En el marco de una causa por una presunta red de estafas financieras, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, la Justicia solicitó que 26 personas sean citadas a declarar. La pesquisa apunta a la supuesta academia de inversiones EquiQuant Capital, que habría captado víctimas mediante redes sociales con promesas de rendimientos elevados.

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Esteban Madrea, solicitó la indagatoria ante el juez Darío Bonanno, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. La investigación abarca, al menos, 17 casos de estafa y se extendió a distintas jurisdicciones del país a partir de denuncias de personas que afirmaron haber sido engañadas durante la segunda mitad de 2025. Se estima que el perjuicio económico causado supera los $1.500 millones.

La maniobra bajo análisis se habría iniciado con publicaciones y contactos a través de redes sociales. Según la pesquisa, los responsables de la estructura se presentaban como asesores financieros y buscaban atraer a personas interesadas en invertir sus ahorros en acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales.

Los supuestos asesores indicaban a las víctimas cómo transferir fondos a cuentas digitales. El dinero luego aparecía registrado en la plataforma web “EQCapital”. La aplicación y el uso de terminología bursátil contribuían a dar apariencia de legitimidad a la maniobra.

El engaño se hacía evidente cuando los usuarios intentaban retirar el capital o las ganancias que la plataforma mostraba. Según los relatos incorporados al expediente, los interlocutores les exigían nuevos pagos para liberar los activos, afrontar presuntos tributos de ARCA o abonar honorarios a intermediarios financieros. Las víctimas transferían esos montos adicionales sin lograr recuperar el dinero invertido.

La causa se originó a partir de una denuncia a la que se agregaron otras 16, radicadas en fiscalías porteñas y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sin embargo, el caso también presentó ramificaciones en Chubut, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

En las primeras medidas, Madrea solicitó colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. En paralelo, se conoció una investigación más avanzada en Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital de esa provincia.

A propuesta de Rivarola, en mayo se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir pruebas, unificar criterios, seguir la ruta del dinero y coordinar medidas cautelares, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según la hipótesis fiscal, una parte del dinero obtenido mediante las presuntas estafas habría sido destinada a la compra de criptoactivos. Otros fondos habrían seguido un circuito de cambio de divisas por fuera de los mecanismos autorizados o se habrían usado para cancelar obligaciones de terceros.

Según Fiscales, la pesquisa considera que las sociedades involucradas no desarrollaban una actividad económica real y que habrían funcionado como vehículos para recibir y mover dinero de origen presuntamente ilícito. El caso también analiza si existieron personas que aportaron su identidad y documentación para crear compañías, abrir cuentas y ponerlas a disposición de la estructura investigada.

Madrea solicitó la indagatoria de cuatro hombres y una mujer como presuntos coautores de estafas reiteradas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La fiscalía les atribuye haber tenido control sobre la plataforma digital, las sociedades comerciales y los fondos recaudados.

El fiscal sostuvo que la operatoria habría requerido una estructura con funciones diferenciadas: captación de potenciales inversores, administración de cuentas receptoras y posterior circulación de los activos dentro del sistema económico.

También solicitó convocar a otras 19 personas en calidad de partícipes necesarias, bajo la hipótesisi de que habrían colaborado en la creación de socidades sin actividad genuina. El pedido incluye también a un hombre y una mujer acusados, en esta etapa, de haber prestado una colaboración relevante para presuntas maniobras de lavado de activos e intermediación financiera sin autorización.

Como medida cautelar, el fiscal pidió inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las empresas y personas investigadas. El juez Bonanno hizo lugar a ese requerimiento y ordenó su ejecución a través del Banco Central de la República Argentina.

El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ) presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto para 2027, que asciende a ₡47,961 millones (USD 105 millones), con los que pretende financiar programas artísticos, infraestructura cultural y actividades dirigidas a diferentes comunidades del país.

Durante su comparecencia, el ministro Jorge Rodríguez Vives defendió la gestión institucional y destacó que el Ministerio cerró 2025 con una ejecución presupuestaria del 92.4 %, cifra que, según la cartera, representa su resultado más alto en casi una década.

Además, la institución proyecta finalizar 2026 con una ejecución del 95 %, porcentaje que todavía está sujeto al comportamiento del gasto durante los últimos meses del año.

“Cada colón que las personas costarricenses nos confían se ejecuta y se rinde. Ese es el punto de partida para pedir un presupuesto”, afirmó Rodríguez Vives.

La propuesta para 2027 se enmarca en la discusión del Presupuesto Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso el pasado 1 de septiembre. El monto previsto para Cultura es inferior al contemplado para 2026, que asciende a aproximadamente ₡49,659 millones (USD 108 millones)

¿En qué se invertirían los USD 105 millones?

De acuerdo con el Ministerio, el proyecto busca dar continuidad a la oferta cultural pública, caracterizada por actividades gratuitas o de bajo costo, y ampliar su presencia en comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

Entre las iniciativas contempladas destacan el mantenimiento de ocho bibliotecas públicas y tres casas de la cultura, así como la apertura y conservación de otros espacios destinados a actividades artísticas.

La propuesta también incluye la continuidad de las Rutas Culturales, la estrategia gastronómica Fogón Futuro, los fondos concursables para proyectos comunitarios y nuevas ediciones de festivales.

Asimismo, el Ministerio plantea mantener los pagos a artistas que exponen sus obras en museos y promover actividades que generen oportunidades laborales para el sector artístico independiente.

Uno de los proyectos mencionados durante la comparecencia fue el Cine Variedades, cuya remodelación se encuentra en su etapa final.

El inmueble está previsto para convertirse en un espacio destinado a diferentes expresiones artísticas, entre ellas el cine, el teatro y la danza.

La institución también informó sobre un ahorro anual de ₡175.5 millones (USD 382 mil ) mediante la eliminación de alquileres, como parte de las medidas implementadas para mejorar la utilización de sus recursos.

Más de 203,000 personas beneficiadas con actividades culturales

Como parte de la rendición de cuentas correspondiente al período 2025-2026, Rodríguez Vives presentó los resultados de diferentes programas institucionales.

Uno de ellos fue RIDE Cultural, iniciativa que, según el informe del Ministerio, desarrolló más de 1,000 actividades en 36 cantones y benefició a más de 203,000 personas.

La institución destacó que el 90 % de estas actividades se realizó fuera del Gran Área Metropolitana, como parte de su estrategia para descentralizar el acceso a la cultura.

También reportó una inversión superior a ₡2,300 millones (USD 5 millones) en infraestructura pública, que incluye intervenciones en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional.

En materia de patrimonio, el Ministerio informó sobre la repatriación de más de 720 bienes culturales.

A ello se suman ₡536.8 millones (USD 1.1 mil) entregados al sector artístico mediante fondos concursables y el primer reconocimiento salarial de la carrera artística dentro de la institución.

Presupuesto del cine genera preocupación en el sector artístico

La presentación presupuestaria se produjo en medio de cuestionamientos de representantes del sector cultural por las reducciones previstas para determinados programas.

Uno de los casos es el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), cuyo financiamiento para 2027 pasaría de ₡159 millones (USD 347 mil) a ₡45 millones (USD 98 mil), una disminución del 71.71 %.

El monto fue confirmado por Rodríguez Vives mediante el oficio MCJ-DM-797-2026, remitido al diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

La directora del festival, Patricia Velásquez, advirtió que una reducción de esa magnitud dificultaría mantener las dimensiones actuales del evento, que incluye proyecciones, talleres y actividades en distintas regiones del país.

Organizaciones culturales también convocaron a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa durante la comparecencia del ministro, con el propósito de expresar su preocupación por las reducciones presupuestarias en cine, bibliotecas y otros programas.

Costa Rica y Francia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas y económicas mediante la firma de un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas, un instrumento que permitirá mantener un diálogo periódico y estructurado entre ambos gobiernos, cuando se cumplen 178 años de relaciones bilaterales.

El acuerdo fue por el viceministro de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica, Alexander Peñaranda Zárate, quien ejerce como ministro interino de Relaciones Exteriores y Culto, y Nicolas Forissier, ministro delegado de Francia para el Comercio Exterior y la Promoción de Inversiones, adscrito al Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

La iniciativa busca establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los compromisos bilaterales y mantener abiertas las conversaciones sobre asuntos de interés común, más allá de las visitas oficiales o los encuentros diplomáticos puntuales.

“Con esta firma, Costa Rica y Francia aseguramos sostener un diálogo permanente y estructurado, dando continuidad a 178 años de amistad y cooperación”, destacó Peñaranda durante la actividad.

El encuentro también permitió abordar asuntos relacionados con la cooperación internacional, el desarrollo económico, la investigación y las oportunidades para ampliar la presencia de empresas de ambos países en sus respectivos mercados.

Francia busca ampliar su presencia económica en Costa Rica

Uno de los principales temas de la agenda fue el seguimiento al Acuerdo Sede de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aprobado por la Asamblea Legislativa costarricense en agosto de 2026, mediante el expediente legislativo 24.915.

Este instrumento permitirá establecer oficinas de la agencia en Costa Rica y facilitar la gestión de proyectos de cooperación y financiamiento, así como fortalecer el acompañamiento técnico francés en diferentes áreas del desarrollo nacional.

La AFD mantiene operaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Además, ha manifestado su disposición de estructurar un paquete de financiamiento y asistencia técnica en materia de seguridad, mediante Expertise France.

La futura representación también permitirá identificar proyectos, preparar operaciones y dar seguimiento a las iniciativas respaldadas por la cooperación francesa.

En materia comercial, las autoridades abordaron la preparación de una misión empresarial costarricense con MEDEF International, prevista para enero de 2027, con el propósito de impulsar oportunidades de inversión y promover el acercamiento entre los sectores privados.

Costa Rica solicitó el acompañamiento de esta organización empresarial para facilitar el desarrollo de la misión y ampliar las posibilidades de establecer nuevas relaciones comerciales.

El diálogo económico estuvo encabezado por la viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, quien participó en las conversaciones orientadas a posicionar al país como un destino de inversión para las compañías francesas.

Según datos divulgados por la Cancillería, el intercambio comercial entre Costa Rica y Francia alcanzó los USD 291.4 millones durante 2025, de los cuales USD 102.2 millones correspondieron a exportaciones costarricenses y USD 189.2 millones a importaciones procedentes del país europeo.

Salud, innovación y candidatura ante Naciones Unidas

La agenda diplomática también incorporó conversaciones sobre salud, innovación, investigación, formación de recursos humanos y cooperación institucional, áreas en las que ambos gobiernos buscan identificar nuevas oportunidades de colaboración.

El encuentro permitió, además, presentar la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como parte de los asuntos multilaterales incluidos en las conversaciones bilaterales.

La candidatura se abordó en el contexto de una relación diplomática que ambos países han mantenido durante casi dos siglos y que ahora busca incorporar nuevos mecanismos de coordinación política y cooperación económica.

Para Costa Rica, el acercamiento representa una oportunidad de ampliar los vínculos con Francia en materia de inversión y asistencia técnica, mientras que el país europeo ha expresado interés en proyectos relacionados con movilidad, electricidad, gestión del agua y tratamiento de residuos.

Honduras prepara un programa de estimulación de nubes para intentar incrementar las precipitaciones en zonas afectadas por déficit hídrico.

La estrategia contempla 20 vuelos, una inversión aproximada de 600 mil dólares (alrededor de 16.1 millones de lempiras).y un período de ejecución de entre dos y tres meses, de acuerdo con las autoridades.

La cobertura proyectada alcanza alrededor de 2.3 millones de hectáreas, aunque esto no significa que toda esa superficie recibirá lluvia como consecuencia directa de los vuelos.

La intervención dependerá de que se formen nubes con las características necesarias para aplicar el procedimiento.

Cuando los equipos meteorológicos identifiquen formaciones nubosas que reúnan las condiciones requeridas, una aeronave especialmente adaptada realizará la intervención mediante la liberación de yoduro de plata, compuesto que favorece la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes y, bajo condiciones apropiadas, contribuye a la generación de precipitación.

Los vuelos no se realizarán de forma automática ni sobre cualquier formación nubosa. La operación estará sujeta a la existencia de humedad y de estructuras nubosas que permitan intentar el procedimiento.

Las autoridades han explicado que la técnica no consiste en crear lluvia desde un cielo despejado: para que pueda realizarse una intervención primero debe existir una nube que reúna las condiciones meteorológicas necesarias.

20 vuelos en hasta tres meses

El programa contempla 20 vuelos distribuidos durante un período estimado de dos a tres meses. La cantidad de vuelos no implica intervalos regulares: el momento de cada operación dependerá de la aparición de condiciones atmosféricas favorables. La aeronave no despegará porque corresponda una fecha determinada, sino porque se hayan identificado nubes aptas para la intervención.

Esta condición es uno de los elementos centrales del programa, dado que la estimulación de nubes depende de factores naturales que no pueden ser controlados por los operadores.

Zonas prioritarias y cultivos beneficiados

Entre las zonas identificadas se encuentra el Corredor Seco, una de las regiones más expuestas a períodos de déficit de lluvia y donde la actividad agrícola y ganadera tiene una marcada dependencia de las precipitaciones.

También se contemplan las cuencas que abastecen al Distrito Central, sectores relacionados con la represa El Cajón, el Alto Aguán y áreas de producción agrícola y ganadera consideradas prioritarias.

La selección responde a la necesidad de concentrar las intervenciones en territorios donde la disponibilidad de agua tiene un impacto directo sobre la producción y otros usos estratégicos del recurso.

Entre los cultivos mencionados se encuentran la caña de azúcar, okra, melón y granos básicos, además de áreas destinadas a pasturas para el ganado. El objetivo es que una eventual mejora en las precipitaciones contribuya a reducir parte de la presión que el déficit de agua genera sobre estas actividades.

La lluvia no está garantizada

El compuesto previsto para las operaciones es yoduro de plata y según autoridades de la SAG el yoduro de plata posee características que permiten utilizarlo en procesos relacionados con la formación de cristales de hielo dentro de determinadas nubes. La aplicación se realizará desde la aeronave únicamente cuando los responsables del programa determinen que existen condiciones meteorológicas apropiadas.

La técnica requiere que previamente exista una nube con suficiente humedad y características adecuadas; por ello, el programa depende tanto de la tecnología utilizada como del comportamiento de la atmósfera.

Sequía en 75 municipios

Esto explica que los vuelos estén sujetos a monitoreo meteorológico y no se ejecuten de manera indiscriminada: el propósito es intervenir únicamente las formaciones que presenten posibilidades de responder al procedimiento.

La iniciativa se desarrolla mientras distintas regiones de Honduras enfrentan los efectos del déficit de precipitaciones. Mediante el PCM-016-2026, el gobierno declaró estado de emergencia en 75 municipios de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, afectados por El Niño y la sequía meteorológica.

Las autoridades han señalado que esta tecnología no sustituye las medidas estructurales necesarias para mejorar la disponibilidad y gestión del agua en Honduras.

Las interrupciones previstas en las cadenas de suministro abren una oportunidad para que Panamá transforme su plataforma logística y capture una mayor parte del valor asociado al comercio internacional.

El país debe dejar atrás un modelo concentrado en el tránsito y el transbordo de mercancías para consolidarse como un centro regional de almacenamiento, transformación, fabricación y distribución.

Este debate formó parte del Executive Briefing: Global Trade Dynamics for Panama and the World, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y Holland House Panamá.

El encuentro reunió a especialistas en comercio internacional, logística y gestión aduanera, quienes analizaron los cambios del intercambio mundial y sus efectos para la economía panameña.

Se insistió en que la reorganización de las cadenas de suministro, afectadas por conflictos, fenómenos climáticos y restricciones en corredores estratégicos, plantea una oportunidad para atraer inversiones y generar empleos de mayor valor en el país.

El planteamiento condujo a que el país puede aprovechar su conectividad para que las empresas procesen, empaquen, ensamblen o redistribuyan mercancías desde su territorio. Esa estrategia permitiría que una parte superior de la actividad económica ligada a la carga permanezca en el país antes de su envío a otros mercados.

Respecto al transporte marítimo se indicó que concentra cerca del 80% del comercio mundial por volumen, movimiento que depende de un número limitado de pasos estratégicos, por lo que los problemas en esas zonas repercuten sobre las cadenas de abastecimiento.

Los conflictos, las condiciones climáticas y las limitaciones operativas incrementaron la presión sobre las compañías que dependen de rutas internacionales para recibir insumos o entregar productos.

Durante la jornada se expuso que el 80% de los responsables de cadenas de suministro prevé nuevas disrupciones en un período de 12 a 24 meses.

Las empresas analizadas también registraron pérdidas equivalentes al 3,9% de sus ingresos anuales por estas afectaciones.

Ante ese escenario, el 75% de las compañías comenzó a diversificar a sus proveedores y las rutas que utiliza. La búsqueda de trayectos alternativos abre posibilidades para nuevos centros de conexión, procesamiento y distribución en América Latina.

El presidente de la Apede, Alberto López Tom, planteó que Panamá debe ampliar el aprovechamiento económico de su ubicación. “Tenemos que conectar el país”, afirmó durante el encuentro.

Sostuvo que la meta debe ser desarrollar una plataforma logística regional y abandonar la visión de un país dedicado exclusivamente al transbordo de carga.

El director regional para las Américas de APM Terminals, Leo Huisman, señaló que la necesidad de contar con trayectos y centros logísticos confiables aumenta la relevancia de Panamá dentro de las redes comerciales.

El país tiene conexión con alrededor de 160 naciones y el Canal registra más de 14.000 tránsitos anuales. Los puertos panameños, a su vez, reciben operaciones de más de 50 líneas navieras.

Huisman consideró que esta infraestructura ofrece una base para recibir actividades que trasciendan el paso de contenedores entre puertos. El desafío consiste en convertir la conectividad en instalaciones y servicios capaces de generar valor sobre las mercancías.

El ejecutivo destacó los planes para ampliar la capacidad hídrica del Canal y mencionó la prioridad del proyecto de Río Indio. También propuso aumentar las inversiones en infraestructura, tecnología e integración económica.

Una de las medidas planteadas fue acelerar la digitalización mediante un sistema de comunidad portuaria. La herramienta reuniría a entidades públicas y compañías vinculadas al traslado de productos.

Ese mecanismo buscaría simplificar los procedimientos de importación y exportación bajo un modelo aplicado en otros centros logísticos internacionales.

El gerente sénior de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, Norman Harris, sostuvo que el país necesita fomentar actividades que incorporen valor a los bienes antes de su distribución. Para el especialista, la nación no debería limitar su papel de puente comercial al traslado físico de productos. Las compañías deben contar con condiciones para procesar y reexportar mercancías desde el territorio nacional.

La inversión extranjera directa en España ha acelerado su crecimiento. Alcanzó los 12.446 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 31,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos actualizados del Registro de Inversiones Extranjeras Datainvex de la Secretaría de Estado de Comercio.

El avance se produce además con un aumento significativo de la inversión destinada a nuevos proyectos y capacidad productiva, un indicio que el Gobierno considera especialmente relevante para medir la capacidad de España de atraer actividad empresarial. “Es una señal clara de confianza en nuestra economía, en nuestro tejido productivo y en las oportunidades que ofrece España”, han destacado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por territorios, la Comunidad de Madrid continúa concentrando la mayor parte del capital extranjero recibido. En los seis primeros meses del año captó 5.635,7 millones de euros, casi la mitad del total nacional y un 15,6% más que en el mismo periodo de 2025. Cataluña ocupa el segundo lugar, con 2.358,6 millones, después de registrar un crecimiento del 68,5%.

La Comunidad Valenciana aparece a continuación, con 1.845,8 millones de euros, seguida de Andalucía, con 903,6 millones. Castilla y León recibió 425,2 millones; Aragón, 185,3 millones; Galicia, 172,4 millones, y Canarias, 170,5 millones. También destacan Asturias, con 157,1 millones; Castilla-La Mancha, con 129,2 millones; Baleares, con 126,1 millones, y la Región de Murcia, con 110,9 millones.

Estados Unidos dispara su inversión un 84%

Por países, Estados Unidos se mantiene como el principal inversor extranjero en España, con el 23% del total. Además, la inversión bruta estadounidense aumentó un 84% respecto al mismo periodo del año pasado, consolidando el peso de las empresas y fondos norteamericanos en la economía española, y todo ello a pesar de las críticas que Donald Trump ha vertido sobre España en los últimos meses.

“La fortaleza de la inversión estadounidense confirma el interés que sigue despertando España entre las grandes empresas y fondos internacionales”, ha puesto de relieve el Ejecutivo. El dato estadounidense se suma al crecimiento general de la inversión extranjera y refuerza el papel de España como destino para el capital internacional.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone el foco también en la evolución de la inversión denominada ‘greenfield’, aquella vinculada a la creación de nuevos proyectos y capacidad productiva. Este tipo de operaciones creció más de un 52% durante el primer semestre de 2026.

España, en el ‘Top 5′ de países europeos más atractivos para invertir

El interés del capital extranjero por invertir en España lo ha situado entre los cinco países europeos más atractivos para para las empresas internacionales, junto a Italia y Países Bajos, pero por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, según una encuesta del Deutsche Bank publicada este lunes.

El 30% de los encuestados declara invertir ya en España, según el sondeo entre empresas cuya sede está fuera de Europa. “Los resultados reflejan que Europa vuelve a percibirse como una región capaz de combinar estabilidad con oportunidades de crecimiento e innovación. España forma parte de esta tendencia y cuenta con atributos que la convierten en un mercado atractivo para los inversores internacionales”, destacó el consejero delegado de Deutsche Bank España, Iñigo Martos, según recoge Efe.

España forma parte del grupo de países que los inversores internacionales identifican con mayor frecuencia entre sus opciones de inversión. “El tamaño del mercado europeo, la capacidad de innovación, el talento disponible y el desarrollo de nuevas tecnologías serán elementos determinantes para que Europa y países como España continúen captando inversiones en los próximos años”, incide Martos.

Deutsche Bank realizó la encuesta entre julio y agosto de 2026 a 1.200 máximos directivos y responsables de empresas con al menos 100 empleados y cuya sede está fuera de Europa.

Europa, estable e innovadora

Europa es valorada por empresas internacionales por su estabilidad política y económica y por su capacidad de innovación, aunque recibe críticas por las fricciones transfronterizas, los costes y la lentitud de los procedimientos de autorización y concesión de permisos.

El 35% de los encuestados señala a Europa como la región más atractiva para su empresa en la actualidad. Le siguen Asia-Pacífico (excluida China), con un 24%, y Norteamérica, con un 19%. Oriente Medio representa el 10%; China, el 6%, y Latinoamérica, el 5%

¿Cuál es el juguete más importado a El Salvador? Los triciclos, patinetas, muñecas y otros juguetes con ruedas estuvieron entre los productos que más ingresaron al país durante el primer semestre de 2026. Esta categoría acumuló $23.5 millones, por lo que encabezó las compras salvadoreñas de juguetes y artículos recreativos.

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que las importaciones de juguetes, juegos, productos para recreación y artículos deportivos sumaron $45.4 millones entre enero y junio de 2026. El monto fue 42.8% mayor que los $31.8 millones registrados en el mismo período de 2025.

El aumento refleja un mayor flujo de mercancías según datos oficiales, que incluye juguetes, videojuegos, juegos de mesa, artículos para fiestas, equipos deportivos y productos para actividades al aire libre. En volumen, las importaciones pasaron de 6 millones de kilogramos en el primer semestre de 2025 a 7 millones de kilogramos en 2026.

Los juguetes con ruedas y las muñecas concentraron más de la mitad de las compras

La categoría con mayor valor importado reúne triciclos, patinetas, coches de pedal, coches y sillas de ruedas para muñecas, muñecas, muñecos, modelos a escala y otros juguetes. En los primeros seis meses de 2026, estas mercancías sumaron $23.5 millones y 3,9 millones de kilogramos.

Este grupo representó alrededor del 52% del valor total de las importaciones de juguetes y artículos recreativos. Un año antes, las compras de esta categoría habían alcanzado $17.2 millones, por lo que el valor aumentó $6.3 millones.

Los artículos para cultura física, gimnasia, atletismo y otros deportes ocuparon el segundo lugar, con $9.6 millones y 2 millones de kilogramos. Las videoconsolas, máquinas de videojuegos y juegos de sociedad sumaron $6.4 millones.

China fue el principal origen de los juguetes que llegaron al país

La República Popular China fue el principal proveedor de estos productos para El Salvador. Las importaciones desde ese país alcanzaron $34.6 millones y 5,2 millones de kilogramos en el primer semestre de 2026.

El monto procedente de China concentró cerca de 76%de las compras totales de juguetes y artículos recreativos. En el mismo período de 2025, las importaciones desde ese mercado fueron de $24.4 millones, lo que supone un incremento de $10.2 millones.

Estados Unidos se ubicó como el segundo proveedor, con $3.9 millones y 1,1 millones de kilogramos.

Junio registró el mayor nivel de compras externas

Junio fue el mes con el mayor valor de importaciones del semestre. Durante ese mes, El Salvador compró juguetes y artículos recreativos por $9,3 millones, con un volumen de 1,4 millones de kilogramos, este comportamiento podría responder a la necesidad de los comerciantes para preparar sus bodegas para la temporada de fin de año.

Enero registró compras por $8 millones y marzo alcanzó $7.9 millones. Abril fue el mes con el menor monto, con $6 millones. Abril y mayo también presentaron el menor volumen, con un millón de kilogramos cada uno.

El BCR registra una diferencia entre el volumen total semestral, de 7 millones de kilogramos, y la suma por categorías de productos, que alcanza 7.2 millones de kilogramos. El valor por categorías suma $45.3 millones, una cifra cercana al total semestral reportado de $45.4 millones.

Anthropic afronta dudas entre potenciales inversores sobre su capacidad para mantener el extraordinario crecimiento de sus ingresos una vez que salga a bolsa. La compañía, creadora del chatbot Claude, alcanzó unos ingresos anualizados de 65.000 millones de dólares en julio y sus inversores prevén que supere los 120.000 millones de dólares al cierre de 2026.

El problema no está en el crecimiento actual, sino en cuánto tiempo puede mantenerse. La competencia de OpenAI y de modelos de IA más baratos, la sensibilidad de los clientes a los precios, la concentración de los ingresos y los elevados costes asociados al desarrollo de sistemas avanzados están entre los factores que generan incertidumbre antes de una posible oferta pública inicial (OPV).

Anthropic está valorada actualmente en unos 965.000 millones de dólares. Personas familiarizadas con el desempeño de la compañía citadas por Financial Times sitúan las posibles valoraciones tras la salida a bolsa entre 1,5 y 4 billones de dólares, una diferencia que refleja las dudas sobre el ritmo de crecimiento futuro.

OpenAI vuelve a presionar a Anthropic

Uno de los principales desafíos procede de OpenAI. Según datos de OpenRouter, el lanzamiento de GPT-5.6 en julio permitió a la compañía recuperar cuota de gasto de los usuarios y superar a Anthropic en gasto semanal por primera vez en más de dos años y medio.

La competencia no se limita a las dos empresas estadounidenses. Los llamados modelos de código abierto, cuyos parámetros pueden estar disponibles públicamente y que pueden ser modificados por empresas y desarrolladores, también están ganando terreno.

Compañías como DeepSeek y Moonshot, además de Meta, están desarrollando modelos que se acercan al rendimiento de algunos sistemas cerrados de última generación. Al tener costes potencialmente menores y permitir una mayor personalización, estas alternativas pueden facilitar que las empresas cambien de proveedor.

Eric Glyman, cofundador y codirector ejecutivo de la compañía de pagos Ramp, explicó al Financial Times que por primera vez está observando una competencia significativa en precios entre los laboratorios de IA. Ramp, añadió, ha reducido un 40 % su gasto en inteligencia artificial y utiliza diferentes modelos dependiendo de la tarea.

La fidelidad de los usuarios es otro factor

La presión sobre los precios plantea una cuestión fundamental para Anthropic: si sus clientes seguirán pagando por sus modelos cuando existan alternativas capaces de ofrecer resultados similares por menos dinero.

En este aspecto, Anthropic presenta un dato favorable. Un análisis realizado por Aleh Tsyvinski, profesor de Economía de Yale, encontró que el 22,5 % de los usuarios de Anthropic continuaba utilizando sus modelos 12 meses después de su primer uso. En OpenAI, la proporción era de aproximadamente 13,2 %.

Al mismo tiempo, el uso general de modelos de IA continúa creciendo. Los datos de OpenRouter muestran que el consumo de tokens, las unidades utilizadas para procesar las consultas, se multiplicó por 250 desde comienzos de 2025. Este aumento sustenta las expectativas de que el mercado todavía tenga espacio para expandirse.

El coste de desarrollar modelos cada vez más avanzados

Los inversores también deben valorar cuánto cuesta mantener este ritmo de innovación. Anthropic ha informado a sus inversores de que espera registrar un beneficio operativo ajustado por segundo trimestre consecutivo, mientras sus ingresos del segundo trimestre aumentaron hasta 11.500 millones de dólares y sus ingresos anualizados alcanzaron los 65.000 millones de dólares en julio.

Sin embargo, la compañía necesita realizar grandes inversiones para entrenar modelos cada vez más capaces. Su CEO, Dario Amodei, ha pedido recientemente que los laboratorios reduzcan el ritmo de desarrollo de los sistemas de vanguardia para mejorar la seguridad.

Una ralentización podría reducir los costes de entrenamiento de Anthropic, pero también daría más tiempo a competidores estadounidenses y chinos para acercarse tecnológicamente, una tensión que los inversores deberán valorar.

El riesgo de que la IA se convierta en un producto básico

La incertidumbre también se extiende al modelo de negocio de los laboratorios de IA. Ejecutivos tecnológicos han advertido que, a medida que aumente la competencia, los modelos podrían convertirse en servicios cada vez más intercambiables y baratos.

Esto supondría un desafío para empresas como Anthropic, que necesitan justificar valoraciones de cientos de miles de millones de dólares mediante un crecimiento sostenido y márgenes suficientes para compensar sus elevados costes de computación.

A estas dudas se suman la concentración de los ingresos entre grandes clientes y socios de infraestructura, posibles intervenciones gubernamentales y los riesgos sociales asociados con el desarrollo de sistemas de IA más avanzados.

Por ahora, Anthropic mantiene un crecimiento excepcional y ha comunicado señales de mejora en su rentabilidad. Pero la cuestión que deberán responder los mercados cuando la compañía salga a bolsa será si ese crecimiento puede mantenerse cuando la competencia sea mayor, los precios bajen y el desarrollo de modelos avanzados exija inversiones cada vez más elevadas.

La agencia calificadora Fitch Ratings consideró que el Paquete Económico 2027 de México plantea una estrategia creíble para avanzar en la consolidación fiscal, al combinar proyecciones macroeconómicas consideradas realistas con medidas dirigidas a fortalecer los ingresos públicos.

Por igual, la calificadora dijo que la reducción del déficit prevista es moderada y aún existen dudas sobre si las autoridades podrán alcanzar una consolidación fiscal suficiente para detener el aumento de la deuda como proporción del PIB a lo largo del tiempo, lo que representa un riesgo a la baja para la calificación de México.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el análisis de Fitch destaca que el gobierno mexicano busca reducir gradualmente sus necesidades de financiamiento, al tiempo que mantiene recursos para inversión y programas prioritarios.

Fitch ve proyecciones económicas más realistas

Uno de los elementos señalados por la calificadora es el marco macroeconómico utilizado para elaborar el presupuesto de 2027.

La propuesta contempla un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%. Esta estimación se encuentra cerca del pronóstico de Fitch, que calcula un crecimiento de 1.8% para México.

Para la agencia, una estimación más cercana a las condiciones previstas para la economía disminuye el riesgo de que existan desviaciones entre las metas presupuestarias y los resultados observados durante el año.

La SHCP sostiene que esta estrategia busca establecer metas fiscales alcanzables y evitar ajustes excesivamente acelerados que puedan afectar la actividad económica, la inversión productiva y, eventualmente, los propios ingresos públicos.

México reducirá sus requerimientos financieros en 2027

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, medida calificada como menos ambiciosa que el objetivo de 3.5% establecido en los Pre-Criterios presupuestarios de abril y mantiene la lenta trayectoria de consolidación de 0.2 puntos porcentuales por año adoptada en el presupuesto de 2026.

El Gobierno federal plantea que el ajuste debe realizarse de manera progresiva para preservar la actividad económica y mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.

Fitch también destacó que existe un margen limitado para reducir todavía más el gasto, por lo que una parte importante del esfuerzo fiscal estará concentrada en elevar la recaudación.

Por igual proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará a 57.3%, convergiendo con la mediana correspondiente a países con calificación BBB.

Ingresos tributarios alcanzarían máximo histórico

El fortalecimiento de los ingresos públicos es uno de los principales componentes del Paquete Económico 2027.

Según Hacienda, las medidas contempladas buscan mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, combatir la evasión y la elusión y aumentar la eficiencia de la recaudación.

La estrategia no contempla la creación de nuevos impuestos generales ni un incremento generalizado de las tasas corporativas.

Con estas medidas, los ingresos tributarios alcanzarían 15.9% del PIB en 2027, lo que representaría un máximo histórico, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

“Las nuevas medidas buscan incrementar los ingresos en 0.7% del PIB durante 2027, aunque únicamente 0.4 puntos porcentuales de ese aumento serían permanentes”, destaca la calificadora internacional.

Hacienda mantiene diálogo con empresas

La dependencia también informó que continuará el diálogo técnico con distintos sectores de la sociedad y empresariales sobre algunas disposiciones específicas incluidas en la propuesta.

Entre los temas que permanecen bajo análisis se encuentran los límites a determinadas deducciones, cuyos posibles efectos sobre la actividad económica y las decisiones de inversión serán evaluados.

La Secretaría de Hacienda sostiene que este diálogo busca preservar condiciones de certidumbre para las empresas y los inversionistas durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Pemex, uno de los retos fiscales para México

Fitch identificó además a Petróleos Mexicanos (Pemex) como uno de los principales desafíos fiscales de mediano plazo.

La estrategia gubernamental contempla fortalecer la posición financiera de la empresa, mejorar su desempeño operativo y reducir gradualmente su endeudamiento.

Para 2027, Pemex tiene como objetivo alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, como parte de las medidas para mejorar sus finanzas y disminuir las presiones que representa para las cuentas públicas.

Fitch mantiene calificación de México en BBB-

La calificadora recordó que en abril de 2026 ratificó la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable.

Aunque Fitch señaló que todavía existen retos fiscales de mediano plazo, Hacienda enfatizó que la meta planteada para 2027 debe entenderse como una etapa dentro de una estrategia multianual y no como el punto final de la consolidación fiscal.

El objetivo del Gobierno federal es mantener una trayectoria sostenible de la deuda mediante mayores ingresos permanentes, supuestos económicos realistas y un manejo responsable del gasto público.

El Gobierno de Honduras designó al ingeniero Pablo Paz para desarrollar una misión en Estados Unidos con el objetivo de promover las oportunidades de inversión que ofrece el país y establecer contactos con empresarios y representantes de distintos sectores económicos.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para fortalecer la presencia de Honduras en escenarios internacionales y utilizar la política exterior como plataforma de promoción económica.

La misión tendrá como componente central la búsqueda de contactos con empresarios, inversionistas y representantes de sectores que puedan mostrar interés en las condiciones y posibilidades que ofrece Honduras para el desarrollo de proyectos productivos.

La labor encomendada a Paz apunta a ampliar los canales de comunicación entre Honduras y potenciales inversionistas estadounidenses, mediante la promoción de las capacidades nacionales y la identificación de áreas con posibilidades de crecimiento.

La estrategia busca dar mayor visibilidad a las oportunidades existentes en Honduras y facilitar un acercamiento directo con actores que puedan contribuir al desarrollo de nuevos proyectos capaces de generar actividad económica y ampliar las oportunidades laborales.

La atracción de inversión es planteada como uno de los mecanismos para dinamizar distintos sectores de la economía e impulsar nuevos emprendimientos productivos.

En ese marco, la misión en Estados Unidos incluye un componente de promoción que busca trascender las relaciones diplomáticas tradicionales y llevar al ámbito internacional una agenda vinculada al crecimiento económico.

Estados Unidos, espacio estratégico para la promoción

Honduras mantiene con Estados Unidos importantes vínculos económicos, comerciales y sociales. La presencia de representantes hondureños dedicados a promover oportunidades de inversión permite establecer nuevos contactos y presentar información sobre las posibilidades existentes en el país.

El Gobierno busca aprovechar estos espacios para fortalecer la confianza y abrir conversaciones con sectores interesados en ampliar sus operaciones, evaluar nuevos mercados o desarrollar proyectos en Honduras.

La designación de Paz se integra a una concepción de la política exterior en la que las relaciones internacionales también respaldan objetivos económicos nacionales. Bajo este enfoque, las misiones en otros países adquieren una dimensión adicional: además de representar a Honduras, buscan generar contactos y oportunidades que beneficien al aparato productivo.

El Gobierno pretende identificar potenciales socios, ampliar las posibilidades de inversión y promover proyectos con incidencia en la generación de empleo, con presencia permanente ante sectores que puedan estar interesados en invertir en el país.

Más inversión para ampliar el empleo

Uno de los resultados que el Gobierno espera de este tipo de iniciativas es la atracción de proyectos que representen nuevas fuentes de trabajo para los hondureños. La llegada de capital para proyectos productivos puede generar actividad directa en las empresas que se establezcan y, dependiendo de los proyectos, también oportunidades para proveedores y sectores vinculados a sus operaciones.

La misión de Paz tendrá así el reto de identificar espacios de interés y fortalecer las relaciones con potenciales inversionistas, con una agenda centrada en mostrar las condiciones que ofrece Honduras.

La iniciativa busca contribuir a una mayor proyección de Honduras en el escenario internacional. Los acercamientos que se realicen durante la misión permitirán explorar posibilidades de cooperación y negocios, además de establecer canales de comunicación que puedan mantenerse más allá de la agenda inmediata.

Con esta designación, el Gobierno refuerza una estrategia que coloca la atracción de inversión y la generación de empleo entre los objetivos de su agenda internacional, con el propósito de abrir nuevos puentes con potenciales inversionistas y fortalecer los contactos que puedan contribuir a la llegada de proyectos a territorio hondureño.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) proyecta cerrar el período con ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras un promedio de $80 millones y destinará esos recursos a una agenda de inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de sus terminales, según informó el gerente de la institución, Yaudet Burbara.

Burbara explicó que la ENP ejecutará inversiones por más de 400 millones de lempiras con fondos propios, mientras que la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) aportará otros recursos que superan los USD 100 millones. Ambas fuentes financiarán proyectos vinculados con la infraestructura y la operación de los puertos hondureños.

La iniciativa se incorpora al conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema portuario y modernizar sus procedimientos.

Uno de los componentes más relevantes de la agenda es la instalación de equipos de rayos X en puntos estratégicos de control: puertos, aeropuertos y aduanas terrestres. La tecnología reforzará los mecanismos de revisión e identificación de mercancías durante las operaciones de ingreso y salida del país.

La incorporación de estos equipos forma parte de una modernización más amplia que abarca tanto obras físicas como cambios en los procedimientos portuarios. El objetivo es hacer más eficientes los controles y aumentar la capacidad de respuesta del sistema.

Estándares internacionales como meta

Burbara señaló que la ENP trabaja en la actualización de procesos y en la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas para agilizar las operaciones y acercar las terminales a estándares internacionales de eficiencia.

La modernización no se limita a la ejecución de obras físicas, sino que también contempla cambios en la forma en que se desarrollan los procedimientos portuarios. La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.

“La revisión de procesos, la tecnología y el fortalecimiento de la infraestructura son considerados elementos necesarios para mejorar la capacidad de respuesta del sistema portuario hondureño.”

Los puertos hondureños desempeñan un papel central en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales. La expectativa institucional es que las inversiones anunciadas aumenten la capacidad operativa de las terminales, reduzcan limitaciones en los procesos y ofrezcan mejores condiciones para el comercio marítimo.

La proyección de ingresos superiores a los 2.000 millones de lempiras brinda a la ENP el margen para sostener esa agenda, con la combinación de fondos propios y la inversión canalizada a través de la OPC.

Importancia estratégica para el comercio exterior

La expectativa institucional es que estos proyectos permitan aumentar la capacidad operativa, reducir limitaciones en los procesos y ofrecer mejores condiciones para las actividades relacionadas con el comercio marítimo.

En ese sentido, la inversión no solo está orientada a atender las necesidades actuales, sino también a preparar al sistema portuario para futuras demandas y nuevos desafíos.

La modernización de los puertos tiene además una importancia estratégica para Honduras, debido al papel que desempeñan estas instalaciones en el movimiento de mercancías y en la conexión del país con los mercados internacionales explicaron sus autoridades.

Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó este jueves los avances del programa de caminos prioritarios durante la conferencia matutina y detalló que la meta para la actual administración es alcanzar 3 mil 161 kilómetros construidos, con una inversión acumulada de 154 mil millones de pesos.

De acuerdo con la exposición durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, actualmente se han concluido 407 kilómetros, equivalentes al 13 % de la meta; otros mil 113 kilómetros, que representan 35 %, se encuentran en ejecución. El resto, mil 637 kilómetros, comenzará a desarrollarse entre 2027 y 2029, para completar el 52 % pendiente.

La cifra forma parte de un programa carretero más amplio. La SICT ha informado previamente que el Gobierno de México contempla inversiones públicas y mixtas para ampliar y modernizar la infraestructura carretera, incluidas autopistas y nuevos corredores. En agosto, la dependencia reportó que durante 2026 se cuentan con 145 mil millones de pesos para infraestructura carretera y otros 100 mil millones de pesos bajo un esquema mixto para autopistas.

¿Qué carreteras construirá el Gobierno de México?

Entre las obras presentadas por Esteva Medina se encuentran proyectos que buscan mejorar la conexión entre entidades y reducir los tiempos de traslado, particularmente en zonas donde actualmente existen caminos de terracería o tramos con condiciones limitadas.

Uno de los proyectos ya concluidos es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora y Chihuahua. El funcionario explicó que la obra permitió reducir de cinco horas y media a una hora y media el tiempo estimado de recorrido. El proyecto tuvo una longitud de 134 kilómetros y una inversión de mil 800 millones de pesos.

También se encuentra concluida la carretera San Ignacio-Tayoltita, que conecta Sinaloa y Durango. En este caso, el tiempo de traslado pasó de alrededor de 10 horas a una hora y media, una reducción de aproximadamente ocho horas y media. La obra incluye 14 puentes, tres viaductos y otras estructuras.

En Hidalgo, la conclusión de Real del Monte-Huasca forma parte del eje que conecta Pachuca con Tampico. De acuerdo con el titular de la SICT, este tramo permitió reducir aproximadamente 40 minutos el tiempo de recorrido.

Entre los proyectos que continúan en ejecución está Guaymas-Chihuahua, una conexión considerada estratégica para enlazar el puerto de Guaymas con el norte del país. En 2025 se construyeron 10 kilómetros con apoyo de la Secretaría de Marina, mientras que para 2026 están previstos otros 74 kilómetros. El proyecto permitirá reducir el traslado en aproximadamente dos horas.

Otro de los proyectos es el Circuito Tierra y Libertad, en Morelos, que incluye infraestructura para conectar la Autopista Siglo XXI con la Autopista del Sol, además de trabajos de conservación y modernización de caminos utilizados como rutas de emergencia ante una eventual actividad del volcán Popocatépetl.

Obras en Morelos, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero

La carretera Cuautla-Tlapa atraviesa Morelos, Puebla y Guerrero y contempla una longitud de 253 kilómetros. Según la presentación de Esteva Medina, el proyecto registra un avance de 42 % y durante este año se trabajan 54 kilómetros.

La modernización contempla ampliar determinados tramos a una sección de 12 metros de ancho, con dos carriles y acotamientos, además de modificar curvas para mejorar las condiciones de seguridad y reducir los tiempos de recorrido. La estimación es disminuir aproximadamente una hora el traslado.

En la zona de San Luis Potosí e Hidalgo también avanza la carretera Tamazunchale-Huejutla, integrada al corredor que conecta con Pachuca y posteriormente con Tampico. El proyecto registra un avance de 22 % y contempla nuevos puentes y kilómetros de carretera. Su conclusión está prevista para diciembre de 2029.

El Gobierno de México también trabaja en la carretera Macuspana-Escárcega, que forma parte de un corredor para conectar el sureste con otras regiones del país. El proyecto tiene una longitud total de 250 kilómetros y contempla la ampliación a cuatro carriles del tramo entre Escárcega y Macuspana.

En Oaxaca y Guerrero, el eje Salina Cruz-Lázaro Cárdenas amplía el alcance originalmente previsto hasta Zihuatanejo, con la incorporación de tramos hacia Michoacán. Durante 2025 se realizaron trabajos en 15 kilómetros en Oaxaca y se rehabilitaron ocho puentes en Guerrero. Para 2026 están previstos otros 22 kilómetros en Oaxaca, donde el avance reportado es de 26 %.

El proyecto contempla además trabajos de conservación en la carretera federal 200, que recorre parte de la costa del Pacífico y conecta entidades como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En el corredor Toluca-Zihuatanejo, que atraviesa zonas del Estado de México, Michoacán y Guerrero, durante 2025 se construyeron 12 kilómetros, un puente y tres entronques. Para este año se contemplan 47 kilómetros adicionales, con un avance reportado de 7 %.

La SICT también ha señalado que el programa carretero de la actual administración incluye otros proyectos de infraestructura, además de los ejes prioritarios, como puentes, distribuidores viales, conservación y autopistas bajo esquemas de inversión pública y mixta. En marzo, la dependencia reportó una inversión global de 397 mil 46 millones de pesos para intervenir 4 mil 937 kilómetros de carreteras y autopistas, además de 21 puentes.

Con este conjunto de proyectos, la administración federal plantea ampliar y modernizar corredores carreteros en diferentes regiones del país, con obras cuya ejecución se extenderá hasta 2029 y que, de acuerdo con la SICT, buscan reducir tiempos de traslado y mejorar la conexión entre comunidades, ciudades, puertos y regiones productivas.

En pleno debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, otro de los aspectos más polémicos —y tangibles— de esta tecnología son los centros de datos. Unas infraestructuras que tienen cada vez más oposición —en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los pocos temas que unen a demócratas y republicanos, con siete de cada diez personas en contra, según una encuesta de Gallup—, pero que en España planean una expansión acelerada: las empresas del sector tienen planeada una inversión de 67.000 millones de euros hasta 2030 para su desarrollo en el país. Ahora, Pedro Sánchez ha saltado al plano internacional para ofrecer, en un artículo publicado en Bloomberg, su visión sobre el tema.

En el texto, el presidente del Gobierno no se muestra en contra de los centros de datos: “La cuestión no es si los centros de datos son necesarios —lo son—, sino cómo se desarrollan”, escribe. “La rápida expansión de los centros de datos se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial. Pero el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro. Y con razón”, añade.

Por ello, el Ejecutivo prepara un real decreto que exigirá a los centros de datos respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo abriera en agosto una consulta pública sobre la futura regulación, y pretende ordenar la expansión de los centros de datos antes de que su demanda genere presiones sobre el sistema eléctrico o conflictos con las comunidades cercanas.

“Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”, destaca Sánchez en Bloomberg. En esa línea, plantea que “el acceso a la red eléctrica es un activo estratégico escaso y no debe quedar bloqueado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o de una contribución significativa a la economía y a la sociedad”.

Cada aplicación de IA “consume energía y ocupa suelo”

Sánchez señala que los servicios digitales consumen recursos físicos. “Aunque a menudo se percibe la economía digital como algo inmaterial, cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y exige inversiones cada vez mayores”. Y avisa del riesgo de morir de éxito: en Irlanda, los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico nacional en 2023 y podrían llegar al 32% este año, mientras que en Estados Unidos su participación en la demanda pasaría del 4% en 2023 al 12% previsto para 2028.

“La solidez de nuestra economía y nuestra capacidad renovable han despertado un enorme interés inversor en la construcción de centros de datos, lo que significa que sus necesidades energéticas superarán con seguridad las previsiones. Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios en 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones multiplican varias veces ese objetivo”, escribe. Por ello, la propuesta gubernamental incluye estándares de eficiencia energética e hídrica, “lo que nos permitirá evaluar y comparar su uso de recursos y desincentivar el despilfarro”.

En el artículo, Sánchez afirma que el propósito no es limitar la innovación, sino “todo lo contrario; es asegurar que sean económicamente sostenibles y ambiental y socialmente justos”. El presidente defiende que estas instalaciones constituyen un activo estratégico en un continente que hoy depende de capacidades digitales ajenas a Europa, y concluye: “La lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz”.

Los españoles tienen aversión al riesgo en materia de inversión, como lo demuestra que seis de cada diez mantienen su dinero fuera de los mercados financieros pese a que tres de cada cuatro hogares cuentan con ahorros. No obstante, cuatro de cada diez personas que hoy no invierten aseguran que podrían hacerlo en el futuro.

Estas son las principales conclusiones de una encuesta encargada por ING Research a Ipsos que muestra una brecha entre la capacidad de ahorro de las familias y su disposición a invertir. El estudio, realizado en once países europeos entre el 27 de julio y el 7 de agosto, refleja además que España mantiene una relación especialmente prudente con la inversión.

El miedo a perder dinero y la falta de conocimientos financieros aparecen entre los principales obstáculos para invertir. Un 56% de los españoles que no invierten señala la aversión al riesgo como motivo, mientras que un 43% considera que no tiene suficientes conocimientos para dar el paso.

La cautela también se refleja en la elección de productos. Dos de cada tres encuestados españoles prefieren activos más seguros, aunque implique obtener una rentabilidad menor. Los ahorradores muestran además una mayor confianza en los asesores profesionales que en las recomendaciones de inversión generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Los jóvenes: más inversores que ahorradores

Pese a esta prudencia, la encuesta detecta un creciente interés de las generaciones más jóvenes por construir patrimonio a largo plazo. Los ciudadanos españoles de entre 25 y 44 años son el grupo con mayor interés inversor de Europa, un dato que apunta a un cambio gradual en la relación con el ahorro y los mercados financieros.

