El país ha experimentado un alza significativa en sus exportaciones, con un crecimiento del 3.3 % en el inicio de 2026, en línea con la actividad productiva nacional.

La presidenta de La Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, Silvia Cuéllar, explicó en entrevista con el medio estatal, Canal 10, que la combinación de inversión pública y el posicionamiento internacional de El Salvador han sido factores determinantes en este resultado.

Durante los primeros meses de 2026, las exportaciones salvadoreñas totalizaron 689 millones de kilogramos, con un valor de USD 1,080 millones. Cuéllar precisó: “Eso quiere decir un crecimiento en valores del 3.3 % y en volumen del 6,5 %”. La dirigente gremial también proyecta un crecimiento anual sostenido del 10 % para el sector exportador, al término de 2026.

El área de servicios, especialmente el turismo, ha mostrado un desempeño destacable, dijo la empresaria.

Según Cuéllar, el auge alcanza la logística, los viajes y la tecnología de la información, consolidando la diversificación de la economía nacional.

A esto hay que sumar que el índice de producción industrial de El Salvador mostró un avance del 6.4 % interanual en enero de 2026, ubicándose entre los aumentos más pronunciados de los últimos años según el Banco Central de Reserva. Este comportamiento se vincula al dinamismo en sectores como la minería, la manufactura, la energía y el suministro de agua, que atraviesan una etapa de expansión.

Inversión pública y percepción empresarial

Uno de los motores clave de este ciclo de crecimiento ha sido la inversión pública, que aumentó un 179.2 % respecto a los registros previos.

Para 2026, se prevé una inversión superior a USD 1,000 millones en infraestructura y proyectos estratégicos. Cuéllar opinó que este dato “refleja el compromiso que tiene el Gobierno por mejorar las condiciones de nuestro país y, sobre todo, por garantizar el crecimiento económico que el país requiere”.

La actual coyuntura económica salvadoreña supera los promedios de las últimas tres décadas. Los exportadores atribuyen estos resultados a las estrategias del Ejecutivo para fortalecer la competitividad, entre ellas la agilización de trámites, la modernización de la infraestructura y las mejoras logísticas.

Perspectivas y retos

La directora de Coexport señaló que existe una percepción positiva respecto al compromiso gubernamental con la manufactura, los servicios, la inversión y la construcción.

En su opinión, la colaboración público-privada es esencial para mantener la tendencia al alza observada en los principales indicadores.

Los resultados económicos y el impulso de la inversión pública confirman la transformación que vive El Salvador. Las proyecciones del sector exportador, lideradas por Cuéllar, anticipan un crecimiento anual de las exportaciones del 10 %, cimentado en la confianza y la estabilidad que actualmente acompañan al desarrollo nacional.

El Banco Mundial, en su más reciente informe sobre Perspectivas Económicas publicado esta semana proyectó un crecimiento en El Salvador del 3.2%.

“El Salvador, Guatemala y Honduras mantienen un crecimiento relativamente sólido, respaldado por flujos de remesas, exportaciones de servicios y una mayor integración en las cadenas de valor regionales. En El Salvador, mejoras en el entorno de seguridad han coincidido con una mayor actividad en el turismo, el comercio minorista y la inversión en sectores transables, así como con robustas entradas de remesas que han impulsado la liquidez interna, aliviando algunas limitaciones de larga data sobre la actividad económica”, cita el documento.

La presidenta de Coexport reiteró su optimismo respecto a que la economía salvadoreña mantenga un ritmo de crecimiento sostenido que le permita al país un mayor desarrollo a corto plazo.

El sector construcción inició el 2026 con un desempeño destacado al registrar un crecimiento de 15,6% en enero, el más alto desde 2008, y acumular 10 meses consecutivos de expansión, según informó la Cámara Peruana de la Construcción durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 99. Este resultado confirma una recuperación sostenida del rubro, tras un periodo de desaceleración en años previos.

El vicepresidente ejecutivo del gremio, Guido Valdivia, señaló que el dinamismo responde principalmente al mayor consumo de cemento y a la reactivación progresiva de obras. En esa línea, destacó que el sector viene mostrando indicadores positivos de manera continua, lo que refuerza las expectativas de crecimiento para los próximos meses.

Proyecciones positivas y aporte a la economía

Para febrero, CAPECO estima una expansión de 13,3%, lo que permitiría alcanzar un crecimiento de 14,5% en el primer bimestre del año, el mejor resultado para ese periodo desde 2021. Este desempeño, además, contribuiría a que la economía peruana registre su mayor expansión en los últimos siete años.

En paralelo, el Banco Central de Reserva del Perú elevó su proyección de crecimiento del sector construcción de 2,5% a 6,0% para el 2026. Asimismo, se reportó una mejora en las expectativas de inversión privada, que pasaron de 5% a 9,5%, lo que refuerza el escenario de recuperación económica.

Impulso de la obra pública y Obras por Impuestos

Otro de los factores que explican el crecimiento del sector es el avance en la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Según el gremio, la adjudicación de iniciativas bajo este mecanismo se cuadruplicó en el inicio del año en comparación con el 2025.

De mantenerse esta tendencia, se podrían superar los 7.300 millones de soles adjudicados al cierre del 2026, lo que representaría un incremento de 41,1%. Este mecanismo se consolida así como una herramienta clave para dinamizar la inversión en infraestructura y acelerar la ejecución de proyectos.

Comportamiento mixto de la inversión pública

En cuanto a la inversión pública, se observa un comportamiento diferenciado entre los distintos niveles de gobierno. A febrero de 2026, la ejecución de los gobiernos regionales creció 36,8% y la de las municipalidades 17,6% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando niveles récord para un inicio de año.

Sin embargo, el gobierno nacional registró una caída de 14,4% en su nivel de inversión durante el mismo periodo. Este contraste evidencia una recuperación parcial del gasto público, con avances importantes en los niveles subnacionales, pero con rezagos en la ejecución a nivel central.

Riesgos políticos y fiscales

A pesar del contexto favorable, CAPECO advirtió sobre riesgos asociados al entorno político y fiscal. El gremio señaló que la aprobación de normas con impacto en el gasto público, impulsadas desde el Congreso, podría afectar la sostenibilidad fiscal y generar incertidumbre en los inversionistas.

Estas medidas incluyen beneficios laborales y aumentos en el sector público que, según el gremio, reducirían el espacio fiscal disponible para la inversión y podrían debilitar la confianza en la economía. En ese sentido, se planteó la necesidad de mantener reglas fiscales claras y evitar compromisos de gasto de largo plazo sin financiamiento sostenible.

Obstáculos estructurales

El informe también alertó sobre las dificultades persistentes en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Actualmente, se estima que existen obras paralizadas por cerca de 68 mil millones de soles, lo que refleja limitaciones en el modelo de inversión pública.

Proyectos emblemáticos como la Línea 2 del Metro de Lima, la Nueva Carretera Central y el Anillo Vial Periférico continúan enfrentando problemas relacionados con la disponibilidad de terrenos e interferencias con servicios públicos. Estas trabas, según CAPECO, limitan el impacto de las inversiones en la competitividad y el desarrollo del país.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó un nuevo esquema de convenios que busca destrabar y agilizar proyectos de inversión pública en regiones y municipios. El cambio reduce de nueve a tres los modelos existentes, con el objetivo de simplificar procesos, ordenar la intervención técnica del Estado y mejorar los tiempos de ejecución de obras en distintos niveles de gobierno.

La medida fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano y redefine la intervención del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), entidad técnica encargada de brindar asistencia a los gobiernos subnacionales en el desarrollo de infraestructura pública.

Qué cambia desde ahora

En términos prácticos, esto implica reglas más claras y menos carga administrativa para que los gobiernos regionales y locales accedan al soporte técnico del Estado, especialmente en etapas clave de formulación y ejecución de proyectos.

Hasta ahora, la existencia de múltiples modelos generaba procesos más largos y, en algunos casos, duplicidades en la gestión. Con la reducción, se busca estandarizar los procedimientos, facilitar la toma de decisiones y hacer más predecible la intervención del OEDI en distintas fases de los proyectos de inversión.

Más intervención técnica en todo el proceso

Uno de los cambios principales es que el OEDI tendrá una participación más activa a lo largo del ciclo de inversión, lo que amplía su rol más allá de la asistencia puntual.

Esto incluye la elaboración de estudios de preinversión, el desarrollo y actualización de expedientes técnicos, así como el acompañamiento durante la ejecución física de las obras, especialmente en los casos en que la entidad haya participado en el diseño. Este enfoque busca dar continuidad técnica a los proyectos y reducir errores en etapas posteriores.

El jefe del OEDI, Julio César Palacios García, indicó que esta actualización permitirá ordenar los mecanismos de intervención y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de inversión en regiones y municipios, donde suelen concentrarse las mayores brechas de infraestructura.

Impacto en la ejecución de proyectos

La medida apunta a mejorar la calidad técnica de los proyectos desde sus etapas iniciales, un factor clave para evitar retrasos, modificaciones o paralizaciones durante la ejecución, problemas recurrentes en la inversión pública.

Al contar con un acompañamiento más estructurado, los gobiernos subnacionales podrán desarrollar expedientes técnicos más consistentes y contar con asistencia especializada en momentos críticos del proceso. Esto resulta especialmente relevante en proyectos vinculados a servicios básicos, donde fallas en la planificación suelen traducirse en demoras, sobrecostos o interrupciones.

Más de 2.700 obras paralizadas

La decisión de simplificar los convenios se da en un escenario marcado por un alto número de proyectos detenidos en el país. Según datos preliminares de la Contraloría General de la República, hasta enero de 2026 existen 2.741 obras públicas paralizadas a nivel nacional, una cifra superior a la registrada al cierre de 2025.

El año pasado cerró con 2.416 proyectos detenidos, lo que implica un incremento de 325 obras en pausa. Estas iniciativas, correspondientes a los tres niveles de gobierno, representan una inversión superior a los S/ 67.139 millones que no está generando beneficios para la población.

De acuerdo con el organismo de control, una de las principales causas de esta situación es la limitada capacidad técnica en la gestión de inversiones públicas, un factor que incide directamente en fallas de diseño, problemas en expedientes técnicos y dificultades durante la ejecución.

Las cifras reflejan además diferencias por nivel de gobierno. Alrededor del 20% de las obras del Gobierno nacional se encuentran paralizadas, mientras que en el ámbito regional la cifra bordea el 15%, evidenciando brechas en la capacidad de gestión.

A nivel territorial, Cusco concentra el mayor número de obras detenidas, con 382 proyectos, seguido de Puno (277) y Áncash (cerca de 200). También destacan Ayacucho y Cajamarca, con más de un centenar de iniciativas paralizadas. En paralelo, regiones con mayor presupuesto como Lima, Arequipa, La Libertad y Piura registran igualmente altos niveles de obras en pausa.

De acuerdo con el informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), entre 2018 y 2024 la inversión media anual en infraestructuras en España alcanzó los 10.500 millones de euros, es decir, una cifra situada 1.500 millones de euros por debajo del umbral de 12.000 millones necesario para contrarrestar la depreciación que sufren las infraestructuras a causa del uso y del paso del tiempo. Este déficit, recogido por el medio, pone de manifiesto la existencia de una brecha acumulada que, según ha advertido el IEE, no solo responde a la necesidad de una mayor inversión para el mantenimiento, sino también al incremento de la población y al crecimiento económico experimentado por el país en los últimos años.

El medio destacó que, durante la presentación de su informe titulado ‘La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España’, el presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, señalaron que en 2024 España destinó menos del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a infraestructuras. Esta proporción resulta inferior al 2,4% que se invertía en 2007. El dato cobra relevancia en el contexto de los 150.000 millones de euros adicionales que el Estado ha incorporado a sus ingresos desde 2019. Según consignó el IEE, esta situación contrasta con la falta de incremento en la inversión en infraestructuras, además de que algunas se han visto destruidas o deterioradas significativamente, en un periodo marcado también por la ausencia de presupuestos generales durante cuatro años.

Fernández de Mesa aludió a las consecuencias de la crisis financiera que estalló en 2008, afirmando que la caída de la inversión en los años posteriores tenía justificación por los problemas de financiación de ese momento. No obstante, expuso que, en el escenario actual de máximos históricos de ingresos públicos, no encuentra sentido a que no se refuerce el esfuerzo inversor. Según señaló el presidente del IEE, la inversión en infraestructuras “no ha sido, ni de lejos, una prioridad” para el Estado y pone el foco en la influencia directa que tiene la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre este escenario.

El informe elaborado por el IEE planteó que, si España aspira a igualar el esfuerzo inversor público de la Unión Europea, debería sumar 10.500 millones de euros adicionales a su inversión anual actual. Para converger con el esfuerzo conjunto público-privado realizado en la UE, esta cifra ascendería a 19.000 millones anuales, y si el objetivo es igualar la renta per cápita de la UE, se necesitarían 55.000 millones adicionales cada año en inversiones. Según reportó el medio, en el caso específico del sector ferroviario, sería necesario incrementar en un 77% la inversión en mantenimiento por kilómetro para que España alcance el promedio europeo.

En declaraciones reunidas por el medio, Fernández de Mesa vinculó la insuficiencia en el gasto destinado a mantenimiento e inversión con incidentes recientes, como el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y la interrupción de servicios en tramos como el de Málaga. Para el IEE, estos acontecimientos reflejan las consecuencias directas de la falta de recursos y planificación en materia de infraestructura.

El IEE, según publicó la fuente, considera que el Estado podría carecer de la capacidad suficiente para afrontar las inversiones requeridas con fondos exclusivamente públicos, lo que lleva a la entidad a proponer un incremento de la colaboración público-privada. Fernández de Mesa indicó que será necesario diseñar mecanismos que permitan la participación del sector privado en el desarrollo y la modernización de las infraestructuras nacionales, además de explorar fórmulas mixtas y nuevas fuentes de financiación.

El informe también recogió recomendaciones de otras instituciones, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha sugerido establecer una regla obligando a los gobiernos a invertir el mínimo necesario para que las infraestructuras no sufran depreciación y mantengan su valor con el tiempo. El presidente del IEE valoró positivamente esta propuesta, considerando que la adopción de este tipo de medidas ayudaría a estabilizar las inversiones y aseguraría el mantenimiento adecuado de activos públicos.

En relación con los métodos para reforzar la financiación, el IEE expresó interés en las medidas dirigidas a introducir peajes en autovías como vía para captar recursos. Según detalló Gregorio Izquierdo, la eliminación de peajes en ciertas autopistas, una decisión tomada por el Gobierno, ha derivado en un abandono de la inversión, ya que los contratos de concesión privada aseguraban la existencia de una inversión mínima continuada en tiempo y cantidad.

El director general del IEE argumentó que las iniciativas público-privadas en el sector de las infraestructuras favorecen la funcionalidad, la adecuación y la suficiencia de las mismas, y contribuyen a una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Bajo esta perspectiva, el instituto hace un llamado a reconsiderar el papel de los mecanismos de colaboración con el sector privado en la estrategia de inversión del Estado.

Según concluyó el medio, el IEE enfatizó la urgencia de buscar soluciones ante el deterioro del sistema nacional de transporte y subrayó la necesidad de atraer la implicación del sector empresarial a través del diseño de esquemas mixtos y la identificación de nuevas fuentes de financiación, ante un escenario de recursos estatales limitados.

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

No obstante, persisten desequilibrios relevantes en la composición y el destino de los recursos, donde los dirigidos a infraestructuras quedan relegados, según recoge el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La inversión pública, impulsada por los fondos europeos Next Generation, representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, acumulando un incremento del 56% desde 2019. El sector privado también mantuvo su tendencia ascendente, con un aumento del 4,6% en el último año y una diferencia positiva del 8,6% frente a 2019.

Pese al avance global de la inversión, el informe advierte de que la partida dirigida a infraestructuras de uso público —como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, portuarias, aeroportuarias y urbanas— se mantiene en niveles bajos.

El peso de este sector en el total de la inversión pública ha descendido del 61% en 2009 al 38% en 2025, una proporción que no se ha recuperado desde la pandemia. Actualmente, los volúmenes invertidos son un 25% inferiores a los del año 2000 y un 60% menores que el máximo alcanzado en 2009, lo que impacta directamente en el mantenimiento y renovación del capital público acumulado.

El documento subraya que, en algunas infraestructuras, la inversión actual no cubre ni siquiera la depreciación ordinaria, lo que ha provocado una reducción progresiva del stock de capital público. Esta situación afecta principalmente a las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años.

El cambio climático y el deterioro de los activos públicos

Coincidiendo con la debilidad inversora, se intensifican los efectos del cambio climático sobre activos públicos y privados en España. El informe destaca que las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones, destruyen porcentajes significativos de infraestructuras y otros activos materiales. El documento destaca que la reposición de los daños derivados de desastres naturales exige un esfuerzo adicional de inversión, tanto para cubrir la depreciación ordinaria como la extraordinaria.

La publicación analiza el caso de la DANA de Valencia de octubre de 2024 y estima que el esfuerzo inversor necesario para compensar los daños de inundaciones podría suponer entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual acumulada a lo largo de 50 años. Si la reposición de daños se concentra en un solo ejercicio, la inversión requerida podría elevarse entre el 5,4% y el 38,3% del total anual, y en zonas de alto riesgo como Valencia, llegar hasta el 848,2% de la inversión de un año ordinario.

A pesar de la recuperación en términos absolutos, el esfuerzo inversor respecto al PIB español se mantiene estable en torno al 20,6% en 2025, una cifra inferior al promedio registrado en la primera década del siglo (26%-30%) y todavía por debajo del 22% registrado en las principales economías europeas. El análisis puntualiza que, después de la caída durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, y el impacto de la pandemia, la recuperación de la inversión no ha alcanzado los máximos de 2007.

Entre 1995 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo, pero la crisis financiera supuso un brusco descenso, seguido de un repunte entre 2014 y 2019, hasta que llegó el impacto del Covid-19 en 2020. Desde 2021, el ciclo inversor volvió a mostrar una tendencia positiva, sostenida hasta la actualidad.

Más tecnología y menos ladrillo

El patrón de inversión en España ha evolucionado hacia una mayor intensidad en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), activos inmateriales como software e I+D, y maquinaria, mientras que las inversiones inmobiliarias han perdido peso. Según la base de datos actualizada por la Fundación BBVA y el Ivie, el peso de la inversión inmobiliaria ha caído del 68% previo a la Gran Recesión (2008-2013) a algo más del 50% en 2025.

Entre 1995 y 2024, España y Estados Unidos multiplicaron por más de cuatro la inversión en TIC e intangibles, aunque el punto de partida español era muy bajo.

La caída de la inversión residencial fue especialmente marcada desde 2007, con un descenso acumulado del 52,7% hasta 2013. Aunque en la última década se observó una recuperación, la construcción de vivienda sigue sin cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico.

En 2025, se construyeron cerca de 88.000 nuevas viviendas, mientras la creación de hogares superó los 226.000, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Estadística Continua de Población del INE.

Recuperación limitada de las infraestructuras productivas

La inversión pública en infraestructuras fue la que más sufrió durante la Gran Recesión (2008-2013), utilizada como herramienta de ajuste fiscal. Entre 2012 y 2020, permaneció en niveles muy bajos y, aunque en los últimos cinco años se vio reforzada por los fondos europeos, sigue un 34% por debajo del máximo de 2009.

El informe detalla que en 2025 la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior.

El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos.

Ferrocarriles, carreteras e hidráulica: sectores en descenso

Entre los distintos tipos de infraestructuras, el mayor retroceso corresponde al ferrocarril, que ha visto caer la inversión un 66,7% desde 2009, hasta los 4.589 millones de euros en 2025. Pese a ello, representa el 28,5% del total inversor en infraestructuras, habiendo ganado peso frente a los años 90.

Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009. El estudio atribuye gran parte de estas inversiones a la Confederación Hidrográfica, responsable de la prevención de avenidas y obras relacionadas con el ciclo del agua.

Las inversiones en infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias también han experimentado caídas, aunque las urbanas repuntaron en la última década. En 2025, las infraestructuras urbanas alcanzaron 1.434 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior, mientras las portuarias y aeroportuarias se situaron en 1.626 y 1.216 millones, respectivamente.

El valor real del stock público retrocede

El informe cuantifica el impacto de la baja inversión en el valor real del stock de capital público, que se ha reducido en 11.000 millones de euros desde 2014, hasta los 583.331 millones. Las dotaciones de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y urbanas han retrocedido, y solo las viarias muestran un ligero crecimiento, insuficiente para compensar la caída de los demás sectores.

En varios años, la inversión neta en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias fue negativa, sin cubrir el mantenimiento mínimo necesario para evitar la depreciación de los activos acumulados.

El análisis concluye que España afronta un reto doble: mantener el valor de las infraestructuras y anticipar el impacto de las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático. Sus autores consideran que es imprescindible repartir los esfuerzos inversores en el tiempo y en los territorios más expuestos, para evitar que la destrucción de activos públicos y privados derive en pérdidas irreversibles y en un deterioro de la prestación de servicios esenciales.

En febrero de 2026, el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes, en Piura, fue certificado para recibir vuelos internacionales tras cumplir los estándares de seguridad de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Este avance abre una oportunidad para mejorar la conectividad y potenciar el turismo regional, sector que representa en promedio el 22% del PBI de la región, consolidándose como una actividad clave para dinamizar la economía y contribuir a reducir la pobreza. Sin embargo, a cinco años de la pandemia, la mayoría de los indicadores del sector aún no muestra una recuperación sostenida.

Conectividad rezagada y menor demanda de hospedajes pese a mayor oferta

El tráfico aéreo en Piura mostró señales de debilitamiento en 2025. Entre enero y noviembre, los dos aeropuertos de la región movilizaron 1,2 millones de pasajeros, una caída de 1,3% respecto de 2024 y 14,4% por debajo de 2019. La caída se explicó por la menor afluencia en ambos terminales: el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico registró 153 mil pasajeros menos que en 2019, mientras que el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes reportó una disminución de más de 50 mil.

Este retroceso también se vincula con una menor demanda de hospedajes. Entre enero y octubre de 2025, los hospedajes de la región recibieron 870.700 turistas, 16,1% menos que en el mismo periodo de 2024, debido a la menor llegada de visitantes nacionales (-11,0%) y extranjeros (-47,0%). Además, la región aún mantiene una brecha de casi 260 mil turistas frente a los niveles observados en 2019.

En contraste, la oferta hotelera se mantuvo estable, aunque el empleo turístico no se recupera por completo. En 2025, Piura registró 1.230 establecimientos de hospedaje, una cifra 0,4% menor a 2024, pero 24,2% superior a 2019 (991 establecimientos). A la par, el empleo en el sector turístico alcanzó 59.200 puestos directos e indirectos en 2024, 7,5% más que en 2023; sin embargo, todavía se ubicó 20,2% por debajo de 2019, cuando se contaban con 74.200 puestos.

La llegada de visitantes a centros turísticos tampoco recupera sus niveles prepandemia. En 2025, la Sala de Oro del Museo Municipal Vicús recibió 4.300 visitantes, 21,4% menos que en 2024 y 3,4% por debajo de 2019. Asimismo, la Zona Arqueológica y Museo de Sitio Narihualá recibió 21.500 visitantes, 9,5% menos que en 2024 y 36,3% por debajo de 2019.

Baja inversión

Las oportunidades para mejorar la conectividad y dinamizar el turismo tendrán un impacto limitado mientras Piura mantenga brechas de infraestructura y baja ejecución de inversión pública en el sector. En 2025, Piura contó con S/ 14,5 millones para turismo, más del doble que en 2024 (S/ 6,8 millones, a precios constantes) y el monto más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, solo ejecutó 8,3% del total, muy por debajo del 81,7% de 2024. Esta baja ejecución se explica, en gran parte, por un proyecto que concentró cerca del 90% del presupuesto turístico regional: el mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el malecón turístico Los Órganos (Talara), cuya ejecución fue nula. Además, Piura ha ejecutado sistemáticamente por debajo de su presupuesto en turismo durante los últimos siete años. En 2026, aunque el presupuesto del sector parece mantenerse relativamente constante, persiste el riesgo de una baja ejecución.

El impacto de la certificación del Aeropuerto de Talara para recibir vuelos internacionales dependerá de que se consolide una estrategia integral para el sector. No basta con contar con el acceso: se requiere fortalecer la logística y la conectividad interna, asegurar condiciones de seguridad y acelerar proyectos de ampliación e infraestructura que sostengan un mayor flujo de visitantes. Además, debe darse mayor consideración a la persistencia de fenómenos climáticos que afectan a regiones como Piura, lo que exige reforzar medidas de prevención e infraestructura para evitar caídas en las cifras vinculadas al turismo. En paralelo, es indispensable mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y orientar las intervenciones hacia promoción, servicios y gestión turística con resultados verificables.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

Los países de Centroamérica y el Caribe registraron en 2025 un escenario fiscal influido por el comportamiento de los ingresos públicos y el impacto de fenómenos naturales, según el informe macroeconómico 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento, titulado "Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante", advierte sobre los desafíos de sostenibilidad presupuestaria en la región.

Según el BID, Panamá registró un incremento en sus ingresos tributarios, lo que fortaleció la recaudación y permitió mejorar la posición fiscal del país durante el año. El informe apunta que la mayoría de los países con saldos positivos en sus cuentas públicas lograron ese avance gracias a mayores ingresos fiscales, sobresaliendo el caso de Panamá. En cambio, Haití presentó una disminución de ingresos que no pudo ser compensada, lo que derivó en un aumento de su déficit fiscal, según el organismo multilateral.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la composición del gasto público mostró escasas variaciones en 2025, predominando el gasto corriente. Elementos como salarios, transferencias y pagos de intereses limitaron la flexibilidad presupuestaria de la mayoría de las naciones. En Barbados, México y Panamá, la contención del gasto se enfocó principalmente en la inversión pública, mientras que en Belice y Guatemala se detectó un aumento en el gasto de capital.

Ganancias y desafíos fiscales en la región

El informe describe que el espacio fiscal disponible suele destinarse a aumentar el gasto corriente durante periodos de bonanza, mientras que los procesos de consolidación tienden a afectar la inversión pública. Solo El Salvador consiguió reducir de manera relevante el gasto corriente, fenómeno poco habitual en la región.

Para el mediano plazo, el BID llama la atención sobre el riesgo que representan los desastres naturales para la estabilidad fiscal en Centroamérica y el Caribe. Citando estudios técnicos, el informe indica que tras tormentas graves, la deuda pública promedio de los países afectados termina siendo aproximadamente un 18% más alta tres años después del evento, en comparación con la tendencia previa. Este incremento se atribuye a la necesidad de financiar la reconstrucción y al daño en la infraestructura productiva que reduce temporalmente los ingresos fiscales.

El impacto de los desastres naturales sobre la estabilidad

Para ilustrar el impacto de estos fenómenos, el informe utiliza el caso de Jamaica. El país caribeño enfrentó en 2025 un huracán de categoría 5, mientras todavía intentaba recuperarse de una tormenta de categoría 4 sufrida un año antes. Según un estudio conjunto elaborado por el BID y el Banco Mundial, los daños totales por estos eventos equivalieron al 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de Jamaica.

Pese a ello, el ratio deuda/PIB se mantuvo cercano al 60% debido a más de una década de reformas institucionales, superávits primarios y una estrategia de financiamiento diversificada, que incluye bonos catastróficos y fondos nacionales de reserva para desastres.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluye que las reformas fiscales sostenidas, junto con instrumentos de financiamiento de riesgos preestablecidos y diversificados, pueden ayudar a los países de Centroamérica y el Caribe a absorber el impacto de desastres naturales sin comprometer la sostenibilidad de la deuda.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció una nueva institucionalidad fiscal y una aceleración de la inversión pública para sostener el crecimiento económico de la República Dominicana, durante el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). El evento reunió a figuras destacadas del sector público y privado, incluida la vicepresidenta Raquel Peña, para debatir los retos y oportunidades del entorno económico nacional.

Según detalló Díaz, el Gobierno planea incrementar la inversión pública con una asignación adicional que podría oscilar entre medio punto y un punto del producto interno bruto (PIB) en el presupuesto reformulado, bajo la premisa de ejecutar estos recursos de manera responsable. El funcionario subrayó la intención oficial de remover trabas burocráticas que afectan la inversión privada, en coordinación con el sector empresarial, como parte de la iniciativa Meta RD 2036.

Entre las medidas inmediatas, el titular de Hacienda y Economía mencionó el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar impuestos considerados obsoletos y suavizar sanciones, con el fin de facilitar el cumplimiento fiscal a los contribuyentes. También resaltó la automatización de los procesos de exenciones fiscales gestionados por el ministerio, comenzando con el lanzamiento de doce trámites digitales en mayo, así como la agilización de la aplicación de exenciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) mediante factura electrónica y scoring tributario, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Durante su intervención, Díaz puso en valor el cumplimiento holgado de la regla fiscal en 2025, hecho que atribuyó a la reducción del gasto corriente y al aumento de la inversión pública por encima de lo presupuestado. El ministro anunció la llegada de una “institucionalidad fiscal 2.0”, que abarcará la redefinición de la regla fiscal —para evitar que limite el gasto de capital—, la creación de un Consejo Fiscal autónomo, el diseño de un esquema para administrar los ingresos derivados de las tierras raras y la focalización progresiva de subsidios generalizados.

Al referirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Díaz remarcó que el ingreso de la República Dominicana a este organismo no debe interpretarse como el acceso a un club de países ricos, sino como la adopción de estándares internacionales de buenas prácticas. “Desde el Ministerio de Hacienda y Economía estaremos apoyando la agenda del presidente Abinader cuidando la estabilidad macro, asegurando la sostenibilidad fiscal y el manejo sostenible de la deuda. Pero también promoviendo la agenda de reformas sectoriales”, afirmó el funcionario durante el encuentro de la Amchamdr.

En su análisis sobre el contexto internacional, el titular de Hacienda y Economía expresó que tanto el Banco Central como el Gobierno cuentan con la preparación necesaria para enfrentar los desafíos externos actuales.

La presidenta de la Amchamdr, Francesca Rainieri, introdujo al ministro Díaz como orador invitado y señaló que la República Dominicana se consolida como un destino seguro para la inversión y como un socio confiable en la región. “Más allá de las remesas, existe un genuino deseo de invertir en proyectos productivos, de crear alianzas estratégicas y de apostar por el crecimiento sostenible del país. Ese interés es una señal clara de confianza en nuestra economía y en nuestro clima de negocios, y representa una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el desarrollo y la proyección internacional”, afirmó Rainieri.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Amchamdr, William Malamud, destacó que la organización mantiene el enfoque en fortalecer la relación bilateral para impulsar la competitividad, la inversión y el crecimiento sostenible. Reconoció los avances del país en estabilidad macroeconómica, fortalecimiento institucional e integración a cadenas globales de valor, factores que, según sus palabras, transmiten confianza y previsibilidad a los inversionistas internacionales.

El almuerzo empresarial de la Amchamdr se celebra mensualmente y reúne a líderes de los sectores público y privado para analizar temas socio productivos y proponer estrategias que contribuyan al desarrollo económico y la institucionalidad. La edición contó con la asistencia de autoridades como el presidente del Senado, Ricardo De los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; y el ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, entre otros representantes.

Esta mañana, durante la conferencia matutina, Jorge Mendoza, director general de Banobras, presentó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum el plan de infraestructura carretera más grande del actual gobierno. La apuesta es modernizar y construir más de 1,450 kilómetros de carretera en 11 estados del país, con una inversión estimada de más de 150 mil millones de pesos.

¿Qué se va a construir y dónde?

El plan contempla 18 proyectos prioritarios distribuidos en Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. De estos, 11 operarán bajo el modelo CMRO —Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación— y 7 bajo el esquema de Inversión Mixta, donde el sector privado participa junto al Estado.

Los dos proyectos estrella son el Corredor del Golfo de México y la modernización de la Ruta 57, dos de las vías más estratégicas para el comercio y la movilidad del país.

Lo que esto significa para los mexicanos

Más allá de los números, el impacto es concreto: 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos, menos tiempo en carretera, mayor seguridad vial y más agilidad para el comercio exterior. En pocas palabras: mejores condiciones para millones de personas que cada día dependen de estas vías para trabajar, transportar mercancía o simplemente llegar a casa.

¿Qué es el Modelo de Inversión Mixta?

Es un esquema donde el gobierno y el sector privado construyen juntos. La concesión se otorga a una empresa con participación mayoritaria del Estado, pero el privado pone dinero, asume riesgos y, una vez que el proyecto está en operación, recupera su inversión. No es regalarle nada a nadie: es un modelo donde ambas partes ganan si el proyecto funciona bien.

