversiones de Honduras encontrándose con la institución ProPanamá, que tiene que ver con temas de inversión y de maximización de canales comerciales”, sostuvo.

Por ahora, ambos gobiernos mantienen en su agenda el fortalecimiento de la cooperación bilateral, con énfasis en el comercio, la inversión, la salud, la educación y la coordinación regional.

La propuesta presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) establece una hoja de ruta para fortalecer la industria hondureña, aumentar la productividad y promover una mayor generación de valor agregado nacional.

El documento identifica cinco prioridades: incrementar el valor agregado, diversificar la producción, mejorar el financiamiento productivo, fortalecer los encadenamientos productivos y transformar la matriz energética.

Estos ejes buscan atender distintos desafíos del sector industrial, desde la necesidad de ampliar la variedad de bienes producidos hasta mejorar las condiciones para invertir, innovar y generar empleo.

La diversificación productiva apunta a reducir la dependencia de un conjunto limitado de actividades, mientras que los encadenamientos buscan fortalecer los vínculos entre empresas y proveedores nacionales.

Sin embargo, el documento constituye una base para orientar la política industrial. Su impacto dependerá de las medidas que se implementen, los recursos disponibles y los mecanismos que se establezcan para medir los resultados.

Economía hondureña

Según los datos incluidos en el documento, la manufactura representa aproximadamente el 17% del PIB de Honduras, una participación que refleja la importancia de esta actividad dentro de la estructura económica nacional.

La propuesta busca profundizar la transformación productiva mediante procesos que permitan a las empresas incorporar tecnología, mejorar sus operaciones y generar productos con mayor valor agregado.

El planteamiento también apunta a fortalecer la competitividad empresarial y crear condiciones para atraer inversiones. Para ello, la política contempla aspectos relacionados con el financiamiento, la innovación y la articulación entre los distintos sectores productivos.

El desafío consiste en convertir esas prioridades en acciones concretas que permitan mejorar la productividad y ampliar las oportunidades para las empresas hondureñas, incluidas las que forman parte de las cadenas de suministro de la industria.

Respaldo de la Unión Europea al documento

La elaboración del Documento Base involucró a 671 personas y 323 instituciones y empresas, según la SDE.

En el proceso participaron representantes de los sectores público y privado, la academia y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), con el propósito de incorporar diferentes perspectivas sobre las necesidades y oportunidades de la industria hondureña.

La construcción del documento estuvo a cargo de un comité de gobernanza integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La ONUDI aportó asistencia técnica especializada, mientras que la ANDI y el Cohep contribuyeron desde la perspectiva empresarial. La participación de estos actores permitió reunir propuestas y conocimientos para la elaboración del diagnóstico y las prioridades planteadas.

La Unión Europea figura como principal cooperante financiero de la Política Industrial de Honduras, con apoyo económico y acompañamiento técnico durante el desarrollo del documento.

La participación de organismos internacionales y representantes empresariales formó parte del proceso de articulación, aunque la implementación de las prioridades dependerá de las decisiones que adopten las instituciones responsables y de la disponibilidad de recursos para ejecutarlas.

La presentación del Documento Base abre una etapa en la que será necesario definir cómo se traducirán las prioridades estratégicas en programas, inversiones y medidas concretas para las empresas hondureñas.

Entre los aspectos determinantes estarán el acceso efectivo al financiamiento productivo, la incorporación de tecnología, la formación de trabajadores y la capacidad de las empresas para integrarse en cadenas de valor nacionales e internacionales.

Su alcance real se medirá por los resultados que consiga producir en la actividad empresarial, la inversión y la capacidad de Honduras para generar bienes con mayor valor agregado.

República Dominicana quiere sumar una nueva fuente de divisas a su economía: la exportación de servicios modernos vinculados a la tecnología, los centros de servicios compartidos y la inteligencia artificial. La apuesta surge en un momento de expansión de las ventas externas de servicios, aunque el turismo conserva el mayor peso dentro de esa actividad.

El informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta que las exportaciones dominicanas de servicios subirán de $14.435 millones en 2025 a $17.404 millones en 2026, un aumento del 21%. El avance ubicaría al país entre los de mayor crecimiento del Caribe.

La previsión se apoya en la continuidad del turismo y en la recuperación de los viajes internacionales. A la vez, el documento identifica una oportunidad para que República Dominicana incremente su presencia en actividades que pueden prestarse a distancia y venderse a otros mercados, como la tercerización de procesos empresariales, el desarrollo de software, los servicios financieros, el análisis de datos y los contenidos digitales.

Los servicios modernos buscan ganar espacio junto al turismo

La CEPAL define como servicios modernos a los rubros empresariales, profesionales, financieros, audiovisuales, creativos, informáticos y de investigación y desarrollo. Son actividades intensivas en conocimiento que pueden proveerse desde un país a clientes ubicados en otro, sin necesidad de trasladar mercancías.

En América Latina y el Caribe, estos servicios crecieron más de 3.5 veces entre 2005 y 2024. Pese a ese aumento, la región conserva una participación de apenas 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos.

Para República Dominicana, el desafío pasa por ampliar una oferta que hoy depende en gran medida de los viajes, la hotelería y el turismo. El país cerraría 2026 con $17.895 millones en exportaciones de bienes, según las estimaciones de la CEPAL, mientras que sus ventas de servicios alcanzarían $17.404 millones. Esa cercanía muestra el peso que ya tiene el sector dentro de la economía externa dominicana.

El informe señala que el país prioriza la atracción de inversiones en centros de servicios compartidos, tercerización de procesos empresariales, dispositivos médicos, centros de datos, inteligencia artificial e industrias creativas y digitales.

Zonas francas, formación y centros de datos

La estrategia tiene un punto de apoyo en el régimen de zonas francas. La legislación dominicana contempla exenciones tributarias para actividades instaladas bajo ese esquema, que abarca empresas de externalización de procesos, tecnología de la información, centros de contacto y desarrollo de software.

La CEPAL advierte que los incentivos fiscales no definen por sí solos la instalación de este tipo de inversiones. Las empresas también consideran la disponibilidad de trabajadores capacitados, la conectividad digital, la estabilidad regulatoria y la protección de datos.

En ese escenario, la formación de talento aparece como un factor central. República Dominicana desarrolla el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de República Dominicana (CEIA-RD) junto con NVIDIA y cuenta con el Digital HUB de Google. Según el informe, ambas iniciativas apuntan a formar a más de 1,000 especialistas durante 2026.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) también figura entre las instituciones que pueden aportar capacitación técnica, idiomas, certificaciones y habilidades digitales. La CEPAL destaca que las ocupaciones vinculadas a inteligencia artificial, ciberseguridad, programación y gestión de datos requieren actualización continua por la velocidad de los cambios tecnológicos.

Las importaciones dominicanas de servicios, por su parte, pasarían de $5.647 millones en 2025 a $5.955 millones en 2026, un crecimiento de 15%. El dato refleja una mayor demanda de transporte, viajes, tecnología y servicios empresariales contratados en el exterior, mientras el país busca desarrollar proveedores locales capaces de participar en esas actividades.

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos enfrenta una resistencia ciudadana cada vez mayor, y una de las desarrolladoras más grandes del mundo decidió probar una estrategia poco habitual para sortearla: pagarle a todo un pueblo.

Digital Realty anunció el miércoles un paquete de USD 20 millones en inversión comunitaria para De Soto, una pequeña ciudad de Kansas donde planea construir una megainstalación tecnológica que en su fase final ocupará 1.400 acres (566 hectáreas).

El proyecto, que arrancará con un terreno inicial de 280 acres (113 hectáreas), llega en un momento en el que una encuesta reciente de CBS News reveló que más estadounidenses se oponen a la construcción de estas instalaciones en sus comunidades de los que la apoyan.

Entre las principales preocupaciones citadas por los encuestados aparecen el impacto ambiental, el agotamiento de los recursos locales y el encarecimiento de los servicios públicos.

Qué ofrece la empresa a los residentes

Ante ese escenario, la compañía optó por una vía directa: ofrecer dinero a los residentes. Cada hogar de De Soto recibiría USD 1.000 anuales en créditos de servicios públicos e impuestos a la propiedad durante 10 años, tal como detalló la firma en su comunicado, según informó CBS News.

Andy Power, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que Digital Realty “construye infraestructura crítica que permite el funcionamiento de la economía moderna” y aseguró que también tiene “la responsabilidad de fortalecer a las comunidades que hacen posible este crecimiento”.

La desarrolladora cotiza en bolsa, tiene su sede en Austin, Texas, y acumula una capitalización de mercado superior a los USD 67.000 millones.

Entre sus clientes figuran gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia, lo que refleja su peso en la industria de infraestructura digital.

El impacto económico del proyecto

Más allá de los créditos económicos directos, la compañía aseguró que el centro de datos generará ingresos fiscales recurrentes para el municipio.

Digital Realty estimó la creación de 250 puestos de trabajo permanentes destinados a proveedores y contratistas de la región una vez que la instalación esté en pleno funcionamiento.

La fase inicial de desarrollo también impulsará la actividad laboral en el sector de la construcción. La empresa indicó en su comunicado de prensa que el proyecto sostendrá “miles de empleos en construcción a lo largo del tiempo”.

La firma señaló, además, que trabaja en conjunto con las autoridades de De Soto para definir el mecanismo de distribución de los créditos a cada hogar. Los detalles específicos sobre los plazos y requisitos de elegibilidad aún están en proceso de definición.

Un problema que va más allá de Kansas

El caso de esta ciudad de Kansas no es un hecho aislado. Tal como documentó el medio estadounidense, la construcción de centros de datos en distintas regiones del país enfrenta una oposición cada vez más organizada por parte de comunidades que cuestionan el impacto real de estas instalaciones en su calidad de vida.

Las objeciones abarcan desde el consumo masivo de agua y energía eléctrica que requieren estos complejos hasta el ruido constante de los sistemas de refrigeración.

A eso se suma el temor de que las promesas laborales no se materialicen en puestos accesibles para los vecinos, dado que muchos de estos centros operan con plantillas reducidas una vez concluida la obra.

La apuesta de Digital Realty marca un precedente en la forma en que las grandes corporaciones tecnológicas intentan neutralizar el rechazo local.

Resta saber si el incentivo económico bastará para que los habitantes de De Soto acepten convivir con una de las mayores infraestructuras de datos del país.

El interés inversor por España ha ganado fuerza en las últimas semanas. Bank of America la sitúa como la bolsa europea con mayor respaldo entre los gestores para el próximo año, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos resalta su crecimiento, su posición geográfica y sus infraestructuras como factores de atracción para las empresas extranjeras.

La encuesta de octubre de Bank of America sitúa a la bolsa española como la preferida para los próximos 12 meses, mientras el Gobierno de Donald Trump describe al país como “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa pese a los choques del mandatorio con el Ejecutivo socialista, al que ha llegado a calificar como un “aliado terrible” y una “causa perdida”.

Los dos análisis miden fenómenos distintos. El sondeo de Bank of America recoge el posicionamiento previsto por gestores respecto de los mercados bursátiles europeos. El informe estadounidense analiza condiciones más amplias para que empresas extranjeras instalen negocios, compren activos o desarrollen proyectos en España. Aun así, ambos documentos coinciden en varios elementos que hacen de España un destino a tener en cuenta para la inversión.

El 28% de los gestores europeos apuesta por sobreponderar la bolsa española

Un 28% neto de los gestores consultados por Bank of America afirmó que sobreponderaría la renta variable española en los próximos 12 meses. Es el registro más alto desde mayo de 2018 en la encuesta europea de gestores de fondos de la entidad.

Detrás de España aparecen Alemania y Suiza, ambas con un 16% neto de sobreponderación. Los encuestados también mostraron una preferencia por la periferia de la eurozona: un 31% la eligió frente al 19% que se inclinó por el núcleo formado por Alemania y Francia.

La preferencia por España se explica, en parte, por el deterioro de la percepción sobre Francia. Un 56% neto de los gestores dijo que infraponderaría la bolsa francesa, el peor registro de la serie. El 63% señaló la sostenibilidad de las cuentas públicas francesas y el ciclo electoral previsto para 2027 como el principal riesgo político para la renta variable europea.

El contraste entre ambos países no implica necesariamente flujos inmediatos de capital desde París hacia Madrid. Refleja, en cambio, una orientación de las carteras de gestores europeos en un horizonte de 12 meses, dentro de un escenario marcado por las dudas fiscales y políticas en Francia.

Washington destaca el crecimiento, las infraestructuras y la posición geográfica

El Departamento de Estado de EEUU, dirigido por el secretario Marco Rubio, publicó a fines de septiembre su informe sobre el clima de inversión en España. El documento sostiene que el país resulta “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa por la diversificación de la economía y por las oportunidades en actividades de mayor valor añadido.

El análisis destaca que España fue la economía de mayor crecimiento entre los principales países de la Unión Europea. También subraya su ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, que convierte al país en una puerta de acceso de las empresas estadounidenses al mercado único europeo.

El informe menciona la disponibilidad de profesionales cualificados en sectores determinados, un mercado interno amplio, costes de energía relativamente bajos y una red de infraestructuras que incluye la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa, puertos y telecomunicaciones. También señala que la legislación permite, por regla general, que los inversores extranjeros posean hasta el 100% de empresas españolas, sujeto a mecanismos de control y a restricciones en sectores específicos.

Para el Departamento de Estado, la apertura al capital y el marco jurídico han contribuido a la llegada de inversiones extranjeras en sectores de alta tecnología. Ese diagnóstico coincide con el mayor interés de los gestores por el mercado español, aunque parte de fundamentos y plazos diferentes.

El informe alerta por la burocracia, los decretos y la inseguridad regulatoria

El documento estadounidense incluye una lista extensa de factores que, a su juicio, pueden afectar la confianza empresarial. Entre ellos figuran la carga fiscal, el aumento de los costes laborales y energéticos, la lentitud de permisos y licencias y las diferencias regulatorias entre comunidades autónomas.

El Departamento de Estado advierte que en algunos sectores una empresa debe comprender hasta 17 conjuntos de normas regionales. Según el informe, esa fragmentación puede dificultar la integración del mercado interno y reducir la previsibilidad para los inversores.

También cuestiona el uso creciente de mecanismos legislativos de emergencia. El texto sostiene que la aplicación de decretos, sin procesos de consulta pública, puede tomar por sorpresa a compañías que deben adaptar sus operaciones a nuevas reglas.

Las críticas abarcan la contratación pública. El informe apunta que algunos procedimientos pueden carecer de transparencia o sufrir demoras sin una explicación clara. Además, plantea que la prioridad otorgada a las ofertas de menor coste puede limitar la evaluación de criterios como calidad, fiabilidad o experiencia.

El plan contempla proyectos estratégicos en carreteras, trenes, energía, petróleo, agua, puertos y vivienda, con el objetivo de impulsar la economía, facilitar la inversión privada y fortalecer el desarrollo del país.

La mandataria destacó que se trata de una inversión sin precedentes en un sexenio y subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno de México y el sector empresarial.

Sheinbaum presenta inversión histórica de 8.4 billones de pesos

Durante su participación ante representantes del sector empresarial, Sheinbaum explicó que su administración decidió apostar por la infraestructura para enfrentar un entorno económico internacional complejo y estimular el crecimiento de México.

La mandataria mexicana detalló que el monto anunciado combina recursos públicos y esquemas de inversión mixta, desarrollados en coordinación con la iniciativa privada, la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

“Una inversión total de ocho billones cuatrocientos mil millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”.

La mandataria precisó que esta cifra corresponde a los principales proyectos previstos para los próximos cuatro años y que no incluye la totalidad de las inversiones privadas que se busca impulsar mediante incentivos, facilidades administrativas y mecanismos para agilizar permisos.

Estos son los sectores que recibirán la mayor inversión

El plan de infraestructura contempla recursos para proyectos que buscan fortalecer la conectividad, ampliar la capacidad energética, recuperar instalaciones industriales y atender las necesidades de vivienda y abastecimiento de agua.

Entre los montos presentados por Sheinbaum destacan los siguientes:

• Plan estratégico de Pemex: 2 billones de pesos.
• Vivienda para el Bienestar y desarrollo habitacional privado: alrededor de 3 billones de pesos.
• Trenes de pasajeros, Tren Maya de Carga y fortalecimiento del Tren Interoceánico: 886 mil millones de pesos.
• Red carretera: cerca de 700 mil millones de pesos.
• Generación eléctrica: 794 mil 109 millones de pesos.
• Inversión en puertos: 816 mil millones de pesos, distribuidos en distintos proyectos.
• Proyectos estratégicos de agua: 180 mil millones de pesos.
• Plan de gasoductos: 140 mil 905 millones de pesos.

La presidenta también mencionó la recuperación de la industria petroquímica, con proyectos en Coatzacoalcos, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y Escolín, además del desarrollo de instalaciones para producir fertilizantes.

A esta estrategia se suma el proyecto Coatlicue, una iniciativa para desarrollar en México una supercomputadora de gran capacidad, que, según lo expuesto por la mandataria, sería la más potente de América Latina.

Gobierno busca acelerar inversiones y reducir trámites

Sheinbaum sostuvo que el impulso a la infraestructura debe ir acompañado de condiciones que permitan a las empresas invertir con mayor rapidez y certidumbre.

Como parte de esta estrategia, recordó que la ventanilla única de inversiones establece un plazo de 60 días para aprobar los proyectos que ingresan por este mecanismo. De acuerdo con su exposición, ya se han autorizado más de 20 proyectos de montos significativos.

La presidenta también destacó los incentivos contemplados en el Plan México y los nuevos mecanismos de inversión pública y privada, así como las medidas de simplificación administrativa que se desarrollan con autoridades estatales y municipales.

Entre las acciones mencionadas durante su discurso se encuentran:

• La homologación de trámites mediante un catálogo único.
• Los decretos para facilitar y agilizar las autorizaciones de inversión.
• La digitalización de trámites para micro y pequeñas empresas.
• La ampliación del acceso a cuentas bancarias que no requieren Registro Federal de Contribuyentes, bajo el esquema acordado con la banca.
• El impulso a los pagos digitales para reducir el uso de efectivo.
• La continuidad del programa de regularización fiscal, con una propuesta para que durante 2027 los contribuyentes puedan liquidar adeudos sin multas ni recargos, conforme a lo anunciado por la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal también adelantó que está por presentar el IMEX 4.0 y reiteró que la simplificación de trámites será fundamental para facilitar nuevas inversiones en el país.

En el encuentro, la mandataria reconoció los acuerdos alcanzados con el sector empresarial en materia de salarios, reducción de la inflación, precios de los combustibles, digitalización y condiciones para invertir.

Asimismo, afirmó que su gobierno busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, sin comprometer objetivos que no puedan cumplirse.

La capital hondureña apuesta por anticiparse a las emergencias provocadas por las lluvias y otros fenómenos naturales mediante una inversión millonaria en prevención.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) proyecta destinar más de 700 millones de lempiras a proyectos para reducir riesgos, fortalecer la infraestructura y proteger a las familias que viven en zonas vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela.

El director del Sector Riesgo de la municipalidad, Julio Quiñones, informó este martes que la administración local contempla asignar el 7% de los ingresos de la ciudad a acciones de prevención, mitigación y reducción de riesgos, como parte de una estrategia para disminuir el impacto de los desastres naturales y reducir los gastos que generan las emergencias.

El funcionario explicó que la medida ya fue acordada y firmada por la Corporación Municipal, lo que permitirá orientar una parte de los recursos municipales hacia proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad de la población y la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Tenemos nosotros aquí como Gobierno local definitivamente el panorama bastante claro y sabemos que al final la inversión que hagamos y cada dólar o cada lempira que nosotros invirtamos en reducción de riesgo vamos a tener un ahorro significativo en la atención a emergencia”, manifestó Quiñones.

De acuerdo con el director del Sector Riesgo, la distribución de los fondos priorizará las intervenciones físicas y las obras destinadas a disminuir la exposición de la capital ante posibles desastres.

En ese sentido, el 85% de los recursos destinados a la gestión de riesgos se utilizará en obras y elementos estructurales, mientras que el porcentaje restante se dirigirá a medidas no estructurales, que también forman parte de los esfuerzos para fortalecer la prevención.

Esta distribución busca combinar las intervenciones de infraestructura con otras acciones que permitan mejorar la gestión municipal del riesgo y reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a amenazas naturales.

Aunque el funcionario no detalló los proyectos específicos que recibirán los fondos, señaló que la asignación presupuestaria permitirá ampliar las inversiones orientadas a la prevención, la mitigación y la adaptación urbana ante los efectos del cambio climático.

El Distrito Central enfrenta distintos desafíos relacionados con su ubicación geográfica, el crecimiento urbano y la exposición de determinadas comunidades a inundaciones, deslizamientos y otros incidentes asociados con las condiciones meteorológicas.

La estrategia también busca reducir la presión sobre los recursos públicos que deben movilizarse cuando ocurre un desastre, especialmente en las labores de atención, asistencia a las familias afectadas y recuperación de las zonas perjudicadas.

Quiñones sostuvo que destinar recursos a la reducción de riesgos no significa restar importancia a la atención inmediata de las emergencias, sino fortalecer las capacidades municipales para actuar de manera oportuna cuando sea necesario.

“En la medida que nosotros vayamos haciendo reducción de riesgo, invirtiendo en prevención, en mitigación nos vamos a ahorrar enormes cantidades en atención y respuesta a la ciudadanía”, expresó.

Asimismo, agregó que el objetivo es garantizar que los equipos de respuesta puedan llegar a las comunidades afectadas en el momento adecuado y actuar de manera coordinada para proteger la vida de las personas.

“No significa que vamos a descuidar el elemento de respuesta, vamos a potenciar nuestra capacidad de respuesta para poder ser efectivos, para poder llegar en el momento adecuado y con la firmeza y la coordinación interinstitucional que nos permita poner a salvo familias”, precisó.

La planificación municipal contempla, por tanto, dos componentes complementarios: reducir las condiciones que pueden provocar daños y mantener la capacidad operativa para responder cuando las amenazas se conviertan en emergencias.

El director del Sector Riesgo también destacó el beneficio económico de las inversiones preventivas y afirmó que, por cada dólar destinado a reducir riesgos, se pueden ahorrar hasta 250 dólares en labores de respuesta ante desastres.

Con la semana más o menos cantada de antemano en el Senado -sin recinto ni demasiado apuro en comisiones- y parte de una abultada agenda ya liberada durante las últimas tres sesiones que realizó el pleno de la Cámara alta, el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Economía, tienen en sus manos la definición del proyecto de Súper RIGI -inversiones por más de USD 1.000 para industrias del futuro- ante aliados que ratificaron que, sin cambios extra, no habrá ley.

El trámite de la iniciativa fue normal hasta que, antes de activar el pase hacia la firma de dictámenes -a comienzos de septiembre pasado-, aterrizó un puñado de objeciones del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandaron proteger los insumos nacionales. “No estoy en contra de la importación de insumos, pero no hay dimensión de los que ocurrió con el RIGI en los últimos meses. Se está yendo de las manos”, deslizaron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Ejecutivo.

La queja principal vino del lado del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), quienes exigieron ampliar el término “precio/calidad”. Añadieron, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

En aquella ocasión, al no tener un guiño desde Balcarce 50, la líder de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital Federal), sólo validó los cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea el articulado de la Casa Rosada reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Al venir de Diputados, eventuales modificaciones harían regresar el texto a la Cámara baja, en segunda revisión.

Para verificar la oferta, los legisladores sugieren que la potencial autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios “equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

En la misma semana que pasó a siesta el Súper RIGI encontró el mismo paredón, aunque en otro plenario, la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa desde unos meses el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

Llamó la atención, en aquel convite, que un propio colega del centenario partido, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamara a Vischi mayores precisiones en el compre local. El ex rector fue uno de los senadores que firmó el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada -incluida la venta de tierras a extranjeros- y, horas antes de la sesión, anunció el rechazo al capítulo y su no asistencia tras una operación de rodilla. A los pocos días reapareció en otro plenario, ya 100% recuperado y sin vestigios de molestia alguna por la intervención en la anatomía de su tren inferior.

En un posteo en su blog personal, Domingo Cavallo calificó de “excelente” un análisis crítico del programa económico que ejecuta el ministro Luis Caputo en el gobierno del presidente Javier Milei.

El lado positivo es que el mismo título del artículo aclara que las políticas oficiales “pueden modificarse” sin alterar el cambio de rumbo emprendido en diciembre de 2023. El texto de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, marca presuntas falencias del programa vigente, agudizadas por la incertidumbre que generó la anticipación de “la economía en modo electoral”.

Parte del problema, describe, se debe a la debilidad de indicadores de consumo, inversión y empleo en el contexto de una posible “recesión técnica” (dos trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad) que deterioraron la confianza de la población y activaron a la oposición.

Aun así, señala Vasconcelos, las expectativas de inflación y devaluación siguen ancladas en 23/25% anual, los datos de consumo, recaudación vinculada al mercado interno y crédito mostraron cierto repunte entre agosto y setiembre y para el cuarto trimestre “se espera que el sector agropecuario vuelva a jugar el rol de locomotora”.

Otro factor a favor sería recuperar el dinamismo de las ventas a Brasil, mercado en el que de 2017 a 2026 la Argentina pasó de explicar el 6,6% de las importaciones brasileñas en 2017 a 4,6% este año. Cada punto son unos USD 3.000 millones de pérdida de ventas potenciales al país vecino, donde a su vez un ajuste del gasto que estabilice la deuda pública permitiría reducir las tasas de interés y reactivar la economía.

Como dato sugerente se señala que la victoria de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta permitió que la moneda brasileña se aprecie de 5,2 a cerca de 5 reales por dólar, lo que presenta “una oportunidad para que las exportaciones argentinas recuperen parte del terreno perdido”.

Mientras tanto en la Argentina, dice el informe, se fortaleció el rol de las provincias del arco energético-minero que pueden servir de “balancín de la canoa”. Varios proyectos asociados a esos recursos naturales se están materializando y ese nuevo poder económico tiene connotaciones políticas: “estas provincias alcanzan un número suficiente como para ejercer poder de veto en el Congreso y, en el plano electoral, tienen incentivos para mantenerse al margen de los propósitos de unificar las fuerzas de la oposición”, pero para asegurar ese objetivo, dice Vasconcelos, los gobernadores de esas provincias demandarán alguna reciprocidad del gobierno nacional.

Riesgo político adelantado

En informes anteriores, Vasconcelos había insistido que el “riesgo político” podía anticiparse y contaminar los mercados si no se pasaba a una nueva fase del plan de estabilización, al que acusa de provocar “un sobreajuste de la economía, que recae sobre los sectores focalizados en el mercado interno”.

Hidrocarburos y minería escapan a eso por estar conectados a la demanda del mercado mundial, contar con el RIGI y poder financiarse en dólares, excepción que también alcanza el agro, que si bien no tuvo RIGI se benefició de una rebaja de retenciones, más facilidad para importar máquinas e insumos, la reducción de la brecha cambiaria y la eliminación del cepo para personas físicas, como lo son muchos productores, amén de la eliminación de las restricciones cuantitativas a las exportaciones.

Pero el resto de la economía, dice Vasconcelos, tiene dificultades de competitividad y debe reconvertirse “en un contexto cada vez más difícil, por la prolongada restricción crediticia que se inició en abril de 2025” y la “competencia desleal” implícita de empresas alcanzadas por el RIGI, que tienen ventaja para captar los mejores recursos humanos.

Crédito caro, “corredor de tasas” incierto

En ese contexto, el autor enfatiza el problema de la restricción crediticia, pues si bien Economía buscó quitar volatilidad a las tasas de interés de corto plazo, no despejó el horizonte, no aseguró un “corredor de tasas” entre el 20% y el 25% anual ni explicitó regla alguna para la evolución de la política monetaria. Por el contrario, el problema se agravó al ampliarse la brecha entre tasas pasivas y activas debido a los mayores cargos por morosidad y una cuña más reciente, que además podría ensancharse, de prima por plazos, en la medida que las tasas reflejen más los riesgos políticos.

“El inédito costo financiero de los créditos debería comenzar a reducirse a través de un pacto fiscal que baje impuestos nacionales, provinciales y municipales, que muy probablemente estén transgrediendo normas que condenan el anatocismo”, dice Vasconcelos, recurriendo a una palabra más propia de los abogados (e incluida en el código civil y comercial), sobre el efecto bola de nieve de intereses sobre intereses. En un marco de alta morosidad, ese efecto resta chances a la recuperación de un consumo en niveles ya deprimidos.

“Es imposible aislar la evolución de las variables financieras internas de lo que ocurra en términos de la inserción del país en el mercado de capitales global”, dice el análisis, y remarca la importancia de asegurar el cumplimiento del programa financiero del Tesoro hasta fin de 2027 y así reducir el “riesgo país”. Pero por el contrario, sigue, hay “lagunas financieras” en las proyecciones oficiales y problemas como un aumento de la deuda doméstica debido a la obsesión oficial con “esterilizar” cerca de 90% de los pesos que emite para comprar dólares y limitarse a una acumulación de reservas insuficiente para asegurar un “Plan B” en caso de dificultades de refinanciación.

Hay lagunas financieras en las proyecciones oficiales y problemas como un aumento de la deuda doméstica debido a la obsesión oficial por “esterilizar” los pesos que emite para comprar dólares y limitarse a una acumulación de reservas insuficiente para asegurar un “Plan B”

“Los vencimientos de deuda, las reservas disponibles y la necesidad de seguir comprando dólares en el mercado constituyen un combo de típica “frazada corta”: si el próximo año hubiera que usar dólares del BCRA para cumplir esos compromisos, habría menos municiones para suavizar eventuales turbulencias en el mercado de cambios, de igual modo que no es una solución óptima acrecentar el stock de deuda doméstica como contrapartida a las compras de dólares en el mercado”, afirma otro pasaje del informe, que estima las reservas netas del BCRA en USD 11.500 millones y los compromisos externos del sector público en USD 24.900 millones, que montan a USD 28.000 millones con los vencimientos de la parte de los Bopreales emitidos por el BCRA que no se usen para cancelar impuestos.

Supuestos financieros heroicos

En suma, el programa financiero oficial “no aporta certezas suficientes y el riesgo país se ubica en 600 puntos” porque el presupuesto 2027 tiene supuestos, como una emisión de Bonares (títulos en dólares con legislación local) por hasta USD 11.000 millones, “cifra que bajo las condiciones actuales luce extremadamente ambiciosa”. Otro supuesto demasiado optimista, dice, es el de un colchón financiero de USD 3.700 millones al inicio de 2027.

El gobierno alega tener muchas opciones de cobertura disponibles, como venta de bonos en pesos ajustables por dólar oficial y operaciones en el mercado de futuros por parte del BCRA, pero los datos financieros reflejan más inquietud por la eventual “brecha cambiaria” que por el nivel del dólar el “día después” de las elecciones, con lo cual la eficacia de la “cobertura oficial” se reduce.

A diferencia de 2015/16, cuando los anuncios de Mauricio Macri convencieron a los agentes económicos que se iba a la unificación del mercado cambiario y la brecha entre dólar libre y oficial se redujo, según Vasconcelos esta vez las expectativas “se jugarán más en el terreno del dólar libre que en el del tipo de cambio oficial”.

¿Volvería a ayudar el gobierno de Trump?

En esas condiciones el instrumento más potente sería la expectativa de intervenciones como las que el Tesoro de EE.UU. hizo entre setiembre y octubre de 2025 y que el gobierno de Donald Trump inscribió en una estrategia de seguridad económica y estratégica de su país. Pero si bien, según Vasconcelos, el triunfo de Bolsonaro podría “robustecer esa línea argumental”, no es algo automático. “Hay que ver hasta qué punto su factibilidad depende del resultado de las elecciones de medio término de noviembre a efectuarse en EE.UU.”, remarca.

En definitiva, hay evidencia de un “sobreajuste”, pues pasada la oportunidad que tuvo para emitir bonos y refinanciar deuda a una tasa de un dígito, como hizo Ecuador, Economía aplicó una política monetaria muy restrictiva que llevó a contracciones del consumo y de la inversión de 1,6% y 2,5% del PBI respectivamente. Como muestra el gráfico de arriba, el único componente que hizo una contribución significativa al crecimiento fueron las exportaciones.

Dos etapas del ajuste

El informe describe dos etapas del “ajuste” mileísta: una inicial, de recorte del gasto público, y otra “monetarista” que hizo caer la inversión a un ritmo del 10% anual. En la etapa de los cepos, recuerda, la inversión no reaccionaba debido a las “tremendas distorsiones” de precios relativos, la insuficiencia de ahorro local y falta de acceso al externo, pero ahora si bien hay ahorro suficiente para financiar la inversión, esa capacidad se canaliza en gran medida a la compra de dólares con destino al colchón.

La inversión “es hija de la rentabilidad esperada, pero la caída del Merval, del 13% en dólares en lo que va del año, no alimenta el optimismo”, sostiene Vasconcelos, y recuerda que -pese al RIGI- la inversión extranjera no tuvo aún un gran dinamismo.

“En general, los funcionarios oficiales tienden a atribuir las malas noticias a factores exógenos o a propuestas ancladas en el pasado de sectores de la oposición. También deberían admitirse preguntas acerca de la posibilidad de asumir nuevos desafíos dentro del propio programa de estabilización”, concluye el desafiante análisis elogiado por Domingo Cavallo.

El pasado 6 de octubre, Gerard Piqué y Shakira se reencontraron en los juzgados de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus dos hijos, Milán, de 13 años, y Sasha, de 11. Los menores viven con la cantante en Miami desde abril de 2023, después de una separación anunciada en junio de 2022.

En un comunicado, Shakira aclaró que su propuesta no pretende “reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”. Lo que busca es repartir el esfuerzo de los viajes entre Miami y Barcelona. Para las vacaciones de pocos días, plantea que sea Piqué quien cruce el Atlántico y evitar así trayectos cortos a los menores. En julio, el exfutbolista había visto con ellos la final del Mundial entre España y Argentina, mientras Shakira actuaba en el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista.

A sus 39 años y casi cuatro después de su retirada, en noviembre de 2022, Piqué sigue ligado al deporte desde los despachos. Él mismo lo resumió en un encuentro sobre inversión en Málaga: “Mucha gente emprende para ganarse la vida, yo lo hago para pasármelo bien. Intento ganar dinero con ello, pero esa no es la finalidad”.

Kosmos, el paraguas

Casi todo cuelga de Kosmos, la compañía que fundó en 2017 para gestionar negocios deportivos y mediáticos. Con ella firmó en 2018 el acuerdo para organizar la Copa Davis, que terminó en enero de 2023. A Forbes España le contó que la montó “para pasármelo bien” y que “lo que importa es el viaje”. Su método es mirar hacia dónde va el entretenimiento y llegar pronto: “Si vemos que algo nuevo está tirando, apostamos”.

La Kings League, de la revolución al reajuste

Su escaparate es la Kings League, que nació en 2022 junto a Ibai Llanos con fútbol siete, reglas distintas, retransmisiones digitales y 12 equipos presididos por creadores de contenido y exfutbolistas. Después llegó la Queens League y la competición llegó a seis países: España, Italia, Francia, Alemania, México y Brasil.

Ahora toca ajustar. En junio, la organización anunció una reestructuración con un ERE para 41 trabajadores, y el torneo español no volverá, en principio, hasta 2027. El objetivo es revisar el formato y preparar una nueva propuesta, porque con la estructura actual la liga todavía no era rentable. Desde 2024 ha destinado 60 millones a su estrategia internacional, lo que la ha llevado a números rojos. Sus propios datos hablan de más de 150 millones de horas vistas en directo el año pasado.

El plan de expansión sigue adelante. Piqué habló en su día de “ocho o diez ligas en los países más importantes del mundo” y de una competición internacional con los mejores equipos de cada país. La liga nombró a un director para Estados Unidos que prepara el desembarco desde Nueva York, y presume de que el Kings World Cup Nations 2026, en Brasil, fue su mayor éxito hasta ahora.

Del chocolate al ajedrez

Fuera del fútbol, Piqué también invierte en hoteles y tecnología, y ha pasado por Harvard como profesor invitado. El 5 de octubre, él e Ibai Llanos lideraron una ronda de 3,75 millones de euros para Plesh, una empresa barcelonesa de snacks de chocolate sin azúcares añadidos. Los dos entran como socios y cofundadores para impulsar su crecimiento y su expansión nacional e internacional.