Los encuestados consideran que mantener el nivel de vida en la jubilación es uno de los objetivos que se marcan al invertir. La mayoría considera necesario prepararse financieramente para esa etapa.

A pesar de que invierten poco, los españoles reconocen que mantener todo el ahorro inmovilizado puede entrañar riesgos, especialmente en periodos de inflación. La pérdida de poder adquisitivo del dinero se convierte así en uno de los argumentos para buscar alternativas que permitan preservar o aumentar el patrimonio.

Inversión en ladrillo, la preferida por los españoles

Sin embargo, cuando se pregunta por los activos con mayor potencial de rentabilidad durante los próximos diez años, los españoles no sitúan a los mercados financieros en primera posición. La vivienda destinada al alquiler continúa siendo la opción preferida: un 45% de los encuestados considera que es la inversión con mejores perspectivas a largo plazo.

La preferencia española por el ladrillo contrasta con la visión predominante en el conjunto de Europa. En el resto del continente, el oro aparece como el activo al que los encuestados atribuyen un mayor potencial de rentabilidad durante la próxima década. La diferencia refleja también distintas culturas de ahorro e inversión y la tradicional importancia que tiene la vivienda en el patrimonio de los hogares españoles.

El estudio señala que Europa está avanzando en la transición del ahorro hacia la inversión, aunque todavía existe un amplio margen de crecimiento frente a mercados más desarrollados, como Estados Unidos. Una parte significativa del patrimonio de los hogares continúa concentrada en depósitos y otros instrumentos líquidos, incluso cuando existen alternativas destinadas a generar rentabilidad a más largo plazo.

Las estimaciones de ING Research reflejan que no invertir sale caro. Si los europeos hubieran destinado únicamente una cuarta parte del dinero que canalizaron hacia depósitos desde 2002 a fondos de inversión, el patrimonio de los hogares habría sido 1,17 billones de euros en 2025. Esa cantidad equivale al 7,4% del PIB de la zona euro.

Panamá refuerza su atractivo para la inversión productiva orientada al mercado de Estados Unidos tras quedar fuera del nuevo esquema de aranceles adicionales aplicado por Washington.

La condición abre una oportunidad para que empresas internacionales utilicen al país como plataforma de fabricación y exportación.

Desde el Ministerio de Comercio e Industrias se informó que la ventaja combina el acceso preferencial al mercado estadounidense con la conectividad logística panameña.

Ese escenario puede impulsar proyectos de nearshoring, en especial entre compañías que buscan producir más cerca de su destino final y reducir costos comerciales.

Panamá no figura desde el 24 de julio entre las economías alcanzadas por el recargo adicional establecido por Estados Unidos. La medida aplica tasas de entre 10% y 12,5% a los países incluidos en la lista, un costo que los bienes panameños pueden evitar si cumplen los requisitos previstos.

Para los productos de Panamá que califican bajo el Tratado de Promoción Comercial entre ambos países, la exclusión permite conservar las tarifas preferenciales, incluido el arancel de 0% cuando corresponde. Esto mejora la capacidad de competir frente a exportaciones regionales sujetas al nuevo gravamen.

La agroindustria panameña aparece entre las actividades con mayores posibilidades de aprovechar la diferencia arancelaria.

En el mercado de supermercados de Estados Unidos, donde el precio incide de forma directa en las decisiones de compra, evitar el recargo puede favorecer la presencia de la oferta nacional.

El beneficio puede trasladarse a las negociaciones entre exportadores e importadores. También puede reflejarse en precios más competitivos o en un margen comercial mayor para las empresas que participan en la cadena de suministro.

Entre los productos panameños que ya tienen presencia en Estados Unidos se encuentran el azúcar de caña, el pescado, los mariscos, el banano, la sandía, el café y la papaya. La lista también incluye alimentos procesados y manufacturados, como vinagre, salsas y pastas.

Estos bienes podrían encontrar mejores condiciones para ampliar sus ventas mientras competidores de otros países absorben el impacto de las nuevas tasas. La diferencia adquiere relevancia en rubros donde pequeños cambios en los costos pueden alterar la elección de proveedores.

Estados Unidos mantiene su condición de principal socio comercial de Panamá y concentra el 18% de las exportaciones panameñas de bienes.

La continuidad de las preferencias arancelarias, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias, preserva una ventaja para un mercado que ya ocupa un lugar central en la estrategia exportadora del país.

Exención no se limita al comercio tradicional, pues también ofrece un argumento para atraer capital extranjero hacia actividades de transformación, ensamblaje y producción destinadas al mercado estadounidense.

Las empresas que evalúan instalar operaciones en Panamá pueden considerar la posibilidad de fabricar allí y exportar bajo las condiciones previstas en el acuerdo comercial. La conectividad del país se suma a ese acceso preferencial como parte de su propuesta para captar nuevas inversiones.

De igual manera, la oficina para la promoción de inversiones y exportaciones ProPanamá inauguró oficialmente el Pabellón de Panamá en la trigésima edición del Americas Food & Beverage Show (AF&BS 2026), celebrado en el Miami Beach Convention Center.

El pabellón de Panamá es un espacio que reúne a 15 empresas locales, exportadoras y en vías de exportación, que presentan al mercado internacional la calidad, innovación y diversidad de nuestra oferta exportable.

La delegación panameña asiste a este encuentro global respaldada por una estrategia institucional orientada a la competitividad logística y comercial, donde los empresarios tendrán la oportunidad de dar a conocer productos de alta calidad y con potencial para conquistar nuevos mercados, fortaleciendo la presencia de Panamá en la escena internacional frente a miles de compradores, distribuidores y especialistas del sector de alimentos y bebidas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Iniciativa Climática de México (ICM) analizan crear una Plataforma País con un Módulo de Inversión Sostenible para reducir riesgos y canalizar capital privado hacia proyectos de energía, infraestructura, movilidad, desarrollo urbano, restauración ambiental y campo que ayuden a cumplir las metas climáticas del país.

La propuesta surge ante un problema identificado por autoridades, banca de desarrollo, instituciones financieras y organizaciones civiles: existen proyectos con beneficios ambientales y sociales, pero enfrentan barreras regulatorias, falta de preparación técnica y dificultades para acceder al crédito.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ICM señalaron que el objetivo no es únicamente aumentar los recursos disponibles. El planteamiento busca que el dinero público y privado llegue a iniciativas alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo y con la NDC 3.0 de México.

El diálogo “Trazando la ruta hacia una Plataforma País en México” se realizó en Ciudad de México el pasado 14 de septiembre de 2026. El encuentro formó parte de un proceso de análisis que encabeza Hacienda para definir las características de un eventual mecanismo nacional de financiamiento sostenible.

La propuesta contempla garantías, seguros y financiamiento concesional

Una Plataforma País es un mecanismo liderado por los gobiernos para fortalecer la colaboración en inversiones nacionales e internacionales y atraer financiamiento que permita avanzar hacia proyectos estratégicos de desarrollo sostenible y acción climática. La que busca impulsar el gobierno de México tendría una función de coordinación entre dependencias federales, banca de desarrollo, instituciones financieras, organismos internacionales, empresas y sociedad civil. También buscaría vincular carteras de proyectos con fuentes de financiamiento.

Entre los instrumentos en análisis se encuentran garantías, seguros, financiamiento concesional y esquemas de financiamiento combinado, conocidos como blended finance. Estos mecanismos permitirían disminuir la percepción de riesgo de ciertos proyectos y facilitar la participación de inversionistas privados.

La discusión también incluye la preparación de iniciativas desde sus primeras etapas. Esto abarcaría estudios técnicos, evaluación de viabilidad financiera, definición de beneficios sociales y ambientales, además de la estructuración necesaria para solicitar créditos o atraer inversión.

El diagnóstico presentado durante el taller apunta a una brecha entre las prioridades públicas y los proyectos capaces de recibir financiamiento. La falta de expedientes técnicos, mecanismos de garantía y capacidades institucionales limita el acceso a recursos para obras y programas con metas climáticas.

La banca de desarrollo podría tener participación en la reducción de riesgos. Banobras y Nafin formaron parte de las mesas de trabajo junto con banca comercial, dependencias federales y organismos dedicados a temas ambientales, rurales y de infraestructura.

Energía, movilidad y restauración concentran la discusión

El primer eje analizado fue la transición energética y la infraestructura para el desarrollo productivo e industrial. Los participantes discutieron los sectores y proyectos que México debería priorizar para reducir emisiones hacia 2035 y avanzar hacia una trayectoria de cero emisiones netas.

El segundo bloque se centró en movilidad, transporte, infraestructura urbana y economía circular. La discusión incluyó formas de ampliar el financiamiento público, de banca de desarrollo y privado para obras que reduzcan emisiones en las ciudades y atiendan necesidades de desarrollo económico y justicia social.

La tercera mesa abordó la restauración de ecosistemas y el desarrollo rural. Ahí se analizaron esquemas para financiar acciones de adaptación climática, conservación de la naturaleza, reducción de riesgos y atención de pérdidas y daños en comunidades rurales.

Hacienda plantea que una Plataforma País podría vincular estas inversiones con instrumentos ya existentes, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la NDC 3.0.

También podría complementar la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y la Taxonomía Sostenible de México. La intención es establecer criterios que permitan identificar actividades y proyectos compatibles con objetivos ambientales y sociales.

México todavía no anuncia recursos ni reglas de operación

El taller no incluyó el anuncio de un fondo, un monto de inversión, una cartera definida de proyectos ni una fecha para poner en marcha la plataforma. La SHCP se encuentra en una etapa de diálogo para identificar mecanismos que respondan a las necesidades del país.

Las Plataformas País son esquemas voluntarios encabezados por gobiernos nacionales. Su propósito es traducir compromisos climáticos en proyectos concretos, coordinar a actores públicos y privados y disminuir la fragmentación entre instituciones y fuentes de financiamiento.

El comunicado señala que alrededor de 20 países ya establecen o anuncian mecanismos de este tipo, entre ellos Brasil, Colombia, Sudáfrica, Indonesia y Egipto. México busca revisar esas experiencias para definir un modelo propio.

El proceso de Hacienda continúa después de cinco talleres dedicados a las experiencias internacionales, las oportunidades de inversión en energía, biodiversidad, sistemas alimentarios y desarrollo territorial, así como al uso de cooperación técnica y mecanismos financieros para movilizar recursos públicos y privados.

En ese contexto, el economista Santiago Bulat analizó la situación durante una entrevista en Infobae en Vivo y advirtió que la actividad se contrajo durante el segundo trimestre. “No estamos en recesión, pero ya te anotaste un trimestre malo”, afirmó, y definió el escenario como el de “una economía fría”.

Bulat explicó que la economía mostró una recuperación mensual desde el comienzo de la actual gestión, después de la caída inicial. Esa dinámica se frenó entre abril y junio. Según detalló, el resultado abarcó al conjunto de las actividades, incluidas aquellas vinculadas con el agro, la energía y el petróleo.

“Esta vez fueron más fuertes los que perdieron que los que ganaron”, sostuvo. El economista también mencionó que los datos de julio mostraron un inicio negativo para la construcción y la industria, dos sectores que permiten seguir el comportamiento de la actividad interna.

El especialista señaló que, desde una definición técnica, una recesión se configura cuando la economía registra dos trimestres consecutivos de caída. Por eso, remarcó que el retroceso entre abril y junio no alcanza todavía para aplicar esa categoría, aunque agregó que el escenario dejó una señal de alerta para los próximos datos.

Capacidad de compra, en caída

Uno de los ejes de la entrevista fue la evolución del salario real, un indicador que permite medir cuántos bienes y servicios puede comprar una persona con su ingreso. Bulat sostuvo que los salarios registrados dejaron de recuperar terreno frente a la inflación y cayeron desde septiembre de 2025.

Según explicó, la baja no refiere a un recorte nominal de los ingresos. La pérdida aparece cuando los aumentos salariales quedan por debajo de la evolución de los precios. Bulat describió una secuencia que comenzó con una fuerte caída del poder adquisitivo durante los primeros meses del Gobierno, en un período marcado por la devaluación y una inflación mensual elevada. Luego, los salarios recuperaron parte del terreno hasta febrero de 2025. A partir de ese momento, la mejora se estancó y, desde septiembre de ese año, el indicador volvió a retroceder.

El economista señaló que el salario registrado mostró una suba en abril, aunque después volvió a caer en mayo, junio y julio, según los números del Ministerio de Trabajo que mencionó durante la entrevista. “El salario real dejó de crecer”, resumió.

La discusión surgió a partir de una pregunta sobre la distancia entre algunas cifras macroeconómicas, los mensajes del Gobierno sobre el consumo y la experiencia cotidiana de personas que sienten que sus gastos fijos crecieron por encima de sus ingresos. Bulat planteó que ninguna imagen aislada alcanza para describir el estado general de la economía.

“Si te basás solamente en un video de avenida Corrientes o en una persona angustiada porque no puede pagar la cuota de un crédito, probablemente llegues a conclusiones erradas”, dijo. Para el economista, el análisis debe contemplar salarios, empleo, ventas, morosidad, inversión y desempeño sectorial.

Sin crisis de desempleo, pero con mayor precarización

Bulat diferenció el nivel de desocupación de las condiciones laborales de quienes sí tienen una ocupación. Señaló que la Argentina no enfrenta una crisis de desempleo comparable con la de los años 90, cuando la desocupación alcanzó el 18% en 1995. Según indicó, la tasa actual se ubica por debajo del 8%.

“Si veo solo desempleo, no hay un problema grande en el mercado laboral. Ahora, ¿qué está pasando dentro de los que sí están empleados?”, preguntó. Su respuesta se centró en la suba del monotributo, el empleo informal y la cantidad de personas que buscan más de una ocupación para completar ingresos.

Durante la entrevista se presentaron cifras basadas en el SIPA de junio, el último dato disponible de empleo registrado mencionado en el programa. Esos números marcaron caídas entre mayo y junio de 2026 en el empleo privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares. El monotributo fue el único segmento que registró una suba.

Bulat aclaró que ese aumento no representa por sí solo una mejora laboral. “Entre el 80% y el 85% del monotributo está en las categorías A, B y C”, afirmó. Según explicó, esas escalas agrupan ingresos bajos en términos generales.

El economista señaló que el paso desde un empleo registrado hacia el monotributo o la informalidad cambia las condiciones de ingreso y de protección laboral. Por eso, consideró insuficiente analizar la evolución del mercado de trabajo a partir de una única cifra de desempleo.

También vinculó esta situación con el comportamiento del consumo. A su entender, las ventas enfrentan un doble límite: el empleo formal no repunta y los ingresos dejan de ganarle a la inflación. A eso se suma una mayor apertura comercial en algunos rubros, que amplía la oferta para los consumidores y, al mismo tiempo, plantea competencia para la producción local. “Podés abrir más la economía y darle acceso a los consumidores a más cosas, pero los que producen acá se pueden sentir más afectados. Las dos situaciones pueden ocurrir al mismo tiempo”, planteó Bulat.

El impacto de la suba de la morosidad

La morosidad fue otro de los factores mencionados por el economista. Bulat sostuvo que el crecimiento de los atrasos en pagos no responde únicamente a las tasas de interés. También lo asoció con una menor capacidad de los hogares para afrontar gastos mensuales y sostener niveles previos de consumo.

“Llegás menos a fin de mes como llegabas antes y tenés menos empleo del que tenías antes. La gente buscó de alguna manera sostener los consumos previos, y eso pegó en el crédito”, expresó.

En ese punto, se refirió a las líneas del Banco Nación para refinanciar deudas, entre ellas las vinculadas con tarjetas de crédito. Bulat indicó que estas medidas no garantizan una reactivación de la actividad, aunque pueden ofrecer una alternativa ante el aumento de los atrasos.

“Probablemente no alcancen para que la economía repunte, pero tampoco se podía dejar que la morosidad fuera un problema que nadie atendiera”, dijo. También señaló que el incumplimiento de pagos representa un problema para los bancos, por lo que las entidades tienen incentivos para ofrecer mecanismos de refinanciación.

Durante la charla surgió además la expectativa oficial de que una baja de las tasas ayudara a reactivar el crédito y el consumo. Bulat indicó que esa posibilidad enfrenta límites que exceden a la dinámica local, entre ellos la evolución de las tasas en Estados Unidos.

Por qué no repunta la inversión

Para el economista, la inversión privada constituye una de las variables centrales para evaluar si la actividad puede recuperar impulso. Comparó el funcionamiento de la economía con un auto que necesita tracción en sus cuatro ruedas. En esa figura, ubicó al gasto público y al consumo de un lado, y a las exportaciones y la inversión del otro.

Según su descripción, la actual administración redujo el uso de subsidios, programas de estímulo al consumo, obra pública y otras herramientas estatales que impulsaban la demanda. En consecuencia, las exportaciones y el capital privado deberían asumir un papel más relevante.

Bulat sostuvo que las exportaciones mostraron una evolución favorable en numerosos sectores, aunque la inversión todavía no acompañó ese desempeño. “La inversión va todos los meses para abajo”, afirmó durante la entrevista. Mencionó las licitaciones relacionadas con la ruta 5 como una de las iniciativas en marcha. “Algo están haciendo, pero arrancó tarde y es poco si lo comparás contra lo que hacía el Estado”, expresó.

Bulat atribuyó parte de la demora a la incertidumbre sobre las reglas de juego, el nivel de riesgo país y el calendario electoral. Según explicó, las empresas toman decisiones de largo plazo a partir de variables como los aranceles, los impuestos, el acceso al mercado cambiario y las condiciones para financiar proyectos.

Además, se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento que busca dar previsibilidad a proyectos de gran escala. Aun así, afirmó que el programa concentra sus iniciativas en pocos sectores. “El 90% de los proyectos del RIGI está en energía y minería”, sostuvo. Agregó que otras actividades participan en menor medida, con algunas excepciones en la siderurgia.

El especialista explicó que los sectores vinculados con la energía, el petróleo, la minería, el agro y las finanzas muestran mejores resultados relativos y, en algunos casos, también mejoras salariales. Sin embargo, señaló que esa evolución no alcanza para compensar la situación de otras ramas, como la industria y la construcción.

“Los sectores que ganan terreno hoy no generan el empleo suficiente”, expresó. Para Bulat, ese punto abre interrogantes sobre la capacidad de la economía para absorber trabajadores en los próximos años.

El economista mencionó experiencias de Chile, Australia y países europeos, donde la expansión de la minería y otras actividades extractivas generó empleos indirectos en construcción, salud, educación, servicios y tecnología. Aclaró que esas transformaciones requieren tiempo y políticas de acompañamiento para los trabajadores que deben cambiar de sector.

Según indicó, varios de esos países aplican seguros de desempleo, programas de formación y esquemas de apoyo durante la transición laboral. En Argentina, señaló que el principal obstáculo para adoptar medidas de ese tipo es la restricción fiscal.

El desempleo juvenil y la inteligencia artificial

Bulat también puso el foco sobre el empleo joven. Indicó que, mientras la desocupación general se ubicó por debajo del 8%, entre los jóvenes llegó al 14%.

A ese dato sumó el impacto de la inteligencia artificial en las tareas de ingreso al mercado laboral. Según dijo, los primeros datos internacionales muestran efectos especialmente visibles entre trabajadores jóvenes, sobre todo en puestos iniciales y tareas repetitivas. “No necesariamente se reemplaza primero a un trabajador senior. Se reemplaza antes a un junior que hacía algunas tareas más manuales”, afirmó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Mirá la entrevista completa a Santiago Bulat

El mayor proyecto de la historia de YPF —y el desembolso privado más grande anunciado en la Argentina hasta el momento— ya tiene compradores. Se trata de Argentina LNG, la iniciativa que la petrolera de mayoría estatal lleva adelante junto a la italiana Eni y la emiratí XRG para exportar gas natural licuado (GNL) desde las costas de Río Negro al mundo.

Así lo confirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en la feria Gastech 2026 —la mayor conferencia y exposición mundial dedicada al gas natural— que se lleva a cabo esta semana en Bangkok, consignó Bloomberg. Según adelantó, la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales. Fuentes con conocimiento de las negociaciones aseguraron a Infobae que ya es más de un acuerdo cerrado, más de lo que trascendió públicamente. La decisión final de inversión está prevista para noviembre.

Hay un dato, sin embargo, que matiza el avance en la comercialización del GNL: Eni y XRG, además de ser socios con participaciones accionarias de alrededor del 32% cada uno, son también offtakers; es decir, compradores de parte de la producción que se genere. Eso significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado —hacia los propios socios— antes de que se firme un solo contrato con terceros. Los acuerdos que se están cerrando ahora corresponden al volumen que queda disponible para el mercado abierto, una vez descontada esa porción.

La infraestructura prevista para el proyecto es de escala inédita para la industria energética argentina. El plan contempla dos barcos fábrica licuefactores frente al Golfo San Matías, en Río Negro, con una capacidad mínima de producción de 12 millones de toneladas anuales, escalable hasta 18 millones. Para llegar hasta allí, se construirá un gasoducto de 527 kilómetros desde Neuquén, un poliducto para líquidos asociados y una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el complejo industrial más grande del país que abastece aproximadamente el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en la Argentina.

De acuerdo con su presentación oficial en el RIGI, la inversión total asciende a USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream, y se financia en un 70% con crédito internacional y un 30% con aportes directos de los socios.

El mayor proyecto bajo el RIGI todavía espera aprobación

Argentina LNG presentó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a mediados de agosto, convirtiéndose en el mayor proyecto inscripto hasta el momento en ese programa. La aprobación oficial, sin embargo, aún está pendiente. En diversas apariciones mediáticas, Marín fue categórico sobre la relación entre el marco regulatorio y la viabilidad del proyecto: “Sin RIGI hoy no hay LNG. Lo dije al principio y lo sigo diciendo”, dijo en declaraciones previas a Infobae.

Los bloques que alimentarán el proyecto ya están definidos y distribuidos: YPF controla el 36% del upstream, mientras que Eni y XRG tienen el 32% cada una, en áreas administradas por UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad creada específicamente para el proyecto. Las reservas provienen de Vaca Muerta, la formación de shale que posicionó a la Argentina como el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo.

El financiamiento avanza en paralelo. Según reveló Marín en marzo durante el CERAWeek, 47 bancos participaron de las primeras rondas para la primera etapa —valuada en USD 15.500 millones— y el monto total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido. JP Morgan lidera el diseño financiero junto al banco Santander, con el objetivo de cerrar antes de fin de año. La última novedad concreta es el lanzamiento de la licitación de tubos para dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, valuada en alrededor de USD 2.000 millones, con adjudicación prevista para noviembre o principios de diciembre.

El mercado global de GNL atraviesa su momento de mayor tensión en años

Los contratos que negocia YPF llegan en un contexto de fuerte turbulencia en el mercado mundial de GNL. Según el informe trimestral de la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre marzo y junio de este año las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos cayeron 35.000 millones de metros cúbicos respecto del mismo período del año anterior, como consecuencia directa de las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. El declive fue parcialmente compensado por el crecimiento de la producción en América del Norte, África y Australia, pero el mercado quedó ajustado.

El comercio global de GNL alcanzó un récord de 437 millones de toneladas en 2025, con un crecimiento del 6,3% respecto del año anterior, según el World LNG Report 2026 de la Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas en inglés). Estados Unidos se consolidó como el mayor exportador mundial, con 110,7 millones de toneladas, seguido por Qatar. La capacidad global de licuefacción llegó a 524,5 millones de toneladas anuales al cierre de 2025.

En ese escenario, los compradores asiáticos y europeos aceleraron la búsqueda de proveedores alternativos a los del Golfo Pérsico. Marín lo describió con precisión en Houston, durante el foro CERAWeek by S&P Global, en marzo: “Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Hoy la seguridad energética pesa más que el precio”, dijo. Y agregó: “Somos un país que está lejos de los conflictos internacionales y eso nos convierte en un proveedor muy seguro”.

Argentina apunta a exportar USD 10.000 millones anuales en GNL desde 2031

Las proyecciones de YPF para Argentina LNG son de largo alcance. Según Marín, el proyecto generará exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031 —un tercio de los USD 30.000 millones totales que la empresa proyecta para ese año—, con contratos de largo plazo apuntados principalmente a Europa y Asia. El impacto, aseguró, se extendería durante dos décadas.

En este escenario, la Argentina cuenta con dos proyectos de licuefacción de gas. Al Argentina LNG se le suma Southern Energy (SESA), liderado por Pan American Energy (PAE) con participación también de YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

El proyecto avanza en paralelo con una escala menor pero un calendario más cercano, ya que será el primero de los dos en ponerse en marcha. De hecho, a comienzos de año firmó un contrato por USD 7.000 millones con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) para exportar 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a partir de fines de 2027. Ese volumen representa cerca del 80% de la capacidad del primer buque licuador de SESA, el Hilli Episeyo, que operará también frente al Golfo San Matías.

Con ambos proyectos combinados, la Argentina podría exportar más de 14 millones de toneladas anuales de GNL desde 2031, lo que la ubicaría entre los mayores proveedores emergentes del mundo en este combustible.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen contará con un presupuesto de $526,5 millones para 2027, cifra que representa un incremento de $139,8 millones frente a los $386,7 millones aprobados para 2026.

El aumento equivale al 36,2% y estará concentrado principalmente en la ejecución de obras para ampliar la capacidad operativa de la terminal.

La inversión pasará de $111,1 millones en 2026 a $225,6 millones durante el próximo ejercicio fiscal, un crecimiento de $114,5 millones, equivalente al 103%. Con esta variación, los recursos destinados a infraestructura se duplicarán y elevarán su participación dentro del presupuesto total, del 28,7% al 42,8%.

Los gastos de funcionamiento alcanzarán los $300,9 millones en 2027, frente a los $275,6 millones asignados este año. La diferencia es de $25,3 millones, equivalente al 9,2%, mientras que los servicios personales permanecerán sin aumento y conservarán una partida de $53,8 millones.

El incremento responde al crecimiento previsto del movimiento aeroportuario. Tocumen calcula cerrar 2026 con aproximadamente 23,1 millones de pasajeros y recibir 25,4 millones durante 2027. Esto supondría 2,3 millones de viajeros adicionales y un aumento cercano al 10% en un año, según las estimaciones presentadas ante los diputados.

Entre las principales intervenciones aparece el proyecto Muelle Sur, cuyo precio de referencia asciende a $208,75 millones. La estructura será conectada con la Terminal 2 e incorporará diez puertas de abordaje de contacto, cuatro salas destinadas a posiciones remotas y una plataforma para el traslado de pasajeros en autobuses.

La obra comprenderá alrededor de 21.097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, además de una nueva plataforma, calles de rodaje, iluminación, drenajes y sistemas de combustible. También permitirá reconfigurar las posiciones 220, 221 y 222, con un plazo estimado de 30 meses de construcción y 12 de mantenimiento.

Otro proyecto contempla el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la ampliación integral del campo de vuelo, con una inversión estimada de $98 millones. Los trabajos abarcarán pistas, plataformas y calles de rodaje, además de ocho posiciones remotas para recibir aeronaves de diferentes dimensiones y configuraciones operativas.

Las nuevas posiciones estarán ubicadas cerca del muelle norte de la Terminal 1 y podrán atender aeronaves de código C, como el Boeing 737, con compatibilidad para modelos de código E, como el Boeing 777. Su ejecución requerirá aproximadamente 27 meses, seguidos por un periodo de mantenimiento de 12 meses.

Tocumen también prevé avanzar con la modernización integral de la Terminal 1, mediante una licitación cuyo precio de referencia alcanza los $22,2 millones. Paralelamente, continúa la rehabilitación de las dos pistas y sus calles de rodaje, un proyecto de $56,9 millones que registra 75% de avance.

La planificación incluye otros $12 millones para las fases cuatro y cinco del sistema de equipaje. Una vez concluidas las ampliaciones proyectadas, el aeropuerto dispondrá de 64 puentes de abordaje y 20 posiciones remotas, para una capacidad conjunta de 84 espacios para aeronaves en sus terminales y plataformas.

Dentro del programa anual, 12 proyectos estratégicos concentrarán $143,2 millones de la inversión prevista, equivalentes al 63% del total. Otros $13,5 millones financiarán once intervenciones en aeropuertos regionales, mientras que el portafolio completo estará integrado por 86 proyectos administrados por Tocumen S.A.

La empresa proyecta obtener durante 2027 ingresos corrientes por $398,1 millones. Cerca del 64% procederá de actividades aeronáuticas y el 36% de operaciones no aeronáuticas. Hasta el 31 de julio de 2026 había recaudado $212,1 millones, el 99% de la meta programada para ese periodo.

Actualmente, Tocumen mantiene conexiones con 93 destinos ubicados en América y Europa, atendidos por 15 aerolíneas de pasajeros y otras 15 compañías de carga. El nuevo presupuesto busca acompañar esa red con mayor capacidad, mientras el aeropuerto se prepara para superar los 30 millones de viajeros hacia 2030.

La inversión social empresarial en Colombia atraviesa una paradoja: mientras el gasto ambiental crece con fuerza, el componente social pierde terreno. Las grandes compañías destinaron cerca de 19 billones de pesos a iniciativas sociales y ambientales durante 2025, según el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE).

De ese total, cerca de 10 billones de pesos correspondieron a inversión ambiental, con un crecimiento del 45% frente a 2022, mientras que los 9 billones de pesos restantes se destinaron a inversión social, que cayó 16% en el mismo periodo.

En ese contexto, compañías con fuerte componente tecnológico buscan sostener y ampliar sus programas sociales apoyándose en herramientas digitales, conectividad y datos para llegar a más comunidades en educación, salud y bienestar.

Inversión social empresarial en Colombia: cifras y tendencias

El IISAE muestra un desbalance entre los dos frentes de la inversión corporativa. El monto ambiental aumentó de manera sostenida en los últimos años, en línea con la presión regulatoria y las metas climáticas que muchas empresas han adoptado.

El componente social, en cambio, muestra una tendencia contraria. La caída del 16% entre 2022 y 2025 ocurre en un momento en que el 81% de la inversión social analizada por el índice corresponde a iniciativas voluntarias, y solo el 19% responde a obligaciones legales.

Ese dato resulta relevante porque indica que la mayor parte del gasto social depende de decisiones internas de cada compañía, sin que exista un marco normativo que obligue a mantener ciertos niveles de inversión. Cuando las prioridades corporativas cambian o los presupuestos se ajustan, ese tipo de programas queda expuesto a recortes con mayor facilidad que los rubros regulados.

Para Ángela Rodríguez, Country Manager de Intelcia en Colombia, ese margen de voluntariedad no debería traducirse en un retroceso del compromiso social. “La responsabilidad social no debería entenderse como una iniciativa aislada de la operación. Las empresas tenemos la posibilidad de movilizar talento, conocimiento y recursos para responder a necesidades concretas de nuestro entorno”, afirmó.

Intelcia ha decidido sostener su apuesta social pese a la tendencia general del mercado, apoyándose en su infraestructura digital y en la movilización directa de sus colaboradores.

Tecnología y acceso digital como eje de la estrategia educativa

La educación concentra buena parte de los esfuerzos corporativos en el país. De acuerdo con el estudio Panorama de la Inversión Social Empresarial de la ANDI, el 61% de las empresas analizadas desarrolla iniciativas en este frente.

En ese marco, Intelcia trabajó con la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada, en Sabaneta, Antioquia, a la que entregó computadores para fortalecer el acceso a herramientas digitales de más de 1.100 estudiantes.

La entrega de equipos responde a una lógica que conecta directamente con el negocio de la compañía: como firma de alta capacidad tecnológica dedicada a operaciones de experiencia de cliente, Intelcia identifica en el acceso a dispositivos y conectividad una de las principales barreras para que estudiantes de contextos vulnerables puedan desarrollar competencias digitales.

Ese tipo de programas busca cerrar una brecha que va más allá del aula: sin acceso a computadores ni a internet, los estudiantes quedan al margen de procesos formativos y laborales que hoy dependen cada vez más de herramientas tecnológicas.

Salud, solidaridad comunitaria y participación de colaboradores

La estrategia social de la empresa también se extiende al sistema de salud. En colaboración con la Fundación Hematológica Colombia, la compañía ha promovido jornadas de donación de sangre que consolidaron una comunidad activa de más de 150 colaboradores donantes.

Esa iniciativa vincula directamente a los trabajadores de la empresa con una necesidad permanente del sistema de salud colombiano, en un esquema que depende de la participación voluntaria y sostenida de la fuerza laboral.

El componente comunitario se completó con una alianza junto a la Fundación Coloreando Alas. Colaboradores de la compañía y sus familias se sumaron a una iniciativa solidaria durante la temporada navideña que permitió beneficiar a más de 120 familias en situación de vulnerabilidad.

Gobernanza ESG y objetivos de desarrollo sostenible

El conjunto de iniciativas se organiza bajo cinco pilares: desarrollo y bienestar de los colaboradores; arraigo territorial e inclusión; solidaridad con las comunidades; ética y excelencia frente a sus grupos de interés; y responsabilidad ambiental.

Ese modelo está alineado con 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas e incorpora referentes internacionales como la norma ISO 26000.

La compañía sostiene, además, una estructura de gobernanza con comités ESG y de responsabilidad social en distintos niveles de la organización, un esquema que busca dar continuidad a los programas sociales más allá de los ciclos presupuestarios anuales.

Honduras podría recibir una nueva ola de capital extranjero si las reformas al subsector eléctrico aprobadas recientemente son publicadas en el diario oficial La Gaceta, según las proyecciones expuestas este martes por el ministro de Inversión, Epaminondas Marinakys.

El funcionario aseguró que actualmente existen alrededor de 10 empresas extranjeras que preparan proyectos de inversión en el país. “Tenemos como 10 empresas que están empezando un proyecto grande en Choloma, que son cerca de 400 millones de dólares de inversión en manufactura textil”, declaró Marinakys a periodistas.

Marinakys explicó que las empresas interesadas pertenecen a distintos sectores de la economía. Además de la manufactura, mencionó compañías vinculadas con la producción de cemento y la agricultura.

La expectativa del Gobierno es que las reformas aprobadas generen condiciones que incentiven la llegada de nuevos capitales y faciliten la ejecución de proyectos que, de acuerdo con el funcionario, ya se encuentran en distintas etapas de preparación.

El sector eléctrico es estratégico para atraer nuevas inversiones, especialmente para empresas que requieren condiciones de suministro y estabilidad energética para establecer o ampliar sus operaciones.

Uno de los puntos centrales para concretar estas expectativas es la entrada en vigencia de las reformas al subsector eléctrico.

Marinakys manifestó su deseo de que las modificaciones sean publicadas próximamente en el diario oficial La Gaceta, paso necesario para que las disposiciones puedan comenzar a aplicarse.

Reformas e inversión extranjera

El ministro consideró que la publicación de las reformas enviaría una señal favorable a las empresas que actualmente analizan sus posibilidades de inversión en Honduras.

Según explicó, durante los últimos seis meses desarrolló acciones para promocionar al país como destino de inversión y, en paralelo, facilitar los trámites para compañías que ya tenían proyectos definidos.

La estrategia, según el funcionario, busca atraer nuevos inversionistas y agilizar los procesos de empresas que ya han mostrado interés concreto en instalarse o ampliar sus operaciones en el territorio hondureño.

Marinakys aseguró que varias empresas de ese país están pendientes de la publicación de las reformas y podrían tomar decisiones de inversión una vez que estas entren en vigor. El interés, de acuerdo con el ministro, no se limita a la generación de energía.

Entre las áreas que podrían beneficiarse mencionó los ecoparques, el turismo y las exportaciones de productos como café y tabaco.

Choloma concentra una de las principales apuestas

La inversión proyectada en Choloma, departamento de Córtes, al norte de Honduras representa uno de los anuncios de mayor dimensión realizados por el funcionario.

Marinakys no detalló el nombre de las empresas involucradas ni proporcionó un calendario específico para el inicio de las operaciones, pero sostuvo que los proyectos forman parte del grupo de inversiones que avanzan.

El ministro reconoció que existe una diferencia entre el interés inicial de los inversionistas y la concreción de los proyectos. Por ello, señaló que las oportunidades identificadas deben transformarse en inversiones reales.

El Gobierno apuesta a que la aprobación y posterior publicación de las reformas eléctricas contribuya a despejar parte de las condiciones que las empresas consideran antes de tomar decisiones de inversión.

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, el cual destaca principalmente por la proyección de crecimiento económico de 2% para el siguiente año.

Durante la mañanera del pueblo este 9 de septiembre, el funcionario señaló algunos puntos clave para entender las acciones que se implementarán en materia financiera en los próximos meses, incluyendo temas sobre deuda pública, déficit comercial e inversiones.

Además, en el documento se plantea invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.

Lo más relevante del Paquete Económico 2027

La exposición de este proyecto se da en un contexto de incertidumbre marcado por factores geopolíticos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdos comerciales y un crecimiento del gasto público.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos son los 15 puntos clave de la estrategia económica mostrada por el Gobierno de México, que busca fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas:

1. Escenario macroeconómico

• Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) plantean un escenario relativamente alineado con las expectativas del mercado.
• Se estima un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.
• La tasa de interés prevista es de 6.0%.
• El tipo de cambio se calcula en 18.0 pesos por dólar.
• El precio estimado del petróleo es de 61.8 dólares por barril.

2. Requerimientos Financieros del Sector Público

• Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representarían 3.9% del PIB.
• El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subiría a 55.0% del PIB en 2027.
• El nivel previsto sería 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026.
• Para 2032, el indicador llegaría a 56.5% del PIB.

3. Costo financiero de la deuda

• El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB.
• El monto sería 2.9% menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2026.
• Para 2032, se proyecta que el costo de la deuda represente 3.7% del PIB.

4. Ingresos presupuestarios

• Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.
• La cifra supondría un incremento de 1.7% frente a lo aprobado para 2026.
• La recaudación tributaria sería la principal fuente de recursos, con 6.26 billones de pesos.
• Los ingresos tributarios registrarían un aumento anual de 3.9%.

5. Cambios tributarios y derechos federales

• Se proponen mayores controles a las deducciones empresariales.
• Se plantean límites para intereses, pérdidas fiscales y pagos al extranjero.
• Se eliminaría el régimen opcional para grupos de sociedades.
• Se ampliaría el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
• Se mantendrían los estímulos para la repatriación de capitales y la inversión.
• También se contemplan modificaciones a la retención aplicable a los intereses.
• Se actualizarían cuotas y derechos federales en servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera, entre otros sectores.

6. Ingresos petroleros y transferencias

• Los ingresos petroleros disminuirían 20.8% frente a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.
• Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se reducirían 12.2%.
• Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) caerían 22.9%.
• El Gobierno Federal contempla apoyos por 88.7 mil millones de pesos para Pemex y 90.4 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

7. Gasto neto total

• El gasto neto total ascendería a 10.6 billones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.
• Esto representaría un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026.
• El gasto programable aumentaría 1.5%.
• El gasto no programable crecería 0.2%.
• El Instituto Nacional Electoral (INE), Agricultura y Marina tendrían incrementos presupuestales superiores a 10%.

8. Gasto federalizado

• El gasto federalizado llegaría a 3.05 billones de pesos.
• El monto sería 4.6% mayor al de 2026 y equivaldría a 7.7% del PIB.
• Las Participaciones aumentarían 3.0%.
• Las Aportaciones registrarían un incremento de 5.9%.

9. Pensiones

• El gasto destinado a pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB.
• Las pensiones contributivas tendrían un incremento previsto de 4.6%.
• Las pensiones para el bienestar aumentarían 0.1%.
• Hasta julio de este año, las pensiones contributivas acumulaban un crecimiento de 5.1%.

10. Salud

• El gasto total en salud sería de 1.2 billones de pesos.
• El monto representaría un incremento real de 12.7% respecto de lo aprobado para 2026.
• Los recursos equivaldrían a 2.9% del PIB.
• La Secretaría de Salud tendría un aumento real de 4.8%.
• El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería 21.1%.

11. Educación, ciencia y cultura

• El gasto destinado a educación, ciencia y cultura alcanzaría 1.4 billones de pesos.
• Esto representaría un aumento real de 7.2% frente a 2026.
• El monto equivaldría a 3.5% del PIB.
• El presupuesto de la UNAM aumentaría 1.0%.
• Los recursos del IPN crecerían 7.1%.
• El presupuesto de la UAM subiría 3.5%.

12. Inversión

• Se propone una inversión de 1.1 billones de pesos.
• El monto representaría 10.7% del gasto neto total y 2.9% del PIB.
• La cifra sería 12.3% menor a la aprobada para 2026.
• Se plantea crear el Anexo Transversal de Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos.

13. Energía y medio ambiente

• La reducción real de 69.0% en el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) estaría relacionada con un menor apoyo financiero a Pemex.
• El gasto de Pemex disminuiría 1.3%.
• El presupuesto de la CFE bajaría 8.5% en términos reales.
• En contraste, los recursos de la Semarnat aumentarían 5.3%.

14. Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados

• Se contemplan 475 mil 959.7 millones de pesos, una reducción de 1.6% frente a 2026.
• La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) concentraría 29.6% del total.
• La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina representaría 28.1%.
• La Pensión Mujeres Bienestar concentraría 12%.
• Bienestar y Educación Pública reunirían 80.2% de los recursos del anexo.

15. Anexo Transversal 13: Igualdad entre Mujeres y Hombres

• El anexo contaría con 636 mil 133.1 millones de pesos, un incremento de 2.9% respecto de 2026.
• El componente denominado Mujeres representaría 0.3% del total.
• Se propone crear el Anexo Transversal 33: Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraría 64.3% de esos recursos.
• El IMSS-Bienestar recibiría 13.8%.
• Bienestar concentraría 12.5%.

Una compañía británica instalará un centro logístico en Panamá Pacífico para reforzar el abastecimiento de repuestos en Centroamérica y el Caribe.

Inchcape prevé que el nuevo complejo entre en operaciones en noviembre, fecha donde informó que dará a conocer más detalles sobre las capacidades del centro, su funcionamiento y los beneficios concretos que aportará a clientes, fabricantes y mercados de la región.

La iniciativa forma parte de la expansión regional del distribuidor automotriz, cuyos directivos dijeron que se eligió a Panamá por su conectividad, infraestructura y posición geográfica.

El proyecto busca integrar con mayor fluidez las operaciones de la empresa entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Directivos manifestaron que la empresa comenzará a desarrollar el Inchcape Hub Center en Panamá Pacífico, una instalación de más de 5.500 metros cuadrados destinada a la distribución regional de repuestos.

El centro permitirá optimizar la cadena de suministro para Centroamérica y el Caribe, con el objetivo de mejorar la respuesta hacia clientes, fabricantes y socios estratégicos, se indicó.

La empresa considera que Panamá se consolidó como un punto de referencia para el comercio y la distribución en la región.

Esa condición, dijeron los ejecutivos, influyó en su decisión de ampliar desde el país su presencia en los mercados centroamericanos y caribeños.

La conectividad del territorio panameño y su infraestructura logística figuran entre los elementos que respaldan la elección.

La compañía aspira a profundizar su integración regional a partir de esta nueva plataforma.

“Esta inversión refleja la confianza de Inchcape en Panamá”, señaló Franklin Fernandes, director de Logística CARCAM en Inchcape. El ejecutivo sostuvo que las condiciones del país permitirán fortalecer la operación regional de la compañía.

Fernandes afirmó que la ubicación geográfica, las conexiones y la infraestructura disponibles en Panamá facilitarán una mayor capacidad de respuesta. Según indicó, la inversión apunta a generar valor para los clientes, las marcas fabricantes y los socios de la organización.

La compañía comenzó a operar en Panamá en 2018 y desde entonces desarrolló una presencia en el mercado automotor local.

La operación panameña cuenta con más de 200 colaboradores y una red de seis sucursales. Esa estructura, se indicó, será parte del despliegue regional que la compañía busca reforzar mediante el nuevo centro de distribución.

El futuro complejo estará destinado a la gestión y distribución de autopartes para los mercados de la región. La empresa espera que esta infraestructura facilite una operación más integrada entre sus distintas unidades continentales. La apuesta incluye una mejora en la administración de la cadena de suministro. El objetivo es que los repuestos lleguen con mayor eficiencia a las operaciones que mantiene en Centroamérica y el Caribe.

El proyecto, se informó, se incorpora a Accelerate+, la estrategia global de la organización. Ese programa está orientado a impulsar una operación más eficiente y a sostener la creación de valor en los mercados donde la compañía tiene actividad.

Matías Andreani, director general del clúster CARCAM, definió la obra como una inversión de largo plazo. “El Inchcape Hub Center es una inversión estratégica que ampliará nuestra capacidad para acompañar el crecimiento de la compañía en Centroamérica y el Caribe”, afirmó el ejecutivo.

El directivo añadió que el alcance del proyecto supera la construcción de una instalación física. Según explicó, la empresa busca consolidar una operación regional más conectada y preparada para atender los requerimientos de clientes y fabricantes.

Se reiteró que en noviembre se comunicarán nuevos detalles sobre el funcionamiento del centro, cuando la compañía manifestó que prevé entonces informar las capacidades específicas de las instalaciones y los beneficios que el proyecto aportará a los mercados de la región.

Dos nuevos proyectos bajo el régimen de zonas francas, con inversiones previstas en Panamá Oeste y Colón, fueron autorizados por el Consejo de Gabinete.

New City Construccion, S.A. y Nevada Logistics, S.A. son las sociedades que buscarán operar instalaciones destinadas a servicios, logística y facilidades tecnológicas.

La decisión permitirá que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas expida las licencias de promotor y operador y formalice la inscripción de ambas empresas en el Registro Oficial de Zonas Francas.

Las autorizaciones abarcan a Zona Franca Atlapa, impulsada por New City Construccion, S.A., y a Nevada Logistic Free Zone, bajo responsabilidad de Nevada Logistics, S.A. Los dos desarrollos se suman a la expansión de este régimen especial, orientado a captar inversión extranjera y empleo.

La Zona Franca Atlapa se instalará en el corregimiento de Feuillet, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. La compañía promotora figura en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá desde el 21 de junio de 2018.

Zona Franca Atlapa prevé una inversión de $1,95 millones

New City Construccion, S.A. proyectó una inversión de $750.000 en la primera fase de su desarrollo como promotora y operadora. La segunda etapa contempla recursos futuros por $1,2 millones.

El proyecto buscará establecer una zona franca en Panamá Oeste bajo su nombre comercial, luego de recibir el aval del Consejo de Gabinete para completar el trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Zonas Francas.

La información divulgada no precisó la cantidad de puestos de trabajo que generará esta iniciativa ni el calendario previsto para el inicio de sus operaciones.

Nevada Logistics, S.A. desarrollará su zona franca en el sector de Los 4 Altos, dentro del corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. La empresa presentó una proyección de empleo superior a 2.500 plazas directas e indirectas durante su etapa operativa.

La primera fase de Nevada Logistic Free Zone requerirá una inversión inicial de $4.103.267. La empresa prevé una segunda etapa con $14.676.000 como inversión futura.

Iniciativa se ubicará en una provincia que concentra actividades vinculadas con la logística, el comercio y el tránsito de mercancías. El proyecto se incorporará al esquema de zonas francas tras la emisión de la licencia y su inscripción oficial.

Las actividades relacionadas con servicios y facilidades tecnológicas encabezan las inversiones dentro del régimen especial de zonas francas. Ese sector figura entre los indicadores vinculados con la atracción de Inversión Extranjera Directa en Panamá.

Durante su reunión más reciente, el Comité Nacional de Zonas Francas aprobó seis licencias nuevas y la ampliación de otra ya existente. El conjunto de esas decisiones representó una inversión inicial cercana a $5,9 millones.

Más de la mitad de ese monto, unos $4,1 millones, correspondió a las nuevas licencias. Las empresas de servicios y alta tecnología concentraron el 60% de las autorizaciones aprobadas por el Comité durante la sesión de julio.

Las nuevas actividades autorizadas en ese encuentro podrían generar hasta 100 empleos en la etapa inicial y otros 90 a futuro. La estimación incluye puestos directos e indirectos.

Panamá tiene 19 zonas francas en operación y otras seis en desarrollo. El total de 25 instalaciones activas o en construcción es presentado como una plataforma para la llegada de empresas y la creación de puestos de trabajo locales.

Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias, sostuvo que el cumplimiento de las normas resulta determinante para el desempeño logístico del país.

“La seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y el cumplimiento del marco normativo constituyen pilares esenciales para mantener la competitividad de Panamá como plataforma logística, comercial y de inversión a nivel global”, afirmó recientemente durante la conferencia Zonas Francas en Panamá 2026: marco legal y responsabilidad penal.

En 2025, el régimen especial generó ingresos por $203,2 millones para el país y empleo directo para más de 1,000 panameños.

El gobierno de Neuquén y trece empresas petroleras acordaron un esquema de financiamiento de USD 154,5 millones para pavimentar, repavimentar y reparar rutas vinculadas con Vaca Muerta. Los fondos surgirán de adelantos de regalías, cánones y peajes por el uso de infraestructura provincial.

El entendimiento reúne a YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, GeoPark, Tecpetrol, Harbour y Continental. Las compañías forman parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

Según informó la entidad empresaria, el aporte de cada operadora se calculará mediante una fórmula que tendrá en cuenta su participación en la producción no convencional de la cuenca y sus compromisos fiscales con la provincia. Los recursos integrarán un fideicomiso y se liberarán a medida que se certifique el avance de los trabajos.

El gobernador Rolando Figueroa señaló que el acuerdo permitirá “pavimentar y repavimentar 160 km de rutas en la región Vaca Muerta”. También sostuvo que el mecanismo de prefinanciación busca acelerar las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

En tal sentido, una de las obras será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de la Tortuga. El plan también prevé reparaciones y nuevos pavimentos sobre la Ruta Provincial 51.