Lo que lo hace atractivo es que los proyectos son autofinanciables — Banobras, la banca comercial y otros inversionistas pueden participar en el financiamiento — y contempla mecanismos de gobernanza que protegen los derechos del privado. En pocas palabras: el Estado dirige, el privado invierte y juntos entregan infraestructura que México necesita.

¿Cómo se va a financiar estas obras?

Una de las claves del plan es que los proyectos están diseñados para ser autofinanciables. Banobras, la banca comercial y otros inversionistas participan en el financiamiento. Además, los pagos al sector privado estarán sujetos al cumplimiento de estándares de desempeño con un supervisor independiente que vigilará cada contrato. Si la carretera no cumple, el pago se reduce. “Si cumple, todos ganan”.

El coste total de la gala se sitúa en el entorno de los 3,1 millones de euros, dentro de una horquilla habitual de entre tres y cuatro millones para este tipo de eventos televisivos de gran formato, según estimaciones recogidas por la revista Forbes. Esa cifra incluye la producción técnica, la escenografía, la retransmisión, los derechos técnicos de emisión, la logística, la seguridad, el transporte de invitados, el hospitality, el dispositivo de comunicación y el canon que se abona a la Academia de Cine.

Este importe se financia a través de un modelo mixto. La Generalitat de Catalunya aporta alrededor de dos millones de euros a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), mientras que el Ayuntamiento de Barcelona contribuye con cerca de un millón. En conjunto, la aportación pública ronda los tres millones de euros, alineada con el canon que otras ciudades han asumido en ediciones recientes. A ello se suman los patrocinadores privados, como marcas de automoción, joyería, bebidas o moda, y la participación de RTVE como socio de retransmisión. Toda esta inversión está destinada íntegramente a costear la producción del evento, ya que los premiados no reciben ninguna dotación económica con el galardón.

Hasta 12 millones de euros generados

La clave, sin embargo, no está solo en el coste, sino en el retorno previsto. Las administraciones catalanas estiman un impacto económico mínimo de nueve millones de euros, con posibilidad de alcanzar los doce millones si se cumple el retorno mediático calculado entre ocho y diez millones. En términos relativos, se confía en multiplicar por tres o por cuatro la inversión pública inicial.

Además, se prevé más de un millón de euros en gasto directo y la activación de hoteles, restauración y transporte para más de 3.000 participantes. Los alojamientos de Barcelona están registrando casi plena ocupación hotelera en estas fechas, impulsados por la coincidencia de los Premios Goya y el Microsoft World Congress (MWC) que se celebrará del 2 al 5 de marzo.

Barcelona superará a las ediciones anteriores

Estas previsiones están en línea con los precedentes recientes, aunque las cifras superar a las de ediciones anteriores. En Granada (2025), la gala registró un impacto económico directo de 8,48 millones de euros, con ocupación hotelera prácticamente completa y más de 600 empleos generados en torno al evento. En Valladolid (2024), el impacto neto se aproximó a los diez millones de euros, con el 100% de ocupación hotelera y más de 30.000 asistentes a actividades paralelas. Por su parte, Málaga superó los seis millones de euros de retorno en 2021, incluso en un contexto más contenido.

La audiencia televisiva es otro factor determinante, que condiciona el retorno de la inversión en campañas de márketing. En ediciones recientes, la gala ha congregado entre dos y tres millones de espectadores y ha superado el 20% de cuota de pantalla, lo que la convierte en uno de los eventos más vistos del año en España. Así, ese destacado alcance multiplica el valor publicitario de la gala, al mismo tiempo que refuerza la proyección internacional de la ciudad anfitriona.

La reciente decisión de elevar la Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete al rango de agencia nacional representa uno de los principales anuncios del nuevo Gobierno japonés, que busca reforzar los mecanismos de seguridad ante posibles injerencias extranjeras. La medida se complementa con la creación de un comité ministerial, según informó Europa Press, cuya tarea consistirá en abordar acciones externas consideradas injustificadas y fortalecer la defensa interior. Esta estrategia se inserta en un contexto de tensión regional por el incremento de actividades militares extranjeras.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expuso en su comparecencia ante la Dieta Nacional el fin de la etapa caracterizada por la austeridad fiscal continuada, una política que durante años limitó la capacidad de inversión y restringió el desarrollo económico, según publicó Europa Press. El discurso, pronunciado después de su reciente reelección y una victoria que asegura la mayoría parlamentaria, incluyó la promesa de optar por presupuestos más expansivos e impulsar la inversión pública para fortalecer la economía de Japón. De acuerdo con Europa Press, Takaichi hizo énfasis en que su gabinete “presionará intensamente” a favor del crecimiento, reiterando su voluntad de activar un “círculo virtuoso” en el que aumenten las inversiones y, como consecuencia, los salarios.

La dirigente japonesa subrayó la necesidad de cooperación interpartidista, invitando tanto a la bancada oficialista como a los partidos de oposición a colaborar en el proceso de aprobación del nuevo presupuesto para 2026 y en los proyectos de reforma tributaria que el Gobierno considera imprescindibles para el desarrollo. Según detalló Europa Press, la mandataria solicitó respaldo parlamentario durante el periodo legislativo de 150 días que se abre para el trámite presupuestario y la discusión de reformas.

En el ámbito internacional, Takaichi abordó los desafíos en la política exterior japonesa, caracterizando la coyuntura regional como el entorno de seguridad más difícil desde la posguerra. Según consignó Europa Press, la primera ministra criticó tanto la intensificación de las maniobras militares chinas en Asia Oriental como los intentos detectados de modificar el statu quo mediante el uso de la fuerza o la coerción. A pesar de las diferencias, la líder japonesa marcó distancia respecto a episodios anteriores y manifestó su compromiso con la estabilidad, señalando la intención de mantener una relación constructiva y comunicación fluida con Pekín después de los roces suscitados por declaraciones previas sobre Taiwán.

La relación bilateral con Estados Unidos también ocupó un lugar central en la intervención de Takaichi. Europa Press reportó que la primera ministra viajará el mes siguiente a Washington para reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump. Con este encuentro, el Ejecutivo japonés pretende fortalecer aún más la relación de confianza mutua y consolidar la alianza, definida desde la intervención como “la piedra angular” de la política exterior del país. El acercamiento con Washington se presenta como clave para los próximos meses, tanto desde la perspectiva de la seguridad nacional como del diálogo económico y político entre ambos países.

En su alocución, la mandataria japonesa reflejó la apuesta por una nueva política económica fundamentada en la inversión y el abandono de la austeridad fiscal, acompañada de una política internacional que procura alinear la defensa nacional con la estabilidad diplomática. De acuerdo con Europa Press, Takaichi definió esta etapa como una oportunidad para activar mecanismos institucionales y parlamentarios que permitan a Japón adaptarse a un entorno dinámico, tanto en lo doméstico como en el escenario global.

La reciente emisión de bonos soberanos realizada por República Dominicana registró una demanda global que superó los 7.200 millones de dólares (6.049 millones de euros), de acuerdo con el comunicado del ministerio de Hacienda y Economía. Esta demanda, que equivale a cerca de 2,6 veces el total ofertado, pone de manifiesto el interés de los inversores internacionales en los títulos de deuda del país caribeño, en medio de un contexto económico que las autoridades describen como sólido y estable. La operación, que tuvo lugar en los mercados internacionales, permitió captar un total de 2.750 millones de dólares (2.310 millones de euros), distribuidos en dos tramos diferenciados.

Según publicó el ministerio de Hacienda y Economía, el primer tramo consistió en una emisión de 1.250 millones de dólares (1.050 millones de euros) con vencimiento a 8 años, sujeta a una tasa de interés del 5,750%. El segundo tramo correspondió a una colocación de 1.500 millones de dólares (1.260 millones de euros) a un plazo de 12 años, con una tasa del 6,150%. El medio reportó que la transacción se estructuró como parte del programa de financiación estatal aprobado dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio de 2026.

El ministerio detalló que los fondos recaudados mediante la emisión de estos bonos soberanos se destinarán al financiamiento de una serie de proyectos de inversión pública. Las áreas a las que se dirigirán estos recursos comprenden obras de infraestructura, transporte, energía, provisión de agua, salud y educación, acorde a lo establecido en el plan presupuestario oficial. De esta manera, República Dominicana busca canalizar parte del capital obtenido hacia la mejora de servicios básicos y el fortalecimiento de sectores estratégicos para el desarrollo económico y social.

El comunicado oficial, recogido por diversos medios, subraya que el riesgo país de la República Dominicana se sitúa actualmente cerca del 15%, lo que representa uno de los índices más bajos en la historia reciente de la nación. Según consignó el ministerio, este indicador constituye una señal de la solidez de los fundamentos macroeconómicos dominicanos, así como de la estabilidad institucional y el manejo considerado de las finanzas públicas. Las autoridades también señalaron que la respuesta del mercado internacional “refleja la alta confianza de inversores internacionales en la economía dominicana”.

El medio explicó que, en el contexto actual de los mercados financieros, una demanda tan alta por títulos de deuda soberana indica la percepción positiva respecto a la orientación económica y la gestión fiscal de República Dominicana. Los inversionistas reaccionaron de manera favorable a los tramos ofrecidos, lo que permitió colocar la totalidad de la deuda esperada y, además, evidenció un respaldo al rumbo financiero que impulsa el Estado.

La operación representó un paso clave dentro del cronograma de financiamiento estipulado en la legislación presupuestaria, que fija los sectores prioritarios para la inversión de los recursos obtenidos a través de mecanismos internacionales. El ministerio de Hacienda y Economía enfatizó que continuará trabajando conforme a los principios de disciplina fiscal y transparencia, aspectos que considera esenciales para conservar la confianza de los agentes del mercado global y garantizar el acceso a condiciones favorables en futuras emisiones de deuda.

El país caribeño sostuvo, de acuerdo a los datos difundidos por el propio ministerio, que el resultado de la emisión permite fortalecer la posición financiera del Estado y refuerza la capacidad de ejecutar proyectos que respondan a las necesidades de la población. El comunicado concluyó destacando que la gestión prudente de la deuda pública, sumada a una apropiada administración de los fondos recaudados, contribuye directamente a la sostenibilidad macroeconómica y a la preservación del clima de confianza entre los distintos actores económicos, tanto locales como internacionales.

El Gobierno de El Salvador ejecutó el 84.8 % del presupuesto modificado en 2025, lo que se traduce en USD 9,523.6 millones invertidos en diferentes áreas del quehacer nacional. Esta cifra representa una disminución frente a 2024, cuando la ejecución alcanzó el 87.0 % y el gasto total fue de USD 11,392.5 millones, según los datos divulgados por el Ministerio de Hacienda.

En el ámbito educativo, la inversión ascendió a USD 1,305.8 millones. Estos recursos permitieron entregar tabletas y computadoras a estudiantes, capacitar al personal docente en herramientas digitales y reducir la brecha digital en los centros escolares.

Además, se renovaron infraestructuras educativas, se amplió la cobertura en la primera infancia y se impulsaron modalidades alternas para jóvenes y adultos en situación de sobreedad.

El sector salud recibió USD 1,154.2 millones, con énfasis en la modernización de la atención primaria. El gobierno equipó y capacitó al personal, digitalizó registros médicos y actualizó el marco normativo en salud digital.

Se amplió la cobertura de vacunación, incluyendo dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio y la influenza, y se fortalecieron los servicios de telemedicina.

Entre las obras destacadas figura la Unidad de Salud de San Isidro, concebida para beneficiar a distintos grupos poblacionales.

En seguridad pública y justicia, la ejecución alcanzó USD 623,1 millones.

Estos fondos se dirigieron a la modernización de la investigación criminal, la realización de patrullajes y controles vehiculares en zonas urbanas y rurales, así como al refuerzo de los mecanismos de control en fronteras y aguas territoriales para combatir el contrabando, la evasión fiscal y el narcotráfico. La Policía Nacional Civil fue dotada de uniformes, equipos y recursos para fortalecer la seguridad ciudadana.

Las obras públicas y el transporte sumaron USD 469 millones en ejecución. Con estos recursos se avanzó en la construcción y ampliación del viaducto Los Chorros, el inicio del proyecto del Aeropuerto del Pacífico y la edificación de nuevos puentes como el Manuel José Arce, y los de San Antonio y Carolina en San Miguel. Además, se remodelaron centros escolares y se mejoraron espacios públicos en el centro histórico de San Salvador, junto con el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos hospitalarios.

En agricultura, reportó Hacienda, la ejecución llegó a USD 193.4 millones, permitiendo la distribución del Bono Agrícola y el acceso a insumos y fertilizantes.

Se fortalecieron los agromercados y la Central de Abastos de Soyapango para estabilizar precios y contribuir a la seguridad alimentaria. El Programa de Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros impulsó sistemas agroforestales y el acceso a financiamiento para pequeños productores.

El área de turismo contó con USD 39 millones, utilizados para mejorar la infraestructura en destinos turísticos, playas como El tamarindo, El Esterón y El Cuco, así como, carreteras de la zona oriental.

Hacienda también reportó que se desarrollaron los programas Surf City y Surf City Got Talent, enfocados en el turismo deportivo y la inclusión laboral juvenil. Se priorizó la mejora de sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas turísticas costeras.

Por último, la cultura recibió USD 29.2 millones enfocados en la promoción de eventos y concursos literarios, la participación de escritores y artistas en actividades públicas y la remodelación de espacios emblemáticos como el Teatro Nacional Francisco Gavidia y el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Se adecuaron áreas internas y exteriores para facilitar el acceso a la cultura y el arte en todo el país.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, informó que el país mantiene negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades multilaterales para acceder a nuevos apoyos financieros destinados tanto al sector público como al privado. Estas conversaciones ocurren en el contexto de un paquete de recursos recién aprobado por el Banco Mundial, que asignó 169 millones de euros (200 millones de dólares) para fortalecer la protección social en Bolivia. Según señaló Espinoza en sus redes sociales y de acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, los fondos servirán para reforzar el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que actualmente beneficia a miles de personas en el país.

Espinoza detalló que la inyección de recursos proporcionada por el Banco Mundial permitirá financiar aproximadamente el 20% del bono PEPE, entregado ya a más de 100.000 ciudadanos bolivianos hasta la fecha. La medida busca responder a la necesidad de fortalecer la cobertura de los programas sociales mientras el país procura mantener la estabilidad económica y avanzar hacia una recuperación sostenida. El ministro comunicó la información a través de un video difundido en su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con Europa Press, el titular de la cartera económica boliviana indicó que esta transferencia de fondos contribuye a cubrir el costo de un bono que representa un apoyo relevante para hogares vulnerables, sobre todo en un contexto global caracterizado por incertidumbre bancaria y presiones inflacionarias. En sus declaraciones, Espinoza valoró la importancia del respaldo multilateral y subrayó la voluntad del Gobierno de persistir en la búsqueda de financiamiento externo, no solo para el sector público sino también para el privado, con el fin de dinamizar la inversión y consolidar la actividad económica.

Por otra parte, el ministro se refirió al comportamiento de la inflación en el país. Espinoza remarcó que la tasa inflacionaria alcanzó el 19,6% en enero de 2025, una reducción frente al 19,7% registrado el mismo mes del año anterior. Este ligero descenso, según remarcó Europa Press, fue considerado por los organismos multilaterales como un dato positivo, dado que existían preocupaciones sobre un eventual agravamiento de los incrementos de precios. Para las entidades internacionales, el control de la inflación es clave para mantener una perspectiva sólida sobre la economía boliviana.

El contexto en el que se enmarca la asistencia del Banco Mundial está marcado por los desafíos económicos experimentados en Bolivia durante los últimos años, con una serie de medidas orientadas a impulsar la equidad social y estimular el crecimiento. Espinoza enfatizó que la estrategia de su cartera pasa por continuar gestionando recursos para fomentar tanto la inversión pública como la privada, a fin de fortalecer la recuperación económica nacional.

El ministro concluyó aseverando que su equipo sigue trabajando con diversas instituciones internacionales, lo que, según la publicación realizada por Europa Press, permite a Bolivia consolidar alianzas y acceder a instrumentos de cooperación financiera. Los esfuerzos del gobierno buscan amortiguar los efectos de las crisis globales y locales, al tiempo que se amplían los esquemas de protección dirigidos a los grupos de la población más necesitados. De esta forma, los acuerdos alcanzados con el Banco Mundial y las negociaciones con otros organismos multilaterales representan un eje fundamental de la política económica boliviana en el contexto actual.

La inversión pública en Perú enfrenta una etapa de alta vulnerabilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha declarado una “emergencia nacional” por la fragilidad estructural del sector, a pesar de que las proyecciones oficiales prevén un crecimiento del 3,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) y una posición sólida en reservas internacionales. La ministra Denisse Miralles advierte que los resultados macroeconómicos no reflejan las debilidades que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal ni la ejecución eficiente de infraestructura.

Ante este panorama, el MEF anuncia la adopción de medidas urgentes para priorizar proyectos vigentes y reforzar el seguimiento técnico de las inversiones. El objetivo es elevar la competitividad nacional, generar empleo y crear condiciones para que Perú alcance tasas de crecimiento superiores al 5 % en el mediano plazo. Para lograrlo, se analiza recurrir a esquemas mixtos de financiamiento, mayor participación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y la aplicación de un “shock de desburocratización” que permita agilizar la inversión.

Brecha financiera

La magnitud del problema se evidencia en la existencia de 12.575 proyectos de inversión pública iniciados sin financiamiento completo. Esta brecha, que asciende a S/ 21.000 millones, debe cubrirse en los próximos años para evitar la paralización definitiva de obras. Según Miralles, este escenario proviene de gestiones anteriores que autorizaron proyectos sin garantizar el 100 % de los fondos, utilizando presupuestos simbólicos y postergando el grueso del gasto para ejercicios futuros.

La acumulación de compromisos financieros limita el margen para impulsar nuevas inversiones y atender otras prioridades. El MEF señala que 9.740 de estos proyectos corresponden a gobiernos locales, lo que revela una atomización presupuestaria vinculada a iniciativas pequeñas y medianas distribuidas en múltiples jurisdicciones.

Este patrón afecta de manera directa la ejecución en sectores clave como transporte, salud, saneamiento y educación. La dispersión de recursos y la falta de finalización han provocado incrementos en los costos finales, resultado de paralizaciones y de la necesidad de realizar adicionales. Miralles explicó que esta dinámica disminuye la eficiencia del gasto y favorece la acumulación de infraestructuras inconclusas en todo el país.

Impacto de los proyectos G2G

El aumento de gastos también es significativo en proyectos bajo el esquema Gobierno a Gobierno (G2G). De acuerdo con el MEF, la cartera G2G, originalmente presupuestada en S/ 41.000 millones, alcanza un costo actual de S/ 104.818 millones, equivalente al 9 % del PBI nacional. En el caso de los Colegios Bicentenario, el costo por institución subió de S/ 37 millones a S/ 84 millones.

Miralles advirtió que muchas infraestructuras G2G fueron entregadas sin asegurar los fondos necesarios para su operación y mantenimiento a largo plazo. La sostenibilidad depende tanto de la culminación física de la obra como de la capacidad estatal para garantizar su funcionamiento futuro.

Reformas y prioridades

El MEF sostiene que cada iniciativa de inversión debe incluir un análisis exhaustivo que contemple no solo el financiamiento de la ejecución, sino también los gastos futuros en uso y conservación. La ministra recalcó la importancia de que cualquier ley o norma que implique gasto público cuente con una evaluación previa de las fuentes de recursos, ya que la normativa, de por sí, no genera fondos.

El Gobierno orientará sus políticas a reducir la burocracia y optimizar la eficacia procesal de la inversión pública, además de potenciar el uso de APP para proyectos de gran escala. Estas acciones, sumadas a una fiscalización estricta de los contratos G2G y una planificación presupuestaria sostenida, serán esenciales para revertir la acumulación de obras inconclusas, optimizar el gasto y permitir que el país supere los actuales límites de crecimiento.

En el proceso de elaboración del Plan Anual de Contratación (PACDEF) para 2026, más de 350 organismos del Ministerio de Defensa participaron activamente, lo que refleja tanto la dimensión como la complejidad del plan. Según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado oficial, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, oficializó la aprobación de este plan que plantea una inversión total superior a los 4.800 millones de euros.

El medio de comunicación detalló que el PACDEF-2026 contará con 7.868 propuestas de contrato, que suman un valor estimado de 4.881,4 millones de euros. Además, están previstos 156 acuerdos marco adicionales que alcanzan un valor estimado de 5.220,7 millones de euros. Esta programación constituye la base de futuras adquisiciones del Ministerio de Defensa, al tiempo que busca optimizar la gestión de recursos y mejorar la eficiencia y calidad en los procedimientos de contratación.

La aprobación de este plan no solo implica la adjudicación de recursos económicos, sino que también proporciona tanto a los operadores económicos como a otros actores del sector una hoja de ruta precisa sobre las acciones contractuales previstas para 2026. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, este grado de transparencia contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados en relación a la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.

La estructura del PACDEF-2026 y la participación de numerosos organismos internos reflejan un esfuerzo de coordinación significativo dentro del propio ministerio. El comunicado oficial subrayó que la implantación del plan es satisfactoria y que responde a un proceso ambicioso para fortalecer los procesos de adquisición y garantizar la correcta asignación de recursos.

De esta forma, la cifra global de inversiones y el número de acuerdos marco contemplados pretenden reforzar la modernización y el mantenimiento de las capacidades militares, además de asegurar la continuidad de servicios y suministros considerados esenciales. Según detalló el Ministerio de Defensa, la planificación contractual anual facilita el desarrollo de estrategias que se adaptan tanto a las necesidades operativas como a las normativas vigentes.

El anuncio del PACDEF-2026 también sirve como herramienta para que las empresas proveedoras cuenten con información anticipada sobre las oportunidades de participación en los procesos de contratación del Ministerio de Defensa. El comunicado destacó que el plan “proporciona a los operadores económicos un conocimiento detallado de las acciones contractuales que se pretenden acometer en el ejercicio 2026”.

El documento aprobado y las cifras comunicadas por el Ministerio de Defensa hacen patente la centralidad de la planificación y la gestión eficiente en el contexto de la política de adquisiciones públicas. A través de los acuerdos marco y el conjunto de propuestas contractuales, el ministerio busca no solo cubrir requerimientos inmediatos, sino establecer criterios de sostenibilidad y previsibilidad en las compras institucionales.

Finalmente, el PACDEF-2026 aprobado por la secretaria de Estado de Defensa refleja tanto la tendencia a una mayor transparencia en el ámbito público como la consolidación de modelos de gestión en los que la información y la planificación ocupan un lugar estratégico, de acuerdo con las directrices del propio Ministerio de Defensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el cual se buscará hacer una “inversión histórica” en más de mil 500 proyectos, a través de distintos tipos de esquemas, entre ellos el mixto.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que los dos pilares de la inversión pública son: el crecimiento económico y el desarrollo de los servicios básicos.

En este sentido, precisó que los recursos se canalizarán en ocho sectores: el 54.15% de la inversión estará enfocado en energía, seguido por trenes, con 15.63%, carreteras, con 13.94%, puertos, con 6.48%; y salud, con 6.23 por ciento.

Mencionó que se asignarán montos menores a proyectos para el suministro de agua, con 2.83%; educación, con 0.34%; y aeropuertos, con 0.04 por ciento.

Según el plan, para 2026 la inversión representará el 2.5% del PIB en el Proyecto de Egresos de la Federación, y habrá un esfuerzo adicional para sumar un 1.9% del PIB –722 mil millones de pesos– que provendrá de mecanismos mixtos.

Al delinear esta hoja de ruta, la administración organizó un análisis individual de más de mil 500 proyectos “para garantizar sostenibilidad y pertinencia técnica”.

El funcionario federal indicó que como parte de la estrategia, la presidenta coordinará un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, encargado de priorizar, dar seguimiento y resolver de forma oportuna problemas de ejecución.

La presidenta Sheinbaum explicó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar tiene como objetivo fortalecer el Plan México y los recursos se sumarán a la inversión de poco más de 900 mil millones de pesos que ya estaba contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

“¿Cuánto en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos, la mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex el año pasado, que tiene su característica financiera y otra parte es de inversión mixta.

“¿Qué quiere decir mixta? Pues que es inversión pública o sea del gobierno con un privado o inversión pública del gobierno con un sector social, con un ejido, una comunidad”, explicó.

Agregó que no se trata de esquemas similares a las inversiones público-privadas, sino que se trata de un modelo de crecimiento con justicia social, de desarrollo sustentable con bienestar en el que el Estado mexicano no cede concesiones y no se adquiere financiamiento con grandes tasas de interés.

“Para todos y todas, esto es bueno para el país, porque nos va a permitir mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”, comentó.

Entre las innovaciones, el plan introduce vehículos de inversión que permiten acceso a financiamiento privado sin que el Estado pierda control ni rectoría sobre los proyectos estratégicos.

Los contratos mixtos, la transparencia y la armonización legal constituyen los ejes para asegurar que “el bienestar social y la soberanía sean prioridad”.

Ejemplos de inversiones mixtas incluyen la adquisición de trece plantas de Iberdrola y la construcción del Aeropuerto de Tepic, ilustrando la fórmula de acelerar infraestructura con capital privado bajo reglas y objetivos estatales, repartiendo beneficios y limitando riesgos para el erario.

El Estado retendrá la propiedad y el sentido social de las obras, fomentando al mismo tiempo la participación de agentes privados.

El plan también contempla el fortalecimiento de instituciones como el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Estas entidades recibirán mayores facultades para operar contratos mixtos en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de obras.

Además, se habilitarán esquemas bursátiles como FIBRA y FIBRA E e integración de mecanismos crediticios a través de la banca comercial y de desarrollo, con la SHCP supervisando estrictamente estos procesos.

La planeación estratégica incluye la creación de una base de datos nacional para planificar nuevas obras y proveer métricas transparentes, con indicadores para inversionistas y organismos de vigilancia.

Según el documento oficial, la ruta trazada busca garantizar “transparencia y certidumbre a través de la actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos”.

Además, el enfoque gubernamental subraya que el crecimiento económico debe ir acompañado de empleo bien remunerado, desarrollo regional, justicia social, conectividad y vivienda.

El plan se orienta a reducir la dependencia exclusiva del presupuesto federal, resguardando las finanzas públicas, impulsando el desarrollo regional mediante infraestructura básica y generando impactos directos o indirectos en entidades federativas y municipios.

Las inversiones integrales en líneas ferroviarias que, según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, permanecían en estado de abandono se han convertido en una de las prioridades principales para el Ejecutivo central. De acuerdo con declaraciones recogidas por la Agencia Europa Press, Morant explicó que la administración encabezada por Pedro Sánchez triplicó la inversión nacional en la red ferroviaria entre 2018 y la actualidad, marcando como un hito la cifra proyectada de más de 5.000 millones de euros en 2025. Este esfuerzo, según la ministra, pretende revertir los efectos de una etapa previa caracterizada por recortes y falta de iniciativas en el sector.

Morant, en un encuentro realizado en Castelló de la Plana, afirmó que la Comunitat Valenciana es considerada un “territorio prioritario” para el Gobierno de España, tal como detalló Europa Press. En el marco de este compromiso, la inversión en la red de Cercanías (Rodalies) asciende a 1.700 millones de euros, con el 85 por ciento de esos fondos ya ejecutados, según indicó la responsable del área de Ciencia e Innovación. Morant puntualizó que numerosas obras dentro de estos proyectos alcanzaron fases cercanas a su conclusión.

Al analizar el contexto previo, la ministra criticó la gestión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy al señalar que el ejecutivo actual heredó lo que definió como “una gestión de abandono del sistema ferroviario a todos los niveles en España”. Europa Press registró que Morant insistió en una caída significativa de las inversiones durante la administración anterior, explicando que la política de recortes implementada por Rajoy afectó no solo la educación y otros servicios públicos, sino también el sector ferroviario y las infraestructuras hidráulicas.

Los efectos de estos recortes, de acuerdo con Morant, complicaron la reactivación de nuevos proyectos y el avance de propuestas ya existentes en el momento en que el PSOE recuperó el gobierno. La ministra expresó que arrancar tras un periodo sin redacción de proyectos supuso un reto considerable para retomar el impulso de la red ferroviaria. Según publicó Europa Press, las actuaciones actuales abarcan tanto nuevas inversiones en infraestructuras como el aumento del gasto en mantenimiento, que Morant cifró en un incremento del 50 por ciento respecto al periodo anterior.

Morant enfatizó que la intervención estatal no se limita únicamente a la instalación de trenes nuevos o a la renovación de vías, sino que también contempla intervenciones estructurales y una cobertura que abarca el conjunto del Estado, con especial atención a la Comunitat Valenciana. Según las afirmaciones recogidas por Europa Press, la ministra subrayó que muchas líneas que permanecían “absolutamente abandonadas” ya reciben intervenciones integrales, dentro de la estrategia nacional para fortalecer la red ferroviaria.

Europa Press también recogió que Morant precisó la importancia de acompañar el crecimiento de las infraestructuras con un refuerzo paralelo de los recursos asignados a su mantenimiento, dado que el deterioro previo dificultó la vuelta a los niveles de calidad esperados por los usuarios del servicio y por las comunidades autónomas. La dirigente socialista estableció que el núcleo de estas actuaciones busca restaurar y modernizar la operatividad en toda la red, con el eje central puesto sobre las obras en marcha y la garantía de su cumplimiento.

El medio consignó que, en su balance, Morant vinculó la actual apuesta gubernamental por el ferrocarril tanto con objetivos de movilidad sostenible como con la recuperación de los estándares afectados en ejercicios anteriores. La ministra concluyó que las inversiones y las mejoras en el mantenimiento se aplican de manera equivalente a nivel nacional y en los territorios, destacando que “lo hacemos en toda España y, por supuesto, también en la Comunitat Valenciana”.

El respaldo de la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ministro de Transportes, Óscar Puente, se hizo explícito en un contexto marcado por las recientes interrupciones del servicio ferroviario en Cataluña y las críticas de fuerzas políticas de la oposición, como el Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que han solicitado su dimisión. De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, afirmó que el incremento de la inversión en Rodalies por parte del Gobierno responde a la necesidad de solucionar un deterioro que asocia a anteriores gestiones y a un prolongado período de insuficiente financiación.

Según consignó la fuente, la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en la calle Ferraz este lunes, emitió un mensaje de "reconocimiento expreso" al ministro Puente en medio de la presión política generada tras los últimos incidentes en la red ferroviaria catalana. Mínguez subrayó que la administración de Pedro Sánchez ha destinado mayores recursos a la mejora y modernización del servicio, aunque señaló que los desafíos a los que se enfrenta el sistema ferroviario tienen raíces en problemas históricos no atendidos por gobiernos previos.

El medio detalló que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la gestión socialista alegando que el Ejecutivo ha entregado un "exceso de datos" con el objetivo de "confundir" a la opinión pública. Mínguez respondió a estas declaraciones argumentando que los responsables del PP no están habituados a gestionar situaciones adversas con transparencia y veracidad, y sostuvo que durante episodios similares bajo gobiernos populares, la respuesta estuvo marcada por la falta de información precisa.

Respecto a las demandas de ERC, grupo que forma parte de los apoyos parlamentarios habituales al Ejecutivo, la portavoz socialista insistió en que la labor de recuperación de Rodalies enfrenta obstáculos derivados de un prolongado ciclo de inversiones insuficientes y abandono por parte de antiguas administraciones, principalmente durante mandatos del PP. Al mismo tiempo, recalcó que el Gobierno central mantiene un trabajo coordinado con la Generalitat de Cataluña, cuyo Ejecutivo está a cargo del PSC, con el objetivo de restaurar las condiciones de seguridad y dignidad en la prestación del servicio ferroviario.

Montse Mínguez explicó, según publicó el medio, que las interrupciones ocurridas este lunes en la red de Rodalies son reflejo de las complicaciones acumuladas durante "muchos años de abandono" y, a pesar del aumento reciente de los fondos públicos destinados a modernizar las infraestructuras ferroviarias, revertir el desgaste histórico requiere tiempo y colaboración institucional. Añadió que la interlocución con la Generalitat se ha intensificado para acelerar la mejora del servicio, destacando la voluntad del Gobierno de no escatimar esfuerzos para devolver a la ciudadanía catalana un sistema ferroviario acorde a las necesidades de movilidad y seguridad.

El medio también recogió que las críticas coinciden con una coyuntura especialmente tensa para el Ejecutivo central y el Ministerio de Transportes, tanto por las consecuencias sociales de las incidencias en Rodalies como por la utilización del episodio en el debate político nacional. El PSOE, a través de su portavoz, insistió en la legitimidad del ministro Puente para liderar la respuesta institucional, y rechazó las exigencias de dimisión planteadas desde la oposición y por sus socios parlamentarios, argumentando que la actual gestión prioriza tanto la inversión como la transparencia y la cooperación con Cataluña.