En agosto se anunció su entrada como accionista estratégico de Fyers American Gambits, una franquicia de la Global Chess League. Es el ajedrez sumándose a un catálogo en el que el deporte sigue siendo el punto de partida.

Con el dinero ya se movía así de futbolista. “Cuando me fui al Manchester United me ofrecían tres veces más de lo que le pedí al Barça por quedarme”, recordó en Forbes. No se lo dieron y se marchó, porque sentía que no le valoraban.

Aeropuertos Argentina invertirá más de USD 1.500 millones entre 2027 y 2031 para mejorar la infraestructura aeroportuaria ante la expansión de la actividad aerocomercial. Se trata del desembolso más importante de su historia. Entre los principales proyectos se encuentran la construcción de nuevas terminales en Ezeiza, la ampliación de Aeroparque y un programa de obras en los 33 aeropuertos del interior del país.

El plan forma parte del acuerdo de extensión del contrato de concesión de los 35 aeropuertos, que contempla inversiones con fondos propios por USD 600 millones durante los próximos cuatro años. El resto provendrá de aportes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA).

Las obras, pactadas con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), contemplan intervenciones en las terminales más importantes del país y en aeropuertos del interior. El objetivo es adecuar la infraestructura al creciente tráfico de pasajeros, cuyo aumento se proyecta en 114% en los próximos 40 años, así como a la incorporación de nuevas rutas y al incremento de las frecuencias de las aerolíneas.

Con una inversión de USD 794 millones, el aeropuerto internacional de Ezeiza contará con una nueva terminal de arribos internacionales de 35.000 m2, que se agregará a la de partidas inaugurada en 2023, y otra destinada a vuelos domésticos, de 10.000 m2. También se extenderá el espigón de embarque internacional a 15.000 m2.

“La sala de embarque internacional sumará 6 puertas, se construirán nuevas salas de espera y se ofrecerán más servicios para el pasajero. Se destacarán opciones de gastronomía con la posibilidad de terrazas exteriores con jardines y zonas especiales según los perfiles de pasajeros, sean estos viajeros frecuentes, familias o turistas”, contaron desde Aeropuertos Argentina.

Adicionalmente, se realizará una obra integral de rehabilitación, repavimentación y ampliación del sistema de pistas, rodajes, plataformas y balizamiento.

En Aeroparque, en tanto, se expandirá la terminal de embarque nacional mediante la construcción de un espigón en el extremo sur, con nuevos puentes de embarque. También se extenderá el sector internacional. El monto destinado al aeropuerto metropolitano asciende a USD 200 millones.

El proyecto añade 6 puertas de embarque por manga, nuevas áreas de espera y de servicios al pasajero y una nueva sala VIP con vista al río. Por otra parte, habrá más posiciones de check-in y un sistema outbound de procesamiento de equipajes y se reorganizará el hall público para descongestionarlo e incrementar la capacidad operativa.

En conjunto, ambos aeropuertos incorporarán más de 60.000 m2 de infraestructura de terminales y renovarán otros 15.000 m2. En Ezeiza, además, continuarán los trabajos sobre los pavimentos destinados a las aeronaves.

Obras en los aeropuertos del interior

El plan incluye una inversión de USD 506 millones en los 33 aeropuertos del interior. Se ampliarán y renovarán las terminales de Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. Las obras abarcarán una superficie total de 35.000 m2.

Asimismo, se rehabilitarán tres pistas de aterrizaje, en Córdoba, Iguazú y Malargüe, y se reemplazarán las balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos. Los trabajos comprenden la ejecución de 450.000 m2 de asfalto y 80.000 m2 de pavimentos de hormigón, junto con 70.000 m3 de movimiento de suelos y la instalación de más de 3.000 balizas.

En el sector de cargas se invertirán USD 34 millones para aumentar la capacidad operativa de la terminal, en un marco de crecimiento del comercio exterior, especialmente en el segmento de Courier. Actualmente, se llevan adelante las obras para construir una nueva Terminal Única de Courier (TUC) de 15.000 m2 y ampliar en 3.000 m2 las naves y cámaras de frío destinadas a la exportación de productos perecederos.

Las obras que ya están en marcha

En paralelo, están en marcha proyectos en Ezeiza, Aeroparque y distintos aeropuertos del interior, que suponen una inversión adicional de USD 307 millones. Entre ellos figuran las intervenciones en las terminales de Salta, Formosa, Tucumán, Resistencia y San Rafael. En conjunto, los trabajos en curso abarcan 37.000 m2.

En Ezeiza se realizan tareas de rehabilitación de la pista secundaria y de las calles de rodaje, además de la construcción de una nueva plataforma para aeronaves. En Aeroparque avanzan las obras de ampliación del embarque doméstico y de las áreas de control de seguridad, que permitirán extender la superficie operativa en 3.000 m2.

Desde el inicio de la concesión, en 1998, Aeropuertos Argentina invirtió más de USD 2.800 millones en infraestructura en los 35 aeropuertos que administra. De ese total, más de USD 1.000 millones correspondieron a obras ejecutadas durante los últimos cinco años. A esas inversiones se suman USD 1.060 millones abonados en impuestos y USD 2.300 millones en concepto de canon.

Cambio en las tasas

El CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, remarcó la importancia de dichas inversiones para acompañar el salto en las operaciones y destacó la Resolución 69/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

“Hoy se dispuso una medida que venían reclamando desde hace mucho tiempo las cámaras de turismo y las provincias: ampliar el alcance de la tasa regional. Inicialmente, se había previsto un radio de 300 kilómetros, que luego se planteó extender a 900 kilómetros. Finalmente, se estableció una distancia de hasta 1.000 kilómetros. Esto permitirá impulsar más de 130 rutas que no existen en la actualidad”, dijo el ejecutivo.

Explicó que la decisión implica una reducción del 56%: en lugar de pagar la tasa internacional de USD 57, se abonarán USD 25,16. “Representa una oportunidad para que las líneas aéreas comiencen a aprobar nuevos vuelos y se genere una mayor conexión regional”, señaló.

Ketchibachian contó que, históricamente, las tasas internacionales subsidiaban en gran medida las domésticas. Este también era un reclamo de varias aerolíneas, que cuestionaban por qué debían pagar tasas que contribuían a sostener los vuelos dentro del país. Aunque el costo lo termina afrontando el pasajero, el esquema generaba cuestionamientos por parte de las compañías.

En ese escenario, el ORSNA aprobó un nuevo cuadro tarifario que fija en USD 9 por pasajero la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) para los vuelos de cabotaje, en reemplazo del valor anterior de $5.685.

Honduras explora producir soya a escala comercial para abastecer el mercado nacional y, en una segunda etapa, utilizar el grano como materia prima para la elaboración de biodiésel.

La propuesta fue discutida con inversionistas de Brasil y con representantes de la empresa Be8, especializada en biocombustibles y energías renovables, en reuniones que involucraron a autoridades del sector agrícola, productores y representantes de la empresa privada.

Más que la incorporación de un nuevo cultivo, la iniciativa plantea crear una cadena completa que comenzaría en las fincas hondureñas y podría terminar en una planta industrial dedicada a transformar la soya en productos para alimentación animal y combustibles de origen vegetal.

Uno de los argumentos que impulsan la propuesta es el tamaño del mercado que ya existe en Honduras. Durante las reuniones se expuso que el país importa más de 400,000 toneladas de harina de soya, utilizada principalmente como insumo para la alimentación animal.

La apuesta no sería únicamente reemplazar parte de esas importaciones. La soya también podría convertirse en materia prima para una industria de biocombustibles, lo que ampliaría las posibilidades comerciales del cultivo.

De los campos a una planta de biodiésel

El planteamiento discutido con los inversionistas brasileños contempla construir una cadena productiva en la que los agricultores nacionales tengan un papel central. El modelo comenzaría con la producción comercial de soya y continuaría con procesos de almacenamiento, comercialización y transformación industrial.

Una parte de la producción podría destinarse a la alimentación animal, mientras que otra tendría como destino la elaboración de biodiésel.

Para los agricultores hondureños, el proyecto tiene un atractivo adicional: la soya puede incorporarse a sistemas de rotación con otros cultivos. El productor de Olancho Federico Mejía sostuvo que esta alternativa podría complementar actividades agrícolas ya existentes, particularmente la producción de maíz y arroz.

La rotación de cultivos puede ayudar a diversificar las actividades en las parcelas y reducir la dependencia de un único producto, además de permitir un mejor aprovechamiento de los terrenos bajo determinados sistemas agrícolas.

¿Qué ganaría Honduras?

La principal ventaja planteada es reducir la dependencia de las importaciones. Si una parte de la demanda nacional de harina de soya pudiera cubrirse con producción hondureña, una mayor proporción del valor generado por esa actividad permanecería dentro del país, con oportunidades para agricultores, transportistas, empresas de almacenamiento, procesadores y otros participantes de la cadena.

La iniciativa se encuentra en una etapa de conversaciones. Antes de avanzar será necesario definir áreas de cultivo, variedades adecuadas, rendimientos esperados, infraestructura de almacenamiento y procesamiento, financiamiento para los productores y mecanismos de comercialización.

El acercamiento entre el Gobierno, productores e inversionistas brasileños busca crear las condiciones para que una eventual inversión no quede limitada a una planta industrial, sino que genere una cadena de proveedores nacionales.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería impulsa la propuesta de producción comercial y el posible abastecimiento de una planta de biodiésel.

Waymo, la empresa de autos autónomos de Alphabet, cerró un préstamo de USD 5.000 millones con un grupo de bancos y fondos de inversión. Es la primera vez que la compañía recurre a deuda en lugar de vender participación accionaria para financiar su expansión.

El anuncio lo hizo el director financiero de Waymo, Steve Fieler, a través de un comunicado publicado en el blog oficial de la empresa. PIMCO, Blackstone y Sixth Street actuaron como prestamistas principales del acuerdo.

También participaron como prestamistas relevantes Capital Group, Loomis Sayles y T. Rowe Price. La lista se completa con Apollo, Blue Owl, Diameter Capital Partners, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company, HPS Investment Partners y Oaktree. Goldman Sachs fue el único banco organizador de la operación.

De una ronda de capital a un préstamo

A comienzos de este año, Waymo ya había cerrado una inversión de capital de USD 16.000 millones destinada a expandir el despliegue de su tecnología de manejo autónomo, según precisó la empresa en el mismo comunicado.

Fieler explicó que el nuevo financiamiento complementa esa ronda de capital y le da a la compañía “flexibilidad financiera adicional para fortalecer su balance” de cara a las oportunidades comerciales que identifica por delante.

A diferencia de una ronda de capital, un préstamo no diluye la participación de Alphabet ni de los demás accionistas de Waymo. A cambio, la empresa deberá devolver el monto con intereses en los plazos pactados.

Una red que sigue sumando ciudades

Waymo informó que el mes pasado comenzó a operar en su decimoquinta ciudad en Estados Unidos y que anunció nuevos destinos internacionales, en momentos en que la compañía describe un crecimiento comercial a “un ritmo récord”.

La empresa ya presta servicio en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, de acuerdo con el repaso que hizo TechCrunch del historial de expansión de la compañía.

El medio citado agregó que Waymo realiza pruebas en Londres y Tokio, con planes de lanzar su servicio comercial en ambas ciudades, aunque la empresa no precisó fechas concretas para esos mercados en su comunicado.

Para qué se usará el dinero

Según el comunicado oficial, el capital obtenido con el préstamo se destinará a “acelerar la expansión continua” del servicio de viajes totalmente autónomos de la empresa, tanto dentro de Estados Unidos como en el resto del mundo.

Fieler afirmó que contar con el respaldo de “socios financieros de primer nivel” le permite a la empresa “ejecutar con velocidad, escalar de manera responsable y seguir liderando la industria de los vehículos autónomos”.

El movimiento ocurre mientras Waymo compite con otras compañías de manejo autónomo, como la china Apollo Go de Baidu y el proyecto de robotaxis que Tesla despliega en Austin, por quedarse con una porción mayor del mercado de viajes sin conductor.

Cómo funciona el Waymo Driver

El sistema de conducción autónoma de Waymo, llamado Waymo Driver, se clasifica como tecnología de nivel 4 de automatización según la escala de la SAE (Society of Automotive Engineers). Esto implica que el vehículo puede circular sin conductor humano al volante, aunque limitado a las zonas geográficas que la compañía ha mapeado previamente como áreas de servicio.

Para percibir su entorno, los vehículos integran varios tipos de sensores que funcionan de manera redundante y se complementan entre sí. Entre ellos se encuentran los LiDAR de alta resolución, que generan mapas tridimensionales mediante pulsos de láser, y permiten detectar objetos a más de 300 metros de distancia.

A esto se suma una red de decenas de cámaras que ofrece visión panorámica de 360 grados alrededor del automóvil, junto con radares capaces de operar en condiciones climáticas adversas como lluvia o niebla. El sistema incorpora, además, receptores de audio externos que identifican la procedencia de sirenas de vehículos de emergencia, un dato relevante para anticipar maniobras de cesión de paso.

Toda la información recogida por estos sensores es procesada por una supercomputadora instalada a bordo, que aplica inteligencia artificial combinada con cartografía de alta definición desarrollada por la propia empresa.

Ese procesamiento incluye modelos de predicción de comportamiento, con los que el vehículo estima de antemano los movimientos de peatones, ciclistas y otros automóviles, además de responder a situaciones imprevistas en cuestión de milisegundos.

La arquitectura del vehículo también contempla sistemas de respaldo en sus componentes críticos: dirección, frenado, suministro de energía y computación secundaria. Esta redundancia busca garantizar que, si uno de los sistemas principales falla, el automóvil mantenga el control de forma segura hasta completar la maniobra o detenerse.

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Panamá conserva condiciones favorables para atraer inversión extranjera, pero la corrupción, la limitada transparencia, las debilidades del sistema judicial y los atrasos en pagos continúan complicando las operaciones de empresas internacionales.

Esa es una de las principales conclusiones del informe sobre clima de inversión publicado en septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento reconoce entre las principales fortalezas del país su posición geográfica, la economía dolarizada y el Canal de Panamá, además de una trayectoria de crecimiento relativamente fuerte.

Sin embargo, considera que las presiones fiscales y los problemas de gobernanza generan incertidumbre para quienes evalúan colocar capital en el mercado panameño.

Estados Unidos identifica a Panamá como uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de Centroamérica y destaca que la legislación concede un trato similar a compañías nacionales y extranjeras. La inversión directa estadounidense alcanzó $5,200 millones al cierre de 2024, de acuerdo con cifras incorporadas al informe.

Entre los obstáculos aparecen la corrupción, la falta de transparencia, una capacidad judicial limitada y problemas de impago, junto con brechas en las competencias de la fuerza laboral. El análisis sostiene que estas condiciones pueden restringir nuevas inversiones y dificultar las operaciones empresariales pese a las ventajas estructurales del país.

Uno de los apartados más críticos se concentra en el funcionamiento de la justicia y la resolución de disputas comerciales. Algunas compañías estadounidenses han reportado tratamientos inconsistentes, injustos o sesgados en tribunales panameños, mientras la falta de tecnología y de experiencia comercial especializada afecta la atención de controversias contractuales y patrimoniales.

El reporte también señala que resolver disputas comerciales y de inversión puede resultar largo y complejo. Los inversionistas recurren con frecuencia a mecanismos de mediación o arbitraje ante dificultades en los tribunales, mientras persisten denuncias relacionadas con sesgo judicial, regulaciones inconsistentes y demoras en los procesos.

El Departamento de Estado dedica otro capítulo a la corrupción y sostiene que continúa siendo un desafío significativo para Panamá.

Inversionistas estadounidenses reportan irregularidades tanto en el sector público como privado y mencionan presuntos sobornos, contratos inflados y falta de transparencia en procedimientos relacionados con permisos, propiedades y compras gubernamentales.

Aunque Panamá aprobó reformas para modernizar la contratación pública, el informe considera que la aplicación de los mecanismos de control continúa siendo inconsistente. También afirma que existen debilidades institucionales para garantizar rendición de cuentas y señala vulnerabilidades frente a interferencias políticas en el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

El documento incorpora igualmente el caso de Cobre Panamá como ejemplo de los riesgos regulatorios y políticos que enfrentan los inversionistas. Recuerda las controversias surgidas después del cierre de la mina y los reclamos arbitrales, y sostiene que las presiones internas pueden generar incertidumbre para el capital extranjero aun cuando el país reconoce formalmente los arbitrajes internacionales.

En materia financiera, Washington reconoce avances. Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2023 y posteriormente fue retirado de la relación europea de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado. Sin embargo, persisten cuestionamientos europeos relacionados con transparencia e intercambio de información tributaria.

El informe destaca que en mayo de 2026 el presidente José Raúl Mulino aprobó una Ley de Sustancia Económica que exige a determinadas entidades multinacionales demostrar presencia económica genuina en Panamá. La medida busca acercar al país a los estándares de la OCDE y la Unión Europea y avanzar en materia de transparencia fiscal.

Las ventajas para los inversionistas continúan siendo numerosas. Panamá mantiene regímenes especiales para sedes de multinacionales, manufactura, turismo y zonas económicas, además de incentivos para determinadas actividades. La Zona Libre de Colón alberga más de 2,800 empresas y Panamá Pacífico supera las 350 compañías instaladas, según el documento.

Otro elemento favorable es el sistema financiero. El Departamento de Estado describe al sector bancario panameño como desarrollado, regulado y abierto a la participación extranjera, pese a que la economía dolarizada carece de banco central, prestamista de última instancia y seguro de depósitos. El país mantiene 63 bancos entre entidades oficiales, nacionales, internacionales y oficinas de representación.

Pero la disponibilidad de trabajadores especializados aparece como otro desafío. Panamá enfrenta escasez de personal capacitado en contabilidad, tecnología de la información y construcción especializada, además de una limitada disponibilidad de trabajadores que hablan inglés. El reporte recuerda que el país ocupó el puesto 81 entre 135 economías en competencias de graduados universitarios.A

El diagnóstico laboral incluye además una elevada informalidad. Con datos correspondientes a 2025, el Departamento de Estado señala que cerca del 47% de la fuerza laboral estaba vinculada al sector informal, mientras en comunidades indígenas la proporción superaba 70%. Estas condiciones contrastan con las necesidades de talento especializado que manifiestan los inversionistas.

El balance del informe presenta así dos caras del clima de negocios panameño: una economía dolarizada, conectividad logística, regímenes especiales y apertura al capital extranjero frente a problemas institucionales persistentes.

Para Estados Unidos, corrupción, justicia, transparencia y capital humano continúan siendo obstáculos que Panamá deberá enfrentar para aprovechar plenamente sus ventajas como destino de inversión.

Honduras tiene identificadas necesidades de inversión por varias decenas de millones de dólares, organismos multilaterales dispuestos a financiar proyectos y una agenda que incluye carreteras, hospitales, represas, agua potable, transporte urbano y recuperación ambiental, pero todavía enfrenta dificultades para convertir esa infraestructura potencial en una plataforma capaz de atraer inversión privada y generar empleos sostenibles.

El diagnóstico adquiere relevancia porque el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el cual mantiene una cartera activa superior a USD 1,700 millones (unos L45.050 millones) en Honduras, que incluye los proyectos ya mencionados.

Esa es una de las principales conclusiones de la entrevista exclusiva de Infobae con Tulio del Cid F., director por Honduras ante el BCIE, quien planteó que Honduras está manejando una cartera de proyectos de infraestructura con validez estratégica con “objetivos de mejora” de condiciones que deben funcionar simultáneamente si pretende competir por inversiones en una región donde los capitales pueden desplazarse con rapidez hacia otros mercados.

Para del Cid, el punto de partida uno es la seguridad jurídica. A su juicio, no basta con que Honduras cuente con recursos naturales, mano de obra o proyectos de infraestructura si un inversionista no tiene certeza sobre las reglas de juego que encontrará dentro de cinco, 10 o 20 años.

“Si tuviera que señalar una sola prioridad para que Honduras dé un salto económico”, se le preguntó durante la conversación. Su respuesta fue directa: esta es “seguridad jurídica”.

El razonamiento detrás de esa afirmación es económico antes que político. Una empresa que analiza instalar una planta, construir una central eléctrica, desarrollar un proyecto agrícola o invertir en infraestructura necesita calcular riesgos durante períodos prolongados.

Si existe incertidumbre sobre contratos, propiedad, permisos o estabilidad de las reglas, el costo de esa inversión aumenta y el capital puede terminar en otro país.

Competencia por atraer inversión

La advertencia adquiere mayor relevancia porque la competencia ya no se produce únicamente entre empresas. Del Cid sostiene que los países centroamericanos compiten entre sí para captar proyectos, cadenas productivas, de suministro y capital extranjero.

“Usted compite entre países”, dijo al explicar que una empresa que busca instalarse en Centroamérica compara no solo salarios, sino también disponibilidad y costo de la energía, infraestructura disponible, estabilidad política, seguridad ciudadana, disponibilidad de agua y protección de sus inversiones.

El funcionario detalló que Honduras puede ofrecer oportunidades para nuevas industrias y operaciones tecnológicas, pero la disponibilidad de electricidad confiable se ha convertido también en una condición básica para competir.

Del Cid fue enfático al advertir que incluso si llegara al país una empresa tecnológica dispuesta a generar decenas de miles de empleos, la oportunidad podría perderse si el sistema eléctrico no tiene capacidad suficiente para atenderla.

El problema no se limita a la generación. También incluye transmisión, distribución, pérdidas, cobranza y situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en junio de 2026 que las pérdidas eléctricas seguían siendo uno de los principales factores detrás de las dificultades financieras de la ENEE. El organismo proyectó pérdidas de 33,2% para junio y 32,7% para septiembre del año, dentro de una estrategia que pretende reducirlas aproximadamente 11 puntos porcentuales en cuatro años.

Su comparación fue sencilla: una empresa no puede ser sostenible si una parte importante de lo que produce desaparece antes de llegar al mercado. En el caso de la electricidad, las pérdidas técnicas y no técnicas terminan trasladándose al conjunto del sistema.

Infraestructura nacional

El tercer obstáculo es la infraestructura, aunque Del Cid planteó una advertencia que cambia el enfoque tradicional: Honduras no necesita únicamente construir más obras, sino construirlas de manera conectada.

Una carretera sin conexión adecuada con centros productivos pierde parte de su valor. Una represa sin una red capaz de transportar su energía e irrigación también pierde valor. Un parque industrial que carezca de agua, electricidad, carreteras y conectividad digital difícilmente puede convertirse en un polo de inversión. “De nada me sirve” producir energía si no existe el sistema para llevarla hasta donde se necesita, explicó al referirse a las dificultades que pueden surgir cuando una obra se planifica sin considerar el resto de la infraestructura.

La cartera del BCIE da una dimensión del volumen de recursos que ya se está movilizando. En junio, el organismo informó que su cartera de infraestructura en Honduras superaba los USD 1.400 millones (unos L37.100 millones), mientras la cartera total en el país superaba los USD 1.600 millones (unos L42.400 millones).

La cifra significa que se está invirtiendo en obras que vendrán a mejorar las capacidades de Honduras en ofrecer mejor infraestructura para poder generar empleos y mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

Capital humano

Los datos del Banco Mundial, organismo multilateral de desarrollo, muestran la magnitud del desafío. Su Índice de Capital Humano estima que un niño nacido actualmente en Honduras alcanzará alrededor del 48% de la productividad que podría alcanzar si recibiera educación completa y gozara de plena salud. El organismo considera los resultados de capital humano del país entre los más bajos de la región.

Para del Cid, la educación no puede tratarse como un componente separado de la política económica. Si Honduras pretende atraer industrias de mayor valor agregado, necesita formar a los trabajadores con las habilidades curriculares y técnicas que se necesitan para ocupar esos puestos. Estas habilidades incluyen aspectos de competencia tecnologíca, enseñanza del inglés, educación financiera, principios y valores.

Con los proyectos financiados por organismos multilaterales se explicó que atraviesan diferentes etapas antes de convertirse en una obra: estudios técnicos, formulación, evaluaciones, procesos de aprobación, licitación, supervisión, ejecución y evaluación. Ese proceso busca reducir los riesgos de que un proyecto termine inconcluso o no cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñado, pero también significa que la disponibilidad del dinero no equivale a tener una obra lista.

Los retos van más allá de la ejecución de los proyectos: las obras pueden abrir la puerta, pero la inversión y el empleo dependen de lo que Honduras sea capaz de construir alrededor de ellas y sobre todo sea fortalecido y acompañado por el sector privado.

Recuperar la inversión extranjera directa resulta indispensable para generar empleo y mejorar sus condiciones, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empres (APEDE), Aristides Hernández.

“El principal reto es que ese crecimiento se traduzca en beneficios para los sectores menos favorecidos”, enfatizó.

De igual manera, los proyectos estratégicos del Canal aparecen como una de las vías para impulsar la inversión y el empleo en Panamá durante los próximos años.

El economista Domingo Latorraca, socio de ELEMENTE, ubicó esas iniciativas entre los factores que pueden reforzar la actividad productiva del país.

La recuperación de la inversión extranjera directa fue uno de los ejes del conversatorio “Perspectivas Económicas 2027”, organizado por la APEDE.

Allí, el expositor sostuvo que el país debe restablecer la confianza de quienes ya colocaron capitales y de quienes evalúan nuevos proyectos.

Panamá busca recuperar los flujos de inversión extranjera directa porque esos recursos financian actividades productivas, generan puestos de trabajo y amplían la contratación de servicios.

Para lograrlo, el país necesita ofrecer seguridad jurídica, reglas claras, estabilidad institucional y una preparación laboral que permita convertir los proyectos en empleos de mayor productividad.

Latorraca planteó que el reto no se limita a captar recursos nuevos desde el exterior. También incluye evitar que los capitales ya instalados suspendan sus planes de expansión tras la interrupción que provocó la pandemia.

“Que el inversionista se sienta seguro de reinvertir lo que ya ha invertido o traer plata fresca para el país”, expresó el socio de ELEMENTE. Para el expositor, esa confianza resulta necesaria para recuperar la inversión extranjera directa.

El analista vinculó esa tarea con la defensa de la democracia y la estabilidad de las instituciones. A su juicio, esos elementos pueden consolidar a Panamá como un destino confiable tanto para el capital como para el talento.

El escenario internacional, atravesado por conflictos, polarización y cambios en las relaciones comerciales, también puede abrir oportunidades de negocios para el país. La posibilidad de aprovecharlas dependerá de la capacidad local para ofrecer previsibilidad a las empresas.

La exposición complementó el análisis del Informe Económico de octubre de 2026 elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de APEDE.

El documento proyectó un crecimiento de 5,3% para 2026, aunque advirtió que esa expansión debe ir acompañada de mejoras en el empleo y en la capacidad estatal para financiar inversiones.

Latorraca señaló que los proyectos vinculados al Canal de Panamá pueden movilizar inversiones en construcción, ingeniería, suministro de materiales, operación y mantenimiento. Entre las iniciativas mencionadas estuvieron Río Indio, las terminales portuarias de Corozal y Telfers, el corredor energético interoceánico y el corredor logístico.

El proyecto de Río Indio ocupa un lugar central en ese conjunto de planes. El expositor consideró que avanzar con esa obra permitiría asegurar el suministro de agua para la población y reforzar la confiabilidad operativa del Canal durante las sequías.

El desarrollo del proyecto debe contemplar una atención adecuada a las comunidades involucradas, según indicó Latorraca. Esa condición forma parte de la discusión sobre una infraestructura capaz de responder a las necesidades de largo plazo.

La construcción mostró señales favorables dentro de la recuperación de las actividades orientadas a la demanda interna. El análisis diferenció ese proceso del crecimiento de los sectores vinculados al mercado internacional.

Para el especialista, ese repunte puede ayudar a distribuir los beneficios de la inversión mediante nuevos empleos, compras locales y contratación de servicios. La meta consiste en que las obras no se agoten en su etapa inicial, sino que abran oportunidades económicas sostenidas.

La llegada de capitales requiere una estrategia paralela de preparación del capital humano. Latorraca sostuvo que la educación es necesaria para que los jóvenes accedan a actividades con mayor productividad y mejores remuneraciones.

El planteamiento apunta a que las oportunidades laborales no queden limitadas a la construcción de grandes obras. La formación de trabajadores permitiría que las personas también participen en las tareas de operación, mantenimiento y servicios derivados de los proyectos.

El Centro Nacional de Investigación El Carao en el departamento de Comayagua en Honduras, comenzará a ofrecer alevines de tilapia gris durante octubre y de tilapia roja a partir de noviembre. Cada ejemplar tendrá un precio de L0.50 (unos US$0.02), una tarifa orientada a facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a uno de los insumos básicos para esta actividad.

La inversión forma parte de una iniciativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) y según su directora Nuryn Meza, “La reapertura de las instalaciones en Comayagua permitirá abastecer primero a criadores locales y después a otras zonas”, recuperar la capacidad productiva del centro y ampliar el abastecimiento hacia productores de Comayagua y otras regiones del país.

La variedad roja comenzará a comercializarse en noviembre y el abastecimiento se dirige inicialmente a productores de Comayagua, aunque podrá extenderse a piscicultores de otras zonas del país.

Uno de los componentes centrales de la iniciativa es el precio fijado para los alevines: L 0,50 por unidad, equivalente a unos USD 0,02, según una conversión aproximada de L 26,50 por dólar. El precio apunta a reducir uno de los costos iniciales que enfrentan quienes desean arrancar una producción piscícola o ampliar el número de peces en sus unidades productivas.

Los alevines son peces jóvenes utilizados para iniciar el proceso de engorde en los sistemas de producción acuícola. Su disponibilidad y costo inciden directamente en la inversión que los productores deben realizar antes de comenzar cada ciclo de cultivo.

Alta producción de Tilapia

El abastecimiento desde El Carao podría facilitar el acceso a ese insumo para pequeños y medianos productores, en particular los ubicados en zonas cercanas al centro. La estrategia también busca que el establecimiento atienda demanda proveniente de diferentes regiones del país.

El cultivo de tilapia tiene presencia en distintas zonas de Honduras, aunque La Paz y Cortés figuran entre los departamentos con mayor producción. Para las familias dedicadas a esta actividad, la piscicultura constituye una fuente de ingresos y una alternativa productiva en áreas rurales.

La producción de tilapia tiene presencia en buena parte del territorio hondureño y combina explotaciones de pequeña escala con proyectos industriales. Datos del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (Pronagro) reportan 1,916 productores activos, 907 unidades de producción y unas 254 hectáreas dedicadas al cultivo, distribuidas principalmente en departamentos como Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Comayagua, Santa Bárbara, Copán y Yoro.

La actividad también mantiene un componente importante de producción para el mercado interno. Según los registros, en el país se cultivan principalmente variedades de tilapia roja, gris o negra y blanca.

Mercado estadounidense

Además del consumo nacional, la tilapia representa un producto de exportación para Honduras. Los datos de Pronagro, elaborados con información del Banco Central de Honduras, muestran que las exportaciones del rubro alcanzaron US$71.1 millones en 2022, con un volumen de 10,223 toneladas métricas. Para 2023, las ventas externas sumaron US$40.4 millones, equivalentes a 5,233 toneladas.

En 2023, ese mercado recibió prácticamente la totalidad de los filetes de tilapia frescos o refrigerados exportados por Honduras, mientras que también concentró la mayor parte de los envíos de filetes congelados. La tilapia entera fresca o refrigerada tuvo igualmente a Estados Unidos como su principal destino.

La reactivación del centro pretende reducir las dificultades de abastecimiento que enfrentan los piscicultores cuando necesitan alevines para comenzar nuevos ciclos. Las autoridades buscan, además, que El Carao desempeñe un papel más activo en el desarrollo de la acuicultura nacional.

Nacieron como un simple trozo de cartón para “combatir” sobre un tablero de juego, pero han acabado convirtiéndose en un codiciado objeto de coleccionista. En los últimos años, su valor y coste no han dejado de aumentar. La locura por abrir sobres, conseguir ese Pikachu o Charizard de extrema rareza y, de repente, descubrir que se tienen cientos de euros entre las manos, ha transformado esta afición infantil en un auténtico fenómeno.

El afán por coleccionar no es nuevo. Un análisis reciente de Idealo ha comparado la evolución media del mercado de cartas Pokémon con la de algunos de los principales valores bursátiles. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el precio de estas cartas en el mercado de segunda mano aumentó de media un 71,5%. Durante ese mismo periodo, el Banco Santander registró una evolución muy similar (+71,2%), mientras que Alphabet (Google) obtuvo una subida superior (+84,3%).

Sin embargo, no conviene llevarse a engaño: se trata de un mercado sumamente volátil y no regulado, cuyo valor depende de factores tan variables como la rareza de la carta, su estado de conservación, la demanda del momento o la facilidad para dar con un comprador. Por ello, las cifras del estudio reflejan una tendencia de mercado y no deben tomarse como una inversión.

La carta de Snorlax que pasó de 33 a 266 euros

El idioma y el mercado de origen son factores determinantes en la cotización de una carta. Por lo general, las versiones en inglés y japonés lideran el mercado europeo, dejando a otros idiomas europeos como el alemán o el italiano en un segundo plano. Esto explica por qué en el mercado español una carta en japonés suele cotizarse por encima de otras ediciones.

Según los datos del informe, la mayor revalorización corresponde a la carta Snorlax LV. X #127 (edición japonesa), lanzada en diciembre de 2008 como parte de una promoción limitada distribuida en establecimientos de Domino’s Pizza en Japón. Su precio medio pasó de 33,73 euros en marzo de 2025 a 266,70 euros un año después, lo que supone un incremento récord del 691%.

Junto a Snorlax, le siguen el Meowth del Team Rocket #39 japonés —que rozó un 500 % de subida hasta situarse en los 62 euros— y el Mega-Latios EX #83, que escaló a los 123,52 euros. El cuarto y quinto lugar lo ocupan las ediciones inglesas de Infernape LV.X #108 (85 euros) y Ditto transformado en Pikachu #39 (51 euros). La nostalgia y la escasez han convertido a estos trozos de cartón en auténticos activos donde el valor ya no depende de las reglas del juego, sino de los coleccionistas.

Los sets o colecciones completas —las cajas que se conservan precintadas y sin abrir— también experimentan subidas a medida que pasa el tiempo y el stock desaparece del mercado. La colección “mazo inicial 100” en japonés lidera la clasificación tras incrementar su valor medio un 323% en un solo año. Le siguen muy de cerca otras expansiones de tirada limitada como Pokémon Team Magma vs. Team Aqua (+264%) y Pokémon Rumble (+234%), muy codiciadas por quienes buscan invertir sin depender de la suerte al abrir los sobres.

Charizard es la estrella en España, superando a Pikachu

Aunque en el apartado de revalorización porcentual de cartas individuales despuntan personajes como Plusle (+263%) o Groudon (+258%), el rey indiscutible en el mercado español sigue siendo el célebre “dragon” de fuego de la primera generación. Superando la popularidad de iconos globales como el propio Pikachu, Charizard lidera con holgura la atención de los aficionados.

Al analizar el volumen de búsquedas en Google en España sobre los 151 Pokémon originales de la primera generación, el estudio confirma que Charizard es más buscado y querido que Pikachu. El dragón de fuego se posiciona como el Pokémon con mayor tirón mediático y comercial del país, por delante de Mewtwo, Pikachu y Snorlax. Este afán no se limita únicamente al coleccionismo de cartas, sino que se extiende a todo tipo de productos licenciados como figuras Funko Pop!, sets de LEGO o mandos personalizados de consola.

Esta fascinación en España se ve impulsada por creadores de contenido, desde hitos como la compra de una carta de Pikachu Illustrator por más 16,5 millones de euros a manos de Logan Paul, hasta las aperturas de sobres en directo de El Rubius, capaces de disparar los precios en cuestión de horas. Lo que empezó como un simple juego donde cualquiera podía meterse en la piel de un entrenador Pokémon se ha convertido en un fenómeno en el que la nostalgia cotiza al alza.

La Bolsa española llega a las próximas elecciones generales con un dato que desafía los tópicos y contrasta con buena parte del debate político de los últimos años. Al Ibex 35 le ha ido bien durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El índice español, con dividendos, acumula una rentabilidad del 171,84% desde el inicio del mandato de Sánchez en 2018, equivalente a aproximadamente un 12,74% anual. Se trata de una de las mayores rentabilidades acumuladas entre los periodos presidenciales desde la creación del selectivo en 1992, según del informe España ante el adelanto electoral, elaborado por XTB.