Figueroa detalló que las intervenciones alcanzarán a la Ruta Provincial 8, en el tramo entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el Camino de la Tortuga; la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de otro sector de la Ruta Provincial 8, entre la Ruta 51 y la Ruta 7; y la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

La provincia asumió el compromiso de ejecutar, con fondos propios o mediante contrataciones a terceros, trabajos sobre las rutas provinciales 6 y 7. Esas intervenciones completarán esta etapa del programa vial.

“Las empresas van a prefinanciar las obras, a través de regalías anticipadas y el anticipo del cobro de peajes”, afirmó el gobernador neuquino. Y agregó: “Eso nos va a permitir acelerar la curva desarrollo de las rutas que necesitamos”.

El acuerdo establece que los aportes empresariales se realizarán a través de un fideicomiso, con desembolsos sujetos a la certificación de cada avance de obra. La CEPH definió el entendimiento como un mecanismo de cooperación público-privada para responder a las exigencias de infraestructura que plantea el desarrollo de la producción de hidrocarburos en la cuenca.

En paralelo, las empresas y la administración provincial avanzan con el Bypass de Añelo, una obra que busca desviar del centro urbano el tránsito pesado asociado a Vaca Muerta. Ese proyecto es financiado por un consorcio de 10 productoras de hidrocarburos bajo otro acuerdo con la provincia.

Neuquén ya es la tercera provincia exportadora del país

La matriz exportadora argentina incorporó nuevos focos de crecimiento por el avance de la energía y la minería. La Patagonia fue una de las regiones con mayor expansión: durante el primer semestre de 2026 concentró el 17,8% de las exportaciones del país, por encima del 14,8% que había representado en 2025.

Neuquén encabezó ese cambio. Sus ventas al exterior sumaron USD 4.283 millones, un incremento interanual de 84,5%, que ubicó a la provincia como la tercera mayor exportadora del país, después de Buenos Aires y Santa Fe.

La comparación con una década atrás dimensiona el cambio. En 2015, Neuquén aportaba solo el 0,25% de las exportaciones argentinas. Entre enero y junio de 2026, su participación ascendió al 8,7%, más de 30 veces el nivel de entonces.

El Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral sostuvo que esta evolución no desplaza a los sectores tradicionales, sino que suma actividades con peso creciente dentro de la oferta exportable.

El petróleo explica buena parte de la expansión neuquina y patagónica. Las colocaciones externas de crudo totalizaron USD 4.693 millones, tras un alza de 47,7%, mientras que los envíos de carburantes crecieron 53,5%.

El aumento de la producción local también redujo la dependencia de los abastecimientos externos. Desde 2022 hasta el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes retrocedió 62,1 por ciento. La baja coincidió con la expansión de la actividad energética, en especial por el desarrollo de Vaca Muerta.

La “economía de los expatriados” ya mueve más de $1.800 millones y se consolidó como el segmento de mayor dinamismo dentro del mercado residencial, de acuerdo con un estudio de la consultora Indesa.

Afirma que la demanda combina compras de vivienda, gastos cotidianos y servicios dirigidos a residentes internacionales.

Esta oportunidad surge de un proceso que empieza con el turismo: una parte de los visitantes prolonga su estadía y luego decide invertir o establecerse en el país.

Indesa sostiene que este ciclo está elevando el peso de los compradores extranjeros en las viviendas de mayor valor y abre negocios más allá del sector inmobiliario.

La inversión extranjera en el mercado residencial superó los $841 millones en 2025, según datos de Indesa Analytics.

Esa cifra, explica, representó un aumento de 53% frente a 2019 y avanzó a un ritmo superior al de la demanda interna en el segmento de propiedades con precios mayores a $120.000.

Durante el primer trimestre de 2026, las adquisiciones realizadas por extranjeros llegaron a $205 millones. El volumen registró un alza interanual de 17%.

La participación de esos compradores alcanzó el 57% del segmento residencial superior a $120.000, el nivel más alto de la serie elaborada por la firma consultora.

Los extranjeros que participan en ese mercado buscan principalmente una inversión o una residencia para el retiro, se indica.

Estados Unidos pasó a liderar la demanda internacional durante los primeros tres meses de 2026.

Los compradores de ese país destinaron $33,6 millones a operaciones inmobiliarias, con un crecimiento de 53% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado marcó la primera ocasión en que Estados Unidos superó a Colombia y Venezuela, los dos países que habían encabezado históricamente la demanda extranjera de vivienda en Panamá.

La mediana del precio de venta también distingue a los compradores estadounidenses y europeos. Para los primeros se ubicó en $259.000, mientras que entre los europeos llegó a $310.000.

La actividad vinculada con los expatriados no se limita a la compra de inmuebles. La consultora calcula que los extranjeros residentes con ingresos mensuales superiores a $4.000 generan un gasto corriente anual de $990 millones.

Ese consumo incluye necesidades asociadas con la instalación y permanencia en el país. La demanda abarca asesoramiento patrimonial y migratorio, servicios residenciales, propuestas de bienestar y consumo de productos y experiencias de mayor precio.

Indesa remarcó que el residente internacional requiere una oferta que acompañe distintas etapas de su llegada. La adquisición de una propiedad es solo una parte de un mercado más amplio, que depende de la facilidad para tramitar documentos, encontrar vivienda y acceder a servicios adaptados a ese perfil.

La firma plantea que la capacidad de atender esas necesidades puede definir qué países captan una porción mayor de la demanda regional por movilidad, retiro e inversión residencial.

El flujo turístico mostró un crecimiento de 19,7% interanual en el primer trimestre de 2026. El repunte siguió al incremento de 11,6% registrado durante 2025.

En ese período se consolidó el turismo procedente de Estados Unidos, identificado por Indesa como el de mayor crecimiento desde 2019. Ese movimiento se refleja después en el interés por estadías más largas, inmuebles y residencia.

Manifiesta la consultora que el programa Stopover de Copa Airlines tuvo un papel en la dinamización de ese flujo, según el análisis de la consultora. El turismo es hoy la principal fuente de divisas de Panamá después de la Zona Libre de Colón.

La brecha entre el tránsito aéreo y la llegada efectiva de visitantes muestra un margen de crecimiento. El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza cerca de 20 millones de pasajeros por año, mientras que Panamá recibe 2,3 millones de turistas internacionales.

Para Indesa, esa diferencia revela una conversión todavía limitada entre los pasajeros que pasan por el país y quienes lo eligen como destino. El desafío, afirma, consiste en transformar una parte mayor de esa conectividad en turismo, estadías prolongadas, residencia e inversión.

El Tesoro Público ha vuelto a elevar la rentabilidad de su financiación a corto plazo. Ha adjudicado este martes 2.416,82 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, dentro del rango medio previsto, pero lo ha hecho ofreciendo a los inversores un interés que se sitúa en sus niveles más altos en casi dos años.

La operación confirma la tendencia observada en las últimas emisiones de septiembre: el Estado necesita pagar más para colocar su deuda a corto plazo, aunque continúa encontrando una demanda sólida entre los inversores. En esta tercera subasta del mes, las peticiones han alcanzado los 6.867 millones de euros, casi tres veces el importe finalmente adjudicado.

En las letras a 3 meses, el Tesoro ha colocado 940,93 millones de euros frente a unas solicitudes de 2.916,08 millones. El interés marginal se ha situado en el 2,464%, por encima del 2,399% registrado en la anterior emisión de esta referencia. Se trata, además, de su nivel más elevado desde enero de 2025.

La subida ha sido todavía más pronunciada en el plazo de 9 meses. El Tesoro ha adjudicado 1.475,89 millones de euros ante unas peticiones de 3.950,92 millones, mientras que la rentabilidad marginal ha escalado hasta el 2,783%, frente al 2,615% anterior. En este caso, el interés alcanza su nivel más alto desde octubre de 2024.

Esta última subasta de septiembre refleja que los inversores siguen acudiendo a la deuda española. La demanda conjunta ha superado ampliamente el volumen colocado, una señal de que el mercado mantiene el apetito por estos títulos.

El hambre de los inversores por la deuda española a largo plazo aumenta

El Tesoro también ha emitido este martes 4.000 millones de euros mediante una operación sindicada de deuda a 20 años y ha recibido una demanda inicial superior a los 55.000 millones de euros, según el Ministerio de Economía.

El dato refleja el fuerte interés existente por la deuda española en los mercados. Una emisión sindicada permite al Tesoro acudir directamente a grandes inversores institucionales y obtener financiación a plazos más largos, complementando las habituales subastas de letras, bonos y obligaciones.

El organismo volverá a los mercados el próximo 17 de septiembre, cuando celebrará una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado. Esta se producirá tras la reunión que celebrará el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) el próximo jueves, 10 de septiembre.

El consenso de analistas adelanta una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos básicos por parte del guardián del euro, lo que colocaría el precio del dinero en el 2,50%. Incluso ven muy probable otra escalada a finales de año motivada por el encarecimiento de la energía ante la continuidad del conflicto en Oriente Medio.

Septiembre deja un escenario de rentabilidades al alza

La subida de la rentabilidad de las letras a tres y nueve meses de este martes no es aislada. En la primera subasta de septiembre, celebrada el pasado martes, el Tesoro colocó 6.495,7 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, cerca del máximo previsto, y también elevó el interés ofrecido en ambas referencias hasta máximos de dos años.

La segunda emisión del mes siguió una dirección similar. El pasado jueves, el organismo adjudicó 6.273,3 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, con incrementos en la rentabilidad ofrecida. En aquella operación destacó especialmente el récord alcanzado en el interés marginal de las obligaciones a 15 años vinculadas a la inflación.

55.000 millones de financiación nueva en 2026

Para el conjunto de 2026, el Tesoro mantiene unas necesidades de financiación netas de 55.000 millones de euros, la misma cantidad prevista para 2025. Según el Ministerio de Economía, la estrategia estará condicionada por la evolución favorable de la economía española y por la responsabilidad presupuestaria.

De esos 55.000 millones, 50.000 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo —bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas—, mientras que los 5.000 millones restantes procederán de la emisión de Letras del Tesoro.

En términos brutos, el volumen total de emisiones alcanzará los 285.693 millones de euros, un 4,2% más que los 274.242 millones previstos al cierre de 2025. El aumento responde principalmente a las mayores amortizaciones de deuda previstas para este año.

Del total bruto, 176.935 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que en 2025, mientras que las emisiones brutas de Letras alcanzarán los 108.758 millones, un 5,9% más. La próxima subasta del 17 de septiembre permitirá comprobar si el repunte de las rentabilidades de las últimas semanas se consolida y hasta qué punto el mercado anticipa el nuevo escenario de tipos.

Luego de que dio inicio el tercer año de la LXVI Legislatura, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó al Congreso de la Unión a privilegiar el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos que garanticen certeza jurídica durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

El organismo empresarial advirtió que las reformas por discutirse inciden de forma directa en la inversión, el empleo formal y la operación de las pequeñas empresas. De acuerdo con datos de la Confederación, el ánimo empresarial para invertir en México se desplomó a su nivel más bajo desde que el organismo mide este indicador.

Solo 23 por ciento de los afiliados consultados considera que es un buen momento para invertir, una caída de 16.5 puntos porcentuales frente al año anterior. La incertidumbre política aparece como el tercer factor que más condiciona las decisiones de inversión, con 16.6% de las menciones entre los empresarios consultados por el organismo.

Coparmex pide revisar el Paquete Económico 2027 y ocho iniciativas más

El organismo empresarial identificó una agenda legislativa con efectos directos sobre la inversión y la competitividad. Entre los temas que exige revisar con mayor cuidado se encuentran:

• El Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027, frente a los cuales rechaza cualquier reforma que incremente las cargas fiscales o encarezca la formalidad empresarial.
• Las iniciativas de derechos de autor y propiedad industrial, que a su juicio no deben imponer cargas excesivas a los proveedores de internet.
• La reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, enviada por el Ejecutivo Federal, que exige espacios de Parlamento Abierto con el sector empresarial.
• La Ley de Inversión Extranjera, que podría condicionar inversiones mayores al 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad y aplicar sanciones de hasta 200,000 UMAS.
• La regulación de la inteligencia artificial, que tendrá efectos en la operación y los costos de las empresas.
• La Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en su legislación secundaria.
• Las disposiciones sobre traslado de menores en transporte terrestre, con efecto directo en empresas de logística.
• La propuesta de ampliar la lactancia hasta 24 meses en empresas con más de 50 empleados.
• La ampliación del acceso a seguros para fortalecer la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre la Ley de Inversión Extranjera, Coparmex advierte que el esquema de control propuesto podría vulnerar la certidumbre para el nearshoring y contravenir compromisos asumidos en el T-MEC. En el caso del paquete fiscal, el organismo insiste en que debe priorizar la competitividad y generar condiciones de certeza para quienes invierten y producen en el país.

Coparmex exige perfiles técnicos en el nombramiento pendiente del TEPJF

El organismo empresarial da seguimiento a las reformas secundarias derivadas del cambio constitucional al Poder Judicial aprobado en 2024. Considera indispensable que las leyes impulsen la profesionalización de los perfiles judiciales, simplifiquen el proceso electoral y fortalezcan los mecanismos de investigación y transparencia de los juzgadores.

En materia anticorrupción, Coparmex pide disposiciones claras y proporcionales que no generen cargas innecesarias para las empresas. El organismo también dará seguimiento a la legislación secundaria sobre intervención extranjera, ante el riesgo de que se utilice como herramienta política para desacreditar candidaturas ganadoras.

Sobre la vacante que dejó la renuncia de la exmagistrada Mónica Soto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el organismo exige que el espacio sea ocupado por un perfil técnico, con reconocimiento en materia electoral y alejado de cualquier ideología política, de cara al proceso electoral de 2027.

Coparmex pide presupuesto suficiente para el INE y las fiscalías

El organismo reitera su disposición a participar de manera constructiva en la discusión legislativa y plantea que el Congreso evalúe con rigor los costos de cada disposición antes de aprobarla, insiste en privilegiar el diálogo técnico y evitar cargas regulatorias innecesarias.

Coparmex plantea también la necesidad de garantizar presupuestos adecuados para instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y las fiscalías, además de dar seguimiento a los nombramientos pendientes en las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El organismo cierra su postura con el llamado a recuperar la confianza empresarial, en un contexto donde apenas 23% de sus socios ve condiciones favorables para invertir y donde la incertidumbre política se ubica como el tercer obstáculo con mayor peso, con 16.6% de las menciones registradas por su monitoreo.

Estados Unidos recibió con beneplácito la aprobación de las reformas al subsector eléctrico de Honduras y señaló que la modernización del sistema energético puede convertirse en un factor para mejorar el suministro de electricidad y generar nuevas oportunidades de inversión en el país.

El respaldo fue expresado por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario destacó el potencial de los cambios aprobados por el Congreso Nacional para fortalecer la infraestructura energética hondureña y facilitar la llegada de capital estadounidense.

A través de su cuenta en X, Segura planteó que un sistema eléctrico más confiable puede mejorar las condiciones para hacer negocios en Honduras y convertir al país en un destino más atractivo para las empresas.

“Un sector energético confiable convierte a Honduras en una apuesta más inteligente para la inversión estadounidense”, afirmó Segura.

Honduras enfrenta desde hace años dificultades relacionadas con las finanzas del sistema eléctrico, las pérdidas de energía y las deficiencias en la prestación del servicio, factores que también han representado obstáculos para la actividad productiva y la inversión.

Camino a la inversión

Para Estados Unidos, un sistema energético confiable también puede convertirse en un factor para mejorar el clima de inversión, en particular para compañías interesadas en instalar operaciones, ampliar sus actividades o participar en proyectos vinculados con la generación y distribución de electricidad.

Uno de los elementos destacados por el funcionario estadounidense es la posibilidad de que las empresas de ese país participen en la transformación del sector energético hondureño.

Desde la perspectiva planteada por Segura, una mejora en las condiciones del sistema eléctrico no solo tendría efectos sobre los consumidores hondureños, sino que también podría contribuir a crear un entorno más favorable para la inversión extranjera.

La llegada de nuevos capitales, a su vez, podría traducirse en proyectos de infraestructura y puestos de trabajo, según el alcance que finalmente tengan las inversiones y la implementación de las reformas.

Las reformas al subsector eléctrico fueron aprobadas por el Congreso Nacional con 72 votos, después de un proceso de discusión que se extendió durante casi tres meses.

Aprobación y aplicación

El siguiente paso corresponde a la publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta, requisito necesario para avanzar hacia su entrada en vigor.

Con la aprobación legislativa se cerró una etapa de debate político y comenzó otra en la que el principal desafío será llevar las modificaciones del marco legal a la práctica.

Es durante esta fase cuando deberán observarse los efectos concretos de la reforma sobre el funcionamiento del sector, las inversiones y la calidad del suministro.

Durante años, el sistema enfrentó dificultades financieras, elevados niveles de pérdidas y problemas relacionados con la confiabilidad del suministro, situaciones que han tenido repercusiones tanto para los hogares como para las empresas.

Por esa razón, los cambios aprobados son observados no solo desde la perspectiva del sector energético, sino también desde el ámbito económico.

La posición expresada por Estados Unidos coloca al sector eléctrico dentro de una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera a Honduras.

En ese escenario, la reforma podría convertirse en una herramienta para impulsar inversiones vinculadas directamente con la energía, pero también para generar mejores condiciones en otros sectores de la economía.

El interés estadounidense refleja además la importancia que Washington atribuye a la relación económica con Honduras y a la posibilidad de ampliar la participación de empresas de su país en proyectos de infraestructura y desarrollo.

Aunque la aprobación de la normativa fue recibida positivamente por Estados Unidos y diversos sectores, su impacto dependerá de la forma en que sea implementada..

Para Honduras, la modernización del sector puede representar una oportunidad para atender problemas históricos y, al mismo tiempo, posicionar la infraestructura energética como un componente de su estrategia para atraer capital y fortalecer la economía.

Para Estados Unidos, un sistema eléctrico más confiable puede facilitar la participación de sus empresas en Honduras y mejorar las condiciones para nuevas inversiones.

El Paquete Económico 2027 será clave para fortalecer la confianza de los mercados financieros y dar certidumbre a los inversionistas, por lo que debe incluir estimaciones económicas realistas y una estrategia clara para reducir el déficit fiscal, consideró Banamex.

Los economistas del banco señalaron que el gobierno mexicano enfrenta el reto de mejorar los ingresos públicos sin recurrir a un aumento generalizado de impuestos, por lo que será necesario fortalecer la fiscalización, combatir la evasión y hacer más eficiente el cobro de las contribuciones.

De acuerdo con el análisis incluido en su Reporte Económico Diario, se espera que el gobierno mantenga formalmente su compromiso de reducir el déficit y estabilizar la deuda pública; sin embargo, advirtieron que el escenario podría complicarse debido a la ausencia de una reforma tributaria integral que permita atender las presiones estructurales de las finanzas públicas.

Banamex ve difícil reducir el déficit fiscal en 2027

Banamex anticipó que la estrategia fiscal podría apoyarse nuevamente en una mayor fiscalización, ajustes administrativos y medidas destinadas a incrementar la recaudación, además de una reducción del gasto respecto a los niveles previstos para 2026.

No obstante, los especialistas consideraron difícil que el déficit público pueda ubicarse por debajo de 4 por ciento, como fue planteado en los Pre-Criterios Generales de Política Económica.

El problema, explicaron, radica en la creciente rigidez del presupuesto, que limita el margen de maniobra del gobierno para realizar recortes en distintos rubros del gasto.

Ante este escenario, uno de los principales riesgos es que el ajuste fiscal termine concentrándose nuevamente en la inversión pública, situación que podría tener consecuencias negativas sobre el crecimiento económico durante los próximos años.

Para Banamex, reducir el déficit mediante menores niveles de inversión no sería una solución adecuada, debido a que la infraestructura y el gasto productivo pueden contribuir al crecimiento y a mejorar las condiciones para la inversión privada.

Mercados estarán atentos al Paquete Económico 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar el Paquete Económico 2027 a más tardar el 8 de septiembre, en un contexto marcado por la necesidad de reducir las necesidades de financiamiento del sector público y fortalecer la confianza de los mercados.

Banamex consideró que no será suficiente con presentar nuevamente una meta de reducción del déficit. La dependencia deberá acompañar sus objetivos fiscales con supuestos macroeconómicos plausibles y medidas concretas que permitan demostrar que el ajuste es viable.

Entre los elementos que estarán bajo observación se encuentran las estimaciones de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, tasas de interés y los ingresos públicos previstos para el próximo año.

Los analistas también advirtieron que existen obstáculos importantes para cumplir con una reducción significativa del déficit en 2027.

Banamex cuestiona meta de déficit de 3.5%

De manera particular, el banco consideró poco factible que el déficit fiscal pueda reducirse hasta 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

Entre los factores que dificultarían alcanzar esa meta se encuentran la rigidez presupuestaria, las presiones relacionadas con el ciclo electoral y un costo financiero que, de acuerdo con sus estimaciones, podría disminuir menos de lo previsto.

En este contexto, Banamex señaló que el gobierno deberá encontrar mecanismos para incrementar la recaudación sin afectar de manera generalizada a los contribuyentes.

La apuesta, de acuerdo con el análisis, debería centrarse en mejorar la eficiencia recaudatoria, cerrar espacios para la evasión fiscal y fortalecer la fiscalización.

El reto para Hacienda será presentar un Paquete Económico 2027 creíble, capaz de convencer a los mercados de que México puede avanzar hacia una reducción sostenible del déficit y estabilizar su deuda, pero sin sacrificar la inversión pública necesaria para mantener el crecimiento económico.

La demanda fue presentada el lunes en el Tribunal de Cancillería de Delaware y pone bajo la lupa a uno de los deportistas más reconocidos de la historia del fútbol americano.

Emmitt Smith, de 57 años, retirado de la NFL desde 2004 e integrante del Salón de la Fama, enfrenta acusaciones de fraude junto a su socio comercial David Mosley y a su empresa inmobiliaria, 4 13 Solutions Inc.

La demanda involucra a un socio y a una empresa inmobiliaria

Los demandantes son Kituwah LLC, el brazo de inversión y desarrollo económico de la Eastern Band of Cherokee Indians (Banda Oriental de los Indios Cherokee).

La entidad afirma no haber recuperado “ni un centavo” del dinero prestado. También figura como demandada la firma Wilson Holdings of North America, representada por Darrel Wilson.

Kituwah sostuvo ante la justicia que destinó tiempo, esfuerzo y recursos propios a la supuesta empresa conjunta, y que debió costear además una investigación interna para determinar qué había ocurrido con los fondos.

Prometieron devolver el dinero en meses; el plazo venció hace más de dos años

En 2023, Smith y Mosley convencieron a Kituwah de prestar USD 2,5 millones para financiar un emprendimiento de energía solar en el condado de Caldwell, Texas, entre Austin y San Antonio, denominado Project Exodus.

Les mostraron proyecciones de ingresos de más de USD 13 millones para el primer año de operación, prometieron financiación del Departamento de Energía de Estados Unidos y aseguraron que la planta estaría en funcionamiento antes de fines de 2024, de acuerdo con lo publicado por The Athletic.

El préstamo, pactado a una tasa de interés anual del 12%, tenía fecha límite de devolución el 1 de febrero de 2024.

Ese plazo venció sin que se realizara ningún pago ni se registrara avance alguno en la construcción de la planta. Ante las notificaciones de Kituwah, 4 13 Solutions “sencillamente ignoró las demandas de reembolso”, afirmó la entidad en la demanda.

El dinero habría sido redirigido para saldar deudas previas

La demanda alega que los fondos nunca se destinaron al proyecto prometido. Smith y Mosley los habrían redirigido para cancelar compromisos anteriores de 4 13 Solutions con Wilson Holdings, firma con la que ambos habían trabajado en otras operaciones.

El pago a Wilson Holdings no estaba justificado: el contrato que lo habilitaba dependía de que el Project Exodus obtuviera financiación permanente, condición que nunca se cumplió.

Kituwah describió el esquema como “esencialmente un Ponzi”. La entidad aseguró que Smith y Mosley presentaron proyecciones falsas e inventaron el interés de otros inversores. Incluso llegaron a incluir en un documento compartido que “el 100% de los ingresos del proyecto iría a Kituwah”.

Durante numerosas llamadas en las que Kituwah preguntó por el destino real del dinero, ni los representantes de 4 13 Solutions ni los de Wilson Holdings revelaron la verdad.

Courthouse News Service reprodujo un pasaje del escrito judicial: “Su falta de divulgación es reveladora y no hace más que confirmar la intención fraudulenta de 4 13 Solutions”.

El propio Wilson declaró, según recogió The Athletic, que “no creía que se hubiera recibido ninguna financiación permanente” y que “no sabía qué motivó ese reembolso”.

Kituwah llegó a ofrecer la condonación de los intereses acumulados a cambio de la devolución del capital. Esa propuesta también fue ignorada, de acuerdo con la demanda.

Ni Smith ni su empresa respondieron a los pedidos de los medios

Ni el exjugador ni 4 13 Solutions contestaron las consultas de la prensa sobre la demanda.

La presentación judicial reclama la devolución de los USD 2,5 millones prestados, más intereses, gastos y otros daños que eventualmente determine el tribunal.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica anunció la entrega y construcción de tres obras de infraestructura educativa en la provincia de Limón, con una inversión conjunta superior a los ₡3,100 millones (USD 6.84 millones), destinadas a mejorar las condiciones de estudio de 769 estudiantes de la Región Huetar Caribe.

Las intervenciones corresponden a la escuela Santa Marta, en Batán de Matina; la escuela Rancho Grande, ubicada en territorio indígena Bribri; y el Liceo de Ticabán, en La Rita de Pococí.

Los proyectos forman parte de los esfuerzos del MEP por reducir las brechas de infraestructura educativa en una de las regiones que históricamente ha enfrentado mayores necesidades en materia de acceso, calidad y mantenimiento de centros de enseñanza.

Durante las actividades conmemorativas por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, anunciaron el inicio de la construcción de las nuevas instalaciones de la escuela Santa Marta.

El centro educativo está ubicado en el distrito de Batán de Matina y el proyecto contempla la demolición de la infraestructura anterior para sustituirla por una nueva edificación.

La obra incluirá siete aulas académicas, tres aulas de preescolar, espacios administrativos, dos baterías sanitarias, módulos de juegos infantiles, un comedor y obras complementarias.

La inversión supera los ₡915 millones (USD 2.02 millones) y beneficiará directamente a 185 estudiantes.

Según la planificación del Ministerio, la obra debería estar terminada en mayo de 2027.

Nueva escuela en territorio indígena Bribri

El segundo proyecto corresponde a la escuela Rancho Grande, situada en el distrito de Bratsi, dentro del Territorio Indígena Talamanca Bribri.

Las nuevas instalaciones incluyen tres aulas académicas, un aula de preescolar, una ampliación del comedor y el fogón, oficinas administrativas, una plaza cívica, baterías sanitarias y otras obras complementarias.

Uno de los aspectos destacados por el Ministerio es que el diseño y ejecución del proyecto procuraron respetar la cosmovisión del pueblo Bribri, incorporando espacios funcionales para actividades educativas, culturales y recreativas.

La inversión en esta escuela rondó los ₡800 millones (USD 1.76 millones) y beneficiará directamente a 57 estudiantes.

La entrega de este centro educativo adquiere relevancia por su ubicación en una comunidad indígena, donde las condiciones geográficas y de acceso pueden representar dificultades adicionales para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Dos edificios nuevos para el Liceo de Ticabán

La intervención de mayor monto se realizó en el Liceo de Ticabán, ubicado en La Rita de Pococí.

El proyecto contempló la construcción de dos edificios completamente nuevos, destinados a albergar nueve aulas académicas, espacios administrativos, un laboratorio de ciencias, un taller de artes industriales, un aula de música, un comedor y baterías sanitarias.

La obra también incluyó trabajos sobre infraestructura ya existente.

El MEP rehabilitó 16 aulas académicas, un aula de educación especial, el rancho y la cancha multiuso, además de ejecutar una renovación completa del sistema eléctrico.

La inversión total alcanzó los ₡1,387,550,120 (USD 3.06 millones) y beneficiará a 527 estudiantes, convirtiéndose en el proyecto de mayor alcance entre las tres intervenciones anunciadas.

En conjunto, las obras buscan atender necesidades de comunidades con características muy distintas, desde zonas rurales y costeras hasta territorios indígenas.

Para el ministro de Educación Pública, las inversiones representan parte de una estrategia para garantizar condiciones más equitativas dentro del sistema educativo.

“Cada obra nueva que entregamos en Limón es la prueba de que ninguna comunidad se queda atrás. Santa Marta, Rancho Grande y Ticabán son infraestructura de primer nivel para zonas rurales, costeras e indígenas que durante años esperaron por espacios dignos para aprender”, afirmó Leonardo Sánchez Hernández.

El jerarca agregó que la infraestructura educativa debe funcionar como una herramienta para reducir desigualdades.

“Hoy estamos abriendo oportunidades, porque para eso existe la educación pública, para dar igualdad a los estudiantes de las zonas rurales”, señaló.

Más de 200 centros educativos reciben atención en Limón

Las tres obras forman parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) y de otras acciones desarrolladas por el MEP en la provincia.

Actualmente, según la información oficial, 201 centros educativos de Limón están siendo atendidos, con recursos que superan los ₡39,345 millones (USD 86.79 millones).

La cifra muestra que las intervenciones anunciadas forman parte de un proceso más amplio de inversión en infraestructura educativa en el Caribe costarricense.

El objetivo es atender no solo la construcción de nuevos espacios, sino también rehabilitaciones, mejoras de seguridad, sistemas eléctricos, comedores, aulas especiales y otras necesidades que afectan el funcionamiento cotidiano de escuelas y colegios.

Con la entrega de Rancho Grande y Ticabán, así como el inicio de Santa Marta, el MEP suma nuevas obras en una provincia donde la infraestructura educativa continúa siendo uno de los principales retos para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje.

A fines de julio, Pampa Energía confirmó el cierre de su planta de caucho sintético en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. En los últimos días, tras semanas de negociaciones con el sindicato y el gobierno provincial, se supo que 100 trabajadores acordaron retiros voluntarios -no hubo despidos propiamente dichos- y otros 25 serán reubicados dentro del grupo empresarial que comanda Marcelo Mindlin.

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) confirmó el cese definitivo de la actividad luego de que, el viernes, venciera la conciliación voluntaria en el Ministerio de Trabajo sin que las partes alcanzaran una alternativa para la continuidad de la planta. La instancia había sido prorrogada en varias oportunidades e incluyó una mesa de trabajo con participación del gobierno de Santa Fe.

En el marco del acuerdo final, la totalidad de los empleados desvinculados aceptó el retiro voluntario, con indemnizaciones superiores a las que indica la regulación. Un grupo reducido continuará vinculado a la planta a través de tareas de mantenimiento.

De los cerca de 130 empleados que trabajaban en la línea de caucho, unos 25 serán reubicados en otras compañías del grupo. Entre las opciones disponibles figuran la constructora SACDE —que también tendrá a su cargo la ejecución de Fertil Pampa—, la Transportadora de Gas del Sur (TGS), controlada en forma conjunta por Pampa y la familia Sielecki, y Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país. Esta última es controlada a través de Citelec, holding del que Pampa mantiene una posición co-controlante junto al consorcio integrado por Genneia —vinculada a Jorge Brito, presidente del Banco Macro— y Edison Energía, liderada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, tras la privatización en la que el Estado transfirió su participación por USD 356 millones.

Un coletazo del cierre de Fate

El antecedente directo del cierre sucedió en febrero de este año, cuando Fate, la histórica fabricante argentina de neumáticos, despidió a sus 920 empleados y bajó la persiana de su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando. La salida de Fate del mercado eliminó uno de los principales compradores locales de caucho sintético y dejó sin sustento comercial esa línea de producción.

Según un comunicado de la empresa, “los cambios registrados en el mercado local de caucho sintético terminaron por hacer inviable la continuidad del negocio”. Pampa subrayó que evaluó distintas alternativas antes de adoptar la decisión, y que el resto de las operaciones del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín continuarán con normalidad.

El cierre se enmarca en una reorientación estratégica de la empresa. Recientemente, Pampa Energía confirmó la construcción de Fertil Pampa, la planta de urea que se levantará en Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones y capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales a partir de fines de 2029. El proyecto, que demandará más de 3.500 empleos directos durante la construcción, fue calificado por Mindlin como “la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa”.

El proyecto ya recibió la aprobación del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que le garantiza estabilidad jurídica e impositiva para acceder al financiamiento externo. El impacto estimado para la economía argentina ronda los USD 1.000 millones anuales, considerando tanto el reemplazo de importaciones como las exportaciones, principalmente hacia Brasil, que importa entre siete y ocho millones de toneladas de urea por año.

El complejo ocupará 80 hectáreas en el área portuaria de Bahía Blanca, contará con dos líneas de producción con una capacidad total de 6.000 toneladas diarias y tendrá acceso directo a los gasoductos provenientes de Vaca Muerta. La ejecución estará a cargo de Tecnimont —parte del grupo italiano Maire— y de SACDE. Una vez operativa, la planta requerirá cerca de 300 empleados permanentes, y la empresa priorizará la contratación de trabajadores locales y proveedores de la región.

Con los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS, la compañía comprometió inversiones que totalizan cerca de USD 11.000 millones, según precisó Mindlin al presentar la iniciativa ante el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El reciente debate sobre el aumento de los descuentos obligatorios en el sector hotelero panameño ha puesto en alerta a la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que advierte sobre los posibles efectos adversos en la liquidez y la estabilidad de la pequeña y mediana hotelería.

La propuesta, incluida en el Proyecto de Ley N.°226, contempla que los hoteles ofrezcan un descuento del 50% de lunes a jueves y del 40 % los fines de semana a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La APATEL indica que reconoce el valor social del proyecto y respalda la intención de ampliar beneficios a estos grupos, pero plantea que la medida puede afectar directamente la capacidad del sector para sostener empleos e inversiones, especialmente en los establecimientos independientes o localizados fuera de la capital.

Según el gremio hotelero, la principal preocupación radica en que la reducción de ingresos provocada por los nuevos descuentos se produciría de manera inmediata, mientras que el beneficio fiscal aprobado como compensación - el reconocimiento del 100 % de los descuentos como crédito fiscal transferible y aplicable al Impuesto Sobre la Renta-solo se haría efectivo a mediano o largo plazo.

“Esta diferencia entre el impacto inmediato y la compensación diferida podría complicar el cumplimiento de obligaciones operativas como salarios, energía eléctrica, proveedores y mantenimiento”, afirman.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto del proyecto en la hotelería nacional, la APATEL sostiene que el aumento de los descuentos obligatorios tendría una incidencia directa en la liquidez de los hoteles, comprometiendo la capacidad de los pequeños y medianos establecimientos para sostener su plantilla y mantener inversiones, especialmente en el interior del país, donde la mayor actividad comercial se concentra los fines de semana.

El gremio resaltó que el sector hotelero y gastronómico sostiene unos 120.000 empleos formales, con especial peso en la incorporación de jóvenes y la dinamización económica en distintas regiones.

Destacó que, solo en el primer semestre de 2026, Panamá recibió 74 eventos internacionales que generaron una ocupación de 47.854 habitaciones y un impacto económico de $91,5 millones.

Las proyecciones para el cierre del año son aún más elevadas, con cerca de 110 eventos previstos y un impacto cercano a $159,7 millones.

La asociación considera que estos resultados demuestran que la hotelería no solo ofrece alojamiento, sino que actúa como motor para sectores como el transporte, la conectividad aérea, la gastronomía y la logística.

El gremio insiste en que, aunque la compensación fiscal representa un avance, la realidad operativa de los hoteles exige medidas que equilibren el beneficio social con la sostenibilidad financiera.

“Si bien el crédito fiscal y su eventual cesión permiten una compensación, el costo del servicio y la reducción de ingresos se materializan en tiempo real”, sostuvo, alertando que muchos establecimientos podrían enfrentar presiones de caja difíciles de sobrellevar.

Durante los fines de semana, los hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país, dependen de la mayor afluencia de huéspedes para cubrir gastos esenciales. Una reducción significativa en la facturación, advirtió, no siempre puede ser compensada a corto plazo con el crédito fiscal propuesto.

La asociación también subrayó el aporte del sector formal al Estado a través del pago de impuestos y tasas municipales, además de las cuotas a la seguridad social.

Reafirmó la disposición del sector privado a seguir invirtiendo en Panamá, con más de 20 hoteles ejecutando o planificando mejoras y ampliaciones por más de $100 millones en los próximos tres años.

Instó a las autoridades correspondientes a ponderar y reconsiderar el incremento del descuento al 40% durante los fines de semana.

El gremio aclaró que su posición no busca restar beneficios a los adultos mayores, sino propiciar una fórmula que haga compatibles la protección social, la sostenibilidad de las empresas, la preservación del empleo y la continuidad de las inversiones turísticas.

La APATEL concluyó que “proteger el flujo de caja operativo significa también proteger los miles de puestos de trabajo y la capacidad de inversión de una industria estratégica para Panamá”.

Reiteraron su disposición a participar en un diálogo constructivo con el Gobierno y las autoridades para encontrar una solución que asegure la viabilidad y el desarrollo del sector hotelero nacional.

Hace unos días, durante una sesión de análisis financiero, una persona me confesó que tenía miedo de gastar. Su preocupación llamó mi atención porque no estaba endeudada: tenía ingresos estables, ahorros y un patrimonio que le permitía vivir con tranquilidad.

Ante aquella confesión, le pregunté:

—¿Cuánto dinero necesitas para sentir que ya es suficiente?

No supo responderme. En ese momento, ambos comprendimos que el problema ya no era financiero, sino emocional.

Porque existe una enorme diferencia entre tener dinero y sentirse seguro al tenerlo.

Hay personas que, aunque han logrado construir un patrimonio importante, siguen viviendo como si estuvieran a una emergencia de perderlo todo. Ahorran, pero nunca disfrutan; invierten, pero nunca se sienten tranquilas; acumulan, pero siempre piensan que todavía no es suficiente.

También ocurre lo contrario: hay quienes necesitan demostrar que alcanzaron cierto nivel de éxito y convierten el dinero en una forma de validación. Compran un automóvil, una casa, un viaje o sostienen un estilo de vida que quizá no necesitan, pero que sienten la obligación de mostrar.

En ambos casos existe algo en común: el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en el protagonista. Cuando eso sucede, la cuestión que debemos resolver es otra.

¿Qué representa el dinero en nuestra vida?

Durante mucho tiempo hemos hablado de finanzas personales desde una perspectiva casi exclusivamente matemática: cuánto ganas, cuánto ahorras, cuánto inviertes y cuánto tienes. Son preguntas importantes, pero en casos como este el análisis debe trasladarse a otro escenario: ¿qué papel queremos que juegue el dinero en nuestra vida?

El dinero puede significar cosas muy distintas para cada persona. Para alguien puede representar seguridad; para otra persona, libertad. También puede ser la posibilidad de cuidar a la familia, disponer de tiempo, vivir con tranquilidad, conservar la independencia o construir algo propio.

El problema aparece cuando acumulamos sin haber definido para qué lo hacemos.

Podemos pasar años persiguiendo una cifra que, una vez alcanzada, no necesariamente nos hace sentir más tranquilos. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional: es posible continuar buscando mejores puestos, mayores ingresos o más reconocimiento sin detenernos a pensar qué queremos conseguir realmente.

Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿cuánto es suficiente?

No existe una respuesta universal. Para algunas personas será la cantidad necesaria para retirarse sin depender de nadie; para otras, consistirá en tener la libertad de dejar un trabajo, emprender, apoyar a sus hijos, cuidar a sus padres o simplemente saber que un imprevisto no transformará por completo su estilo de vida.

Por eso, una estrategia patrimonial no debería comenzar únicamente preguntando cuánto tenemos o cuánto podemos invertir. También tendría que plantear una cuestión esencial: ¿qué queremos que nuestro patrimonio haga por nosotros?

Un propósito para cada etapa de la vida

La respuesta cambia con cada etapa. A los 30 años, quizá queremos construir; a los 40, proteger y consolidar; a los 50, comenzar a pensar seriamente en la libertad que deseamos tener cuando dejemos de trabajar. Más adelante, el objetivo podría ser preservar, disfrutar y transmitir.

El patrimonio deja entonces de ser una cifra estática y se convierte en una herramienta que acompaña nuestras decisiones de vida. Esta perspectiva también modifica nuestra manera de entender el éxito financiero.

No necesariamente se trata de tener más, sino de contar con lo suficiente para vivir de acuerdo con nuestras prioridades. Porque ¿de qué sirve construir un patrimonio durante toda una vida si nunca nos permite disfrutar aquello para lo cual lo creamos?

Vale la pena preguntarnos de qué sirve tener recursos para el futuro si el presente está permanentemente condicionado por el miedo. O de qué sirve acumular libertad financiera si continuamos sintiéndonos prisioneros de la necesidad de obtener más.

Tal vez la verdadera madurez financiera no consista únicamente en saber cuánto más podemos acumular, sino también en reconocer cuándo nuestro patrimonio ya cumple el propósito que le asignamos.

Esto no significa dejar de crecer, gastar sin medida ni renunciar a nuestros objetivos. Significa tomar decisiones conscientes.

El patrimonio es una herramienta, no el destino

Es importante construir escenarios que nos permitan definir qué queremos proteger, disfrutar, crear y dejar. Sobre todo, debemos decidir qué lugar queremos que ocupe el dinero en cada una de esas decisiones.

Porque el patrimonio no es el destino: es una herramienta.

Cuando sabemos para qué queremos utilizarla, nuestras decisiones financieras comienzan a tener mucho más sentido. Quizá el objetivo no sea acumular indefinidamente, sino llegar a un punto en el que el dinero deje de ocupar tanto espacio en nuestra mente y empiece a ocupar el lugar que realmente queremos darle en nuestra vida.

Tener más dinero no necesariamente significa ser más libres. La libertad aparece cuando nuestro patrimonio está alineado con la vida que realmente queremos vivir.

Por eso, quizá la pregunta más importante no sea cuánto dinero necesitamos para sentirnos ricos, sino qué tendría que hacer nuestro dinero para permitirnos vivir como verdaderamente queremos.

Durante su intervención, Restrepo insistió en que el mejor impulso para las finanzas del país es apostar por el crecimiento, centrando la estrategia en “más inversión, empresas productivas y competitivas, un Estado eficiente, talento conectado con el empleo y la energía que necesita el desarrollo”.

El vicepresidente agradeció al sistema financiero por los alivios que han beneficiado a casi 2,8 millones de colombianos afectados por el sismo, con apoyos cercanos a los 1,1 billones de pesos.

De la misma manera, invitó al sector bancario a sumarse “masivamente” activamente a la reconstrucción de viviendas, micronegocios y empleos, y reiteró el llamado a reducir las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito.

Las propuestas que lanzó el vicepresidente

José Manuel Restrepo planteó una estrategia de “rebancarización” para que cerca de 10 millones de colombianos puedan acceder al crédito formal y superar la dependencia del “paga diario”, al que calificó como “esclavitud financiera”. El objetivo es que el sistema financiero sea una herramienta real de progreso y mejore la calidad de vida de la población, dijo el alto funcionario.

La inversión fue otro punto fundamental. Restrepo advirtió que Colombia atraviesa uno de sus peores momentos en esta materia en cuatro décadas y propuso como meta que el país alcance una inversión equivalente al 25% del PIB para 2030.

“Así es imposible crecer”, señaló Restrepo; por ende, indicó que el crecimiento económico no puede depender del aumento del gasto público ni del endeudamiento. “Si creemos que es a punta de exceso, derroche de gasto público y sobreendeudamiento que vamos a crecer, nos equivocamos de cabo a rabo”, afirmó ante los asistentes.

Restrepo informó que el Gobierno ya ha identificado 165 proyectos por más de 290 billones de pesos en distintas etapas de estructuración. La intención es priorizar aquellos con mayor capacidad de generar crecimiento y asegurar que lleguen “debidamente bancables” a los inversionistas. “Que cada proyecto estratégico llegue a los inversionistas, llegue debidamente bancable, estructurado”, puntualizó.

El funcionario también mencionó los hidrocarburos, gas, minería, construcción, infraestructura, agroindustria, ganadería sostenible, biocombustibles, energías, turismo sostenible e industria 4.0. Defendió el regreso de los contratos de exploración de petróleo y gas y el papel de las concesiones y alianzas público-privadas (APP) en infraestructura, bajo reglas claras y confianza.

El vicepresidente incluyó la importancia de la confianza y el diálogo entre gobierno, sector privado y sociedad. Llamó a mantener la transparencia en las cuentas públicas y a trabajar unidos para hacer realidad la visión de la “Patria Milagro”, enfocada en romper las barreras que frenan el desarrollo y liberar el potencial del país hacia 2030. Restrepo concluyó que “a la Patria Milagro le ha llegado su tiempo”, invitando a todos los sectores a sumarse a este propósito común.

Restrepo concluyó que Colombia tiene el potencial de convertirse en una “despensa del mundo, mediante una combinación de tierras, tecnología y desarrollo productivo”. El vicepresidente reiteró el llamado al sector bancario para trabajar por la inclusión financiera y acompañar la estrategia de crecimiento planteada por el Gobierno.

“Cuando hay confianza, cuando hay verdad, cuando hay certidumbre, cuando hay apuesta con el sector empresarial, cuando trabajamos mancomunadamente, cuando entendemos que nuestra prioridad son los más vulnerables de nuestro país, cuando defendemos la iniciativa privada, cuando defendemos las libertades y cuando actuamos con integridad, alejado de la corrupción, somos capaces de llegar significativamente lejos”, fue uno de los mensajes centrales del vicepresidente durante el evento.

El encuentro se desarrolló como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la cooperación bilateral y generar condiciones que permitan atraer nuevos capitales al país.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de establecer una plataforma de intercambio y conectividad que permita articular proyectos relacionados con puertos, aeropuertos y carreteras, además de promover la participación de empresas estadounidenses en iniciativas de desarrollo nacional.

Asfura explicó que el propósito es aprovechar las oportunidades existentes y fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones, particularmente mediante proyectos que contribuyan a mejorar la capacidad logística y productiva de Honduras.

El mandatario destacó que Estados Unidos mantiene interés en acompañar a Honduras en el desarrollo de su sector energético, considerado uno de los componentes fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

Uno de los principales temas abordados fue el desarrollo de la infraestructura portuaria, con especial atención en proyectos destinados a mejorar la conectividad del país.

Asfura mencionó específicamente el puerto de Amapala, en el Pacífico hondureño, como una de las iniciativas que podrían adquirir mayor relevancia dentro de la estrategia de conexión entre ambas costas. También destacó la necesidad de continuar fortaleciendo Puerto Castilla, en el Caribe, para ampliar las capacidades de comercio y transporte de mercancías.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del denominado corredor interoceánico, mediante inversiones en carreteras y otras obras de infraestructura que permitan conectar de manera más eficiente el Pacífico con el Atlántico.

De acuerdo con el mandatario, esta conectividad es fundamental para facilitar el movimiento de mercancías, reducir tiempos de transporte y convertir a Honduras en un punto estratégico para el comercio regional.

En este proceso, Asfura también resaltó la importancia de las inversiones que se realizan en Puerto Cortés, considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país.

El fortalecimiento de esta infraestructura forma parte de una visión más amplia para consolidar una red logística nacional que integre puertos, carreteras, aeropuertos y otros puntos estratégicos para facilitar el comercio internacional.

El presidente también vinculó la atracción de nuevas inversiones con la necesidad de establecer reglas claras y condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas.

Particularmente, destacó el sector energético y señaló que la aprobación de una nueva legislación en el Congreso Nacional podría contribuir a crear mejores condiciones para transformar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una institución estatal con mayor capacidad operativa y mejores resultados.

Según Asfura, el respaldo de Estados Unidos en materia energética representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del país y avanzar en la solución de algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

El mandatario consideró que, mediante cooperación, inversión y reformas institucionales, Honduras puede mejorar su infraestructura energética y crear condiciones más favorables para el crecimiento económico.

La reunión también fue presentada como una oportunidad para ampliar las relaciones bilaterales y generar beneficios económicos para Honduras.

El Gobierno sostiene que una mayor participación de capital estadounidense puede traducirse en nuevos proyectos, generación de empleo, transferencia de conocimientos y fortalecimiento de sectores estratégicos, siempre que existan condiciones adecuadas para la inversión.

Finalmente, Asfura reconoció que todavía existen importantes retos y oportunidades para su administración y aseguró que continuará trabajando en proyectos destinados a transformar las capacidades productivas y de infraestructura del país.

El mandatario destacó el mensaje de cooperación expresado por el funcionario estadounidense y aseguró que ambas partes comparten el objetivo de impulsar el desarrollo de Honduras.

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta y Catamarca, a través de un financiamiento del BID Invest —el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que respaldará la expansión de su proyecto Sal de Oro, uno de los más grandes del país.

La estructura del préstamo combina un tramo de hasta USD 250 millones aportados directamente por BID Invest con la posible movilización de hasta USD 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas: una de hidróxido de litio, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio, con capacidad de 23.000 toneladas anuales.

Según BID Invest, una vez que ambas plantas alcancen plena operación, el proyecto producirá y exportará cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio y generará alrededor de 620 empleos permanentes formales. “Esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.

La operación se enmarca en IDB LAC Minerals, la iniciativa del Grupo BID orientada a desarrollar cadenas de suministro de minerales críticos con mayor valor agregado en América Latina y el Caribe. La segunda etapa de Sal de Oro —que supone una inversión adicional de USD 208 millones— había recibido el visto bueno del gobierno de Javier Milei para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en junio pasado, lo que le otorga a Posco exenciones impositivas, estabilidad regulatoria por 30 años y acceso al arbitraje internacional.