En el marco de la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Ejecutiva socialista, la portavoz reiteró la posición del PSOE de "trabajar sin descanso", y concluyó que solo mediante el compromiso sostenido entre administraciones se podrá devolver al servicio ferroviario catalán los estándares que reclama la ciudadanía.

El sindicato UGT manifestó su preocupación sobre la posibilidad de recuperar la normalidad en Rodalies a corto plazo, debido al estado de deterioro de la red ferroviaria y al costo económico que implicará su reparación integral. Según declaraciones de Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, recogidas este lunes y citadas por Europa Press, el retorno a un servicio fiable requerirá tanto inversiones cuantiosas como tiempo, ya que la infraestructura, especialmente en Cataluña, ha sufrido importantes carencias presupuestarias durante los últimos años.

Según publicó Europa Press, Álvarez sostuvo en una entrevista con RNE que los problemas recientes experimentados por el servicio de Rodalies reflejan la magnitud de una problemática arrastrada por la ausencia sostenida de capital destinado al mantenimiento y la modernización del sistema ferroviario en la región. El secretario general de UGT indicó que la situación vivida por los pasajeros en los últimos días no constituye un fenómeno puntual, sino que responde a deficiencias históricas agravadas por factores recientes.

Álvarez mencionó que las adversidades meteorológicas, en concreto las lluvias registradas en Cataluña, han contribuido a exacerbar los desperfectos en determinados tramos de la red, propiciando fallos estructurales en algunos sectores. Señaló que la falta de inversiones dejó expuestas infraestructuras esenciales, originando roturas y afectaciones considerables. El representante sindical pidió a las autoridades una evaluación rigurosa del estado de las instalaciones para determinar en qué zonas se puede operar sin riesgos y en cuáles es imprescindible paralizar el servicio y destinar recursos adicionales para su renovación.

El dirigente de UGT subrayó que la recuperación del servicio operativo normalizado no será inmediata. "Deberían de ir pensando en decir dónde se puede poner con absoluta seguridad y dónde no y donde no, pues habrá que hacer los gastos necesarios, las inversiones necesarias para ese proceso de renovación que no va a ser no va a ser en 24 horas y que va a costar muchísimo dinero", expresó Álvarez, en declaraciones reproducidas por Europa Press.

El líder sindical hizo hincapié en que UGT está al tanto del impacto que la situación tiene sobre los trabajadores, quienes han visto interrumpida su capacidad de desplazarse y llegar a sus puestos, y afirmó que el sindicato lleva tiempo solicitando una solución estructural. Álvarez insistió en que cualquier expectativa de una restitución inmediata responde a un planteamiento irreal. "Pero repito, quien crea que esto se solventa en 24 horas no está diciendo la verdad. Esta es una cuestión que tiene que ver con una red antigua, con una red en la que no se ha invertido, que necesita inversiones y que eso necesita, además, tiempo", enfatizó, tal como reportó Europa Press.

Álvarez también mencionó la influencia de factores técnicos en las disrupciones, refiriéndose a dificultades presentes en taludes y zonas de las vías con problemas de estabilidad. Explicó que estos inconvenientes tienden a agravarse durante períodos de precipitaciones intensas y sostenidas, como las que se han presentado en Cataluña en la última temporada. Afirmó que existen además posibles incidencias técnicas vinculadas a los sistemas de control gestionados por Adif, cuya naturaleza y causas concretas, precisó, deberían ser aclaradas por los responsables de la infraestructura en las próximas horas.

De acuerdo con Europa Press, la posición del sindicato gira en torno a la necesidad ineludible de acometer un plan de inversiones que permita renovar la red ferroviaria, tras varios años de partidas presupuestarias insuficientes tanto para el mantenimiento como para la modernización. Álvarez insistió en que solo una apuesta sostenida por recursos públicos podrá revertir el deterioro y minimizar el impacto en las personas que dependen del tren como medio de transporte diario.

El medio también consignó que UGT sigue reclamando soluciones concretas y a largo plazo, reiterando la urgencia de acometer una revisión profunda del sistema ferroviario en Cataluña. Álvarez recalcó que tanto las condiciones de la infraestructura como las necesidades de los usuarios requieren un abordaje integral que combine seguridad, eficacia y sostenibilidad en el tiempo.

El proyecto para crear un Centro de Concentración Deportiva en altura en la estación de esquí Sierra de Béjar 'La Covatilla' recibió este sábado el respaldo del Gobierno central. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, destacó que el Ejecutivo aspira a impulsar iniciativas que favorecen tanto el desarrollo deportivo como el crecimiento económico y turístico en áreas rurales. Durante su visita al municipio de Béjar, Tolón afirmó que la administración central continuará apoyando al deporte de base y que la inversión estatal se ha incrementado en 1.000 millones de euros adicionales, lo que representa una duplicación de los recursos destinados al sector, según consignó el medio de referencia.

De acuerdo con lo publicado, este impulso presupuestario no solo beneficiará a los principales núcleos urbanos, sino que se distribuye también entre las localidades menos pobladas, siguiendo la política del Gobierno de abarcar todo el territorio. Tolón destacó el papel fundamental de las infraestructuras deportivas para fomentar la práctica entre los más jóvenes y subrayó que el compromiso del Ejecutivo recae sobre las grandes figuras deportivas y sobre los pequeños centros, promoviendo la iniciación al deporte desde la infancia.

Durante el recorrido por 'La Covatilla', Tolón mencionó que la visita correspondió a su primer acto fuera de la capital española desde su designación ministerial. Explicó que escogió Béjar con la intención de expresar el respaldo institucional al deporte rural y a su tejido comunitario. A su lado estuvieron el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López Alonso.

Según reportó la fuente, la ministra enfatizó que el Gobierno apoya de manera explícita el desarrollo deportivo en entornos rurales porque considera que su gestión no debe limitarse únicamente al acompañamiento de las grandes ciudades o clubes de alto rendimiento, sino también de las iniciativas que permiten que niños y jóvenes disfruten del deporte en pequeñas localidades. En ese sentido, Tolón valoró especialmente los proyectos que fusionan la oferta natural del entorno con la actividad física, señalando las oportunidades que representa combinar naturaleza, deporte y turismo para la economía comarcal.

Tolón recordó durante el acto que su experiencia previa como alcaldesa le permite comprender la importancia de contar con apoyo administrativo en la concreción de proyectos locales relevantes. Felicitó al Ayuntamiento de Béjar por su apuesta por el desarrollo integral y cultural, mencionando que la localidad integra patrimonio histórico-artístico y potencial para el futuro.

El medio informó que la ministra reiteró el compromiso gubernamental para aumentar el rendimiento y la proyección de La Covatilla como referente deportivo, no solo para la provincia, sino a nivel nacional. Además, insistió en que la prosperidad de una ciudad o región depende igual de la preservación de su legado como de la orientación hacia el progreso, animando a la comunidad a consolidar sus fortalezas mientras se preparan para nuevos desafíos vinculados al deporte.

La titular de Educación remarcó que, tanto en las zonas densamente pobladas como en las áreas rurales, la inversión en deporte contribuye al bienestar social y al desarrollo integral de la población. Subrayó que los beneficios de esta política pública alcanzarán a centros escolares, asociaciones recreativas y municipios alejados de los grandes centros, ampliando las posibilidades para que más personas accedan a programas activos desde edades tempranas.

Tal como reportó la fuente, Tolón expresó la voluntad del Ministerio de prolongar y ampliar estas inversiones, al considerar que el deporte es tanto herramienta de inclusión como factor dinamizador de la vida local. Destacó que proyectos como el de 'La Covatilla' pueden convertirse en polos de atracción para deportistas, visitantes y agentes económicos, generando valor añadido más allá del propio ámbito deportivo.

La ministra recalcó además la relevancia de mirar al futuro para consolidar el trabajo hecho y explorar nuevas vías de desarrollo económico-social a través de la actividad física y el aprovechamiento sostenible del entorno natural. En la misma línea, elogió la colaboración entre administraciones y entidades locales para la gestión de programas y el mantenimiento de instalaciones deportivas, elemento que, según el Ejecutivo, resulta esencial para el éxito de este tipo de propuestas.

La última oportunidad en la que Ecuador realizó una operación similar fue en 2019, marcando un largo periodo en el que el país no accedía a financiamiento internacional a través de emisiones de bonos. Sobre esta base, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que señaló la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento como mecanismo para fortalecer la inversión pública y mejorar la percepción internacional sobre la economía ecuatoriana. La reciente decisión de regresar a los mercados internacionales, anunciada por el gobierno de Daniel Noboa, busca ampliar el acceso a recursos externos bajo condiciones más favorables y fortalecer sectores clave como la salud, la infraestructura y el equipamiento público.

Según publicó el Ministerio de Finanzas, la emisión de bonos internacionales apunta específicamente a ejecutar operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar el perfil de la deuda pública ecuatoriana. Esto incluye la reducción de las presiones asociadas al servicio de la deuda en el mediano plazo, lo cual, de acuerdo con la autoridad económica, permitiría “liberar espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura”.

El regreso de Ecuador a los mercados internacionales ocurre después de siete años, periodo durante el cual el país no realizó emisiones de bonos para obtener recursos en el extranjero. La búsqueda de financiamiento externo resulta fundamental, según detalló el Ejecutivo, para diversificar las alternativas de obtención de fondos y fortalecer las cuentas fiscales del Estado, en un contexto en el que las decisiones tomadas en años anteriores afectaron la confianza de los inversionistas.

El comunicado del Ministerio de Finanzas enfatiza que este retorno simboliza, para el Ejecutivo de Noboa, un momento de transformación en la relación entre Ecuador y los mercados internacionales. “Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversores internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas, la misma que se deterioró en años anteriores por decisiones que afectaron la credibilidad del país, como episodios de incumplimiento que elevaron el costo de financiamiento externo”, cita el documento oficial.

El medio digital que reportó la noticia subraya que la emisión de bonos internacionales por parte de Ecuador tiene como propósito la creación de un entorno más favorable frente a los posibles inversionistas y el replanteamiento de la imagen crediticia del país. Tras varios años marcados por episodios de incumplimiento y por un incremento en los costos de acceso a financiamiento, la actual estrategia gubernamental apunta a que la economía ecuatoriana pueda obtener préstamos a tasas más convenientes para proyectos prioritarios.

De acuerdo con la información divulgada, el gobierno espera que, con el nuevo flujo de recursos externos, se puedan emprender iniciativas en sectores claves, promoviendo la modernización de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios públicos. El Ministerio de Finanzas subrayó que la diversificación de las fuentes de financiamiento es una meta prioritaria debido a la volatilidad de los mercados y a la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la economía del país frente a contingencias futuras.

El ejecutivo de Daniel Noboa sostiene que la credibilidad internacional es un activo indispensable para el desarrollo económico de Ecuador, razón por la que la emisión de bonos en el extranjero representa una medida orientada a fortalecer la posición del Estado en el sistema financiero global. Las autoridades ecuatorianas consideran que la gestión responsable de la deuda, combinada con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, será determinante para mejorar la calificación de riesgo país y facilitar el acceso a futuros préstamos en términos más favorables.

Según consignó el Ministerio de Finanzas, el uso previsto de los fondos contempla la priorización de proyectos en salud, obras públicas y equipamiento, áreas consideradas fundamentales para el desarrollo social y económico. Además, el gobierno subrayó que este proceso refuerza su estrategia de reducir la dependencia de fuentes de financiamiento internas, promoviendo así una mayor estabilidad fiscal.

Tal como reportó el comunicado oficial, iniciativas previas relacionadas con el manejo inadecuado de la deuda pública y episodios de incumplimiento deterioraron la credibilidad y la capacidad de Ecuador para acceder a mercados internacionales en condiciones óptimas. Por esa razón, la administración actual destaca que la reciente emisión de bonos busca revertir esa tendencia, restaurando la confianza de los inversionistas y abriendo nuevas oportunidades para la inversión estatal en áreas estratégicas.

El gobierno subrayó en su mensaje que la dinámica positiva en el acceso a financiamiento externo no solo contribuye a mejorar los indicadores macroeconómicos, sino que también tiene impacto directo sobre la ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. Este acercamiento a los mercados internacionales aparece, en ese marco, como un paso relevante en la reactivación de la economía ecuatoriana, posibilitando la ejecución de proyectos que, según la administración Noboa, han sido postergados debido a restricciones financieras en los años anteriores.

El comunicado del Ministerio de Finanzas, citado por el medio digital, concluye que el acceso a los mercados internacionales permitirá a Ecuador fortalecer sus reservas, estabilizar la gestión de la deuda y robustecer el posicionamiento financiero del país frente a actores internacionales y organismos multilaterales.

Al cierre de 2025, se ejecutó el 81,5% del presupuesto de inversión pública en La Libertad, considerando los tres niveles de gobierno. Con ello, se situó como la séptima región con menor ejecución del país, con un avance menor al promedio nacional (85,1%). Este resultado refleja limitaciones persistentes para convertir los recursos públicos en proyectos que atiendan las necesidades de la región.

Recortes presupuestales

Según niveles de gobierno, el Gobierno Regional registró la tasa más alta de ejecución presupuestal, con un avance del 96,2% de su presupuesto de S/ 702,3 millones. Más de la mitad del presupuesto fue asignado a Educación (31,6%) y Salud (21,6%), funciones que alcanzaron una alta ejecución de 95,9% y 99,1%, respectivamente. Por el contrario, el GORE ejecutó menos de la mitad (44,1%) de los S/ 14,6 millones asignados a Orden Público y Seguridad.

Sin embargo, este resultado se vio favorecido por modificaciones presupuestales: este año, el presupuesto de inversión del GORE se redujo en S/ 370 millones respecto de lo asignado a inicio del año. Este es el mayor recorte de la última década y forma parte de una tendencia de reducción del presupuesto de inversión observada en las dos últimas gestiones (2019–2022 y 2023–2026). Así, el 34,5% del presupuesto de inversión dejó de ser ejecutado directamente por el GORE y fue transferido a gobiernos locales.

Avance nacional

Por su parte, el presupuesto del Gobierno Nacional para la región también fue recortado en S/ 167 millones con respecto a lo inicialmente asignado, con lo que alcanzó una tasa de ejecución de 93,9%. Más de la mitad de su presupuesto se destinó a Orden y Seguridad (S/ 705 millones), principalmente a siete proyectos vinculados a la prevención de desastres. Entre estos, destaca la creación del servicio de protección contra inundaciones de la quebrada San Idelfonso en El Porvenir – Trujillo (S/ 314 millones), la cual se ejecutó completamente.

No obstante, con respecto a la infraestructura para la lucha contra la criminalidad, solo se registraron dos proyectos relevantes: el equipamiento de la oficina de criminalística de la PNP Trujillo, que alcanzó el 60,7% de su ejecución y el mejoramiento de los servicios policiales en el distrito de Uchumarca (55,2%). Ello pese a que, en 2025, la región reportó zonas de alta minería ilegal (Pataz) y las denuncias por extorsión se multiplicaron 2,5 con respecto al 2019.

Rezago municipal

En cambio, los gobiernos locales registraron el avance presupuestal más bajo (64,3%). Con ello, La Libertad se ubicó entre las seis regiones con menor ejecución municipal a nivel nacional.

El presupuesto de inversión de las municipalidades casi se triplicó a lo largo del año, alcanzando los S/ 1.511 millones, de los cuales S/ 539 millones quedaron sin ejecutar. Funciones como Transporte, Saneamiento, Cultura y Educación, que juntos representan el 80% del presupuesto de municipalidades, alcanzaron apenas el 62,7% de ejecución en promedio. Pese a que Transporte fue la función con mayor presupuesto, quedaron por ejecutar alrededor de S/ 185 millones y una cuarta parte de los proyectos alcanzó un progreso menor al 10%.

A ello se suma un bajo nivel de eficiencia en la gestión de proyectos. Según el Índice Local de Eficiencia de la Inversión Pública (ILEI) de Videnza Instituto, al tercer trimestre de 2025, provincias como Pataz registraron retrasos en la ejecución de 985 días en promedio respecto a lo programado. Esto la sitúa en el puesto 192 de 195 provincias a nivel nacional. Asimismo, la provincia de Sánchez Carrión evidenció alta atomización de proyectos (puesto 192), con un 47,1% de proyectos de pequeña escala.

Cerrar las brechas de infraestructura en La Libertad exige una inversión pública más eficiente y orientada a resultados. Para ello, es clave fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales y promover mecanismos como APP y Obras por Impuestos que permitan acelerar proyectos de mayor impacto.

Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Pablo Castro.

En la mañanera del pueblo de hoy viernes 9 de enero, el Gobierno de México informó que avanza la recuperación del Centro Histórico de Acapulco mediante el programa Acapulco se Transforma Contigo, el cual contempla una inversión pública millonaria destinada a mejorar servicios urbanos, alumbrado público, espacios históricos y la seguridad peatonal en la Bahía Histórica del puerto.

El informe presentado detalló que, desde marzo de 2025, FONATUR ha elevado la calidad de los servicios urbanos dentro del Centro Integralmente Planeado (CIP) de Acapulco, con una inversión pública total de 317 millones de pesos destinada a mantenimiento rutinario, limpieza, imagen urbana y atención de áreas estratégicas.

En este periodo se desplegaron 12 camiones recolectores, un vehículo tipo vactor y 140 elementos operativos, logrando la recolección de 16 mil 405 toneladas de residuos sólidos urbanos.

A estas acciones se suman 104 trabajadores de barrido manual en vialidades y 78 personas dedicadas a la limpieza de playas, donde se retiraron 863 toneladas de basura, mejorando las condiciones sanitarias y la percepción turística.

Imagen urbana, áreas verdes y alumbrado público

El programa también reporta avances relevantes en la recuperación de espacios públicos. Se han rehabilitado más de mil 539 postes, atendido 9 mil 800 metros cuadrados de pasto y sembrado más de 75 mil plantas nativas y árboles, como parte de una estrategia integral de reordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental.

En paralelo, se ejecuta un proyecto de alumbrado público con una inversión adicional de 85 millones de pesos, que contempla la instalación de 3 mil 702 luminarias en zonas clave como la Costera, Caletilla, Puerto Marqués, Pie de la Cuesta y la Barra de Coyuca, consideradas puntos críticos para la movilidad y la seguridad ciudadana.

Bahía Histórica: turismo, cultura y patrimonio

Uno de los ejes centrales del programa es el Plan Integral de Recuperación de la Bahía Histórica de Acapulco, que incluye un Consejo Consultivo, un Plan Maestro y talleres participativos con la comunidad.

El objetivo es modernizar la infraestructura, rehabilitar inmuebles con valor histórico y diversificar la oferta turística y cultural bajo modelos de turismo sostenible.

Entre los espacios emblemáticos contemplados se encuentran el Fuerte de San Diego, el Zócalo, La Quebrada, Sinfonía del Mar y Caleta-Caletilla. Destaca el proyecto de iluminación del Fuerte de San Diego, elaborado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, cuya conclusión está prevista para febrero y que busca fortalecer la oferta turística nocturna del puerto.

Senderos seguros y movilidad incluyente

Durante la mañanera del pueblo también se informó sobre el avance del programa Camina Libre, Camina Segura, que contempla 20 kilómetros de senderos con rehabilitación de alumbrado, banquetas y cruces peatonales, además de murales y ordenamiento vial para garantizar el libre tránsito.

Este componente cuenta con una inversión pública de 100 millones de pesos y tiene como prioridad que las mujeres caminen libres y seguras en el espacio público.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca consolidar la recuperación del Centro Histórico de Acapulco como motor económico, turístico y social, sentando las bases para un desarrollo urbano más seguro, ordenado y sostenible.

El contexto económico de Colombia enfrenta un escenario de desaceleración en la inversión, mientras que países de la región, como Perú, muestran indicadores que han sido destacados en informes comparativos recientes.

Según un análisis de Fedesarrollo, citado por Portafolio, la tasa de inversión en Colombia cayó a 16,1% del PIB en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en dos décadas, mientras que Perú alcanzó 20,7% del PIB, superando tanto a Colombia como a Brasil y Chile en el periodo más reciente.

¿La economía peruana supera a la colombiana en inversión y crecimiento?

El informe de Fedesarrollo señala que el motor tradicional del crecimiento colombiano, la inversión, ha perdido fuerza. Entre 2020 y 2025, el consumo privado pasó a representar el 72,6% del PIB, mientras que la inversión disminuyó del 21,9% al 17,6%.

Esta caída se profundizó desde 2023 y está asociada a factores como la carga tributaria elevada, tasas de interés altas y un aumento de la incertidumbre económica.

El informe precisa que la tarifa combinada de impuestos sobre utilidades distribuidas llegó a 48% desde 2023 y las tasas de interés de largo plazo, como los TES a diez años, se ubicaron entre 12% y 13%.

De acuerdo con el informe colombiano, estos elementos encarecen el costo de financiar proyectos y desincentivan la ampliación de la capacidad productiva.

El informe de Fedesarrollo señala brecha creciente entre Perú y Colombia

La incertidumbre también es un factor determinante. El Índice de Incertidumbre de Política Económica (IPEC) de Fedesarrollo alcanzó 446 puntos en 2022, cuatro veces el promedio de las dos décadas previas. Entre 2022 y 2025 la incertidumbre explicó 36% de la reducción de la tasa de inversión.

Además, el sector público colombiano ya no compensa la caída de la inversión privada como en el pasado. La formación bruta de capital fijo del Gobierno fue de apenas 2,1% del PIB en el primer trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo.

En la comparación regional, el documento subraya que Perú, México y Chile ya superaron los niveles prepandemia en materia de inversión, mientras que Colombia se mantiene rezagada.

Esta diferencia, señalada por Fedesarrollo, ha llevado a que analistas y autoridades del país norteño observen la experiencia peruana como un modelo a considerar para impulsar la reactivación productiva y cerrar la brecha en materia de inversión.

Las tasas de inversión en Perú alcanzan el doble de las reportadas en Colombia

¿Cuál es la situación de Perú? Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía peruana cerró 2025 con crecimiento sostenido, baja inflación y aumento de recursos fiscales.

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,4% hasta octubre y se proyecta un crecimiento anual cercano al 3%. La inflación se ubicó en 1,4% en noviembre, acumulando 20 meses consecutivos dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las reservas internacionales sumaron US$ 2.141 millones, equivalentes al 29% del PBI. La recaudación tributaria entre enero y noviembre fue de S/ 159.496 millones, un incremento de 11,5% respecto al año anterior. El déficit fiscal a noviembre fue de 2,3% del PBI, cerca de la meta anual de 2,2%. Para 2026, el reto principal será alcanzar la meta fiscal de 1,8% del PBI, aunque analistas prevén que podría superarse el 2%.

El dinamismo económico de Perú contrasta con el estancamiento en Colombia

La inversión pública superó los S/ 49.185 millones hasta noviembre, el mayor nivel de la última década, aunque persiste el reto del presupuesto no ejecutado. Además, se adjudicaron 479 proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 4.700 millones y nueve proyectos APP por US$ 3.683 millones.

En 2025, también se aprobó la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que fija plazos para la evaluación de modificaciones contractuales. Por otro lado, el “Shock de Desburocratización” registró un avance superior al 70%, con 469 medidas completadas y 187 barreras eliminadas.

Este balance refuerza la percepción de Perú como ejemplo regional en políticas de inversión y manejo macroeconómico, en un momento en que Colombia busca alternativas para reactivar el crecimiento y fortalecer la inversión pública y privada.

El análisis del impacto de más de cien indicadores sociodemográficos permitió identificar que las políticas de juventud implementadas entre 2022 y 2024 sentaron bases relevantes para avanzar hacia mejores oportunidades para la población joven, según informa el Instituto de la Juventud (Injuve). Los datos reflejan que, aunque persisten obstáculos vinculados al acceso a la vivienda y las desigualdades estructurales, las acciones emprendidas en áreas como educación y empleo marcaron tendencias positivas, de acuerdo con el Informe de Evaluación Intermedia de la Estrategia de Juventud 2030.

Según precisa el Ministerio de Juventud e Infancia, junto al Injuve, la inversión ejecutada durante ese periodo ascendió a casi 41.000 millones de euros, cifra que supera en 7.600 millones de euros la dotación presupuestaria inicialmente prevista para el desarrollo de la estrategia de juventud. Así lo reportó el Injuve en la presentación del balance, señalando que el importe canalizado se utilizó para implementar 238 actuaciones que cubren diez ejes temáticos del Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024. El medio oficial detalló que dichos ejes incluyen ámbitos como educación, empleo, salud, cultura, participación, igualdad y transición ecológica, entre otros.

El informe, elaborado por el Injuve a partir del Panel de Indicadores de la Estrategia, destaca que los mayores avances estructurales se produjeron en educación y empleo, lo cual, según consignó el organismo, contribuyó a ampliar y mejorar las oportunidades de desarrollo profesional y educativo para la juventud. “El informe presentado hoy confirma que, a pesar de las brechas de desigualdad que persisten, se han sentado cimientos sólidos para continuar avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva para la juventud”, señala el comunicado conjunto del Ministerio y el Injuve, publicado por el medio oficial.

No obstante, la evaluación intermedia recalcó que siguen existiendo retos sustanciales en el acceso de los jóvenes a la vivienda y en la reducción de desigualdades estructurales. Según publicó el Injuve, las dificultades para emanciparse y la persistencia de brechas sociales hacen imprescindible centrar esfuerzos en el desarrollo de nuevas políticas y medidas específicas durante los próximos años. El informe subraya que será necesario abordar de manera prioritaria estos desafíos para garantizar que los beneficios de las políticas públicas lleguen de forma equitativa al conjunto de la juventud.

El documento presentado por el Injuve también sostiene que la función de la evaluación intermedia es servir como herramienta para orientar la revisión y el refuerzo de las políticas públicas previstas en el próximo Plan de Acción 2025-2028. Según detalló el Ministerio de Juventud e Infancia, la elaboración del nuevo plan se llevará a cabo con la participación activa de los propios jóvenes, cuya voz resultará parte fundamental en la definición de prioridades y objetivos. Además, el Gobierno prevé que el Plan de Acción 2025-2028 se someta a aprobación durante el primer semestre de 2026.

El medio oficial enfatizó que el uso de indicadores sociodemográficos permitió medir de manera cuantitativa el impacto real de las políticas públicas dirigidas a la juventud, lo cual representa un paso importante hacia la rendición de cuentas y la planificación basada en evidencia. La inversión ejecutada entre 2022 y 2024 se tradujo, según reportó el Injuve, en acciones concretas para reforzar el “escudo social” y proporcionar a la juventud mejores condiciones en aspectos fundamentales de su vida diaria.

El balance del Gobierno, según el informe difundido por el Ministerio y el Injuve, pone especial énfasis en la necesidad de transformar los avances alcanzados en logros sostenibles, poniendo especial atención en las áreas donde las desigualdades persisten. La revisión de la estrategia y la implementación del nuevo plan se presenta como una oportunidad para responder a las demandas de los jóvenes, en línea con el objetivo de garantizar mayor igualdad de oportunidades y reducir las barreras estructurales que afectan a este segmento de la población.

El megaproyecto del Túnel del Toyo, que promete ser el túnel más largo de Colombia y América Latina, registra un avance del 70% en su segundo tramo, según confirmó José Fernando Flórez, gerente de la obra, en entrevista con Valora Analitik.

Este proyecto reducirá de manera significativa los tiempos de conexión entre el Valle de Aburrá, el centro del país y el mar de Antioquia, consolidándose como un pilar estratégico para la logística nacional.

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De acuerdo con el gerente Flórez, “la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia contribuirán el próximo año con más de $500.000 millones, que se suman a los aportes realizados durante este año para continuar con las obras del Túnel del Toyo”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en el tramo dos, mientras que el primer tramo ya está finalizado. Sobre el ritmo de construcción, el gerente aseguró a Valora Analitik: “La planeación que tenemos establece que, hacia finales de 2026, las obras civiles estarán prácticamente concluidas, lo que permitirá iniciar la instalación de los equipos electromecánicos y poner en marcha el proyecto en el menor tiempo posible”.

Impacto logístico y comercial del Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo será un eslabón clave para la red de transporte del país. Según el gerente Flórez: “Permitirá articular la Autopista al Mar 1, la Autopista al Mar 2, los corredores hacia el Pacífico y la conexión directa del puerto con el comercio internacional”.

Se estima que cerca del 30% de la carga del país transitará por estas vías, con una reducción de recorridos de entre 300 y 500 kilómetros, dependiendo de si la carga se moviliza por Cartagena o por Puerto Antioquia. Flórez destacó que esto representa “una gran oportunidad para el desarrollo de la industria, el turismo y el comercio, así como para la competitividad del país”.

Obras pendientes y próximas fases

Actualmente, la construcción se concentra en el sector de Santa Fe de Antioquia. De los 18 túneles contemplados en el proyecto, 16 ya están construidos y restan dos por ejecutar, además de siete puentes y varios tramos de vías a cielo abierto. El gerente comentó: “En ese sector estamos trabajando a toda marcha para completar lo pendiente. Una vez termine la fase principal de obras, viene la instalación de los equipos electromecánicos”.

En cuanto a esta instalación, Flórez explicó que el contrato de equipos electromecánicos ya está en ejecución: “Actualmente, avanzamos en la fase de ingeniería y compras, y la gran mayoría de los equipos ya se encuentran almacenados. A medida que ciertos frentes de obra lo permitan, iremos iniciando la instalación”.

No obstante, aclaró que “no puede haber una interacción activa entre la obra civil y los equipos electromecánicos, porque las condiciones no son las más adecuadas. Por eso, esperamos que hacia finales de 2026, cuando las obras estén prácticamente concluidas, podamos iniciar de lleno la instalación y avanzar rápidamente hacia la puesta en operación del proyecto”.

Beneficios a largo plazo para Antioquia y Colombia

El Túnel del Toyo no solo acortará distancias y tiempos de transporte, sino que también generará un impacto positivo en la competitividad y desarrollo económico. La reducción de kilómetros recorridos se traduce en ahorros en costos logísticos, disminución de emisiones contaminantes y una mayor eficiencia en la movilización de carga.

Adicionalmente, el túnel contribuirá al fortalecimiento del turismo en Antioquia, al facilitar el acceso entre Medellín y regiones con gran potencial turístico y cultural. Para el comercio internacional, el proyecto representa una conexión directa y más rápida con los puertos del país, fortaleciendo la competitividad de las exportaciones colombianas.

El contrato validado por la Cámara de Diputados de Bolivia libera una proporción del financiamiento internacional para que el país recupere su ejercicio pleno de voto y voz en la asamblea general de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Según lo detallado por el medio, esta medida acompaña la aprobación de un préstamo de 550 millones de dólares (468 millones de euros), de los cuales la mayor parte estará destinada a saldar pasivos acumulados en administraciones anteriores y asegurar la liquidez del Estado. El acuerdo, que todavía requiere la revisión y aprobación del Senado antes de su entrada en vigor, busca estabilizar la situación financiera del país liderado por el gobierno de Luis Arce y la gestión administrativa encabezada por Rodrigo Paz.

La medida legislativa aprobada asigna específicamente el 78% del monto total del préstamo —es decir, 429 millones de dólares (365 millones de euros)— al pago de la deuda flotante, que incluye compromisos impagos de gobiernos subnacionales como gobernaciones y municipios. De acuerdo con el proyecto presentado a la Cámara de Diputados y consignado por el medio, el objetivo principal del crédito es regularizar obligaciones pendientes y dotar de respaldo financiero al gobierno nacional.

El resto de los fondos obtenidos a través de este préstamo internacional contempla usos focalizados. Un equivalente a 22% del préstamo, es decir, aproximadamente 121 millones de dólares (103 millones de euros), estará disponible para impulsar el desarrollo de infraestructura pública y cubrir costos administrativos inherentes al financiamiento. Según el desglose citado por el medio, 57 millones de dólares (48 millones de euros) alimentarán proyectos de obras públicas y mantenimiento de infraestructura, mientras que 3,7 millones de dólares (3,1 millones de euros) se asignarán a comisiones financieras, evaluaciones técnicas y otros gastos vinculados al proceso de obtención del crédito.

Parte de este acuerdo implica un aporte de capital a la CAF, el cual servirá para que Bolivia recupere la condición de miembro pleno, permitiéndole ejercer derechos de participación institucional en la asamblea general del organismo multilateral. Esta situación corresponde a un restablecimiento tras periodos con restricciones, detalló la fuente. La CAF, desde inicios de noviembre, efectuó el anuncio de un programa ampliado de apoyo a Bolivia, calculado en 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) distribuidos entre 2025 y 2030, de acuerdo con lo publicado en el medio.