El periodo de Pedro Sánchez en La Moncloa ha sido el más largo de la serie. El presidente acumula más de 3.000 días al frente del Gobierno, por lo que la comparación de rentabilidades acumuladas debe tener en cuenta la duración de cada etapa. Aun así, el comportamiento del mercado español durante estos años resulta significativo: el Ibex ha atravesado una pandemia, una crisis energética, una fuerte subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y distintos episodios de incertidumbre internacional y, pese a ello, ha terminado ofreciendo una rentabilidad elevada.

Eso no significa que el comportamiento de la Bolsa pueda atribuirse directamente a las decisiones de un Gobierno. La rentabilidad del Ibex 35 es el resultado de la evolución de las compañías que lo integran y de factores nacionales e internacionales.

La banca tira del selectivo al alza

Una de las claves está en la composición del propio índice. El Ibex tiene una elevada exposición al sector financiero, y los bancos han vivido una transformación radical durante los últimos años. Después de una década marcada por tipos de interés extraordinariamente bajos, el Banco Central Europeo comenzó en 2022 un rápido ciclo de subidas de tipos para combatir la inflación.

La nueva situación permitió a las entidades financieras ampliar sus márgenes de intereses. Los bancos empezaron a obtener mayores ingresos por los préstamos y mejoraron su capacidad para generar beneficios. Esa mejora se trasladó también a la remuneración de los accionistas, mediante dividendos y programas de recompra de acciones, dos elementos que han contribuido a sostener las cotizaciones.

El peso de la banca explica en buena medida por qué el Ibex ha tenido un comportamiento diferente al de otros grandes índices europeos. CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja tienen una presencia relevante en el selectivo y, en conjunto, han convertido al sector financiero en uno de los principales motores del mercado español durante esta etapa.

España gana terreno frente a las bolsas europeas

El buen comportamiento del Ibex no se limita a la comparación con su propio pasado. Durante el periodo analizado, desde 2018 a 2026, el índice español ha superado al índice europeo de referencia en unos 58 puntos porcentuales de rentabilidad acumulada. La diferencia resulta especialmente llamativa si se compara con la evolución de algunos de los grandes mercados del continente.

Alemania ha tenido que afrontar las dificultades de su modelo industrial, especialmente expuesto a la evolución de la energía y a la industria manufacturera. Francia, por su parte, ha convivido con una mayor incertidumbre fiscal y política y con la debilidad de algunos de los grandes valores vinculados al lujo.

España ha contado con otros motores. El turismo se ha convertido en uno de los principales apoyos de la economía después de la pandemia y ha favorecido a compañías vinculadas a hoteles, transporte, viajes y consumo. La recuperación del sector ha contribuido al crecimiento económico y, de manera indirecta, a los resultados de las empresas cotizadas.

Italia, eso sí, ofrece una comparación relevante. Su Bolsa también cuenta con una fuerte presencia bancaria y ha conseguido una rentabilidad incluso superior a la española.

Fondos europeos y evolución demográfica, otros de los motores del Ibex 35

La recuperación del turismo ha coincidido con otro elemento importante: los estímulos económicos desplegados durante la pandemia. Las medidas fiscales y monetarias adoptadas en España y en el conjunto de Europa evitaron un desplome todavía mayor de la actividad y facilitaron posteriormente la recuperación.

A ello se sumaron los fondos europeos Next Generation, destinados a financiar inversiones relacionadas con la digitalización, la transición energética y distintas infraestructuras. Estos recursos han supuesto un apoyo adicional para la inversión y para determinadas áreas de actividad empresarial, recoge el informe.

La evolución demográfica también ha contribuido al crecimiento de la economía española. La llegada de población ha incrementado la demanda de bienes, servicios y vivienda, reforzando el consumo y la actividad. Pero este fenómeno tiene una doble lectura: un aumento de la demanda que no vaya acompañado de suficiente oferta puede generar presión sobre los alquileres y determinados precios.

¿Influye el partido que gobierna en la Bolsa?

La comparación histórica indica que al agrupar los periodos de Gobierno analizados, la rentabilidad anualizada atribuida a las etapas del PSOE se sitúa aproximadamente en el 9,82%, frente al 9,83% de las correspondientes al PP, según el informe.

La diferencia es prácticamente inexistente. El dato apunta a que no resulta sencillo establecer una relación directa entre el partido que ocupa La Moncloa y el comportamiento del principal índice bursátil español. Los mercados reaccionan ante muchas más variables: tipos de interés, inflación, crecimiento mundial, beneficios empresariales, precio de la energía, política monetaria y evolución de las grandes economías.

Adelantar las elecciones no ha sido un problema para el selectivo

Los precedentes muestran que una cita electoral anticipada no implica necesariamente una caída de la Bolsa. En febrero de 2019, después del anuncio de elecciones, el Ibex subió un 1,91% en la sesión y acumulaba aproximadamente un 5,10% un mes después.

En mayo de 2023 ocurrió algo parecido, aunque con una reacción inicial diferente. El índice cayó un 0,12% tras el anuncio del adelanto electoral, pero 21 sesiones después acumulaba una subida del 2,20% respecto al cierre previo.

Estos movimientos no permiten anticipar qué hará ahora el mercado. Cada elección llega en un contexto económico diferente y los inversores reaccionan también a los acontecimientos internacionales. Pero sí cuestionan la idea de que unas elecciones anticipadas sean automáticamente negativas para la Bolsa.

De hecho, para los mercados puede resultar más importante lo que ocurra después de las urnas que la convocatoria en sí misma. La formación de Gobierno, la aprobación de presupuestos y las decisiones sobre impuestos y regulación pueden tener un impacto más duradero sobre determinadas empresas que el propio resultado electoral.

Bancos, inmobiliarias y energéticas, con el foco puesto en el 29-N

La banca será uno de los sectores que más atención prestará al nuevo escenario político. Una eventual modificación del impuesto específico al sector tendría un impacto directo sobre las cuentas de las entidades con mayor exposición al mercado español. CaixaBank, por ejemplo, contabilizó 304 millones de euros por este impuesto durante el primer semestre de 2026.

Una reducción del gravamen, manteniendo constantes el resto de variables, mejoraría el beneficio de las entidades afectadas y podría aumentar su capacidad para remunerar al accionista. Sabadell y Unicaja presentan también una elevada exposición al negocio español, mientras que Santander y BBVA cuentan con una mayor diversificación internacional, prevé el estudio de XTB.

En el inmobiliario, Merlin Properties y Colonial estarán pendientes de la evolución de la regulación de las socimis y de las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos. Merlin, además, ha apostado con fuerza por los centros de datos, un negocio cuyo crecimiento está estrechamente ligado a la disponibilidad de energía y a las normas sobre generación renovable.

La inteligencia artificial se perfila como la nueva herramienta para vigilar los fondos de pensiones de Panamá y anticipar riesgos financieros en un sistema que enfrenta el reto de la longevidad.

Así lo plantearon autoridades y expertos reunidos en el encuentro “Futuro de los fondos de pensiones: perspectivas económicas, estrategias de inversión sostenible e Inteligencia artificial para la supervisión”.

El evento reunió a reguladores, entidades bancarias y estructuradores de fondos para discutir cómo blindar los sistemas previsionales ante las próximas décadas.

Fausto Fernández, el viceministro de Economía, puso el foco en los cambios en la pirámide poblacional como el principal factor de presión sobre las arcas previsionales.

“Estamos viviendo cambios demográficos importantes, particularmente por la longevidad, las aportaciones y el costo de carga que tienen actualmente los sistemas”, señaló el funcionario.

El sistema de pensiones panameño busca adaptarse a la mayor esperanza de vida de la población mediante la diversificación de inversiones y la adopción de tecnología, con el fin de garantizar el pago de beneficios a las futuras generaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera de los fondos.

Para Fernández, el debate ya no admite limitarse a los modelos tradicionales de previsión. Los sistemas deben encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección social, en un contexto donde el costo de carga crece junto con la expectativa de vida.

El viceministro destacó que la interacción entre los distintos actores del sistema previsional resulta fundamental para impulsar nuevas iniciativas y promover estrategias de inversión.

La participación conjunta de organismos reguladores y entidades del mercado permite intercambiar experiencias frente a un entorno económico cada vez más complejo.

La agenda de la jornada incluyó las perspectivas económicas, las estrategias de inversión de largo plazo y la incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de los recursos previsionales.

Fernández remarcó que este tipo de encuentros constituye una oportunidad para compartir conocimientos y analizar soluciones que adapten los sistemas previsionales a las transformaciones en curso.

La actividad fue organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

La SMV fue creada mediante la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial No. 26863-A de 2 de septiembre de 2011, como un organismo autónomo del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, presupuestaria y financiera, con competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercado de valores.

Mientras, el SIACAP es el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos creado mediante la Ley 8 del 6 de Febrero de 1997.

Tiene como objetivo otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

El encuentro reunió a representantes de distintos sectores vinculados al futuro de las pensiones en el país. Más allá de las estrategias financieras, la discusión abordó el papel de la tecnología en la vigilancia de los sistemas previsionales.

La inteligencia artificial surgió como una herramienta con potencial para fortalecer los procesos de análisis y gestión de riesgos en los fondos de pensiones.

Su incorporación ofrece nuevas posibilidades para supervisar los mercados financieros y anticipar escenarios de riesgo antes de que afecten a los beneficiarios del sistema.

El encuentro dejó planteado un elemento que trasciende lo tecnológico y lo financiero: la necesidad de sostener una conversación permanente entre todos los actores que participan del sistema previsional panameño.

El punto de partida del sistema pensional panameño se sitúa en la creación de la Caja de Seguro Social en 1941, mediante la Ley 23, que instituyó un programa de seguridad social con cobertura para trabajadores del sector público y privado, incluyendo trabajadores por cuenta propia.

Durante años hemos repetido que necesitamos movilizar más dinero hacia la Amazonía. Más cooperación internacional, más inversión de impacto, más fondos climáticos, más capital privado. Es cierto. Pero es incompleto.

La Amazonía no enfrenta solamente una escasez de capital. Enfrenta también un problema mucho más incómodo: buena parte del capital que queremos movilizar hacia ella fue diseñado para funcionar en lugares que no se parecen en nada a la Amazonía.

Ahí comienza una de las contradicciones centrales de la bioeconomía latinoamericana.

Los inversionistas buscan operaciones grandes, riesgos relativamente predecibles, información abundante y estructuras estandarizadas. En el territorio ocurre exactamente lo contrario. Muchas empresas amazónicas necesitan tickets pequeños, financiamiento flexible, periodos adaptados a ciclos productivos y acompañamiento para fortalecer su gestión, acceder a mercados o incorporar trazabilidad.

Esto no es un reflejo de los bioemprendimientos sino más significa que estamos intentando evaluarlos con instrumentos equivocados.

Hace unos días conversaba con Aldo Soto, cofundador y Director Ejecutivo de Amazonia Impact Ventures, sobre esta situación. Su experiencia resulta particularmente interesante porque llegó al mundo financiero desde la conservación. Después de años trabajando en la Amazonía, observó lo mismo que quienes venimos del mundo ambiental conocemos muy bien: proyectos productivos que avanzaban mientras existía cooperación internacional y desaparecían cuando terminaba el financiamiento.

La filantropía podía iniciar procesos, pero muchas veces no conseguía hacerlos sostenibles.

Aldo y su equipo comenzaron entonces a experimentar con otra lógica: utilizar financiamiento para fortalecer empresas vinculadas a cadenas amazónicas, acompañándolo con incentivos y asistencia técnica para promover mejores prácticas ambientales y sociales. Empezaron incluso invirtiendo recursos propios mientras construían experiencia y entendían cómo funcionaban estas organizaciones desde dentro.

Lo relevante de esta experiencia es la pregunta que plantea:

¿Y si el problema no fuera únicamente conseguir más inversionistas, sino cambiar la manera en que entendemos el riesgo?

Desde Lima, Nueva York o Londres, financiar una cooperativa amazónica puede parecer demasiado complejo. Hay volatilidad climática, brechas de infraestructura, mercados fragmentados, problemas de conectividad y, en determinados territorios, economías ilegales que distorsionan el costo de la operación.

Pero pretender eliminar completamente ese riesgo antes de invertir produce una paradoja: los territorios que más necesitan capital son precisamente aquellos que nunca cumplirán las condiciones tradicionales para recibirlo.

Como me dijo Aldo durante nuestra conversación, si miramos estas empresas únicamente con los lentes de la banca tradicional, probablemente no invertiríamos en ninguna.

Ese debería ser el punto de partida, no la conclusión.

Necesitamos capital capaz de asumir riesgos diferentes y, sobre todo, instituciones capaces de distribuirlos mejor.

Aquí entra el blended finance. Capital filantrópico o concesional puede absorber parte del riesgo inicial y facilitar la entrada posterior de inversionistas privados. Amazonia Impact Ventures, por ejemplo, utiliza estructuras de este tipo y recientemente incorporó una inversión de BID Lab en el tramo catalítico de su fondo, precisamente para ampliar la capacidad de atraer otros inversionistas.

Una de las cosas más interesantes de la conversación con Soto fue identificar cuánto de la infraestructura necesaria para una bioeconomía competitiva todavía esta en proceso de desarrollo. Una empresa amazónica emergente difícilmente puede pagar por sí sola un estudio sofisticado sobre tendencias internacionales de mercado. Tampoco puede resolver individualmente problemas de trazabilidad, acceso energético, logística o entrada a nuevos mercados.

Parte de esa información debería entenderse como un bien público. Y aquí la discusión deja de ser solamente financiera.

Si queremos desarrollar una economía amazónica capaz de competir con actividades extractivas ilegales, necesitaremos combinar inversión privada, financiamiento público, filantropía, cooperación, asistencia técnica y empresas locales capaces de articular cadenas productivas.

No todos esos capitales deben entrar al mismo tiempo. Tampoco deben asumir el mismo riesgo.

Ese probablemente sea uno de los grandes debates que América Latina deberá enfrentar durante los próximos años. Aldo y su equipo han entendido bien esa transición. Su aporte no está en haber encontrado una fórmula definitiva, porque probablemente todavía no exista. Está en haber llevado una mirada nacida desde la conservación hacia el lenguaje de las finanzas y haber comenzado a experimentar con instrumentos que reconocen la complejidad del territorio en lugar de intentar eliminarla.

Ese liderazgo importa porque necesitamos más actores dispuestos a cruzar esas fronteras.

La Amazonía no se conservará únicamente mediante áreas protegidas, declaraciones internacionales o nuevos compromisos climáticos. Necesita también economías legales capaces de generar ingresos, empleo y oportunidades para quienes viven en ella.

Y para construirlas tendremos que aceptar una idea sencilla: no podemos financiar la Amazonía como financiamos cualquier otro lugar.

El desafío no es solamente llevar más capital al bosque.

Es construir el capital que el bosque necesita.

Los jóvenes españoles muestran un creciente interés por las finanzas, pero lo hacen de forma muy diferente según el sexo. Los hombres no solo ahorran más que las mujeres, sino que también invierten con mayor frecuencia y muestran una especial inclinación por la bolsa y las criptomonedas. El problema es que ese mayor “ánimo inversor” no parece ir acompañado de un nivel de conocimientos financieros elevado.

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Funcas 2026 sobre la cultura y las conductas financieras de los jóvenes españoles, realizada entre el 1 y el 11 de septiembre a una muestra representativa de 700 internautas españoles de entre 16 y 35 años. El estudio revela una brecha notable en los hábitos financieros de hombres y mujeres, tanto en el ahorro como en la inversión.

Entre los hombres, el 13% considera que sus “conocimientos generales sobre temas financieros” son “muy altos” o “altos”, mientras que el 46% los califica de “bajos” o “muy bajos”. Entre las mujeres, la percepción es todavía menos favorable: solo el 6% sitúa sus conocimientos en los niveles más altos y el 56% los considera “bajos” o “muy bajos”.

Más dinero ahorrado y más inversión

La diferencia también aparece cuando se analiza la capacidad de ahorro. El 86% de los hombres encuestados asegura haber ahorrado, “aunque sea poco, en los primeros seis meses de 2026”, frente al 73% de las mujeres. Pero no solo hay más hombres que consiguen guardar dinero: también la cantidad media es superior.

En concreto, los hombres jóvenes han ahorrado de media 1.540 euros durante la primera mitad del año, frente a los 990 euros de las mujeres. Es decir, ellos han acumulado un 55% más de ahorro que ellas. Y una parte de ese dinero termina llegando al mercado financiero.

Entre quienes han conseguido ahorrar durante los primeros seis meses de 2026, el 27% de los hombres afirma haber destinado ya todo o parte de ese dinero a algún producto financiero. Entre las mujeres, el porcentaje se queda en el 16%. La diferencia se acentúa entre los jóvenes de 16 a 25 años: uno de cada cuatro hombres ha destinado parte de sus ahorros a invertir, frente a solo una de cada diez mujeres.

Las criptomonedas marcan la mayor brecha

Las cuentas remuneradas y los fondos de inversión son los productos preferidos tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, cuando se amplía el foco aparecen diferencias mucho más marcadas. La bolsa atrae especialmente a los hombres y las criptomonedas se convierten en el producto que genera una mayor distancia entre ambos sexos.

El 24% de los hombres de entre 16 y 35 años tiene un fondo de inversión, el doble que las mujeres, cuyo porcentaje se sitúa en el 12%. En el caso de las criptomonedas, la diferencia es todavía mayor: el 23% de los hombres afirma tenerlas o haberlas tenido, frente al 8% de las mujeres.

También existe una brecha en productos financieros más tradicionales. El 12% de los hombres jóvenes tiene o ha tenido un plan de pensiones, frente al 6% de las mujeres. La paradoja es que ellas muestran una mayor desconfianza respecto al futuro de las pensiones públicas: el 79% no cree que cuando llegue su jubilación cobrará una pensión que les “permitirá vivir sin grandes aprietos”, frente al 59% de los hombres.

Ellos invierten más, pero ¿saben dónde ponen el dinero?

En esa línea, la mitad de los hombres encuestados, tiene o ha tenido algún producto de inversión. Entre las mujeres, el porcentaje cae hasta el 28%. En el grupo de 26 a 35 años, la brecha alcanza su máximo: el 55% de los hombres ha tenido o tiene algún producto de inversión, 22 puntos más que las mujeres de la misma edad.

El mayor interés inversor de los hombres preocupa a Funcas por otro motivo: el nivel de conocimientos financieros declarado no parece suficiente para respaldar ese comportamiento. “No parece que sea así, lo cual aumenta el riesgo de comportamientos inadecuados, como la apuesta por productos con potenciales rentabilidades elevadas, pero muy volátiles”, advierte Elisa Chuliá, investigadora de Funcas.

La advertencia cobra relevancia en el caso de las criptomonedas. Aunque los jóvenes varones muestran un interés muy superior por este tipo de activos, las cantidades destinadas a ellos son generalmente reducidas. Siete de cada diez hombres de entre 16 y 25 años que han comprado criptomonedas han invertido 1.000 euros o menos.

La vivienda sigue siendo el gran objetivo del ahorro

Pese al avance de la inversión financiera, la vivienda continúa siendo el principal destino del ahorro entre los jóvenes españoles. Entre quienes tienen de 26 a 35 años, el 43% de los hombres y el 38% de las mujeres señalan la compra de una vivienda como su primer objetivo de ahorro.

Entre los más jóvenes, de 16 a 25 años, los porcentajes son del 28% entre los hombres y del 26% entre las mujeres. La dificultad para reunir el dinero necesario para acceder a una vivienda puede estar empujando a una parte de los jóvenes hacia otros productos financieros.

“Aunque muchos siguen considerando la vivienda como finalidad principal del ahorro, las grandes dificultades para adquirir bienes inmobiliarios mediante la acumulación de pequeños ahorros favorecen que se adentren en un mercado –el de los productos financieros– que ha reducido las barreras de entrada gracias a la adopción de tecnologías accesibles y la proliferación de entidades y plataformas que permiten invertir cantidades muy reducidas”, explica Chuliá.

Los ‘finfluencers’ entran en juego

La expansión de las plataformas digitales está cambiando la forma en que los jóvenes se relacionan con el dinero. Algo menos de la mitad realiza un seguimiento de sus productos financieros “todos o casi todos los días” o “varias veces a la semana”. Al mismo tiempo, alrededor de una quinta parte consulta con esa frecuencia contenidos de temática financiera o sigue a ‘finfluencers’.

La encuesta también refleja la convivencia entre inversión y otros comportamientos de riesgo. Entre los jóvenes de 26 a 35 años, el 18% de los hombres y el 15% de las mujeres reconoce participar en apuestas online varias veces al mes.

El interés por invertir también es mayor entre los hombres más jóvenes: el 63% de los varones de 16 a 25 años considera que “invertir en productos financieros es, en general, una buena estrategia para personas jóvenes, como yo”, seis puntos más que los hombres de 26 a 35 años.

Sin embargo, la encuesta deja una última señal de alerta: menos de un tercio de los jóvenes que han invertido en bolsa —el 22% de la muestra— asegura haber priorizado empresas que cumplen criterios de sostenibilidad. El perfil que dibuja Funcas es el de una generación que empieza a acercarse con fuerza a los mercados, especialmente los hombres, pero que todavía tiene por delante el reto de mejorar sus conocimientos antes de asumir riesgos financieros cada vez mayores.

Los hogares españoles cerraron 2025 con una riqueza financiera de 3,4 billones de euros, después de aumentar un 9,6% sus activos durante el año. El crecimiento fue más del doble que el registrado en Europa Occidental, donde el avance se quedó en el 4,5%, y también superó el incremento de la riqueza financiera mundial, que fue del 8,6%, según la 17ª edición del Global Wealth Report de Allianz.

El dato refleja no solo un aumento del patrimonio acumulado por las familias, sino también un cambio en la forma en la que los hogares españoles están distribuyendo sus ahorros. Los valores fueron el activo que más creció durante el ejercicio, con un incremento del 15,5%, frente al 4,7% de los depósitos y el 3,9% de los seguros y pensiones.

Como consecuencia, los valores representan ya el 50,2% de todos los activos financieros de los hogares españoles, un porcentaje superior al registrado tanto en Europa Occidental, donde su peso es del 36,8%, como en el conjunto del mundo, donde alcanzan el 46,9%. La evolución muestra una creciente importancia de la inversión en mercados frente al ahorro tradicional depositado en cuentas bancarias.

Los fondos de inversión ganan músculo

La diferencia también se aprecia cuando se elimina el efecto de la inflación. En términos reales, los activos financieros de los hogares españoles crecieron un 6,7% en 2025. Desde 2019, el aumento acumulado alcanza el 12,5%, frente al escaso 0,5% registrado en Europa Occidental durante el mismo periodo, recoge el informe.

El comportamiento de los nuevos flujos de ahorro apunta en la misma dirección. Las familias españolas realizaron nuevas aportaciones por 92.900 millones de euros durante 2025, un 2,2% más que el año anterior. Dentro de la inversión en valores, los fondos tuvieron un protagonismo especial. Estos productos concentraron prácticamente la totalidad de las nuevas aportaciones a esta categoría, con 49.100 millones de euros. El movimiento coincide con una evolución favorable de los mercados financieros durante el ejercicio.

Menos deuda

La evolución de los activos se produjo en un contexto de crecimiento más moderado de la deuda. Las obligaciones financieras de los hogares españoles aumentaron un 4,6% en 2025, hasta los 796.600 millones de euros, un ritmo inferior al registrado por sus activos financieros.

Esta diferencia permitió que la riqueza financiera neta —el patrimonio financiero una vez descontadas las deudas— creciera un 11,1%, hasta alcanzar los 2,6 billones de euros. En términos per cápita, España registró una riqueza financiera neta de 55.300 euros, lo que situó al país en el puesto 20 entre los más ricos del mundo en 2025.

La evolución española se enmarca en un año excepcional para la riqueza financiera mundial. Los activos de los hogares de todo el planeta crecieron un 8,6%, hasta alcanzar un máximo histórico de 268,4 billones de euros, pese a un escenario marcado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

Mercados, al alza

El incremento mundial tuvo un origen muy concreto: los mercados financieros. La subida del precio de los activos generó aproximadamente cuatro de cada cinco euros de nueva riqueza durante 2025, mientras que las nuevas aportaciones de ahorro descendieron un 5,4%, hasta situarse en 4,1 billones de euros.

“La riqueza global alcanzó otro récord en 2025, pero eso es solo la mitad de la historia”, señala Ludovic Subran, economista jefe y director de inversiones de Allianz. Argumenta que “desde 2019, los activos financieros nominales han crecido un 50%, pero en términos reales, descontando la inflación, solo han aumentado un 23%”. Subran señala que la situación “es peor en Europa Occidental, donde los activos financieros en términos reales han subido un 0,5% respecto a 2019. Es un 21% en Norteamérica y un 70% en China”.

El informe pone así el foco en una cuestión que va más allá del volumen de ahorro: dónde se coloca ese dinero. A escala mundial, los valores aumentaron un 12,4% en 2025, más del doble que los depósitos, que crecieron un 5,7%, y que los seguros y pensiones, con un avance del 5%.

Invertir frente a ahorrar

El peso de los valores dentro de las carteras financieras mundiales alcanzó así un máximo histórico del 46,9%. El fenómeno resulta especialmente evidente en Estados Unidos y Canadá, donde los hogares tienen invertido en valores el 60,7% de sus carteras financieras.

Los hogares norteamericanos fueron los grandes beneficiados de la evolución de los mercados. La región generó el 51,4% del incremento mundial de los activos financieros durante el ejercicio, una diferencia que se explica en buena medida por el mayor peso de la inversión bursátil.

La distancia también se observa al ampliar el horizonte temporal. Durante la última década, las revalorizaciones de los activos explicaron el 71% del crecimiento de los activos financieros en Norteamérica, frente al 36% en Europa Occidental. La comparación refleja el impacto que puede tener la distribución del ahorro entre distintos tipos de activos y la exposición a los mercados financieros.

La inteligencia artificial abre una nueva etapa

El escenario puede volver a cambiar en los próximos años con la expansión de la inteligencia artificial. Los autores del informe de Allianz Research calculan que los activos financieros mundiales podrían crecer alrededor de un 9% en 2026, aunque advierten de que el contexto a medio plazo será más complejo por el menor crecimiento económico, la persistencia de la inflación, la fragmentación de la economía mundial y los elevados niveles de deuda pública.

La Inteligencia Artificial (IA) aparece en este escenario como una posible nueva fuente de productividad, rentabilidad y creación de riqueza. Pero también puede introducir nuevos riesgos si las valoraciones de los mercados dependen cada vez más de las expectativas sobre esta tecnología.

El S&P 500 acumula una subida cercana al 95% desde finales de 2022. Según los cálculos de Allianz Research, una corrección del 25% del índice podría reducir en unos 27 billones de dólares la riqueza de los hogares estadounidenses durante el año del impacto, equivalente a casi el 14% de su patrimonio neto total. Una caída de esta magnitud podría afectar a la confianza y al consumo y empujar a la economía estadounidense a la recesión.

El debate no se limita, por tanto, al potencial económico de la IA, sino también a quién acabará beneficiándose de la riqueza que genere. “La IA podría convertirse en el próximo gran motor de riqueza, pero la pregunta clave es quién tendrá participación en ella”, afirma Katharina Utermöhl, directora de Investigación Temática y de Políticas en Allianz Research.

“A medida que la IA potencialmente desplace más la creación de valor hacia el capital, una mayor participación en los retornos de capital y políticas que ayuden a los trabajadores a adaptarse serán clave para que el dividendo de riqueza de la IA se reparta más ampliamente”, incide Utermöhl.

Más de 100 proyectos de centros de datos ubicados en zonas rurales de Estados Unidos podrían calificar para un beneficio impositivo federal ampliado que entra en vigencia el 1 de enero de 2027, según una investigación del Searchlight Institute.

El beneficio surge de una modificación a las llamadas Zonas de Oportunidad, un programa creado en 2017 que ofrece ventajas fiscales a quienes invierten en áreas de bajos ingresos.

La One Big Beautiful Bill Act, la ley de recorte de impuestos que la administración Trump promulgó en julio de 2025, creó una categoría específica para zonas rurales con un incremento de base imponible del 30% y un requisito de mejora sustancial reducido a la mitad respecto del esquema original.

Cómo se construyó el cálculo de los centros de datos beneficiados

El Searchlight Institute cruzó la ubicación de proyectos de centros de datos en desarrollo con el mapa de distritos censales rurales que calificarían para el programa ampliado. Su base de datos cubrió menos de 700 instalaciones planificadas o en construcción, mientras que otros registros citados por Wired ubican el total del desarrollo en Estados Unidos cerca de 1.500 centros.

La cifra de más de 100 proyectos no equivale a beneficios ya reclamados. Para acceder a la ventaja, un desarrollador debe crear un vehículo de inversión específico: construir dentro de un distrito elegible no alcanza por sí solo.

Asimismo, el seguimiento público de quién reclama el beneficio es limitado porque esos datos pueden quedar protegidos por el secreto fiscal del IRS, la agencia recaudadora de Estados Unidos.

Qué dicen las tecnológicas sobre la posibilidad de acceder a estos beneficios

Wired consultó a Microsoft, Meta, Amazon y Google sobre sus proyectos en distritos potencialmente elegibles. Microsoft respondió que no utiliza el programa para comprar ni construir centros de datos. Meta negó usarlo.

Amazon afirmó que no reclamó el beneficio ni lo emplea como criterio para elegir ubicaciones. Google no respondió a la consulta del medio.

Emily Kraschel, analista de política fiscal del Searchlight Institute, planteó la pregunta que queda abierta detrás de las negativas corporativas: si el objetivo es alejar los centros de datos de las zonas pobladas, o si las empresas solo buscan captar inversión de capital sin un compromiso equivalente con la creación de empleo.

El punto no es menor porque el programa, a diferencia de otros incentivos estatales que sí exigen metas de contratación o salarios, no obliga a generar puestos de trabajo como condición para acceder a la rebaja impositiva.

De qué forma impacta la presión política y el costo fiscal

El gobierno de Estados Unidos estima que la expansión rural del programa de Zonas de Oportunidad le costará 40.900 millones de dólares en la próxima década, una cifra que abarca al conjunto del programa y no exclusivamente a los centros de datos.

Esa proyección alimentó un rechazo bipartidario. En septiembre de 2026, el senador republicano Josh Hawley presentó un proyecto de ley para excluir explícitamente a los centros de datos del beneficio, al que calificó como una forma de asistencialismo corporativo hacia empresas que, dijo, no necesitan ese tipo de ayuda.

El trasfondo del debate es un desplazamiento geográfico real. Según datos de Pew Research, las zonas rurales concentran apenas el 13% de los centros de datos que ya están en operación, pero representan cerca del 67% de los proyectos planificados para los próximos años.

Ese giro hacia el interior del país responde en parte a la escasez de terrenos y energía en los mercados tradicionales como Virginia del Norte, saturados por la demanda de cómputo que exige el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

El beneficio ampliado comienza a regir el 1 de enero de 2027, la fecha a partir de la cual se podrá determinar cuántos de los proyectos identificados por el Searchlight Institute efectivamente constituyeron el vehículo de inversión necesario para reclamarlo.

La fuerte caída de la actividad revelada por el dato adelantado de julio abrió la posibilidad de que la economía argentina acumule dos trimestres consecutivos de baja, es decir, que caiga en una recesión técnica. Pese a que aún así se espera que la economía cierre el año por encima de su nivel de 2025, este flojo desempeño actual contrasta con expectativas de un avance del 3,5% y que ahora se debaten con el 1,5%, según algunas consultoras.

Ese freno en la economía lleva a buscar respuestas de qué falló y por qué la realidad terminó siendo tan distinta a lo esperado meses atrás. Según los analistas, la actividad se frenó por la debilidad del consumo, la inversión y el crédito, en una economía que ya de por sí mostraba desempeños muy desiguales entre sectores.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) cayó 2,9% en julio frente a junio, en términos desestacionalizados, y se ubicó 1,4% por debajo del mismo mes de 2025. El retroceso llegó después de que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajera 0,6% en el segundo trimestre. Para que el tercero no cierre en baja, agosto y septiembre tendrían que exhibir una recuperación excepcional.

La actividad se frenó por la debilidad del consumo, la inversión y el crédito, en una economía que ya de por sí mostraba desempeños muy desiguales entre sectores

La consultora Econviews calculó que ambos meses deberían avanzar cerca de 3% para evitar una nueva contracción trimestral. “2026 sigue mostrando una economía en serrucho, que alterna meses de suba y de baja con una tendencia que ahora parece a la baja”, destacó en su informe sobre el dato de julio.

Los sectores que más empleo generan quedaron rezagados

Para el economista Martín Polo, el freno tiene un punto de partida definido: “La actividad se frenó porque se le apagó el principal motor: el consumo privado”. A su juicio, la aceleración de la inflación, un mercado laboral más frágil y la pérdida de dinamismo del crédito redujeron la capacidad de gasto de los hogares.

La dinámica sectorial acompaña ese diagnóstico. Comercio, industria manufacturera y construcción fueron algunas de las ramas con peor desempeño en julio. Son actividades más ligadas a la demanda interna y con alta incidencia en el empleo. “Los sectores que más empleo demandan son los que más caen y los que andan bien demandan poco”, sostuvo Polo.

Econviews advirtió que el consumo tuvo una resistencia relativa frente al desplome del EMAE, aunque sin una mejora consolidada. Las ventas mayoristas subieron 1,3% mensual en julio y las de centros de compras avanzaron 0,5%, mientras que las de supermercados bajaron 0,7%. La consultora remarcó que esos indicadores todavía se encuentran por debajo de los niveles del inicio de la actual administración.

Detrás de ese panorama aparecen el deterioro previo del salario real, el ajuste de tarifas, la morosidad y la debilidad del financiamiento al consumo. La intermediación financiera también cayó en julio, en línea con un crédito que no logra recuperar impulso.

La inversión lleva más de un año de caída

La inversión es otro de los factores que condicionan el escenario. Polo afirmó que “la inversión ya venía cayendo desde hace cinco trimestres”, una tendencia que reduce la demanda presente y condiciona la expansión futura de la capacidad productiva.

Lucas Pussetto, profesor de Economía del IAE Business School, llegó a una conclusión similar en su análisis sobre el EMAE. “La inversión, por su parte, acumula más de un año de caída y resta demanda hoy y capacidad productiva mañana”, escribió. El economista ubicó ese deterioro junto con el consumo privado y el crédito entre las debilidades que precedieron al dato de julio.

Polo agregó que parte de las empresas se encuentra en una etapa de reducción de costos para ganar eficiencia. “Evidentemente están en una etapa de ganar eficiencia bajando costos. Y ahí golpea el empleo”, planteó. El efecto es más visible en las ramas que dependen del mercado interno, donde la actividad y la contratación suelen responder con rapidez a los cambios en el consumo.

La inversión, por su parte, acumula más de un año de caída y resta demanda hoy y capacidad productiva mañana (Pussetto)

La economía exhibe una brecha entre los rubros que dependen de la demanda doméstica y los vinculados con exportaciones, energía, minería o agro. Esa diferencia explica por qué algunos sectores pueden sostener crecimiento mientras el comercio y la producción industrial pierden fuerza.

Sin embargo, la baja de julio fue más amplia que en meses anteriores. Econviews resaltó: “Esta vez el golpe fue generalizado, y alcanzó incluso a los sectores que venían sosteniendo la actividad”.

El agro se contrajo 2,8% mensual, afectado por cuestiones climáticas y por el ritmo de la cosecha, según la consultora, aunque mantuvo una suba interanual de 9,8%. La intermediación financiera bajó 4,1% mensual. Industria, construcción y comercio también retrocedieron.

Pussetto describió ese cuadro como una economía de dos velocidades. “La respuesta óptima depende de qué lado esté cada negocio en una economía de dos velocidades, con sectores exportadores que crecen y un mercado interno que no termina de despegar”, sostuvo.

Para las empresas, diferenciar entre un shock pasajero y una debilidad persistente resulta central para decidir si conviene sostener capacidad o ajustar la escala de operación.

Los factores transitorios explican parte de la caída, pero no toda la debilidad

El descenso de julio coincidió con factores puntuales que afectaron a varias actividades. Eco Go mencionó la suba del precio del gas para empresas luego de la quita de subsidios, las lluvias y el efecto del Mundial sobre la construcción como elementos que incidieron sobre el resultado mensual.