El financiamiento llega en un momento en que el proyecto Sal de Oro acaba de registrar su primer trimestre con ganancia operativa: en el segundo trimestre de 2026, Posco Argentina obtuvo un beneficio operativo de 11.000 millones de wones (unos USD 8 millones), ocho años después de la llegada de la compañía al país y casi dos años después del inicio de su operación comercial, en octubre de 2024. Hasta ese resultado, la unidad argentina había acumulado pérdidas operativas cercanas a los 300.000 millones de wones.

La apuesta de Posco en Argentina comenzó en 2018, cuando adquirió los derechos mineros sobre el Salar del Hombre Muerto por USD 280 millones. Desde entonces, la compañía perforó decenas de pozos, construyó piletas de evaporación que superan el tamaño combinado de 1.000 canchas de fútbol y avanzó durante años sin ver retornos. La inversión total en derechos mineros y en la construcción de las dos primeras plantas de litio supera los USD 2.700 millones.

Este año, la compañía profundizó aún más su posición en el país: en abril, adquirió el proyecto Hombre Muerto Norte (HMN) —también en el Salar del Hombre Muerto— por USD 65 millones, a través de la compra del 100% de las acciones de NRG Metals Argentina S.A., subsidiaria de la canadiense Lithium South. El activo, en fase de exploración avanzada, tiene potencial de producir hasta 15.600 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

La expansión empresaria de Posco se dio en paralelo a un acercamiento político entre Argentina y Corea del Sur. El 31 de julio, el presidente Lee Jae Myung visitó Buenos Aires —la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 22 años— y se reunió con Milei en la Casa Rosada. Ese mismo día, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron un memorando de cooperación en minerales críticos, con foco en el litio, para promover inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, y fortalecer cadenas de suministro para las industrias de baterías y tecnología avanzada.

Lee había definido el acceso al litio como una “consideración estratégica” para Corea del Sur. Frente a las disrupciones en las cadenas globales de suministro y al avance de la inteligencia artificial, el presidente surcoreano sostuvo que los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”. La visita también incluyó conversaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y el Mercosur.

Con el financiamiento del BID Invest asegurado, Posco planea adelantar la construcción de su tercera y cuarta planta de litio en brine para 2027 y 2030, respectivamente. El objetivo de largo plazo del grupo es alcanzar una producción combinada de 173.000 toneladas anuales de litio para 2033 —incluyendo producción en roca desde Australia—, lo que le permitiría posicionarse entre las cinco mayores compañías productoras de litio del mundo.

Argentina ocupa el quinto lugar entre los mayores productores mundiales de litio, detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue, y el tercero en reservas. Según la Secretaría de Minería, el país cuenta con 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance, de los cuales solo siete están en producción. En 2025, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.037 millones, el registro más alto desde que existen datos consolidados del sector, con un crecimiento del 29,2% respecto del año anterior.

El Gobierno estima un ingreso de USD 7.737 millones en inversiones durante 2026 y 2027, los dos últimos años del mandato de Javier Milei, a partir de los proyectos ya aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cifra surge de sumar los USD 4.252 millones proyectados para el corriente año y los USD 3.485 millones estimados para el próximo, en el marco de los 22 proyectos aprobados hasta la fecha por el Comité Evaluador dependiente del Ministerio de Economía, según datos publicados en la página web oficial del RIGI.

El total de inversión comprometida por esos 22 proyectos asciende a USD 47.073 millones, con un horizonte de ejecución que se extiende hasta 2055 y una promesa de generación de 95.950 empleos directos e indirectos. La cartera abarca cinco sectores: minería (12 proyectos), petróleo y gas (6), energía eléctrica (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

Los dos últimos ingresos al régimen se formalizaron en las últimas semanas. Este miércoles, el Ministerio de Economía aprobó el plan de Compañía Mega —sociedad controlada por YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%)— por USD 365 millones para ampliar su complejo industrial en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La obra elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural y sumará más de 500.000 toneladas anuales de capacidad, con el 80% del volumen incremental destinado a mercados externos. El cronograma de obras se extiende hasta fines de 2028.

La semana pasada, en tanto, el Comité Evaluador había dado luz verde al proyecto Los Toldos II Este de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint del empresario Paolo Rocca. Con una inversión total de USD 6.400 millones, el proyecto apunta a una producción de 70.000 barriles diarios en Vaca Muerta y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

Uno de los proyectos de mayor volumen dentro de los aprobados es el de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA), el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy (Reino Unido) y Golar LNG (Noruega), con una inversión de USD 7.000 millones en la primera etapa —escalable a más de USD 15.000 millones en dos décadas—. El proyecto prevé instalar dos buques de licuefacción frente al Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL). El inicio de operaciones del primer buque está previsto para noviembre de 2027.

En el segmento minero, Vicuña Argentina —la sociedad formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining para desarrollar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en San Juan— es el proyecto de mayor escala: USD 9.700 millones en una primera etapa, escalables a USD 18.000 millones en una década. Cuando llegue al pico de construcción, entre 2027 y 2030, demandará 12.000 puestos directos. En plena operación, proyecta exportaciones de USD 6.000 millones anuales.

La minería concentra más de la mitad de los proyectos aprobados. Rio Tinto (Reino Unido) tiene dos iniciativas dentro del régimen: el Proyecto Rincón, en el Salar de Rincón, Salta, con una inversión de USD 3.000 millones para producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio; y el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, con USD 530 millones para incorporar 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional. En marzo de 2026, Rio Tinto realizó el primer envío comercial de carbonato de litio desde Rincón: 200 toneladas con destino a Shanghái.

El Hombre Muerto Oeste (HMW), de la australiana Galan Lithium Ltd, es el segundo proyecto RIGI en estar operativo. La planta de producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, arrancó el 1 de abril de 2026 con una capacidad de 12.000 toneladas anuales. Apenas cinco meses transcurrieron entre la aprobación del régimen, en agosto de 2025, y el inicio de operaciones.

En infraestructura de transporte de hidrocarburos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol— registra un avance de entre el 70% y el 73% en la construcción de sus 437 kilómetros entre Añelo (Neuquén) y Punta Colorada (Río Negro), con una inversión de USD 3.000 millones. Transportadora de Gas del Sur (TGS) obtuvo en mayo de 2026 la aprobación para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con USD 550 millones de inversión y una capacidad adicional de 12 millones de metros cúbicos diarios.

El primer proyecto upstream de petróleo en acceder al régimen fue Rincón de Aranda, de Pampa Energía, aprobado a fines de junio. La iniciativa, en la ventana de shale oil de Vaca Muerta, demandará USD 4.521 millones y apunta a un plateau de 45.000 barriles diarios en 2027, con exportaciones proyectadas de USD 17.000 millones a lo largo de 30 años.

En energía eléctrica, el Parque Solar El Quemado de YPF Luz, la primera iniciativa aprobada por el RIGI, ya está en operación desde el 23 de diciembre de 2025: una planta fotovoltaica de 305 MW en Jocolí, Mendoza, con una inversión de USD 212 millones. El Parque Eólico Olavarría, de PCR y Acindar, con USD 276 millones de inversión y 180 MW de capacidad, tiene previsto su inicio de operaciones para el 1 de diciembre de 2026.

Otros 20 proyectos aguardan evaluación del Comité, con una inversión comprometida de USD 110.883 millones y el potencial de generar 145.615 empleos adicionales. El régimen, creado por la Ley Bases en 2024 y extendido hasta julio de 2027, otorga a los proyectos aprobados una reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones a las exportaciones desde el segundo año y estabilidad fiscal y legal por entre 30 y 40 años.

La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) anunciaron la creación de TradeExpo 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el sector económico nacional y convertir al país en una plataforma regional de negocios.

Este evento, anunciado este miércoles 26 de agosto, se realizará el 12 y 13 de octubre en el hotel Sheraton Presidente de la capital salvadoreña y tiene como objetivo conectar la oferta exportable salvadoreña con compradores internacionales y atraer inversión estratégica.

La presentación de TradeExpo 2026 se da en un contexto de expansión del comercio exterior salvadoreño. Según el Banco Central de Reserva (BCR) citados por la CAMARASAL, hasta junio de 2026 las exportaciones del país alcanzaron los USD 3.401 millones, lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento estuvo apuntalado por un incremento del 10,3% en el volumen exportado y la evolución de sectores de mayor valor agregado, como la agroindustria y la maquinaria, que registraron aumentos de USD 69,5 millones y USD 60,9 millones, respectivamente, detalla la gremial empresarial.

INVEST y CAMARASAL definieron TradeExpo 2026 como la apuesta de negocios más amplia del país para proyectar a El Salvador ante mercados externos e inversionistas. La feria tendrá una estructura multisectorial dividida en cinco pabellones: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaque, plásticos, papel y soluciones de presentación; manufactura industrial, tecnología y componentes; industria química, farmacéutica e insumos especializados; y servicios empresariales y soluciones exportables.

La agenda estará centrada en reuniones B2B preagendadas, conferencias sobre tendencias de mercado y espacios de networking ejecutivo, con el propósito de generar oportunidades comerciales para empresas salvadoreñas y facilitar el contacto directo con compradores internacionales.

Samadhy Martínez, directora ejecutiva de Invest in El Salvador, señaló que el evento busca transformar el rol del país en la región y establecerlo como un hub estratégico. “TradeExpo no es una feria más; es nuestra declaración al mundo de que somos el socio más confiable, ágil y competitivo para hacer negocios”, afirmó. Martínez agregó que los datos de exportación respaldan esa estrategia, con sectores clave en pleno crecimiento.

La alianza entre INVEST y CAMARASAL combina la capacidad de promoción e inteligencia de mercados del Estado con la experiencia empresarial de más de 110 años de la gremial. Las organizaciones consideran que esta sinergia permitirá abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar a El Salvador como referente en la facilitación del comercio en América Latina.

Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, sostuvo que la alianza permitirá exhibir el momento económico del país y atraer a potenciales socios.

El programa de TradeExpo 2026 incluirá conferencias enfocadas en dos ejes: “El Salvador: la nueva plataforma de negocios de las Américas” y “Nearshoring en acción: cómo están cambiando las cadenas globales de suministro”, buscando vincular tendencias internacionales de relocalización productiva con oportunidades concretas en el mercado salvadoreño.

La INVEST enfatizó su misión de ser un “catalizador del crecimiento económico, conectando al talento y la oferta exportable salvadoreña con el mundo, y facilitando la llegada de inversión extranjera que genere desarrollo y oportunidades para el país”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevó a Arizona la estrategia de México para fortalecer su participación en la industria de semiconductores, atraer inversiones y consolidar cadenas de suministro más competitivas en América del Norte.

Durante una visita de trabajo a Phoenix, el funcionario encabezó la firma de un convenio con Arizona State University (ASU) y sostuvo reuniones con autoridades y representantes de empresas tecnológicas.

México y Arizona estrechan cooperación en semiconductores

El acuerdo suscrito entre la Secretaría de Economía y Arizona State University busca ampliar la colaboración bilateral en innovación, desarrollo tecnológico, investigación aplicada y formación de talento especializado. El convenio fue firmado junto con el presidente de ASU, Michel Crow.

La institución educativa ya mantiene vínculos con organismos mexicanos para desarrollar capacidades relacionadas con microelectrónica y semiconductores, mediante programas dirigidos a estudiantes, profesores y trabajadores de la industria.

La Secretaría de Economía señaló que esta alianza permitirá impulsar proyectos conjuntos y facilitar la vinculación entre empresas mexicanas y el ecosistema tecnológico de Arizona, considerado uno de los polos relevantes de Estados Unidos en manufactura avanzada.

Ebrard busca inversiones y nuevas cadenas de suministro

Durante su agenda en Phoenix, Ebrard también se reunió con la alcaldesa de la ciudad, Kate Gallego, con quien estableció una ruta de colaboración en sectores considerados estratégicos para ambas economías.

Entre los temas abordados estuvieron:

• Semiconductores y microelectrónica
• Minerales críticos e industria química
• Electromovilidad y sector aeroespacial
• Agua, energía solar y tecnologías digitales
• Formación de talento e innovación tecnológica

El secretario también dialogó con representantes de compañías y organizaciones vinculadas con los semiconductores, entre ellas TSMC, Intel, ASM, Lawrence Semiconductor y Deca Technologies, además de organismos empresariales y autoridades económicas de Arizona.

Joe Stockunas, presidente de SEMI Americas, destacó la relevancia de la visita como una señal del interés mexicano por incrementar su participación dentro de la industria de semiconductores de Norteamérica.

Arizona, un socio clave para el comercio de México

La relación económica entre México y Arizona adquiere mayor relevancia por el nivel de intercambio comercial y la integración de sus cadenas productivas.

De acuerdo con datos de Arizona Commerce Authority, en 2025 las exportaciones de Arizona hacia México alcanzaron 14.6 mil millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de nuestro país sumaron 14 mil millones.

El intercambio incluye principalmente equipo de cómputo, componentes eléctricos y electrónicos y semiconductores.

Tan solo las ventas de Arizona a México en equipo de cómputo llegaron a 5.8 mil millones de dólares, mientras que los envíos de semiconductores y otros componentes electrónicos representaron 780 millones.

En sentido contrario, México exportó a Arizona bienes por 14 mil millones de dólares, incluidos 3.7 mil millones en equipo de cómputo y 879 millones en equipo eléctrico y componentes.

Semiconductores, talento e innovación: la apuesta mexicana

El acercamiento no es nuevo. En junio de 2025, Arizona State University fue sede de un foro binacional sobre semiconductores que reunió a más de 100 representantes de los sectores público, privado y académico de México y Estados Unidos para discutir inversión, capacitación y resiliencia de las cadenas de suministro.

La visita de Ebrard ocurre además en un momento de presión comercial entre México y Estados Unidos.

Un día antes, el secretario se encontraba en Washington para continuar las negociaciones con autoridades estadounidenses, con el objetivo de evitar nuevos aranceles y mejorar las condiciones para las exportaciones mexicanas.

México enfrenta actualmente tarifas de 50% al acero, aluminio y sus derivados, además de 25% a los vehículos, mientras algunos productos que no cumplen con las reglas del T-MEC están sujetos a un arancel de 10%.

En este contexto, la estrategia mexicana busca combinar la negociación comercial con una mayor integración industrial.

La apuesta por Arizona pretende aprovechar la cercanía geográfica y las capacidades tecnológicas de la región para atraer inversión, desarrollar talento y ampliar la participación de empresas mexicanas en sectores de alto valor.

Con ello, el gobierno mexicano busca posicionar al país como un socio estratégico en la construcción de cadenas de suministro norteamericanas más sólidas, particularmente en semiconductores, inteligencia artificial, electrónica, electromovilidad, manufactura avanzada y tecnologías digitales.

El corredor que une Manantiales con José Ignacio, en el departamento de Maldonado, concentra desde hace años el interés de inversores que buscan capitalizar el crecimiento inmobiliario y turístico de la costa uruguaya. A ese proceso se suma ahora un proyecto de infraestructura deportiva que combina golf, wellness y actividades recreativas bajo un mismo desarrollo.

Un grupo de empresarios argentinos radicados en Uruguay desde hace más de una década presentó formalmente ante las autoridades nacionales y departamentales un desarrollo que demandará una inversión de USD 42,5 millones. Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio, Pablo Rubio y Mariano de Llano, socios del proyecto, se reunieron en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, para exponer los detalles de la iniciativa. Durante el encuentro, los desarrollistas confirmaron que los trabajos de inversión y obra comenzarán este mismo año.

El proyecto está a cargo de la firma Manantiales Golf SAD y contempla dos componentes principales: un campo de golf de 27 hoyos sobre casi 100 hectáreas y un Sport & Wellness Center de 3.000 m² cubiertos. Del monto total de la inversión, USD 30,3 millones se destinan al campo de golf y al Club House, mientras que los USD 12,2 millones restantes corresponden al Sport & Wellness Center. Se trata de una inversión enfocada exclusivamente en infraestructura deportiva, sin incluir otros componentes inmobiliarios o de desarrollo asociados al predio.

Distribución de la inversión y escala del proyecto

El campo de golf tendrá tres circuitos independientes de nueve hoyos cada uno, un esquema que permite operar el club durante todo el año, recibir torneos sin afectar a los socios y realizar tareas de mantenimiento sin cerrar la totalidad de la cancha. El diseño estuvo a cargo de Randall Thompson y Kelly Blake Moran, de American Golf Design, con master planning de C. Stuart Moore y arquitectura de Martín Gómez Pustilnick. El mantenimiento agronómico quedará en manos del mismo equipo que trabaja en el Buenos Aires Golf Club.

El predio se ubica sobre la Ruta 104, a 12 kilómetros de José Ignacio, 18 kilómetros de Punta del Este, 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce y aproximadamente 90 minutos de Montevideo.

Proyección de actividad y gasto turístico

El modelo de negocio proyecta 8.200 rondas de golf de visitantes por año, de las cuales 2.100 se concentrarían entre abril y noviembre, el período de menor actividad turística en Maldonado. Según las proyecciones del proyecto, esa actividad generaría aproximadamente USD 1,5 millones anuales en gasto turístico adicional fuera del club, distribuidos entre alojamiento, gastronomía, transporte y comercio. El objetivo declarado es que la operación no dependa de la temporada alta, sino que contribuya a extenderla a lo largo del año.

El Sport & Wellness Center, por su parte, funcionará los doce meses e incluirá un gimnasio de más de 1.000 m², pileta climatizada, spa, baño turco, coworking, “kids club” y servicios de fisioterapia, readaptación deportiva, nutrición y evaluación funcional, además de canchas de tenis, pádel y fútbol y un “driving range” techado.

El proyecto apunta a una comunidad de hasta 1.500 socios entre adultos, jóvenes, niños, seniors y empresas, lo que implica una inversión aproximada de USD 28.300 por socio proyectado sobre el total de 42,5 millones de dólares.

Impacto en el mercado laboral

La etapa de obra tendrá un pico de 320 puestos de trabajo directos, con un acumulado estimado de 785 puestos-año durante todo el proceso constructivo. Una vez en funcionamiento, el club generará 100 puestos directos permanentes, a los que se sumarán 28 puestos vinculados a gastronomía, hasta 36 empleos zafrales durante la temporada alta y alrededor de 190 puestos indirectos en proveedores, servicios y logística. Buena parte de los puestos permanentes corresponden a perfiles técnicos especializados en greenkeeping, agronomía, deporte, wellness y gestión de instalaciones.

El proyecto incluye además tres escuelas gratuitas de formación: golf, caddies y greenkeeping, orientadas a jóvenes de Maldonado. El programa tendrá un costo operativo estimado de USD 85.000 anuales, financiado dentro de la operación del campo.

Cronograma de obra en tres etapas

La ejecución está planificada en tres años. El primero incluirá los movimientos de suelo, la infraestructura y los sistemas de riego. En el segundo año comenzará la siembra y el proceso de grow-in, con la apertura prevista de los primeros nueve hoyos mientras avanza la construcción del Club House y el Sport Center. El tercer año contempla la finalización de los 27 hoyos, las canchas exteriores y la entrega del complejo.

El sistema de riego forma parte del esquema de costos del proyecto: contempla lagos internos alimentados por captación pluvial y escorrentía, sin uso de agua potable de la red pública, junto con un circuito cerrado que permite reutilizar el agua y telemetría con sensores de humedad del suelo para la programación diferenciada por sectores. Se prevé además la postulación a una certificación ambiental internacional, como GEO Foundation o Audubon International, una vez concluida la obra.

España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para quienes quieren invertir en hoteles. Durante el primer semestre de 2026 se destinaron 2.656 millones de euros a la compraventa de activos hoteleros en el país, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, España se situó como el segundo mercado de Europa, solo por detrás de Reino Unido. En esos seis meses cambiaron de manos 91 hoteles que sumaban 12.863 habitaciones, según el informe Hospitality MarketBeat de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Buena parte de ese dinero se está concentrando, además, en la parte más cara del mercado. El 44% de todo el volumen invertido correspondió a hoteles de lujo, aunque estos establecimientos representaron únicamente el 23% de las habitaciones transaccionadas. El precio medio pagado en esta categoría alcanzó los 391.000 euros por habitación.

Detrás del interés de los inversores hay un sector que sigue beneficiándose de una elevada demanda turística. España registra cientos de millones de pernoctaciones cada año, los hoteles están aumentando sus ingresos y la oferta crece a menor ritmo que la demanda. A esto se suma una cartera de nuevos proyectos que muestra que la apuesta por el país continuará durante los próximos años, con especial protagonismo de los establecimientos de mayor categoría.

España concentra más noches turísticas que ningún otro país de la UE

España fue en 2025 el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos, con 513,6 millones. Superó a Italia, que registró 476,9 millones; Francia, con 471,7 millones; y Alemania, con 442,1 millones. Solo estos cuatro países concentraron el 61,7% de todas las noches turísticas de la UE.

El peso de España también se mantiene en 2026. Durante el primer trimestre, una de cada cuatro noches realizadas por turistas extranjeros en alojamientos de la UE se produjo en España. Fueron 54,1 millones de pernoctaciones internacionales, según Eurostat.

Los datos más recientes de la consultora inmobiliaria CBRE apuntan en la misma dirección. En el primer semestre del año, España superó los 55 millones de viajeros, el mejor registro histórico para este periodo. Las llegadas internacionales aumentaron un 3% y el gasto turístico acumulado hasta mayo creció un 8%. Si se mantiene la tendencia, la consultora considera que el país podría superar los 100 millones de turistas internacionales durante 2026.

Esta demanda es uno de los factores que explica el interés por comprar hoteles en España. Cushman & Wakefield señala que el mercado sigue respaldado por unos resultados operativos sólidos, liquidez y entrada de capital, mientras los destinos vacacionales continúan atrayendo una parte importante de la inversión.

La demanda crece más rápido que la oferta hotelera

La oferta hotelera creció solo un 1,9% interanual durante el primer semestre, por debajo de la demanda. Esa diferencia da más margen a los establecimientos para mantener ocupaciones elevadas y subir precios, algo que se refleja directamente en sus ingresos.

El RevPAR, que mide los ingresos por habitación disponible, aumentó un 5,6% hasta los 121 euros, mientras que la tarifa media diaria subió un 5%. Marbella lideró con 218 euros por habitación disponible, seguida de Barcelona, con 154, y Madrid, con 142. Valencia y Alicante fueron las que más crecieron, un 13,5%.

Este escenario beneficia al negocio hotelero y explica parte del apetito inversor: más demanda, una oferta que crece poco y más ingresos por habitación. CBRE sitúa de hecho a España como el mercado europeo más atractivo para la inversión hotelera por tercer año consecutivo. Barcelona comparte con Londres el primer puesto entre las ciudades preferidas y Madrid ocupa la tercera posición.

El lujo concentra el 44% de la inversión

Dentro de este mercado, el capital se está dirigiendo especialmente hacia los establecimientos de mayor categoría. La inversión en hoteles de lujo aumentó un 125% respecto al primer semestre de 2025, mientras que el número de habitaciones de este segmento que cambiaron de manos creció un 196%. Así, el lujo absorbió el 44% del dinero pese a concentrar únicamente el 23% de las habitaciones vendidas.

Los hoteles de lujo también se venden a precios mucho más altos. Mientras que el precio medio fue de 209.553 euros por habitación en el conjunto del mercado español, en los establecimientos de lujo alcanzó los 391.000 euros, casi el doble.

La preferencia por la gama alta no se limita a las compraventas realizadas durante este año. CBRE calcula que unos 270 hoteles abrirán en España hasta 2028 y aproximadamente un tercio serán de cinco estrellas o gran lujo. Los proyectos previstos se concentran principalmente en Málaga, Madrid, Cádiz, Valencia y Canarias.

Nvidia negocia invertir en Perplexity, empresa de búsquedas con inteligencia artificial, en una operación que podría llevar la valuación de la startup a más de USD 30.000 millones. Este movimiento, revelado por The Information, no solo fortalecería la presencia de Nvidia en el sector de aplicaciones tecnológicas que utilizan su hardware, sino que también reactiva el debate sobre el modelo de negocio en el que los fabricantes de chips financian compañías.

Potencial impacto de la inversión de Nvidia en Perplexity y su valuación

La iniciativa de Nvidia de participar en una nueva ronda de financiamiento para Perplexity responde a una lógica de integración en diferentes niveles de la cadena de valor de la inteligencia artificial.

Se trata de una estrategia que va más allá del suministro de infraestructura: Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios, ya que estos determinan la demanda de procesamiento y capacidad de cómputo a nivel global.

Perplexity, fundada en San Francisco en 2022, ha desarrollado una plataforma de búsquedas que responde a consultas utilizando modelos de lenguaje y accediendo a información en tiempo real.

A diferencia de los buscadores tradicionales, su propuesta se centra en la síntesis de contenido y en respuestas conversacionales. Entre sus fundadores figuran Aravind Srinivas, con experiencia en OpenAI y Google DeepMind, y Denis Yarats, ex Microsoft y Quora.

La startup ha captado más de USD 1.700 millones en inversiones acumuladas y ya cuenta con el respaldo de Nvidia, además de fondos como New Enterprise Associates, Accel y SoftBank.

La ronda de inversión en negociación podría aumentar la valuación de Perplexity de aproximadamente USD 20.000 millones a más de USD 30.000 millones, reflejando el creciente interés del mercado por empresas que buscan transformar el acceso a la información en internet y compiten con gigantes como Google.

Este tipo de operación plantea una cuestión relevante: hasta qué punto la demanda de infraestructura y servicios de inteligencia artificial es genuinamente sustentable, y cuánto depende del flujo de capital que circula entre las mismas compañías tecnológicas.

La participación de Nvidia en el financiamiento de sus propios clientes puede generar dudas sobre la independencia y la sostenibilidad de la demanda generada en el sector.

La inversión de Nvidia en Perplexity podría posicionar a la startup como un actor de peso en el rubro de las búsquedas con inteligencia artificial. Además, permitiría a Nvidia fortalecer su relación con una plataforma que depende de su tecnología y que podría convertirse en un punto de entrada para millones de consultas impulsadas por IA.

El modelo de negocio de la IA y la relación Nvidia-Perplexity

El vínculo entre Nvidia y Perplexity se explica principalmente por la importancia de la inferencia en la economía digital de la inteligencia artificial. La inferencia es el proceso por el cual un modelo previamente entrenado es capaz de generar respuestas o ejecutar tareas tras recibir una solicitud del usuario.

Cada consulta realizada en plataformas como Perplexity requiere recursos de cómputo significativos. Si la base de usuarios aumenta o la aplicación suma nuevas funciones y agentes que completen tareas más complejas, la demanda de infraestructura crece proporcionalmente.

En marzo, Perplexity firmó un acuerdo plurianual con CoreWeave, empresa de servicios de computación en la nube que cuenta con el respaldo de Nvidia. Además, según informes, la compañía planea incorporar CPU Vera, otro desarrollo de la fabricante de chips.

Así, Nvidia tiene la posibilidad de invertir en una firma que utiliza procesamiento provisto por actores afines a su ecosistema y que depende directamente de hardware fabricado por ella.

Este modelo presenta un beneficio estratégico: si Perplexity logra consolidar su negocio, Nvidia obtendría beneficios como accionista y también mantendría exposición directa al crecimiento de la demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

Panamá necesita empresas que crezcan, pero para lograrlo no basta con reconocer su importancia, pues hay que conectar inversión, financiamiento, conocimiento y oportunidades, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

El organismo empresarial destaca que ese fue el centro del recién primer Congreso Nacional MiPyme 360, organizado por la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras), en un encuentro que reunió a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades.

La Fedecámaras es la máxima representación de la empresa privada panameña, que une a la micro, pequeña, mediana y gran empresa debidamente organizadas en gremios de todos los sectores económicos del país; integradas por las Cámaras de Comercio Industrias Agricultura y organizaciones gremiales afines de la República de Panamá.

En Panamá el 96% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura explica que del encuentro de Fedecámaras salió una hoja de ruta que “ahora toca convertirla en resultados”.

“El punto de partida es claro: fortalecer a las empresas que ya producen, invierten y generan empleo”, indica.

Aduce que eso supone ampliar el acceso a financiamiento y educación financiera, acercar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las universidades y centros de innovación, desarrollar capacidad exportadora y vincularlas con empresas de mayor escala.

Insiste en que el objetivo no puede ser administrar empresas pequeñas, ya que “el objetivo es que dejen de ser pequeñas. Que vendan más. Que contraten más. Que innoven. Que compitan”.

Desde la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecámaras) se plantea los encadenamientos productivos.

Esto, detalla, consiste en que cuando una gran empresa compra a proveedores nacionales, capacita a su cadena y genera nuevas oportunidades alrededor de su operación, la inversión deja de tener un solo impacto. Se multiplica. Eso significa más proveedores panameños, más actividad económica y más oportunidades fuera de la capital.

“Panamá necesita conectar mejor su economía”, afirma. Los empresarios sostienen que un tema polémico, como el de la mina de cobre cerrada desde el 2023 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, “también cuenta”.

“En esa conversación entra la mina de Donoso. No solamente por el tamaño de la inversión. También por su capacidad potencial de convertirse en una industria ancla y generar actividad alrededor de transporte, logística, mantenimiento, alimentación, servicios y proveedores nacionales”, manifiestan.

La mina no es únicamente una discusión sobre minería, anotan, pues “también es una discusión sobre empleo, inversión, micro, pequeñas y medianas empresas, y desarrollo territorial.

“Eso no significa un cheque en blanco. Cualquier decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, técnicamente ejecutable, económicamente conveniente y transparente para Panamá”, puntualizan.

Señalan que “no decidir tiene costos”, por lo que “el país necesita una decisión seria, sustentada y pensando en el interés nacional, sin improvisaciones”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá apunta que el Gobierno, empresa privada, academia y organismos financieros tienen responsabilidades distintas.

Pese a ello, no dudan en afirmar que el objetivo debe ser el mismo: crear condiciones para producir más, invertir más y generar más empleo en todo Panamá. “La hoja de ruta está planteada. Ahora corresponde ejecutarla”.

Para el gremio empresarial, el futuro económico de Panamá también se construye desde cada emprendimiento que logra crecer, formalizarse y generar empleo.

“Esa es la apuesta que seguiremos liderando. Es nuestra hoja de ruta que ya está en marcha, con fecha, con aliados y con resultados medibles. Panamá crece cuando sus emprendedores crecen”.

Han señalado que la visión es clara: que emprender en Panamá no sea un salto al vacío, sino un camino acompañado. Mentorías, capacitación, conexión con financiamiento y una ruta ordenada hacia la formalidad. Aclaran que formalizar no debe ser un trámite más, pues debe ser la puerta de entrada a crédito, a clientes corporativos y a mercados internacionales.

Honduras y Belice buscan ampliar sus relaciones económicas y estratégicas con una agenda que incluye comercio, inversión, seguridad, salud y conectividad, en un momento en que ambos países pretenden acercar sus mercados y fortalecer los vínculos entre Centroamérica y el Caribe.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, recibió hoy en Casa Presidencial al primer ministro de Belice, John Briceño, durante una visita oficial en la que ambos gobiernos plantearon nuevas áreas de cooperación.

Uno de los principales puntos sobre la mesa es la posibilidad de suscribir un convenio de intercambio comercial que permita ampliar el flujo de productos entre ambos países y generar nuevas oportunidades para empresas e inversionistas.

Belice puede representar para Honduras una puerta de entrada hacia el Caribe, mientras que una mayor relación comercial con Honduras permitiría a Belice profundizar su integración con el mercado centroamericano.

Briceño señaló que su país ya mantiene acuerdos comerciales con Guatemala y recientemente suscribió un tratado de comercio limitado con El Salvador, por lo que Honduras aparece como otro mercado con potencial para ampliar los intercambios.

Comercio regional

La intención no se limita al comercio de mercancías. Ambos gobiernos también identificaron oportunidades en materia de inversión, salud y cooperación institucional.

Durante la reunión, los mandatarios coincidieron además en fortalecer la colaboración en seguridad y el intercambio de información para enfrentar amenazas comunes, entre ellas el narcotráfico.

El componente de seguridad adquiere importancia por la ubicación geográfica de ambos países y por las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la región.

Uno de los puntos que puede tener mayor impacto en la relación bilateral es la conectividad aérea. Asfura destacó la necesidad de mejorar las conexiones aéreas entre Honduras y Belice y planteó la participación de este último país en iniciativas vinculadas con la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna).

Una mayor conectividad aérea puede facilitar el movimiento de turistas, empresarios, inversionistas y mercancías, además de reducir las dificultades que todavía existen para conectar directamente distintos puntos de Centroamérica y el Caribe.

Para Honduras, acercarse a Belice también significa ampliar su presencia hacia un espacio económico que combina vínculos centroamericanos y caribeños.

Briceño destacó esa posición de su país y señaló que Belice busca mantener sus conexiones históricas con el Caribe mientras profundiza su integración con Centroamérica.

Durante el segundo semestre de 2026, Belice ejerce la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), desde donde pretende impulsar iniciativas de integración y dar seguimiento a asuntos de interés común.

Desafíos compartidos

El cambio climático aparece entre los desafíos compartidos. Honduras y Belice son países particularmente expuestos a fenómenos climáticos extremos y dependen de la cooperación regional para mejorar su capacidad de prevención y respuesta.

El posible acuerdo comercial será uno de los puntos que deberán seguirse en los próximos meses. Su eventual concreción podría determinar si el acercamiento se traduce en un incremento real del intercambio de bienes y servicios o permanece principalmente en el terreno diplomático.

Para Honduras, el desafío será aprovechar la oportunidad para diversificar sus mercados y encontrar nuevos destinos para sus productos, mientras facilita el ingreso de bienes y capitales procedentes de Belice.

Para Belice, el acercamiento representa una oportunidad para ampliar su acceso a Centroamérica y fortalecer una estrategia de integración que busca combinar sus vínculos caribeños con una mayor participación en el mercado regional.

La modernización del muelle multipropósito en Puerto Armuelles abre un escenario inédito para la economía de la provincia de Chiriquí, bajo el supuesto de transformar radicalmente la infraestructura portuaria tradicional de la región.

El avance de la obra ha permitido que el acceso principal esté ya concluido y el edificio administrativo muestre un progreso notable, lo que evidencia la ejecución de la primera etapa del proyecto.

La intervención tiene como eje la ampliación de la capacidad operativa del puerto, buscando que la terminal responda a las exigencias del comercio marítimo internacional y garantice su funcionamiento a largo plazo, informó el Gobierno.

Este enfoque estratégico fue presentado en un encuentro entre autoridades y empresarios, donde Luis Roquebert, responsable de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), afirmó que el rediseño “apunta a generar oportunidades de empleo y desarrollo”, aprovechando tanto la ubicación fronteriza con Costa Rica como el potencial agrícola y los recursos naturales del entorno.

El proyecto, desarrollado en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la provincia de Chiriquí, se apoya en recomendaciones técnicas basadas en estudios oceanográficos y de mareas, con el objetivo de adaptar el muelle a los desafíos contemporáneos del sector.

Uno de los puntos centrales de la modernización es la instalación de una línea específica para la exportación de aceite de palma, junto con la creación de una pasarela para visitantes y otras mejoras estructurales.

Estas obras representan el 20% de la fase inicial y dependen de una inversión complementaria de $10,2 millones, cuyo desembolso está pendiente de aprobación oficial.

Actualmente, el avance global de la primera etapa del muelle ronda el 72%, cifra que da cuenta del ritmo sostenido de las labores y de su impacto en la economía local.

La modernización del puerto de Puerto Armuelles consiste, de acuerdo con la información oficial, en la transformación de una estructura orientada históricamente a la pesca en un polo logístico capaz de captar nuevos flujos comerciales y atraer inversiones.

Esto supone un cambio fundamental para el desarrollo del área, ya que habilita el ingreso de empresas vinculadas a actividades portuarias y logísticas, promoviendo la generación de empleo y la diversificación económica en la región.

De forma paralela a los trabajos de infraestructura, la Autoridad Marítima de Panamá desarrolla un análisis económico y estudia alternativas técnicas para próximas etapas del terminal.

Como parte de la estrategia logística, el organismo ha iniciado conversaciones con una docena de empresas interesadas en operar en el puerto, potenciando así el atractivo de la zona para el sector privado.

El administrador Roquebert subrayó que la creciente atención de inversores nacionales y extranjeros confirma el potencial de la región.

Explicó que la tarea del Gobierno reside en “crear condiciones para transformar ese interés en inversión y beneficios tangibles para la población”.

El objetivo final es que el puerto, otrora dedicado casi exclusivamente a la pesca de bajo calado, se convierta en una plataforma multipropósito, lista para atender las necesidades del comercio global y para servir de motor de desarrollo sostenible en Chiriquí.

Las proyecciones apuntan a la generación de alrededor de 2,000 empleos directos y hasta 6,000 empleos indirectos, creando nuevas oportunidades para las familias de Barú, Puerto Armuelles y otras comunidades ubicadas en la provincia de Chiriquí.

La propia Autoridad Marítima de Panamá ha señalado que el proyecto está concebido como un eje para dinamizar la actividad portuaria, logística y productiva de la región.

Además, empresarios del sur de Costa Rica, así como inversionistas vinculados a la agroindustria, la pesca y el turismo, ya han mostrado interés en las posibilidades comerciales que ofrece el nuevo puerto, reforzando su potencial como puerta logística del occidente de Panamá hacia los mercados internacionales.

La generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para invertir continúan entre los principales desafíos que enfrenta Honduras, de acuerdo con la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo.

La dirigente empresarial consideró que el país necesita impulsar medidas que permitan a los hondureños desarrollar sus propios negocios y crear condiciones para atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Gallardo planteó que Honduras debe apoyar a los pequeños y medianos emprendedores, ampliar la generación de empleo formal, mejorar el sistema energético y avanzar en infraestructura hídrica para enfrentar la sequía. Según sostuvo, esas áreas son claves para atraer inversión y responder a las necesidades económicas y sociales del país.

A su criterio, estos negocios cumplen una función en la generación de ingresos y oportunidades laborales, por lo que requieren mecanismos que les permitan mantenerse operando, crecer y ampliar sus fuentes de empleo.

Entre las principales necesidades identificadas mencionó el acceso a financiamiento y asistencia técnica, dos herramientas que, según explicó, pueden marcar la diferencia para que un emprendimiento pase de ser una actividad de subsistencia a convertirse en una empresa con capacidad de generar más oportunidades.

El desafío del empleo

“Cerca de dos millones de personas se encuentran en condiciones relacionadas con desempleo, subempleo o dificultades para incorporarse de manera adecuada al mercado laboral” manifesto la líder empresarial.

A esto se agrega el retorno de ciudadanos hondureños al país, quienes necesitan encontrar oportunidades para reintegrarse al mercado laboral y generar ingresos para sus familias.

Ante ese panorama, la presidenta del COHEP sostuvo que Honduras necesita ampliar su capacidad de generar empleos formales y productivos, una tarea que requiere la participación conjunta del sector privado y las instituciones públicas.

La apuesta, señaló, debe orientarse hacia la generación de nuevas inversiones, pero también hacia el fortalecimiento de los emprendimientos que ya funcionan en el territorio nacional.

Gallardo señaló que Honduras habría registrado un crecimiento cercano al 3,6% y que las expectativas para el próximo año se ubican alrededor del 3,7%.

Aunque se trata de cifras que reflejan crecimiento, la presidenta del Cohep consideró que el ritmo todavía resulta insuficiente frente a las necesidades económicas y sociales que tiene el país.

Crecimiento económico e inversión

Desde su perspectiva, Honduras requiere una expansión económica que se traduzca en mayores oportunidades de empleo, mejores ingresos y condiciones más favorables para las familias.

Mientras se buscan grandes proyectos de inversión, Gallardo también destacó el papel que desempeñan los pequeños y medianos negocios en las comunidades.

En muchas zonas del país, estos emprendimientos representan una de las principales alternativas para generar ingresos y sostener económicamente a las familias.

El acceso al crédito, la capacitación y la asistencia técnica pueden ayudar a que los pequeños empresarios mejoren sus procesos, aumenten su productividad y encuentren oportunidades para ampliar sus mercados.

Ante este escenario, consideró que Honduras debe dejar atrás las respuestas temporales y avanzar hacia proyectos que permitan almacenar y administrar de mejor manera el agua disponible.

Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El Paraíso fueron señalados como algunos de los departamentos donde este tipo de infraestructura podría contribuir a enfrentar los períodos de sequía.

La construcción de proyectos de almacenamiento de agua permitiría, según el planteamiento empresarial, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y de los productores frente a períodos prolongados sin lluvias.

Gallardo explicó que Honduras debe determinar qué cultivos son más apropiados para cada zona del país, tomando en cuenta las condiciones climáticas y la cantidad de lluvia que recibe cada región.

En el ecosistema empresarial contemporáneo, el capital de riesgo o venture capital se ha convertido en una pieza indispensable. Su función no consiste únicamente en aportar recursos, sino también en corregir fallas críticas del mercado mediante el financiamiento de innovaciones que la banca tradicional, debido a su natural aversión al riesgo, difícilmente estaría dispuesta a respaldar.

El desafío aparece cuando se busca invertir en startups que atraviesan las primeras etapas de su ciclo de vida. En esos casos, los métodos tradicionales de valuación pierden buena parte de su utilidad.

Estas empresas suelen operar con costos elevados, ventas todavía limitadas, competencia incipiente y una rentabilidad inexistente. Sus verdaderos impulsores de valor se encuentran en el tamaño del mercado potencial, la promesa del producto y, sobre todo, la confianza depositada en sus fundadores.

Cuando los métodos tradicionales de valuación dejan de funcionar

Comparar transacciones recientes o utilizar múltiplos de ingresos de empresas públicas resulta poco efectivo cuando se analizan proyectos disruptivos sin referentes claros ni ganancias predecibles.

Del mismo modo, recurrir a un enfoque basado en activos puede provocar una subvaluación sistemática del núcleo del negocio, pues deja fuera elementos intangibles como la tecnología, las patentes, el conocimiento especializado y el capital humano, que constituyen la verdadera riqueza de una startup.

La valuación basada en ingresos tampoco está libre de dificultades. Para los fondos de inversión puede convertirse en un terreno incierto, ya que las proyecciones futuras son difíciles de auditar y validar. En este contexto, es frecuente encontrarse con estimaciones excesivamente optimistas que no reflejan con precisión la capacidad real de crecimiento de la empresa.

El tránsito entre el desarrollo de una idea y su comercialización somete a las startups a un periodo especialmente vulnerable: consumen capital de manera intensiva, pero todavía no generan ingresos suficientes. Por esta razón, tanto el proceso de due diligence como la valuación deben concentrarse en garantizar la supervivencia del proyecto y reducir los riesgos inmediatos de liquidez.

El análisis debe determinar cuánto tiempo puede operar la empresa con el capital disponible y qué financiamiento necesita para conservar su liquidez, sostener el crecimiento inicial, consolidar la demanda de sus productos y retener al talento clave.

Los activos intangibles concentran el verdadero valor

Este escenario obliga a los fondos de inversión a ir más allá de la identificación de obstáculos legales o fiscales. Aunque es indispensable revisar la estructura de propiedad, las licencias, el cumplimiento regulatorio y los contratos relevantes, también es necesario proteger la inversión frente a un entorno altamente inestable.

Cuando los emprendedores demuestran que su capacidad de disrupción y generación de valor descansa en activos específicos —como patentes, bases de datos, software, marcas, conocimiento especializado, contratos de licenciamiento, redes de distribución o talento estratégico—, los inversionistas cuentan con elementos más sólidos para justificar una prima de valuación mediante un enfoque basado en ingresos futuros.

Sin embargo, el papel del venture capital trasciende la aportación de recursos. Su mayor valor consiste en actuar como un intermediario activo mediante la generación de conexiones, el reclutamiento riguroso de perfiles directivos —desde vicepresidencias hasta puestos de alta dirección— y la institucionalización de procesos capaces de profesionalizar a las empresas.

El monitoreo posterior a la inversión es, en realidad, uno de los principales mecanismos para reducir la asimetría de información que existe al inicio de la relación y justificar el nivel de riesgo asumido.

Valuar el potencial y anticipar las vulnerabilidades

Valuar una startup en una etapa temprana exige abandonar la comodidad de las métricas retrospectivas y adoptar una perspectiva orientada hacia el futuro. Se trata de elaborar un mapa preciso de vulnerabilidades: conocer la situación de liquidez, comprobar la solidez y la propiedad legal de los activos intangibles, evaluar el cumplimiento de normas éticas y regulatorias, y diagnosticar la capacidad de adaptación del equipo fundador.

Solo mediante una comprensión profunda de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra la empresa es posible construir una valuación que refleje no únicamente lo que representa en el presente, sino también el mercado que podría llegar a dominar.

Para materializar esta visión prospectiva, la planeación posterior a la inversión resulta fundamental. Permite estabilizar la compañía, obtener resultados tempranos, administrar riesgos y establecer una trayectoria sostenible de crecimiento. Firmas como KKR adoptaron esta filosofía desde sus primeros años, inspiradas en metodologías desarrolladas por General Electric.

Acerta Pharma: una apuesta de largo plazo

La confidencialidad también puede convertirse en un elemento estratégico dentro del capital de riesgo. El caso de Acerta Pharma lo demuestra: la compañía desarrolló un innovador medicamento oncológico destinado a competir con uno de los líderes del mercado y levantó su ronda de Serie B con absoluta discreción para evitar alertar a sus competidores.

La estrategia rindió frutos en 2015, cuando AstraZeneca adquirió el 55% de la startup por 4 mil millones de dólares. El producto todavía tardó varios años en llegar al mercado, lo que evidencia por qué el capital de riesgo es especialmente adecuado para iniciativas con periodos de maduración prolongados.

Invertir en una startup, por tanto, no significa apostar a ciegas por una buena idea. Implica evaluar la capacidad de supervivencia de la empresa, proteger sus activos intangibles, fortalecer a su equipo y acompañar su transformación institucional.

Cuando el historial financiero no basta, la valuación debe mirar hacia adelante. El reto consiste en distinguir entre una promesa inflada y una empresa verdaderamente preparada para convertir su innovación en un negocio sostenible.

Durante años hablamos de incorporar el impacto social y ambiental a las decisiones económicas. Hoy aparece una señal concreta de que algo está cambiando: hay inversores dispuestos a aceptar una menor rentabilidad para financiar organizaciones que buscan generar un impacto social y ambiental positivo.

Hay un elefante en la sala. Es grande. Está ahí. Todos lo vemos. Pero seguimos conversando como si no existiera.

En el mundo de las finanzas hay algo que todos conocemos, pero que todavía ocupa un lugar marginal en muchas decisiones económicas: el impacto social o ambiental que provoca el uso del dinero. Sabemos que una inversión puede generar empleo, transformar una comunidad o regenerar un territorio, que un crédito puede permitir que una empresa crezca, que una cooperativa se fortalezca o que una familia desarrolle una actividad productiva.

También sabemos lo contrario: una decisión económica puede generar contaminación, precarización, exclusión o concentración.

El elefante está en la sala.

El impacto existe, aunque no lo veamos, ni lo midamos. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir dónde poner el dinero, seguimos mirando principalmente dos variables: riesgo y rentabilidad, como nos enseñaron durante el siglo XX. Que una economía sana necesita empresas rentables, inversiones que recuperen el capital y sistemas financieros sólidos.

La pregunta es otra: ¿qué entendemos por retorno? Durante mucho tiempo pensamos el retorno como aquello que vuelve al inversor.

Quizás necesitamos ampliar la mirada y preguntarnos también qué vuelve a la sociedad: Qué vuelve a las personas. Qué vuelve al territorio. Qué vuelve al planeta.

Necesitamos una economía capaz de satisfacer las necesidades de las personas y desplegar su potencial en armonía con el planeta. Y para eso también necesitamos transformar las finanzas, la inversión de impacto como una herramienta para ampliar las fronteras del sistema financiero tradicional.

Porque detrás de cada número hay alguien. Detrás de cada inversión hay una decisión. Y detrás de cada decisión económica hay una determinada idea sobre el mundo.

Si una organización genera más valor para la sociedad, ¿por qué debería pagar necesariamente lo mismo que otra que genera menos?

El sistema financiero no es neutral: decide qué proyectos reciben capital y cuáles no. Define qué actividades pueden crecer, cuáles tienen posibilidades de innovar y cuáles quedan atrapadas en una economía de subsistencia.

Por eso el crédito no es solamente una operación financiera. Es una herramienta de construcción económica. Y esto nos lleva a una palabra que puede sonar antigua: fraternidad.

La fraternidad económica parte de una constatación sencilla: somos interdependientes. Nadie produce solo. Vivimos conectados, aunque muchas veces tomemos decisiones como si fuéramos independientes.

La fraternidad propone otra mirada, que no es caridad, ni regalar dinero, ni renunciar a la rentabilidad. Significa reconocer que nuestra prosperidad depende también de la prosperidad de los demás, de los proveedores, de los clientes, de los empleados, del suelo.

Implica reconocer también que la economía no es solamente un conjunto de transacciones entre individuos. Es la manera en que organizamos nuestras interdependencias.

La evolución de la sustentabilidad es la integración del impacto en los negocios, y la evolución de las finanzas requiere reconocer el impacto de nuestras inversiones.

Hace unos días, desde la Asociación Civil Sumatoria, se emitió su novena Obligación Negociable Sostenible. Y ocurrió algo que, para quienes trabajamos hace años en esto, resulta difícil no celebrar: la emisión recibió financiamiento a una tasa de TAMAR menos 3 puntos porcentuales.

Dicho de otro modo: hubo inversores dispuestos a prestar dinero con un rendimiento muy inferior a la tasa de referencia.

El modelo busca prestar a organizaciones de impacto a tasas competitivas. Hoy llegan a financiar proyectos desde TAMAR + 0, dependiendo de su situación financiera y fundamentalmente de su impacto.

Para poder hacerlo, se necesita conseguir financiamiento a tasas suficientemente bajas. Usar el capital para financiar impacto sin trasladar el costo financiero al que está intentando generarlo.

Y acá aparece una señal que me parece mucho más interesante que el resultado de una emisión particular.