El nuevo préstamo se integra dentro de una flexibilización en el acceso al crédito que la CAF ha promovido para países como Bolivia, en función de fortalecer su capacidad para afrontar obligaciones fiscales y avanzar en la agenda de inversión pública, según reportó el medio. El instrumento financiero aprobado establece un plazo de devolución de 12 años y estipula un período de gracia de 36 meses tras la puesta en marcha legal del contrato.

La administración gubernamental atribuye la urgencia de este endeudamiento a la acumulación de pasivos transferidos desde gestiones pasadas. El gobierno argumenta que la prioridad del préstamo reside en la depuración de deudas pendientes con entidades regionales y locales, acción que permitiría sanear las cuentas públicas y generar una base de liquidez adecuada para nuevas políticas económicas, de acuerdo con lo informado por el medio.

La porción de recursos dirigida a infraestructura pública servirá para crear y mejorar bienes públicos, lo que incluye tanto nuevos proyectos como actividades de mantenimiento. Los fondos destinados a cubrir condiciones relacionadas con el financiamiento se usarán para el pago de comisiones administrativas y la realización de las auditorías y evaluaciones técnicas requeridas durante la vigencia del préstamo, según consignó la fuente.

El documento remitido al Senado enfatiza la relevancia de reintegrar plenamente a Bolivia como miembro activo de la CAF, restableciendo derechos que permanecían limitados mientras no se completaba el aporte de capital correspondiente. Esto facilitará, según lo analizado por el medio, no solo acceder a los beneficios crediticios y de cooperación de la entidad, sino también influir en la toma de decisiones futuras que impliquen a la región sudamericana.

La aprobación legislativa en la Cámara de Diputados marca un avance en el cumplimiento de la estrategia financiera delineada por el gobierno, cuya implementación queda ahora sujeta al análisis y la sanción definitiva del Senado. Una vez sancionada, la iniciativa abrirá la puerta al desembolso de los recursos prometidos por la CAF, permitiendo al Estado boliviano atender obligaciones urgentes y avanzar en el programa de desarrollo nacional, expuso el medio. Este proceso, enmarcado en el acuerdo con la CAF, articula la gestión de pasivos, la inversión en infraestructura y la recuperación de capacidades institucionales en la esfera internacional.

Durante más de una década, Piura fue la principal región productora de petróleo del Perú: desde 2009, aportó más de la mitad del crudo nacional. Sin embargo, el potencial energético de la región se enfrenta a deficiencias en la gestión estatal y la falta de nuevas inversiones, lo que limita el potencial del sector como una importante fuente de crecimiento económico regional.

Potencial petrolero en Piura

Entre octubre de 2024 y setiembre de 2025, Piura produjo 7.9 millones de barriles, 31.9% menos que hace una década (11.6 millones en 2015). Además, ha perdido peso en la producción nacional y ahora representa menos de la mitad (48.1%), debido al aumento reciente de la explotación en Loreto. Esto se debe, en gran medida, a que la inversión nacional en hidrocarburos está estancada: se redujo de un promedio anual de US$ 1,400 millones entre 2004 y 2014 a apenas US$ 450 millones en la última década. Este retroceso se concentra en las actividades de exploración: desde 2021 solo se han realizado tres perforaciones, frente a las 47 ejecutadas en 2011-2015, y no se firma una nueva licencia desde 2017.

A esto se suman deficiencias en la gestión estatal en el sector. Las demoras y sobrecostos en la construcción de la Nueva Refinería Talara, entre otros problemas de gestión, dejaron a Petroperú en una situación financiera crítica. Por ejemplo, cuenta con una deuda financiera superior a US$ 5,460 millones al tercer trimestre de 2025, once veces más que en 2013. Peor aún, desde 2013, el Estado ha destinado S/ 24,600 millones en rescates financieros a la empresa, recursos que podrían haberse orientado a cerrar brechas esenciales, priorizando a Piura. Además, pese a los resultados negativos, la empresa estatal ha venido recibiendo nuevos encargos: a mediados de noviembre, se prorrogó el contrato temporal de Petroperú para la explotación del Lote Z-69, tras el fallido proceso de adjudicación de la operación.

El canon y las brechas piuranas

La relevancia de los hidrocarburos para Piura también se refleja en su aporte al fisco. Al 3 de diciembre, la región recibió S/ 297 millones por canon y sobrecanon petrolero. Sin embargo, estas transferencias son 35% menores que hace diez años y representan menos de la mitad de los montos máximos que recibía entre 2012-2014, ajustando por inflación. Esto en línea con la caída sostenida de la producción y pese a que los precios internacionales son 36% mayores que hace 10 años.

Pese a su potencial petrolero, la región mantiene rezagos económicos y sociales notables. Entre 2014 y 2024, el PBI per cápita de Piura cayó 2.5%, mientras el promedio nacional creció 8.7%. Las brechas de servicios son amplias: cuatro de cada diez viviendas y siete de cada diez escuelas carecen de acceso conjunto a agua, luz y saneamiento; cuatro de cada diez niños padecen anemia; y la continuidad del servicio de agua apenas alcanza nueve horas al día.

Esto corresponde también a un problema de gestión. Pese a los mayores recursos fiscales por hidrocarburos, múltiples municipalidades exhiben brechas de capacidades de ejecución. Con datos a inicios de diciembre de 2025, cerca de un tercio del canon petrolero destinado a la inversión pública permanece sin ejecutarse, lo que reduce el potencial impacto de estos recursos en la mejora de los servicios básicos y la infraestructura regional.

Cerrar las brechas de infraestructura y servicios en Piura requiere aprovechar plenamente su potencial energético. Para ello, es clave destrabar nuevos proyectos de exploración y producción, atraer mayor inversión privada y fortalecer la institucionalidad para gestionar de manera eficiente los recursos del sector. En ese contexto, se debe asegurar condiciones contractuales competitivas para impulsar la adjudicación de proyectos. Asimismo, resulta indispensable una ejecución eficiente de los recursos públicos, asegurando al cierre de brechas. Solo así Piura podrá traducir sus recursos petroleros en crecimiento sostenido, servicios de calidad y mayor bienestar para su población.

Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con colaboración de Pablo Castro

El programa de Caminos Artesanales avanza como una de las estrategias de infraestructura que se prevé tenga un impacto social fuerte en las zonas rurales de México. A lo largo del 2025 diversas comunidades se han beneficiado de manera directa.

Estos caminos son construidos por las propias comunidades, lo que fortalece la economía local y genera empleo directo. Mujeres y hombres participan activamente en cada etapa del proceso, convirtiendo la infraestructura en una herramienta de cohesión social y desarrollo colectivo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza este esfuerzo con una visión de largo plazo que busca reducir desigualdades, facilitar el acceso a servicios básicos y mejorar las condiciones de movilidad en territorios donde se han limitado oportunidades.

Inversión pública con enfoque social y comunitario

Para finales de 2025, se proyecta la conclusión de 135 caminos artesanales que en conjunto sumarán más de 430 kilómetros. La inversión destinada a este objetivo alcanza los 3 mil millones de pesos, de los cuales ya se ha ejercido más de la mitad, reflejando un avance sostenido en la ejecución del programa.

La coordinación entre la SICT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha sido clave para consolidar este modelo de trabajo. A través de acuerdos directos con las comunidades, se garantiza que las obras respondan a necesidades reales y respeten las dinámicas sociales y culturales de cada región.

Los caminos artesanales se convierten así en una palanca para detonar actividades productivas, fortalecer el comercio local y mejorar la calidad de vida en zonas rurales.

Avances estatales en la construcción de caminos artesanales

Estos son los avances reportados hasta mediados del mes de noviembre:

· Durango, 56 km, 79.7%

· Veracruz, 10 km, 70%

· Jalisco, 23 km, 46%

· Sonora, 23 km, 42%

· Puebla, 5 km, 40%

· Oaxaca, 77 km, 37%

· Colima, 6 km, 76.6%

· Nayarit, 51 km, 33%

· Chiapas, 28 km, 61%

· Zacatecas, 10 km, 23%

· Guerrero, 143 km, 40%

Este programa forma parte de un plan sexenal más amplio que contempla la construcción de 2 mil 500 kilómetros de caminos artesanales entre 2025 y 2030, con una inversión estimada de 15 mil millones de pesos, consolidando un modelo de infraestructura que prioriza la inclusión, la participación comunitaria y el desarrollo regional sostenible.

El archivo de la reforma tributaria por $16,3 billones en el Senado de Colombia obliga al Gobierno de Gustavo Petro a ajustar el Presupuesto General de 2026 a $530,6 billones, una cifra que, aunque representa el monto más alto en la historia del país, implica recortes en inversión y pone en riesgo proyectos emblemáticos como las vías 4G y el metro de Bogotá.

El presidente advirtió que, ante la imposibilidad de recortar en deuda o gasto social, el ajuste recaerá sobre la inversión pública, lo que afectará directamente a la infraestructura nacional.

En el último año, el Ejecutivo ya había enfrentado un revés similar con la caída de la Ley de Financiamiento por $12 billones, lo que obligó a recortar y reprogramar parte del gasto previsto.

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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que la única alternativa para financiar el presupuesto de 2026 es un recorte, como ya ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento de 2024.

Mejía precisó en entrevista con La República que “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal (...) esos $16,3 billones representan menos de 3 % del Presupuesto General de la Nación, que ascendía a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.

El ajuste presupuestal para el 2025, que redujo el Presupuesto de $525 billones a $513 billones, ya había afectado recursos destinados a proyectos viales, con un recorte de $1,43 billones a Invias y la Agencia Nacional de Infraestructura. El nuevo recorte sería el segundo consecutivo en recursos para infraestructura.

El jefe de Estado reiteró que, debido a la rigidez del gasto público, es imposible recortar decenas de billones en rubros como el servicio de la deuda o los programas sociales, por lo que cualquier ajuste terminará concentrándose en la inversión.

Petro fue enfático: “Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”.

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó de “despropósito” la idea de una emergencia económica, al considerar que no se reúnen las condiciones constitucionales para adoptarla.

Restrepo sostuvo que la única medida viable es ajustar el gasto: “El Gobierno debe recortar el gasto público y recortar los gastos de funcionamiento. Allí todavía hay espacio para hacerlo”.

Además, cuestionó la estrategia fiscal del Ejecutivo y señaló que el presupuesto ya estaba desfinanciado en al menos $40 billones, posiblemente por metas de recaudo sobrestimadas.

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó que la decisión de los nueve senadores contradiga lo aprobado por las mayorías, que ya habían incorporado esos recursos en el Presupuesto General de 2026.

Ávila subrayó que el Gobierno revisará todas las alternativas para preservar la estabilidad fiscal y garantizar la continuidad de los programas sociales, sin descartar ninguna herramienta que permita asegurar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y cumplir los compromisos sociales.

Por su parte, la senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción no pueden utilizarse para corregir el funcionamiento ordinario de las ramas del poder público ni para evitar las consecuencias políticas de un trámite legislativo.

“La Corte Constitucional ha sido categórica en reiterar que los estados de excepción no pueden ser usados para sustituir o corregir el funcionamiento natural de las ramas del poder público, ni para evadir las consecuencias políticas de un trámite legislativo democrático”, dijo la congresista.

La senadora Aida Avella advirtió que el archivo de la reforma impedirá que las personas con patrimonios superiores a $6.200 millones se acojan a un recaudo progresivo, lo que implica que el Gobierno dejará de percibir $2,2 billones desde el próximo año.

Además, de los gravámenes a personas jurídicas, como entidades financieras y carboníferas, se esperaba un recaudo de $1,3 billones desde 2026.

Como alternativa, el Gobierno impulsa un proyecto de ley de reactivación económica, que ya superó su primer debate y busca otorgar alivios y beneficios a ciudadanos y empresas mediante rebajas en sanciones, intereses y multas, exenciones tributarias sectoriales y líneas de crédito.

Este proyecto también promueve sectores como el turismo, el transporte, las energías renovables y la infraestructura regional a través de flexibilidades tributarias.

A pesar de los recortes, el Presupuesto General de 2026 superará en casi $17 billones el de este año, $187 billones por encima del de 2022 y $301,6 billones respecto al de 2017. El desglose de los últimos presupuestos refleja una diferencia de meta de $137,6 billones entre 2022 y el año pasado.

El gobierno de Luis Arce dejó la ejecución de la inversión pública en Bolivia en apenas 36,5 % hasta octubre de 2025, lo que representa “la cifra más baja de los últimos seis años”, según informó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

El viceministro a cargo, Fernando Jiménez, atribuyó este bajo rendimiento a “una limitada capacidad institucional”, señalando entre los principales problemas la escasez de equipos técnicos y legales en las entidades ejecutoras, contratos mal preparados, alta rotación de personal y deficiencias en la supervisión y monitoreo de proyectos.

“Este porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó Jiménez al señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo trabaja en mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, según el viceministro, el bajo nivel de ejecución tendrá un impacto negativo en la tasa de crecimiento económico nacional.

El diagnóstico interno también reveló que una serie de proyectos con deficiencias. Por ejemplo, en una institución descentralizada de 112 proyectos evaluados, 25 presentan “serios problemas de ejecución”, incluidos diseños incompletos, como el caso de una planta cuya construcción carecía hasta de conexión eléctrica planificada.

Este panorama contrasta con periodos anteriores: según datos oficiales, en 2023 la inversión pública ejecutada alcanzó cerca del 66,3 % del presupuesto aprobado para ese año y fue el mejor desempeño de los últimos años. Sin embargo, en 2024 cayó al 50% del presupuesto asignado, lo que representa un retroceso respecto al año anterior.

Los datos recientes de inversión pública —36,5 % del presupuesto hasta octubre de 2025— representan una disminución significativa del gasto público, lo que puede generar consecuencias negativas en el desarrollo, infraestructura y crecimiento económico del país.

Desde 2014, Bolivia entró en un período sostenido de desaceleración económica, tras años de crecimiento impulsado por las exportaciones de gas y una inversión pública sostenida. Desde ese año, la producción de hidrocarburos disminuyó, los ingresos externos se redujeron y se agotó el modelo basado en exportaciones de materias primas, lo que limitó la capacidad del Estado para sostener inversión y subsidios.

Los síntomas de la crisis empezaron a sentirse en las calles en el primer trimestre de 2023 cuando se limitaron las transacciones en dólares y surgió un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana se cotiza por encima del tipo de cambio oficial, lo que provocó el incremento de los precios de la canasta familiar.

En paralelo hubo una importante pérdida del poder adquisitivo y periodos prolongados de escasez de combustible, ante las crecientes dificultades de importación. En 2025 el país entró en una recesión que se prolongará al menos hasta 2027, según proyecciones de organismos internacionales.

En medio de esta crisis económica, el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz asumió funciones el 8 de noviembre con el desafío de estabilizar las cuentas fiscales, asegurar el abastecimiento de combustibles y divisas, además de restablecer el flujo de inversiones.

En sus primeras semanas de gestión, el presidente aseguró créditos internacionales por más de 550 millones de dólares, suprimió algunos impuestos y anunció que hasta marzo se dictarán políticas de ajuste para estabilizar la economía del país, entre las que los economistas presumen la liberación del tipo de cambio y reformas en la política de subsidio a los combustibles, que constituye uno de sus mayores gastos públicos.

La inversión pública en Perú alcanzó un nivel histórico al sumar S/49.168 millones entre enero y noviembre de 2025, marcando la mayor ejecución registrada en diez años, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este monto implica un crecimiento de 5% respecto al mismo periodo del año anterior y consolida la tendencia positiva observada en los últimos ejercicios, posicionando este rubro como uno de los principales motores del crecimiento económico nacional.

Inversión pública en Perú marca récord en noviembre de 2025

Según el análisis del MEF, la inversión pública de este año no solo destaca por su volumen, sino también por la calidad y focalización del gasto.

Los recursos fueron destinados, principalmente, a proyectos orientados al cierre de brechas de infraestructura y al fortalecimiento de servicios esenciales, con impacto directo en la calidad de vida de millones de peruanos.

Las iniciativas priorizadas abarcan sectores clave como transporte, agua y saneamiento, salud, educación y seguridad ciudadana, ejes fundamentales para el desarrollo sostenible en diversas regiones del país.

MEF: Gobierno peruano ejecuta S/5.055 millones en inversión pública

El informe desglosa la ejecución de inversiones por nivel de gobierno. El Gobierno Nacional lideró la ejecución con S/19.057 millones, lo que equivale al 73,7% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Los gobiernos locales alcanzaron S/17.916 millones —un 60,2% del PIM—, mientras que los gobiernos regionales sumaron S/12.195 millones, que representan el 79% de su presupuesto.

Esta distribución subraya la importancia de la articulación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar la óptima utilización de los fondos públicos y la implementación de obras que respondan a las necesidades locales y nacionales.

Denisse Miralles: “Más infraestructura, más empleo y más oportunidades”

En noviembre de 2025, se obtuvo también uno de los mejores resultados mensuales de la última década, con S/5.055 millones ejecutados en conjunto por los tres niveles de gobierno.

Los gobiernos locales concentraron el 41% del total invertido en ese mes, seguidos por el Gobierno Nacional y, en tercer lugar, los gobiernos regionales. Esta dinámica revela la mayor agilidad y capacidad de gasto lograda en la última parte del año, consecuencia de acciones implementadas para destrabar proyectos, mejorar la gestión y acelerar las licitaciones.

“Este impulso en la inversión pública se traduce en más infraestructura, más empleo y más oportunidades para las familias peruanas. Nuestro objetivo es claro: acelerar el desarrollo en todo el país y garantizar que los proyectos priorizados respondan a las necesidades reales de la ciudadanía”, afirmó la ministra Denisse Miralles.

¿Crecimiento de 5% en inversión pública impulsa economía nacional?

La cartera económica subrayó que estos resultados reflejan el compromiso del Ejecutivo con la eficiencia en la gestión de los recursos estatales, manteniendo como principios la transparencia y la orientación a sectores estratégicos que tienen mayor impacto social y económico.

Al cierre del año, las autoridades proyectan que la meta anual consolidará una nueva marca histórica, reafirmando el rol de la inversión pública como pilar del dinamismo económico y de la mejora sustancial en los servicios y la calidad de vida de la población en todo el país.

La inversión pública en Perú alcanzó los S/ 44.085 millones entre enero y octubre de 2025, su nivel más alto en una década, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este resultado representa un crecimiento del 6 % respecto al mismo periodo del año pasado y consolida la tendencia positiva en la ejecución de recursos estatales para obras de infraestructura, servicios y desarrollo regional.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, presentó estas cifras durante una reunión con los presidentes de las 23 Cámaras de Comercio Regionales, convocada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). La titular del MEF destacó que el monto ejecutado equivale al 62.9 % del presupuesto anual destinado a inversiones públicas y que, de mantenerse el ritmo actual, se proyecta un nuevo récord de ejecución al cierre del año.

Reactivación y empleo

Miralles señaló que este desempeño se debe al impulso de políticas orientadas a la reactivación económica, la generación de empleo y la descentralización de la inversión. “La inversión pública no compite con la privada, la potencia; y juntas son el motor de la reactivación y la confianza empresarial”, afirmó durante su intervención.

La ministra explicó que, desde 2020, se ha consolidado una tendencia sostenida de crecimiento en la inversión pública, reflejo de una mejor gestión presupuestal y de la articulación entre los tres niveles de gobierno. En ese sentido, subrayó que la ejecución eficiente de los recursos no solo fortalece la infraestructura nacional, sino que también contribuye directamente al bienestar de las familias y a la productividad regional.

Destrabe de proyectos y reducción de burocracia

Uno de los pilares de este resultado, indicó Miralles, ha sido la implementación del programa Ejecuta+, que en 2025 alcanzó su décima edición. A través de esta iniciativa, el MEF ha brindado asistencia técnica a más de 900 entidades públicas en todo el país, enfocándose en áreas clave como la gestión de inversiones, las contrataciones y la ejecución presupuestal. Gracias a este programa, se han destrabado más de 3.000 proyectos de inversión que estaban paralizados o demorados por procesos administrativos.

Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha un shock nacional de desburocratización para reducir trámites y eliminar sobrecostos que suelen frenar el avance de obras públicas. De un total de 660 medidas identificadas para simplificar procedimientos, 451 ya han sido culminadas, lo que representa un avance del 68 % en la agenda de simplificación nacional.

Estabilidad fiscal y descentralización

Miralles reafirmó que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, factores que —según dijo— son esenciales para sostener la confianza del sector privado y garantizar el financiamiento de los proyectos públicos. “El desarrollo del país no puede concentrarse solo en Lima; debe sentirse en cada región del Perú”, enfatizó la ministra.

En esa línea, el MEF ha impulsado una mayor descentralización del gasto, priorizando la ejecución de obras en regiones y municipios. La cartera económica señaló que los gobiernos subnacionales vienen mostrando un desempeño cada vez más eficiente en el uso de los recursos públicos, en parte gracias al acompañamiento técnico del Estado.

Presupuesto 2026 prioriza la inversión regional

Durante la cita con los líderes empresariales, Miralles también presentó el Proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a S/ 257,562 millones. Este monto representa un incremento del 2.3 % respecto al presupuesto de 2025 y mantiene una meta fiscal responsable del 1.8 % del Producto Bruto Interno (PBI).

El plan para el próximo año mantiene como eje la descentralización: el 61 % del presupuesto descentralizable será ejecutado por gobiernos regionales y locales, lo que permitirá fortalecer la gestión pública y la inversión en zonas con mayores brechas sociales y de infraestructura. Con este enfoque, el MEF busca consolidar el crecimiento sostenido del país, combinando prudencia fiscal con eficiencia en la ejecución del gasto público.

Evidencias de que convivimos con un sistema de administración y ejecución de recursos públicos con fallas groseras las tenemos hace más de veinte años. El proceso de descentralización iniciado en nuestro país en 2002 no está generando el bienestar que se esperaba. Los veintiún años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia, y los últimos años de reactivación económica, no son percibidos por todos.

Las mejores oportunidades y el bienestar que prometía un sistema descentralizado nunca llegaron. Miles de obras y compras públicas donde se identifican casos de colusión desleal, falsedad genérica o negociación incompatible se detectan año tras año, según investigaciones de la Contraloría. Solo en lo que va del año se registran más de 2,400 obras paralizadas. ¿Los perjudicados? La población más vulnerable, que sigue careciendo de servicios básicos, y el modelo de promoción de la inversión privada, que continúa perdiendo legitimidad por la ineficiencia en la administración y ejecución de los recursos que genera a favor de la economía del país. Todo ello es responsabilidad del Estado: el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su más reciente Monitor Fiscal, plantea un cambio de enfoque en la política fiscal global. Sostiene que, con déficits fiscales persistentes, la deuda pública mundial alcanzará el 100% del PBI en 2029, el nivel más alto desde 1948. Por ello, hace un llamado a fortalecer la eficiencia del gasto público. Es decir, hace un llamado, no a gastar más, sino a gastar mejor.

En lo que respecta al Perú, el FMI señala que, si bien mantiene una deuda pública en alrededor del 30% de su PBI, el país enfrenta un serio problema de ineficiencia y rigidez presupuestal. Más del 40% del gasto público se concentra en remuneraciones, pensiones y transferencias, lo que deja un margen limitado para la inversión productiva. Además, del total de los recursos asignados para inversión pública, las municipalidades ejecutan poco más del 66% del presupuesto asignado, lo que deja cuantiosos recursos sin ser traducidos en servicios públicos de calidad para la población, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así pues, se tiene que el 94% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención se encuentran con capacidad instalada inadecuada; es decir, con obsolescencia de equipos médicos; más del 50% de los colegios de educación básica se encuentran en riesgo de colapsar; solo el 50% de los hogares a nivel nacional cuenta con acceso a agua las 24 horas del día; y aún tenemos un 21% de viviendas que no cuentan con acceso a desagüe, según datos de Susalud, el INEI y la Endes.

Los últimos resultados del Registro Nacional de Municipalidades 2025 evidencian las brechas de gestión que afectan el desempeño de la administración pública encargada de mejorar la calidad de vida de la población y brindar oportunidades. El 72.7% de las municipalidades sostuvieron que requerían capacitación en administración tributaria municipal; el 66.5%, en formulación y evaluación de proyectos públicos; y el 75.8%, en procedimientos administrativos. Con estos datos, ¿qué sentido tendría destinar mayores recursos a las municipalidades?

No obstante, en el caso del Perú, para corregir errores hay que ir más allá de capacitaciones, fiscalizaciones y sanciones. Es absurdo pretender que, bajo el mismo esquema de redistribución, se logren mejoras en el bienestar de la población. Urge repensar el sistema, o perderemos veinte años más. Se necesitan medidas audaces, asumiendo el costo político que ello genere.

¿Por qué no pensar en unidades ejecutoras que operen luego de algún periodo de tiempo en que no se vean resultados positivos en las gestiones de gobiernos regionales o municipalidades? ¿Por qué no implementar un sistema de selección de personal de alto nivel en la administración pública en el interior del país? ¿Por qué no realizar convenios con universidades, seleccionando a los alumnos más capacitados en evaluación y gestión de proyectos? ¿Por qué no?

El sábado 11 de octubre, el presidente Gustavo Petro sacó pecho por el sistema de salud preventivo, asegurando que esta estrategia ya se implementa en todos los municipios del país y que ha contribuido a fortalecer la red pública de atención, así como a reducir los principales indicadores de mortalidad.

El mandatario hizo el anuncio en su cuenta personal de X, donde sostuvo que la cobertura se extiende por toda la geografía nacional y está conformada por más de 80.000 profesionales del sector.

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De acuerdo con Petro, esta estructura de atención se apoya en “1.386 vehículos para más de 800 municipios del país: ambulancias, unidades odontológicas, lanchas, buques”, con los cuales el gobierno busca garantizar el acceso a los servicios en zonas rurales y de difícil acceso.

El presidente también destacó que “se han invertido 2,74 billones de pesos en hospitales públicos”, recordando que hacía décadas no se asignaban recursos directos del presupuesto a la red hospitalaria estatal. Según su afirmación, esa inversión ha permitido mejorar las capacidades locales y ampliar la infraestructura en distintas regiones.

Críticas al programa de salud preventiva

Tras el anuncio, un ciudadano respondió a Petro en X con un mensaje en el que cuestionó la efectividad, transparencia y continuidad del programa. El usuario escribió: “Un grupo de trabajadores de salud haciendo visitas domiciliarias no constituye ningún sistema de salud preventivo. Además, el programa de equipos básicos de salud de este gobierno es tal vez la iniciativa más costosa, de menor impacto y menos transparente que existe”.

El ciudadano amplió su crítica señalando que no hay certeza sobre las cifras relacionadas con los equipos básicos, y afirmó que, en su momento, la propia página del Ministerio de Salud desmentía los datos oficiales sobre la existencia de 10.000 equipos, situación que, según él, llevó a que se retiraran esas cifras del portal institucional.

También indicó que los contratos del personal no son permanentes, lo que habría generado duplicaciones en los reportes. “Hacen contratos pequeños de dos a tres meses y así cuentan un mismo equipo dos veces”, aseguró. Añadió que “no hay ningún estudio sobre el impacto de esos equipos y MinSalud no ha sacado ni un solo reporte de rendición de cuentas. Son equipos de 7 u 8 personas que hacen un examen básico, llenan unas encuestas y ya. No hay información de si entregan o prescriben medicamentos”.

El usuario afirmó que tampoco existen datos sobre la frecuencia de las visitas domiciliarias, ni evidencia directa que relacione la disminución de la mortalidad con la presencia de los equipos básicos de salud. “No existe ninguna relación comprobada entre la disminución de algunos indicadores de mortalidad y la presencia de los equipos básicos. En años anteriores se redujo en porcentajes similares”, señaló.

Finalmente, mencionó que en municipios donde el Instituto Nacional de Salud advirtió altos índices de desnutrición infantil, los equipos básicos no se encontraban activos, y cuestionó las cifras presentadas por el gobierno sobre la reducción de mortalidad por enfermedades no transmisibles. “La mortalidad por enfermedades no transmisibles no cae de un año para otro por una visita en casa. Usaron gráficas amañadas e incompletas para defender esa teoría”, escribió, sustentando sus críticas con lo que serían las estadísticas oficiales.

Petro defiende el modelo de salud

Frente a los señalamientos, el presidente Petro respondió en X con un mensaje en el que defendió la efectividad del sistema, relacionándolo con modelos internacionales y con el enfoque sanitario adoptado por Colombia desde la conferencia de Alma Ata. “Esto es lo que el neoliberalismo no pudo entender de la conferencia de Alma Ata en 1972, que propuso al mundo dotarse de sistemas preventivos”, expresó el mandatario.

El jefe de Estado añadió que “no se dieron cuenta de por qué los sistemas preventivos lograron que los países que los tenían tuvieran mejores tasas de mortalidad ante el Covid. Solo mire el comportamiento del norte y el sur de Italia”, añadió.

En su publicación, Petro señaló que el modelo preventivo se convierte en un instrumento de protección ante fenómenos globales. “Ante la crisis climática la mejor defensa es la salud preventiva resolutiva como la que ya construimos en Colombia”, escribió, y agregó que la efectividad del sistema puede comprobarse en la reducción de la mortalidad infantil. “Prueba?: la baja a la mitad de la tasa de mortalidad infantil de Colombia”, sostuvo.

El presidente también destacó que, gracias a esta inversión pública y humana, “se ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil a la mitad, la de las mujeres embarazadas, la mortalidad materna, y en la población adulta se ha logrado que no mueran un 12% de enfermedades crónicas controlables que en el último año del gobierno pasado”.

Finalmente, explicó que la dificultad para replicar este tipo de sistemas en otros países se debe a su naturaleza pública. “Si es tan eficaz, ¿por qué no se generaliza en las sociedades como EE. UU. o en Colombia? Porque en la salud preventiva resolutiva no hay muchos negocios, es esencialmente pública”, concluyó.

La Cancillería de Colombia adquirió a comienzos de 2025 una nueva sede para el Consulado de Colombia en Monterrey, ubicada en el Condominio Plaza Internacional del municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, México.

Aunque las instalaciones fueron aseguradas desde febrero y la inversión ya supera los 409 millones de pesos, al cierre de septiembre el consulado no cuenta con cónsul ni con personal, ni tampoco presta servicios regulares a la comunidad colombiana, de acuerdo con información publicada por Semana.

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Semana reveló que la adquisición y acondicionamiento de la sede, con un área de 275,36 metros cuadrados, responde a una demanda importante: México es uno de los países donde más colombianos residen fuera del territorio nacional, y concentra una de las mayores solicitudes de trámites diplomáticos y consulares.

Esta necesidad llevó a la Cancillería a abrir un consulado en Monterrey, pero la sede permanece inactiva en espera de los nombramientos que debe realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Rosa Yolanda Villavicencio y del presidente Gustavo Petro.

El nuevo inmueble, según datos del contrato citados por Semana, tiene un valor mensual de alquiler de 22.938.226 pesos colombianos, lo que equivale a 93.622 pesos mexicanos mensuales más el IVA del 16%. El esquema de arrendamiento prevé pagos semestrales y gracias a una negociación se incluyeron dos meses y ocho días de gracia.

Según detalla el contrato, hasta ahora se ha realizado un pago de 137.629.356 pesos por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2025.

La operación no se limita al canon de arrendamiento. El contrato incluye conceptos por administración de las oficinas y el parking, los cuales ascienden a 4.882.060 pesos mensuales más IVA. De este rubro, 3.832.746 pesos corresponden a la administración de la oficina y 1.049.314 pesos al estacionamiento.

Por otra parte, se efectuó un depósito de garantía equivalente a cuatro meses de arrendamiento, lo que representa 79.097.671 pesos; este monto será ajustado cada año y se reembolsará al finalizar el contrato si el inmueble no requiere reparaciones.

Entre los desembolsos se incluyen una póliza de seguro para las oficinas por 5.003.251 pesos, así como los primeros pagos de servicios básicos, con 1.277.848 pesos por energía eléctrica y 6.066.294 pesos por conectividad e internet. Además, se ejecutaron trabajos de adecuación, mantenimiento y compra de mobiliario, con un monto registrado de 175.333.674 pesos destinados a la pintura, reparación de ventanas, luminarias, limpieza general y adquisición de escritorios, sillas, astas para banderas y contratación de seguridad privada.

Semana contactó a la Embajada de Colombia en México, que confirmó que desde febrero el consulado cuenta con las instalaciones listas, pero reconoció que tras siete meses “no hay un cónsul en propiedad”, ya que el nombramiento depende directamente de la Cancillería en Bogotá. Para la fecha de cierre de la investigación, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio no respondió los requerimientos de Semana sobre las razones detrás de la demora y la falta de personal.