La consultora prevé un rebote en agosto, pero mantuvo una mirada cauta sobre la tendencia. “Si bien el dato está afectado por shocks transitorios (...) y es esperable un rebote en agosto, el estancamiento con dos velocidades sigue siendo la norma”, resaltó.

Si bien el dato está afectado por shocks transitorios (...) y es esperable un rebote en agosto, el estancamiento con dos velocidades sigue siendo la norma (Eco Go)

Lucas Pussetto propuso separar los movimientos transitorios de los cambios de fondo. Según su lectura, el componente de tendencia-ciclo del EMAE siguió en alza en julio, aun cuando la serie desestacionalizada mostró una caída marcada. Pero advirtió que los efectos puntuales se combinaron con un problema previo: “Julio combinó shocks puntuales con una debilidad de la demanda interna que ya venía de antes”.

El escenario global y la falta de inversión

Para Fausto Spotorno, economista de OJF, la desaceleración también debe leerse en un contexto internacional menos favorable. Las previsiones de crecimiento se redujeron en distintas economías de la región, en medio de tasas de interés elevadas, mayores costos financieros y un escenario global más complejo.

En el caso argentino, Spotorno señaló que esas condiciones complicaron el ingreso de capitales y se superpusieron con restricciones propias: “Argentina llegó al nivel de actividad económica donde siempre se ha venido frenando en los últimos años”, afirmó.

En ese sentido, el economista vinculó la dificultad para superar ese nivel con la falta de inversión y con una estructura productiva que enfrenta cambios de competitividad.

Los niveles de inversión han sido más bien desilusionantes o decepcionantes (Spotorno)

“Los niveles de inversión han sido más bien desilusionantes o decepcionantes”, resumió el economista.

Su diagnóstico apunta a que la desaceleración no se explica solo por el dato mensual, sino por la combinación de condiciones externas, menor financiamiento y límites acumulados durante años.

Septiembre dejó señales de rebote

Los indicadores adelantados de agosto y septiembre ofrecieron algunas señales favorables. La demanda de electricidad creció 3,9% en septiembre y la recaudación de impuestos vinculados con la actividad mostró una evolución positiva, dos variables que sugieren una mejora respecto de julio.

Econviews también detectó avances en ventas de agosto a partir de datos de CAME y Scentia, junto con mejores registros de patentamientos de autos y motos y de liquidaciones del agro. La confianza del consumidor aumentó 2,4% mensual en septiembre, mientras que el salario privado formal superó a la inflación en 0,2 puntos porcentuales en el último dato disponible.

La consultora que dirige Miguel Kiguel resumió ese panorama con cautela: “Algunos indicadores comenzaron a mostrar alivio”.

En la industria, la producción de autos, la molienda de soja y la elaboración de harina registraron mejoras en agosto, aunque la producción de acero cayó. Construcción y agro tampoco mostraron un desempeño uniforme.

Las proyecciones de crecimiento se redujeron durante el año

El cambio en las expectativas ilustra la pérdida de impulso. En diciembre de 2025, los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaban una expansión promedio de 3,5% del PBI real para 2026. En la edición de agosto de 2026, la estimación se redujo a 2,1%; el grupo de los diez pronosticadores más precisos ubicó su previsión en 2,2 por ciento.

JP Morgan redujo su proyección anual a 1,5% tras conocerse el EMAE de julio. Lo mismo hizo Eco Go. Econviews, por su parte, estimó que el crecimiento podría acercarse a 1% si se concreta otra baja trimestral. La diferencia entre las previsiones responde, en parte, al efecto arrastre que todavía conserva la medición anual, aun cuando la dinámica de los últimos meses es más débil.

Lo más probable es que los próximos meses se parezcan bastante a los últimos, con una actividad que avanza y retrocede, sin una dirección firme (Pussetto)

Lucas Pussetto consideró probable que el tercer trimestre también muestre una contracción, pero relativizó que eso anticipe una crisis de magnitud. “Lo más probable es que los próximos meses se parezcan bastante a los últimos, con una actividad que avanza y retrocede, sin una dirección firme, sectores exportadores que siguen creciendo y un mercado interno que no termina de recuperarse”, escribió.

Los próximos datos oficiales de agosto y septiembre permitirán establecer si las señales de rebote alcanzaron para modificar ese escenario.

Ahorrar en pesos se puede sentir como “correr detrás de los precios”, pero cada vez más personas encuentran una forma de que la plata no pierda la carrera: se trata de quienes acceden a los plazos fijos que se actualizan con la inflación. En lo que va de 2026, ese instrumento multiplicó su volumen por más de cinco y ya concentra $1,85 billones, según el Banco Central (BCRA).

En concreto, se trata de los plazos fijos UVA, una herramienta que en los últimos meses ha crecido de forma pronunciada y ha dado mejores rendimientos que otras opciones tradicionales, como el dólar. Detrás de ese salto hay un ahorrista que, antes de buscar el mayor rendimiento, busca no perder poder de compra.

Los depósitos a plazo fijo ajustables por inflación registraron una expansión acelerada durante 2026. Según el Informe Monetario Diario del BCRA, el stock de plazos fijos UVA/CER ($1,85 billones al 29 de septiembre) creció 5,1% en el último mes, 452,4% en lo que va del año y 466,3% frente al mismo período de 2025.

El dato refleja el avance de las colocaciones que actualizan el capital de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). El informe, publicado el 2 de octubre, contabilizó depósitos UVA/CER por $1.853.860 millones.

En septiembre, el incremento de los plazos fijos UVA fue idéntico al de las colocaciones tradicionales: ambos segmentos avanzaron 5,1 por ciento. La diferencia aparece al observar el período acumulado de 2026 y la comparación interanual.

Cómo funciona un plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA ajusta el capital depositado según la variación de la UVA, una unidad cuyo valor se actualiza todos los días a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Ese indicador sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esa forma, al vencimiento el ahorrista recibe el monto inicial actualizado por inflación más la tasa adicional que hubiera pactado con la entidad financiera (suele oscilar entre 0 y 1 por ciento). El mecanismo busca preservar el poder adquisitivo del dinero en pesos, aunque no brinda una cobertura directa frente a una eventual suba del dólar.

El plazo mínimo habitual es de 90 días. También existen modalidades precancelables, que permiten retirar los fondos antes del vencimiento luego de un período mínimo de permanencia, aunque con una tasa menor.

Ahora bien, ¿qué rendimiento han dado los plazos fijos UVA este año? Los números dejan en evidencia por qué este instrumento está creciendo tanto. Sirve de ejemplo el caso de un ahorrista que depositó un millón de pesos el 2 de enero de este año. En ese momento, la Unidad de Valor Adquisitivo estaba valuada en $1.709,15, por lo que el monto invertido era equivalente a 585,08 UVAs. Al 31 de agosto, las UVAs ya tenían un valor de $2.096,27, lo que significa que las 585,08 UVAs adquiridas inicialmente llegaron a ser equivalentes a 1.226.485 pesos. Suponiendo que el banco elegido no ofrecía una ganancia adicional por tasa de interés, se puede concluir que en los primeros ocho meses del año el inversor obtuvo un rendimiento de 22,64 por ciento. En ese mismo período (enero-agosto), la inflación fue de 21,3% a nivel nacional, de lo que se concluye que el inversor logró preservar el poder de compra de sus ahorros y además, obtuvo una pequeña ganancia.

Por supuesto, un plazo fijo UVA con una tasa de rendimiento del 1% o mayor, hubiera permitido una ganancia más interesante para el ahorrista.

Los tradicionales siguen liderando

Los plazos fijos tradicionales, que no ajustan por CER ni por UVA, totalizaron un saldo de $92,79 billones al 29 de septiembre. El saldo aumentó 5,1% mensual y 3,2% en los últimos 30 días, de acuerdo con las cifras provisorias del BCRA.

En el acumulado de 2026, el crecimiento fue de 43,8%, bastante por debajo de la suba de los depósitos indexados, aunque el saldo total sigue siendo casi 53 veces más alto que el de los plazos fijos UVA. En términos interanuales, los plazos fijos no ajustables avanzaron 35,7%.

La distancia entre ambos instrumentos muestra que los depósitos UVA/CER concentraron una mayor expansión durante el año. Mientras esas colocaciones multiplicaron su volumen por más de cinco desde el inicio de 2026, los plazos fijos tradicionales mantuvieron un avance más moderado.

Una forma segura de ahorro

Para Belisario Álvarez de Toledo, head trader de GRIT, el plazo fijo UVA constituye la alternativa más conservadora para quienes buscan proteger un ahorro de corto o mediano plazo en moneda local.

“La forma más segura de ahorrar en Argentina es hacer plazo fijo UVA, no comprar dólares. Es por definición la estrategia para conservar poder adquisitivo”, sostuvo. El analista aclaró que su planteo se refiere al “ahorro precautorio” y no a inversiones de largo plazo.

Álvarez de Toledo ubicó en un segundo escalón a los bonos CER y a los plazos fijos tradicionales. Según señaló, estas alternativas implican un riesgo mayor, aunque pueden ofrecer una rentabilidad superior. También afirmó que quienes conservaron dólares billete “perdieron 70% de poder de compra desde 2023 y 13% en los últimos dos años”.

Todo eso explica por qué el crecimiento de los depósitos UVA/CER hasta septiembre contrastó con la evolución de los plazos fijos tradicionales y consolidó a los instrumentos indexados como una de las vías elegidas para resguardar ahorros en pesos frente a la inflación.

Alemania busca ampliar la vinculación económica con Perú mediante una mayor participación del sector privado en los proyectos de cooperación que ambos países desarrollan. La Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú explicó que el nuevo enfoque busca identificar oportunidades que permitan la llegada de empresas alemanas al mercado peruano, así como generar alianzas con compañías locales.

La estrategia contempla aprovechar los proyectos que ya cuentan con respaldo técnico o financiero alemán para detectar áreas con potencial de inversión. Entre los sectores mencionados figuran la tecnología, el transporte, el agua y las energías renovables, además de iniciativas relacionadas con infraestructura que todavía se encuentran en etapas de diseño.

Cooperación alemana busca conectar proyectos con inversión privada

Nicole Maldonado, jefa de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, señaló que la institución está aplicando este modelo en los países donde participa con proyectos de cooperación. El objetivo es fortalecer el vínculo con empresas, especialmente de origen alemán y europeo, para identificar oportunidades que puedan beneficiar a ambas partes.

“Un nuevo enfoque que tenemos, implementado por las cooperaciones de desarrollo alrededor del mundo, es una mayor interacción con el sector privado, sobre todo alemán y europeo, porque creo que es muy bueno para ambas contrapartes”, sostuvo la jefa de la Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, Nicole Maldonado, a la Agencia Andina.

Según explicó, la cooperación puede servir como punto de conexión entre el crecimiento económico y los proyectos que ya se ejecutan en el país. “Con lo que hacemos en cooperación al desarrollo, pensamos conectar el crecimiento económico. Perú y Alemania tenemos proyectos y la idea es ver dónde también puede haber cooperación económica, es decir, donde hay chances de inversión para empresas alemanas que todavía no están aquí o compañías peruanas, o colaboración entre empresas de ambos países”, agregó.

Tecnología, agua y energías renovables entre los sectores de interés

La representante alemana indicó que uno de los objetivos consiste en identificar los sectores donde las capacidades y soluciones desarrolladas por empresas de Alemania puedan ser utilizadas en Perú. En ese grupo aparecen la tecnología, el agua y las energías renovables, considerados espacios con posibilidades para una mayor cooperación empresarial.

“Siempre tratamos de ver cuáles son los sectores más propicios, como la tecnología alemana que puede usarse en el Perú, además de otros rubros de interés como transporte, agua y energías renovables”, manifestó.

El transporte también forma parte de esta agenda. Maldonado recordó la participación alemana en la Línea 2 del Metro de Lima y señaló que existe interés, desde la cooperación técnica, en las líneas 3 y 4. Sin embargo, precisó que estos últimos proyectos todavía se encuentran en una fase de diseño, por lo que aún no se trata de obras en ejecución.

Cooperación alemana mantiene portafolio de S/ 6.000 millones

La presencia de la cooperación alemana en Perú se extiende por 65 años y actualmente comprende un portafolio de aproximadamente S/ 6.000 millones en proyectos. Las iniciativas se concentran en cuatro áreas consideradas prioritarias: cambio climático, protección de bosques y biodiversidad, gobernabilidad y desarrollo urbano.

“El portafolio actual es bastante grande y eso nos dice algo sobre cómo es la cooperación alemana ahora, con alrededor de 6,000 millones de soles, una suma importante”, refirió Maldonado.

La búsqueda de oportunidades de inversión ocurre además en un contexto en el que Alemania mantiene perspectivas de recuperación económica. La OCDE elevó en septiembre su previsión de crecimiento para la economía alemana durante 2026 a 1,1%, cuatro décimas más que su estimación de junio. Para 2027, la organización también proyecta una expansión de 1,1%.

Alemania enfrenta un escenario económico con incertidumbre

La OCDE también proyectó un crecimiento de 1,0% para la zona del euro y de 2,9% para la economía mundial durante 2026. Para 2027, sus estimaciones apuntan a expansiones de 1,0% y 3,0%, respectivamente.

Sin embargo, el organismo advirtió que persisten factores que podrían afectar el desempeño económico. Entre ellos se encuentran los conflictos internacionales, los aranceles, las restricciones a las exportaciones y fenómenos meteorológicos como El Niño. La OCDE también señaló que una menor rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial frente a las expectativas podría limitar el crecimiento.

Una nueva planta de bebidas carbonatadas comenzó operaciones en Honduras como parte de un proceso de expansión de la industria, con una inversión de 10 millones de lempiras equivalentes a aproximadamente USD 369.900.

La instalación amplía la capacidad de producción y forma parte de un plan que contempla nuevas inversiones en infraestructura, producción, almacenamiento y generación de energía. En conjunto, las inversiones ejecutadas y proyectadas alcanzarían L 23,8 millones, alrededor de USD 880.400.

Para el corto plazo están previstos otros L 2,5 millones unos USD 92.500 que serán destinados a nueve proyectos relacionados con las operaciones industriales. A esto se suma una cartera estimada en L 11,3 millones, equivalentes a aproximadamente USD 418.000, que se contempla desarrollar entre 2027 y 2028.

Los proyectos previstos para el corto plazo incluyen infraestructura directamente vinculada con las operaciones de producción. Entre las obras contempladas figuran una planta de tratamiento de aguas residuales y mejoras en el sistema eléctrico de las instalaciones.

El plan también incluye la incorporación de nuevas líneas de producción y la construcción de una bodega de almacenamiento. Los nueve proyectos requerirían una inversión conjunta de L 2,5 millones y forman parte de la siguiente fase de crecimiento tras la puesta en funcionamiento de la planta de bebidas carbonatadas.

Para los próximos años se analiza una segunda etapa de expansión con proyectos valorados en L 11,3 millones (USD 418.000 aproximadamente). Una de las iniciativas contempla ampliar la capacidad de generación de energía solar; otra consiste en desarrollar una nueva planta destinada a la producción de agua y jugos.

Inversión y empleo

El inicio de estos proyectos está previsto para el período 2027-2028, de acuerdo con las proyecciones presentadas. La nueva infraestructura permitiría aumentar la capacidad productiva y ampliar la variedad de bebidas elaboradas en el país.

Las operaciones de producción y distribución cuentan con alrededor de 340 trabajadores. Las inversiones anunciadas están dirigidas principalmente a ampliar la infraestructura productiva, mejorar los servicios industriales y aumentar la capacidad de almacenamiento y fabricación.

Por el momento no se ha establecido cuántos nuevos empleos podrían generarse con la ejecución de estos proyectos. El anuncio de nuevas inversiones ocurre en un contexto en el que Honduras busca ampliar la generación de empleo y atraer capital hacia actividades productivas.

En su mensaje para 2026, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señaló que el país enfrenta elevados niveles de desempleo, subempleo e informalidad y planteó que la generación de empleo debe ocupar un lugar prioritario en la agenda económica.

El organismo empresarial también ha señalado que el crecimiento económico previsto para Honduras, aunque mantiene cierta estabilidad, todavía resulta insuficiente para generar el nivel de empleo y bienestar que requiere la población.

En su boletín económico de enero de 2026, el COHEP proyectó un crecimiento de alrededor de 3.5% para 2026, frente a un 3.8% estimado para 2025, en un escenario marcado por una alta informalidad y el crecimiento de la población.

El COHEP reportó en agosto de 2026 que el sector privado representa el 82% del Producto Interno Bruto, el 86% de la inversión nacional y alrededor de 2.07 millones de empleos.

Mar del Plata.-Enviada especial. La Argentina concentra hoy una atención que, hace unos años, parecía poco probable en los grandes centros financieros del mundo. Desde Wall Street hasta Londres, los fondos institucionales miran al país con renovado interés. Es que el dinamismo del sector energético, la minería y el agro posicionaron al país en agendas que hasta hace poco lo ignoraban. Pero ese interés tiene condiciones.

En este escenario, uno de los analistas más respetados del mercado global aseguró que mientras la Argentina no resuelva su volatilidad macroeconómica estructural, los capitales internacionales la seguirán tratando como una apuesta de corto plazo, no como un destino de inversión.

Pablo Goldberg, Managing Director, Jefe de Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock —uno de los mayores fondos de inversión del mundo, con más de USD 10 billones en activos bajo gestión— participó de la segunda jornada del Coloquio de IDEA, el encuentro anual que reúne en Mar del Plata a cerca de 1.000 participantes entre empresarios, ejecutivos y referentes políticos.

Ante la pregunta de si la Argentina es hoy una inversión de largo plazo o una apuesta especulativa de corto, Goldberg recurrió a una herramienta que trasladó del análisis bursátil al de las economías nacionales: el Macro Sharpe Ratio. El concepto es una adaptación del índice de Sharpe, usado en finanzas para medir cuánto retorno genera una acción por cada unidad de riesgo que asume. Aplicado a países, la métrica relaciona el crecimiento económico histórico con la volatilidad de ese crecimiento: cuanto más alto el ratio, mejor paga el país por el riesgo que implica invertir en él.

El ejecutivo contó que presentó ese análisis por primera vez en 2011 ante la America Society, con la entonces presidenta Cristina Kirchner en primera fila. En aquella ocasión, la Argentina aparecía como el país con el peor ratio de los 60 analizados. “Mi mensaje en ese momento era: dejemos de pensar en cómo aceleramos el crecimiento y empecemos a pensar en cómo bajamos la volatilidad”, recordó. Quince años después, al actualizar el ejercicio, el resultado fue peor: la Argentina deterioró aún más su Macro Sharpe Ratio en el período transcurrido.

En este escenario, el especialista reconoció que “hasta que la Argentina no logre bajar su volatilidad, en alguna manera va a seguir siendo un trade”, afirmó. Para ilustrarlo, mostró el retorno acumulado de una inversión hipotética de USD 100 en bonos de distintos mercados emergentes desde el inicio de los índices de referencia: la Argentina, con sus sucesivos defaults, figura entre las peores inversiones de la categoría.

“El pasado condena”

Goldberg también analizó la metodología de calificación de Moody’s, que desglosa el credit rating de un país en componentes específicos. El ejercicio reveló una paradoja llamativa: si se evaluara a la Argentina solo por su riqueza actual —recursos naturales, tamaño de economía, nivel de desarrollo—, el país obtendría grado de inversión.

El problema, sin embargo, es la historia. Moody’s le descuenta tres escalones —o notches, en la jerga del mercado— a la Argentina por su trayectoria de incumplimientos y volatilidad, lo que la arrastra desde el grado de inversión hasta el grado especulativo. “El pasado te condena, y romper con esa volatilidad es algo muy necesario”, señaló el ejecutivo. Al comparar con otros países de rating similar —Nigeria, El Salvador y Ecuador—, ninguno acumula una penalidad tan pronunciada por antecedentes históricos como la Argentina.

El inversor externo mira primero qué hacen los argentinos con su dinero

Ante la pregunta de cuántos ciclos electorales tendría que atravesar el país para generar confianza sostenida, Goldberg reveló el criterio que aplican los fondos internacionales. “Lo primero que hacemos los inversores internacionales es ver qué hacen los locales. Si el local desconfía, ¿por qué tendría yo que confiar, si ellos tienen de alguna manera una mejor información que la que tengo yo?”, planteó.

Y ejemplificó con datos que, de alguna manera, respaldan esta mirada y que “de manera recurrente, los argentinos se refugian en moneda extranjera antes de cada elección”. Ese comportamiento, sistemático a lo largo de los ciclos políticos, opera como una señal de alarma para el capital externo. Mientras esa conducta persista, dijo Goldberg, los inversores extranjeros tenderán a replicarla.

Sin mercado de capitales local profundo, el soberano queda expuesto a shocks externos

Otro factor que pesa en la calificación crediticia es la ausencia de un mercado doméstico de deuda con volumen suficiente para financiar al Estado. A diferencia de Chile, con sus fondos de pensiones (AFP), o de Australia, con los fondos de jubilación (superannuation), la Argentina carece de ese colchón interno y se ve forzada a endeudarse en moneda extranjera. Eso genera un descalce: el gobierno recauda en pesos pero debe pagar en dólares, lo que crea vulnerabilidades que Moody’s penaliza de forma explícita en su metodología.

La historia de Argentina en el índice GBI del JP Morgan —el más usado por inversores internacionales para deuda en moneda local— grafica esa fragilidad con claridad. El país ingresó al índice en 2008, fue excluido en 2011 cuando comenzaron los problemas con el INDEC, reingresó en 2017 y volvió a desplomarse tras el default de deuda local y el restablecimiento de controles de capital al final del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, Colombia representa el 1,9% del índice y Brasil el 2,6%, mientras Argentina tiene un peso cercano a cero.

Bajar la volatilidad, no acelerar el crecimiento, es el camino para ser un país “aburrido”

Para cerrar su exposición, Goldberg se refirió al horizonte de largo plazo y planteó qué debería hacer la Argentina en los próximos 20 años para volverse “muy aburrida” —en el sentido que el término tiene para los mercados financieros: predecible, estable, sin sobresaltos. Su respuesta fue que el objetivo central no pasa por maximizar la tasa de crecimiento, sino por reducir la volatilidad del producto.

Citó como referencias a Uruguay y Perú: países que atraviesan cambios de gobierno, alternancias políticas y hasta crisis institucionales, pero mantienen intactas las reglas macroeconómicas básicas. “Hay países que tienen elecciones con el mismo ciclo que Argentina, inclusive con cambios de banderas políticas, pero no cambian las reglas básicas de juego”, señaló. Esa continuidad es, según Goldberg, lo que distingue a un destino de inversión de largo plazo de uno que los mercados seguirán leyendo como una apuesta táctica.

El ejecutivo reconoció que ya hay sectores argentinos que generan interés genuino en el exterior —energía, minería y agroindustria fueron los mencionados—, pero advirtió que falta avanzar en el último punto: la estabilidad institucional sostenida en el tiempo.

Honduras mantiene condiciones que podrían favorecer la llegada de inversión privada nacional y extranjera, pero esas ventajas conviven con obstáculos estructurales que continúan condicionando las decisiones de las empresas.

Así lo señala el Informe sobre Clima de Inversión de Honduras del Departamento de Estado de Estados Unidos, que identifica entre las principales fortalezas del país la protección comercial y de inversión derivada del CAFTA-DR, su cercanía con Estados Unidos, la disponibilidad de recursos naturales, una fuerza laboral competitiva y una posición macroeconómica respaldada por el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe también destaca que más de 200 empresas estadounidenses mantienen operaciones en Honduras en sectores como manufactura, textiles y autopartes, lo que refleja la existencia de vínculos empresariales consolidados entre ambos países.

De acuerdo con el análisis del Departamento de Estado, la posición geográfica de Honduras constituye uno de los elementos que pueden favorecer la inversión. La cercanía con Estados Unidos, combinada con infraestructura portuaria de aguas profundas y el acceso preferencial establecido mediante el CAFTA-DR, ofrece condiciones para empresas vinculadas al comercio exterior y las cadenas regionales de suministro.

Sin embargo, contar con acceso comercial no elimina otros costos asociados con producir y trasladar mercancías. La calidad de las carreteras, el suministro eléctrico, la seguridad y los procedimientos administrativos también influyen en la decisión de una empresa de instalarse o ampliar sus operaciones.

Uno de los cambios más relevantes en materia de inversión durante 2026 fue el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en la solución de disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.

Estrategias de mejora

El país firmó nuevamente el Convenio del CIADI en marzo de 2026 y depositó su instrumento de ratificación el 17 de julio. El convenio entró en vigor para Honduras el 16 de agosto de 2026, según informó oficialmente el organismo.

El CIADI ofrece mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para determinadas controversias internacionales relacionadas con inversiones. La reincorporación devuelve a los inversionistas un marco institucional específico para la solución de este tipo de disputas.

Pese a las ventajas identificadas, el informe señala una serie de factores que pueden limitar el atractivo de Honduras para nuevos proyectos.

Entre ellos figuran la aplicación inconsistente de políticas e incentivos fiscales, las disputas territoriales, el costo y la confiabilidad del suministro eléctrico, las preocupaciones de seguridad, la corrupción, las brechas en la formación de la fuerza laboral y las deficiencias de infraestructura y logística.

Estos factores pueden elevar los costos de operación y aumentar los riesgos que las empresas deben considerar antes de realizar inversiones de largo plazo.

A esto se suma la infraestructura de transporte y logística. La ubicación de Honduras puede facilitar el acceso a mercados internacionales, pero esa ventaja depende también de la capacidad para movilizar productos de manera eficiente desde los centros de producción hasta los puertos y las fronteras.

La competitividad, por tanto, no depende únicamente de la distancia con Estados Unidos, sino también de cuánto cuesta producir, transportar y exportar desde Honduras.

Seguridad jurídica y lucha anticorrupción

El análisis también identifica la seguridad jurídica y la corrupción como factores que pueden afectar el clima de inversión.

La existencia de reglas claras y previsibles resulta particularmente relevante para proyectos que requieren grandes desembolsos iniciales y esperan recuperar su inversión durante varios años.

En ese contexto, las medidas institucionales orientadas a fortalecer los mecanismos de solución de controversias pueden ser relevantes, pero no sustituyen la necesidad de mejorar otros aspectos relacionados con la aplicación de las leyes, los procesos administrativos y la seguridad para las empresas.

Honduras cuenta con una fuerza laboral amplia y con costos competitivos, pero el informe señala brechas en la educación y capacitación de los trabajadores. La disponibilidad de personal con las habilidades requeridas puede ser determinante para atraer inversiones hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y mayor valor agregado.

La formación técnica y profesional constituye, así, otro de los elementos que pueden incidir en la capacidad del país para aprovechar oportunidades de inversión.

El diagnóstico plantea un escenario con fortalezas y debilidades simultáneas. Honduras tiene acceso preferencial al mercado estadounidense, una ubicación estratégica, recursos naturales y una base de empresas extranjeras ya instalada detalla el informe.

En ese escenario, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, habló con Infobae sobre el proyecto, la decisión de la compañía de profundizar su apuesta por el país y las perspectivas para el mercado automotor.

El Gobierno y el comité evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobaron el proyecto de la automotriz para su planta de Zárate. Salinas calificó la decisión como un “hito” dentro del proceso para obtener la confirmación final que permita fabricar un nuevo modelo electrificado en el país. El ejecutivo evitó revelar qué vehículo producirá la terminal, ante las versiones sobre una posible Hilux híbrida, pero confirmó que se incorporará a la línea de productos de la planta bonaerense. El proyecto prevé 2.600 empleos directos e indirectos.

La decisión se conoció en medio de un Coloquio en el que la situación de la actividad y el empleo ocupó parte de las conversaciones entre los empresarios, junto con las perspectivas para 2027 y el deseo del establishment de que se mantenga el rumbo hacia adelante.

Salinas explicó que Toyota analiza sus inversiones con una visión de largo plazo, destacó el peso de las exportaciones dentro de la operación argentina y anticipó que la compañía alcanzará este año un récord histórico de producción en el país, pese a que el mercado doméstico no llegó a los niveles esperados. También señaló que la competitividad será uno de los principales desafíos para el nuevo proyecto.

—¿Qué significa para Toyota la aprobación del nuevo proyecto?

—Hoy es un día importante. Recibimos la información del Gobierno y del comité evaluador del RIGI de la aprobación de un proyecto en el que estamos trabajando. Esta aprobación para nosotros es muy importante porque es un hito en el proceso de tener la confirmación final de poder producir un nuevo modelo electrificado acá en la Argentina, con una inversión que se ubica como la más grande del sector automotriz en nuestro país.

—¿Qué implica para Toyota avanzar con una inversión de esta magnitud en la Argentina?

—Es un compromiso con la industria, un compromiso con la Argentina, con la visión de largo plazo que siempre tuvo Toyota y, de alguna manera, cercana a lo que propone el Coloquio: cómo pensar y trabajar para acercarnos en los próximos 20 años al país que queremos.

—Se rumorea que el vehículo sería una Hilux híbrida. ¿Es así?

—Por el momento no podemos dar detalles. Estamos trabajando todavía en el proyecto, pero sí es un vehículo electrificado que va a formar parte de la línea de productos que va a producir la planta de Zárate.

—¿Cuánto empleo va a generar este proyecto?

—Comunicamos a través del RIGI que esto va a tener un total de 2.600 empleos entre directos e indirectos, con lo cual también es un aporte para poder darle sustentabilidad al empleo de la Argentina.

—El 2027 es un año electoral, muchas empresas están complicadas con la actividad, con el empleo, y ustedes salen a hacer este anuncio tan importante. ¿Qué es lo que están viendo?

—Siempre Toyota tuvo y tiene en el mundo una visión de largo plazo al momento de tomar decisiones de inversión y decisiones de alto compromiso. Y en ese sentido, la confianza en la Argentina, en Latinoamérica y en las características del proyecto, del modelo que estamos trabajando, nos dan, de alguna manera, las condiciones para poder plantear este nivel de inversión. En paralelo a eso, hay que recordar que nuestra operación en la Argentina, básicamente, el 80% se exporta a distintos países de Latinoamérica, lo que le da un nivel de sustentabilidad muy relevante. Tan es así que este año va a ser un récord histórico de producción en la Argentina, a pesar de que el mercado doméstico no está alcanzando los números que teníamos previstos. Pero la performance de todos nuestros esfuerzos que se dieron a lo largo de los años y la visión de largo plazo son las bases que sustentan este crecimiento.

—¿Cómo están viendo el país el año próximo? ¿Qué esperan del Gobierno?

—El desafío, y eso lo tenemos incorporado como propio, es el tema de competitividad. Para este proyecto que estamos trabajando, obviamente, buscamos también tener un perfil netamente exportador. Competimos con marcas de todo el mundo y tenemos que tener un nivel alto de competitividad. Con respecto al mercado doméstico, la expectativa es de recuperación con respecto a este año y, de esa forma, el mercado local argentino se va a estar renovando.

—¿Y creen que se va a lograr ese mayor crecimiento?

—Sí, somos optimistas. Creemos que hay condiciones objetivas de la macroeconomía que deberían permitir tener un mercado superior al que estamos teniendo ahora.

La provincia de Panamá Oeste corre el riesgo de convertirse en una zona dormitorio si su crecimiento poblacional no viene acompañado de empleo local, según advirtió la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El gremio empresarial sostuvo que los indicadores demográficos y comerciales de la provincia no deben leerse solo como estadísticas, sino como un llamado a la acción.

La CCIAP destacó que Panamá Oeste ya reúne el peso poblacional, la ubicación geográfica y la dinámica comercial necesarios para consolidarse como la segunda economía provincial de Panamá.

El desafío, según la cámara, consiste en que ese potencial se traduzca en bienestar social y no obligue a los residentes a salir diariamente de la provincia en busca de trabajo.

Creada en 2014, la provincia de Panamá Oeste cuenta con una población aproximada de 670,000 habitantes, con una densidad de población de 240 habitantes por kilómetro cuadrado, con uno de los mayores incrementos poblacionales del país.

De acuerdo con el gremio empresarial, no basta con el aumento poblacional: la clave está en multiplicar las empresas locales, generar empleos estables dentro de la provincia, retener talento y garantizar servicios públicos que sostengan ese crecimiento sin dependencia de la capital.

En esa línea, Juan Antonio Ledezma, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste, planteó que la provincia puede fortalecer una economía propia y aprovechar mejor las oportunidades que trae su expansión.

“Panamá Oeste no solamente está creciendo en población; también está creciendo en actividad comercial, empresarial y deservicios”, dijo Ledezma.

El dirigente amplió, señalando que “nuestra aspiración es que cada vez más de las oportunidades, los empleos y las inversiones segeneren dentro de la propia provincia”.

Ambas organizaciones representativas del sector empresarial coincidieron en que el crecimiento de la provincia exige más planificación y coordinación entre el sector público, el sector privado y las comunidades.

La movilidad, la infraestructura, el ordenamiento territorial, los servicios públicos y la generación de empleos dentro del territorio fueron señalados como los elementos centrales para sostener la competitividad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

A esos puntos se sumó el análisis sobre las Playas del Pacífico. El desarrollo de esa zona fue evaluado por su capacidad de consolidar un corredor que integre turismo, alojamiento, gastronomía, entretenimiento, comercio, servicios, bienes raíces y experiencias locales.

Ese corredor, según se planteó en el encuentro, ampliaría las oportunidades tanto para empresarios y emprendedores como para las comunidades que habitan la zona.

El diagnóstico surgió durante el Foro Panamá Oeste: Crecimiento y Desarrollo, organizado en conjunto por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Panamá Oeste.

El encuentro buscó abrir un espacio de diálogo para construir una visión compartida que permita aprovechar las ventajas estratégicas de la provincia.

Reunió a representantes del sector empresarial, autoridades, especialistas y actores vinculados al desarrollo de la provincia para analizar oportunidades de inversión, generación de empleo, infraestructura, turismo, competitividad, encadenamientos productivos y desarrollo sostenible.

Entre los objetivos planteados por las dos entidades figuraron fortalecer a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales, atraer inversiones y convertir el crecimiento económico y urbano en desarrollo sostenible para los habitantes.

Las cámaras de Comercio coincidieron en que el momento actual de Panamá Oeste marca una etapa decisiva.

El crecimiento poblacional y comercial ya está en marcha, pero el resultado final dependerá de si esas oportunidades se quedan dentro de la provincia o continúan expulsando a sus residentes hacia otros territorios en busca de trabajo.

La inversión registró una caída interanual de 5,4% en agosto, con retrocesos tanto en la construcción como en la compra de maquinaria y equipos. Se trata del décimo retroceso consecutivo. En los primeros ocho meses del año, la contracción acumulada llegó a 7,9%.

El dato surge del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados, que estimó una inversión de USD 7.515 millones durante agosto. La medición considera el volumen físico y excluye el efecto de la inflación.

La inversión en construcción se redujo 7,1% frente a agosto de 2025. Fue la caída más pronunciada de los últimos cuatro meses para el sector, que acumuló una baja de 3,6% entre enero y agosto.

El desempeño de la actividad explicó buena parte del resultado general de la inversión. En términos desestacionalizados, el rubro también mostró una caída mensual de 2,9% en agosto.

La inversión en maquinaria y equipos bajó 4,1% en comparación con igual mes del año pasado. Dentro de ese componente, los equipos de origen nacional cayeron 5,3%, mientras que los importados retrocedieron 3,1%. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la inversión en equipo durable de producción registró una contracción de 11,4%.

El informe señaló que la baja de agosto resultó menor que la de los meses previos, en parte por una desaceleración en el descenso de las importaciones de maquinaria y equipos. Aun así, la construcción no consolidó una recuperación y mantuvo un resultado negativo.

La consultora proyectó una moderación gradual de la caída de la inversión si mejora la actividad económica y se estabilizan las condiciones macroeconómicas.

También indicó que los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían compensar parte de la menor inversión en manufacturas, aunque advirtió que el ritmo de ejecución todavía es incierto.

Cabe mencionar que hasta el momento los proyectos aprobados en el RIGI suman 23 iniciativas, con una inversión total prevista de USD 49.766 millones y la creación estimada de 108.450 empleos directos e indirectos.

La minería concentra 12 de los proyectos aprobados, seguida por petróleo y gas, con siete. El listado se completa con dos iniciativas de energía eléctrica y un proyecto en los sectores de siderurgia e infraestructura, respectivamente.