Durante años hablamos de que el impacto debía incorporarse al sistema financiero.

Ahora empezamos a tener señales de que el mercado puede estar dispuesto a reconocer su valor, y es un hecho consistente de las últimas emisiones de Sumatoria.

No sabemos todavía si esto representa un cambio estructural. Sería demasiado pronto para afirmarlo, pero sí podemos decir algo: existe un segmento de inversores que parece estar dispuesto a aceptar condiciones financieras muy competitivas para financiar una organización cuyo propósito es generar impacto social y ambiental.

Esto cambia la conversación.

Porque si el impacto no modifica ninguna decisión económica, entonces corre el riesgo de convertirse simplemente en una etiqueta, pero si empieza a modificar el precio del capital, estamos frente a algo diferente.

Durante mucho tiempo la pregunta fue: ¿cómo hacemos para que los inversores se interesen por el impacto?Quizás la pregunta ahora sea otra: ¿puede el impacto convertirse en una variable que influya sobre el precio del capital?

Si la respuesta fuera sí, las consecuencias serían enormes. Porque el capital barato puede hacer posibles proyectos que de otro modo no serían viables.

Y, al mismo tiempo, puede generar un círculo virtuoso: más impacto, mejores condiciones; mejores condiciones, más capacidad de generar impacto. El que mejor produce, menos paga. El que más beneficia al ambiente, menos paga. El que más impacto social tiene, menos paga.

Eso es, en definitiva, lo que significa poner las finanzas al servicio de una nueva economía, que pasa de ignorar el costo de las externalidades negativas, a considerar que una externalidad positiva puede convertirse en una variable económica capaz de afectar el precio del capital.

Estamos abriendo un camino con éxito y consistencia. Ahora debemos darle visibilidad, democratizarlo e invitar a otros a utilizar estos vehículos para hacerlos crecer y así generar un mundo mejor.

El elefante sigue ahí. Gigante. Turquesa. En el medio de la sala. Pero quizás algo esté empezando a cambiar.

No todo está escrito en el mundo de la economía, la sustentabilidad y las finanzas. Lo que hoy resulta contraintuitivo, es una realidad que estamos construyendo junto a numerosos actores, para crear una sociedad y un medioambiente más resilientes, fraternos y regenerativos.

Porque detrás de cada decisión económica hay una idea sobre el mundo que queremos construir.

Tal vez ese sea el verdadero desafío de las finanzas del futuro: no dejar de buscar rentabilidad, sino aprender a reconocer que el impacto también genera valor.

Un agricultor de Pensilvania ha rechazado 14 millones de euros por sus tierras para impedir que se conviertan en un centro de datos de inteligencia artificial. A sus 86 años, y con seis décadas de trabajo a sus espaldas, Mervin Raudabaugh ha preferido vender únicamente los derechos de desarrollo de su propiedad por 1,7 millones de euros, una fracción de lo que los promotores le ofrecieron en un primer momento, con tal de blindar para siempre el uso agrícola de sus 105 hectáreas.

La oferta que rechazó Raudabaugh ascendía a más de 15 millones de dólares (alrededor de 14 millones de euros) por sus 261 acres (unas 105 hectáreas) en Silver Spring Township, en el condado de Cumberland. Los promotores valoraban cada acre en 60.000 dólares. Él los rechazó todos.

“No quería que mis granjas fueran destruidas. Ese era el fondo del problema. No era tanto el aspecto económico lo que me importaba. Simplemente no quería ver esas dos granjas arrasadas”, declaró Raudabaugh al canal Fox 43.

Una vida entera en la misma tierra

El vínculo de Raudabaugh con esas tierras va más allá de lo profesional. Trabaja en esos campos desde hace casi 60 años. Fue allí donde, en los años cincuenta, su madre murió en sus brazos y él tuvo que abandonar casi por completo la escuela para ordeñar vacas y sostener la granja familiar. Allí también crió a sus hijos junto a su esposa, Anna Mae, ya fallecida.

Así, él mismo describe la propiedad como un refugio para la fauna silvestre, con ciervos y tortugas, y afirma que respeta “la Tierra verde de Dios”. Su deseo es que otras familias puedan vivir en ese lugar después de él. En su pequeña comunidad, la decisión se ha convertido en tema de conversación y sus amigos, asegura, están “muy contentos” con lo que hizo.

¿Cómo funciona la protección que eligió?

En lugar de vender las parcelas, Raudabaugh firmó un acuerdo con el Programa de Conservación del Territorio de Silver Spring Township, un mecanismo similar a las servidumbres de conservación (conocidas en el sistema anglosajón como conservation easements) por el que cedió a la comunidad el derecho a construir sobre esas tierras. El precio que recibió fue de poco menos de 1,9 millones de dólares (alrededor de 1,7 millones de euros).

La operación se formalizó el 30 de diciembre de 2025 en asociación con el Lancaster Farmland Trust y protege a perpetuidad más de 105 hectáreas. Así, aunque la finca cambie de propietario en el futuro, queda prohibido cualquier uso no agrícola o natural. Es decir, que no podrán levantarse urbanizaciones, ni centros comerciales, ni centros de datos. El programa, activo desde 2014, se aplica a parcelas de al menos cuatro hectáreas de espacios abiertos, bosques, tierras de cultivo o zonas húmedas.

Por qué la IA quiere quedarse con tierras agrícolas

El interés de los promotores por ese rincón de Pensilvania viene dado porque los centros de datos necesitan terrenos planos, con acceso rápido a la red eléctrica, a la fibra óptica y a fuentes de agua para la refrigeración de sus sistemas.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que estas instalaciones consumieron aproximadamente 560.000 millones de litros de agua en 2023, y la expansión de la inteligencia artificial y la computación en la nube no deja de presionar al alza esa demanda.

Un incendio que destruyó sectores clave del complejo, equipos fuera de servicio y reclamos por obras nunca ejecutadas quedaron en el centro de una disputa judicial en el Caribe.

Forbes informó que la asociación de propietarios del Four Seasons Resort Nevis demandó a Nevis Peak Holdings, la firma propietaria del predio y vinculada a Cascade, la oficina familiar de Bill Gates, en el Tribunal de Cancillería de Delaware.

La presentación fue impulsada por los dueños de villas dentro del resort, ubicado en la isla de Nevis, y reclama más de USD 100 millones por la presunta pérdida de valor de las propiedades. La entidad representa a 66 propietarios de 89 residencias y atribuyó ese deterioro a una falta sostenida de inversiones, mantenimiento y reconstrucción.

Cada miembro pagó USD 100.000 para ingresar al club del resort. A eso se sumaron cuotas anuales superiores a USD 13.000, además de cargos extra por obras, mantenimiento y servicios.

Qué denuncian los propietarios del complejo

De acuerdo con Forbes, los demandantes denunciaron carros de golf fuera de servicio, piscinas con baldosas faltantes, equipos de gimnasio obsoletos o inutilizados y residuos esparcidos en áreas del campo de golf y otros sectores de la propiedad.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el estado de la tienda del campo de golf y del gimnasio, destruidos por un incendio en octubre de 2022. Casi cuatro años después, esos espacios no fueron reconstruidos. En su lugar, los propietarios aseguran que solo quedó una valla alrededor de los escombros.

La asociación afirmó además que, cuando consultó quién afrontaría la reconstrucción, recibió como respuesta que Nevis Peak Holdings no contaba con seguro contra incendios para esa parte del complejo. Como informó Forbes, esa situación implicaría que el costo total de la obra recaería sobre los dueños.

El expediente también incluye cuestionamientos sobre servicios esenciales. Los propietarios sostienen que algunos transformadores eléctricos fueron comprados de segunda mano y que parte de esos equipos tendría más antigüedad que el propio resort, inaugurado en 1991.

También aseguraron que durante la estación seca se registran problemas de abastecimiento de agua por falta de inversiones en el sistema.

Los montos en disputa y la respuesta de Cascade

La asociación indicó que desde 2013 pagó más de USD 20 millones en cargos de administración y membresía para trabajos que, a su entender, nunca se concretaron.

A eso agregó que en los últimos cuatro años desembolsó USD 1,4 millones de sus propios fondos para cubrir reparaciones eléctricas y de infraestructura que, a su juicio, correspondían a la parte demandada.

En la presentación judicial recogida por Forbes, los propietarios señalaron que la compañía “incumplió por completo sus obligaciones en perjuicio del uso y disfrute del resort y del valor de las propiedades para venta y alquiler”.

El medio estadounidense también afirmó que una evaluación atribuida a Four Seasons concluyó que el complejo necesita más de USD 65 millones en obras.

De ese total, más de USD 20 millones corresponderían a la reconstrucción de lo que se perdió en el incendio y a la renovación del spa.

Frente a esas acusaciones, un portavoz de Cascade Asset Management Company rechazó el planteo. En una declaración enviada a Forbes, la firma aseguró que planea defenderse “enérgicamente de las acusaciones, que considera completamente infundadas”.

Un conflicto con antecedentes judiciales

No es la primera vez que los propietarios del resort acuden a la Justicia. Forbes recordó que, tras los daños causados por el huracán Omar en 2008 y la falta de reconstrucción por parte del entonces dueño, los residentes ya habían promovido otra demanda en el mismo tribunal de Delaware.

Ese caso terminó con un acuerdo en 2013. A partir de ese entendimiento, el propietario se comprometió a mantener reuniones semestrales con la junta de propietarios y a abrir la información financiera sobre la operación del resort.

La nueva demanda sostiene que esos compromisos no se cumplieron de manera efectiva tras el ingreso del grupo vinculado a Gates.

Los propietarios afirmaron que esas reuniones no se realizaron con regularidad y que tampoco apareció el panorama financiero prometido. También señalaron que sigue ausente un plan quinquenal de gastos que se había mencionado en una reunión de 2022.

La inversión inicial y el peso del caso para Gates

Forbes también recordó que, tras la compra de la propiedad en 2016, Cascade impulsó una renovación de gran escala en áreas comunes y en 196 habitaciones del complejo.

Ese rediseño estuvo a cargo de Todd-Avery Lenahan. En 2018, el diseñador dijo a The Hollywood Reporter que la remodelación multimillonaria probablemente había igualado o incluso superado el costo original de construcción del resort.

La acción judicial, de todos modos, está dirigida contra Nevis Peak Holdings y no contra Bill Gates a título personal. El expediente continúa en una etapa inicial en Delaware, donde la asociación busca una orden judicial que obligue a ejecutar las reparaciones reclamadas o, en su defecto, una compensación por la pérdida de valor de las propiedades.

El ahorro financiero en Perú mantiene una tendencia favorable. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este indicador aumentó 12,5% interanual en junio de 2026, en un escenario donde los inversionistas muestran un interés creciente por distribuir su patrimonio entre distintas alternativas.

Desde Finniu, plataforma de gestión patrimonial, señalan que esta tendencia responde también a una búsqueda por manejar mejor el riesgo y acceder a nuevas oportunidades. En ese sentido, la firma identifica cinco aspectos que deben considerar quienes buscan construir una cartera de inversión más diversificada.

Buscar alternativas según cada objetivo

No todas las inversiones cumplen la misma función dentro de un portafolio. Por ello, una de las primeras recomendaciones es identificar instrumentos que respondan a los objetivos específicos y al perfil de cada inversionista.

Entre las alternativas que han ganado interés durante este año figuran el flipping inmobiliario y los préstamos con garantía hipotecaria. Estas opciones cuentan con un activo tangible como respaldo y manejan plazos definidos, características que pueden ofrecer una mayor previsibilidad frente a instrumentos sujetos a una mayor volatilidad.

Distribuir el patrimonio para gestionar el riesgo

La diversificación también busca reducir la exposición que implica colocar todo el capital en una sola alternativa. Distribuir los recursos entre diferentes instrumentos permite evitar una concentración patrimonial excesiva y gestionar de manera distinta los posibles riesgos asociados a cada inversión.

Sin embargo, diversificar no consiste únicamente en aumentar el número de productos dentro de una cartera. La estrategia debe considerar cómo se comporta cada instrumento y qué función cumple respecto del resto del portafolio.

Combinar instrumentos con diferentes lógicas

Para conseguir una diversificación efectiva, es necesario incorporar activos que respondan a una lógica de inversión diferente. Tener varios productos no garantiza por sí mismo una reducción del riesgo si todos están expuestos a factores similares.

Por ello, antes de sumar una nueva alternativa, conviene analizar cómo se relaciona con las inversiones que ya forman parte del patrimonio. La incorporación de instrumentos con características distintas puede contribuir a construir una cartera menos dependiente de un solo tipo de activo.

Revisar plazos y necesidades de liquidez

Otro aspecto relevante es determinar si el plazo de inversión coincide con el momento en que el inversionista podría necesitar disponer de su dinero. Comprometer recursos durante un periodo que no sea compatible con sus necesidades de liquidez puede limitar su capacidad de respuesta ante futuros requerimientos.

En el segmento de ejecutivos de 35 a 50 años, identificado como el perfil que más ha crecido entre los usuarios de Finniu, el ticket promedio alcanza los S/ 62.000 y el plazo promedio llega a 18 meses. Estos datos permiten dimensionar las características de una parte de los inversionistas que actualmente utilizan la plataforma.

Analizar transparencia, respaldo y acompañamiento

Antes de colocar capital, también es importante verificar las condiciones del vehículo de inversión, así como la información disponible sobre su funcionamiento. La transparencia permite al inversionista conocer con mayor claridad las características de la alternativa que está evaluando.

Asimismo, debe existir un respaldo claro detrás de la inversión y un adecuado acompañamiento durante el proceso. Estos elementos forman parte de la evaluación que debería realizar una persona antes de decidir dónde colocar su patrimonio.

“Diversificar no significa simplemente sumar instrumentos al portafolio. Hoy vemos que los inversionistas buscan alternativas que les permitan gestionar el riesgo y, al mismo tiempo, encontrar nuevas oportunidades de rentabilidad”, señala Diego Mallqui, especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu.

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán, en Hidalgo, recibirá una inversión superior a los 10 mil 100 millones de pesos para construir una plataforma industrial y logística enfocada en actividades como la manufactura avanzada, la industria farmacéutica y los dispositivos médicos.

Durante “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, funcionarios federales y estatales informaron que DEWA Capital será la empresa encargada de desarrollar el proyecto, cuya extensión será de aproximadamente 910 hectáreas y estará dividida en cinco fases.

El complejo contará con infraestructura industrial, energía limpia, servicios complementarios y sistemas para el reúso de agua. También se prevé la instalación de equipamiento social, como centros de salud, guarderías, espacios culturales, bibliotecas públicas y áreas deportivas.

¿Cuánto se invertirá en el Polo de Desarrollo de Hidalgo?

El gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, informó que la inversión de DEWA Capital superará los 10 mil 100 millones de pesos. El mandatario destacó la ubicación estratégica del proyecto y lo relacionó con otras obras promovidas por el Gobierno federal en la entidad, como el tren México-Pachuca y el Plan Hídrico del Valle del Mezquital.

Por su parte, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que los recursos serán ejercidos a lo largo de cinco fases.

La primera etapa requerirá mil 277 millones de pesos para trabajos de urbanización y obras de cabecera. A esta cantidad se sumarán más de 2 mil millones de pesos destinados a construir las primeras dos naves industriales, en las que posteriormente serán recibidas las empresas que decidan instalarse en el complejo.

De acuerdo con la funcionaria federal, los trabajos de esta fase comenzarán entre mediados y finales de septiembre. Con ello, el de Zapotlán se convertirá en el segundo polo del programa federal que inicie obras durante 2026.

La primera fase permitirá generar aproximadamente 5 mil 100 empleos directos e indirectos. Además, la empresa desarrolladora asumió el compromiso de que al menos 35% de las contrataciones sean locales, con el propósito de que una parte de los beneficios económicos llegue directamente a los habitantes de la región.

La declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán fue publicada por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2025. El documento oficial reconoce como vocaciones productivas del polígono los sectores logístico, manufacturero, farmacéutico, de dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial.

Polo de Zapotlán busca atraer a empresas farmacéuticas

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de DEWA Capital, señaló que el proyecto será desarrollado por Frontier, la plataforma industrial y logística de la compañía.

El empresario detalló que el complejo estará preparado para recibir empresas de:

• Manufactura avanzada
• Industria farmacéutica
• Dispositivos médicos
• Logística y distribución
• Servicios industriales complementarios

Ahumada Alduncin sostuvo que la construcción no se limitará a habilitar terrenos y levantar naves industriales, pues también contempla infraestructura de energía limpia, servicios, equipamiento social y mecanismos de reutilización de agua. Este último componente busca reducir la presión que la operación industrial podría ejercer sobre los recursos hídricos de la región.

La compañía también pretende generar oportunidades para proveedores locales, promover programas de capacitación y desarrollar nuevas capacidades productivas alrededor de las empresas que lleguen a la zona.

“El objetivo es que el crecimiento industrial no se quede dentro de los límites del proyecto, sino que contribuya a mejorar el entorno que lo rodea”, afirmó el directivo durante su participación.

DEWA tiene presencia en Hidalgo desde 2012 mediante el Parque Industrial Plata. Entre los proyectos realizados en la entidad se encuentra el desarrollo de cerca de 300 mil metros cuadrados distribuidos en tres naves utilizadas por Mercado Libre.

A escala nacional, Frontier ha participado en siete parques industriales, ha urbanizado más de 3 mil hectáreas y ha construido 37 edificios logísticos, equivalentes a aproximadamente 9 millones de pies cuadrados de superficie rentable.

Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 mdp en Tula

El anuncio del polo industrial estuvo acompañado por una segunda inversión para Hidalgo. La Cooperativa Cruz Azul destinará 6 mil 500 millones de pesos a la renovación de su planta cementera y al fortalecimiento de su infraestructura social en Tula de Allende.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, explicó que los proyectos permitirán generar más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos, además de alcanzar una producción estimada de 3 millones de toneladas de cemento al año.

La distribución anunciada de los recursos es la siguiente:

• Más de mil 800 millones de pesos para renovar y reacondicionar la planta cementera.
• Alrededor de 3 mil 700 millones de pesos para construir una nueva línea de producción de cemento.
• Más de mil millones de pesos para modernizar el Hospital Cruz Azul.

La renovación de la planta generó mil empleos directos y más de 10 mil indirectos, según Velázquez Rangel. La nueva línea de producción presenta un avance de 85% y ha requerido la participación de 200 trabajadores directos y alrededor de 3 mil indirectos.

En el caso del hospital, la cooperativa contempla incorporar quirófanos inteligentes, una torre de consultorios de especialidades, salas de terapia intensiva y un banco de sangre. La atención no se limitaría a los derechohabientes de Cruz Azul, pues también estaría disponible para la población en general.

Menchaca Salazar afirmó que ambas inversiones fortalecen la posición de Hidalgo en materia de crecimiento industrial, actividad económica y generación de empleos. Añadió que el estado acumula 130 proyectos, una inversión de 147 mil millones de pesos y una expectativa de 191 mil puestos de trabajo durante su administración.

La cadena de pagos de las PyME industriales mostró nuevas señales de tensión durante el segundo trimestre de 2026. El 24% de las empresas registró atrasos en al menos uno de sus vencimientos, una proporción que se duplicó en casi un año. Al mismo tiempo, el 62% señaló que los plazos de cobro a clientes resultaron mayores a los habituales. Las dificultades para cobrar quedaron así como la segunda preocupación más mencionada por las pequeñas y medianas industrias, sólo detrás de la caída de las ventas.

Los datos surgen del Informe de Coyuntura PyME Industrial correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por la Fundación Observatorio PyME (FOP). El relevamiento mostró que las demoras crecieron en las distintas obligaciones analizadas. El 17,3% de las empresas registró atrasos en el pago de impuestos, el 15,3% se demoró con proveedores y el 8,6% con los bancos. En el tercer trimestre de 2025, esos porcentajes se ubicaron en 8,6%, 5,7% y 3,4%, respectivamente. En ese período, el porcentaje de firmas con al menos un atraso llegó al 12%, frente al 24% registrado en el segundo trimestre de este año.

La tensión también apareció del lado de los cobros. El 40,9% de las industrias señaló que los plazos resultaron levemente más largos de lo habitual y otro 21,7% los calificó como significativamente más largos. En cambio, para el 33,5% los tiempos se mantuvieron similares a los habituales, mientras que apenas el 3,2% informó plazos levemente más cortos y el 0,8% observó una reducción significativa. En total, el 62% de las PyME cobró en plazos más largos de lo habitual durante el período analizado.

Los principales problemas de las pymes

Las demoras de los clientes se ubicaron entre los principales problemas que identificaron los empresarios. La caída de las ventas encabezó el listado y afectó al 81% de las pequeñas y medianas industrias. Los retrasos en los pagos de clientes quedaron en segundo lugar, con el 62%. Luego aparecieron el aumento de los costos de las materias primas, mencionado por el 60% de las firmas; la competencia de las importaciones, con el 47%; y el aumento de los costos salariales, con el 45%. La dificultad de financiamiento alcanzó al 38% de las empresas.

El deterioro de la cadena de pagos ocurrió en un contexto de retroceso de la actividad industrial. Durante el segundo trimestre, la producción pyme se contrajo 3,6% en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior y cayó 11% en la comparación interanual. Según el informe, el volumen de producción descendió hasta el nivel más bajo de los últimos siete años.

El relevamiento también mostró una diferencia según el tamaño de las firmas: las pequeñas industrias registraron una evolución inferior a la de las medianas.El empleo acompañó ese desempeño. La cantidad de ocupados en las industrias PyME bajó 0,8% desestacionalizado durante el trimestre y 4,5% en términos interanuales. Con ese resultado, el sector acumuló 14 trimestres consecutivos de retracción del empleo.

Costos y precios

Otro de los factores que condicionó la situación de las empresas fue la relación entre costos y precios. Para el 73% de las PyME los costos aumentaron por encima de los precios de venta de su principal producto. Para el 25% evolucionaron de manera similar y apenas el 1% indicó que los costos crecieron por debajo de sus precios. Dentro de los componentes analizados, el informe destacó una fuerte incidencia de la energía y el transporte.

Ese movimiento se reflejó en los márgenes de las compañías. El 69% de las firmas señaló que su rentabilidad disminuyó respecto de un año atrás. El dato se ubicó en línea con una secuencia de cinco trimestres en los cuales la mayoría de las empresas registró una rentabilidad inferior a la observada doce meses antes.

Los indicadores que anticipan la evolución de la actividad mostraron cierta recuperación frente al primer trimestre, aunque permanecieron en terreno contractivo. El PMI PyME, que anticipa el ciclo de actividad, se ubicó en 44 puntos. El indicador avanzó diez puntos frente al trimestre anterior, pero quedó por debajo del umbral de 50 puntos que separa una previsión de expansión de otra de contracción.

La confianza empresaria también permaneció por debajo del nivel neutral. El Índice de Confianza Empresarial PyME (ICE) se ubicó en 43 puntos. Las condiciones actuales alcanzaron los 32 puntos y continuaron en terreno pesimista, mientras que las expectativas para los próximos doce meses llegaron a 52 puntos y se ubicaron en terreno levemente optimista. En la apertura por componentes, la percepción sobre el país llegó a 42 puntos, la correspondiente al sector se ubicó en 39 y la evaluación de la propia empresa alcanzó los 47 puntos.

Carga impositiva

Las dificultades de actividad y liquidez también aparecieron en las respuestas vinculadas con la carga impositiva. El estudio identificó a Ingresos Brutos, las tasas municipales, el impuesto al cheque y las contribuciones patronales entre los tributos que más afectaron los costos, el capital de trabajo y la capacidad operativa de las empresas. En el caso de Ingresos Brutos, el 40% respondió que afectó significativamente su operatoria y otro 23% indicó un impacto moderado.

Al consultar a las empresas por las medidas prioritarias para reducir la carga tributaria y administrativa, la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos quedó en primer lugar, con el 32,8% de las respuestas. La reducción de contribuciones patronales apareció inmediatamente después, con el 29,7%. Más atrás se ubicaron la eliminación o el cómputo pleno como pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, con 11,9%; otras medidas, con 8,4%; la reducción de los regímenes de retención, percepción y anticipos, con 5,9%; y la eliminación o reducción de tasas municipales no asociadas a una contraprestación efectiva, con 5,5%.

La encuesta también relevó cómo reaccionaron las industrias frente a las importaciones. La competencia de productos provenientes del exterior representó una preocupación para el 47% de las firmas. En el último año, el 21% sustituyó insumos locales por importados, el 15,1% incorporó nuevos productos de origen importado y el 9,4% reemplazó parte de su producción propia por bienes provenientes del exterior. En conjunto, una de cada cuatro empresas reemplazó parte de su proceso productivo por importaciones, ya sea mediante la sustitución de insumos o de producción propia.

El informe incluyó además una medición sobre la participación de las pequeñas y medianas industrias en proyectos comprendidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El alcance resultó limitado: el 4,7% de las firmas participó como proveedor directo o indirecto. Dentro de ese grupo, el 1,5% participó directamente como proveedor de un proyecto y el 3,2% lo hizo de manera indirecta a través de otras compañías que abastecieron esos emprendimientos. Otro 3,2% expresó intenciones de participar, pero no cumplió con los requisitos, mientras que el 11,6% no participó aunque manifestó interés en hacerlo en el futuro. El 80,5% no registró participación.

El Gobierno amplió el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en dos nuevos sectores. Según se oficializó este martes a partir de su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó el régimen para obras de infraestructura ferroviaria —una medida que estaba pendiente de oficialización en el marco de la privatización del Belgrano Cargas— y extendió su aplicación al sector tecnológico para proyectos que incorporen nuevos productos.

La novedad para el sector tecnológico introduce una definición que no existía en la reglamentación anterior: una empresa podrá adherirse al RIGI como “ampliación de un proyecto preexistente” si incorpora un producto nuevo que exhiba diferencias en al menos el 50% de sus componentes —medidos en valor económico— respecto de los bienes que ya produce.

La inversión mínima computable para ese nuevo producto deberá ser de USD 250 millones y el bien en cuestión tendrá que tener un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a 10 años. Para acreditar ese último requisito, las empresas deberán presentar un informe técnico emitido por un profesional independiente que justifique el horizonte de obsolescencia tecnológica y comercial del producto.

En materia ferroviaria, el decreto traza una distinción que define qué inversiones quedan dentro del régimen y cuáles quedan fuera. Las obras de renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente —así como la incorporación de infraestructura nueva— califican para el RIGI.

En tanto, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura preexistente, quedan excluidos. El texto enumera los tipos de intervención admitidos: duplicación de vías en trazas existentes, rehabilitación de ramales no operativos, renovación integral de puentes y alcantarillas, instalación o renovación de sistemas de señalamiento automático, electrificación de trazas, instalación de sistemas de protección activa en pasos a nivel y construcción de infraestructura logística como nodos, puertos secos, centros de desconsolidación y playas de maniobra.

El decreto también establece cuándo una inversión sobre infraestructura ferroviaria preexistente puede configurar una “ampliación de un proyecto preexistente no adherido al RIGI”, condición necesaria para acceder al régimen en esos casos. La respuesta es que debe producirse un incremento verificable de la capacidad de transporte respecto de la existente antes de la ejecución del proyecto, determinado sobre la base de parámetros técnicos objetivos y cuantificables. La norma no fija un umbral porcentual mínimo de aumento, sino que deja la determinación a esa medición técnica.

Para justificar la extensión del régimen al sector ferroviario, el decreto invoca el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que encomienda al Congreso fomentar “la construcción de ferrocarriles” como instrumento para “la prosperidad del país”. El texto oficial señala que la red ferroviaria argentina —construida en su mayor parte hace varias décadas— “presenta actualmente condiciones de deterioro y de desgaste por el transcurso de los años que afectan su capacidad operativa”.

La privatización del Belgrano Cargas

La oficialización de la medida cierra una incógnita que pesaba sobre el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Tal como adelantó Infobae, fuentes oficiales habían confirmado que el gobierno trabajaba en esa posibilidad, aunque la medida aún no estaba publicada. La habilitación del RIGI para las obras ferroviarias fue, según esas mismas fuentes, uno de los factores que demoró la salida de los pliegos. El cronograma oficial apunta a publicarlos antes de que termine agosto, con una adjudicación prevista para abril o mayo de 2027.

La licitación del Belgrano Cargas contempla tres concesiones independientes —una por cada ramal: Belgrano, San Martín y Urquiza— y cada una se subdivide en tres procesos: la operación de vías, los talleres ferroviarios y la venta del material rodante.

El esquema adopta el modelo de open access establecido por la Ley 27.132 de Política Ferroviaria, que obliga al operador de la infraestructura a permitir el acceso de terceros mediante el pago de un peaje. El plazo de concesión es de 50 años.

Entre los interesados figura el Grupo México Transportes (GMXT), que opera más de 11.000 kilómetros de vías en México y el sur de Estados Unidos y declaró su disposición a invertir USD 3.000 millones en la modernización de la red. También avanza un consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La red que se licita abarca 7.600 kilómetros de vías en 15 provincias del país.

Ambas modificaciones quedaron plasmadas en el Decreto 748/2026, publicado el 14 de agosto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Diego Santilli.

La inversión en España se está rejuveneciendo. Siete de cada diez inversores tienen menos de 45 años, una mayoría que confirma la entrada de nuevas generaciones en un mercado que durante años estuvo más asociado a perfiles de mayor edad y patrimonio. Sin embargo, cuando se pone el foco en el dinero y no en el número de participantes, la fotografía cambia por completo: los jóvenes concentran apenas el 39% del volumen invertido.

Son los datos de la nueva oleada del Barómetro SegoFinance de la Inversión Alternativa en España, elaborado a partir de información agregada de más de 45.000 inversores. El estudio muestra que los menores de 45 años representan cerca del 71% de la comunidad inversora. Dentro de este grupo, los ‘millennials’ son claramente mayoritarios.

Los inversores de entre 25 y 34 años representan el 31,5% del total, mientras que aquellos que tienen entre 35 y 44 años alcanzan el 32,2%, el grupo con mayor peso de todo el barómetro. La Generación Z, formada por los inversores de entre 18 y 24 años, supone todavía una parte pequeña, el 6,4%, aunque la firma destaca su progresiva incorporación al mercado.

Muchos inversores jóvenes, pero con carteras pequeñas

La paradoja aparece al comparar el número de inversores con el capital que manejan. Mientras los menores de 45 años representan alrededor de siete de cada diez participantes, solo reúnen el 39% del volumen total invertido. El 61% restante corresponde a la Generación X y los ‘baby boomers’.

La principal explicación está en el importe de las operaciones. Según SegoFinance, el tamaño medio de las inversiones aumenta de manera muy marcada con la edad. Entre los inversores de 18 a 44 años, el ‘ticket’ medio se mueve entre los 575 y los 1.100 euros, mientras que entre quienes tienen 65 años o más alcanza entre 1.200 y más de 2.200 euros.

Javier Villaseca, consejero delegado de SegoFinance, considera que este fenómeno refleja un cambio en la forma de acceder a la inversión: las nuevas generaciones comienzan a construir sus carteras con importes menores y a diversificar desde edades más tempranas.

El ‘factoring’ domina, pero los jóvenes buscan alternativas

El producto que más peso tiene en las carteras de los inversores de todas las edades es el ‘factoring’. Esta modalidad concentra entre el 75% y el 97% del volumen invertido, con una presencia que aumenta a medida que lo hace la edad de los inversores.

La Generación Z se desmarca, sin embargo, de este patrón. Los jóvenes de entre 18 y 24 años destinan el 25% de todo el dinero que invierten a ‘startups’ y compañías innovadoras. Es una proporción muy superior a la registrada entre el resto de generaciones, donde esta partida representa entre el 1% y el 7% del volumen.

Los ‘millennials’ presentan un comportamiento intermedio. Aunque concentran entre el 91% y el 95% de su inversión en ‘factoring’, mantienen una cartera algo más diversificada y destinan entre un 4% y un 5% a ‘startups’ y compañías innovadoras. Además, alrededor del 4% se dirige a productos relacionados con el sector inmobiliario y proyectos audiovisuales.

Una nueva generación entra en el mercado

Los datos dibujan así un relevo generacional que ya se deja notar en el número de inversores, aunque todavía no en el volumen de capital. La inversión empieza a formar parte de las decisiones financieras de personas cada vez más jóvenes, pero el patrimonio acumulado por las generaciones de mayor edad sigue marcando la diferencia.

La tendencia apunta a una incorporación progresiva de inversores que entran con cantidades pequeñas, pero que buscan repartir su dinero entre distintas alternativas. Es un cambio relevante para un mercado en el que hasta hace poco determinados productos estaban asociados principalmente a grandes patrimonios.

La sequía que afecta a distintas zonas de Honduras ha llevado a los gobiernos municipales a plantear una respuesta que vaya más allá de la atención inmediata de las comunidades que enfrentan dificultades para acceder al agua.

Al menos 75 municipios presentan distintos niveles de afectación por la falta de lluvias, según explicó el alcalde de Santa Lucía, en Francisco Morazán, Julio Avilés. Dentro de ese grupo hay localidades que atraviesan situaciones críticas y requieren una intervención prioritaria.

La situación ha obligado a las alcaldías a revisar sus capacidades financieras y a solicitar mecanismos que permitan complementar los recursos destinados a la atención de la emergencia.

Avilés explicó que 50 municipios ya recibieron de manera anticipada la transferencia correspondiente al tercer trimestre, mientras que las restantes alcaldías esperan acceder a esos recursos. La prioridad, según planteó, debe estar en las localidades que presentan las mayores necesidades como consecuencia de la escasez de agua.

Uno de los principales obstáculos para los municipios es que los fondos recibidos o comprometidos forman parte de los presupuestos destinados a los planes de inversión de 2026.

Ante este escenario, los gobiernos locales consideran necesario realizar esfuerzos adicionales para complementar la asistencia proporcionada por el Gobierno y los organismos de cooperación humanitaria.

Más acciones para frenar la emergencia

Frente a la situación, los alcaldes presentaron una serie de propuestas ante el Congreso Nacional para que sean tomadas en cuenta dentro de las acciones destinadas a enfrentar la emergencia.

Las iniciativas fueron discutidas previamente dentro de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que ha llevado las demandas de los gobiernos locales a distintos espacios institucionales.

El objetivo es establecer mecanismos que permitan responder a la emergencia actual, pero también crear condiciones para que las comunidades tengan mayor capacidad para enfrentar futuras temporadas de escasez de agua.

Avilés planteó la necesidad de construir una ruta de trabajo permanente que involucre al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, las municipalidades y los organismos de cooperación. La coordinación entre estas instituciones, según el alcalde, permitiría evitar que las respuestas se concentren únicamente en las etapas más críticas de las emergencias.

La propuesta de los municipios parte de una preocupación central: las comunidades necesitan recibir asistencia durante la emergencia, pero también requieren infraestructura que les permita almacenar y aprovechar el agua disponible.

El planteamiento incluye cambiar parte del enfoque de respuesta ante los fenómenos climáticos. En lugar de depender exclusivamente de la distribución de agua y otros recursos durante los períodos críticos, las municipalidades buscan desarrollar obras que permitan anticiparse a las temporadas de sequía.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las cosechadoras de agua, la construcción de pozos y la instalación de sistemas de riego. Estas obras permitirían captar, almacenar y distribuir el recurso para distintos usos, especialmente en comunidades donde la disponibilidad de agua se reduce durante los períodos secos.

Dentro de las medidas anunciadas para fortalecer la capacidad de los municipios también figura la próxima entrega de los primeros 100 kits de maquinaria, anunciada por el presidente Nasry Asfura.

Los equipos están destinados, entre otras tareas, al mantenimiento y reparación de caminos secundarios y terciarios, una necesidad recurrente para las comunidades rurales. Los gobiernos locales consideran que la maquinaria también podría tener un papel en la ejecución de obras relacionadas con la gestión del agua.

Para los municipios, contar con capacidad operativa propia resulta relevante tanto durante una emergencia como en la preparación de proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

Estos sistemas permitirían aprovechar las precipitaciones que se registren durante los períodos lluviosos y conservar parte del recurso para utilizarlo cuando disminuyan las lluvias.

La perforación de pozos constituye otra de las medidas planteadas, especialmente para aquellas localidades donde las fuentes superficiales resultan insuficientes durante las temporadas secas.

La producción de alimentos

A esto se suma el establecimiento de sistemas de riego, una infraestructura que también tendría impacto en las actividades agrícolas.

La falta prolongada de lluvias no solo afecta el abastecimiento de agua para las poblaciones, sino que también puede reducir la capacidad de los agricultores para mantener sus cultivos.

La preocupación de las alcaldías está vinculada además con la seguridad alimentaria. Cuando las lluvias son insuficientes durante períodos prolongados, las actividades agrícolas pueden sufrir pérdidas o disminuciones en los rendimientos, especialmente en las zonas donde los productores dependen principalmente de las precipitaciones.

Por esta razón, los alcaldes consideran que las inversiones en infraestructura hídrica deben formar parte de una estrategia de prevención y no limitarse a la respuesta ante una emergencia ya instalada.

Las cosechadoras de agua, los pozos y los sistemas de riego permitirían disponer de alternativas para sostener la producción en momentos de escasez y reducir la exposición de las comunidades rurales a los cambios en los patrones de lluvia, reiteraron desde la AMHON.

El fondo de cobertura de Peter Thiel compró una participación de USD 76 millones en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina, en una apuesta que amplía sus vínculos con el país justo cuando el sector energético busca aprovechar la apertura al capital bajo el gobierno de Javier Milei.

Según un cable de la agencia Bloomberg, Thiel Macro LLC informó que al cierre del segundo trimestre poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista. De acuerdo con una presentación regulatoria en Estados Unidos difundida el viernes, esa tenencia era entonces la segunda mayor posición del fondo, solo por detrás de Amazon.com Inc., y Vista era además la única empresa no estadounidense incluida en su cartera declarada.

La inversión se suma a otros movimientos recientes del empresario en Argentina. El multimillonario tecnológico estadounidense compró una mansión en Buenos Aires, pasó tiempo en el país este año, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y hasta participó en torneos de ajedrez en un Club de Almagro, un barrio de la capital argentina, lo que alimentó especulaciones sobre un interés más amplio.

En abril, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica libertaria. Milei dijo al medio que el inversor le preguntó por la probabilidad de que las reformas económicas se sostengan en el tiempo y por los impuestos a la riqueza.

Noticia en EEUU

La información trascendió porque Thiel Macro LLC, el vehículo de inversión con el que Thiel hizo la inversión informó a través del formulario 13F de la misma a la Securities & Exchange Commission (SEC), el organismo que en Estados Unidos regula los mercados de valores, como en la Argentina lo hace la Comisión Nacinoal de Valores (CNV).

Thiel, que entre otras cosas fue uno de los primeros inversores en Facebook, fue uno de los cofundadores de Pay Pal y es también el principal accionista de Palantir, una firma de inteligencia y big data que tiene importantes contratos con agencias de seguridad y defensa del gobierno de Estados Unidos.

El fundador y CEO de Vista es el empresario argentino Miguel Galuccio, de extensa trayectoria en la industria petrolera internacional.

Vista Energy fue fundada en 2017, después de que Galuccio encabezara las primeras incursiones en Vaca Muerta como presidente y CEO de YPF, la petrolera más grande de la Argentina, en la que el Estado Argentino tiene mayoría accionaria desde 2012, cuando expropió el 51% que tenía la española Repsol.

Bajo la conducción de Galuccio, Vista Energy creció hasta convertirse en la mayor exportadora de crudo de Argentina. Produce el equivalente a unos 160.000 barriles diarios de petróleo y gas, de los cuales el 70% se destina a exportaciones.

La petrolera planea elevar todavía más su producción después de adquisiciones realizadas este año y el anterior. Ese crecimiento se apoya en la expansión de Vaca Muerta, la formación no convencional que empezó a modificar de manera material la economía argentina con una producción que ya superó 1 millón de barriles.

La apuesta de Thiel llega en un momento en que los mercados internacionales de capital volvieron a abrirse para perforadoras y compañías de oleoductos bajo la administración de Milei. Ese cambio impulsa obras de infraestructura para el sector.

El oleoducto y puerto VMOS apuntan a ampliar las exportaciones argentinas desde 2025

Entre esos proyectos figura el oleoducto y puerto de shale oil VMOS, en el que Vista tiene participación. La obra estará lista el año próximo y permitirá a Argentina enviar mucho más crudo a compradores globales.

Bloomberg señaló que el renovado interés externo también se refleja en otros movimientos empresarios. Chevron Corp. aumentó su presencia en la cuenca shale patagónica y el multimillonario petrolero Harold Hamm también desembarcó en esa competencia.

En mayo pasado Vista dio un paso importante en su consolidación como principal productora independiente de petróleo en Argentina al adquirir la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta, la joya energética de la Argentina, operación que le permitió incorporar 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) y elevar su producción total a más de 160.000 boe/d.

“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”, dijo entonces Galuccio, quien remarcó que en apenas ocho años Vista había pasado de ser una startup petrolero a ser el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país.

La inversión de Thiel, un visionario de las inversiones, como revelan sus muy tempranas inversiones en empresas como Paypal, Facebook y Palantir, es un espaldarazo internacional. Meta (la ex Facebook) tiene una capitalización superior a 1,5 billones (millones de millones) de dólares y el valor de mercado de Palantir supera los USD 418.000 millones.

El magnate tech e ideólogo libertario, que en abril pasado se reunió con el presidente Javier Milei y con el equipo económico que encabeza Luis Caputo, participará de un Foro en Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre. Titulado “Vientos de Cambio”, lo organiza la Fundación Libertad y Progreso, dirigida por el economista Agustín Etchebarne, y por parte del gobierno participarán, además de Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. El Foro se desarrollará en el Hotel Sheraton de Retiro y tiene como co-organizadores al Archbridge Institute y la revista Reason, de Estados Unidos.

Thiel predica un credo libertario, en materia de seguridad se alinea con la prédica industrial-militar de Trump y ha expresado que en las últimas décadas EEUU y Occidente se ocuparon mucho de los “bits” (esto es, del mundo digital) y poco de los “átomos”, el mundo material, la base física y productiva del mundo.

De hecho, la última creación empresaria de Thiel es General Matter (Materia General), que aspira a ser a la energía nuclear de EEUU algo así como General Motors lo fue a su industria automotriz, un gran impulsor, su combustible, a partir de la producción de HALEU (High Assay Low Enriched Uranium).

A mediados de 2025 General Matter recibió un aporte inicial de USD 50 millones de un fondo del Departamento de Energía de EEUU dotado de USD 2.700 millones, así como Palantir nació de In-Q-Tel, una incubadora de empresas de la CIA. Con la producción local de HALEU, EEUU aspira a reducir la dependencia de Rusia, de donde importa actualmente cerca del 35% del uranio para sus centrales nucleares.

La Inteligencia Artificial, el principal vector de desarrollo tecnológico mundial y clave en la carrera geopolítica entre Estados Unidos y China, reposa sobre una gigantesca demanda de energía. Vaca Muerta es, en ese sentido, otro ladrillo más de la construcción estratégica y de inversión de Thiel, en la construcción de una sólida “base material”, ahora asociado a Miguel Galuccio.

Tras presentar este jueves en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto Argentina LNG, que demandará un desembolso estimado de USD 51.000 millones, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que, con este proyecto, Argentina va a exportar a partir de 2031 “alrededor de USD 10.000 millones anuales durante 20 años”, es decir, un tercio de los USD 30.000 millones que se estiman para todas las exportaciones de la empresa en ese mismo plazo.

Marín relató: “Desde que llegamos a YPF y fuimos armando un proyecto todo técnico, estamos haciendo el financiamiento previo y esperamos firmar el compromiso final de inversión para fin de este año. A partir de 2027, empezaremos a avanzar con las obras”.

Detalló, en diálogo con Radio Mitre, que las obras incluyen una planta y pozos: “Hay que hacer más de 150 pozos para llegar al pico de producción y luego hay que continuar perforando hasta el 2050. Después hay que hacer una planta que es cuatro veces más grande que la planta más grande que ya hay en la Argentina, en Neuquén”.

“Luego hay que hacer el gasoducto más grande de Argentina, de 48 pulgadas, que es un diámetro de un metro veinte. Después tenemos que hacer un oleoducto paralelo al VMOS, una planta gigante de alrededor de 200 hectáreas y el puerto. Las plantas flotantes vienen del exterior”, explicó Marín.

“Río Negro va a cambiar de una manera exponencial. Este proyecto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, agregó.

Se añade una contratación estimada de USD 15.000 millones en bienes y servicios a proveedores nacionales, lo que impulsaría el desarrollo de la industria local y el resto de la cadena de valor energética del país.

“Este es un proyecto que, como es el financiamiento más grande que va a existir en Latinoamérica, es una combinación de ECAs, que son agencias de crédito a la exportación y dan una garantía. Estamos trabajando con SACE, de Italia, y Euler Hermes, de Alemania, porque vamos a venderle a Europa y posiblemente también a Asia”, precisó Marín.

“Hay mucho apetito por el proyecto. El proyecto es muy robusto y el RIGI lo hace extraordinario”, resaltó y remarcó que “esto es pura inversión extranjera”.

“El dinero para poder invertir en este proyecto, que en los primeros cuatro años es del orden de los USD 29.000 millones, es absolutamente inversión extranjera, porque a nosotros también nos prestan la plata bancos extranjeros. Nos prestan por la transformación de YPF, porque este proyecto está insertado en un cambio macroeconómico del gobierno extraordinario, porque hay un RIGI que da seguridad jurídica, seguridad cambiaria, seguridad contractual”, afirmó Marín.

El financiamiento del proyecto se estructura como el mayor esquema de project finance de América Latina. El desarrollo total demandará unos USD 51.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream. Del total, un 70% será cubierto mediante crédito internacional y el 30% restante, con aportes directos de los socios.

El foco inmediato está puesto en cerrar el financiamiento de la primera etapa, que requerirá USD 15.500 millones, con JP Morgan a cargo del diseño financiero. Según reveló Marín a Infobae, 47 bancos presentaron sus propuestas y el monto total ofrecido alcanzó 2,4 veces el financiamiento requerido.

Por otro lado, en cuanto al buffer de precios en los combustibles, aplicado a raíz del conflicto en Medio Oriente que llevó el barril de crudo por encima de los USD 100, Marín señaló: “La verdad que yo estoy muy contento porque creo que los privados en Argentina, sin ninguna intervención del estado, logramos pasar una crisis de precios y no generar ruido económico. Ayudamos a la gente a la gente de pie. Y, por el otro lado, no tomamos ninguna decisión que vaya en contra de nuestros accionistas, que son el Estado nacional y toda la gente que compra acciones. Nos falta un tiempo para recuperar la diferencia, por lo que van a seguir los precios estables”.

Ford destinará una inversión de USD 2.000 millones para transformar y modernizar su planta en Louisville, Kentucky, con el objetivo de fabricar desde 2027 la camioneta eléctrica Fathom.

Fox Business confirmó esta información a partir de fuentes de Ford. La compañía informó que la renovación de la fábrica de Louisville formó parte de una inversión total de USD 5.000 millones, un paquete que permitirá la creación de 4.000 empleos distribuidos entre la Louisville Assembly Plant y BlueOval Battery Park Michigan.

La planta de Kentucky, de casi 3 millones de m², se adaptará para operar bajo el Universal EV Production System, el sistema universal de producción de vehículos eléctricos desarrollado por la compañía.

Ford previó que la implementación de este sistema permitirá fabricar la Fathom un 40% más rápido que los modelos actuales de la planta.

La inversión y el cambio de sistema productivo

El plan contempló la construcción de prototipos con piezas listas para producción en el primer trimestre de 2027, y la fabricación comercial a gran escala quedó programada para el mismo año.

El ensamblaje de la nueva camioneta eléctrica se realizará por secciones para incrementar la velocidad de producción.

La Fathom, una camioneta mediana 100% eléctrica, se compondrá de tres grandes bloques: sección delantera, parte trasera y base para la batería. Este enfoque permite que los equipos trabajen simultáneamente en cada parte antes del ensamblaje final.

El rediseño incluyó el uso de grandes piezas de aluminio fundido para reemplazar decenas de componentes más pequeños, con el objetivo de reducir la cantidad de partes, facilitar el armado y acortar los tiempos de producción.

Automatización, conectividad y ergonomía en la planta

Kevin Young, jefe de manufactura para programas avanzados en Ford, destacó: “Este cambio representa un enfoque totalmente distinto. Los operarios pueden ver todo lo que tienen delante y ya no necesitan agacharse o estirarse para trabajar”, expresó a Fox Business.

La planta integrará nuevas soluciones de automatización y mejoras ergonómicas. Además, Ford casi triplicó los puntos de acceso wifi en la instalación (de 385 a 1.080), y señaló que la planta de Louisville contará con el mayor nivel de automatización en el ensamblaje final de todas sus fábricas globales.

Junto con la actualización tecnológica e infraestructural, los empleados recibieron capacitaciones en Michigan para dominar el nuevo proceso productivo. El sistema se diseñó para lograr un ensamblaje más simple y eficiente.

Bryce Currie, director de manufactura, puntualizó mejoras ergonómicas y arquitectónicas: “Disminuimos en un 84% el alcance que el operario debe hacer sobre el guardabarros. El arnés de cableado es ahora 4.000 pies más corto y pesa 22 libras menos que en nuestro SUV eléctrico anterior, lo que facilita la instalación”, precisó.

La reconversión que atravesará la planta de Kentucky tiene como meta principal preparar una instalación históricamente dedicada a la fabricación de modelos con motores de combustión para su nueva etapa orientada a la producción de vehículos eléctricos.

El cronograma proyectó el inicio de la producción de prototipos en los primeros meses de 2027, seguido por la fabricación comercial de la Fathom durante ese mismo año.

La revista británica The European distinguió a Puente Argentina con el premio “Best Investment Banking Company”. La distinción se entregó en el marco de los European Business Awards, el evento anual con el que la publicación premia a referentes del mercado de capitales a nivel global.