La misma embajada sostuvo ante Semana que “la renta de la oficina consular de Monterrey es la más baja de todos los consulados en ese país, a pesar de que sería la ciudad más costosa”. Para contextualizar los costos, otras sedes diplomáticas de Colombia en México presentan cifras superiores.

La embajada en Ciudad de México cuesta 71.981.513 pesos colombianos mensuales por 455 metros cuadrados; el consulado en Ciudad de México, 41.693.762 pesos; Cancún, 31.832.997 pesos por 373 metros cuadrados; y Guadalajara, 29.435.922 pesos por 321 metros cuadrados, cifras que muestran la diferencia en el valor de las rentas.

Según la información de la embajada citada por Semana, aunque no hay titular designado, la sede en Monterrey “ya estaría siendo usada como consulado móvil y se espera que se dé su apertura general en las próximas semanas”. No obstante, la apertura definitiva depende de las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la asignación de un titular junto a su respectivo equipo de trabajo.

Las demoras en la ocupación y funcionamiento del consulado han generado inquietudes tanto entre los colombianos residentes en la zona como al interior de la carrera diplomática colombiana. Recientemente, el presidente Gustavo Petro declaró que los nombramientos diplomáticos debían responder a afinidades ideológicas, lo que motivó a un sindicato dentro de la Cancillería a reclamar la asignación de cargos para funcionarios de carrera profesional. Según el sindicato citado por Semana, “hay funcionarios de carrera diplomática esperando estas oportunidades”.

Hasta este momento, el Consulado de Colombia en Monterrey constituye una inversión pública que aún no representa un servicio real y permanente para los expatriados, uno de los principales objetivos de la expansión diplomática en esta región de México. La comunidad colombiana está a la expectativa de la apertura oficial del consulado, la designación de su titular y el inicio regular de la atención consular en el norte de México.

Cinco gobiernos regionales de Perú han ejecutado menos de la mitad de su presupuesto destinado a inversiones públicas, según alertó la Contraloría General en su Nota de Prensa N° 815 - 2025-CG/GCOM. Al 16 de septiembre de 2025, estas regiones solo utilizaron el 50% o menos de los S/ 1.424 millones asignados en conjunto para obras y proyectos, una situación que podría retrasar el cierre de brechas de infraestructura y limitar el acceso de la población a servicios esenciales.

Ejecución presupuestal por región

El informe de la Contraloría General detalla que los gobiernos regionales de Huánuco, Lambayeque, Áncash, Callao y Tumbes presentan los niveles más bajos de ejecución presupuestal en el país. Huánuco encabeza la lista con un avance del 41,4%, lo que equivale a S/ 154,8 millones de los S/ 383 millones asignados. Lambayeque ha utilizado el 44,8% de su presupuesto, es decir, S/ 169 millones de S/ 377,1 millones. Áncash registra una ejecución del 44,9% (S/ 82,6 millones de S/ 198,5 millones), mientras que el Callao alcanza el 45,2% (S/ 109,3 millones de S/ 299,7 millones). Tumbes, por su parte, ha invertido el 49,9% de los S/ 165,3 millones que le corresponden, lo que representa S/ 79,3 millones.

Importancia de la inversión pública y retrasos en obras

El presupuesto de inversión pública, según la Contraloría General, está destinado a la creación, ampliación o modernización de hospitales, colegios, vías y otras infraestructuras que buscan mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico regional. La baja ejecución de estos recursos no solo retrasa la entrega de obras, sino que también pone en riesgo la utilización eficiente de los fondos, ya que, de no gastarse a tiempo, podrían revertirse al Tesoro Público al cierre del ejercicio fiscal.

Estas entidades han acumulado cerca de 50 proyectos que debieron concluir en el primer semestre del año y que, al 4 de agosto, seguían en ejecución. Ante el vencimiento de los plazos programados, las entidades responsables debieron adoptar medidas como ampliaciones, reprogramaciones o la liquidación de los proyectos, además de actualizar la información en los sistemas informáticos para garantizar la transparencia y trazabilidad del gasto público, según lo señalado por la Contraloría General.

Recomendaciones y seguimiento de la Contraloría General

En respuesta a estos retrasos, la Entidad Fiscalizadora Superior recomendó en agosto a los titulares de los gobiernos regionales con menor ejecución presupuestal que implementen acciones preventivas y correctivas. El objetivo es asegurar que los recursos asignados cumplan su finalidad pública y evitar la pérdida de fondos por falta de uso oportuno. La Contraloría General enfatizó la importancia de estas medidas para que la población reciba los beneficios previstos en obras y servicios.

Tras la notificación de los informes de control simultáneo, los gobiernos regionales que presentaban un avance inferior al 40% al 4 de agosto han mostrado cierta mejora, alcanzando entre el 41% y el 49% de ejecución al 16 de septiembre, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. La Contraloría General reiteró su compromiso de mantener el seguimiento a las entidades con bajo nivel de gasto, con el propósito de que la ciudadanía pueda acceder a obras y servicios públicos de calidad.

La visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Japón ha puesto sobre la mesa una ambiciosa agenda económica y de inversiones, enfocada en atraer capital hacia sectores clave como infraestructura, comercio y transporte. Durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (Cepeja), que contó con la participación de empresarios de ambos países, las autoridades peruanas detallaron una serie de proyectos y propuestas valuadas en más de 17 mil millones de dólares, así como una cartera adicional de oportunidades comerciales e industriales por 1.100 millones de dólares.

La delegación peruana, encabezada por la mandataria, incluyó al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. Ambos resaltaron ante ejecutivos japoneses y peruanos la fortaleza de la relación bilateral y las ventajas competitivas que el Perú ofrece en el actual entorno internacional.

Interés japonés en infraestructuras peruanas y propuestas para 2026

El ministro César Sandoval confirmó en Tokio el renovado interés japonés en invertir en segmentos como ferrocarriles, aeropuertos y carreteras. “Presentamos 11 propuestas a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el 2026”, sostuvo por medio de su cuenta oficial en X. Según el funcionario, “más inversión, mejor transporte y más oportunidades para todos los peruanos”. En la reunión, en la que participaron 23 empresarios peruanos y 40 japoneses con experiencia en negocios bilaterales, el funcionario destacó el objetivo de “fortalecer la cooperación en proyectos de infraestructura, transporte y conectividad”.

Durante el evento, se puso sobre la mesa una cartera de proyectos de inversión superior a 17 mil millones de dólares, que abarca iniciativas estratégicas para el desarrollo del país sudamericano. La presencia japonesa ha sido históricamente relevante en el sector infraestructura, y la nueva agenda bilateral busca acelerar el dinamismo de estos flujos de inversión.

La ministra Desilú León, por su parte, presentó otras oportunidades comerciales e industriales que, según precisó frente a los asistentes, “superan los 1.100 millones de dólares”. Destacó la posición de Perú como una “plataforma regional segura y estratégica para la inversión extranjera directa”, subrayando la tendencia de crecimiento económico que mantiene el país, con una de las proyecciones más altas para 2025, la inflación más estable de la región y un bajo riesgo país.

Dinamismo comercial y agenda presidencial: consolidación del vínculo bilateral

El comercio bilateral entre Perú y Japón mantiene un constante crecimiento. Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica en 2012, el intercambio comercial alcanzó en 2024 un récord de más de 4.300 millones de dólares, según lo expuesto por la ministra León. De ese total, las exportaciones peruanas sumaron 3.377 millones de dólares, impulsadas por productos como café, palta, uvas, langostinos, bananas, trucha, harina de pescado y frutas congeladas.

Además, la agenda de actividades de Dina Boluarte en Japón enfatiza el fortalecimiento de los vínculos entre ambos gobiernos y sectores empresariales. Este jueves 7 de agosto, la presidenta participará en un desayuno de trabajo con empresarios japoneses y peruanos, con la finalidad de “promover la inversión y el intercambio comercial, así como explorar nuevas oportunidades de negocios”, según lo describe la programación oficial. Los encuentros continuarán con una cumbre bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para abordar cooperación económica, proyectos de desarrollo tecnológico, educación y acciones conjuntas frente al cambio climático.

La política de apertura y flexibilidad migratoria quedó de manifiesto en los últimos acuerdos, como la eliminación del requisito de visado para ciudadanos peruanos que desean visitar Japón. La delegación consideró este avance como una señal de confianza mutua y de un entorno más favorable para el intercambio comercial y la movilidad humana. “La visita marca un nuevo capítulo en nuestra relación bilateral”, concluyó la ministra León, quien invitó a los empresarios japoneses a “seguir apostando por el Perú”.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como Sareb o incluso como el ‘banco malo’ -porque nació para gestionar y liquidar los activos tóxicos heredados de la crisis financiera de 2008-, dispone de un banco de suelo con capacidad para construir más de 311.000 viviendas adicionales, según un estudio del think tank Funcas, realizado por el profesor Ignacio Ezquiaga.

Funcas concluye que ha faltado inversión para desarrollar estos suelos, lo que ha provocado que muchos hayan perdido valor. “Lo que hace falta es invertir mucho dinero. Nadie ha querido poner capital”, señala Ezquiaga en declaraciones al diario Cinco Días.

El estudio detalla que estos activos inmobiliarios se reparten en tres categorías: viviendas listas para su venta o uso, inmuebles aún en fase de construcción o en proyectos paralizados, y suelos donde podrían levantarse más propiedades en el futuro. En total, el informe estima que Sareb acumula en su balance 401.028 viviendas en estas distintas etapas: de ellas, 70.796 viviendas están completas, 18.504 casas se encuentran sin finalizar, y hay 24.268 suelos en los que sería posible desarrollar hasta 311.000 viviendas nuevas.

“De alguna manera cabría interpretar que la Sareb no solo habría cumplido con su función de limpiar los balances de las entidades cedentes o enajenar ordenadamente los activos, sino que, más allá, ha aparcado en su balance una parte notable del legado de activos inmobiliarios de la crisis, sobre todo suelos y, de forma especial, suelos financiados”, finaliza el informe.

Este estudio coincide con el momento en que el Gobierno ha anunciado el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos (con potencial para otras 55.000 casas) a SEPES. La cartera está valorada en 5.900 millones de euros.

Sareb, un giro en su misión inicial

Sareb nació en 2012 para hacerse cargo de los inmuebles y préstamos procedentes de las entidades bancarias rescatadas con dinero público cuando explotó la burbuja del ladrillo. Su función era temporal, orientada a vender progresivamente esos activos para recuperar parte de la inversión estatal.

Durante años, ese proceso se hizo mayoritariamente a través del mercado, vendiendo viviendas, oficinas u hoteles a inversores y particulares. De ese modo, fue el sector privado quien contribuyó a amortizar la deuda de Sareb.

Sin embargo, en 2025 el modelo ha cambiado. El Gobierno anunció un plan para traspasar parte de esos activos a la nueva empresa estatal de vivienda, SEPES, que gestionará el suelo público y promoverá vivienda protegida.

Este cambio marca un giro importante: el coste pasará ahora al sector público, que asumirá la factura de miles de viviendas y suelos cuyo valor puede superar los 4.000 millones de euros.

Criterios de selección y evaluación de activos

Para elegir los inmuebles y suelos que pasarán a la nueva empresa pública, el Ministerio de Vivienda ha aplicado varios criterios. Por ejemplo, que estén en municipios de más de 5.000 habitantes, que el valor sea adecuado para una vivienda tipo de 70 m² y que técnicamente puedan albergar bloques de al menos 30 pisos.

La evaluación ha durado meses e incluyó el análisis de ubicación, estado y viabilidad urbanística. Algunas de las viviendas están alquiladas, otras okupadas, en disputa judicial o aún no han sido tomadas en posesión.

La ministra Isabel Rodríguez explicó que se trabaja inicialmente en el traspaso de 13.000 viviendas. Todas ellas tendrán como destino el alquiler asequible, con precios por debajo del mercado y sin superar el 30% de los ingresos familiares.

Este enfoque busca ampliar el escaso parque público de vivienda en España, uno de los más reducidos de Europa, y dar una nueva función social a activos que hasta ahora se trataban como producto financiero.

El futuro de Sareb y su impacto en las cuentas públicas

Desde 2022, Sareb es una empresa pública, ya que el Estado, a través del FROB (fondo dependiente del Ministerio de Economía), controla el 51% de su capital. El 49% restante sigue en manos privadas, con entidades como Banco Santander (22%), CaixaBank (12,2%) y Banco Sabadell (6,6%) entre sus principales accionistas.

La idea original era que Sareb desapareciera en 2027, una vez cumplida su función de liquidar los activos tóxicos. Sin embargo, con este nuevo enfoque habitacional, su actividad podría prolongarse.

El coste del traspaso no es menor. Si cada vivienda se valora en torno a 100.000 euros, los 40.000 inmuebles y suelos transferidos alcanzarían los 4.000 millones. Y aunque no todos están en condiciones de ser habitados, el Ejecutivo insiste en su “utilidad social”.

El traspaso se produce en un contexto en el que la deuda de Sareb se sitúa en los 29.000 millones de euros. Con el giro del Gobierno, parte de esa carga se trasladará ahora a las cuentas públicas.

Díaz Ayuso ha protagonizado, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, una comparecencia solicitada por el PSOE-M dedicada a la Conferencia de Presidentes, que ha tachado de "estéril".

Durante la reunión, Díaz Ayuso cumplió su anunciado aviso de que se ausentaría durante las intervenciones en lenguas cooficiales, al considerar un “esperpento” y un “disparate” tener que usar pinganillos con traducción simultánea para entender a los presidentes de Cataluña y el País Vasco. Ningún otro barón del PP la emuló.

Considera la presidenta que los pinganillos "reducen las lenguas cooficiales a instrumentos separatistas", y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios de "instrumentalizar la riqueza lingüística de España para hacernos sentir extranjeros en nuestra casa".

También ha reprochado a la izquierda de defender la plurinacionalidad de España "de manera traidora" cuando "no lo llevaban en ningún programa electoral".

A su vez, Díaz Ayuso ha cargado contra Sánchez por dar concesiones a los partidos independentistas para así "mantenerse" en el Gobierno "a costa del desguace de España entera" y permitiendo "el ataque constante a los españoles".

Ha denunciado igualmente "el atraco que se está cometiendo, de manera chavista, contra los jueces, contra las empresas, contra los funcionarios, contra la UCO, contra la Guardia Civil y contra todo aquel que investiga la corrupción de Pedro Sánchez".

Y ha augurado que, para sobrevivir a esa "trama de corrupción" y cuando esté más "acorralado", Sánchez recurrirá al debate entre "monarquía o república, o cualquier trampa, porque el 'sanchismo' es eso".

En cuanto a los temas abordados en la Conferencia de Presidentes, Díaz Ayuso ha lamentado que Sánchez "se negó, directamente, a tratar y votar" las cuestiones planteadas por el PP, a su juicio porque "no tiene tiempo para pensar en España" mientras intenta capear los casos de corrupción que rodean al PSOE y al Gobierno.

Además, ha afeado al Gobierno que, "el día antes", intentara "torpedear" la Conferencia "con trucos de trileros", en alusión a la propuesta del Ejecutivo de triplicar la inversión pública en vivienda, que "era inasumible por invasión de competencias" y porque "no tiene presupuesto".

Díaz Ayuso ha indicado que defendió ante Sánchez acordar una EVAu común “en exigencia y en criterios de corrección”, revisar la "inhumana" gestión de fronteras de España o atender la "falta de médicos en toda España".

Y también aprovechó para rechazar la quita de deuda autonómica, pues opina que está hecha a medida de Cataluña. "Han decidido, con el dinero de todos, fabricar una nación y que la paguemos", ha espetado, al tiempo que ha acusado al Gobierno de negarle a Madrid "más de mil millones de euros" todos los años por no ser "desleal con el conjunto de España". EFE

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La mayoría absoluta del PP en el Senado ha rechazado una iniciativa del PSOE en la que recogían lo que planteó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas en materia de vivienda durante la Conferencia de Presidentes: triplicar la inversión y crear una base pública de precios.

El texto, que finalmente ha sido rechazado, proponía un acuerdo estatal por la vivienda, como expuso Sánchez en la Conferencia de Presidentes de hace unas semanas.

Los socialistas proponían triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado asumiría el 60% y las comunidades el 40% restante, así como crear una base pública de precios de compraventa y alquiler de inmuebles.

También instaban a aplicar la ley de vivienda y garantizar una norma con rango de ley la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo público o de reserva, privado y público, para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

Los socialistas habían aceptado diferentes cambios propuestos por el grupo Izquierda Confederal, así como por EH Bildu y ERC, aunque finalmente todo ha sido rechazado.

Lo que proponía ERC era que se impulsara la tramitación de la proposición de ley para la regulación de contratos de alquiler temporal y alquiler de habitaciones, así como la transferencia de los inmuebles de la SAREB y la ampliación del parque público de viviendas.

Por su parte, EH Bildu quería promover "el cumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas que se encuentran deshabitadas", mientras que Geroa Bai ha añadido un punto para "analizar el impacto de las medidas de control de precio en la oferta de alquiler disponible y, en su caso, tomar las medidas correctoras pertinentes".

Los economistas del Banco Central Europeo (BCE) han revisado sustancialmente a la baja sus expectativas de inflación para este año y el siguiente ante la bajada de los precios de la energía y la apreciación del euro, mientras que han enfriado ligeramente el impulso de la recuperación económica previsto para 2026.

Según el nuevo cuadro macroeconómico presentado este jueves por la entidad, la tasa de inflación de la zona euro, que en mayo se situó en el 1,9%, alcanzará en promedio el 2% en 2025, en línea con el objetivo del BCE, mientras que el próximo año caería hasta el 1,6% y regresaría al 2% en 2027.

De este modo, en comparación con las previsiones del pasado mes de marzo, los economistas del BCE han rebajado en tres décimas sus previsiones de inflación para 2025 y 2026, mientras que han mantenido la de 2027.

Estas revisiones a la baja "reflejan principalmente unos supuestos más bajos referidos a los precios energéticos y una apreciación del euro", ha explicado la institución.

De acuerdo con estas proyecciones, la inflación subyacente, una vez excluidos la energía y los alimentos, se situará en promedio en el 2,4% en 2025 y el 1,9% en 2026 y en 2027, cuando anteriormente había anticipado un 2,2%; 2%; y 1,9%, respectivamente.

En cuanto a la evolución del PIB de la zona euro, los economistas del BCE consideran que el crecimiento será, en promedio, del 0,9% en 2025, en línea con la estimación de marzo; el 1,1% en 2026, una décima menos; y el 1,3% en 2027, igual que el pronóstico anterior.

El mantenimiento de la proyección de crecimiento para 2025 refleja un primer trimestre más vigoroso de lo esperado junto con unas perspectivas más débiles para el resto del año, ha explicado la entidad.

"Aunque se espera que la incertidumbre sobre las políticas comerciales afecte a la inversión empresarial y a las exportaciones, especialmente a corto plazo, el aumento de la inversión pública en defensa e infraestructuras respaldará progresivamente el crecimiento a medio plazo", ha destacado el BCE.

Asimismo, la entidad considera que el aumento de las rentas reales y un mercado de trabajo sólido permitirán a los hogares gastar más, lo que, unido a unas condiciones de financiación más favorables, debería reforzar la capacidad de resistencia de la economía frente a las perturbaciones mundiales.

ESCENARIOS ALTERNATIVOS POR LA GUERRA COMERCIAL.

Por otro lado, el BCE ha indicado que, en un contexto de elevada incertidumbre, los expertos han evaluado también algunos mecanismos mediante los que distintas políticas comerciales podrían afectar al crecimiento y a la inflación en escenarios ilustrativos alternativos.

En este análisis de escenario, que será publicado posteriormente por la institución, si en los próximos meses se produjera una mayor escalada de las tensiones comerciales, el crecimiento y la inflación se situarían por debajo de lo previsto en el escenario de referencia de las proyecciones.

En cambio, si las tensiones comerciales se resolvieran con un resultado favorable, el crecimiento y, en menor medida, la inflación se situarían por encima de lo previsto en ese escenario.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, a la vez que propone crear una base pública de precios de alquiler y compra/venta de inmuebles.

Según ha informado Moncloa, Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes sirva para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.

En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.

Asimismo, el presidente del Gobierno propone a las comunidades "acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.

"Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa", defiende Moncloa.

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El monto alcanzado durante los primeros cinco meses del año fue 2,5 veces mayor al que se registró en el mismo periodo de 2024, cuando se llegó a 435 millones de soles, señaló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)

En ese sentido, los sectores con mayor monto de inversión adjudicado mediante OxI fueron salud, con 298 millones de soles; transporte, con 229 millones de soles; y educación, con 216 millones de soles:

Proinversión aseguró que estas inversiones, que en conjunto representan el 67 % del total adjudicado, permitirán mejorar el acceso y la calidad de servicios esenciales en diversas localidades del país.

A nivel departamental, destacan las adjudicaciones realizadas en la sureña Puno, que llegan a 237 millones de soles; la norteña La Libertad, con 176 millones de soles; y las sureñas Arequipa, con 114 millones de soles; y Cuzco, con 92 millones de soles.

Entre los proyectos "emblemáticos" adjudicados durante el periodo destacan el Hospital de Azángaro, en Puno, con una inversión de 237 millones de soles; la creación de un servicio de movilidad urbana en Tacna, con 55 millones de soles, y el mejoramiento de una institución educativa en La Libertad, con 54 millones de soles.

En lo que va de 2025, 21 nuevas entidades públicas se han sumado al mecanismo y han ingresado 35 nuevas empresas privadas, con lo que se ha llegado a un total de 252 empresas, entre las que figuran las de construcción, minería y comercio.

Proinversión informó que desde la implementación del mecanismo, en 2009, se han adjudicado 710 proyectos por un valor acumulado de 12.839 millones de soles, con un trabajo conjunto de 23 gobiernos regionales, 250 gobiernos locales, 10 ministerios y 3 universidades públicas.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

Esta oficina, que dependerá de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, no supondrá un aumento del gasto público y se financiará con las dotaciones presupuestarias actualmente existentes del presupuesto del Ministerio del ramo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, será la responsable de coordinar todos los instrumentos de financiación y de capital, tanto del ICO como de otros ministerios u organismos vinculados al PERTE, para impulsar la oferta de construcción industrializada. Además, entre sus competencias estará la de desarrollar una plataforma de componentes de sistemas de construcción industrializados.

Asimismo, se encargará de coordinar las medidas de modificación normativa o de normalización necesarias, fomentar acuerdos con universidades o centros de formación y asociaciones para la financiación de formación en construcción industrializada. También de coordinar, en colaboración con SEPES, todas las actuaciones necesarias para el desarrollo de la Ciudad de la Industrialización en Valencia.

En el marco de la alianza por la industrialización, impulsará y hará seguimiento de proyectos piloto.

La creación de esta oficina entrará en vigor mañana.

El objetivo del Gobierno pasa por lograr 15.000 unidades al año y alcanzar las 20.000 a partir de la primera década.

El Ejecutivo defiende que este modelo de construcción reduce los tiempos, los costes, las emisiones, redunda en más seguridad al trasladar la obra a la fábrica, favorece la inclusión laboral, la presencia de la mujer y la cualificación de los trabajadores. EFE

Hasta el momento, se han comprometido inversiones por más de 6.000 millones de dólares y se han ejecutado más de 1.300 millones de dólares en las obras ya completadas, según remarcó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, durante su rendición de cuentas de los dos primeros años en el cargo.

Para Muñoz, "es obvio, elemental y evidente" que la capital ecuatoriana tiene ahora más obras que en administraciones anteriores, con alrededor de 800 proyectos ejecutados en 2024.

"Eso habla del trabajo junto con la estabilidad, con el respeto democrático, con el hecho de que esta sea la ciudad más linda del mundo y esté renaciendo gracias a la fuerza de su gente", aseveró.

Como obras ya realizadas hay más de 530 intervenciones en parques de más de 5.000 metros cuadrados que han sido rehabilitados y, en algunos casos, iluminados por primera vez, lo que dota de mayor seguridad a la ciudad, con el objetivo de que los ciudadanos vuelvan a los espacios públicos en un momento donde otras partes del país enfrentan graves problemas de inseguridad.

Así se espera "que estén los niños jugando en los parques, no los delincuentes vendiendo droga en ellos", sostuvo Muñoz.

También se enmarcan dentro de esta cifra los 140 kilómetros de vías que se han rehabilitado por año, un 50 % más que lo habitual en la ciudad.

En transporte, Muñoz espera dejar listos los estudios para la ampliación de la ruta del Metro de Quito, el primer transporte subterráneo de Ecuador, que fue construido por la empresa española Acciona y que, bajo la administración del actual alcalde, comenzó a funcionar de forma ininterrumpida hasta alcanzar los cinco millones de viajes en abril de 2025.

Por ello, el burgomaestre anunció que, de acuerdo a la tendencia en la que está creciendo el número de usuarios del Metro, van a analizar la adquisición de nuevos trenes para incorporarlos en dos años, además de dejar los estudios listos para la ampliación del recorrido hacia el norte, obra donde espera tener la colaboración del Gobierno nacional.

"(El presidente, Daniel Noboa) habló claramente (en campaña electoral) que el Gobierno asumiría la extensión del Metro a Calderón (norte). Asumiremos los estudios y debe venir al esquema de financiamiento. (Noboa) debe decir cuál es el espacio presupuestario que le está dando", dijo Muñoz, quien espera que "la promesa de campaña se vuelva una realidad específica".

Tras el inicio de operaciones en diciembre de 2023, se espera que el Metro de Quito alcance la cifra de los 100 millones de viajes antes de finalizar el presente año.

A su vez, el alcalde resaltó que la capital de Ecuador ha pasado a tener "la flota eléctrica más grande del país" con la incorporación de 60 trolebuses con motores eléctricos, adquiridos por 34,5 millones de dólares a la empresa china Yutong, y está en planes comprar otras 20 unidades para renovar completamente toda la flota del trolebús de Quito.

El mismo alcalde anticipó que se invertirán unos 800.000 dólares en la recuperación del centro histórico de Quito, declarado patrimonio de la humanidad desde 1978, mientras que continuarán con la política de "devolución de la dignidad" a la ciudadanía para llegar a 13.700 títulos de propiedad entregados que permiten regularizar inmuebles. Ya se han otorgado 5.800.

En el aspecto social, el consistorio quiteño prevé invertir unos 100 millones de dólares. De ese total, 65 irán a través del Patronato San José para la red de 'Quito Wawas', los centros municipales de desarrollo de la primera infancia, que ya son 95 en la ciudad.

Asimismo, está en construcción la planta de tratamiento de aguas residuales más grande de la ciudad (126 millones de dólares) y el complejo sanitario para los residuos sólidos, con lo que se espera poner a la ciudad a la vanguardia de Latinoamérica en términos ambientales y contribuir a la descontaminación de sus ríos (900 millones de dólares). EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Quito Turismo en la elaboración de este contenido.

Daniel Noboa ha tomado este sábado posesión para un segundo mandato como presidente de Ecuador en una ceremonia en la Asamblea Nacional y con la notable ausencia del principal partido de la oposición, Revolución Ciudadana.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ha tomado juramento a Noboa, que ha culminado su posesión con un discurso en el que se ha reivindicado como "firme contra el crimen" y parte de una "guerra por el alma del país", contra "los criminales que se han creído dueños del país durante años".

Noboa ha subrayado que "no es una lucha contra la delincuencia común. Es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas con redes que operan dentro y fuera del país con el financiamiento armamento y objetivos claros desestabilizar al estado y someter a la sociedad al miedo a pesar de las amenazas".

En esta "misión para recuperar al país" ha mencionado una "primera etapa" durante su primera etapa de gobierno. "Teníamos que rescatar al país rescatarlo de las mafias de la catástrofe económica de la guerra y de los que se lucran de la guerra y lo hicimos al Ecuador lo rescatamos del abismo económico y la catástrofe financiera", ha subrayado.

Noboa ha cargado en particular contra los gobiernos anteriores los gobiernos de "esta patria que fue saqueada corrompida y secuestrada". "Incluso en varios momentos hemos estado a punto de perderla. Esta patria que en un momento tuvo gobiernos que perseguían a las personas y que hoy en día tienen a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y hoy son autoridades", se ha reivindicado. Por eso ha pedido no prestar atención "a quienes pretenden molestar a entorpecer".

AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN

Horas antes de la toma de posesión, Revolución Ciudadana ha anunciado que no asistiría a la toma de posesión y ha reivindicado que su candidata, Luisa González, fue la más votada en las recientes elecciones presidenciales.

"No validamos una investidura nacida del fraude. Noboa es un presidente ilegítimo, impuesto mediante un proceso electoral lleno de sombras, denuncias e irregularidades jamás aclaradas", ha señalado Revolución Ciudadana en un comunicado difundido en redes socailes. Desde el partido 'correísta' han advertido de que "no fuimos electos para aplaudir farsas, fuimos electos para defender la verdad".

En particular han reprochado que "Noboa no gobierna, improvisa". "De más de 1.835 millones de dólares destinados a inversión pública, solo ejecutó el 14,95 por ciento. En salud, apenas usó el 15 por ciento de lo presupuestado. En educación, el 13 por ciento. En seguridad, el 7 por ciento. Y para generar empleo digno, ni siquiera ejecutó el 1 por ciento", ha asegurado. "Eso no es gestión: es negligencia. Y eso no se aplaude: se denuncia", ha remachado.

Anticipadamente, Revolución Ciudadana ha atajado las críticas por "inmadurez política" y ha defendido su decisión como "un acto de valentía". "Nos negamos a participar en la apología de la mentira", ha remachado.

Noboa era presidente desde octubre de 2023, tras imponerse en los comicios convocados para completar el mandato del presidente Guillermo Lasso. El nuevo mandato habilita a Noboa como jefe del Estado hasta 2029.

También ha tomado posesión como vicepresidenta María José Pinto, compañera de fórmula de Noboa por Acción Democrática Nacional (ADN) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 13 de abril con un 55,83 por ciento de votos.

Al acto han asistido la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tabién han estado el secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el ministro de Educación de China, Huai Jinpeng.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Desilú León, ha presentado una iniciativa que plantea una asignación adicional de 184,4 millones de soles peruanos (44 millones de euros), destinados a inversiones públicas en infraestructura turística, seguridad y subvenciones directas a pequeñas y microempresas del sector turístico.

León ha subrayado que el turismo es uno de los sectores más dinámicos que contribuye en el desarrollo de la economía peruana. "Solo en 2024, el turismo aportó más de 31.000 millones de soles (7.464 millones de euros) a la economía nacional, superando incluso los niveles prepandemia", ha destacado.

Uno de los pilares del proyecto es el fortalecimiento de la seguridad turística, tanto fluvial como terrestre. En ese sentido, la ministra León solicitó al Congreso la aprobación de transferencias financieras al Ministerio de Defensa por 1,1 millones de soles peruanos (264.868 euros), a fin de reactivar las lanchas fluviales de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) en zonas clave como Iquitos y Puerto Maldonado.

Asimismo, ha solicitado la autorización de un total de 6,4 millones (1,5 millones de euros) al Ministerio del Interior, para el equipamiento e infraestructura de la Policía de Turismo, que permitirá fortalecer su capacidad operativa y de respuesta para brindar seguridad a todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que visiten los destinos turísticos de Perú.

"En nuestros 10 sitios turísticos más visitados hasta abril del 2025 suman más de 2,8 millones de visitas, lo que implica que la Policía de Turismo cuente con la adecuada capacidad operativa y de respuesta", ha recalcado.

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES Y APOYO A EMPRENDEDORES

Sobre la ejecución de inversiones, el proyecto propone medidas para agilizar procesos en el Plan Copesco Nacional (PCN) y el programa Turismo Emprende. En el primer caso, se ha solicitado optimizar los recursos para inversiones destinadas a la promoción y desarrollo del turismo y asignar recursos para financiar inversiones que utilicen la contratación de ejecución de obras bajo el sistema de entrega, diseño y construcción.

Sobre el programa Turismo Emprende, se propuso ampliar el fondo en 3,5 millones de soles (842.762 millones de euros), para incrementar los beneficiarios de 69 a 119 micro y pequeñas empresas. "Estas iniciativas transforman vidas, impulsan la economía local y revaloran nuestras tradiciones ancestrales", explicó la ministra León.

Finalmente, la titular del Mincetur propuso modificar la Ley del Fondo de Turismo para permitir que los recursos puedan financiar no solo actividades y proyectos, sino también las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. "Esto nos permitirá ejecutar intervenciones rápidas y efectivas en turismo, alineadas con la legislación vigente", ha explicado.

La ministra finalizó su presentación reiterando el llamado al Congreso para aprobar este proyecto de ley estratégico. "El turismo no solo es una actividad económica; es una política de desarrollo nacional que genera bienestar, identidad y sostenibilidad para todos los peruanos", ha concluido.