La baja utilización de la capacidad instalada reduce los incentivos para concretar nuevas inversiones, dado que muchas empresas todavía tienen margen para elevar su producción sin ampliar su infraestructura ni sumar maquinaria.

El nivel general de utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en 58,2% en julio, lo que significa que el 41,8% del potencial productivo permaneció ocioso durante el mes. El registro implicó una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto de junio y de 0,2 puntos frente a julio de 2025, cuando el indicador había alcanzado el 58,4%.

Por sectores, refinación del petróleo volvió a ubicarse al frente, con una utilización del 89,9%, seguida por industrias metálicas básicas, con 71,8%, y papel y cartón, con 69,6%. También se mantuvieron por encima del promedio general productos alimenticios y bebidas, con 66,0%, y sustancias y productos químicos, con 61,4%. Según el informe del organismo, todos estos bloques registraron mejoras interanuales.

En el otro extremo, edición e impresión presentó un uso de la capacidad del 54,6%; productos minerales no metálicos, del 48,6%, y productos textiles, del 45,3%. Por debajo de esos niveles quedaron productos del tabaco, con 45,2%; productos de caucho y plástico, con 40,2%; industria automotriz, con 39,0%, y metalmecánica excepto automotores, con 38,3%, el menor registro entre los sectores relevados.

Entre las ramas que mostraron un retroceso interanual se destacó productos minerales no metálicos, cuya utilización pasó de 57,1% en julio de 2025 a 48,6% este año. El Indec atribuyó la baja a “la menor elaboración de vidrio, cemento y de otros materiales para la construcción”.

En la industria automotriz, en tanto, el indicador descendió de 44,1% a 39,0% en el mismo período, debido, según explicó el organismo, a “la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices”.

Una nueva agenda de inversión entre El Salvador y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), busca ampliar el respaldo a proyectos de educación, salud, desarrollo aeronáutico y recuperación de espacios públicos. La definición surgió tras una reunión entre autoridades del país y del organismo regional, que revisaron los avances de la cooperación iniciada en 2022.

El encuentro permitió evaluar los programas que ya cuentan con financiamiento y discutir las prioridades para una próxima etapa. La intención es que CAFaporte créditos, asistencia técnica y recursos canalizados a través de socios estratégicos para acompañar proyectos de infraestructura y reformas sectoriales.

La relación entre El Salvador y CAF se ha concentrado hasta ahora en conectividad, infraestructura, educación, transformación digital y aviación. El organismo considera que esa cooperación puede ampliarse a nuevas inversiones, en un momento en que el país busca avanzar con planes de modernización en distintas áreas de servicios públicos.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que el vínculo con El Salvador evolucionó desde la incorporación del país al banco, hace cuatro años, hacia una agenda de largo plazo. El directivo indicó que la entidad está dispuesta a movilizar financiamiento propio y de otras instituciones para respaldar obras y programas considerados prioritarios, durante una reunión con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

El aeropuerto del Pacífico concentra una parte del financiamiento

Uno de los proyectos incluidos en la agenda es el programa El Salvador Vuela, que cuenta con un crédito de $320 millones. La iniciativa contempla la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, ubicado en la zona oriental del país, y la rehabilitación de otras terminales aéreas de menor tamaño.

Durante su visita, Díaz-Granados recorrió las obras del nuevo aeropuerto, que forma parte de la estrategia de desarrollo aeronáutico. El programa incluye además acciones de fortalecimiento institucional para las entidades vinculadas con el sector.

El proyecto tiene entre sus objetivos reducir los costos y los tiempos de conectividad aérea, además de favorecer el turismo y la actividad económica. Las obras también buscan ampliar la capacidad de respuesta de la infraestructura aeroportuaria ante desastres naturales.

La reforma educativa prevé créditos por $400 millones

La educación constituye otro de los ejes de la cooperación. CAF aprobó desde 2022 operaciones de crédito por $400 millones para apoyar la Reforma de Modernización del Sistema Educativo salvadoreño.

Los recursos se destinan a mejorar las instalaciones físicas y digitales de los centros educativos, adquirir equipos tecnológicos, capacitar a docentes y fortalecer los mecanismos de gestión del sistema. El programa también apunta a reducir las desigualdades de acceso a herramientas digitales entre alumnos y escuelas.

Como parte de la agenda, Díaz-Granados visitó la Escuela OEI, en Santa Tecla, junto con la ministra de Educación, Karla Trigueros. La recorrida se vinculó con el seguimiento de las iniciativas que CAF acompaña dentro de la reforma educativa.

El organismo señaló que continuará con el financiamiento y la asistencia técnica para extender esas medidas a todo el sistema educativo. La reunión también incorporó conversaciones sobre futuros proyectos en salud y recuperación de espacios públicos, aunque no se informaron montos, plazos ni detalles de las posibles inversiones.

Hay una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. La inflación cedió, la economía se flexibiliza, se avanza en la apertura comercial y se anuncian inversiones por montos sin precedentes. ¿Por qué razón, entonces, la inversión cae? La pregunta incomoda, pero merece una respuesta precisa porque de ella depende que el ordenamiento macroeconómico logrado se traduzca en crecimiento sostenido.

Las razones no están en las limitaciones del programa económico, sino en el tiempo y las condiciones que los procesos de toma de decisiones de inversión necesitan para convencerse de que las reglas llegaron para quedarse.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la economía creció 2,3% interanual, traccionada por las exportaciones, que avanzaron 9,8%, y por el consumo privado, que subió 2,7%. Sin embargo, la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. La inversión pasó de representar el 20% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes.

Lo más interesante se observa al analizar el detalle. La inversión en construcción creció 2,2%, mientras que en el rubro maquinaria y equipo retrocedió 18,1% y en equipo de transporte, 19,6%. Un solo rubro, maquinaria y equipo, explica el 76% de la caída total. El problema no es tanto el nivel de la construcción sino la falta de gasto en equipamiento productivo.

El problema no es tanto el nivel de la construcción sino la falta de gasto en equipamiento productivo

Se trata, precisamente, del componente que amplía la capacidad de producción y que responde a decisiones empresarias de mediano plazo, todavía condicionadas por elevadas tasas de interés reales positivas, una demanda interna que muestra una recuperación lenta y un proceso de apertura que obliga a redefinir las estrategias.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha sido un acierto y, debido al volumen alcanzado, tiene la capacidad de transformar la matriz exportadora argentina. Pero el debate público confunde tres magnitudes distintas.

Anuncios y ejecuciones a diferentes ritmos

Entre agosto de 2024 y abril de 2026 se presentaron 35 proyectos por USD 81.104 millones (Observatorio del RIGI, sobre datos oficiales). Según la plataforma oficial del Ministerio de Economía, a junio de 2026 se habían aprobado 16 por un total de USD 29.892 millones. Para los primeros 12 proyectos aprobados, la información oficial prevé desembolsos por USD 1.920 millones durante sus dos primeros años. Presentar, aprobar y desembolsar no son la misma cosa.

Ese último número equivale a unos USD 960 millones anuales: menos del 1% de la inversión anual argentina. Si la totalidad de lo aprobado se ejecutara en seis años, horizonte razonable para proyectos mineros y energéticos, el flujo rondaría los USD 5.000 millones anuales y llevaría la inversión de 17,2% a 17,9% del producto aproximadamente.

La referencia internacional resulta exigente: The Growth Report, elaborado en 2008 por la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo y publicado por el Banco Mundial, analizó las trece economías que crecieron a un ritmo mayor al 7% anual durante 25 y ubicó el umbral de inversión necesario en torno al 25% del PBI. La brecha argentina asciende hoy a casi ocho puntos. El RIGI cubre, en su mejor escenario, alrededor del 9% de esa distancia.

En los valores actuales, el régimen tiene tres límites naturales:

1. más del 95% del volumen anunciado corresponde a minería e hidrocarburos;
2. su impacto es un cambio de nivel y no una trayectoria, porque el capital que hoy se contabiliza pertenece a la etapa de construcción; y
3. no alcanza a las decenas de miles de empresas que nunca calificarán para un régimen especial. Esto último abre una nueva pregunta: ¿se necesitaría un mini-RIGI?

Si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante treinta años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena

Douglass North, Premio Nobel de Economía 1993, definió las instituciones como las reglas de juego que estructuran la interacción y determinan el horizonte de cálculo de quien invierte. Un régimen de excepción como el RIGI es, en el fondo, un sustituto contractual de esa previsibilidad: si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante 30 años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena. El instrumento es correcto para esta etapa, pero el objetivo de largo plazo debería ser volverlo innecesario.

Aquí la política tiene una responsabilidad central. El caso de Brasil en 2002 resulta ilustrativo. La eventual llegada al gobierno de Luiz Ináçio Lula da Silva generó un temor considerable en los mercados, ya que se dudaba de la continuidad de las políticas pro-inversión del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, una vez en funciones, la nueva administración mantuvo el rumbo económico y le dio estabilidad y previsibilidad a los inversores.

El riesgo país retrocedió con rapidez. La lección es clara: lo que se pondera no es la orientación ideológica de un gobierno, sino la previsibilidad de las reglas. Construir consensos amplios sobre el marco macroeconómico, la apertura comercial y el respeto de los contratos es hoy la contribución más valiosa que puede hacer el sistema político argentino.

A ese acuerdo institucional deben sumarse dos condiciones concretas:

1. la consolidación del ordenamiento macroeconómico ya alcanzado: inflación baja de manera duradera, tasas reales compatibles con proyectos productivos y acumulación genuina de reservas.
2. el desarrollo del financiamiento de largo plazo. Argentina exhibe la relación entre crédito al sector privado y PBI más baja de la región; sin ahorro interno canalizado hacia plazos largos, la inversión seguirá dependiendo de capital externo concentrado en recursos naturales.

Lo que se pondera no es la orientación ideológica de un gobierno, sino la previsibilidad de las reglas

El ordenamiento fiscal, la desaceleración de la inflación y la apertura comercial constituyen condiciones necesarias para invertir, y el RIGI aporta una cartera de proyectos por montos muy considerables. Pero son condiciones necesarias, no suficientes.

Mientras la inversión permanezca casi ocho puntos del PBI por debajo del umbral que la evidencia internacional asocia al crecimiento sostenido, la recuperación seguirá dependiendo de factores que no se controlan. Cerrar esa brecha no es una tarea de incentivos fiscales adicionales: es una tarea institucional y su principal insumo es la previsibilidad.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de agosto de 2026 del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

El mercado laboral hondureño enfrenta una presión creciente por el aumento de personas que buscan empleo y por la incorporación de nuevos grupos de trabajadores, en un contexto marcado por dificultades en sectores productivos y mayores costos para las empresas.

Jorge Enríquez, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), organización de análisis económico y social, señaló que las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un incremento en el número de personas desempleadas. Según explicó, la información disponible registra alrededor de 290 mil personas desempleadas, frente a una población de más de cuatro millones de hondureños en edad de trabajar.

Para Enríquez, el escenario requiere una revisión de las condiciones actuales del mercado laboral y de la capacidad de la economía para generar nuevas oportunidades de empleo.

Búsqueda de trabajo

A las personas que actualmente se encuentran desempleadas se suman otros grupos que podrían incrementar la demanda de puestos de trabajo en los próximos meses.

Entre ellos están los jóvenes que concluyen sus estudios y buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral. También se encuentran los hondureños que retornan al país después de procesos de deportación desde Estados Unidos y México, quienes al regresar pueden requerir nuevas fuentes de ingresos y oportunidades para reincorporarse a la actividad económica.

Enríquez señaló que estos factores deben considerarse dentro de una evaluación integral del mercado laboral, dado que el número de personas que necesitan encontrar empleo puede aumentar mientras la generación de nuevas plazas enfrenta dificultades. El escenario plantea un desafío adicional para las autoridades y el sector privado, especialmente en un mercado donde algunos sectores productivos presentan menor capacidad para contratar.

Enríquez relacionó parte de las dificultades laborales con el comportamiento de diferentes actividades económicas. Según su análisis, los problemas en el sector agrícola, los costos vinculados con la producción de alimentos y el aumento de gastos en energía y combustibles generan presión sobre las empresas, a lo que se suma una menor demanda de productos y servicios en algunos sectores.

Cuando las empresas enfrentan mayores costos y al mismo tiempo venden menos, su capacidad para incorporar nuevos trabajadores se reduce. “Las empresas están contratando menos porque en algunos sectores se está demandando menos productos y menos servicios”, explicó Enríquez.

El efecto puede ser especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que suelen tener un margen más limitado para absorber incrementos en sus costos operativos.

El desafío de nuevas oportunidades

El escenario planteado por el Fosdeh coloca la generación de empleo como uno de los principales retos para la economía hondureña. No se trata únicamente de atender a quienes ya se encuentran desempleados, sino también de preparar mecanismos para facilitar la incorporación de nuevos trabajadores.

Los jóvenes recién graduados pueden enfrentar dificultades para acceder a su primer empleo por la falta de experiencia laboral, mientras que las personas deportadas pueden necesitar procesos de reinserción y capacitación para adaptarse a las oportunidades disponibles. En ambos casos, identificar las capacidades de los trabajadores y relacionarlas con las necesidades de las empresas puede facilitar su incorporación al mercado.

Ante este escenario, Enríquez planteó como una de las alternativas el fortalecimiento de las bolsas de empleo. La propuesta busca identificar las capacidades, conocimientos y experiencia de las personas que buscan trabajo para vincularlas con empresas que requieran determinados perfiles.

El economista señaló que estos mecanismos podrían desarrollarse mediante la participación conjunta de las cámaras de comercio, el Ministerio de Trabajo y las municipalidades, aprovechando las estructuras existentes para construir conexiones más eficientes entre quienes necesitan empleo y los sectores que requieren trabajadores.

Además de facilitar la búsqueda de oportunidades, estos sistemas podrían permitir conocer con mayor precisión qué tipo de trabajadores están disponibles en cada región y cuáles son las áreas donde existe mayor demanda empresarial.

Capacitación orientada al mercado

La vinculación entre trabajadores y empresas también puede ayudar a identificar las áreas donde existen diferencias entre las capacidades disponibles y los perfiles que demanda el mercado. En un escenario de cambios económicos y productivos, esa información puede utilizarse para orientar programas de capacitación hacia actividades con posibilidades de contratación.

Para los trabajadores que regresan al país después de una deportación, estos mecanismos podrían facilitar la identificación de habilidades adquiridas durante su experiencia laboral en el extranjero y su posible aplicación en el mercado hondureño. Para los nuevos graduados, permitirían identificar oportunidades de primer empleo y programas de inserción laboral.

Otro de los factores señalados por el Fosdeh es el retorno de hondureños deportados desde Estados Unidos y México. Estas personas necesitan encontrar alternativas de generación de ingresos al regresar al país, lo que puede incrementar la cantidad de personas que participan en la búsqueda de empleo.

El impacto dependerá de la cantidad de personas que retornen, de sus edades, experiencia, nivel educativo y capacidades laborales, así como de las oportunidades disponibles en las regiones donde se establezcan. Por ello, Enríquez considera necesario incorporar este fenómeno dentro de la planificación laboral y económica del país.

Enríquez planteó también la necesidad de realizar una revisión integral de la situación laboral de Honduras. La evaluación debería considerar tanto las cifras actuales de desempleo como los nuevos grupos que podrían incorporarse a la búsqueda de oportunidades.

Contar con información actualizada sobre las características de la población desempleada permitiría identificar dónde se concentra la falta de empleo, cuáles son las capacidades disponibles y qué sectores tienen posibilidades de absorber nuevos trabajadores.

Una menor contratación, combinada con un aumento de personas que buscan trabajo, puede ampliar la brecha entre la oferta y la demanda de empleo. Para el Fosdeh, este escenario hace necesario revisar de manera integral la situación del empleo y fortalecer los mecanismos que permitan identificar las capacidades de los trabajadores y conectarlas con las oportunidades disponibles.

Así como un informe del Ieral mostró que el boom exportador de petróleo, gas y minería se “derrama” de forma dispar entre provincias, estudios recientes destacan el hasta ahora escaso impacto del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) sobre el nivel efectivo de inversión.

Uno del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, que dirige el economista Jorge Colina, precisó, con base en datos del Ministerio de Economía, que entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, mientras las exportaciones crecieron 38% y el consumo privado creció 8%, la inversión productiva cayó 4 por ciento.

“Las exportaciones de combustibles y energía se duplicaron, las de productos primarios crecieron 74% y las de bienes industrializados 30%. En general, se caracterizan por ser intensivas en recursos naturales. En contraposición, las actividades urbanas, que son más empleo-intensivas, están estancadas e incluso en leve caída”, dice un pasaje.

Por esta razón, no es extraño que se destruyan empleos formales y que se compensen con empleos cuentapropistas informales que, en definitiva, son empleos de supervivencia”, subrayó Idesa.

La inversión, por debajo de las exportaciones y el consumo

Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hasta el primer trimestre de este año, Damián Falcone, profesor de Economía y Finanzas del IAE Business School y socio de la consultora Upside Risks, observó que la economía creció 2,3% interanual, impulsada por las exportaciones, que avanzaron 9,8%, y por el consumo privado, que subió 2,7 por ciento.

Pero la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso en la medición desestacionalizada. “La inversión pasó de representar el 20% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes”, precisó Falcone.

La inversión pasó de representar el 20% del PBI en el primer trimestre de 2025 al 17,2% un año después, a precios constantes (Falcone)

Más grave aún, destacó, es que 76% de la caída se debe al rubro “Maquinaria y equipo”, el componente más ligado a la ampliación de la capacidad de producción y a decisiones de mediano plazo.

Según Falcone, el RIGI es capaz de transformar la matriz exportadora, pero no hay que confundir magnitudes. Entre agosto de 2024 y abril de 2026, precisa, se presentaron 35 proyectos por USD 81.104 millones y, a junio de 2026, se habían aprobado 16 por un total de USD 29.892 millones. Para los primeros 12 proyectos aprobados, la información oficial prevé desembolsos por USD 1.920 millones durante sus dos primeros años.

“Presentar, aprobar y desembolsar no son la misma cosa”, enfatizó el economista, para agregar que eso implica unos USD 960 millones anuales: “menos del 1% de la inversión anual argentina”.

Aunque el total aprobado se ejecutara en seis años, sería un flujo de USD 5.000 millones anuales, que llevaría la inversión de 17,2% a 17,9% del PBI. Un aumento muy leve si se tiene en cuenta que The Growth Report, un informe del Banco Mundial que analizó las 13 economías que crecieron a un ritmo mayor al 7% anual durante 25 años, ubicó el umbral de inversión necesario en torno al 25% del PBI. La brecha argentina respecto de ese requerimiento es de casi ocho puntos del PBI.

“El RIGI cubre, en su mejor escenario, alrededor del 9% de esa distancia”, dijo Falcone. Además, identificó tres límites naturales: más del 95% del volumen anunciado corresponde a minería e hidrocarburos, por lo cual implica un cambio de nivel y no una trayectoria. “El capital que hoy se contabiliza pertenece a la etapa de construcción y no alcanza a las decenas de miles de empresas que nunca calificarán para un régimen especial”, explicó.

Si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante 30 años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena (Falcone)

Al respecto, citó a Douglass North, Premio Nobel de Economía de 1993, quien definió las instituciones como las reglas de juego que estructuran interacciones y determinan el horizonte de inversión.

“Un régimen de excepción como el RIGI es, en el fondo, un sustituto contractual de esa previsibilidad: si resulta necesario garantizar la estabilidad de las reglas de juego por ley durante 30 años a un grupo de grandes proyectos, es porque las reglas generales aún no gozan de credibilidad plena. El instrumento es correcto para esta etapa, pero el objetivo de largo plazo debería ser volverlo innecesario”, explicó.

Empleo directo e indirecto en energía y minería

Carolina Donnelly, colaboradora científica del IAE Business School, se preguntó a su vez cuánto empleo pueden generar la energía y la minería. Citó el caso de Argentina LNG, el proyecto más grande presentado al RIGI: USD 51.000 millones de inversión, incluidos USD 15.000 millones en compras a proveedores nacionales.

El emprendimiento generaría unos 20.000 empleos directos e indirectos, con picos de hasta 40.000, durante la etapa de construcción. Pero una vez operativo sostendría “solo” 8.000 puestos, directos e indirectos. Esto arroja una relación de casi USD 6,4 millones entre inversión total y empleo permanente.

“Los sectores que hoy lideran el crecimiento en Argentina —minería, energía y agro— son intensivos en capital y generan relativamente poco empleo directo en relación con el volumen de inversión y producción. Sin embargo, medir su impacto laboral únicamente por los puestos que generan de manera directa puede ser incompleto. Su capacidad de creación de empleo depende también de los encadenamientos que desarrollan con otros bienes y servicios y del efecto multiplicador que esos vínculos generan sobre el resto de la economía”, señaló. También refirió las experiencias de Australia y Chile.

En el país oceánico, la minería pasó de representar alrededor del 5% del PBI en 1990 a cerca del 15%, con impactos geográficos sobre el empleo. Entre 1990 y 2025, Queensland y Western Australia, dos estados mineros, aumentaron su participación en el empleo nacional en 5,6 puntos porcentuales en total. New South Wales y Victoria, donde se encuentran grandes urbes como Sidney y Melbourne, perdieron 3,3 puntos.

A partir de problemas como las distancias, las condiciones geológicas y la escala de los proyectos, empresas locales desarrollaron soluciones específicas que luego exportaron al mundo (Donnelly)

Donnelly describió que, a partir de problemas como las distancias, las condiciones geológicas y la escala de los proyectos, empresas locales desarrollaron soluciones específicas que luego exportaron al mundo. Así surgió un ecosistema de proveedores conocido como METS, por Mining Equipment, Technology and Services, que abarca ingeniería, equipamiento y mantenimiento, además de software, automatización y servicios.

Según un cálculo de Deloitte para 2019-2020, ese ecosistema sostenía 483.000 empleos directos y 648.000 indirectos: más de 1,1 millones de puestos y cerca del 11% del total de Australia.

En Chile, siguió Donnelly, la minería empleaba directamente a más de 300.000 personas e indirectamente a otras 900.000 en 2025, para un total equivalente al 13% del empleo del país.

En Chile, la minería empleaba directamente a más de 300.000 personas e indirectamente a otras 900.000 en 2025, para un total equivalente al 13% del empleo del país (Donnelly)

El trabajo cita estimaciones del Centro de Estudios de Producción (CEP XXI), que entonces dirigía Daniel Schteingart, hoy investigador de Fundar, según las cuales el petróleo y la minería están entre los sectores con mayor potencial de generación de empleo indirecto.

El sector petrolero, por caso, genera cuatro empleos indirectos por cada puesto directo. La tabla de “multiplicadores” de empleo que elaboró el CEP XXI abarca desde un efecto multiplicador nulo en el trabajo doméstico y muy bajo en la enseñanza —90,2% de empleo directo y 9,8% indirecto— hasta sectores como electrónica e instrumentos médicos, vehículos, alimentos, bebidas y tabaco, y extracción y refinación de petróleo, donde más de 75% del empleo generado es indirecto.

El desafío de construir una red de proveedores

El impacto total, concluyó la colaboradora científica del IAE, dependerá del “tejido productivo” que se forme alrededor de los grandes proyectos.

“Si estos logran traccionar proveedores, tecnología y servicios locales, su efecto sobre el empleo puede extenderse bastante más allá del yacimiento o de la mina”, dijo. Las empresas deben apuntar a qué problemas nuevos necesitarán resolver esos sectores y qué productos o servicios podrán ofrecerles. El objetivo es convertir la expansión de los recursos naturales en un impulso al desarrollo de nuevas capacidades productivas.

Infobae ya reportó en mayo último el debate mundial en torno del trabajo, intensificado por el boom de la inteligencia artificial, y el cambio de posición de Dani Rodrik, profesor de Harvard y reconocido “industrialista”, quien declaró haberse convertido en un “escéptico de la manufactura” como proveedora de empleo. Según planteó, la clave pasó a ser la ocupación en servicios, pero con capacitación y alta productividad.

José Luis Daza, tal vez el miembro más optimista del equipo económico que encabeza Luis Caputo y el principal defensor de la política económica oficial, planteó entonces el mismo argumento en una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí enfatizó que el grueso del empleo se creará de modo indirecto y florecerá en el sector de servicios.

¿Hacia la Patagonia y el NOA?

Ese optimismo también está detrás del pronóstico del secretario de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hace unas semanas mencionó al diario británico Financial Times y el pasado viernes repitió en la Bolsa de Comercio de Córdoba que en los próximos 30 años unos cuatro millones de argentinos migrarían a la Patagonia y al Noroeste Argentino (NOA), donde estarán las oportunidades de empleo.

Esa proyección surge de un paper de siete estudiantes de la Universidad de San Andrés —Francisco Alanis, Bautista Blaiotta, Santino Boetto, Juan Cruz Menutti, Franco Salvo, Franco Tejada y Joel Vicencio—, supervisado por el propio Sturzenegger y Javier García Cicco.

El estudio calculó que, así como a mediados del siglo XX la Argentina atravesó un cambio político (el peronismo) que exacerbó un esquema económico y articulación de poder entre Estado, empresas y sindicatos (la industrialización por sustitución de importaciones) e incentivó las grandes urbanizaciones, en las próximas décadas el cambio de régimen económico, basado en la apertura y la desregulación, producirá una reasignación de recursos y una migración interna en sentido contrario, que los autores llaman “desurbanización”.

Al cabo de ese hipotético movimiento, proyecta el estudio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perdería cerca de 4,2 millones de habitantes, casi 24% de su población actual. De todos modos, junto a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, seguiría siendo el principal núcleo de población del país. El título del paper es: In the Long Run We Are All in the Pampas: Un modelo de transición demográfica para Argentina.

La novedad es que a la vez aumentaría el peso de provincias como Neuquén, cuya población crecería en casi 1,5 millones de personas; Catamarca, con un millón de habitantes más, un alza de 238%; San Juan, con 750.000 habitantes más, un crecimiento de 44%; Jujuy, con 780.000 nuevos pobladores, casi 80% más que ahora; y Salta, con 460.000 habitantes adicionales, un incremento de 28%, cambiando la intensidad de los colores celeste y azul, como muestran los mapas más arriba.

¿Otra economía, otra geografía poblacional, otra política, otra Argentina? Quedan muchos años y muchas elecciones, no solo legislativas o presidenciales, para dilucidarlo.

Los españoles son menos ahorradores que italianos, franceses y alemanes, sin embargo, confían más en la Inteligencia Artificial (IA) para gestionar ese ahorro, según se desprende del European Savings Barometer, un informe realizado por Crédit Agricole en colaboración con Occurrence-Ifop, que analiza cómo están evolucionando los hábitos, las decisiones y las expectativas de los ahorradores europeos.

El estudio sitúa a España en 52 puntos sobre 100 en el Savings Vitality Index, un indicador creado por Crédit Agricole que combina la movilidad del ahorro, la confianza en las plataformas digitales y la predisposición hacia la automatización y la IA. La media de los otros mercados analizados alcanza los 53 puntos.

La diferencia se hace más evidente cuando se observa la capacidad de ahorrar. Los españoles destinan una media de 506 euros al mes al ahorro frente a los 617 euros del resto de países analizados, lo que supone 111 euros menos al mes. Además, cuentan con un patrimonio acumulado de 51.560 euros de media, frente a 85.055 euros de sus vecinos, lo que supone 33.495 euros menos y una brecha cercana al 40%.

Los españoles mueven menos su dinero

En cuanto a cómo mueven el ahorro, la movilidad es ligeramente inferior en España. Durante los últimos 12 meses, el 43% de los ahorradores españoles tomó alguna decisión sobre una parte de sus ahorros, frente al 44,9% de media en los otros tres mercados. Sin embargo, el comportamiento cambia a medida que aumenta el patrimonio disponible.

Entre quienes acumulan más de 100.000 euros en activos, el Savings Vitality Index alcanza los 69 puntos, frente a los 53 puntos registrados entre aquellos que se sitúan por debajo de ese umbral. El dato apunta a una relación entre el volumen de patrimonio y una gestión más activa y diversificada del ahorro.

Y en referencia a las preferencias de inversión, los españoles mantienen una estrategia equilibrada: el 39% busca combinar riesgo y rentabilidad. Los depósitos a la vista son el producto más extendido, utilizados por el 43% de los ahorradores, seguidos de los fondos de inversión, con un 39%, y los productos destinados al ahorro para la jubilación o fondos de pensiones, con un 33%.

El principal motivo para ahorrar sigue siendo la creación de un colchón financiero de seguridad. El 37% de los encuestados señala esta razón, por encima de objetivos de largo plazo como preparar la jubilación o ayudar económicamente a los hijos, mencionados por el 26%.

Perfiles de ahorradores

El estudio identifica además tres perfiles de ahorradores de tamaño similar en España. Los Digital Project Seekers, orientados hacia proyectos digitales, representan el 22,3%; los Guided Safety Seekers, que buscan seguridad y asesoramiento, el 22,2%; y los Digital Wealth Movers, centrados en la gestión patrimonial digital, el 18,9%.

Los dos grupos con mayor orientación digital —Digital Project Seekers y Digital Wealth Movers— suman el 41,2% de los ahorradores españoles. Ambos presentan niveles de confianza en la inteligencia artificial superiores a la media nacional, según el estudio. Al mismo tiempo, el perfil que busca seguridad y asesoramiento revela que la digitalización no elimina la demanda de acompañamiento humano.

Los Guided Safety Seekers tienen una edad media más elevada y muestran una menor movilidad del ahorro. Su Mobility Index se sitúa en 29 puntos, frente a los 42 del resto de ahorradores españoles. Su comportamiento también refleja una fuerte demanda de asesoramiento: el 97% solicita consejo sobre sus ahorros y el 82% prefiere recibirlo de un asesor humano antes que de uno digital.

Confianza en la IA

La confianza se convierte así en la condición para que la tecnología avance. El 33% de los ahorradores españoles afirma confiar plenamente tanto en las plataformas digitales como en la IA, frente al 30% registrado en el resto de mercados analizados.

También existe una mayor disposición a aceptar el asesoramiento automatizado. El 47% está totalmente de acuerdo con que este tipo de herramientas puede ayudar a elegir y supervisar productos de ahorro siempre que el usuario comprenda cómo funcionan. En el resto de países analizados, la proporción baja al 44%.

La disposición de los españoles a delegar directamente parte de la gestión a la IA también supera la media europea del estudio. El 38% de los españoles permitiría que una inteligencia artificial aplicara reglas predefinidas para gestionar una parte de sus ahorros, frente al 36% del resto de mercados.

La diferencia aumenta cuando se plantea trasladar los ahorros a una plataforma predominantemente automatizada. El 32% de los españoles afirma que podría hacerlo durante los próximos 12 meses, frente al 27% de media en Francia, Alemania e Italia.

Pero la tecnología no sustituye a la confianza. Antes de trasladar sus ahorros a una plataforma digital, los españoles sitúan como principales requisitos la solvencia financiera y las garantías de la plataforma, mencionadas por el 34%; la transparencia en las comisiones, por el 32%; y disponer de información clara sobre sus ahorros e inversiones, por el 26%.

La predisposición tampoco es homogénea. Mientras una parte de los ahorradores está dispuesta a automatizar decisiones y trasladar dinero a plataformas digitales, otro grupo mantiene una fuerte preferencia por el asesoramiento humano y la seguridad. La evolución del ahorro digital dependerá, según los datos del estudio, no solo de que existan nuevas herramientas, sino de que los usuarios entiendan su funcionamiento y confíen en las entidades que las ofrecen.

La Gobernación del Chocó tiene programada para el viernes 25 de septiembre de 2026 la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano.

Con una intervención financiada con $31.195 millones del Sistema General de Regalías, el proyecto incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el cerramiento perimetral de seguridad y otras estructuras necesarias para la operación de la infraestructura aeroportuaria.

La entrega estará encabezada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y el alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, de acuerdo con la información suministrada por la entidad departamental.

Desde la Gobernación se informó que las obras buscan mejorar los servicios aeroportuarios y las condiciones de navegación aérea en el municipio.

La ejecución quedó a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién-Caribe (Asomudacar), mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de los recursos.

La Administración departamental indicó que la intervención aportará mejores condiciones para la conectividad del municipio y para el desarrollo de actividades económicas vinculadas con el turismo, en una zona altamente turística, pero que cuenta con barreras para los viajeros aéreos.

El Gobierno, con sus ojos sobre Nuquí y Bahía Solano: fueron incluidos en la estrategia de Pueblos Milagro Turísticos

Minutos después del anuncio de la Gobernación del Chocó, desde el movimiento Defensores de la Patria se informó oficialmente que Nuquí y Bahía Solano harán parte de la estrategia Pueblos Milagro Turísticos, una iniciativa anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para fortalecer el turismo de naturaleza y promover oportunidades económicas en ambos municipios del Chocó.

La selección de los dos territorios se realizó junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la Fundación Santo Domingo. El programa incluiría 10 municipios, con dos localidades de cada uno de los cinco departamentos seleccionados.

El comunicado oficial indicó que Nuquí y Bahía Solano fueron escogidos por “su potencial para el turismo de naturaleza” y por los atributos que han consolidado a ambas poblaciones como destinos del litoral Pacífico.

La estrategia prevé la articulación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y aliados privados para fortalecer condiciones de conectividad, infraestructura y servicios turísticos. El propósito, de acuerdo con el documento, es convertir la actividad turística en una fuente de ingresos para emprendedores, comerciantes, productores y prestadores de servicios.

El programa se vincula con inversiones en conectividad y producción local

El anuncio se produjo durante un encuentro entre empresarios, autoridades y representantes del sector privado, en el que se discutieron medidas para impulsar la economía del Chocó.

Según el reporte, la apuesta turística estará acompañada por inversiones en infraestructura y conectividad, así como por iniciativas destinadas a fortalecer la producción local y los vínculos comerciales entre empresas y productores del departamento.

En ese contexto, Olímpica manifestó su intención de avanzar en mecanismos para comprar directamente productos elaborados en el Chocó. Nutresa y Colombina también expresaron interés en vincular a productores locales a sus procesos de adquisición.

“La iniciativa busca generar canales comerciales más directos y contribuir a dinamizar la economía regional”, indicó Defensores de la Patria.

El comunicado agregó que también se acordó impulsar la compra de biche producido por emprendedores chocoanos, con el fin de abrir canales comerciales para esa actividad.

Nubank participará con una estrategia de inclusión financiera

Dentro de los compromisos mencionados en la información oficial está una propuesta de bancarización e inclusión financiera para el departamento.

Según el documento, el fundador de Nubank manifestó su disposición para respaldar una estrategia dirigida a jóvenes, emprendedores, pequeños comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura de servicios bancarios.

La iniciativa contempla ampliar el acceso a herramientas financieras digitales para ahorro, pagos y crédito. “La inclusión financiera constituye otro componente de la estrategia para ampliar las oportunidades económicas en el departamento”, señaló el comunicado.

El sueño de tener una colección de LEGO un poquito más barata tendrá que esperar. La empresa danesa de juguetes, famosa por sus bloques que han ayudado a niñas, niños, adolescentes y también a más de un adulto a construir mascotas, edificios increíbles y demás, anunció una inversión de 8 mil 600 millones de pesos (400 millones de dólares) para ampliar sus operaciones en México.

El anuncio se realizó junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla acciones para reforzar la presencia de LEGO en el país y continuar con el desarrollo de nuevos productos y experiencias para sus consumidores.

Durante la presentación, Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, explicó que la inversión busca fortalecer las operaciones de la compañía en México. De acuerdo con las autoridades mexicanas, entre los principales beneficios para el país están la creación de empleos y el impulso de las industrias juguetera y petroquímica.

Pero hay una pregunta que seguramente muchos fans de los bloques se hicieron tras conocer la noticia: ¿esta inversión hará que los juguetes LEGO sean más baratos en México?

Tras inversión en el país, ¿qué pasará con los precios de LEGO?

La respuesta, al menos por ahora, es no. LEGO México no contempla reducir los precios de sus productos como parte de la ampliación de sus operaciones en el país.

Durante la presentación, Sánchez Moya defendió el costo de los juguetes y explicó que la marca se mantiene dentro de la categoría de productos “premium”, debido a los estándares de calidad y seguridad que aplica en su fabricación.

“Somos un producto de alto costo, pero también nosotros estamos reconocidos como una marca premium”, dijo.