El presidente y principal accionista de la entidad, Federico Tomasevich, atribuyó el reconocimiento al enfoque de la firma: “En Puente nos enfocamos en aportar valor a nuestros clientes aplicando un modelo de atención diferencial, que se destaca por la personalización del servicio, la eficiencia y agilidad de la gestión, y la aplicación de los estándares más exigentes en cada transacción”.

Puente opera en gestión patrimonial y mercado de capitales con más de 110 años de trayectoria y presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y España. La entidad informó que acompaña a 35.000 clientes mediante sus unidades de Gestión Patrimonial, Corporate Finance, Sales & Trading y Asset Management.

“La imagen de que la industria es parte del problema de la Argentina, yo creo que es parte de la solución”, afirmó Kosacoff. Según su análisis, la Argentina se ubica entre los cinco países en desarrollo con una estructura productiva industrial altamente significativa. “Esto es una oportunidad. No significa desconocer que hay serias dificultades en el contexto industrial, pero existe una muy alta heterogeneidad y definitivamente la Argentina tiene para recuperar las fuentes de crecimiento, de incorporar a todas las actividades, a todos los sectores, rescatar sus activos productivos y a partir de esto darle algo fundamental, que ahora se vive con mucha fuerza: cómo se recupera el nivel de actividad, cómo se recupera el empleo, pero fundamentalmente cómo hay horizontes un poco más largos para recuperar un eje central del proceso de recuperación, que es el proceso de inversión, que está notablemente débil”.

Al analizar el cierre de industrias, Kosacoff respondió ante la estimación de tres mil plantas que cerrarían durante el año: “Nos está diciendo que hay dificultades, de eso no hay la menor duda. Pero al mismo tiempo no es necesario generalizar. Hay un desconocimiento muy grande de nuestra estructura productiva en general y hoy en día hay que tener un diagnóstico mucho más sofisticado y apuntalar a partir de las capacidades que tenemos para ver cómo se da el proceso de recuperación”.

En la entrevista se abordó el impacto de los cambios de reglas de juego sobre el entramado industrial, incluso para sectores que en algún momento se vieron beneficiados. Allí, Kosacoff explicó: “Hay que replantearse cuáles son los incentivos y las reglas de juego como para poder justamente integrar todas las actividades productivas. Hoy claramente hay un sector moderno de la Argentina que tiene una oportunidad espectacular y ya tiene una respuesta aprovechando todo su potencial y nos da un impacto muy fuerte sobre temas centrales que tuvo la economía argentina, como su capacidad de exportación y los procesos que se están dando en toda el área de minería, de energía, en particular el área de shale, de toda la bioeconomía, de algunos servicios basados en el conocimiento. Esto es muy bueno, pero esto no es suficiente. Inclusive, para que este sector tenga más viabilidad, más fuerza, tiene que lograr recomponer todos los ecosistemas productivos en donde están todos los encadenamientos con proveedores, con clientes, que pueden darle sustentabilidad en el largo plazo”.

Respecto a la historia reciente, Kosacoff analizó: “Antes de este gobierno hubo un conjunto de acciones muy fuertes en términos de apoyo a la producción industrial. Y esto se dio de una manera muy mal implementada. No se solucionaron los problemas estructurales de la industria en términos de superar sus problemas de productividad y de generar nuevos sectores dinámicos, sino a través de aprovechar un conjunto de instrumentos que se daban en forma muy discriminatoria”. Sobre los instrumentos de política industrial mal aplicados, detalló: “La administración del comercio con el CIRA, obtener créditos bancarios al 20 % con inflación del 120 %, sobrefacturar las importaciones para tener dólares baratos o acceder a dólares del Banco Central, que estaban a menos de la mitad de los dólares en el mercado. Esto fue negativo y le dio una pérdida de reputación muy fuerte al sector manufacturero”.

El economista remarcó que la estructura industrial argentina cuenta con unas treinta mil empresas sólidas y otras tantas pymes y firmas familiares. “Cuando uno ve cuánta fue la gente que se aprovechó de esos instrumentos, son menos de mil empresas. Que concentran el noventa y pico por ciento de todos esos instrumentos mal aplicados en nombre de la política industrial, pero que en definitiva estaban asociados a desequilibrios macroeconómicos y actitudes discriminatorias. El resto de la gente la pasó mal”, señaló. Y agregó: “No hubo un cambio de la estructura productiva en términos de que uno tiene una industria más fortalecida. Cuando se generaliza para el conjunto industrial, bueno, estas treinta mil empresas que no recibieron nada, en esa época también la pasaban con dificultades, porque no podían importar insumos, porque a su competidor le daban el acceso a una importación que él no tenía, con lo cual había una competencia desleal. Esto generó algo que hay que revertir”.

En cuanto a la evolución de la industria frente a la apertura comercial y la competencia internacional, Kosacoff subrayó la transformación global de los últimos años: “China hoy es 30 % de la producción mundial, tiene una política de apoyo absolutamente notable, y esa política es de apoyo a la producción, no al consumo, con lo cual tienen sobreproducción. Subsidia directamente a la producción con consumos que se reducen en China, con lo cual hay sobreproducción”. El impacto de este fenómeno en el mercado local es directo: “El señor que tiene que competir contra él tiene todas las condiciones de presión impositiva, salarios, etcétera. No cobrar aranceles para las importaciones de los courier o de las plataformas, bueno, eso se puede hacer y, al contrario, tiene un impacto fiscal positivo y, al mismo tiempo, una forma en la cual tengas competencias más leales”.

En referencia al tipo de cambio y los costos industriales, Kosacoff consideró: “El dólar que tenés en este momento es el dólar que vas a tener. Cuando ves en este momento que este año vas a tener casi treinta mil millones de dólares de superávit comercial, esto es inédito. Lo que más le complica al sector manufacturero es el cambio de precios relativos. Los bienes que compiten con el exterior crecieron en términos de precios la mitad que crecieron el conjunto de los precios”. Sobre los costos, detalló: “En la estructura de costos del señor tenés un incremento notable, no solamente de los precios de los servicios públicos, sino también de los servicios privados. Esto genera que una parte importante de los costos de la manufactura se va hoy en términos de un incremento brutal de costos y no podés trasladarlo vía precios porque tenés competencia con las importaciones”.

El deterioro de la infraestructura fue otro punto señalado: “Uno de los fracasos más grandes de la Argentina de los últimos años es el deterioro de toda la infraestructura, que es fundamental para hacer la producción”. Propuso recurrir a organismos multilaterales de crédito para financiar proyectos de infraestructura y destinar fondos nacionales a programas que impulsen la construcción y el desarrollo.

Consultado sobre el mercado laboral, Kosacoff advirtió: “Desde el 2011 hasta ahora no se creó un solo empleo privado formal más y la población creció el 15 %. La tasa de desocupación no es creciente. ¿Por qué? Porque toda esa gente va al sector informal. Esa salida al sector informal es un desastre en términos de una perspectiva de desarrollo económico”. Y aclaró: “No solamente porque esa gente no tenga protección o tenga menos salario, sino porque es totalmente distinto para la sociedad. Una persona que está trabajando, generando valor, está calificando ese recurso humano”.

Sobre el rol de las políticas públicas y la política industrial, Kosacoff sostuvo: “Este Gobierno tiene la política industrial más fuerte de las últimas décadas, que son el RIGI, pero llegan al sector moderno. Y ahí tenemos cosas notables y buenas, y hay que valorarlas. Y también tenemos cosas que uno piensa que se pueden hacer distinto. Una de ellas es cómo se ponen incentivos para hacer los encadenamientos y eslabonamientos y hacer bienes más sofisticados. Lo tercero, si se los diste a ellos, vos tenés un problema general, que la tasa de inversión de la Argentina es un desastre y sigue cayendo, y tenés que poner condiciones para el resto, no solamente para el sector moderno de la Argentina”.

En el cierre de la conversación, Kosacoff insistió: “Ojalá aparezca un ejercicio colectivo en donde tengan un mejor diagnóstico del potencial enorme que tiene la economía, no solamente en su sector moderno, que hay que valorarlo, no hay que criticarlo, pero eso no es suficiente. Y si no se atiende lo otro, la macro en el mediano plazo no va a ser sustentable”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

El sistema bancario panameño ostenta niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad que lo distinguen dentro de América Latina. Sin embargo, la capacidad de traducir esa solidez en un mayor financiamiento para el sector productivo continúa siendo el principal reto, de acuerdo con el último Informe Económico Ejecutivo Mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Durante el primer semestre de 2026, los bancos del país han reportado una expansión continua de activos, depósitos e inversiones.

El sistema bancario nacional exhibe una liquidez de 56.86% y un índice de adecuación de capital del 16.04%, ambos muy superiores a los requisitos regulatorios locales.

A pesar de este respaldo financiero, el crédito otorgado al sector real apenas creció: la cartera interna subió 1.26% interanual y el financiamiento al sector privado, solo 0.58%.

El informe señala que, aunque los números de liquidez y capital son excepcionales, el verdadero desafío radica en impulsar el flujo de crédito hacia sectores como la innovación, la construcción, la industria y la agricultura, que muestran signos de menor dinamismo.

Esta situación plantea dudas sobre la capacidad del sistema para apoyar plenamente el desarrollo económico sostenible.

En junio de 2026 se produjo un giro alentador cuando las nuevas colocaciones de crédito aumentaron 44.07% respecto al año anterior, alcanzando el nivel mensual más elevado desde que existe registro estadístico comparable.

Esta mejora revirtió la tendencia negativa del primer semestre, que pasó de una caída acumulada de 7.08% hasta mayo a un crecimiento de 0.70% en junio.

Sin embargo, la APEDE advierte que se debe esperar para confirmar si este repunte logrará sostenerse y abarcar más ramas productivas.

La situación actual lleva a los especialistas a preguntarse: ¿por qué, pese a la fortaleza del sistema, el crédito productivo crece tan lentamente?

La respuesta está en la combinación de cautela bancaria, desafíos estructurales en sectores tradicionales y la necesidad de adaptar la intermediación financiera a las nuevas demandas de la economía panameña.

El presidente de APEDE, Alberto López Tom, sostiene que la estabilidad financiera alcanzada debe convertirse en un vehículo para acelerar el desarrollo nacional.

En sus palabras: “Panamá cuenta con un sistema bancario sólido, líquido y confiable. Ahora el siguiente paso es lograr que esa fortaleza se traduzca en más y mejor financiamiento para que las empresas generen inversión, innovación y empleo”.

El informe de APEDE subraya que el sistema financiero resulta esencial no solo por su función de intermediación, sino también como soporte de sectores como logística, comercio y vivienda.

Las actividades financieras y de seguros aportan cerca del 6% del Producto Interno Bruto y el empleo en este sector alcanzó en 2025 uno de sus máximos históricos, con cerca de 50 mil trabajadores.

Entre las sugerencias para dinamizar el sistema, la APEDE recomienda avanzar hacia una digitalización integral de procesos, mejorar la evaluación crediticia mediante nuevas fuentes de información, formalizar el empleo informal y crear más instrumentos de financiamiento para micro y pequeñas empresas.

Además, plantea la necesidad de una mejor articulación entre banca, mercado de valores y organismos multilaterales.

Estas estrategias buscan canalizar una mayor proporción de la liquidez bancaria hacia proyectos productivos, estimulando la inversión privada y la creación de empleo formal.

Según el análisis, solo así podrá el sistema financiero panameño cumplir plenamente su misión de motor del desarrollo económico y social del país.

El documento forma parte de la serie de reportes económicos ejecutivos de la APEDE, cuyo objetivo es aportar análisis fundamentados para enriquecer el debate público y contribuir a la formulación de políticas que fortalezcan la competitividad y el crecimiento de Panamá.

Madrid ha entrado en el grupo de las 25 ciudades que, según el informe The cities shaping the future, elaborado por Oliver Wyman Forum, están llamadas a desempeñar un papel destacado en la economía mundial. La capital española es la única ciudad de España presente en este ‘top 25’ global y una de las cinco representantes europeas de la clasificación, elaborada a partir del análisis de 1.500 ciudades internacionales.

El estudio analiza más de 50 indicadores para evaluar la posición de las ciudades y se centra en aquellas localidades que, en conjunto, son responsables de más del 75% del producto interior bruto (PIB) mundial. Madrid destaca especialmente por su fortaleza económica y empresarial, un factor que la sitúa entre las grandes capitales internacionales con mayor capacidad para concentrar actividad y atraer inversión.

Uno de los datos más relevantes del informe es su posición en el índice de dinamismo comercial. Madrid ocupa el puesto 20 a escala mundial y se sitúa como la tercera ciudad europea en esta categoría, únicamente por detrás de Londres y Berlín. En el conjunto de la clasificación internacional queda por detrás de grandes centros económicos como Tokio, Nueva York y Seúl.

Madrid destaca por su músculo empresarial

Para medir el dinamismo comercial, Oliver Wyman Forum tiene en cuenta variables como la densidad de sedes corporativas, la presencia de multinacionales, el tamaño del mercado, el crecimiento de la población durante los últimos cinco años y la dimensión económica de cada ciudad, según recoge Europa Press.

La posición de Madrid refleja así una combinación de factores que va más allá de su condición de capital política. El tamaño de su mercado, su capacidad para atraer empresas y el crecimiento demográfico reciente contribuyen a reforzar su papel como uno de los principales centros económicos europeos.

El resultado adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las grandes ciudades compiten por atraer inversión, compañías y trabajadores cualificados. El informe apunta a una concentración cada vez mayor de actividad comercial, inversión y conectividad en determinados núcleos urbanos, al mismo tiempo que aparecen nuevos polos de crecimiento en Asia y Oriente Medio.

La tecnología y la conectividad marcan diferencias

La clasificación también muestra las enormes diferencias que existen entre las ciudades según el ámbito analizado. En conectividad aérea, marítima y por carretera, Shanghai ocupa la primera posición, seguida de Tokio y Hong Kong. En Europa, las ciudades mejor situadas son Londres, Frankfurt, París y Ámsterdam.

El liderazgo tecnológico corresponde a San Francisco, en una clasificación dominada por ciudades estadounidenses y asiáticas. En este caso, Londres es la única ciudad europea que aparece entre las cinco primeras del mundo.

La preparación frente al cambio climático ofrece, en cambio, un mapa diferente. Berna, Gotemburgo y Oslo encabezan el índice de resiliencia medioambiental, con una clara presencia de ciudades del norte de Europa. El sur del continente no consigue colocar ninguna ciudad en las primeras posiciones de esta categoría.

Claves para las ciudades del futuro

A partir de los resultados, Oliver Wyman Forum identifica cinco grandes tendencias que marcarán la competitividad urbana durante los próximos años. Las ciudades que ya ocupan posiciones de liderazgo están consolidando su ventaja gracias a la concentración de actividad económica, inversión y conectividad.

Al mismo tiempo, los mercados emergentes adquieren mayor protagonismo en las cadenas globales de suministro, impulsados en parte por el fenómeno del nearshoring -trasladar servicios o procesos a ubicaciones cercanas geográficamente-. Las ciudades medianas también ganan atractivo gracias a unos costes más reducidos, nuevas oportunidades industriales y un acceso a la vivienda potencialmente más favorable.

La innovación y el talento aparecen como otros dos elementos decisivos. Las ciudades con ecosistemas tecnológicos desarrollados, universidades de referencia y políticas capaces de atraer profesionales cualificados parten con ventaja. A ellos se suma un factor que, según el estudio, será cada vez más importante: la resiliencia climática.

Las ciudades que inviertan en adaptación al cambio climático no solo estarán mejor preparadas para afrontar sus efectos, sino que podrán convertir esa capacidad en una ventaja para atraer empresas y talento.

Barcelona, entre los grandes polos emergentes

Barcelona también ocupa una posición destacada en el informe, aunque desde un perfil diferente al de Madrid. La capital catalana figura entre las 20 primeras ciudades del mundo y entra en el ‘top 5’ europeo tanto como centro empresarial emergente como por su capacidad para atraer talento internacional.

Su ecosistema de startups, la presencia consolidada de multinacionales y su capacidad para captar profesionales especializados explican parte de esta posición. El informe también destaca la llegada de nuevas inversiones a sectores como el automóvil, la química y las energías renovables.

Este comportamiento se produce además en un momento en el que Europa trata de recuperar capacidad industrial, reforzar su autonomía económica y aumentar su inversión en sectores estratégicos.

En sus conclusiones, Oliver Wyman Forum resume el reto para las ciudades líderes: “serán aquellas capaces de combinar fortaleza económica con capacidad de innovación, adaptación climática y atracción de talento”.

La consultora plantea también una estrategia para las empresas. Para los líderes empresariales, la clave está en “construir una cartera diversificada de localizaciones que combine presencia en ‘hubs’ globales consolidados con apuestas en ciudades medianas emergentes”.

Para los gobiernos locales y nacionales, la competición será todavía más amplia. El informe advierte de que la batalla por atraer inversión y trabajadores cualificados “se juega ahora en frentes que van más allá de la fiscalidad o las infraestructuras, como la tecnología y la resiliencia climática”.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) cuenta con inversiones programadas por el orden de los $5,673,191 para este año, $6,013,582 para 2027, $6,374,397 para 2028 y $6,686,743 para el 2029.

Estos datos indican que hay un compromiso financiero sostenido para la discapacidad y que el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad se inserta en un marco de inversión pública de mediano plazo.

Sin embargo, el documento no detalla la distribución interna de estos recursos por proyecto o línea de acción, lo que plantea la necesidad de un seguimiento más específico para saber qué proporción se destina a accesibilidad, educación inclusiva, vida independiente, sensibilización y otros componentes del plan.

Aunque la información disponible sobre el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad no profundiza en los mecanismos de monitoreo y evaluación, el uso de datos como los de la encuesta ENDIS-2 sugiere que la política de discapacidad en Panamá está comenzando a apoyarse en evidencia estadística para orientarse y evaluarse.

La ENDIS-2 reveló que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en el país, un dato que permite dimensionar la magnitud del desafío y que puede servir como línea de base para medir la eficacia del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad.

La existencia de encuestas como la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad y la ENDIS-2 indica que hay esfuerzos por generar información específica sobre discapacidad.

La experiencia en políticas sociales muestra que la existencia de planes estratégicos, leyes y compromisos internacionales no garantiza automáticamente la transformación de la realidad, especialmente cuando se enfrenta a limitaciones presupuestarias, resistencias culturales y déficits institucionales.

El Plan Estratégico Nacional de Discapacidad, al incluir elementos como educación inclusiva, accesibilidad universal, vida independiente y sensibilización, abarca áreas donde los cambios implican modificaciones profundas en estructuras y actitudes, que no se logran únicamente con declaraciones.

Panamá ha ido construyendo su política pública de discapacidad, especialmente a partir de la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Esta ley, reformada significativamente en 2016, marcó un cambio en la concepción de la discapacidad, pasando de un enfoque asistencial hacia un enfoque más cercano a los derechos humanos, en el que el Estado reconoce la obligación de eliminar barreras y garantizar condiciones de igualdad material y no solo formal.

Las reformas reforzaron disposiciones en ámbitos clave como la educación, el acceso a servicios y ciertos mecanismos de acción afirmativa, entre ellos exoneraciones parciales de matrícula para personas con discapacidad en instituciones estatales, lo que refleja un intento de reducir obstáculos económicos que limitan el ejercicio del derecho a la educación.

En mayo de 2025 un anteproyecto de presupuesto por $13 millones fue aprobado por la junta directiva de la Senadis para la vigencia 2026. El presupuesto, según se dijo en su momento, cubriría rubros y proyectos dirigidos a promover la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.

En el país aproximadamente el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa un grupo significativo de ciudadanos que enfrentan diversas barreras en áreas como educación, empleo, salud, accesibilidad y participación social, entre otras.

La creación de comités técnicos asesores en 14 municipios del país y la implementación de un plan piloto del Plan Nacional de Accesibilidad Universal en dos comunidades, destacan entre los proyectos de inversión.

También se contempla desarrollar capacitaciones sobre accesibilidad universal dirigidas a los gobiernos locales en las comarcas indígenas Guna Yala, Guna de Madugandí, Guna de Wargandí, Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé.

Aunque pagar con tarjeta de crédito tiene mala fama entre quienes la asocian automáticamente con deudas e intereses, la experta en finanzas Natalia Lara argumenta que ese rechazo confunde el producto con el uso que se le da. Detrás de esa disyuntiva hay décadas de educación financiera deficiente, miedos al endeudamiento y una confusión persistente entre el instrumento y el hábito que lo acompaña.

Una tarjeta de débito es la extensión digital de la cuenta bancaria: cada compra descuenta el saldo disponible de forma inmediata. Una tarjeta de crédito, en cambio, utiliza dinero prestado por el banco hasta un límite fijado, con la obligación de devolverlo con o sin intereses según cómo se gestione el pago.

Esa diferencia de origen determina casi todo lo demás: el impacto en el historial crediticio, el nivel de protección ante fraudes y los beneficios adicionales que cada producto ofrece.

El método: gastar como si fuera débito

La experta en finanzas Natalia Lara propone una solución que invierte la lógica habitual: no se trata de elegir la tarjeta correcta, sino de usarla de forma deliberadamente distinta a su diseño. “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”, sostuvo.

La mecánica concreta parte de dos reglas: comprar únicamente lo presupuestado de antemano e ir pagando cada gasto en cuanto aparece, sin esperar al resumen mensual. Para que ese sistema funcione sin fricción, la tarjeta debe estar vinculada a la cuenta habitual, de modo que los pagos inmediatos no dependan de transferencias manuales ni de recordatorios.

Por qué el débito no es equivalente

Usar solo débito tiene un coste invisible que muchos consumidores ignoran. Las transacciones con esa tarjeta no generan historial crediticio porque no implican ningún préstamo que el sistema pueda registrar. Esa invisibilidad puede encarecer o directamente impedir el acceso a hipotecas y préstamos en el futuro.

Los programas de recompensas son otra diferencia práctica. Algunas tarjetas de crédito ofrecen hasta un 4% de reembolso en categorías concretas de gasto, además de seguros de viaje o extensión de garantías, beneficios que las de débito raramente replican.

La ventaja menos obvia: el fraude

“Si te la clonan o te la roban, reclamar un cargo de crédito es mucho más sencillo que recuperar el dinero que ya ha salido de tu cuenta de débito”, advirtió Lara.

La diferencia es importante. Con un cargo no autorizado en crédito, el dinero del titular nunca llega a moverse: el banco investiga mientras el saldo permanece intacto. Con el débito, el dinero ya ha salido de la cuenta y su recuperación puede tardar días, con el riesgo añadido de que domiciliaciones y pagos programados queden sin fondos en ese intervalo.

La única variable que importa

“Construyes historial crediticio, sacas los beneficios que trae la tarjeta y nunca le debes un euro al banco”, resumió Lara sobre las ventajas del método.

La experta subrayó que adoptar este enfoque no altera el presupuesto mensual en absoluto. “El coste de tu vida va a ser exactamente el mismo”, señaló. El único factor diferencial, en su análisis, no es técnico ni financiero: “La diferencia es la disciplina con la que la vas a usar”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.

El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.

Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.

Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.

El costo de los conflictos en Bolivia

Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.

El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.

(Con información de Associated Press)

La región atlántica de la provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso de expansión urbana y productiva que exige una infraestructura de gas natural capaz de acompañar ese ritmo. En ese contexto se enmarca una nueva etapa de obras sobre el sistema de transporte y distribución que abastece a decenas de localidades bonaerenses.

Camuzzi anunció una inversión superior a los USD 6 millones destinada a finalizar las obras pendientes sobre la Planta Compresora Las Armas. Se trata de una infraestructura clave para el sistema de distribución de gas natural que abastece a 40 localidades bonaerenses de la zona atlántica.

La planta está compuesta por dos equipos motocompresores, con una potencia de 2.400 HP cada uno. Su puesta en funcionamiento permitirá incrementar las condiciones operativas sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, optimizando la capacidad de transporte del sistema.

Un plan de obras más amplio

La finalización de la Planta Compresora Las Armas se inscribe dentro de un plan de repotenciación integral del sistema de transporte y distribución de gas natural que Camuzzi viene desarrollando en la región. Ese plan contempló, además del desarrollo de la planta, otras tres intervenciones sobre la red.

Por un lado, detalló la compañía, se ejecutó un refuerzo en el Gasoducto de la Costa. Por otro, se realizó un refuerzo sobre el ramal de alimentación a la localidad de Balcarce. A eso se sumó la interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión La Invernada y El Tejado, que alimentan a la ciudad de Mar del Plata.

Estas tres obras ya fueron concluidas. Sin embargo, para que el sistema funcione en plena capacidad, resulta necesaria la finalización de la Planta Compresora Las Armas, que es la pieza que todavía está pendiente dentro de ese esquema de repotenciación.

Capacidad de transporte

El objetivo central de la obra apunta a generar las condiciones necesarias para acompañar el crecimiento residencial, comercial e industrial de una amplia región bonaerense. La ampliación de la capacidad de transporte sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata busca dar respuesta a una demanda que crece a la par de la expansión urbana en las localidades atlánticas.

La disponibilidad de gas natural condiciona el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios y empresariales en cualquier región del país. Por eso, la repotenciación del sistema que alimenta a la zona atlántica bonaerense busca despejar ese cuello de botella y habilitar un margen de crecimiento mayor al que existe en la actualidad.

Cronograma de obras

Las obras sobre la Planta Compresora Las Armas se iniciarán en el corto plazo. Según el cronograma difundido por la empresa, estarán culminadas antes del invierno de 2027, de manera que el sistema pueda operar con la capacidad ampliada durante la temporada de mayor demanda de gas natural.

La región atlántica bonaerense, que combina un fuerte componente turístico con un crecimiento sostenido de la población estable, depende en gran medida de la robustez de este sistema de transporte y distribución. Las 40 localidades abastecidas por la red que integra la Planta Compresora Las Armas abarcan tanto centros urbanos consolidados como zonas de expansión más reciente.

Con la incorporación plena de los dos equipos motocompresores de 2.400 HP, el sistema quedará en condiciones de sostener niveles de transporte más altos sobre el Gasoducto de la Costa y el Gasoducto Tandil-Mar del Plata, dos de las arterias principales que abastecen de gas natural a la costa atlántica bonaerense.

En paralelo, Camuzzi trabaja en el mantenimiento de un sistema de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución que superan los 50.000 km lineales de extensión en diferentes puntos del país. Cabe recordar, que la compañía abastece a más de 2.200.000 de usuarios de siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinará ₡228 mil millones (USD 506 millones) durante 2026 para la compra de medicamentos, incluidos tratamientos de alta complejidad, como parte de una estrategia que busca garantizar el abastecimiento oportuno en hospitales, clínicas y demás establecimientos de la red pública de salud.

La inversión pretende asegurar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que requieren y evitar que la falta de estos productos afecte la continuidad de procedimientos médicos, cirugías o tratamientos.

El monto forma parte del Programa Institucional de Compras de la CCSS, mediante el cual la Gerencia de Logística desarrolla mecanismos de planificación, consolidación de compras y negociación con proveedores para mejorar las condiciones de adquisición.

Para Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, el proceso de compra de medicamentos no debe medirse únicamente por el monto invertido, sino por el impacto que esos recursos tienen en la atención de los pacientes.

“El esfuerzo no termina con la compra de los medicamentos. Buscamos que esa inversión tenga un impacto real en la salud de las personas mediante su uso adecuado. Solo en 2026 la CCSS destina ₡228 mil millones a la compra de medicamentos, muchos de ellos de alta complejidad”, señaló Vega.

La institución sostiene que garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos es fundamental para mantener la continuidad de los servicios y evitar que los pacientes tengan que enfrentar retrasos en sus tratamientos o procedimientos.

Buscan evitar atrasos en cirugías y tratamientos

Uno de los objetivos de la estrategia de compras es evitar que un procedimiento médico tenga que ser suspendido o reprogramado debido a la falta de un medicamento, insumo o dispositivo necesario.

“No queremos que un paciente que ha esperado un prolongado tiempo para una cirugía tenga que reprogramarla porque no tenía el medicamento, el insumo o el dispositivo necesario. Una compra pública efectiva, eficiente y oportuna salvaguarda el derecho a la salud de nuestros asegurados”, afirmó el gerente de Logística.

La planificación de las adquisiciones busca anticipar las necesidades de los establecimientos de salud y mantener un flujo adecuado de productos en la red.

Para ello, la Gerencia de Logística utiliza mecanismos de compra consolidada, mediante los cuales se agrupan las necesidades institucionales con el objetivo de obtener mejores condiciones de adquisición.

La estrategia adquiere especial relevancia en el caso de los medicamentos de alto costo y alta complejidad, debido al impacto que representan sobre el presupuesto institucional.

La CCSS señala que las negociaciones y mecanismos utilizados para este tipo de productos han permitido generar importantes ahorros sin dejar de ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos.

Ahorros por $117,2 millones

Entre 2021 y 2025, las estrategias de compra implementadas por la institución permitieron acumular ahorros por $117,2 millones.

De acuerdo con la CCSS, estos recursos fortalecen la sostenibilidad financiera de la institución y permiten ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos innovadores y de alto costo.

La lógica detrás de estas estrategias consiste en utilizar el poder de compra de la institución para negociar mejores condiciones y aprovechar economías de escala.

En lugar de realizar adquisiciones de manera fragmentada, la consolidación de la demanda permite que la CCSS negocie mayores volúmenes y busque condiciones más favorables para los recursos públicos.

El objetivo es que los recursos liberados mediante estos ahorros puedan utilizarse para atender otras necesidades de la población asegurada.

“El objetivo es que el paciente tenga el medicamento cuando lo necesite. Los ahorros obtenidos nos permiten ampliar la cobertura, incorporar innovación y garantizar un acceso oportuno que marque una diferencia en la evolución de la enfermedad”, concluyó Vega.

Medicamentos de alta complejidad

Una parte importante de la inversión corresponde a medicamentos utilizados para atender enfermedades que requieren tratamientos especializados y que pueden representar un costo elevado para el sistema de salud.

La CCSS busca que los procesos de compra permitan mantener disponibles estos tratamientos dentro de la red de servicios, al tiempo que se controlan los costos asociados con su adquisición.

El desafío consiste en equilibrar dos necesidades: garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores y, al mismo tiempo, administrar de manera responsable los recursos públicos destinados al sistema sanitario.

La institución asegura que las estrategias de negociación y planificación permiten ampliar las posibilidades de cobertura y mantener la sostenibilidad financiera.

La compra de medicamentos constituye uno de los componentes fundamentales para garantizar la atención médica de la población asegurada. Una interrupción en el abastecimiento puede repercutir directamente en tratamientos, consultas, hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos.

Por esa razón, la CCSS plantea la planificación de las adquisiciones como una herramienta para anticipar las necesidades de los centros médicos y reducir el riesgo de faltantes.

Las acciones de SpaceX experimentaron una notable recuperación al situarse en torno a los USD 136,20 en las operaciones previas a la apertura de la bolsa este lunes, superando por primera vez desde principios de agosto el precio de salida a bolsa de 135 dólares.

Este avance cercano al 2,3 % respecto al cierre del viernes refleja el impacto de varios factores positivos, entre los que destacan una mejora en la calificación por parte de analistas, la ausencia de una venta masiva de acciones por parte de insiders y el anuncio de una inversión millonaria conjunta con Tesla en el desarrollo de semiconductores en Texas.

A pesar de la reciente volatilidad, la empresa mantiene el interés de los inversores minoristas, especialmente por sus proyectos ligados a la inteligencia artificial, aunque persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de su crecimiento y la reacción ante nuevos datos macroeconómicos.

Recuperación bursátil de SpaceX tras la caída

La cotización de SpaceX logró superar el nivel de los 135 dólares fijado como precio de salida a bolsa el pasado 12 de junio, después de un periodo en el que la acción sufrió una marcada corrección tras su debut.

En su primera jornada en el mercado, la acción abrió a 150 dólares y llegó a alcanzar un máximo intradía de 225,64 dólares cuatro días después, antes de iniciar una tendencia descendente que llevó el precio hasta un mínimo de 108,27 dólares.

Durante la última semana, la acción mostró un comportamiento positivo, cerrando el viernes a 133,11 dólares. Este valor representó una ganancia semanal del 22,8 % respecto al mínimo registrado el 31 de julio, cuando la acción cerró en 108,37 dólares. El viernes aportó el mayor salto diario desde el debut bursátil, con una subida del 15,83 %.

La recuperación fue impulsada por tres factores principales. En primer lugar, Argus Research elevó la calificación de SpaceX a “Compra” y estableció un precio objetivo de 160 dólares, lo que implica una subida potencial de aproximadamente el 17 % respecto a los niveles previos a la apertura de este lunes.

En segundo lugar, la temida oleada de ventas de acciones por parte de insiders, tras habilitarse la disponibilidad para la venta de 911,5 millones de títulos el 6 de agosto, no se concretó como muchos anticipaban. Entre jueves y viernes se negociaron aproximadamente 497 millones de acciones, es decir, el 54,6 % del bloque desbloqueado, pero el valor se mantuvo firme y subió un 6 % el jueves.

El tercer elemento fue el anuncio conjunto de SpaceX y Tesla sobre la construcción del complejo de semiconductores “Terafab” en el condado de Grimes, Texas. Con una inversión inicial de 16.800 millones de dólares y un potencial de alcanzar los 119.000 millones a lo largo de varias etapas, esta iniciativa fue difundida por TechCrunch y marca un hito en el sector industrial y tecnológico estadounidense.

Impacto de la planta Terafab en Texas y su papel en la estrategia de SpaceX

La construcción de Terafab está proyectada con una capacidad anual de un teravatio de cómputo y prevé la creación de al menos 3.000 puestos de trabajo. Esta nueva planta representa un cambio estratégico en la narrativa de SpaceX, que ahora es percibida por los inversores minoristas como una empresa transformadora en el ámbito de la IA, más allá de sus actividades tradicionales en exploración espacial.

Vanda Research señaló que los inversores minoristas mantienen la visión de SpaceX como una historia vinculada a la inteligencia artificial, diferenciándola de otras compañías del sector aeroespacial y de viajes interplanetarios.

Este cambio en la percepción ha sostenido la demanda de acciones, especialmente tras la noticia de la nueva planta y el potencial que supone para el desarrollo de capacidades tecnológicas de alta escala.

Resultados financieros y desafíos de la inversión en IA

El último informe trimestral presentado por SpaceX el 4 de agosto mostró ingresos por 7.814 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 92 % y superó las estimaciones de Wall Street. Además, Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía, alcanzó la cifra de 12 millones de suscriptores activos.

No obstante, la estrategia orientada a la inteligencia artificial implica desafíos financieros relevantes. Durante el segundo trimestre de 2026, las inversiones de capital dedicadas a inteligencia artificial alcanzaron los 15.830 millones de dólares, elevando el gasto total de capital a 18.400 millones en el periodo. Esta cifra generó dudas entre analistas especializados en la generación de caja a corto plazo, quienes pusieron el foco en la sostenibilidad de estos desembolsos.

En la presentación de resultados, Elon Musk afirmó: “estamos construyendo capacidad de cómputo de IA a escala más rápido que nadie, creemos, y estamos mejorando significativamente nuestros modelos de IA”.

Aunque SpaceX logró superar su precio de salida a bolsa, la volatilidad parece lejos de disiparse. Carolane de Palmas, analista de mercado de ActivTrades, consideró que “incluso sin ventas masivas, el aumento de acciones disponibles probablemente mantendrá la volatilidad elevada”. Cabe señalar que esta declaración fue recogida por Ámbito.

En un contexto donde las herramientas digitales ocupan un lugar cada vez más relevante en la administración de las finanzas personales, las billeteras virtuales amplían sus servicios para responder a nuevas necesidades. La posibilidad de centralizar distintas operaciones en un mismo espacio busca simplificar la relación cotidiana con el dinero.

En ese escenario, Personal Pay amplía su ecosistema de servicios para acompañar las distintas necesidades de sus clientes. La plataforma suma nuevas alternativas vinculadas con la gestión financiera, con propuestas que buscan integrar operaciones cotidianas y herramientas de ahorro en una misma experiencia.

A partir de esta tendencia, la aplicación incorpora la compra y venta de dólar MEP entre sus funcionalidades. Se trata de la posibilidad para acceder a moneda extranjera directamente desde la misma app que se utiliza a diario para diversas operaciones financieras habituales.

Una nueva opción para operar dólar MEP

Con esta incorporación, Personal Pay se introduce en el segmento de compra y venta de valores negociables. Presenta un instrumento que permite realizar la operación desde la app, sin necesidad de recurrir a otra plataforma.

Cabe destacar que la apertura de la cuenta comitente no tiene costo. Para comenzar a utilizar la funcionalidad, los usuarios deben aceptar los términos y condiciones junto con la declaración jurada correspondiente a la venta de valores negociables contra moneda extranjera.

Luego, la aplicación solicita una verificación de identidad mediante datos biométricos. Una vez aprobada esta instancia, es posible avanzar con las operaciones de compra y venta de dólar MEP.

La operatoria se integra a la experiencia habitual de Personal Pay, donde también se pueden realizar transferencias, pagos de servicios, gestionar una tarjeta prepaga y acceder a otras soluciones financieras. De esta manera, la nueva función amplía las alternativas disponibles para administrar el dinero desde un único espacio digital.

Cómo comprar dólares desde Personal Pay

Para comenzar, es necesario ingresar a la opción “Dólar MEP” o a la sección “Inversiones” desde la pantalla principal de la aplicación. Allí se puede seleccionar el monto en pesos destinado a la operación o indicar la cantidad de dólares que se desea adquirir.

A continuación, los pesos correspondientes se debitan automáticamente del saldo disponible en la cuenta. Antes de finalizar, la persona deberá confirmar la compra y aceptar la declaración jurada asociada a la transacción.

Una vez completado el proceso, el dinero se acredita en la cuenta en dólares generada dentro de la aplicación. La cotización está visible de manera permanente en la pantalla para facilitar el seguimiento del instrumento.

Otro aspecto que resaltan desde Personal Pay tiene que ver con que esta función se encuentra disponible durante los días hábiles y dentro del horario de funcionamiento del mercado.

Una propuesta que amplía las opciones de inversión

Si bien esta billetera virtual ya contaba con alternativas como préstamos personales, cuenta remunerada, tarjeta prepaga y beneficios exclusivos, ahora incorpora otro servicio muy solicitado: el acceso al dólar MEP.

La propuesta apunta a reunir distintas herramientas en una única aplicación, con una experiencia orientada a facilitar las operaciones vinculadas al dinero. En ese sentido, la incorporación de moneda extranjera extiende su alcance hacia nuevas necesidades de ahorro e inversión.

Con más de 5 millones de clientes, esta plataforma forma parte de la estrategia de servicios digitales de Personal y busca ofrecer soluciones que acompañen diferentes momentos de la administración financiera.

Así, la nueva funcionalidad amplía el abanico de posibilidades disponible en la billetera y permite que una operación vinculada al ahorro en divisa norteamericana pueda gestionarse desde el mismo entorno utilizado para las finanzas cotidianas. El objetivo es ofrecer una experiencia simple y clara, con nuevas herramientas para acompañar a los usuarios.

La economía argentina enfrenta una situación en la que los niveles de mora y cheques rechazados permanecen elevados, a pesar de ciertas señales de estabilización financiera. Estos indicadores revelan que la falta de recuperación del crédito sigue afectando la actividad productiva y la cadena de pagos, especialmente entre empresas que operan con márgenes ajustados y liquidez limitada.

Según un informe de Fidelitas, en junio la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos aumentó 6,6% respecto del mes anterior y la tendencia se mantiene en torno a las 80.000 unidades mensuales, un volumen que evidencia las dificultades de liquidez dentro del entramado productivo. Esta cifra, que se sitúa en un nivel históricamente alto, afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que encuentran cada vez más restricciones para acceder a financiamiento y sostener su capital de trabajo.

El informe señaló que la mora empresarial continúa en niveles elevados, lo que agrava la presión sobre la cadena de pagos. Aunque el número de deudores en mora descendió 4,9% en junio tras el máximo histórico de mayo, Fidelitas advirtió que no se puede interpretar este retroceso como un cambio de tendencia consolidado. Tanto las empresas como las familias operan bajo condiciones de financiamiento costosas, en un contexto donde el mercado crediticio permanece restringido.

El SERF, el indicador sintético desarrollado por la firma para medir el nivel de riesgo económico y comercial de la Argentina, registró en junio una mejora de 2,7 puntos porcentuales. Este avance se explica principalmente por variables financieras, como una desaceleración de la inflación y una reducción en la presión sobre el riesgo país. Sin embargo, la economía real no logra acompañar estos progresos. El reporte apuntó que el índice se mantiene dentro de la categoría de “Señales Mixtas”, apenas 0,6 puntos por encima del umbral de “Riesgo Elevado”, lo que indica que la recuperación no se extendió al conjunto de la actividad productiva.

Félix El Idd, CEO de Fidelitas, sostuvo que “la mejora del SERF muestra que algunas variables macroeconómicas comienzan a ordenarse, pero la economía real todavía transita un escenario muy exigente. Los cheques rechazados siguen en niveles récord, la mora empresarial continúa elevada y el crédito permanece restringido. Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad”.

El documento subrayó que la cadena de pagos actúa como uno de los principales termómetros de la coyuntura. El incremento de los cheques rechazados refleja, en ese sentido, las dificultades de las empresas para sostener su operatoria diaria en un entorno de tasas de interés elevadas y escasa liquidez. Esta situación limita la capacidad de financiamiento, posterga decisiones de inversión y afecta la creación de empleo.

En cuanto a la mora, de acuerdo a Fidelitas, el descenso observado en junio respecto del pico de mayo no resulta suficiente para modificar el diagnóstico. El informe puntualizó que el elevado spread entre tasas activas y pasivas dificulta el desarrollo de un mercado de crédito más profundo y accesible, tanto para empresas como para consumidores. La persistencia de este fenómeno restringe el flujo de recursos y ralentiza la potencial recuperación del consumo y la inversión.

La evaluación de la compañía para el segundo semestre planteó que la evolución de la morosidad será una de las variables determinantes para consolidar la recuperación del sistema financiero. “Una reducción sostenida de la mora permitiría liberar recursos hoy inmovilizados por riesgo crediticio, favorecer una baja gradual de las tasas de interés y reactivar el financiamiento para empresas y consumidores”, explicó el informe. Mientras tanto, la fortaleza de la cadena de pagos continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía argentina.

El análisis concluyó que, pese a la estabilización de algunas variables financieras, la actividad productiva y el crédito mantienen un ritmo débil. El Idd, sintetizó: “Hasta que esas variables no comiencen a normalizarse, será difícil hablar de una recuperación sostenida de la actividad”. Las perspectivas para los próximos meses estarán atadas a la evolución de la mora y a la capacidad del sistema financiero para recuperar dinamismo en el crédito.

Fujimori también respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales sobre el uso de plástico y agua por parte de la empresa. Según explicó, Coca-Cola cuenta con programas de reciclaje y parte de sus envases incorpora material reutilizado. Sobre el recurso hídrico, señaló que la planta visitada se encuentra cerca del mar y que la compañía utiliza agua del subsuelo y cuenta con plantas desalinizadoras.

Sin embargo, el debate sobre el impacto ambiental de Coca-Cola no es nuevo y registra antecedentes en otros países, donde comunidades y organizaciones han cuestionado el volumen de agua utilizado por sus operaciones.

Keiko Fujimori destaca inversión de Coca-Cola y responde a cuestionamientos

Durante la transmisión en vivo posterior, Fujimori abordó directamente algunos de los comentarios que había recibido sobre Coca-Cola, particularmente los relacionados con el plástico y el agua.

“Esta empresa tiene un gran programa de reciclaje”, sostuvo la mandataria. En esa línea, explicó que las mantas que serán entregadas a las poblaciones afectadas se elaboran mediante el reciclaje de botellas y destacó que una parte importante de los envases utilizados por la compañía también incorpora material reciclado.

Sobre el uso del agua, Fujimori respondió a quienes cuestionaron la ubicación de la planta y el recurso utilizado para sus operaciones. “Ellos están al costado del mar y utilizan el agua del subsuelo y tienen plantas desalinizadoras”, manifestó.

A partir de ello, la presidenta afirmó que este aspecto no representa un factor de riesgo, de acuerdo con la información que presentó durante su transmisión. Sus declaraciones se dieron mientras explicaba a los usuarios los detalles de la inversión y las acciones anunciadas por la compañía.

Durante otra intervención, la jefa de Estado puso énfasis en el impacto que tendrá la inversión anunciada por Coca-Cola y Arca Continental Lindley. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, alrededor de US$500 millones serán destinados al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las bodegas que forman parte de la cadena de distribución de la compañía.

Fujimori también destacó la relación de Coca-Cola con aproximadamente 370.000 bodegas a nivel nacional. Según sostuvo, esta red permite incorporar a pequeños comercios y proveedores dentro de la cadena de valor de una empresa de gran tamaño.

“Esa inversión representa la confianza en el futuro del Perú, lo que agradecemos porque la inversión genera trabajo formal”, afirmó la presidenta durante su visita a la planta ubicada en Pucusana.

La mandataria aprovechó además para hacer un llamado a otras empresas privadas para que mantengan sus inversiones en el país. En su discurso, vinculó la llegada de capital privado con la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la generación de nuevas oportunidades para las familias.

Coca-Cola y las críticas por el uso del agua

El debate sobre el impacto ambiental de Coca-Cola también registra antecedentes fuera del país. En Brasil, habitantes de comunidades de Minas Gerais denunciaron problemas relacionados con la disminución del caudal de fuentes de agua cercanas a una planta de la compañía en Itabirito. El caso fue investigado por autoridades y terminó con acuerdos que incluyeron una compensación económica y la construcción de un pozo.

En México, datos de la Comisión Nacional del Agua citados por medios locales señalaron que distintas empresas vinculadas a la operación de Coca-Cola contaban con concesiones para extraer más de 28 millones de metros cúbicos de agua al año, un volumen equivalente al consumo anual de unas 515.000 personas. Estas cifras generaron cuestionamientos de organizaciones ambientales sobre la distribución del recurso en comunidades donde existen problemas de abastecimiento.

Las críticas también han alcanzado el contenido de azúcar de las bebidas gaseosas y su relación con los problemas de sobrepeso y obesidad. Un informe de la OCDE publicado en 2019 señaló que alrededor del 73 % de la población mexicana tenía sobrepeso y advirtió sobre el impacto sanitario y económico de las enfermedades asociadas a esta condición.

Estos antecedentes forman parte de las críticas que suelen acompañar las operaciones de grandes compañías de bebidas. En el caso peruano, sin embargo, Fujimori centró su mensaje en la inversión anunciada, los programas de reciclaje y las medidas de apoyo que Coca-Cola comprometió ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La formalización empresarial en Panamá se ha convertido en un tema central para quienes desean invertir y generar empleo.

No obstante, una de las principales barreras que mencionan los emprendedores es la burocracia.

Cada trámite duplicado o cada documento innecesario implica costos adicionales y tiempo perdido. La demora en los procesos no solo desalienta la creación de nuevas empresas, sino que limita el desarrollo económico general, indican los empresarios.

Esto quedó plasmado en el IV Congreso de Emprendimiento 2026, que reunió a cerca de 200 asistentes en la sesión Bootcamp “De la idea al negocio”, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

El evento tuvo un objetivo concreto: dotar a los participantes de herramientas prácticas para transformar ideas en negocios rentables y legalmente constituidos.

Desde la perspectiva de quienes buscan iniciar un negocio, la formalización no es solo un requisito legal. Es la puerta a financiamiento, confianza, crecimiento y acceso a mercados. Por ese motivo, los asistentes al congreso coincidieron en que simplificar los trámites debe ser una prioridad estatal.

En los últimos años, Panamá ha implementado iniciativas para reducir barreras. La creación de las Sociedades de Emprendimiento, el Registro Empresarial en línea y la Ventanilla Única de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) son avances que permiten agilizar la constitución de empresas y demuestran que la modernización puede tener efectos concretos, afirma la Cámara.

Sin embargo, las soluciones tecnológicas aún no alcanzan para resolver todas las dificultades. Persisten trámites que obligan a visitar varias instituciones o a presentar documentos que el Estado ya posee.

Eso genera retrasos que no se corresponden con un país que aspira a atraer inversión y mejorar su competitividad.

Facilitar la formalización permite que más personas accedan a los beneficios de la legalidad empresarial. Conseguir financiamiento, fortalecer la confianza y crear empleo dependen de un entorno donde los procesos sean ágiles y claros.

Para quienes preguntan qué se necesita para que en Panamá haya más empresas formales, la respuesta es concreta: menos trámites, más digitalización y una administración pública que priorice la integración de plataformas y el intercambio de información.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, remarcó en el congreso que las MiPymes representan el 90 % de la empresa privada y generan cientos de miles de empleos.

Explicó, además, que cerca del 30 % de la membresía de la Cámara corresponde a este sector, lo que subraya el peso de la micro, pequeña y mediana empresa en la economía nacional.

El Bootcamp “De la idea al negocio” fue concebido como un espacio para que tanto nuevos emprendedores como empresarios en expansión reciban capacitación y asesoría financiera.

La iniciativa de la Cámara busca preparar a los participantes para formalizar sus negocios, aunque sus organizadores advierten que la formación solo tendrá su mayor efecto si el Estado acompaña con una gestión eficiente.

En palabras de la organización, “cada empresa que nace representa inversión, empleo y nuevas oportunidades. Cada trámite que se elimina fortalece la competitividad del país”.

Esta visión destaca la importancia de asumir la simplificación administrativa como una auténtica política de desarrollo económico, y no como una simple reforma.

La formalización empresarial no solo amplía la base de negocios constituidos, sino que también es motor de crecimiento y desarrollo.

La demanda de los emprendedores panameños es clara: un entorno institucional ágil, menos burocracia y más oportunidades para quienes apuestan por crear empresa.