"Es el comienzo de una nueva era", declaró al semanario Le Vif el ministro federal de Energía, el liberal Mathieu Bihet, quien lamentó que durante "demasiado tiempo" se haya "marginado" a la energía nuclear en toda Europa con base en dogmas.

"El viento está cambiando, y no sólo en Bélgica: también en Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Europa del Este... Durante la campaña electoral en Alemania, la CDU volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque no se concretara", dijo el ministro apodado "Atomic Bihet".

El Parlamento aprobó la propuesta con los votos a favor de los partidos de la coalición de Gobierno, formada por los nacionalistas flamencos de la N-VA, los liberales francófonos del MR, el partido humanista Les Engagés, los socialistas flamencos de Vooruit y los democristianos del CD&V.

El texto también recibió el voto a favor de los liberales flamencos Open Vld y de la ultraderechista Vlaams Belang, mientras que el Partido Socialista valón y la formación ultraizquierdista valona PTB se abstuvieron y solo votó en contra el partido ecologista Ecolo-Groen.

El cambio legislativo tiene un alto valor simbólico y busca eliminar barreras para despertar el apetito de la inversión pública y privada en el sector nuclear belga.

Para hacer realidad esa aspiración, será necesario que el Ejecutivo negocie con la empresa que opera las centrales, Engie Electrabel, pero la firma ya anunció que no tiene interés en prorrogar su operación en las centrales, por lo que sería necesario recurrir a otros candidatos.

La ley revisada prevé la creación de un Alto Consejo del Abastecimiento Energético, que deberá entregar un primer informe intermedio antes de que termine este año.

El territorio belga cuenta con siete reactores nucleares de agua a presión, distribuidos en dos emplazamientos: Doel (en la provincia de Flandes Oriental) y Tihange (en la provincia de Lieja).

La central de Doel cuenta con cuatro reactores que entraron en funcionamiento entre 1975 y 1985. Uno de ellos fue cerrado en 2022, al respetar las obligaciones de la ley ahora derogada, dos de ellos debían llegar al fin de su vida útil en 2025 y el cuarto se beneficia ya de una prolongación de diez años, hasta 2035, aunque el Gobierno tiene la intención de que funcionen más allá de esa fecha.

La central de Tihange dispone de tres reactores que entraron en actividad entre 1975 y 1985 y que opera la misma compañía, si bien una de esas turbinas se desconectó definitivamente en 2023.

"Hoy hay una certeza: sin nuclear, el mix energético no se sostiene. El hecho de que una ministra ecologista (Tinne Van der Straeten) acabara prolongando Doel 4 y Tihange 3 por diez años en la pasada legislatura es la mejor prueba de la importancia de la energía nuclear", dijo el actual titular de Energía.

En paralelo, Bélgica inició en 2024 la construcción de un novedoso reactor nuclear cerca de Amberes alimentado por un acelerador de partículas que generará 100 veces menos residuos que uno tradicional y se espera que funcione como una herramienta pionera en la lucha contra el cáncer, que debería entrar en pleno funcionamiento entre 2036 y 2038.

Una encuesta del instituto demoscópico Ipsos de 2023 arrojó que el 69 % de los belgas apoyaba la prolongación de la vida útil de los reactores durante una década y el 57 % abogaba por que se construyeran más plantas nucleares. EFE

la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo previo (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), si es ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión (2%).

Además, el Gobierno detalla que, en los últimos cinco años, ha distribuido 149 millones de euros para la atención a personas menores de edad extranjeras no acompañadas. Así, ha repartido 40 millones de euros en 2018; 6,4 en 2019; 32,7 en 2021; 35 en 2022; y 35 en 2023.

Este dato del segundo mes de 2025 fue resultado de la contracción anual del 5,2 % en la construcción y del 10,4 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se redujo el 5,7 % interanual y la pública se desplomó el 24 %.

Por otro lado, la inversión retrocedió el 0,1 % en febrero frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por los decrementos mensuales del 1,1 % en la maquinaria y equipo, pero gracias a un aumento del 1,7 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1,5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0,6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % anual en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o ‘nearshoring’.

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFE

Durante una llamada con inversionistas, el funcionario destacó que la economía mexicana "se sostiene sobre bases firmes, reforzadas por la decisión de reducir el déficit fiscal del 5,7 % al 3,9 % del producto interno bruto (PIB) en 2025".

Esto, dijo, se logrará con un control estricto del gasto y manteniendo una alta inversión pública.

Ramírez de la O subrayó que México cuenta con mecanismos financieros diseñados para resistir volatilidades globales. Entre ellos, mencionó los 230.000 millones de dólares en reservas internacionales, equivalentes a 4,5 meses de importaciones, así como el acceso a líneas de crédito internacionales por 44.000 millones de dólares, incluyendo 35.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Estas opciones garantizan el acceso a la liquidez cuando sea necesario, lo que salvaguarda la economía y el sistema financiero", señaló.

El funcionario destacó que el sistema bancario de México mantiene una adecuada solidez, con un coeficiente de capitalización del 19,4 %, superior a los estándares internacionales. Además, señaló que los bancos dependen en su mayoría de los depósitos de clientes en lugar de financiamiento externo, lo que minimiza riesgos.

Respecto a la disciplina fiscal, Ramírez de la O indicó que el Gobierno mantiene un equilibrio en sus cuentas, con niveles de deuda controlados y un fondo de estabilización fiscal que ha sido capitalizado con más de 100.000 millones de pesos para 2025, lo que permitirá amortiguar posibles impactos financieros sin comprometer el marco fiscal a largo plazo.

En un contexto de incertidumbre global, Ramírez de la O detalló que Hacienda ha tomado medidas proactivas "para mitigar riesgos financieros".

Entre ellas, mencionó estrategias de cobertura frente a fluctuaciones en tasas de interés, tipo de cambio y precios del petróleo. Además, enfatizó que el 84 % de la deuda pública está denominada en moneda local y el 77 % a tasa fija, lo que reduce la volatilidad y brinda mayor previsibilidad.

"Apuntaremos en todo momento a un enfoque preventivo, de modo que ningún nuevo 'shock', desafío o fuente externa nos lleve por el mal camino o por los precios", afirmó.

Ramírez de la O destacó la confianza de los inversionistas en México, reflejada en la alta demanda por bonos gubernamentales.

Explicó que la reciente emisión de 8.500 millones de dólares tuvo una demanda récord de 33.000 millones, lo que demuestra la solidez del país como destino de inversión.

Por otro lado, reiteró que, "aunque se prevé una moderación en el crecimiento económico debido a factores externos, una recesión no está dentro de los pronósticos de la Secretaría de Hacienda".

"México ha demostrado constantemente su capacidad para enfrentar desafíos globales (…) Para aquellos que buscan asociaciones a largo plazo en una economía fuerte y adaptable, México está y seguirá estando listo para cumplir", concluyó Ramírez de la O. EFE

Madrid, 29 ene (EFECOM).- La licitación de obra pública en España durante 2024 alcanzó los 29.400 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto a la acumulada en 2023, según los datos publicados este miércoles por la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopán.

En el conjunto de 2023 la licitación cerró estancada en 28.160 millones de euros, una cifra muy similar, aunque ligeramente por debajo (-0,1 %), a la registrada un año antes.

La Administración local fue el mayor ente licitador, con 12.227 millones, el 37 % más que en el mismo periodo de 2023, y representó el 41,5 % del total. Las comunidades autónomas sacaron contratos de obras por 8.670 millones de euros, el 12 % más.

Frente a estos incrementos, la Administración General del Estado (AGE) licitó contratos de obra pública por un importe de 10.106 millones de euros, el 15,5 % menos que en 2023.

Dentro de esta, como es tradicional, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana fue el que concentró la mayor cantidad, con 7.341 millones, el 10 % menos con respecto a hace un año y casi el 20 % del importe total licitado por todos los organismos públicos.

El mayor licitador dentro del Ministerio fue Adif, con 3.943 millones, el 17,9 % menos.

Por destino de los fondos, el 57,4 % del presupuesto total de 2024 se fue a contratos de obra civil, con 16.574 millones, el 1,9 % menos. Para edificación fueron 10.202 millones, un 23,1 % más.

Por comunidades autónomas, la mayor parte del importe licitado se fue a Madrid, con 4.709, millones, el 31,9 % más; seguida de Cataluña (4.481,6 millones, el 9,9 % más) y Andalucía (3.545,3 millones, el 9,3 % más). EFECOM

Berlín, 29 ene (EFE).- El Gobierno alemán corrigió este miércoles drásticamente a la baja sus previsiones para la economía y prevé ahora para 2025 un crecimiento del PIB de únicamente el 0,3 %, debido sobre todo a problemas estructurales de base, a la incertidumbre respecto a la política estadounidense y al rumbo que tomará Alemania tras las elecciones anticipadas del 23 de febrero.

En su previsión de otoño, el Gobierno pronosticaba todavía un crecimiento de la economía del 1,1 % en 2025 y del 1,6 % para el año siguiente, mientras ahora prevé un aumento del PIB para 2026 del 1,1 %, y después de que el país cerrara 2024 encadenando dos años consecutivos de recesión.

"El informe económico anual resume la situación de Alemania y el diagnóstico es grave. Aunque también hay avances positivos (...), en su conjunto Alemania está estancada", y lo está hace tiempo, dijo el ministro de Economía, Robert Habeck, en rueda de prensa.

El también vicecanciller citó como principales razones para su previsión a la baja que la ruptura del Gobierno de coalición en noviembre pasado no haya permitido aplicar en su totalidad la iniciativa de crecimiento impulsada por el Ejecutivo.

Además se refirió al aumento de la incertidumbre política interna con el adelanto de las elecciones a febrero, lo cual trae consigo un freno a las inversiones y del consumo, y a la incertidumbre geopolítica y en materia de política económica y comercial con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El informe económico anual aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros prevé una demanda interna por el momento débil hasta que no se vayan disipando las actuales incertidumbres geopolíticas y la orientación política y financiera del próximo Gobierno alemán.

En caso de que la inflación disminuya, los ingresos reales sigan aumentando y ante un entorno económico más claro, se espera que la economía alemana recupere el impulso hacia finales de año y que este venga dado sobre todo por el consumo privado y a lo largo de 2025, también por las inversiones.

Por contra, ante la disminución de las exportaciones y el aumento al mismo tiempo de las importaciones, es de prever que el comercio exterior tenga un impacto notablemente negativo en el crecimiento.

Aunque el mercado laboral alcanzó el año pasado un nuevo máximo con algo más de un millón de personas más con trabajo respecto a 2021, el gobierno espera para 2025 un estancamiento del empleo como consecuencia de la moderada recuperación económica, y un aumento, al menos por el momento, del desempleo.

El aumento de los precios al consumo probablemente se sitúe con un 2,2 % ligeramente por encima del objetivo del 2 %.

"La economía alemana se encuentra a principios de 2025 en una difícil situación de partida. Las crisis mundiales de los últimos años han golpeado con especial dureza a nuestra economía, orientada a la industria y la exportación", declaró Habeck.

Aunque Alemania ha sido capaz de salvar con éxito la crisis energética desencadenada por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, la inflación haya retrocedido, se hayan registrado notables aumentos de los salarios reales y la gente vuelva a tener más dinero en el bolsillo, "cada vez es más evidente que Alemania padece problemas estructurales de base", indicó.

El ministro se refirió en particular a la escasez de mano de obra y de trabajadores cualificados, a la excesiva burocracia y a la falta de inversión pública y privada.

Entre las decisivas medias a adoptar a las que apunta el informe económico para 2025, que lleva el título "Por una nueva dinámica económica", Habeck citó en primer lugar estímulos selectivos para reforzar la actividad inversora y un mayor margen para la inversión pública, a riesgo que de no hacerlo, Alemania quede paralizada.

En segundo lugar, hay que elevar el potencial de mano de obra y trabajadores cualificados, tanto a nivel nacional como a través de la inmigración y para ello hay que promover la inversión en educación, los incentivos para trabajar más tiempo y la mejora de los servicios de guardería.

El ministro aludió asimismo a la necesidad de reducir la burocracia de manera consecuente y acelerar notablemente los procedimientos.

Además, reclamó de Europa que actúe unida ante los retos geoeconómicos y haga uso del poder de su mercado único, por lo que "todo el mundo debe ser consciente de que cerrar permanentemente las fronteras interiores costaría mucho dinero a la economía alemana y a las empresas alemanas", advirtió". EFE

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Berlín, 29 ene (EFE).- El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, advirtió este miércoles del aumento del atractivo de modelos políticos de una u otra manera "autoritarios" si Alemania y Europa no logran, sin abandonar sus valores fundamentales, estar económicamente y tecnológicamente a la misma altura que Estados Unidos o China.

"Si en Alemania y en Europa no conseguimos por nosotros mismos desarrollar la misma tecnología, o quizás tecnología mejor, sobre la base de nuestros propios valores, la economía social de mercado, el orden europeo, la idea de bienes protegidos como el clima o los derechos individuales, entonces el atractivo de estos modelos políticos probablemente será cada vez mayor", afirmó.

Agregó que el atractivo de lo que calificó "a modo de resumen, gobiernos autoritarios de diferente tipo" es precisamente tan grande porque son económicamente exitosos, y se refirió en concreto a China, con el gobierno autocrático del Partido Comunista, y a los Estados Unidos de Donald Trump, "con un gobierno y un concepto de Estado de estilo libertario autoritario".

"A nivel de valores, (...) no comparto nada de lo que está ocurriendo allí, pero por supuesto puedo ver que Elon Musk es un empresario de éxito y que también la economía china está consiguiendo ofrecer productos eficientes y asequibles, desde paneles solares y coches eléctricos hasta bienes de ingeniería mecánica de los que hemos estado tan orgullosos durante tanto tiempo", destacó.

Pero esto no se corresponde con el "European way of life" (el modo de vida europeo), con la Ley Fundamental alemana, con la economía social de mercado, por lo que la consecuencia sólo puede ser que "si queremos mantener y fortalecer y defender nuestro Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra comprensión de la separación de poderes, entonces tenemos que superar esta debilidad de crecimiento", añadió.

Respecto a la amenaza de la imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense, Habeck se mostró convencido, también al referirse a los cuatro años de experiencia adquirida con la anterior administración de Trump, de que Europa, en caso de duda, es capaz de defenderse si permanece unida y cohesionada, lo cual calificó de "imperativo".

Al mismo tiempo apeló a la solidaridad de los demás países europeos, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania es de todos ellos el que mayor superávit comercial tiene con Estados Unidos.

"Dependeremos absolutamente de la solidaridad de los demás países europeos. Si nos dejan colgados, si Europa no actúa unida, entonces la economía alemana, entonces Alemania pagará un alto precio", añadió.

Habeck hizo estas declaraciones al presentar el informe económico anual del gobierno para 2025, en el que corrige drásticamente a la baja sus previsiones de crecimiento, del 1,1 % en su pronóstico de otoño, al 0,3 %, y del 1,6 % al 1,1 % en 2026, y después de que el país cerrara 2024 encadenando dos años consecutivos de recesión.

Berlín, 23 ene (EFE).- Alemania corre el riesgo de quedarse rezagada a nivel internacional en términos de inversión privada y pública, advirtió este jueves Banco de Desarrollo (KfW) al indicar que la inversión total de sector privado en el tercer trimestre de 2024 fue un 8,3 % inferior al nivel de finales de 2019.

Asimismo, la inversión empresarial fue un 6,5 % menor respecto a finales de 2019.

Según una evaluación comparativa de la actividad inversora realizada por KfW Research, en Estados Unidos, por contra, la inversión privada creció de forma constante tras una breve caída al comienzo de la pandemia y recientemente se situó en torno a un 14 % por encima del cuarto trimestre de 2019, el último antes del inicio de la crisis del coronavirus.

La actividad inversora en Francia y Japón ha tenido un recorrido bastante diferente pero, en última instancia, el crecimiento de la inversión también fue desde 2019 significativamente más fuerte en estos dos países que en Alemania, a pesar de que también en Francia se observa desde finales de 2022 una tendencia a la baja.

"Las inversiones privadas y públicas son la clave hacia la competitividad y el crecimiento. Al mismo tiempo, son un requisito indispensable para alcanzar los objetivos climáticos establecidos", declaró el consejero delegado del KfW, Stefan Wintels.

Agregó que "en vista de la escasa dinámica en materia de inversión, existe presión para actuar" y aseguró que "el KfW cumplirá con su responsabilidad y apoyará de manera eficaz a empresas, hogares y municipios en sus proyectos".

Por categorías, las inversiones en bienes de equipo en Alemania en el tercer trimestre de 2024 se situaron en torno a un 9 % por debajo de 2019, mientras que en Francia cayeron un 8 %, y en Estados Unidos y en el conjunto de la UE crecieron un 11,5 % y un 1 %, respectivamente.

El aumento de la inversión en propiedad intelectual también es bajo en Alemania en comparación con otros países y aunque los sectores privado y público destinaron en el tercer trimestre a esta categoría un 11,2 % más que a finales de 2019, en Estados Unidos y en Francia, la subida fue del 36 % y el 26,9 %, respectivamente.

La inversión en construcción residencial en Alemania se situó en torno a un 13 % por debajo del valor de finales de 2019, similar al descenso de la inversión en Francia, mientras que en Estados Unidos y la UE, por contra, hubo un aumento de algo más del 1 %, respectivamente.

En tanto, la inversión pública en Alemania fue un 1,6 % superior a la de finales de 2019, aunque se sitúa en torno a un 9 % por debajo del nivel que se habría alcanzado si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento de 2016 a 2019.

Mientras, en Gobierno estadounidense invirtió alrededor de un 15 % más que en 2019.

Si la inversión pública es controlable directamente de manera política, la empresarial puede incentivarse con la eliminación de barreras a la inversión o mediante subvenciones, apunta el KfW.

Según los resultados de cuatro encuestas recientes comparados por KfW Research, entre los principales obstáculos a la inversión citados por las empresas figuran los costes energéticos y salariales, la escasez de mano de obra cualificada y la densidad de la reglamentación, la burocracia y los requisitos legales, pero también el "desarrollo económico general" y el "entorno macroeconómico desfavorable". EFE

Asunción, 22 ene (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó este miércoles, en medio del receso legislativo, una ley para promover las alianzas público y privadas que aumenta en hasta el 25 % la participación del capital del Estado en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.

Los diputados aprobaron la ley de "modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado", y la remitieron al Ejecutivo del presidente, Santiago Peña, proponente del proyecto, para su veto o promulgación.

La Comisión Permanente del Congreso de Paraguay, que ejerce las funciones legislativas durante el receso de fin de año de ese poder, convocó a la sesión extraordinaria para tratar esta normativa que derogó la Ley 5102 de 2023 denominada de 'Alianza Público Privada'.

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley el pasado 5 de noviembre.

El objetivo de la norma es, entre otros, "promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios" e implementar los procesos de revisión y aprobación de proyectos y contratos de largo plazo.

Entre las novedades se destacan que "el porcentaje de participación del Estado en proyectos de iniciativa privada podrá ser de hasta el 25 %" del valor del costo total, cuando en la anterior ley era del 10 % del capital inicial de los proyectos.

Además, estableció que el monto acumulado de los pagos firmes y contingentes cuantificables netos de los activos o ingresos fiscales que se puedan generar en los contratos no podrá exceder el 4 % del PIB del año anterior, según el texto de la ley.

Asimismo, todo contrato de participación público privado deberá contemplar un plazo máximo, incluyendo sus prórrogas, que no podrá exceder los 40 años.

Durante el debate, el diputado opositor Raúl Benítez fue crítico con este aspecto al destacar que los próximos ocho gobiernos de Paraguay serán afectados por los contratos firmados que pueden tener cuatro décadas de vigencia. EFE

Madrid, 21 ene (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha encargado a la ingeniería pública Ineco labores para el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de líneas de alta velocidad por 73 millones de euros (IVA no incluido).

El contrato tiene un plazo de ejecución de cuatro años y sucederá al actual una vez concluya su vigencia, según ha señalado el Ministerio en un comunicado una vez que ha sido autorizado este martes por el Consejo de Ministros.

En concreto, se destinarán para estas labores en el corredor norte ferroviario de alta velocidad 18,5 millones de euros; para el corredor sur, 17,9 millones; para el noreste, 19,4 millones; y para el corredor este, 17,1 millones.

En virtud del mismo, la ingeniería pública realizará trabajos de supervisión, control e inspección continua de la red y sus sistemas y equipos para garantizar la disponibilidad y fiabilidad de los cuatro principales corredores de alta velocidad.

Los trabajos suponen la realización labores de inspección y control en estas líneas en las vías y sus elementos (balasto, traviesas, carril y desvíos), los sistemas de protección de los túneles (sistemas de ventilación, evacuación, emergencia, entre otros), las infraestructuras (terraplenes, cunetas, túneles y viaductos) y en los sistemas de señalización, electrificación y telecomunicaciones y los distintos equipos que los integran (ERTMS, catenaria, subestaciones, fibra óptica, balizas, etc.).

También abarcan la supervisión de los trabajos de mantenimiento que se realizan en estas líneas, que el Ministerio también tiene encomendadas a través de diferentes contratos.

En total, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes movilizar 540 millones de euros de inversión para el desarrollo y el mantenimiento de la red ferroviaria.

Estas actuaciones abarcan trabajos destinados a la conservación, tanto de la red convencional como de la de alta velocidad; a la renovación de varios tramos de la línea convencional Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por Andalucía; a la mejora de los túneles de Villabona en Asturias, y al inicio del montaje de vías en la línea de alta velocidad Murcia-Almería. EFE

Madrid, 21 ene (EFECOM).- Adif licitará por 183,5 millones de euros dos contratos para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y de telecomunicaciones de toda la red ferroviaria, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los contratos, que están integrados en seis lotes cada uno correspondientes a otras tantas áreas geográficas, tienen como objetivo dotar al personal de Adif de servicios de apoyo al mantenimiento de dichas instalaciones, especialmente en zonas con alta densidad, para minimizar las incidencias y reducir los tiempos de indisponibilidad de las mismas.

Esta inversión para mantener la red ferroviaria se suma al contrato autorizado el martes pasado para mantenimiento de estructuras y vías de la red convencional y ancho métrico, por otros 660 millones de euros.

Por otro lado, Ineco se encargará de las labores de mantenimiento, supervisión e inspección de más de 3.000 kilómetros de la red ferroviaria de alta velocidad por un importe de 73 millones de euros durante los próximos cuatro años, según el Ministerio. EFECOM

Ciudad de México, 15 ene (EFECOM).- La inversión fija bruta en México, segunda economía de Latinoamérica, ha disminuido un 2,6 % interanual en octubre pasado, con lo que hila tres meses de caídas a tasa anual, ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado del décimo mes de 2024 fue resultado de la contracción anual del 11 % en la construcción y a pesar de la subida del 7,8 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se ha reducido un 0,5 % interanual y la pública ha bajado un 18,3 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una subida del 4,7 % interanual en los primeros 10 meses de 2024, con un avance del 3,9 % en la construcción y del 5,5 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada se elevó un 5,7 % interanual de enero a octubre pasado, aunque la pública disminuyó un 2,7 %.

La inversión subió un 0,1 % en octubre frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por el incremento mensual del 1,2 % en la maquinaria y equipo, contrarrestado por el retroceso del 0,9 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció un 1,1 % trimestral y un 1,6 % interanual de julio a septiembre, con lo que acumuló una subida del 1,8 % en 2024.

La inversión fija bruta de México se disparó un 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas o 'nearshoring'.

Antes, subió un 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó un 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción de 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año. EFECOM

El Gobierno de México ha presentado en las últimas horas la creación del primer fabricante de minivehículos eléctricos, bautizado como Olinia, con el objetivo de construir hasta tres modelos de coches 'cero emisiones' con precios que oscilen entre los 90.000 y 150.000 pesos (entre 4.252 y 7.088 euros), que llegarán a mercado en 2030.

El proyecto nace como una colaboración de inversión público-privada con el ánimo de fomentar la movilidad eléctrica en el país norteamericano con el lanzamiento de un coche destinado a la movilidad personal, otro para la movilidad "de barrio" y uno más para entrega de mercancías de última milla.

El Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México trabajarán con un capital inicial de 25 millones de pesos para desarrollar el modelo de vehículo definitivo que circulará por las carreteras del país a partir de la próxima década.

"Este auto pequeño debe ser seguro, eléctrico y capaz de conectarse a cualquier enchufe, además de contar con componentes mayoritariamente mexicanos", ha asegurado la presidenta del país, Claudia Sheinbaum durante la presentación del proyecto.

El sector de la automoción en México representa, según los últimos cálculos, hasta un 3,6% del PIB total y el 18,7% del PIB del sector industrial. Asimismo, genera alrededor de 1 millón de empleos formales y representa el 13,3% sobre el total de la inversión extranjera directa.

Lima, 2 ene (EFE).- Perú logró durante 2024 un récord histórico en la ejecución de su presupuesto destinado al sector Cultura, que alcanzó al 97,3 % del total asignado, con un gran avance durante los últimos meses del año, informó este jueves un comunicado oficial.

El Ministerio de Cultura señaló que en los últimos tres meses y 28 días del año pasado, cuando comenzó la actual gestión del ministro Fabricio Valencia, se aumentó en 45,1 % la ejecución total, lo que le permitió pasar de un 52,2 % a un 97,3 %.

De esa manera, añadió, se convirtió en uno de los sectores del Estado con mejor desempeño en la gestión de recursos, ya que al 31 de diciembre pasado la ejecución en inversiones también pasó del 35,4 % al 92,5 %.

El presupuesto del sector durante 2024 fue de 725,4 millones de soles (unos 193,4 millones de dólares), que fueron distribuidos entre el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y el Archivo General de la Nación.

Al respecto, Valencia destacó que esta ejecución "constituye un logro histórico en los últimos nueve años de gestión administrativa del Ministerio de Cultura".

"Mi reconocimiento y felicitación a todo el equipo por este tamaño logro. Soy consciente del mucho esfuerzo que desplegaron para alcanzarlo", remarcó.

Su despacho agregó que ese desempeño permitió garantizar la implementación de proyectos y programas en beneficio de la diversidad cultural, la preservación del patrimonio y el desarrollo de las industrias culturales en el país.

Entre los principales proyectos de inversión ejecutados estuvo el mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural, mediante la creación del Museo Nacional del Perú, y de los servicios de exposición permanente y almacenamiento del patrimonio cultural del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

Además, el mejoramiento de los servicios de gestión de la información de la Biblioteca Nacional, de los centros históricos de las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Ayacucho, y la ampliación y mejoramiento del Museo Nacional de Sicán, en el norte del país. EFE

Lima, 26 dic (EFECOM).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, destacó este jueves que el Ejecutivo ha destinado en 2024 el presupuesto más alto de la historia del país en inversión pública, al llegar a 49.700 millones de soles (13.292 millones de dólares o 12.763 millones de euros).

"El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte cree firmemente que la inversión estatal es uno de los catalizadores del movimiento de la economía. Hemos roto récords en inversión pública. Este año, vamos a alcanzar una inversión pública de 49.700 millones de soles, la cifra más alta en la historia del Perú", sostuvo Adrianzén en un artículo que escribió en el diario oficial El Peruano.

En la columna, el primer ministro hizo un balance económico del 2024 con los principales logros y cifras alcanzadas por el gobierno, y sus predicciones para el 2025.

Sobre la inversión pública, agregó que "este impulso" también contagiará el desempeño de los gobiernos regionales, que hasta noviembre incrementaron su ejecución en un 41,42 %, y de los gobiernos locales, con un aumento del 13,58 %.

"Estas cifras reflejan nuestra apuesta por el desarrollo descentralizado, promoviendo proyectos que generan empleo y mejoran la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas", señaló.

También expuso que, en 2024, Perú "liderará el crecimiento económico en la región, con un avance del 3,2 %, superando a economías como Uruguay (3,1 %), Brasil (2,9 %) y Chile (2,4 %), y duplicando el promedio regional de 1,8 %".

Subrayó que la inflación se situó dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, ubicada entre el 1 % y el 3 %, desde abril, y que la cifra interanual en noviembre es del 2,06 %.

"Este control nos brinda estabilidad y confianza empresarial para el futuro. Esa confianza se ve reflejada en la mejora de las perspectivas de las calificadoras de riesgo. En septiembre de este año, Moody’s elevó su perspectiva sobre el Perú de 'negativa' a 'estable'. Del mismo modo, en noviembre, Fitch Ratings hizo lo mismo y reafirmó nuestra calificación de BBB (Aprobado)", indicó.

Añadió que 280.000 peruanos han encontrado trabajo este año, y la tasa de desempleo en Lima Metropolitana cayó del 6,6 % de 2023 al 5,7 % en 2024.

"Este logro no es fortuito, sino el resultado de decisiones acertadas y de la fortaleza de los peruanos. De igual manera, somos conscientes de que, para cerrar las brechas de pobreza y empleo, debemos crecer a una tasa superior", consideró.

Por último, aseguró que el 2025 "se perfila como un año de consolidación", pues las expectativas empresariales se mantienen optimistas y "las reservas internacionales continúan a un nivel de 29 % del PBI, el nivel más alto de Latinoamérica".

Concluyó al resaltar que el próximo año se van a crear unos 470.000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. EFECOM

Lima, 20 dic (EFE).- Perú alcanzó durante este año un resultado "sin precedentes" mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI), al haber adjudicado 124 proyectos bajo esa modalidad, por un total de 4.004 millones de soles (1.076 millones de dólares o 1.043 millones de euros), informaron fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) destacó en un comunicado que el resultado de 2024 "es bastante importante, porque equivale más o menos a lo que se acumuló en los últimos siete años" mediante OxI.

El director del organismo, José Salardi, afirmó que esto demuestra el impulso que tiene esta herramienta, que ya se utiliza en 23 regiones del país, y ha permitido reducir brechas en educación, salud, transportes, saneamiento y seguridad ciudadana.

Agregó que el monto obtenido "es un resultado sin precedentes en la historia del mecanismo" y la tarea "será mantener este nivel a través del trabajo intenso con autoridades y el sector público para aterrizar proyectos de gran impacto social".

Proinversión señaló que en los últimos días adjudicó seis proyectos de OxI, que se desarrollarán en las regiones de Arequipa, Ica, La Libertad, Loreto y Ucayali, con inversión conjunta de 343 millones de soles.

Al respecto, la directora de Inversiones Descentralizadas, Denisse Miralles, detalló que en este paquete se encuentra el primer proyecto de conservación de especies mediante OxI, a cargo del gobierno de la región amazónica de Loreto.

Se trata de la creación del servicio de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad en las localidades de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, para lo cual la empresa Escorpión Contratistas Generales invertirá 40,4 millones de soles.

El proyecto plantea incrementar la población de las tortugas taricaya en cuatro Áreas de Conservación Regional (ACR), en beneficio de los distritos de Alto Nanay, Ramón Castilla, Pebas, Tigre, Napo, Mazan, Las Amazonas y Fernando Lores.

En Ica se adjudicó la instalación de un sistema de agua potable y alcantarillado, con una inversión de 75,3 millones de soles, así como la construcción de pistas y veredas en varios barrios populosos, con una inversión de 23,5 millones de soles.

El gobierno regional de Arequipa también adjudicó la construcción del componente 2 de la vía regional Arequipa-La Joya, que comprende un túnel mellizo e instalaciones complementarias, con una inversión de 104,7 millones de soles.

En la región de La Libertad, se concretará un proyecto para mejorar los servicios de un instituto tecnológico de la localidad de Chepén, con una inversión de 85,6 millones de soles, y en la región amazónica de Loreto se mejorará y ampliara el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Raimondi, con una inversión de 13,7 millones de soles.

Proinversión informó la semana pasada que el mecanismo de OxI ha adjudicado más de 600 obras entre 2009 y este año, por un monto total superior a los 11.200 millones de soles.

En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que luego se les devuelve mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

Lima, 20 dic (EFECOM).- Perú cerrará el año 2024 con una inflación del 2,1 % y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) deL 3,2 %, cifras que espera mantener en el 2025, informó este viernes el presidente del banco central, Julio Velarde.

En la presentación del reporte de inflación de diciembre del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), Velarde dijo que la mayoría de indicadores tendenciales de la inflación mostraron una evolución interanual "decreciente" entre agosto y diciembre.

Por ese motivo, afirmó que esperan "cerrar en el 2,1 % la inflación del año" o ligeramente por debajo o por encima de ese porcentaje.

Asimismo, Velarde dijo esperar un 2 % de inflación anual en el próximo año, al igual que en 2026.

Con respecto a la recuperación del PIB, tras un año de recesión en 2023, el titular del banco emisor señaló que crecerá a un ritmo del 3,2 % en 2024 y del 3,0 % en 2025.