La directiva también destacó que una de las características de los bloques LEGO es que pueden permanecer en las familias durante años y pasar de una generación a otra. Es decir, ese set que alguien recibió durante su infancia todavía puede formar parte de la colección de sus hijos o incluso de sus nietos.

“Se pueden utilizar de generación en generación”, explicó, al señalar que un producto adquirido durante la infancia puede seguir utilizándose en la edad adulta, ya que sus piezas pueden ensamblarse y desensamblarse de la misma forma.

Por ello, la empresa no prevé modificar sus precios como resultado de esta nueva inversión en México.

“Cuidamos mucho los estándares de calidad, de seguridad para poder que nuestros juguetes duren para toda la vida, entonces no esperamos tener un cambio en los precios”, afirmó Sánchez Moya.

Así que, por ahora, la llegada de una nueva inversión de LEGO al país no significa que sus bloques vayan a costar menos. La apuesta de la compañía está enfocada en ampliar sus operaciones y mantener los estándares de calidad de una marca que, según su propia directiva, busca que sus juguetes puedan acompañar a varias generaciones.

España lleva años viendo cómo su paisaje agrícola cambia poco a poco. El pistacho ya ocupa más del 10% de las 739.638 hectáreas dedicadas a los frutos secos de nuestro país, según el último Análisis de la Realidad Productiva y Cultivo Ecológico de Frutos Secos del año 2024 y elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con ese porcentaje, el pistacho se ha convertido en el segundo fruto seco más cultivado, solo por detrás de la almendra, que concentra el 85,5% de la superficie total.

La razón principal detrás de este crecimiento tiene que ver con la geografía. El árbol de pistacho se adapta con facilidad a las condiciones climáticas de buena parte del territorio nacional, con veranos secos y calurosos, inviernos fríos y suelos con pH básico o alcalino. Una combinación que es poco favorable para otros cultivos, pero que es ideal para esta planta, que además tolera bien los periodos de sequía.

Castilla-La Mancha lidera la producción nacional con el 27% del terreno dedicado a este fruto seco, seguida de Extremadura (9%), Andalucía (4%) y Cataluña (3%). La distribución geográfica confirma que las regiones del centro y sur del país, con climas más extremos, ofrecen el entorno ideal para este tipo de plantación.

Cuánto cuesta y cuánto tarda en producir

Quien se plantea invertir en pistacho debe asumir que se trata de un proyecto a largo plazo. El precio de cada árbol varía entre 8 y 100 euros según el tamaño y la variedad elegida. La inversión inicial por hectárea parte de un mínimo de 5.000 euros, según datos recogidos por el Banco Santander. Cifra que puede aumentar en función de si el terreno se compra o se arrienda, si se opta por secano o regadío, y de los costes de maquinaria y mano de obra.

Además, el tiempo de espera es otro de los aspectos que más condiciona la decisión de invertir. Deben transcurrir entre 5 y 7 años desde la siembra hasta que el árbol comienza a dar sus primeros frutos, un plazo que se reduce a 3 o 4 años si la plantación arranca con ejemplares jóvenes en lugar de semillas. Una vez alcanzada la madurez productiva, entre el décimo y el duodécimo año, cada árbol puede generar entre 10 y 20 kilos de pistacho seco al año.

De la inversión inicial a la rentabilidad, un camino de 12 años

Por otro lado, la evolución económica de una plantación de pistachos se divide en tramos claramente diferenciados. Durante los primeros cinco años, el propietario solo afronta gastos, ya que el árbol todavía no produce. Entre el quinto y el séptimo año llegan las primeras cosechas, momento en el que se puede evaluar la calidad del producto y comenzar su comercialización. Sin embargo, la rentabilidad plena no llega hasta que el cultivo alcanza su fase de madurez, entre el décimo y el duodécimo año, cuando la producción se estabiliza.

De hecho, los primeros años sin ingresos representan uno de los mayores retos para quienes deciden apostar por este cultivo. Por esto, muchos productores recurren a líneas de financiación agrícola que permitían cubrir la inversión inicial mientras el árbol crece y no genera todavía ningún tipo de retorno económico.

También existen ayudas específicas para quienes deciden apostar por esta actividad. La Política Agraria Común (PAC) y los Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos figuran entre las principales fuentes de apoyo público. A ellas se suman otras subvenciones dirigidas a colectivos concretos, como los jóvenes que buscan iniciar su carrera profesional dentro del sector agrícola, una vía que podría contribuir al relevo generacional en el campo español.

Grupo LEGO anunció una inversión de 400 millones de dólares, equivalentes a 8 mil 600 millones de pesos, para ampliar sus operaciones en Nuevo León. El proyecto incorporará 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología, además de impulsar la creación de más de mil 300 empleos en la región.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO, explicó que la expansión responde al crecimiento global de la compañía y a la necesidad de aumentar su capacidad para atender la demanda de sus productos. La empresa opera en Nuevo León desde 2008, periodo en el que, señaló, ha ampliado sus actividades de manufactura y logística.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de los juguetes con la creatividad y el desarrollo infantil.

Fortalecimiento de la economía en Nuevo León

De acuerdo con Sánchez Moya, los recursos se destinarán a un nuevo edificio de empaque y a un almacén automatizado de alta capacidad: ambas instalaciones buscan fortalecer las actividades productivas y logísticas de LEGO conforme crece su negocio.

Sánchez Moya atribuyó la decisión de seguir invirtiendo en el estado a tres factores que la empresa ha encontrado durante casi dos décadas de operaciones: talento calificado, infraestructura logística y un entorno manufacturero capaz de respaldar su crecimiento.

“Lo que anunciamos hoy no es un proyecto aislado, es el siguiente capítulo de una historia de crecimiento para el Grupo Lego que hemos construido en Nuevo León”, expresó. La directiva agradeció el apoyo del Gobierno de México, del Gobierno de Nuevo León, de las autoridades locales y de los socios estratégicos.

Según la cifra presentada por la compañía, el proyecto contempla la creación de más de mil 300 empleos, por lo que la directiva describió la expansión como una oportunidad de desarrollo para familias de Nuevo León, además de un aumento en la capacidad industrial de la planta.

Proveedores locales podrían crecer alrededor de 30%

Sobre la participación de empresas nacionales en la producción, LEGO indicó que actualmente la compañía compra más del 90% de sus insumos de forma local. Explicó que, desde su llegada a México en 2008, ha trabajado en el desarrollo de proveedores para abastecer sus operaciones regionalmente.

La empresa también prevé incrementar alrededor de 30% su base de proveedores a medida que necesite mayor capacidad de suministro. Según la respuesta ofrecida en la conferencia, se trata de insumos que LEGO ya utiliza, pero que requerirá en mayores cantidades para acompañar la expansión.

Impulsando la creatividad en las infancias

Sobre el papel de los juguetes en un contexto de preocupación por el uso excesivo de celulares entre niñas, niños y adolescentes, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó lo que hace su administración actualmente para promover otras formas de juego.

“Cualquier actividad que tenga que ver con el desarrollo psicomotor de los niños y el desarrollo cognitivo es importantísima (...) Y eso tiene que ir acompañado necesariamente de impulsar otro tipo de actividades; en la escuela estamos impulsando los juegos que nos tocaron a nosotros”, declaró la mandataria.

En este sentido, Sheinbaum refirió a la decisión de los 32 secretarios de Educación del país de restringir el uso de celulares en las escuelas y añadió que también se busca impulsar juegos tradicionales, entre ellos el trompo, el yoyo, el resorte, el avión, la matatena y la lotería.

Por su parte, LEGO sostuvo que sus productos buscan brindar experiencias de juego y defendió la importancia de la creatividad en las infancias:

“Nosotros decimos que no hacemos juguetes, nosotros hacemos experiencias de juego, porque estamos convencidos que la creatividad y el juego físico sigue siendo muy importante para el desarrollo de todos los niños y niñas”, aseguró Nancy Sánchez.

La inversión anunciada tiene relevancia por la elección de México para ampliar las operaciones de la compañía y por la producción de juegos destinados al consumo interno y a la exportación.

En el marco de una causa por una presunta red de estafas financieras, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, la Justicia solicitó que 26 personas sean citadas a declarar. La pesquisa apunta a la supuesta academia de inversiones EquiQuant Capital, que habría captado víctimas mediante redes sociales con promesas de rendimientos elevados.

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Esteban Madrea, solicitó la indagatoria ante el juez Darío Bonanno, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. La investigación abarca, al menos, 17 casos de estafa y se extendió a distintas jurisdicciones del país a partir de denuncias de personas que afirmaron haber sido engañadas durante la segunda mitad de 2025. Se estima que el perjuicio económico causado supera los $1.500 millones.

La maniobra bajo análisis se habría iniciado con publicaciones y contactos a través de redes sociales. Según la pesquisa, los responsables de la estructura se presentaban como asesores financieros y buscaban atraer a personas interesadas en invertir sus ahorros en acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales.

Los supuestos asesores indicaban a las víctimas cómo transferir fondos a cuentas digitales. El dinero luego aparecía registrado en la plataforma web “EQCapital”. La aplicación y el uso de terminología bursátil contribuían a dar apariencia de legitimidad a la maniobra.

El engaño se hacía evidente cuando los usuarios intentaban retirar el capital o las ganancias que la plataforma mostraba. Según los relatos incorporados al expediente, los interlocutores les exigían nuevos pagos para liberar los activos, afrontar presuntos tributos de ARCA o abonar honorarios a intermediarios financieros. Las víctimas transferían esos montos adicionales sin lograr recuperar el dinero invertido.

La causa se originó a partir de una denuncia a la que se agregaron otras 16, radicadas en fiscalías porteñas y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sin embargo, el caso también presentó ramificaciones en Chubut, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

En las primeras medidas, Madrea solicitó colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. En paralelo, se conoció una investigación más avanzada en Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital de esa provincia.

A propuesta de Rivarola, en mayo se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir pruebas, unificar criterios, seguir la ruta del dinero y coordinar medidas cautelares, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según la hipótesis fiscal, una parte del dinero obtenido mediante las presuntas estafas habría sido destinada a la compra de criptoactivos. Otros fondos habrían seguido un circuito de cambio de divisas por fuera de los mecanismos autorizados o se habrían usado para cancelar obligaciones de terceros.

Según Fiscales, la pesquisa considera que las sociedades involucradas no desarrollaban una actividad económica real y que habrían funcionado como vehículos para recibir y mover dinero de origen presuntamente ilícito. El caso también analiza si existieron personas que aportaron su identidad y documentación para crear compañías, abrir cuentas y ponerlas a disposición de la estructura investigada.

Madrea solicitó la indagatoria de cuatro hombres y una mujer como presuntos coautores de estafas reiteradas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La fiscalía les atribuye haber tenido control sobre la plataforma digital, las sociedades comerciales y los fondos recaudados.

El fiscal sostuvo que la operatoria habría requerido una estructura con funciones diferenciadas: captación de potenciales inversores, administración de cuentas receptoras y posterior circulación de los activos dentro del sistema económico.

También solicitó convocar a otras 19 personas en calidad de partícipes necesarias, bajo la hipótesisi de que habrían colaborado en la creación de socidades sin actividad genuina. El pedido incluye también a un hombre y una mujer acusados, en esta etapa, de haber prestado una colaboración relevante para presuntas maniobras de lavado de activos e intermediación financiera sin autorización.

Como medida cautelar, el fiscal pidió inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las empresas y personas investigadas. El juez Bonanno hizo lugar a ese requerimiento y ordenó su ejecución a través del Banco Central de la República Argentina.

El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ) presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto para 2027, que asciende a ₡47,961 millones (USD 105 millones), con los que pretende financiar programas artísticos, infraestructura cultural y actividades dirigidas a diferentes comunidades del país.

Durante su comparecencia, el ministro Jorge Rodríguez Vives defendió la gestión institucional y destacó que el Ministerio cerró 2025 con una ejecución presupuestaria del 92.4 %, cifra que, según la cartera, representa su resultado más alto en casi una década.

Además, la institución proyecta finalizar 2026 con una ejecución del 95 %, porcentaje que todavía está sujeto al comportamiento del gasto durante los últimos meses del año.

“Cada colón que las personas costarricenses nos confían se ejecuta y se rinde. Ese es el punto de partida para pedir un presupuesto”, afirmó Rodríguez Vives.

La propuesta para 2027 se enmarca en la discusión del Presupuesto Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso el pasado 1 de septiembre. El monto previsto para Cultura es inferior al contemplado para 2026, que asciende a aproximadamente ₡49,659 millones (USD 108 millones)

¿En qué se invertirían los USD 105 millones?

De acuerdo con el Ministerio, el proyecto busca dar continuidad a la oferta cultural pública, caracterizada por actividades gratuitas o de bajo costo, y ampliar su presencia en comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

Entre las iniciativas contempladas destacan el mantenimiento de ocho bibliotecas públicas y tres casas de la cultura, así como la apertura y conservación de otros espacios destinados a actividades artísticas.

La propuesta también incluye la continuidad de las Rutas Culturales, la estrategia gastronómica Fogón Futuro, los fondos concursables para proyectos comunitarios y nuevas ediciones de festivales.

Asimismo, el Ministerio plantea mantener los pagos a artistas que exponen sus obras en museos y promover actividades que generen oportunidades laborales para el sector artístico independiente.

Uno de los proyectos mencionados durante la comparecencia fue el Cine Variedades, cuya remodelación se encuentra en su etapa final.

El inmueble está previsto para convertirse en un espacio destinado a diferentes expresiones artísticas, entre ellas el cine, el teatro y la danza.

La institución también informó sobre un ahorro anual de ₡175.5 millones (USD 382 mil ) mediante la eliminación de alquileres, como parte de las medidas implementadas para mejorar la utilización de sus recursos.

Más de 203,000 personas beneficiadas con actividades culturales

Como parte de la rendición de cuentas correspondiente al período 2025-2026, Rodríguez Vives presentó los resultados de diferentes programas institucionales.

Uno de ellos fue RIDE Cultural, iniciativa que, según el informe del Ministerio, desarrolló más de 1,000 actividades en 36 cantones y benefició a más de 203,000 personas.

La institución destacó que el 90 % de estas actividades se realizó fuera del Gran Área Metropolitana, como parte de su estrategia para descentralizar el acceso a la cultura.

También reportó una inversión superior a ₡2,300 millones (USD 5 millones) en infraestructura pública, que incluye intervenciones en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional.

En materia de patrimonio, el Ministerio informó sobre la repatriación de más de 720 bienes culturales.

A ello se suman ₡536.8 millones (USD 1.1 mil) entregados al sector artístico mediante fondos concursables y el primer reconocimiento salarial de la carrera artística dentro de la institución.

Presupuesto del cine genera preocupación en el sector artístico

La presentación presupuestaria se produjo en medio de cuestionamientos de representantes del sector cultural por las reducciones previstas para determinados programas.

Uno de los casos es el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), cuyo financiamiento para 2027 pasaría de ₡159 millones (USD 347 mil) a ₡45 millones (USD 98 mil), una disminución del 71.71 %.

El monto fue confirmado por Rodríguez Vives mediante el oficio MCJ-DM-797-2026, remitido al diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

La directora del festival, Patricia Velásquez, advirtió que una reducción de esa magnitud dificultaría mantener las dimensiones actuales del evento, que incluye proyecciones, talleres y actividades en distintas regiones del país.

Organizaciones culturales también convocaron a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa durante la comparecencia del ministro, con el propósito de expresar su preocupación por las reducciones presupuestarias en cine, bibliotecas y otros programas.

Costa Rica y Francia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas y económicas mediante la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, un instrumento que permitirá mantener un diálogo periódico y estructurado entre ambos gobiernos, cuando se cumplen 178 años de relaciones bilaterales.

El acuerdo fue por el viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica, Alexander Peñaranda Zárate, quien ejerce como ministro interino de Relaciones Exteriores y Culto, y Nicolas Forissier, ministro delegado de Francia para el Comercio Exterior y la Promoción de Inversiones, adscrito al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

La iniciativa busca establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los compromisos bilaterales y mantener abiertas las conversaciones sobre asuntos de interés común, más allá de las visitas oficiales o los encuentros diplomáticos puntuales.

“Con esta firma, Costa Rica y Francia aseguramos sostener un diálogo permanente y estructurado, dando continuidad a 178 años de amistad y cooperación”, destacó Peñaranda durante la actividad.

El encuentro también permitió abordar asuntos relacionados con la cooperación internacional, el desarrollo económico, la investigación y las oportunidades para ampliar la presencia de empresas de ambos países en sus respectivos mercados.

Francia busca ampliar su presencia económica en Costa Rica

Uno de los principales temas de la agenda fue el seguimiento al Acuerdo Sede de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aprobado por la Asamblea Legislativa costarricense en agosto de 2026, mediante el expediente legislativo 24.915.

Este instrumento permitirá establecer oficinas de la agencia en Costa Rica y facilitar la gestión de proyectos de cooperación y financiamiento, así como fortalecer el acompañamiento técnico francés en diferentes áreas del desarrollo nacional.

La AFD mantiene operaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Además, ha manifestado su disposición de estructurar un paquete de financiamiento y asistencia técnica en materia de seguridad, mediante Expertise France.

La futura representación también permitirá identificar proyectos, preparar operaciones y dar seguimiento a las iniciativas respaldadas por la cooperación francesa.

En materia comercial, las autoridades abordaron la preparación de una misión empresarial costarricense con MEDEF International, prevista para enero de 2027, con el propósito de impulsar oportunidades de inversión y promover el acercamiento entre los sectores privados.

Costa Rica solicitó el acompañamiento de esta organización empresarial para facilitar el desarrollo de la misión y ampliar las posibilidades de establecer nuevas relaciones comerciales.

El diálogo económico estuvo encabezado por la viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, quien participó en las conversaciones orientadas a posicionar al país como un destino de inversión para las compañías francesas.

Según datos divulgados por la Cancillería, el intercambio comercial entre Costa Rica y Francia alcanzó los USD 291.4 millones durante 2025, de los cuales USD 102.2 millones correspondieron a exportaciones costarricenses y USD 189.2 millones a importaciones procedentes del país europeo.

Salud, innovación y candidatura ante Naciones Unidas

La agenda diplomática también incorporó conversaciones sobre salud, innovación, investigación, formación de recursos humanos y cooperación institucional, áreas en las que ambos gobiernos buscan identificar nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro permitió, además, presentar la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de los asuntos multilaterales incluidos en las conversaciones bilaterales.

La candidatura se abordó en el contexto de una relación diplomática que ambos países han mantenido durante casi dos siglos y que ahora busca incorporar nuevos mecanismos de coordinación política y cooperación económica.

Para Costa Rica, el acercamiento representa una oportunidad de ampliar los vínculos con Francia en materia de inversión y asistencia técnica, mientras que el país europeo ha expresado interés en proyectos relacionados con movilidad, electricidad, gestión del agua y tratamiento de residuos.

Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por déficit hídrico.

La estrategia contempla 20 vuelos, una inversión aproximada de 600 mil dólares (alrededor de 16.1 millones de lempiras).y un período de ejecución de entre dos y tres meses, de acuerdo con las autoridades.

La cobertura proyectada alcanza alrededor de 2.3 millones de hectáreas, aunque esto no significa que toda esa superficie recibirá lluvia como consecuencia directa de los vuelos.

La intervención dependerá de que se formen nubes con las características necesarias para aplicar el procedimiento.

Cuando los equipos meteorológicos identifiquen formaciones nubosas que reúnan las condiciones requeridas, una aeronave especialmente adaptada realizará la intervención mediante la liberación de yoduro de plata, compuesto que favorece la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes y, bajo condiciones apropiadas, contribuye a la generación de precipitación.

Los vuelos no se realizarán de forma automática ni sobre cualquier formación nubosa. La operación estará sujeta a la existencia de humedad y de estructuras nubosas que permitan intentar el procedimiento.

Las autoridades han explicado que la técnica no consiste en crear lluvia desde un cielo despejado: para que pueda realizarse una intervención primero debe existir una nube que reúna las condiciones meteorológicas necesarias.

20 vuelos en hasta tres meses

El programa contempla 20 vuelos distribuidos durante un período estimado de dos a tres meses. La cantidad de vuelos no implica intervalos regulares: el momento de cada operación dependerá de la aparición de condiciones atmosféricas favorables. La aeronave no despegará porque corresponda una fecha determinada, sino porque se hayan identificado nubes aptas para la intervención.

Esta condición es uno de los elementos centrales del programa, dado que la estimulación de nubes depende de factores naturales que no pueden ser controlados por los operadores.

Zonas prioritarias y cultivos beneficiados

Entre las zonas identificadas se encuentra el Corredor Seco, una de las regiones más expuestas a períodos de déficit de lluvia y donde la actividad agrícola y ganadera tiene una marcada dependencia de las precipitaciones.

También se contemplan las cuencas que abastecen al Distrito Central, sectores relacionados con la represa El Cajón, el Alto Aguán y áreas de producción agrícola y ganadera consideradas prioritarias.

La selección responde a la necesidad de concentrar las intervenciones en territorios donde la disponibilidad de agua tiene un impacto directo sobre la producción y otros usos estratégicos del recurso.

Entre los cultivos mencionados se encuentran la caña de azúcar, okra, melón y granos básicos, además de áreas destinadas a pasturas para el ganado. El objetivo es que una eventual mejora en las precipitaciones contribuya a reducir parte de la presión que el déficit de agua genera sobre estas actividades.

La lluvia no está garantizada

El compuesto previsto para las operaciones es yoduro de plata y según autoridades de la SAG el yoduro de plata posee características que permiten utilizarlo en procesos relacionados con la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes. La aplicación se realizará desde la aeronave únicamente cuando los responsables del programa determinen que existen condiciones meteorológicas apropiadas.

La técnica requiere que previamente exista una nube con suficiente humedad y características adecuadas; por ello, el programa depende tanto de la tecnología utilizada como del comportamiento de la atmósfera.

Sequía en 75 municipios

Esto explica que los vuelos estén sujetos a monitoreo meteorológico y no se ejecuten de manera indiscriminada: el propósito es intervenir únicamente las formaciones que presenten posibilidades de responder al procedimiento.

La iniciativa se desarrolla mientras distintas regiones de Honduras enfrentan los efectos del déficit de precipitaciones. Mediante el PCM-016-2026, el gobierno declaró estado de emergencia en 75 municipios de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, afectados por El Niño y la sequía meteorológica.

Las autoridades han señalado que esta tecnología no sustituye las medidas estructurales necesarias para mejorar la disponibilidad y gestión del agua en Honduras.

Las interrupciones previstas en las cadenas de suministro abren una oportunidad para que Panamá transforme su plataforma logística y capture una mayor parte del valor asociado al comercio internacional.

El país debe dejar atrás un modelo concentrado en el tránsito y el transbordo de mercancías para consolidarse como un centro regional de almacenamiento, transformación, fabricación y distribución.

Este debate formó parte del Executive Briefing: Global Trade Dynamics for Panama and the World, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y Holland House Panamá.

El encuentro reunió a especialistas en comercio internacional, logística y gestión aduanera, quienes analizaron los cambios del intercambio mundial y sus efectos para la economía panameña.

Se insistió en que la reorganización de las cadenas de suministro, afectadas por conflictos, fenómenos climáticos y restricciones en corredores estratégicos, plantea una oportunidad para atraer inversiones y generar empleos de mayor valor en el país.

El planteamiento condujo a que el país puede aprovechar su conectividad para que las empresas procesen, empaquen, ensamblen o redistribuyan mercancías desde su territorio. Esa estrategia permitiría que una parte superior de la actividad económica ligada a la carga permanezca en el país antes de su envío a otros mercados.

Respecto al transporte marítimo se indicó que concentra cerca del 80% del comercio mundial por volumen, movimiento que depende de un número limitado de pasos estratégicos, por lo que los problemas en esas zonas repercuten sobre las cadenas de abastecimiento.

Los conflictos, las condiciones climáticas y las limitaciones operativas incrementaron la presión sobre las compañías que dependen de rutas internacionales para recibir insumos o entregar productos.

Durante la jornada se expuso que el 80% de los responsables de cadenas de suministro prevé nuevas disrupciones en un período de 12 a 24 meses.

Las empresas analizadas también registraron pérdidas equivalentes al 3,9% de sus ingresos anuales por estas afectaciones.

Ante ese escenario, el 75% de las compañías comenzó a diversificar a sus proveedores y las rutas que utiliza. La búsqueda de trayectos alternativos abre posibilidades para nuevos centros de conexión, procesamiento y distribución en América Latina.

El presidente de la Apede, Alberto López Tom, planteó que Panamá debe ampliar el aprovechamiento económico de su ubicación. “Tenemos que conectar el país”, afirmó durante el encuentro.

Sostuvo que la meta debe ser desarrollar una plataforma logística regional y abandonar la visión de un país dedicado exclusivamente al transbordo de carga.

El director regional para las Américas de APM Terminals, Leo Huisman, señaló que la necesidad de contar con trayectos y centros logísticos confiables aumenta la relevancia de Panamá dentro de las redes comerciales.

El país tiene conexión con alrededor de 160 naciones y el Canal registra más de 14.000 tránsitos anuales. Los puertos panameños, a su vez, reciben operaciones de más de 50 líneas navieras.

Huisman consideró que esta infraestructura ofrece una base para recibir actividades que trasciendan el paso de contenedores entre puertos. El desafío consiste en convertir la conectividad en instalaciones y servicios capaces de generar valor sobre las mercancías.

El ejecutivo destacó los planes para ampliar la capacidad hídrica del Canal y mencionó la prioridad del proyecto de Río Indio. También propuso aumentar las inversiones en infraestructura, tecnología e integración económica.

Una de las medidas planteadas fue acelerar la digitalización mediante un sistema de comunidad portuaria. La herramienta reuniría a entidades públicas y compañías vinculadas al traslado de productos.

Ese mecanismo buscaría simplificar los procedimientos de importación y exportación bajo un modelo aplicado en otros centros logísticos internacionales.

El gerente sénior de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, Norman Harris, sostuvo que el país necesita fomentar actividades que incorporen valor a los bienes antes de su distribución. Para el especialista, la nación no debería limitar su papel de puente comercial al traslado físico de productos. Las compañías deben contar con condiciones para procesar y reexportar mercancías desde el territorio nacional.

La inversión extranjera directa en España ha acelerado su crecimiento. Alcanzó los 12.446 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 31,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos actualizados del Registro de Inversiones Extranjeras Datainvex de la Secretaría de Estado de Comercio.

El avance se produce además con un aumento significativo de la inversión destinada a nuevos proyectos y capacidad productiva, un indicio que el Gobierno considera especialmente relevante para medir la capacidad de España de atraer actividad empresarial. “Es una señal clara de confianza en nuestra economía, en nuestro tejido productivo y en las oportunidades que ofrece España”, han destacado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por territorios, la Comunidad de Madrid continúa concentrando la mayor parte del capital extranjero recibido. En los seis primeros meses del año captó 5.635,7 millones de euros, casi la mitad del total nacional y un 15,6% más que en el mismo periodo de 2025. Cataluña ocupa el segundo lugar, con 2.358,6 millones, después de registrar un crecimiento del 68,5%.

La Comunidad Valenciana aparece a continuación, con 1.845,8 millones de euros, seguida de Andalucía, con 903,6 millones. Castilla y León recibió 425,2 millones; Aragón, 185,3 millones; Galicia, 172,4 millones, y Canarias, 170,5 millones. También destacan Asturias, con 157,1 millones; Castilla-La Mancha, con 129,2 millones; Baleares, con 126,1 millones, y la Región de Murcia, con 110,9 millones.

Estados Unidos dispara su inversión un 84%

Por países, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor extranjero en España, con el 23% del total. Además, la inversión bruta estadounidense aumentó un 84% respecto al mismo periodo del año pasado, consolidando el peso de las empresas y fondos norteamericanos en la economía española, y todo ello a pesar de las críticas que Donald Trump ha vertido sobre España en los últimos meses.

“La fortaleza de la inversión estadounidense confirma el interés que sigue despertando España entre las grandes empresas y fondos internacionales”, ha puesto de relieve el Ejecutivo. El dato estadounidense se suma al crecimiento general de la inversión extranjera y refuerza el papel de España como destino para el capital internacional.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone el foco también en la evolución de la inversión denominada ‘greenfield’, aquella vinculada a la creación de nuevos proyectos y capacidad productiva. Este tipo de operaciones creció más de un 52% durante el primer semestre de 2026.

España, en el ‘Top 5′ de países europeos más atractivos para invertir

El interés del capital extranjero por invertir en España lo ha situado entre los cinco países europeos más atractivos para para las empresas internacionales, junto a Italia y Países Bajos, pero por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, según una encuesta del Deutsche Bank publicada este lunes.

El 30% de los encuestados declara invertir ya en España, según el sondeo entre empresas cuya sede está fuera de Europa. “Los resultados reflejan que Europa vuelve a percibirse como una región capaz de combinar estabilidad con oportunidades de crecimiento e innovación. España forma parte de esta tendencia y cuenta con atributos que la convierten en un mercado atractivo para los inversores internacionales”, destacó el consejero delegado de Deutsche Bank España, Iñigo Martos, según recoge Efe.

España forma parte del grupo de países que los inversores internacionales identifican con mayor frecuencia entre sus opciones de inversión. “El tamaño del mercado europeo, la capacidad de innovación, el talento disponible y el desarrollo de nuevas tecnologías serán elementos determinantes para que Europa y países como España continúen captando inversiones en los próximos años”, incide Martos.

Deutsche Bank realizó la encuesta entre julio y agosto de 2026 a 1.200 máximos directivos y responsables de empresas con al menos 100 empleados y cuya sede está fuera de Europa.

Europa, estable e innovadora

Europa es valorada por empresas internacionales por su estabilidad política y económica y por su capacidad de innovación, aunque recibe críticas por las fricciones transfronterizas, los costes y la lentitud de los procedimientos de autorización y concesión de permisos.

El 35% de los encuestados señala a Europa como la región más atractiva para su empresa en la actualidad. Le siguen Asia-Pacífico (excluida China), con un 24%, y Norteamérica, con un 19%. Oriente Medio representa el 10%; China, el 6%, y Latinoamérica, el 5%

¿Cuál es el juguete más importado a El Salvador? Los triciclos, patinetas, muñecas y otros juguetes con ruedas estuvieron entre los productos que más ingresaron al país durante el primer semestre de 2026. Esta categoría acumuló $23.5 millones, por lo que encabezó las compras salvadoreñas de juguetes y artículos recreativos.

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que las importaciones de juguetes, juegos, productos para recreación y artículos deportivos sumaron $45.4 millones entre enero y junio de 2026. El monto fue 42.8% mayor que los $31.8 millones registrados en el mismo período de 2025.

El aumento refleja un mayor flujo de mercancías según datos oficiales, que incluye juguetes, videojuegos, juegos de mesa, artículos para fiestas, equipos deportivos y productos para actividades al aire libre. En volumen, las importaciones pasaron de 6 millones de kilogramos en el primer semestre de 2025 a 7 millones de kilogramos en 2026.

Los juguetes con ruedas y las muñecas concentraron más de la mitad de las compras

La categoría con mayor valor importado reúne triciclos, patinetas, coches de pedal, coches y sillas de ruedas para muñecas, muñecas, muñecos, modelos a escala y otros juguetes. En los primeros seis meses de 2026, estas mercancías sumaron $23.5 millones y 3,9 millones de kilogramos.

Este grupo representó alrededor del 52% del valor total de las importaciones de juguetes y artículos recreativos. Un año antes, las compras de esta categoría habían alcanzado $17.2 millones, por lo que el valor aumentó $6.3 millones.

Los artículos para cultura física, gimnasia, atletismo y otros deportes ocuparon el segundo lugar, con $9.6 millones y 2 millones de kilogramos. Las videoconsolas, máquinas de videojuegos y juegos de sociedad sumaron $6.4 millones.

China fue el principal origen de los juguetes que llegaron al país

La República Popular China fue el principal proveedor de estos productos para El Salvador. Las importaciones desde ese país alcanzaron $34.6 millones y 5,2 millones de kilogramos en el primer semestre de 2026.

El monto procedente de China concentró cerca de 76%de las compras totales de juguetes y artículos recreativos. En el mismo período de 2025, las importaciones desde ese mercado fueron de $24.4 millones, lo que supone un incremento de $10.2 millones.

Estados Unidos se ubicó como el segundo proveedor, con $3.9 millones y 1,1 millones de kilogramos.

Junio registró el mayor nivel de compras externas

Junio fue el mes con el mayor valor de importaciones del semestre. Durante ese mes, El Salvador compró juguetes y artículos recreativos por $9,3 millones, con un volumen de 1,4 millones de kilogramos, este comportamiento podría responder a la necesidad de los comerciantes para preparar sus bodegas para la temporada de fin de año.

Enero registró compras por $8 millones y marzo alcanzó $7.9 millones. Abril fue el mes con el menor monto, con $6 millones. Abril y mayo también presentaron el menor volumen, con un millón de kilogramos cada uno.

El BCR registra una diferencia entre el volumen total semestral, de 7 millones de kilogramos, y la suma por categorías de productos, que alcanza 7.2 millones de kilogramos. El valor por categorías suma $45.3 millones, una cifra cercana al total semestral reportado de $45.4 millones.

Anthropic afronta dudas entre potenciales inversores sobre su capacidad para mantener el extraordinario crecimiento de sus ingresos una vez que salga a bolsa. La compañía, creadora del chatbot Claude, alcanzó unos ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares en julio y sus inversores prevén que supere los 120.000 millones de dólares al cierre de 2026.

El problema no está en el crecimiento actual, sino en cuánto tiempo puede mantenerse. La competencia de OpenAI y de modelos de IA más baratos, la sensibilidad de los clientes a los precios, la concentración de los ingresos y los elevados costes asociados al desarrollo de sistemas avanzados están entre los factores que generan incertidumbre antes de una posible oferta pública inicial (OPV).

Anthropic está valorada actualmente en unos 965.000 millones de dólares. Personas familiarizadas con el desempeño de la compañía citadas por Financial Times sitúan las posibles valoraciones tras la salida a bolsa entre 1,5 y 4 billones de dólares, una diferencia que refleja las dudas sobre el ritmo de crecimiento futuro.

OpenAI vuelve a presionar a Anthropic

Uno de los principales desafíos procede de OpenAI. Según datos de OpenRouter, el lanzamiento de GPT-5.6 en julio permitió a la compañía recuperar cuota de gasto de los usuarios y superar a Anthropic en gasto semanal por primera vez en más de dos años y medio.

La competencia no se limita a las dos empresas estadounidenses. Los llamados modelos de código abierto, cuyos parámetros pueden estar disponibles públicamente y que pueden ser modificados por empresas y desarrolladores, también están ganando terreno.

Compañías como DeepSeek y Moonshot, además de Meta, están desarrollando modelos que se acercan al rendimiento de algunos sistemas cerrados de última generación. Al tener costes potencialmente menores y permitir una mayor personalización, estas alternativas pueden facilitar que las empresas cambien de proveedor.

Eric Glyman, cofundador y codirector ejecutivo de la compañía de pagos Ramp, explicó al Financial Times que por primera vez está observando una competencia significativa en precios entre los laboratorios de IA. Ramp, añadió, ha reducido un 40 % su gasto en inteligencia artificial y utiliza diferentes modelos dependiendo de la tarea.

La fidelidad de los usuarios es otro factor

La presión sobre los precios plantea una cuestión fundamental para Anthropic: si sus clientes seguirán pagando por sus modelos cuando existan alternativas capaces de ofrecer resultados similares por menos dinero.

En este aspecto, Anthropic presenta un dato favorable. Un análisis realizado por Aleh Tsyvinski, profesor de Economía de Yale, encontró que el 22,5 % de los usuarios de Anthropic continuaba utilizando sus modelos 12 meses después de su primer uso. En OpenAI, la proporción era de aproximadamente 13,2 %.

Al mismo tiempo, el uso general de modelos de IA continúa creciendo. Los datos de OpenRouter muestran que el consumo de tokens, las unidades utilizadas para procesar las consultas, se multiplicó por 250 desde comienzos de 2025. Este aumento sustenta las expectativas de que el mercado todavía tenga espacio para expandirse.