En este contexto, digitalizar trámites, reducir tiempos de espera y eliminar requisitos innecesarios son decisiones que pueden transformar el panorama del emprendimiento formal en Panamá. La formación brinda herramientas, pero el verdadero salto dependerá de un Estado que acompañe con eficiencia y visión de futuro.

La economía peruana crecerá 3.2% en 2026 y mantendrá un ritmo promedio de 3.2% entre 2027 y 2029, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicado en abril de este año.

De acuerdo con Andina Noticias, estas proyecciones contemplan un crecimiento impulsado por la inversión privada, las exportaciones y nuevos proyectos productivos. Una economía que mantiene su crecimiento puede generar nuevas oportunidades para las empresas y para las inversiones realizadas con una perspectiva de largo plazo.

El escenario previsto por el MEF considera que la economía peruana continuará avanzando durante los próximos años a un ritmo similar. Para 2026, la proyección alcanza el 3.2%, mientras que entre 2027 y 2029 se estima un crecimiento promedio también de 3.2%.

Inversión minera superará los US$6,800 millones

La minería continúa siendo una de las principales fortalezas del Perú y presenta perspectivas positivas de inversión para los próximos años. Según el MEF, la inversión minera crecerá 8% en 2026 y superará los 6,800 millones de dólares.

Entre los proyectos que impulsarán esta inversión se encuentran San Gabriel, Reposición Antamina y Corani, entre otros. A ello se suma un entorno favorable para el cobre y otros metales, respaldado por la demanda asociada a la transición energética.

“Porque una mayor inversión minera puede traducirse en mayor capacidad productiva, más exportaciones y más actividad económica para el país”, explicó Ana Lucía Rondón, asociada de inversiones de Prima AFP, según Andina Noticias.

Diversificación para las inversiones de largo plazo

Las oportunidades de inversión no se encuentran únicamente en el Perú. Cuando se ahorra para la jubilación, se cuenta con un horizonte de largo plazo que permite invertir en distintos países, sectores y tipos de activos.

En ese contexto, la diversificación es presentada como una herramienta para aprovechar las diferentes oportunidades que ofrecen los mercados. Esta estrategia permite considerar distintas fuentes de crecimiento al momento de construir portafolios de inversión.

La Global Investor Insights Survey 2025 de Schroders señala que la construcción de portafolios más diversificados y resilientes figura entre las principales prioridades de los inversionistas institucionales. El estudio indica que el 94% busca gestionar mejor el riesgo de concentración y el 80% espera aumentar el uso de estrategias de gestión activa.

Oportunidades de crecimiento en Perú y el mundo

“Cuando hablamos de ahorro previsional, es importante tener una visión de largo plazo. En ese contexto, la diversificación sigue siendo una herramienta clave, porque permite acceder a distintas fuentes de crecimiento en Perú y en el mundo, ayudando a construir portafolios más resilientes frente a los cambios de los mercados”, señaló Rondón.

El Perú cuenta con elementos que pueden seguir impulsando su crecimiento, entre ellos una mayor inversión privada, nuevos proyectos y una minería que continúa siendo un motor importante de la economía.

Mientras el país ofrece oportunidades, los mercados internacionales permiten acceder a otras alternativas. Diversificar entre países, sectores y tipos de inversión permite participar de distintas fuentes de crecimiento mientras se continúa construyendo el ahorro para el futuro.

El representante empresarial explicó que los inversionistas sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales y representantes del sector privado como parte de una gira destinada a conocer el potencial económico de Honduras.

Según Qubain, el grupo fue invitado por el presidente Nasry Asfura y actualmente recorre distintas zonas para evaluar las condiciones que ofrece el país antes de tomar una decisión sobre posibles inversiones.

Aunque evitó identificar a las empresas participantes, aseguró que se trata de compañías de trayectoria dentro de la industria maquiladora y con capacidad para desarrollar proyectos de gran escala.

El presidente de la CCIC indicó que la maquila se perfila como uno de los sectores que más interés despierta entre los inversionistas japoneses, debido a la experiencia que Honduras ha desarrollado en la manufactura para exportación y a su ubicación estratégica en Centroamérica.

Aclaró que aún no existe un monto de inversión definido, ya que las empresas se encuentran en una etapa inicial de análisis, durante la cual evalúan aspectos como infraestructura, disponibilidad de mano de obra, seguridad jurídica, logística y condiciones para hacer negocios.

Qubain recordó que este tipo de decisiones requieren estudios técnicos y financieros antes de concretarse, por lo que los resultados podrían conocerse en los próximos meses.

Interés de otros países

El dirigente empresarial señaló que el interés mostrado por compañías japonesas se suma al de otros inversionistas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, India y varios países europeos, cuyos representantes también han visitado Honduras para explorar oportunidades de negocios.

A su juicio, este acercamiento refleja que el país continúa siendo considerado un destino potencial para nuevas inversiones, especialmente en sectores orientados a la exportación y la generación de empleo.

Destacó que convertir ese interés en proyectos concretos dependerá de ofrecer un entorno competitivo, con estabilidad, reglas claras e incentivos que permitan atraer capital extranjero de largo plazo.

El interés de nuevas empresas llega en un momento en que la industria maquiladora hondureña continúa trabajando para consolidar su recuperación tras los desafíos enfrentados en los últimos años por la desaceleración de la demanda internacional y los cambios en las cadenas globales de suministro.

Representantes del sector consideran que la llegada de nuevos inversionistas podría contribuir a ampliar la capacidad instalada, diversificar la producción y fortalecer la competitividad de Honduras frente a otros países de la región que también compiten por captar inversiones.

Aunque las negociaciones apenas comienzan, el sector privado confía en que las visitas de empresarios extranjeros puedan traducirse en la instalación de nuevas operaciones industriales que impulsen la actividad económica y la creación de empleos formales.

De concretarse nuevas inversiones japonesas, la industria maquiladora podría fortalecer su proceso de recuperación y ampliar su capacidad para generar empleo y divisas en el país. El sector privado sostiene que la llegada de capital extranjero dependerá de que Honduras mantenga condiciones favorables para los negocios, con estabilidad, seguridad jurídica e infraestructura competitiva que permitan consolidar la confianza de los inversionistas.

Además, empresarios hondureños consideran que la diversificación de los mercados de inversión representa una oportunidad para reducir la dependencia de pocos socios comerciales y abrir espacios hacia nuevas cadenas de producción global

El gobierno de Japón y México acordaron lanzar un diálogo económico de alto nivel y crear una fuerza de tarea conjunta para ampliar su cooperación en seguridad económica, energía, agricultura e infraestructura, informó Toshihiro Kitamura director de prensa y diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés el pasado 3 de agosto en una conversación con medios, incluido Infobae México.

La definición coloca a México como la primera escala de una gira regional del canciller japonés Motegi y refuerza el papel del país como plataforma para América del Norte y América Latina.

En esa misma explicación, Kitamura detalló que en México operan alrededor de 1 mil 600 empresas japonesas, la cifra más alta de Japón en América Latina. También dijo que su país ubica a México entre sus principales destinos de inversión y que el interés oficial es preservar un entorno estable para esos negocios ante la posible revisión del T-MEC.

El funcionario precisó que Motegi sostuvo el 3 de agosto dos reuniones, una con el canciller Roberto Velasco y otra con un subsecretario de Economía, y este 4 de agosto sale hacia Panamá. Después continuará su gira por Ecuador y Trinidad y Tobago, en un recorrido de una semana por cuatro países.

Kitamura explicó que la decisión de iniciar la gira en México respondió al peso económico y político del país. En su exposición, sostuvo que empresas japonesas ven a México como puerta de entrada al mercado norteamericano y, al mismo tiempo, como eje para operar en América Latina y el Caribe.

Japón y México abren un diálogo económico con foco en cadenas de suministro y energía

De acuerdo con el funcionario japonés, el nuevo diálogo económico de alto nivel tendrá como ejes la seguridad económica, las cadenas de suministro resilientes, la agricultura y los alimentos.

Kitamura dijo que Japón depende de recursos naturales mexicanos, entre ellos plomo y zinc, y que busca mantener esa cooperación. También enmarcó la visita en la intención de sostener un orden internacional “libre y abierto” basado en el Estado de derecho y en la estrategia japonesa del Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP).

En materia energética, señaló que el gobierno mexicano decidió suministrar a Japón 1 millón de barriles de petróleo, una operación que describió como útil para diversificar el abasto japonés por su dependencia de Medio Oriente. Aclaró después, ante preguntas de reporteros, que se trata de una compra de una sola vez y no de un contrato permanente de importación.

Añadió que ambos gobiernos también conversaron sobre energía limpia. Citó como ejemplo una planta de etanol de bajas emisiones en Sinaloa, construida por Mitsubishi Gas en colaboración con una empresa estadounidense, cuyo arranque está previsto para 2029; la producción se exportaría a Japón.

La revisión del T-MEC concentra la mayor preocupación empresarial

Kitamura afirmó que Japón transmitió al gobierno mexicano la preocupación de sus empresas por el rumbo de las negociaciones del T-MEC. Explicó que buena parte de las inversiones japonesas en México se decidió con base en el acceso al mercado de América del Norte y advirtió que un cambio “en mala dirección” afectaría sus operaciones.

El funcionario dijo que la expectativa japonesa es mantener el marco actual del tratado y lograr una extensión sin condiciones por otros 16 años. Identificó a la industria automotriz como el sector más sensible a posibles cambios en reglas de origen o requisitos de contenido.

Al responder sobre el clima para invertir, sostuvo que la previsibilidad y la estabilidad pesan más para las empresas que los incentivos fiscales. Según su explicación, proyectos de inversión de 10 o 20 años requieren reglas duraderas, y cualquier modificación de política pública puede alterar la operación o la expansión de una compañía.

Infraestructura, inteligencia artificial y cooperación regional entran a la agenda

En el sector ferroviario, Kitamura dijo que Hitachi Rail ya participa en negocios en México y que existe interés en aumentar la presencia japonesa en trenes y otras obras. También planteó que ambos países podrían desarrollar infraestructura resistente a desastres naturales, a partir de su experiencia compartida en sismos y reconstrucción.

La agenda bilateral incluyó además cooperación en inteligencia artificial y entornos digitales. Kitamura sostuvo que Japón y México comparten la necesidad de desarrollar herramientas no centradas en inglés para evitar que los contenidos en japonés y español queden desplazados por plataformas dominadas por información de origen anglosajón.

El vínculo bilateral suma comercio, estudiantes y proyectos triangulares

Según Kitamura, el acuerdo comercial bilateral firmado hace más de 20 años multiplicó por tres el comercio entre ambos países y por cinco el número de empresas japonesas instaladas en México. Añadió que actualmente ambos también coinciden en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), otro marco que apuntala la relación económica.

El funcionario recordó además que en 2028 ambos países conmemorarán 140 años de relaciones diplomáticas, mientras que en 2029 celebrarán 420 años del primer contacto histórico y en 2025 se cumplen 130 años de la primera migración japonesa a México. Presentó esa secuencia como la base de una relación de largo plazo que ahora busca nuevos sectores de cooperación.

En movilidad académica, un representante de la delegación japonesa señaló que la próxima semana México recibirá a 34 estudiantes japoneses dentro de un programa de larga estancia, y posteriormente a otros 16 en uno de corta estancia. Japón, a su vez, recibe cada año a 50 mexicanos entre estudiantes y profesionales de larga y corta estancia.

Sobre oportunidades para exportaciones mexicanas al mercado japonés, Kitamura dijo que el nuevo diálogo económico incluirá el rubro agroalimentario, un tema que, según expuso, también interesa al gobierno mexicano.

Durante la conversación, el portavoz señaló que, por ahora, no se concretó una reunión entre Motegi y la presidenta Claudia Sheinbaum por razones de agenda. Añadió que la parte mexicana ya invitó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a visitar el país, pero Tokio aún no define fecha.

La planificación financiera no depende únicamente de cuánto dinero se gana, sino también de la capacidad para anticiparse a los imprevistos. Contar con una estrategia de ahorro adaptada a las necesidades de cada persona permite afrontar gastos inesperados sin poner en riesgo la economía doméstica. En este contexto, los especialistas en educación financiera coinciden en que disponer de una reserva específica para emergencias constituye uno de los pilares básicos de unas finanzas personales saludables.

El fondo de emergencia es la barrera que separa la estabilidad financiera del endeudamiento crónico, según advierte la inversora Natalia Lara en una reflexión sobre el error más común en la gestión del dinero personal que incluye en un video publicado en su perfil de TikTok (@_laranat).

“El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”, sostiene Lara. La frase quiere ejemplificar como la ausencia de reservas no es una situación neutral, sino una deuda futura que aún no ha llegado. Cuando surge un gasto inesperado y no existe un colchón económico, muchas personas se ven obligadas a recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o financiación, lo que incrementa el coste del imprevisto mediante intereses y dificultar el equilibrio de las cuentas personales.

Qué es un fondo de emergencia y para qué sirve

Un fondo de emergencia es una reserva de dinero líquido destinada exclusivamente a cubrir gastos imprevistos, como una avería del coche, una reparación en el hogar o la pérdida de un ingreso, sin necesidad de recurrir a créditos ni de comprometer el ahorro destinado a otras metas. Su propósito no es crecer, sino proteger.

La principal característica de este ahorro es su disponibilidad inmediata. Por ese motivo, los expertos suelen recomendar que permanezca en productos seguros y de fácil acceso, como una cuenta remunerada o una cuenta de ahorro, en lugar de inversiones sujetas a fluctuaciones de mercado. El objetivo no es obtener una elevada rentabilidad, sino garantizar que el dinero pueda utilizarse cuando realmente sea necesario.

Para ello, Lara fija un objetivo concreto: entre tres y seis meses de gastos básicos cubiertos, sin tocar el dinero reservado para otros fines. Esa cifra actúa como colchón entre cualquier imprevisto y el inicio de una espiral de deuda. La cantidad exacta puede variar en función de factores como la estabilidad laboral, el nivel de ingresos o las responsabilidades familiares.

Cómo construirlo sin grandes cantidades de dinero

La inversora desmonta la idea de que acumular esa reserva exige un esfuerzo extraordinario. “No hace falta juntarlo todo de golpe”, afirma, y propone una fórmula accesible: entre 20 y 30 euros semanales, con constancia como único requisito real.

“Constancia antes que velocidad”, resume Lara. El planteamiento desplaza el foco del volumen al hábito: lo que construye el fondo no es un ingreso alto, sino la regularidad de la aportación. Automatizar las transferencias periódicas hacia una cuenta separada puede facilitar ese proceso y reducir la tentación de destinar ese dinero a gastos cotidianos o compras impulsivas.

Por qué no es dinero inactivo

Uno de los prejuicios más frecuentes sobre este tipo de reserva es que se trata de capital paralizado, sin rendimiento ni utilidad mientras no ocurre nada. Lara lo refuta: “No es dinero parado, es dinero que te protege mientras el resto de tu plan sigue funcionando”.

No compite con la inversión ni con el ahorro para objetivos concretos; los sostiene. Mantener esta separación ayuda a evitar que objetivos a largo plazo, como la compra de una vivienda, la jubilación o la inversión, se vean afectados cada vez que aparece un gasto inesperado. “El día que se rompa el coche, que se estropee algo en casa o que pierdas un ingreso, ese fondo es lo que va a evitar que empieces a deber”, concluye la inversora.

Toshihiro Kitamura, director de prensa y diplomacia pública del ministro de Asuntos Exteriores del Japón defendió el pasado 3 de agosto la posición del país como destino de inversiones niponas.

El ministro de Asuntos Exteriores del Japón, Toshimitsu Motegi, inició el pasado 3 de agosto una gira en Latinoamérica para consolidar la presencia del país en el continente. Las naciones que visitará son México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago.

Ante el cuestionamiento de las ventajas de México como destino de inversión japonesa en comparación con los países sudamericanos y del Caribe, el director Kitamura declaró en una conversación con Infobae México:

“Como dije, en cuanto al tamaño, México es muy, muy grande en comparación con otros países. Y 160 empresas japonesas están operando aquí. Así que esto es porque consideran que este es un centro de operaciones para la región de América Latina y el Caribe, así como para el mercado de América del Norte.”

El director explicó que la posición geográfica de México es ventajosa, por un lado está el mercado de Norteamérica, por el otro, la nación es “la puerta de entrada para la región de América Latina y el Caribe.”

Respecto a las negociaciones del T-MEC, Kitamura especificó que “nuestra fuerte esperanza es mantener el marco actual tal como está” y ratificó una política basada en la paciencia, “observando de cerca el progreso de la negociación”.

Roberto Velasco recibe al canciller de Japón en su primera escala por América Latina

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez informó el pasado 3 de agosto que México recibió en la Cancillería al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, como primera escala de su gira por América Latina y el Caribe, según un mensaje publicado por el funcionario en X.

Velasco señaló que el encuentro se realizó en el marco de la Asociación Estratégica Global México–Japón y que ambos gobiernos sostuvieron un intercambio “productivo” para profundizar la relación en los ámbitos político, económico y de cooperación.

En su tuit, el secretario destacó que México y Japón mantienen “la relación diplomática más antigua de México en Asia-Pacífico” y afirmó que el vínculo está marcado por la cercanía y el apoyo mutuo en momentos difíciles.

El funcionario también aseguró que se trata de “un momento inédito” porque, por primera vez, una mujer encabeza el Gobierno de México y otra el de Japón. Añadió que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi, ambos países impulsan y consolidan la relación bilateral “en beneficio de nuestros pueblos”.

México y Japón acuerdan crear un grupo de trabajo para fortalecer los vínculos económicos

Los ministros de Exteriores de México y Japón acuerdan crear un grupo de trabajo para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países, en un momento marcado por tensiones comerciales entre México y Estados Unidos y por el alza en los precios del combustible que enfrenta el archipiélago japonés, según EFE.

Roberto Velasco detalló que el mecanismo se enfoca en el acuerdo de asociación económica México-Japón y en diálogos de “alto nivel” que incluyen la membresía compartida en el TIPAT. También sostuvo que la coordinación busca ampliar la cooperación económica y tecnológica, con énfasis en el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, confirmó que su gobierno decide mantener la relación con México en el sector energético por la “coyuntura actual en Oriente Medio”. El funcionario reconoció que Japón recibe cerca de un millón de barriles de petróleo crudo por parte de México.

Claudia Sheinbaum podría reunirse en México con la primera ministra de Japón

La SRE confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum podría reunirse en México con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en una visita que aún no tiene fecha.

El encuentro ocurre en un momento en que Japón ya ocupa un lugar central en la relación económica bilateral: es el octavo socio comercial de México, el cuarto país con mayor inversión en territorio nacional y suma más de 1 mil 600 empresas instaladas que generan cerca de 350 mil empleos.

“Esperamos pronto contar con la visita a México de la Primer Ministra Takaichi, que las dos mujeres líderes se encuentren en suelo mexicano, será un hito histórico”, afirmó el funcionario.

Sheinbaum recibe a empresarios de Japón en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el pasado 13 de agosto a representantes del sector empresarial de Japón en Palacio Nacional para dialogar sobre inversiones en México, de acuerdo con EFE.

En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum detalló que en el encuentro participan el presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi, integrantes de la Federación Empresarial de Japón y el embajador Kozo Honsei. La mandataria agregó que en México operan 1 mil 600 empresas japonesas que generan 350 mil empleos directos.

La Secretaría de Economía informó que su titular, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón y de la Embajada del Japón en México para fortalecer la cooperación económica y atender retos del ambiente de negocios de las empresas japonesas instaladas en el país, así como temas relacionados con el T-MEC.

Según la dependencia, en la reunión participaron la subsecretaria de Industria y Comercio Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros, además de Honsei y Kuraishi, asesor de Honda Motor.

La fiscalía federal de Estados Unidos resolvió retirar los cargos contra otras tres personas acusadas por supuestos daños en la Reflecting Pool del Lincoln Memorial, en un nuevo giro dentro de una causa que ya había quedado bajo fuerte cuestionamiento tras el cierre del expediente contra el exolímpico David Hearn.

La decisión, reportada por Forbes, profundizó la tensión política en torno a la investigación y volvió a dejar en una posición incómoda al presidente Donald Trump, que insiste en atribuir el deterioro del estanque a hechos de vandalismo.

De acuerdo con Forbes, los tres acusados enfrentaban cargos menores por daños a la propiedad valuados en menos de USD 1.000.

El medio identificó a los imputados como Justin Carreno, Sophie Dennison-Gibby y Cameron Thiers y señaló que la desestimación llegó pese a las críticas públicas del mandatario contra la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, cuya oficina quedó a cargo de las presentaciones judiciales.

La nueva desestimación reordena el centro de la historia

El retiro de los cargos contra esas tres personas intensificó el eje de la cobertura porque consolidó una tendencia que ya había comenzado con el caso de Hearn.

Forbes recordó que el exdeportista había sido acusado de destrucción grave de propiedad después de que el gobierno sostuviera que había arrancado partes del revestimiento del estanque. Hearn se declaró inocente y la causa terminó cayendo semanas más tarde.

Tal y como informó ABC News, la propia oficina de Pirro pidió desestimar ese expediente tras revisar documentación enviada por el Departamento del Interior.

En esa presentación, el Departamento de Justicia aseguró que el daño “fue resultado de una instalación defectuosa del contratista” y no de una acción vandálica. El escrito, citado por ABC News, también habló de un proceso “apresurado y defectuoso” durante la colocación del recubrimiento.

Ese cambio de criterio no solo favoreció a Hearn. También debilitó la base sobre la que habían sido impulsadas las otras acusaciones.

Forbes sostuvo que la fiscalía ya retiró los cargos contra los tres últimos imputados que quedaban en pie, con lo que la teoría oficial sobre una serie de ataques deliberados perdió todavía más fuerza.

La fiscalía apuntó a fallas de obra y no a vandalismo

Los documentos judiciales reseñados por ABC News incorporaron elementos que complicaron la versión inicial del gobierno.

La cadena detalló que la fiscalía recibió materiales que describían fallas repetidas durante la instalación del revestimiento y un apuro para terminar la renovación antes de las celebraciones del 4 de julio, en el marco de los preparativos por America 250.

Entre esos elementos apareció un correo de un ingeniero del Servicio de Parques Nacionales que advertía sobre una franja perimetral de entre 30 y 60 centímetros vulnerable al desprendimiento.

ABC News agregó que esa era justamente una de las zonas por las que había pasado la acusación contra Hearn.

En su escrito, la fiscalía afirmó además que, si el Departamento del Interior hubiera entregado a tiempo la información que tenía en su poder, el gobierno no habría buscado una acusación formal ante un gran jurado.

La secuencia quedó todavía más expuesta con el cierre de los expedientes restantes. En el caso de uno de los acusados, Forbes indicó que su defensa denunció que el gobierno “literalmente fabricó un crimen”.

Otro abogado citado por ese medio dijo que su clienta había pasado del temor a sentirse aliviada tras la retirada de los cargos.

Donald Trump volvió a cargar contra Jeanine Pirro

Mientras la fiscalía retrocedía en los tribunales, Trump redobló su ofensiva política. Forbes afirmó que el presidente expresó su desacuerdo “100%” con Pirro y sostuvo que lo ocurrido en el estanque fue “un puro caso de vandalismo”.

También la acusó de haberse quebrado y de haberse doblado “como un paraguas”, en declaraciones reproducidas por ese medio.

La tensión escaló todavía más cuando Forbes reveló que Trump evalúa desplazar a Pirro de su cargo como fiscal federal del Distrito de Columbia.

Fuentes citadas por el medio describieron al mandatario como furioso por la retirada del caso contra Hearn y sorprendido por una presentación judicial que terminó atribuyendo los daños a una obra mal ejecutada.

A la vez, Trump aseguró ante la prensa que existen fotografías y grabaciones que mostrarían a personas cortando el revestimiento con una cuchilla. Ni Forbes ni ABC News reportaron hasta ahora la difusión pública de ese material.

Una remodelación millonaria bajo revisión

La controversia judicial también reabrió preguntas sobre la obra en sí. ABC News recordó que la renovación de la Reflecting Pool costó alrededor de USD 16 millones y que, tras su inauguración, aparecieron problemas de algas y desprendimientos del revestimiento.

La cadena precisó además que la empresa Atlantic Industrial Coatings recibió más de USD 14,6 millones por el trabajo. Ese contrato, afirmó ABC News, fue adjudicado sin licitación competitiva para acelerar los plazos de entrega.

Forbes añadió que el proyecto había partido de una estimación inicial cercana a USD 1,8 millones y terminó muy por encima de ese cálculo, un salto que derivó en cuestionamientos sobre controles, calidad de ejecución y uso de fondos públicos.

Con la baja de las acusaciones contra Hearn y contra las otras tres personas, la investigación quedó en un punto sensible para la Casa Blanca.

ABC News aclaró que el cierre del caso principal fue solicitado “sin perjuicio”, una fórmula que permite reabrirlo más adelante.

JPMorgan Chase anunció el lunes que destinará más de USD 750.000 millones al mercado inmobiliario de Estados Unidos entre ahora y 2035, el mayor despliegue de capital en vivienda de la historia del banco.

El plan incluye el financiamiento de un millón de unidades habitacionales accesibles y la asistencia a 500.000 familias para adquirir una vivienda, 200.000 de ellas por primera vez en el mercado.

La cifra representa un incremento de casi el 40% respecto al capital que la entidad canalizó hacia ese sector en la última década.

El anuncio, realizado desde Nueva York, se enmarca en el American Dream Initiative, un programa lanzado en marzo por el banco con el objetivo de ampliar la movilidad económica en un país donde la compra de una vivienda se vuelve una meta cada vez más lejana para millones de personas.

El diagnóstico de Dimon

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, fue quien impulsó la iniciativa y la respaldó públicamente desde su presentación.

“El sueño americano está vivo, pero se aleja demasiado rápido para demasiadas personas y para las generaciones futuras”, dijo el ejecutivo en marzo, tal como recogió NTD. “Esto frena el crecimiento económico, daña a las comunidades e impide que muchas personas progresen”, completó.

La preocupación de Dimon no es aislada. CBS News destacó que el programa surge en un momento en que los estadounidenses perciben que los hitos financieros tradicionales —la compra de un auto, el ahorro para el retiro, la adquisición de una vivienda propia— están cada vez más fuera de alcance para la clase media y los sectores de menores ingresos.

Más asesores, nuevos productos y créditos hipotecarios

Para cumplir con la meta de asistir a 500.000 compradores, JPMorgan prevé aumentar su volumen de créditos hipotecarios en más del 40% e incorporar 850 nuevos asesores de préstamos.

Además, el banco desarrollará productos financieros específicos para viviendas modulares y prefabricadas, una modalidad que gana terreno como alternativa ante los elevados costos de la construcción convencional.

Asimismo, la entidad anunció el lanzamiento de herramientas digitales para facilitar el acceso al financiamiento.

El comunicado oficial de JPMorgan Chase aseguró que el capital se desplegará a través de instrumentos de deuda, capital accionario y subsidios directos, en colaboración con promotores inmobiliarios, organizaciones sin fines de lucro y organismos gubernamentales.

En una apuesta geográfica concreta, el banco reservó cerca de USD 200 millones para un desarrollo residencial de 342 unidades frente al litoral de San Francisco, orientado a familias de ingresos medios.

Política pública y presión legislativa

Más allá del capital privado, JPMorgan Chase aspira a incidir en las políticas habitacionales del país. El banco expresó su respaldo a la denominada 21st Century ROAD to Housing Act, una ley aprobada por el Congreso en junio que busca reducir obstáculos burocráticos en los proyectos de vivienda, simplificar evaluaciones ambientales y levantar ciertas restricciones a la construcción.

La estrategia contempla también trabajar junto a gobiernos estatales y locales para agilizar los procesos de zonificación, permisos y códigos de construcción, así como para ampliar los créditos fiscales destinados a proyectos habitacionales.

Bloomberg informó que el banco presidirá el Consejo Asesor de Vivienda de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, lo que le otorgará un papel activo en el debate político sobre el déficit de vivienda.

El American Dream Initiative abarca seis áreas de enfoque: vivienda, pequeñas empresas, salud financiera, empleo, acceso a la salud y fortalecimiento de instituciones locales.

En el rubro de pequeñas empresas, el banco ya comprometió préstamos por hasta USD 80.000 millones en los próximos 10 años, afirmó New York Post.

El programa en su conjunto busca, según los términos del propio banco, “hacer funcionar la economía para más personas”.

El mercado de las criptomonedas experimentó una nueva sacudida después de que Strategy, el mayor inversor institucional en bitcoin a nivel mundial, anunció que evalúa vender hasta 5.000 millones de dólares en la principal criptomoneda para fortalecer su liquidez. Esta decisión llegó poco después de que la compañía reportara ingresos trimestrales por debajo de las expectativas, lo que desencadenó una reacción inmediata en los mercados digitales y tradicionales.

El viernes 31 de julio de 2026, el precio del bitcoin cayó 3,1% en 24 horas, situándose cerca de los 62.700 dólares, su valor más bajo en tres semanas. De acuerdo con Forbes, la noticia de la posible venta masiva por parte de Strategy, sumada a un informe de ganancias ligeramente inferior a las estimaciones de analistas, encendió la alarma entre los inversores y provocó una caída adicional del 7,3% en las acciones de la compañía, que ya acumula una pérdida del 42% en lo que va de año.

Por qué importa la decisión de Strategy

La empresa, antes conocida como MicroStrategy y liderada por Michael Saylor, se ha posicionado como el actor institucional más influyente en el ecosistema bitcoin. Con más de 843.000 bitcoins (valorados en más de 63.800 millones de dólares según datos recientes), Strategy ha apostado gran parte de su liquidez y reservas corporativas en el activo digital, superando ampliamente su posición de efectivo, que el mes pasado apenas llegaba a 1.400 millones de dólares.

Tras anunciar ingresos trimestrales de 122,4 millones de dólares, apenas por debajo de las previsiones (122,9 millones), el CEO Phong Le afirmó que la venta parcial del portafolio de bitcoin permitiría a la empresa fortalecer reservas de efectivo y, eventualmente, financiar recompras de acciones.

Aunque el monto de la venta podría ser menor o incluso mayor, el fundador Saylor defendió la decisión como parte de una estrategia de asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo, a pesar de la volatilidad inherente al mercado cripto.

La relación de Strategy con el bitcoin ha sido objeto de debate desde que la empresa, originalmente dedicada a la inteligencia empresarial, comenzó a transformar sus balances corporativos en criptomonedas. Saylor, cuyo patrimonio neto ronda los 3.200 millones de dólares, logró recuperar su fortuna tras los años de la burbuja puntocom gracias a la revalorización de bitcoin.

Sin embargo, la reciente caída del precio y la presión de analistas como JPMorgan, que piden aumentar las reservas de efectivo para restaurar la confianza de los accionistas, han puesto en jaque la sostenibilidad del modelo.

La empresa ya había realizado una venta parcial de bitcoin en junio, provocando en ese momento una breve pero significativa caída de la criptomoneda por debajo de los 60.000 dólares.

Bitcoin: volatilidad histórica y contexto global

El bitcoin, creado en 2008 bajo el pseudónimo Satoshi Nakamoto, nació con la promesa de desafiar a las instituciones financieras tradicionales y ofrecer una alternativa descentralizada. Su volatilidad, sin embargo, ha sido una constante a lo largo de su historia. Pese al escepticismo de organismos como el FMI y el Banco Mundial, la criptomoneda ha registrado máximos históricos en los últimos años, especialmente tras eventos políticos y avances en adopción institucional.

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2024, junto al anuncio de una posible reserva estratégica nacional de bitcoin, impulsó el activo a superar los 107.000 dólares por unidad. No obstante, factores como la competencia de nuevas tecnologías de inteligencia artificial y movimientos de grandes inversores han generado oscilaciones constantes.

Este viernes, bitcoin cotizaba en torno a los 62.900 dólares, con una caída de más de un 3% en el día. A pesar de la volatilidad, sigue ocupando el primer puesto en capitalización de mercado entre todas las monedas digitales.

El flujo de inversiones institucionales, la aparición de nuevas aplicaciones blockchain y la búsqueda de alternativas de inversión frente a la incertidumbre económica mundial han sostenido el interés por bitcoin. Sin embargo, la decisión de Strategy de considerar una venta multimillonaria añade incertidumbre a corto plazo y pone a prueba la confianza de los mercados en la resiliencia del ecosistema cripto.

En Argentina, la creación de empresas alcanzó su punto más bajo desde la crisis de 2002, según informes de consultoras privadas y organismos oficiales. La dinámica de generación de firmas nuevas evidencia una debilidad estructural que se refleja tanto en la estadística como en los testimonios de los analistas del mercado laboral y productivo.

Según el último reporte de CP Consultora, la cantidad de empresas nuevas es comparable a la de los años más duros de la crisis macroeconómica de comienzos de siglo. “La creación de empresas está en niveles similares a los de 2002. Esto refleja una dinámica complicada, mucho más difícil que la evidenciada en períodos de cambio estructural”, resalta el informe.

El documento agrega que el fenómeno no implica únicamente menos firmas activas, sino también una retracción en la dotación de personal y un aumento en el cierre de compañías. “La tasa de apertura de nuevas empresas está en los niveles de la crisis de 2001-2002, coherente con una economía anémica y sin un horizonte claro, aun para el mundo empresario”, describe la consultora.

La tasa de apertura de nuevas empresas está en los niveles de la crisis de 2001-2002, coherente con una economía anémica y sin un horizonte claro, aun para el mundo empresario (CP)

Pablo Moldovan, de CP Consultora, contó a Infobae que “las empresas que se cierran están en números normales, pero la apertura de empresas no arranca”. Según el especialista, la relación entre altas y bajas marca el pulso de la economía formal.

“En una dinámica de cambio estructural, los cierres de empresas deberían compensarse con la apertura de nuevas firmas y sectores. Lejos de eso, el proceso actual se asemeja más a un ajuste recesivo, en donde se contraen tanto la cantidad de empresas como los niveles de empleo. No es solo que los ganadores del modelo no crean empleo, sino que tampoco dinamizan la creación de nuevas empresas”, subrayó Moldovan.

El informe de CP Consultora detalla que la foto actual muestra una economía en contracción. Las desvinculaciones por cierre o reducción de empresas superan a las incorporaciones por apertura o crecimiento, y el nivel de creación de firmas permanece tan bajo “como si estuviéramos en la crisis macroeconómica más grande de nuestro país: 2001-2002”. Según los datos procesados, la cantidad de compañías activas y la generación de empleo formal sufren una retracción constante, sin que aparezcan señales de recuperación.

La dinámica de la inversión acompaña el cuadro de estancamiento productivo. Según datos del Indec la inversión -formación bruta de capital- acumula cuatro trimestres consecutivos de caída. En una línea similar, el índice mensual de inversión de OJF registró para junio una caída de la inversión de 6,2% interanual en términos de volumen físico. En el primer semestre de 2026, la baja acumulada llegó a 7,6%. La inversión en maquinaria y equipos descendió 11,2% anual en el sexto mes, con una contracción de 9,5% en equipos nacionales y de 12,7% en bienes importados.

La inversión -formación bruta de capital- acumula cuatro trimestres consecutivos de caída (Indec)

El informe comenta: “Al promediar el año en curso la inversión sigue marchando a niveles muy bajos, y no se ven aun señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año”.

El Indec reportó que durante el primer trimestre de 2026, el PBI creció un 2,3% interanual, pero la formación bruta de capital fijo –el indicador que mide la inversión– se contrajo un 11,6%. El descenso afecta todos los rubros: construcciones, maquinaria y equipos, y equipos de transporte, tanto de origen nacional como importado.

Consultoras del sector privado advierten que, de mantenerse la tendencia, se limitarán las capacidades de expansión de la economía, el empleo y los ingresos, incluso en un contexto de exportaciones en alza.

La consultora Qualy relevó que la actividad económica mostró una desaceleración marcada en los últimos meses. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció en mayo de 2026 un avance interanual de apenas 0,2%, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió 0,5% respecto de abril.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) evidenció en mayo de 2026 un avance interanual de apenas 0,2%, mientras que la serie desestacionalizada retrocedió un 0,5% respecto de abril (Qualy)

“Este comportamiento ratifica la fragilidad del ciclo productivo”, resalta el informe.

La industria enfrenta un contexto adverso, con bajo consumo doméstico y un desafío creciente por las importaciones. El clima de negocios, según el relevamiento, mantiene un sesgo pesimista ante la falta de recuperación de la demanda interna.

El rubro pyme, tradicional motor de la generación de empresas y empleo, tampoco logra revertir la tendencia. Las ventas de pequeñas y medianas empresas tuvieron una leve mejora interanual del 0,9%, impulsadas de forma puntual por el aguinaldo y el Mundial de Fútbol, pero la medición intermensual mostró una retracción del 1,3%. El acumulado del primer semestre refleja una caída del 2,5%. El informe de Qualy destaca que este respiro no alcanza para modificar la debilidad estructural del consumo.

La economía no genera los incentivos necesarios para impulsar la creación de nuevos proyectos productivos

Los datos de CP Consultora se basan en información oficial de la Secretaría de Trabajo, sobre la que la firma realiza sus propias estimaciones y cálculos. Los especialistas coinciden en que el ajuste estructural vigente limita el dinamismo empresarial y productivo. El análisis de los registros oficiales muestra que los procesos de cierre y apertura de empresas no se compensan mutuamente y que la economía no genera los incentivos necesarios para impulsar la creación de nuevos proyectos productivos.

Mientras tanto, los indicadores de inversión, empleo y consumo reflejan un contexto donde las señales de recuperación permanecen esquivas. El ecosistema empresarial argentino atraviesa un ciclo de mínima vitalidad, con cifras que remiten a los momentos más complejos de la historia reciente.

Una casa prácticamente regalada frente al metro cuadrado más caro del planeta. El empresario e influencer francés Matthieu Degli Innocenti lanzó recientemente una pregunta en sus redes sociales que generó debate entre inversores y particulares: ¿qué es mejor, recibir una casa por 1 euro o comprar un apartamento en Mónaco a 50.000 euros el metro cuadrado? Su respuesta es contundente: “Ni lo pienso, me quedo con el apartamento en Mónaco”.

Ante la polémica, el medio local especializado Le Figaro Immobilier recogió el planteamiento de Degli Innocenti y lo sometió a análisis. El veredicto del diario francés matiza el entusiasmo del influencer, aunque confirma el diagnóstico de fondo: que una propiedad barata no es, por sí sola, una buena inversión inmobiliaria.

Las casas a 1 euro, populares en algunos pequeños municipios italianos y presentes también en algunas localidades francesas y españolas, tienen una trampa conocida pero que muchos compradores descubren tarde. Se ubican en zonas con población en retroceso o en declive económico, y requieren reformas integrales para ser habitables. El coste de esas obras supera con frecuencia el precio de reventa del inmueble, lo que convierte una oportunidad de inversión aparente en una fuente de pérdidas. Le Figaro Immobilier advierte a sus lectores sobre estos riesgos, además de documentar casos en los que los beneficiarios han llegado a emprender acciones legales contra el municipio vendedor por la existencia de defectos ocultos.

La rentabilidad de invertir en la capital del lujo

El argumento de Degli Innocenti a favor de Mónaco se apoya en la solidez histórica de ese mercado. El Principado desbancó a Hong Kong hace casi una década como el destino de lujo inmobiliario más caro del mundo, y su demanda no ha dado señales de flaquear. La tasa de desocupación es prácticamente nula, y la seguridad en la reventa resulta difícil de igualar en otros mercados europeos.

El problema es la barrera de entrada por los elevados precios de esta ciudad y, aun superando esa barrera, la rentabilidad del alquiler en Mónaco no es especialmente alta. Le Figaro Immobilier cifra el rendimiento neto entre el 2% y el 3,5%, una cifra que en el mercado español quedaría por debajo de lo que ofrecen muchas capitales de provincia con mercados más activos y accesibles. El inversor residente fiscal en Francia o en España tampoco escapa a la tributación de su país de origen, lo que erosiona aún más ese margen.

El caso español

El mercado español presenta sus propias tensiones. El precio del alquiler alcanzó en junio de 2026 un nuevo máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado al mes, con una subida del 4,2% interanual según el portal Idealista. La rentabilidad bruta media del alquiler residencial en España se sitúa en el 6,5% en el segundo trimestre de 2026, un dato que duplica el rendimiento neto que ofrece Mónaco. Pero esa media esconde diferencias profundas: Madrid se queda en el 4,7% y Barcelona en el 5,2%, ambas por debajo de la media nacional y lastradas por precios de compra elevados y mayor exposición regulatoria.

Donde el equilibrio entre precio de entrada, rentabilidad y liquidez resulta más favorable es en las ciudades medianas. Murcia lidera el ranking con una rentabilidad bruta de entre el 7,3% y el 7,5%, seguida de Jaén (7,4%), Huelva (7,1%-7,2%), Castellón (7%-7,2%) y Zaragoza (7,1%), según datos de Idealista para el primer semestre de 2026. El precio de entrada en estos mercados oscila entre los 60.000 y los 100.000 euros, con tasas de desocupación contenidas y mayor facilidad de reventa que en mercados más pequeños o más regulados.

Le Figaro Immobilier concluye que el futuro para los inversores en alquiler no reside ni en las casas a 1 euro ni en Mónaco, sino en ese punto intermedio que combina rentabilidad razonable con mercados que garantizan ocupación estable y salida ordenada de la inversión. Los datos del mercado español apuntan en la misma dirección.

El Perú y los Emiratos Árabes Unidos continúan ampliando su agenda bilateral con un nuevo paso orientado a reforzar la conectividad aérea entre ambas naciones. Como parte de este objetivo, la Embajada del Perú en ese país sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Emirates Airline para dar continuidad a las conversaciones iniciadas el año pasado y explorar mecanismos que permitan acercar ambos mercados mediante una futura conexión aérea.

La iniciativa busca responder al crecimiento que ha experimentado la relación entre los dos países durante los últimos años, caracterizada por un mayor intercambio comercial, el interés por atraer inversiones y el impulso del turismo. En ese contexto, ambas partes coincidieron en mantener el diálogo para evaluar alternativas que contribuyan a fortalecer los vínculos económicos y facilitar el desplazamiento de personas y negocios.

Emirates mantiene interés en una conexión con el Perú

Durante la reunión, el embajador del Perú en los Emiratos Árabes Unidos, Alberto Farje, y representantes de Emirates Airline revisaron las oportunidades existentes para ampliar la conectividad aérea entre ambos países. La cita permitió ratificar el interés compartido en avanzar hacia una mayor integración mediante enlaces que favorezcan el transporte de pasajeros y el desarrollo de actividades económicas.

Asimismo, la aerolínea reiteró su disposición a continuar trabajando con miras al establecimiento de una conexión aérea entre el Perú, los Emiratos Árabes Unidos y otros destinos de la región. Por su parte, la representación diplomática peruana reafirmó su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la relación bilateral y generen nuevas oportunidades para el comercio, las inversiones, el turismo y el acercamiento entre ambas sociedades.

Acercamiento político fortalece la agenda bilateral

El fortalecimiento de la relación entre ambos países también ha tenido recientes avances en el plano político. Hace dos semanas, la presidenta Keiko Fujimori recibió al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, con el propósito de consolidar los lazos de cooperación con uno de los principales socios comerciales peruanos en Medio Oriente.

Durante ese encuentro, el diplomático entregó una carta del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que expresó sus felicitaciones a la mandataria por su victoria electoral y le transmitió sus deseos de progreso y prosperidad para el país. La reunión se desarrolló en el marco de los encuentros que la jefa de Estado viene sosteniendo con autoridades y representantes internacionales tras la proclamación oficial de los resultados electorales.

Cuatro décadas de una relación en expansión

Este año, Perú y los Emiratos Árabes Unidos celebran 40 años de relaciones diplomáticas, iniciadas oficialmente el 17 de junio de 1986. A lo largo de estas cuatro décadas, el vínculo evolucionó desde una relación esencialmente diplomática hacia una agenda más amplia que comprende cooperación política, intercambio económico, comercio, cultura e innovación.

En los últimos años, ambos gobiernos han intensificado el diálogo para ampliar las oportunidades de inversión y diversificar sus relaciones económicas. El mercado emiratí representa una plataforma estratégica para que las empresas peruanas accedan a Asia, África y Medio Oriente, mientras que el Perú busca atraer capitales hacia proyectos de infraestructura, energía y turismo, además de fortalecer la presencia de productos agroindustriales, pesqueros y de mayor valor agregado.

Cooperación más allá del comercio

La relación bilateral también ha incorporado nuevas áreas de colaboración vinculadas con la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Las autoridades peruanas han mostrado interés en conocer la experiencia emiratí en planificación urbana, ciudades inteligentes, logística y gestión de centros financieros, con el objetivo de fortalecer la competitividad nacional.

Como parte de las actividades por el cuadragésimo aniversario de las relaciones diplomáticas, la Cancillería organizó diversas iniciativas para destacar la evolución del vínculo entre ambos países. Entre ellas figuran la presentación del libro Costas que conectan: El Perú y los Emiratos Árabes Unidos, trayectoria de la relación bilateral, la emisión de un matasello y una moneda conmemorativa, así como conferencias internacionales y una edición especial del boletín cultural Aswat, acciones que buscan consolidar el intercambio cultural y proyectar nuevas oportunidades de cooperación para los próximos años.

Jeff Bezos, la cuarta persona más rica del mundo, fue contactado para sumarse a un consorcio que negocia la compra de una participación minoritaria en Liverpool y la operación, todavía sin acuerdo, se discute sobre una valoración de al menos 6.000 millones de dólares, una cifra que mide hasta dónde llegó el crecimiento comercial del club bajo el control de Fenway Sports Group.

Según Sky News, el fundador de Amazon mantuvo conversaciones para incorporarse a un grupo de inversores encabezado por Amit Bhatia, yerno del empresario siderúrgico Lakshmi Mittal. El medio señaló que una fuente advirtió que no está asegurado que avance con una inversión en el Liverpool FC.

La posibilidad de que uno de los hombres más ricos del mundo entre en la estructura accionaria de Anfield reavivó una discusión que en el club excede el nombre del potencial inversor. La cuestión central es qué podría aportar un nuevo socio en un mercado del fútbol cada vez más caro.

Por cuánta participación es la oferta del consorcio al Liverpool

El dato más concreto de las conversaciones es el tamaño de la participación que podría cambiar de manos. De acuerdo con el medio, la inversión en estudio podría alcanzar hasta el 30% del club, aunque personas cercanas a la situación buscaron bajar el tono a la idea de que eso resulte de inmediato en una venta total.

FSG confirmó la existencia de contactos con una respuesta pública. El grupo sostuvo: “Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en hacer una inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club”.

Asimismo, la estructura evocada por estas conversaciones tiene un antecedente reciente. La operación sería similar a la inversión de Dynasty Equity en 2023, cuando el Liverpool fue valorado en más de 4.500 millones de dólares.

Ese salto en la tasación muestra la transformación del club desde la llegada de sus actuales dueños. Cuando el grupo estadounidense completó la compra en 2010, la institución atravesaba una fuerte incertidumbre financiera; hoy aparece de forma recurrente entre los activos deportivos más valiosos del mundo.

Qué pasa si entra un nuevo inversor en el club inglés Liverpool

La eventual entrada de un nuevo inversor se inserta en una discusión más amplia sobre cómo debe sostenerse un club de élite. La gestión de FSG recibió reconocimiento por restablecer la estabilidad financiera, modernizar infraestructura, ampliar ingresos comerciales y acompañar una etapa de éxito deportivo.

A la vez, una parte de la afición viene cuestionando si el modelo autosuficiente alcanza en un escenario en el que las cifras de los traspasos se dispararon y los clubes respaldados por estados o fortunas extraordinarias alteraron la competencia en la cima del fútbol europeo.

Sky News añadió un dato que ayuda a encuadrar esa presión competitiva: alrededor de la mitad de los 20 clubes de la Premier League pertenece a inversores radicados principalmente en Estados Unidos.

En ese marco, la llegada de capital externo aparece como una opción cada vez más lógica, para reforzar la capacidad de inversión sin ceder necesariamente el control operativo.

En este sentido, la respuesta inmediata a la duda que atraviesa la negociación es: el Liverpool estudia una inversión minoritaria estratégica, no una venta cerrada del club, y el objetivo potencial sería sumar recursos mientras FSG cristaliza parte del aumento de valor acumulado en los últimos años.

Por ahora, las conversaciones siguen en fase exploratoria y a puerta cerrada. No hay un acuerdo definitivo, no está confirmado que Bezos se incorpore al consorcio y siguen abiertos varios desenlaces sobre una operación que volvió a situar al Liverpool FC entre los activos más codiciados del deporte mundial.

La inversión bruta interna volvió a mostrar signos de debilidad en junio y profundizó el deterioro que arrastra desde comienzos de año. En un contexto de actividad económica aún golpeada y sin señales claras de una recuperación sostenida, el nivel de inversión registró una nueva caída interanual, impulsada principalmente por el retroceso en la compra de maquinaria y equipos, mientras que la construcción exhibió una leve mejora.

De acuerdo con las estimaciones de OJF, la consultora de Orlando Ferreres, la inversión cayó 6,2% interanual en junio medida en términos de volumen físico, descontando el efecto de la inflación. De esta manera, acumuló una contracción de 7,6% durante el primer semestre del año. En tanto, medida en dólares, la inversión alcanzó los USD 7.464 millones.

El principal factor detrás de la baja fue el desempeño en maquinaria y equipos, que registró una caída de 11,2% respecto de junio del año pasado. Dentro de ese rubro, los equipos de producción nacional retrocedieron 9,5%, mientras que los bienes importados mostraron una contracción aún mayor, de 12,7%.

Como resultado, el segmento acumuló una baja de 12,2% en los primeros seis meses del año, consolidándose como el componente de peor desempeño dentro de la inversión.

En contraste, la construcción logró mantenerse en terreno positivo durante junio. La inversión en ese sector registró una suba interanual de 0,4%, aunque el balance del semestre continúa siendo negativo, con una caída acumulada de 1,7%.