Destacó que el empleo formal ha tenido un alza del 5 % y que parte de esa recuperación responde al crecimiento del sector agropecuario en un 26 % hasta octubre pasado.

A su vez, la inversión publica ha tenido una subida del 15 % en este mes y se calcula que el próximo año crezca el 4,5 %.

La inversión privada minera creció el 1 % y la no minera el 2,5 % en 2024.

No obstante, Velarde llamó la atención sobre el desempeño del déficit fiscal del país, que concluirá el año en el 3,7 % del PIB, el más alto desde 1992.

Apuntó que a partir de 2025 se espera una consolidación fiscal, pero añadió que, "si se concretan medidas populistas, la proyección podría descarrilarse". EFECOM

Lima, 20 dic (EFE).- Perú cerrará el año 2024 con una inflación del 2,1 % y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,2 %, cifras que espera mantener en el 2025, informó este viernes el presidente del Banco Central, Julio Velarde.

En la presentación del reporte de inflación de diciembre del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), Velarde dijo que la mayoría de indicadores tendenciales de la inflación mostraron una evolución interanual "decreciente" entre agosto y diciembre.

Por ese motivo, afirmó que esperan "cerrar en 2,1 % la inflación del año" o incluso ligeramente por debajo o por encima de ese porcentaje.

Asimismo, Velarde dijo esperar un 2 % de inflación anual en el próximo año, al igual que en 2026.

Con respecto a la recuperación del PIB, tras un año de recesión en 2023, el titular del banco emisor señaló que crecerá a un ritmo de 3,2 % en 2024 y de 3,0 % en 2025.

Destacó que el empleo formal ha tenido un alza de 5 % y que, parte de esa recuperación, responde al incremento del sector agropecuario en 26 %, hasta octubre pasado.

A su vez, la inversión publica ha tenido una subida de 15 % en este mes, y se estima que el próximo año crezca 4,5 %.

En tanto, la inversión privada minera creció 1 % y la no minera 2,5 % en el 2024.

No obstante, Velarde llamó la atención sobre el desempeño del déficit fiscal del país, que concluirá el año en 3,7 % del PIB, el más alto desde 1992.

Anotó que a partir del 2025 se espera una consolidación fiscal, pero añadió que "si se concretan medidas populistas, la proyección podría descarrilarse".

El titular del BCRP subrayó que la tasa de interés de referencia, de 5 %, es "la más baja de la región".

Además, el tipo de cambio del dólar es "bastante estable", dado que la moneda local se depreció 0,4 % en este año.

"Estamos por encima del promedio, no utilizando el tipo de cambio para bajar la inflación", dado que la intervención cambiaria ha sido casi nula", apuntó Velarde.EFE

São Paulo, 18 dic (EFE).- El estado de São Paulo, región más rica e industrializada de Brasil, ordenará la extinción de organismos oficiales para ahorrar gastos y para garantizar el equilibrio fiscal, anunció este miércoles el gobernador, Tarcísio de Freitas.

De Freitas, un exministro del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), afirmó que el corte de gastos es una medida necesaria para preparar el estado para "una posible desaceleración" en la recaudación de impuestos, como resultado del aumento de la inflación, y opinó que su gestión podría servir "de ejemplo" para Brasil.

"Estamos revisando prestaciones, desvinculando ingresos (de los gastos), extinguiendo órganos, reduciendo gastos, haciendo privatizaciones. Estamos en la dirección correcta. Estamos haciendo lo que deberían hacer todos los gestores", dijo De Freitas en una ceremonia en la que hizo balance de sus dos primeros años de gestión.

El gobernador, que en una reciente entrevista elogió al presidente argentino, Javier Milei, por su política de corte de gastos, no adelantó qué organismos planea extinguir, pero aseguró que pretende cerrar cualquier ente público "que no funciona" o que produzca bienes que se puedan conseguir en el mercado a un precio más asequible.

Sí cuestionó la utilidad de las Agencias de Desarrollo Metropolitano, instituciones que asesoran a las alcaldías en cuestiones de planificación y regulación urbana.

El ahorro de gastos, según subrayó, permitió presupuestar para 2025 inversiones públicas de 33.500 millones de reales (unos 5.400 millones de dólares), lo que supone una cifra récord y multiplica por cuatro el presupuesto de 2019.

De Freitas resaltó que São Paulo, si fuera un país, tendría el tercer mayor Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina, por detrás del propio Brasil y de México.

También destacó que la economía de São Paulo está creciendo al 3,5 % en 2024, por encima de la media nacional, que ronda el 3,1 %.

Además, adelantó que el próximo año pretende realizar diez licitaciones para la concesión de obras o servicios con los que espera alcanzar un volumen de contrataciones de 50.000 millones de reales (cerca de 8.060 millones de dólares).

Entre otros proyectos, en esa lista se incluyen varias carreteras, ferrocarriles, un túnel submarino para unir las ciudades de Santos y Guarujá y la construcción de un nuevo centro administrativo para el Gobierno regional. EFE

Madrid, 16 dic (EFECOM).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha elevado su previsión de crecimiento de la economía española para 2024 hasta el 3 %, gracias a las exportaciones de servicios, el consumo privado y el consumo público y a pesar de la dana, que tan solo restará unas décimas al avance del último trimestre.

Así lo ha indicado este lunes el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del informe de coyuntura económica, al tiempo que ha confirmado la "enorme" resiliencia de la economía española, que "sigue sorprendiendo al alza" en un contexto complicado.

A su juicio, las exportaciones han sido un importante motor de la economía en los últimos años y de ellas ha destacado no solo el turismo, sino otros componentes relacionados con la tecnología y la ingeniería, con un comportamiento "muy positivo".

Respecto al consumo privado, el informe muestra que se sitúa por encima de los niveles del 2019, antes de la pandemia, al igual que ocurre con el ahorro, que se encuentra "en niveles históricamente altos".

No obstante, el presidente del IEE ha reconocido que el consumo privado no crece al ritmo que cabría esperar y se sitúa tan solo un 2,5 % por encima de los niveles de finales de 2019, todavía por debajo si se tiene en cuenta el aumento de la población.

Por otra parte, la inversión privada sigue siendo "un lastre" para la economía, con un avance "muy limitado" y todavía por debajo de los niveles prepandemia, algo que la inversión pública no puede compensar a pesar de su mayor dinamismo por la implementación de los fondos europeos.

El informe del IEE apunta a una moderación de la inflación y la sitúa en el 2,8 % para el promedio del año, mientras que para 2025 se espera que siga esa tendencia a la baja, hasta el 2,1 %, aunque siguen existiendo elementos de riesgo, como los precios de la energía y los efectos de segunda ronda debidos a incrementos salariales, ha detallado Fernández de Mesa.

Para 2025, se espera un crecimiento del producto interior bruto (PIB) más moderado, en el entorno del 2,1 %, debido a la pérdida de intensidad de los factores tractores de la actividad y del empleo, a lo que se suma la incertidumbre sobre cómo puede impactar la nueva legislatura de Donald Trump en algunos sectores exportadores de la economía española y en los socios europeos.

Así, el director general del Instituto, Gregorio Izquierdo, ha señalado que en 2025 seguirá habiendo un "tono expansivo" pero el menor de los últimos años y por ello ha urgido dar respuesta a retos como la baja productividad o el déficit público.

"Es verdad que crecemos por encima de nuestro entorno, pero cuesta más mantener ese diferencial y la tendencia es la convergencia", ha subrayado Izquierdo, para quien es clave crear un clima más favorable para la inversión.

El informe, titulado "Los riesgos geopolíticos como nuevo elemento de incertidumbre", incluye un análisis de la política fiscal y alerta del aumento del gasto público estructural y del incremento sustancial de los impuestos, sobre todo de aquellos que recaen en las empresas.

En este sentido, insiste en la necesidad de apostar por un modelo "más sostenible" basado en la inversión privada y en el consumo y no en la expansión del gasto público.

Se propone el diseño de un conjunto sustancial de medidas que mejoren la eficiencia del gasto público" y se rechazan las subidas de impuestos y de cotizaciones sociales, tal y como se han sucedido en el periodo reciente, ya que comprometen el necesario crecimiento económico, así como las expectativas y la confianza. EFECOM

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El presidente de Seopan, Julián Núñez, cree que si se hubieran construido determinadas infraestructuras hidráulicas, algunas planificadas, se hubieran paliado "mucho" los daños de la dana en Valencia y advierte de que hay actuaciones por 5.000 millones en las cuencas Mediterráneas que hay que hacer "sí o sí".

Asimismo, lamenta que de los 42.000 millones planificados en infraestructuras hidráulicas hasta 2027 el ritmo de ejecución esté por debajo del 30 %, ha apuntado el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias durante la presentación de un informe sobre inversiones en el ámbito del transporte.

Con relación a la dana, Seopan ha remitido al Gobierno una propuesta con su consideración sobre la inversión en infraestructuras y la situación de vulnerabilidad de las cuencas mediterráneas, que eleva a 5.000 millones las inversiones prioritarias que habría que ejecutar para prevenir estos fenómenos.

Núñez destaca que hay 4.200 millones en actuaciones recogidas en la planificación que habría que hacer "sí o sí" con carácter prioritario y algunas inversiones, como estructuras de laminación en la zona de la dana, que suponen otros 1.000 millones.

A ello se añade la adecuación de sistemas de drenaje en cauces de barrancos y ríos, que no se ha cuantificado. Con todo ello, la prevención de estos fenómenos requeriría 5.000 millones en el arco mediterráneo que sería prioritario ejecutar.

Según el presidente de Seopan, el Ministerio para la Transición Ecológica va a presentar un programa de actuaciones en breve.

El presidente de Seopan subraya que las infraestructuras en España tienen un nivel de excelencia absoluto y salvo el túnel de Chiva se han comportado muy bien, ya que están diseñadas con parámetros solidez y adecuadas a la normativa.

El problema se debe más a la ausencia de determinadas infraestructuras y lamenta la discusión eterna en las infraestructuras hidráulicas: "hay que ser respetuoso con el medio ambiento pero hay zonas en las que la única alternativa es laminar en cabecera y ganar tiempo", sostiene.

En la zona de Valencia devastada por la dana la única alternativa es laminar en cabecera, construir 4 presas de laminación y anticipar la presa de Montesa y adecuar algunos barrancos, apunta. Con ello se gana tiempo y en vez de caudales de 1.000 m3/segundo se hubieran llegado a 300 o 200 m2/segundo con plazo de margen para avisar a la población.

"No sé qué habría pasado si hubieran hecho estas infraestructuras pero seguramente habrían reducido drásticamente el tamaño de la venida", ya que en los tres barrancos cercanos a Valencia se registraron más de 4.000 m3/segundo, datos "inauditos y devastadores".

Núñez explica que las infraestructuras hidráulicas son las únicas cuya planificación es un mandato europeo y que hay dos directivas europeas al respecto. En España están planificados más de 42.000 millones de inversión pública hasta 2027.

Sin embargo, lamenta la década perdida en España coincidiendo con la crisis financiera, que ha dejado unos ratios de ejecución presupuestaria del 26-29 %.

En este sentido, ha apuntado que de los cerca de 42.000 millones de euros previstos, si en los 3 años que quedan España sigue invirtiendo a este ritmo faltarían 32.000 millones para cumplir el plan europeo.

El presidente de Seopan cree que a la vista de estos datos faltan recursos y aboga por que España aproveche los planes europeos o haga una reasignación de fondos y subvenciones de las ayudas europeas para estas actuaciones, siempre y cuando se logre una prórroga en los hitos de ejecución más allá de 2026.

Además, indica que dentro de estos 42.000 millones se recogían infraestructuras de prevención de inundaciones por 8.200 millones en toda España, además de los 4.200 millones previstos para las cuencas mediterráneas, donde cree que está el mayor riesgo y en el que habría que darles prioridad, como a la presa Vilamarxant, que aún no se ha hecho.

Asimismo, explica que dentro de las actuaciones recogidas en la programación hay 11.000 millones para depuradoras que se podrían ejecutar mediante un modelo de concesión con colaboración público-privada. EFECOM

Con menos de un mes a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), acaso uno de los ministerios más determinantes en la administración pública, José Salardi viene dando importantes mensajes sobre el enfoque de su gestión. Atrás quedaría la imagen de un MEF que no supo —o no quiso—, ponerles freno a las iniciativas de gasto de un Congreso de la República inquieto y desatado.

Salardi apuesta por un shock de inversiones que, además de ensalzar la participación del sector privado para acelerar el dinamismo de nuestra economía, aporte —y mucho— al cierre de brechas sociales. En 2023, la inversión privada retrocedió un 7.2%, golpeada por el deterioro de la confianza empresarial y la disminución de la inversión residencial, particularmente la autoconstrucción, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Al cierre de 2024, la inversión privada apenas crecería un 2.5%. Sin un buen desempeño de la inversión privada no se generan los recursos necesarios para atender las urgencias de la población en materia de acceso a servicios básicos.

El nuevo ministro también apuesta por un shock regulatorio que, además de impulsar el desarrollo de negocios, rompa con la burocracia estatal que mantiene paralizadas obras que la población, más aún en el interior del país, espera desde hace cinco o más de diez años. Por ejemplo, en el sector minería, la rigidez burocrática impone serias restricciones a la inversión en exploración. Un certificado ambiental, cuyo plazo oficial oscila entre 30 y 90 días hábiles suele extenderse por años. Entre 2022 y 2024, 49 de 55 proyectos quedaron fuera de la cartera de exploración minera, 43 de ellos por cambios regulatorios y seis más debido a la excesiva carga burocrática.

El titular del MEF ha tenido reuniones de trabajo con empresarios, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, en una agenda bastante activa. Incluso ha hecho mención a la necesidad de ser fiscalmente ordenados. Recordemos que, por segundo año consecutivo, se rompió la regla fiscal, lo que no habla muy bien de la administración anterior en el manejo responsable de la política fiscal. En colmo de males, la gestión anterior del MEF no les hizo contrapeso a las iniciativas populistas del Congreso de la República, no las observó ni mucho menos las denunció ante el Tribunal Constitucional. El artículo 79 de la Constitución es claro en eso “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

Este es un nuevo aliento para el MEF. Un MEF que debe recuperar la fuerza y el liderazgo perdidos por años. Un MEF que no solo debe ser escuchado, sino también atendido y acompañado por los demás ministerios. Una agenda económica como la que plantea el ministro Salardi es el camino correcto. Si bien el resultado de sus acciones se verá en el mediano o largo plazo, como sucede regularmente en políticas públicas, lo cierto es que, de manera inmediata, viene dando señales positivas.

Podemos crecer a tasas de 5% o más de manera sostenida. Tenemos con qué. El nuevo MEF lo sabe.

Madrid, 8 dic (EFE).- El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de dos millones de euros para acometer la primera fase de las obras de mejora del estadio del Rayo Vallecano, que se desarrollarán a lo largo de 2025.

Estos trabajos son el paso previo a la reforma integral del icónico campo de fútbol, cuyas primeras obras se centrarán en los aspectos más urgentes, con la previsión de que su desarrollo no interfiera en la disputa de los encuentros del club.

En concreto, se trabajará en la reparación de los entrevigados fisurados, la restauración de grietas, el saneado de muros y de cerrajería o la eliminación de las humedades.

Además, se sustituirán los falsos techos y fisuras de la fachada de la zona de las federaciones, se pintarán las escaleras de gradas y graderíos y se arreglarán los aseos de esa zona

Mientras, en la cubierta de la avenida de la Albufera se instalarán paneles de chapa galvanizada y del mismo modo se remplazará una de las cubiertas de graderío y la adecuación de los espacios actualmente cedidos a federaciones deportivas madrileñas como boxeo, tenis de mesa, billar y ajedrez, entre otros.

Paralelamente, el Ejecutivo autonómico va a diseñar el proyecto de reforma integral del recinto con el objetivo de convertirlo en unas instalaciones "a la altura" de la historia del Rayo Vallecano, que este año celebra su centenario, subraya en una nota la Comunidad de Madrid. EFE

Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento del riesgo de brotes de dengue en la región. Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú, serían los países donde se ha identificado la reaparición de un tipo de dengue, que no circulaba en la última década. Esto, sumado a las altas temperaturas y la acumulación de agua en recipientes, debido a la falta de acceso continuo de agua potable, incrementa la probabilidad de experimentar casos de dengue.

En nuestro país, en el mes de enero, se registraron 9,891 casos, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Este resultado sería el segundo más elevado en la última década, después del registrado en el mes de enero del año pasado (12,215). A nivel departamental, se tiene que San Martín, Loreto y Piura registran los mayores casos, con 3,744, 2,323 y 900, respectivamente.

Uno se pregunta, ¿se cuentan con presupuestos para la prevención de este tipo de enfermedades? En 2024, se asignaron S/ 429 millones a los gobiernos regionales para fortalecer la lucha contra las enfermedades metaxénicas y zoonosis, entre ellas el dengue, de los cuales se ejecutó casi el 100%, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En 2023, se asignaron 325 millones, y se ejecutó el 99%. En 2022, se asignaron 264 millones, y se ejecutó el 97.6%. Es decir, pese al nivel de ejecución los casos persisten.

Los montos son ejecutados en intervenciones específicas. Van desde intervenciones específicas en viviendas situadas en zonas de alto y muy alto riesgo, consideradas focos críticos de propagación; también hacia el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades; al monitoreo, supervisión y control de la situación epidemiológica; y a la promoción de prácticas saludables para prevenir estas enfermedades. Acciones que uno podría saludar, pero que no estarían controlando la propagación del dengue como se esperaría.

Un factor determinante en la proliferación de la enfermedad son las malas condiciones de agua y desagüe. Tomando como referencia datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a 2023, el 91% de los hogares a nivel nacional tenían acceso al servicio de agua por red pública; pero, la continuidad del suministro se limitó a un promedio de 17.4 horas diarias. Haciendo una correlación entre la tasa de incidencia acumulada (TIA) de dengue por cada 100,000 habitantes y el promedio de horas diarias de provisión de agua, se evidencia que, a menor continuidad de acceso al recurso, mayor número de casos. Así, La Libertad, Ica, Piura, Loreto y Tumbes registran un suministro promedio inferior a 10 horas diarias, lo que coincide con su presencia entre los diez departamentos con las TIA más altas.

Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el nivel de ejecución de los presupuestos asignados a obras en materia de saneamiento? En 2024, se contaba con un presupuesto de S/ 6,352 millones, de los cuales se ejecutó el 73% del total, según cifras del MEF. Las municipalidades fueron las que evidenciaron los menores niveles de ejecución, con apenas el 65%. Las de los departamentos de La Libertad, Ica, Piura, Loreto y Tumbes, ejecutaron el 55.3%, 59.7%, 58.5%, 52.2% y 59.2%, respectivamente.

No actuar de manera preventiva nos puede costar mucho. En el caso específico del dengue, nos cuesta vidas. Según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades, 262 defunciones en 2024. La brecha de infraestructura en saneamiento que mantiene nuestro país repercute no solo en el abastecimiento continuo del recurso, sino también en la salud y la vida de la población. El hacedor de política debe ser consciente de esto y ejecutar oportunamente obras. No hacerlo, nos expone no solo al deterioro de la calidad de vida, sino también a una epidemia que devele, una vez más, las deficiencias de nuestro sistema de salud.

De acuerdo con el más reciente Informe Económico de la Construcción (IEC), presentado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el sector de la construcción en Perú cerró 2024 con un crecimiento menor al esperado, alcanzando solo un 2,2%.

Este desempeño, inferior al 3% proyectado inicialmente, refleja una desaceleración significativa en el último trimestre del año, particularmente en noviembre y diciembre, meses en los que se registraron caídas importantes. A pesar de este panorama, el informe también destaca avances en áreas como la inversión pública y el empleo en el sector, aunque persisten retos estructurales que podrían limitar el crecimiento en 2025 y los años siguientes.

Un crecimiento por debajo de las expectativas en 2024

El informe de CAPECO detalla que el crecimiento del sector construcción en 2024 se vio afectado por una serie de factores internos y externos. En noviembre, el sector experimentó su tercera caída del año, con una contracción del 2,4%, sumándose a las caídas registradas en marzo (-2,5%) y junio (-2,4%). Estas cifras contrastan con los cuatro meses consecutivos de crecimiento que se habían registrado previamente, lo que generó expectativas más optimistas para el cierre del año.

Otros indicadores positivos incluyeron un aumento del 170% en las adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APPs), un incremento del 20% en las obras financiadas por impuestos en comparación con los últimos seis años, y un crecimiento del 18,3% en los créditos hipotecarios en términos de monto. Además, el empleo en el sector construcción creció un 10,9% en Lima Metropolitana, lo que refleja una recuperación parcial en algunos segmentos del mercado.

Sin embargo, la inversión privada creció a un ritmo más lento, con un aumento del 2,3%, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este crecimiento limitado estuvo influenciado por el estancamiento de la inversión minera, que apenas creció un 1%, y por una caída del 18,6% en los desembolsos del programa Mivivienda.

Por su parte, la construcción informal podría haber experimentado una contracción, aunque no se especificaron cifras exactas. En este contexto, los precios de los materiales e insumos de construcción se estabilizaron, lo que podría haber mitigado parcialmente los efectos negativos.

Proyecciones para 2025: un crecimiento moderado con riesgos latentes

Según el consenso de entidades públicas y consultoras privadas, el Producto Bruto Interno (PBI) del sector construcción podría crecer un 3,5% en 2025. Este repunte estaría impulsado principalmente por un aumento del 4,5% en la obra pública, según estimaciones del BCRP, y un incremento del 3,2% en el consumo de cemento, lo que sugiere una recuperación en la inversión privada, especialmente en el mercado de vivienda.

No obstante, CAPECO advierte que estas proyecciones están sujetas a varios riesgos. La necesidad de reducir el déficit fiscal podría generar incertidumbre sobre los ingresos del gobierno, afectando la ejecución de proyectos.

Otro factor de preocupación es la insistencia del gobierno en crear el Ministerio de Infraestructura, una medida que, según el gremio constructor, podría retrasar aún más la ejecución de proyectos, como ocurrió con la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

En el largo plazo, el crecimiento del sector dependerá en gran medida de la inversión privada, que se proyecta que aumentará un 9.3% entre 2024 y 2026. Sin embargo, CAPECO señala que este ritmo es insuficiente para garantizar la competitividad e inclusión del país, ya que sería necesario un crecimiento anual del 9% en lugar de cada tres años.

El problema de las obras paralizadas: un obstáculo persistente

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector es el alto número de obras públicas paralizadas. Según el informe de la Contraloría General de la República, al cierre de septiembre de 2024 había 2.648 proyectos detenidos, con un valor total de 43,555 millones de soles. Esto representa un aumento del 17,2% en el número de obras paralizadas y un incremento del 20,6% en el monto involucrado en comparación con junio del mismo año.

Además, el 56% de la inversión en estas obras ya ha sido ejecutada, y las obras realizadas por administración directa representan el 46,3% de los proyectos paralizados. Entre las principales causas de estas paralizaciones se encuentran el incumplimiento de contratos, discrepancias y controversias, falta de recursos financieros y deficiencias en los expedientes técnicos.

En cuanto a los cambios en los estándares de diseño de vivienda social que el MVCS viene impulsando, CAPECO estima conveniente actualizar los requerimientos de áreas, ambientes, acabados y equipamientos para adaptarlos a las condiciones actuales de la oferta y a las nuevas necesidades de los hogares que demandan vivienda.

Finalmente, CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil (FTCCP) han propuesto la revisión y depuración del registro de organizaciones sindicales, en el que se encuentran inscritos más de 1.800 sindicatos y 36 federaciones,cifra que ha sido alcanzada por la ausencia de fiscalización, lo que ha permitido la infiltración de un número importante de bandas delincuenciales.

Propuestas de CAPECO para reactivar el sector

Para abordar estos problemas, CAPECO ha planteado una serie de medidas tanto a corto como a mediano plazo. En el corto plazo, el gremio propone la creación de Comités Especiales que incluyan a contratistas, contratantes, supervisores de obra, representantes de la Contraloría y de la Oficina de Evaluación y Control de la Ejecución (OECE). Estos comités tendrían la tarea de establecer las condiciones y compromisos necesarios para la culminación de las obras paralizadas, garantizando que no sean objeto de cuestionamientos posteriores.

También propone que al menos uno de los miembros de los Comités de Adjudicación de obras sea designado por un cuerpo de Gerentes Públicos expertos en logística, dependientes de SERVIR y supervisados por colegios profesionales. Asimismo, plantea que los proyectos ejecutados por gobiernos subnacionales con recursos transferidos por el gobierno central sean seleccionados mediante concursos públicos.

En el mediano plazo, el gremio aboga por un nuevo modelo de gestión de infraestructura pública que optimice todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, desde la planificación hasta el cierre. Este enfoque integral buscaría mejorar la eficiencia y pertinencia de las obras, resolviendo los problemas estructurales que actualmente afectan al sector.

Quito, 10 nov (EFE).- El ministro de Gobierno de Ecuador, Arturo Félix, viajó a Colombia para intentar nuevamente concretar una compra de energía que ayude a mitigar la grave crisis que atraviesa el país andino, sumido a diario desde mediados de septiembre en apagones programados que han llegado a dejar a los ecuatorianos hasta catorce horas sin electricidad al día.

Félix se dirigió a Colombia por encargo del presidente Daniel Noboa, según anunció este domingo el mandatario en redes sociales, quien afirmó que la energía es la "primera prioridad" de su administración, mientras recibe críticas por la suspensión de 150 días que su Gobierno ha dispuesto contra su vicepresidente Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento.

En su mensaje, Noboa no especificó si en Colombia su ministro buscará reanudar la importación de energía con el Gobierno colombiano o tratará de concretar una adquisición de energía al sector privado del vecino país.

La compra de electricidad a empresas privadas era una posibilidad que el Ejecutivo ecuatoriano estaba gestionando desde que a finales de noviembre la ministra en funciones de Energía y Minas, Inés Manzano, recibió una respuesta negativa del Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro a retomar el suministro de electricidad al sistema energética de Ecuador.

Colombia suspendió la exportación de electricidad a Ecuador a inicios de octubre al señalar que no contaban con excedentes suficientes y que toda su producción estaba encaminada a garantizar el abastecimiento de su demanda nacional, pues también atravesaba por una situación similar de déficit hídrico.

Actualmente los cortes de electricidad en Ecuador son de doce horas diarias para los hogares, mientras que está previsto que algunos sectores industriales de Quito no tengan fluido eléctrico durante cinco días completos, de lunes a viernes, lo que ha levado la voz de protesta del gremio empresarial.

Según una estimación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), cada hora sin electricidad supone pérdidas por valor de 18 millones de dólares si la suspensión del servicio es de cinco horas al día. Las pérdidas acumuladas tras casi dos meses de restricciones energéticas están entre los 3.000 y 3.500 millones de dólares, de acuerdo al mismo análisis.

Ecuador padece un déficit de alrededor de 1.000 megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende de más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

El Ejecutivo trata de poner en marcha lo antes posible la central hidroeléctrica de Toachi-Pilatón, de unos 204 megavatios de potencia, así como intenta hacer gestiones para importar energía de empresas colombianas.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada. EFE

A poco menos de un mes de culminar el año, nuevamente nos preguntamos si los recursos con los que cuentan los Gobiernos regionales y municipalidades, para inversión, se vienen ejecutando con la celeridad del caso. Mientras que el nivel de ejecución de los primeros registró un avance del 70.5%, los segundos solo alcanzaron el 55%. Esta situación es la de todos los años. Demanda la atención no solamente de la administración pública, sino también de la sociedad en su conjunto.

Existen municipalidades como las de Lambayeque y Pasco, que apenas han ejecutado el 34.8% y 37.4%, respectivamente, de su presupuesto asignado para inversión pública. Le siguen los de Huancavelica, Huánuco y La Libertad, que no superan el 45% de ejecución. En resumida cuenta, la ejecución presupuestal de los Gobiernos locales en 11 departamentos no alcanza el 50%.

Al revisar los presupuestos de las municipalidades por sectores, uno se encuentra con niveles de ejecución que dejan mucho que desear, más aún siendo sectores clave en lo que a servicios para la población se refieren.

Por ejemplo, en materia de inversión pública asociada al sector Transporte, las municipalidades del departamento de Lambayeque apenas han ejecutado el 23.2% de su presupuesto; las de Huancavelica, el 28.6%; y las de Junín, el 31.7%. En lo que respecta a Saneamiento, las municipalidades del departamento de Pasco apenas han ejecutado el 8.6% de su presupuesto; las de Lambayeque, el 23.3%; y las de Tumbes, el 38.5%. En cuanto a Orden Público y Seguridad, las municipalidades del departamento de Lambayeque solo han ejecutado el 4.8% de su presupuesto; las de Huancavelica, el 26.5%; y las de Madre de Dios, el 32.8%.

Oportunidades de mejora siempre existen, pero lamentablemente no se ponen en práctica eficientemente. Con casi un cuarto de siglo encima y más de 20 años de implementada la descentralización en nuestro país, urgen cambios, acciones, medidas que hagan que los recursos públicos finalmente se traduzcan en servicios de calidad para todos. Empecemos por ser conscientes de la falta de capacidades de los funcionarios.

En 2023, el 74.5% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos; el 70.8% necesitaban formación en administración tributaria; y el 67.7% requería de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos, de acuerdo con el informe de Indicadores de Gestión Municipal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Luego, convengamos que las sanciones para funcionarios públicos que delinquen sean las más severas. Una muerte civil efectiva y permanente en algo podría disuadir las malas prácticas. Resulta inaudito que malos profesionales roten en la administración pública, llevando consigo solo malos resultados en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, urge implementar acciones para atraer el mejor talento a la administración pública. Se debe buscar las herramientas legales y procedimentales para que el sector privado aporte su experiencia para una mejora en la ejecución de los recursos públicos. Elevar la calidad de los perfiles técnicos, capacitar funcionarios. Se pueden hacer muchas cosas desde la colaboración público-privada, pero son las jurisdicciones: Gobiernos regionales y municipalidades, las que deben estar dispuestas a recibir la ayuda. Tienen que dejarse ayudar.

Si queremos un cambio real hacia los próximos veinticinco años, para que los recursos que se generan por la actividad privada no pierdan legitimidad, siendo gestionados por administraciones y funcionarios con poca capacidad de resolución, es tiempo de actuar ahora.

El exprimer ministro italiano y autor del informe europeo para relanzar la competitividad de la UE, Mario Draghi, ha avisado este viernes a los 27 de que tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos es "más urgente" reaccionar y abordar sus recomendaciones y proteger a los productores europeos.

"Las indicaciones del informe eran ya urgentes dada la situación económica en la que estamos y, después de las elecciones en Estados Unidos, se han vuelto más urgentes", ha declarado Draghi a la prensa a su llegada a la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en el Puskas Arena de Budapest.

Así, el político italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha considerado que "no hay duda" de que el relevo en la Casa Blanca supondrá una "gran diferencia" en las relaciones entre el país norteamericano y la Unión Europea, si bien ha matizado que "no todo necesariamente en sentido negativo". "El sentido de urgencia es mayor que antes", ha insistido después.

En este contexto, Draghi ha interpretado que Trump apostará por dar un "gran impulso" al sector tecnológico, motor de productividad pero en el que Europa está ya "muy atrás", pero que también actuará para "proteger las industrias tradicionales" que, son precisamente más exportan los europeos hacia Estados Unidos.

Así, ha continuado Draghi, Europa debe "reaccionar" y tener en cuenta las recomendaciones de su informe porque, defiende, en su mayoría abordan estas cuestiones urgentes; al tiempo que ha abogado por "negociar con un espíritu de unidad" con el "aliado" estadounidense para "proteger también a los productores europeos".

"Habrá grandes cambios a la vista y creo que Europa no puede seguir posponiendo más las decisiones", ha insistido Draghi, quien ha lamentado que en los últimos años se hayan pospuesto decisiones en busca de un "consenso que no ha llegado" y ha incidido en la necesidad de unidad para abordar la necesidad de "grandes cambios".

Preguntado por la necesidad de inversión pública común, Draghi ha dicho que "sí es indispensable" pero ha concedido que no es el primer paso urgente porque hay "muchísimas otras decisiones que se pueden afrontar antes sin afrontar inmediatamente el problema de la financiación pública común".

Para promover actividades o industrias, algunos políticos, empresarios y académicos centran sus opiniones en los beneficios que se gestarían a partir de exenciones tributarias. A su entender, no pagar impuestos resultaría estratégico para atraer inversiones, así como para generar encadenamientos productivos y empleo de calidad.