El coste de desarrollar modelos cada vez más avanzados

Los inversores también deben valorar cuánto cuesta mantener este ritmo de innovación. Anthropic ha informado a sus inversores de que espera registrar un beneficio operativo ajustado por segundo trimestre consecutivo, mientras sus ingresos del segundo trimestre aumentaron hasta 11.500 millones de dólares y sus ingresos anualizados alcanzaron los 65.000 millones de dólares en julio.

Sin embargo, la compañía necesita realizar grandes inversiones para entrenar modelos cada vez más capaces. Su CEO, Dario Amodei, ha pedido recientemente que los laboratorios reduzcan el ritmo de desarrollo de los sistemas de vanguardia para mejorar la seguridad.

Una ralentización podría reducir los costes de entrenamiento de Anthropic, pero también daría más tiempo a competidores estadounidenses y chinos para acercarse tecnológicamente, una tensión que los inversores deberán valorar.

El riesgo de que la IA se convierta en un producto básico

La incertidumbre también se extiende al modelo de negocio de los laboratorios de IA. Ejecutivos tecnológicos han advertido que, a medida que aumente la competencia, los modelos podrían convertirse en servicios cada vez más intercambiables y baratos.

Esto supondría un desafío para empresas como Anthropic, que necesitan justificar valoraciones de cientos de miles de millones de dólares mediante un crecimiento sostenido y márgenes suficientes para compensar sus elevados costes de computación.

A estas dudas se suman la concentración de los ingresos entre grandes clientes y socios de infraestructura, posibles intervenciones gubernamentales y los riesgos sociales asociados con el desarrollo de sistemas de IA más avanzados.

Por ahora, Anthropic mantiene un crecimiento excepcional y ha comunicado señales de mejora en su rentabilidad. Pero la cuestión que deberán responder los mercados cuando la compañía salga a bolsa será si ese crecimiento puede mantenerse cuando la competencia sea mayor, los precios bajen y el desarrollo de modelos avanzados exija inversiones cada vez más elevadas.

La agencia calificadora Fitch Ratings consideró que el Paquete Económico 2027 de México plantea una estrategia creíble para avanzar en la consolidación fiscal, al combinar proyecciones macroeconómicas consideradas realistas con medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos.

Por igual, la calificadora dijo que la reducción del déficit prevista es moderada y aún existen dudas sobre si las autoridades podrán alcanzar una consolidación fiscal suficiente para detener el aumento de la deuda como proporción del PIB a lo largo del tiempo, lo que representa un riesgo a la baja para la calificación de México.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el análisis de Fitch destaca que el gobierno mexicano busca reducir gradualmente sus necesidades de financiamiento, al tiempo que mantiene recursos para inversión y programas prioritarios.

Fitch ve proyecciones económicas más realistas

Uno de los elementos señalados por la calificadora es el marco macroeconómico utilizado para elaborar el presupuesto de 2027.

La propuesta contempla un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%. Esta estimación se encuentra cerca del pronóstico de Fitch, que calcula un crecimiento de 1.8% para México.

Para la agencia, una estimación más cercana a las condiciones previstas para la economía disminuye el riesgo de que existan desviaciones entre las metas presupuestarias y los resultados observados durante el año.

La SHCP sostiene que esta estrategia busca establecer metas fiscales alcanzables y evitar ajustes excesivamente acelerados que puedan afectar la actividad económica, la inversión productiva y, eventualmente, los propios ingresos públicos.

México reducirá sus requerimientos financieros en 2027

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, medida calificada como menos ambiciosa que el objetivo de 3.5% establecido en los Pre-Criterios presupuestarios de abril y mantiene la lenta trayectoria de consolidación de 0.2 puntos porcentuales por año adoptada en el presupuesto de 2026.

El Gobierno federal plantea que el ajuste debe realizarse de manera progresiva para preservar la actividad económica y mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.

Fitch también destacó que existe un margen limitado para reducir todavía más el gasto, por lo que una parte importante del esfuerzo fiscal estará concentrada en elevar la recaudación.

Por igual proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará a 57.3%, convergiendo con la mediana correspondiente a países con calificación BBB.

Ingresos tributarios alcanzarían máximo histórico

El fortalecimiento de los ingresos públicos es uno de los principales componentes del Paquete Económico 2027.

Según Hacienda, las medidas contempladas buscan mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, combatir la evasión y la elusión y aumentar la eficiencia de la recaudación.

La estrategia no contempla la creación de nuevos impuestos generales ni un incremento generalizado de las tasas corporativas.

Con estas medidas, los ingresos tributarios alcanzarían 15.9% del PIB en 2027, lo que representaría un máximo histórico, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

“Las nuevas medidas buscan incrementar los ingresos en 0.7% del PIB durante 2027, aunque únicamente 0.4 puntos porcentuales de ese aumento serían permanentes”, destaca la calificadora internacional.

Hacienda mantiene diálogo con empresas

La dependencia también informó que continuará el diálogo técnico con distintos sectores de la sociedad y empresariales sobre algunas disposiciones específicas incluidas en la propuesta.

Entre los temas que permanecen bajo análisis se encuentran los límites a determinadas deducciones, cuyos posibles efectos sobre la actividad económica y las decisiones de inversión serán evaluados.

La Secretaría de Hacienda sostiene que este diálogo busca preservar condiciones de certidumbre para las empresas y los inversionistas durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Pemex, uno de los retos fiscales para México

Fitch identificó además a Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los principales desafíos fiscales de mediano plazo.

La estrategia gubernamental contempla fortalecer la posición financiera de la empresa, mejorar su desempeño operativo y reducir gradualmente su endeudamiento.

Para 2027, Pemex tiene como objetivo alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, como parte de las medidas para mejorar sus finanzas y disminuir las presiones que representa para las cuentas públicas.

Fitch mantiene calificación de México en BBB-

La calificadora recordó que en abril de 2026 ratificó la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable.

Aunque Fitch señaló que todavía existen retos fiscales de mediano plazo, Hacienda enfatizó que la meta planteada para 2027 debe entenderse como una etapa dentro de una estrategia multianual y no como el punto final de la consolidación fiscal.

El objetivo del Gobierno federal es mantener una trayectoria sostenible de la deuda mediante mayores ingresos permanentes, supuestos económicos realistas y un manejo responsable del gasto público.

El Gobierno de Honduras designó al ingeniero Pablo Paz para desarrollar una misión en Estados Unidos con el objetivo de promover las oportunidades de inversión que ofrece el país y establecer contactos con empresarios y representantes de distintos sectores económicos.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para fortalecer la presencia de Honduras en escenarios internacionales y utilizar la política exterior como plataforma de promoción económica.

La misión tendrá como componente central la búsqueda de contactos con empresarios, inversionistas y representantes de sectores que puedan mostrar interés en las condiciones y posibilidades que ofrece Honduras para el desarrollo de proyectos productivos.

La labor encomendada a Paz apunta a ampliar los canales de comunicación entre Honduras y potenciales inversionistas estadounidenses, mediante la promoción de las capacidades nacionales y la identificación de áreas con posibilidades de crecimiento.

La estrategia busca dar mayor visibilidad a las oportunidades existentes en Honduras y facilitar un acercamiento directo con actores que puedan contribuir al desarrollo de nuevos proyectos capaces de generar actividad económica y ampliar las oportunidades laborales.

La atracción de inversión es planteada como uno de los mecanismos para dinamizar distintos sectores de la economía e impulsar nuevos emprendimientos productivos.

En ese marco, la misión en Estados Unidos incluye un componente de promoción que busca trascender las relaciones diplomáticas tradicionales y llevar al ámbito internacional una agenda vinculada al crecimiento económico.

Estados Unidos, espacio estratégico para la promoción

Honduras mantiene con Estados Unidos importantes vínculos económicos, comerciales y sociales. La presencia de representantes hondureños dedicados a promover oportunidades de inversión permite establecer nuevos contactos y presentar información sobre las posibilidades existentes en el país.

El Gobierno busca aprovechar estos espacios para fortalecer la confianza y abrir conversaciones con sectores interesados en ampliar sus operaciones, evaluar nuevos mercados o desarrollar proyectos en Honduras.

La designación de Paz se integra a una concepción de la política exterior en la que las relaciones internacionales también respaldan objetivos económicos nacionales. Bajo este enfoque, las misiones en otros países adquieren una dimensión adicional: además de representar a Honduras, buscan generar contactos y oportunidades que beneficien al aparato productivo.

El Gobierno pretende identificar potenciales socios, ampliar las posibilidades de inversión y promover proyectos con incidencia en la generación de empleo, con presencia permanente ante sectores que puedan estar interesados en invertir en el país.

Más inversión para ampliar el empleo

Uno de los resultados que el Gobierno espera de este tipo de iniciativas es la atracción de proyectos que representen nuevas fuentes de trabajo para los hondureños. La llegada de capital para proyectos productivos puede generar actividad directa en las empresas que se establezcan y, dependiendo de los proyectos, también oportunidades para proveedores y sectores vinculados a sus operaciones.

La misión de Paz tendrá así el reto de identificar espacios de interés y fortalecer las relaciones con potenciales inversionistas, con una agenda centrada en mostrar las condiciones que ofrece Honduras.

La iniciativa busca contribuir a una mayor proyección de Honduras en el escenario internacional. Los acercamientos que se realicen durante la misión permitirán explorar posibilidades de cooperación y negocios, además de establecer canales de comunicación que puedan mantenerse más allá de la agenda inmediata.

Con esta designación, el Gobierno refuerza una estrategia que coloca la atracción de inversión y la generación de empleo entre los objetivos de su agenda internacional, con el propósito de abrir nuevos puentes con potenciales inversionistas y fortalecer los contactos que puedan contribuir a la llegada de proyectos a territorio hondureño.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) proyecta cerrar el período con ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras un promedio de $80 millones y destinará esos recursos a una agenda de inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de sus terminales, según informó el gerente de la institución, Yaudet Burbara.

Burbara explicó que la ENP ejecutará inversiones por más de 400 millones de lempiras con fondos propios, mientras que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) aportará otros recursos que superan los USD 100 millones. Ambas fuentes financiarán proyectos vinculados con la infraestructura y la operación de los puertos hondureños.

La iniciativa se incorpora al conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema portuario y modernizar sus procedimientos.

Uno de los componentes más relevantes de la agenda es la instalación de equipos de rayos X en puntos estratégicos de control: puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. La tecnología reforzará los mecanismos de revisión e identificación de mercancías durante las operaciones de ingreso y salida del país.

La incorporación de estos equipos forma parte de una modernización más amplia que abarca tanto obras físicas como cambios en los procedimientos portuarios. El objetivo es hacer más eficientes los controles y aumentar la capacidad de respuesta del sistema.

Estándares internacionales como meta

Burbara señaló que la ENP trabaja en la actualización de procesos y en la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas para agilizar las operaciones y acercar las terminales a estándares internacionales de eficiencia.

La modernización no se limita a la ejecución de obras físicas, sino que también contempla cambios en la forma en que se desarrollan los procedimientos portuarios. La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.

“La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.”

Los puertos hondureños desempeñan un papel central en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales. La expectativa institucional es que las inversiones anunciadas aumenten la capacidad operativa de las terminales, reduzcan limitaciones en los procesos y ofrezcan mejores condiciones para el comercio marítimo.

La proyección de ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras brinda a la ENP el margen para sostener esa agenda, con la combinación de fondos propios y la inversión canalizada a través de la OPC.

Importancia estratégica para el comercio exterior

La expectativa institucional es que estos proyectos permitan aumentar la capacidad operativa, reducir limitaciones en los procesos y ofrecer mejores condiciones para las actividades relacionadas con el comercio marítimo.

En ese sentido, la inversión no solo está orientada a atender las necesidades actuales, sino también a preparar al sistema portuario para futuras demandas y nuevos desafíos.

La modernización de los puertos tiene además una importancia estratégica para Honduras, debido al papel que desempeñan estas instalaciones en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales explicaron sus autoridades.

Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó este jueves los avances del programa de caminos prioritarios durante la conferencia matutina y detalló que la meta para la actual administración es alcanzar 3 mil 161 kilómetros construidos, con una inversión acumulada de 154 mil millones de pesos.

De acuerdo con la exposición durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, actualmente se han concluido 407 kilómetros, equivalentes al 13 % de la meta; otros mil 113 kilómetros, que representan 35 %, se encuentran en ejecución. El resto, mil 637 kilómetros, comenzará a desarrollarse entre 2027 y 2029, para completar el 52 % pendiente.

La cifra forma parte de un programa carretero más amplio. La SICT ha informado previamente que el Gobierno de México contempla inversiones públicas y mixtas para ampliar y modernizar la infraestructura carretera, incluidas autopistas y nuevos corredores. En agosto, la dependencia reportó que durante 2026 se cuentan con 145 mil millones de pesos para infraestructura carretera y otros 100 mil millones de pesos bajo un esquema mixto para autopistas.

¿Qué carreteras construirá el Gobierno de México?

Entre las obras presentadas por Esteva Medina se encuentran proyectos que buscan mejorar la conexión entre entidades y reducir los tiempos de traslado, particularmente en zonas donde actualmente existen caminos de terracería o tramos con condiciones limitadas.

Uno de los proyectos ya concluidos es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora y Chihuahua. El funcionario explicó que la obra permitió reducir de cinco horas y media a una hora y media el tiempo estimado de recorrido. El proyecto tuvo una longitud de 134 kilómetros y una inversión de mil 800 millones de pesos.

También se encuentra concluida la carretera San Ignacio-Tayoltita, que conecta Sinaloa y Durango. En este caso, el tiempo de traslado pasó de alrededor de 10 horas a una hora y media, una reducción de aproximadamente ocho horas y media. La obra incluye 14 puentes, tres viaductos y otras estructuras.

En Hidalgo, la conclusión de Real del Monte-Huasca forma parte del eje que conecta Pachuca con Tampico. De acuerdo con el titular de la SICT, este tramo permitió reducir aproximadamente 40 minutos el tiempo de recorrido.

Entre los proyectos que continúan en ejecución está Guaymas-Chihuahua, una conexión considerada estratégica para enlazar el puerto de Guaymas con el norte del país. En 2025 se construyeron 10 kilómetros con apoyo de la Secretaría de Marina, mientras que para 2026 están previstos otros 74 kilómetros. El proyecto permitirá reducir el traslado en aproximadamente dos horas.

Otro de los proyectos es el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos, que incluye infraestructura para conectar la Autopista Siglo XXI con la Autopista del Sol, además de trabajos de conservación y modernización de caminos utilizados como rutas de emergencia ante una eventual actividad del volcán Popocatépetl.

Obras en Morelos, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero

La carretera Cuautla-Tlapa atraviesa Morelos, Puebla y Guerrero y contempla una longitud de 253 kilómetros. Según la presentación de Esteva Medina, el proyecto registra un avance de 42 % y durante este año se trabajan 54 kilómetros.

La modernización contempla ampliar determinados tramos a una sección de 12 metros de ancho, con dos carriles y acotamientos, además de modificar curvas para mejorar las condiciones de seguridad y reducir los tiempos de recorrido. La estimación es disminuir aproximadamente una hora el traslado.

En la zona de San Luis Potosí e Hidalgo también avanza la carretera Tamazunchale-Huejutla, integrada al corredor que conecta con Pachuca y posteriormente con Tampico. El proyecto registra un avance de 22 % y contempla nuevos puentes y kilómetros de carretera. Su conclusión está prevista para diciembre de 2029.

El Gobierno de México también trabaja en la carretera Macuspana-Escárcega, que forma parte de un corredor para conectar el sureste con otras regiones del país. El proyecto tiene una longitud total de 250 kilómetros y contempla la ampliación a cuatro carriles del tramo entre Escárcega y Macuspana.

En Oaxaca y Guerrero, el eje Salina Cruz-Lázaro Cárdenas amplía el alcance originalmente previsto hasta Zihuatanejo, con la incorporación de tramos hacia Michoacán. Durante 2025 se realizaron trabajos en 15 kilómetros en Oaxaca y se rehabilitaron ocho puentes en Guerrero. Para 2026 están previstos otros 22 kilómetros en Oaxaca, donde el avance reportado es de 26 %.

El proyecto contempla además trabajos de conservación en la carretera federal 200, que recorre parte de la costa del Pacífico y conecta entidades como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En el corredor Toluca-Zihuatanejo, que atraviesa zonas del Estado de México, Michoacán y Guerrero, durante 2025 se construyeron 12 kilómetros, un puente y tres entronques. Para este año se contemplan 47 kilómetros adicionales, con un avance reportado de 7 %.

La SICT también ha señalado que el programa carretero de la actual administración incluye otros proyectos de infraestructura, además de los ejes prioritarios, como puentes, distribuidores viales, conservación y autopistas bajo esquemas de inversión pública y mixta. En marzo, la dependencia reportó una inversión global de 397 mil 46 millones de pesos para intervenir 4 mil 937 kilómetros de carreteras y autopistas, además de 21 puentes.

Con este conjunto de proyectos, la administración federal plantea ampliar y modernizar corredores carreteros en diferentes regiones del país, con obras cuya ejecución se extenderá hasta 2029 y que, de acuerdo con la SICT, buscan reducir tiempos de traslado y mejorar la conexión entre comunidades, ciudades, puertos y regiones productivas.

En pleno debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, otro de los aspectos más polémicos —y tangibles— de esta tecnología son los centros de datos. Unas infraestructuras que tienen cada vez más oposición —en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los pocos temas que unen a demócratas y republicanos, con siete de cada diez personas en contra, según una encuesta de Gallup—, pero que en España planean una expansión acelerada: las empresas del sector tienen planeada una inversión de 67.000 millones de euros hasta 2030 para su desarrollo en el país. Ahora, Pedro Sánchez ha saltado al plano internacional para ofrecer, en un artículo publicado en Bloomberg, su visión sobre el tema.

En el texto, el presidente del Gobierno no se muestra en contra de los centros de datos: “La cuestión no es si los centros de datos son necesarios —lo son—, sino cómo se desarrollan”, escribe. “La rápida expansión de los centros de datos se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial. Pero el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro. Y con razón”, añade.

Por ello, el Ejecutivo prepara un real decreto que exigirá a los centros de datos respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo abriera en agosto una consulta pública sobre la futura regulación, y pretende ordenar la expansión de los centros de datos antes de que su demanda genere presiones sobre el sistema eléctrico o conflictos con las comunidades cercanas.

“Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”, destaca Sánchez en Bloomberg. En esa línea, plantea que “el acceso a la red eléctrica es un activo estratégico escaso y no debe quedar bloqueado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o de una contribución significativa a la economía y a la sociedad”.

Cada aplicación de IA “consume energía y ocupa suelo”

Sánchez señala que los servicios digitales consumen recursos físicos. “Aunque a menudo se percibe la economía digital como algo inmaterial, cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y exige inversiones cada vez mayores”. Y avisa del riesgo de morir de éxito: en Irlanda, los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico nacional en 2023 y podrían llegar al 32% este año, mientras que en Estados Unidos su participación en la demanda pasaría del 4% en 2023 al 12% previsto para 2028.

“La solidez de nuestra economía y nuestra capacidad renovable han despertado un enorme interés inversor en la construcción de centros de datos, lo que significa que sus necesidades energéticas superarán con seguridad las previsiones. Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios en 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones multiplican varias veces ese objetivo”, escribe. Por ello, la propuesta gubernamental incluye estándares de eficiencia energética e hídrica, “lo que nos permitirá evaluar y comparar su uso de recursos y desincentivar el despilfarro”.

En el artículo, Sánchez afirma que el propósito no es limitar la innovación, sino “todo lo contrario; es asegurar que sean económicamente sostenibles y ambiental y socialmente justos”. El presidente defiende que estas instalaciones constituyen un activo estratégico en un continente que hoy depende de capacidades digitales ajenas a Europa, y concluye: “La lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz”.

Los españoles tienen aversión al riesgo en materia de inversión, como lo demuestra que seis de cada diez mantienen su dinero fuera de los mercados financieros pese a que tres de cada cuatro hogares cuentan con ahorros. No obstante, cuatro de cada diez personas que hoy no invierten aseguran que podrían hacerlo en el futuro.

Estas son las principales conclusiones de una encuesta encargada por ING Research a Ipsos que muestra una brecha entre la capacidad de ahorro de las familias y su disposición a invertir. El estudio, realizado en once países europeos entre el 27 de julio y el 7 de agosto, refleja además que España mantiene una relación especialmente prudente con la inversión.

El miedo a perder dinero y la falta de conocimientos financieros aparecen entre los principales obstáculos para invertir. Un 56% de los españoles que no invierten señala la aversión al riesgo como motivo, mientras que un 43% considera que no tiene suficientes conocimientos para dar el paso.

La cautela también se refleja en la elección de productos. Dos de cada tres encuestados españoles prefieren activos más seguros, aunque implique obtener una rentabilidad menor. Los ahorradores muestran además una mayor confianza en los asesores profesionales que en las recomendaciones de inversión generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Los jóvenes: más inversores que ahorradores

Pese a esta prudencia, la encuesta detecta un creciente interés de las generaciones más jóvenes por construir patrimonio a largo plazo. Los ciudadanos españoles de entre 25 y 44 años son el grupo con mayor interés inversor de Europa, un dato que apunta a un cambio gradual en la relación con el ahorro y los mercados financieros.

Los encuestados consideran que mantener el nivel de vida en la jubilación es uno de los objetivos que se marcan al invertir. La mayoría considera necesario prepararse financieramente para esa etapa.

A pesar de que invierten poco, los españoles reconocen que mantener todo el ahorro inmovilizado puede entrañar riesgos, especialmente en periodos de inflación. La pérdida de poder adquisitivo del dinero se convierte así en uno de los argumentos para buscar alternativas que permitan preservar o aumentar el patrimonio.

Inversión en ladrillo, la preferida por los españoles

Sin embargo, cuando se pregunta por los activos con mayor potencial de rentabilidad durante los próximos diez años, los españoles no sitúan a los mercados financieros en primera posición. La vivienda destinada al alquiler continúa siendo la opción preferida: un 45% de los encuestados considera que es la inversión con mejores perspectivas a largo plazo.

La preferencia española por el ladrillo contrasta con la visión predominante en el conjunto de Europa. En el resto del continente, el oro aparece como el activo al que los encuestados atribuyen un mayor potencial de rentabilidad durante la próxima década. La diferencia refleja también distintas culturas de ahorro e inversión y la tradicional importancia que tiene la vivienda en el patrimonio de los hogares españoles.

El estudio señala que Europa está avanzando en la transición del ahorro hacia la inversión, aunque todavía existe un amplio margen de crecimiento frente a mercados más desarrollados, como Estados Unidos. Una parte significativa del patrimonio de los hogares continúa concentrada en depósitos y otros instrumentos líquidos, incluso cuando existen alternativas destinadas a generar rentabilidad a más largo plazo.

Las estimaciones de ING Research reflejan que no invertir sale caro. Si los europeos hubieran destinado únicamente una cuarta parte del dinero que canalizaron hacia depósitos desde 2002 a fondos de inversión, el patrimonio de los hogares habría sido 1,17 billones de euros en 2025. Esa cantidad equivale al 7,4% del PIB de la zona euro.

Panamá refuerza su atractivo para la inversión productiva orientada al mercado de Estados Unidos tras quedar fuera del nuevo esquema de aranceles adicionales aplicado por Washington.

La condición abre una oportunidad para que empresas internacionales utilicen al país como plataforma de fabricación y exportación.

Desde el Ministerio de Comercio e Industrias se informó que la ventaja combina el acceso preferencial al mercado estadounidense con la conectividad logística panameña.

Ese escenario puede impulsar proyectos de nearshoring, en especial entre compañías que buscan producir más cerca de su destino final y reducir costos comerciales.

Panamá no figura desde el 24 de julio entre las economías alcanzadas por el recargo adicional establecido por Estados Unidos. La medida aplica tasas de entre 10% y 12,5% a los países incluidos en la lista, un costo que los bienes panameños pueden evitar si cumplen los requisitos previstos.

Para los productos de Panamá que califican bajo el Tratado de Promoción Comercial entre ambos países, la exclusión permite conservar las tarifas preferenciales, incluido el arancel de 0% cuando corresponde. Esto mejora la capacidad de competir frente a exportaciones regionales sujetas al nuevo gravamen.

La agroindustria panameña aparece entre las actividades con mayores posibilidades de aprovechar la diferencia arancelaria.

En el mercado de supermercados de Estados Unidos, donde el precio incide de forma directa en las decisiones de compra, evitar el recargo puede favorecer la presencia de la oferta nacional.

El beneficio puede trasladarse a las negociaciones entre exportadores e importadores. También puede reflejarse en precios más competitivos o en un margen comercial mayor para las empresas que participan en la cadena de suministro.

Entre los productos panameños que ya tienen presencia en Estados Unidos se encuentran el azúcar de caña, el pescado, los mariscos, el banano, la sandía, el café y la papaya. La lista también incluye alimentos procesados y manufacturados, como vinagre, salsas y pastas.

Estos bienes podrían encontrar mejores condiciones para ampliar sus ventas mientras competidores de otros países absorben el impacto de las nuevas tasas. La diferencia adquiere relevancia en rubros donde pequeños cambios en los costos pueden alterar la elección de proveedores.

Estados Unidos mantiene su condición de principal socio comercial de Panamá y concentra el 18% de las exportaciones panameñas de bienes.

La continuidad de las preferencias arancelarias, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, preserva una ventaja para un mercado que ya ocupa un lugar central en la estrategia exportadora del país.

Exención no se limita al comercio tradicional, pues también ofrece un argumento para atraer capital extranjero hacia actividades de transformación, ensamblaje y producción destinadas al mercado estadounidense.

Las empresas que evalúan instalar operaciones en Panamá pueden considerar la posibilidad de fabricar allí y exportar bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial. La conectividad del país se suma a ese acceso preferencial como parte de su propuesta para captar nuevas inversiones.

De igual manera, la oficina para la promoción de inversiones y exportaciones ProPanamá inauguró oficialmente el Pabellón de Panamá en la trigésima edición del Americas Food & Beverage Show (AF&BS 2026), celebrado en el Miami Beach Convention Center.

El pabellón de Panamá es un espacio que reúne a 15 empresas locales, exportadoras y en vías de exportación, que presentan al mercado internacional la calidad, innovación y diversidad de nuestra oferta exportable.

La delegación panameña asiste a este encuentro global respaldada por una estrategia institucional orientada a la competitividad logística y comercial, donde los empresarios tendrán la oportunidad de dar a conocer productos de alta calidad y con potencial para conquistar nuevos mercados, fortaleciendo la presencia de Panamá en la escena internacional frente a miles de compradores, distribuidores y especialistas del sector de alimentos y bebidas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Iniciativa Climática de México (ICM) analizan crear una Plataforma País con un Módulo de Inversión Sostenible para reducir riesgos y canalizar capital privado hacia proyectos de energía, infraestructura, movilidad, desarrollo urbano, restauración ambiental y campo que ayuden a cumplir las metas climáticas del país.

La propuesta surge ante un problema identificado por autoridades, banca de desarrollo, instituciones financieras y organizaciones civiles: existen proyectos con beneficios ambientales y sociales, pero enfrentan barreras regulatorias, falta de preparación técnica y dificultades para acceder al crédito.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ICM señalaron que el objetivo no es únicamente aumentar los recursos disponibles. El planteamiento busca que el dinero público y privado llegue a iniciativas alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo y con la NDC 3.0 de México.

El diálogo “Trazando la ruta hacia una Plataforma País en México” se realizó en Ciudad de México el pasado 14 de septiembre de 2026. El encuentro formó parte de un proceso de análisis que encabeza Hacienda para definir las características de un eventual mecanismo nacional de financiamiento sostenible.

La propuesta contempla garantías, seguros y financiamiento concesional

Una Plataforma País es un mecanismo liderado por los gobiernos para fortalecer la colaboración en inversiones nacionales e internacionales y atraer financiamiento que permita avanzar hacia proyectos estratégicos de desarrollo sostenible y acción climática. La que busca impulsar el gobierno de México tendría una función de coordinación entre dependencias federales, banca de desarrollo, instituciones financieras, organismos internacionales, empresas y sociedad civil. También buscaría vincular carteras de proyectos con fuentes de financiamiento.

Entre los instrumentos en análisis se encuentran garantías, seguros, financiamiento concesional y esquemas de financiamiento combinado, conocidos como blended finance. Estos mecanismos permitirían disminuir la percepción de riesgo de ciertos proyectos y facilitar la participación de inversionistas privados.

La discusión también incluye la preparación de iniciativas desde sus primeras etapas. Esto abarcaría estudios técnicos, evaluación de viabilidad financiera, definición de beneficios sociales y ambientales, además de la estructuración necesaria para solicitar créditos o atraer inversión.

El diagnóstico presentado durante el taller apunta a una brecha entre las prioridades públicas y los proyectos capaces de recibir financiamiento. La falta de expedientes técnicos, mecanismos de garantía y capacidades institucionales limita el acceso a recursos para obras y programas con metas climáticas.

La banca de desarrollo podría tener participación en la reducción de riesgos. Banobras y Nafin formaron parte de las mesas de trabajo junto con banca comercial, dependencias federales y organismos dedicados a temas ambientales, rurales y de infraestructura.

Energía, movilidad y restauración concentran la discusión

El primer eje analizado fue la transición energética y la infraestructura para el desarrollo productivo e industrial. Los participantes discutieron los sectores y proyectos que México debería priorizar para reducir emisiones hacia 2035 y avanzar hacia una trayectoria de cero emisiones netas.

El segundo bloque se centró en movilidad, transporte, infraestructura urbana y economía circular. La discusión incluyó formas de ampliar el financiamiento público, de banca de desarrollo y privado para obras que reduzcan emisiones en las ciudades y atiendan necesidades de desarrollo económico y justicia social.

La tercera mesa abordó la restauración de ecosistemas y el desarrollo rural. Ahí se analizaron esquemas para financiar acciones de adaptación climática, conservación de la naturaleza, reducción de riesgos y atención de pérdidas y daños en comunidades rurales.

Hacienda plantea que una Plataforma País podría vincular estas inversiones con instrumentos ya existentes, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la NDC 3.0.

También podría complementar la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y la Taxonomía Sostenible de México. La intención es establecer criterios que permitan identificar actividades y proyectos compatibles con objetivos ambientales y sociales.

México todavía no anuncia recursos ni reglas de operación

El taller no incluyó el anuncio de un fondo, un monto de inversión, una cartera definida de proyectos ni una fecha para poner en marcha la plataforma. La SHCP se encuentra en una etapa de diálogo para identificar mecanismos que respondan a las necesidades del país.

Las Plataformas País son esquemas voluntarios encabezados por gobiernos nacionales. Su propósito es traducir compromisos climáticos en proyectos concretos, coordinar a actores públicos y privados y disminuir la fragmentación entre instituciones y fuentes de financiamiento.

El comunicado señala que alrededor de 20 países ya establecen o anuncian mecanismos de este tipo, entre ellos Brasil, Colombia, Sudáfrica, Indonesia y Egipto. México busca revisar esas experiencias para definir un modelo propio.

El proceso de Hacienda continúa después de cinco talleres dedicados a las experiencias internacionales, las oportunidades de inversión en energía, biodiversidad, sistemas alimentarios y desarrollo territorial, así como al uso de cooperación técnica y mecanismos financieros para movilizar recursos públicos y privados.

En ese contexto, el economista Santiago Bulat analizó la situación durante una entrevista en Infobae en Vivo y advirtió que la actividad se contrajo durante el segundo trimestre. “No estamos en recesión, pero ya te anotaste un trimestre malo”, afirmó, y definió el escenario como el de “una economía fría”.

Bulat explicó que la economía mostró una recuperación mensual desde el comienzo de la actual gestión, después de la caída inicial. Esa dinámica se frenó entre abril y junio. Según detalló, el resultado abarcó al conjunto de las actividades, incluidas aquellas vinculadas con el agro, la energía y el petróleo.

“Esta vez fueron más fuertes los que perdieron que los que ganaron”, sostuvo. El economista también mencionó que los datos de julio mostraron un inicio negativo para la construcción y la industria, dos sectores que permiten seguir el comportamiento de la actividad interna.

El especialista señaló que, desde una definición técnica, una recesión se configura cuando la economía registra dos trimestres consecutivos de caída. Por eso, remarcó que el retroceso entre abril y junio no alcanza todavía para aplicar esa categoría, aunque agregó que el escenario dejó una señal de alerta para los próximos datos.

Capacidad de compra, en caída

Uno de los ejes de la entrevista fue la evolución del salario real, un indicador que permite medir cuántos bienes y servicios puede comprar una persona con su ingreso. Bulat sostuvo que los salarios registrados dejaron de recuperar terreno frente a la inflación y cayeron desde septiembre de 2025.

Según explicó, la baja no refiere a un recorte nominal de los ingresos. La pérdida aparece cuando los aumentos salariales quedan por debajo de la evolución de los precios. Bulat describió una secuencia que comenzó con una fuerte caída del poder adquisitivo durante los primeros meses del Gobierno, en un período marcado por la devaluación y una inflación mensual elevada. Luego, los salarios recuperaron parte del terreno hasta febrero de 2025. A partir de ese momento, la mejora se estancó y, desde septiembre de ese año, el indicador volvió a retroceder.

El economista señaló que el salario registrado mostró una suba en abril, aunque después volvió a caer en mayo, junio y julio, según los números del Ministerio de Trabajo que mencionó durante la entrevista. “El salario real dejó de crecer”, resumió.

La discusión surgió a partir de una pregunta sobre la distancia entre algunas cifras macroeconómicas, los mensajes del Gobierno sobre el consumo y la experiencia cotidiana de personas que sienten que sus gastos fijos crecieron por encima de sus ingresos. Bulat planteó que ninguna imagen aislada alcanza para describir el estado general de la economía.

“Si te basás solamente en un video de avenida Corrientes o en una persona angustiada porque no puede pagar la cuota de un crédito, probablemente llegues a conclusiones erradas”, dijo. Para el economista, el análisis debe contemplar salarios, empleo, ventas, morosidad, inversión y desempeño sectorial.

Sin crisis de desempleo, pero con mayor precarización

Bulat diferenció el nivel de desocupación de las condiciones laborales de quienes sí tienen una ocupación. Señaló que la Argentina no enfrenta una crisis de desempleo comparable con la de los años 90, cuando la desocupación alcanzó el 18% en 1995. Según indicó, la tasa actual se ubica por debajo del 8%.

“Si veo solo desempleo, no hay un problema grande en el mercado laboral. Ahora, ¿qué está pasando dentro de los que sí están empleados?”, preguntó. Su respuesta se centró en la suba del monotributo, el empleo informal y la cantidad de personas que buscan más de una ocupación para completar ingresos.

Durante la entrevista se presentaron cifras basadas en el SIPA de junio, el último dato disponible de empleo registrado mencionado en el programa. Esos números marcaron caídas entre mayo y junio de 2026 en el empleo privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares. El monotributo fue el único segmento que registró una suba.

Bulat aclaró que ese aumento no representa por sí solo una mejora laboral. “Entre el 80% y el 85% del monotributo está en las categorías A, B y C”, afirmó. Según explicó, esas escalas agrupan ingresos bajos en términos generales.

El economista señaló que el paso desde un empleo registrado hacia el monotributo o la informalidad cambia las condiciones de ingreso y de protección laboral. Por eso, consideró insuficiente analizar la evolución del mercado de trabajo a partir de una única cifra de desempleo.

También vinculó esta situación con el comportamiento del consumo. A su entender, las ventas enfrentan un doble límite: el empleo formal no repunta y los ingresos dejan de ganarle a la inflación. A eso se suma una mayor apertura comercial en algunos rubros, que amplía la oferta para los consumidores y, al mismo tiempo, plantea competencia para la producción local. “Podés abrir más la economía y darle acceso a los consumidores a más cosas, pero los que producen acá se pueden sentir más afectados. Las dos situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo”, planteó Bulat.

El impacto de la suba de la morosidad

La morosidad fue otro de los factores mencionados por el economista. Bulat sostuvo que el crecimiento de los atrasos en pagos no responde únicamente a las tasas de interés. También lo asoció con una menor capacidad de los hogares para afrontar gastos mensuales y sostener niveles previos de consumo.

“Llegás menos a fin de mes como llegabas antes y tenés menos empleo del que tenías antes. La gente buscó de alguna manera sostener los consumos previos, y eso pegó en el crédito”, expresó.