En conclusión, el informe aseguró que “al promediar el año en curso, la inversión sigue marchando a niveles muy bajos y aún no se ven señales claras que inviten a pensar en una recuperación, aunque ciertos rubros puntuales mostraron mejores números en el sexto mes del año. En efecto, la construcción logró ubicarse nuevamente en terreno positivo y también se registraron leves subas en los patentamientos de vehículos comerciales pesados”.

Hacia adelante, “esperamos que continúe desacelerando la contracción de la inversión, mostrando una mejora paulatina. El factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”, agregó.

El esquema de incentivos ya cuenta con 19 proyectos aprobados, que en conjunto representan una inversión comprometida de USD 36.424 millones y la generación estimada de 61.123 empleos directos e indirectos. La mayor parte de las iniciativas corresponde al sector minero, con 10 proyectos, seguido por petróleo y gas (5), energía (2), siderurgia (1) e infraestructura (1).

En paralelo, el Gobierno mantiene 24 proyectos en evaluación, que implican inversiones por USD 111.500 millones y podrían sumar 137.522 puestos de trabajo entre directos e indirectos si obtienen la aprobación.

Al mismo tiempo, la baja utilización de la capacidad instalada limita los incentivos para realizar nuevas inversiones, ya que muchas empresas aún cuentan con margen para aumentar la producción sin necesidad de ampliar su infraestructura o incorporar más maquinaria.

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 58,4% en mayo, por debajo del nivel registrado en abril y también del observado en el mismo mes del año pasado, según el Indec.

El relevamiento sectorial mostró que cinco de los doce bloques industriales se ubicaron por encima del promedio general de 58,4%. Según el Indec, el mayor nivel de utilización correspondió a la refinación del petróleo, con 88,7%, seguida por las industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60%).

En contraste, siete sectores quedaron por debajo del promedio. Se trata de productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica, excluida la fabricación de automotores (38,7%).

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 asciende a $35,111.7 millones, frente a los $34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman durante una presentación ante el Consejo de Gabinete.

Al detallar el proyecto de ley, Chapman indicó que el incremento neto es de $197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el funcionario destacó que el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país.

Una nota de prensa oficial indica que el titular de Economía y Finanzas explicó ante el Consejo de Gabinete que el eje central del Presupuesto General del Estado para 2027 es “mejorar la calidad de vida de los panameños mediante mayores asignaciones para educación, salud, seguridad social, infraestructura, vivienda, agua potable, seguridad ciudadana y programas dirigidos a reducir las brechas sociales y territoriales”.

Como parte de este esfuerzo, explicó que el presupuesto incorpora aproximadamente $3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico.

De ese total, alrededor de $1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente $1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

El ministro sostuvo que este esfuerzo reafirma el compromiso del Estado con la protección social y el bienestar de la población, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de focalización, evaluación y seguimiento para garantizar que estos recursos beneficien efectivamente a quienes más los necesitan y contribuyan a un uso eficiente y sostenible de las finanzas públicas.

Otros detalles indican que el proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de $17,935.6 millones en 2026 a $16,534.5 millones para 2027, una disminución de $1,401 millones (7.8%).

Esta variación, siempre de acuerdo a la información oficial, responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

En ese sentido, se manifestó que el Servicio de la Deuda Pública disminuye de $7,938.9 millones en 2026 a $5,496.1 millones en 2027, una reducción de $2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.

Chapman aclaró que esta disminución no representa una reducción automática del saldo de la deuda, sino que responde a la programación financiera del Estado.

Por otra parte, recién se informó que el déficit fiscal de Panamá se redujo 22.4% durante los primeros cinco meses de 2026, pero parte de esa mejora no solo obedeció al aumento de la recaudación, sino también a que el Estado ejecutó $174.3 millones menos en inversión pública que un año antes.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que logró reducir el costo promedio de la deuda de 4.97% a 4.65%, los intereses continúan absorbiendo una parte importante de los recursos públicos.

Los resultados acumulados hasta mayo muestran que Panamá se mantiene por debajo del límite fiscal de 3.5% del Producto Interno Bruto establecido para 2026 y reflejan avances en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.

Las autoridades marítimas panameñas enfrentan un desafío constante: proteger los cables submarinos que sostienen la conectividad internacional del país.

Entre 2008 y 2019, los incidentes en aguas jurisdiccionales causaron pérdidas que superaron los $11 millones.

La mayoría de los daños se debió al fondeo de embarcaciones sobre la infraestructura digital, lo que subraya la necesidad de vigilancia y regulación técnica permanente.

Ahora, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que busca garantizar que todo cable submarino que cruce el territorio marítimo nacional cumpla con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias.

La institución señaló que evalúa rutas propuestas, supervisa el tendido de cables, actualiza la cartografía náutica y coordina medidas de protección en las zonas donde se localiza esta infraestructura crítica.

Actualmente, por aguas panameñas transitan siete sistemas de cables submarinos. Esta red respalda el 100 % del tráfico regional de internet, el 97% de las comunicaciones telefónicas internacionales y el 90 % de la transmisión de datos en la región, según datos de ProPanamá.

El país se consolida como un nodo clave para la conectividad latinoamericana, lo que favorece la llegada de inversiones en centros de datos y empresas tecnológicas, afirma la entidad.

La inversión prevista a escala global en cables submarinos superará los $16.000 millones entre 2026 y 2029, de acuerdo con proyecciones de la firma TeleGeography.

Este aumento, dice, responde al auge de servicios en la nube, inteligencia artificial, centros de datos y el sostenido crecimiento del tráfico de información mundial.

TeleGeography considera que se trata de una de las mayores olas de inversión en las últimas décadas para este tipo de infraestructura.

La información detalla que en los primeros meses de este año arribó a Panamá el sistema TAM-1: un cable submarino de unos 7.000 kilómetros de longitud y capacidad de hasta 650 terabits por segundo (Tbps), con conexiones hacia Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

A este avance se sumará el futuro sistema MANTA, que unirá el país con Estados Unidos, México y Colombia y reforzará su posición como centro de interconexión digital continental.

La AMP manifestó que realiza evaluaciones técnicas de cada propuesta de ruta, verifica la compatibilidad con las actividades marítimas existentes y supervisa las operaciones de instalación. Además, agrega que actualiza la cartografía náutica para identificar áreas sensibles, y coordina con otras instituciones la protección de los corredores donde operan los cables.

En el país la concesión para instalar cables submarinos corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, pero la AMP es la responsable de asegurar que estos proyectos respeten los criterios de seguridad de la navegación y salvaguarden el espacio marítimo nacional.

El organismo sostiene mecanismos de evaluación y coordinación interinstitucional para reducir riesgos y minimizar incidentes.

La importancia creciente del intercambio global de datos exige que la AMP fortalezca sus acciones regulatorias y de supervisión. Su labor no solo garantiza la seguridad marítima, sino que refuerza la posición de Panamá como uno de los principales puntos de interconexión digital de América Latina.

Se indicó que la red de cables submarinos que atraviesa el país es vital para la economía digital regional.

La protección, regulación y supervisión de esta infraestructura permiten que Panamá continúe siendo el puente digital entre el norte y el sur del continente, en un contexto de expansión sin precedentes de la infraestructura digital mundial.

Panamá, se dijo recientemente, también planea reforzar su capacidad para monitorear el comportamiento del mar con la instalación de tres nuevos mareógrafos que ampliarán la red nacional de observación oceanográfica y fortalecerán los sistemas de alerta temprana, la seguridad de la navegación y la investigación científica.

El Gobierno, mediante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó las obras de infraestructura eléctrica que Vicuña, la compañía a cargo del que se considera el mayor proyecto minero del país, necesitaba para conectar su proyecto de cobre en San Juan a la red nacional de alta tensión. De esta forma y luego de tres años, despejó el último obstáculo regulatorio para que la empresa controlada por BHP y Lundin Mining avance hacia una decisión final de inversión de hasta USD 7100 millones en una primera etapa.

A través de la Resolución 330/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo emitió el certificado que habilita la construcción de las obras y le otorgó a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica que se genere por 25 años. La inversión en infraestructura eléctrica podría rondar los USD 800 millones y será financiada en su totalidad por la compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema.

La resolución pone fin a una disputa técnica y administrativa que se extendió por más de tres años. El proceso arrancó en 2023 con la presentación formal de la solicitud y se complicó en febrero de este año, cuando el ENReGE —entonces bajo la denominación ENRE, previo a su unificación bajo un mismo organismo— publicó la Resolución 79/2026, que habilitó provisionalmente el acceso pero recibió oposiciones formales de varios actores.

Esas presentaciones obligaron a convocar una audiencia pública, que se realizó el pasado 3 de junio en Buenos Aires. La escalada del conflicto fue tal, ya que la demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. A su vez, en su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica de la provincia.

En esa instancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto de la asignación en el abastecimiento futuro de la provincia y reclamó que la capacidad que excediera las necesidades propias de Vicuña quedara disponible para otros proyectos mineros regionales. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules —impulsado por McEwen Copper—, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad utilizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.

El ENReGE rechazó todas las impugnaciones y sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional. Frente a las objeciones de las empresas competidoras, el organismo respondió que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea el acceso de terceros al sistema, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.

Las obras comprenden cuatro componentes. El primero consiste en la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para permitir que la línea existente, que opera en 132 kV, pase a funcionar en 500 kV. El segundo es la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, que atravesará zonas de montaña a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar.

El tercero es la nueva Estación Transformadora Chaparro, con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino. El cuarto es una línea de 220 kV de uso particular de unos 93 kilómetros que llegará hasta la Estación Transformadora Josemaría, dentro del propio proyecto minero, con tramos a 4.550 metros de altura.

“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, afirmó José Morea, Country Director de Vicuña, en un comunicado de la compañía.

Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y quedarán bajo la operación y mantenimiento de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión, que acaba de ser privatizada. El organismo aclaró que la única excepción al régimen de prioridad del 90% es la ampliación del transformador de la Estación Rodeo, cuya carga no depende de forma apreciable de la demanda del proyecto minero.

Avanza Vicuña en San Juan

La aprobación llega semanas después de que el Gobierno habilitara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Con una inversión inicial declarada de USD 9.700 millones, el desembolso podría escalar hasta los USD 18.000 millones a lo largo de una década. El proyecto se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en el límite cordillerano de San Juan con Chile, y prevé una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata una vez en plena operación.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, había definido la concreción del plan como dependiente de una decisión final de los accionistas antes de fin de año. La infraestructura eléctrica aprobada este martes abastecerá una demanda de hasta 260 MW en la fase 1 del proyecto, con previsión de escalar hasta 400 MW y luego 700 MW en etapas sucesivas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 649 millones de dólares de la empresa coreana KIA para producir un auto eléctrico en el país. Abordó el problema en el examen de la UNAM, atribuyéndolo a la falta de acuerdos sobre el uso de inteligencia artificial, sin mala intención de las partes.

Detector de mentiras

La presidenta felicitó a todos los atletas mexicanos por su desempeño en las últimas jornadas deportivas.

Sheinbaum: falla en examen de la UNAM fue por falta de acuerdo en el uso de inteligencia artificial

“La UNAM, es una gran institución; podremos tener nuestras diferencias y ni siquiera diferencias, podemos tener nuestra opinión como universitaria de lo que ha venido ocurriendo en la UNAM, pero ni siquiera es el momento para plantear lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para dar certidumbre a los jóvenes”.

Sheinbaum considera que “no hubo mala intención de nadie”, sino que la institución aplicó un examen donde “a lo mejor no se pusieron de acuerdo con el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial”. Insistió en que este problema se tiene que resolver pronto para darle certidumbre a los aspirantes.

/mexico/2026/07/29/si-la-empresa-cometio-fraude-que-se-castigue-sheinbaum-defiende-honestidad-de-alumnos-que-presentaron-examen-a-la-unam/

La mandataria defendió el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, destacando que incluso ha resuelto temas contra el SAT: “Ellos tienen sus criterios y su objetivo es cumplir con la Constitución, que se cumpla la Constitución en el país, entonces hay certidumbre en el país”.

Al ser cuestionada por la prensa si existirá una norma o regulación en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que establezca que la crítica al gobierno no sea interpretada como una violación al gobierno, Sheinbaum respondió:

“No es el gobierno, son las audiencias, es el pueblo, la gente, la ciudadanía, la que pueda tener un espacio para decir ‘oye quiero mejorar el derecho a la información’ que es constitucional”.

Sheinbaum celebró la reducción de la inseguridad alimentaria del 12% en México, sin embargo, apuntó que en el país existe aún una vulnerabilidad en poblaciones. Sin embargo, subrayó que en su admnistración se trabaja para impulsar la producción de alimento con incentivos económicos y varios programas sociales para atender esta problemática.

Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicará el próximo viernes la alerta que emitió por fraudes y suplantación de firma.

La mandataria adelantó que el día de mañana, empresarios de Quintana Roo participarén en su conferencia de La Mañanera del Pueblo.

Restablecer la relación diplomática con Perú “se está trabajando”, dice Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo informó que Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), se ha comunicado con la presidenta de Perú. Además, señaló que están trabajando para que el canciller de la embajada de México (tomada por autoridades peruanas) pueda regresar a territorio nacional.

La presidenta explicó que ante el proteccionismo de Estados Unidos, México busca tener las mejores condiciones para negociar con el vecino del norte, sin embargo, señaló que la economía del país no depende de lo que hace EEUU y por eso se han diversificado las inversiones para reforzar el mercado interno.

Gobierno de México ofrece apoyo a la UNAM: Sheinbaum recuerda que hay otras opciones para estudiar

La mandataria federal reafirmó su apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en relación con la revisión de los resultados del examen de ingreso a licenciaturas. Sheinbaum también llamó a los aspirantes del nivel medio superior a considerar otras instituciones para realizar sus estudios.

Sheinbaum sostiene su compromiso con el caso Ayotzinapa

La presidenta recordó que parte de sus 100 compromisos presidenciales tienen como objetivo encontrar, hacer justicia y revelar la verdad en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La presidenta rehuyó opinar acerca de la sentencia de El “Mayo” Zambada; asimismo, señaló que la investigación de cómo fue trasladado a Estados Unidos continúa.

La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si Ernes Ruffo brinda información acerca de que presuntamente brindó protección al narcotraficante Arellano Félix durante su administración.

Construcción de vivienda del Bienestar en Puebla

A través de un enlace remoto, los titulares de Sedatu, Infonavit y Fovissste, colocaron la primera piedra en el conjunto habitacional Carmen Serdán, que tendrá más de 500 hogares para que sean habitados por los derechohabientes.

Martí Batres, titular del Issste, señaló que esta construcción es parte de Fovissste, que después de 34 años vuelve a la edificación de vivienda.

KIA afirmó sentirse comprometido con el medio ambiente, por ello destacó que instalará su segunda planta de tratamientos de aguas residuales en el país.

/mexico/2026/07/29/mexico-busca-igualar-tarifas-que-da-eeuu-a-inglaterra-para-produccion-de-acero-ebrard-explica-objetivos-en-revision-del-t-mec/.

“Nadie le compra más a EEUU que México”: Ebrard destaca cooperación en revisión del T-MEC

El secretario de Economía subrayó que México tiene una buena relación con Estados Unidos y destacó el ejemplo del aumento de exportaciones.

“Somos el cliente número uno (...) nadie le compra más a EEUU que México”, por eso es importante continuar con el T-MEC.

/mexico/2026/07/29/ebrard-le-responde-a-trump-sobre-dudas-de-la-importancia-del-t-mec-mexico-tiene-el-mejor-trato/

KIA confía en que las autoridades negociarán bien el T-MEC en los aranceles de Trump

Tras ser cuestionado por la prensa acerca de si los aranceles impuestos por Donald Trump, Horacio Chávez, director comercial de KIA respondió: “El mercado es cada vez más competitivo; nosotros estamos enfocados en nuestra producción, en nuestra venta y confiados en que las autoridades harán el mejor papel para estas pláticas que están teniendo para la revisión de los tratados”.

Ebrard destaca que inversión de KIA impulsa la electromovilidad y el desarrollo tecnológico en México

Marcelo Ebrard afirmó que la electromovilidad “va a crecer exponencialmente” y califica la decisión de KIA como “significativa” por el volumen de producción que representa y el terreno de desarrollo en materia de electromovilidad que abre para México.

“Si perdemos esa capacidad tecnológica, estaríamos en desventaja; entonces, con esto estamos en tiempo y forma para participar en ese mercado”, adviertió el secretario.

Claudia Sheinbaum celebró la inversión de KIA, pues señaló que es una buena inversión para el país y que también se impulsará la movilidad eléctrica en México.

KIA creará un vehículo 100% eléctrico en México

México tiene las condiciones para aportar al desarrollo de la movilidad eléctrica, la infraestructura industrial, proveedores especializados y talento mexicano.

“Por primera vez en nuestra historia, produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico”, cuyo modelo será el EV3.

KIA comparte valores con el Plan México de Sheinbaum

Las inversiones de KIA se alinean con la misión del Plan México con cuatro pilares:

1. Personas
2. Energía renovable,
3. La gestión responsable del agua.
4. Movilidad eléctrica.

De acuerdo con la representante de la empresa, estos puntos ayudarán a fortalecer la economía mexicana. Informó que se invirtió en una segunda planta de reciclaje de agua.

Andy Kim, CEO de KIA aseguró que la empresa comparte KIA comparte valores con el Plan México de la presidenta, sostuvo que “hoy nuestra promesa KIA México será su socio más estrátegico y confiable para hacer realidad la properitdad compartida”.

“Kia México ha crecido a la par de la economía mexicana, impulsada por una filosofía centrada en el cliente y en las personas”, expresó.

Anuncian inversión millonaria de KIA en México

Marcelo Ebrard informó sobre la inversión que hará la empresa productora de vehículos, KIA por 649 millones de dólares, para producir un automóvil que antes se hacía en otro país.

/mexico/2026/07/29/empresa-coreana-invertira-649-mdd-para-producir-primer-auto-electrico-en-mexico-y-una-planta-de-aguas-residuales/

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que el día de hoy la acompaña la Secretaría de Economía, para anunciar una inversión de la empresa de vehículos KIA.

Honduras mantendría un crecimiento económico moderado en 2026 y 2027, con un avance del PIB de 3.4% para 2026 y de 3.7% en 2027, según proyecciones del Banco Mundial citadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Las proyecciones publicadas por el Banco Mundial, retomadas en el más reciente Boletín Competitivo Regional elaborado por el (COHEP), ubican a Honduras por encima de El Salvador, pero por debajo de los niveles previstos para República Dominicana, Panamá y Guatemala.

Costa Rica y Nicaragua presentarían resultados muy similares a los hondureños, mientras que El Salvador registraría el menor ritmo de crecimiento económico de la región, con 3% para 2026 y una desaceleración hasta 0.5% en 2027.

El informe indica que, pese al escenario internacional, Centroamérica mantiene capacidad de crecimiento sostenida principalmente por la fortaleza del consumo interno y el flujo constante de remesas familiares, recursos que siguen siendo determinantes para millones de hogares y para la actividad económica de varios países.

El contexto externo también genera incertidumbre. Los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales internacionales y la desaceleración de los principales socios económicos representan riesgos que podrían afectar las exportaciones, reducir las inversiones y limitar el acceso al financiamiento para las economías de la región.

En el caso de Honduras, esos factores adquieren mayor relevancia por la dependencia de mercados como Estados Unidos tanto para las exportaciones como para el ingreso de remesas, dos pilares de la economía nacional.

Libertad económica e innovación

Otro de los indicadores incluidos en el informe es el Índice de Libertad Económica. Honduras obtuvo una calificación de 59.1 puntos sobre 100, con lo que quedó en la cuarta posición entre los países centroamericanos y en el lugar 95 a nivel mundial.

Costa Rica encabezó la región con 69.1 puntos, impulsada por mejores resultados en aspectos vinculados con los derechos de propiedad y el funcionamiento del sistema judicial. Panamá quedó en la segunda posición con 64,9 puntos, seguida por Guatemala con 63,5.

El análisis identifica debilidades en Honduras en áreas vinculadas con la libertad empresarial y el entorno comercial, factores que limitan la atracción de inversiones y el crecimiento de nuevas actividades productivas.

Desde la perspectiva empresarial, fortalecer el marco regulatorio, generar mayor seguridad jurídica y simplificar los procesos para hacer negocios son factores señalados como centrales para incrementar la competitividad y estimular la generación de empleo formal.

El Índice Global de Innovación 2025, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ubica a Honduras en la posición 119 entre 139 economías evaluadas, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua dentro de Centroamérica.

Costa Rica aparece como el país con mejor desempeño regional al ubicarse en la posición 72 del ranking mundial, seguido por Panamá en el puesto 82. El Salvador figura en la casilla 98, mientras que Guatemala y Nicaragua ocupan los lugares 123 y 130, respectivamente.

El documento atribuye esos resultados a debilidades persistentes en áreas como el capital humano, la investigación científica, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de las empresas para desarrollar procesos innovadores que aumenten su productividad.

También plantea que uno de los principales retos es fortalecer la relación entre el sistema educativo, el sector productivo y los procesos de innovación tecnológica, para que la formación académica responda mejor a las necesidades del mercado laboral y contribuya a generar actividades económicas con mayor valor agregado.

Vulnerabilidad climática y adaptación

En materia ambiental, los indicadores internacionales correspondientes a 2026 ubican a Honduras como el tercero con mayor vulnerabilidad climática del mundo, solo por detrás de otras naciones expuestas a fenómenos naturales extremos.

La clasificación elaborada por Germanwatch, que analiza los impactos registrados entre 1995 y 2025, confirma que Honduras sigue enfrentando un alto nivel de riesgo frente a huracanes, inundaciones, sequías y otros eventos climáticos que afectan de forma recurrente a la población, la infraestructura y la actividad económica.

El Índice Global de Adaptación ND-GAIN 2026 refuerza ese panorama. En ese indicador, Honduras ocupa el último lugar de Centroamérica con una puntuación de 41,3 sobre 100 y se ubica en la posición 136 entre 190 países evaluados.

Costa Rica lidera la región con 54,5 puntos, seguida por Panamá con 47,5 y República Dominicana con 46,7. Guatemala, El Salvador y Nicaragua también obtienen resultados superiores a los de Honduras.

Esa capacidad limitada de adaptación implica mayores riesgos para sectores como la agricultura, la producción de alimentos, la infraestructura vial, la generación de energía y el empleo, en especial en comunidades expuestas a fenómenos climáticos recurrentes.

El COHEP advierte que mejorar la resiliencia climática constituye una condición para fortalecer la competitividad del país, proteger las inversiones y sostener el crecimiento económico.

Cuando observó el uso de drones baratos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, al fundador y director ejecutivo de Mithril Defense se le ocurrió que una versión no letal de esa tecnología podría haber salvado vidas en la escuela primaria de Uvalde.

Washington Post asegura que hoy, al menos nueve escuelas de Estados Unidos estrenan ese sistema: drones equipados con gas pimienta capaces de interceptar a un tirador activo en 15 segundos.

Cómo funciona el sistema

Los dispositivos, fabricados en plástico y clasificados como no letales, se almacenan en bases de carga distribuidas por los edificios escolares. Cada escuela cuenta con entre 30 y 60 drones según el tamaño del edificio, instalados en los techos.

Ante una emergencia, los docentes pueden activarlos mediante una aplicación móvil o botones de pánico instalados en las aulas. Pilotos remotos —exintegrantes de los Navy SEALs, operadores de equipos SWAT y pilotos de carreras de drones de élite— los dirigen desde centros de control que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia.

Además de gas pimienta, las aeronaves llevan cámaras de vigilancia, luces estroboscópicas, sirenas y un sistema de altavoz y micrófono para que los pilotos remotos se comuniquen con docentes y fuerzas de seguridad.

Los dispositivos también pueden embestir al atacante a 96 km/h (60 mph). Los aparatos alcanzan entre 48 y 80 km/h (30 y 50 mph) dentro de un edificio, y hasta 160 km/h (100 mph) en exteriores, tal y como informó el Washington Post.

“Una vez que pongo los drones sobre vos, simplemente no podés escapar de ellos”, afirmó Bill King, cofundador de Mithril Defense y ex Navy SEAL, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Marston declaró al Washington Post que los primeros 120 segundos son los más críticos, ya que en ese lapso ocurre la mayor parte del tiroteo.

Para respaldar esa afirmación, la empresa trabaja con la Universidad de Florida en un estudio independiente que medirá los tiempos de reacción del sistema frente a los de los efectivos policiales. El sistema nunca fue probado en un incidente real con un tirador activo.

Georgia aprueba USD 550.000 para cinco escuelas piloto

El estado de Georgia aprobó un subsidio de USD 550.000 para desplegar el sistema en cinco escuelas secundarias a partir del ciclo escolar 2026-2027: el Coffee High School, el Gainesville High School, el River Ridge High School, el Troup County High School y el Statesboro High School.

La Junta Estatal de Educación respaldó la iniciativa con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema antes de decidir si extenderlo a todo el estado.

El representante republicano Matt Dubnik, presidente del subcomité de educación de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara, aseguró que la tecnología podría proteger escuelas que no cuentan con oficiales de seguridad en el campus.

El piloto se probará en establecimientos con y sin esos efectivos. “Creo en la tecnología”, afirmó Dubnik en declaraciones al Washington Post, y agregó que cientos de legisladores estatales coincidieron al votar el presupuesto que incluyó el financiamiento del programa.

Georgia se convierte así en el segundo estado en adoptar esta tecnología, luego de que Florida financiara el mismo sistema en 2025. La decisión llegó dos años después del tiroteo en el Apalachee High School, donde murieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas.

Florida supera USD 1,1 millones en inversión y Colorado se suma por su cuenta

En Florida, el Deltona High School —una escuela pública al norte de Orlando con cerca de 1.700 estudiantes— fue el primer establecimiento en instalar el sistema, a fines del ciclo escolar pasado.

Le siguieron el Boyd H. Anderson High School, en los alrededores de Fort Lauderdale, y el Godby High School, en Tallahassee.

La Legislatura estatal aprobó otros USD 564.500 para el programa en el presupuesto 2026-2027, tal y como informó News4JAX, con lo que la inversión acumulada de Florida supera el millón de dólares en dos años.

En Colorado, la John Adams Academy —una escuela pública chárter en Sterling Ranch para estudiantes de jardín de infantes hasta duodécimo grado— financiará el programa con recursos propios durante su año inaugural.

El programa se enmarca en una ola de gasto en seguridad de alta tecnología en los campus educativos de Estados Unidos, una industria multimillonaria impulsada por la amenaza de los tiroteos escolares.

Cerca de 400.000 estudiantes vivieron situaciones de violencia armada en sus escuelas desde el ataque al Columbine High School en 1999, según un rastreador del Washington Post que registró 435 tiroteos en ese período.

La iniciativa no estuvo exenta de resistencia. Sonali Rajan, directora sénior de investigación de Everytown for Gun Safety (EGS), afirmó que el programa piloto de drones “no es más que un parche: una medida reactiva ante un problema que nos negamos a resolver de raíz”, en un comunicado recogido por State Affairs.

Rajan agregó que desplegar drones en escuelas secundarias equivale a normalizar el terror en los espacios que deberían fomentar el aprendizaje.

La superintendente del sistema escolar del Condado de Troup, Rachel Hazel, defendió la apuesta. “La seguridad en las escuelas es un enfoque por capas; simplemente querés lo mejor para los chicos”, aseguró al medio State Affairs. “Si ayuda a las fuerzas del orden a saber dónde está el peligro, vale cada centavo.”

Hace poco más de dos años escribía en este espacio una pregunta que resumía el fracaso de nuestra política hídrica: ¿Quién secó la Laguna de Zumpango? En aquel momento sólo quedaban tierra agrietada, incendios y la incertidumbre de cientos de familias que veían desaparecer el último gran vaso lacustre del Valle de México.

Meses después llegaron lluvias extraordinarias que la llevaron incluso a superar su capacidad de almacenamiento. Luego apareció otra amenaza: una invasión masiva de lirio acuático cubrió casi en su totalidad su superficie y volvió a evidenciar el deterioro ambiental del ecosistema. En muy poco tiempo, Zumpango pasó de la sequía extrema a la abundancia y de ésta a una nueva crisis. Quizá ningún otro cuerpo de agua refleja con tanta claridad la fragilidad de la gestión hídrica en México.

Hoy el Gobierno Federal propone escribir un capítulo distinto. Con una inversión superior a los 10 mil 500 millones de pesos, impulsa un proyecto para recuperar la laguna y convertirla nuevamente en un activo estratégico para el Valle de México.

La iniciativa contempla desazolvar el vaso, rehabilitar bordos, construir plantas de tratamiento y potabilización, instalar estaciones de bombeo y nuevos acueductos para incorporar el agua al abastecimiento de la Zona Metropolitana, además de restaurar parte de sus funciones ambientales. Si las metas se cumplen, Zumpango volvería a ser, al mismo tiempo, un humedal vivo y una fuente adicional de agua para millones de personas.

Sería mezquino negar el alcance de esta apuesta. Diversificar las fuentes de abastecimiento, disminuir la presión sobre acuíferos sobreexplotados y recuperar un ecosistema degradado son objetivos que cualquier política pública debería perseguir. Después de décadas viendo desaparecer cuerpos de agua, resulta alentador que el Estado vuelva la mirada hacia uno de los más emblemáticos.

Pero tampoco sería responsable celebrar antes de tiempo.

La recuperación de Zumpango no dependerá únicamente de bombas, tuberías y plantas potabilizadoras. Dependerá, sobre todo, de garantizar la calidad del agua que alimentará el sistema, controlar las descargas contaminantes, contener el lirio acuático y mantener un monitoreo ambiental permanente.

Lo que ocurre en Zumpango también obliga a mirar el resto del país. Mientras este proyecto apuesta por recuperar un lago para convertirlo nuevamente en una fuente de abastecimiento, Querétaro impulsa El Batán como un modelo de reúso potable indirecto, proyecto sobre el que también he escrito en este espacio; otros estados avanzan en desalación, captación de lluvia o modernización de redes. Son esfuerzos valiosos, pero aislados. México continúa respondiendo a sus crisis hídricas con soluciones regionales cuando el desafío exige una verdadera política nacional que articule infraestructura, restauración ambiental, innovación tecnológica y una gobernanza capaz de trascender los sexenios.

La paradoja es evidente. Cada administración anuncia “la obra hídrica” que promete cambiar el futuro de una región, mientras millones de litros se pierden diariamente por fugas, los acuíferos siguen sobreexplotándose, el tratamiento de aguas residuales continúa siendo insuficiente y miles de ríos, presas y lagos permanecen contaminados. Ninguna obra, por ambiciosa que sea, compensará décadas de rezago institucional. La verdadera transformación llegará cuando dejemos de administrar emergencias y comencemos, por fin, a planificar el agua con visión de Estado.

Quizá la mayor enseñanza de Zumpango sea precisamente esa. Hace unos años discutimos quién fue responsable de su deterioro; ahora deberíamos preguntarnos quién garantizará que esta recuperación perdure. Porque rescatar una laguna cuesta miles de millones de pesos. Construir una política hídrica que evite volver a perderla vale mucho más.

Una nota personal

Hay despedidas que no caben en una columna, pero sí en una línea. Para mi mamá, Yadira Aguirre Prior: gracias por ser el cauce que dio sentido a mi vida.

La llegada de nuevos proyectos de inversión a las regiones suele generar expectativas por los posibles beneficios económicos, como la creación de puestos de trabajo, el movimiento comercial y las nuevas oportunidades para las comunidades. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el impacto ambiental, la relación con la población y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Un estudio nacional de la iniciativa Saber para Crecer revela que los peruanos tienen una percepción dividida sobre los efectos de las inversiones, especialmente en sectores como la minería. Mientras una mayoría reconoce sus aportes a la economía, también existe preocupación por los posibles riesgos ambientales y sociales.

Según informó Andina Noticias, el 81% de los ciudadanos considera que la inversión extranjera beneficia la economía del país y el 83% cree que contribuye a la generación de empleo. No obstante, el 77% señala que este tipo de proyectos suele ocasionar daños al ambiente y el 73% considera que puede afectar a las comunidades donde se desarrollan.

Beneficios y riesgos de las inversiones

Ante estas percepciones, la iniciativa Saber para Crecer plantea que la ciudadanía cuente con herramientas para evaluar si una inversión está siendo gestionada de manera responsable. Para ello, propone cinco preguntas clave que permiten conocer el impacto real de un proyecto en el territorio.

De acuerdo con Andina Noticias, la primera pregunta está relacionada con los beneficios concretos que una inversión puede generar para la comunidad. Más allá de la construcción de infraestructura o el inicio de operaciones, un proyecto sostenible debe crear oportunidades para los habitantes de la zona.

En ese sentido, es importante conocer si la iniciativa contempla la contratación de trabajadores locales, la participación de proveedores de la región, programas de capacitación o mejoras en servicios e infraestructura que puedan mantenerse en el tiempo.

Ambiente y transparencia

Otro aspecto fundamental es conocer cómo se manejarán los impactos ambientales durante el desarrollo del proyecto. Según la iniciativa, las empresas deben contar con medidas para prevenir, reducir o compensar los efectos que puedan ocasionar sus actividades.

Por ello, los ciudadanos pueden consultar si existen estudios ambientales, programas de monitoreo, planes de manejo y mecanismos para informar periódicamente sobre los resultados obtenidos.

Según el citado medio, la transparencia es un elemento clave para generar confianza. La población debe tener acceso a información clara sobre permisos, avances, compromisos, fiscalizaciones y resultados del proyecto, de manera que pueda participar con mayor conocimiento en el debate sobre su desarrollo.

Participación y compromisos

La tercera y cuarta pregunta están relacionadas con la posibilidad de que la comunidad participe en los procesos vinculados al proyecto. Para Saber para Crecer, una inversión responsable no solo debe informar a la población, sino también generar espacios donde los ciudadanos puedan expresar dudas, plantear preocupaciones y recibir respuestas.

Los mecanismos de diálogo, reuniones informativas y canales de atención permiten construir relaciones de confianza entre las empresas y las comunidades, además de identificar posibles conflictos antes de que se agraven.

Finalmente, la iniciativa plantea una quinta interrogante: ¿quién verifica que los compromisos realmente se cumplan? La supervisión resulta fundamental para garantizar que las promesas realizadas durante la planificación del proyecto se conviertan en acciones concretas.

Transparencia y fiscalización para evitar riesgos

El seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas requiere conocer qué instituciones están encargadas de fiscalizar, qué información debe ser reportada y cómo la ciudadanía puede acceder a esos datos.

De acuerdo con el estudio de Saber para Crecer, el 65% de los peruanos está totalmente de acuerdo con que una mayor transparencia sobre los contratos y pagos ayudaría a prevenir casos de corrupción relacionados con las inversiones extranjeras.

La iniciativa destaca que contar con información accesible y mecanismos de vigilancia permite fortalecer la confianza en los proyectos de inversión y promover un desarrollo más sostenible, donde los beneficios económicos puedan convivir con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.

El gobierno de Guatemala prevé una inversión de Q226 millones- USD 29,645,866- para mejorar infraestructuras carcelarias y reforzar la capacitación de guardias penitenciarios, informó el director General del Sistema Penitenciario (DGSP), Melvin Rosales.

El funcionario explicó que, por ahora, el proceso se analiza desde el Ministerio de Gobernación, y que se han priorizado ocho centros de detención donde se encuentran las estructuras criminales denominadas pandillas, tanto del Barrio 18, como de la Mara Salvatrucha.

Edwin Rodas, arquitecto encargado de los trabajos, detalló que se contempla fortalecer las áreas de ingreso a los centros de detención, para reforzar la seguridad de lo que ingresa y del personal.

Además, se harán remozamientos en las zonas perimetrales con la instalación de alambre de púas, energizadores, aisladores. Se mejorarán las cuadras de los agentes y las áreas de los comedores.

Las inversiones se prevén de la siguiente manera:

• Renovación I se espera invertir Q35 millones
• Fraijanes II: Q15 millones
• Pavoncito: Q40 millones
• Centro Preventivo para Varones zona 18: Q41 millones
• Cárcel El Boquerón: Q18 millones
• Cárcel para mujeres Santa Teresa: Q23 millones
• Centro de Orientación Femenina (COF): Q30 millones
• Cárcel en Chimaltenango (sectores de hombres y de mujeres): Q24 millones.

Por ahora se prevé hacer las contrataciones de las empresas que se encargarán de la obra, a través de licitaciones públicas, pero no se descarta hacerlo mediante la vía de excepción.

Las remociones y remodelaciones se harán bajo el amparo de la Ley Antipandilla, Decreto 11-2025, aprobada el año pasado

El financiamiento proviene de partidas readecuadas tras la aprobación de la Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, así como de préstamos gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Proponen transformar el Sistema Penitenciario

El 22 de julio, un equipo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de Estados Unidos realizará una visita de campo en Guatemala. La misión contempla respaldar la construcción de aulas destinadas a la formación de guardias penitenciarios, espacios que podrán ser utilizados para el alojamiento temporal de estudiantes, según informó Rosales.

Posterior a la reunión con la delegación estadounidense, se discutirán detalles sobre los recursos específicos que requerirá la edificación de estas aulas. Rosales subrayó que el fortalecimiento de la capacitación representa una prioridad en la estrategia de modernización penitenciaria, en línea con recomendaciones internacionales.

Distribución de recursos y vehículos

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) sostuvo que transformar el sistema penitenciario de Guatemala es una condición para combatir las estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

La propuesta se hizo durante los foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, que se centra en los “Retos y oportunidades del Sistema Penitenciario”.

Los datos expuestos en el encuentro muestran la dimensión del problema: la población reclusa se triplicó entre 2008 y 2020 hasta superar los 25 mil internos, la ocupación carcelaria llegó al 374% de la capacidad instalada en 2019 y en los últimos 15 años no se construyó ningún centro carcelario nuevo, según la información presentada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Según indicaron, Guatemala tiene una tasa de encarcelamiento de 123 personas por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio global de 145 y lejos de la tasa de El Salvador, que alcanza 1.659 y es la más alta de América Latina. También señaló que, tras la caída observada desde la pandemia de covid-19, la cifra de población reclusa se estancó en 2025.

El presupuesto vigente del Sistema Penitenciario para este año asciende a Q991 millones, equivalentes al 0,08% del Producto Interno Bruto, frente a un promedio centroamericano de 0,17%. El costo diario por privado de libertad es de Q118,41.

La percepción de inseguridad sigue influyendo en el clima de negocios en Honduras, según empresarios que advierten que la violencia y la falta de certeza jurídica afectan las decisiones de inversión de compañías nacionales y extranjeras. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, planteó la necesidad de un entorno con mayor confianza.

Qubain sostuvo que garantizar la seguridad de los ciudadanos también implica crear mejores condiciones para la actividad económica, ya que un ambiente estable favorece la apertura de negocios, el crecimiento de las empresas y la generación de empleo.

Qubain expresó su expectativa de que las estrategias aplicadas por las autoridades de seguridad mejoren las condiciones en el país, en especial con acciones preventivas y operativas que reduzcan la incidencia delictiva en las principales zonas productivas.

También señaló que la confianza de los inversionistas no depende solo de la baja de los índices de violencia, sino también de reglas claras, estabilidad institucional y garantías para proyectos de largo plazo.

El presidente de la CCIC indicó que uno de los principales aspectos que evalúan las empresas extranjeras antes de invertir en un país es la protección de sus operaciones, su personal y sus activos.

Explicó además que la seguridad jurídica permite a los inversionistas tener mayor certeza sobre el cumplimiento de contratos, el respeto a las normas y la estabilidad de las condiciones para hacer negocios.

Seguridad jurídica

También mencionó la importancia del apoyo de la cooperación internacional y de los países aliados para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y prevención de la violencia, factores que pueden contribuir a mejorar la percepción del país ante potenciales inversionistas.

Diversos estudios de organismos internacionales han señalado que la inseguridad representa un costo para las economías de América Latina, al incrementar los gastos en protección, seguros y logística, además de reducir la competitividad y desalentar nuevas inversiones.

En Honduras, la industria, el comercio, el turismo y el transporte figuran entre los sectores más sensibles a los efectos de la violencia y la incertidumbre jurídica, ya que ambos factores pueden influir en las decisiones de expansión empresarial y en la creación de empleo.

Especialistas en desarrollo económico coinciden en que la atracción de inversión no depende únicamente de incentivos fiscales, sino también de la existencia de instituciones sólidas, infraestructura adecuada, seguridad ciudadana y estabilidad jurídica.

Clima de negocios

El sector privado considera que mejorar la percepción de seguridad será determinante para aumentar la competitividad del país frente a otras economías de la región que también buscan captar inversión extranjera directa.

Además de reducir la criminalidad, empresarios sostienen que es necesario fortalecer el Estado de derecho y garantizar la aplicación de la legislación vigente, con el objetivo de brindar mayor confianza tanto a quienes ya operan en Honduras como a quienes evalúan desarrollar nuevos proyectos.

Honduras compite con otros países de Centroamérica por atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como manufactura, agroindustria, turismo, energía y logística.

Sin embargo, analistas económicos coinciden en que, además de ofrecer incentivos para los negocios, será determinante fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar estabilidad jurídica y mejorar la confianza institucional.

La ejecutiva sostuvo que la mejora en los indicadores del ciclo —baja de la inflación, reducción del riesgo país— es real y genera una percepción positiva sobre la economía que también es verdadera. Pero esos datos no alcanzan para modificar la estructura productiva del país. “La paradoja es que para que se sostenga en el tiempo y cambie la estructura de la economía productiva argentina, tiene que cambiar la micro, que es la que hoy fricciona. Y eso es inversión”, afirmó la economista.

Según puntualizó Camino, la inversión como porcentaje del PBI fue del 16% en 2025 y cayó al 14% en el primer trimestre de 2026. El nivel considerado necesario para que una economía crezca de manera sostenida es del 25%. “Esa es la discusión: cómo va a hacer el gobierno para lograr que la inversión traccione de manera que se pueda llegar en el tiempo a ese nivel”, planteó.

El diagnóstico, sin embargo, no es uniforme. La economista distinguió entre dos velocidades dentro del mismo país: los sectores dinámicos que ya se beneficiaron del ordenamiento macroeconómico y muestran señales de inversión, y una amplia franja de actividades que todavía no acompañaron ese ritmo. “Hay una micro que tracciona muy bien en aquellos sectores que están muy bien, pero también hay un montón de otras actividades en la economía que todavía no. Y ahí es donde la inversión es el dato que hay que mirar”, dijo.

Uno de los instrumentos que el gobierno desplegó para atraer capital es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los anuncios acumulados bajo ese esquema ascienden a USD 30.000 millones, pero Camino advirtió sobre los tiempos de integración. “Las cuentas nacionales no capturan ese dato de inversión todavía”, señaló, y precisó que de ese total se esperan integrar unos USD 20.000 millones entre 2026 y 2028. “Ese dato tan importante no va a llegar para el año que viene”, advirtió.

El resto de la inversión —la que corresponde a la industria más amplia, con compras de equipos y maquinarias— muestra una caída. “Hay menos inversiones en equipos, menos inversiones en maquinarias. Lo que hay es heterogeneidad”, describió Camino. La economista subrayó que la inversión tiene una cadencia más larga que otros indicadores del ciclo, lo que implica que su recuperación no es inmediata aun cuando las condiciones macroeconómicas mejoren. Para la ejecutiva, esa heterogeneidad es la clave para entender por qué la percepción de mejora convive con sectores que todavía no ven el rebote en sus números concretos.

La apuesta electoral

El análisis de Camino tiene una dimensión política directa. Con el segundo semestre de 2026 como antesala de un año electoral, advirtió que el gobierno enfrenta un riesgo concreto si no logra que la micro acompañe a la macro. “El gobierno tiene más chances de reelegir si la política y la economía se encuentran”, afirmó.

Para que eso ocurra, la economista planteó que la estabilización no alcanza como argumento. “El riesgo que tiene es que no le va a alcanzar solo la macro. Tiene que mirar la inversión, tiene que crecer, o por lo menos la expectativa de la misma, para que empiece a generar un cambio de estructura y no solo de ciclo”, dijo. La diferencia entre ambos conceptos no es menor: un ciclo puede mejorar con estabilización de precios y reducción del riesgo financiero; una estructura productiva diferente requiere que las empresas decidan invertir, y ese proceso tiene sus propios tiempos, independientemente de lo que marque el índice de inflación mensual.

En este escenario, fue directa sobre lo que el gobierno necesita mostrar de cara a 2027: “Tiene que generar la expectativa de que esa inversión va a llegar y se va a comportar en el tiempo de manera creciente”. Con USD 20.000 millones del RIGI pendientes de integración para los próximos dos años, ese horizonte existe, pero todavía no se refleja en las cuentas nacionales.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

La brecha entre Europa y Estados Unidos en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial se amplía a un ritmo que los planes del continente no logran compensar. Mientras los grandes proveedores de servicios en la nube de Silicon Valley (Amazon, Google, Microsoft y Meta) destinan en conjunto más de 650.000 millones de dólares solo en 2026 a centros de datos, chips y sistemas energéticos, la Unión Europea acumula apenas 72.000 millones de dólares (unos 63.000 millones de euros) en inversión de capital riesgo en IA, frente a los 598.000 millones (523.700 millones de euros) de EEUU, según datos de la Reserva Federal recogidos en un informe de Funcas Intelligence publicado este mes de julio. Así, el ‘think tank’ advierte del riesgo de que Europa termine pagando por el uso de una tecnología que no controla y de cuyo valor económico apenas captura nada, mientras otros construyen y son dueños de la infraestructura que la hace posible.

El documento, titulado La fiebre del oro de la IA, sostiene que la competencia por el liderazgo tecnológico ha entrado en una segunda fase en la que el factor determinante ya no es qué modelo de lenguaje obtiene mejor puntuación en los índices de rendimiento, sino quién controla la infraestructura que hace posible su funcionamiento: capacidad de cómputo, centros de datos, energía barata y redes de distribución. Una transición que deja a Europa en una posición de desventaja estructural.

La Comisión Europea anunció un plan para movilizar 200.000 millones de euros en desarrollo de IA, pero solo unos 20.000 millones están firmemente comprometidos, en su mayoría para la construcción de gigafábricas de IA y supercomputación. De esa cifra, menos de 10.000 millones se destinan a infraestructura de cómputo central, con el resto sujeto a coinversión de los estados miembros y actores privados. Las primeras instalaciones no estarán operativas antes de 2027. Un único hiperescalador estadounidense invierte en un año aproximadamente diez veces más que ese fondo europeo en su totalidad.

Los hiperescaladores, columna vertebral del negocio

El informe de Funcas señala que los grandes proveedores de servicios en la nube se perfilan como los actores mejor posicionados del ciclo de la IA, precisamente porque generan ingresos con independencia de qué modelo acabe imponiéndose en el mercado. Sus planes de inversión se parecen cada vez más a los de una empresa de suministros o un conglomerado industrial que a los de una compañía tecnológica tradicional.

Microsoft y Meta firmaron en el último trimestre compromisos de arrendamiento de capacidad por valor de 120.000 millones de dólares adicionales, según datos recogidos por Bloomberg a partir de registros regulatorios. El total de compromisos entre los principales proveedores de nube supera ya los 850.000 millones de dólares. Meta prevé un gasto de capital de entre 120.000 y 135.000 millones de dólares para el conjunto de 2026 y Microsoft, de 190.000 millones. Amazon Web Services comprometió más de 17.000 millones de dólares solo en su región de Fráncfort.

La ventaja decisiva de estos actores frente a los desarrolladores de modelos como OpenAI, Anthropic, xAI radica en su capacidad de financiar esas inversiones con recursos propios. Los segundos, en cambio, dependen cada vez más de la potencia de cálculo y la financiación que les proporcionan esos mismos hiperescaladores, lo que convierte la relación en una dependencia creciente.

Europa: investigación de primer nivel, infraestructura ajena

La paradoja europea, según Funcas, es que el continente cuenta con investigadores e industrias de primer nivel, pero depende de proveedores extranjeros para casi todo lo que sostiene el funcionamiento de la IA. Las empresas y administraciones europeas procesan sus datos en infraestructura de Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud, no en servidores propios. Esa dependencia tiene tres consecuencias directas: exposición operativa, fuga del valor económico generado por la tecnología y sujeción a decisiones de precios y acceso tomadas fuera del continente.

El análisis de Funcas señala que el objetivo de Europa no debería ser replicar a OpenAI, una carrera que el continente no puede ganar en términos de inversión en infraestructura de vanguardia. La brecha es demasiado amplia: en 2024, Estados Unidos construyó 5,8 gigavatios de capacidad en centros de datos; la UE añadió 1,6 gigavatios. Las regulaciones europeas de eficiencia energética y uso del suelo añaden barreras adicionales que no enfrentan los operadores estadounidenses.

La baza industrial, la única salida creíble

Frente a ese diagnóstico, el informe identifica una vía de oportunidad concreta para Europa: la IA industrial. El continente tiene fortalezas consolidadas en sectores manufactureros, logísticos y energéticos donde la aplicación de la inteligencia artificial puede generar valor. Esa es la dirección en la que apuntan también algunos analistas citados por Reuters, que señalan que “hay mucha inversión relacionada con la infraestructura de IA que también beneficia a muchos industriales europeos”, particularmente en semiconductores y automatización.

Hay señales de movimiento en esa dirección. Cerebras, fabricante de chips de IA con sede en EEUU, anunció en julio planes para desplegar su primera capacidad de centros de datos en Europa antes de finales de 2026, con una expansión posterior por Francia y los países nórdicos que alcanzaría una capacidad combinada de 200 megavatios. SoftBank Group también ha comunicado la construcción de un centro de datos de 5 gigavatios en el norte de Francia, con una inversión de hasta 75.000 millones de euros. Son inversiones de capital extranjero, no europeo, pero apuntan a una demanda real de infraestructura local.