En el Perú, el desarrollo de la actividad empresarial está lejos de solo ser atendida o fomentada mediante el no pago de impuestos. Existen fallas estructurales que, al no ser atendidas oportunamente, con el tiempo se han convertido en sobrecostos para la generación de todo tipo de negocios. Infraestructura, servicios públicos, educación, seguridad, rigidez laboral, son solo algunos aspectos que se traducen en limitaciones para el desempeño del tejido empresarial y la atracción e inversiones.

En nuestro país, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se dieron inicio en 1989, con la creación de la Zona de Tratamiento Especial Comercial de Tacna (ZOTAC) y las Zonas Francas Industriales de Ilo, Paita y Matarani. En 1996, pasaron a denominarse Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) y hoy operan como Zona Especial de Desarrollo (ZED) y Zona Franca.

Estos, pese a contar con uno de los sistemas de incentivos más atractivos de la región, con exoneraciones totales de impuestos en los tres niveles de gobierno, no han funcionado. En 2023, las exportaciones desde las ZEE sumaron US$ 74 millones, lo que representó apenas un 0.11% de nuestras exportaciones totales al mundo. En países como Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, sus envíos desde estas zonas representan el 59.9%, 56.9% y 32%, del total de sus envíos al mundo, respectivamente. ¿Por qué no han funcionado en nuestro país?

La respuesta a la pregunta anterior es evidente: falta de competitividad asociada a las ZEE. Según el estudio “Hoja de Ruta para la implementación de estrategias de atracción de Inversión Extranjera Directa a las Zonas Económicas Especiales del Perú”, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Corea (2023), se evidencia que la tarea más urgente es la expansión de infraestructura. Construcción de carreteras y vías férreas; y suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones. A estos les podemos sumar un régimen laboral rígido, con altos costos de contratación y despido, así como los costos de seguridad que últimamente vienen en aumento.

No son suficientes una ventaja geográfica o incentivos tributarios. Hace falta condiciones óptimas para implementar, y sacarle el mayor provecho, a las ZEE. Actualmente, existe una discusión en torno a una iniciativa del Congreso de la República que busca implementar un nuevo marco normativo y promotor de las ZEE. Genera mucha expectativa sobre lo que podría gatillar la norma. Sin embargo, la discusión se centra en el tratamiento tributario y poco o nada se habla de las ineficiencias reales y estructurales que arrastramos como país.

Adicionalmente a lo anterior, el estudio también hace hincapié en identificar ventajas comparativas locales. Solo así se determinarían los sectores prioritarios que potenciarían la oferta exportable vía las ZEE. Para dinamizar las ZEE es necesaria la conformación de clústeres donde se puedan desarrollar industrias vinculadas con las cadenas regionales de valor, incluyendo a las micro y pequeñas empresas locales. Esa es una tarea que le compete a más de un actor dentro del sector público, y que no estaría en el radar de que quienes promueven el desarrollo de las ZEE.

Para colmo de males, la iniciativa del Congreso plantea que los operadores de las ZEE deban contar con al menos el 90% de sus insumos o componentes provenientes de micro y pequeñas empresas nacionales, a menos que dichos insumos no se produzcan en el país. Es decir, se restringe la libertad de un eventual operador de la ZEE de contratar con proveedores que le resulten más eficientes en materia de costos y calidad de insumos.

Por más buena intención que tenga consigo la iniciativa legislativa, las ZEE requieren mejoras en competitividad, reducción de costos laborales y desarrollo de clústeres regionales, y ese es trabajo de un Estado que no la ve.

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2025, que asciende a 48.836,2 millones de euros y en el que la inversión pública se sitúa en 5.804 millones de euros, prácticamente la misma que en las cuentas del presente ejercicio, que eran 5.803 millones.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno para dar cuenta del contenido del proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, que ella misma ha entregado previamente al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para que inicie la tramitación parlamentaria.

"Se busca seguir transformando Andalucía mediante unas cuentas pegadas a la realidad y centradas en la gestión para atender las necesidades más urgentes de los andaluces como la sanidad, la dependencia, la educación, el empleo y la vivienda", ha indicado la consejera.

El Presupuesto se incrementa en 2.065 millones de euros, un 4,4 por ciento, respecto al del presente año, pese a contar "con recursos limitados" porque Andalucía recibe cada año 1.522 millones de euros menos de lo que le correspondería por el actual sistema de financiación autonómica, según ha indicado España.

Ha expuesto que aunque estas cuentas son "difíciles de mejorar", el Gobierno andaluz del "diálogo" y el "consenso" tiende la mano a los grupos políticos y analizará las enmiendas que presenten al Presupuesto.

Las políticas sociales representan el 63,3 por ciento del Presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, unos 1.666 millones de euros, se destinarán a estas partidas. En este sentido, ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia, a la vez que se siguen reforzando las partidas para hacer más competitivas las empresas y mejorar las infraestructuras, según ha expuesto la consejera.

En relación con la inversión pública, ha destacado que el 67 por ciento de los 5.804 millones están provincializados, algo que "nunca se había alcanzado" antes. "Son 3.885 millones de euros provincializados y ahora cada ciudadano sabe perfectamente lo que la Junta de Andalucía se ha comprometido en su territorio y en su provincia, y lo puede controlar", ha dicho España.

Sobre el hecho de que la partida de inversiones quede congelada, ha expuesto que 5.800 millones no deja de ser una cantidad importante, y ha indicado que si se quiere mejorar la sanidad o la dependencia, lo que hay que incrementar es el "gasto corriente", que "no son inversiones".

Según ha explicado la consejera, más de tres cuartas partes del gasto del Presupuesto se sustenta con recursos propios y a ello se suma además el descenso del gasto financiero en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%, mientras que las transferencias y los ingresos finalistas del Estado representan el 16,3% (7.952 millones de euros), incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).

Ha destacado que los Presupuestos para 2025 mantienen el refuerzo de los servicios públicos esenciales iniciado tras la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Así, se destinarán a gasto social 30.903 millones de euros, el 63% de las cuentas, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al presente año en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura.

Se destinan más de 800 millones para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda, una cifra en la que se incluyen las partidas de las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.

De otro lado, la Consejería de Salud y Consumo asume uno de cada tres euros del presupuesto andaluz, y en 2025 contará con 15.247 millones de euros (un 6,9% más respecto a 2024, dos puntos y medio por encima del incremento del presupuesto). Los fondos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aumentan en 980 millones de euros, lo que permitirá por ejemplo incrementar la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas a partir de 2025.

Por su parte, el presupuesto de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad crece un 12,3% respecto a 2024 hasta alcanzar los 3.343 millones de euros, lo que representa el 7% del conjunto del presupuesto para este año. En este sentido, destaca el "esfuerzo" de la Junta para mejorar el sistema de atención a la dependencia que se materializa en duplicar el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en los últimos seis años hasta alcanzar los 2.331 millones de euros en 2025.

Los fondos para Educación representan el 22,3%, es decir, más de dos de cada 10 euros del presupuesto. Así, los fondos para la Consejería de Desarrollo Educativo y las partidas destinadas a financiación de las universidades públicas andaluzas ascienden a 10.901 millones de euros, un 38% más que en 2018 y 354 millones de incremento respecto a 2024. Así, la Consejería de Educación contará con un presupuesto de 9.167,5 millones de euros, cifra en la que se incluyen por ejemplo 110 millones de euros más para educación infantil y primaria, y otros 249 millones de euros para la gratuidad del primer ciclo de infantil, que comenzará a aplicarse el próximo año.

Por otro lado, las políticas de apoyo al tejido productivo contarán en 2025 con 6.683 millones de euros, 350 millones más que el pasado ejercicio (un 5,5% más). Las políticas de Empleo y Trabajo autónomo se incrementan un 4,6%, por encima del aumento del presupuesto, hasta los 1.175 millones. En cuanto a la lucha contra el impacto de la sequía, las políticas de agua contarán con un presupuesto de 555 millones de euros, un 10,8% más que en 2024 (54 millones de incremento).

Asimismo, las políticas de I+D+i suben un 11,7% hasta los 1.104 millones de euros, y las de Desarrollo Sostenible, que se incrementan hasta los 867 millones de euros (un 22,3% más).

Por su parte, Justicia, Igualdad y Protección civil contarán con 813 millones de euros, mientras que un año más se refuerzan las partidas para cooperación y financiación de los ayuntamientos y entidades locales, que contarán con 3.972 millones de euros.

Así, destaca el Plan de Cooperación Municipal, que se incrementa en un 12,4% respecto a 2024 hasta alcanzar los 2.375 millones, mientras que la Patrica crece hasta los 535 millones de euros, "demostrando de nuevo el profundo compromiso municipalista del Gobierno andaluz", según todos los datos facilitados por Carolina España.

CONTEXTO ECONÓMICO El presupuesto de 2025 se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4%, estimación que cuenta con el aval de la AIReF pese a que el organismo prevé un crecimiento superior una décima a esa estimación.

Con respecto a la previsión de la reducción de la tasa de paro, se ha previsto en el 15,5%, en unas cuentas elaboradas "con prudencia y rigor ante la incertidumbre" de no contar con directrices claras por parte del Gobierno central sobre el déficit y la regla de gasto, según ha señalado España, quien ha expuesto que se ha partido de la cifra de regla de gasto comunicada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 3,2%, y optado por el equilibrio presupuestario.

En cuanto a los ingresos, los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos. Con respecto a los incremento procedentes de los ingresos tributarios, se cifran en 23.397 millones.

Washington, 22 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado este martes cinco décimas las perspectivas de crecimiento de España para 2024, hasta el 2,9 %, una cifra que destaca en una eurozona deprimida que sólo crecerá el 0,8 % este año.

“En la primera mitad del año, lo que hemos visto es que las exportaciones han sido muy fuertes y parte de eso es por el turismo (…), pero también el consumo privado y la inversión pública han sido fuertes”, ha explicado en una entrevista con EFE la directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks.

Según Koeva Brooks, este buen dato está motivado también por la inversión pública y por “el impacto de algunos fondos de la Unión Europea (UE), que se están absorbiendo”.

El dato está por encima de las previsiones del Banco de España, que estima que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá el 2,8 %, y del propio Gobierno, que calcula que el crecimiento será del 2,7 %.

En el marco de las reuniones anuales que el FMI y el Banco Mundial celebran esta semana, la institución presentó este martes sus últimas actualizaciones económicas globales (el informe WEO, por sus siglas en inglés) y dejó sin cambios las previsiones de crecimiento para España en 2025, en el 2,1 %. EFE

(Más información en el servicio de Economía)

Monterrey (México), 21 (EFE).- La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó este lunes su preocupación por el primer presupuesto público que propondrá la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien prometió reducir el déficit fiscal de casi 6 % del producto interior bruto (PIB) a un 3,5 %.

"Significa una reducción en la inversión pública y esto nos puede afectar en infraestructura estratégica", advirtió Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, al inaugurar la Reunión Anual de Industriales, que se celebró ahora en Nuevo León, polo industrial del norte de México.

Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, recibió las finanzas públicas con un déficit presupuestario de casi el 6 % del PIB, el nivel más alto en cerca de tres décadas, por el último proyecto económico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras prometer en campaña reducir el déficit a un rango de entre 3 % y 3,5 %, la mandataria avisó el 10 de octubre que priorizará la obra pública y los programas sociales sin una reforma fiscal, por lo que se mostró más flexible en su meta.

El líder de la Concamin expresó ahora que el Gobierno debería elevar la inversión pública de infraestructura al 5 % del PIB.

También mostró su apertura al diálogo con el Gobierno de Sheinbaum, de quien destacó que "hizo historia" como la primera mujer presidenta de México por "la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos".

"Valoramos y compartimos la visión humanitaria de la nueva presidenta, la doctora Sheinbaum, que al avanzar juntos y hacia la prosperidad compartida todos queremos un desarrollo económico, socialmente incluyente, con protección del medio ambiente", sostuvo.

El encuentro de dos días de los industriales comenzó este lunes en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) de Monterrey, donde Malagón Barragán también destacó que Sheinbaum tiene la oportunidad de implementar "una verdadera política de causa".

"En Concamin respaldamos todo aquello que signifique mejores condiciones para la vida de las poblaciones, estamos convencidos de que cuando la industria genera México próspera", subrayó.

En ese sentido expuso que los industriales de México están listos para hacer equipo con el nuevo Gobierno "para trabajar juntos en un verdadero diálogo y en verdadero fin para un mejor México".

Para ello, planteó como prioridades fortalecer el Estado de derecho, mejorar la seguridad y combatir la impunidad para dar certeza jurídica; impulsar una política industrial; incrementar la inversión pública al 5 % del PIB, asegurar la participación del sector privado en el energía y reactivar la Banca de Desarrollo.

También propuso conformar "un verdadero frente" en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que comienza en 2025.

Y sugirió impulsar un plan sobre el cuidado del agua; promover la productividad y el empleo formal; implementar una política de recaudación fiscal para combatir las prácticas ilegales, y educar e innovar para competir y prosperar.

Madrid, 13 oct (EFECOM).- El Gobierno remitirá este martes a Bruselas el primer plan fiscal estructural, un documento que recogerá compromisos concretos de ajuste de las cuentas públicas para los próximos años tal y como prevén las nuevas reglas fiscales europeas. ¿En qué consiste este plan?

La Comisión Europea define los planes fiscales como la piedra angular de su nuevo marco de gobernanza económica. Este documento, que tienen que remitir todos los países europeos, incluye la senda fiscal para los siguientes cuatro años, que tiene que ser compatible una reducción gradual y sostenida de la deuda, junto con las prioridades en materia de inversiones y reformas. Es decir, que este documento concreta cuánto se comprometen los gobiernos a ajustar sus cuentas públicas y cómo planean hacerlo.

El plan fiscal es la forma en que se materializan las nuevas reglas fiscales europeas, que pretenden implementar un sistema más sencillo para avanzar hacia el cumplimiento del pacto fiscal -que el déficit no supere el 3 % del PIB ni la deuda el 60 % del PIB-. Entre sus principales diferencias destacan:

- Los compromisos de ajuste son a medio plazo -cuatro años por regla general, siete si comprometen ciertas reformas estructurales- en lugar de anuales, lo que pretende evitar que los objetivos se reformulen cada ejercicio. De hecho, el plan solo se puede revisar en circunstancias excepcionales, como un cambio de gobierno.

- La vigilancia dejará de estar centrada en el déficit para fijarse en el gasto estructural neto de ingresos, una métrica que excluye el gasto en intereses o financiación de programas europeos pero que incluye las pensiones, y que puede compensarse con nuevos ingresos. En la práctica, controlar que el gasto no aumente si no lo hacen también los ingresos permite reducir el déficit y la deuda.

- Las medidas con las que se ajustan las cuentas son propuestas por los países, en lugar de venir impuestas desde Bruselas, aunque la Comisión tiene que certificar que son suficientes para colocar la deuda en una senda descendente a largo plazo.

Por el momento, no se sabe. Antes de verano, la Comisión Europea comunicó a todos los países que superan los umbrales europeos de déficit y deuda (como España) una trayectoria de referencia específica -una proyección del gasto neto máximo que pueden asumir en los siguientes cuatro o siete años para colocar la deuda pública en una senda descendente-, pero el Gobierno no la ha hecho pública. A partir de esta tasa, el Ejecutivo negocia con la Comisión cómo se materializa el ajuste, unas conversaciones que, a comienzos de esta semana, todavía no se habían cerrado.

En un cálculo preliminar, la AIReF estima que sería necesario realizar un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB anuales si se hace en cuatro años o 0,43 puntos de PIB anuales si se hace en siete, lo que supondría minorar el aumento del gasto en 10.000 o 7.000 millones anuales, respectivamente.

Tampoco se sabe. El compromiso de ajuste afecta al gasto primario neto, es decir, cuánto puede aumentar el gasto de un año a otro, como máximo, si no se adoptan medidas específicas para recaudar más. Así, el plan puede optar tanto por contener el gasto -lo que podría implicar recortes en algunos ámbitos para compensar el creciente gasto en pensiones- como por implementar medidas de ingresos -con subidas fiscales o políticas que permitan incrementar la base sobre la que se aplican esos impuestos-.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado esta semana que el plan no incluirá recortes, pero sí "compromisos de responsabilidad de gasto" y ha recordado que España tiene una presión fiscal cuatro puntos de PIB inferior a la media europea.

Los planes de otros Estados que ya se han hecho públicos incluyen previsiones macroeconómicas y fiscales hasta 2028, adaptadas a la trayectoria propuesta por la Comisión, y una relación de las reformas e inversiones que prevén poner en marcha.

No, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido a exponerlo en las Cortes tras enviarlo a Bruselas este martes 15 de octubre. EFECOM

La regla propuesta en el Presupuesto 2025 es simple: impone, como mínimo, el equilibrio fiscal, y para ello asegura que cuando éste no pueda lograrse dada una estimación en exceso de los recursos, deberán reducirse las partidas de gasto que, por ley, no contemplen pisos mínimos.

Complementariamente, el proyecto flexibiliza el gasto ampliando las partidas que podrán ser sometidas a recorte en caso de necesidad cuando deja sin efecto varios de los pisos mínimos hoy vigentes -fundamentalmente en las áreas de educación y ciencia y técnica- y reglas de movilidad de gastos en el área de la seguridad social.

Si bien la simplicidad es, normalmente, una característica deseable (no solo para las reglas fiscales), no es la única virtud por pedir. La Argentina tiene una larga historia de reglas fiscales, ¿pueden desconocerse 25 años de experiencia nacional, pueden desconocerse la experiencia internacional y los análisis conceptuales disponibles a la hora de proponer una ley que determina una política de Estado?

Que los objetivos sean en principio razonables no implica que pierdan relevancia las estrategias para lograrlos.

Hoy la cuestión fiscal casi ha dejado de ser una preocupación para transformarse en un instrumento del gobierno, que tiene como condición necesaria el equilibrio de las cuentas públicas para el logro de su principal objetivo: la reducción de la inflación (a tasas del orden del 1,4% mensual para el próximo año).

De hecho, en los primeros dos tercios del año (enero-agosto), el Sector Público Nacional No Financiero lleva acumulado un superávit primario equivalente a 2,5% del PBI del período y un superávit financiero de 0,6% del PBI.

La determinación explícita de lograr el equilibrio financiero está respaldada no sólo por el comportamiento del fisco, sino en la firme actitud del Poder Ejecutivo Nacional como reacción a las propuestas de la oposición en el Congreso, me refiero a los cambios previsionales propuestos y al posible veto al proyecto de Ley de aumento del financiamiento a las universidades nacionales.

Y acá surgen dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, si bien el buen desempeño fiscal es condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento, sin dudas no es el único componente relevante de la política macroeconómica. Por el otro, la política cambiaria importa y podría generar problemas en el desempeño de la economía, si no hoy, a futuro, y ese futuro puede ser no muy lejano.

El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional establece en su artículo 1 una regla fiscal para el Sector Público Nacional según la cual éste “deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario.

La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero”.

Esta decisión queda reforzada porque el mismo proyecto de Ley, en su artículo 70, modifica la Ley de Administración Financiera (24156 y modificatorias), incorporando como artículo 11 bis el citado texto de la regla.

Además, en consonancia con este objetivo y para facilitar el cumplimiento de la regla, el proyecto anula una serie de disposiciones que obligan al Poder Ejecutivo (o al sector público en sus tres niveles de gobierno, según el caso) a una serie de gastos con niveles mínimos asegurados.

Como viene ocurriendo ya en forma consuetudinaria, el proyecto deja sin efecto para 2025 restricciones que impone la Ley 25.152 (y sus modificatorias) vinculadas con el posible incremento del gasto público primario, el crecimiento de la deuda y la integración de un fondo anticíclico, además de cuestiones que tienen que ver con la forma de contabilizar los gastos. Esto último, dicho en términos básicos significa que no se pueden incorporar como deuda gastos que no hayan sido explícitamente devengados.

La Ley 25.152 ya tiene 25 años y fue reemplazada por otras de solvencia o responsabilidad fiscal que tampoco están hoy vigentes, de modo que podríamos decir que a este respecto nada nuevo surge bajo el sol.

Sin embargo, sí hay cuestiones nuevas que se amparan en la emergencia pública vigente, instituida vía el artículo 1 de la Ley Bases. Con esta justificación en mano, el proyecto de Ley de Presupuesto deja sin efecto:

• la garantía de gasto consolidado en educación, del 6% del PBI según el compromiso de la Ley 26.206 de Educación Nacional;
• la garantía del gasto en la función ciencia y técnica al nivel nacional previsto en 0,45% del PBI, establecido en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (con la condición, además, de que el monto asignado en un año nunca sea inferior al del año previo);
• el financiamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que no debería ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional (en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas);
• el financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa, que debería integrarse con el 0.8% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, más allá de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, según la Ley 27-565 del Fondo Nacional de la Defensa.
• Además, se elimina la movilidad aplicada a las asignaciones familiares. Unas pizcas del conocimiento disponible.

Antecedentes de restricción presupuestaria

La primera regla fiscal que adoptó la Argentina data de 1999; es la mencionada Ley 25.0152, denominada en aquel momento Ley de Convertibilidad Fiscal. Incluía una regla que limitaba el crecimiento del gasto primario, demandaba la reducción progresiva del déficit fiscal hasta alcanzar el equilibrio a partir de 2003 y la implementación de un Fondo Anticíclico.

En 2001, ya con la crisis pronta a desatarse y en el marco de un acuerdo stand by con el FMI, se optó por una vía más drástica: la modificación de la Ley de Administración Financiera mediante la sanción de la Ley 25.453 de Déficit Cero, que perseguía una regla de presupuesto equilibrado. La disrupción del esquema de convertibilidad le puso coto a esta propuesta y la Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y dejada sin efecto a través de la Ley de Presupuesto de 2003.

En 2004, la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que con un objetivo más amplio que las anteriores incluyó a las provincias que se adhirieran a ella -lo hicieron 21 de 24-, incluyó una regla de gasto (que en general iba sobre el gasto corriente primario), una de presupuesto equilibrado y un límite para el monto de los servicios de la deuda, con cláusulas de escape que incluían la constitución de fondos fiscales anticíclicos para la Nación y las provincias que adhirieran.

Sin embargo, ya en forma tibia en 2005, pero particularmente a partir de 2009 y hasta 2016 se dictaron sucesivas leyes que eliminaron la regla para los servicios de la deuda y relajaron, en forma progresiva hasta hacerla irrelevante, la regla de gasto a través de la deducción de partidas que quedaban fuera de la contabilización de modo que la regla quedó de facto suspendida.

La misma ley de 2004 creó el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), hoy todavía en funcionamiento, para monitorear la aplicación de la norma, el cumplimiento de las reglas y con ciertas atribuciones para actuar frente al incumplimiento. En 2017 y 2018 se trató de volver a implementar la norma, precisando la regla de gasto.

Según la Ley 27.428 de 2018, el gasto corriente primario -con algunas excepciones- debía aumentar por debajo de la inflación, el empleo público crecer no más que el crecimiento poblacional, el producido de la venta de activos solo podría utilizarse para financiar gasto en inversión y estaba prohibido el aumento del gasto primario en cuestiones que resultaran permanentes en un período de 6 meses previos a una elección de gobernador. El techo del 15% de los ingresos corrientes para los servicios de la deuda se mantenía vigente.

En suma, las reglas fiscales que hubo a nivel nacional fueron en general flexibles en términos de que tuvieron algún mecanismo para enfrentar shocks inesperados, por ejemplo vía la implementación de fondos anticíclicos o diferenciando el tratamiento de determinados gastos. Además, la regla de 2004 y posteriores fueron pro-inversión ya que el techo sobre el gasto se impuso sobre el gasto corriente primario.

Conclusiones

La regla fiscal que se incluye en el Proyecto de Ley de Presupuesto y que se busca dejar en firme a futuro incluyéndola en una ley permanente como la Ley de Administración Financiera, tiene un primer problema grave: es absolutamente procíclica; esto es, cuando escasean los recursos, situación normalmente vinculada a la contracción de la economía, necesariamente tiene que ajustarse el gasto hasta alcanzar, como mínimo, el equilibrio de las cuentas.

En esos períodos en que la economía se encuentra en recesión, es cuando tiende a aumentar la pobreza y, consecuentemente, se generan mayores demandas de la población por bienes públicos que el Estado no podrá proveer, aunque éste se encuentre en condiciones de acceder al crédito o, mejor, cuando, ante la existencia de un fondo anticíclico, pudiera recurrir a recursos de dicho fondo.

Ninguna de estas dos alternativas está disponible con esta regla. Se podrá decir que la regla pide, como mínimo, equilibrio fiscal y que entonces, podrá ahorrarse si se recaudara más de lo esperado.

Sin embargo, eso será, o bien fortuito o bien una decisión discrecional del Gobierno si efectivamente presupuestara y cumpliera con el logro de un superávit, pero no una cuestión automática que lleva a generar ahorros en períodos mejores que los normales para poder gastar en situaciones de empeoramiento de la economía o crisis.

Un segundo punto es que la regla afecta a la totalidad del gasto, cuando lo razonable es que el gasto en inversión quede fuera de la norma. Este componente del gasto tiene efectos de largo plazo y, por tanto, es razonable que se financie con deuda: si los beneficios que produce un bien no se concentran en el presente sino en un largo período de tiempo, entonces no es razonable que la carga de su financiamiento la soporten, en su totalidad, los contribuyentes de hoy.

Por último, el análisis de la experiencia internacional muestra que reglas bien diseñadas contribuyen a un buen desempeño macroeconómico. Esta regla no está bien diseñada, más bien parece una rueda cuadrada.

La Argentina ha tenido -se puede decir tiene - legislación que contiene reglas fiscales bien diseñadas, que se han cumplido o han estado en plena vigencia solo un muy breve período de tiempo: 2004-2009, inclusive y que hubieran permitido lograr comportamientos fiscales y macroeconómicos muy promisorios (Daniel Artana et al., 2021). La regla parece reflejar una decisión de cortísimo plazo para involucrar a todo el arco político en el Congreso a acompañar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de mantener las finanzas públicas en orden.

¿Será probable que esta regla sí se cumpla? La determinación del Poder Ejecutivo hace pensar que, por lo menos en el corto plazo, y aún con la economía endeble y con muy altas tasas de pobreza e indigencia, así será.

La autora es economista de FIEL. Esta nota se publicó la Revista Indicadores de Coyuntura 668 de FIEL

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este jueves reducir al 3,5 % el déficit en el primer presupuesto que proponga, para 2025, pero avisó que priorizará la obra pública y los programas sociales sin una reforma fiscal.

"Entonces no va a haber aumentos a tasas de impuestos y va a disminuir de manera importante el déficit, el objetivo es llegar al 3,5 %, y si no, rondaría sobre ese porcentaje", declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana, quien asumió el 1 de octubre, recibió las finanzas públicas con un déficit presupuestario de casi 6 % respecto del producto interior bruto (PIB), el nivel más alto en cerca de tres décadas, por el último proyecto económico del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Tras prometer en campaña reducirlo a un rango de entre 3 % y 3,5 %, Sheinbaum rechazó ahora reportes de la prensa sobre que presentaría un déficit del 5 %, pero también mostró más flexibilidad.

“El objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit, el objetivo es llegar al 3,5 %, pero estamos viendo", indicó.

La mandataria enfatizó que no sacrificará la obra pública, tras estimar el miércoles una inversión de 150.000 millones de pesos (7.696 millones de dólares) en trenes de pasajeros en 2025, ni los programas sociales que consisten en transferencias de efectivo, como becas a estudiantes y pensiones universales a adultos mayores.

La jefa de Estado argumentó que "cuando hay obra pública, se potencia la obra privada, la inversión privada, y además se generan empleos, que es muy importante", por lo que "cerrar a cero la inversión pública no sería correcto".

“Va a haber una reducción importante (del déficit) y, como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir", remarcó. EFE

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Ciudad de México, 9 oct (EFECOM).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este miércoles una inversión pública de 150.000 millones de pesos (casi 7.756 millones de dólares) en 2025 para comenzar con la construcción de 3.000 kilómetros de trenes de pasajeros en su mandato, tras una nueva reforma constitucional.

La mandataria ha celebrado la aprobación unánime ayer, martes, en la Cámara de Diputados de una iniciativa que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para que el Estado pueda desarrollar ferrocarriles de pasajeros en vías férreas, aunque estén bajo concesión de empresas privadas de transporte de carga.

"Esto queda ahora en la Constitución, que el Estado puede utilizar las vías actuales que están concesionadas para el transporte de pasajeros", ha informado en su conferencia matutina sobre la reforma, que aún debe avalar el Senado.

Sheinbaum ha argumentado que, en los contratos que los gobiernos anteriores hicieron con los privados para la concesión de los ferrocarriles, ya había una cláusula que especificaba que, en el caso de pasajeros, si no lo desarrollaba el privado, lo podía aprovechar el Estado y podía haber empresas públicas.

La presidenta ha explicado que "eso va a permitir la posibilidad de utilizar transportes de pasajeros, o como se hizo con el Tren Maya", con más de 1.500 kilómetros en el sureste mexicano, bajo el Gobierno de López Obrador, "hacer nuevas vías para un nuevo tren".

"Esto es muy importante porque, al mismo tiempo que se mantiene la concesión del transporte de carga de ferrocarril, se permite ya en la Constitución abiertamente y claramente que en esas mismas vías se puede operar el tren de pasajeros", ha concluido. EFECOM

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Barcelona, 8 oct (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlament de Cataluña, David Cid, ha celebrado este martes que Salvador Illa haya fijado la vivienda como "máxima prioridad y elemento fundamental de la legislatura", pero le ha exigido que traduzca eso en "compromisos concretos" en los presupuestos.

Así ha reaccionado Cid, en rueda de prensa, tras la primera jornada del debate de política general en el Parlament, en la que Illa ha anunciado una inversión récord de 1.100 millones de euros anuales -4.400 millones en esta legislatura- para impulsar la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030.

"La música suena bien. Hay que ver la letra, la partitura", ha señalado Cid, que quiere saber qué parte de esa inversión corresponde a "recursos propios" de la Generalitat o a crédito y dónde se movilizará el suelo para construir vivienda pública.

Los comunes también quieren saber "qué límites reales" va a exigir Illa al sector privado, porque la vivienda "no puede ser un espacio de negocio, sino un derecho".

Cid ha señalado que en el discurso de Illa ha "echado de menos una referencia a la masificación turística" en Cataluña.

Para los comunes, "la prueba del algodón" para el Govern serán las propuestas de resolución del debate de política general, que se votarán el jueves y en las que habrá que concretar compromisos en torno a la vivienda y a "poner límites al turismo". EFE

El exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, expresó este domingo su preocupación por las cifras negativas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con relación a la inversión pública del Gobierno de Dina Boluarte, su exsocia política. En un mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, resaltó los tres meses consecutivos de caídas: -13.7% en marzo (Otárola renunció a inicios de este mes), -7.8% en abril y -9.9% en mayo.

“[Son] cifras muy lejanas a meses anteriores que hacen necesario un reimpulso de políticas públicas y liderazgo político para su ejecución”, señaló en referencia al titular del portafolio, José Arista. Según datos de Transparencia Económica del MEF, entre marzo y mayo de este año el Gobierno ejecutó S/ 4,523 millones en inversión pública, el gasto destinado a proyectos y obras que buscan mejorar la infraestructura y los servicios públicos del país.

En el segundo año de la gestión Boluarte, los sectores con mayor presupuesto muestran un menor avance, según el diario de economía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones registra solo un 23% de avance hasta mayo, seguido por Educación con un 30% y Salud con un 24%. En conjunto, estos tres sectores tienen pendientes por ejecutar S/ 10,968 millones.

Otros sectores, como el MEF, también disponen de amplios recursos, con S/ 2,666 millones asignados para los acuerdos de Gobierno a Gobierno, tal como recoge el portal de Transparencia Económica.

Crecimiento del 137%

En febrero de este año, Alex Contreras, exministro de Economía defendido por Otárola, se jactó del crecimiento de la inversión pública en un 137%, un porcentaje que, según señaló, no se había observado en años anteriores.

Contreras precisó que, al inicio del 2024, la inversión pública a nivel nacional aumentó un 94%. A nivel regional, el crecimiento fue del 244%, mientras que los gobiernos locales lograron revertir la caída y mostraron un notable incremento.

“Esto refleja justamente que es importante trabajar en la construcción de capacidades, los sistemas administrativos del Estado son complejos, pero cuando se trabajan de manera integral y sobre todo articulada, los resultados caen por su propio peso”, siguió.

Añadió que “la agenda de mediano plazo debe continuar”, con el impulso a la infraestructura con un enfoque regional, a la industria naval, al desarrollo de la Amazonía y la consolidación del país como el hub (centro logístico) portuario como prioridades. En tanto, Otárola dimitió al cargo tras ser acusado de facilitar un contrato irregular de su expareja con el Estado.