En ese punto, se refirió a las líneas del Banco Nación para refinanciar deudas, entre ellas las vinculadas con tarjetas de crédito. Bulat indicó que estas medidas no garantizan una reactivación de la actividad, aunque pueden ofrecer una alternativa ante el aumento de los atrasos.

“Probablemente no alcancen para que la economía repunte, pero tampoco se podía dejar que la morosidad fuera un problema que nadie atendiera”, dijo. También señaló que el incumplimiento de pagos representa un problema para los bancos, por lo que las entidades tienen incentivos para ofrecer mecanismos de refinanciación.

Durante la charla surgió además la expectativa oficial de que una baja de las tasas ayudara a reactivar el crédito y el consumo. Bulat indicó que esa posibilidad enfrenta límites que exceden a la dinámica local, entre ellos la evolución de las tasas en Estados Unidos.

Por qué no repunta la inversión

Para el economista, la inversión privada constituye una de las variables centrales para evaluar si la actividad puede recuperar impulso. Comparó el funcionamiento de la economía con un auto que necesita tracción en sus cuatro ruedas. En esa figura, ubicó al gasto público y al consumo de un lado, y a las exportaciones y la inversión del otro.

Según su descripción, la actual administración redujo el uso de subsidios, programas de estímulo al consumo, obra pública y otras herramientas estatales que impulsaban la demanda. En consecuencia, las exportaciones y el capital privado deberían asumir un papel más relevante.

Bulat sostuvo que las exportaciones mostraron una evolución favorable en numerosos sectores, aunque la inversión todavía no acompañó ese desempeño. “La inversión va todos los meses para abajo”, afirmó durante la entrevista. Mencionó las licitaciones relacionadas con la ruta 5 como una de las iniciativas en marcha. “Algo están haciendo, pero arrancó tarde y es poco si lo comparás contra lo que hacía el Estado”, expresó.

Bulat atribuyó parte de la demora a la incertidumbre sobre las reglas de juego, el nivel de riesgo país y el calendario electoral. Según explicó, las empresas toman decisiones de largo plazo a partir de variables como los aranceles, los impuestos, el acceso al mercado cambiario y las condiciones para financiar proyectos.

Además, se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento que busca dar previsibilidad a proyectos de gran escala. Aun así, afirmó que el programa concentra sus iniciativas en pocos sectores. “El 90% de los proyectos del RIGI está en energía y minería”, sostuvo. Agregó que otras actividades participan en menor medida, con algunas excepciones en la siderurgia.

El especialista explicó que los sectores vinculados con la energía, el petróleo, la minería, el agro y las finanzas muestran mejores resultados relativos y, en algunos casos, también mejoras salariales. Sin embargo, señaló que esa evolución no alcanza para compensar la situación de otras ramas, como la industria y la construcción.

“Los sectores que ganan terreno hoy no generan el empleo suficiente”, expresó. Para Bulat, ese punto abre interrogantes sobre la capacidad de la economía para absorber trabajadores en los próximos años.

El economista mencionó experiencias de Chile, Australia y países europeos, donde la expansión de la minería y otras actividades extractivas generó empleos indirectos en construcción, salud, educación, servicios y tecnología. Aclaró que esas transformaciones requieren tiempo y políticas de acompañamiento para los trabajadores que deben cambiar de sector.

Según indicó, varios de esos países aplican seguros de desempleo, programas de formación y esquemas de apoyo durante la transición laboral. En Argentina, señaló que el principal obstáculo para adoptar medidas de ese tipo es la restricción fiscal.

El desempleo juvenil y la inteligencia artificial

Bulat también puso el foco sobre el empleo joven. Indicó que, mientras la desocupación general se ubicó por debajo del 8%, entre los jóvenes llegó al 14%.

A ese dato sumó el impacto de la inteligencia artificial en las tareas de ingreso al mercado laboral. Según dijo, los primeros datos internacionales muestran efectos especialmente visibles entre trabajadores jóvenes, sobre todo en puestos iniciales y tareas repetitivas. “No necesariamente se reemplaza primero a un trabajador senior. Se reemplaza antes a un junior que hacía algunas tareas más manuales”, afirmó.

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El mayor proyecto de la historia de YPF —y el desembolso privado más grande anunciado en la Argentina hasta el momento— ya tiene compradores. Se trata de Argentina LNG, la iniciativa que la petrolera de mayoría estatal lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí XRG para exportar gas natural licuado (GNL) desde las costas de Río Negro al mundo.

Así lo confirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en la feria Gastech 2026 —la mayor conferencia y exposición mundial dedicada al gas natural— que se lleva a cabo esta semana en Bangkok, consignó Bloomberg. Según adelantó, la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales. Fuentes con conocimiento de las negociaciones aseguraron a Infobae que ya es más de un acuerdo cerrado, más de lo que trascendió públicamente. La decisión final de inversión está prevista para noviembre.

Hay un dato, sin embargo, que matiza el avance en la comercialización del GNL: Eni y XRG, además de ser socios con participaciones accionarias de alrededor del 32% cada uno, son también offtakers; es decir, compradores de parte de la producción que se genere. Eso significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado —hacia los propios socios— antes de que se firme un solo contrato con terceros. Los acuerdos que se están cerrando ahora corresponden al volumen que queda disponible para el mercado abierto, una vez descontada esa porción.

La infraestructura prevista para el proyecto es de escala inédita para la industria energética argentina. El plan contempla dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de producción de 12 millones de toneladas anuales, escalable hasta 18 millones. Para llegar hasta allí, se construirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, un poliducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el complejo industrial más grande del país que abastece aproximadamente el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en la Argentina.

De acuerdo con su presentación oficial en el RIGI, la inversión total asciende a USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, y se financia en un 70% con crédito internacional y un 30% con aportes directos de los socios.

El mayor proyecto bajo el RIGI todavía espera aprobación

Argentina LNG presentó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a mediados de agosto, convirtiéndose en el mayor proyecto inscripto hasta el momento en ese programa. La aprobación oficial, sin embargo, aún está pendiente. En diversas apariciones mediáticas, Marín fue categórico sobre la relación entre el marco regulatorio y la viabilidad del proyecto: “Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo”, dijo en declaraciones previas a Infobae.

Los bloques que alimentarán el proyecto ya están definidos y distribuidos: YPF controla el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG tienen el 32% cada una, en áreas administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada específicamente para el proyecto. Las reservas provienen de Vaca Muerta, la formación de shale que posicionó a la Argentina como el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo.

El financiamiento avanza en paralelo. Según reveló Marín en marzo durante el CERAWeek, 47 bancos participaron de las primeras rondas para la primera etapa —valuada en USD 15.500 millones— y el monto total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido. JP Morgan lidera el diseño financiero junto al banco Santander, con el objetivo de cerrar antes de fin de año. La última novedad concreta es el lanzamiento de la licitación de tubos para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, valuada en alrededor de USD 2.000 millones, con adjudicación prevista para noviembre o principios de diciembre.

El mercado global de GNL atraviesa su momento de mayor tensión en años

Los contratos que negocia YPF llegan en un contexto de fuerte turbulencia en el mercado mundial de GNL. Según el informe trimestral de la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre marzo y junio de este año las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos cayeron 35.000 millones de metros cúbicos respecto del mismo período del año anterior, como consecuencia directa de las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. El declive fue parcialmente compensado por el crecimiento de la producción en América del Norte, África y Australia, pero el mercado quedó ajustado.

El comercio global de GNL alcanzó un récord de 437 millones de toneladas en 2025, con un crecimiento del 6,3% respecto del año anterior, según el World LNG Report 2026 de la Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas en inglés). Estados Unidos se consolidó como el mayor exportador mundial, con 110,7 millones de toneladas, seguido por Qatar. La capacidad global de licuefacción llegó a 524,5 millones de toneladas anuales al cierre de 2025.

En ese escenario, los compradores asiáticos y europeos aceleraron la búsqueda de proveedores alternativos a los del Golfo Pérsico. Marín lo describió con precisión en Houston, durante el foro CERAWeek by S&P Global, en marzo: “Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Hoy la seguridad energética pesa más que el precio”, dijo. Y agregó: “Somos un país que está lejos de los conflictos internacionales y eso nos convierte en un proveedor muy seguro”.

Argentina apunta a exportar USD 10.000 millones anuales en GNL desde 2031

Las proyecciones de YPF para Argentina LNG son de largo alcance. Según Marín, el proyecto generará exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031 —un tercio de los USD 30.000 millones totales que la empresa proyecta para ese año—, con contratos de largo plazo apuntados principalmente a Europa y Asia. El impacto, aseguró, se extendería durante dos décadas.

En este escenario, la Argentina cuenta con dos proyectos de licuefacción de gas. Al Argentina LNG se le suma Southern Energy (SESA), liderado por Pan American Energy (PAE) con participación también de YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proyecto avanza en paralelo con una escala menor pero un calendario más cercano, ya que será el primero de los dos en ponerse en marcha. De hecho, a comienzos de año firmó un contrato por USD 7.000 millones con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen representa cerca del 80% de la capacidad del primer buque licuador de SESA, el Hilli Episeyo, que operará también frente al Golfo San Matías.

Con ambos proyectos combinados, la Argentina podría exportar más de 14 millones de toneladas anuales de GNL desde 2031, lo que la ubicaría entre los mayores proveedores emergentes del mundo en este combustible.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen contará con un presupuesto de $526,5 millones para 2027, cifra que representa un incremento de $139,8 millones frente a los $386,7 millones aprobados para 2026.

El aumento equivale al 36,2% y estará concentrado principalmente en la ejecución de obras para ampliar la capacidad operativa de la terminal.

La inversión pasará de $111,1 millones en 2026 a $225,6 millones durante el próximo ejercicio fiscal, un crecimiento de $114,5 millones, equivalente al 103%. Con esta variación, los recursos destinados a infraestructura se duplicarán y elevarán su participación dentro del presupuesto total, del 28,7% al 42,8%.

Los gastos de funcionamiento alcanzarán los $300,9 millones en 2027, frente a los $275,6 millones asignados este año. La diferencia es de $25,3 millones, equivalente al 9,2%, mientras que los servicios personales permanecerán sin aumento y conservarán una partida de $53,8 millones.

El incremento responde al crecimiento previsto del movimiento aeroportuario. Tocumen calcula cerrar 2026 con aproximadamente 23,1 millones de pasajeros y recibir 25,4 millones durante 2027. Esto supondría 2,3 millones de viajeros adicionales y un aumento cercano al 10% en un año, según las estimaciones presentadas ante los diputados.

Entre las principales intervenciones aparece el proyecto Muelle Sur, cuyo precio de referencia asciende a $208,75 millones. La estructura será conectada con la Terminal 2 e incorporará diez puertas de abordaje de contacto, cuatro salas destinadas a posiciones remotas y una plataforma para el traslado de pasajeros en autobuses.

La obra comprenderá alrededor de 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, además de una nueva plataforma, calles de rodaje, iluminación, drenajes y sistemas de combustible. También permitirá reconfigurar las posiciones 220, 221 y 222, con un plazo estimado de 30 meses de construcción y 12 de mantenimiento.

Otro proyecto contempla el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la ampliación integral del campo de vuelo, con una inversión estimada de $98 millones. Los trabajos abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, además de ocho posiciones remotas para recibir aeronaves de diferentes dimensiones y configuraciones operativas.

Las nuevas posiciones estarán ubicadas cerca del muelle norte de la Terminal 1 y podrán atender aeronaves de código C, como el Boeing 737, con compatibilidad para modelos de código E, como el Boeing 777. Su ejecución requerirá aproximadamente 27 meses, seguidos por un periodo de mantenimiento de 12 meses.

Tocumen también prevé avanzar con la modernización integral de la Terminal 1, mediante una licitación cuyo precio de referencia alcanza los $22,2 millones. Paralelamente, continúa la rehabilitación de las dos pistas y sus calles de rodaje, un proyecto de $56,9 millones que registra 75% de avance.

La planificación incluye otros $12 millones para las fases cuatro y cinco del sistema de equipaje. Una vez concluidas las ampliaciones proyectadas, el aeropuerto dispondrá de 64 puentes de abordaje y 20 posiciones remotas, para una capacidad conjunta de 84 espacios para aeronaves en sus terminales y plataformas.

Dentro del programa anual, 12 proyectos estratégicos concentrarán $143,2 millones de la inversión prevista, equivalentes al 63% del total. Otros $13,5 millones financiarán once intervenciones en aeropuertos regionales, mientras que el portafolio completo estará integrado por 86 proyectos administrados por Tocumen S.A.

La empresa proyecta obtener durante 2027 ingresos corrientes por $398,1 millones. Cerca del 64% procederá de actividades aeronáuticas y el 36% de operaciones no aeronáuticas. Hasta el 31 de julio de 2026 había recaudado $212,1 millones, el 99% de la meta programada para ese periodo.

Actualmente, Tocumen mantiene conexiones con 93 destinos ubicados en América y Europa, atendidos por 15 aerolíneas de pasajeros y otras 15 compañías de carga. El nuevo presupuesto busca acompañar esa red con mayor capacidad, mientras el aeropuerto se prepara para superar los 30 millones de viajeros hacia 2030.

La inversión social empresarial en Colombia atraviesa una paradoja: mientras el gasto ambiental crece con fuerza, el componente social pierde terreno. Las grandes compañías destinaron cerca de 19 billones de pesos a iniciativas sociales y ambientales durante 2025, según el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE).

De ese total, cerca de 10 billones de pesos correspondieron a inversión ambiental, con un crecimiento del 45% frente a 2022, mientras que los 9 billones de pesos restantes se destinaron a inversión social, que cayó 16% en el mismo periodo.

En ese contexto, compañías con fuerte componente tecnológico buscan sostener y ampliar sus programas sociales apoyándose en herramientas digitales, conectividad y datos para llegar a más comunidades en educación, salud y bienestar.

Inversión social empresarial en Colombia: cifras y tendencias

El IISAE muestra un desbalance entre los dos frentes de la inversión corporativa. El monto ambiental aumentó de manera sostenida en los últimos años, en línea con la presión regulatoria y las metas climáticas que muchas empresas han adoptado.

El componente social, en cambio, muestra una tendencia contraria. La caída del 16% entre 2022 y 2025 ocurre en un momento en que el 81% de la inversión social analizada por el índice corresponde a iniciativas voluntarias, y solo el 19% responde a obligaciones legales.

Ese dato resulta relevante porque indica que la mayor parte del gasto social depende de decisiones internas de cada compañía, sin que exista un marco normativo que obligue a mantener ciertos niveles de inversión. Cuando las prioridades corporativas cambian o los presupuestos se ajustan, ese tipo de programas queda expuesto a recortes con mayor facilidad que los rubros regulados.

Para Ángela Rodríguez, Country Manager de Intelcia en Colombia, ese margen de voluntariedad no debería traducirse en un retroceso del compromiso social. “La responsabilidad social no debería entenderse como una iniciativa aislada de la operación. Las empresas tenemos la posibilidad de movilizar talento, conocimiento y recursos para responder a necesidades concretas de nuestro entorno”, afirmó.

Intelcia ha decidido sostener su apuesta social pese a la tendencia general del mercado, apoyándose en su infraestructura digital y en la movilización directa de sus colaboradores.

Tecnología y acceso digital como eje de la estrategia educativa

La educación concentra buena parte de los esfuerzos corporativos en el país. De acuerdo con el estudio Panorama de la Inversión Social Empresarial de la ANDI, el 61% de las empresas analizadas desarrolla iniciativas en este frente.

En ese marco, Intelcia trabajó con la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada, en Sabaneta, Antioquia, a la que entregó computadores para fortalecer el acceso a herramientas digitales de más de 1.100 estudiantes.

La entrega de equipos responde a una lógica que conecta directamente con el negocio de la compañía: como firma de alta capacidad tecnológica dedicada a operaciones de experiencia de cliente, Intelcia identifica en el acceso a dispositivos y conectividad una de las principales barreras para que estudiantes de contextos vulnerables puedan desarrollar competencias digitales.

Ese tipo de programas busca cerrar una brecha que va más allá del aula: sin acceso a computadores ni a internet, los estudiantes quedan al margen de procesos formativos y laborales que hoy dependen cada vez más de herramientas tecnológicas.

Salud, solidaridad comunitaria y participación de colaboradores

La estrategia social de la empresa también se extiende al sistema de salud. En colaboración con la Fundación Hematológica Colombia, la compañía ha promovido jornadas de donación de sangre que consolidaron una comunidad activa de más de 150 colaboradores donantes.

Esa iniciativa vincula directamente a los trabajadores de la empresa con una necesidad permanente del sistema de salud colombiano, en un esquema que depende de la participación voluntaria y sostenida de la fuerza laboral.

El componente comunitario se completó con una alianza junto a la Fundación Coloreando Alas. Colaboradores de la compañía y sus familias se sumaron a una iniciativa solidaria durante la temporada navideña que permitió beneficiar a más de 120 familias en situación de vulnerabilidad.

Gobernanza ESG y objetivos de desarrollo sostenible

El conjunto de iniciativas se organiza bajo cinco pilares: desarrollo y bienestar de los colaboradores; arraigo territorial e inclusión; solidaridad con las comunidades; ética y excelencia frente a sus grupos de interés; y responsabilidad ambiental.

Ese modelo está alineado con 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e incorpora referentes internacionales como la norma ISO 26000.

La compañía sostiene, además, una estructura de gobernanza con comités ESG y de responsabilidad social en distintos niveles de la organización, un esquema que busca dar continuidad a los programas sociales más allá de los ciclos presupuestarios anuales.

Honduras podría recibir una nueva ola de capital extranjero si las reformas al subsector eléctrico aprobadas recientemente son publicadas en el diario oficial La Gaceta, según las proyecciones expuestas este martes por el ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys.

El funcionario aseguró que actualmente existen alrededor de 10 empresas extranjeras que preparan proyectos de inversión en el país. “Tenemos como 10 empresas que están empezando un proyecto grande en Choloma, que son cerca de 400 millones de dólares de inversión en manufactura textil”, declaró Marinakys a periodistas.

Marinakys explicó que las empresas interesadas pertenecen a distintos sectores de la economía. Además de la manufactura, mencionó compañías vinculadas con la producción de cemento y la agricultura.

La expectativa del Gobierno es que las reformas aprobadas generen condiciones que incentiven la llegada de nuevos capitales y faciliten la ejecución de proyectos que, de acuerdo con el funcionario, ya se encuentran en distintas etapas de preparación.

El sector eléctrico es estratégico para atraer nuevas inversiones, especialmente para empresas que requieren condiciones de suministro y estabilidad energética para establecer o ampliar sus operaciones.

Uno de los puntos centrales para concretar estas expectativas es la entrada en vigencia de las reformas al subsector eléctrico.

Marinakys manifestó su deseo de que las modificaciones sean publicadas próximamente en el diario oficial La Gaceta, paso necesario para que las disposiciones puedan comenzar a aplicarse.

Reformas e inversión extranjera

El ministro consideró que la publicación de las reformas enviaría una señal favorable a las empresas que actualmente analizan sus posibilidades de inversión en Honduras.

Según explicó, durante los últimos seis meses desarrolló acciones para promocionar al país como destino de inversión y, en paralelo, facilitar los trámites para compañías que ya tenían proyectos definidos.

La estrategia, según el funcionario, busca atraer nuevos inversionistas y agilizar los procesos de empresas que ya han mostrado interés concreto en instalarse o ampliar sus operaciones en el territorio hondureño.

Marinakys aseguró que varias empresas de ese país están pendientes de la publicación de las reformas y podrían tomar decisiones de inversión una vez que estas entren en vigor. El interés, de acuerdo con el ministro, no se limita a la generación de energía.

Entre las áreas que podrían beneficiarse mencionó los ecoparques, el turismo y las exportaciones de productos como café y tabaco.

Choloma concentra una de las principales apuestas

La inversión proyectada en Choloma, departamento de Córtes, al norte de Honduras representa uno de los anuncios de mayor dimensión realizados por el funcionario.

Marinakys no detalló el nombre de las empresas involucradas ni proporcionó un calendario específico para el inicio de las operaciones, pero sostuvo que los proyectos forman parte del grupo de inversiones que avanzan.

El ministro reconoció que existe una diferencia entre el interés inicial de los inversionistas y la concreción de los proyectos. Por ello, señaló que las oportunidades identificadas deben transformarse en inversiones reales.

El Gobierno apuesta a que la aprobación y posterior publicación de las reformas eléctricas contribuya a despejar parte de las condiciones que las empresas consideran antes de tomar decisiones de inversión.

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, el cual destaca principalmente por la proyección de crecimiento económico de 2% para el siguiente año.

Durante la mañanera del pueblo este 9 de septiembre, el funcionario señaló algunos puntos clave para entender las acciones que se implementarán en materia financiera en los próximos meses, incluyendo temas sobre deuda pública, déficit comercial e inversiones.

Además, en el documento se plantea invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.

Lo más relevante del Paquete Económico 2027

La exposición de este proyecto se da en un contexto de incertidumbre marcado por factores geopolíticos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdos comerciales y un crecimiento del gasto público.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos son los 15 puntos clave de la estrategia económica mostrada por el Gobierno de México, que busca fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas:

1. Escenario macroeconómico

• Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) plantean un escenario relativamente alineado con las expectativas del mercado.
• Se estima un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.
• La tasa de interés prevista es de 6.0%.
• El tipo de cambio se calcula en 18.0 pesos por dólar.
• El precio estimado del petróleo es de 61.8 dólares por barril.

2. Requerimientos Financieros del Sector Público

• Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representarían 3.9% del PIB.
• El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subiría a 55.0% del PIB en 2027.
• El nivel previsto sería 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026.
• Para 2032, el indicador llegaría a 56.5% del PIB.

3. Costo financiero de la deuda

• El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB.
• El monto sería 2.9% menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2026.
• Para 2032, se proyecta que el costo de la deuda represente 3.7% del PIB.

4. Ingresos presupuestarios

• Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.
• La cifra supondría un incremento de 1.7% frente a lo aprobado para 2026.
• La recaudación tributaria sería la principal fuente de recursos, con 6.26 billones de pesos.
• Los ingresos tributarios registrarían un aumento anual de 3.9%.

5. Cambios tributarios y derechos federales

• Se proponen mayores controles a las deducciones empresariales.
• Se plantean límites para intereses, pérdidas fiscales y pagos al extranjero.
• Se eliminaría el régimen opcional para grupos de sociedades.
• Se ampliaría el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
• Se mantendrían los estímulos para la repatriación de capitales y la inversión.
• También se contemplan modificaciones a la retención aplicable a los intereses.
• Se actualizarían cuotas y derechos federales en servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera, entre otros sectores.

6. Ingresos petroleros y transferencias

• Los ingresos petroleros disminuirían 20.8% frente a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.
• Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se reducirían 12.2%.
• Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) caerían 22.9%.
• El Gobierno Federal contempla apoyos por 88.7 mil millones de pesos para Pemex y 90.4 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

7. Gasto neto total

• El gasto neto total ascendería a 10.6 billones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.
• Esto representaría un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026.
• El gasto programable aumentaría 1.5%.
• El gasto no programable crecería 0.2%.
• El Instituto Nacional Electoral (INE), Agricultura y Marina tendrían incrementos presupuestales superiores a 10%.

8. Gasto federalizado

• El gasto federalizado llegaría a 3.05 billones de pesos.
• El monto sería 4.6% mayor al de 2026 y equivaldría a 7.7% del PIB.
• Las Participaciones aumentarían 3.0%.
• Las Aportaciones registrarían un incremento de 5.9%.

9. Pensiones

• El gasto destinado a pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB.
• Las pensiones contributivas tendrían un incremento previsto de 4.6%.
• Las pensiones para el bienestar aumentarían 0.1%.
• Hasta julio de este año, las pensiones contributivas acumulaban un crecimiento de 5.1%.

10. Salud

• El gasto total en salud sería de 1.2 billones de pesos.
• El monto representaría un incremento real de 12.7% respecto de lo aprobado para 2026.
• Los recursos equivaldrían a 2.9% del PIB.
• La Secretaría de Salud tendría un aumento real de 4.8%.
• El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería 21.1%.

11. Educación, ciencia y cultura

• El gasto destinado a educación, ciencia y cultura alcanzaría 1.4 billones de pesos.
• Esto representaría un aumento real de 7.2% frente a 2026.
• El monto equivaldría a 3.5% del PIB.
• El presupuesto de la UNAM aumentaría 1.0%.
• Los recursos del IPN crecerían 7.1%.
• El presupuesto de la UAM subiría 3.5%.

12. Inversión

• Se propone una inversión de 1.1 billones de pesos.
• El monto representaría 10.7% del gasto neto total y 2.9% del PIB.
• La cifra sería 12.3% menor a la aprobada para 2026.
• Se plantea crear el Anexo Transversal de Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos.

13. Energía y medio ambiente

• La reducción real de 69.0% en el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) estaría relacionada con un menor apoyo financiero a Pemex.
• El gasto de Pemex disminuiría 1.3%.
• El presupuesto de la CFE bajaría 8.5% en términos reales.
• En contraste, los recursos de la Semarnat aumentarían 5.3%.

14. Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados

• Se contemplan 475 mil 959.7 millones de pesos, una reducción de 1.6% frente a 2026.
• La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) concentraría 29.6% del total.
• La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina representaría 28.1%.
• La Pensión Mujeres Bienestar concentraría 12%.
• Bienestar y Educación Pública reunirían 80.2% de los recursos del anexo.

15. Anexo Transversal 13: Igualdad entre Mujeres y Hombres

• El anexo contaría con 636 mil 133.1 millones de pesos, un incremento de 2.9% respecto de 2026.
• El componente denominado Mujeres representaría 0.3% del total.
• Se propone crear el Anexo Transversal 33: Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraría 64.3% de esos recursos.
• El IMSS-Bienestar recibiría 13.8%.
• Bienestar concentraría 12.5%.

Una compañía británica instalará un centro logístico en Panamá Pacífico para reforzar el abastecimiento de repuestos en Centroamérica y el Caribe.

Inchcape prevé que el nuevo complejo entre en operaciones en noviembre, fecha donde informó que dará a conocer más detalles sobre las capacidades del centro, su funcionamiento y los beneficios concretos que aportará a clientes, fabricantes y mercados de la región.

La iniciativa forma parte de la expansión regional del distribuidor automotriz, cuyos directivos dijeron que se eligió a Panamá por su conectividad, infraestructura y posición geográfica.

El proyecto busca integrar con mayor fluidez las operaciones de la empresa entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Directivos manifestaron que la empresa comenzará a desarrollar el Inchcape Hub Center en Panamá Pacífico, una instalación de más de 5.500 metros cuadrados destinada a la distribución regional de repuestos.

El centro permitirá optimizar la cadena de suministro para Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de mejorar la respuesta hacia clientes, fabricantes y socios estratégicos, se indicó.

La empresa considera que Panamá se consolidó como un punto de referencia para el comercio y la distribución en la región.

Esa condición, dijeron los ejecutivos, influyó en su decisión de ampliar desde el país su presencia en los mercados centroamericanos y caribeños.

La conectividad del territorio panameño y su infraestructura logística figuran entre los elementos que respaldan la elección.

La compañía aspira a profundizar su integración regional a partir de esta nueva plataforma.

“Esta inversión refleja la confianza de Inchcape en Panamá”, señaló Franklin Fernandes, director de Logística CARCAM en Inchcape. El ejecutivo sostuvo que las condiciones del país permitirán fortalecer la operación regional de la compañía.

Fernandes afirmó que la ubicación geográfica, las conexiones y la infraestructura disponibles en Panamá facilitarán una mayor capacidad de respuesta. Según indicó, la inversión apunta a generar valor para los clientes, las marcas fabricantes y los socios de la organización.

La compañía comenzó a operar en Panamá en 2018 y desde entonces desarrolló una presencia en el mercado automotor local.

La operación panameña cuenta con más de 200 colaboradores y una red de seis sucursales. Esa estructura, se indicó, será parte del despliegue regional que la compañía busca reforzar mediante el nuevo centro de distribución.

El futuro complejo estará destinado a la gestión y distribución de autopartes para los mercados de la región. La empresa espera que esta infraestructura facilite una operación más integrada entre sus distintas unidades continentales. La apuesta incluye una mejora en la administración de la cadena de suministro. El objetivo es que los repuestos lleguen con mayor eficiencia a las operaciones que mantiene en Centroamérica y el Caribe.

El proyecto, se informó, se incorpora a Accelerate+, la estrategia global de la organización. Ese programa está orientado a impulsar una operación más eficiente y a sostener la creación de valor en los mercados donde la compañía tiene actividad.

Matías Andreani, director general del clúster CARCAM, definió la obra como una inversión de largo plazo. “El Inchcape Hub Center es una inversión estratégica que ampliará nuestra capacidad para acompañar el crecimiento de la compañía en Centroamérica y el Caribe”, afirmó el ejecutivo.

El directivo añadió que el alcance del proyecto supera la construcción de una instalación física. Según explicó, la empresa busca consolidar una operación regional más conectada y preparada para atender los requerimientos de clientes y fabricantes.

Se reiteró que en noviembre se comunicarán nuevos detalles sobre el funcionamiento del centro, cuando la compañía manifestó que prevé entonces informar las capacidades específicas de las instalaciones y los beneficios que el proyecto aportará a los mercados de la región.

Dos nuevos proyectos bajo el régimen de zonas francas, con inversiones previstas en Panamá Oeste y Colón, fueron autorizados por el Consejo de Gabinete.

New City Construccion, S.A. y Nevada Logistics, S.A. son las sociedades que buscarán operar instalaciones destinadas a servicios, logística y facilidades tecnológicas.

La decisión permitirá que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas expida las licencias de promotor y operador y formalice la inscripción de ambas empresas en el Registro Oficial de Zonas Francas.

Las autorizaciones abarcan a Zona Franca Atlapa, impulsada por New City Construccion, S.A., y a Nevada Logistic Free Zone, bajo responsabilidad de Nevada Logistics, S.A. Los dos desarrollos se suman a la expansión de este régimen especial, orientado a captar inversión extranjera y empleo.

La Zona Franca Atlapa se instalará en el corregimiento de Feuillet, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. La compañía promotora figura en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el 21 de junio de 2018.

Zona Franca Atlapa prevé una inversión de $1,95 millones

New City Construccion, S.A. proyectó una inversión de $750.000 en la primera fase de su desarrollo como promotora y operadora. La segunda etapa contempla recursos futuros por $1,2 millones.

El proyecto buscará establecer una zona franca en Panamá Oeste bajo su nombre comercial, luego de recibir el aval del Consejo de Gabinete para completar el trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Zonas Francas.

La información divulgada no precisó la cantidad de puestos de trabajo que generará esta iniciativa ni el calendario previsto para el inicio de sus operaciones.

Nevada Logistics, S.A. desarrollará su zona franca en el sector de Los 4 Altos, dentro del corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. La empresa presentó una proyección de empleo superior a 2.500 plazas directas e indirectas durante su etapa operativa.

La primera fase de Nevada Logistic Free Zone requerirá una inversión inicial de $4.103.267. La empresa prevé una segunda etapa con $14.676.000 como inversión futura.

Iniciativa se ubicará en una provincia que concentra actividades vinculadas con la logística, el comercio y el tránsito de mercancías. El proyecto se incorporará al esquema de zonas francas tras la emisión de la licencia y su inscripción oficial.

Las actividades relacionadas con servicios y facilidades tecnológicas encabezan las inversiones dentro del régimen especial de zonas francas. Ese sector figura entre los indicadores vinculados con la atracción de Inversión Extranjera Directa en Panamá.

Durante su reunión más reciente, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis licencias nuevas y la ampliación de otra ya existente. El conjunto de esas decisiones representó una inversión inicial cercana a $5,9 millones.

Más de la mitad de ese monto, unos $4,1 millones, correspondió a las nuevas licencias. Las empresas de servicios y alta tecnología concentraron el 60% de las autorizaciones aprobadas por el Comité durante la sesión de julio.

Las nuevas actividades autorizadas en ese encuentro podrían generar hasta 100 empleos en la etapa inicial y otros 90 a futuro. La estimación incluye puestos directos e indirectos.

Panamá tiene 19 zonas francas en operación y otras seis en desarrollo. El total de 25 instalaciones activas o en construcción es presentado como una plataforma para la llegada de empresas y la creación de puestos de trabajo locales.

Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias, sostuvo que el cumplimiento de las normas resulta determinante para el desempeño logístico del país.

“La seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento del marco normativo constituyen pilares esenciales para mantener la competitividad de Panamá como plataforma logística, comercial y de inversión a nivel global”, afirmó recientemente durante la conferencia Zonas Francas en Panamá 2026: marco legal y responsabilidad penal.

En 2025, el régimen especial generó ingresos por $203,2 millones para el país y empleo directo para más de 1,000 panameños.

El gobierno de Neuquén y trece empresas petroleras acordaron un esquema de financiamiento de USD 154,5 millones para pavimentar, repavimentar y reparar rutas vinculadas con Vaca Muerta. Los fondos surgirán de adelantos de regalías, cánones y peajes por el uso de infraestructura provincial.

El entendimiento reúne a YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, GeoPark, Tecpetrol, Harbour y Continental. Las compañías forman parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

Según informó la entidad empresaria, el aporte de cada operadora se calculará mediante una fórmula que tendrá en cuenta su participación en la producción no convencional de la cuenca y sus compromisos fiscales con la provincia. Los recursos integrarán un fideicomiso y se liberarán a medida que se certifique el avance de los trabajos.

El gobernador Rolando Figueroa señaló que el acuerdo permitirá “pavimentar y repavimentar 160 km de rutas en la región Vaca Muerta”. También sostuvo que el mecanismo de prefinanciación busca acelerar las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

En tal sentido, una de las obras será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de la Tortuga. El plan también prevé reparaciones y nuevos pavimentos sobre la Ruta Provincial 51.

Figueroa detalló que las intervenciones alcanzarán a la Ruta Provincial 8, en el tramo entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el Camino de la Tortuga; la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de otro sector de la Ruta Provincial 8, entre la Ruta 51 y la Ruta 7; y la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

La provincia asumió el compromiso de ejecutar, con fondos propios o mediante contrataciones a terceros, trabajos sobre las rutas provinciales 6 y 7. Esas intervenciones completarán esta etapa del programa vial.

“Las empresas van a prefinanciar las obras, a través de regalías anticipadas y el anticipo del cobro de peajes”, afirmó el gobernador neuquino. Y agregó: “Eso nos va a permitir acelerar la curva desarrollo de las rutas que necesitamos”.

El acuerdo establece que los aportes empresariales se realizarán a través de un fideicomiso, con desembolsos sujetos a la certificación de cada avance de obra. La CEPH definió el entendimiento como un mecanismo de cooperación público-privada para responder a las exigencias de infraestructura que plantea el desarrollo de la producción de hidrocarburos en la cuenca.

En paralelo, las empresas y la administración provincial avanzan con el Bypass de Añelo, una obra que busca desviar del centro urbano el tránsito pesado asociado a Vaca Muerta. Ese proyecto es financiado por un consorcio de 10 productoras de hidrocarburos bajo otro acuerdo con la provincia.

Neuquén ya es la tercera provincia exportadora del país

La matriz exportadora argentina incorporó nuevos focos de crecimiento por el avance de la energía y la minería. La Patagonia fue una de las regiones con mayor expansión: durante el primer semestre de 2026 concentró el 17,8% de las exportaciones del país, por encima del 14,8% que había representado en 2025.

Neuquén encabezó ese cambio. Sus ventas al exterior sumaron USD 4.283 millones, un incremento interanual de 84,5%, que ubicó a la provincia como la tercera mayor exportadora del país, después de Buenos Aires y Santa Fe.

La comparación con una década atrás dimensiona el cambio. En 2015, Neuquén aportaba solo el 0,25% de las exportaciones argentinas. Entre enero y junio de 2026, su participación ascendió al 8,7%, más de 30 veces el nivel de entonces.

El Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral sostuvo que esta evolución no desplaza a los sectores tradicionales, sino que suma actividades con peso creciente dentro de la oferta exportable.

El petróleo explica buena parte de la expansión neuquina y patagónica. Las colocaciones externas de crudo totalizaron USD 4.693 millones, tras un alza de 47,7%, mientras que los envíos de carburantes crecieron 53,5%.

El aumento de la producción local también redujo la dependencia de los abastecimientos externos. Desde 2022 hasta el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes retrocedió 62,1 por ciento. La baja coincidió con la expansión de la actividad energética, en especial por el desarrollo de Vaca Muerta.